Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 25 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 13

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 16 de Julio de 2014

SUMARIO                                              


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De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente del Instituto Nacional Electoral a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin de reintegrar o en su caso acreditar los 319.3 millones de pesos que corresponden a la falta de documentación comprobatoria y a la evidencia de la entrega de recursos a las juntas locales y juntas distritales por concepto de apoyos para el proceso electoral, detectados como recuperaciones probables por la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría financiera y de cumplimiento número 12-0-22100-02-0528, de los cuales se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal.



















 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

El Presidente Senador Raúl Cervantes Andrade: (12:17 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

El Diputado Secretario Juan Pablo Adame Alemán: Señoras legisladoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR

LXII LEGISLATURA
COMISIÓN PERMANENTE

SEGUNDO RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

Sesión del 16 de Julio de 2014.

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN
DIP. LILIA AGUILAR GIL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. RICARDO CANTÚ GARZA
DIP. MARCOS AGUILAR VEGA
DIP. MIGUEL ALONSO RAYA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES
DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS
DIP. RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO
SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
DIP. ALLIET BAUTISTA BRAVO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. VÍCTOR MANUEL MANRÍQUEZ GONZÁLEZ
DIP. FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ
SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE
DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ
SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
SEN. OMAR FAYAD MENESES
DIP. JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ
SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS
DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO
DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA
SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS
SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA
SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY
SEN. VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA
DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA
DIP. WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS
SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERASSEN. ARMANDO RÍOS PITER, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
SEN. ERNESTO RUFFO APPEL, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
DIP. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCÍA
DIP. DORA MARÍA TALAMANTE LEMAS
DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO
DIP. MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE

Tenemos 27 legisladores, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2014, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio. El Orden del Día, disponible para su consulta, en el monitor instalado en su escaño; con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a Secretaría Parlamentaria. En su monitor puede consultar también la versión electrónica de la gaceta.





 

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL LUNES
SIETE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con quince minutos del lunes siete de julio de dos mil catorce, con una asistencia de veinticuatro legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el jueves tres de julio de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los Programas Presupuestarios del sector laboral.- Se remitió a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las Fichas de Monitoreo y Evaluación de 25 programas del sector ambiental.- Se remitió a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 de programas presupuestarios a cargo de esa dependencia.- Se remitió a las Comisiones de Reforma Agraria, de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Vivienda de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, las Fichas de Monitoreo y Evaluación y la Opinión de la dependencia del Programa SO10 Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género.- Se remitió a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013-2014 de diversos programas presupuestarios a su cargo.- Se remitió a las Comisiones de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 91 aniversario luctuoso del General Francisco Villa (Doroteo Arango), a realizarse el domingo 20 de julio del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión a la Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro.

Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Se recibió del Senador José Rosas Aispuro Torres, el Informe de su asistencia al "Foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos", realizado los días 5 y 6 de mayo del año en curso, en París, Francia.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 22, 22 Bis y 23, 174, 175 Bis, 176, 362 y 988 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

La Diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, remitió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se turnó a la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea doce dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar cuáles fueron los hallazgos arqueológicos encontrados en el municipio de Jáltipan de Morelos, Veracruz.

2) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de la Función Pública a presentar un informe respecto a la supervisión realizada de la adjudicación y construcción del servicio carretero correspondiente al libramiento Culiacán–Los Mochis.

3) Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar sobre las políticas públicas y acciones implementadas derivadas del otorgamiento del Subsidio para la Seguridad en los Municipios correspondiente a los ejercicios fiscales 2013 y 2014, respetando la información reservada.

4) Que exhorta a las entidades de la Administración Pública Federal que corresponda, lleven a cabo las acciones que permitan garantizar la conservación del área natural protegida "Yum Balam" y la regularización conforme a derecho, de la situación del Ejido Holbox, en el Municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo.

5) Por el que se solicita a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas información sobre la ejecución del presupuesto destinado al programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas.

6) Por el que se solicita al Director General de AGROASEMEX S. A., información sobre el ejercicio de los recursos asignados al "Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario", correspondientes a los ejercicios fiscales de 2010 a 2013.

7) Por el que se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a informar el estado que guardan las negociaciones entre la empresa minera Grupo México, las instancias correspondientes del Gobierno del estado de Guerrero y los representantes del Sindicato de la Sección XVII del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, de Taxco, Guerrero.

8) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre el estado que guardan los avances respecto del decreto por el que se declara Parque Nacional con el nombre de Cañón del Sumidero, publicado el 8 de diciembre de 1980 en el Diario Oficial de la Federación.

9) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar una revisión y, en su caso, modificación de la norma 003-PESC-1993.

10) Que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a informar sobre el monto de los ingresos; el ejercicio de recursos obtenidos en el ejercicio fiscal de 2012 y 2013 y los recursos entregados a la Tesorería de la Federación; de conformidad con el procedimiento establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo anterior a efecto de fortalecer la Transparencia y Rendición de Cuentas.

11) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a suspender la aplicación del Régimen de Incorporación Fiscal para aquellos contribuyentes que tributaban en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

12) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Presidente del INEGI a hacer del conocimiento público los criterios y parámetros internacionales con los cuales se tomó la determinación del cambio metodológico que representó una variación de 1.4 puntos porcentuales en la variación negativa del PIB de 2009.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

PRESIDE DEL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

Se recibió de la Cámara de Diputados, solicitud de convocarla a un periodo de sesiones extraordinarias.- La Asamblea autorizó su incorporación al orden del día de la sesión. Considerado de urgente resolución, se sometió a consideración el proyecto de decreto, fue puesto a discusión. Intervino el Diputado Ricardo Monreal Avila de MC. Fue aprobado en votación nominal por 29 votos en pro y 1 en contra, el decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias durante el actual receso, a partir del 8 de julio del presente año. Se comunicó a la Cámara de Diputados y se remitió al Diario Oficial de la Federación, para su publicación.

(Proposiciones)

La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que cita a comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para informar sobre el estado que guarda el proceso de liquidación y pago de pasivos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

De los Diputados Lourdes Quiñones Canales y Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar las reiteradas violaciones que en materia de uso de suelo y construcciones que tienen verificativo en la Delegación Benito Juárez y en su caso se sancione ejemplarmente a quienes las hayan cometido, con independencia de su cargo o filiación política.- Se turnó a la Primera Comisión.

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer el acuerdo de colaboración y demás instrumentos diplomáticos, sobre la repatriación de menores mexicanos en la frontera México-Estados Unidos.- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos en las comunidades indígenas afectadas por la construcción de la autopista denominada Toluca-Naucalpan en los municipios de Lerma y Huixquilucan, en el Estado de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, María Verónica Martínez Espinoza y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional de Inclusión Financiera a que, en el marco de la elaboración de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, se consideren mecanismos financieros y crediticios que potencialicen la actividad económica del sector rural.- Se turnó a la Tercera Comisión.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones implementadas por su gestión para impedir prácticas de aislamiento, hacinamiento y abandono de las niñas y niños migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica.- Se turnó a la Primera Comisión.

De la Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta diversas dependencias a realizar los estudios pertinentes sobre el estado que guarda el proceso de erosión en el litoral del municipio de Carmen, Campeche, con la finalidad de que implementen a la brevedad las medidas necesarias para atender esta situación y garantizar así la seguridad de los habitantes de la región.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar una campaña que integre la totalidad de la Administración Pública, los Poderes Legislativos y Judicial y los organismos autónomos, en favor del respeto de las personas integrantes de la población LGBTTTI.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León a investigar la promoción personal de la alcaldesa del municipio de Monterrey, Nuevo León, con recursos públicos, probablemente constitutivos de actos anticipados de campaña y en su caso, se apliquen las penas y medidas correspondientes.- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el avance del plan de austeridad y las remuneraciones devengadas en la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

Del Diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía a que, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, propongan y aprueben tarifas eléctricas de verano por un periodo de siete meses.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación en el marco de la reforma constitucional en materia de paridad de géneros.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita al congreso del estado de Guanajuato a realizar una auditoría integral de la situación que guardan las 25 suites propiedad del Instituto de Seguridad Social, ubicadas en los Hoteles México Plaza en los municipios de León y Salamanca.- Se turnó a la Primera Comisión.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a promover las medidas pertinentes para que la programación del Canal del Congreso sea traducida a la lengua de señas mexicana.- Se turnó a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a indicar la fecha en la que una comisión conformada por expertos y legisladores federales ingresarán a la zona de construcción de la presa "El Zapotillo" para verificar la altura de la cortina.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Ana Lilia Herrera Anzaldo y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México a replantear y modificar el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio, así como a las entidades federativas a establecer políticas públicas y programas integrales de movilidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las trece horas con diecinueve minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles dieciséis de julio, a las doce horas".

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Diputado Secretario Williams Oswaldo Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

El Diputado Secretario Ochoa Gallegos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Coordinación Nacional de Protección Civil, con el informe de la revisión integral de las normas administrativas que regulan a los instrumentos financieros de gestión de riesgos, incluyendo al Fondo de Desastres Naturales, a que se refiere la Ley General de Protección Civil, en cumplimiento a lo establecido en el artículo noveno transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014.

2014, Año de Octavio Paz

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1539/14
México, D.F., 14 de julio de 2014

CC SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Por este medio me permito hacerles de su conocimiento que por oficio No. DGGR/01582/2014, suscrito por el C. José María Tapia Franco, Director General para la Gestión de Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil de esta Secretaría, envía el informe de la revisión integral de las normas administrativas que regulan a los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, incluyendo al Fondo de Desastres Naturales, a que se refiere la Ley General de Protección Civil, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo Noveno Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, a efecto de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a las Comisiones de Protección Civil de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un oficio con la información relativa al pago de la participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de junio del 2014, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente de ésta al mes de junio del 2013.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibieron oficios del Instituto Mexicano del Seguro Social, con los que remite:

Fichas de monitoreo y evaluación 2013 del Programa IMSS-Oportunidades.

Y fichas de monitoreo y evaluación 2013-2014, coordinadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de diversos programas presupuestarios.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase dicha información a las comisiones de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION
DE LA POLITICA DE DESARROLLO

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió un oficio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, con el que remite las fichas de monitoreo y evaluación 2013-2014 de diversos programas presupuestarios a su cargo.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase la documentación a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales de la Cámara de Senadores; y de Agricultura y Sistemas de Riego y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió un oficio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el que remite su segundo informe trimestral, correspondiente al año 2014.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase la documentación a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió un oficio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el que se remite el diagnóstico sobre la estructura orgánica para el ejercicio fiscal 2014.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió un oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica, en relación con el trabajo de investigación, sobre las condiciones de competencia en el sistema financiero y sus mercados.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Economía y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

PODER JUDICIAL

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió una comunicación del Juez Sexto de Distrito del Estado de Veracruz, por el que requiere a la Comisión Permanente, informar sobre las gestiones de convocatoria y turno a comisiones, para el cumplimiento de sentencia de amparo dictado a favor del ciudadano José Lima Cobos, como Magistrado del Tribunal Agrario.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Para referirse a un procedimiento iniciado por las comisiones de la Cámara de Senadores, túrnese la comunicación del Juez, a las comisiones de Reforma Agraria y de Justicia.

Y notifíquese de este turno, a la dirección jurídica de la Cámara de Senadores, para que haga las comunicaciones que procedan.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURAS

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales.

2014, Año del Centenario del Natalicio de Don Octavio Paz Lozano.

“LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA
2013 - 2016

Oficio N° 432-1/14 II P.O.
Chihuahua, Chih., a 26 de junio de 2014.

DIP. JOSE GONZALEZ MORFIN
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del Acuerdo No. 127/2014 II P.O., así como del Dictamen que le dio origen, por medio del cual el H. Congreso del Estado de Chihuahua formula Iniciativa de Decreto ante el H. Congreso de la Unión, a efecto de reformar el artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

 

Atentamente

Dip. Pedro Adalberto Villalobos Fragoso

El Presidente Del H. Congreso Del Estado”.



El Presidente Senador Cervantes Andrade: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

 





 

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: También del Congreso del mismo estado, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 33 de la Ley General de Educación.

2014, año del Centenario del Natalicio de Don Octavio Paz Lozano

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA
2013-2016
Oficio N° 435-2/14 II P.O.
Chihuahua, Chih., a 26 de junio de 2014.

 

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del Acuerdo No. 128/2014 II P.O., así como del Dictamen que le dio origen, por medio del cual el H. Congreso del Estado de Chihuahua formula Iniciativa de Decreto ante el H. Congreso de la Unión, a efecto de reformar la fracción XVI artículo 33 de la Ley General de Educación.

Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Dip. Pedro Adalberto Villalobos Fragoso

El Presidente del H. Congreso del Estado.



El Presidente Senador Cervantes Andrade: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Asimismo, el Congreso del Estado de Chihuahua remitió un proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer y cuarto párrafos al artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

2014, año del Centenario del Natalicio de Don Octavio Paz Lozano

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA
2013-2016
Oficio N° 441-2/14 II P.O.
Chihuahua, Chih., a 30 de junio de 2014.

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del Acuerdo No. 130/2014 II P.O., así como del Dictamen que le dio origen, por medio del cual el H. Congreso del Estado de Chihuahua formula Iniciativa de Decreto ante el H. Congreso de la Unión, a efecto de adicionar un tercer y cuarto párrafos al artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Dip. Pedro Adalberto Villalobos Fragoso
El Presidente del H. Congreso del Estado.

 



El Presidente Senador Cervantes Andrade: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió del congreso del estado de Colima un Proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

2012-2015
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LVII LEGISLATURA
OFICIALIA MAYOR
Oficio No. 2716/014.

CC. SECRETARIOS DE LAH. CAMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
AV. CONGRESO DE LA UNION No. 66
PALACIO LEGISLATIVO
COL EL PARQUE
DELEGACION V. CARRANZA
15960 MEXICO, D.F.

Por este conducto me permito informarles que la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en Sesión Pública Ordinaria celebrada con fecha 8 de julio del presente año, acordó en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitir a ese H. Congreso de la Unión para el trámite Legislativo correspondiente una Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de lo siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 50.-...

Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la Secretaría, en los términos de esta Ley y los reglamentos respectivos, misma que en ningún término otorgará permisos para la circulación de camiones con doble remolque.

Lo que remito para tos efectos del trámite legislativo correspondiente, anexando para el efecto copia del Acuerdo con la Iniciativa correspondiente

Atentamente

Lic. Miguel Angel Chávez Valencia

Sufragio Efectivo No Reelección.
Colima, Col., 8 De Julio De 2014.
El Oficial Mayor Del Honorable
Congreso Del Estado”.



El Presidente Senador Cervantes Andrade: Túrnese a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 15 de julio de 2014.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo.

Unico.- Se concede licencia al Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 15 de julio de 2014.

Senadores, Senadoras, Diputadas, Diputados, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra en este tema?

Por no haber quien haga uso de la palabra solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: En consecuencia, se concede licencia al Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 15 de julio del año en curso. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió también una comunicación suscrita por el Diputado Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eloy Cantú Segovia, de la Cámara de Diputados, por la que informa que la Primera Reunión Interparlamentaria entre México y Argentina se llevará a cabo en nuestro país, los días 7 y 8 de agosto del año en curso, en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Una, de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación en los trabajos de la Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, que tuvo verificativo en Santo Domingo, República Dominicana, del 26 al 28 de junio del año en curso.







 

Dos, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, con las que remite los Informes de actividades de:

La IV Reunión Internacional de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex Parlamentarios de la Primera Infancia, realizada en Managua, Nicaragua, el 16 y 17 de mayo del año en curso.

Y de la Conferencia “Buena Gobernanza y Justicia Ambiental: hacia una agenda inclusiva de desarrollo en las Américas” en el marco del Cuadragésimo Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, realizada en la Ciudad de Asunción, Paraguay, el 3 de junio de 2014.

 







 

Una, de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite Informe de la Delegación del Congreso Mexicano que participó en la 130ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, celebrada en la Ciudad de Ginebra, Suiza, del 17 al 20 de marzo de 2014.







 

Dos, del Senador Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, con las que remite los Informes de actividades de:

La Décimo Séptima Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, celebrada en Estrasburgo, Francia, del 15 al 17 de abril de 2014.

Y la Séptima Reunión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana, celebrada en Atenas, Grecia, del 26 al 29 de marzo del año en curso.







 

Y una de la Senadora Ana Gabriela Guevara, con la que remite el Informe del Foro "Menores Migrantes No Acompañados: la crisis humanitaria del siglo XXI en América", que se llevó a cabo el 9 de julio de 2014.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de cada una de las comunicaciones descritas.

Pasamos al siguiente asunto.







 

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Igualmente se recibió una comunicación del Diputado Roy Gómez Olguín, por la que informa su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 15 de julio del año en curso.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Palacio Legislativo, a 15 de julio de 2014
RGO/HCD/029/14

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 
PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE

Apreciable Diputado:

Con el placer de saludarlo, en alcance al oficio RG/0049, recibido el día de hoy con el folio 5871 a las 12:00 horas, me permito dirigirme a usted para informarle que la fecha de mi reincorporación al cargo de Diputado Federal, por el Distrito 2 del Estado de Nayarit es martes 15 de julio del presente mes y año.

Lo anterior, a efecto de estar en condiciones de reiniciar mi actividad legislativa y se realicen los trámites administrativos y legales conducentes.

Agradeciendo la atención que se sirva brindar al presente, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
DIP. ROY ÁNGEL GÓMEZ OLGUÍN
DIPUTADO FEDERAL

El Presidente Senador Cervantes Andrade: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.





 

Senadores, Senadoras, Diputados y Diputadas, les informo que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores remitió un acuerdo con solicitud de convocar a un periodo de sesiones extraordinarias al Senado de la República.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo, y les pido de favor poner atención.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA
DE LA CAMARA DE SENADORES

El Diputado Secretario Adame Alemán: Doy lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado. En atención a la solicitud contenida en el acuerdo con el que se acaba de dar cuenta, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore a la agenda de este día un proyecto de Decreto que la Mesa Directiva propondría a esta Asamblea para convocar al Senado de la República realizar sesiones extraordinarias.

El Secretario Diputado Adame Alemán: Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el proyecto de referencia. Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.





 

El Presidente Senador Cervantes Andrade: En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al proyecto de Decreto.

El Secretario Diputado Adame Alemán: Doy lectura al proyecto de convocatoria a sesiones extraordinarias.

Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias.

Artículo Primero. Con fundamento en los artículos 67 y 78 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que funciona durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura convoca a la Cámara de Senadores a celebrar sesiones extraordinarias.

Artículo Segundo. Las sesiones extraordinarias a que se refiere el presente decreto se realizarán a partir del jueves 17 de julio de 2014. La apertura de las mismas se efectuará a las 11.00 horas del mismo día.

Artículo Tercero. Durante las sesiones extraordinarias, la Cámara de Senadores se ocupará de los siguientes asuntos:

1.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos Primera con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos, y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas.

2.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y se adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

3.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos Primera con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

4.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos Primera con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

5.- Minutas con proyecto de Decreto que remite a la Cámara de Diputados a partir de las iniciativas que apruebe, relativas a la materia energética, derivadas de la Reforma Constitucional publicada el 20 de diciembre de 2013.

6.- Protesta de Senadores suplentes.

7.- Acuerdo de los órganos de gobierno.

Artículo Cuarto. Los proyectos de Decreto a que se refiere el Artículo Tercero del Presente decreto están sujetos al procedimiento y previsiones del Artículo 72 Constitucional, por lo que en caso de que sean devueltos por la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dictará de inmediato los turnos correspondientes para su trámite legislativo, a fin de que se desahogue durante las sesiones extraordinarias.

Artículo Quinto. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores convocará a sesiones en las fechas que sean necesarias a fin de atender los asuntos previstos en el Artículo Tercero del presente decreto.

Artículo Sexto. La Cámara de Senadores realizará la correspondiente clausura de las sesiones extraordinarias, una vez que tenga conocimiento de lo resuelto a los proyectos de decreto, motivo de esta convocatoria en términos de lo dispuesto en el Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Séptimo. Conforme a lo dispuesto en el Artículo Sexto del presente decreto, la declaratoria de clausura podrá realizarse mediante notificación del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dirigida a los Senadores de la república.

Artículo Octavo. De conformidad con el Artículo 72, inciso J, párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorio

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México Distrito Federal, a 16 de julio de 2014.

Es todo señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado. Con fundamento en los Artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario Diputado Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto descrito por el Presidente de la Mesa Directiva se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión el proyecto de Decreto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si la discusión del proyecto de Decreto se realice en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario Diputado Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la discusión se realice en lo general y en lo particular en un solo acto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión el proyecto de Decreto.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas, en contra.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Me he inscrito en contra de este proyecto de dictamen para convocar a un período extraordinario de sesiones para revisar los dictámenes que en materia de Reforma Energética han emitido las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República.

Lo hago, en primer término, como parte del cuestionamiento que hemos hecho al desaseo del Proceso Legislativo que se ha llevado a cabo.

Se ha violado, en todo momento, las prácticas…

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Les pediría que si ponen atención al orador, por favor. Perdón, Senador.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Ya la última semana nos acostumbramos a los diálogos de sordos, no me causa extrañeza.

Señalaba que no solamente hubo un gran desapego a nuestras normas y reglas que nos hemos dado para el desahogo del Proceso Legislativo, sino que además este proceso lamentablemente fue acompañado, en primer lugar, de un proceso de negociación ajeno a la Cámara de Senadores y al Congreso de la Unión, en general; y al mismo tiempo de un proceso de no se atendieron ninguna de las observaciones que fueron presentadas a lo largo de esos monólogos por los Senadores que participamos en estas reuniones.

Sin embargo siendo esto muy grave, no es el aspecto nodal de nuestra inconformidad con el periodo. Más allá de la ausencia a discusión, está el contenido propio de esta legislación que consuma el despojo de los bienes nacionales a favor de particulares que se inició con la Reforma Constitucional en materia energética, el año pasado.

Se da marcha atrás en el principio fundamental de la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo, se rompe con la rectoría económica del Estado y con su responsabilidad social y se llega al extremo de convertir en causa de utilidad pública el desarrollo de negocios particulares, tanto en la industria de los hidrocarburos, como en la explotación minera, que es quizá uno de los aspectos más graves, ya que al momento de declararse como actividad económica preferente en la explotación de hidrocarburos sobre cualquier otro tipo de actividad y establecer un mecanismo que conduce al despojo de las tierras a sus auténticos dueños, sea propiedad privada, sea propiedad social o incluso la pública que corresponde a parques nacionales y áreas naturales protegidas, se favorece a unos cuantos en demérito del patrimonio del país.

Independientemente de las modificaciones que se presentaron el día de ayer y que se pretendieron discutir con apenas media hora de haberlas conocido, nosotros consideramos que el debate sobre este tema, por su trascendencia, debe de desarrollarse con estricto apego a nuestras normas y debe de discutirse, no entrar a un proceso de desgaste en donde no solamente no hay una interlocución, sino la aplicación automática de una mayoría que no argumenta, que solamente vota y que incluso lo hace sin conocimiento puntual de la materia que está a discusión.

Por ello, nuestro voto en contra, sabemos que se impondrá esta mayoría, pero desahogaremos cada uno de los puntos. Esperemos que con apego al reglamento en el Pleno del Senado de la República, para que la ciudadanía mexicana tome cuenta del verdadero alcance y dimensión que estas reformas implicarán, ya no sólo para el devenir futuro del país, sino también para el desarrollo y protección de su propio patrimonio.

Es cuanto, señor Senador.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Senador Encinas.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Armando Ríos Piter, del PRD, en contra.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Sin duda alguna si ha habido un ejemplo de atropellos a nuestro marco reglamentario interno, a la vida propiamente del parlamento, ha sido la forma en la que se ha discutido el tema energético.

Y es realmente increíble que después de una serie de atropellos continuos, progresivos, pues hoy estemos discutiendo que aún cuando no se ha hecho una sana discusión del tema energético en Comisiones Unidas, pues hoy estén a punto de querer aprobar, a punto de aprobar, un Periodo Extraordinario.

Revisaba yo todas y cada una de las fechas en las cuales se presentaron tropiezos, tropiezos, en el proceso legislativos y que no son más que un recuento de la clara y firme intención de no querer analizar de cara a la sociedad, de cara a la nación, el tema que sin duda alguna es el más importante no solamente del presente, económica y socialmente hablando, sino del futuro del país, que es el tema energético.

Por ejemplo, el 26 de mayo del 2014 el acuerdo por el que establecieron la organización y método del trabajo era claramente violatorio al proceso que debía haberse seguido en comisiones.

Una y otra vez en tribuna o en las comisiones, el grupo parlamentario del PRD exhibió que el grupo parlamentario del PAN y el grupo parlamentario del PRI, lo que estaban es estaban jugándole el dedo en la boca a la sociedad para simple y sencillamente tener un tema de trámite frente a documento que se estaba construyendo a fuera.

Eso lo dijo José Luis Preciado, el coordinador de los Senadores panistas, quien dijo, palabras más, palabras menos: “No tiene mucho sentido estar sentado en Comisiones Unidas, si los documentos se están construyendo en una mesa alterna”.

Entonces me parece, compañeros y compañeras, que no podemos perder de la memoria lo que está a punto de ocurrir, que es simple y sencillamente haber hecho una cuestión de trámite en la discusión más importante para la vida de la República Mexicana, el tema del petróleo.

Revisábamos una encuesta en la cual el 60 por ciento de desaprobación que tienen estas leyes hoy es el 80 por ciento.

Y es algo que me parece que debiera cuando menos tener un poco de atención de los legisladores del PRI, de los legisladores del PAN, de los legisladores del Verde, que están acompañando esta travesía, pero sobre todo del Presidente Peña Nieto.

Es realmente terrible, compañeros y compañeras que el Senado que tiene que ser un espacio de debate plural, un espacio donde se contrasten las ideas, donde se puedan contraponer argumentos, se ha convertido en un diálogo de sordos.

Y qué bueno que en este momento esté presidiendo precisamente la Comisión Permanente, el Presidente del Senado, porque entre las muchas anomalías que se presentaron en Comisiones Unidas, estuvo la solicitud de que se transmitieran spots, spots para que la gente supiera cómo era el debate.

Lo que planteábamos y seguimos planteando es que este tipo de discusión debiera de tener en la sociedad la mayor información posible, que es lo que ha hecho el PRI, que es lo que ha hecho el PAN, minimizar la discusión y el debate.

Pero qué le pedimos al Presidente del Senado como representante de este cuerpo colegiado. Que le exigiera a la Secretaría de Gobernación, o que lo exhortara o que le solicitara la palabra que más le guste, para que nos pudiera abrir el espacio en red nacional.

Se hizo una primera solicitud, nada más que esa solicitud la contestó, que yo creo que es uno de los episodios que más preocupación y peor sabor de boca dejan, una solicitud que hizo el Senado como Poder Legislativo al Titular de la Secretaría de Gobernación, lo contestó por ausencia un director jurídico de la dirección general de Radio y Televisión y Cinematografía.

Y es fecha, señor Presidente, que no sabemos si usted ha reiterado esa solicitud a la Secretaría de Gobernación. Pero peor aún, están a punto de votar que se lleve a cabo un Periodo Extraordinario y aún no tenemos una respuesta oficial por parte del Titular del Poder Ejecutivo, representado por el secretario de Gobernación sobre si se van a abrir esos espacios para los spots que nos permitan tener la difusión de la discusión que estamos comentando.

Entonces me parece, compañeros y compañeras, que esta posición mecánica en la cual amigos y amigas de otros partidos políticos aceptan: ¡Ah! ya viene el Periodo Extraordinario. Yo le quisiera pedir a los medios que le pregunten terminando a los compañeros de la Comisión Permanente a ver si ya revisaron los dictámenes, a ver si ya los leyeron. Van a decir que todavía no lo han hecho, porque eso lo han hecho las Comisiones Unidas. Están a punto de votar que mañana estemos convocados a las 9:00 de la mañana.

Entonces yo les pido a los medios, hay aquí varios Senadores y Senadoras que se encuentren con ellos y que les pregunten qué opinan del despojo de tierras, de la servidumbre de paso, que opinan de los contenidos nacionales, qué opinan de lo que le va a pasar a la Comisión Federal de Electricidad, qué opinan, y entonces pongámonos este ejercicio, esperemos que las respuestas no sean, todo el por el bien del país, se necesita una modernización en el sector energético, y la izquierda en su trasnochada oposición lo único es que estar en contra. Les pido ese ejercicio a los compañeros y a las compañeras y a los medios, aquí hay varios Senadores y Senadoras que hoy en el PAN, hoy en el PRI, hoy en el Verde, están dispuestos de que mañana no vayamos a período extraordinario, ojalá que les hagamos un pequeño examen a ver si ya están preparados para la discusión, más importante de la vida económica del país, que es la que quieren hacer de bote pronto el día de mañana.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Senador Piter Piter.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Ricardo Monreal Avila.

El Diputado Ricardo Monreal Avila: Señor Presidente; ciudadanos legisladores, es una pena vivir esta etapa de entreguismo, de irreflexión, de autoritarismo de la clase política y de la clase gobernante.

Es una tristeza ver como el Poder Ejecutivo, así como la oligarquía nacional y los poderes fácticos han reducido al Congreso a un ente sin vida, a un ente sin importancia, a un ente sin trascendencia, inútil, obediente, a los dictados del Ejecutivo.

Hace unos momentos, fíjense ustedes, como redujeron al Congreso, votamos hace un momento, yo voté en contra, no quise argumentar en contra por respeto al legislador, la licencia de Humberto Mayans, lo que resulta es que Humberto Mayans ya es funcionario público, ayer tomó protesta, y el Congreso de nada le sirvió, ni al presidente ni a nadie.

¿Qué hubiese ocurrido si no votamos a favor de la licencia? ¿En qué estatus jurídico hubiera quedado Humberto Mayans si no había obtenido la licencia de retirarse como Senador, y tomó protesta como funcionario del Ejecutivo? ¿No es un despropósito, no es una ignorancia, no es someter al Congreso a ser obediente por encima de todo?

Y ahora estamos en contra del período extraordinario. Han votado por mayoría la dictadura legislativa, ha votado celebrar un período de sesiones extraordinario, pero hasta ahora no son capaces de incluir en el Orden del Día el tema de Puebla, donde campesinos, un niño está por perder la vida, aunque digan lo que digan, este gobernador “sátrapa” de Puebla, no puede mantenerse en el gobierno.

Miren ustedes, lo que usaron contra la población, gases lacrimógenos, balas de goma, artefactos que desde los helicópteros lo aventaban contra una población indefensa que lo único que hacía era defender, expresar su inconformidad por el gasoducto; hay tres costales de estos artefactos, que con toda impunidad el gobernador y el Secretario de gobierno, y el Secretario de Seguridad Pública lanzaron contra los manifestantes que de manera pacífica se expresaban.

Y no somos capaces de incluir en el Orden del Día esta agresión a habitantes de Puebla, no quieren votar a favor de que se incluya como un asunto de obvia y urgente resolución. Esta Cámara da vergüenza, este Congreso, da vergüenza; protege a la oligarquía, protege a los ricos y a los poderosos no los toca, y a la población, aquella población agraviada, agredida por gobernadores como el de Puebla, se mantiene en la impunidad este señor, y la gente asustada, agraviada, escondida, por tanto y tanto desmán contra ellos. ¿Creen que sea justo?

Por eso nosotros creemos que la discusión de la reglamentaria, de la secundaria, en materia energética presenta enormes vicios, lagunas, deficiencias, y atropellos que favorecerán a las empresas transnacionales, a la clase privilegiada del país, a los oligopolios, y que perjudicará a todos los mexicanos.

Por ello nosotros no concebimos como la aprobación de cuatro dictámenes que comprenden 17 leyes se efectúe en tan solo cuatro horas, sin debate, y sin un estudio legislativo serio, profundo sobre el tema. La mayoría de las reservas se enunciaron y aprobaron en bloque sin ser fundamentadas y expuestas, vulnerando el proceso Legislativo.

El cambio de expropiación, ocupación temporal, es simple retórica, ya que se mantiene la obligación de ejidatarios, comuneros y productores privados de entregar sus tierras y bosques a transnacionales a través de la figura denominada: servidumbre legal, con la cual los terrenos de los dueños se vulnerará, y la figura de propiedad en el país se debilitará mediante las opciones de arrendamiento, servidumbre voluntaria; ocupación superficial, comodato, ocupación temporal, compraventa y permuta.

Se adelantó la entrada de empresas extranjeras que vendan gasolina, a partir del 2016, se continua con la petrolización de las finanzas públicas al imponer un dividendo estatal de Pemex apenas de 4.7 del PIB nominal; se eliminan los subsidios a las tarifas eléctricas, aumentando el precio de las mismas, yo obviamente se van a incrementar las tarifas de gas, de gasolina, claro, obvio, después de julio del 2015, cuando pase el proceso.

¿Dónde quedó toda la campaña mentirosa de que con las reformas se iban a disminuirse las tarifas de energía, de la gasolina y del gas? Eran solamente mentiras y mentiras.

Las empresas gozarán de privilegios, de deducción en diez ejercicios inmediatos posteriores a las inversiones, pagarán contraprestaciones la cuota que discrecionalmente asigne Hacienda, que Petróleos Mexicanos deberá aportar el derecho ordinario sobre hidrocarburos, el derecho extraordinario sobre exportación de petróleo, el derecho para la investigación científica y tecnológica; el derecho para la fiscalización petrolera, el derecho para regular y supervisar la exploración y extracción de hidrocarburos; el derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización, el derecho especial sobre hidrocarburos, y el derecho adicional sobre hidrocarburos, la cual “chatarrizará” a la empresa que otorgue el 40 por ciento del presupuesto que recibe hacienda, del 25, al 30 o hasta el 40.

Es decir, se simuló y se acude a una verdadera regresión en materia ambiental, no se protege el medio ambiente, por eso estamos en contra porque esto va a profundizar la pobreza de los mexicanos, porque la discusión que se ha llevado acabo es una simple farsa, previamente acordada entre la dictadura.

Estamos en contra porque el gobierno neoliberal se está saliendo con la suya, mientras los sectores del país se encuentran cada vez peor. En lo que va del sexenio ya se afectó a los maestros, a los trabajadores, a los usuarios de bancos, a las telecomunicaciones, a los ciudadanos que pagan impuestos, porque e aprobó por el Congreso y su mayoría la Ley Hacendaria que es criminal, y ahora se está padeciendo, así como la Ley Educativa, la Ley Laboral, todas estas fueron aprobadas por una mayoría irreflexiva. Nosotros no estamos de acuerdo en que se realice este período extraordinario.

Comenté con el Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados sobre diseñar un nuevo mecanismo de debate en la Cámara de Diputados, ojala se logre, que sea más reflexivo, que sea menos irracional, menos inhumano, hago un llamado, hago un llamado Presidente, porque está muy distraída la Asamblea en otros asuntos, pero hago un llamado atento para que inmediatamente después de que se apruebe o desapruebe este tema, este punto del Orden del Día del Periodo Extraordinario entremos al asunto de Puebla.

Deberíamos pedir el cese del Gobernador; el Gobernador de Puebla debería ser destituido junto con su Secretario de Gobierno y su Secretario de Seguridad Pública, son una lacra, no le hacen bien al país, la represión nunca será alternativa.

Por eso, Presidente, ojala y todos sumemos nuestro esfuerzo a solicitar que se atienda con urgencia lo que está sucediendo en Puebla, si no quieren ser víctimas de esto, mañana defendamos hoy a estas personas que de manera indefensa sufren los embates de un gobierno gorila como el de Puebla.

Muchas gracias.

El Presiente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado Monreal.

Diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, por favor, Diputada.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente, con la venia de la Asamblea.

Se ha dicho sobre esta reforma que hay que aclarar, la reforma que lo vale todo, vale elecciones, vale gubernaturas, vale reforma política, lo vale absolutamente todo para el Titular del Ejecutivo y el Gobierno en General.

Esta, la reforma estructural que lo vale todo, es también en el tema estructural más importante para el país, esto hay que informárselo a la gente, el tema de la reforma energética tiene que ver con nuestro día a día, porque tiene que ver con el precio de todos los bienes y servicios que consumimos en este país.

Ha habido un gran engaño sobre la reforma energética.

Se dice que esta reforma viene a sacar de la piedra y de la corrupción a PEMEX, se dice que viene a eficientar el proceso con el cual se hace la explotación del uso de los hidrocarburos.

Esto es una gran mentira, y nosotros lo hemos dicho en público y en privado que se nos explique cómo; cómo se va realmente a sacar de esta ineficiencia a PEMEX si realmente lo único que estamos haciendo con la reforma constitucional que aprobó el PRI y el PAN, es quitarle el carácter estratégico a la industria de los hidrocarburos y de la energía, que nos digan cómo se acabará la corrupción cuando solamente ha habido una simulación, inclusive en la propia Cámara de Diputados para analizar temas como los de oceanografía.

Entonces esto que hoy hacemos que pareciera solamente una intervención testimonial porque hay oídos sordos y hay evidentemente otro tipo de discusiones en esta Comisión Permanente, nosotros estamos aquí para decirle a la ciudadanía que es lo que está pasando, se ha hablado de atropellos, se ha hablado de desaseo al proceso legislativo, se ha hablado de la falta de una sana discusión, y se ha hablado, sobre todo con gran certeza, inclusive por Senadores del Partido Acción Nacional, del proceso de negociación que se hace fuera de las Cámaras de Senadores y Diputados.

Finalmente, ciudadanos, lo que estamos nosotros, hoy discutiendo, es que el día de mañana ok, se inicie una discusión que no será discusión, que será solamente un proceso de trámite para que los Senadores de la oposición vengan y presenten sus reservas y sus posicionamientos en contra de esta reforma energética llamando al PRI y al Partido Acción Nacional a debatir sin recibir una respuesta como ha sucedido en las Comisiones.

Es este, pues, el resultado final de un proceso violatorio del reglamento.

¿Por qué? Porque en este apuro para que esta reforma energética salga adelante, y los acuerdos políticos que, y lo digo respetuosamente del PRI y el PAN han tenido, donde el Partido Acción Nacional se ha levantado innumerables número de veces, pegándole a la mesa inclusive, arreglando el procedimiento, para que la discusión de esta reforma energética en comisiones obedeciera a su petición de que la reforma política se aprobara primero en los estados, rompiendo el artículo 149 del Reglamento de la Cámara de Senadores, se dice a la letra que cada dictamen se debe de debatir y votar en lo individual, precisamente para permitir transitar esta reforma energética, el PRI, se viole el acuerdo, se votaran estos cuatro dictámenes de 17 leyes en una sola ocasión.

¿Para qué, para que hubiese certeza del pago que hacían al Partido Acción Nacional?

Finalmente estas discusiones no informan de los verdaderos alcances de esta reforma energética.

Al contrario, yo diría que desinformen, el propio Senador Penchyna, esta mañana en entrevistas había dicho que la inconformidad de las izquierdas en esta Comisión es solamente un berrinche, no, me parece que evidentemente el descrédito viene cuando se acaban las ideas.

Este, el de las comisiones, ha sido un trabajo oscuro y simulador, en un solo sentido, donde las reservas ni se discuten, ni se analizan, solamente se leen y quedan ahí como testimoniales y pareciera incluso que aquellos que están participando en el debate, están validando el mismo.

De aprobarse el en este momento, al acabar esta discusión que también pareciera testimonial, yo simplemente recomendaría, y lo hago como ciudadana mexicana, que en este periodo extraordinario no se debe de seguir el mismo procedimiento que se siguió en las Comisiones.

No se puede ocultar, no se puede mentir el carácter catastrófico de esta reforma energética, y no se puede evitar el debate nacional.

Yo hago también un llamado y me sumo al Diputado Monreal porque los coordinadores del PAN, del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados acepten un proceso de discusión diferente al que con mal ejemplo está hoy aprobando la Cámara de Senadores.

No solamente estamos hablando de atropellos, sino de falta de talento para poder avanzar con aseo este proceso legislativo.

¿Qué es lo que es más significativo y que ni siquiera pueden contestar en un debate?

El tema ecológico, cómo el Partido Verde se subirá al tema de la reforma energética cuando el Fracking está todavía en estos dictámenes que se aprobarán en los próximos días en esta Cámara de Senadores, porque aunque diga el Presidente de la Comisión de Energía que se ha modificado y que hay adecuaciones, el Fracking sigue siendo el uso del agua para las fracturas de la tierra, de la piedra para poder extraer el Gas Shell.

¿Cómo se justifica esto en estados como Chihuahua, donde la falta de agua es tremenda?

La constitución ya no considera el tema energético como un tema estructural. Pero ahora estas leyes crean el tema de los hidrocarburos como una actividad económica preferente. Es decir, si es estratégica, pero no es estratégica.

Y entonces, usando este término, se procede al despojo de las tierras de las personas para entregárselas a nacionales o extranjeros que van a hacer negocios con el tema energético.

Yo pongo un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa si alguna persona que se dedica a la agricultura tiene en sus espacios de cultivo algún hidrocarburo de interés para algún particular?

¿Qué es lo que va a pasar?

Con la ocupación temporal, ahora se le va a poder hacer algún tipo de expropiación para que un externo venga y lo explote, si así lo determina.

Finalmente, la gran mentira de esta reforma, que es la liberación del mercado de los precios de hidrocarburos, que dice que bajará al precio de la gasolina y los energéticos, y que ahora, despacito, despacito, el Director de PEMEX y algunos Subsecretarios de Energía han dicho que no habrá tal, no va a bajar el precio de la gasolina, sino todo lo contrario.

Cuando se liberen los precios de los hidrocarburos, la gasolina tendrá un alza importante, y como consecuencia los precios de los bienes y servicios en este país.

Yo termino diciendo que deberíamos, como ciudadanos, y hablo a ellos, a los ciudadanos, que el día de hoy nos estén escuchando, a que vayamos con nuestros representantes, Diputados y Senadores, y les exijamos una verdadera representación que tenga que ver con los intereses de la ciudadanía y las preocupaciones de la ciudadanía en lo que tiene que ver con el tema energético.

No a que violentemos los reglamentos y las leyes con acuerdos que van mucho más allá de nuestras atribuciones y que ha vote pronto vengamos aquí a tratar de no discutir ésta, la reforma que lo vale todo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputada Aguilar.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias. Con su venia.

Una pregunta que se harán los historiadores. ¿Por qué, quienes tienen mayoría, no pueden hacer las cosas con pulcritud?

Porque su problema para la mayoría no es vencer. Ahí tienen los votos, la aritmética no falla. Pueden tener la reforma que quieren con sus votos.

¿Por qué no hacerlo como debe de hacerse?

¿Por qué no respetar el reglamento?

¿Por qué hacerlo a la mala?

¿Qué necesidad tienen de hacerlo así?

Ayer escuchamos al Presidente de la Comisión de Energía diciendo: “Es que quieren retrasar la discusión”.

Para él su discusión ideal de estas leyes importantes, son 4 horas. En 4 horas se agotó el debate.
¡Bendito su mecanismo que le permite! Pero con esto no estamos ayudando a nadie.

Si hay un consenso, es que estamos discutiendo la reforma más importante para el país, en décadas.

¿Cuál es la importancia que le están dando para eso?

¿Por qué no buscan convencer a la población?

Decía el Senador Ríos Piter, diseñó algunas encuestas, es cierto, la sociedad no ha hecho suya esta reforma.

Un problema para la mayoría no es vencer. Insisto, el problema para la mayoría es convencer, y como lo están haciendo, en lugar de convencer, cada vez están haciendo lo contrario: están generando la convicción de que estas prisas, de que este apuro es para sacarlo, no bien, no con pulcritud, sino sacar esta gran reforma como sea, como sea. Tienen los votos, lo hacen como sea, y eso me parece que no habla bien del Poder Legislativo.

La verdad es que no han medido, no han medido el costo para el Poder Legislativo Mexicano el hecho de que se estén aprobando reformas de esta manera, y en donde el canal del congreso es para masoquistas, verdaderamente para masoquistas, en donde lo único que no está es debate, no existe debate. Hay bateo automático de todas las propuestas, de todos los puntos de vista y no hay debate.

Y la sociedad mexicana cómo se va a enterar de esto, si los legisladores rehúyen a una real discusión de las cosas.

A mí, no puedo acompañar el proyecto de convocar a un Período Extraordinario, cuando lo que vio la sociedad mexicana en las comisiones del Senado, es lamentable. No hubo discusión, todo se decidió en otro lugar.

Miren, yo no voy a estigmatizar los acuerdos, los diálogos en privado, en público, así es la política, ahí se acuerdo. Lo que sí no puedo acompañar, lo que sí cuestiono es que tengamos este desdén por la institución, por los órganos de la institución, y que en lugar de dar una discusión en comisiones, pueden haber platicado en distintas mesas, llegado a acuerdos, sí se puede, lo que no puede hacer es denigrarse el trabajo en comisiones.

Y ¿Díganme que se resuelve en la comisión? Un solo punto que se haya resuelto en la comisión.

Lo único que se ve es legisladores convertidos en simples mirones, en avaladores de cosas, eso no es correcto.

Pueden estar convencidos los legisladores, muy bien, pues que den el debate, y sea el camino de las ideas. Ha sido muy poco pulcro y no podemos acompañar esto así.

Por supuesto, hay cosas de fondo que merecen una reflexión.

Nosotros, desde la izquierda, hemos defendido. La opción es fortalecer a PEMEX, no queremos que siga la política energética como hasta ahora, pero a PEMEX no le hemos dado la oportunidad de ser la gran industria nacional, ha sido caja chica, ha sido invadida de corrupción, ha sido todo, menos la gran empresa; no le hemos dado las condiciones para que sea, y ahora la van a, prácticamente, acabar con esto, porque sabemos que ese va a ser el gran costo.

Hay un antes y después de esta forma, y no lo estamos tomando con la seriedad debida.

La petición, por supuesto, es que esto sea discutido con la seriedad que se requiere en las comisiones del Senado.

Yo soy, yo soy de los que pienso que nunca hay que abandonar la plaza, que aun siendo minoría tenemos que dar el debate, aún en situaciones adversas.

Que la gran fuerza que no nos pueden quitar a los legisladores, es la voz y, en ese sentido, yo hubiera, me hubiera quedado yo, si hubiera sido mi decisión, a debatir, así sea en esas pésimas condiciones. Pero nadie puede estar orgulloso, nadie puede avalar lo que vimos ayer, el espectáculo que vimos ayer, en donde lo único ausente fue el debate y ha sido la constante.

Démosle altura al Poder Legislativo.

Démosle su gallardía al Poder Legislativo.

Es un poder clave de la república, no simplemente un avalador de cosas que, insisto, no va, y no creo que ningún legislador haya venido a ser representante popular o ser representantes de sus estados para simplemente hacer o ser convidados de piedra, y simplemente batear todo con una mayoría de votos, que insisto, tienen.

La invitación a la mayoría es: “Háganlo pulcramente”.

Y una cosa fundamental, fundamental. Yo en mi opinión, aquí hay posiciones encontradas.

De mí nunca oirán la descalificación de “Traidores” por pensar distinto.

Entiendo que hay algunos que legítimamente piensan que esta apertura desproporcionada del sector energético mexicano servirá al país, yo discrepo. Pero al menos, y además las mayorías tienen derecho a decidir en los órganos legislativos. Eso no lo cuestiono. Pero entonces, tiene que haber convicción democrática de todas las partes.

Y así como se puede aceptar que tengan mayoría en un órgano legislativo, y tengan el derecho a decidir de acuerdo a sus convicciones, también tienen que tener la convicción democrática para respetar la ley y la constitución.

Y la Constitución en el artículo 35, dice que los ciudadanos tienen el derecho a decidir en una consulta popular, si se cumplen los requisitos.

Se pide un millón 600 mil firmas, para ello. Vamos a tener firmas de sobra. Y ahí vamos a ver quién tiene convicción democrática.

Por una parte, aceptar que la mayoría de las cámaras puede decidir. Pero también que se respete la Constitución, y que la última palabra la tenga la sociedad mexicana; la tenga los ciudadanos en votación, si se cumplen los requisitos.

Porque entonces sí, que doble moral, que doble cara que lleguen y en una parte digan: somos mayoría, déjenos decidir. Así sea de manera poco limpia, sin pulcritud, violando el reglamento.

Porque además existe la frase cínica. No sé si han escuchado la frase cínica: de que todo lo limpia el pleno. Toda falla en el reglamento, la limpia el pleno. Entonces para qué tenemos reglamento, si con que el pleno voto a favor, entonces ya nadie… ya el reglamento no tiene ningún sentido.

Por eso la frase cínica de todos. Para qué te preocupa en cumplir el reglamento, si el pleno con su voto, lo avala todo, lo limpia, es Cloralex, de cualquier problema de procedimiento.

Pero vuelvo al punto importante. Vuelvo a punto importante.

Los demócratas aceptamos que la mayoría puede decidir en los órganos de representación, si tienen los votos. Okay, pero se tiene que aceptar la ley, es para de la convicción democrática. Y la Constitución le otorga ese derecho a los ciudadanos, el derecho de la consulta popular.

Y quiero decirles, para qué ayudaría un debate de altura sobre este tema. Para qué ayudaría que diéramos un gran debate de altura, de argumentos, ¿para convencer a la sociedad? Para que todos den sus argumentos a la sociedad. Apostemos a convencer a la sociedad, cada quien con sus propias convicciones y que al final de cuentas se cumpla la Constitución, y en el año 2015, hagamos que la reforma más importante del país, en décadas, quien tenga la última palabra sea el pueblo, sean los ciudadanos.

No cómo concesión, sino como ejercicio de un derecho ya reconocido y establecido en la Constitución.

Así me parece que sería demostrar que lo hacemos pulcramente y con democracia.

No podría decir que el debate ha dejado que desear en la reforma energética. Porque es lo que no ha habido, no ha habido debate.

Por qué voy a votar en contra, porque esta reforma de tal trascendencia, no puede pasar sin el debate, sin la discusión.

Gracias.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Fernando Zárate.

El Diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, señor Presidente.

Yo escuché los distintos argumentos que mis compañeros tienen.

Yo tendría para arrancar una premisa el día de hoy.

¿Están dispuestos a escuchar?

Y no me refiero a escuchar en este salón. ¿A escuchar las verdaderas peticiones que está planteando la izquierda?

Me queda claro, que ya hay un acuerdo entre el PRI y el PAN. Y el acuerdo les otorga los números necesarios para aprobar la reforma.

Es más, aún sin el PAN, el PRI, con sus aliados, tendría los números suficientes para aprobar esta reforma, y para aprobar el período extraordinario y para no discutir.

La verdadera pregunta es: en la reforma política electoral, aterrizándola, en la reforma en telecomunicaciones y ahora en esta reforma, ¿cuál es el sistema político y el sistema de gobierno que estamos definiendo para el futuro del país?

¿Se están pretendiendo escuchar, realmente, a todas las voces, a las minorías, a las mayorías?

¿O está pretendiendo hoy la mayoría, con el PRI, que obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección del 2012?

Pero que esa mayoría de votos, no representa la mayoría de la población.

Seguimos teniendo un grave problema de abstencionismo en las elecciones.

Y quiero plantear aquí un tema de fondo y de democracia real.

El sistema mexicano, el sistema normativo y el sistema de gobierno mexicano, estaba basado en una premisa. En la premisa que el PRI tenía el apoyo de más del 50% de la población. Y con ese apoyo, podría modificar normas. Y pudo modificar instituciones. Algunas de ellas, muy exitosas, por cierto, como el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Pero desde 1997, ese sistema se modificó. No ha obtenido el PRI más del 50% de los votos. No ha obtenido tampoco, más del 50% del apoyo popular.

Y ahora con el PAN, pretenden sustituir, mediante una fórmula de mayoría de votos en las cámaras, lo que en la calle no se tiene.

Yo pregunto, ¿en la reforma política electoral decidieron no incluir a los partidos políticos pequeños? ¿No decidieron permitir la fracción del voto? Y, por supuesto, la consecuencia de ello, son las calles.

Ya lo vivieron. Si bajo el gobierno de Díaz Ordaz fueron muy eficaces en las calles. Pero con el uso de la fuerza pública, que en un país demócrata, debería ser el último de los últimos de los últimos recursos.

Yo quisiera hacer un planteamiento aún más serio.

¿Cuál es el rol que hoy el PRI y el PAN pretenden en la reforma energética?

Como ayer, a lo mejor, que no solamente no se cumple el espíritu de la Constitución y no se toman en cuenta a las mayorías y a las minorías, ustedes tienen una visión del país y tienen una visión de la energía sobre el suelo y subsuelo de la nación. El PAN tiene otro, y planteó su reforma constitucional bajo el gobierno de Felipe Calderón.

Pero se nos dejó hablar. Se nos deja movilizar. En las calles, hicimos protestas públicas, y ganamos y convencimos.

Hoy, ni siquiera las protestas públicas se están permitiendo.

Y el modelo es Puebla.

¿Cuál va ser el trato hoy del PRI y del PAN hacia las minorías?

¿En qué están pensando y en qué están basando su sistema de gobierno?

¿En una mayoría ficticia?

Eso va a provocar que la izquierda salga a las calles.

¿Eso es lo que quieren?

Porque ni siquiera están cumpliendo con las normas.

Ayer, y no crean que nos gusta el síndrome de la reserva. No crea que nos gusta. Ni crean que estamos convencidos que el sistema de la reserva, es el que funciona, cuando sabemos que no se están discutiendo y menos cuando no se aprueba ninguna de ellas.

La pregunta es específica, ¿tienen ganas de intención de escuchar el planteamiento de izquierda, para complementar la reforma o no?

¿Tienen ganas en combatir la corrupción, o no?

¿Tienen ganas en cumplir el principio de transparencia, o solamente tienen ganas de escuchar sus propios ombligos y de avanzar con la reforma, que ustedes creen, que es la conveniente, sin escuchar otras voces dentro del Congreso?

No caigamos en el error más importante que ya lo expresó uno de los historiadores más importantes en el mundo y que acaba de fallecer, Eric Hobsbawm.

¿Está el PRI negando su propia historia?

Hubo un cambio de gobierno. ¿Estamos recuperando ese sistema de gobierno que el PRI implemento en los sesentas y en los setentas?

Yo creo que sería un dolor muy profundo para los ciudadanos, que no se escuchara a la izquierda.

La izquierda durante muchos, decenios, ha contribuido en el fortalecimiento de las instituciones.

¿Se nos está negando el derecho a debatir?

Esa es una duda, que no solamente se plantean los legisladores que están aquí, sino a todo ciudadano mexicano, que pretende un mejor futuro para su país.

El futuro de este país, no se construye con base en aplanadoras legislativas ficticias. Se construye con base en discusiones.

Nosotros estamos listos para dar discusión seria y para proponer y para complementar la legislación.

¿Están dispuestos ustedes a escucharnos, o no?

La verdadera duda es la democrática.

¿Quieren un país bipartidista?

¿O quieren un país pluripartidista? En donde las cosas se discutan, en donde el Congreso cumpla su rol, en donde haya un sistema de pesos y contrapesos.

Una palabra importante que la planteó Alexis de Tocqueville de democracia en América.

Porque ahora, ni siquiera el filibuster, es decir, el mecanismo más importante que tiene la izquierda para exponer sus argumentos, se está haciendo valer, ni con esta sesión extraordinaria, que se convocará, ni el debate energético.

Es una pregunta profunda, que se las planteo y que espero que la puedan contestar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado Zárate.

Por último, tiene el uso de la tribuna el Diputado Miguel Alonso Raya, del PRD, en contra.

El Diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Compañeras y compañeros:

Es fundamentalmente con la intención de ver si podemos, y creo que deberíamos poder entre nosotros ponernos de acuerdo para tratar estos temas pues con la mayor responsabilidad, con la mayor seriedad. Yo creo que están ubicadas perfectamente las diferencias, los puntos de vista que cada quien tiene, pero podemos hacer una discusión de manera distinta y evitar también en el Congreso pues desgastes innecesarios.

A ver qué es eso, no, no me parece a mí civilizado ni racional desde ningún punto de vista estar, iniciar una sesión a las once de la mañana y terminar a la nueve de la mañana del siguiente día, digo, en dónde está lo racional, en dónde está lo sensato, en dónde está la prisa para hacer una sesión de corrido de veinte horas, no entiendo.

No podemos pactar tiempos en el día para tratar temas y colocar también, y ubicar temas en cada minuta, en cada dictamen a discutir para poder, en todo caso, pues también que entren en pro y en contra, de acuerdo a los procedimientos que tenemos en nuestras normas, pues para efecto de cuando menos fijar con toda claridad o con mayor claridad, según nosotros, pues la posición que tenemos respecto al tema.

Pongo un ejemplo, en la Ley de Telecomunicaciones subieron alrededor de 30 compañeros a tratar el asunto del artículo 89, 90 de las comunitarias e indígenas, y era subir, argumentar y batear; subir, argumentar y batear; subir argumentar y batear; subir y argumentar y no se admite a discusión, qué sentido tiene. Podíamos haber pactado una discusión de cuando menos seis en pro, seis en contra, pues creo que hubiera sido, en mi opinión, más productivo, dejar más claro el asunto de pros y contras en eso.

Por poner un ejemplo, ¿qué es lo que se trata, de lo que pienso que deberíamos hacer un esfuerzo por modificar pues la manera como debatimos asuntos de trascendencia como estos? Porque yo creo que aquí nadie está de acuerdo, y creo que nadie deberíamos estar de acuerdo en no prever desde ahora, y no atender desde ahora conflictos que se pueden suscitar.

Lo que quise decir hace rato de Puebla, fíjense, se suscita por un asunto en donde le quitan las facultades a las agencias para expedir actas en el Registro Civil. Y una manifestación de esa naturaleza se reprime, digo, no se puede dialogar para ponerse de acuerdo y evitar, porque le están quitando una facultad a las agencias municipales para expedir los documentos del Registro Civil, y utilizar balas de goma, porque ni siquiera era el asunto de lo del gasoducto, que todavía eso es más grave y ha sido más arbitrario en algunas comunidades.

O sea, nos vamos a ir a que cualquiera que proteste, cualquiera que se inconforme sobre eso, de acuerdo como iban las cosas, van a andar deteniendo gente o vamos a buscar la manera de ponernos de acuerdo para tener cuidado en la cuestión de la redacción y evitar cosas, y evitar abusos de esta naturaleza. Y entonces, pues yo digo que es elemental hacer un esfuerzo de civilizadamente ordenar y pactar las cosas.

Si no se puede, digo, también hay que decirlo con toda franqueza, pero nuestras reservas al asunto de cómo viene el extraordinario, sin acuerdos para discutir ordenadamente, para discutir en tiempos normales, para subrayar temas y debatirlos y fijar cada quien nuestra posición, es que es un asunto, desde mi punto de vista, elementar, de elementar cortesía en el debate, y de darle viabilidad a un debate civilizado, que eleve el nivel y el papel del Congreso, y que no nos dejemos que el Ejecutivo por sus prisas de no sé qué termine denigrando, termine deteriorando la imagen del Congreso.

Compañeros y compañeras, estamos peor que los policías, por más que discutimos y por más que hacemos en la bronca de las mediaciones y las encuestas. Revalorémonos nosotros mismos, reivindiquémonos nosotros mismos y seamos capaces de, en medio de las discrepancias, encontrar un procedimiento que permita discutir con civilidad, y cada quien presentar sus argumentos.

Si esto es mucho pedir, pues francamente entonces no vale la pena estar en una Cámara de esta naturaleza, entre políticos de larga experiencia muchos de los aquí presentes, que creo que podemos honrar la palabra, de cosas que teníamos que discutir, de las que se pueden acordar y de las que no se pueden acordar, en donde hay posibilidad de flexibilidad y en donde no hay, y en todo caso pues cada quien fija su postura en el asunto, y vámonos para adelante.

Pero hagámoslo de día, en horarios civilizados, y subrayando y significando temas de cada dictamen. Esa es nuestra propuesta, compañeras y compañeros.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado.

Agotada la lista de oradores, procederá la Secretaría a recoger la votación nominal del proyecto de Decreto haciendo, y en insistencia de que la cita al extraordinario, de aprobarse, sería mañana jueves 17 de julio de 2014, y la apertura de la misma se efectuaría a las 10:00 horas del mismo día.

Pido a la Secretaría recoger la votación nominal.

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se va a recoger la votación nominal. Se emitieron 26 votos en pro y 8 en contra, del total de 34 legisladores presentes. Sí se reúne la mayoría calificada.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a un periodo de sesiones extraordinarias a la Cámara de Senadores.

Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente convoca al Senado de la República a celebrar un periodo de Sesiones Extraordinarias durante el actual receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, a partir del 17 de julio del presente año. Comuníquese este decreto a la Cámara de Senadores. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Sonido en el escaño del Diputado Belaunzarán.

El Diputado Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Muy breve, solamente para apuntar una cuestión.

Es obvio, la mayoría votó porque haya período extraordinario, pero de alguna manera nos dieron la razón, no hubo debate, no hubo un solo orador a favor del período extraordinario de sesión; si ese va a ser, y así va a ser la mecánica en el período extraordinario donde se escuche solo una posición y una voz y los votos de otra manera, creo que, como dijimos, no habrá debate. Entonces, nos dieron de alguna manera la razón, aunque por supuesto por mayoría habrá período extraordinario.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Diputada María de las Nieves García para presentar, a nombre del Diputado Williams Ochoa Gallegos, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 578 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el artículo 17 bis de la Ley de General de Salud.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 578 Y 585 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y EL ARTICULO 17 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada María de las Nieves García, a nombre del Diputado Williams Ochoa Gallegos, del grupo parlamentario del PRI)

La Diputada María de las Nieves García: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores.

Tal como lo afirma el doctor Hernán Valencia, impulsor del Derecho Romano Privado, los derechos colectivos o también llamados de tercera generación se particularizan porque su titularidad es conjunta, es decir varias personas naturales o jurídicas se constituyen en los derechohabientes o titulares de la facultad.

En este sentido es preciso que el marco jurídico proteja este tipo de derechos a través de lo que se conoce como las acciones colectivas, reconocidas como la herramienta jurídica usada para proteger el derecho que tiene un grupo de personas contra una o varias autoridades que vulneren sus derechos.

Importante recordar que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 17, Constitucional a través de la cual se establece la regulación de las acciones colectivas dando certeza jurídica a los derechos conjuntos y al mismo tiempo delegando una responsabilidad muy importante al Congreso de la Unión , quien deberá expedir las leyes secundarias al respecto.

En respuesta a esta Reforma Constitucional, se adecuaron diversas disposiciones legales en la materia, con lo cual se establece la competencia de los tribunales de la federación en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios públicos o privados, medio ambiente, y así mismo definió diversos conceptos como los de derechos e intereses difusos y colectivos y derechos e intereses individuales de incidencia colectiva.

A pesar de los avances que representó esta reforma en materia de derechos humanos colectivos, dejó fuera materias importantes como son la seguridad, el adecuado desarrollo urbano y la salud pública, siendo éste último un derecho reconocido y protegido por nuestra Carta Magna y diversos tratados internacionales, instrumentos de los que se prevé la acción popular para la denuncia de cualquier acto u omisión de que represente un riesgo o provoque un daño a la salud de la población.

En este sentido, la iniciativa que ahora estamos presentando permitirá que las acciones colectivas se ejerzan para evitar el daño sanitario, que se reduzca el riesgo de daño o desequilibrio sanitario, los cuales son pertenencia de una colectividad.

Para que de esta manera podamos garantizar el derecho a la salud para las generaciones venideras. En este mismo sentido se garantiza el ejercicio de estas acciones como medio para infligir la debida prestación de los servicios de salud por parte de las instituciones gubernamentales, federales, estatales y municipales.

En esta misma iniciativa se da certeza a los derechos colectivos en materia de desarrollo urbano, siendo los daños en esta materia los que afectan en la mayoría de los casos a una pluralidad de personas y tienen efecto sobre ellas, pero también pueden ser causados por una diversidad de causas o de actores.

De tal suerte que el contar con el ejercicio de acciones colectivas permitirá que se ejerzan para garantizar un adecuado desarrollo urbano, los que al mismo tiempo se reconocen como derechos de la colectividad.

La iniciativa que ahora se presenta es una respuesta al Artículo 17, Constitucional con lo cual este Honorable Congreso de la Unión es responsable a los preceptos constitucionales en materia de derechos humanos y frente a los problemas sociales que representa las necesidades de la colectividad.

Es cuanto, ciudadano Presidente, muchas gracias, compañeros y compañeras por su atención.

Iniciativa

El suscrito Diputado Federal, Willy Ochoa Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en  lo dispuesto en el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL ARTICULO 585 FRACCION I, ARTICULO 578 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES,Y EL ARTICULO 17 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El 29 de julio de 2010 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su tercer párrafo, el cual establece: “El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.”

La iniciativa de la adición al artículo 17 constitucional la presentó el entonces Senador Jesús Murillo Karam el 7 de febrero de 2008 y se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen, siendo aprobada en la sesión del 10 de diciembre de 2009 por mayoría de 100 votos, se envió a la Cámara de Diputados el 15 del mismo mes y año citados, se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen de esta última se aprobó por 319 votos en favor y una abstención, el 25 de marzo de 2010. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 29 de julio de 2010.

De la exposición de motivos de la iniciativa mencionada se concluye que en materia de derechos humanos, nuestro sistema jurídico ha ido incorporando, en un proceso inacabado y en constante progreso, aquellos derechos humanos denominados de primera (civiles y políticos), segunda (económicos, sociales y culturales) y tercera generación (colectivos o de solidaridad). No obstante lo anterior, no es suficiente la incorporación al sistema jurídico de derechos sustantivos, sino que es necesario establecer aquellas acciones, mecanismos y procedimientos sencillos y eficaces que permitan el ejercicio y defensa adecuada de los derechos colectivos. Las acciones colectivas son los instrumentos que permiten la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo dentro de la sociedad.

El 7 de diciembre de 2010 el entonces Senador Jesús Murillo Karam presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona al Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Dos meses después el dictamen de las comisiones referidas fue aprobado ante el Pleno de la Cámara de Senadores por 72 votos y enviada la minuta a la Cámara de Diputados. Finalmente el 28 de abril de 2011 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado sin hacer ninguna modificación.  Esta minuta tuvo los siguientes alcances:

- Estableció la figura de la acción colectiva, que es procedente para tutelar derechos cuya titularidad corresponda a un a colectividad de personas o para el ejercicio de pretensiones individuales cuya titularidad sea un grupo de personas.

-Adicionó el Libro Quinto de Código Federal de Procedimientos Civiles, regulando el procedimiento de sustanciación de acciones colectivas, de las que serán competentes los tribunales de la Federación en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados, y medio ambiente, lo que incluye las materias de protección al consumidor y protección a los usuarios de servicios financieros, medio ambiente y competencia económica.

-Definió diversos conceptos como los de derechos e intereses difusos y colectivos y derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, así como estableció los extremos de las tres acciones en esta materia que serán la “acción difusa”, la “acción colectiva en sentido estricto” y “acción individual homogénea”, así como, estableció las reglas para los estadios procesales de este tipo de procedimientos, entre otras.

Esta reforma a las leyes indicadas fue publicada el 30 de agosto del 2011 en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor seis meses después de su publicación.

De lo antes narrado y del análisis del texto actual del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se concluye que el Constituyente no estableció parámetros o reglas para fijar las materias en que las acciones colectivas pueden ser ejercidas. Por el contrario, dejó a la absoluta discrecionalidad del legislador ordinario establecer: a) las materias de aplicación; b) los procedimientos judiciales; y c) los mecanismos de reparación del daño.

En la reforma legal se establecen las materias de procedencias de las acciones colectivas, que acorde con el artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se agrupan en relaciones de consumo de bienes o servicios públicos y privados y medio ambiente. La lista dejo fuera a las acciones colectivas en materias como la seguridad y salud pública, y el adecuado desarrollo urbano.

El derecho a la protección a la salud y acceso a los servicios de salud, también reconocido en el artículo 4, párrafo tercero, de la Constitución, es un derecho humano de naturaleza colectiva respecto al cual, en la Ley General de Salud se prevé  la acción popular (artículo 60) para que cualquier persona denuncie  ante las autoridades sanitarias todo hecho, acto u omisión que represente un riesgo o provoque un daño a la salud de la población. La denuncia da lugar solo a un procedimiento administrativo, en virtud del cual se pueden decretar medidas preventivas de seguridad sanitaria o sanciones al responsable (artículo 6, 59 al 268 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios).

El carácter de bienes colectivos de la salud pública y servicios de salud, hacía difícil el acceso a la justicia, ya que la ley sanitaria y ordenamientos que regulan los institutos que prestan los servicios de salud pública, no dota de instrumentos suficientes para la restauración, remediación, o para pagar los costos de la afectación a la salud pública, ni para exigir el debido cumplimiento de la prestación de servicios de salud pública. A este respecto, debe considerarse que la prestación de servicios de salud por parte de las instituciones oficiales no constituye una relación de consumo y por ende no está comprendida dentro de los supuestos de la redacción actual del artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

La reforma propuesta permitirá que las acciones colectivas se ejerzan para evitar el daño sanitario, que se reduzca el riesgo de daño o desequilibrio sanitario, los cuales son pertenencia de una colectividad, para que de esta manera, podamos garantizar el derecho a la salud para las generaciones venideras.

La extensión de la institución de acciones colectivas como medio para exigir la debida prestación de los servicios de salud por parte de las instituciones gubernamentales, federales, estatales o municipales, tutelara los derechos colectivos de los grupos beneficiarios que no están comprendidos dentro del concepto de consumidores.

Por cuanto hace al adecuado desarrollo urbano, debe señalarse que se entiende por impacto urbano, la influencia o alteración causada por alguna obra pública o privada, que por su funcionamiento, forma o magnitud rebase las capacidades de la infraestructura o de los servicios públicos del área o zona donde se pretenda ubicar, afecte negativamente el espacio, imagen o paisaje urbano, y/o la estructura socioeconómica; al generar fenómenos de especulación inmobiliaria o de bienes y servicios; signifiquen un riesgo, para la salud, la vida o los bienes de la comunidad; o que signifique su desplazamiento o expulsión paulatina o para el patrimonio cultural, histórico, arqueológico o artístico de la Ciudad. Al día de hoy, los grupos sociales carecen de instrumento que les otorgue legitimación para plantear en la vía jurisdiccional su reclamo.

Los daños al entorno urbano pueden afectar procesos que no necesariamente están sujetos a la propiedad privada o a elementos del patrimonio privado, es decir no hay daño al patrimonio, ejemplo de ello es una afectación a la vialidad, a un camellón, a una red de alcantarillado. O bien hay supuestos con un doble quebranto: al entorno urbano y la propiedad privada, ejemplo de ello sería el estado ruinoso de una edificación. Asimismo, existen daños al entorno urbano de bienes públicos administrados por el Estado, como es el caso de parques, museos, bienes de valor histórico o arqueológico.

Los daños al adecuado desarrollo urbano afectan en la mayoría de los casos a una pluralidad de personas y tienen efectos sobre ellas, pero también pueden ser causados por una diversidad de causas o de actores, por ejemplo, trazo de vialidades, construcción de conjuntos habitacionales, modificación de cauces de aguas pluviales, etc.

Es por ello, que el contar con el ejercicio de acciones colectivas permitirá que se ejerzan para garantizar un adecuado desarrollo urbano, que es pertenencia de una colectividad.

Por las anteriores razones y fundamentos expuestos, me permito presentar a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL ARTICULO 585 FRACCION I, ARTICULO 578 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, Y EL ARTICULO 17 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, para quedar como sigue:

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 578 y 585 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles.

ARTICULO 578.- La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los Tribunales de la Federación con las modalidades que se señalen en este Título, y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados, medio ambiente, salud y adecuado desarrollo urbano.

ARTICULO 585.- (…)

I.- La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

II.- (…)

ARTICULO SEGUNDO.- Se adicionan los párrafos segundo, y tercero al artículo 17 bis de la Ley General de Salud, recorriéndose el orden de los párrafos subsecuentes.

Artículo 17Bis.-(….)

La Comisión en el ámbito de sus atribuciones, está facultada para iniciar las acciones que procedan ante las autoridades competentes cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación sanitaria.

Cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e intereses de una colectividad o grupo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como cualquier legitimado a que se refiere el artículo 584 del Código Federal de Procedimientos Civiles, podrán ejercitar la acción colectiva de conformidad con lo dispuesto en el Título Tercero del Libro Tercero de dicho Código.

 (…)

I.- (…)

TRANSITORIOS

Unico.-El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Comisión Permanente, el 16 de julio de 2014.

Dip. Fed. Willy Ochoa Gallegos.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

El Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre de la Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 151 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IX AL ARTICULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre de la Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, Presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores legisladores.

La presente iniciativa tiene como objetivo principal desahogar un poco la difícil situación económica que atraviesan miles de familias mexicanas, brindándoles así la oportunidad para que el interesado pueda seguir profesionalizándose en el ámbito educativo, y consecuentemente, mejorar su condición económica.

Consideramos la necesidad de cambiar las reglas para adecuarlas a los nuevos tiempos en que vivimos.

Hoy pretendemos la construcción de un país más equitativo y con mejores sistemas de desarrollo social.

La propuesta que se presenta busca que en la declaración anual, que en las deducciones favorezcan a las familias en los servicios educativos para lo cual se plantea lo siguiente.

Pretendemos que se consideren como deducciones personales del Artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta los pagos por los servicios de enseñanza correspondientes a los tipo de educación básica, media, superior, y superior lo que se refiere la Ley General de Educación, efectuado por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con la que viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta; siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se cumplan con lo siguiente.

a).- Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de educación, y que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de educación se hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate.

c).- Que los pagos a los que se refiere el primer párrafo de la presente fracción deberán realizarse mediante cheques nominativo del contribuyente traspaso de cuenta en instituciones de crédito o casa de bolsa mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio.

Para la aplicación de deducción a que se refiere esta fracción, se deberá comprobar mediante documentación que reúna los requisitos fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones educativas residentes en el país.

Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, la deducción únicamente será aplicable por la diferencia no recuperada.

Es hoy cuando tenemos la oportunidad para generar los cambios necesarios que permitan mejorar el ingreso de las familias y su acceso a los servicios sociales, y sobre todo los referentes a la educación.

En Acción Nacional pretendemos lograr un país más educado y una sociedad con un ingreso más retributivo, y más con las reformas que se llevarán a cabo, como es el caso de la educativa, que busca que los mexicanos tengan más oportunidades ante la problemática económica en la que viven.

Es de solicitar la suscripción de mi persona y también del Senador Mendoza Davis a esta iniciativa, señor Presidente.

Les agradezco su atención.

Muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, Tania Margarita Morgan Navarrete, Diputada Federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IX AL ARTICULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sistema tributario mexicano se ha caracterizado desde sus inicios por contar con gran número de impuestos. No obstante, la efectividad recaudatoria ha sido mínima fundamentalmente por los conflictos internos que habían agobiado al país desde la independencia hasta el final de la revolución. Y no es antes, sino a partir de entonces, cuando dicho Sistema comenzó a modernizarse a través de la Constitución Política de 1917.

Es sabido que los impuestos, como mecanismo utilizado por las Administraciones Públicas, no tienen como único fin el sostenimiento de las cargas públicas, sino que además pueden perseguir otros fines. Entre ellos podemos incluir aquellos relacionados con los instrumentos de la política económica general y atender a los principios y fines contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). De esta manera, los impuestos como herramientas, sin abandonar su capacidad recaudatoria, también pueden perseguir la consecución de otros fines, y por supuesto, ayudar al desarrollo de otros preceptos constitucionales.

Dentro de estos, podemos recoger el derecho humano a la educación, al que se refiere el artículo 3° de nuestra Carta Magna, donde se enuncia el principio general de que todo individuo tiene derecho a recibirla.

La educación es una herramienta fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un proceso permanente que contribuye al constante desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad desde todos sus ámbitos, al mismo tiempo de ser un factor determinante para la adquisición de riqueza intelectual que coadyuva al pleno acrecentamiento progresivo del Estado.

Es también, un engranaje cultural necesario e importante que posee el ser humano para aprender y desenvolverse en diversas materias inherentes a sí mismo. Por medio de ésta, conocemos cómo actuar y comportarnos en sociedad. Es un proceso en el que actúa el hombre, el cual le permite insertarse de manera efectiva en la sociedad y mantener el proceso continuo de aprendizaje.

En la actualidad existen diversos ámbitos en los cuales recibimos educación, entre ellos la educación formal, informal y no formal. El primero de ellos, ha pasado a ser fundamental para todo individuo en su desarrollo profesional, pues se encuentra constituido por la educación que imparten las instituciones, con base en conocimientos teóricos y prácticos.

Dicho de otro modo, la educación ha venido siendo uno de los principales ejes rectores dentro del progreso de una sociedad, por lo que se deben reconocer las fallas estructurales que el sistema educativo enfrenta ante la insuficiencia de recursos en detrimento de las expectativas de desarrollo de jóvenes aspirantes a recibir una educación instructiva y profesional. De esta manera será posible rediseñar los cimientos que han de ser implementados por políticas públicas que ayuden y refuercen el desarrollo progresivo de nuestro sistema educativo. Como ejemplo de ello, podríamos citar la reciente aprobación de la Reforma Educativa, misma que causó la polarización de diferentes ideologías políticas y del propio sector; sin embargo, con la aprobación de las leyes secundarias en la materia, las expectativas de mejora y crecimiento son altas. No puede haber más excusas para que los mexicanos reciban una verdadera educación de calidad.

Está de más mencionar que el progreso de una nación reside en la fortaleza de la estructura de su sistema educativo en todos sus niveles, particularmente en los niveles superiores. Pues para alcanzar el progreso y desarrollo del país es necesario contar con  soportes firmes de una buena educación. De otro modo, la ausencia de éstos conduciría a un estancamiento económico y social.

En los últimos años, México ha comenzado a transitar por un camino plagado de transformaciones estratégicas en su sistema educativo; desde nuevas disciplinas que incursionan en la oferta educativa y nuevas modalidades con las que se fortalece la educación a distancia y la utilización de tecnologías de la información, hasta reformas estructurales que habrán de favorecer la calidad instructiva que reciben aquellos de menor edad.

Por otro lado, aún subsiste el desafío por garantizar una educación profesional equitativa para todos los mexicanos, ya que muy pocos pueden acceder a un nivel de escolaridad superior y por ende, aspirar a insertarse en el mercado laboral, contando con posgrados de maestría o doctorado.

Por citar un ejemplo que evidencia lo anterior, un estudio diferente hecho por el Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, revela que en el país sólo hay 907 mil 816 personas mayores de 18 años con posgrado, de una población superior a los 75 millones. Es decir, sólo el 1.2% de la población mexicana cuenta con un posgrado.

Por otro lado, según datos presentados en 2013, en el primer informe de gobierno del Ejecutivo, la matrícula en educación superior fue de 3.3 millones de alumnos en la modalidad escolarizada de los niveles de licenciatura y posgrado, alcanzando una participación de 9.4% del sistema educativo nacional. Particularmente, la matrícula escolarizada de licenciatura fue de 3.1 millones de estudiantes alcanzando una cobertura de 28.6%, en relación con el grupo de edad de 18 a 22 años.

También debe considerarse el caso de aquellos jóvenes que, dada la necesidad económica de sus familias y su propio anhelo por prepararse en instituciones privadas, eligen estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Dicho lo anterior, se puede sintetizar que la mayoría de jóvenes no siguen estudiando con razón de que se ven obligados a colaborar con la economía familiar, por lo que muchas veces no cuentan con el tiempo y recursos necesarios para que, al haber concluido la licenciatura, continúen la profesionalización, pues es ésta la llave principal para acceder a mejores oportunidades y condiciones laborales.

Lo anterior se demuestra en el estudio “Panorama Educativo de México 2009”, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en donde se refleja que los jóvenes tienden a acceder a empleos mejor remunerados a medida que sus logros educativos son mayores. Así, para los jóvenes de 20 a 24 años, contar con la educación superior significó tener entre 36% y 41% más salario que los que sólo cuentan con la escolaridad básica y media superior. El estudio también revela que, conforme los jóvenes logran mayor nivel de escolarización, disminuyen sus jornadas laborales y aumentan su probabilidad de seguridad en el empleo.

De otro modo, de acuerdo con la División de Innovación y Meditación del Progreso de la Educación de la OCDE, la tasa de empleo en México aumenta según el nivel educativo de las personas de 62% entre quienes tienen estudios de secundaria e inferiores,  de 71% con educación media superior y de 79% con educación universitaria o superior.

En el México actual es prácticamente difícil encontrar alguna figura tributaria que permita la articulación de un beneficio fiscal; son pocos los artículos, estudios, publicaciones y/o exposiciones realizados en base a regular o equilibrar las deducciones económicas para aquellos que son trabajadores del sector formal y que, por lo tanto, soportan la mayor carga económica de este país, al tiempo de que también tienen la ardua oportunidad de invertir en su educación.

No fue hasta el 15 de Febrero de 2011 que el Expresidente Felipe Calderón Hinojosa,  presentó el Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos; gracias al cual se hizo posible la deducción anual del Impuesto Sobre la Renta por el concepto de pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básica y media superior reconocidos en la Ley General de Educación.

Es de significativa importancia hacer hincapié en que, aunque exista ya el estímulo fiscal para poder deducir del impuesto anual sobre la renta, los pagos de colegiatura en los niveles de escolaridad obligatorios ya mencionados anteriormente, es necesario un instrumento que permita la deducción sobre los pagos de colegiatura de la educación superior correspondiente a los niveles de escolaridad de licenciatura y posgrado (maestría y doctorado). Pues hay una urgente necesidad por insertar a nuestros jóvenes en el mercado laboral a través de distintos mecanismos; incluidos los fiscales, mismos que propiciarían el desarrollo profesional de los mexicanos al tiempo de brindar facilidades y alicientes necesarios para que puedan continuar con su profesionalización y ello incremente su inserción en el mercado laboral.

Según un estudio de la OCDE, entre los 34 países que conforman la organización, México tiene el tercer porcentaje más alto de jóvenes no insertados en el ámbito laboral, es decir, que no estudian ni trabajan. Pues el rezago educativo entre la población de más de 15 años ha aumentado considerablemente el riesgo de desvinculación, tanto de la educación, como del mercado laboral entre los jóvenes que de por sí, ya es grande.

También haciendo referencia a la OCDE, en su informe “Panorama de la educación 2013”, se revela que en 2011 el 24.7 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años se catalogaron como “ninis”.

El fenómeno de los “ninis” se ha visto como una tragedia estructural del sistema educativo del país, pues implica la pérdida de oportunidades, capacidades y recursos para que estos individuos tengan un desarrollo pleno, al mismo tiempo de que también representa y evidencia una pérdida de recursos económicos y humanos muy importante, los cuales son necesarios e insustituibles para construir una dinámica económica mucho más beneficiosa.

Pues en un cálculo realizado a partir de datos que proporciona la SEP en el compendio “Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional”, indica que un millón 47 mil 718 niños y jóvenes que se inscribieron en el sistema escolarizado dejaron la escuela. La estimación equivale a que por cada uno de los 200 días de clases del ciclo escolar, 5 mil 238 niños o jóvenes dejaron de estudiar.

En el caso de la educación superior, la SEP estima que la tasa de abandono es de 7.6%, equivalente a más de 172 mil 800 alumnos de los 2.2 millones registrados. Al detallar la evolución de la deserción entre 2005 y 2012, la SEP reporta tasas cada vez más bajas, a excepción de la educación superior, donde la cifra de 7.6% es similar a la reportada hace siete años.
En el compendio también se detalla que el gasto nacional en educación por alumno de licenciatura o posgrado es, en promedio, de 67 mil 600 pesos. Mientras que el costo total de abandono en todos los niveles fue de más de 34 mil 139 millones 660 mil pesos; cifra equiparable al presupuesto destinado a la UNAM en 2014.

Por su parte, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe elaboró un informe donde se agrupan en cuatro categorías las principales causas o factores incidentes en la deserción dela Educación Superior:

1.- Entre las causas externas las principales son las condiciones socioeconómicas tanto del estudiante como del grupo familiar, tomando en cuenta factores como el lugar de residencia, el nivel de ingresos, el nivel educativo de los padres, el ambiente familiar, y la necesidad de trabajar para mantenerse o aportar a su familia, entre otros.

2.- Entre las causas propias del sistema e institucionales se encuentra: el incremento de la matrícula, la carencia de mecanismos adecuados de financiamiento del sistema, en especial para el otorgamiento de ayudas estudiantiles, créditos y becas; las políticas de administración académica basadas en el ingreso y cupo de la institución, etc.

3.- En cuanto a las causas de orden académico se pueden considerar: la formación académica previa, los exámenes de ingreso, el nivel de aprendizaje adquirido y la insuficiente preparación de los profesores para enfrentar la población estudiantil que actualmente ingresa a las universidades.

4.- Las causas personales de los estudiantes, en las que cabe enumerar aspectos de orden tanto motivacional como de actitud, tales como: la condición de actividad económica del estudiante, aspiraciones y motivaciones personales, la disonancia con sus expectativas, su insuficiente madurez emocional y las aptitudes propias de su juventud; así como las expectativas al egreso de la carrera en relación con el mercado laboral.

Otro motivo en razón de la presente exposición de motivos, es que el interesado, al no poder ingresar a una institución pública de estudios superiores por no contar con los recursos intangibles, como pueden ser los intelectuales, y no poder obtener una beca o ayuda financiera en una institución privada, debiera contemplarse la viabilidad del diseño de un instrumento y/o estímulo fiscal para poder deducir los pagos de colegiatura  correspondientes a licenciatura, maestría y doctorado, y no sólo de preescolar           hasta bachillerato, como actualmente es posible gracias al decreto anteriormente mencionado.

Pues de acuerdo con Estadísticas del INEGI publicadas en 2013, en el marco del Día Internacional de la Juventud, uno de cada cuatro jóvenes de 20 a 24 años cuenta con algún grado aprobado a nivel superior; de los cuales el 64% sigue asistiendo a la escuela en la búsqueda de la continuidad de sus estudios. Sin embargo, en el siguiente rango de edad de 25 a 29 años se observa que los jóvenes tienen ese mismo nivel de estudios pero sólo el 17% de ellos  continúa asistiendo a la escuela.

Con resultados similares, la Fundación Beca elaboró otro análisis donde informa que en México sólo 7% de los estudiantes que terminan licenciatura realizan estudios de posgrado, aún pese a que contar con mayor escolarización permite acceder a salarios más altos y a mejores condiciones laborales. Pues en el país, de 2.5 millones de estudiantes que cuentan con una licenciatura,  tan sólo 200,000 estudian una maestría o posgrado.

Esta situación afecta con mayor fuerza a los grupos de menores ingresos de nuestro país; por lo que las finanzas y la eficiencia en el gasto se hace aún más crítico. Por ello es importante una reforma fiscal objetivada en materia educativa, dadas las urgentes necesidades de inversión y capacitación en el sistema educativo del país. Son indispensables más recursos y facilidades ya que, por el actual perfil demográfico de México, es ahora cuando se requiere la financiación en la educación superior para la formación y desarrollo profesional y académico de nuestros jóvenes.

En el Panorama Educativo 2012, de la OCDE, se señala que el gasto por alumno en educación superior en México está cerca de 8,020 dólares, es decir, alrededor de los 100,000 pesos por semestre y 200,000 al año. Mientras que el ritmo de crecimiento del gasto por estudiante de educación superior en nuestro país se elevó significativamente a casi un 23% entre 2000 y el 2010. Esto representa no sólo la dificultad de cubrir los costos del pago de colegiaturas, sino también los costos asociados al gasto corriente del estudiante, lo cual puede ocasionar un problema con dimensiones suficientemente grandes para provocar la deserción escolar, y de este modo, comprometer el futuro del país.

Por otro lado, la SEP reveló los rangos de costos de una carrera en una Institución Particular de Educación Superior (IPES), mismos que oscilan desde los 25 mil 967 pesos hasta los 99 mil 322 pesos al año. Por lo tanto, se ubican diferentes niveles de calidad:

-Nivel 1 de calidad.- Denominado Requisitos Esenciales. Estas instituciones cumplen con los requisitos mínimos que pide la SEP para otorgarles el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE); tienen profesores, infraestructura, programas de estudio y cuentan con menos de 500 estudiantes sumando un total de 789 en todo el país. Además, cobran entre 25 mil a 29 mil pesos y en ellas estudian alrededor de 55 mil estudiantes.

-Nivel 2 de calidad.- Denominado Planeación Operativa y Estratégica. Estas instituciones son un poco más grandes, con mecanismos de mejora académica e institucional, y en donde cobran entre 39 mil y 52 mil pesos al año de colegiatura y atienden al 2% de la matrícula, que significa un poco más de 9 mil 458 estudiantes.

-Nivel 3 de Calidad.- Denominado de Control Sobresaliente o Satisfactorio. En estas instituciones se cobra entre 39 mil y hasta 54 mil pesos al año y tienen una matrícula de 43 mil 615 alumnos.

-Nivel 4 de Calidad.- Denominado de Calidad Asegurada o Total. Dichas instituciones cobran entre 55 mil y 60 mil pesos al año y tienen una matrícula de 87 mil 22 estudiantes.

-Nivel 5 de Calidad.- Denominado de Liderazgo Nacional e Internacional. En este nivel de calidad se cobran colegiaturas de 73 mil a 100 mil pesos al año y cuentan con una matrícula de 108 mil 209 alumnos.

Como se puede notar, las instituciones que cuentan con más prestigio por el nivel de calidad  educativa que ofrecen, representan también, una inversión económica y un ingreso económico familiar mucho más alto que permita cubrir los costos por concepto de colegiaturas.

Es evidente que la mejor inversión de un país reside en su educación, pues es la proyección más precisa que se puede hacer de una nación en cuanto a la calidad educativa que brinda. Sin embargo, hasta la fecha, en vista de que el estado no ha podido proporcionar la enseñanza con una cobertura total y de calidad invirtiendo los recursos suficientes para brindarla, ni la capacidad para ofrecer a todos los mexicanos una educación completa y eficiente, muchos mexicanos se ven forzados a optar por utilizar los servicios de educación particular; o cuando los recursos no le son suficientes se recurre a instituciones de educación que tienen participación gubernamental y sus cuotas por inscripción y colegiatura no son tan altas. Pues es ineludible el tema de la baja oferta educativa que se ofrece por parte del Estado; además de que también, desde hace algunos años, ésta se ha venido contrayendo en contraposición con la demanda por educación que se ha venido incrementando en la última década. Es decir, la demanda por educación está en aumento, pero la oferta ofrecida por el estado no es suficiente.

Tomando como ejemplo casos como el de la UNAM, en el 2013 se registró una demanda con un poco más de 111, 164 aspirantes a licenciatura, de los cuales, sólo 7 mil se vieron beneficiados; dejando fuera a un poco más de 100,000 personas que no obtuvieron ingreso.

Citando un ejemplo más, encontramos el caso del IPN (Instituto Politécnico Nacional), en el que un poco más de 22 mil alumnos fueron aceptados de los 97 mil 614 que solicitaron presentar el examen de admisión, dejando a más de 75 mil personas sin la posibilidad de llevar a cabo sus estudios en dicha institución.

Esto nos coloca ante una realidad nacional en donde los servicios de educación pública, además de ser insuficientes y de baja calidad, son deficientes, por lo que una gran cantidad de familias se ha visto en la necesidad de recurrir a los servicios de educación privados, representando esto una gran inversión y gasto que, muchas veces, es insostenible.

Sin embargo, quienes se encuentran ante esta disyuntiva o no tienen la posibilidad de decidir entre el sector público o el privado, desisten y deciden invertir tales montos en cualquier otra actividad de gasto corriente.

No obstante, de obtener algún estímulo fiscal, las cifras aquí presentadas sufrirían para bien una gran transformación. Pues el incentivo que proporciona la educación ya no sólo sería profesional, laboral o incluso, cultural, sino que sería un incentivo económico. Y al reflejarse éste de manera directa en la economía de los contribuyentes o de aquellos que cubren costos por su educación, se estaría apostando por fortalecer no sólo al sistema educativo, sino también a las familias de nuestro país.

Es por ello que ha sido necesario que los particulares se aboquen a participar creando instituciones educativas privadas, resultando imprescindible su intervención en este ámbito, ya que el estado no ha podido satisfacer el crecimiento inminente de la demanda educativa por la falta de inversión de recursos públicos,  así como difícilmente ha podido garantizar que todos accedan a planteles educacionales sostenidos con recursos del erario, por lo que se puede decir que el panorama educacional en nuestro país requiere indispensablemente, tanto de la educación oficial o pública, como de la privada o particular reconocida por el estado.

De esta forma, la educación privada, en todos los niveles de escolaridad, conjuntamente con la oficial, es absolutamente indispensable toda vez que viene a coadyuvar en la enseñanza con los actuales insuficientes esfuerzos públicos, posibilitando de manera real que los ciudadanos tengan un acceso a la educación para un constante mejoramiento económico, social y cultural de la sociedad, tal como lo prevé la Constitución como derecho humano fundamental.

Independientemente de que el Estado siempre ha considerado la educación como la más alta prioridad para el desarrollo del país; -prioridad que deba reflejarse en la asignación responsable de recursos crecientes para la educación, conjuntamente con acciones, y una prioridad plasmada en iniciativas que como principal tarea tengan la de implementar programas que mejoren cualitativamente la educación en beneficio del sistema educativo del país-; aún así, la situación actual se ha quedado en el retardo con la obligación de seguir el curso del progreso, pues pareciera que México se ha atrasado en relación a otros países, mismos que son conscientes de que la inversión en la educación es crucial para el crecimiento económico y cultural de un Estado. A ejemplo de ello se encuentra la situación de los Estados Unidos de América, el cual incorporó en su legislación tributaria desde 1997 una deducción de 500 dólares por cada hijo para educación; que actualmente son mil dólares, y hasta 2 mil dólares cuando se tenga la intención de enviar a un hijo a estudiar a otro país.

Sin duda alguna, los inconvenientes educativos de nuestro país deben combatirse desde distintos frentes para asegurar una sociedad en condiciones más igualitarias y con mejores oportunidades de desarrollo, cuyos frutos se vean reflejados a través de una planta laboral con más productividad y mayores niveles de investigación y desarrollo.

Es por ello el deseo de la que suscribe, que la presente iniciativa tenga como objetivo principal el desahogar un poco la difícil situación económica que atraviesan miles de familias mexicanas, brindándoles, así, la oportunidad para que el interesado pueda seguir profesionalizándose en el ámbito educativo y, consecuentemente, mejorar su condición económica a través de sus ingresos laborales viéndose favorecido por un empleo mejor remunerado.

Es obvio, además de ineludible, la necesidad de cambiar las reglas para adecuarlas a los nuevos tiempos que vivimos. La construcción de un país más equitativo y con mejores sistemas de desarrollo social es posible a través de esta legislación. Es hoy cuando tenemos la oportunidad para generar los cambios necesarios que permitan mejorar el ingreso de las familias y su acceso a los servicios sociales, y sobre todo, educativos. El lograr un país más educado y una sociedad con un ingreso más retributivo es posible, y más con la transición democrática y educativa que otorga las oportunidades para subsanar la situación económica que atraviesan muchas familias mexicanas.

Educar a una sociedad para la vida constituye un complejo, arduo y difícil trabajo por ser un derecho fundamental del hombre y más aún, al borde de una sociedad cada vez más polarizada por la globalización y la ignorancia. La nación mexicana ruega por individuos mayormente preparados y conscientes; con ideales y valores bien definidos para que sean capaces de afrontar los retos del presente y del futuro con una identidad segura y propia de una cultura íntegra. Es claro que el camino que ocupa esta etapa de transición es uno lleno de complicaciones e impedimentos que habrán de resolverse, pero también es prometedor que, al poner en marcha el plan, éste será cada vez menos difícil y más frutos rendirá.

Es por ello una necesidad acompañada de una exigencia, la intensión de la que suscribe para que esta H. Cámara de Diputados, inicie la discusión y apruebe la presente iniciativa a fin de que, a partir de ello, las dependencias y organismos encargados de la formulación de políticas públicas procuren brindar las mayores facilidades posibles para el desarrollo educacional de los mexicanos.

La igualdad exige, por tanto, que si unos contribuyentes no tienen la obligación de gastar en los pagos de colegiaturas porque sus hijos o dependientes reciben la educación gratuitamente, a diferencia de los otros que sí pagan, entonces, éstos tengan la oportunidad de que se les conceda un beneficio fiscal para poder reducir de sus ingresos el monto erogado por dicho concepto.

Esto se sustenta por el principio de simetría tributaria o fiscal, mismo que obliga al sistema tributario a que todo gasto que implique la obtención de un ingreso para un contribuyente, permita a otro deducirlo o reducirlo hasta por el monto erogado, en virtud de que constituye una base gravable ya sujeta a imposición. Este principio ha sido tésis de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es por ello que para beneficio del amplio sector de mexicanos que estudian o tienen a sus familiares estudiando en instituciones privadas, se propone la creación de un estímulo fiscal correspondiente al pago de colegiaturas de los niveles educativos profesionales de licenciatura y posgrado, siendo éstos maestría y doctorado.

Todo esto con objetivo de que, siendo ya bastante amplia la exposición de motivos, la presente se someta a seria valoración y logre convertirse en un incentivo a la educación para que todos los interesados alcancen aún más progreso en su desarrollo profesional y académico.

Con lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de adecuar el ámbito normativo, la suscrita Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional acude a esta soberanía para someter a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, incorporando como deducción autorizada la correspondiente a los gastos generados por educación básica, media superior y superior para quedar como se presenta a continuación:

INICIATIVA
CAPITULO XI
DE LA DECLARACION ANUAL

Artículo 150…

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I…

II…

III…

IV…

V…

VI…

VII…

VIII…

IX. Los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico, medio superior y superior a los que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con la que viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingreso en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año y se cumpla con lo siguiente:

a) Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, y

b) Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate.

c) Que los pagos a los que se refiere el primer párrafo de la presente fracción deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, traspasos de cuentas en instituciones de créditos o casa de bolsa o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.

Para la aplicación de la deducción a que se refiere esta fracción se deberá comprobar, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones educativas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, la deducción únicamente será aplicable por la diferencia no recuperada.

1) Sobre los montos y cantidades que podrán ser sujetos a deducción por nivel educativo

La cantidad que se podrá disminuir en los términos del artículo primero de la presente fracción no excederá, por cada una de las personas a que se refiere el citado artículo, de los límites anuales de deducción que para cada nivel educativo corresponda, conforme a la siguiente tabla:

Nivel Educativo

Límite anual de deducción

Preescolar

$14,200.00

Primaria

$12,900.00

Secundaria

$19,900.00

Profesional técnico

$17,100.00

Bachillerato o su equivalente

$24,500.00

Licenciatura

$13,300.00

Posgrado

$11,300.00

2) Sobre las limitantes a deducir

La deducción a la que se refiere la presente fracción no será aplicable a los pagos:
a) Que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno, y 
b) Correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción. 

Para los efectos de esta fracción, las instituciones educativas deberán separar en el comprobante fiscal el monto que corresponda por concepto de enseñanza del alumno.

Tampoco será aplicable la deducción a la que se refiere la presente fracción cuando las personas mencionadas en el primer párrafo de esta fracción reciban becas o cualquier apoyo económico público para pagar los servicios enseñanza, hasta por el monto que cubran dichas becas o apoyos.

Para los efectos de lo dispuesto en la presente fracción, los adoptados se consideran como descendientes en línea recta del adoptante y de los ascendientes de éste.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Referencias:

● (2013). Ley del Impuesto Sobre la Renta. Diario Oficial de la Federación.

● "México con más ninis, sube el número de jóvenes desocupados.". (25 de 06 de 2013). Dinero En Imagen .

● Barrera, P. L. (Mayo de 2011). Nuevas Reflexiones sobre la "Simetría Fiscal". (P. Finos, Ed.) From:
https://webmail.diputadospan.org.mx/service/home/~/Simetris%20Fiscal.pdf?auth=co&loc=es&id=747&part=3

● Becerril, M. P. (2012). La deducción fiscal por gastos educativos de la Comunidad de Madrid. Valoración jurídica y propuestas de mejora. Universidad de CEU de San Pablo., Instituto de Estudios de la Familia. ELEDUCA. Madrid: CEU Ediciones. 

● Hinojosa, F. C. (2011). DECRETO por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos. Decreto Presidencial, Presidencia de la República, Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

● (2013). Panorama de la Educación 2013. Informe Estadístico, OCDE, México - Nota del País.

● Rodríguez, I. (14 de 02 de 2011). "Estudios de Posgrado = Mejor Salario.". CNN Expansión.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de julio de 2014.

Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senador. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.





 

Le concedemos el uso de la tribuna al Senador Armando Ríos Piter, para presentar a nombre de la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD, un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales y de la Ley Federal del Trabajo, solicitando respetuosamente a esta Asamblea poner atención al orador.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter, a nombre de la Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente, muchas gracias.

En efecto la iniciativa que presento a nombre de la Senadora Alejandra Barrales y que le pido, señor Presidente, que me permita suscribirla, es una iniciativa que en este momento forma parte del gran debate mundial que hay, alrededor de uno de los temas más allá de las reformas estructurales que tanto le gusta hablar al PRI ahora en el gobierno y que tanto le gustó hablar al PAN, pues habla del principal tema que le preocupa a la gente: el empleo y el salario.

Estaba revisando una encuesta que recientemente se hizo en mi Estado, en el Estado de Guerrero, alrededor del 60 por ciento de la población, determina, identifica un problema de carácter económico ubicado en el empleo o en la capacidad del salario.

Y lo traigo a colación, compañeros y compañeras, porque habida cuenta que ustedes han votado porque mañana haya un Periodo Extraordinario, y donde me ha tocado escuchar una enorme cantidad de discursos de que la bala de plata para garantizar que México entre en la senda de crecimiento a la senda de desarrollo son las reformas estructurales, pues la joya de la corona, la reforma energética, creo que es importante que nos acordemos la condición de discusión que teníamos hace dos años, precisamente al arrancar la presente Legislatura.

En aquel momento todavía era Presidente el Presidente del Empleo, Felipe Calderón, empujaba airosamente la posibilidad de que hubiera una Reforma laboral, y le aplaudía y la recibía con regocijo el PRI que estaba a punto de entrar a Los Pinos.

Me acuerdo que en aquel momento la izquierda, y de manera particular mi partido, el PRD, señalábamos las enormes deficiencias que tenía aquella propuesta de modernización laboral.

Igual que lo que acaba de ocurrir, el debate irracional que tenemos en este parlamento, donde se exponen planteamientos, críticas, preocupaciones y donde en contrapartida no se escucha nadie que salga a defender las ventajas, los atributos, lo positivo que tienen las reformas que se plantean, de la misma manera en que hoy estamos dando el debate energético, dimos el debate en lo laboral. Y en aquel momento nosotros planteábamos que la Reforma laboral solamente podíamos considerarla como algo positivo, algo bueno, algo que trajera realmente mejoría a los mexicanos y a las mexicanas, si garantizábamos que se incrementara el empleo, y, por otro lado, si garantizábamos que se mejorara el salario de la gente, el ingreso de la gente.

Esa es la cuestión básica, para eso se hacen las leyes, para eso se hacen las reformas, para encontrar indicadores muy puntuales que nos permitan saber si las decisiones legislativas que se están tomando son positivas.

Y los malos datos que hoy tenemos evidencian que teníamos razón en aquel momento, solamente comentarles que el desempleo en México ha seguido una tendencia al alza, tan sólo comparado con el año pasado tenemos un incremento del 0.30 por ciento de incremento respecto al mismo trimestre, 52 mil 507 personas más que se suman a las filas del desempleo; o darles la tasa total de población desocupada que es de 2 millones 484 mil personas que forman parte de las filas del desempleo.

Si a esto le sumamos que 2 de cada 3 empleados siguen en las filas de la informalidad, pues entonces creo que con toda seriedad, creo que con toda calidad y con todo criterio, deberíamos de ponernos a revisar si esa ley que con bombo y platillo aprobaron mis amigos y mis amigas Senadores y Diputados, Diputadas, pues ya está teniendo los objetivos o está cumpliendo con los objetivos que se tuvieron.

Pero hago estas reflexiones no solamente en el contexto del debate energético que tenemos, sino para…. la propuesta que hoy ponemos a su consideración, porque si no logramos poner en el eje del debate el salario y el empleo, nunca vamos a tener verdaderamente la revolución económica que se requiere.

Y hoy el gran debate que hay a nivel internacional, que es el debate que se está dando en la CEPAL, es cómo garantizamos impulsar la demanda agregada a través del impulso al salario mínimo. Es una propuesta que se está evaluando en este momento en la Ciudad de México, en el gobierno del PRD de la Ciudad de México y que nos parece que es importante ponerlo en discusión y ponerlo en el debate a través de un cambio constitucional.

Y por eso lo que plantea la Senadora Barrales, y yo acompaño en este momento, es que podamos incluir en el artículo 123 constitucional un párrafo tercero para que en la actualización de los salarios mínimos se deba buscar la recuperación real y progresiva de su poder adquisitivo como mandato y como facultad que tenga la Cámara de Diputados.

La Comisión Nacional, compañeros y compañeras, de Salarios Mínimos, me parece que está rebasada respecto a su objetivo. Si bien su conformación tiene un avance y puede ser un instrumento que podamos evolucionar, si garantizamos este cambio constitucional que estamos planteando, podremos poner el tema del salario mínimo y el tema del empleo, el dinero que le llega al bolsillo del trabajador o del campesino al frente del debate. Y por eso estamos planteando que sea la Cámara de Diputados y no la Comisión Nacional de Salarios Mínimo que depende del Poder Ejecutivo y que en los últimos 20 años ha servido para apalancar la forma en la que combatimos la inflación en este país, pues que pueda ser un mandato que la Cámara de Diputados defina y decida, para qué, para impulsar la demanda agregada y que al impulsar ese gasto que pueda generar el consumo, podamos salirnos de este baque en el que nos encontramos en los últimos 20 años.

Se trata de salirnos de la ortodoxia que ha predominado en el debate y en la discusión económica en los últimos 20 años y empezar a pensar en una visión contracíclica en la cual el gasto agregado, a través del salario mínimo y obviamente el empleo, se convierta en un instrumento de desarrollo.

Creo, compañeros y compañeras, que este es el tipo de temas que deberíamos empezar a pensar, porque nos hemos pasado 20 años pensando que las reformas estructurales son la gran solución que le faltaba a este país. Ya tenemos un ejemplo de dos años con la reforma laboral, no vaya a ser con esta Reforma Energética, que unos cuantos quieren pasar al vapor sin mayor análisis, se nos convierta en un tope de frente y nos demos cuenta que tenemos que empezar en un modelo propio de desarrollo. Aquí hay una propuesta y la pongo a consideración de ustedes.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita Senadora MARIA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esa Comisión Permanente iniciativa con proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, vinculadas a la determinación del monto de los salarios mínimos en México, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Política Laboral en México.

México es un país en que la protección laboral tiene una regulación constitucional y legislativa que podría considerarse impecable, pero en el terreno de los hechos -en la práctica cotidiana- lejos está de cumplir las expectativas que se generan en torno a la misma.

El desempleo y la insuficiencia salarial son dos problemáticas que se han agravado en los últimos años, con consecuencias desastrosas en la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos y, consecuentemente, en el normal desarrollo de la economía nacional.

De acuerdo a los datos dados a conocer el pasado 13 de mayo por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, durante el primer trimestre de 2014 el desempleo en México siguió una tendencia a la alza. En ese lapso, 52 mil 507 personas se sumaron a las filas del desempleo, lo que representa un crecimiento del 0,30% respecto al último trimestre del año pasado.

Esta cifra evidencia la ineficacia de la reforma laboral aprobada a finales del año 2012, así como el fracaso de las políticas públicas para la generación de empleo que ha implementado la actual administración. Pero además contrasta con las líneas de acción e indicadores contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que deben orientar las acciones del Gobierno de la República durante este sexenio.

Al referirse al empleo, en ese instrumento se reconoce que es “impostergable impulsar políticas públicas que propicien la generación de empleos y de empresas formales, para brindar certidumbre a los trabajadores en el acceso a los mecanismos de previsión social. Asimismo, reducir los costos que enfrentan las empresas al emplear a trabajadores formales, permitiría aprovechar a plenitud el potencial de la fuerza laboral”.

Pese a este buen propósito, a más de un año y medio de la actual administración, lo cierto es que la generación de empleos no cumple la oferta hecha durante la campaña electoral para la Presidencia de la República de 2012, así como la expectativa que generó la reforma legislativa del mismo año, en la que de manera ligera e irreflexiva se dijo que cada año se generarían al menos, un millón de empleos.

Lamentablemente, no sólo no se han generado nuevos empleos, la realidad indica que ni siquiera se ha podido contener la desocupación en el país. Al cierre del primer trimestre del año, la población desocupada en el país se situó en 2 millones 484 mil 798 personas, según los datos que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente a ese periodo.

Ante ese panorama desolador, el hecho de acceder a un empleo formal en estos momentos podría considerarse una condición de privilegio. Sin embargo, el desempleo no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de la crisis en que se encuentran las políticas públicas en materia laboral que han ideado y aplicado las últimas administraciones.

Las circunstancias y problemáticas que enfrenta la población ocupada tienen sus propias particularidades. Uno de los mayores lastres, sin duda, es la depreciación de la fuerza de trabajo.

2. El salario mínimo y su previsión constitucional.

La expedición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estuvo antecedida del movimiento revolucionario, iniciado en 1910 dadas las condiciones políticas, sociales y económicas imperantes. Era imposible continuar con la dinámica social y de gobierno implementada por un régimen que permaneció en el poder cerca de tres décadas.

El Congreso Constituyente encargado de crear el nuevo documento fundante de la nación mexicana tuvo una integración plural y multisectorial, lo que logró conjugar y equilibrar las diversas visiones e intereses para la construcción de un nuevo proyecto de nación mexicana.

El resultado de estos trabajos es conocido por todos. La Constitución de 1917 incluía una visión de responsabilidad social del Estado que se veía reflejada en diversas disposiciones de ese ordenamiento, lo que le valió ser considerada en su época como el primer ordenamiento constitucional de corte social en el mundo y un referente para otros países del orbe.

Un aspecto progresista de este nuevo pacto social fue el régimen previsto para protección de la clase trabajadora, consagrado básicamente en el artículo 123. Allí se previeron principios que se mantiene vigentes, como la jornada máxima, el descanso semanal y el salario mínimo, entre otros.

En su texto original, el artículo 123 constitucional disponía que el salario mínimo debía ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia.

Con el devenir, ese dispositivo constitucional ha sido modificado en cuanto a su redacción, pero no se ha trastocado ni modificado su esencia. En lo medular, se mantiene el espíritu que orientó los trabajos del constituyente acerca de la suficiencia que debía tener la retribución salarial, al menos para cubrir las necesidades de un jefe de familia.

La fracción VI del artículo 123 constitucional contempla que la retribución debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos.

Lamentablemente, la expectativa que genera el texto constitucional no se corresponde con la realidad social. Se trata de una previsión formal cuya instrumentación a lo largo de la historia no siempre se ha traducido en beneficios materiales para la clase trabajadora.

3. Trabajo digno versus trabajo decente

Lejos de entrar en un análisis epistemológico entre el trabajo digno y el trabajo decente, la intención es demostrar cómo se ha rezagado por décadas la discusión ontológica del trabajo y del empleo.

El concepto de trabajo digno fue integrado en nuestra Constitución en 1978 a iniciativa del entonces Presidente José López Portillo, más como una concesión al sector obrero de su partido que como una política con visión social orientada a los derechos humanos.

De hecho, el punto central de la discusión de esta iniciativa fue el reconocimiento del derecho al trabajo, como se puede observar dentro de la iniciativa cuando establece: “Ha llegado el momento de dar el paso que, no hace muchos años, sólo podía considerarse como una declaración de buenas pero irrealizables intenciones: consagrar a nivel constitucional el derecho al trabajo…”.

Este cambio, publicado el 19 de diciembre de 1978, establecía la obligación por parte del Estado de brindar trabajo bajo las condiciones de dignidad y utilidad social. Fue así como con la bonanza petrolera de aquellos años de 1978 a 1980 se crearon cerca de dos millones de empleos, los cuales contribuyeron a incrementar el sueño del abatimiento del desempleo en el país. Sin embargo, la crisis posterior aniquiló por completo este anhelo y dejó como una aspiración lo dispuesto por el artículo 123 constitucional; como lege feranda para una mejor época.

Desde entonces, el rezago ha ido acumulando una cifra cada vez mayor de desempleo; se han precarizado las fuentes de trabajo y la aspiración a un trabajo digno ha quedado prácticamente en el olvido.

México ha quedado atrasado en esta discusión, en la que a partir de 1999 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) evolucionó con el concepto de trabajo digno por trabajo decente, como una medida de mayor cobertura que incluyera desde el respeto a los derechos humanos hasta las condiciones de seguridad en la que se laboran.

Es en este contexto que en nuestro país, desde hace décadas, aspiramos al trabajo digno – ahora un trabajo decente –, que en esencia contenga un salario remunerador que cubra con las necesidades básicas de una familia.

A partir del nuevo paradigma del artículo 1º Constitucional, es preciso establecer que el derecho al trabajo digno y al salario mínimo, en términos del artículo 123 del mismo ordenamiento, debe contar con la mayor protección y los mayores alcances previsibles dentro de nuestro sistema jurídico, razón suficiente para actualizar dicho concepto desde esta nueva perspectiva.

4. El Salario mínimo en el contexto internacional.

La mayoría de países en el mundo prevén en sus respectivas normatividades, la existencia de una remuneración mínima por la fuerza de trabajo, que generalmente se determina en unidades monetarias por jornada de trabajo o por hora. Esto en el entendido de que también se regulan los mecanismos para determinar el monto del salario periódicamente, el cual debe ser suficiente para atender las necesidades del trabajador.

Ello es entendible, dado que este tipo de previsión se vincula de manera estrecha con el derecho fundamental de la persona para acceder libremente a un trabajo, bajo condiciones de igualdad, equidad y de justicia.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, establece en su numeral23 párrafo 3:“toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.

En consonancia con dicha previsión, el artículo 25 de la propia Declaración establece: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Sobra decir que éstas y las demás disposiciones contenidas en dicho instrumento internacional, constituyen ideales comunes de los pueblos y naciones, las cuales deben esforzarse para que las instituciones promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a esos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida comúnmente como Pacto de San José, al referirse al desarrollo progresivo de la economía dispone en el numeral 26:“Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.

Con ánimo de reafirmar el propósito de consolidar en el continente un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales, los Estados integrantes del Pacto de San José suscribieron el Protocolo Adicional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador". Dicho instrumento fue ratificado por el Estado Mexicano en 1996 y en el mismo se incluyen medidas tendentes a garantizar el acceso a un trabajo digno, así como condiciones justas, equitativas y satisfactorias en su retribución.

Ese protocolo dispone en su numeral 6, párrafo 1, que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada.

En consonancia con ello, el numeral 7, inciso a, prevé que los Estados parte reconozcan el acceso al trabajo en los términos referidos, garantizando en sus legislaciones nacionales, entre otros aspectos: “una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción”.

Por último, se hace referencia al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en cuyo artículo 7 se dispone que los “Estados Partes de dicho instrumento internacional reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto”.

Los instrumentos internacionales en cita adquieren particular relevancia para el Estado Mexicano, en virtud del cambio de paradigma constitucional suscitado a partir de la reforma constitucional que redimensionó la forma de interpretar el alcance que tienen los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.

Como es sabido, el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y se reforman diversos artículos de la Constitución. El artículo 1° fue modificado en su párrafo primero para quedar en la forma siguiente:

“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece…”

Conforme a esta modificación constitucional se acrecentó el esquema de derechos constitucionales a favor de la persona, en la medida que por virtud de ese mandato ahora se consideran expresamente todas las prerrogativas reconocidas en los tratados internacionales, al grado que, inclusive, los medios de control pueden hacerse valer no sólo respecto de los dispositivos constitucionales, sino también por lo que hace a las violaciones contenidas en esos instrumentos internacionales.

Pese a la claridad del mandato contenido en el artículo 123 constitucional, la contundencia de las prescripciones internacionales señaladas y el compromiso del Estado Mexicano frente a los mismos, la realidad es que nuestro país no ha sido capaz de generar condiciones favorables para las asalariadas y asalariados. El salario mínimo ha perdido de manera gradual su poder adquisitivo, hasta convertirlo en una simple retribución que no satisface el criterio de suficiencia a que, en esencia, se refieren dichos ordenamientos.

5. Evolución e involución del poder adquisitivo del salario.

Con el paso del tiempo, la idea de fijar un salario mínimo se ha distorsionado para dar lugar a un esquema que impone límites a los ingresos de las trabajadoras y trabajadores con sus calamitosas consecuencias. De facto, pasó de ser la cantidad menor que debía recibir un trabajador por los servicios prestados, a la imposición de un tope salarial. Máxime si se considera que el establecimiento de un mínimo a pagar influye en la determinación de los salarios en todo el mercado.

Si bien se debe reconocer que la previsión constitucional referida no fue reglamentada sino hasta 1931 y, por ende, ningún efecto produjo en el corto plazo, también es cierto que durante sus primeros años de aplicación sí tuvo una incidencia favorable en las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Es innegable que hasta la primera mitad del siglo XX, el poder adquisitivo del salario mínimo experimentó altibajos, pero siempre con posibilidades de recuperación, lo que permitió que alcanzara su punto más alto a mediados de los años sesenta, con una tendencia favorable que se mantuvo hasta inicios de 1976.

A partir de entonces, el poder adquisitivo salarial inició una tendencia a la baja, progresiva y sin control. Si bien es cierto que a mediados de los años 90 se pudo contener el descenso sostenido que venía experimentando el deterioro salarial, no menos cierto es que desde 1995 el minisalario ha sufrido un estancamiento y no se advierten signos de recuperación, generando una estabilidad relativa.

Por supuesto, en este devenir hay episodios por demás significativos que no han motivado alguna medida de corrección, pese a su impacto en la vida de las mexicanas y los mexicanos, y la economía nacional. Por ejemplo, 1988 en que la caída del salario registró 18.3 puntos en un solo año. O bien, la crisis de 1995 antecedida del conocido “error de diciembre”. Casualmente, este periodo coincide con la incursión de México en el contexto de los mercados internacionales, a través de la firma de los malogrados Tratados Internacionales, como el suscrito con los países vecinos del norte.

El hecho de atender medidas de austeridad derivadas de acuerdos internacionales desventajosos, ha afectado la interlocución y efectiva negociación entre el capital y el trabajo, con efectos perjudiciales en las relaciones laborales, particularmente en lo referente a su retribución.

Esta circunstancia, incluso, es reconocida por el propio Gobierno Federal en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. “En el periodo 1982-1994 se llevó a cabo un complicado proceso de modernización de la economía mexicana en un contexto económico adverso. La crisis de la deuda a principio de los años ochenta llevó a una caída en el PIB per cápita, en los salarios reales y en la productividad. Sin embargo, a partir de ésta se comenzó a reemplazar de manera decidida el modelo de sustitución de importaciones, para dar paso a una política económica que contempló la desestatización de la economía y una apertura comercial que tuvo como primer paso el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), e incluyó a la postre la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Durante este periodo, también se lograron avances institucionales importantes encaminados a alcanzar la estabilidad macroeconómica. No obstante, este periodo culminó con una crisis que afectó el bienestar, patrimonio y poder adquisitivo de las familias mexicanas”.(Enfasis propio).

Este tipo de señalamientos confirman que el Gobierno Federal tiene conocimiento y es consciente de la insuficiencia salarial, por lo que la problemática está detectada, quedando pendiente encontrar una solución efectiva.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), México es el único país de la región que no ha tenido recuperación salarial en la última década. Conforme al documento "Balance de las Economías de América Latina y el Caribe", dado a conocer a finales de 2013, nuestro país tuvo una contracción. En cambio, Brasil reportó una recuperación de 2.4 por ciento; Chile, de 2.1, y Argentina, de 2.6.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia de la Organización de las Naciones Unidas, encargada de elaborar y supervisar las normas internacionales del trabajo, dio a conocer un “Informe Mundial sobre Salarios 2012/2013: Los salarios y el crecimiento equitativo”. Allí se analizan las diferencias en los salarios a nivel mundial, considerando tendencias y estadísticas globales y regionales, así como recomendaciones políticas.

En dicho informe se consideran, entre otros aspectos, las diferencias entre el aumento salarial y la productividad laboral. Al presentar ese documento, Guy Ryder, Director General de la OIT, señala que desde el decenio de 1980, la mayoría de los países ha experimentado una tendencia a la baja de la participación de los ingresos del trabajo, lo que significa que se ha destinado una proporción menor de la renta anual a la remuneración de la mano de obra, y una proporción mayor a las rentas procedentes del capital.

Tendencia que, como hemos dicho, se observa en México y que nos ubica entre las economías que sufren un rezago salarial desde hace algunos años. Según dicho organismo internacional, el salario en nuestro país se encuentra por debajo de los niveles del mercado, aun para los trabajadores no calificados.

Un estudio de 2012 realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, señala que los trabajadores mexicanos son los que más horas laboran en un año en promedio, con un total de 2250; pese a ello, son los más rezagados en lo que a salarios se refiere.

Por su parte, el Banco Mundial ubica a México en el lugar 55 de 135 economías referidas al aspecto salarial. Es decir, los trabajadores mexicanos se ubican en la escala más http://yucatan.com.mx/mexico/mexico-con-un-salario-minimo-bajo-banco-mundial baja de pagos, al recibir aproximadamente mil 332 dólares al año, que equivalen a 17  mil pesos, considerando el tipo de cambio a 13 pesos.

Naturalmente, la caída en la suficiencia salarial es un fenómeno multifactorial en el que inciden en mayor o menor medida los avances tecnológicos, la globalización y la expansión de los mercados financieros, así como el deterioro de la representación sindical, la cual afecta el poder de negociación de los trabajadores. Pero en ese esquema no se puede dejar de considerar la responsabilidad oficial, sea por acción o por omisión.

6. El Gobierno ante la pérdida del poder adquisitivo salarial.

El deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo se remonta aproximadamente a las últimas tres décadas. Aunque es un proceso en el que han influido diversos factores, no se puede omitir referencia a las políticas públicas que han abanderado el liberalismo económico, la conformación de la autoridad encargada de fijar el monto de los salarios mínimos y, por supuesto, el procedimiento conforme al que se calculan.

Si bien ninguna administración de manera expresa y deliberada se ha pronunciado por alguna medida que afecte el poder adquisitivo del salario mínimo, no menos cierto es que lo han permitido o, al menos, no han tomado medidas correctivas eficaces. Ello ha contribuido a que en 30 años el salario se haya depreciado en cerca del 74%.

A partir de la crisis de 1995 se inauguró un periodo de estancamiento salarial con ánimo de mantener su poder adquisitivo, lo cual sólo se logró de manera aparente y formal, ya que la pérdida del poder adquisitivo real se ha mantenido, como lo muestran las cifras de la CEPAL. A finales de 2013 se ubicó en 1.8% menos que en 1997.

Pese a que la proyección constitucional y legislativa contempla una conformación tripartita para la instancia que determina el monto de los salarios mínimos, la realidad es que se trata de un organismo de Estado subordinado al Poder Ejecutivo Federal.

Formalmente hablando, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) es un organismo público descentralizado creado mediante la reforma a la Fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo dadas a conocer a través de ese medio oficial el 31 de diciembre del mismo año.

Según el portal de Internet de ese organismo, su objetivo fundamental es “…cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia”.

Pese a lo ambicioso de su concepción formal, la realidad es que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no ha correspondido a esa expectativa y ha servido como instrumento para regular el precio de la fuerza de trabajo conforme a las necesidades del capital. El sindicalismo oficial, por su parte, ha jugado un papel de comparsa, incapaz de hacer valer los intereses de la clase trabajadora y de constituirse en contrapeso real.

El monto de salario mínimo se ha definido sin que haya una auténtica participación de los sectores empresarial y laboral. De otra manera no se entendería el deterioro que ha experimentado en su poder adquisitivo.

En el portal de Internet de la CONASAMI se aprecia un apartado que lleva por rubro “INDICE DE PRECIOS PARA FAMILIAS DE TRABAJADORES DE SALARIO MINIMO EN EL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO”. Al acceder al mismo, se encuentra información entre 1999 y 2003 solamente. Según dicho sitio web, la última modificación se hizo el viernes 14 de Febrero de 2014. Esta desactualización revela desinterés o, al menos, descuido.

La problemática es tal que, incluso, como parte de las estrategias y líneas de acción del Sistema Nacional de Planeación 2013-2018, se contempla el perfeccionamiento de los sistemas y procedimientos de protección de los derechos del trabajador para lograr un México próspero. Al respecto, se consideran como indicadores: promover el empleo de calidad y fomentar la recuperación del poder adquisitivo del salario vinculado al aumento de la productividad, por citar algunos.

Esta previsión ha quedado en el plano de los discursos y las buenas intenciones. La actual administración ha dado continuidad a las políticas y prácticas de anteriores sexenios y ninguna medida se ha ideado e implementado para corregir el deterioro salarial.

La última vez que se actualizó el monto del salario mínimo, ya bajo la administración de la actual Presidencia de la República, el incremento autorizado fue de 3.90%, es decir, 2.43 pesos diarios. Con este tipo de medidas, lo único que aumentó fue la pobreza de las mexicanas y los mexicanos.

7. Actualidad del Salario Mínimo en México.

El salario mínimo ha perdido su esencia y sentido. Los montos en que se tasa están lejos de cumplir el anhelo que inspiró al Constituyente de 1917 y de las necesidades que tienen las familias mexicanas.

Como quedó señalado, en términos reales el salario mínimo nacional ha tenido una progresiva pérdida de 1976 hasta la fecha. Esto quiere decir que en 37 años el minisalario ha perdido más del 70% de su valor adquisitivo.

Mientras que en 1976 se tenía un salario de aproximadamente 190 pesos (términos reales), en la actualidad oscila en poco más de los 60 pesos. En efecto, en el área geográfica “A” la retribución laboral diaria asciende a $67.29 pesos, y en la “B”, a $63.77 pesos.

Sin necesidad de recurrir a un profundo análisis económico, podemos afirmar que ambas cantidades resultan insuficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos, como mandata la Constitución General, en su artículo 123 fracción VI, párrafo segundo. Es suficiente el conocimiento ordinario del costo que tienen los insumos que forman parte de una canasta básica diaria.

El incremento en los precios de los consumibles de la canasta básica ha restado capacidad adquisitiva a las y los trabajadores, dado que han aumentado por encima de la percepción económica por salarios mínimos.

En la actualidad, una familia con cuatro integrantes necesita de 2.5 salarios mínimos para satisfacer sus requerimientos alimenticios.

Si se considera además la satisfacción de otras necesidades primordiales, como transporte, vivienda, salud, educación, alimentación, etc., se requerirían aproximadamente 5.2 salarios mínimos.

En el primer trimestre de 2014, según datos de la ENOE, la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación tuvo un crecimiento de 11.96% a 12.22% entre marzo de 2013 y el mismo mes de 2014.

Según lo describe el INEGI, esta tasa es un indicador de condiciones inadecuadas de empleo desde el punto de vista del tiempo de trabajo, los ingresos o una combinación insatisfactoria de ambos, y resulta particularmente sensible en las áreas rurales del país. Incluye a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos. El indicador se calcula como porcentaje de la población ocupada.

Al inicio de 2014 se tenía considerado que aproximadamente 6.7 millones de mexicanos percibían un salario mínimo, equivalente al 15.1% de la población ocupada en el país. Para mayo de este año, se dio a conocer que más de 9 millones de personas viven con menos de tres salarios mínimos al mes.

Adicionalmente, el INEGI tiene otro indicador: la población “vulnerable por ingresos”, que ubica en 7.2 millones de mexicanos. Es la gente que con sus ingresos no consigue un mínimo de bienestar.

Estos datos son útiles y resultan reveladores, si se considera el incremento progresivo que han tenido los productos que forman parte de la canasta básica. Si se contrastan unos y otros, se aprecia en forma clara que un alto porcentaje de la población no tiene acceso a los insumos para satisfacer sus necesidades elementales.

Conforme a la definición de la Procuraduría Federal del Consumidor, la canasta básica representa el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona o una familia cubran sus necesidades básicas a partir de su ingreso.

En México el concepto es empleado para calcular la inflación. El Banco de México agrupa 80 productos de la canasta básica y los contrasta con el ingreso-gasto de las familias promedio del país.

En ese contexto, el costo de la canasta básica es inaccesible para quienes ganan menos de tres salarios mínimos. Los 67.29 pesos que se reciben por concepto de salario mínimo en la zona “A” sólo alcanzan a cubrir unos cuantos productos básicos.

De acuerdo a las listas de precios visibles en el sitio de Internet de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), solamente cinco productos de la canasta básica tienen un costo superior al monto de salario mínimo, al ubicarse en los 69.70 pesos. (1 Docena de huevos: 26.20; 1 Litro de leche: 13.70; 1 kilogramo de azúcar: 9.90; 1 kilogramo de jitomate: 9.90; y 1 kilogramo de tortillas: 10.00).

Esto quiere decir que el salario mínimo es insuficiente, además, para cubrir los artículos de limpieza, higiene personal y salud, transportes y útiles escolares, entre otros bienes que son necesarios para lograr un estado de bienestar personal.

La adquisición de carne con el salario mínimo simple y sencillamente es impensable, ya que conforme a la lista de PROFECO el kilo de retazo de res tiene un precio de 68.50 pesos.

Esta dinámica de contención salarial implica que los trabajadores y sus familias no reciben la parte justa y recíproca de la riqueza que generan con su fuerza de trabajo, máxime si se considera que en el mayor de los casos los dueños y directivos de las empresas no han visto afectados sus ingresos.

8. Recuperación del poder adquisitivo salarial.

Entre los mayores reclamos de la población se encuentra que haya más trabajos y mejor remunerados. Ninguno de estos aspectos ha sido atendido por la actual administración.

La evidencia y contundencia de los números citados, invita a pensar que es necesario iniciar un camino de recuperación en el poder adquisitivo salarial, a partir de un rediseño del esquema institucional y procedimental para la determinación del monto que se paga a los trabajadores.

No se trata de valoraciones personales o posiciones populistas a favor de la clase trabajadora, sino que en el fondo subyace una flagrante violación al principio de bienestar social consagrado en la Constitución General de la República.

En cierta medida, esta visión es compartida por el Gobierno de la República. Al menos, en la propia presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 se reconoce la importancia de recuperar la eficacia de los derechos concebidos en nuestra Carta Magna, a fin de hacerlos una realidad.

“El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 unirá todas las voces del país hacía un mismo objetivo: llevar a México a su máximo potencial. Será un documento breve, consistente y claro. Privilegiará las líneas de acción, incluirá indicadores para medir la efectividad del Gobierno y fijará como máxima prioridad el convertir a México en una Sociedad de Derechos, es decir, que todos los derechos contemplados en nuestra Constitución sean una realidad para todos los mexicanos”.(Enfasis propio).

La recuperación salarial no sólo es una cuestión de números y análisis económicos, simplemente es un aspecto de justicia social. Por ende, es necesario reivindicar la suficiencia del salario como medio de satisfacción de las necesidades del trabajador y su familia.

De acuerdo con algunos estudios, para que el salario en México recupere su poder adquisitivo, el mismo tendría que aumentar 3.6 veces, es decir, un monto de aproximadamente 243.50 pesos. Sólo quien perciba esa cantidad en concepto de salario, estaría en condiciones de acceder a la Canasta Básica.

Incluso hay quienes consideran que para alcanzar el mínimo de bienestar, el sueldo debería llegar a los 8 salarios mínimos para cubrir las necesidades alimenticias y personales.

Pero sería erróneo creer que el salario va a reposicionarse si se sigue aplicando el esquema vigente. No se le puede seguir confiando una tarea tan delicada a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuando ésta ha dado muestras de ineficacia. Es necesario modificar la forma en que se integra dicha Comisión, para que deje de tener un funcionamiento vertical, discrecional y dependiente del Poder Ejecutivo, dando mayor intervención a otros representantes populares, académicos y actores sociales.

Asimismo, abandonar un sistema discrecional y deficiente que ha dado muestras de desgaste y obsolescencia, ya que no ha cumplido su cometido de vigilar.

El deterioro salarial no es un fenómeno que sólo afecte las condiciones de los trabajadores y sus familias. Impacta de manera significativa en el mercado laboral y en la economía nacional. Muchos beneficios sociales, como la entrega de becas y apoyos comunitarios e, incluso, la cuantificación de consecuencias jurídicas, tienen como referente el salario mínimo.

Cuando existe correspondencia entre el incremento salarial y el aumento a la productividad, se estimula el crecimiento de la actividad económica, aumentando el poder adquisitivo de los hogares. A contrario sensu, la pérdida del poder adquisitivo puede eventualmente restringir el consumo de los hogares cuya economía se basa en salarios mínimos.

Además se torna en factor que inhibe la incorporación de personas al mercado laboral, lo que ha contribuido en cierta medida al ensanchamiento de la economía informal, con las consecuencias al sistema económico y financiero del país.

Conforme a datos contenidos en la ENOE difundida por INEGI, correspondiente al primer trimestre del año, la Tasa de Trabajo Asalariado, que representa a la población que percibe de la unidad económica para la que trabaja, un sueldo, salario o jornal, por las actividades realizadas, descendió de 63.49%en marzo del año pasado, a 63.39% en el mes de referencia.

Durante ese periodo, todas las modalidades de empleo informal sumaron 28.7 millones de personas, lo que representa un incremento de 0.3% respecto a igual periodo de 2013, y al 58.2% de la población ocupada.

9. El salario mínimo como parámetro de consecuencias pecuniarias.

El salario mínimo se concibió como una innovación constitucional tendente a mejorar las condiciones de las y los trabajadores, pero no para la fijación o determinación de montos de obligaciones administrativas, penales, civiles, etcétera.

Su naturaleza se ha distorsionado al grado que se utiliza como referente para calcular el pago de multas, contribuciones y otras sanciones pecuniarias. Incluso, suele confundirse la previsión constitucional fijada en el artículo 21, que prohíbe sancionar a los jornaleros con un monto mayor a lo que perciben en un día, con la obligación de que todas las multas se calculen con base en el minisalario.

Actualmente la mayoría, sino es que la totalidad de ordenamientos, prevé el monto de sanciones pecuniarias tomando como referente el salario mínimo. Esta práctica que se ha generalizado con el paso de los años, no responde a un mandato constitucional e, incluso, desvirtúa el objetivo y limita el crecimiento del minisalario.

Naturalmente, esto ha acarreado consecuencias que han trascendido al crecimiento del salario. Uno de los argumentos que se emplea de manera recurrente para oponerse al incremento salarial, es precisamente el impacto que tiene en otros rubros de la economía nacional, ya que al estar indexado con estos conceptos de pago, habría un aumento inmediato.

Al vincular el salario con medidas de diversa naturaleza y que persiguen objetivos distintos, no sólo se trastoca su esencia, sino que se incumplen los fines establecidos en el texto constitucional, por condicionarlo a conceptos aislados a la materia laboral.

El salario fue concebido esencialmente como un beneficio a favor de la clase trabajadora y no como un mecanismo a favor del Estado para hacerse llegar recursos económicos.

Se ha priorizado el uso de este concepto como herramienta para el cumplimiento de otras obligaciones y no como un medio para el desarrollo económico de la persona.

Esta concepción es errónea, en primer lugar porque el monto asignado para un salario mínimo responde jurídicamente a una naturaleza diversa a la pretensión de ser la base para fijar costes de índole administrativo, penal u otro.

Al asumir esta premisa, el pago por el trabajo está siendo determinado prioritariamente para favorecer el cobro o ingreso público, y no propiamente para satisfacer la esencia de su vida constitucional, es decir, como base suficiente para solventar el costo de la vida.

Además de que la mayoría de veces, sino es que en todas, la cuantía final que se determina a través de las multas suele ser mayor que el monto del salario mínimo. Esto es, dado que el desprendimiento patrimonial que se exige es mayor comparativamente con la percepción salarial mínima, siendo incluso insuficiente para costear este tipo de obligaciones públicas.

De tal suerte, se aprecia un evidente desajuste entre lo que gana la clase trabajadora y lo determinado para sufragar otro tipo de conceptos.

El salario mínimo es un concepto independiente y, por ende, su incremento y actualización, no puede ni debe depender de otros conceptos que no fueron considerados por el constituyente.

No se puede continuar aplicando un esquema en el que el salario es aplicado como base impositiva, pues ese proceder lejos de beneficiarle lo ha perjudicado al impedir su evolución, debido a los efectos que se le atribuyen.

10. Justificación de la propuesta.

El hecho de que el salario mínimo no sea suficiente para satisfacer las necesidades más apremiantes de las y los trabajadores conlleva una serie de consecuencias que trascienden al ámbito del trabajador y su familia.

Pese a la ambiciosa regulación constitucional y legal sobre el salario mínimo, la retribución a los trabajadores se ha depauperado, agravando la pobreza, la insatisfacción social y la preponderancia de otras actividades, no todas lícitas, para mantener un nivel de vida si no decoroso, al menos suficiente.

Ocasiona que el trabajo formal deje de ser atractivo, incrementando las opciones de incorporación a la economía informal, ilegal, la migración o el desempleo.

De igual manera, al ser exiguo el monto por concepto de trabajo, se tiene que optar por la incorporación inmediata de otros miembros de la familia para solventar los gastos. Así, se convierte en un aliciente para el trabajo infantil o la deserción escolar en adolescentes y jóvenes, con el grado de afectación social que ello implica.

Estos, sin duda, son factores que aumentan las deficiencias del mercado formal, incrementando el subempleo, el trabajo de baja calidad y la violación de los derechos laborales. Aunado al mantenimiento de la pobreza generacional.

Se observa, además, un aumento en los niveles de desigualdad social, elevando también los niveles de frustración laboral y descontento social.

Pero además, la insuficiencia salarial trasciende a la sociedad, sobre todo en aspectos económicos y financieros, ya que incide directamente en el aumento de los precios de bienes y servicios básicos.

En contraste, los beneficios que podría acarrear el cambio en el esquema en que se calculan los salarios mínimos y la recuperación de su poder adquisitivo, se podrían apreciar en:

Aumento de la productividad

Una de las premisas fundamentales de la economía nacional es sin duda el aumento de la productividad. Esta razón ha sido suficiente para su impulso, dado que representa el pilar para la consolidación de su crecimiento económico. De esa manera, dicho crecimiento económico al mismo tiempo impacta en el desarrollo del nivel de vida de las personas, la disminución de la pobreza y contrarresta las desigualdades sociales.

Al fortalecer el salario en términos de su poder adquisitivo, se estaría elevando la retribución al trabajo y el nivel de vida de los trabajadores. Por ende, habría una valoración positiva en torno al mismo mercado laboral y oportunidades en otros ámbitos, como el informal. Ello, eventualmente generaría un mejor desempeño laboral, mayor valoración y cuidado del empleo, aumentando la productividad de las empresas.

Mejores condiciones de acceso al mercado laboral

El mercado de trabajo sería más atractivo para el sector juvenil que es de los menos favorecidos con las políticas laborales. Paulatinamente, podría servir como un filtro positivo de selección, al representar una fuente de captación de aquéllos más capacitados o preparados profesionalmente, quienes no verían en el inconveniente salarial un motivo para buscar opciones fuera del país.

Combate al mercado informal e ilegal de trabajo

Siguiendo esta misma línea, contar con un empleo atractivo a partir de los beneficios económicos salariales, se convertiría en automático en un incentivo para el mercado formal, en el cual se encuentra más del 70% de la población nacional, entre el rango de pobreza extrema (19.7%), y pobreza (53.3%).

Con esto se estarían disminuyendo los costos marginales, como el no contar con seguridad social ni prestaciones laborales, aunado a los generados por el mercado de la ilegalidad. Incluso, inhibiría ciertas manifestaciones criminales que pretenden justificarse por la falta de oportunidad y los bajos salarios; además de que también sería un estímulo para evitar la migración a otros países.

Incremento del consumo interno

El ingreso proporcional a las necesidades económicas abriría la puerta para reactivar el consumo de las personas y sus familias. Con ello se incrementaría el flujo económico del mercado interno, aumentando la prestación de bienes y servicios, dinamizando los factores de la economía.

Mejoría en la calidad de vida de los trabajadores

Un salario que responda efectivamente a las necesidades de las y los trabajadores, así como de sus familias o dependientes, favorecería uno de los pendientes más añejos a nivel nacional, la calidad de vida de la clase trabajadora y sus familias. Actualmente es innegable que la deficiencia salarial ha generado una crisis que afecta, incluso, las relaciones familiares y sociales.

Disminución de la pobreza y de la desigualdad social

Tener un salario mínimo que satisfaga los requerimientos económicos y, por ende, las necesidades de miles de familias representa una herramienta importante para contribuir al combate a la pobreza, disminuir la desigualdad y paliar el descontento social. Inclusive, sería determinante para la instrumentación de otras políticas públicas como los subsidios o programas de corte social.

No se puede garantizar que esta medida por sí misma evite que los jóvenes incursionen en actividades marginales o en algunos casos ilegales debido a la falta de oportunidades, pero sí les brindaría una alternativa.

Bajo el mismo orden de ideas, tener un salario adecuado que potencie el consumo y el bienestar, coadyuvará de manera importante a reducir la brecha de pobreza entre la sociedad

Por ende, es importante atender la recomendación de la OIT, que en su informe sobre Mundial sobre los Salarios antes referido, exhorta a lograr un equilibrio interno y externo que logre mayor sostenibilidad nacional y transnacional en los planos social y económico, y propone medidas políticas más allá del ámbito de los mercados laborales y las fronteras nacionales.

Se debe acabar con la lógica de conferir una proporción menor a la remuneración de la mano de obra y privilegiar las rentas procedentes del capital. Es necesario pensar en medidas legislativas y políticas públicas tendentes a generar empleos decentes, productivos y bien remunerados.

Se ha demostrado que el aumento en el salario mínimo tiene efectos positivos en la economía a través del incremento de la productividad. Tal fue el caso, por ejemplo, de países como Uruguay, Brasil y Costa Rica. Contrariamente, en aquéllos en donde los salarios tienen un bajo crecimiento la productividad se acompaña con nulos resultados, como sucede en México.

No se trata de que los trabajadores ganen mucho, sino de que su salario les alcance al menos para sufragar sus necesidades fundamentales. Para ello, en un primer momento se debe contener la caída sostenida que ha registrado el poder adquisitivo salarial en tres décadas para, posteriormente, iniciar una fase de recuperación como medida que contribuya a reducir la brecha social.

Aprobar una medida de esta naturaleza no sería sólo una decisión de impacto económico ni un acto populista para quedar bien con la clase trabajadora, constituiría un actuar responsable del Estado y un acto de justicia social.

11. Contenido de la iniciativa.

Como quedó expuesto, la forma de fijar el salario mínimo en nuestro país no ha sido eficaz y ha sido objeto de múltiples críticas. Ante esto, se propone incorporar en la Constitución federal que el Plan Nacional de Desarrollo contemple como objetivo prioritario la búsqueda del beneficio permanente y constante de la población que asegure el poder adquisitivo del salario mínimo.

A partir de esa vinculación con el plan nacional es como se logrará consolidar el diseño de políticas públicas encaminadas a lograr, entre otros objetivos, la dignificación del trabajo a partir de la recuperación del poder económico salarial.

Lo anterior se vincula con la modificación del contenido axiológico del artículo 123 de la ley fundamental, para que incluya como parte de los fines del salario mínimo la posibilidad de ahorro; teniendo en cuenta que éste resulta indispensable para sustentar obligaciones futuras, algunas impredecibles o contingentes e, incluso, para responder a las variaciones cotidianas del consumo y gasto de las personas.

Se propone incluir dentro de este artículo constitucional un párrafo tercero para que en la actualización de los salarios mínimos se deba buscar la recuperación real y progresiva de su poder adquisitivo, atendiendo a las fluctuaciones de los precios y al costo de la vida.

A partir de estos principios, se busca modificar el procedimiento mediante el cual se definen los salarios mínimos en el país. Si bien la CONASAMI tiene una integración que en el papel parece adecuada, también lo es que el procedimiento diseñado para ello no ha respondido verdaderamente a las contingencias y necesidades económicas de las y los trabajadores que devengan un salario. Como ha quedado asentado, sólo se observa la pérdida constante de su poder adquisitivo y la insatisfacción social de su cuantificación.

Se busca que sea la Cámara de Diputados la que, con su carácter democrático, plural y representativo de la sociedad, apruebe la fijación de los salarios mínimos.

Al asumir esa facultad, la Cámara responderá directamente a los intereses de la ciudadanía, no como ocurre hasta este momento, en que la CONASAMI tiene correspondencia con los intereses de la administración pública, ya que esencialmente se encuentra subordinada al Ejecutivo federal.

A partir de esta propuesta se modifica el texto de la Constitución federal para que se defina esa atribución exclusiva para la Cámara baja. La definición que tome tendrá una consonancia directa con las exigencias de sus representados, asegurando que exista un verdadero análisis y discusión, además de la publicidad de la decisión como parte de su incorporación al proceso legislativo y deliberativo.

Lo anterior no implica la desaparición de la Comisión. Por el contrario, se pretende su modernización a partir de la redefinición de sus facultades, integración y coordinación con el Congreso de la Unión, así como con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

De esta forma, uno de los objetivos se concentra en la transformación del régimen jurídico actual de la CONASAMI. Por un lado, se modifica su naturaleza jurídica para otorgarle autonomía respecto de su organización y toma de decisiones. Así, se pretende beneficiar el ejercicio pleno de sus facultades, al mismo tiempo que se desincorpora de la injerencia directa del Ejecutivo Federal, lo cual ha motivado las principales críticas y ha sido obstáculo para que la determinación de los salarios responda con eficacia a los incrementos en los precios y el costo de la vida.

En segundo lugar está lo referente a su integración. La modificación planteada parte del análisis de que los sujetos que conforman la Comisión tienen una dependencia directa en sus decisiones con el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

A manera de exponer con claridad el diagnóstico aludido, se refieren los dispositivos vigentes de Ley Federal del Trabajo, que dan sustento a dicha conformación.

El artículo 554 dispone que el Consejo de Representantes estará integrado con la representación del gobierno: compuesta por el Presidente de la Comisión, que es nombrado directamente por el Presidente de la República de conformidad con el artículo 552; y dos asesores nombrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por su parte, la representación de los trabajadores y patrones tiene cabida sólo a partir de sus organizaciones sindicales, las cuales pueden contar con dichos espacios previa convocatoria sancionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, este mismo precepto enuncia que en caso de que las organizaciones no sustancien candidatos, la Secretaría podrá arrogarse aquella designación.

Resulta relevante observar cómo a final de cuentas es la Secretaría del ramo la que tiene la posibilidad de resolver la representación de estos dos factores de la producción. Aunado a la representación del Ejecutivo y de la misma Secretaría.

Lo anterior ilustra que no hay garantía en cuanto a la equidad en la representación en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Puede que, incluso, no exista una representación efectiva de los actores sociales del trabajo.

Esto resulta trascendental para el mundo laboral, ya que dicha instancia tiene en definitiva la facultad para fijar los salarios mínimos generales y profesionales; tal como se puede apreciar a continuación:

Artículo 557.- El Consejo de Representantes tiene los deberes y atribuciones siguientes:

I. … VII. …

VIII. Fijar los salarios mínimos generales y profesionales; y

IX. ….

Habida cuenta de este análisis, justificamos que la CONASAMI esté integrada por siete comisionados, modificando el texto constitucional para que sean elegidos por la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública y abierta a organizaciones, universidades, académicos, coaliciones o sindicatos, así como a todos los sectores representativos de la sociedad.

Se contempla que en una segunda fase haya comparecencias, democratizando así la designación del cargo de comisionado, favoreciendo la auscultación pública de los mejores perfiles para una tarea trascendental en la vida de la población.

Dicho mecanismo de elección tiene como fundamento privilegiar la apertura hacia la ciudadanía. En otras palabras, ciudadanizar las decisiones sobre los salarios mínimos, ya que es finalmente la que cuenta con la voz principal de las necesidades derivadas del trabajo y de las exigencias económicas.

De esta manera, lo que hoy se propone es eliminar el Consejo de Representantes, dejando únicamente a los integrantes de la CONASAMI, para funcionar en pleno. Así se dará mayor certeza, democracia e independencia a la elaboración de estudios y la resolución referente al alcance económico de los salarios mínimos, para coadyuvar en la decisión de la Cámara de Diputados.

En lo referente a este apartado, se plantea que los comisionados duren siete años en su encargo, lo que permitiría que sea una legislatura distinta del Senado la que elija en definitiva estos encargos, depurando así la carga política del mismo y la posibilidad de generar compromisos directos con la legislatura saliente.

Finalmente, se incluye la posibilidad de su remoción cuando concurran transgresiones graves a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo, y cuando se afecten los objetivos y facultades de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

En cuanto a su organización interna, se conserva la figura del Presidente de la Comisión, incluso manteniendo las facultades esenciales que actualmente ejerce, modificando sólo aquéllas que tienen que ver con la coordinación entre la Comisión y el Congreso de la Unión, así como la de proponer al Director Técnico y grupo de asesores.

Una característica importante en este punto es que esa Presidencia será elegida por el voto de las dos terceras partes del pleno de los integrantes de la Comisión. Con ello, se elimina la facultad discrecional del Ejecutivo federal para su designación, que actualmente está prevista en el artículo 552 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior brindará mayor legitimidad, con una designación democrática; máxime cuando es un cargo de suma importancia para el cumplimiento de sus objetivos.

Al mantener la Presidencia se posibilita la conducción de los trabajos de las sesiones del pleno de la Comisión, como funciona en otros órganos del Estado.

Es oportuno decir que se mantienen las facultades ya contempladas en la legislación actual. Sin embargo, se contemplan otras a fin de hacer compatible su participación con las atribuciones de la Comisión, tales como la presentación del dictamen que contenga la propuesta de salarios mínimos, así como su remisión al recinto de los diputados para que éstos ejerzan su facultad de aprobación definitiva.

Otra facultad que se propone para la Presidencia es que pueda elegir, con la aprobación del Pleno, al Director Técnico y a los asesores. Esto con la finalidad de afirmar el vínculo orgánico con el área especializada en elaborar el proyecto de dictamen, que posteriormente sea sometido al conjunto de los comisionados. Por ello, se considera que sea el Presidente quien proponga al cuerpo técnico que elaborará el dictamen que presentará al Pleno.

Además de que se agrega la facultad para que el Director coadyuve y auxilie en las tareas de la Comisión, incluidas las sesiones de Pleno.

En lo concerniente a las facultades que rigen actualmente para el Consejo de Representantes, se propone modificar la mención para que sean ejercidas por el Pleno de la Comisión Nacional.

Siguiendo la lógica de la adaptación al objetivo planteado, se adicionan dos nuevas atribuciones. En primer lugar, está el que reunidos en Pleno ratifiquen el dictamen que proponga la determinación de los salarios mínimos anuales, para su posterior envío a la Cámara baja. Como segundo agregado está el que aprueben la publicación trimestral de las investigaciones y estudios en materia económica, para analizar las implicaciones de los salarios mínimos, el impacto en su poder adquisitivo, en relación con la fluctuación de precios.

En cuanto a la primera facultad añadida, debe advertirse que se busca priorizar la interacción de opiniones, ideas y análisis, entre otros aspectos; buscando la discusión real para tener un dictamen enriquecido, como instrumento definitorio del salario. Al respecto, habrá oportunidad de contar con la diversidad de voces representativas de los sectores del trabajo, evitando la subordinación de su actuar a los intereses del gobierno en turno, y a las premisas de índole político.

Respecto de la otra atribución, se busca que la Dirección Técnica y el equipo de asesores, realicen informes de manera periódica. De ahí que se proponga que los comisionados aprueben trimestralmente estos productos analíticos, y se publiquen con la misma periodicidad. De esta manera se posibilita su consulta por cualquier persona, abonando así a que la ciudadanía conozca, con información y sustento, el contexto en el que se encuentra nuestra economía, el factor trabajo, el consumo y su relación con el salario.

Resulta innegable dar a conocer estos datos a la población, e incluso a las diversas instancias públicas, más aún cuando la aspiración es transparentar el ejercicio del gobierno y sus políticas públicas.

Como ya hemos mencionado, la elección de la Dirección Técnica, es decir de su titular y equipo de asesores, deberá ser aprobada por el Pleno de los comisionados. De ahí que se proponga incluir, dentro de los requisitos que ya están previstos en la ley vigente, el que cuenten con título profesional a fín a las áreas económica o jurídica, con antigüedad mínima de cinco años, así como el demostrar la experiencia y habilidades para el desempeño del cargo.

Se busca profesionalizar el trabajo técnico de investigación, lo cual resulta importante dado el papel que asumirá esta dirección; dinamizando su trabajo profesional, haciéndolo constante, permanente y, sobre todo, publicando la información para beneficio de la ciudadanía. Incluso, de aquellos otros sectores especializados, como iniciativa privada, organizaciones sindicales, universidades, centros de investigación, etcétera.

En esta iniciativa, la Dirección mantiene las facultades contenidas en la Ley laboral; sin embargo, se incorpora que realicen análisis no sólo técnicos, sino sociales. Ya que si bien la determinación del salario mínimo implica el desarrollo económico de la persona, también lo es que se define para asegurar su desarrollo social.

Como quedó referido, se agrega que los estudios e investigaciones sobre las fluctuaciones de los precios y el impacto en el poder adquisitivo de los salarios mínimos, sean periódicas. Con ello tendrán una actualización permanente, al mismo tiempo que serán consultables por la ciudadanía.

Se propone que entre sus facultades esté el que resuelva las consultas que plantee, tanto el presidente por sí mismo como la mayoría de los comisionados, sobre estas materias.

Dentro de la elaboración del dictamen que se someta al Pleno se deberán tener en cuenta las previsiones futuras sobre la situación económica, así como las condiciones emergentes o inflación.

Si bien los salarios mínimos deben ser suficientes para satisfacer la habitación, el menaje de la casa, alimentación, vestido, transporte, recreación, deporte, educación, no dispone nada sobre el ahorro personal. Desde luego, no el referido ahorro institucionalizado que prevén diversas legislaciones, incluso, como medidas de seguridad social.

Al hablar de ahorro en esta propuesta, se hace referencia a la posibilidad de que los asalariados voluntariamente reserven parte de su salario para atender imponderables, contingencias a futuro y propiciar la autosuficiencia económica.

En cuanto a las Comisiones consultivas, se reforma la Ley Federal del Trabajo para que sea el pleno de la CONASAMI el que elija, en su caso, el número de Comisiones, dejando las facultades previstas en la Ley. Con lo anterior, se pretende que estos órganos consultivos sean determinados con base en un criterio de oportunidad, es decir, atendiendo a la necesidad de instituirlo o no.

Uno de los objetivos fundamentales de la presente iniciativa es lo relativo al procedimiento para definir los salarios mínimos. Si bien se considera asignar esa responsabilidad a la Cámara de Diputados, se mantiene la participación de la CONASAMI con un papel importante para su determinación.

Es por ello que, se dejan vigentes las facultades que actualmente se prevén en el capítulo denominado “Procedimiento ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos”. Cabe aclarar que se agregan y modifican algunas potestades para hacer congruente la participación de la CONASAMI bajo el nuevo esquema que se plantea.

Uno de los aspectos de mayor relevancia es la modificación y flexibilización de los plazos y requisitos para revisar el monto de los salarios mínimos. Actualmente se contempla un esquema engorroso para revisar de manera extraordinaria los salarios, lo cual ha dado como resultado que esta previsión sea letra muerta.

Conforme a los agregados y modificaciones que se proponen, el Congreso de la Unión, o cualquiera de sus dos Cámaras, podrían solicitar la revisión del salario mínimo en cualquier momento, siempre que haya motivación suficiente en su petición. A la par, permanece la facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como de los sindicatos, federaciones y confederaciones para solicitar la revisión.

Con relación a ello, se agrega la posibilidad de que dichas organizaciones de trabajadores puedan plantear su solicitud directamente ante el Congreso de la Unión o cualquiera de sus Cámaras.

Ahora bien, el actual artículo 571 prevé una serie de reglas y fases para fijar los salarios mínimos y determinar su vigencia. En las modificaciones que se proponen se establece que la Dirección Técnica envíe al Presidente de la CONASAMI los informes referidos en el artículo 562, y no sólo la parcialidad de ello, como actualmente se contiene. El objetivo es que se allegue de todas las investigaciones generadas que coadyuven en la formulación de un dictamen integral con todos los elementos para determinar los salarios.

Se establece que la integración de los informes y la formulación del dictamen, así como su ratificación en pleno, se hagan dentro de los últimos cuatro meses a que concluya el año. Cabe decir que la remisión de los informes se podrá hacer en cualquier momento, dada la oportunidad y pertinencia; sin embargo, éstos deberán tomarse en consideración para el documento final, el cual sí tiene término fatal.

Los plazos anteriores tienen una razón de ser: hacerlos compatibles con el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, particularmente de la Cámara de Diputados.

Lo anterior, se complementa con la modificación que se incluye para que el Presidente de la Comisión remita el dictamen al día siguiente de que sea ratificado por los integrantes en pleno. De esta manera se agiliza la coordinación entre la CONASAMI y el Congreso, a efecto de asegurar el cumplimiento de las previsiones para fijar los salarios mínimos.

Es oportuno mencionar que se toma como referente temporal lo dispuesto por los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que enuncian el inicio del periodo anual legislativo, estableciendo como fecha de inicio el primero de septiembre o, en su caso, cuando el titular del Ejecutivo asuma el cargo, el primero de agosto; y como fecha de culminación el 15 de diciembre o en su caso el 31 de diciembre.

De lo anterior, se observa que es durante el último cuatrimestre del año en donde comienzan las labores en esta Cámara, y en general del Congreso de la Unión; de ahí que resulta indispensable que el dictamen que emita la CONASAMI deba ser entre estos meses, dando el margen requerido para incluirse dentro de la agenda de asuntos prioritarios a atender en el primer periodo ordinario.

Con esto se armoniza la pretensión de que la vigencia de los salarios mínimos empiece a partir del primer día de cada año fiscal, en caso de que su revisión sea anual; sin que ello sea una limitante para que se revise y actualice en cualquier momento. En relación a esta última posibilidad, se agrega que será cuando ocurran no sólo las circunstancias económicas que lo justifiquen, sino también sociales.

Dentro de este apartado, se respeta la esencia del procedimiento para solicitar esa revisión, incorporándose sólo lo concerniente a la participación definitoria de la Cámara baja, y la armonización con los términos de esta iniciativa.

Se mantienen los tiempos para su aprobación, ya que se dejan los tres días posteriores a que la CONASAMI reciba la solicitud fundada de revisión, para que turne al análisis de la Dirección Técnica, así como los cinco días a partir de esa recepción para que elabore y remita el informe que será sometido a la aprobación del Pleno.

En esta parte del proceso se incluye una modificación relativa al plazo, ya que se propone que dentro de los siguientes diez días posteriores a que los comisionados reciban el informe, se reúnan y lo aprueben, se envíe a la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.

También se modifica la parte relativa a las reglas para el quórum del Pleno de comisionados. Al respecto se determina que éste podrá sesionar válidamente con la asistencia de las dos terceras partes de los integrantes. En cuanto a la aprobación de sus decisiones, se plantea que sea por mayoría de votos de los miembros presentes.

En lo relativo a las sesiones de la CONASAMI se propone que sean públicas, a fin de que se privilegie el principio de transparencia y máxima publicidad en esta función prioritaria para la sociedad.

Un aspecto de suma importancia en esta iniciativa es la propuesta que se formula con la finalidad de desvincular al salario mínimo como referente necesario para la determinación de contribuciones, multas y demás sanciones pecuniarias.

Es decir, lo que se pretende es que el salario deje de ser tomado como base para la determinación del pago de obligaciones, públicas e incluso privadas, y que recobre la esencia original de su reconocimiento constitucional, al mismo tiempo que se fortalezca.

Como quedó expuesto, la fijación de un salario mínimo tenía como objetivo establecer un monto base para el pago de la retribución del trabajo, en aras de evitar la explotación laboral. Pero esto en modo alguno representaba una condición de beneficio a favor del Estado, para tomarlo como referente impositivo.

De ahí que este esquema que al final de cuentas ha resultado perjudicial al salario mínimo, al impedir su actualización real, debe ser sustituido a partir de la fijación de una unidad de medida alternativa sobre la que se calcule el monto de imposiciones, multas y otras sanciones pecuniarias.

En la propuesta que se formula, se establece que dicha unidad de cálculo sea determinada en forma anual por el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y que se dé a conocer a la ciudadanía mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En ese sentido, se dispone en forma expresa que el salario mínimo no debe ser considerado para esos efectos, respetando su naturaleza y fines constitucionales. Sólo debe ser la base sobre la que se determine el ingreso mínimo que debe recibir una persona a cambio de su fuerza de trabajo.

Por ello, en razón de lo expuesto y fundado presento la siguiente:

ARTICULO PRIMERO: Se reforman los artículos 26 Apartado A, párrafo tercero, 76 fracción XIII y 123 Apartado A, fracción VI; asimismo, se adiciona un párrafo sexto al artículo 21, una fracción VII-A al artículo 73, una fracción IV-A y una VIII al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose las demás en su orden, para quedar como sigue:

Artículo 21. La investigación de los delitos….

Las multas y demás sanciones pecuniarias serán determinadas por la autoridad con base en la Unidad de Valor Impositivo vigente al momento de la infracción.

Artículo 26.

A…

….

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. Además, buscará el beneficio permanente y constante de la población, asegurando el poder adquisitivo del salario para la satisfacción de sus necesidades.

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I a VII…

VII-A. Para determinar cada año el monto líquido de la Unidad de Valor Impositivo, conforme al que se determinarán las imposiciones, multas y demás sanciones pecuniarias;

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I a IV…

IV-A. Aprobar a más tardar el 15 de diciembre de cada año el monto líquido de la Unidad de Valor Impositivo, que regirá durante el siguiente ejercicio fiscal. Dicha medida tiene por objeto estandarizar la base para calcular y determinar el monto de impuestos, contribuciones, multas y demás sanciones pecuniarias, así como su actualización de manera anual.

Para tal efecto, el Presidente de la República en la misma fecha que presente la propuesta de Ley de Ingresos someterá a consideración de la Cámara de Diputados el monto de la Unidad de Valor Impositivo, considerando entre otros elementos, las variaciones en el Indice Nacional de Precios al Consumidor y el índice de inflación registrado durante ese ejercicio.

La determinación se incluirá en la Ley de Ingresos de la Federación y, además deberá hacerse del conocimiento general mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación.

V a VII….

VIII. Fijar anualmente los salarios mínimos nacionales, que comenzarán a regir el primero de enero del año correspondiente, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El monto aprobado podrá ser modificado en cualquier momento, siempre y cuando sobrevengan las circunstancias que determine la ley; y

IX…

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I a XII…

XIII. Elegir a los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de conformidad con la Ley;

Artículo 123.

A…

VI. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, para proveer a la educación obligatoria de los hijos, y fomentar el ahorro. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Los salarios mínimos se fijarán por la Cámara de Diputados con base en la propuesta que haga la comisión nacional, que contará con autonomía y patrimonio propio, integrada por siete comisionados elegidos por la Cámara de Senadores, de conformidad con la Ley; la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

En la actualización del salario mínimo se buscará la recuperación real y progresiva de su poder adquisitivo, atendiendo a las fluctuaciones de los precios y el costo de la vida.

SEGUNDO. Se adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 97,un inciso e) a la fracción I y un párrafo final al artículo 562; se modifican los artículos 94, 95, 551, 552 y 553, 557 párrafo primero, fracciones I, VIII, IX y X, 558 fracciones I y II, 560 fracciones II y V, 561 fracciones I, II, III, IV, V y VI, 563 fracciones I y II, 564 párrafo primero, 567 párrafo primero, 570 párrafo primero, fracción I y fracción III, inciso a), 571 fracciones II, III, IV y V, 573 fracciones I, II, III, IV y V, 574 fracciones I, III y IV;y se derogan los artículos 96, 554, 555, 556, 558 fracción III, 559, 565, 566, 568, 569 y 574 fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 97.- Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes:

I a III…

En ningún caso serán base para la cuantificación de multas, sanciones y de cualquier otra determinación o medida realizada por la autoridad competente.

Artículo 94. Los salarios mínimos nacionales serán propuestos anualmente para su vigencia por la Comisión Nacional, para su aprobación en la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

Artículo 95. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las Comisiones Consultivas se integrarán de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

Artículo 96.- (Se deroga)

Artículo 551. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tendrá autonomía y patrimonio propio para el cumplimiento de su objetivo.

Estará integrada por siete comisionados designados por la Cámara de Senadores, de conformidad con el siguiente artículo.

Artículo 552.La Cámara de Senadores emitirá previamente una convocatoria pública y abierta a organizaciones, académicos, coaliciones o sindicatos de trabajadores y patrones, y a todos los sectores representativos de la sociedad.

La designación de los comisionados se hará por comparecencia y con la aprobación del voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara.

Cada integrante durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, debiendo satisfacer los requisitos siguientes:

I a V…

Los comisionados sólo podrán ser removidos de sus funciones cuando transgredan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución y esta Ley, cuando por actos u omisiones se afecten los objetivos y facultades de la Comisión.

En caso de falta o sustitución, se seguirá el mismo procedimiento a que se refiere este artículo.

Artículo 553. El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, será elegido por el voto de las dos terceras partes de los comisionados, teniendo las atribuciones siguientes:

I. Someter a la aprobación del pleno de la Comisión el plan anual de trabajo preparado por la Dirección Técnica;

II. Reunirse con el Director y los Asesores Técnicos, una vez al mes, por lo menos; vigilar el desarrollo del plan de trabajo que efectúen las investigaciones y estudios complementarios que juzgue conveniente;

III. Informar trimestralmente al Congreso de la Unión, así como al Secretario del Trabajo y Previsión Social de las actividades de la Comisión;

IV. Citar y presidir las sesiones que celebren los integrantes de la Comisión, las cuales deberán ser al menos una vez al mes;

V. Disponer la organización y vigilar el funcionamiento de las Comisiones Consultivas de la Comisión Nacional;

VI. Presidir los trabajos de las Comisiones Consultivas o designar, en su caso, a quienes deban presidirlos;

VII. Someter el dictamen para la fijación de los salarios mínimos nacionales, a fin de que sea ratificado por el pleno de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

VIII. Remitir el dictamen a que se refiere la fracción anterior, para su aprobación y publicación por la Cámara de Diputados.

XIX. Proponer a los comisionados el nombramiento del Director Técnico, y Asesores Técnicos.

XIX. Los demás que le confieran las leyes.

Artículo 554.Se deroga

Artículo 555.Se deroga

Artículo 556.Se deroga

Artículo 557.La Comisión Nacional, reunida en pleno, tiene los deberes y atribuciones siguientes:

I. Determinar, en la primera sesión, su forma de trabajo;

II. a VI…

VIII. Ratificar el dictamen que fije los salarios mínimos nacionales, durante el último cuatrimestre al final de cada año;

IX. Enviar el dictamen al siguiente día de su ratificación, a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva;

X. Aprobar la publicación trimestral de las investigaciones y estudios económicos sobre las fluctuaciones en precios, sus repercusiones en el costo de la vida y afectaciones al poder adquisitivo del salario mínimo, para consulta de cualquier persona; y

XI….

Artículo 558.

I. Con un Director, nombrado por las dos terceras partes del pleno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; y

II. Con el número de Asesores Técnicos que nombre la misma Comisión.

III. Se deroga.

Artículo 559.Se deroga

Artículo 560. El Director y los Asesores Técnicos deberán satisfacer los requisitos siguientes:

I…

II. Poseer título legalmente expedido de licenciado en derecho o en economía, con una antigüedad mínima de cinco años al día de la designación;

III, IV….

V. Contar con experiencia y habilidades para el desempeño del cargo.

Artículo 561….

I. Realizar los estudios técnicos necesarios y apropiados para determinar la división de la República en áreas geográficas, formular un dictamen y proponerlo al Presidente de la Comisión;

II. Proponer al Presidente de la Comisión modificaciones a la División de la República en áreas geográficas y a la integración de las mismas; siempre que existan circunstancias que lo justifiquen;

III. Practicar las investigaciones y realizar los estudios necesarios y apropiados para que los integrantes de la Comisión pueda fijar los salarios mínimos;

IV. Realizar los estudios técnicos y sociales para la fijación de los salarios mínimos;

V. Realizar los estudios e investigaciones periódicamente y de manera actualizada, de las fluctuaciones ocurridas en los precios y sus repercusiones en el costo de la vida para las principales localidades del país, y su impacto en el poder adquisitivo de los salarios mínimos;

VI. Resolver, previa orden del Presidente o a solicitud de la mayoría de los integrantes de la Comisión, las consultas que se le formulen en relación con las fluctuaciones de los precios y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios;

VII…

Artículo 562. Para cumplir las atribuciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la Dirección Técnica deberá:

I. Practicar y realizar las investigaciones y estudios necesarios y apropiados para determinar, por lo menos:

a) a d)…

e) Las previsiones futuras en la situación económica, y las condiciones emergentes.

II. Realizar periódicamente las investigaciones y estudios necesarios para determinar:

a) El presupuesto indispensable para la satisfacción de las siguientes necesidades de cada familia, entre otras: las de orden material, tales como la habitación, menaje de casa, alimentación, vestido y transporte; las de carácter social y cultural, tales como concurrencia a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a escuelas de capacitación, bibliotecas y otros centros de cultura; las relacionadas con la educación de los hijos; y el fomento al ahorro.

b) Las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de salario mínimo.
III. Solicitar toda clase de informes y estudios de las instituciones oficiales, federales y estatales y de las particulares que se ocupen de problemas económicos, tales como los institutos de investigaciones sociales y económicas, las organizaciones sindicales, las cámaras de comercio, las de industria y otras instituciones semejantes;

IV. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que le presenten los trabajadores y los patrones; y

V. Preparar un informe de las investigaciones y estudios que hubiese efectuado y de los presentados por los trabajadores y los patrones y someterlo a la consideración del pleno de la Comisión.

Los estudios a que se refieren las fracciones anteriores serán públicos, de conformidad con esta Ley, para consulta de cualquier persona, o a solicitud de cualquier autoridad.

Artículo 563….

I...

II. Informar periódicamente al Presidente e integrantes de la Comisión, del estado de los trabajos y sugerir se lleven a cabo investigaciones y estudios complementarios;

III. Actuar como Secretario y auxiliar en las tareas de la Comisión Nacional; y

IV...

Artículo 564. El Presidente de la Comisión Nacional determinará, en cada caso, el número, las bases de organización y funcionamiento de las Comisiones Consultivas.

Artículo 565.Se deroga

Artículo 566.Se deroga

Artículo 567. Las Comisiones Consultivas, que se determinen por la Comisión, tendrán los deberes y atribuciones siguientes:

I… IX….

Artículo 568.Se deroga

Artículo 569.Se deroga

Artículo 570. Los salarios mínimos se fijarán en un dictamen para su ratificación por el pleno de la Comisión, y posterior aprobación por la Cámara de Diputados.

Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia siempre que existan circunstancias económicas y sociales que lo justifiquen.

I.A solicitud del Congreso de la Unión o de cualquiera de las dos Cámaras que la integran, que contenga exposición de los hechos que la motiven.

II...

a) La solicitud deberá presentarse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o ante cualquiera de las dos Cámaras del Congreso de la Unión por los sindicatos, federaciones y confederaciones que representen el cincuenta y uno por ciento de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, o por los patrones que tengan a su servicio por lo menos dicho Porcentaje

b)…

c) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, o cualquiera de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que reciba la solicitud correspondiente y previa certificación de la mayoría a que se refiere el inciso a) de este artículo, la hará llegar al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con los estudios y documentos que la acompañen.

Artículo 571

I…

II. La Dirección Técnica presentará a la consideración del Presidente de la Comisión, a más tardar el mes de agosto de cada año, o en cualquier otro momento que se requiera, para su revisión, los informes al que se refiere la fracción V del artículo 562 de esta Ley, para la integración del dictamen;

III. Durante el último cuatrimestre de cada año, el Presidente de la Comisión someterá ante el pleno el dictamen en el que fijen los salarios mínimos, para su ratificación, después de estudiar el informe a que se refiere la fracción anterior y las consideraciones de la Dirección Técnica, así como las opiniones, estudios e investigaciones presentadas por los trabajadores y los patrones. Para tal efecto podrá realizar directamente las investigaciones y estudios que juzgue convenientes y solicitar a la Dirección Técnica información complementaria;

IV. La Comisión Nacional expresará en el dictamen los fundamentos que la justifiquen; y

V. Al día siguiente de la ratificación del dictamen, el Presidente de la Comisión remitirá a la Cámara de Diputados para su aprobación.

Artículo 573….

I. El Presidente de la Comisión Nacional, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que haya recibido la solicitud del Secretario del Trabajo y Previsión Social, de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o en su caso la que le hayan presentado las organizaciones de trabajadores o los patrones, convocará al pleno para estudiar la solicitud y decidir si los fundamentos que la apoyan son suficientes para iniciar el proceso de revisión. Si la resolución es en sentido afirmativo ordenará a la Dirección Técnica la preparación de un informe que considere el movimiento de los precios, las previsiones y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios mínimos; así como los datos más significativos de la situación económica nacional para que los integrantes de la Comisión pueda disponer de la información necesaria para revisar los salarios mínimos vigentes y fijar, en su caso, los que deben establecerse. Si su resolución es negativa la pondrá en conocimiento del Secretario del Trabajo y Previsión Social;

II. La Dirección Técnica dispondrá de un término de cinco días, a partir de la fecha en que hubiera sido instruida por el Presidente de la Comisión Nacional, para elaborar el informe a que se refiere la fracción anterior y hacerlo llegar al pleno de los integrantes por conducto del Presidente de la Comisión;

III. Dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el pleno de la Comisión reciba el dictamen, se reunirá para su ratificación fijando, en su caso, los salarios mínimos que deban establecerse remitiéndose para su aprobación en la Cámara de Diputados;

IV. La resolución de la Comisión Nacional propondrá la fecha en que deba iniciarse la vigencia de los nuevos salarios mínimos que se fijen; y

V. El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos remitirá el dictamen a la Cámara de Diputados, para su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente a la fecha en que se haya emitido.

Artículo 574

I. Para que pueda sesionar el pleno de la Comisión Nacional será necesario que ocurra dos terceras partes del total de sus miembros, por lo menos;

II. Se deroga

III. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los comisionados presentes. En caso de empate, el Presidente determinará que se presente en una sesión posterior;

IV. De cada sesión se levantará un acta, donde suscribirán el Presidente y el Secretario, que será sometida para la aprobación de los comisionados; y

V. Las sesiones de la Comisión serán públicas.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La modificación al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comenzará a regir a partir del 01 de agosto2018.

Tercero. El Senado de la República deberá emitir la convocatoria para designar a los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. Una vez constituida la Comisión Nacional de Salarios Mínimos contará con un plazo no mayor de ciento veinte días hábiles para presentar un dictamen a la Cámara de Diputados por el que proponga la actualización del salario mínimo, privilegiando la recuperación de su poder adquisitivo.

Si el dictamen se enviara durante el segundo semestre del año, la aprobación del salario mínimo por parte de la Cámara de Diputados entrará en vigor para el siguiente año.

Quinto. La Cámara de Diputados aprobará las disposiciones necesarias dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, para dotar de suficiencia presupuestal a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a que se refiere este decreto para el desempeño de sus funciones.

Sexto. Los recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos pasarán a formar parte del órgano constitucional que se crea por virtud de este decreto.

Séptimo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones, el 16 de julio de 2014.

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno.

Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, p. 76.

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ocupbol.pdf

"Pactos para la desigualdad. Hacia un futuro sostenible",

Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, p. 15.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/omm/documents/publication/wcms_195244.pdf

Organización Internacional del Trabajo. Informe Mundial sobre Salarios 2012/2013. Los salarios y el crecimiento equitativo, p. V.

Organisation for Economic Cooperation and Development, Employment Outlook 2012, p. 242

http://www.conasami.gob.mx/

Garavito Elías, Rosalbina. Recuperar el salario real: un objetivo impostergable ¿cómo lograrlo?, p. 13.

http://www.conasami.gob.mx/sapycv.html

Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, p.

http://www.profeco.gob.mx/precios/canasta/home.aspx?th=2

Idem

http://www.presidencia.gob.mx/plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018/

Datos del CONEVAL, 2012.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Esta Presidencia les da la bienvenida a estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Compañeros legisladores, con gran pena me permito informarles que el día de ayer martes 15 de julio, falleció en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, Antonio Riva Palacio, ex gobernador de ese estado, en el periodo 1988 a 1994.

Don Antonio Riva Palacio fue un reconocido legislador federal que se desempeñó como Diputado federal en la L Legislatura y Senador de la República durante la LII y LIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, desempeñándose como líder del Senado y Presidente de la Gran Comisión.

Su trayectoria profesional refleja que en su actuación como Secretario General de Gobierno y Embajador de México en Ecuador, se reconoce a un hombre de gran capacidad intelectual y política, con una sólida formación profesional.

A sus familiares y amigos les enviamos nuestras sinceras condolencias, y les participamos de nuestro afecto y solidaridad en estos dolorosos momentos.

Les pido a todos que puestos de pie guardemos un minuto de silencio en su recuerdo. Muchas gracias.

MINUTO DE SILENCIO

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias. Favor de tomar asiento. Descanse en paz don Antonio Riva Palacio López.





 

Continuando con el Orden del Día, en el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal Avila, para presentar a nombre propio y de los Diputados Ricardo Mejía Verdeja, Graciela Saldaña Fraire, Luisa María Alcalde Luján y Martha Beatriz Córdova Bernal, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica. Adelante, compañero Diputado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROHIBICION DE LA FRACTURA HIDRAULICA

(Presentada por el Diputado Ricardo Monreal Avila, a nombre de los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Graciela Saldaña Fraire, Luisa María Alcalde Luján y Martha Beatriz Córdova Bernal)

El Diputado Ricardo Monreal Avila: Señor Presidente, ciudadanos legisladores.

En efecto estoy presentando a nombre propio y de un grupo de legisladores que coinciden con el tema, este proyecto de Decreto que expide una nueva ley, es la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica.

Quiero comentar y advertir que este proyecto se ha intentado en la vía del Senado, en la vía de la Cámara de Diputados, y al menos en esta última, no se tienen los antecedentes de donde quedó esta iniciativa que nos parece de la mayor importancia, y que frente a la discusión de las Leyes Secundarias en Materia Energética, es conveniente, pertinente, inaplazable que tratemos este tema denominado: Fractura Hidráulica o como comúnmente le han llamado ambientalistas, sociólogos, intelectuales, el “Fracking”.

Como recordarán, las reformas energéticas en materia constitucional, que de manera desafortunada aprobó el Congreso en su mayoría, en el 2013, tiene por principal finalidad la entrega de la industria petrolera a transnacionales, a una oligarquía económica, transnacional y nacional, y también ampliar la participación de este grupo, la generación de energía eléctrica, hecho que ya está aconteciendo de manera muy abierta.

¿Qué es la Fracturación Hidráulica? El gas Shell es el mismo hidrocarburo denominado gas natural, con la diferencia de que se encuentra atrapado en sedimentos de roca de lutita de donde adquiere su nombre a profundidades que varían desde mil a cinco mil metros.

La extracción de estos hidrocarburos requiere el uso de la fracturación hidráulica, conocida como “Fracking”, esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical que puede alcanzar una profundidad de hasta cinco mil metros, contados a partir de la superficie; al alcanzar la profundidad necesaria se realiza una perforación horizontal que puede alcanzar longitudes de uno a un kilómetro y medio, y puede extenderse hasta tres kilómetros, una vez dentro de la capa de pizarra se utilizan explosivos para provocar pequeñas fracturas o grandes fracturas, se inyectan por etapas de nueve a 29 millones de litros de agua a muy alta presión, las cuales, esta agua se encuentra mezclada con arena y un cóctel de más de 750 aditivos químicos apuntalantes, entre los cuales se encuentran los bencenos, los "silenos", los cianuros, en cantidades de entre 55 mil y 225 mil litros por pozo, los cuales, recordemos, por estudios científicos comprobados, son elementos cancerígenos y metagénicos, y mutagénicos.

Muchas de estas sustancias químicas ni siquiera están catalogadas, y las empresas que las usan se reservan la información completa de los componentes del cóctel amparándose en el secreto de derecho de patente, por lo que no se conoce con exactitud la totalidad de los componentes empleados.

Cada pozo se fracturan entre ocho y doce etapas, con lo cual el conducto sufre unos cambios de presión muy grandes con el consiguiente peligro de quiebra del revestimiento de cemento, la fractura no tiene forma de controlarse, rompiendo capas del subsuelo que provocan diversas afectaciones, generando sismos, y fugas de los fluidos, estos fluidos que se utilizan en todo el proceso y que escapan a través de fisuras en la cementación del revestimiento de las perforaciones, o por las fallas naturales existentes en el suelo.

Estas fugas provocan la contaminación de la red de abastecimiento de agua potable, así como ríos, aguas subterráneas, y atmósfera, cuando llegan a evaporarse. Asimismo, el gas liberado también contamina la atmósfera y las reservas de agua.

Una de las primeras desventajas de este método es que habiendo iniciado el proceso de fractura y extracción, el flujo de hidrocarburo obtenido disminuye muy pronto, con tasas de declinación que oscilan entre el 29 y el 52 por ciento anuales, por lo cual es necesario realizar continuamente el procedimiento de fracturación hidráulica en un mismo pozo hasta 18 ocasiones.

Una vez que el fluido inyectado ha cumplido con su misión extractiva es imposible dar tratamiento al agua a fin de separar los químicos con los que ha sido mezclado, por lo que dicho líquido es almacenado en piletas abiertas que siguen provocando afectaciones ambientales, con diversas consecuencias.

Una vez que estos líquidos comienzan a evaporarse o desbordarse por fugas en los mismos contenedores. El fluido trae a la superficie otras sustancias que pueden contener las capas del subsuelo. Es muy común que estas rocas contengan metales pesados, como el mercurio, o el plomo, así como “radón”, radio o uranio, elementos radiactivos que llegan a la superficie en donde previamente no existían.

Con esta fractura es preocupante por los impactos socio-ambientales ocasionados. Es muy preocupante, es preocupante para todos como la explotación de gas del esquisto por medio de técnicas de fractura hidráulica presenten esta actividad como una alternativa frente al cambio climático.

Efectivamente, la combustión de metano es más limpia que la combustión de otros hidrocarburos, como son el petróleo o el carbón.

Sin embargo la explotación de yacimientos de metano, particularmente la explotación realizada por métodos de fractura hidráulica expone a la atmósfera a emisiones de este gas que no son captadas por quienes realizan la explotación.

En Estados Unidos ya está prohibido, en muchos estados de la Unión Americana el uso de la fractura hidráulica o fracking.

¿Qué es lo que provoca? Cuáles impactos tienen, primero disminución de disponibilidad de agua para seres humanos y ecosistema.

Se requieren, fíjense ustedes lo que se requiere, de 9 a 29 millones de litros de agua, para la fractura de un solo pozo, 29 millones de litros, contamina las fuentes de agua, contribuye al calentamiento global, también hay elementos tóxicos añadidos al agua para facilitar el proceso de fractura.

Es una situación muy delicada, por eso es que presento, ciudadanos legisladores, una iniciativa que pretende crear una nueva Ley, es una Ley completa, una Ley General para la prohibición de la fractura hidráulica, tiene mucha claridad la Ley y yo solicito se turne a las Comisiones de Energía para su dictamen en este proceso de discusión de reforma secundaria.

Le pediría Presidente, como ya es muy usual después de que se aprueba lo que les interesa, es poca la gente que pone atención, por eso no deberían de tener invitados, ni los Senadores ni los Diputados porque da pena ajena, los invitados siempre salen con un mal sabor de boca de que nadie atiende al orador, de que nadie pone atención, de que todo el mundo está en otros asuntos, y de que la Asamblea, prácticamente se mantiene en una situación de inexistencia.

Pero le voy a pedir, Presidente, de la manera más atenta, pueda plasmar íntegro este documento que contiene elementos técnicos y científicos que me hicieron proponer a nombre de varios compañeros de la izquierda esta nueva Ley, esta Ley que me parece de la mayor importancia y es una Ley General para la prohibición de la fractura hidráulica.

Por su atención, los que lo hicieron, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

¿Para qué efecto, Diputada Aguilar?

Sonido en el escaño de la Diputada Aguilar.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente, solamente para sumarme a esta iniciativa, no solamente por lo que ha expuesto el Diputado Ricardo Monreal, sino por el efecto de contaminación que esta práctica tiene, estamos hablando de que de los casi 29 millones de litros que se requieren para la práctica del fracking, se le agregan 600 químicos de los cuales no sabemos su naturaleza y estamos ya teniendo resultados de movimientos en la tierra, específicamente en su tierra, en Nuevo León, donde los académicos se han posicionado en contra del….

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Senadora, con todo respeto y como conocedora usted de la Ley y el Reglamento que nos rige, tomamos nota de que se solidariza con la iniciativa presentada.

Me permite, Diputada, esta Presidencia toma nota y dado que, no estamos en la etapa de discusión o debate del dictamen correspondiente, tomaremos nota de sus comentarios para que obviamente suscriba usted también esta iniciativa, no creo que el Diputado Monreal tenga objeción sobre el particular.

Gracias; Diputado Monreal, sonido en su escaño.

La Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Sí, gracias, Diputado.

Bueno, pues creemos que ese es un tema sumamente importante para el país y de igual manera nos queremos sumar a nombre propio y de todo mi grupo parlamentario a esta iniciativa si tiene a bien igual el Diputado Monreal.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Presidencia toma nota de su manifestación.

Pasamos a la discusión de diversos dictámenes emitidos por comisiones que contienen puntos de Acuerdo.

Informo a la Asamblea, que de la agenda del día de hoy, se retiraron tres dictámenes de la Tercera Comisión a petición de la directiva de la propia comisión.

Los dictámenes retirados son el que exhorta a PEMEX a informar sobre actividades comerciales en el mercado internacional de petróleo crudo, productos petrolíferos y petroquímicos de PMI comercio internacional.

El que exhorta la PROFECO y a PEMEX a informar cuáles son las gasolineras que despachan litros incompletos y el que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre los programas especiales de tarifas para regiones y/o entidades federativas.





 

Solicito ahora a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes sobre los cuales no tenemos reservas.

El Secretario Diputado Adame Alemán: Tenemos doce dictámenes de la Tercera Comisión.

Uno que exhorta a analizar la posibilidad de realizar la ampliación y conservación de los seis centros para la conservación e investigación de la vida silvestre existente.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION.

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar la posibilidad de realizar las gestiones necesarias para la ampliación y conservación de los seis centros para la conservación existentes, así como la creación de nuevos centros para la conservación e investigación de la vida silvestre, suscrita por el Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Destaca el proponente que “con la entrada en vigor de la Ley General de Vida Silvestre, fueron creados los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS), mismos que se encargaron de ejecutar actividades tendientes a la difusión, capacitación, rescate, rehabilitación, evaluación, muestreo, seguimiento permanente, manejo y cualesquiera otras que contribuyan a la conservación y al desarrollo del conocimiento sobre la vida silvestre y su hábitat.

Que actualmente existen seis Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre a nivel nacional: 1) CIVS Los Reyes, Estado de México; 2) CIVS Guadalajara, Jalisco; 3) CIVS Tekax, Yucatán; 4) CIVS David Montes Cuevas, Oaxaca; 5) CIVS San Cayetano, Estado de México, y 6) CIVS San Felipe Bacalar, Quintana Roo.

Que dichos centros son administrados por la Secretaría de Medio Ambiente a través de su Dirección General de Vida Silvestre, quien asignará los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo al presupuesto aprobado, quien a su vez tendrá la facultad de suscribir convenios de coordinación con diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de los municipios, así como con cualquier persona del sector social o privado.

Que la operación de los CIVS se sujetará a un programa que contendrá objetivos, metas e indicadores de éxito de acuerdo con las características de cada centro, sin embargo, hoy en día llevar a cabo dichas actividades representa un verdadero reto que involucra diferentes factores; como se ha mencionado sólo existen seis Centros para atender a las necesidades de todo el país, su ubicación es otra de las complejidades que se ha de atender, pues los mismos se encuentran principalmente situados en la zona sur de nuestro país, haciendo difícil el acceso e incluso excluyendo a los Estados del norte de la utilización de los mismos.

Que la sobrepoblación de especies en los centros de conservación que impide la aceptación de nuevos ejemplares, circunstancia que se verá agravada por las actuales reformas a las legislaciones locales en materia de prohibición de uso de animales en espectáculos circenses; ya que con dichas modificaciones los dueños de estos espectáculos se verán en la necesidad de buscar alternativas para encontrar un sitio a donde harán entrega de los ejemplares que no podrán utilizar más en sus espectáculos, y dichos centros sin duda representan una alternativa viable para recuperación de los ejemplares.

Que dichas complejidades conllevan un afectación directa a los ejemplares de vida silvestre, que como ya se ha dicho, al ser parte integrante del medio ambiente el mismo se verá afectado al romperse la cadena de servicios ambientales en la que la vida silvestre (principalmente la fauna) participan de manera preponderante.

Por lo que los CIVS deben ser observados como el medio idóneo para conservar aquellas especies que fueron sacadas de su medio natural, intentando su recuperación y de ser posible su reinserción a la naturaleza, con la finalidad de proteger la vida del ejemplar y garantizar el cumplimiento de su función en los diferentes ecosistemas”.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. La Ley General de Vida Silvestre establece en su Capítulo VII, bajo el rubro “Centros para la Conservación e Investigación” el desagregado normativo del tema que nos ocupa, como se desprende de lo siguiente:

Artículo 38.- La Secretaría establecerá y operará de conformidad con lo establecido en el reglamento, Centros para la Conservación e Investigación de la Vida silvestre, en los que se llevarán a cabo actividades de:

I. Recepción, rehabilitación, protección, recuperación, reintroducción, canalización, y cualquier otra que contribuyan a la conservación de ejemplares producto de rescate, entregas voluntarias, o aseguramientos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o la Procuraduría General de la República;

II. Difusión, capacitación, monitoreo, evaluación, muestreo, manejo, seguimiento permanente y cualquiera otras que contribuyan al desarrollo del conocimiento de la vida silvestre y su hábitat, así como la integración de éstos a los procesos de desarrollo sostenible. La Secretaría podrá celebrar convenios y acuerdos de coordinación y concertación para estos efectos;

De lo anterior se sigue, que en efecto corresponde a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la competencia en torno a la operación y vigilancia de los Centros para la Conservación e Investigación, a través de la Dirección General de Vida Silvestre.

TERCERA. A mayor abundamiento, el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, establece puntualmente en su Capítulo Tercero, lo relativo a la operación de los CIVS, de conformidad con el Programa respectivo. Desagrega al efecto la regulación atinente a la asignación de recursos humanos, materiales y financieros con cargo a su presupuesto aprobado, así como la posibilidad de suscribir bases y convenios de coordinación y concertación con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de los municipios, así como con cualquier persona del sector social o privado, en la operación de dichos centros.

CUARTA.- No escapa a esta Tercera Comisión, que en efecto es justamente a través de los CIVS que se posibilita, como el medio idóneo la preservación de aquellas especies que por cualquier causa fueron sustraídas de su hábitat natural, a fin de recuperarlas y en su caso reinsertarlas a su entorno natural, de ahí la importancia de robustecer los centros que ya operan y de existir las condiciones, impulsar la creación de nuevos centros con la finalidad de proteger la vida de los diversos ejemplares.

SEXTA. Asimismo se coincide en que la creciente regulación en torno al cuidado y preservación de los animales circenses, podría eventualmente generar una sobrepoblación en los centros de referencia, de lo que se desprende la importancia en torno al análisis de la viabilidad de ampliar los CIVS existentes o en su caso la creación de nuevos centros.

Los integrantes de esta Tercera Comisión coincidimos plenamente, con lo señalado por el proponente, en torno a la importancia que reviste atender por las instancias competentes, para el caso que nos ocupa, la protección natural de los ecosistemas, a través de los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS). Sin embargo, se propone una nueva redacción al resolutivo con la intención de hacerlo más explícito.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que analice la posibilidad de realizar la ampliación y conservación de los seis Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) existentes, así como la creación de otros nuevos que permitan la conservación, investigación, e integración de los ejemplares de vida silvestre, contemplando una adecuada distribución de los mismos a lo largo del país para el ejercicio fiscal 2015.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente, el 16 de julio de 2014.

Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Omar Fayad Meneses.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Ismael Hernández Deras.- Dip. Manuel Añorve Baños.- Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza.- Dip. Francisco González Vargas.- Dip. Luis Alberto Villarreal García.- Dip. Beatriz Zavala Peniche.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Manuel Camacho Solís.- Dip. Víctor Manuel Manríquez González.- Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino.- Dip. Ricardo Monreal Avila.





 

El que exhorta a informar la política de la transición a la televisión digital terrestre.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION.

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas cuatro Proposiciones con Punto de Acuerdo; la primera en relación con la transición digital terrestre, suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna; la segunda que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reconsiderar la entrega de televisores digitales con motivo del programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre, suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la tercera que solicita suspender el reparto y entrega de aparatos televisivos digitales, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el cuarto que fue presentado por los diputados Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Monreal Avila de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1. Con fecha 21 de mayo de 2014, la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con Punto de Acuerdo, en relación con la transición digital terrestre. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 4 de junio de 2014, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reconsiderar la entrega de televisores digitales con motivo del programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 18 de junio de 2014, los diputados Juan Pablo Adame Alemán, Fernando Rodríguez Doval, Alfredo Botello Martínez, Luis Miguel Ramírez Romero, Carmen Lucía Pérez Camarena, Beatriz Zavala Peniche, Consuelo Argüelles Loya, Jorge Sotomayor Chávez, Humberto Prieto Herrera, Enrique Flores Flores, Aurora Aguilar Rodríguez, Beatriz Yamamoto Cázares, Damián Zepeda Vidales, Tania Morgan Navarrete, Rocío Reza Gallegos, Leticia López Landero, Alfonso Robledo Leal y Marcos Aguilar Vega integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reconsiderar la entrega de televisores digitales con motivo del programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

4. Con fecha 3 de julio de 2014, los diputados Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Monreal Avila presentaron la proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a informar los fundamentos para haber modificado el Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, modificando la entrega de decodificadores por la entrega de televisores. Además, solicita velar porque la entrega de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de la política de transición a la Televisión Digital Terrestre a la población, no sea utilizada con fines electorales o políticos por ninguno de los partidos políticos, así como diseñar estrategias y acciones que garanticen el derecho a la información de todos los ciudadanos que realmente lo necesiten.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de cada una de las citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios sobre las mismas.

II. CONTENIDO.

1.- Respecto al Acuerdo que convoca a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones a una reunión de trabajo con la finalidad de definir con claridad la metodología y alcances del “Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT)”, y la definición de mecanismos para evitar el uso electoral del mismo, la Senadora Dolores Padierna Luna plantea los siguientes resolutivos:

“PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a las y los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones a una reunión de trabajo con la finalidad de definir con claridad la metodología y alcances del “Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT)”, y la definición de mecanismos para evitar el uso electoral del mismo.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que informe de manera completa y detallada las causas por las que se decidió repartir televisores en lugar de decodificadores para atender la Política de Transición a la Televisión Digital Terrestre, que comprenda un análisis económico detallado de ambas opciones.”

2.- Respecto al Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reconsiderar la entrega de televisores digitales con motivo del programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional plantean lo siguiente:

“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Presidente Enrique Peña Nieto, para reconsiderar el reparto y entrega de aparatos televisivos digitales en periodo electoral para evitar situaciones de conflicto al propiciar inequidad en las elecciones federales y locales del 2015.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y a la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, a informar a esta soberanía sobre los criterios y lineamientos para el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, particularmente el punto referido a la entrega y reparto de televisiones.

TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, a informar a esta soberanía puntualmente: a qué partida presupuestal y capítulo, del Clasificador  por Objeto de Gasto de esa Secretaría y a qué ramo del presupuesto federal está registrado el recurso financiero a ejercerse para la adquisición y reparto de televisiones digitales a través del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre.”

3.- Respecto al Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suspender la entrega de televisores digitales con motivo del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional plantean el siguiente resolutivo:

“UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Presidente Enrique Peña Nieto, para suspender el reparto y entrega de aparatos televisivos digitales, debido a que estas acciones no son parte de una estrategia de inclusión digital en México.”

4.- Respecto al acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer diversas acciones relacionadas al programa para la transición de la televisión digital terrestre, en especial lo relacionado con la modificación del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, en la que se estableció la entrega de decodificadores por la entrega de televisores, elevando considerablemente su costo, y comprometiendo recursos no autorizados, los diputados Ricardo Monreal Avila y Alfonso Durazo Montaño, señalan lo siguiente:

“Primero.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, informar a esta soberanía, los fundamentos para haber modificado el Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, modificando la entrega de decodificadores por la entrega de televisores, elevando considerablemente su costo, y comprometiendo recursos no autorizados.

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a velar porque la entrega de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de la política de transición a la Televisión Digital Terrestre a la población, no sea utilizada con fines electorales o políticos por ninguno de los partidos políticos.

Tercero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a diseñar estrategias y acciones que garanticen el derecho a la información de todos los ciudadanos que realmente lo necesiten, y no únicamente de los beneficiados por el padrón de beneficiarios generado por las instancias federales.”

III. CONSIDERACIONES.

A. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar las Proposiciones con Puntos de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

B. Los integrantes de la Tercera Comisión estimamos relevante puntualizar algunos argumentos vinculados con los temas planteados por los Senadores y Diputados proponentes.

Señala la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones instruye a los Poderes de la Unión a “promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno, garantizando a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios.”

La legisladora señala que en el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) se establece que la implementación del programa de cobertura social para dotar de televisores digitales a los hogares de escasos recursos, estaría a cargo de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Social.

La promovente agrega la preocupación sobre el Programa de referencia, ya que a pesar de incluir un calendario de entrega de televisores digitales, no explica los criterios para llevarlo a cabo. La Senadora señala además, que la entrega de 30.7% de los televisores se realizará en enero de 2015, lo que considera podría tener un uso electoral.

Por su parte, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expresa  que la entrega de televisores coincidirá con los comicios electorales del año 2015. También cuestionan que no se ha informado claramente el costo al erario por el reparto de las televisiones, ni tampoco la partida presupuestal del que se desprenderá este gasto. Asimismo manifiestan que es de su interés la transparencia del padrón de beneficiarios de “Oportunidades” y los criterios por los cuales se hará dicho reparto.

Respecto a la propuesta de los diputados del Partido Acción Nacional se señala que la calendarización de la entrega de los aparatos de televisión coincide en un año donde ya habrán dado inicio tanto los comicios federales como locales.  Asimismo, establecen que la estrategia implementada por el Gobierno Federal da preferencia y continuidad al uso habitual de la televisión sobre el Internet como herramienta que permite acceder a información más plural y a servicios diversos. Externan su preocupación por la utilización de los programas sociales con fines electorales.

Por su parte, los diputados Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Monreal Avila del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, mencionan que la entrega de televisores, en lugar de los decodificadores, representa sin duda un gasto que al menos triplica el originalmente planeado. Resaltan además, que México sería el primer país a nivel global en la entrega de televisores, debido a que los demás países han distribuido decodificadores que resultan menos onerosos. Además, externan una preocupación dado que para el próximo año el calendario de entrega de pantallas, concurrirá con el de las elecciones intermedias.

Una vez analizadas las propuestas materia de este dictamen, es necesario recordar que programar una fecha para realizar el apagón analógico otorga certeza al proceso de conclusión de las transmisiones analógicas. Las autoridades en la materia tienen la obligación y la responsabilidad de observar en todo momento la evolución del proceso a través de la medición de la penetración de la televisión digital en la población; como consecuencia de este puntual seguimiento, los organismos competentes pueden realizar los ajustes necesarios con base en los niveles de penetración presentados en las localidades, pero sobre todo, privilegiando la continuidad del servicio a los usuarios.

Además, la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones de junio de 2013 mandata en sus artículos transitorios Quinto y Decimoséptimo, el 31 de diciembre de 2015 como fecha límite para culminar la transición digital, asimismo ordenan al Ejecutivo Federal incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un programa de trabajo para dar cumplimiento a la política para la transición a la Televisión Digital Terrestre.

La transición digital es un proceso complejo dentro del cual se deben contemplar una serie de  elementos; por ejemplo, para que un apagón sea exitoso debe estar plasmado en la ley; se deben establecer fechas específicas; incorporar a diversos poderes y órganos de gobierno; implementar programas piloto; utilizar algún tipo o modalidad de subsidio; así como garantizar la penetración de la televisión digital en la población.

El nuevo modelo para la transición a la Televisión Digital Terrestre incluye la entrega de televisores digitales LED de 24” con la posibilidad de acceder a Internet; se considera un presupuesto de $26,265 millones de pesos para la compra de 13.8 millones de televisores.

El objetivo de este nuevo modelo es incrementar la penetración de la Televisión Digital Terrestre en los hogares del país. Para ello, se prevé que los hogares de escasos recursos resulten beneficiados mediante la entrega de televisores.

En esta nueva etapa del proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes colaborará de manera conjunta con otras instituciones y con los gobiernos estatales y municipales. Asimismo, se instalará una ventanilla de atención a usuarios y se realizará una campaña de publicidad e información.

El conocimiento sobre la televisión digital es un tema fundamental. La población debe estar informada sobre los beneficios de la digitalización de la señal radiodifundida como lo son recibir mejor calidad de imagen y sonido, y tener mayor y mejor calidad de contenidos y servicios al incrementarse la competencia; además se asegurará un uso óptimo del espectro para la prestación de servicios de banda ancha al liberarse la banda de 700 MHz.

De esta manera, el público tendrá incentivos para cambiar voluntariamente sus televisores analógicos por digitales o adquirir algún decodificador para poder visualizar las señales digitales en sus televisores analógicos.

Con base en los resultados del Módulo sobre el uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (MODUTIH) realizada por el INEGI en el año 2013, de los 31 millones de hogares en México, 1.6 no tienen televisor, 2.8 tienen televisor digital, 11.4 tienen suscripción a televisión de paga y 15.3 dependen de la televisión abierta analógica y están ubicados en zonas de alta marginación. La baja penetración de los televisores digitales en estos hogares se debe principalmente a su bajo poder adquisitivo y a su limitado acceso a sistemas de financiamiento.

El ahorro en el consumo de energía es también un tema que aborda este nuevo modelo, porque al sustituir televisores analógicos por digitales se contribuye a la reducción de efectos ambientales negativos, la optimización del uso de la energía eléctrica y la generación de impactos positivos en el gasto de gobierno vía subsidios a la tarifa de energía eléctrica.

Esta conversión tecnológica genera ahorros de más de 60% en el consumo de energía eléctrica, tanto para los usuarios finales como para el Gobierno Federal. La energía ahorrada representa 1.3 veces la que se economiza en el horario de verano.

La política de sustitución de televisores analógicos por televisores digitales llega a generar ahorros de más de $30,000 millones de pesos en un horizonte de 10 años.

En caso contrario, de continuar con el mecanismo de entrega de decodificadores, se aumentaría en 9% el consumo actual de energía eléctrica de los hogares, lo que traducido a términos monetarios, aumentaría el gasto total de las familias en $227 millones de pesos y para el Gobierno Federal se incrementaría en $454 millones de pesos los subsidios a la tarifa de energía eléctrica.

Adicionalmente, y toda vez que México es uno de los principales productores de televisores digitales en el mundo, un proyecto como este contribuye a la generación de empleos e impulso a la cadena productiva en el país.

Se espera que a través de una licitación pública de gran volumen, los precios de los televisores lleguen hasta $1,700 pesos por unidad (15% inferior al precio ofertado en la prueba piloto).

Este es un modelo único en su especie comparado con otros similares desarrollados al momento en todo el mundo; además, constituye una oportunidad para dar el gran salto en inclusión digital, ya que con este proceso tecnológico podremos llevar el acceso a Internet a un total de entre 12.6 y 13.8 millones de hogares de escasos recursos cuando este servicio se encuentre disponible.

Asimismo y por mandato Constitucional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha  mantenido estrecha colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la elaboración del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, el cual se publicó el 13 de mayo del presente año.

Los ejes rectores del Programa de Trabajo son contribuir al desarrollo social, fomentar la igualdad de oportunidades entre la población, sobre todo, la de escasos recursos, así como propiciar el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento, en estricto cumplimiento al Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: “…el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”.

En este contexto, resulta crítico atender al sector de la sociedad más necesitado a través de un programa de cobertura social que utilizará el padrón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social, y que integra a alrededor de 12.6 millones de hogares, mismos que en su mayoría dependen de la televisión abierta analógica.

Estos hogares son beneficiarios de diversos programas de la SEDESOL como: Desarrollo Humano Oportunidades, Apoyo Alimentario, Estancias Infantiles, Pensión para Adultos Mayores, Abasto Social de Leche, Desarrollo de Zonas Prioritarias, Empleo Temporal, Jornaleros Agrícolas, Opciones Productivas y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART).

La política de transición a la Televisión Digital Terrestre plasmada en el Programa de Trabajo, tomó en cuenta la experiencia de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones en el proyecto piloto de Tijuana y se han perfeccionado los mecanismos para la ejecución de esta transición. Por ejemplo, se consideran la entrega de televisores en todas las localidades comprendidas en las huellas de cobertura de la señal analógica y no solo en las ciudades principales, a fin de que no sucedan los acontecimientos presentados en ciudades como Rosarito.

El Programa de Trabajo incluye un cronograma de entregas de televisores que fue diseñado en función de las áreas de servicio de las señales radiodifundidas proporcionadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como de la disponibilidad de recursos presupuestarios. De esta forma, se agruparon 7 grandes regiones en el país para efectuar las entregas de manera escalonada.

En mayo pasado se inició una prueba piloto en 17 municipios de la Frontera Noreste del país, entre los que destacan Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en donde se entregarán alrededor de 120 mil televisiones a los hogares beneficiados por los programas de SEDESOL mencionados. La capacidad máxima de entrega diaria es mayor a 2 mil televisores por día.

Para cumplir con el mandato Constitucional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes diseñó un modelo de distribución que permitirá tener una capacidad máxima de entrega de entre 35 a 40 mil televisores por día en el año 2015.

El artículo Decimocuarto transitorio de la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones mandata al Poder Ejecutivo Federal a tener a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación,  además de habilidades digitales, entre otros.

Una de las metas de esta política es que por lo menos 70% de todos los hogares cuenten con acceso a Internet con una velocidad real para descarga de información con base en el promedio registrado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Por lo anterior, el nuevo modelo de transición a la Televisión Digital Terrestre  constituye un proyecto innovador. México es el primer país que está buscando un proyecto convergente porque el objetivo final es que el Gobierno garantice a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento.

Con la entrega de televisores digitales los hogares estarán listos para conectarse a Internet cuando llegue el servicio de banda ancha a sus poblaciones; a través de otros proyectos a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la Red Troncal de Fibra óptica y la Red Compartida a través de la banda de los 700 MHz, los cuales impulsarán la competencia y, con ello, la reducción de precios.

Si se considerara la entrega de computadoras para impulsar el acceso a Internet desde el hogar, esto significaría un presupuesto de casi 44 mil millones de pesos (estimando un precio por equipo de $3,500 pesos) para habilitar a 12.5 millones de hogares con dispositivos que permitan alcanzar la meta constitucional de 70%  de conectividad en el año 2018.

Es así que mediante la dotación de televisores habilitados para acceder a Internet y la convergencia de esfuerzos y proyectos diseñada en el nuevo modelo para la transición digital, se coadyuvará al logro de la meta constitucional de brindar conectividad al 70% de los hogares en el país, sin erogar otros 44 mil millones adicionales para la compra de computadoras.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a que informe de manera completa y detallada la Política de Transición a la Televisión Digital Terrestre.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Desarrollo Social, a observar los mecanismos institucionales establecidos del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, particularmente el punto referido a la entrega y reparto de televisiones.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a diseñar estrategias y acciones que garanticen el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación a todos los ciudadanos.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.





 

Que solicita un informe sobre el proceso de autorización y construcción de la autopista Naucalpan-Toluca.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Ejecutivo Federal para  que sean consultadas ampliamente las comunidades afectadas por el proyecto carretero de la Autopista Toluca-Naucalpan, a fin de que se respeten los derechos ancestrales de los pueblos originarios sobre el territorio en que se asientan y, de ser procedente legalmente, se detenga de manera definitiva los trabajos de dicho proyecto carretero, suscrita por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión celebrada el 25 de junio de 2014, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, punto de acuerdo para hacer especial énfasis en la importancia de que sean consultadas ampliamente las comunidades afectadas por el proyecto carretero de la Autopista Toluca-Naucalpan y que se respeten los derechos ancestrales de los pueblos originarios sobre el territorio en que se asientan. De acuerdo a los convenios y tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano como el convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe; exhortar a la Procuraduría General de la República a atender con celeridad las denuncias de hechos presuntamente constitutivos de delitos por la empresa Autovan S.A. de C.V. y de la misma forma, se exhorta a los titulares de SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, CONAFOR, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Tribunales Agrarios y el Gobierno del Estado de México para que revisen su participación en las autorizaciones y permisos en la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan; exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que garantice y proteja los derechos de quienes se han organizado para defender su territorio y han sido objeto de intimidación, amenazas, persecución y represión por el Gobierno del Estado de México y gobiernos municipales de Lerma, Huixquilucan y Naucalpan y la empresa Autovan S.A. de C.V.; y exhortar a las autoridades locales y federales competentes para que una vez realizada la revisión correspondiente y de ser procedente legalmente, se detenga de manera definitiva los trabajos del proyecto carretero, de la autopista Toluca-Naucalpan en las comunidades antes mencionadas.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A).- El senador Alejandro Encinas, manifiesta que el Proyecto denominado Autopista Toluca-Naucalpan, abarca 4 municipios del Estado de México que son Toluca, Lerma, Huixquilucan, y Naucalpan, y atraviesa las Areas Naturales Protegidas Estatales denominadas Parque Ecológico, Turístico y recreativo “Parque Otomí Mexica” y “Santuario del Agua y Forestal Sub Cuenca Tributaria del Río San Lorenzo”.

Refiere que para su construcción a lo largo de 39.34 km será destruida de manera directa e irreversible un área de 2´300,000 m² de bosque, regiones de importancia para las recargas de agua, de acuerdo a los decretos emitidos por el mismo gobierno del Estado de México, en el que habitan especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001. Además afectará de manera indirecta otras Areas Naturales Protegidas por medio del convenio RAMSAR para la protección de los humedales y del programa de Areas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) por su colindancia al trazo del proyecto citado. Lo cual no resulta extraño, pues basta recordar que en la Cuenca de México, habita el 2% de la diversidad biológica del mundo.

Considera que existe un consenso entre los expertos en materia ambiental, en el que la fragmentación de bosques y acuíferos por carreteras representa una de las principales amenazas que afectan la conservación y el manejo de éstas áreas, por lo que la autopista pone en riesgo la sustentabilidad de una zona estratégica para la captación de agua.

Dice que, la conservación de esta franja forestal es de suma importancia para la nación, entre otras razones, porque es la principal abastecedora de agua y oxígeno a las ciudades de México y Toluca, pues las comunidades aportan con varios pozos al sistema Cutzamala, cuya sustentabilidad se encuentra gravemente amenazada por la sobrexplotación de los mantos acuíferos y el riesgo permanente debido a la falta de agua para sostener las necesidades vitales de sus habitantes.

Informa que existe un resolutivo No. 212130000/DGOIA/RESOL/302/09 emitido el 21 de septiembre de 2009 por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, avaló la construcción del proyecto, y se dio comienzo a los trabajos de construcción, a pesar de no existir la autorización del cambio de uso de suelo correspondiente, y otros requisitos legales; por lo que estas obras incurren en un una violación a los tiempos y procedimientos que establece la ley.

A pesar de su riqueza ambiental, histórica y cultural, se iniciaron los trabajos de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan sin que existiera consulta previa a los pueblos y comunidades originarias asentadas sobre el área, lo cual atenta contra los Derechos Humanos y violenta su forma de vida tradicional, su arraigo e identidad, así como sus medios de subsistencia.

Asimismo, menciona que  el núcleo en su mayoría forestal, agrícola y tierras bajo el régimen de propiedad comunal afectadas, no existe decreto expropiatorio por parte del ejecutivo federal y las asambleas comunales para avalar dicho proyecto y no cumplen con los requisitos de fondo que establece la ley. En el mismo sentido, la expropiación por parte del Ejecutivo Estatal sobre tierras bajo el régimen de propiedad privada presenta severas inconsistencias de procedimiento.

Destaca la celebración de convenios de ocupación previa con los núcleos forestales y agrícolas de tierras comunales, mediante la manipulación de las asambleas correspondientes, las cuales se encuentran actualmente en litigio abierto, sin haber alcanzado sentencia firme. Dichos convenios fueron registrados con posterioridad al inicio de las obras y que a su vez el decreto de expropiación en propiedad privada fue emitido por el Ejecutivo Estatal, sin haber sido firmados dichos convenios, sin notificación, ni indemnización a los propietarios, transgrediendo los tiempos establecidos para el proceso. Es decir, la empresa comenzó a trabajar sin cumplir con los requisitos que marca la ley, como es el caso de la comunidad de San Lorenzo Huitzizilapan del municipio de Lerma; San Francisco Ayotuxco, Santa Cruz Ayotuxco del municipio de Huixquilucan.

Destaca los convenios y tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano como el convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, se debe de considerar a las comunidades afectadas por las obras de infraestructura que se encuentran en construcción, antes de iniciarlas.

Hace mención de que, ante el conjunto de agresiones sistemáticas hacia las comunidades afectadas, se han iniciado procesos legales para detenerlos en tanto no exista una resolución firme de los casos en litigio, atendiendo las disposiciones del amparo 139/2012-I emitido por el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México que decreta de plano la suspensión. Así como el amparo 647/2011 Amparo Directo ante el Tribunal Unitario Agrario y el 578/2013-IV del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Finalmente, entre otra consideraciones, concluye diciendo que ante el peligro latente de que se ocasione un daño ambiental , social y cultural con graves e irreversibles consecuencias para el país; teniendo en cuenta la opacidad y falta de consistencia de los procedimientos legales para la autorización y ejecución del proyecto; y en aras de garantizar y proteger los Derechos Humanos y de los pueblos en todo el territorio nacional y particularmente en las comunidades indígenas de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmimilolpan estas en el municipio de Lerma y Santa cruz Ayotuxco y San Francisco Ayotuxco en el municipio de Huixquilucan, todas comunidades indígenas con idioma otomí, es que someta a la consideración la siguiente proposición con:

“PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República hace especial énfasis en la importancia de que sean consultadas ampliamente las comunidades afectadas por el proyecto carretero de la Autopista Toluca-Naucalpan y que se respeten los derechos ancestrales de los pueblos originarios sobre el territorio en que se asientan. De acuerdo a los convenios y tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano como el convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.

Segundo.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República a atender con celeridad las denuncias de hechos presuntamente constitutivos de delitos por la empresa Autovan S.A. de C.V. y de la misma forma, se exhorta a los titulares de SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, CONAFOR, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Tribunales Agrarios y el Gobierno del Estado de México para que revisen su participación en las autorizaciones y permisos en la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

Tercero.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que garantice y proteja los derechos de quienes se han organizado para defender su territorio y han sido objeto de intimidación, amenazas, persecución y represión por el Gobierno del Estado de México y gobiernos municipales de Lerma, Huixquilucan y Naucalpan y la empresa Autovan S.A. de C.V.

Cuarto.- El Senado de la República exhorta a las autoridades locales y federales competentes para que una vez realizada la revisión correspondiente y de ser procedente legalmente, se detenga de manera definitiva los trabajos del proyecto carretero, de la autopista Toluca-Naucalpan en las comunidades antes mencionadas.”

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta dictaminadora coincide con lo expresado por el proponente, en la necesidad de cuidar el entorno ecológico de las comunidades que se ubican en dicho proyecto carretero.

La autopista Naucalpan-Toluca tendrá una longitud de 39 kilómetros, tiene previsto un aforo de siete mil 400 vehículos por día, que circularán por cuatro carriles, dos en cada sentido. Esta vialidad canalizará los flujos vehiculares hacia y desde la ciudad de Toluca, de la región norte y poniente de la zona metropolitana del Valle de México que utilizan la actual autopista La Venta–Chamapa–Lechería, misma que actualmente opera con bajo nivel de servicio en horas pico de flujo vehicular, originando además una alternativa vial a la autopista México-Toluca.

De acuerdo a información, emitida el 15 de mayo pasado, la Secretaría de Comunicaciones del gobierno estatal1, informó que se incrementaron en 200 por ciento los puntos donde se labora para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, ya que en enero se registraban 15 frentes de trabajo y actualmente se tiene el registro de 49, esto con el objetivo de darle celeridad a esta vialidad, la cual conectará a los valles de México y Toluca. Informó que los trabajos, donde laboran 764 personas en distintos turnos, apoyados por 258 vehículos, se realizan en diferentes puntos a lo largo de 19.5 de los 39 kilómetros por los que correrá la nueva autopista, en la que se invertirán 7 mil millones de pesos y la cual registra un avance de 23 por ciento, esperando concluir los trabajos a finales del 2015 o principios del 2016.

En relación a la problemática que se ha presentado con algunas comunidades, la misma Secretaría de Comunicaciones ha declarado que de los 39 kilómetros los dos ejidos en conflicto abarcan 15 por ciento; destacando que se sigue trabajando con los inconformes por la vía estrictamente jurídica y en breve se alcanzaran acuerdos importantes.

Explicó que aún persisten inconformidades de ejidatarios y asociaciones ambientalistas, y que en materia de liberación del derecho de vía ya se tiene un avance del 98 por ciento, y en los casos en los que se tienen suspensiones de obra o algún tipo de conflicto, se atiende a través de las áreas jurídicas de la administración.

Añadió que se realizan trabajos conjuntos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano federal (Sedatu) y la Consejería Jurídica estatal para resolver los problemas actuales por la vía legal y con estricto apego a derecho. De acuerdo con la autoridad, esta obra vial es la primera a nivel nacional con enfoque verde, al procurarse el bien de la flora y fauna en la zona.

De igual manera, esta dictaminadora considera la inquietud de las comunidades que pudieran ser afectadas por la construcción de la autopista, y valoran la importancia ecológica y cultural, ya que es una reserva natural estatal con categoría de santuario del agua llamado “Bosque Otomí-Mexica”.

Para algunas de las comunidades indígenas, consideran que el lugar por donde se construye la autopista es una reserva natural con categoría de santuario del agua.

Refieren que el proyecto atraviesa el parque estatal “Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo”, que tiene influencia en la Región Hidrológica Prioritaria Cabecera del Río Lerma.

Mencionan que “La construcción de la carretera generará graves afectaciones al abastecimiento de agua a la ciudad de Toluca y al Sistema Cutzamala, que origina el líquido que todas y todos usamos, y causaría daños irreversibles a los ecosistemas y al entorno natural y cultural del sitio”.

Por otra parte, es necesario mencionar que, así como existen algunas comunidades inconformes; también existe un grupo importante de comuneros afines al proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan.

Debido a lo anterior, es que esta dictaminadora, se abocó a recopilar la información necesaria para poder emitir un acuerdo lo más apegado a derecho, procurando conocer a mayor detalle los hechos. Asimismo, considerando la importancia, que para el desarrollo de la entidad y de sus habitantes, tiene el proyecto carretero.

En relación a los hechos antes mencionados, y que se dice ocasionarán daños ecológicos y sociales en las comunidades indígenas de Xochicuautla, Ayotuxco y Huitzizilapan, ubicados en los municipios de Lerma y Huixquilucan, Estado de México, y en base a la información obtenida, se plantean las siguientes consideraciones:

PRIMERA. Efectivamente, el trazo del proyecto denominado Autopista Toluca-Naucalpan que desarrolla el Gobierno del Estado de México, conjuntamente con el federal, cruza por los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan, afectando una superficie mínima a las áreas protegidas “Santuario del Agua y Forestal Sub Cuenta Tributaria del Río San Lorenzo” y “Parque Otomí Mexica”, existiendo una autorización y estudio previo por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para el aprovechamiento condicionado de estas zonas naturales protegidas mediante oficio DFMARNAT/1681/2010  de fecha 28 de mayo de 2010.

SEGUNDA. Dicho proyecto carretero comprende la afectación y no la destrucción de 60.14 hectáreas de Bosque (601,400 m2), superficie 74 % menor a lo expresado por el Senador (2,300,000 m2), lo que implica una afectación mínima a las áreas verdes que actualmente fungen como zonas de recarga y pulmón de cualquiera de las zonas urbanas aledañas al trazo comprendido y ante lo cual, se efectuará la restauración ecológica dentro del derecho de vía (programa de autopista verde) a manera de corredor biológico de 20 metros lineales a partir del derecho de vía del lado derecho e izquierdo del proyecto carretero, con especies nativas, lo que restituye una parte del área verde que ya se ha perdido en toda la región por efecto de la actividad humana. Debe destacarse que las afectaciones a flora y fauna causadas por el proyecto, no serán significativas en función de la superficie de afectación, ya que las zonas por las que cruza el proyecto no tienen una fragilidad alta, por lo que con las medidas de mitigación y programas propuestos se remediaran dichas afectaciones.

TERCERA. Con respecto a que se pondría en riesgo la sustentabilidad de una zona estratégica para la captación de agua, debe manifestarse que el multicitado proyecto, fue modificado en su esquema original, a efecto de no poner en riesgo el afluente de los manantiales; para ello, se instauraron pasos elevados con una distancia considerable para salvaguardar la integridad de dichos manantiales. En referencia a los escurrimientos naturales, existen obras hidráulicas encaminadas a mitigar el daño posible a la captación de agua dentro del proyecto.

CUARTA. Sobre el resolutivo 212130000/DGOIA/RESOL/302 emitido el 21 de septiembre de 2009, por la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, debe decirse que la realización del citado proyecto carretero, se autorizó de manera condicionada en materia de Impacto Ambiental, hasta en tanto se obtuviera la autorización de SEMARNAT sobre el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la cual fue emitida por ésta dependencia federal mediante oficios DFMARNAT/1932/201 de fecha 9 de julio de 2010, DFMARNAT/2687/2010 de fecha 3 de septiembre de 2010, DFMARNAT/4377/2012 de fecha 26 de octubre de 2012 y DFMARNAT/4600/2012 de fecha 9 de noviembre de 2012. En materia también federal, debe considerarse que se cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental emitida con número de oficio DFMARNAT/1682/2010 de fecha 28 de mayo de 2010.

QUINTA. Sobre este mismo tema, debe tomarse en consideración que la autopista está considerada como “autopista verde”, lo que implica que durante su operación se implementarán las siguientes acciones: 1). Programa de Recuperación del Polígono III de las Ciénagas del Lerma. Aunque la autopista no cruza por ninguno de los tres polígonos de Las Ciénagas del Lerma, como medida de compensación se deberá contribuir al mejoramiento de la Ciénaga de Atarasquillo con el fin de recuperar su ecosistema. Dicho programa deberá realizarse en coordinación con la CONANP y deberán contemplar las obras y acciones que actualmente está desarrollando el Gobierno del Estado de México. 2). Programa de Rescate, Restauración, Reforestación y Conservación de Zonas Afectadas y del Derecho de Vía de la Autopista, donde se considera una porción de reforestación de 29:1, es decir, 1,500 hectáreas a lo largo de todo el trazo carretero a manera de corredor biológico, lo que permitirá compensar el área que será desmontada de 60.14 hectáreas. 3). Programa de Pago por Servicios Ambientales “Autopistas Verdes”, debiendo considerar el pago anual de los servicios ambientales por hectárea, basándose en los límites superiores de los programas similares de los gobiernos federal y estatal, y si estos se incrementan, también se deberán aumentar los pagos del Programa. La duración del Programa deberá ser de 30 años, cuyos pagos serán semestrales a titulares o a herederos. El pago a los actores o asociados se deberá realizará siempre que mantengan, incrementen y conserven los árboles, viveros, manantiales y humedales en sus terrenos afiliados al Programa.

SEXTA. Con respecto a los comentarios, reiterados, en el sentido de que no se ha consultado previamente a las comunidades indígenas, es menester manifestar que mediante asambleas celebradas al interior de los Núcleos Agrarios, se obtuvo la aprobación de dicho proyecto, actos que se han llevado a cabo con las formalidades que marca la ley.

SEPTIMA. Sobre la afirmación de la inexistencia de decretos expropiatorios por parte del Ejecutivo Federal, se informa que, derivado de las asambleas citadas en el punto que antecede, así como de la sustanciación de los requisitos y lineamientos que las normas en la materia señalan, actualmente se encuentran en trámite 8 procedimientos ante la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano correspondientes a igual número de núcleos agrarios, de los cuales existen 5 decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, que a continuación se enlistan:

● Santa María Tlalmilolpan (28-05-2014)

● San Lorenzo Huitzizilapan (28-05-2014)

● Jajalpa.  (06-06-2014)

● Santa María Atarasquillo. (06-06-2014)

● San Nicolás Peralta. (06-06-2014)

OCTAVA. En cuanto a las expropiaciones efectuadas por el Ejecutivo Estatal, debe señalarse que las áreas competentes de la ejecución de dichos procedimientos, han seguido las formalidades que marca la Ley de Expropiación para el Estado de México, donde no aplica la figura del convenio de ocupación previa, toda vez que se trata de propiedad privada, siendo enfáticos en señalar que se ha indemnizando conforme lo indica la Ley a los propietarios bajo los términos que marca el ordenamiento en cita, manifestando así la existencia de 3 Decretos publicados en Gaceta del Gobierno del Estado de México, que se mencionan a continuación:

● Santa Cruz Ayotuxco (15-10-2012)

● La Magdalena Chichicaspa (15-10-2012)

● San Francisco Chimalpa (15-10-2012)

NOVENA. Respecto a las asambleas comunales citadas, se ha dicho que las autoridades que intervienen en la ejecución de proyectos de esta naturaleza, han sido  respetuosas de la vida interna de las comunidades agrarias, aceptando los acuerdos y determinaciones que de ellas se emitan. Particularmente, sobre la asamblea realizada el día 13 de abril de 2014, en la comunidad de San Lorenzo Huitzizilapan, a la que se refiere el proponente, debe aclarase que su objeto no guarda relación alguna con el proyecto carretero.

DECIMA. Con respecto de los Juicios de Amparo, se está a la espera de que sean emitidas las sentencias definitivas que en derecho corresponda, mismas que serán acatadas en todos sus términos por las autoridades, como ha sido el caso de diversos juicios que se han resuelto a favor del proyecto; particularmente en uno de los tres casos que menciona el Senador, el 647/2011, es un juicio resuelto por el Tribunal Unitario Agrario correspondiente en marzo de 2013.

DECIMA PRIMERA. Finalmente, debe señalarse que como parte de las acciones de desarrollo de infraestructura que se implementan en la entidad, los proyectos de esta naturaleza traen aparejadas, número uno, obras y acciones de beneficio social que tienen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas que habitan en la zona y las cuales se han ejecutado en las poblaciones que se localizan a lo largo del trazo de la autopista y, número dos, mejoran la conectividad de las comunidades para ofrecer alternativas que permitan a sus habitantes acercarse a los grandes centros de desarrollo para impulsar la competitividad y el crecimiento.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Secretaría de Comunicaciones del  Gobierno del Estado de México, remitan un informe a esta soberanía, sobre el proceso de autorización y construcción de la Autopista Naucalpan-Toluca; asimismo, sobre los avances en la construcción de dicho tramo carretero.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.


1 http://edomexinforma.com/2014/05/trabajosautopistatoluca-naucalpan/#sthash.UyypfUce.dpuf





 

Otro que solicita a valorar los aspectos técnicos y financieros y efectuar modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2014 con el propósito de eliminar el requisito del documento expedido por el SAT para el otorgamiento de un subsidio, estímulos hasta por 60 mil pesos.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efectuar modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2014, a fin de que se determine que no se requiere la exhibición del documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en el supuesto del otorgamiento de un subsidio o estímulos hasta por $60,000.”, suscrita por el Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El proponente basa su petición en las siguientes consideraciones:

‹‹ Los gobiernos de un gran número de países han emprendido programas para hacer frente a los enormes retos que significan sus sistemas agroalimentarios.

Lo que destaca en esos programas y los estudios que los soportan es que dichos retos no son aislados, sino por el contrario, son integrales y cada país debe emprender acciones para enfrentarlos.

En el caso de nuestro país, se han establecido un amplio número de estudios que analizan diversos aspectos relacionados con el sector agroalimentario, a efecto de incidir en el desarrollo de las políticas públicas vinculadas con el sector. Para ello, ha implementado la figura de los subsidios cuyo objeto es impulsar sectores como la pesca o la agropecuaria.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra subsidio proviene del latín “subsidium” y significa socorro, ayuda o auxilio de carácter económico, en tanto que conforme las políticas públicas, el subsidio es un instrumento económico que utiliza el Estado con la finalidad de mejorar el bienestar general de la comunidad.

Mediante los subsidios se destinan recursos económicos para realizar estrategias que van desde el combate a la pobreza tanto en la ciudad como en el campo, la realización de obras públicas, en materia de vivienda, salud, educación, etc. donde los beneficiarios, ya sea población o gobiernos locales a los que van dirigidos deben cumplir algunos requisitos.

Ahora bien, la naturaleza jurídica del subsidio de acuerdo con lo señalado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un apoyo económico que debe cumplir con las características de generalidad, temporalidad y no afectación a las finanzas públicas, y cuya finalidad sea la de:

1. Apoyar las actividades económicas que para la economía nacional sean de orden prioritario.

2. Estimular a la organización de empresarios y consumidores, y

3. Racionalizar la producción y la creación de industrias de utilidad nacional

Los subsidios, son una atribución constitucional del Poder Legislativo y excepcionalmente del Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades reglamentarias, que consiste en una ayuda de carácter predominantemente económico que debe revestir las características de generalidad, temporalidad y no afectación a las finanzas públicas, con la finalidad de apoyar las actividades que para la economía nacional sean de orden prioritario, así como el estímulo a la organización de empresarios y consumidores, la racionalización de la producción y la creación de industrias de utilidad nacional, cuya vigilancia y evaluación de resultados debe realizar el Estado.

Ahora bien, corresponde al Estado Mexicano la rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento    económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, todo lo anterior conforme al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido y con el objeto de elevar la productividad del país como un medio para incrementar el crecimiento potencial de la economía nacional, se establecen      esquemas de apoyos o subsidios que se asignan mediante recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que a través de las Secretarias de Estado correspondientes se otorgan a los diferentes sectores productivos, con la  finalidad de fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias en el sector .

A este respecto, es preciso señalar que la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se ha distinguido en otorgar los subsidios necesarios para el apoyo los sectores agrícolas, pesqueros y ganaderos, con el objeto de garantizar la seguridad alimentaria del país.

En lo relativo a los subsidios o estímulos que se proporcionan al sector productivo antes mencionado, cabe destacar que en la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, se estableció que en el procedimiento que debe observarse en la aplicación de estímulos o subsidios contenidos en la regla 1.2.14, para los efectos del artículo 32-D, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos, deberán solicitar a los contribuyentes, previo a la recepción o autorización de un estímulo o subsidio, que presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, con excepción de las personas que no tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o cuando se otorgue un subsidio o estímulo hasta por $ 10 000. 00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), esto es, que hasta la citada cantidad, no se requiere la opinión del SAT para proceder a su pago.

De lo anterior se desprenden dos excepciones, a saber:

a. Que no se requiere la exhibición del documento expedido por el SAT en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en el supuesto de las personas que no tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

b. Que no se requiere la exhibición del documento expedido por el SAT en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en el supuesto del otorgamiento de un subsidio o estímulo hasta por $ 10 000. 00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.).

En lo relativo a la segunda excepción, el 28 de diciembre del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución Miscelánea Fiscal 2013, en la cual se modificó la excepción de que cuando se otorgue un subsidio o estímulo hasta por $ 30 000. 00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), no se requiere la opinión del SAT respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales para proceder al otorgamiento del beneficio correspondiente.

Sobre este tema, debemos destacar que la SAGARPA ha puesto en práctica políticas públicas para el apoyo decidido de los sectores anteriormente mencionados y asimismo, ha diseñado y está operando diversos programas de subsidios en apoyo a la    producción y la comercialización de los productos derivados de las actividades agrícolas, pesqueras y ganaderas, otorgando subsidios para dar viabilidad al desarrollo de dichos sectores.

Ahora bien, la modificación a las reglas para el otorgamiento de los subsidios en las que se determinó que cuando se otorgue un subsidio o estímulo hasta por $ 30 000. 00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), no se requiere la opinión del SAT para proceder al otorgamiento del mismo, es positivo, sin embargo, creemos que dicha cantidad se debe actualizar a las necesidades de los multicitados sectores, máxime que se debe considerar el potencial que tienen para el desarrollo de la economía nacional, motivo por el cual se propone una nueva modificación a la excepción, en la que se determine que cuando se otorgue un subsidio o estímulo hasta por $ 60 000. 00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.), no se requiere la opinión del SAT para proceder al otorgamiento de dicho estímulo o subsidio.

Resulta de la mayor importancia que los sectores productivos reciban apoyos del sector público para el fomento de sus actividades, por lo que la excepción relativa al otorgamiento de subsidios hasta por sesenta mil pesos en la que no se requiere la opinión del SAT para proceder al otorgamiento de los mismos, sea un estímulo para incentivar sus actividades y asimismo, constituyan un importante apoyo económico para evitar las crisis derivadas de condiciones climáticas, sanitarias, de mercado o disminuir su impacto en la economía de las comunidades.››

Con lo anterior, el Senador Barroso Agramont formula el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objeto de que efectúe modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2014, a fin de que se determine que no se requiere la exhibición del documento expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en el supuesto del otorgamiento de un subsidio o estímulo hasta por $ 60 000. 00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.).

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y  dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, coincidiendo en señalar lo siguiente:

En efecto, la Resolución Miscelánea Fiscal del 2011, estableció:

‹‹Para los efectos del artículo 32-D, penúltimo párrafo del CFF, las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos, deberán solicitar a los contribuyentes, previo a la recepción o autorización de un estímulo o subsidio, que presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, con excepción de las personas que no tengan obligación de inscribirse en el RFC.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes que deseen ser beneficiarios de los estímulos o subsidios, deberán solicitar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a las autoridades fiscales en términos de lo dispuesto por la regla II.2.1.12.››1

Asimismo, es cierto que la modificación a esta normatividad, asentó:

‹‹Para los efectos del artículo 32-D, penúltimo párrafo del CFF, las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos, deberán solicitar a los contribuyentes, previo a la recepción o autorización de un estímulo o subsidio, que presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, con excepción de las personas que no tengan obligación de inscribirse en el RFC o, cuando se otorgue un subsidio o estímulo hasta por $10,000.00.››2

Por otro lado, la Resolución Miscelánea Fiscal del 2013 señaló al respecto:

‹‹Para los efectos del artículo 32-D, penúltimo párrafo del CFF, las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos, deberán solicitar a los particulares, previo a la recepción o autorización de un estímulo o subsidio, que presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, con excepción de las personas que no tengan obligación de inscribirse en el RFC o cuando se otorgue un subsidio o estímulo hasta por $30,000.00.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los particulares que deseen ser beneficiarios de los estímulos o subsidios por un monto superior, deberán solicitar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a las autoridades fiscales en términos de lo dispuesto por la regla II.2.1.13., misma que tendrá una vigencia de tres meses, contada a partir del día siguiente en que sea emitida.››3

En este ejercicio fiscal, la Resolución Miscelánea Fiscal del 2014 asentó:

‹‹Para los efectos del artículo 32-D, sexto párrafo del CFF, las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos, previo a la entrega o autorización de un subsidio o estímulo, deben cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los beneficiarios, excepto de aquellos que no tengan obligación de inscribirse en el RFC o cuando se otorgue un subsidio o estímulo hasta por $30,000.00.

Las entidades y dependencias, previa firma del convenio de confidencialidad con el SAT a que se refiere la regla II.1.4., a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el citado órgano desconcentrado, generarán el documento en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales del beneficiario.

En caso de que el beneficiario no se encuentre inscrito en el RFC y deba estarlo, la entidad o dependencia podrá generar la inscripción en el citado registro a través de la misma aplicación, para ello requerirá la CURP vigente y domicilio.

Para tener derecho al subsidio o estimulo, la opinión del cumplimiento deberá ser positiva o inscrito sin obligaciones fiscales.

Cuando la opinión indique que el contribuyente se encuentra inscrito sin obligaciones fiscales, se tomará como positiva cuando el beneficiario no tenga ingresos superiores a los 40 salarios mínimos del área geográfica del contribuyente elevados al año, si el subsidio o estímulo rebasara los 40 salarios mínimos elevados al año del área geográfica del contribuyente, la opinión para otorgarle el subsidio deberá ser positiva.››4

Si bien es cierto que hay una tendencia por incrementar paulatinamente el monto del subsidio por el cual se exenta a los contribuyentes de presentar un “documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”, hay que tener en cuenta que no todos los subsidios o apoyos fiscales son de la misma naturaleza.

Hay subsidios tan directos e inmediatistas como el “Programa de atención Jornaleros Agrícolas” y otros tan indirectos y mediatos como el “Programa tu casa” o el “Programa Opciones Productivas”, de tal forma que incrementar el monto del subsidio por el cual no es exigible la opinión del SAT respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales, no beneficiaría solamente a los programas con subsidio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sino que tendría impacto en muchos otros programas.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de  Hacienda y Crédito Público, a valorar los aspectos técnicos y financieros, y en caso de ser procedente, efectuar modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2014, con el propósito de determinar la eliminación del requisito consistente en la exhibición del documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, para el otorgamiento de un subsidio o estímulos hasta por $60,000.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.

1 Resolución Miscelánea Fiscal para el 2011, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de enero de 2011. Regla I.2.1.14. “Procedimiento que debe observarse en la aplicación de estímulos o subsidios”.

2 Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre de 2011. Regla I.1.1.14. “Procedimiento que debe observarse en la aplicación de estímulos o subsidios.”

3 Resolución Miscelánea Fiscal para el 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012. Regla I.2.1.14. “Procedimiento que debe observarse en la aplicación de estímulos o subsidios”.

4 Resolución Miscelánea Fiscal para el 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2013. Regla I.2.1.15. Procedimiento que debe observarse en la aplicación de estímulos o subsidios.





 

Otro por el que la Comisión Permanente expresa sus condolencias a los familiares de los trabajadores que fallecieron a consecuencia del accidente que tuvo lugar en las instalaciones de la constructora ICA Fluor ubicadas en el municipio de Pueblo Viejo en Veracruz.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a Petróleos Mexicanos a tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes como el ocurrido en las instalaciones de la empresa ICA FLUOR en el estado de Veracruz, suscrita por el Diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

a. En sesión celebrada por la Comisión Permanente el miércoles 25 de junio de 2014, el Diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a Petróleos Mexicanos a tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes como el ocurrido en las instalaciones de la empresa ICA FLUOR en el estado de Veracruz.

b.  En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Tercera Comisión de trabajo para su análisis y    estudio.

El proponente señala que las enfermedades y accidentes de trabajo continúan   creciendo anualmente, generando millones de muertos y heridos a consecuencia de los mismos.

Asimismo, remarca que resulta preponderante fortalecer las medidas de prevención de accidentes y enfermedades en el seno de los centros de trabajo y comprender que la mayoría podrían ser evitables.

Por otro lado, señala que el pasado 11 de junio, tuvo lugar un accidente de trabajo en las instalaciones de una plataforma marítima que construye la empresa ICA FLUOR, en el municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, donde perdieron la vida 7 obreros cuando una plataforma marítima cayó de una grúa.

En el contenido del punto de acuerdo destaca su preocupación por las familias de los siete trabajadores petroleros que fallecieron a consecuencia del accidente en mención y las necesidades derivadas del deceso de los trabajadores, mismas que podrían ser subsanadas a través de prestaciones, indemnizaciones, pensiones y ahorros.

Por lo anteriormente expuesto, el proponente plantea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente expresa sus condolencias a las familias de los siete trabajadores petroleros que fallecieron a consecuencia del accidente de trabajo que tuvo lugar el 11 de junio de 2014, dentro de las instalaciones de la empresa ICA FLUOR, en el Estado de Veracruz, al estarse construyendo una plataforma marítima para  PEMEX.

SEGUNDO-. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,  al Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a dar todo el apoyo necesario a los familiares de las víctimas, para recibir las prestaciones, indemnizaciones, pensiones, ahorros y demás a que tienen derecho.

TERCERO.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a PEMEX, a que  inicien las investigaciones que proceden en el caso para el deslinde de responsabilidades, al propio tiempo adopte las acciones necesarias para la prevención de los riesgos de trabajo en el industria petrolera, especialmente tratándose de las empresas subcontratistas para que cumplan con las disposiciones en materia de seguridad e higiene y prevención de los riesgos de trabajo, destacadamente en el marco de la Reforma Constitucional en Materia de Energía.

CUARTO-. La Comisión Permanente exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión, para que en el marco de la regulación de los contratos con empresas privadas que permite la Reforma Constitucional en Materia de Energía, se incluyan de manera prioritaria cláusulas en materia de seguridad e higiene y prevención de los riesgos de trabajo.

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

PRIMERA.- La empresa de ingeniería y construcción ICA participa en el sector energético a través de ICA FLUOR DANIEL, que construye instalaciones como plataformas marinas para Pemex.

Actualmente, la empresa construye tres plataformas para Pemex Exploración y Producción en un complejo ubicado en la localidad de Mata Redonda, municipio de Pueblo Viejo, al norte del Estado de Veracruz.

SEGUNDA.- De acuerdo con información dada a conocer por Protección Civil del Estado y medios de comunicación estatal, el pasado 11 de junio, durante los trabajos para construir una plataforma marítima petrolera para Pemex, una canastilla con obreros se desplomó de una altura de casi 30 metros. La estructura metálica de unos 500 kilogramos sostenida por una grúa en la que laboraban cayó a tierra sobre otro grupo de obreros.

La estructura se precipitó y se impactó contra el suelo en el área conocida como Jacket de Ayatzil.

A causa del accidente murieron Gerardo Daniel Vázquez Espinoza, de 21 años de edad; Marco Antonio Garcés Cervantes, de 36, Miguel Angel Silva Borjas, de 39, Porfirio del Angel del Angel, de 54 años de edad; Juan Armando Moctezuma Mena, de 31, y José de Jesús del Angel del Angel, de 27 años.

El séptimo fallecido es Ricardo González Domínguez, de 43 años, quien perdió la vida cuando era atendido en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Madero, Tamaulipas,  ahí mismo era atendido con lesiones de gravedad Arturo del Angel Romero, de 19 años.

Elementos de Protección Civil del Estado, iniciaron las tareas de rescate de los empleados. Asimismo, la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz dio a conocer que inició una investigación en torno al accidente.

En tanto, Pemex  a través de su cuenta de Twitter (@Pemex), informó lo siguiente: Lamentamos el fallecimiento de trabajadores de la empresa ICA durante los trabajos de construcción de una plataforma.

Por otra parte, la paraestatal informó que el accidente ocurrió en el patio de maniobras de la compañía ICA FLUOR DANIEL, ubicada en el municipio de Pueblo Viejo, Veracruz.

Los trabajadores que lamentablemente fallecieron y los que resultaron lesionados, son empleados de ICA, no trabajadores de Petróleos Mexicanos.

TERCERA.- Los integrantes de la Tercera Comisión compartimos la preocupación del proponente por el fallecimiento de siete trabajadores a consecuencia del accidente que tuvo lugar el 11 de junio de 2014, en el estado de Veracruz.

CUARTA.- Derivado del deceso de los trabajadores, surgen necesidades económicas para los miembros de las familias de los mismos, por lo que esta dictaminadora acuerda exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de revisar la situación laboral de los trabajadores, para que en caso de ser procedente, brinde facilidades a las familias de los acaecidos, a efecto de otorgar certeza económica, según corresponda.

En este contexto, es importante destacar que los empleadores tienen como responsabilidad garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos que estén bajo su control sean seguros y no entrañen riesgo alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores.

QUINTA.- Resulta imperante la determinación de las causas que originaron el accidente y hacer el deslinde de responsabilidades, que en su caso, sea procedente. Por lo que, consideramos oportuno acompañar al Diputado en su propuesta de exhortar a las autoridades correspondientes a fin de iniciar las investigaciones que al caso correspondan para deslindar responsabilidades.

SEXTA.- En consecuencia, resulta necesario exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a Petróleos Mexicanos a realizar una investigación de los hechos a efecto de determinar las causas o motivos que pudieron originar el accidente ocurrido y, en su caso, emitir el dictamen correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa sus condolencias a las familias de los siete trabajadores petroleros que fallecieron a consecuencia del accidente que tuvo lugar el 11 de junio de 2014, en las instalaciones de la constructora ICA FLUOR DANIEL, ubicadas en la comunidad de Mata Redonda, municipio de Pueblo Viejo, en el Estado de Veracruz.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que, en caso de ser procedente, brinde el apoyo necesario a los familiares de las víctimas, a fin de recibir las prestaciones e indemnizaciones correspondientes.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a Petróleos Mexicanos, a iniciar las investigaciones que correspondan a efecto de determinar las causas que originaron el accidente ocurrido el pasado 11 de junio de 2014, en la Plataforma Marítima del Municipio de Pueblo Viejo, en el Estado de Veracruz.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.





 

Otro que exhorta a implementar campañas para el fomento de turismo así como acciones de protección y conservación de la zona arqueológica de Calakmul.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Gobierno de Campeche, a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a establecer acciones que protejan y fomenten el turismo en la zona arqueológica de Calakmul suscrito por el Diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 3 de julio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, el proponente manifiesta sustancialmente lo siguiente:

La importancia que reviste la zona arqueológica de Calakmul y sus bosques tropicales como patrimonio mundial, y su reciente  categoría de un “bien mixto”, declarada por la UNESCO el pasado 21 de junio del presente año, mediante el Comité del Patrimonio Mundial, reunido en Doha, Qatar, toda vez que éste se destaca por sus características culturales y naturales, además de contar con más de 3 mil hectáreas que albergan vestigios de una antigua ciudad maya, misma que se encuentra rodeada de importantes extensiones de selva tropical y subtropical.

A partir de anterior el proponente formula el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Turismo y de Medio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Gobierno del Estado de Campeche y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que de forma coordinada establezcan acciones que protejan y fomenten el turismo en la zona arqueológica de Calakmul, recientemente declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Turismo para que a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo se invierta en la promoción y desarrollo de la zona arqueológica de Calakmul.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

La investigación y preservación de la historia es de gran importancia para un país como el nuestro, el cual cuenta un pasado milenario, respaldado por un sin fin de elementos como son documentos, fotografías, monumentos y zonas arqueológicas, las ultimas de gran importancia, ya que son estas las que nos remontan a las raíces de nuestra cultura y tradiciones.

Las zonas arqueológicas fungen como registro principal de los acontecimientos pasados, estudiados por la ciencia denominada arqueología. Actualmente, México cuenta con 187 zonas arqueológicas, las cuales están bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

A partir del año de 1987, con la declaración del Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en ingles), nuestro país se ha caracterizado por contar hasta la fecha con 26 nombramientos en la categoría de patrimonio cultural y cinco de patrimonio natural, aun cuando quedan muchos sitios que pueden acceder a tales nombramientos.

En este contexto, una de las zonas arqueológicas que más han causado interés es Calakmul, en el Estado de Campeche.

Si bien es cierto que la Antigua Ciudad Maya de Calakmul ya estaba inscrita en la lista de la Unesco desde 2002 como bien cultural, el pasado 21 de junio del presente año, la UNESCO mediante el Comité del Patrimonio Mundial, reunido en Doha, Qatar, nombró a la zona arqueológica de Calakmul y sus bosques tropicales como patrimonio mundial, otorgándole la categoría de un “bien mixto”, toda vez que éste se destaca por sus características culturales y naturales, en virtud de que, gracias a que sus más de 3 mil hectáreas albergan los impresionantes vestigios de una antigua ciudad maya, misma que se encuentra rodeada de importantes extensiones de selva tropical y subtropical.

Ubicada aproximadamente a 30 kilómetros de la frontera con Guatemala, al sureste del Estado de Campeche, Calakmul (nombre maya que significa “Dos Montículos Adyacentes”) fue descubierta a finales de 1931 por el explorador norteamericano Cyrus Lundell, esta ciudad desempeñó un papel de primer plano en la historia de la región durante más de doce siglos y gracias a la investigación y exploración que se ha realizado en la zona, actualmente se sabe que durante los años 250 a 750 de nuestra era, esta ciudad prehispánica fue el centro del llamado “Reino de la Cabeza de Serpiente”, el cual conjuntaba diversos sitios de las Tierras Bajas Mayas.

Debemos de tener presente que el término patrimonio, tal y como lo concibe la UNESCO, se refiere al conjunto de bienes heredados que se viven en el presente y que deben ser protegidos y conservados, para ser transmitidos a las futuras generaciones, de tal forma que Calakmul representa con precisión el concepto anterior, ya que sus imponentes estructuras y zonas aledañas se encuentran en un estado de conservación admirable y ofrecen una vívida imagen de lo que era la vida en una antigua capital maya.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coinciden en la necesidad de conservar nuestras regiones culturales y naturales, y más aún cuando en el caso del patrimonio mundial se está integrado por bienes o sitios que poseen un valor universal excepcional, es decir, que tienen una importancia cultural o natural extraordinaria, que trascienden fronteras y tienen un significado especial dentro de la historia de la humanidad, tal es el caso de la zona arqueológica de Calakmul.

Asimismo, se estima que Calakmul es una de las zonas arqueológicas más ricas de México, ya que alberga la Antigua Ciudad Maya y bosques tropicales de gran valor ecológico, además de tener guardados cientos de vestigios arqueológicos aún por descubrir, ya que la zona posee vestigios casi intactos del desarrollo de la civilización maya dentro de la selva tropical y, además, conserva otros elementos como sistemas de defensa, canteras, embalses o terrazas agrícolas, entre otros.

En cuanto a la naturaleza, el sitio es una importante zona de captación de agua y hay una gran biodiversidad y abundancia de especies de flora y fauna, algo que fue muy apreciado por los mayas, que lo representaron en sus pinturas, cerámicas, esculturas o rituales.

Es con base a lo anterior que esta Comisión dictaminadora coincide con el proponente para exhortar al Gobierno del Estado de Campeche, a las secretarías de Turismo y de Medio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que, de forma coordinada, implementen campañas para el fomento del turismo, así como acciones de protección y conservación de la zona arqueológica de Calakmul, a partir del diseño de rutas especiales de visita para no dañar el medioambiente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche, para que de forma coordinada implementen campañas para el fomento del turismo, así como acciones de protección y conservación de la zona arqueológica de Calakmul.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.





 

Otro que exhorta a analizar la factibilidad de incorporar al municipio de San Buenaventura en la zona metropolitana de la región centro del estado de Coahuila de Zaragoza.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Dirección General de la Coordinación Metropolitana, adscrita a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a incorporar el municipio de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, en la zona metropolitana de la región centro de la entidad, correspondiente a Monclova-Frontera-Castaños y que se efectúen los estudios técnicos, suscrita por la Diputada Federal Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 3 de julio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La diputada proponente solicita exhortar a la Dirección General de la Coordinación Metropolitana, adscrita a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que incorpore al municipio de San Buenaventura en el estado de Coahuila de Zaragoza, a la Zona Metropolitana de la Región Centro de dicha entidad. Además, exhorta al área de la dependencia  mencionada para que realice los estudios técnicos necesarios con objeto de reconocer a la región carbonífera, integrada por los Municipios de Sabinas y San Juan de Sabinas, como Zona Metropolitana del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En la Proposición con Punto de Acuerdo se explica que conforme al Manual  para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una Zona Metropolitana se define como:

El conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.

Para que un espacio territorial pueda ser catalogado como Zona Metropolitana por las instancias estatales y federales, debe poseer determinados rasgos físicos, los cuales en nuestro país se encuentran establecidos en el instrumento denominado Delimitación de Zonas Metropolitanas 2010, elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Al respecto, se menciona que, de acuerdo a sus características, lo municipios metropolitanos se clasifican en tres grupos: “municipios centrales, municipios exteriores definidos con base en criterios estadísticos y geográficos y los municipios exteriores definidos con base en criterios de planeación y política urbana.”

La proponente señala que en este tipo de zonas se tienen necesidades específicas, al requerir la integración de las economías y costumbres de personas originarias de  municipios distintos; las cuales “en muchas de las ocasiones no puedan ser satisfechas por los gobiernos municipales viéndose rebasados y limitados en su funcionamiento.” En función de lo anterior, se subraya que “resulta importante atender el incremento en la urbanización desde los Gobiernos estatales, así como desde el Gobierno federal, ya que pasarlos por alto ocasionaría graves repercusiones, como lo es el crecimiento no planificado y desordenado de los asentamientos humanos, lo que contribuye a generar desigualdad, segregación social y territorial; inseguridad pública, desabasto de agua, servicios públicos deficientes y de mala calidad, contaminación, tráfico vehicular e ingobernabilidad.”

La diputada observa que las asignaciones de recursos económicos establecidas en el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación coadyuvan a “la distribución de los recursos públicos por parte de la Federación hacia el incremento planificado de las zonas urbanas en México” y constituyen un importante beneficio que permite a las Zonas Metropolitanas hacer frente a sus requerimientos en materia infraestructura, equipamiento y servicios públicos, derivados de los efectos propios de la conurbación.

En la Proposición con Punto de Acuerdo se argumenta que el municipio de San Buenaventura, en el estado de Coahuila de Zaragoza, se encuentra inmerso en la dinámica que presentan las Zonas Metropolitanas y requiere ser incorporado a la Zona Metropolitana de la Región Centro de dicha entidad -correspondiente a Monclova-Frontera-Castaños- con la finalidad de lograr una “mayor integración con las regiones circundantes del estado y fortalecer los intercambios en sus sistemas de convivencia urbana de los centros de población” mencionados.

Al respecto, se refiere que de acuerdo a un estudio realizado por la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial del Estado, San Buenaventura “cumple con los criterios establecidos por el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de Zonas Metropolitanas (SEDESOL- INEGI-CONAPO), ya que su localidad principal está ubicada a no más de 10 kilómetros por carretera pavimentada y de doble carril, de la localidad o conurbación que dio origen a la zona metropolitana en cuestión”

Se explica que San Buenaventura “está a menos de diez kilómetros del inicio de la mancha urbana de la conurbación Monclova-Frontera (…), al menos 15 por ciento de su población ocupada residente trabaja en los municipios centrales de la zona metropolitana, o bien, 10 por ciento o más de la población que trabaja en el municipio reside en los municipios centrales de esta última (…) y se estima que se tiene un porcentaje de población económicamente activa ocupada en actividades industriales, comerciales y de servicios mayor o igual a 75 por ciento.”

Respecto a la solicitud que se plantea para la realización de los estudios técnicos que permitan incluir a la región carbonífera -integrada por los Municipios de Sabinas y San Juan de Sabinas- como Zona Metropolitana del Estado de Coahuila de Zaragoza, se plantean los siguientes elementos para justificar la inclusión y la realización del análisis mencionado:

• El 15 de junio de 2011, el Gobierno de Coahuila de Zaragoza  declaró a La Carbonífera, integrada por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, como una quinta Zona Metropolitana.

• No obstante que el municipio de Múzquiz está considerado en la declaratoria referida en el punto anterior, aún no cuenta con los elementos suficientes para ser considerado como municipio metropolitano; sin embargo, Sabinas y San Juan de Sabinas ya cumplen con los supuestos previstos en los criterios de delimitación de zonas metropolitanas.

• El papel que juegan las cabeceras municipales de Sabinas y San Juan de Sabinas en la región, hacen necesario que la región se provista de “la infraestructura, equipamiento y servicios en cantidad, oportunidad y calidad suficientes para atender a la población local y la de su área de influencia.”

• La Región Carbonífera “se ha rezagado en relación con las otras regiones del estado, produciéndose en consecuencia algunos desequilibrios que es necesario atender.”

• “Es importante  lograr una mayor integración con las regiones circundantes del estado y fortalecer la infraestructura, el equipamiento y servicios, propiciando la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas en sus sistemas de convivencia urbana de los centros de población de Sabinas y Nueva Rosita del Municipio de San Juan de Sabinas.”

• “Es imprescindible fortalecer los apoyos que permitan a la región mejores condiciones de calidad de vida de sus habitantes, mediante la coordinación de políticas gubernamentales y el consenso de los sectores social y privado, aunado al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico de espacio territorial de las zonas metropolitanas.”

• La continuidad física entre Sabinas y Nueva Rosita -cabecera de San Juan de Sabinas- producto de la existencia entre ambas ciudades de los asentamientos humanos de Agujita, con 8,419 habitantes; y Cloete, con 4,000 habitantes; justifica la “metropolización” de dichos territorios, tomando en cuenta que comparten “equipamiento y servicios de salud, educación y abasto entre otros, interactuando económica y socialmente en una unidad territorial que funciona como Zona Metropolitana.”

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen. Se observa que la solicitud que plantea la diputada proponente respecto a la inclusión del municipio de Buenaventura es congruente con el marco jurídico vigente, respecto a la delimitación de las Zonas Metropolitanas; y con los criterios públicos existentes en torno a la administración del Fondo Metropolitano, incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. Sin embargo, la propuesta de incorporar a la región carbonífera como Zona Metropolitana, no cumple con las condiciones estipuladas en la normatividad referida.

En función de la colaboración interinstitucional establecida para la determinación de las Zonas Metropolitanas, se propone modificar la redacción de los resolutivos para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), sin especificar la dirección responsable de atender la propuesta que se plantea.

La solicitud que se realiza a la SEDATU es congruente con las facultades estipuladas para dicha dependencia en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En este sentido, se destaca lo estipulado en el inciso c) de la fracción I y en las fracciones X y XVII de dicho ordenamiento:

Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:

a)…

c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios;

X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado;

XVII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo convengan;

La justificación que realiza la proponente para la inclusión del municipio de Buenaventura en la Zona Metropolitana Centro del Estado de Coahuila de Zaragoza se considera suficiente para que la propuesta sea atendida, en función de los criterios estipulados en la normatividad sobre el tema; sin embargo, la determinación de la región carbonífera como Zona Metropolitana, no se ajusta a dichos criterios.

En este sentido, resulta importante observar nuevamente la definición de Zona Metropolitana establecida en el documento titulado Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010, el cual es la referencia pública más reciente en torno al proceso de determinación de dichas zonas:1

Se define como zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica. También se incluyen a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas de las zonas metropolitanas en cuestión.

Adicionalmente, se define como zonas metropolitanas a todos aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.

De acuerdo a la redacción estipulada en la parte final del primer párrafo de la definición anterior, y atendiendo a los planteamientos expresados por la proponente, resulta claro que el municipio de Buenaventura posee características que resultan “relevantes para la planeación y política urbanas” de la Zona Metropolitana de la Región Centro del Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente a Monclova-Frontera-Castaños.

Al ser flexible la definición de Zona Metropolitana en cuanto a la incorporación de municipios, las características territoriales, poblacionales, sociales y urbanas de Buenaventura permiten que sea considerado como parte de una Zona Metropolitana establecida previamente. Lo anterior no es aplicable a la solicitud planteada en el segundo resolutivo, el cual solicita la creación de una nueva Zona Metropolitana, ya que ninguno de los municipios referidos en la Proposición con Punto de Acuerdo cumple con los criterios poblacionales al respecto: 50 mil o más habitantes.

Resulta relevante señalar que no existe claridad en nuestro marco normativo respecto a la actualización y temporalidad en la revisión, tanto de la definición como de los criterios de delimitación de las Zonas Metropolitanas. De acuerdo al objetivo planteado por la diputada proponente, en torno a la obtención de recursos del Fondo Metropolitano es posible observar los criterios establecidos en las  Reglas de Operación del Fondo Metropolitano que regulan la aplicación de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

En este documento, al señalar la población objetivo, se establece la siguiente salvedad:

Población Objetivo: La que se encuentre asentada en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que formen parte de las zonas metropolitanas indicadas en el numeral anterior (se refiere a las zonas metropolitanas incluidas en el Anexo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014) conforme a la delimitación que emita el grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el caso de que las entidades federativas hayan publicado alguna delimitación de la respectiva zona metropolitana y se registren diferencias con la emitida por el grupo interinstitucional previsto en el párrafo anterior, se podrán acordar las adecuaciones que se requieran para dicha delimitación.

Dicho criterio haría factible la posibilidad de incluir como beneficiaria del Fondo Metropolitano a La Carbonífera, al haberse consolidado Zona Metropolitana con la declaración del Gobierno de Coahuila de Zaragoza, el 15 de junio de 2011. Sin embargo, esta posibilidad se enmarca en los términos de un proceso de análisis y revisión para la incorporación de proyectos que ya ha culminado y resulta ajeno a los alcances a la Proposición del Punto de Acuerdo objeto de revisión.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a analizar la factibilidad técnica, económica y jurídica de incorporar al municipio de San Buenaventura, en la Zona Metropolitana de la Región Centro (Monclova-Frontera-Castaños) del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.

1 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Delimitacion_de_Zonas_Metropolitanas





 

Otro que exhorta al Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a informar sobre el Estado que guarda una recomendación de la Auditoría Superior de la Federación en el informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2011.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar atención inmediata a las propuestas de la Auditoría Superior de la Federación contenidas en su informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, para instruir al Comité Técnico del FONADIN en relación a la “Delimitación de las modalidades de financiamientos para otorgar apoyos recuperables”, presentada por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Guillermo Sánchez Torres y Fernando Belaunzarán Méndez.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 03 de julio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A) Esta proposición se basa principalmente en las siguientes consideraciones:

“A) El 7 de febrero de 2008 mediante un decreto presidencial, se ordenó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, modificar el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) para transformarse en un nuevo Fideicomiso llamado Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), en el proceso se trasmitirían los fines, el patrimonio, y proyectos del FARAC al FONADIN, para que en su oportunidad el primero se extinguiera:

B) El objeto y el fin del FONADIN es promover y fomentar la participación de los sectores, público, privado y social en el desarrollo de infraestructura y sus servicios públicos, mediante la realización de inversiones y el otorgamiento de apoyos recuperables y en su caso, a través de la contratación de garantías a proyectos financieramente viables, así como apoyos no recuperables a proyectos rentables socialmente

C) Las principales actividades del FONADIN son: otorgar créditos subordinados y/o convertibles, garantía y aportaciones de capital, de manera que se impulse la participación del sector privado y social en la infraestructura; apoyar con garantías la participación de las empresas constructoras mexicanas en las licitaciones de proyectos; movilizar el capital privado hacia el financiamiento de proyectos de infraestructura; fortalecer la infraestructura del Gobierno Federal, los Estados y Municipios para una adecuada prestación de servicios públicos; entre otras.

D) El FONADIN dispone de BANOBRAS2en su carácter de agente financiero y mandatario del Gobierno Federal fungirá como el fideicomitente y el mismo BANOBRAS en su carácter de institución fiduciaria sería el fiduciario del fideicomiso.

E) Cuenta con un Comité Técnico, el cual tiene las facultades de establecer las políticas generales y definir las prioridades para el cumplimiento del objeto y fines del fideicomiso, así como aprobar y en su caso modificar las reglas de operación del fideicomiso, en las cuales se establecen las políticas y los lineamientos a que deberán sujetarse los subcomités de trabajo que constituya, así como al propio fiduciario para la toma de decisiones

F) La Auditoria Superior de la Federación (ASF) en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 presenta los resultados de la auditoría 11-2-06G1C-02-0128, los datos que se desprenden de esta auditoría reflejan que el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables; ya que en julio del 2011 el FONADIN otorgó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) un apoyo recuperable por 1 817.06 millones de pesos, bajo la modalidad de crédito simple para liquidar el crédito de Asociación en Participación y los intereses generados hasta ese momento para realizar el Proyecto Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa del Pacifico; sin embargo en las reglas de operación del FONADIN no se tiene previsto el otorgamiento de recursos bajo esta modalidad. De conformidad con el numeral 3.3 de las Reglas de Operación (ROP) del FONADIN

 “Apoyos recuperables.- recursos que otorgue el fideicomiso bajo las modalidades de Financiamiento que autorice su Comité Técnico y que tengan una fuente de recuperación, entre las cuales podrán estar las siguientes: Financiamiento a los gobiernos estatales y municipales para la realización de estudios y contratación de Asesorías; garantías de crédito, bursátiles, de desempeño y de riesgo político, para financiar las inversiones de los Proyectos de Infraestructura; aportaciones de capital y Créditos Subordinados y/o Convertibles a las Empresas Beneficiarias de los Proyectos de Infraestructura y fondos de inversión.”

G) Derivado de la auditoría, la ASF hace una recomendación puntual a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que en su carácter de fideicomitente único de la administración pública centralizada del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, en el ámbito de sus atribuciones instruya al Comité Técnico para que delimite en sus reglas de operación las modalidades de financiamientos para el otorgamiento de apoyos recuperables; derivado del caso de FONATUR mencionado en el numeral 6 de este documento.

H) Es preciso que en tanto la SHCP instruya al Comité para modificar las reglas de operación, este proporcione soluciones a las deficiencias señaladas por la auditoria y modifique las reglas de operación del FONADIN en relación al tema de los apoyos recuperables, para que se establezcan de forma clara y concisa todos los tipos de crédito que otorga y así poder otorgar certeza jurídica al respecto.

I) En una visita reciente a la página oficial del Fondo Nacional de Infraestructura http://www.fonadin.gob.mx/wb/fni/reglas_de_operacion; se constató que en la parte inferior de la página aparece una pestaña titulada “Reglas de Operación”, mismas, que en su numeral 3.3 establecen de manera literal lo descrito en el punto 6 del presente documento; lo que evidencia que hasta la fecha, después de 3 años no ha sido atendida la recomendación de la ASF respecto a la adecuación de las ROP.”

B.  Con lo anterior formula el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray Caso a dar atención inmediata a las propuestas de la Auditoria Superior de la Federación contenidas en su Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2011, para instruir al Comité Técnico del FONADIN en relación a la “delimitación de las modalidades de financiamientos para otorgar apoyos recuperables”, derivado del crédito simple que concedió a FONATUR por 1 817.06 millones de pesos. Asimismo haga del conocimiento público el por qué no se ha atendido la recomendación después de tres años.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y  dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la intención y motivación del proponente con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta representación, realizando un análisis pormenorizado del presente asunto, observamos que la solicitud de los promoventes ya ha sido atendida, respecto a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de atención inmediata a las propuestas de la Auditoría Superior de la Federación contenidas en su Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2011, para instruir al Comité Técnico del FONADIN en relación a la “delimitación de las modalidades de financiamientos para otorgar apoyos recuperables”, derivado del crédito simple que concedió a FONATUR por 1 817.06 millones de pesos. Asimismo haga del conocimiento público el por qué no se ha atendido la recomendación después de tres años.

No obstante lo anterior, esta dictaminadora señala que, se ha dejado abierta la posibilidad de que BANOBRAS informe sobre el particular en carácter de fideicomitente de FONADIN.

Adicional a lo anterior, este órgano dictaminador señala que el presente asunto se desprende de la recomendación 11-2-06G1C-02-0128-01-001 emitida por la Auditoria Superior de la Federación en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS), a informar a esta Soberanía el estado que guarda la recomendación 11-2-06G1C-02-0128-01-001 de la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.





 

Otro que exhorta a la Comisión Nacional de Agua a analizar la factibilidad de implementar un programa hídrico integral para cuenca del río Laja, ubicado en el estado de Guanajuato.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Comisión del Agua a que de forma urgente y en coordinación con el Organismo de Cuenca correspondiente, elaboren e implementen un programa hídrico integral para la Cuenca del río Laja, suscrita por el Diputado José Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Menciona el proponente que “por los numerosos poblados por los que atraviesa el Río Laja, ha sido objeto de la atención de un grupo de Ciudadanos que han establecido la organización denominada “Salvemos al Río Laja AC” de sus publicaciones extraemos diversa información que dan cuerpo a la presente propuesta:

“…El río La Laja, es uno de los afluentes más importantes del río Lerma, nace a unos dos mil 950 metros sobre el nivel del mar, en la vertiente oriental de la Sierra de Guanajuato, concretamente en el Cerro de San Juan, localizado a unos 22 kilómetros al noreste de la ciudad de León, y tiene un recorrido máximo a lo largo de su colector principal de 250 kilómetros.”

Que su cuenca se encuentra situada en la parte centro-noroeste del estado, limitando al norte con la del río Pánuco, al sur con la del río Lerma, al este con el estado de Querétaro y al oeste con las de los ríos Guanajuato-Silao y Temascatio; el área de su cuenca se estima en nueve mil 679 kilómetros cuadrados de éstos dos mil 33 kilómetros cuadrados (21.0 %) se ubican en el estado de Querétaro y siete mil 646 kilómetros cuadrados (79.0 %) en el de Guanajuato.

Que la cuenca comprende los municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Comonfort, Apaseo El Grande, Villagrán y parcialmente Ocampo, San Felipe, Apaseo El Alto, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Salamanca, Doctor Mora, San José Iturbide, León, Guanajuato, Celaya, Santa Cruz de Juventino Rosas, Jerécuaro y Cortazar

En 1534 ya durante el Virreinato, se le dio el nombre de La Laja, por las piedras planas de este mismo nombre que el río arrastra en Dolores Hidalgo.

Que la Cuenca Alta del Río Laja se localiza en el estado de Guanajuato en la región central del semidesierto mexicano, constituye un corredor vital para la vida silvestre local y migratoria y el territorio de numerosas comunidades locales. El Río Laja es tributario del río Lerma, uno de los ríos más grandes de México que comprende al principal corredor industrial del país y que fluye hasta desembocar en el Lago de Chápala.

Que hoy en día la Cuenca del Río Laja está severamente dañada, pues aun cuando todavía cuenta con áreas de bosque y zonas conservadas, el crecimiento de la población, la conversión de las zonas forestales al uso agrícola y/o ganadero, la sobreexplotación del acuífero subterráneo y la degradación de los sistemas acuáticos, ha impactado no sólo en los ecosistemas sino también en los sistemas productivos de los cuales depende la supervivencia de la población de la Cuenca.

Que la cuenca alta del río Laja, tiene un uso preponderantemente agropecuario, donde el uso con fines ganaderos representa el 47%, (bovino, ovino y caprino), la agricultura de temporal y de riego representa el 34.14% (con cultivos como maíz, frijol, trigo, chile verde, avena forrajera, alfalfa y hortalizas), el uso forestal representa el 11.83% (principalmente leña y carbón de encino) y el 7.03% que corresponde a otros usos tales como el turismo, la minería (de beneficio) y de cerámica y la pesca.

Que no obstante constituir un área esencial para la captación de agua de lluvia que provee al bajío guanajuatense, una de las regiones agrícolas más importantes del país, en la Cuenca Alta del río Laja se reporta una alta siniestralidad en zonas “temporaleras” (53% en promedio) y una baja rentabilidad del campo, induciendo la migración de los campesinos a las ciudades y los Estados Unidos, con el consecuente abandono y deterioro.

Que la cuenca del río Laja se encuentra severamente dañada por la sobreexplotación del acuífero subterráneo, el deterioro y contaminación de los sistemas acuáticos, asociada a la producción industrial y la conversión de las zonas forestales al uso agrícola y ganadero.

Asevera el Diputado que, la calidad del agua de la cuenca se ha visto alterada por las descargas residuales de las poblaciones de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, que confluyen en la Presa Ignacio Allende, posteriormente, se unen a esta cuenca las aguas del Río Querétaro que lleva materia orgánica y desechos industriales de dicha ciudad y antes de unirse al río Lerma, recibe las aguas residuales de Cortazar, Villagrán y las aguas residuales vertidas por las diferentes industrias que se asientan en la periferia de la ciudad de Celaya.

Que en la ciudad de Celaya, el agua se puede clasificar como fuertemente contaminada por el impacto de descargas de aguas residuales crudas municipales y no municipales; ya en su descarga al río Lerma, el agua se ha encontrado con una demanda química de oxigeno entre 40 y 200 mg/l, por lo que se clasifica como contaminada con descargas de aguas residuales crudas principalmente municipales.

Que las 77 poblaciones que tienen ente 2 mil 501 a 20 mil habitantes, seis ya tiene un sistema de tratamiento, por lo que está pendiente la construcción de 71 plantas de tratamiento de aguas residuales.

Por último el legislador señala, que en ese sentido, para las poblaciones con más de 2 mil 500 habitantes en la cuenca del río Laja se estima que se requiere una inversión de aproximadamente 500 millones de pesos, para complementar los sistemas existentes y construir los que faltan.

Para las 764 comunidades con menos de 2 mil 500 habitantes de la cuenca del río Laja, y que no cuentan con sistema de tratamiento de aguas residuales, se requiere una inversión estimada en 873 millones de pesos.”

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.- De conformidad con la Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 3°, Fracción XII, define a la “Comisión Nacional del Agua”, como “el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley de Aguas Nacionales y los distintos ordenamientos legales aplicables; los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República, así como los programas especiales y asuntos que deba ejecutar y coordinar en las materias de su competencia”.

En el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Nacional del Agua se organizará en dos modalidades:

A. El Nivel Nacional, y

B. El Nivel Regional Hidrológico - Administrativo, a través de sus Organismos de Cuenca.

TERCERA.- De conformidad con la Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 3°, Fracción XXXIX define a los Organismos de Cuenca como “la unidad técnica, administrativa y jurídica especializada, con carácter autónomo, adscrita directamente al Titular de la Comisión Nacional del Agua, cuyas atribuciones se establecen en la Ley de Aguas Nacionales y sus reglamentos, y cuyos recursos y presupuesto específicos son determinados por la Comisión Nacional del Agua.”

Entre las facultades conferidas por la Ley de Aguas Nacionales a los Organismos de Cuenca,  se desagrega la normatividad del tema que nos ocupa  en los siguientes términos:

ARTICULO 12 BIS 6. Los Organismos de Cuenca, de conformidad con los lineamientos que expida “la Comisión", ejercerán dentro de su ámbito territorial de competencia las atribuciones siguientes:

I...

II...

III. Formular y proponer a "la Comisión" el o los Programas Hídricos por cuenca hidrológica o por acuífero, actualizarlos y vigilar su cumplimiento;

...

En consecuencia de lo antes expuesto, los miembros de esta Tercera Comisión, coincidimos procedente obsequiar la solicitud planteada en el presente Punto de Acuerdo, toda vez que en efecto es la Comisión Nacional del Agua, a través del Organismo de Cuenca correspondiente, el órgano competente para implementar un programa hídrico integral para la cuenca del río “La Laja”, que permita afrontar las necesidades y problemática de dicha cuenca. Así mismo, se estará actuando  en congruencia con una de las tareas prioritarias propuestas  por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo a través del Plan Nacional Hídrico 2014- 2018, en el que se plantea que una de  las tareas principales que esta administración se ha propuesto, es replantear el manejo hídrico del país y modernizar las instituciones e infraestructura del sector, con el fin de lograr la seguridad y la sustentabilidad hídrica de México.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a analizar la factibilidad técnica y financiera de implementar un Programa Hídrico integral para la cuenca del Río Laja, ubicada en el estado de Guanajuato, con la finalidad de sanear los cuerpos de agua existentes y establecer un equilibrio ecológico en la zona.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.





 

Otro que exhorta a revisar los criterios de asignación del recurso para el cambio climático en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2015.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, se contemplen los recursos suficientes y necesarios para el desarrollo de las tecnologías de captura, uso y almacenamiento de CO2 en el sector energético, suscrita por el Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 3 de julio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“El Bióxido de Carbono (CO2) es uno de los gases de efecto invernadero más abundantes en nuestra atmósfera, originado en gran parte por la quema de combustibles fósiles, se constituye como una de las principales fuentes que fomentan el cambio climático.

Esto ha favorecido el desarrollo de propuestas para mitigar las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, además del reconocimiento a nivel internacional de la responsabilidad común, pero de manera diferenciada, de acuerdo  con el nivel de desarrollo de los países.

Aunque en todo el mundo se realizan esfuerzos para desarrollar y aprovechar las energías alternativas, aún no están disponibles en cantidad suficiente para sustituir a los hidrocarburos, en ese sentido, la transición energética será paulatina y se proyecta a mediano y largo plazo, tal como indica el Programa Sectorial de Energía 2013-2018.

Lo anterior implica que se tendrá que convivir con los hidrocarburos durante un tiempo considerable, por lo que mitigar sus efectos debe ser una prioridad para el sector energético.

En nuestro país, desde el 2008, el entonces presidente Felipe Calderón, consciente de las graves implicaciones del cambio climático, impulsó paralelamente a las energías alternativas, las investigaciones relativas a las tecnologías útiles para la mitigación de los efectos de las emisiones de CO2, provenientes de fuentes fijas como centrales de generación eléctrica, y refinerías.

Trabajos que concluyeron con la publicación del Atlas de Almacenamiento Geológico de CO2 en México , documento que desarrolla los métodos de captura de Bióxido de Carbono.

El CO2 liberado a la atmósfera también significa un costo de oportunidad, debido a que el compuesto puede ser utilizado como insumo en diferentes procesos industriales y productivos. Uno de sus usos principales es para la recuperación de hidrocarburos, mediante la inyección de CO2 en yacimientos exhaustos de petróleo y gas; una tecnología madura y comercial, que es utilizada mundialmente y tiene el potencial de aumentar la eficiencia operativa en la extracción de recursos y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.

La Tecnología de CCUS (Carbon Capture, Use and Storage, por sus siglas en inglés), es en realidad un conjunto de aplicaciones tecnológicas que tienen como propósito reducir las emisiones de carbono en la atmósfera, capturando el CO2 y almacenándolo en el subsuelo de manera segura y permanente .

El almacenamiento puede ser en depósitos agotados de petróleo, en formaciones muy profundas de agua con alto contenido salino o en mantos de carbón sin interés económico.

La inversión en infraestructura para la captura, el transporte, el almacenamiento y el uso de CO2, en los diferentes sectores económicos, especialmente en el sector energético, requiere de mecanismos robustos de coordinación entre los diferentes mercados necesarios para que sea económicamente viable. La planeación respecto a volúmenes y condiciones de captura, transporte y uso corresponden a diferentes actores y por lo tanto se requiere el desarrollo de instrumentos que faciliten la comunicación y coordinación.

El desarrollo de la tecnología de CCUS, facilitará la transición hacia una economía competitiva y sostenible de bajas emisiones de carbono, que es uno de los objetos de la Ley General de Cambio Climático, y por tal motivo, se encuentra contemplado en diversos instrumentos, tales como, la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, la Prospectiva del Sector Eléctrico 2013-2027 y el Mapa de Ruta Tecnológica de CCUS en  México, elaborado por la Secretaría de Energía, con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, PEMEX, CFE, Centro Mario Molina, UNAM e IPN.

A nivel internacional se considera como una solución importante ante la necesidad de usar combustibles fósiles, obteniendo buenos resultados en varios países, de ahí que se considere que en nuestro país también tendrá una contribución importante, pues tenemos un alto nivel de dependencia de los combustibles fósiles para el desarrollo de la industria y la economía.”

B. Concluye el proponente al señalar que:

“El CCUS es una tecnología demandante de recursos económicos elevados, por lo que se requiere la vinculación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde el inicio de su desarrollo.

Para la detonación de la tecnología CCUS en el país, se debe obtener el reconocimiento de su vital importancia, tanto por las autoridades hacendarias, como por los congresos, pues de esta forma se podrá asegurar una asignación constante de los recursos económicos necesarios para alcanzar las metas establecidas para la mitigación de los efectos del cambio climático en el sector energético, contenidas en el Mapa de Ruta Tecnológica de CCUS en  México.

Es importante resaltar que en nuestro país se han realizado múltiples esfuerzos en materia de emisiones de CO2, por las implicaciones que tiene en la salud de las personas, en la imagen de las ciudades, y en el planeta en general.

Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos, y buscar alternativas que mitiguen parte de los efectos del cambio climático, siendo la generación de energía a través de la quema de combustibles fósiles la fuente mayoritaria de emisiones contaminantes en nuestro país.

En ese sentido, el desarrollo de las tecnologías CCUS, aunado al establecimiento de plantas de energías renovables, debe ser considerado prioridad dentro de las políticas del sector, a efecto de mitigar los efectos del cambio climático.”

C. Con lo anterior, formula el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, se contemplen los recursos suficientes y necesarios para el desarrollo de las tecnologías de captura, uso y almacenamiento de CO2, a efecto de que se pueda cumplir en los tiempos establecidos, con las acciones planteadas en el Mapa de Ruta Tecnológica de CCUS en  México, elaborado por la Secretaría de Energía.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La TerceraComisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con las preocupaciones y motivaciones planteadas por el proponente, considerando conveniente y procedente realizar modificaciones a la proposición.

El proponente basa su argumento en la necesidad de enfrentar el Cambio Climático, particularmente lo relativo a las emisiones de gases de efecto invernadero. Al respecto, la comisión realizó un estudio de la Ley General de Cambio Climático, así como de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018.

Al respecto, se debe señalar que es conveniente establecer en el exhorto una solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar los criterios de asignación de recursos para el Fondo para el Cambio Climático en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, lo anterior tomando en cuenta el objeto de dicho fondo, mismo que se encuentra establecido en el artículo 80 de la Ley General de Cambio Climático:

Artículo 80. Se crea el Fondo para el Cambio Climático con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático. Las acciones relacionadas con la adaptación serán prioritarias en la aplicación de los recursos del fondo.

De lo anterior, se concluye que el fondo de cambio climático contempla lo relativo a la proposición que se está dictaminando.

Asimismo, se agrega que la finalidad de la revisión de la asignación de recursos destinados al fondo para el cambio climático lograr la efectividad del Objetivo Tercero del Programa Especial de Cambio Climático, que consiste en “Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones”. Dicho objetivo incluye lo relativo al Mapa de Ruta Tecnológica de CCUS en  México, elaborado por la Secretaría de Energía:

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones.

Este objetivo se articula con la meta nacional del PND México Próspero, particularmente con el Objetivo 4.4, cuya Estrategia 4.4.3. busca fortalecer la política nacional de cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. Además, se sustenta en los artículos 31 a 37 de la LGCC y en los ejes estratégicos M1, M2 y M3 de la ENCC.

A diferencia de las economías más competitivas del mundo, México no ha conseguido desacoplar el crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) del de las emisiones de CO2. Según el último INEGEI la emisión total de 2010 fue cercana a 748 MtCO2e, un valor 33.4% mayor al de 1990. Este objetivo busca contribuir al desacoplamiento de las emisiones y acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, industriales y de la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte; además de promover el uso de sistemas y tecnologías de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de GEI.

El objetivo pretende detonar acciones costo efectivas, con cobeneficios ambientales y de impacto significativo en mitigación de GEI. Se centra en la implementación de acciones de impacto directo como aquellas de eficiencia energética, cogeneración, uso de fuentes de energía limpia, y esquemas de movilidad sustentable.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97, numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revisar los criterios de asignación de recursos para el Fondo para el Cambio Climático, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, con la finalidad de lograr la efectividad del Objetivo Tercero del Programa Especial de Cambio Climático, que consiste en “Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones”.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

 

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

 

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

 

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

 

Sen. Manuel Camacho Solís

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

 

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

Dip. Ricardo Monreal Avila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente,
a 15 de julio del año 2014.





 

Otro que exhorta al Gobierno del Estado de Oaxaca a establecer políticas públicas y programas eficientes tendientes a disminuir el alto flujo de migrantes a esa entidad federativa.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Oaxaca para que por conducto de la Secretaría del Trabajo, la Dirección General de Población y el Instituto de Atención al Migrante del Estado de Oaxaca, establezcan políticas públicas y programas eficientes, encaminados a disminuir el alto flujo de emigrantes del estado, suscrito por el Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente del día 3 de julio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El diputado proponente expone que el Estado de Oaxaca ocupa el décimo lugar a nivel nacional respecto de las entidades federativas que tienen un alto flujo migratorio, y que el Municipio de San Juan Quiahije ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto a intensidad migratoria se refiere.

En este sentido, argumenta que más del 50% de los municipios en el Estado de Oaxaca tienen un grado de migración alto, principalmente las comunidades rurales de las regiones de la Mixteca y de los Valles Centrales.

Al respecto, el legislador cita datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, en los que se destaca que entre el año 2005 a junio de 2010, migraron de Oaxaca un total de 58, 913 personas, principalmente hacia los Estados Unidos de América, de ellos, el 53.3% tenía entre 15 y 24 años de edad, lo que posiciona a esta entidad federativa como la primera en la lista de personas migrantes con el menor rango de edad.

Destaca también, que entre los principales factores que propician este fenómeno están la pobreza, la violencia y los matrimonios forzados aun presentes en algunas comunidades de Oaxaca, que se constituyen como la principal causa de migración entre las niñas, niños y adolescentes, lo cual representa un grave problema debido a que en muchas de las ocasiones estos menores de edad son repatriados sin la compañía de un adulto.

Asimismo, el promovente señala que además de que el impacto del alto flujo de emigración en las comunidades oaxaqueñas es grave debido a que además de que se abandonan las actividades rurales, se rompe el tejido social y se pierden algunas tradiciones culturales, se propicia la desintegración familiar.
Por lo anteriormente expuesto, el proponente plantea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca para que por conducto de la Secretaría del Trabajo, la Dirección General de Población y el Instituto de Atención al Migrante del Estado de Oaxaca, establezcan políticas públicas y programas eficientes, encaminados a disminuir el alto flujo de emigrantes del estado.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERA.- La Tercera Comisión realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación planteadas por el proponente, considerando conveniente instrumentar mejores políticas públicas y programas encaminados a disminuir el alto flujo de emigrantes en el Estado de Oaxaca.

CUARTA.- El artículo 2o, apartado B, fracciones I a IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diversos tratados internacionales y la Ley de Migración publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, reconocen de manera explícita la obligación del Estado mexicano de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las y los migrantes en México, sin importar su nacionalidad ni condición migratoria.

QUINTA.- Esta Comisión dictaminadora considera que el fenómeno migratorio engloba grandes temas de actualidad para las naciones involucradas tales como: el desarrollo económico y social, los derechos humanos, la atención a las mujeres e infantes, la integración regional, la educación y el combate a la pobreza, solo por mencionar algunos de los más importantes.

SEXTA.- Por sus características geográficas, económicas y sociales, México se ha convertido en un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Por lo anterior, es un hecho que nuestro país es paso no sólo de miles de connacionales migrantes, sino también de cientos de miles de ciudadanos centro y sudamericanos y de otros lugares del mundo, que buscan llegar a los Estados Unidos de América con la aspiración de alcanzar el bienestar para ellos y sus familias, y que no pueden encontrar en sus países de origen.

SEPTIMA.- En México, la emigración aumentó a partir de la década de los ochenta con la incorporación de grupos más diversos en términos de edad, escolaridad, perfil laboral y origen regional, observándose una creciente participación de las mujeres y de los infantes.

OCTAVA.- Cabe destacar que poco más de 12 millones de connacionales residen en el extranjero, una proporción equivalente al 10% de la población nacional que vive actualmente principalmente en los Estados Unidos de América. Entre la población nacida en nuestro país que radica en el exterior y su descendencia suma cerca de 34 millones de personas. Estas cifras nos dan cuenta de la dimensión del fenómeno migratorio en México.

NOVENA.- El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) reconoce que el fenómeno migratorio representa un reto de creciente importancia para el Estado mexicano, y que las políticas públicas deben atender las particularidades del fenómeno migratorio en sus múltiples dimensiones, involucrando aspectos tales como: la diversificación al interior del flujo, los lugares de origen y destino, los perfiles migratorios, las estrategias de cruce e internación, la repatriación, inseguridad y los derechos humanos.

DECIMA.- El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) plantea que es urgente el diseño e implementación de políticas, acciones y programas innovadores que, de manera integral e incorporando a los sectores de la sociedad civil, la academia y el gobierno, aporten con responsabilidad conocimiento y herramientas para hacer frente a las distintas necesidades de los migrantes en sus diversas modalidades.

DECIMO PRIMERA.- El Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de abril del presente año, es la base para la instrumentación de una política de Estado en materia migratoria, con un enfoque de atención integral y adecuada gobernanza de las distintas dimensiones de la migración en México, a fin de contribuir política, económica y socialmente al proyecto de desarrollo del país. Se organiza en 5 objetivos que consideran los distintos grupos de personas migrantes (emigrantes, inmigrantes, migrantes en tránsito y migrantes de retorno). El primero de ellos aborda las cuestiones estructurales de la migración en México, como la cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración; el segundo destaca el carácter estratégico de la migración para el desarrollo regional y local; por su parte, los tres objetivos restantes abordan cuestiones operativas a favor de las personas migrantes, de sus familiares y de quienes defienden sus derechos humanos.

Los objetivos, estrategias y líneas de acción del PEM buscan dar cumplimiento a las Metas Nacionales establecidas en el PND, fortaleciendo esas acciones prioritarias que dan sustento a la política migratoria del Estado mexicano.

El documento destaca que la política migratoria del Gobierno mexicano tiende a la gobernanza de las migraciones, es decir, hacia un esquema de tipo relacional que se basa en la interlocución coordinada entre los diversos actores involucrados (públicos, privados, organizados, no organizados, individuales o colectivos). Esto no sólo con el propósito de fortalecer la atención integral del fenómeno en un ambiente de responsabilidad nacional e internacional, sino también con el fin de garantizar el debido respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

Como parte de su diagnóstico el Programa resalta que México enfrena diversos desafíos en materia migratoria que son de enorme trascendencia, dada su condición de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. El país se encuentra integrado en el sistema migratorio de América del Norte, uno de los de mayor movilidad humana y complejidad social, donde se encuentra el principal destino de migrantes del planeta. A él se dirige la mayor parte de los emigrantes mexicanos (menos de 5% se dispersa entre otros 143 países), así como los de otros países de la región, que en muchos casos cruzan el territorio nacional de manera irregular.

En este marco, México enfrenta retos específicos resultantes de la vecindad con Estados Unidos, que ha reforzado la custodia de su frontera para controlar la entrada a su territorio, lo que ha implicado crecientes dificultades y riesgos para los migrantes indocumentados. Cada año pasan la frontera cientos de miles de extranjeros sin registro alguno, que viven en el anonimato, sujetos a procesos de integración que reproducen la marginación y las tensiones sociales. Entre los costos de la migración irregular, destaca el inaceptable número de muertes de mexicanos en los lugares más inhóspitos y riesgosos de la frontera, donde la vigilancia es más reducida.

Destaca también que actualmente, existe en el ámbito federal una gran dispersión normativa que incide sobre las migraciones. En los próximos años será necesario concluir la codificación de los compromisos internacionales suscritos por el país, y homologar las muy diversas leyes y reglamentos, tanto nacionales como estatales, las cuales, con frecuencia, obstaculizan el ejercicio de derechos fundamentales, propician la desviación de la norma y fomenta la reproducción de un ambiente poco favorable para las personas migrantes.

Otro reto relevante es la desarticulación institucional y programática, que dificulta la gobernanza migratoria. Tan solo a nivel federal se ha identificado que, durante la pasada administración, 33 organismos ejecutaron más de 80 programas relacionados con las migraciones, sin que existiera un marco coordinador que propiciara la pertinencia, complementariedad y efectividad de las intervenciones públicas.

Por ello considera que es necesario identificar los consensos y orientar un diálogo informado respecto a las migraciones, sobre todo en México, mediante una clara estrategia de visibilización, comunicación y educación indispensable para fundamentar la legislación, la política pública, las iniciativas sociales y la propia acción de las personas migrantes, lo que permitirá impulsar una nueva cultura en torno a las migraciones, es decir, lograr cambios significativos en el conocimiento, la comprensión y valoración de las migraciones y en las normas y prácticas sociales en torno a ellas.

En este sentido, el documento considera que en un contexto en el que predominan políticas migratorias restrictivas, la mejor alternativa para reducir la migración irregular masiva es combatir sus causas estructurales, por medio de estrategias de desarrollo incluyente e inversiones en el capital humano en los países de origen, para que las decisiones migratorias no sean motivadas por las disparidades de ingreso o por situaciones de precariedad y marginación social. Estas medidas resultan particularmente urgentes en las regiones de más reciente incorporación a la dinámica migratoria, toda vez que las redes sociales que la sustentan se encuentran menos desarrolladas. A su vez, en las regiones de mayor tradición migratoria, como es el caso del Estado de Oaxaca,  es imperativo implementar medidas explícitamente diseñadas para reducir la "cultura de la emigración", que contribuye a la reproducción del fenómeno.

Al respecto, en el documento se reconoce que las medidas para aprovechar el capital humano y financiero de los migrantes de retorno, mediante acciones de certificación de competencias, y apoyos para la reinserción laboral, el emprendimiento y la inversión, han sido muy limitadas.

En este sentido, el Programa destaca que uno de los grandes desafíos de gestión migratoria es la atención de las necesidades y la salvaguarda de los derechos del flujo de repatriados mexicanos, que no sólo incluye a detenidos en la región fronteriza, sino a migrantes que han vivido y trabajado en Estados Unidos, especialmente en el caso de los migrantes que viven la dramática situación de dejar a sus familiares en condición de indefensión y de incertidumbre sobre su patrimonio en ese país, quienes no siempre reciben un apoyo inmediato.

DECIMO SEGUNDA.- Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coinciden en que los tres órdenes de gobierno deben brindar atención prioritaria al fenómeno migratorio y coordinar esfuerzos para que las políticas públicas y programas definidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se apliquen de forma eficiente y oportuna en las entidades federativas con un alto flujo migratorio, incluido, por supuesto, el Estado de Oaxaca.

DECIMO TERCERA.- Desde el año 2011 se puso en marcha el Fondo Migrante con el objeto de asignar recursos a proyectos productivos a las entidades federativas con mayores índices de migración relacionada con pobreza y condiciones de bajo desarrollo. Cabe destacar que la asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014, en el Anexo 19. Programas del Ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas, etiquetó poco más de 1,630 millones de pesos al Fondo de Apoyo a Migrantes.

DECIMO CUARTA.- El anexo 9, referente a las  Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, destina poco más de 33 millones de pesos para el Programa 3 X1 para Migrantes a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social; y, este mismo programa, en el Anexo 18, referente a las Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos, contempla recursos etiquetados por más 123 millones de pesos.

DECIMO QUINTA.- Esta Comisión considera que conviene citar lo dispuesto por el Artículo 26 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, el cual dispone lo siguiente:

“III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país, los proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán financiar en su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo, se procurará atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales como electricidad, agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para la producción de alimentos;

IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del presente artículo;

VI. Se dará preferencia en los programas de infraestructura a la conclusión de obras iniciadas en ejercicios anteriores, así como a las obras de mantenimiento y reconstrucción.

VII. Se buscará la inclusión financiera de las comunidades indígenas mediante programas de la banca de desarrollo.”

Por su parte, el artículo 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, establece que los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social se destinarán, en las entidades federativas, en los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas.

A efecto de fortalecer la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social, se promoverá la celebración de convenios, acuerdos o bases de coordinación interinstitucional entre las dependencias y entidades.

En los términos de los convenios de coordinación suscritos entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos de las entidades federativas se impulsará el trabajo corresponsable en materia de superación de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación y se promoverá el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo.

Este instrumento promoverá que las acciones y recursos dirigidos a la población en situación de pobreza se efectúen en un marco de coordinación de esfuerzos, manteniendo en todo momento el respeto a los órdenes de gobierno, así como el fortalecimiento del respectivo Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal.

Derivado de este instrumento se suscribirán acuerdos y convenios específicos y anexos de ejecución en los que se establecerán: la distribución de los recursos de cada programa o región de acuerdo con sus condiciones de rezago, marginación y pobreza, indicando en lo posible la asignación correspondiente a cada municipio; las atribuciones y responsabilidades de la Federación, las entidades federativas y municipios, y las asignaciones presupuestarias de los órdenes de gobierno en que concurran en sujeción a los programas concertados.

DECIMO SEXTA.- Con base en lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de  Trabajo de la Comisión Permanente considera que los programas destinados a la población migrante, a la población indígena y los dirigidos al desarrollo social de lapoblación en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, deben ser ejecutados con transparencia y la oportunidad adecuada a fin de que la instrumentación de dichos programas dentro de las regiones y poblaciones más necesitadas, cumplan con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del  Estado de Oaxaca, para que por conducto de la Secretaría del Trabajo, la Dirección General de Población y el Instituto de Atención al Migrante, establezcan políticas públicas y programas eficientes, tendientes a disminuir el alto flujo de emigrantes en esta entidad federativa.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Migración, a que en el marco del Programa Especial de Migración 2014-2018, coordine los esfuerzos necesarios con las distintas dependencias de la Administración Pública Federal y las entidades federativas con mayor índice de migración, a fin de lograr un enfoque de atención integral a las distintas dimensiones de la migración, así como nuevas estrategias de política pública encaminadas a disminuir el alto flujo de migrantes en la República Mexicana.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.





 

Otro que exhorta al Titular de la Comisión Nacional del Agua a remitir un informe que indique la verificación de la ruptura de la Cortina de la Presa El Zapotillo en el estado de Jalisco.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhortar a la Comisión Nacional del Agua a que indique la fecha en la que una comisión conformada por expertos y legisladores federales ingresarán a la zona de construcción de la presa “El Zapotillo” para verificar la altura de la cortina, presentado por la senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de julio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La senadora proponente, menciona que en septiembre de 2005, los Gobiernos de Guanajuato y Jalisco suscribieron un acuerdo de coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) denominado “Convenio de Coordinación para la construcción y operación de la presa El Zapotillo” para la construcción de una presa en los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán en el estado de Jalisco.

Refiere que de acuerdo con el proyecto inicial la presa tendría una cortina a 80 metros de altura, sin embargo en octubre de 2007, las partes suscribieron modificaciones al Convenio original de manera que la altura de la cortina quedaría según el nuevo proyecto ejecutivo a una altura de 105 metros, lo que según estudios técnicos elaborados por la Universidad de Guadalajara originaría que quedaran inundados los terrenos de tres poblaciones de los municipios antes mencionados, estas poblaciones son: Temacapulín, Palamarejo y Acasico.

Refiere que el convenio original, obligaba a la CONAGUA a respetar el que la cortina de la presa no debía superar los 80 metros de altura, sin embargo los trabajos de construcción de la presa no se han detenido.

La senadora menciona que una comisión de expertos independientes, a petición de habitantes de los poblados afectados, han solicitado en reiteradas ocasiones a la CONAGUA se les permita ingresar a la zona de construcción para poder verificar que la altura de la cortina no haya sobrepasado ya los ochenta metros, sin embargo, dicha Comisión se ha negado a esta petición.

Por las razones expuestas somete a la consideración el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que indique la fecha en la que una comisión conformada por expertos y legisladores federales ingresarán a la zona de construcción de la presa “El Zapotillo” para verificar la altura de la cortina.”

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta Comisión comparte la preocupación de la proponente, de ambos, respecto a la solicitud planteada por conocer la altura de la cortina, tal y como se acordó, de la presa “El Zapotillo en el estado de Jalisco.

Esta dictaminadora, quiere mencionar que recientemente se dictaminaron dos puntos de acuerdo referidos a la misma problemática de la presa “El Zapotillo”, por lo que retoma algunas consideraciones expresadas en el dictamen anterior.

La construcción de la presa “El Zapotillo” se localiza a 100 km. de Guadalajara, sobre el Río Verde, entre los municipios de Yahualica y Cañadas de Obregón, en el estado de Jalisco. Es impulsada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato que, mediante convenio firmado el 16 de octubre de 2007, implementó un Programa Especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema presa El Zapotillo y Acueducto el Zapotillo-Altos de Jalisco-León, Guanajuato.

Inicialmente, la Comisión Nacional del Agua, a través del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, convino con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) la ejecución de un proyecto integral de estudios básicos, topográficos y sociales; en particular los trabajos relacionados con el levantamiento topográfico de la poligonal envolvente de las superficies que ocupará el embalse; zonas federales y de protección, así como el contacto y comunicación con la población con miras a la recopilación e integración de documentos que forman los expedientes de los dueños de los predios afectados por la construcción de la presa.

En la presentación del proyecto inicial, la CONAGUA, mencionó que con dicha obra, se “garantizará el suministro de agua potable durante los próximos 30 años a los Altos de Jalisco, a la ciudad de León, Guanajuato, mediante el aprovechamiento de las aguas del Río Verde, contribuyendo a la sustentabilidad y recuperación de los acuíferos con los que actualmente se abastecen.”

Se informa que1, se trata de una presa de gravedad, construida con concreto compactado, 320 y 130 respectivamente. La presa tiene una planta curva de 401 m con una altura de 13 m. El cuerpo de presa se cimienta a unos 28 metros bajo el cauce actual del río.

La presa abarca 4.200 hectáreas y tiene una capacidad de almacenamiento de 911 m3 de almacenamiento.

La presa producirá 8,6 m3/ s, de los cuales: 1,8 m3 para Los Altos de Jalisco, 3,8 m3 para León y 3 m3 para Guadalajara.

La presa El Zapotillo beneficiará a 2,3 millones de habitantes de León, Guadalajara y 13 municipios de los Altos de Jalisco.

Esta dictaminadora, reconoce que a lo largo del proceso de construcción de la presa El Zapotillo, se han presentado diversas inconformidades de parte de las comunidades que se consideran afectadas por la obra. Estas han recurrido a diversas autoridades judiciales y administrativas lo que ha ocasionado un largo proceso judicial.

No obstante, los trabajos de construcción de la presa han continuado, y se menciona que ya existe un avance importante.

De acuerdo a las últimas informaciones, y tal como lo refieren los proponentes, existe una resolución judicial del Juez Primero de Distrito que otorgó una suspensión a pobladores de Temacapulín "para el efecto de que las (autoridades) responsables se abstengan de construir una cortina que sobrepase la altura originalmente autorizada de 80 metros".

Ante dicha resolución, los integrantes de la Tercera Comisión, consideran que es necesario, y a la brevedad, que la CONAGUA, informe cuál es la situación de esa construcción, y si se ha respetado la altura de la mencionada cortina.

Como se desprende de las anteriores consideraciones, existen dudas, distintas versiones, y no se conoce alguna versión oficial, ni de la Comisión Nacional del Agua, ni del Estado de Jalisco lo que ha provocado mayor incertidumbre entre los pobladores.

Como hemos podido constatar en esta breve reseña, las dudas y el desconocimiento, ha generado un justo reclamo de la población afectada. Por lo que se hace necesario que ésta Soberanía conozca, a la brevedad lo que solicita la proponente.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, a que remita a la brevedad, a esta Soberanía, un informe que indique la verificación de la altura de la cortina, de la presa “El Zapotillo”, en el Estado de Jalisco.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.

1 http://www.fccco.mx/mx/obras-singulares/obras-hidraulicas/presa-Zapotillo/index.html

Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Debido a que se encuentran publicados en la gaceta de este día, y así se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario Diputado Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobados los Acuerdos señalados. Comuníquense.





 

Pasamos ahora al apartado de proposiciones con punto de Acuerdo.

Le concedemos el uso de la tribuna a nuestro Senador y amigo Héctor Larios, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de Acuerdo que exhorta a dar certeza a la operación del Acueducto Independencia y al abasto de agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

Desde hace más de 20 años, en la Ciudad de Hermosillo, que es capital del Estado de Sonora, ha tenido un problema de abasto de agua, que lo ha llevado a racionar el uso del agua potable, en ocasiones, a las colonias, abastecerlas 3 horas al día.

Ha habido diversos proyectos. En 1993 se generó un proyecto para resolver, de manera definitiva, el problema de abasto de agua y, finalmente, en el 2009 se volvieron a hacer los estudios y se implementó a partir del 2010, y entró en operación exactamente en el verano del año pasado.

Hoy día, la gente de Hermosillo goza de agua potable los 34 años del día. A la hora que abra la llave sale el agua, cosa que no veíamos en 20 años.

La manera de resolver el problema fue trasladar agua de la Cuenca del Río Yaqui a través de la Presa del Novillo, Plutarco Elías Calles, en un acuerdo de 120 kilómetros a la Ciudad de Hermosillo.

Para poder pasar este volumen de agua, primeramente habría que adquirir el volumen de agua.

Se intentó, primeramente, adquirir los excedentes de agua que tienen que tienen los agricultores de Obregón.

Del total de la cuenca, del agua disponible de la Cuenca del Río Yaqui, mil 950 millones de metros cúbicos, que es el 80 por ciento del agua, la utilizan los agricultores privados de Obregón; 10 por ciento la utilizan los agricultores de la tribu yaqui en el Distrito 018.

Como a los agricultores particulares a quienes les planteamos la compra, aun cuando accedieron, lo impidieron sus directivas, el Gobierno del Estado y el Municipio de Hermosillo adquirieron los derechos de agua excedentes de los pueblos ribereños que están entre la Presa de la Angostura, Lázaro Cárdenas, y la Presa del Novillo, que por cierto son los primeros permisos que se otorgaron en esa cuenca.

Si algún permiso tiene prioridad de cumplimiento, son precisamente estos permisos, y ellos, en total se les adquirió 60 millones de metros cúbicos al año; 60 millones de metros cúbicos al año representa el 2.4 por ciento de la disponibilidad de agua que tiene esa cuenca.

Se adquirieron, en toda forma, con los títulos de propiedad, igual que cualquier agricultor tiene sus títulos de propiedad de derechos de agua, los tiene la Ciudad de Hermosillo.

Sin embargo, los agricultores privados de Obregón, los líderes de los agricultores privados de Obregón se opusieron desde el primer día y han presentado una cantidad de juicios impresionante.

Han presentado controversias constitucionales de un ayuntamiento en contra de la CONAGUA por haber autorizado la compra de estos derechos de agua.

Han presentado juicios agrarios a partir de un decreto de Lázaro Cárdenas, aduciendo que el 50 por ciento de agua de la Presa de la Angostura corresponde al pueblo Yaqui.

No omito decir que el 80 por ciento del agua la usan los agricultores privados de Obregón.

Si el 50 por ciento correspondiera a los Yaquis, como pudiera ser que dice el decreto, los agricultores de Obregón deberían de ceder su agua para el pueblo Yaqui.

Hermosillo solamente ha comprado 2.4 por ciento, 60 millones de metros cúbicos.

Han presentado más de 20 juicios. A la fecha, absolutamente todos los juicios, controversias constitucionales, juicios en materia agraria, todos, todos están ganados o en proceso de resolución.

Sin embargo, uno de los varios juicios que han presentado este año, empezaron a presentar juicios desde el 2010, desde principios de 2000 se empezaron a presentar juicios.

De los más de 20 juicios que han presentado, uno que se presentó este año, en el 2014, y el juez no les concedió, es un amparo, presentado a nombre de un grupo de la población Yaqui, que ahorita explicaría.

El juez, de primera instancia, no les concedió la suspensión provisional. Solicitaron una aclaración de sentencia, y volvió a reiterar el juez: “Que no considera la suspensión provisional”.

Sin embargo, la semana pasada, en una aclaración de sentencia les concede la suspensión y ordena el cierre del acueducto que abastece de agua a Hermosillo a partir, precisamente del día de hoy en la mañana, o del día de ayer en la mañana.

Ustedes vieron, por ejemplo, que este año se batió el record de temperatura registrada en un momento, 49 grados y medio, en la Ciudad de Hermosillo. Imagínense, en pleno verano cortar el agua a Hermosillo, cuando Hermosillo tiene los derechos de agua.

Es como decirle a un agricultor, porque es lo que resolvió el juez: “Yo no estoy seguro si el agua, porque las moléculas de agua no se pueden distinguir”, así lo dice textualmente la resolución. “No sé si esa agua pertenece a los Yaquis o no”.

“De tal manera, para no causarle un problema a los Yaquis, si así fuera, te ordeno que cierres el acueducto”.

Afortunadamente, en el recurso de queja ante el colegiado, el día previo al cierre, el colegiado determinó, en primer lugar, lo que ya establecía la Ley de Amparo de antes, pero acá lo establece con mucho más contundencia:

“No se puede dar la suspensión provisional cuando se presumen amenazados los intereses de un particular, pero se pone en riesgo el interés de la colectividad”.

Con ese sentido, el tribunal colegiado desestimó y obligó a retirar la suspensión provisional.

Bueno, simplemente, comentar finalmente, un tema que tiene que ver con el pueblo Yaqui.

El pueblo Yaqui está constituido, de acuerdo con sus usos y costumbres, en 8 comunidades, cada una de estas comunidades elige, en votación, a sus autoridades tradicionales, las cambian todos los años.

La autoridad tradicional la encabeza un gobernador, y este gobernador cambia todos los años.

La primera semana del mes de enero, en todos los pueblos, en los 8 pueblos, se cambia de gobernador.

En uno de los 8 pueblos, que es Vicam, hay un grupo disidente que tiene representantes que no hay cambiado durante los últimos 10 años. A este grupo lo ha financiado liderazgos de los agricultores de Obregón, que se han opuesto, y han, a nombre de ellos, presentado varias de estas solicitudes de amparo, incluso, han bloqueado el acceso de la carretera.

Los 8 gobernadores tradicionales, en varios momentos han respaldado el proyecto de acueducto de Hermosillo, y también han respaldado la demanda de que se cumplimente el decreto de Lázaro Cárdenas, y que el 50 por ciento del agua se les dé a ellos, no a los agricultores de Obregón, que insisto, ocupan el 80 por ciento del agua disponible de la cuenca.

El objeto de éste, me parece que es muy importante, y ya se discutía con la Ley de Amparo.

¿Qué pasa cuando la autoridad, como en este caso, está garantizado el abasto de agua para Hermosillo?

Y un particular dice: “Mis intereses particulares están afectados”, y presenta un juicio.

La autoridad, para defender el interés colectivo, tiene que ganar, tiene que ganar absolutamente todos los juicios; con uno que pierda, perdería el interés colectivo.

En cambio el particular puede presentar todos los juicios. Si pierde todos, pero gana uno, con ese prevalece el interés de un particular sobre el interés de la colectividad, y ese lo desequilibraba a veces del derecho, y también a veces el desequilibrio que hay en la administración y la justicia.

Siendo muchísimos juicios, y cada semana nos presentan un juicio nuevo para ver si en alguno de ellos ganan y dejan a Hermosillo sin agua, la presente propuesta con punto de Acuerdo que solicita, Presidente, el trámite de urgente y obvia resolución, tiene 2 resolutivos:

El primero.- Para exhortar a la Comisión Nacional de Agua, a la CONAGUA, a respaldar con claridad y contundencia la operación del Acueducto Independencia a efecto de garantizar el suministro de agua a Hermosillo, así como llevar a cabo las acciones bajo su facultad, que permita dar certeza a los habitantes de Hermosillo de que contarán con el acceso a este líquido con el que no contaron desde antes del verano del año pasado, durante más de 20 años no contamos con agua potable suficiente en Hermosillo.

Segundo.- Exhortar al Poder Judicial de la Nación a que resuelva de manera expedita todos los juicios que tiene ahí todavía en trámite, insisto, ninguno hemos perdido como tal en relación a la operación del Acuesto Independencia, con objeto de dar certeza precisamente a los habitantes de Hermosillo.

Sé que no se puede impedir a un particular seguir presentando juicios, pero sí se le puede pedir al Poder Judicial que establezca criterios, de tal manera que con diferentes jueces no enfrentemos el problema, como tuvimos un grave sentido de alarma en Hermosillo, esta semana y la semana pasada, con la amenaza de que nos quedaríamos sin agua potable por la posible afectación del interés de un particular en contra del interés general.

Es cuanto, señor Presidente.

Y de nueva cuenta solicito el trámite de urgente y obvia resolución.

Propuesta

Los suscritos, diputados de la LXII legislatura e integrantes todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION A DAR CERTEZA DEFINITIVA A LA OPERACION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA Y AL ABASTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El agua puede ser factor de vida o muerte para un ser humano, pero también lo puede ser para una comunidad entera. Los efectos que causa la ausencia en niveles óptimos de este vital líquido para un asentamiento humano como una ciudad, pueden ser tales que alcancen la desestabilización económica, política y social de la misma. Lo que en un inicio puede verse como un problema alejado y ajeno a una posible realidad para algunos de nosotros, hoy en día es la vida cotidiana de algunas ciudades de nuestro país. Hoy el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional desea elevar la voz en esta tribuna para tratar el tema específico del municipio de Hermosillo, Sonora, ciudad capital de dicho estado que se encuentra atravesando desde hace muchos años por una crisis profunda por la falta de agua que solvente sus necesidades básicas, debiendo inclusive acceder hasta el año pasado a políticas de racionar el consumo de ésta por horas en los días de verano, los cuales pueden llegar a presentar temperaturas superiores a los 45° centígrados a la sombra, situación que alcanzó niveles de inhumanidad para los más de 850,000 habitantes de dicha ciudad y que aportan el 42% del PIB estatal.

Al día de hoy y gracias a un proyecto emprendido desde el 2009 por el actual Gobernador del Estado, Guillermo Padres Elías, Hermosillo cuenta con la disponibilidad de agua para consumo las 24 horas del día, situación que pone en rumbo a la ciudad para su correcto desarrollo económico y social. Este proyecto denominado Sonora SI contemplaba la construcción de un acueducto que llevaría agua de la presa Plutarco Elías Calles, mejor conocida como el Novillo, hasta la ciudad de Hermosillo. Con recurso federal y estatal el proyecto fue tomando forma hasta concretarse y operar como lo hace hoy en día, beneficiando a miles de hermosillenses. Cabe resaltar que como parte del proyecto se adquirió por parte del Gobierno del Estado 60 millones de metros cúbicos en derechos de agua a agricultores de pueblos ribereños ubicados entre las presas Angostura y la del Novillo, esto ante la negativa de agricultores de Ciudad Obregón a ceder derechos de agua, la cual había representado la primera opción para dar sustento legal al proyecto.

Solventada la compra de derechos de agua por parte del proyecto, se presentaron una serie de inconformidades por la vía legal por parte de los agricultores de Ciudad Obregón, impugnado a través de juicios agrarios y de amparo tanto la obra como la valides en la compra de  derechos de agua, resultando ya en varios procesos legales esfuerzos infructíferos para frenar la construcción y la hoy operación del acueducto independencia.

Lamentablemente la disidencia del proyecto por parte de los agricultores de Ciudad Obregón, los cuales acaparan el 90% del agua disponible en la cuenca, ha escalado a niveles tales que han promovido junto a integrantes de la etnia Yaqui ajenos al respaldo de las autoridades tradicionales de la misma, el bloqueo de la carretera internacional, así como una campaña de desinformación a la ciudadanía para lograr sus objetivos. Estos grupos antagónicos al proyecto reciben el respaldo de reconocidos militantes del Partido Revolucionario Institucional en Ciudad Obregón, los cuales han intentado capitalizar la situación para fomentar un ambiente de división en el Estado y obtener un beneficio electoral a través de la candidatura de varios de los actores disidentes.

Si bien se debe reconocer que han existido reuniones de trabajo entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y los actores inconformes, en donde se ha mostrado la voluntad de dar una solución definitiva al problema antes mencionado, estos esfuerzos no han sido suficientes y por el contrario se ha venido agravando al encontrar en ciertos casos falta de claridad y expedites del Gobierno Federal, así como del Poder Judicial en la resolución de procesos administrativos y judiciales, llevando esto a alargar la lucha jurídica del proyecto, resultando en un ambiente de incertidumbre para los habitantes de la capital del Estado. Lo anterior se vio agravado la semana anterior ante el acto irresponsable de un juez federal que bajo el argumento de no poder saber si los volúmenes de agua extraídos por el acueducto independencia eran o no los reclamados por los demandantes, decidió suspender la operación del mismo. Este argumento era de enorme debilidad ya que es completamente imposible e irrelevante determinar cuáles son los 60 millones de metros cúbicos de agua a los cuales se tiene derecho de extracción de la presa el Novillo dentro del universo de 4,065 millones de metros cúbicos que el día de hoy tiene la presa, por lo cual un Tribunal Colegiado desechó la suspensión emitida por dicho juez.

Esta parte del proceso jurídico que se vivió en días recientes representó para miles de hermosillenses horas de angustia e incertidumbre ante un escenario que contemplaba volver a los esquemas de “tandeo” que llevarían agua a los hogares de la ciudad por solo 3 horas al día en los mejores casos, llegando a presentarse casos de 1 sola hora diaria de agua en colonias con ubicación en zonas elevadas y de necesidad de pipas en las periferias de la ciudad. Esta situación además de inhumana, representa una gran amenaza para la salud pública y la economía de la ciudad.

Este Congreso de la Unión ha sido responsable al marcar el agua como un derecho humano y constitucional, remarcando claramente que el consumo humano debe ser prioridad. Así mismo el Ejecutivo Federal ha emprendido una política de solución a los problemas del agua en varias regiones del país, resaltando en muchas de ellas la construcción de acueductos similares al que hoy ya opera en Sonora. De aquí se puede desprender la importancia que tiene y debemos darle al tema los entes públicos que ejercemos políticas públicas, pues alguna omisión podría desatar escenarios indeseables para muchos mexicanos.

Hoy debemos de elevar la voz de este Congreso y pedir que el Ejecutivo Federal active las herramientas que considere pertinentes para dar certeza y sostenibilidad al acueducto independencia, dejando de lado cualquier interés político y electoral ajeno al interés superior del consumo humano del agua en el Estado de Sonora. Así mismo debemos pedir al consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelvan el fondo del litigio de manera expedita, ordenando de ser el caso, solventar los procesos necesarios para dar certeza y plenitud legal al acueducto independencia y su trasvase de agua a la ciudad de Hermosillo. 

Los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados respaldamos la operación del Acueducto Independencia como medio para garantizar a los ciudadanos de Hermosillo el abasto de agua al que tienen derecho constitucional y solicitamos se dé certeza definitiva a su operación, dejando de poner en riesgo el consumo de agua para la capital del Estado.

Por todo lo anteriormente expuesto, y ante la situación de incertidumbre que vive la ciudad de Hermosillo, Sonora en el tema de abasto de agua para su consumo básico, los que suscribimos solicitamos a esta honorable soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al gobierno federal a respaldar con claridad y contundencia la operación del acueducto Independencia, a efecto de garantizar el abasto de agua de Hermosillo, Sonora, así como a llevar a cabo todas las acciones bajo su facultad que permitan dar certeza a los habitantes de la ciudad que continuarán contando con acceso definitivo y continuo al agua.

SEGUNDO. Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelvan de manera expedita los procesos jurídicos pendientes en relación con la operación del Acueducto Independencia, con el objeto de que a los habitantes de la ciudad de Hermosillo les sea garantizado su derecho constitucional de acceso al agua, contando con la certeza definitiva de su operación.

Dado en el Senado de la República, México, Distrito Federal, el 16 de julio de 2014.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Como no, señor Senador. Esta Presidencia tiene conocimiento que hay alguna modificación en el texto del acuerdo, tal y como lo señaló.

La única solicitud, respetuosa, es que se haga llegar a esta Presidencia.

Y tal como fue solicitado por el Senador Larios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si este asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Diputado Secretario Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión la propuesta. No habiendo oradores inscritos sobre el particular, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada, con las modificaciones ya señaladas por parte del Senador Larios.

El Diputado Secretario Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, si es de aprobarse la propuesta con modificaciones que acaba de presentar el Senador Larios. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene  el uso de la palabra la Diputada Alliet Bautista Bravo, para presentar a nombre de la Diputada Roxana Luna Porquillo, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente, conforma un grupo de trabajo plural, para dar seguimiento a la probable violación de derechos humanos en el estado de Puebla.

La Diputada Alliet Bautista Bravo: Gracias, señor Presidente.

Bueno, pues acudo a esta tribuna a presentar el punto de Acuerdo, suscrito por la Diputada Roxana Luna Porquillo, del estado de Puebla, así como de varias legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del PRD, y de otros partidos.

Para promover un punto de Acuerdo, de esta Comisión Permanente, que pueda dar seguimiento y que pueda dar cumplimiento a los derechos humanos y a lo que tenemos en nuestra Carta Magna, sobre el estado que guarda, de indefensión, los ciudadanos del estado de Puebla.

Hace un rato, ya presentaba aquí el Diputado Monreal, varios artefactos, entre ellos quedó aquí una bala de goma, que fueron utilizados la semana pasada, en contra de la ciudadanía, en contra de las comunidades indígenas. Comunidades que están defendiendo su territorio, su agua.

Y que han sido violadas, una y otra vez constantemente sus derechos.

Como les decía, esta propuesta tiene el objetivo, el propósito de conocer los hechos de represión, con los que el gobierno estatal de Rafael Moreno Valle, ha dado respuesta a las demandas de la sociedad poblana.

Y que han sido muchas las medidas ya para detener esta ola de indefensión en la que están los ciudadanos poblanos.

Ya van más de nueve puntos de Acuerdo, que tienen que ver con este asunto. Porque ha sido de manera desmedida el uso de la fuerza pública, el uso de la policía estatal; que ha llegado a niveles, de verdad, que nos tendrían que indignar como congresistas.

La ola de violencia ha sido de mucho tiempo atrás. Y este contexto, ha habido varios operativos y están pues enumerados en este punto de Acuerdo.

Y que van desde los operativos, en febrero de 2014, en el municipio de Acatzingo, donde se han violado los derechos humanos.

Otros actos de tortura, efectuado por elementos de la policía municipal contra los derechos humanos, a Manuel Ariel Ocampo, en mayo de 2014.

Detención arbitraria del activista Abraham Cordero Calderón, el día 8 de abril de 2014. Opositor a la construcción del libramiento Arte Poniente y dirigente del Frente Campesino Ejidatarios y Pequeños Propietarios, del valle de Texmelucan y Sierra Nevada.

Violaciones a los derechos humanos a Juventino Tehuet, detenido arbitrariamente en junio de 2014. En un operativo, con el objeto de retirar unidades de mototaxis en San Miguel Xoxtla.

Violaciones a los derechos humanos del quejoso y de Manuel Romero González, por la oposición que la organización Tetela hacia el Futuro, ha expresado contra concesiones mineras en Puebla y en defensa de su territorio, el derecho al agua y a la vida de los habitantes del municipio de Tetela de Ocampo.

Así también tenemos enumeradas violaciones a los derechos humanos de las ciudadanas Juana Macuit Coyot, Angélica Macuit Coyot, detenidas arbitrariamente en un operativo en la Junta Auxiliar de San Antonio Cacalotepec.

Las violaciones también a los derechos humanos a Alfredo Portillo Ramírez, privado de su libertad por una evidente confusión de identidad.

En ese contexto, el 9 de julio, en la Sierra Negra, la Sierra Norte de la Mixteca y en San Bernardino Chalchihuapan, diversas comunidades se manifestaron públicamente para exigir la restitución del servicio del Registro Civil, a 661 auxiliares de los municipios del estado de Puebla.

Este es necesario para la inscripción de nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones, así como la expedición de actas correspondientes, pues esta medida igual ha sido ya prohibida a estas autoridades auxiliares en los municipios en el estado de Puebla.

La respuesta del gobierno del estado, una vez más ha derivado en la represión inmediata y la violencia desmedida, con evidentes abusos, represión y violaciones graves a los derechos humanos; y hasta ahora se puede dar el recuento, del estado de coma, de José Luis Alberto Tamayo, un niño de 13 años heridos en la cabeza, por bala de goma, al salir de su escuela secundaria y dirigirse a su domicilio. El no se encontraba en la manifestación, como lo ha hecho de manera manipulada, dando la información el gobernador de Puebla. En que se dice igual, que fueron cohetones lo que se dio, fueron estas balas de gomas y por ahí hay cinco costales de estos artefactos que fueron usados de manera bélica, en contra de los manifestantes, que era una manifestación pues pacífica.

También asimismo salió herida causada a una joven de 21 años, por el impacto de otra bala de goma.

Herida causada también por impacto de bala de goma, en la cara Martín Selcua Romero, su estado actual es crítico.

Y asimismo, tenemos enumeradas, igual, con pérdida de un ojo izquierdo a Hugo Jiménez, que también fue impacto por una bala de goma.

Heridas también causadas por bala de goma. También en abdomen fue varias gentes que se encontraba ahí.

También ahora se encuentran con detenciones y auto de forma prisión, en contra de ciudadanos como Félix Monte Selgua, Sergio Clemente Jiménez, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras.

A todos se les acusa por ataque a las vías de comunicación y a la seguridad de los medios de transporte.

Desaparición también de otra señora, de 65 años. Hay presiones y hostigamiento a muchas líderes, a gente, que solamente hace, como digo, es defender su tierra y su comunidad. Y que esto quiero decirles, que únicamente es la antesala de lo que puede existir, al estar aprobando de manera, pues se dice a veces que tienen disciplina, para aprobar las leyes de manera urgente.

Y que éste es un ejemplo, y es la antesala de lo que se nos va a revertir, en el estado, al estar otorgando, de igual manera los permisos, igual, para que puedan otras empresas extranjeras poder usar nuestras comunidades, usar nuestras tierras, y que el agua de lo que se ha comentado ya aquí.

Espero igual contar con esta misma indignación. Reprobamos este tipo de medidas y nuestra solidaridad a todas las comunidades y a todos los ciudadanos poblanos que están siendo afectados por estas malas decisiones del gobernador en cuestión.

Esperamos igual contar también con esta aprobación, para que pueda realizarse este punto de Acuerdo.

Hoy pueda hacerse una comisión plural, que pueda revisar la situación en el estado de indefensión que se encuentran todas las ciudadanas y ciudadanos de Puebla.

Es todo, señor Presidente. Gracias.

Propuesta

Quienes suscriben, diversos Diputados Federales y Senadores de diversos grupos parlamentarios en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera. El otorgamiento de facultades excesivas a cuerpos de policía en aras de garantizar una actuación efectiva para preservar la seguridad pública, aunado a la vigencia de leyes creadas a modo para criminalizar la protesta social podría configurar un ambiente de peligro social y derivar en severas violaciones a derechos humanos, además de una persecución irracional contra cualquier disidencia que surja contra el Estado.

Lo anterior, lejos de crear un clima de seguridad pública adecuado, generar certeza jurídica o brindar a la sociedad la protección que ininterrumpidamente exige de su gobierno, crea un riesgo tanto para los ciudadanos como para los cuerpos policiacos, al colocar a estos últimos entre lo legítimamente permitido y una potencial violación a derechos fundamentales.

No es casualidad que las instituciones policiales aparezcan de forma reiterada como autoridades señaladas como responsables en los informes que los organismos protectores de derechos humanos entregan de forma anual. Por ejemplo, según datos recabados entre enero de 2012 y febrero de 2013 por la organización Human RightsWatch1, se reveló que existen 249 casos de personas desaparecidas en las cuales estuvieron involucrados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública; de esas desapariciones, en 95 ocasiones se identificó que existen “evidencias contundentes de que miembros de la policía local participaron en forma directa o indirecta en desapariciones forzadas”, situación que hace que la situación en México sea peor que en otros país de América Latina.

Particularmente en Puebla, durante la presentación de informe anual de actividades de la Comisión de los Derechos Humanos de ese estado relativo a 2013, se reforzó la denuncia que recae directamente en los cuerpos policiales y que según datos del citado informe, la Policía Ministerial, es la segunda autoridad con más denuncias, únicamente superada por los Ministerios Públicos, es decir, las instituciones de procuración de justicia son las autoridades que mayormente son señaladas, toda vez que en su naturaleza de actuación se encuentra implícito el vínculo directo de coerción hacia la población civil, por lo que es necesario en principio, crear leyes que de forma integral, resuelvan la exigencia de seguridad pública, siempre atendiendo a la observancia de los derechos humanos y en segundo lugar, capacitar a las policías para garantizar que cada elemento conozca los límites establecidos en la norma y respeten estos derechos inherentes a la condición humana.

Segunda. La observancia y respeto a los derechos humanos fundamentales en Puebla ha sido rebasado con el argumento de preservar el estado de derecho con la promulgación de decretos y leyes que de forma arbitraria pretenden establecer un orden social autoritario. La manifestación de las ideas y la protesta social, como vías de expresión se han vigorizado en respuesta a la negativa de diálogo de las autoridades estatales y representan para diversas organizaciones sociales, miembros del sector académico-estudiantil, y activistas de Puebla, una herramienta primordial para la exigencia legítima al respeto de sus derechos.

Es la manifestación legítima de las ideas, sin lugar a dudas, un pilar fundamental para la construcción de cualquier sociedad que aspire a tener un régimen democrático, plural e incluyente, por lo que debe privilegiarse con tolerancia, respeto y entenderse como un profundo acto de participación en los asuntos cotidianos que son relevantes para la sociedad.

La manifestación legítima de las ideas se usa para reclamar el derecho a una vida digna y al pleno respeto de los derechos fundamentales. Activistas sociales, trabajadores, líderes campesinos, miembros de la comunidad estudiantil y académica han denunciado en el estado de Puebla, entre otras afectaciones: privación de la libertad personal, amenazas y persecución, el nulo respeto por las condiciones laborales, la falta de respuesta al derecho de petición, la negativa del gobierno estatal al diálogo ante el altísimo riesgo ambiental generado por diversos proyectos  que pretende ejecutar el gobierno, como son las concesiones mineras otorgadas, la construcción de centrales hidroeléctricas, la construcción de la carretera Arco Poniente que atraviesa la entidad, la construcción del Gasoducto Proyecto Integral Morelos que atraviesa peligrosamente zonas consideradas de riesgo eruptivo, además de las preocupantes políticas, decretos y leyes emprendidas en torno al recurso del agua, las expropiaciones exprés que suprimen el derecho de audiencia a toda persona que enfrente un procedimiento de expropiación, el nulo respeto a la condición laboral de los trabajadores del Hospital para el Niño Poblano que quedó extinto por decreto, y los violentos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública contra operadores de Mototaxis. De lo anterior se han promovido diversas quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre las que se encuentran:

1. Queja promovida ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  el día 14 de febrero de 2014 con número de Folio 15730, Expediente 2014/763; relativa al operativo violento y detenciones arbitrarias registradas el 5 de febrero de 2014 en el municipio de Acatzingo en el que se reclaman violaciones a derechos humanos de las siguientes personas:

Senobio Marcelo Altamirano Sánchez; José Domínguez Ramírez; Fidencio Bolaños Casales; Guillermo Benítez Días; Enrique Arellano Campos; Romualdo Molina Domínguez; Saturnino Solís Ladino;  Melquiades Medel Olmedo; Rosendo Olmedo Arellano; Arturo Llanos Tapia; Cirilo Molina Tlapale; Bacilio Pérez Domínguez; Saturnino Palacios Cereso; Raymundo Pérez Domínguez; EleucarioReldón Heredia; Sebastián Villalba Valderas; Santiago Guerrero González; Severo Guerrero González; Elvia Velázquez Ramírez y Félix Casalez Díaz.

2. Queja promovida ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día 7 de mayo de 2014, con número de Folio 46119; relativa a actos de tortura efectuados por elementos de la policía municipal contra los derechos humanos del C. Manuel Ariel Ocampo en mayo de 2014.

3. Queja promovida ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día 14 de mayo de 2014, con número de expediente CNDH/6/2014/2918/Q; relativa a la detención arbitraria del activista social Abraham Cordero Calderón, el día 8 de abril de 2014, opositor a la construcción del Libramiento Arco Poniente y dirigente del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada.

4. Queja promovida ante la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Puebla, el jueves 19 de junio de 2014, con número de folio 2277, atraída por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentada por la C. Vianey Tlahuethtl Lara en el que se reclaman violaciones a los derechos humanos del C. Juventino Tlahuethtl, detenido arbitrariamente a las 12 horas del día 18 de junio de 2014 por elementos de la policía ministerial en un operativo de la Seguridad Pública del estado de Puebla en el municipio de San Miguel, Xoxtla, en las cercanías de la autopista México Puebla, como parte de un operativo que tenía el objeto de retirar unidades de Mototaxis.

5. Queja promovida ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día 25 de junio de 2014, con número de folio 68983, presentada por el C. Germán Romero González, en el que se reclaman violaciones a los derechos humanos del quejoso y del C. Manuel Romero González, relativa a la persecución que las autoridades han emprendido por la oposición que la organización “Tetela hacia el futuro” ha expresado contra concesiones mineras en Puebla y en defensa del territorio, el derecho al agua y a la vida de los habitantes del municipio de Tetela de Ocampo.

6. Queja promovida ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día 30 de junio de 2014, con número de folio 70796, presentada por el C. David MacuilCóyotl, en el que se reclaman violaciones a los derechos humanos de las CC. Juana MacuilCóyotl y Angélica MacuilCóyotl, detenidas arbitrariamente en un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla realizado el 21 de junio en la Junta Auxiliar de San Antonio Cacalotepec.

7. Queja promovida ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día 30 de junio de 2014, con número de folio 70826, presentada por el C. Raúl Portillo Pérez, en el que se reclaman violaciones a los derechos humanos del C. Alfredo Portillo Ramírez, privado de su libertad por una evidente confusión de identidad.

Tercera. El pasado 19 de mayo el Congreso de Puebla aprobó por 35 votos a favor y 5 en contra la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla.”, en la que se regula el uso de armas de fuego en manifestaciones que la autoridad estime violentas, conocida como “Ley Bala”.

Más allá del contexto en el que se encuentra actualmente el estado de Puebla, en cuanto a vigencia efectiva de Derechos Humanos, es importante conocer la prudencia de implementar este tipo de medidas en cualquier lugar, pues el simple hecho de dotar a los elementos de las instituciones policiacas con armas de fuego, para realizar operativos de salvaguarda de bienes y personas mientras se desarrolla una manifestación, significa una provocación a la violencia y sin lugar a dudas, una desproporción en las medidas para tutelar los bienes jurídicos, máxime cuando la Ley se encuentra redactada en términos ambiguos.

La protesta social debe ser entendida como un derecho constitucional legítimo adquirido por la sociedad para reclamar derechos de manera digna y nunca debe someterse al prejuicio que haga la autoridad señalándola de violenta sin haber sucedido ningún hecho que de forma notable pueda ser considerado como tal. En el momento que se faculta a los elementos de policía a estar equipados con armas de fuego, se prejuzga sobre la intención violenta de la manifestación y se criminaliza la proliferación de las ideas.

Además, al crear leyes que facultan el uso de armas letales, capaces de privar de la vida a objetivos civiles se corre el altísimo riesgo de disolver de manera violenta e irreparable a disidentes políticos, activistas sociales o a cualquier persona que demande de las autoridades un cambio, y no obstante, quedaría justificada su forma de proceder. Lo anterior, al contrario de significar un adelanto en la protección de derechos humanos, es un retroceso pues se radicalizan los métodos y protocolos de actuación de las policías, un error que históricamente ha padecido nuestro país.

El delegar el uso de armas y artefactos que pueden causar lesiones considerables o con potencial letal a discreción de los policías, abre la posibilidad a la represión y a la arbitrariedad, más aún si los cuerpos de policía no cuentan con el adiestramiento óptimo para poder decidir cuando una persona en lo individual representa un verdadero riesgo a la integridad física de su persona o de la comunidad, o bien, si es la manifestación en su conjunto la que puede rebasar el derecho a la libre manifestación y ser merecedora de medidas más fuertes, por lo que la subjetividad con la que cada policía clasifique a los manifestantes constituye pieza fundamental para repeler, agredir, herir y hasta poner en peligro la vida de los manifestantes.

En el mismo tenor del párrafo anterior, la organización “Article 19”, dedicada a la defensa de la libertad de expresión señaló en relación a la Ley Bala de Puebla que “Los artículos 40 y 45 contemplan de manera general la categoría de “manifestaciones violentas”. Esto es contrario a los estándares internacionales porque contraviene el principio de discriminación de actos violentos y fija una medida desproporcional. Al momento de hacer uso de la fuerza en las manifestaciones, las autoridades están obligadas a distinguir entre las personas que ejercen su derecho a manifestarse sin ser una amenaza y aquellas otras personas que por sus acciones son una amenaza inminente para la vida o integridad de terceros.  Este estándar implica que está prohibido generalizar y catalogar a una manifestación por los actos de algunas personas que participan en ella. Por el contrario, las autoridades deben determinar qué personas llevan a cabo acciones que exceden el ejercicio legítimo de sus derechos y actuar en torno a ellas con estricto apego a sus derechos humanos.2.

Cuarta. El miércoles 9 de julio en la Sierra Negra, la Sierra Norte, la Mixteca, y en San Bernardino Chalchihuapan, Estado de Puebla, diversas comunidades se manifestaron públicamente para exigir a las autoridades de esa entidad, la restitución del servicio del Registro Civil a las 661 Juntas Auxiliares de los municipios del estado, necesario para la inscripción de nacimientos, matrimonios, divorcios, y defunciones, así como la expedición de las actas correspondientes.

Esta exigencia surge de la reforma a la Ley Orgánica Municipal, por la que se le retiran las facultades de ejercer estos servicios a las Juntas Auxiliares, aprobada por el Congreso estatal en diciembre de 2013.

La respuesta del gobierno del estado, una vez más derivó en la represión inmediata y la violencia desmedida. Los hechos más radicales se registraron en el kilómetro 16 de la carretera Atlixco-Puebla, en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado implementaron contra los manifestantes la llamada Ley Bala, de reciente aprobación el pasado 19 de mayo por el Congreso Poblano, con evidentes abusos, represión y violaciones graves a los derechos humanos que hasta ahora se traducen en lo siguiente:

1. Estado de coma de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, un niño de 13 años herido en la cabeza por bala de goma al salir de su escuela secundaria y dirigirse a su domicilio. El niño fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital del Sur dependiente de la Secretaría de Salud de Puebla.

2. Herida causada a un joven de 21 años, de nombre Vicente, por impacto de bala de goma, aún se desconoce con precisión su estado de salud.

3. Herida causada por impacto de bala de goma a Martín Xelhua Romero en cuya mejilla le quedó un boquete con varias muelas arrancadas, pedazos de lengua cortados y fractura en la mandíbula. A Martín se le negó el servicio médico público y tuvo que ser internado en una clínica particular de Atlixco. Su estado es crítico.

4. Pérdida del ojo izquierdo de Hugo Jiménez herido por impacto de bala de goma.

5. Heridas causadas por impacto de bala de goma en el ojo izquierdo y en el extremo derecho del abdomen a dos personas del género masculino.

6. Detención y auto de formal prisión inmediato contra los ciudadanos Félix Montes Xelhua; Sergio Clemente Jiménez Tacalero; Santiago Pérez Tamayo, y Antonio Víctor Montes Contreras. A todos se les acusa según la averiguación previa 468/2014/DMZS, por delitos de ataque a las vías de comunicación y a la seguridad de los medios de transporte; lesiones; daño en propiedad ajena doloso; motín; privación ilegal de la libertad; homicidio en grado de tentativa, y robo.

7. Desaparición de la señora Martina Ocelot de 65 años de edad.

8. Presiones, amenazas, y hostigamiento de parte del gobierno del Estado contra la Sra. Elia Tamayo Montes, la madre del menor Luis Alberto, para que firme una declaración hecha por las autoridades del Estado donde se pretende responsabilizar a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan de las heridas causadas a su hijo, y desmienta la declaración que hizo ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla que señala como responsable de tales heridas a la policía estatal, según oficio de folio 2475.

A través de la Procuraduría General de Justicia del estado, el gobierno de Rafael Moreno Valle, acusa a los pobladores de ser los responsables del enfrentamiento, lo que se consigna en las causales que le imputan a quienes se encuentran en auto de formal prisión. El mismo gobernador responsabiliza a los manifestantes de las heridas causadas al niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo arguyendo que los manifestantes usaron a sus hijos como escudos para protegerse.

Se ha violentado el artículo 6º. de la constitución política de México al incumplir la obligación que tienen las autoridades de dar respuesta a las peticiones que le presentan los poblanos y, en especial, las organizaciones sociales que disienten de las medidas gubernamentales que violan los derechos humanos. Así se ha instaurado en Puebla un sistemático rechazo a las diversas propuestas de diálogo resolutivo de diversas organizaciones sociales.

En San Bernardino Chalchihuapan sucedió lo que organismos civiles defensores de los Derechos Humanos ya habían previsto: que la policía haría uso excesivo y arbitrario de la fuerza, aumentando el grado de tensión entre los ciudadanos que han decidido defender sus derechos y el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Se puede afirmar de los hechos en Chalchihuapan, que la relación del gobernador con las organizaciones que disienten de su gobierno, entran a una etapa de criminalización y persecución, que mantiene en la cárcel a 37 dirigentes sociales, incluidas autoridades de las Juntas Auxiliares.

Este nueva etapa, desastrosa para los derechos humanos fue claramente evidenciada con un ultimátum que el representante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado le hizo a Javier Montes Bautista, presidente de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan el miércoles 9 de julio: “si quieren ver sangre, va a correr sangre”.

Mantenerse insensibles, no indignarse ante los atropellos que cualquier autoridad cometa contra su población, no actuar con eficacia para restablecer las normas democráticas basadas en el diálogo para resolver las controversias entre ciudadanía y gobierno, significa introducir a la sociedad en ley de la selva, donde el más fuerte domina al débil.

No tomar medidas constitucionales, democráticas y humanitarias ya, significa dejar que el malestar de los poblanos derive en una escalada de autodefensa de las comunidades y las organizaciones sociales, que harían ingobernable la entidad, con irreversibles consecuencias para el derecho a la vida de los poblanos.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, conforma un grupo de trabajo plural, integrado por Diputados y Senadores, para dar seguimiento a la probable violación de derechos humanos denunciada por diversos grupos sociales y manifestantes en el Estado de Puebla.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, el 16 de julio de 2014.

Dip. Roxana Luna Porquillo. - Dip. Alliet Bautista Bravo. - Sen. Luis Sánchez Jiménez. - Dip. Silvano Aureoles Conejo. - Sen. Manuel Bartlett Díaz. - Dip. Victor Manuel Manriquez. - Sen. Alejandro Encinas Rodríguez. - Dip. Joaquina Navarrete Contreras. - Sen. Dolores Padierna Luna. - Dip. Angel Cedillo Hernández. - Dip. Armando Contreras Ceballos. - Dip. Carol Antonio Altamirano. - Dip. Graciela Saldaña Fraire. - Dip. Josefina Salinas Pérez. - Dip. Juan Manuel Focil Pérez. - Dip. Juana Bonilla Jaime. - Dip. Marcelo Garza Ruvalcaba. - Dip. Mario Alejandro Cuevas Mena. - Dip. Roberto Carlos Reyes Gamiz. - Dip. Saraí Larissa León Montero. - Dip. Silvano Blanco De Aquino.

1 Informe de la organización Human RightsWatch: “Los Desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada”, consultado en: http://www.hrw.org/node/113779

2 Posicionamiento de la organización “Article 19”:  Continúa aprobación de legislaciones en contra de la protesta social: ley que regula el uso de la fuerza en Puebla viola derechos humanos; consultado en: http://www.articulo19.org/continua-aprobacion-de-legislaciones-en-contra-de-la-protesta-social-ley-que-regula-el-uso-de-la-fuerza-en-puebla-viola-derechos-humanos/

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Sonido en el escaño de la Senadora Gómez del Campo, ¿para qué efecto, Senadora?

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente. Solamente para hacer una precisión.

Primero, pues me congratulo por el PRD…

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: ¿Es sobre el tema?

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Permítame nada más, en el momento en que se someta a discusión, que se abra a discusión, con muchísimo gusto.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Solamente, Presidente, si usted me lo permite, así como tiene el PRD interés en este tema, por lo que ocurre en Puebla, porque se respeten los derechos humanos, todos estamos conscientes de que existen las instancias correspondientes, sería bueno que hiciera lo propio en el Distrito Federal, porque es el PRD también el que está violentando con el Hoy No Circula los derechos humanos de los capitalinos.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Discúlpeme que la interrumpa. Conforme al Reglamento este tema no ha sido abierto a debate. Se turna a la Primera Comisión.





 

Le concedemos el uso de la palabra a la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT, para presentar punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con las familias de las víctimas palestinas e israelíes caídas en la Franja de Gaza.

A su vez esta Presidencia habilita a la Secretaría para que continúe con la sesión correspondiente. Gracias.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente.

Y dada la estricta aplicación del Reglamento, que no solamente me lo aplicó a mí, sino también a la Senadora, yo desde esta tribuna y aprovechando mi tiempo me uniré también al punto de Acuerdo que hace el PRD, porque nos parece bastante grave lo que se ha conocido como la Ley Bala en Puebla, y el uso y el abuso de la fuerza contra la ciudadanía, no contra grupos específicos en esta entidad, lo que puede ser el inicio del autoritarismo en este país.

Específicamente lo que vengo a presentar es una proposición con punto de Acuerdo en lo que se refiere al conflicto que se presenta hoy en la Franja de Gaza, y además tendremos como testigo esta bala de goma que está en esta tribuna para hablar específicamente de estos temas de violencia.

Pareciera que la Franja de Gaza, que Palestina y que Israel están muy alejados de México. Sin embargo, éste, la Franja de Gaza y la convivencia con el estado israelita son lo que se conoce como el polvorín del oriente cercano, y que específicamente pueden representar el inicio, en un descuido, de lo que sería una Tercera Guerra Mundial.

Esta, el conflicto de los israelitas y los palestinos que pareciera que sencillamente es un conflicto de buenos y malos, es en realidad un conflicto que viene no solamente desde 1967, cuando se hace la partición de los dos estados, Palestina e Israel, sino que viene desde antes, desde 1917, cuando las Naciones Unidas, perdón, cuando en la Declaración de Balfour se reconoce la creación de un estado israelita en un territorio ya ocupado, que se conocía como Palestina.

Finalmente, el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas reconoce y solicita que este territorio, el de Palestina e Israel, se divida en dos estados: el estado Judío con un 54% de territorio, y el estado árabe con un 46% del mismo. Después de esta resolución del 47 la ONU ha dado distintas resoluciones para tratar de resolver un conflicto que parece que no tiene ni pies ni cabeza.

En la Resolución 194 de 1948 reconoció el derecho de retorno de los palestinos, ¿y a qué se refiere esto? Vamos a poner en palabras claras de qué estamos hablando.

Finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, antes en menos proporción, pero después de la Segunda Guerra Mundial hubo un éxodo de judíos hacia este espacio que ya se había reconocido como un estado de Israel. Esta ocupación que ya había por árabes, ahora conocidos como palestinos en este territorio, causó un problema que hasta hoy conocemos, y que además se transformó en lo que hoy conocemos como la ocupación de Palestina.

El derecho de retorno que determina a la Organización de las Naciones Unidas en 1948 tiene un tema muy significativo. Los palestinos llegaron, los israelitas al territorio, y los palestinos fueron despojados de sus casas con la promesa y el compromiso de la comunidad internacional de que podrían volver a su casa. Los palestinos se fueron con las llaves de su casa a campos de concentración que hoy están en el corazón de Jerusalén y otras ciudades del espacio ocupado en la Franja de Gaza, y ya no digamos en los territorios ocupados.

El derecho de retorno que se determina en 1948 reconoce que los palestinos tenían tenencia de la tierra y derecho a la ocupación que tenían ellos en el territorio palestino hacía muchos años. Sin embargo, Israel ha hecho oídos sordos a este derecho de retorno.

Luego en 1967, la ONU también solicita el retiro de Israel y su Ejército de lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza; pero desde entonces, y esto lo sabemos pocos, ha iniciado lo que se conoce como la ocupación del Ejército israelí en los territorios de la nación Palestina. Es decir, pocos de nosotros sabemos que la Franja de Gaza no es un campo, un gran campo de concentración, sino son ciudades que son funcionales, donde vive gente que quiere construir una vida normal y que quiere la paz.

Sin embargo, el Ejército israelita ha ocupado y ha impuesto una ley específica, una Ley Marcial para acabar con todos los derechos humanos de los árabes que ocupan los territorios ocupados, valga la redundancia, por Israel. Es decir, los palestinos en su propio territorio no pueden utilizar caminos, no pueden atender a ciertos espacios públicos, no pueden a veces siquiera transitar por carreteras que se han hecho específicamente para lo que se conoce en Palestina como los “Stleler” o la gente que llegó a ocupar su territorio.

Es como si de repente se llegara al Distrito Federal y alguna colonia, digamos, francesa para no poner ningún conflicto con nuestros vecinos del Norte, y se empieza a invadir poco a poco el territorio. Y se dice, y se hace una ley específica para que los mexicanos suspendamos nuestros derechos humanos, eso es lo que está sucediendo en la Franja de Gaza.

Actualmente la Franja de Gaza, que representaba solamente el 42% de lo que originalmente era Palestina, hoy está ocupado por colonias israelitas ilegales en una proporción de más del 60%. Lo que realmente le queda al pueblo de Palestina es un espacio invadido, es un espacio donde no se puede ejercer la paz y donde definitivamente no se puede ejercer una vida normal.

Entendemos, y también conocemos de las buenas relaciones que tiene el Estado Mexicano con el pueblo de Israel. Yo misma tengo extraordinarias relaciones con el pueblo de Israel, sin embargo, nos parece que lo que hoy es un gran conflicto internacional y que pareciera tan lejano, el estado mexicano debe de hacer un pronunciamiento por el respeto a los derechos humanos.

Sobre esto también hay que decir, no estamos a favor y repudiamos cualquier acto de terrorismo que jamás pueda estar haciendo sobre el pueblo israelita. La violencia nunca será la solución.

Sin embargo, no deja de ser una casualidad conveniente el momento en el que se dan estos ataques, y, el asesinato abierto sobre civiles palestinos, que no salen en las noticias, y que hoy, en la mañana, por ejemplo, en los noticiarios se decía, que había muerto el primer israelita, cuando estamos hablando de ya decenas de muertos en territorio palestino.

El punto de Acuerdo que yo estoy presentando es, para que en respeto irrestricto a las dos naciones, pero entendiendo también la situación que guarda el Estado Palestino y los pronunciamientos internacionales que ha habido, sobre todo en la Comunidad Europea en este tema, la Comisión Permanente exprese su más sentida solidaridad con los familiares de las víctimas palestinas e israelíes, en la Franja de Gaza, ante la nueva ola de ataques que se ha dado no solamente por parte de grupos terroristas, como se ha dicho, sino contra civiles en la Franja de Gaza por parte del ejército israelí.

Y, Segundo, para que la Comisión Permanente se haga un llamado al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores promueva acciones de vigilancia sobre los derechos humanos sobre palestinos e israelitas en la Franja de Gaza y en los territorios ocupados.

Y, tercero, específicamente para hacer un llamado para que se acabe la ocupación en Palestina.

Nosotros nos pronunciamos por la paz, el estado mexicano siempre deberá pronunciarse por la paz, pero no podemos cerrar los ojos a las grandes violaciones que existen sobre un pueblo que parece que no existe, que no vive, que no respira, y que no tiene derechos.

Entonces, hacemos un llamado a esta Comisión Permanente para que actuemos en consecuencia, y desde aquí hagamos votos por la paz, pero sobre todo por el respeto a los derechos humanos; no al manejo político del conflicto en la Franja de Gaza, y no al manejo político y el uso de drones contra civiles y contra niños palestinos en las ciudades de la Franja de Gaza.

Muchas gracias.

Propuesta

La que suscribe Lilia Aguilar Gil, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El 2 de noviembre de 1917 tras la Declaración de Balfour, a través de la cual el Reino Unido se pronunció a favor de la creación de un hogar nacional judío en territorio palestino dio inicio a un constante proceso migratorio judío a territorio palestino, donde pronto comenzaron a consolidar instituciones que les permitieron organizar a su comunidad; la cual fue creciendo con el aumento del antisemitismo en toda Europa y los rigurosos requisitos migratorios para ingresar a Estados Unidos.

2. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas a través de la resolución 181, votaron el fin del Mandato Británico y la división de Palestina en dos partes, una judía (54%) y otra árabe (46%). Jerusalem, incluida Belem,  conformarían el área conocida como corpus separatum (700 km2) administrados por el Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. Por supuesto, los árabes no lo aceptaron, en tanto que los judíos sí. El 13 de mayo de 1948 lo judíos declaran la independencia del Estado de Israel e inicia con ello, el conflicto bélico que de manera intermitente continúa hasta nuestros días.

3. La Resolución 194 del 11 de diciembre de 1948, ordena el retorno o compensación de los refugiados palestinos a sus hogares tras la expulsión por las fuerzas israelíes. La Resolución 242 del 22 de noviembre de 1967, ordena la retirada de Israel de los territorios recién ocupados de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, en la Guerra de los Seis Días, y proclama el derecho a la soberanía, a fronteras seguras y a vivir en paz de los Estados ya constituidos en la región. La Resolución 338 del 22 de octubre de 1973, ordena alto al fuego inmediato en la guerra de YomKippur. Y la Resolución 1397 del 12 de marzo de 2002, por primera vez ordena la creación de un Estado palestino, que viva al lado del israelí con fronteras reconocidas y seguras, además de exigir el cese de la violencia y la vuelta a las negociaciones de paz. Sin embargo, ninguna de estas resoluciones de la ONU se han cumplido hasta el momento y la violencia sigue.

4. Luego de un periodo de aparente paz, el 12 de junio tres jóvenes israelíes desaparecieron, se presumió que fueron secuestrados y el 30 de junio fueron hallados muertos en Cisjordania. De inmediato, el Primer Ministro de Israel Benjamin Netanyahu, señaló que los tres jóvenes fueron asesinados "a sangre fría", y advirtió que "hará pagar" por ello al Hamas islamista.

5. Las casas de los sospechosos, miembros de Hamas en Hebrón fueron destruidas. Además, tres extremistas israelitas confesaron haber quemado vivo a  un joven palestino, reiniciándose así el largo conflicto palestino-israelí.

6. Por ambas partes han sido lanzados cohetes, el hecho es que los cohetes lanzados por Hamas son interceptados por Israel antes de que estos causen daño. Sin embargo, los cohetes lanzados por parte del ejército israelí que ha declarado tener como objetivo flancos de los líderes de Hamas, hasta el momento no les han dado resultado, ya que las víctimas han sido en su gran mayoría civiles.

7. Recientemente la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, NaviPillay, expresó su preocupación porque que Israel esté cumpliendo con las leyes internacionales que prohíben matar civiles intencionadamente. Afirmó que la ONU está “recibiendo inquietantes noticias de que muchas de las bajas civiles, incluidos niños, están ocurriendo en bombardeos a viviendas”. Hasta el día de hoy, no han anunciado la muerte de ningún dirigente significativo de la organización palestina.

8. El conflicto está dividiendo opiniones de los estados miembros de la ONU, por una parte representantes de la Unión Europea declararon que se deben detener los ataques por parte de Israel, mientras que Estados Unidos ha expresado públicamente que existe el  legítimo derecho de defensa.

9. Las posiciones son firmes, el primer ministro israelí ha declarado en repetidas ocasiones que no se detendrán, que no descartan el combate vía terrestre y teniendo en consideración que Israel cuenta con el quinto mayor ejército a nivel mundial es que sabemos de la magnitud de la gravedad del conflicto ante el cual la comunidad internacional puede enfrentarse toda vez que éste se ha caracterizado por ser no sólo entre los palestinos y los israelíes sino entre los árabes y los israelíes por lo que cabe la posibilidad de que de no cesar intervengan otros Estados.

10.  Las autoridades palestinas han declarado que se está cometiendo un genocidio contra su pueblo, ya que el lanzamiento de los cohetes israelíes está dirigido contra la población civil  que se encuentra en estado de total indefensión y las autoridades de israelíes declaran ser atacadas diariamente por cohetes lanzados por Hamas, quienes lo han reconocido. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cuántas bajas hay de cada lado, principalmente cuántas de éstas son civiles.

11. México por su parte, tiene excelentes relaciones diplomáticas con Israel desde 1952 y aunque se ha manifestado a favor de la legítima lucha de la causa del pueblo palestino en nuestro país únicamente existe una Delegación Especial de Palestina, aún no se otorga el rango de Embajada. No obstante, nuestro país respetando la soberanía de ambas naciones y sin afán intervencionistas debe impulsar el respeto a los derechos humanos y la legalidad internacional en pro de ambos pueblos hermanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, y buscando siempre contribuir a fortalecer la presencia de nuestro país en el escenario internacional, a promover el respeto de los derechos humanos y la justicia internacional, se pone a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, expresa su más sincera solidaridad con los familiares de las víctimas palestinas e israelíes caídas en la Franja de Gaza, ante la nueva ola de ataques que esperamos pronto culmine y dé inicio a una etapa de convivencia entre fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, hace un respetuoso llamado al Ejecutivo Federal, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su representación ante la ONU promueva acciones de vigilancia de los derechos humanos tanto de la población palestina como israelí ante la actual ola de ataques con cohetes perpetuada por ambas partes, toda vez que según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos se tiene conocimiento de que la mayoría de los muertos son civiles, principalmente menores de edad.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, hace un respetuoso llamado al Ejecutivo Federal, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgue el estatus de Embajada a la representación diplomática de Palestina en México y deje de ser una únicamente una Representación Especial a fin de que  nuestro país dé un trato igualitario y actúe coherentemente.

Congreso de la Unión, el 16 de julio de 2014.

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Lilia Aguilar Gil.

El Presidente Diputado Adame Alemán: Muchas gracias, Diputada. Exhorto a los oradores a que se sujeten al tiempo que tienen disponible.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuestos por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución, y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría por la negativa, Diputado Presidente.

El Presidente Diputado Adame Alemán: Se turna a la Segunda Comisión.





 

Tiene la palabra la Senadora Verónica Martínez Espinoza, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta a intensificar operativos de seguridad pública, seguridad vial y verificación de servicios turísticos para la protección de los turistas en este periodo vacacional 2014.

La Senadora Verónica Martínez Espinoza: Con su venia, señor Presidente; compañeros, compañeras, Senadoras y Senadores:

En estos días está dando inicio el período vacacional de verano 2014, se prevé que 400,000 turistas elijan diferentes destinos turísticos mexicanos para viajar y disfrutar de la convivencia familiar.

La Secretaría de Educación Pública marca en el calendario oficial que será del 15 de julio al 18 de agosto los turistas visitarán playas, zonas arqueológicas o sitios de relajación y esparcimiento.

La mayoría de los paseantes se trasladarán vía terrestre, por tanto resulta necesario instrumentar estrategias y operativos que garanticen la seguridad integral de los trayectos carreteros, así como reforzar las señalizaciones de curvas, retornos, pendientes y tramos peligrosos.

Cabe recordar que en los períodos vacacionales el tránsito carretero se incrementa de forma considerable, principalmente en aquellos destinos de playas.

Por tal motivo la importancia es de considerar medidas preventivas y correctivas a fin de evitar pérdidas humanas y materiales.

Al respecto, investigadores del Instituto Mexicano del Transporte, identificaron en julio del 2013, 693 tramos peligrosos, y 18,640 segmentos de 500 metros peligrosos en la Red Federal de Carreteras, que en conjunto concentraron en 34 por ciento del total de accidentes.

Es importante intensificar acciones de seguridad vial en este tipo de tramo carretero.

Asimismo, en el operativo de seguridad vacacional es importante lograr que la ciudadanía respeto los señalamientos de tránsito, en específico los que tienen que ver con los límites de velocidad, el avistamiento de las curvas peligrosas, así como evitar conducir bajo los efectos del alcohol, y estupefacientes; con lo anterior, disminuiría considerablemente el índice de accidentes carreteros.

Adicionalmente es necesario que la Procuraduría Federal del Consumidor realice un seguimiento puntual de inspección y verificación a los establecimientos que ofrecen servicios turísticos para que se respeten las tarifas, servicios convenidos, precios, promociones, reservaciones y entre otros aspectos, que todo proveedor está obligado a observar, así como garantizar que los paseantes gocen de sus derechos fundamentales como consumidores.

Es necesario también que se procuren condiciones satisfactorias de seguridad pública al velar por la seguridad física y bienes de los turistas implementando operativos de prevención, de actos delictivos como campañas de promoción de convivencia en respeto y armonía y vigilancia intensificada en las carreteras, autopistas con mayor flujo de tránsito.

Los Senadores del grupo parlamentario del PRI deseamos que estas vacaciones de verano los turistas mexicanos y extranjeros puedan disfrutar de estos días de    descanso.

Por tanto, consideramos urgente la implementación de operativos que garanticen la seguridad íntegra de los paseantes y sus derechos como consumidores.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea lo siguiente.

Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar e intensificar los operativos de seguridad, vigilancia y auxilio en las carreteras y autopistas federales, así como en las unidades aeroportuarias para promover la seguridad de los turistas en este período vacacional de verano 2014.

Segundo. La Comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reforzar las señalizaciones de tránsito, así como instrumentar estrategias y campañas que promuevan la seguridad vial integral de los turistas en trayectos carreteros en este período vacacional de verano 2014.

Tercero. La Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar operativos de inspección y verificación de tarifas, servicios, promociones y reservaciones para garantizar que los paseantes gocen de sus derechos fundamentales como consumidores durante el período vacacional de verano 2014.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

En estos días está dando inicio el periodo vacacional de verano 2014, se prevé  que 400 mil turistas elijan diferentes destinos turísticos mexicanos para viajar y disfrutar de la convivencia familiar. La Secretaría de Educación Pública (SEP) marca en el calendario oficial que será del 15 de julio al 18 de agosto. Los turistas visitarán playas, zonas arqueológicas, o sitios de relajación y esparcimiento.

La mayoría de los paseantes se trasladaran vía terrestre, por tanto, resulta necesario instrumentar estrategias y operativos que garanticen la seguridad integral de los trayectos carreteros, así como reforzar las señalizaciones de curvas, retornos, pendientes y tramos peligrosos. Cabe recordar que en los periodos vacacionales, el tránsito carretero se incrementa de forma considerable, principalmente en aquellos destinos de playas, por tal motivo la importancia de considerar medidas preventivas y correctivas a fin de evitar pérdidas humanas y materiales.

Al respecto, Investigadores del Instituto Mexicano del transporte (IMT), identificaron en junio del 2013 mil 693 tramos peligrosos y 18 mil 640 segmentos de 500 metros peligrosos en la red federal de carreteras que en conjunto concentraron el 34% del total de accidentes. Es importante intensificar acciones de seguridad vial en este tipo de tramos carreteros.

Asimismo, en el operativo de seguridad vacacional es importante lograr que la ciudadanía respete los señalamientos de tránsito, en específico los que tienen que ver con los límites de velocidad, el avistamiento de las curvas peligrosas, así como evitar conducir bajo los efectos del alcohol y estupefacientes. Con lo anterior, disminuiría considerablemente el índice de accidentes carreteros.

Adicionalmente, es necesario que la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO), realice un seguimiento puntual de inspección y verificación a los establecimientos que ofrecen servicios turísticos para que se respeten las tarifas, servicios convenidos, precios, promociones, reservaciones entre otros aspectos, que todo proveedor está obligado a observar, así como garantizar que los paseantes gocen de sus derechos fundamentales como consumidores.

Es necesario también que se procuren condiciones satisfactorias de  seguridad pública, al velar por la seguridad física y bienes de los turistas, implementando operativos de prevención de actos delictivos así como campañas de promoción de convivencia en respeto y armonía y vigilancia intensificada en las carretas y autopistas con mayor flujo de tránsito.

Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, deseamos que estas vacaciones de verano los turistas mexicanos y extranjeros puedan disfrutar de estos días de descanso. Por tanto, consideramos urgente la implementación de operativos que garanticen la seguridad íntegra de los paseantes y sus derechos como consumidores.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

De urgente y obvia resolución.

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad, a reforzar e intensificar los operativos de seguridad, vigilancia y auxilio en las carreteras y autopistas federales, así como en las unidades aeroportuarias para promover la seguridad de  los turistas en este periodo vacacional de verano 2014.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  a reforzar las señalizaciones de tránsito así como a instrumentar estrategias y campañas que promuevan la seguridad vial integral de los turistas en trayectos carreteros, en este periodo vacacional de verano 2014.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, a realizar operativos de inspección y verificación de tarifas, servicios, promociones y reservaciones para garantizar que los paseantes gocen de sus derechos fundamentales como consumidores durante el periodo vacacional de verano 2014.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de julio de 2014.

El Presidente Diputado Adame Alemán: Muchas gracias, Senadora. Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente u obvia resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente Diputado Adame Alemán: En consecuencia, está a discusión la propuesta. No habiendo oradores, consulto a la secretaría, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Adame Alemán: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Finalmente, se concede el uso de la tribuna a la Diputada Dora María Talamante Lemas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar punto de Acuerdo que exhorta a hacer pública la lista oficial de útiles escolares.

La Diputada Dora María Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados.

En las próximas semanas 27 millones de niños, niñas y jóvenes regresarán o ingresarán por primera vez a la escuela.

Los gastos que esta situación implica conllevan a un impacto en la dinámica y en la economía familiar. El regreso a clases representa un reembolso importante para los padres de familia, pues implica comprar útiles escolares, uniformes y zapatos, situación que en muchas ocasiones provoca angustia, ansiedad y desesperación por los gastos que se generan y que adquiere mayor importancia, puesto que hay que hacer frente a estos gastos con un salario mínimo de 67.29 pesos. Esta situación se agudiza cuando se tiene más de un hijo en edad escolar.

Conocer con tiempo los materiales que se van a ocupar durante el ciclo escolar permite a los padres de familia elaborar un presupuesto y planear las compras de una mejor manera.

Es importante, por lo tanto, que la Secretaría de Educación Pública dé a conocer lo antes posible la lista oficial de los útiles escolares, así las familias podrán comparar los precios y buscar las mejores alternativas económicas, lo que representaría un importante ahorro.

Por ello pongo a su consideración el punto de Acuerdo. Por lo que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que a la brevedad haga pública la lista oficial de útiles escolares del ciclo escolar 2014-1015. Con ella los padres de familia podrán realizar un consumo planificado, organizado e inteligente.

Del mismo modo se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus atribuciones intensifique las acciones de monitoreo, supervisión y vigilancia de los precios de uniformes, útiles escolares en los comercios establecidos en el país. Por lo que se debe intensificar las acciones de vigilancia a fin de constatar que en los comercios no incrementen los precios, los mantengan a la vista, respeten las promociones que ofrecen y, en general, se eviten abusos la economía familiar.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

La suscrita, Diputada Dora MarIa Guadalupe Talamante Lemas, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde el inicio de la discusión de la reforma educativa, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hicimos hincapié en que garantizar el derecho de todos los mexicanos a una educación de calidad, es una tarea que involucra múltiples acciones y la participación decidida de todos los sectores involucrados en el desarrollo de la vida nacional.

En este marco, la llegada del próximo Ciclo Escolar 2014-2015, trae consigo trascendentales modificaciones que deberán mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cada centro escolar.

Además de las modificaciones que tendrán lugar en la planeación y gestión escolar, un elemento fundamental lo constituye el impacto que para la economía familiar tiene el conocido “regreso a clases”.

Hoy sabemos que por disposición legal, está prohibido el “pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos”, sin embargo sabemos también que la adquisición de uniformes y útiles escolares son sufragados por los padres de familia debido a que los programas de apoyo que ponen en marcha los Gobiernos Locales, son limitados por lo que no permiten atender a todos los estudiantes que asisten a las escuelas públicas y menos aún a las privadas.

En este marco, es preciso reconocer que la economía de nuestro país, aunque ha mantenido su estabilidad financiera, está creciendo debajo de su potencial y si bien de acuerdo con las proyecciones de las autoridades hacendarias este panorama mejorará el resto del año, el poder adquisitivo en México registró una caída de 77.79 por ciento en tan sólo 27 años; es decir, de la canasta básica sugerida, una familia puede acceder al 34 por ciento de ella, de acuerdo con la Facultad de Economía de la UNAM, la cual utilizó una canasta de 40 productos recomendables para la alimentación del mexicano que elaboró el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, en la cual, los costos, dependiendo de su lugar de venta, llegaron a presentar algunas variaciones.

Mientras que en los supermercados, los 40 productos costaron 195.30 pesos; en mercados públicos el precio fue de 186.3 pesos; y de 172.4 pesos en tianguis o mercados sobre ruedas. Sin embargo, siendo el salario mínimo de 67.29 pesos, el poder adquisitivo en la población mexicana, tan sólo de la canasta básica, resultaba de 63.25 por ciento en diciembre del 2006, y de 77.79 por ciento para abril del año en curso.

Lo anterior ilustra con claridad las presiones a las que se enfrentarán las familias mexicanas durante la segunda quincena de julio y el mes de agosto, con la finalidad de atender la compra de uniformes y útiles escolares, por lo que resulta urgente fortalecer las medidas para apoyar a la población mexicana en este proceso.

Ciertamente como cada año, en este 2014, se organizarán las denominadas “Ferias de Regreso a Clases”, a lo largo de la geografía nacional en las que además de promover la reutilización de material escolar en buen estado, se ofrecen artículos y uniformes con descuentos que van desde el 10 al 40 por ciento.

Asimismo, en algunas entidades federativas se ha iniciado la distribución y entrega de apoyos a las familias de escasos recursos y la mayoría de los colegios privados ya han hecho pública la lista de materiales a utilizarse en el Ciclo Escolar 2014-2015, con la finalidad de que los padres de familia estén en posibilidades de realizar comprar anticipadas y programas la adquisición de los materiales que requerirán sus hijos en varias exhibiciones.

Es importante por lo tanto, que la Secretaría de Educación Pública dé a conocer lo antes posible la lista oficial de útiles escolares a que habrán de sujetarse los planteles de educación básica obligatoria, con el objetivo de que la mayor parte de la población esté en condiciones de realizar las mismas previsiones que ya disfrutan quienes asisten a las escuelas privadas, y contribuir en lo posible a disminuir la necesidad de realizar compras de última hora, incluso a la urgencia de acudir a casas de empeño en las que ponen en riesgo el patrimonio familiar.

Aunado a lo anterior, es indispensable que la Procuraduría Federal del Consumidor, intensifique la supervisión y vigilancia, que tradicionalmente realiza, en los establecimientos dedicados a la venta de artículos escolares, incluyendo los supermercados, tiendas de autoservicio y departamentales, constatando que, además de mantener los precios a la vista y dentro de los rangos autorizados, se respeten las promociones y descuentos que, en su caso, ofrezcan.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que, a la brevedad, haga pública la lista oficial de útiles escolares para el Ciclo Escolar 2014-2015, con la finalidad de contribuir a que las familias mexicanas se encuentren en condiciones de llevar a cabo las previsiones necesarias para la adquisición de los uniformes y útiles escolares de sus hijos.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el ámbito de sus atribuciones y en el marco del regreso a clases para el Ciclo Escolar 2014-2015, intensifique las acciones de monitoreo, supervisión y vigilancia de los precios de uniformes y útiles escolares en los comercios establecidos en el país, con el objetivo de contribuir al mejor aprovechamiento del gasto familiar.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 16 de julio de 2014.

Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas.

El Presidente Diputado Adame Alemán: Túrnese a la Tercera Comisión.





 

Se recibió una solicitud de excitativa de las Diputadas Alliet Bautista Bravo y Graciela Saldaña Fraire, que se turna a la Cámara de Diputados.

EXCITATIVA

Quienes suscriben GRACIELA SALDAÑA FRAIRE y ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, diputadas federales de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, respetuosamente solicitan se formule excitativa a las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a que presenten el Dictamen relativo a la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica presentada por la diputada Graciela Saldaña Fraire del grupo parlamentario del PRD y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza, el jueves 3 de abril de 2014, al tenor de los siguientes:

ATENCEDENTES

I.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del día jueves 3 de abril de 2014, la legisladora federal de la LXI Legislatura, Graciela Saldaña Fraire, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica.

II.- El Presidente de la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo, en esa misma fecha turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública el asunto para su dictamen.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. En el documento legislativo1se propuso que:

“…la ley [fuese] de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece disposiciones para prohibir la fractura hidráulica en la exploración y explotación de hidrocarburos”

El proyecto legislativo propone adicionar cinco objetos en la nueva normatividad jurídica:

Evitar los daños graves e irreversibles al medio ambiente y en consecuencia, las afectaciones que puedan producirse a partir de la exploración y explotación por medio de la fractura hidráulica, a través de la observancia del principio precautorio;

Proteger los derechos humanos frente actividades de exploración y explotación por fractura hidráulica;

Prohibir la fractura hidráulica en el territorio nacional;

Fomentar el estudio y análisis de los impactos ambientales causados por la exploración y explotación por fractura hidráulica;

Fortalecer la transición energética hacia fuentes de energía renovables, que aseguren la sostenibilidad energética social y ambiental del país, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes.

La iniciativa materia de la presente excitativa propone ampliar las atribuciones del Estado en materia de fractura hidráulica:

Formular y conducir la política nacional en materia de hidrocarburos que se encuentren en el territorio nacional;

Establecer procedimientos para brindar información y realizar consultas públicas que fomenten la participación de la sociedad en general, los sectores público y privado;

Observar el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada de los pueblos indígenas y tribales;

Establecer, regular e instrumentar las acciones necesarias para el desarrollo energético, de conformidad con esta ley, los tratados internacionales ratificados y demás disposiciones jurídicas, en las materias siguientes:

a) Preservación, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, los ecosistemas terrestres y acuáticos y los recursos hídricos;

b) Planeación nacional del desarrollo;

c) Energía;

d) Salud;

e) Cambio Climático;

f) Las demás que determinen otras leyes.

Finalmente, la diputada propone infraccionar a quienes incurran en prácticas de fractura hidráulica con multas de mil a un millón quinientas mil veces el importe del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a juicio de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía.

Asimismo, señala que la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía deberán suspender los trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones; clausurar totalmente las instalaciones o sistemas y cancelar las asignaciones o proyectos.

TERCERA.- Es a destacar que la propuesta recoge experiencias internacionales:

En Francia, la técnica de fractura hidráulica fue prohibida por el parlamento el 30 de junio de 2011; en Bulgaria, la técnica de fractura hidráulica fue prohibida el 18 de enero de 2012; en Rumanía, una moratoria sobre la fractura hidráulica terminó en 2012; en Sudáfrica, el gobierno estableció una moratoria en septiembre de 2012 para la explotación de hidrocarburos de lutitas en la región de Karoo.

En mayo de 2012, el gobierno alemán decidió detener temporalmente sus planes de implementación de la fractura hidráulica; a finales de 2012, el gobierno de la República Checa planteó la posibilidad de establecer una moratoria en la explotación de hidrocarburos de lutitas, pero hasta el momento no ha habido algún avance.

En Suiza, el cantón de Friburgo ha prohibido la fractura hidráulica. El gobierno declaró una moratoria nacional. En Italia, dos proyectos de explotación de hidrocarburos de lutitas fueron paralizados, uno mediante la protesta social y un segundo por el propio gobierno.

En 2011, el parlamento de Irlanda del Norte votó a favor de una moratoria de dos años sobre la fractura hidráulica. Por su parte en la Irlanda del Sur, en 2013 el gobierno estableció una moratoria informal de dos años sobre la explotación de hidrocarburos de lutitas.

En Inglaterra, aunque existe oposición a la explotación del gas de esquisto y el consejo municipal de Keynsham Town votó en contra de la misma, el gobierno de esta municipalidad continúa firme en su apuesta por esta actividad. En 2013 ha hecho públicos sus planes para reducir el cobro de impuestos a este tipo de proyectos.

Desde 2011, la provincia de Quebec ha prohibido la explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica.

Diversos estados y ciudades de los Estados Unidos han prohibido la fractura hidráulica. Tal es el caso del estado de Vermont en 2012. Ese mismo año, el estado de Nueva Jersey prohibió el depósito de residuos procedentes de la extracción de hidrocarburos de lutitas en su territorio. Otros estados y ciudades han declarado moratorias para la fractura hidráulica. Tal es el cado del estado de Nueva York.

Lo que se propone es que se ocupen estándares internacionales en la explotación de los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo evitando el uso de técnica que son internacionalmente comprobado dañinos para el medio ambiente.

No dictaminar la iniciativa violaría el derecho de las y los legisladores a que sus asuntos tengan una resolución en términos del marco jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y sobre todo en detrimento del derecho Humano de las personas a un medio ambiente sano.

Es de urgente resolución que esta iniciativa sea incluida en el marco de la discusión en las Comisión de la reforma energética; la cual se prevé sea votada a finales del mes de julio del presente año.

No discutirla, y en su caso votarla, con las iniciativas de las leyes secundarias de la reforma energética la dejaría en la congeladora legislativa “durmiendo el sueño de los justos”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, quienes suscriben, solicitan respetuosamente la siguiente:

EXCITATIVA

UNICA. Que la Presidencia de la Mesa Directiva de esa Soberanía excite a las a Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a que presenten el Dictamen relativo a la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica presentada por la diputada Graciela Saldaña Fraire del grupo parlamentario del PRD y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza, el jueves 3 de abril de 2014

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, el 16 de julio de 2013.

Suscriben

Dip. Fed. Graciela Saldaña Fraire.- Dip. Fed. Alliet Mariana Bautista Bravo.

1 Gaceta Parlamentaria, número 3995-V, jueves 3 de abril de 2014





 

Compañeros legisladores, hago de su conocimiento que las demás iniciativas y proposiciones en la agenda del día de hoy, se turnarán a las comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. La Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar, por una sesión más, aquellas iniciativas de reciente inscripción.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2 Y 3, SE ADICIONA EL ARTICULO 57 BIS Y SE DEROGA EL INCISO D) DEL ARTICULO 94 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

(Presentada por la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del grupo parlamentario Nueva Alianza)

Quien suscribe, Dora Maria Guadalupe Talamante Lemas, Diputada Federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Con la finalidad de dar cumplimiento el artículo TERCERO TRANSITORIO del DECRETO que contiene reformas y adiciones a diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, en recientes fechas este Honorable Congreso de la Unión expidió la nueva Ley Federal de Competencia Económica, misma que fue publicada por el Ejecutivo Federal el 23 de mayo siguiente y entró en vigor en días pasados.

Conforme a lo dispuesto en su artículo 2°, la Ley en comento tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones ilícitas, así como las llamadas "barreras a la libre concurrencia". 

Este último concepto –barreras a la competencia y la libre concurrencia-, es definido en la fracción IV del artículo 3° como "cualquier característica estructural del mercado, hecho o acto de los agentes económicos que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados; que impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia, así como las disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno que indebidamente impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia."

Como puede observarse, se trata de una definición cuyo contenido es del todo subjetivo: al hablar de "cualquier característica estructural del mercado" y de "cualquier hecho o acto de los agentes económicos", no se permite que los ciudadanos conozcan con certeza cuáles son las conductas, hechos, circunstancias o elementos, que la autoridad considerará como una barrera a la competencia y la libre concurrencia, generando incertidumbre y sembrando un terreno propicio para la aplicación arbitraria de la Ley.

En nuestro sistema de derecho, el principio de reserva de ley se aplica cuando la norma constitucional asigna al órgano legislativo la regulación de una materia determinada, excluyendo la posibilidad de que dicha materia pueda ser regulada por disposiciones de naturaleza distinta a ella, como serían las normas secundarias o disposiciones reglamentarias.1

En el caso concreto, del artículo 28 de la Constitución Federal se advierte que es necesaria una ley formal para regular las medidas tendientes a eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia. Sin embargo, para respetar plenamente la garantía de legalidad, no basta con que el acto creador de la norma emane del Poder Legislativo, sino que es necesario también que los elementos esenciales de la situación o conducta a regular, así como su forma, contenido y alcance, estén consignados en la ley, de manera que no quede margen para la arbitrariedad de la autoridad encargada de su aplicación, y que el gobernado pueda saber lo que constituye una infracción a la ley, y cuáles serán las consecuencias por actualizarse la hipótesis de la norma.

En el caso concreto, la Ley Federal de Competencia Económica no señala con precisión el marco a través del cual la autoridad reguladora (IFT) pueda ejercer su potestad de perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, pues únicamente se concreta a señalar como criterio genérico que se trata de "cualquier característica estructural del mercado", "hecho o acto de los agentes económicos" con los que se impida el acceso de competidores, se limite su capacidad para competir en los mercados, o se distorsione el proceso de competencia y libre concurrencia. Al no especificar la conducta o circunstancia sobre la cual recaerán las consecuencias, se deja a la autoridad reguladora total arbitrio para determinarlo en cada caso. 

Lo cierto es que la garantía de seguridad jurídica exige a las y los legisladores establecer normas que otorguen certeza y seguridad a la ciudadanía, y que a la vez sirvan de orientación a la autoridad respectiva para imponer la sanción o medidas aplicables.2

Es por ello que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza propone reformar la Ley, a efecto de subsanar esta inconsistencia y brindar a la ciudadanía normas jurídicas que le permitan conocer con certeza lo que es una barrera a la competencia y a la libre concurrencia y la forma en que actuará el órgano regulador frente a las mismas. 

ARGUMENTACION.

Como se explicó anteriormente, no obstante que en la Ley Federal de Competencia Económica no prevé de manera clara y concreta de lo que debe entenderse por "barreras a la libre competencia y libre concurrencia", sí se establece con tajante determinación que la Comisión proveerá lo conducente para prevenirlas y eliminarlas, a través del procedimiento de investigación especial regulado en el artículo 94.

La definición que se pretende dar en la fracción IV de la Ley a las mencionadas barreras, prevé 3 tipos de ellas: i) cualquier característica estructural del mercado; ii) hechos o actos de los agentes económicos que tengan por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados y iii) las disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno que impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia.

Cabe mencionar que no se encontró evidencia de la utilización del término "barreras a la competencia y libre concurrencia" en la literatura económica, ni en alguna otra legislación a nivel internacional. Dicho concepto se confunde con las llamadas "barreras a la entrada" que sí son manejadas por la teoría económica y por la legislación. Se trata de circunstancias o peculiaridades que se presentan en los mercados que pueden obstaculizar o dificultar el acceso a los mismos en condiciones de competencia, y que por tal razón deben ser identificadas, reguladas, y de ser posible, eliminadas.

La Doctora María Elena Estavillo Flores, actual Comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, considera que las llamadas "características estructurales del mercado"3, son barreras estructurales que surgen o proceden de las características fundamentales de las actividades económicas analizadas, citando como ejemplo las características del proceso de producción en cuestión o bien las características que presenta la demanda en el mercado analizado. Para la Comisionada, en el artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica anterior, se prevén ciertas barreras que pueden considerarse de tipo estructural y que son las siguientes:

• Los costos financieros o de desarrollar canales alternativos, el acceso limitado al financiamiento, a la tecnología o a canales de distribución eficientes;

• El monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión requerida, así como la ausencia o escasa rentabilidad de usos alternativos de infraestructura y equipo;

• La inversión en publicidad requerida para que una marca o nombre comercial adquiera una presencia de mercado que le permita competir con marcas o nombres ya establecidos;

Por cuanto hace a "los hechos o actos de los agentes económicos que tengan por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados"4, la Comisionada considera que la propia ley ya contempla la investigación, combate y sanción de diversas conductas que pueden distorsionar la competencia (las llamadas prácticas monopólicas absolutas y relativas) y que aquí el reto consiste en no confundir las barreras a la competencia que se crean como consecuencia de conducta comunes de los agentes económicos, con prácticas que son ilegales y por ende sancionadas por la ley.

Finalmente, por lo que se refiere a las "disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno",5 que pudieran traducirse en barreras a la competencia y libre concurrencia, la Comisionada considera que existen ciertas disposiciones gubernamentales que pueden distorsionar el proceso de competencia y libre concurrencia, cuando: i) incrementan los costos de entrada y/o de operación de las empresas; ii) generan incertidumbre sobre la obtención de permisos y autorizaciones o sobre los costos futuros de las empresas; iii) establecen condiciones distintas para quienes compiten en los mismos mercados, ya sea que se trate de empresas privadas o públicas; iii) favorecen artificialmente un estándar tecnológico, un método de producción o una variedad específica de productos o servicios; y iv) crean escasez artificial de los recursos productivos.

En su exposición, nuevamente hace referencia al artículo 12 del Reglamento de la Ley anterior, para afirmar que en dicha disposición se prevén las barreras que pueden considerarse jurídicas, a saber:

• La necesidad de contar con concesiones, licencias, permisos o cualquier clase de autorización gubernamental.

• Los actos de autoridades federales, estatales o municipales que discriminen en el otorgamiento de estímulos, subsidios o apoyos a ciertos productores, comercializadores, distribuidores o prestadores de servicios.

Por cuanto hace a las implicaciones legales y constitucionales de la definición de barreras a la competencia y a la libre concurrencia que prevé actualmente la Ley, se observa lo siguiente:

a. Cualquier característica estructural del mercado

Esta definición no permite al gobernado conocer qué es una característica estructural de mercado y deja a la autoridad una excesiva libertad para dale contenido. Por lo anterior, se sugiere eliminar tal definición.

b. Cualquier hecho o acto de los agentes económicos que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados

Esta redacción resulta tan genérica como la contenida en la fracción VII del anterior artículo 10 de la Ley, que fue declarada inconstitucional por la SCJN en el 2004, que establecía lo siguiente:

"ARTICULO 10.- Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se refieren los artículos 11, 12 y 13 de esta ley, se consideran prácticas monopólicas relativas los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en los siguientes casos:

VII. En general, todo acto que indebidamente dañe o impida el proceso de competencia y libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios.

Dicha fracción fue derogada por inconstitucional, precisamente por no especificar la conducta sobre la cual recaerá la sanción que la ley prevé, lo que constituye una violación a las garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución.

a. Las disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno, que impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia."

La Comisión está impedida constitucionalmente para "perseguir con eficacia", "castigar severamente" y "eliminar" actos y normas jurídicas estatales e incluso municipales.

A ese respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que:

"el control constitucional de normas generales o de actos de las autoridades estatales no puede crearse en una ley, sino en la propia Constitución y que para el análisis y decisión sobre la constitucionalidad de los actos de las autoridades estatales, el Organo Reformador de la Constitución instituyó en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la controversia constitucional, que constituye el medio idóneo para regular, constitucionalmente, el ejercicio de atribuciones de las autoridades, ya sea en la esfera federal o local; de tal suerte que cualquier otra vía, instituida en una ley, para tal fin, es inconstitucional".6

Tal criterio surgió al analizar la constitucionalidad de los artículos 147 y 158 de la entonces Ley Federal de Competencia Económica, que en su momento establecían la posibilidad de que la Comisión investigara y en su caso declarara la inexistencia de actos [o normas] de autoridades estatales cuyo objeto directo o indirecto se tradujera en una barrera al comercio interestatal.

Como puede observarse, la SCJN fue clara al establecer que cualquier vía instituida en una ley federal, con el fin de analizar y pretender eliminar o regular la constitucionalidad de actos o normas de autoridades estatales, es contraria a la Ley Fundamental.

En resumen, la definición de Barreras

a la Competencia y la Libre Concurrencia prevista en la Ley vigente contiene elementos carentes de contenido en unos casos, y jurídica y constitucionalmente cuestionables en otros, creando un estado de incertidumbre jurídica tanto para el órgano regulador como para los gobernados, que dificulta la plena aplicación de la Ley. 

El Partido Nueva Alianza considera indispensable que la ley contenga un precepto en el que se explique lo que debe entenderse por "barreras a la competencia y a la libre concurrencia"; un precepto que enumere, como lo hace el artículo 12 del Reglamento de la Ley que perdió vigencia, las circunstancias del mercado de carácter estructural, jurídico y conductual, que pueden constituir una barrera a la competencia y libre concurrencia y que por tal razón deben ser analizadas y en su caso eliminadas por el IFT, pero de ninguna manera "perseguidas con eficacia" y "sancionadas severamente" como lo pretende la redacción del actual artículo 2, toda vez que equiparar una condición del mercado con una conducta ilegal de los agentes económicos es incorrecto.

En la presente iniciativa se propone retomar la descripción de barreras a la entrada contenida en el artículo 12 del Reglamento de la LFCE anterior, e incorporarla a la ley. Como se explicó al inicio, el principio de reserva de ley excluye la posibilidad de que materias como ésta puedan ser reguladas en disposiciones secundarias; en otras palabras, no es correcto pretender que sean las disposiciones reglamentarias emitidas por el IFT, las que definan lo que debe entenderse por barreras a la competencia y a la libre concurrencia, ya que el artículo 28 de la Constitución Federal asigna la regulación de las mismas al órgano legislativo9.

Finalmente, se propone eliminar el inciso d) de la fracción III del artículo 94 de la Ley,  en el que se prevé que la Comisión, con motivo de la investigación para determinar la existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia, podrá ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales, o acciones del agente económico involucrado, en las proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos.

Lo anterior toda vez que una medida/sanción de tal magnitud, de ninguna manera se justifica ante la existencia de circunstancias de mercado que, si bien deben ser atendidas y reguladas o eliminadas por el IFT, no constituyen conductas ilegales (prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas) que deban ser sancionadas. Aunado a lo anterior, la sanción de desincorporación, como lo prevé el artículo 131 de la Ley, únicamente procede para casos de reincidencia en la comisión de prácticas monopólicas y concentraciones ilegales:

"Artículo 131.- Cuando la infracción sea cometida por quien haya sido sancionado previamente por la realización de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas, la Comisión considerará los elementos a que hace referencia el artículo 130 de esta Ley y en lugar de la sanción que corresponda, podrá resolver la desincorporación o enajenación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos, en las porciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.

…"

FUNDAMENTO LEGAL

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea el presente proyecto de decreto que reforma,  para lo cual expreso la siguiente:

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 2° y la fracción IV del artículo 3°, se adiciona el artículo 57 bis y se deroga el inciso d) del artículo 94, de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

"Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados."

"Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I-III…

IV. Barreras a la Competencia y la Libre Concurrencia: Las previstas en el artículo 57 Bis de esta Ley."

V-XV…"

"Artículo 57 Bis.-Son elementos que pueden considerarse como barreras a la competencia y libre concurrencia:

I. Los costos financieros o de desarrollar canales alternativos, el acceso limitado al financiamiento, a la tecnología o a canales de distribución eficientes;

II. El monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión requerida, así como la ausencia o escasa rentabilidad de usos alternativos de infraestructura y equipo;

III. La necesidad de contar con concesiones, licencias, permisos o cualquier clase de autorización gubernamental, así como con derechos de uso o explotación protegidos por la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial;

IV. La inversión en publicidad requerida para que una marca o nombre comercial adquiera una presencia de mercado que le permita competir con marcas o nombres ya establecidos;

IV. Las limitaciones a la competencia en los mercados internacionales;

VI. Las restricciones constituidas por prácticas comunes de los agentes;

VII. Los actos de autoridades federales, estatales o municipales que discriminen en el otorgamiento de estímulos, subsidios o apoyos a ciertos productores, comercializadores, distribuidores o prestadores de servicios."

"Artículo 94.-…

I-VII…

La resolución de la Comisión podrá incluir:

a)- c)…

d) [derogada]

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 16 de julio de 2014.

Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas.

1 Jurisprudencia  P.LVI/2004, con número de registro 180696, del Pleno de la SCJN, visible bajo el rubro "COMPETENCIA ECONOMICA. EL ARTICULO 7° FRACCIONES II, IV Y V, DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER QUE DETERMINAADAS CONDUCTAS DEBEN CONSIDERARSE COMO PRACTICAS MONOPOLICAS, VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA D ELEY CONTENIDO EN EL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCION FEDERAL". Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, septiembre de 2004.

2 Jurisprudencia P.XII/2004, con el número de registro 181772, del Pleno de la SCJN, visible bajo el rubro "COMPETENCIA ECONOMICA. EL ARTICULO 10, FRACCION VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL NO ESPECIFICAR LA CONDUCTA SOBRE LA CUAL RECAERA LA SANCION QUE PREVE, VIOLA LAS GARANTIAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA PREVISTAS EN LOS ARTIUCLOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION FEDERAL." Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, abril de 2004.

3 Exposición titulada "Barreras a la Competencia e Insumos Esenciales, Nuevo Marco jurídico de Competencia Económica"; Comisionada María Elena Estavillo Flores, Instituto Federal de Telecomunicaciones, 30 de junio de 2014, Ciudad de México, consultable en http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/07/Anade-140626-insumos-esen-barreras.pdf

4 Ibidem,

5 Ibidem,

6 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/2001. Gobernador Constitucional del Estado de Durango. 6 de enero de 2004. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Víctor Miguel Bravo Melgoza.

7 "ARTICULO 14.- En los términos de la fracción V del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías o servicios de origen nacional o extranjero". Mexicanos, no producirán efectos jurídicos los actos de autoridades estatales cuyo objeto directo o indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías o servicios de origen nacional o extranjero.

8 "ARTICULO 15.- La Comisión podrá investigar de oficio o a petición de parte si se está en presencia de los actos a que se refiere el artículo anterior y, en su caso, declarar su existencia. La declaratoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser impugnada por la autoridad estatal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

9 En el 2003, la SCJN declaró inconstitucionales diversos preceptos del Reglamento de la LFCE, al pretender establecer que determinadas conductas deben considerarse como prácticas monopólicas, por considerar que con ello se viola el principio de reserva de ley contenido en el artículo 28 de la Constitución Federal. Ver Jurisprudencia P.LVI/2004, del Pleno de la SCJN, visible bajo el rubro: "COMPETENCIA ECONOMICA. EL ARTICULO 7°, FRACIONES II, IV Y V, DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA. AL ESTABLECER QUE DETERMINADAS CONDUCTAS CEBEN CONSIDERARSE COMO PRACTICAS MONOPOLICAS, VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY CONTENIDO EN EL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCION FEDERAL." Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, pág. 5.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE  ENFERMEDADES RARAS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se calcula que más de 50 millones de personas en el mundo padecen algún tipo de enfermedad rara; al día de hoy se contabilizan más de 7 mil padecimientos diversos de este tipo1.

En México existe un desconocimiento generalizado sobre estas patologías, ya que hasta hace poco fueron reconocidas por la medicina, y estamos en los albores respecto a su investigación. Es por ello que la Ley General de Salud apenas las ha abordado, definiéndolas como aquellas que “tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10, 000 habitantes”, sin embargo, aún está pendiente el definir una agenda que aborde medidas específicas en la materia; así como el mejorar el acceso al tipo de medicamentos que las tratan, denominados “huérfanos”.

En otros países como los Estados Unidos de Norteamérica, se han hecho esfuerzos al respecto: por ejemplo en 1983 fue aprobada  una ley de medicamentos huérfanos (Orphan Drugs Act) que proveía incentivos fiscales, exclusividad en el mercado y otras exenciones para fomentar la investigación, educación y promoción de enfermedades raras y su tratamiento.

Por su parte, a partir de 2010, la Comisión Europea centró sus esfuerzos en fomentar el desarrollo de evidencia en esta área conformando  un Comité de Expertos en Enfermedades Raras que trabaja para integrar un repositorio de datos de calidad, utilizando registros de padecimientos2.

A partir del 2011, la Comisión Europea puso en marcha una iniciativa  transfronteriza para fomentar la integración de un registro de pacientes, en las áreas donde han detectado mayores campos de necesidad, por ejemplo en enfermedades crónicas y raras lo que permitiría racionalizar y armonizar datos  sobre  padecimientos de esta naturaleza3.

Actualmente, México no cuenta con registros específicos o una recolección de datos y estadísticas, ni en el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) ni en la Dirección General de Epidemiología; que permitan medir cuál es la presencia y la dinámica de los padecimientos raros en el país. Esto dificulta enormemente que puedan tomarse decisiones acerca de qué medidas se deben procurar para lidiar con esta compleja problemática y los muchos aspectos que la rodean: origen, diagnóstico, tratamiento, acceso, socialización, discapacidad, desinformación, entre otros.

Por lo tanto, uno de los primeros pasos necesarios para desarrollar políticas públicas en materia de enfermedades raras es la creación de un Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras (ER), que sirva como una fuente de información y apoyo para su diseño. Con un Registro Nacional de Pacientes de ER se lograría tener una medición sobre la incidencia y prevalencia de estas patologías en el país, así como contar con la recopilación detallada de datos epidemiológicos e información estadística. De esta forma, por primera vez en nuestro país se dimensionará cuál es el impacto de estos padecimientos  sobre la población mexicana, tanto en términos generales, como por patología.

Una vez se cuente con información epidemiológica cuantitativa y cualitativa, se podrá avanzar certeramente en el diseño de políticas públicas eficaces, así como en el diagnóstico de estas patologías, y así comenzar a implementar la reforma aprobada por este Congreso, publicada el 30 de enero de 2012. Esto cobra especial urgencia si tenemos en cuenta que, pese a lo establecido por dicha reforma, no se han implementado medidas específicas para abordar la problemática de las enfermedades raras en el país, ni han aparecido en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018. En lo que se recopila información acerca de la mortalidad, morbilidad, prevalencia, y evolución, y se construye un recorrido histórico que permita reconocer patrones y realizar inferencias; estas políticas públicas irán evolucionando también, atendiendo a esta problemática en forma cada vez más efectiva y precisa.

De igual forma, la información generada podrá ser difundida de tal modo que aumente el conocimiento de la población – tanto el sector salud y los médicos, como la opinión pública– respecto a estas patologías, que en la actualidad, son las grandes desconocidas, hasta para los mismos médicos que deberían diagnosticarlas. Por un lado, se estaría en vías de resolver los problemas de la fase de diagnóstico, por otro, se generaría apoyo desde la misma sociedad.

La desinformación es muy problemática para los pacientes de enfermedades raras: desde el punto de vista médico, ocasiona que muchas veces pasen años, de consulta en consulta, sin recibir un diagnóstico adecuado, o siendo su diagnosticados; y desde el punto de vista social, el hecho de que la población no esté al tanto de lo discapacitantes que pueden llegar a ser estas enfermedades, causa incomprensión y sufrimiento añadido a los pacientes.

Por tanto, derivado de este Registro Nacional de Pacientes con ER, además de la planeación de políticas públicas específicas y el desarrollo de la investigación clínica, deben derivar también una serie de medidas informativas y educacionales constantes que instruyan al público en general sobre la temática de las enfermedades raras, así como sobre la incidencia y las características de las tipologías que aquejan a la población Mexicana.

Otro beneficio de contar con este Registro sería su impacto positivo sobre la comunidad médico-científica, pues se dispondrá de una gran fuente de datos que coadyuvarán al desarrollo de la investigación, resultando en importantes hallazgos e incluso terapias específicas, en beneficio de la salud de todos los mexicanos. Específicamente, algunos de estos beneficios serían: desarrollo de la investigación clínica con un consecuente mejoramiento en la calidad de vida del paciente, acumulación de datos significativa para hacer una muestra significativa útil para investigación, posibilidad de asesorar la viabilidad de ensayos clínicos y apoyo para lograr inscripción de pacientes, y supervisión post-venta de medicamentos huérfanos (fármaco vigilancia)4.

Esto aunado a que en un futuro, junto con otros países latinoamericanos que ya dispongan de este sistema, se podrá avanzar en la creación de una base de datos regional, que resultará en mayor riqueza de datos disponibles para la investigación. Ya hay países que han avanzado en la aplicación de esta medida, como Colombia, aún inmersa en su implementación, obedeciendo a lo marcado por la Ley 1392 de 2010, que pedía generar un sistema de información básico sobre enfermedades huérfanas que proporcionase un mayor conocimiento sobre la incidencia de los casos, la prevalencia, la mortalidad o, en su defecto, el número de casos detectados en cada área geográfica. España, por otro lado, cuenta desde el 2003 con el Registro Nacional de Enfermedades Raras, que depende del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras (IIER), centro perteneciente al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y que forma parte del CIBERER (Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras).

El ejemplo más destacado es el caso de Francia y su registro, “Orphanet”, plataforma online creada por el Ministerio de Salud francés y el Instituto Nacional de Salud y Investigación Médica (INSERM)en 1997, que en el 2000 pasó a convertirse en un proyecto Europeo. Actualmente contiene información de 40 países, los datos son sometidos a un control de calidad, y actualizados anualmente, e incluye información acerca de clínicas especializadas, laboratorios, proyectos de investigación, registros, ensayos clínicos, y organizaciones de pacientes. El portal web de Orphanet, www.orpha.net, funge como un esencial recurso informativo en materia de enfermedades raras para la población, prueba de ello son las aproximadamente 19,000 visitas que recibe diariamente, y los 7 idiomas a los cuales ha sido traducido. Alemania se convirtió en socio de Orphanet en 2001, y se inició la recolección de datos por país, que hoy lleva 12 años funcionando.

En síntesis, contar con una recolección de datos certificada  y confiable en materia de enfermedades raras, constituirá una conjunción de esfuerzos que permitirá reducir la brecha de desconocimiento sobre el estado de patologías concretas en nuestro país, encausará los esfuerzos científicos y médicos para definir los tratamientos idóneos y servirá como base para definir políticas públicas que atiendan certeramente a este núcleo poblacional.

Por tanto, es necesaria la creación de un Registro Nacional de Pacientes de ER que sirva como base de datos donde de forma sistemática y anónima se capturen datos de interés de la población aquejada de alguna enfermedad rara, o de un segmento extrapolable de ésta, que permitan la recolección de información relevante y precisa a lo largo del tiempo; y que sirva para prever necesidades y diseñar políticas públicas resolutivas y eficaces para atender a la problemática de las enfermedades raras en México.

Dicho registro debe ser de carácter nacional, a fin de evitar la dispersión en la recolección de datos; y, por el mismo motivo, debe ser interinstitucional, y no estar fragmentado por Institución de salud. Además, es importante contar información acerca de la tipología de los padecimientos en el país, su incidencia, su evolución, y el acceso a tratamientos; así como otras mediciones que en su momento se dispongan, y coadyuven a la planificación de políticas públicas así como al cálculo de los recursos existentes y necesarios para su atención.

Una vez se dimensione la problemática y se calculen los recursos existentes y necesarios para atenderla, podrá garantizarse el acceso en tiempo y forma de los pacientes a las terapias que requieran, solventando así la problemática situación actual donde rara vez las terapias necesarias están disponibles, y cuando lo están, se dificulta mucho el acceso a las mismas.

Si bien se plantea la necesidad de crear este Registro, será la autoridad competente la que deberá decidir cuál será la metodología de recopilación de datos y diseñar el sistema más adecuado para tal fin.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico: SE ADICIONAN un segundo párrafo al artículo 224 Bis I, y el numeral IV al artículo 112, ambas en la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 224 Bis 1.- La Secretaría de Salud implementará las medidas y acciones necesarias a efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos huérfanos, haciéndolos asequibles para la población. Asimismo, la Secretaría de Salud podrá emitir recomendaciones a los Institutos Nacionales de Salud para la investigación y el desarrollo de medicamentos con potencial en su efectividad.

La Secretaría contará con un Registro Nacional de Pacientes de Enfermedades Raras, responsable de recopilar información cuantitativa y cualitativa acerca de estos padecimientos, de forma sistemática, anónima, y constante; para la elaboración de políticas públicas efectivas, la cuantificación de los recursos necesarios, el desarrollo de investigación, y la educación a la población general.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I a la III. …

IV. Se informará periódicamente a la población mexicana sobre los datos  recopilados  a través del Registro Nacional de Pacientes de Enfermedades Raras, en materia de mortalidad, morbilidad, y tipología; así como de la información relativa a las variedades de enfermedades raras presentes en el país, y los recursos disponibles para los pacientes de enfermedades raras.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de julio de 2014.

Sen. María Cristina Díaz Salazar.

1 The oficial News & Technical Journal of the International Society for  Pharmacoeconomics and Outcomes Research Policy analysis: Generating Real-World Evidence for RD

3 http://www.eucerd.eu/?post_type=document&p=2085

4 ElfriedeSwinnen, Landscape of Rare Disease Registries in Europe and Challenges at Country level, 2014, Berlín, Alemania.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

(Presentada por la Diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del grupo parlamentario del PAN)

Quien suscribe, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, diputada de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estado Mexicano tiene como una de sus principales tareas la mejora y óptimo aprovechamiento de los recursos públicos para ser empleados conforme con los criterios establecidos en el artículo 134 de nuestra Carta Magna. Es responsabilidad ineludible de este Honorable Congreso de la Unión contribuir en lo necesario para garantizar que el monto de los recursos que se destinan para la adquisición, arrendamiento o contratación de servicios de la Administración Pública Federal se realice atendiendo a las mejores prácticas, respetando los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad.

En los últimos años, las contrataciones que realiza el Gobierno Federal han incorporado nuevas formas de comprar. Las modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) que se realizaron en 2009, han generado formas innovadoras para el aprovechamiento de los recursos destinados a las contrataciones públicas, que representan hasta 40% del Presupuesto de Egresos de la Federación y 7% del Producto Interno Bruto. Este ingente recurso, que para dos mil trece ronda los 800 mil millones de pesos, debe emplearse con responsabilidad y visión de futuro para que su uso represente una opción adicional para el crecimiento económico del país.

Uno de los rubros en los que nuestro país debe poner el máximo acento es la gobernanza. Ante este escenario resulta necesario emplear todos los recursos que nos ofrece la tecnología para que la administración pública se beneficie de la capacidad de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para fortalecer la calidad, la transparencia y la eficiencia del gobierno. El Gobierno de la República se ha comprometido con la adopción de las TIC en favor de la consolidación de las reformas emprendidas en rubros como el educativo, el de la salud y el de las telecomunicaciones.

El empleo de las TIC reduce esfuerzos y optimiza el uso de los recursos en un escenario económicos como el actual, en el que una planeación adecuada, una ejecución óptima y una evaluación pertinente, posibilitan prestar mejores servicios tanto transversal como verticalmente a lo largo de toda la Administración Pública, incidiendo positivamente en la eliminación de riesgos derivados de una mala ejecución del gasto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala en su agenda estratégica para México (Getting it Right 2012) la importancia de maximizar estratégicamente los beneficios de las inversiones previas en Gobierno Electrónico.

En ese documento se establece que las adquisiciones públicas son susceptibles al desperdicio, al fraude y corrupción debido a su complejidad, a la magnitud de los flujos financieros que generan y la cercana interacción entre los sectores público y privado, por lo que se propone que las adquisiciones se reformen para vigorizar la confianza y la credibilidad en la forma en que contrata el Gobierno Mexicano. Ello permitirá la reducción de costos, el fortalecimiento de la eficiencia administrativa y el mejoramiento de la prestación de servicios. Una herramienta para lograrlo son las contrataciones electrónicas.

Por otra parte, la OCDE también ha señalado que el Estado obtendría grandes ventajas si se diera prioridad al uso de procedimientos remotos en las contrataciones públicas, y éstos fueran la regla general. Con esta medida se reducirían, por ejemplo, los riesgos de colusión entre proveedores y se eliminarían espacios de oportunidad a la corrupción y comunicación entre compradores y proveedores. La OCDE afirma que el empleo de medios remotos puede suponer importantes ahorros y mejoras en la eficiencia para el Gobierno.

La colusión deriva en mayores precios que paga el Gobierno por los bienes y servicios que adquiere. Surge cuando dos o más oferentes establecen acuerdos privados para incidir en la determinación del precio del productor requerido, para determinar las fechas y formas de provisión y/o cuando de forma coordinada afectan la calidad del producto o servicio mediante prácticas de simulación, de abstención o de presentación de posturas, entre otras, conviniendo previamente sobre quién será el ganador del procedimiento.

Al respecto, la OCDE ha identificado prácticas específicas descritas en sus Lineamientos del Comité de Competencia para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas, donde se estipulan las mejores prácticas para combatir la colusión en los procesos de licitación pública. Como resultado, se generó una lista de verificación relativa a la mejor manera de diseñar procesos de contratación pública orientados a inhibir esta perniciosa práctica, en donde podemos encontrar, por ejemplo, la recomendación de definir el proceso de licitación para reducir de manera efectiva la comunicación entre los licitantes. El uso de medios remotos en las contrataciones públicas contribuye decididamente a hacer realidad esta recomendación.

En este contexto y considerando la importancia de las observaciones de la OCDE con respecto a las bondades del uso de las TIC en las contrataciones de Gobierno, la definición que hace el Libro Verde de la Comisión de Contratación Electrónica de la Asociación Nacional de Empresas de Internet de España, con respecto a la generalización de las TIC en la contratación pública electrónica en la Unión Europea, en donde se define a la Contratación Electrónica como un término general utilizado para designar la sustitución de los procedimientos basados en soporte de papel por el tratamiento y la comunicación mediante TIC a lo largo de toda la cadena de la contratación pública. Supone la introducción de procedimientos electrónicos para sustentar las distintas fases del proceso de contratación, y conceptualiza la contratación pública electrónica como un elemento fundamental para alcanzar la eficiencia en los procesos de abastecimiento público y lograr los ahorros de costos derivados de su uso.

Los objetivos de esta iniciativa, al establecer que todos los procesos de licitación que se realicen al amparo de la LAASSP sean realizados en forma 100% electrónica, es contribuir a la modernización de la forma en que se contrata en el país, alinear los procedimientos de contratación con las mejores prácticas internacionales y contribuir a la máxima publicidad y transparencia que deben regir todos las compras que realizan el Estado. Esta iniciativa propone que el uso del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Compra Netse generalice para brindar a la sociedad mayor seguridad con respecto a la forma en que se emplean sus contribuciones y ser el único medio para realizar licitaciones públicas, eliminando con ello formas de contratación obsoletas como las modalidades presencial y mixta.

El uso de Compra Net proporciona herramientas adicionales para evaluar los procesos de adquisición. El uso de los medios remotos que nos proveen las actuales tecnologías de información, transparenta los procedimientos, haciéndolos más competitivos. De los datos incorporados en Compra Net para el año 2012, se identifica que de un total de 133,177 procedimientos, únicamente 15% se realizaron en forma totalmente electrónica, lo que representa una enorme área de oportunidad para incentivar la competencia y lograr mejores condiciones, toda vez que también ha sido posible identificar que cuando los procedimientos son convocados en forma electrónica, la participación de licitantes duplica la observada en procedimientos presenciales.

El uso de TIC en las contrataciones públicas no es privativo de las dependencias y entidades de mayor tamaño, ni restringe las operaciones de las de menor tamaño. En 2012 se identificaron dependencias como el Centro Nacional de Metrología, que consistentemente realizó procedimientos electrónicos. Otro caso a destacar es el del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que realizó más de 250 procedimientos totalmente electrónicos. En contraste, Dependencias de mayor tamaño, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizó 1,935 procedimientos presenciales y solamente 73 procedimientos de contratación fueron realizados en forma electrónica.

Considerado lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 26, 26 Bis, 27, 29 fracciones VI, VII, VIII, 33 Bis, 34, 37, 37 Bis, 43 fracción II y deroga la fracción II del artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 26. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

I. a III.…

(SE ELIMINA EL PENULTIMO PARRAFO)

Artículo 26 Bis. La licitación pública y la invitación a cuando menos tres personas deberán realizarse por medios electrónicos, por lo cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes e invitados a través de Compra Net, se utilizarán medios de identificación electrónica y las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de esta Ley.

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de  fallo, sólo se realizarán a través de Compra Net y sin la presencia de los licitantes ni invitados en dichos actos.

Artículo 27. Las licitaciones públicas y la invitación a cuando menos tres personas, deberán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública; las unidades administrativas estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación o de invitación a cuando menos tres personas, mediante dicha vía, salvo aquéllos casos que se justifiquen y sean autorizados previamente por la Secretaría de la Función Pública.

En los casos de excepción a los que se refiere el párrafo anterior, la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes o invitados, sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de esta Ley.

La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios  de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de  ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por  esta vía.

La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación o identificación electrónica que  otorguen las dependencias y entidades, las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas  y otros, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de  certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública.

El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá enviarse a través de CompraNet.

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas electrónicamente por los licitantes o sus apoderados; se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Artículo 29.La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener:

I. a V. …

VI. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten, a través de Compra Net, un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;

VII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico;

VIII. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con la proposición, un escrito en el que declaren, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de esta Ley;

IX. a XVI. …

Artículo 33 Bis. Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente:

Las solicitudes de aclaración, deberán enviarse a través de Compra Net a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora  en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.

Artículo 34. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica, y serán presentadas a través de Compra Net. Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

(SE ELIMINA ULTIMO PARRAFO)

Artículo 35. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente:

I.…      

II. SE DEROGA

III.

Artículo 37. La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

I. a VI. …

El contenido del fallo se difundirá a través de Compra Net el mismo día en que se emita. A todos los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en Compra Net.

(SE ELIMINA EL QUINTO PARRAFO)

Artículo 37 Bis. El titular del área responsable del procedimiento dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha y hora en que se hayan publicado en Compra Net las actas de las juntas de aclaraciones y del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Artículo 43. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:

I.  …

II.         El acto de presentación y apertura de proposiciones deberá hacerse a través de Compra Net.

III. a V. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días hábiles después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de la Función Pública contará con un plazo de 90 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para efectuar las modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás disposiciones administrativas, a efecto de hacerlo compatible con lo dispuesto en el presente decreto.

Tercero. Los sujetos obligados a los que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, y la Secretaría de la Función Pública, contarán con un plazo de 90 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para realizar las acciones necesarias que permitan el correcto funcionamiento del procedimiento de contratación por medios electrónicos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de julio de 2014.

Dip.: Elizabeth Oswelia Yáñez Robles.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

(Presentada por la Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LETRA K AL ARTICULO 28 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SE MODIFICA LA FRACCION V DEL ARTICULO 5 Y SE ADICIONA LA FRACCION VII DEL ARTICULO 10 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

(Presentada por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El proponente RICARDO MEJIA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL AVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LETRA K AL ARTICULO 28 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SE MODIFICA LA FRACCION V DEL ARTICULO 5 Y SE ADICIONA LA FRACCION VII DEL ARTICULO 10 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La nueva estrategia comercial desplegada por las compañías tabacaleras aunado a su carácter trasnacional y oligopólico, han hecho posible elevar el número de fumadores a nivel mundial, así mismo hoy es evidente la inclusión al halo del humo del tabaco de mujeres y menores de edad.

Nuestra débil política de salud en materia de prevención y reducción del consumo del tabaco, no ha podido hacerle frente a la hoy ya considerada epidemia del tabaquismo.

Entendamos por tabaquismo, a la dependencia o adicción al tabaco; y al tabaco, a la planta “Nicotina Tabacum” y sus sucedáneos, en su forma natural o modificada, en las diferentes presentaciones, que se utilizan para fumar, masticar o aspirar y cuya sustancia activa es la nicotina1.

Eduardo Hernández, fundador de la Clínica del Tabaco Sociedad Civil y autor del libro ¿Cómo dejar de fumar?, explica que en la adicción al tabaco participa un componente fisiológico que provoca ansiedad y depresión cuando ya no se le administra al cuerpo más nicotina a través del cigarro. Cuando el fumador fuma e ingresa nicotina al sistema nervioso, la ansiedad desaparece. Por eso viene el segundo componente, que es la racionalización de la dependencia.

El tabaquismo está considerado como un problema de salud pública mundial, anualmente en el mundo fallecen alrededor de seis millones de personas por causas atribuibles al consumo de tabaco y exposición a su humo, siendo la primera causa prevenible de muerte. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es la segunda causa principal de muerte a nivel global.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones en México y con estudios focales de grupos de la población, realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la edad promedio del primer cigarro es a los 13 años, pero el número de fumadores se triplica al pasar de la secundaria a la preparatoria, pues mientras en la secundaria siete por ciento de los estudiantes fuma, en bachillerato 24 por ciento de la población ya consume tabaco.

Los resultados más recientes de la encuesta, difundidos en 2012, produjeron estos datos: existen 18 millones de fumadores y 21 millones de ex fumadores. La mayoría de quienes aún fuman son menores de 35 años y 1.3 millones aún no cumplen 18.

Más de un millón de adolescentes de entre 12 y 17 años consume cigarrillos de manera cotidiana.

“Los datos oficiales más recientes, presentados el pasado 25 de mayo por el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Fernando Cano Valle, revelan que el porcentaje de adolescentes fumadoras se duplicó y fue más allá: en 12 años aumentó de 3.8 a 8.1 por ciento. Esto significa que hay 520 mil niñas fumadoras de entre 12 y 17 años, quienes consumen en promedio siete cigarros por día”2.

Al menos 10% de las mujeres fumadoras tienen menos de 18 años. Desafortunadamente, estas niñas empiezan a fumar de manera intensa y comienzan a experimentar cambios pulmonares, cardiovasculares y de conducta.

Lo que se traduce en un impacto epidemiológico a corto plazo en materia de salud pública, elevando el número de casos de exacerbación de asma, sino de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y cáncer de pulmón, que se presentan en edades más tempranas.

FEMINIZACION DEL TABAQUISMO

Previo a conmemorar el Día Mundial sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud resaltó los riesgos asociados al consumo de tabaco a fin de promover políticas eficaces para reducir ese consumo.

En el caso de las adolescentes, las compañías tabacaleras han emprendido fuertes campañas a través de medios de comunicación masiva como es internet, con la creencia que fumando se controla el peso corporal y no se engorda; la presión social-escolar esta última como reflejo en la adopción de nuevas formas y estilos de vida que vende la marca de cigarros.

La Secretaría de Salud, la UNAM, el CIDE y el Gobierno del Distrito Federal coinciden en que: la epidemia de tabaquismo se está feminizando. En los años sesenta había una mujer fumadora por cada 15 hombres que lo hacía. Hoy la relación es de una mujer por cada cuatro hombres que fuman. Además que cada vez son más jóvenes.

La idea sofista que el cigarro evita engordar; el incremento de ansiedad y depresión entre las niñas fumadoras, así como la música y especialmente los videojuegos que exponen una vida llena de lujos, glamur; historias y personajes en escenarios cargados de sensaciones intensas, carácter y personalidad, siempre con el halo del humo del cigarro; son algunos de los motivos por los cuales ha aumentado considerablemente el porcentaje de mujeres adolescentes fumadoras.

En México la situación es igualmente importante, considerando que en 2009 el 15.9% de la población mayor de 15 años se reportó como fumadora, lo que representa 10.9 millones de mexicanos fumadores.3Además, la población de mayor riesgo y en la que ha aumentado el consumo de tabaco es en los jóvenes y, de acuerdo con la Encuesta   sobre Tabaquismo en Jóvenes para los años 2005, 2006 y 2008, se estimo que la prevalencia de estudiantes fumadores entre 13 y 15 años se encontraba entre 10.5% y 27.8%.

Esto se traduce en un importante problema social y de salud pública, que también representa un caso económico relevante, ya que los costos de la atención medica de las enfermedades asociadas al tabaquismo se calcularon entre 45,000 y 75,200 millones de pesos en 2008, los cuales para México equivalen a 0.62% del Producto Interno Bruto. También existen costos causados por incapacidades temporales, discapacidad permanente y años de vida perdidos que, de acuerdo con estimaciones de la COFEMER, ascendieron a 7,000 millones en 2008.

En los últimos años México han instrumentado importantes  medidas regulatorias para el control del tabaquismo. Dentro de las más importantes se encuentra la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) en abril del 2004, la publicación de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento en 2008 y 2009, respectivamente. No obstante lo anterior, la más reciente evaluación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra que aun pueden tomarse acciones para que las medidas para el control del tabaquismo que se desprenden de dicho marco regulatorio se implementen a cabalidad, a fin de proteger la salud de los mexicanos y en especial de las y los adolescentes.

De acuerdo con la OMS4 cerca de seis millones de personas al año mueren a causa del tabaco, lo cual representa uno de cada diez adultos muertos; cifra superior a las defunciones ocurridas por VIH/SIDA, tuberculosis y paludismo juntas; además, se estima que para 2030, las muertes a causa del tabaco aumentaran a 8 millones de personas al año.

Fumar tabaco produce cáncer de pulmón, laringe, riñón, vejiga, estomago, colon, cavidad oral y esófago, así como leucemia, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), cardiopatía isquémica, infarto, aborto y parto prematuro, defectos de nacimiento e infertilidad, entre otras enfermedades.

Contemplar dentro de nuestro marco jurídico la importancia de contar con una política pública antitabaco, en pro de una cultura y educación para la salud que tenga   por objetivo real  disuadirá fin de disminuir y evitar el consumo de productos del tabaco y la exposición del mismo en menores de edad, haciendo énfasis en visibilizar a los niños, niñas y adolescentes como un sector que requiere atención dada la temprana edad a la que tienen el primer contacto con el tabaco; así mismo implementar dicha política con enfoque de género, basada en investigaciones científicas sobre los riesgos y consecuencias que se desprenden del consumo del tabaco, será una inversión social a largo plazo, que elevará la calidad de salud y vida de las y los mexicanos.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LETRA K AL ARTICULO 28 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SE MODIFICA LA FRACCION V DEL ARTICULO 5 Y SE ADICIONA LA FRACCION VII DEL ARTICULO 10 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO.

Artículo Primero. Se adiciona la letra K al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 28. Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho……:

A-J

K. Establecer las políticas para disuadir, prevenir y en su caso reducir el consumo de los productos derivados del tabaco así como la exposición al humo del mismo, a través de campañas que promuevan actitudes y conductas favoreciendo estilos de vida saludables.

Artículo Segundo. Se modifica la fracción V del artículo 5 y se adiciona la fracción VII del artículo 10 de la Ley General para el control del Tabaco.

Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades:

I – IV.

V. Instituir medidas para disuadir, prevenir y reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores niñas, niños y adolescentes;

VI-IX.

Artículo 10. Para efectos de lo anterior, la Secretaría establecerá….:

I – VI.

VII.  Establecer políticas para prevenir y reducir el consumo de tabaco y la exposición al humo del tabaco con un enfoque de género.

TRANSITORIO

Unico.-El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en H. Cámara de Senadores, el 6 de julio de 2014.

Dip. Ricardo Mejía Berdeja.

1 NORMA Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

2 Cruz, Antimio, “El Boom de las Niñas Fumadoras”. Revista emeequis, México, edición 329, del 02 al 15 de junio de 2014.

3 Cifras de la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos de 2009.

4 Organización Mundial de la Salud [OMS] (2010). Tabaquismo. Revisado el 28 de enero. de 2011, de http://www.who.int/topics/tobacco/es/





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 185 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el Diputado Salvador Arellano Guzmán, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Diputado Federal Salvador Arellano Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 185, RECORRIENDOSE EL ORDEN DE LOS PARRAFOS ACTUALES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los créditos hipotecarios que otorga el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE), es una herramienta estatal que se creó para que los trabajadores al servicio del estado tuvieran la posibilidad de tener acceso a préstamos baratos que les permitieran adquirir viviendas dignas y cómodas; y con esta medida disminuir el déficit de viviendas que existe en nuestro país.

Solo que estos préstamos se contratan en base al salario mínimo, modalidad de cobro que genera que la deuda de los trabajadores sea cada vez mayor, pues depende de los aumentos anuales de este indicador, por lo que los pagos tardan más en cubrir el adeudo, que se incrementa año con año. Con esta modalidad de cobro prácticamente no se amortiza capital y al no hacerlo se tiene una base variable, por lo que año tras año se debe más.

Comportamiento de un crédito hipotecario FOVISSSTE

Un trabajador recibe un crédito hipotecario por parte del FOVISSSTE por $200,000 el día 20 de diciembre del 2000.

El cambio del salario mínimo en enero de 2001 provoca que su deuda se incremente a $209,000.

Durante el primer año cubre 24 pagos de $800 cada uno pagando $19,200.

El cobro de intereses a la tasa del 5% anual, más el aumento del salario mínimo en enero de 2002 provoca que su saldo sea de $218,405

Para marzo de 2014, el trabajador ha pagado más de $280,000 y todavía tiene una deuda de aproximadamente $170,000.

Durante 14 años su deuda solo disminuyo en $30,000

El trabajador termina pagando un aproximado de $600,000, durante los 30 años que dura el plazo del crédito hipotecario,

La deuda aumenta durante los primeros años, debido al doble cobro de intereses y a que la amortización al capital en los primeros años es casi nula.

A las actualizaciones de la deuda, se le suman la tasa de interés normal y moratoria, el seguro y los gastos administrativos.

Por lo que al paso del tiempo, el monto inicial del crédito se cubre y la deuda debería ser saldada, pero la modalidad de cobro provoca que el valor de la vivienda se pague más de dos veces.

PROPOSITO DE LA INICIATIVA

Esta Iniciativa tiene como objetivo establecer que los trabajadores al servicio del estado paguen sus préstamos hipotecarios en un plazo no mayor a 20 años o que solo paguen 2 veces el valor de la vivienda; reduciendo el plazo de pago y el monto de los elevados intereses; que impiden crear patrimonio a los trabajadores durante su vida laboral; transformando el paradigma de contar con una deuda impagable o una deuda eterna, a contar con un patrimonio propio labrado a través de los años de labor en el servicio público.

La iniciativa pretende mostrar, como las reglas de operación para la recuperación de un crédito hipotecario otorgado por el FOVISSSTE a un trabajador al servicio del estado, contravienen el mandato constitucional de que los créditos deben ser baratos y suficientes.

Cabe resaltar, que esta propuesta no contraviene la actual reforma anunciada por el titular del Ejecutivo Federal, que pretende que el gobierno acelere la reactivación del sector de la vivienda a través de diversas acciones, como el aumento de la inversión para créditos hipotecarios y la creación de programas e instrumentos de financiamiento hipotecario para trabajadores del Estado, basados en los cofinanciamientos Infonavit-Fovissste.

ANTECEDENTES

Contar con un lugar adecuado en el cual vivir, es una necesidad básica del ser humano, ya que en él establece su núcleo familiar, que es el centro del engranaje social. De esta forma, entre mejor sea la vivienda que se habita aumentan considerablemente las opciones de que las interrelaciones familiares sean óptimas y por ende las relaciones sociales mejorarán considerablemente.

Por estas razones los gobiernos de las naciones, consideraron el derecho a la vivienda como uno de los derechos humanos. Y así lo establecieron en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

"Artículo 25.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…"

En el artículo 11 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

"Artículo 11.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

Algunos países, entre los que se encuentra el nuestro lo elevaron a rango constitucional.

La Constitución Mexicana lo reconoció en el año de 1983 al establecerlo en su Artículo 4o.

"Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo"

El Estado Mexicano consciente del papel que le corresponde en la creación de la vivienda integró en su agenda de gobierno, la política de promoción de la vivienda.

En 1943 creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, que desde sus inicios proporcionó vivienda a sus trabajadores.

En 1963 creó dentro del Banco de México el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), como una institución promotora de la construcción de vivienda de interés social, para otorgar créditos a través de la banca privada.

En la década de los setenta, implementó políticas de apoyo a la vivienda que llevaron a la creación de instituciones nacionales y estatales cuyo objetivo era el financiamiento y la construcción de viviendas de interés social en zonas urbanas.

Mediante decreto de ley del 21 de abril de 1972, creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con el propósito de obligar a los patrones, a que mediante aportaciones constituyeran el Fondo Nacional de la Vivienda y establecer un sistema de financiamiento que permitiera otorgar crédito barato y suficiente para adquirir vivienda a los trabajadores afiliados.

Con respecto a los créditos hipotecarios para los trabajadores al servicio del estado, se fue creando el siguiente marco jurídico:

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos."

Artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

"Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:

VI.- Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos siguientes:

h) Constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre sus sueldos básicos o salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos, crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos adquiridos por dichos conceptos."

Artículo 185.Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

"El saldo de los créditos otorgados a los Trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 169 de esta Ley se revisará cada vez que se modifiquen los Salarios Mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el Salario Mínimo.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que determine la Junta Directiva. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

Las cantidades que se descuenten a los Trabajadores con motivo de los créditos a que alude el presente artículo, no podrán exceder del treinta por ciento de su Sueldo Básico, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de esta Ley.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de treinta años.

ANALISIS DEL PROBLEMA

Por una parte, la Carta Magna establece claramente que los créditos que se otorguen a los trabajadores al servicio del estado para adquirir vivienda, deben ser baratos y suficientes y que la naturaleza del Fondo de Vivienda debe ser eminentemente social, buscando siempre el bienestar de sus afiliados. Nunca menciona que debe operar como una sociedad mercantil que persigue fines de lucro.

Por otra parte, la ley permite al FOVISSSTE cobrar en veces el salario mínimo y actualizar la deuda cada vez que aumente este indicador y adicionalmente le permite cobrar intereses sobre los saldos insolutos lo que provoca que el trabajador no pueda pagar su deuda, pues año tras año la deuda se incrementa y se queda cautivo durante los treinta años que dura el plazo de la deuda. En los casos que los trabajadores logran pagar sus créditos antes del plazo, terminan pagando dos o tres veces el valor de la vivienda.

Este mecanismo del doble cobro de intereses, permite al Fondo de Vivienda mantener el valor del dinero y obtener una ganancia adicional, contraviniendo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La política gubernamental de ampliar la base trabajadora que puede obtener un crédito para adquirir vivienda es plausible, pero si el propósito es beneficiar a los trabajadores ayudándolos a obtener un patrimonio para reducir los índices de pobreza y abatir el déficit de 6 millones de viviendas que tiene México; la forma en que el FOVISSSTE está recuperando los créditos hipotecarios es contraria a tales propósitos, porque los trabajadores no obtienen patrimonio con los créditos y si una deuda prolongada y muy cara.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa:

DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 185, RECORRIENDOSE EL ORDEN DE LOS PARRAFOS ACTUALES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

Artículo Unico. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 185, recorriéndose el orden de los párrafos actuales de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 185…

El Instituto también otorgará, a solicitud del trabajador créditos, en pesos o veces en salarios mínimos, conforme a las reglas que al efecto determine la Junta Directiva, las cuales deberán propiciar que las condiciones financieras para los trabajadores no sean más altas que las previstas en los párrafos anteriores y previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del Instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos.

Las cantidades que se descuenten a los Trabajadores con motivo de los créditos a que alude el presente artículo, no podrán exceder del treinta por ciento de su Sueldo Básico, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de esta Ley.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de treinta años.

TRANSITORIOS

Unico El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 14 de julio de 2014

Dip. Fed. Salvador Arellano Guzmán.

FUENTES CONSULTADAS

Declaración Universal de los Derechos Humanos
http://www.un.org/es/documents

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
http://www.diputados.gob.mx/

Ley Federal De Los Trabajadores Al Servicio Del Estado
http://www.diputados.gob.mx/

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
http://www.diputados.gob.mx/

La política de vivienda en México
Lic. Luis de Pablo Serna
http://www.diputados.gob.mx/cronica57/contenido/cont13/masalla3

El Sector inmobiliario en México
Amadeo Segovia Guerrero y Carlos Enrique García Soto
(3 septiembre de 2012)
http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2012/bol228_sec_inmobilario.asp





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL, SE REFORMA EL ARTICULO 110 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por los Diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Silvano Aureoles Conejo, Fernando Zárate Salgado, Fernando Belaunzarán Méndez, Carol Antonio Altamirano, Alliet Bautista Bravo y Jessica Salazar Trejo, del grupo parlamentario del PRD)

De los Diputados AGUSTIN MIGUEL ALONSO RAYA, SILVANO AUREOLES CONEJO, FERNANDO ZARATE SALGADO, FERNANDO BELAUNZARAN MENDEZ, CAROL ANTONIO ALTAMIRANO, ALLIET BAUTISTA BRAVO Y JESSICA SALAZAR TREJO, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se reforma el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El 20 de enero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Desarrollo Social la cual, en su artículo 81, establece la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social. En el artículo 82, se determina la forma cómo estará integrado dicho Consejo. El marco normativo que dio origen al Consejo se enfocó en diseñar una Institución con la capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza.

Desde entonces, CONEVAL operaba como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México.

El artículo 72 de la citada Ley, puntualiza que la evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del CONEVAL, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y cuyo objeto será revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

Con la reforma al artículo 26, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de Federación el 10 de febrero de 2014, la evaluación entra en una nueva etapa. De acuerdo a esta disposición,

El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se aprecia un gran cambio en el marco jurídico del CONEVAL y, en consecuencia, importante en la evaluación de la política de medición de la pobreza y de la evaluación de la política de desarrollo social.

ARGUMENTACION

La reforma constitucional garantiza una total independencia del ente evaluador, en este caso el CONEVAL, con respecto a los ejecutores de gasto de los programas sociales. Esto significa que la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social será más objetiva e imparcial. Por las mismas razones, las recomendaciones que podrá emitir el CONEVAL tendrán una mayor fuerza para su cumplimiento.

En lo que respecta al impacto de esta reforma en las entidades federativas y municipios de México, habrá que esperar para disponer de las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de las funciones del CONEVAL.

En el cuarto párrafo del artículo Vigésimo Transitorio del Decreto de reforma constitucional, se establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regirá al órgano autónomo denominado Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

El objetivo de esta iniciativa es proponer la expedición de la ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como reformar, diversas disposiciones, que hagan efectiva la autonomía prescrita en el Decreto de reforma constitucional.

Así, el objeto de la ley es regular al CONEVAL, establecer principios para la medición de la pobreza, evaluar los programas, objetivos, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social y regular las recomendaciones que emita el Consejo.

Dichas recomendaciones deberán ser observables por las autoridades federales, locales y municipales.

La actuación de CONEVAL se regirá por los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad, inclusión y rigor técnico.

Para fines de la ley que se propone, se entiende por Política Social a todos aquellos programas públicos, estrategias de gobierno y acciones de política pública que tienen por objetivo la disminución de la pobreza o la pobreza extrema o el abatimiento de cualquiera de sus manifestaciones o causas. Por ello, se asume que la Política Social incluye no solo los programas sociales sino también los programas de salud, alimentación, trabajo y vivienda. El consejo podrá, por tanto, evaluar las estrategias del Gobierno Federal, los programas y acciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los de la Secretaría de Salud y las acciones públicas en materia de vivienda y alimentación.

La evaluación de la Política Social tiene por objeto revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

En el proyecto que se somete a consideración de esta Asamblea, se establece que la medición de la pobreza permite la difusión de los avances y los retos en materia de desarrollo social; su medición deberá ser fácilmente comunicable a la ciudadanía; estar sustentada en consideraciones teóricas y conceptuales rigurosas; documentar los supuestos en que se fundamenta; y ser estadísticamente robusta y replicable.

Así mismo, la evaluación de la Política Social tendrá por objeto revisar el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

Administrativamente, se establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Coneval. Estará integrado por un Presidente y seis Consejeros. Para su elección, se integrará un Comité Técnico de Evaluación por siete ciudadanos de reconocido prestigio.

La Comisión Nacional de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación designarán a un representante para dicho Comité. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por su parte, designará, mediante acuerdo, a tres integrantes para dicho Comité.

Será la Junta de Coordinación Política la encargada de lanzar una convocatoria pública y abierta para la elección de los miembros del Consejo General.

La lista de aspirantes que cumplan con los requisitos de dicha convocatoria será turnada al Comité Técnico de Evaluación que seleccionará en un plazo no mayor a treinta días naturales una terna para cada puesto de Consejero y para Presidente del Consejo General, misma que someterá a consideración de la Junta de Coordinación Política.

Este órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, en un lapso no mayor a diez días naturales a partir de la recepción de las ternas a que se refiere el párrafo anterior, impulsará y privilegiará la construcción de acuerdos para seleccionar a los candidatos al cargo de Consejero y Presidente del Consejo General.

La propuesta de la Junta se someterá a consideración del pleno de la Cámara de Diputados quien deberá designar a los Consejero y Presidente del Consejo General por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes.

El Ejecutivo Federal podrá objetar en una sola ocasión dichos nombramientos en el plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de Consejero o de Presidente del Consejo General la persona designada por la Cámara de Diputados. En caso de objetarse el o los nombramientos, la Cámara de Diputados designará a un nuevo Consejero o Presidente del Consejo General mediante el procedimiento previsto en el presente artículo.

Los integrantes del Consejo General desempeñarán su encargo por periodos de cuatro años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión.

El Presidente del Consejo durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez, y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa propone como requisitos para ser Consejero: ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tener treinta y cinco años cumplidos al momento de la designación; tener al menos el grado académico de licenciatura o equivalente; tener al menos diez años de experiencia en materia de desarrollo social y en alguna de las materias relacionadas del Consejo: conocimientos técnicos en evaluación de programas de desarrollo social, evaluación de políticas de desarrollo social, análisis de la pobreza, medición o identificación de la pobreza; no haber sido candidato a ocupar un cargo de elección popular, o ejercido alguno de ellos durante los tres años anteriores a su nombramiento; no haber sido, dirigente de algún partido o asociación política, religiosa o sindical, durante los tres años anteriores a su nombramiento; no haber sido sentenciado, mediante resolución firme, por delito doloso o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por alguna causa que implique responsabilidad de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos u otras disposiciones aplicables.

El CONEVAL emitirá lineamientos a los que se sujetarán las autoridades federales, estatales y municipales en materia de desarrollo social para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan. De la misma forma, emitirá directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la política social y abatir la pobreza.

Dice la iniciativa que se propone que las recomendaciones emitidas por el CONEVAL serán hechas del conocimiento de las autoridades correspondientes y, de los órganos ejecutores de los programas en su caso, para su atención.

Por su lado, las autoridades federales y aquellas estatales y municipales que hayan suscrito un convenio de coordinación, deberán hacer pública su respuesta en relación con las recomendaciones del CONEVAL, en un plazo no mayor a 60 días.

Además, se propone la creación de una Contraloría Interna, como órgano de control, vigilancia, auditoría y fiscalización de las actividades del Coneval, así como de investigación y denuncia ante las instancias competentes de las presuntas faltas administrativas o hechos que puedan ser constitutivos de delitos cometidos por los integrantes del personal directivo, técnico, académico o administrativo.

En su régimen transitorio, destacan disposiciones para la transición administrativa y operativa delorganismo descentralizado, Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social al organismo público autónomo creado por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014.

Se da un plazo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley para que el Consejo General expida el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En tanto se expida el citado Estatuto continuará aplicándose la normativa vigente, en lo que no se oponga a la presente Ley.

En la iniciativa que se presenta, se propone modificar el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para distinguir claramente las evaluaciones de la política de desarrollo social y las evaluaciones de desempeño. Así, CONEVAL coordinará las evaluaciones en materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y en esta Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mientras que la evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, por parte de las instancias públicas de evaluación que se establezcan para tales propósitos.

Finalmente, se derogan las disposiciones que en la Ley General de Desarrollo Social normaban al CONEVAL, en tanto organismo público descentralizado.

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL, SE REFORMA EL ARTICULO 110 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ARTICULO PRIMERO. Se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

LEYDEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del apartado C del Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es de observancia general en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Tiene por objeto regular:

I.El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,

II.Los mecanismos para la medición de la pobreza, y

III.La evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la Política de DesarrolloSocial.

IV.Las recomendaciones que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social.

V.Las recomendaciones de Coordinación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con las autoridades federales, locales y municipales.

Artículo 2. La observancia y aplicación de la presente Ley se regirán conforme a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad, inclusión y rigor técnico.

Artículo 3. La interpretación de esta Ley para efectos administrativos corresponde al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en el ámbito de su competencia.

Para la interpretación y cumplimiento de esta Ley serán supletorias las disposiciones normativas de la Ley General de Desarrollo Social y demás ordenamientos en la materia.

Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Acción de desarrollo social, a los programas presupuestarios que tengan asignados recursos públicos, operados por cualquier orden de gobierno y cuenten con las siguientes características:

a. Que estén alineados con alguno de los derechos sociales o con la dimensión de bienestar económico, utilizada para la medición de la pobreza;

b. Que estén señalados en los presupuesto de egresos respectivos, y

c. Otorguen subsidios, bienes o servicios a personas físicas y/o morales.

II. Autoridades estatales y municipales, a las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito.

III. Autoridades federales, a las dependencias y entidades federales.

IV. Carencia social, a la privación de uno de los indicadores de pobreza establecidos en la Ley General de Desarrollo Social.

V. Coneval, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

VI. Consejeros, a los integrantes del Consejo General.

VII. Consejo General, al órgano máximo de gobierno del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

VIII. Dependencias, a las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

IX. Estatuto, al Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

X. Ley, al presente ordenamiento.

XI. Presidente, al Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

XII. Población en situación de pobreza, a la población que tiene un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y presenta al menos una carencia social.

XIII. Población en situación de vulnerabilidad, a la población que se encuentra en vulnerabilidad por ingreso o por carencia social.

XIV. Población en situación de pobreza extrema de alimentación, a la población que se encuentra en pobreza extrema multidimensional y tiene carencia de acceso a la alimentación.

XV. Política Social, a todos aquellos programas públicos, estrategias de gobierno y acciones de política pública que tienen por objetivo la disminución de la pobreza o la pobreza extrema, así como el abatimiento de cualquiera de sus manifestaciones o causas, incluyendo los programas de salud, alimentación, trabajo y vivienda.

XVI. Programa de desarrollo social, a los programas presupuestarios que tengan asignados recursos públicos, opere cualquier orden de gobierno y que cuenten con las siguientes características:

a. Estén alineados con alguno de los derechos sociales o con la dimensión de bienestar económico, utilizada para la medición de la pobreza;

b. Estén señalados en los presupuestos de egresos respectivos;

c. Otorguen subsidios, bienes o servicios a personas físicas y/o morales, y

d. Tengan reglas de operación o documentos que normen su operación.

TITULO II
DELA MEDICION DE LA POBREZA Y
LA EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL

Capítulo I
De la medición de la pobreza

Artículo 5. El Coneval estará a cargo de realizar las actividades de medición de la pobreza, de acuerdo a las metodologías y procedimientos que establezca para este fin y de conformidad al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

Las mediciones de pobreza nacional y por entidad federativa se realizarán cada dos años, y las mediciones a escala municipal, cada cinco.

Artículo 6. El Consejo General emitirá los lineamientos para la definición y medición de la pobreza considerando la información que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, independientemente de cualquier otra información que estime conveniente. Para la definición de la pobreza, el Consejo desarrollará una metodología de cálculo integral; acorde a los estudios internacionales de frontera; incluyendo los métodos de Líneas de Pobreza y de Necesidades Básicas Insatisfechas o una combinación de ellos.

Artículo 7. El Consejo General emitirá los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, los cuales serán de aplicación obligatoria para la federación, estados y municipios.

Artículo 8. La medición de la pobreza es un instrumento que permite la difusión de los avances y los retos en materia de desarrollo social; deberá ser fácilmente comunicable a la ciudadanía; estar sustentada en consideraciones teóricas y conceptuales rigurosas; documentar los supuestos en que se fundamenta; y ser estadísticamente robusta y replicable.

La medición de la pobreza que realiza el Consejo General deberá:

I. Generar resultados que permitan identificar a la población en situación de pobreza,

II. Conocer la contribución de las entidades federativas y los municipios a la pobreza nacional,

III. Identificar la contribución de cada dimensión de la pobreza, a la pobreza global

IV. Brindar un marco analítico apropiado para analizar las carencias de la población e identificar las regiones y grupos sociales con mayores carencias

V. En los casos en que sea posible, ser desagregable para distintos grupos de la población.

VI. Permitir realizar mediciones comparables a lo largo del tiempo.

Capítulo II
De la evaluación de la política social

Artículo 9. La evaluación de la Política Social tiene por objeto revisar el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

Artículo 10. La evaluación de la Política Social que lleve a cabo el Consejo General, así como las que en el ámbito de su competencia lleven a cabo las autoridades estatales y municipales en materia de desarrollo social, y aquellas que realicen los organismos evaluadores independientes a los que se refiere el Artículo 73 de la Ley General de Desarrollo Social, deberán ajustarse a los criterios, lineamientos, indicadores y metodología que para tal efecto emita el Consejo General.

Capítulo III
De la competencia

Artículo 11. El Consejo General tendrá la obligación de evaluar los programas, objetivos, metas y acciones de la Política Social que realicen las autoridades federales así como el impacto de los Fondos de Aportaciones Federales destinados al desarrollo social que ejecuten las autoridades estatales y municipales y la evolución de la pobreza.

Para efectos de la evaluación a estados y municipios se deberán suscribir convenios de coordinación en los términos de esta Ley.

El Consejo General podrá realizar la evaluación por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, que deberán cumplir requisitos y términos de la convocatoria que al efecto expida el Consejo General.

Artículo12. El Consejo General establecerá los requisitos mínimos que deberán cumplir los organismos evaluadores que participen en las evaluaciones de los programas y acciones de desarrollo social. Dichos organismos podrán ser instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones no lucrativas nacionales, o bien personas físicas con experiencia en evaluación de programas.

Artículo 13. Las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley deberán:

I. Promover la congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan con las directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el Consejo General;

II. Proporcionar al Consejo General toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación;

III. Cumplir los lineamientos y atender las recomendaciones que emita el Consejo General e informar sobre los resultados de la evaluación;

IV. Recopilar, sistematizar y difundir la información derivada de las evaluaciones que lleven a cabo;

V. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y que sean necesarias para el adecuado desarrollo de las evaluaciones.

Artículo 14. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo General emitirá las recomendaciones a las dependencias y a las autoridades que corresponda con el fin de mejorar los resultados de la política, los programas o acciones de desarrollo social.

TITULO III
DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
Capítulo I
De la Naturaleza, Objeto y Atribuciones del Coneval

Artículo 15. El Coneval es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme lo dispone el apartado C del Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contará con plena autonomía técnica, de gestión, presupuestaria y para determinar su organización interna.

Artículo 16. El patrimonio del Coneval se integra con:

I. Los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del presupuesto de egresos de la federación;

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean destinados o adquiera para el cumplimiento de sus fines;

III. Las adquisiciones, los subsidios, donaciones y aportaciones, tanto en bienes como en valores que provengan del sector público, social y privado;

IV. Los ingresos que perciba por los servicios que preste en términos de esta Ley a instituciones y personas físicas de los sectores social y privado, y a instancias públicas, privadas y sociales del extranjero que, en el marco de instrumentos o acuerdos de colaboración, soliciten sus servicios;

V.Los fondos nacionales o internacionales, públicos o privados, obtenidos para el financiamiento de los programas y actividades del Consejo General, y

VI.En general todos los ingresos y derechos susceptibles de estimación pecuniaria, que obtenga por cualquier medio legal.

Los ingresos que perciba el Coneval, incluidos los obtenidos por servicios, no afectarán los principios de independencia, objetividad y demás que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras disposiciones establecen en materia de Desarrollo Social, ni alterar el desarrollo normal de sus actividades. Su ejercicio se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 17. El Coneval se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas, las de esta Ley, las del Estatuto y demás disposiciones aplicables.

Artículo 18. El Consejo General tendrá por objeto normar y coordinar la evaluación de la Política Social que realizan las dependencias públicas, así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza garantizando la observancia de los principios establecidos en el artículo 3 de la presente Ley.

El Consejo General deberá actualizar los criterios, lineamientos y conceptos que establezca en materia de evaluación de la política social.

Artículo 19. Para el cumplimiento del objeto previsto en el artículo 1 fracción II de esta Ley, el Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer los lineamientos y criterios para la definición y medición de la pobreza, de conformidad con la Ley General de Desarrollo Social y la presente Ley;

II. Establecer criterios, indicadores y normas para el análisis y evaluación de la política del desarrollo social, así como para jerarquizar y orientar sobre las prioridades, objetivos y metas en la materia;

III. Revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social, por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes;

IV. Realizar las investigaciones y estudios que permitan evaluar y orientar la Política Nacional de Desarrollo Social;

V. Establecer criterios de resultados para la definición de zonas de atención prioritaria;

VI. Una vez cumplido el requisito previsto en la fracción anterior, aprobar los indicadores que en la misma se señalan, a efecto de medir la cobertura, calidad e impacto de los programas y acciones de desarrollo social y verificar que dichos indicadores reflejen el cumplimiento de sus objetivos y metas;

VII. Emitir la convocatoria, en su caso, para los organismos evaluadores independientes;

VIII. Definir los requisitos que deberán cumplir los organismos evaluadores independientes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y las condiciones y términos de la convocatoria que expida para tal efecto;

IX. Coordinarse con los responsables de la operación de los programas y acciones de desarrollo social a que se refiere la fracción anterior y prestar la colaboración que resulte necesaria;

X. Establecer los lineamientos y criterios para que los responsables de la operación de los programas y acciones de desarrollo social de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal realicen evaluaciones internas de manera eficiente, objetiva y clara;

XI. Coordinarse con los responsables de la operación de los programas y acciones de desarrollo social a que se refiere la fracción anterior y prestar la colaboración que resulte necesaria;

XII. Establecer lineamientos para realizar estudios y diagnósticos relacionados con la conveniencia, viabilidad y eficiencia de todo programa nuevo de evaluación del Desarrollo Social;

XIII. Solicitar en su caso, a quienes intervengan en la ejecución de los programas sujetos a evaluación, la información necesaria para este fin;

XIV. Aprobar el informe sobre la política y programas de desarrollo social, con base en los resultados de las evaluaciones y otros estudios que al efecto se realicen;

XV. Dar a conocer los resultados de las evaluaciones y otros estudios referentes al desarrollo social;

XVI. Utilizar las evaluaciones para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la política de desarrollo social y contribuir a mejorar su operación y resultados;

XVII. Emitir sugerencias y recomendaciones al Ejecutivo Federal, a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, así como a las entidades federativas y municipios, previa suscripción del convenio de coordinación, sobre la política y los programas de desarrollo social, con base en los resultados de las evaluaciones e investigaciones disponibles;

XVIII. Emitir recomendaciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre la Política Salarial y Laboral del país y sobre el cumplimiento de las prestaciones laborales previstas en la Ley Federal del Trabajo;

XIX. Emitir sugerencias y recomendaciones al Congreso de la Unión sobre la agenda legislativa en materia de Desarrollo Social;

XX. Recibir y, en su caso, considerar las propuestas temáticas y metodológicas de la evaluación que sugieran los sectores público, social y privado relacionados con el Desarrollo Social;

XXI. Impulsar y fortalecer la cultura de la evaluación en todos los ámbitos relacionados con la política de desarrollo social;

XXII. Realizar estudios e investigaciones en la materia;

XXIII. Formular un informe ejecutivo anual sobre las evaluaciones realizadas;

XXIV. Actuar en su caso, como órgano de consulta y asesoría en materia de evaluación de programas sociales y medición de pobreza, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como de los sectores social y privado;

XXV. Celebrar con las autoridades de desarrollo social de estados y municipios y, en su caso, con organizaciones de los sectores social y privado, para evaluar programas y acciones en dicha materia;

XXVI. Establecer mecanismos de acceso a las bases de datos de las evaluaciones para un adecuado análisis dela planeación, investigación, capacitación y enseñanza;

XXVII. Garantizar la transparencia, objetividad y rigor técnico la medición de la pobreza, utilizando la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente, en términos de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social;

XXVIII. Dar a conocer los resultados sobre la medición de la pobreza;

XXIX. Coordinarse con la Comisión Nacional de Desarrollo Social

XXX. Promover cursos, talleres y seminarios de manera permanente, para el desarrollo y conocimiento de técnicas y metodologías de evaluación y de medición de la pobreza.

XXXI. Los demás que confieran esta ley y demás disposiciones aplicables.

Capitulo II
Del Gobierno, Organización y Funcionamiento

Artículo 20. El Coneval estará integrado por:

I. El Consejo General

II. Un Presidente

III. Un Secretario Técnico

IV. Las unidades administrativas que determine el Consejo General

V. Contraloría Interna.

Artículo 21. El Consejo General es el órgano superior de dirección del Coneval. Estará integrado por un Presidente y seis Consejeros.

Artículo 22. Para la elección de los miembros del Consejo General, se integrará un Comité Técnico de Evaluación por siete ciudadanos de reconocido prestigio.

Cada uno de los siguientes organismos designarán a una persona para dicho Comité Técnico de Evaluación: la Comisión Nacional de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Por su parte, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados designará, mediante acuerdo, a tres integrantes para dicho Comité.

Será la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la encargada de lanzar una convocatoria pública y abierta para la elección de los miembros del Consejo General.

La lista de aspirantes que cumplan con los requisitos de dicha convocatoria será turnada al Comité Técnico de Evaluación que seleccionará en un plazo no mayor a treinta días naturales una terna para cada puesto de Consejero y para Presidente del Consejo General, misma que someterá a consideración de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en un lapso no mayor a diez días naturales a partir de la recepción de las ternas a que se refiere el párrafo anterior, impulsará y privilegiará la construcción de acuerdos para seleccionar a los candidatos al cargo de Consejero y Presidente del Consejo General.

La propuesta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se someterá a consideración del pleno de la Cámara de Diputados quien deberá designar a los Consejero y Presidente del Consejo General por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes.

El Ejecutivo Federal podrá objetar en una sola ocasión dichos nombramientos en el plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de Consejero o de Presidente del Consejo General la persona designada por la Cámara de Diputados. En caso de objetarse el o los nombramientos, la Cámara de Diputados designará a un nuevo Consejero o Presidente del Consejo General mediante el procedimiento previsto en el presente artículo

Artículo 23. Para ser consejero se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadanos mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener treinta y cinco años cumplidos al momento de la designación;

III. Tener al menos el grado académico de licenciatura o equivalente;

IV. Tener al menos diez años de experiencia en materia de desarrollo social y en alguna de las materias relacionadas del Consejo: conocimientos técnicos en evaluación de programas de desarrollo social, evaluación de políticas de desarrollo social, análisis de la pobreza, medición o identificación de la pobreza;

V. No haber sido candidato a ocupar un cargo de elección popular, o ejercido alguno de ellos durante los tres años anteriores a su nombramiento;

VI. No haber sido, dirigente de algún partido o asociación política, religiosa o sindical, durante los tres años anteriores a su nombramiento;

VII. No haber sido sentenciado, mediante resolución firme, por delito doloso o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por alguna causa que implique responsabilidad de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos u otras disposiciones aplicables.

Artículo 24. Los integrantes del Consejo General desempeñarán su encargo por periodos de cuatro años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión.

El Presidente del Consejo durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez, y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de falta absoluta de alguno de ellos, quien lo sustituya será nombrado en los mismos términos del artículo 21 de la presente Ley, y el nombramiento respectivo será sólo para concluir el periodo que corresponda.

Artículo 25. Los integrantes del Consejo General sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no podrán desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Consejo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

Artículo 26. Son atribuciones del Consejo General:

I. Expedir, a propuesta del Presidente, el Estatuto, los manuales de organización y de procedimientos, así como las demás normas de aplicación general necesarias para su funcionamiento y operación;

II. Nombrar, a propuesta del Presidente, al Secretario Técnico;

III. Aprobar, a propuesta del Presidente, el presupuesto del Coneval;

IV. Aprobar, a propuesta del Presidente, los programas anual y de mediano plazo del Coneval, así como los objetivos, proyectos, metas y acciones de las unidades administrativas y conocer los informes de desempeño de estas;

V. Aprobar los proyectos y acciones para el cumplimiento del objeto del Coneval y para la colaboración y coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales en materia de desarrollo social;

VI. Aprobar los instrumentos, lineamientos, directrices, criterios y demás medidas y actos jurídicos a los que se refiere esta Ley;

VII. Establecer los mecanismos para la coordinación y funcionamiento para la medición de la pobreza y la evaluación de la política social;

VIII. Constituir mecanismos de interlocución con las autoridades federales, estatales y municipales en materia de desarrollo social;

IX. Establecer los criterios para procesar, interpretar y difundir de manera oportuna y transparente la información que se obtenga de los procesos de medición de la pobreza y la evaluación de la política social;

X. Determinar y aprobar el contenido del informe anual de la gestión del Consejo, el cual deberá presentarse con la información correspondiente al ejercicio fiscal;

XI. Determinar y aprobar el contenido del informe anual sobre el estado que guardan los componentes, procesos y resultados de la medición de la pobreza y la evaluación de la política social

XII. Aprobar las bases para establecer los vínculos necesarios para formalizar la participación, colaboración y coordinación en materia de evaluación de la política social con las autoridades en materia de desarrollo social de las entidades federativas y municipios;

XIII. Conocer, y en su caso aprobar el informe y evaluación anual que, respecto de su gestión, rinda el Presidente ante las Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y Senadores;

XIV. Aprobar los actos jurídicos de coordinación y colaboración a que se refiere la presente Ley;
XV. Designar a propuesta del Presidente, a los titulares de las unidades administrativas previstas en el Estatuto, así como de la Contraloría Interna

XVI. Aprobar las políticas y normas para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Coneval, con apego a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

XVII. Desahogar los asuntos relacionados con la aplicación de esta Ley, que sometan a su consideración sus integrantes;
XVIII. Conocer y aprobar, en su caso, los estados financieros respecto del ejercicio fiscal del Coneval; autorizar su publicación, así como el dictamen del Contralor Interno;

XIX. Emitir las normas y procedimientos para la regulación del servicio profesional al interior del Coneval;

XX. Declarar la nulidad de los procesos y resultado de las evaluaciones que no se sujeten a los lineamientos que expida el Coneval, previa audiencia que se le conceda a la entidad evaluadora responsable para que manifieste a lo que a su derecho convenga y,

XXI. Las demás que confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 27.Las resoluciones del Consejo General serán tomadas de manera colegiada por mayoría de votos.

El Estatuto establecerá las reglas para el funcionamiento del Consejo General.

Artículo 28. Los acuerdos que resulten de las sesiones del Consejo General se harán del dominio público en un plazo no mayor a 72 horas a través de cualquier medio electrónico o virtual de comunicación, con la excepción de aquellos que se definan bajo reserva por naturaleza de la información o de los datos que contengan.

Artículo 29. El Coneval contará con un Secretario Técnico que será nombrado por el Consejo General, a propuesta de su Presidente, quien asistirá con voz pero sin voto, a las sesiones; sus funciones serán establecidas en el Estatuto.

Artículo 30. El Consejo General sesionará de manera ordinaria y extraordinaria. El Presidente propondrá al Consejo General el calendario de sesiones ordinarias y podrá convocar a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición de cuando menos tres de sus integrantes.

Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus integrantes. En ausencia del Presidente, los integrantes asistentes elegirán a quien presida las sesiones.

Artículo 31. El Consejo General podrá acordar la asistencia de servidores públicos que estime pertinentes atendiendo a la naturaleza de sus asuntos, para que le rindan directamente la información que les solicite, así como invitar a los especialistas o representantes de instituciones académicas o de investigación cuando los temas así lo requieran.

Quienes asistan a las sesiones del Consejo General con carácter de invitados deberán guardar confidencialidad respecto de los asuntos que se traten en ellas, salvo autorización expresa para hacer alguna comunicación. Está obligación se hará del conocimiento de los invitados antes del inicio de la sesión correspondiente.

Artículo 32. Corresponden al Presidente del Consejo General las siguientes facultades:
I. Tener a su cargo la administración del Coneval;

II. Representar legalmente al Coneval y otorgar, sustituir y revocar poderes para pleitos y cobranzas, de conformidad con las disposiciones aplicables y previa autorización del Consejo General;

III. Convocar y conducir las sesiones del Consejo General, así como acatar y hacer cumplir los acuerdos de la misma;

IV. Celebrar los actos jurídicos que al efecto resulten necesarios para la colaboración y la coordinación con las autoridades estatales y municipales, u otras personas físicas o morales, previo acuerdo del Consejo General

V. Presentar al Consejo General, para su aprobación, el Estatuto, los manuales de organización y de procedimientos, así como las demás normas de aplicación general necesarias para el funcionamiento y operación del Coneval;

VI. Proponer al Consejo General, para su designación, a los titulares de las unidades administrativas previstas en el Estatuto y en la Contraloría Interna;

VII. Proponer al Consejo General, para su aprobación, los programas anual y de mediano plazo del Coneval, así como los objetivos, programas, metas y acciones de las unidades administrativas del Consejo y los informes de desempeño de estas;

VIII. Elaborar y presentar al Consejo General para su aprobación, el proyecto de presupuesto del Coneval;

IX. Enviar al Poder Ejecutivo Federal el presupuesto del Coneval aprobado por el Consejo General, en los términos de la ley de la materia;

X. Coordinar la integración del informe anual respecto del estado que guardan los componentes, procesos y resultados de la medición de la pobreza y la evaluación de la política social;

XI. Presentar ante el Congreso de la Unión el informe anual a que se refiere la fracción anterior, aprobado por el Consejo General;

XII. Presentar anualmente al Consejo General, dentro de los sesenta días siguientes a la conclusión del ejercicio fiscal, un informe de la gestión y de los estados financieros del Coneval;

XIII. Recibir del Contralor Interno los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Coneval y;

XIV.Las demás que resulten de la Ley, el Estatuto, y otras disposiciones aplicables.

Artículo 33. Los integrantes del Consejo General tendrán las facultades que se deriven de las atribuciones conferidas e éste, en términos de la presente Ley, así como:

I. Acudir a las sesiones del Consejo General con derecho a voz y voto;

II. Dar seguimiento a la actualización y cumplimiento de las disposiciones normativas que rigen al Coneval, y

III. Las demás que establezcan en otras disposiciones aplicables.

Artículo 34. El Coneval contará con las unidades administrativas que se prevean en el Estatuto, cuya estructura organizacional, facultades y funciones se establecerán en el mismo.

Capitulo III
De los lineamientos y recomendaciones

Artículo 35. El Consejo General emitirá lineamientos a los que se sujetarán las autoridades federales, estatales y municipales en materia de desarrollo social para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan.

El Consejo General emitirá directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la política social y abatir la pobreza.

Artículo 36. Los lineamientos y directrices que emita el Consejo General se harán de conocimiento público.

Artículo 37. Los lineamientos emitidos por el Consejo General en materia de evaluación serán obligatorios para las Autoridades federales, estatales y municipales en materia de desarrollo social.

Artículo 38. Las recomendaciones emitidas por el Consejo General serán hechas del conocimiento de las autoridades correspondientes y, de los órganos ejecutores de los programas en su caso, para su atención.

Artículo 39. Las autoridades federales y aquellas estatales y municipales que hayan suscrito un convenio de coordinación, deberán hacer pública su respuesta en relación con las recomendaciones del Consejo General, en un plazo no mayor a 60 días.

Capítulo IV
Mecanismos de Colaboración y coordinación

Artículo 40. El Coneval deberá coordinarse con las Autoridades en materia de desarrollo social, a fin de que la información que generen en el cumplimiento de sus funciones de evaluación, en sus respectivas competencias se registren, conforme a los convenios que al efecto se suscriban con el Consejo.

Artículo 41. En el ejercicio de sus atribuciones, el Coneval celebrará los actos jurídicos necesarios con las Autoridades en materia de Desarrollo Social, así como instituciones académicas y de investigación, organizaciones nacionales o extranjeras, gubernamentales, o no gubernamentales e internacionales, relacionadas con la evaluación de la política social.

Artículo 42. En los actos jurídicos que al efecto se suscriban se establecerán los mecanismos y acciones que permitan una eficaz colaboración y coordinación entre el Coneval, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, los profesores o investigadores y las organizaciones relevantes en materia de evaluación de la política social.

Artículo 43. El Coneval promoverá estrategias para el eficaz intercambio de información y experiencias con las Autoridades en materia de desarrollo social, a fin de generar buenas prácticas en la evaluación que llevan a cabo.

Capítulo V
De la Información Pública

Artículo 44. La información derivada de la medición de la pobreza y las evaluaciones de la Política Social,estará sujeta a las disposiciones federales en materia de información pública, transparencia y protección de datos personales.

El Consejo General deberá garantizar el acceso a la información que tenga en posesión, con arreglo a la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Artículo 45. Se considerará reservada la información que contenga datos cuya difusión ponga en riesgo a los instrumentos de evaluación y medición, en tanto no se liberen por el Consejo General y otros organismos nacionales o internacionales.

Capítulo VI
Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas

Artículo 46. La Contraloría Interna es el órgano de control, vigilancia, auditoría y fiscalización de las actividades del Coneval, así como de investigación y denuncia ante las instancias competentes de las presuntas faltas administrativas o hechos que puedan ser constitutivos de delitos cometidos por los integrantes del personal directivo, técnico, académico o administrativo.

Artículo 47. Son facultades del Contralor Interno:

I. Vigilar que las erogaciones y gastos del consejo se ajusten al presupuesto autorizado y se ejerza en términos de la normativa aplicable;

II. Vigilar y supervisar que los servidores públicos del Coneval cumplan con las normas y disposiciones en materia administrativa, de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y adquisiciones;

III. Realizar auditorías de desempeño, con las que se evaluará el resultado del plan de trabajo y el logro de los objetivos y metas aprobados por el Consejo General;

IV. Practicar auditorías económico financieras, que comprenderán el examen de las transacciones, operaciones y registros financieros, para determinar si la información que se produce al respecto es confiable y oportuna;

V. Promover y sugerir en el ámbito de su competencia, la aplicación de medidas o programas que contribuyan a mejorar, agilizar o modernizar aquellos procesos, sistemas o procedimientos de carácter administrativo que permitan un flujo más eficiente de los recursos presupuestarios, así como una administración de los recursos humanos, materiales y técnicos;

VI. Recibir y atender las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos del Coneval, derivadas de inconformidades en materia de adquisiciones, así como realizar los procedimientos correspondientes, turnándolos en su caso, a la Auditoría Superior de la Federación para los efectos a que haya lugar, debiendo informar a la Junta lo conducente;

VII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos del Coneval; así como, verificar y practicar las investigaciones que fueran pertinentes de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las disposiciones reglamentarias aplicables, y

VIII. Las demás que le confieren las disposiciones aplicables.

Artículo 48. El Consejo General observará en la designación del Contralor Interno que éste cumpla con los criterios de probidad, experiencia, capacidad e imparcialidad de acuerdo con las disposiciones previstas en el Estatuto.

Artículo 49. El Consejo General deberá presentar anualmente, en el mes de abril, al Congreso de la Unión:

I. El informe del estado que guarden componentes, procesos y resultados de la medición de la pobreza y de las evaluaciones realizadas;

Este informe deberá hacerse del conocimiento público, sujetándose a las disposiciones que al efecto expida el Consejo General.

II. Un informe por escrito de las actividades y del ejercicio del gasto del año inmediato anterior, incluyendo las observaciones relevantes que, en su caso, haya formulado el Contralor Interno.

Lo dispuesto en este artículo se realizará sin perjuicio de los datos e informes que el Consejo General deba rendir en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones aplicables.

Capítulo VII
Régimen Laboral

Artículo 50. El personal que preste sus servicios al Coneval se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Capitulo VIII
De las Responsabilidades y Faltas Administrativas

Artículo 51. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley las siguientes:

I. Negarse a proporcionar información, ocultarla, alterarla, destruirla o realizar cualquier acto u omisión tendientes a impedir los procesos de evaluación;

II. Incumplir los lineamientos a los que se refiere la presente Ley, o no dar respuesta sobre la atención dada a las recomendaciones que emita el Consejo en materia de evaluación de política social y medición de la pobreza;

III. Revelar datos confidenciales;

IV. La inobservancia de la reserva en materia de información, cuando por causas de seguridad hubiese sido declarada de divulgación restringida por el Consejo General;

V. La participación deliberada en cualquier acto u omisión que entorpezca el desarrollo de los procesos de evaluación;

VI. Impedir, sin justificación, el libre ejercicio de los derechos de acceso y rectificación de datos por los informantes, e

VII. Impedir el acceso del público a la información a que tenga derecho.

La responsabilidad a que se refiere este artículo o cualquiera otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, será sancionada en los términos de las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos aplicables.

Artículo 52. Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, son independientes de las del orden civil o penal que procedan.

ARTICULO SEGUNDO. Se expiden las disposiciones transitorias de la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

I. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

II. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

III. Los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores adscritos al organismo descentralizado, Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pasan a formar parte del organismo público autónomo creado por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014.

IV. El personal que preste sus servicios en el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social a la entrada en vigor de la presente Ley, conservará sus derechos en el nuevo organismo creado por este ordenamiento.

V. El Consejo General deberá expedir el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social en un plazo no mayor de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. En tanto se expida el citado Estatuto continuará aplicándose la normativa vigente, en lo que no se oponga a la presente Ley.

VI. Los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades Federales, deberán ser expedidos por el Consejo General en un plazo no mayor a 120 días, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. En lo sucesivo, la expedición de lineamientos se llevará a cabo conforme a la programación que establezca el Consejo General con dichas autoridades.

VII. En un plazo no mayor a 120 días, se someterán a consideración de autoridades estatales y municipales un modelo de convenio de coordinación, sobre la política y los programas de desarrollo social, para realizar evaluaciones en dicha materia.

VIII. En el supuesto de que existan asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución en el Organo Interno de Control del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, deberán ser concluidos por la Contraloría Interna, aplicando lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales aplicables.

Los procesos de evaluación que hayan iniciado previamente a la entrada en vigor de esta Ley se concluirán en los términos que apruebe el Consejo General.

IX. Los contratos y convenios que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social haya suscrito antes de la entrada en vigor de la presente Ley, bajo la figura de organismo descentralizado, se entenderán como referidos al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ahora bajo la figura de organismo público autónomo.

X. Los informes a que se refiere el artículo 49, se rendirán a partir del año 2015, comprendiendo el periodo correspondiente entre los meses de junio y diciembre de 2014.

XI. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados deberá emitir la convocatoria a que se refiere el artículo 22 de la presente Ley en un plazo no mayor a los 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto; en ese mismo término deberá instalarse el Comité Técnico de Evaluación.

XII. En un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir del día en que el Consejo General asuma sus funciones, se integrará la Contraloría Interna Instituto y se designará a su titular.

XIII. Los proyectos de trabajo y acciones administrativas que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social haya iniciado previamente a la entrada en vigor de esta Ley, seguirán su curso normal hasta su conclusión.

XIV. En un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir del día de la publicación de la presente Ley, se integrará la Contraloría Interna Instituto y se designará a su titular.

XV. Los proyectos de trabajo y acciones administrativas que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social haya iniciado previamente a la entrada en vigor de esta Ley, seguirán su curso normal hasta su conclusión.

ARTICULO TERCERO. Se reforma el tercer párrafo del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 110. …

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y lo dispuesto en esta Ley.

ARTICULO CUARTO. Se derogan los artículos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley General de Desarrollo Social.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de julio de 2014.

Suscriben

Dip. Agustín Miguel Alonso Raya.- Dip. Silvano Aureoles Conejo.- Dip. Fernando Zárate Salgado.- Dip. Fernando Belaunzarán Méndez.- Dip. Jessica Salazar Trejo.- Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo.- Dip. Carol Antonio Altamirano.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 264 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por los Diputados Ricardo Monreal Avila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

RICARDO MONREAL AVILA, ALFONSO DURAZO MONTAÑO y RICARDO MEJIA BERDEJA diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 264 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN MATERIA DE RESTRICCIONES PARA CABILDEO DE FUNCIONARIOS al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cabildear se define como "gestionar con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación." En nuestro país, sin embargo, la delgada línea entre lo que es el cabildeo y lo que es la compra de conciencias, es uno de los factores que ponen en tela de juicio la labor delos cabilderos.

El problema es que en las acusaciones de corrupción la prueba será circunstancial, por lo tanto es difícil determinar si una acción es impropia o si constituye una forma aceptable de cabildeo. En Movimiento Ciudadano creemos que por eso es importante regular y tener un control confiable de quien o quienes son las personas contratadas por empresas para desempeñar las funciones de cabildeo, a fin de disminuir gradualmente las prácticas corruptas que empañan esta profesión.

El cabildeo es una práctica aceptable en la mayoría de los sistemas políticos, sin embargo existe un paradigma entre lo que es la corrupción y el cabildeo, la diferencia la determinan los valores sociales y morales de los ciudadanos así como de las percepciones que se tenga sobre el cabildeo esta prática.

Legislaciones como la de Estados Unidos, Canadá y Perú que son las más avanzadas al respecto en nuestro continente, han logrado controlar el cabildeo delimitando y transparentando sus acciones y sus costos.

El cabildeo en México, es una industria nueva con reglas no escritas y algunas otras todavía son opacas, en este contexto existen altas probabilidades para que se haga un mal uso de esta práctica.

Para prevenir la corrupción, algunas legislaciones estatales y extranjeras, imponen ciertos requisitos a los cabilderos, como en Chile, donde los aspirantes no deben haber sido condenados judicialmente por algún delito grave que amerite pena corporal, o que haya sido inhabilitado durante su función como servidor público.

El cabildeo ilegal es un delito novel que no tiene establecidas las barreras ni tiene una base normal. La criminalización de la conducta depende enteramente de si hubo la intención de influenciar una legislación o si hubo la intención de informar a la legislatura sobre una postura en particular. Esta ambigüedad provoca que existan muchas interpretaciones sobre lo que es una influencia indebida y lo que es un cabildeo legítimo.

El dictamen aprobado el pasado 15 de Octubre del 2013, no contemplaba candados para garantizar que quienes ejercieran esta función fueran personas honorables y de reconocida calidad moral, que ayudaran a minimizar los actos corrupción. En Movimiento Ciudadano consideramos que la libre contratación de personal para cubrir estas funciones puede atraer a diversos actores, incluida la delincuencia organizada, que sirva para negociar con los representantes populares la protección de sus intereses.

Antes y durante la discusión de la mal llamada Reforma Fiscal, aprobada por el pleno de esta Cámara, se publicaron diversas notas sobre el trabajo que venía realizando la firma Pricewatherhouse Coopers, para modificar la iniciativa que envío Peña Nieto a este Congreso. La consultora, se mencionó entonces, cobraba un millón de dólares por cada artículo que modificara, 70 mil dólares por cada entrevista con legisladores y 5 mil, por cada hora de análisis.

Lo denunciado en 2005 por el entonces Diputado Miguel Angel Toscano sobre la invitación que una empresa tabacalera hizo a varios legisladores de Acción Nacional para asistir al gran premio de la Fórmula 1 para evitar el cobro de un impuesto, es un ejemplo de la fragilidad que existe entre el cabildeo y la corrupción.

Este Congreso no puede vendarse los ojos ante lo que sucede cotidianamente, la normalidad no exime del delito, para prevenirlo debemos establecer un código de ética que busque trazar la línea entre el cabildeo y la corrupción así como sancionar a quien la cruce.

Por lo anterior, y acorde a la legislación establecida en Chile, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone incluir un párrafo que limite de esta función a aquellas personas que fueron condenados judicialmente por comisión de delitos dolosos a pena preventiva de libertad y/o inhabilitación profesional, a fin de disminuir los actos de corrupción en la realización de esta práctica.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el numeral 3 del artículo 264 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de Restricciones para Cabildeo de Funcionarios.

UNICO.- Se reforma el numeral 3, del artículo 264 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de Restricciones para Cabildeo de Funcionarios, para quedar como sigue:

Artículo 264.

1. y 2. ...

3. No podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones; así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. IGUALMENTE NO PODRAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE CABILDEO AQUELLAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO CONDENADOS JUDICIALMENTE POR COMISION DE DELITOS DOLOSOS CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y/O INHABILITACION PROFESIONAL.

4.…

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 264.
1. y 2. ...
3. No podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones; así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.

4.…

 

Artículo 264.
1. y 2. ...
3. No podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones; así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. IGUALMENTE NO PODRAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE CABILDEO AQUELLAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO CONDENADOS JUDICIALMENTE POR COMISION DE DELITOS DOLOSOS CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y/O INHABILITACION PROFESIONAL.

4.…

TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 16 de julio de 2014.

Dip. Ricardo Monreal Avila.- Dip. Alfonso Durazo Montaño.- Dip. Ricardo Mejía Berdeja.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CODIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCION A LA NIÑEZ

(Presentada por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CODIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- Con base en datos proporcionados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), todos los años 275 millones de niñas y niños de todo el mundo sufren a causa de la violencia doméstica, lo que conlleva a un abuso físico y psicológico, abandono o negligencia, explotación y abuso sexual.

En México, UNICEF estima que el 62% de niñas y niños han sufrido maltrato en algún momento de su vida, situación que coloca a nuestro país en el sexto lugar en América Latina, al tener un alto número de homicidios de menores de edad, ya que tan sólo en los últimos casi 25 años, murieron asesinados diariamente dos niños o adolescentes, menores de 14 años.

Por citar un ejemplo, del año 2006 a 2010 en nuestro país fallecieron a causa del crimen organizado 913 niñas y niños menores de 18 años.

En este tenor, se han identificado diversos factores de riesgo sobre el maltrato infantil que muestran una visión general para comprender sus causas, entre las que podemos encontrar la edad inferior a 4 años y la adolescencia; el hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres; tener necesidades especiales; llorar mucho o tener alguna discapacidad; diversos factores de los padres o cuidadores; problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia; ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia; aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyos.

Aunado a lo anterior podemos encontrar también que las normas sociales y culturales pueden llegar a debilitar el estatus del niño en las relaciones con sus padres hasta fomentar la violencia hacia los demás.

2.- En México, el trabajo desarrollado en favor de la niñez y las acciones emprendidas desde la perspectiva legislativa son un claro ejemplo de la voluntad de que todo este panorama al que se hace referencia cambie, y sea un ambiente de armonía que promueva su desarrollo adecuado.

En ese sentido, se han impulsado reformas trascendentales en la legislación nacional, tales como la publicada el 12 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4° y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta reforma, tiene su fundamento en las particulares condiciones que enfrentan niñas, niños y adolescentes, al ser considerados grupos vulnerables por su particular condición que los coloca como sujetos de goce de derechos, pero necesitan de un intermediario –padres, tutor o Estado‑ para materializar su ejercicio.

Las aportaciones de esta reforma, radican en primer término, en establecer el interés superior de la niñez en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4°, para plasmar expresamente en la Norma Fundamental que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, dejando claro que niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

En este sentido, el Decreto señala que el citado principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, teniendo los ascendientes, tutores y custodios la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Asimismo, en materia penal, el 19 de agosto de 2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas al Código Penal Federal en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para establecer que siempre se procurará el interés superior de la infancia en toda aplicación de ley.

En dicho Decreto se estableció que no se concederá la libertad preparatoria tratándose de delitos de Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad y todos los demás delitos que protegen la intimidad y libre desarrollo de niñas y niños.

En ese mismo sentido, tratándose de los delitos de homicidio y lesiones, se contempla dentro de la calificación de los mismos a la “ventaja” cuyo uno de sus factores es que la acción se cometa en contra de una persona menor de 18 años de edad, siempre y cuando el delincuente no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima defensa.

3.- En la actualidad somos testigos de que diversas acciones que violentan los derechos de niñas, niños y adolescentes son una práctica común. Ejemplo de ello, los usos y costumbres de ciertas regiones en donde las tradiciones dictan actividades a realizar por la niñez en contra de su integridad y salud, estando visiblemente alejadas del respeto a los derechos humanos.

De igual manera, a través de los medios de comunicación nos enteramos de las diversas formas de violencia o maltrato que son víctimas niñas y niños, inclusive en su seno familiar, donde son golpeados, lacerados y, en ocasiones, hasta víctimas de homicidio.

Dichas acciones deben ser sancionadas con severidad y constituirse como conductas típicas del derecho penal graves que aumenten las penas a los diversos delitos, particularmente de aquellos que tiene como bien jurídico primordial a tutelar, la vida e integridad física, además de que representan una innegable necesidad de perfeccionar las leyes existentes como estrategia de erradicación.

4.-Es por ello, que la presente Iniciativa tiene como objeto reformar el Código Penal Federal con la finalidad de agravar y clasificar como “calificados” los delitos de lesiones y homicidio, respectivamente, cuando estos se cometen en contra de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, dentro del capítulo destinado a tipificar el delito de “Violencia Familiar”, señalar que dicho delito lo cometen quienes realicen o “permitan que se cometan” actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. 

En ese sentido, se contempla esta figura de “acción por omisión” en el delito de violencia familiar equiparada y se adiciona un artículo 343 quintus en donde se agravan las penas contempladas en el capítulo, hasta una mitad, cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de 18 años de edad.

Lo anterior, derivado de los hechos en cuando el padre o madre permite que su pareja, esposo o esposa y/o concubino o concubina, infrinja lesiones e inclusive hasta la muerte a sus descendientes. Sin duda, también esto debe ser sancionado con severidad cuando no exista una exclusión del delito y la actitud sea plenamente permisiva.

5.- Es una realidad que la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes responde a situaciones multifactoriales como cultura, costumbres e ignorancia, en donde la materia penal debe ser el último eslabón de la cadena que se utilice como estrategia para erradicar su incidencia; sin embargo, en el contexto en el que nos encontramos es necesario dar ese mensaje a la sociedad de la gravedad de cometer lesiones, homicidio o cualquier tipo de maltrato en contra de la niñez.

Y más, reiterando lo señalado en este numeral en donde niñas, niños y adolescentes continúan siendo víctimas de maltrato en todos los ámbitos de la vida, sobre todo en aquellos en donde se estima deben estar más seguros, como lo es la escuela y su propia casa.

Por lo anteriormente descrito, entendiendo la necesidad de fortalecer el marco jurídico nacional a favor de la protección de niñas, niños y adolescentes y con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CODIGO PENAL FEDERAL.

ARTICULO UNICO. Se reforman el artículo 310, 343 bis, 343 ter y se adiciona un artículo 343 quintus, todos al Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

CAPITULO III

Reglas comunes para lesiones y homicidio 

Artículo 310. A quien cometa homicidio en contra de persona menor de 18 años de edad se le impondrá la pena señalada en el artículo 320 de este Código.

Tratándose de lesiones en contra de persona menor de 18 años de edad, la pena correspondiente se aumentará hasta en una mitad.

CAPITULO OCTAVO

Violencia familiar

Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve o permita que se lleven a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. 

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. 

Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro años de prisión al que realice o permita que se realicen cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona. 

Artículo 343 quáter…

Artículo 343 quintus.- Si el delito de violencia familiar o su equiparable se realiza en contra de persona menor de 18 años de edad, la pena señalada se aumentará hasta en una mitad.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 16 de julio de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 1-C FRACCIONES IV, V Y VI; 2; 2-A, FRACCION I ULTIMO PARRAFO, Y 5, FRACCION V ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por los Diputados Andrés de la Rosa Anaya, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Enrique Reina Lizárraga, Francisco Pelayo Covarrubias y José Alejandro Llanas Alba, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS O SEPARADOS

(Presentada por las Diputadas Amalia García Medina y Verónica Juárez Piña, del grupo parlamentario del PRD)

Las que suscriben, diputada AMALIA DOLORES GARCIA MEDINA y diputada VERONICA JUAREZ PIÑA, integrantes del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática, en la LXII legislatura de la cámara de diputados del honorable congreso de la unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción ii y 78 de la constitución política de los estados unidos mexicanos; y 55 fracción ii del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los estados unidos mexicanos, presentamos INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY GENERAL PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS O SEPARADOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En las últimas décadas, en todo el mundo han crecido en volumen y complejidad fenómenos migratorios asociados a la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, de regiones y países que no han garantizado el bienestar a sus connacionales, quienes abandonan sus lugares de origen forzados por las circunstancias. De manera concomitante, ha aumentado la migración de niñas, niños y adolescentes que viajan  sin la compañía de sus padres, tutores o personas que les representen legalmente y les brinde protección.

En México estos fenómenos tienen especial relevancia y por su historia, ubicación geográfica y realidad económica, cultural y socio demográfica, es un territorio de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Niñas, niños y adolescentes mexicanos y de otras nacionalidades,  por miles dejan sus hogares para emprender viajes peligrosos en busca de sustento; reunificación familiar o huyen de la violencia intrafamiliar o social, y quedan en posición de que sean violentados sus derechos humanos; o susceptibles de convertirse en víctimas de la delincuencia organizada que, aprovechándose de su inimputabilidad, los utiliza para la comisión de toda clase de delitos y se convierten en víctimas o victimarios. Debe ser una prioridad para México atenderlos, para garantizarles seguridad a ellos, y a la propia sociedad, incorporándolos a una vida en la que puedan disfrutar de sus derechos.

Preocupa su grado de vulnerabilidad, y el Estado mexicano tiene obligación de proteger a la niñez. Resulta pertinente subrayar algo que parece evidente, pero que no siempre lo ha sido ni tampoco se garantiza plenamente: las niñas, los niños y los adolescentes tienen derechos.

Largos y tortuosos han sido los siglos precedentes para niñas, niños y adolescentes en cuanto a su existencia misma, al derecho a una identidad específica como sujetos. Desde una visibilidad negada; una existencia sujeta a los adultos mediante protectorados, regencias y tutelas, la mayor parte de las veces en condiciones de clara desventaja que retardan y frustran su libre desarrollo como ser humano, hasta llegar a las postrimerías del siglo XX y los albores del siglo XXI, cuando teóricamente es fundamentada su condición de sujetos sociales -realmente existentes como niños, como niñas o como adolescentes- pero realmente se les niega en el trato cotidiano –en la escuela, en el hogar, en su entorno social-, en los programas y presupuestos gubernamentales, y en la promulgación de normas y su aplicación.

De acuerdo con Philip Aries, en “Padri e Figli nell. Europa medioevale e moderna” –citado por Franco Frabboni- durante la edad media europea predominaba la idea de la inexistencia del infante; el centro social es ocupado por el adulto –específicamente varón, agregamos- por lo que el niño y la niña no existían como tales sino que se le consideraba un adulto pequeño, un proyecto de adulto que con el paso del tiempo cristalizaría; mientras tanto no había nada qué hacer; sólo esperar. Era un homúnculo. Por ello, en cuanto tenía las mínimas posibilidades de tenerse en pie y ejecutar trabajos de adultos, se le incorporaba a tareas laborales. Esto sucedía alrededor de los 7 años.

Con el impulso de las ideas de la Ilustración, el advenimiento de la Revolución Industrial y el triunfo de la Revolución Francesa (siglo XVIII), encontramos la identidad del niño hijo-alumno, lo que los autores denominan la infancia institucionalizada. El niño existe en razón de su pertenencia a una familia y a una escuela. Saraceno (“Anatomía della familia, De Donato”) plantea que “el niño se convierte en el personaje ´esencial´ en el proceso de transformación de la familia”. La nueva moral social ordena al adulto la obligación de imponer al infante una preparación específica para que, en el futuro, pueda afrontar la vida. “Resultado: familia y escuela de la edad industrial ponen en marcha un fulminante tándem e invaden de una manera permanente el sagrado reino infantil. Secuestran el niño de la sociedad de los adultos y lo legalizan con una doble patente de identidad: la del niño-hijo y la del niño-alumno” La niñez existe, pero supeditada al mundo de los adultos. El niño es un objeto de la familia; es un objeto de la escuela. Es un objeto de… No está preparado para la vida. “En resumen, el derecho a ser niño (a tener atenciones –gratificaciones-espacios-juegos) resulta legitimado sólo bajo la condición de la pertenencia a este tipo de familia y a este tipo de escuela”. El niño no está en posibilidades de situarse de manera autónoma en la realidad. Cualitativamente, en esta época llamada moderna, existe un avance con relación a la edad media, pues el niño goza de libertad; no obstante se encuentra condicionada a su situación socioeconómica específica y a que tal libertad se despliegue dentro de una institución –familia, escuela- y bajo la mirada –“protectora”, controladora- de un adulto, sea el padre o el profesor.

El tercer tipo de identidad infantil se encuentra en plena construcción teórica y social, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Su rasgo esencial radica en considerarla como una figura social, ya no de manera general –niño, infante- sino de manera específica: niña, niños, adolescente. Se trata de un sujeto social –ya no objeto- y como tal, sujeto de derechos concretos, específicos, por tener la característica de un ser humano con menos de 18 años. Por supuesto que no desaparece de su entorno la familia ni la escuela; pero su rol en dichas instituciones es diferente y su lugar en el mundo de los adultos es distinto. La preparación y cuidados que familiar, escolar y socialmente se les debe brindar ya no son sólo para el futuro sino también para el presente, asumiendo que no estamos ante un objeto abstracto sino ante un sujeto concreto; con derechos que debe ejercer, que las instituciones están obligadas a salvaguardar, tomando en cuenta su condición específica, por lo que deben colocar como prioritario su interés superior.

Este tipo de identidad de la niñez, insistimos, se encuentra en construcción; y el Poder Legislativo de la Nación mexicana pretende coadyuvar en ello creando una Ley bajo esos fundamentos y preceptos relativa a niñas, niños y adolescentes migrantes y que no están acompañados. Pues si bien es cierto que deben protegerse plenamente los derechos de todas y todos sin distingos, ante la dramática vulnerabilidad de los que migran, visibilizarlos permitirá avanzar en su protección

Con tal objetivo, precisamente, el concepto de “Interés Superior de la Niñez” cobra una importancia esencial como un precepto que atraviesa de manera transversal esta iniciativa.

La protección de la niñez –y de la migrante-, se ha convertido en un tema de primer orden de la agenda de organismos internacionales y de los países que viven estos fenómenos y sus consecuencias. En este sentido, la Convención Sobre los Derechos del Niño, establece en el numeral 1 de su Artículo 3:

Artículo 3º.

1.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala en la Opinión Consultiva OC-17/2002, del 28 de agosto de 2002 que:

“la expresión “interés superior del niño” implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.”

Para México, proteger a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados se ha convertido en una obligación constitucional, por lo tanto le es imperativo contar con instrumentos legales para coordinarse con otros países para actuar poniendo por delante el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1º establece las bases para la protección de todas las personas; sin duda niñas, niños, adolescentes y migrantes:

Artículo 1o.En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En artículos subsiguientes la propia Constitución desarrolla el marco a partir del cual se debe normar esta materia:

Artículo 2o…

B.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

Artículo 4o.

(Párrafos octavo a décimo) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Artículo 29… En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.

Confirmando estas disposiciones constitucionales, el poder Judicial de la Federación, en diferentes instancias, ha establecido la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de actuar conforme a lo establecido por los tratados internacionales en la materia de los que México es parte, atendiendo siempre al principio del Interés Superior de la Infancia:

PRIMERA SALA DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Julio de 2007: Tesis: 1a. CXLI/2007. INTERES SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: “la expresión ‘interés superior del niño’ … implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

PRIMERA SALA DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. (En Jurisprudencia definida establece que cuando de manera directa o indirecta, esté de por medio la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente, se debe aplicar siempre en beneficio de los menores la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad.). Tesis Jurisprudencial. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Mayo de 2006; Tesis: 1a./J. 191/2005. MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARACTER DEL PROMOVENTE .La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.

PLENO DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. Tesis aislada; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Junio de 2008. Tesis: P. XLV/2008. MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANALISIS DE UNA REGULACION RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERES SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA De la interpretación del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con la Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. De ahí que para el análisis de la constitucionalidad de una regulación respecto de menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio de ponderación, el reconocimiento de dichos principios.

PROTECCION QUE LOS TRIBUNALES DEBEN A LOS MENORES DE EDAD. TESIS APLICABLES. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, tesis II.3o.C. J/6.APELACION. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA DEBEN EXAMINARSE CONFORME AL INTERES SUPERIOR DE LA INFANCIA. Conforme al artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la materia de la apelación debe constreñirse a lo expuesto en los agravios planteados ante la Sala responsable. Sin embargo, tratándose de juicios en los que se controviertan derechos de niñas, niños y adolescentes, debe atenderse a la regla especial de vigilar y tutelar su beneficio directo, por lo que los tribunales ordinarios deben examinar oficiosamente las constancias puestas a su consideración para poder determinar si se cumplió con ese alto principio de protección y no sólo ceñirse al análisis literal de los agravios, porque de hacerlo no se atendería al interés superior de la infancia, que constituye el principio fundamental establecido por el artículo 4o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del párrafo 6o. del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Tesis aislada; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, Marzo de 2005. Tesis: XIX.1o.A.C.33 C. MENORES DE EDAD. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE AQUELLOS EN ASUNTOS DE NATURALEZA PATRIMONIAL (LEGISLACION DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).Del contenido de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. y 949, fracción I, párrafo segundo, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas se colige que tratándose de asuntos en los que se vean afectados los derechos de los menores de edad, es obligatorio para las autoridades jurisdiccionales suplir la deficiencia de la queja en su favor. En ese tenor, si en un asunto que evidentemente no es de naturaleza familiar se dilucidan cuestiones de propiedad pertenecientes a un menor, al constituir parte o el total de sus derechos patrimoniales, es inconcuso que tales bienes y riquezas que le pertenecen pueden ser utilizados por el menor para la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, salud, educación y un sano esparcimiento para su desarrollo integral. Ahora bien, si estas necesidades se encuentran tuteladas por el artículo 4o. constitucional, quedando a cargo de las instituciones públicas y del Estado proveer lo necesario para que se respeten tales derechos a fin de buscar siempre el mayor beneficio posible para los menores de edad, ello obliga a las autoridades jurisdiccionales a velar porque éstos gocen de los derechos que la propia Constitución les otorga; de ahí que analógicamente pueda aplicarse el contenido del artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas que permite la suplencia de la queja a favor de los menores en asuntos de naturaleza familiar, a aquellos otros en que se vean afectados sus bienes patrimoniales que han sido elevados al rango constitucional; obligación que no sólo tiene el Juez de primer grado, sino también el tribunal de alzada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO. 13 de enero de 2005. Tal y como se ha expuesto anteriormente, resulta claro y evidente que tanto las autoridades jurisdiccionales, administrativas y las instituciones del Estado en sus tres órdenes de gobierno así como la sociedad en su conjunto, tenemos la obligación legal, moral y ética de proteger y tutelar los derechos de las niñas y niños que habitan en territorio nacional, de acuerdo a lo que se comprende bajo el principio rector del “Interés Superior de la Infancia”.

En el caso de los infantes mexicanos en la Unión Americana, al mismo tiempo que se dan deportaciones, Estados Unidos, el mayor receptor de emigrantes y el mayor expulsor de deportados y repatriados a nuestro país, en diciembre de 2008 expidió una la Ley sobre Protección de las Víctimas de Trata de Personas que prohíbe la repatriación inmediata de niños, niñas y adolescentes sin compañía; ordena entrevistar a cada uno para evaluar que no sea víctima potencial; que no tenga posibilidad de solicitar asilo y que voluntariamente pueda y quiera regresar a su hogar en su país de origen para, en función de ello decidir si es repatriado o permanece bajo protección; establece estándares para su cuidado, custodia y prevenir su explotación; medidas para su repatriación segura mediante programas y convenios y procedimientos amigables para la solicitud de asilo. Con todo, en la mayor parte de los casos se pone en gran riesgo especialmente a los menores de 18 años migrantes deportados a nuestro país, entre otras cosas porque es la Patrulla Fronteriza, cuyo personal generalmente no tiene ni el entrenamiento ni la sensibilidad para atenderlos, la responsable de cumplir dicha Ley, y porque en nuestro país faltan políticas públicas y leyes que les garanticen plenamente, tanto a los que retornan como a los originarios de otros países y que han llegado al nuestro, las condiciones y la protección que ordenan tanto la Constitución, como las opiniones y Tratados internacionales. Entre ellos, el disfrute de sus derechos y en todos los casos, un retorno asistido al que el Estado mexicano le dé un seguimiento riguroso, con el fin de que se garanticen los derechos sociales, económicos, culturales y civiles de todos ellos, entre los que está, sin duda, el gozar de ellos, sin ser privados de su libertad, asunto éste que es indispensable garantizar, y subrayar, pues se ha confundido la “protección”, con la privación de la libertad.

En consonancia con las disposiciones en los instrumentos internacionales, en la Constitución y en las resoluciones judiciales antes citadas, la Ley de Migración de mayo de 2011 inició un cambio de paradigma, al considerar el respeto a los derechos humanos de los migrantes como eje de la política migratoria; establecer algunos mecanismos para garantizar que les sean respetados con independencia de su situación migratoria y nacionalidad, en congruencia con el trato que exigimos para nuestros connacionales en el exterior y avanzar en armonizar la legislación, con los instrumentos internacionales en la materia de que México es parte.

Dicha Ley fue un paso muy importante, aunque insuficiente, en un fenómeno que impacta de múltiples maneras a la infancia; por ejemplo, aumenta el número de menores que, una vez que han llegado al territorio de su destino, son deportados o repatriados como resultado del endurecimiento de políticas y leyes migratorias de países receptores, con graves consecuencias para su bienestar, entre otras muchas, la separación de miles de familias y la imposibilidad de los padres de regresar a sus países de origen con los hijos.

En 2012 el Instituto Nacional de Migración reportó cerca de 16 mil eventos1  anuales de mexicanos menores de 18 años repatriados por las autoridades migratorias de Estados Unidos y recibidos por el Instituto, de los cuáles el 79% viajaban no acompañados. por su parte la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos señalan que durante el año fiscal 2009 se detuvieron 15,286 niños, niñas y adolescentes sin compañía de México y durante el 2010 fueron 15,540.En el Foro sobre Protección Internacional para Niñas, Niños y Adolescentes organizado por la Secretaría de Gobernación, ACNUR, UNICEF, DIF, COMAR, IOM y CNDH, en la Ciudad de México el 1 de julio de 2014, la Directora general de Protección al Migrante y Vinculación del Instituto Nacional de Migración, Ana Cecilia Oliva, informó que entre enero y mayo de 2014 el número de menores de edad de Centroamérica devueltos a sus países por el Instituto fue de 1,753; y que sólo en el mes de junio la cantidad se elevó a más de 7 mil. Todos retornados, sin analizar ni considerar su interés superior específico.

La Directora del DIF Nacional, Laura Vargas, reconoció que “El aumento de niños migrantes ha rebasado la capacidad de los albergues que opera2” el organismo mexicano bajo su responsabilidad. Este reconocimiento es de enorme importancia, pues el Sistema DIF es la instancia responsable de atender a la infancia. Abundó la funcionaria: “El incremento en la incidencia de este fenómeno social es alarmante. Nosotros tenemos nuestras propias cifras y nos han rebasado”.3 Estos planteamientos los hizo en el mismo Foro sobre Protección Internacional para Niñas, Niños y Adolescentes organizado por la Secretaría de Gobernación, ACNUR, UNICEF, DIF, COMAR, IOM y CNDH, ya referido. Y dio cifras: “”Entre 2011 y 2013, el DIF registró un incremento de 117 por ciento en la cantidad de niños y adolescentes no acompañados, al pasar de 3 mil 474 a 7 mil 544”.4

La Directora del DIF Nacional informó que han instalado 4 nuevos albergues en el sur del país, en lo que va del año; sin embargo, expuso que son insuficientes, que requieren un número mayor. También adelantó en su intervención que el 7 de julio se presentará un protocolo de atención para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, en el que han trabajado el propio DIF y la Organización internacional para las Migraciones.

En el mismo Foro, la Embajadora Emérita Rosario Green Macías, quien fuera canciller de México, se dijo convencida de que muchos de las niñas y los niños migrantes necesitan protección, que el Estado Mexicano debe otorgar. Recordó que la situación es similar a la que se vivió en los años 80 y 90, cuando nuestro país brindó protección internacional a 50 mil guatemaltecos; estableció que la diferencia es que en aquel entonces se huía de la violencia política y ahora estos menores de 18 años escapan de la criminal. En entrevista con el diario Reforma “precisó que el Gobierno de México no ve el asunto de la niñez migrante como un tema de seguridad, sino como crisis humanitaria, y está en posibilidades de ofrecer protección internacional a un amplio número de menores de edad. Necesitamos una cantidad adicional de recursos para poder detectar a las criaturas, acogerlas en albergues y protegerlas, viendo si las asimilamos, dándoles la calidad de refugiados o si es seguro que regresen a sus países”.5

En la  misma nota  del periódico Reforma se informa que “representantes de agencias del Sistema de Naciones Unidas hicieron un llamado a las autoridades a dejar de ver el tema de la migración infantil como un asunto de seguridad y enfocarse en el interés superior de la niñez”.6

Resulta de gran relevancia que funcionarios del gobierno mexicano, personalidades de gran experiencia en el tema y representantes de organismos internacionales, coincidan con el planteamiento de la presente iniciativa. Sostenemos en esta iniciativa de Ley General que resulta urgente la utilización de un paradigma distinto al de la actual Ley de Migración para atender a niñas,  niños y adolescentes migrantes no acompañados; que no puede ser la seguridad nacional el enfoque que prive para atender este fenómenos, y que debemos colocar en el centro al menor de 18 años teniendo como fundamento su interés superior.

El embajador de Estados Unidos en México Anthony Wayne dio a conocer alarmado que de 24 mil 493 menores de 18 años migrantes no acompañados aprehendidos por la Bordel Patrol de su país en el año fiscal 2013, pasó a 47 mil 17 en los 7 meses del año fiscal 2014. Un enorme incremento del 92%, hasta ahora. Las proyecciones indican que el número rebasará los 80 mil al concluir el año.

Ante este panorama Se debe partir de la idea de que las niñas, los niños y los adolescentes, independientemente de si son mexicanos o no, o de cuál sea su situación migratoria, son sujetos de derechos. Ha sido largo el proceso histórico pero asumamos que la visión actual del infante es la de un sujeto social, sujeto de derechos concretos. Es un ser humano con menos de 18 años, por lo tanto goza plenamente y sin que medie representación, de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

Es urgente un protocolo que garantice la protección de los derechos de niños y adolescentes por los oficiales de los Estados unidos y de México, debido a que la comunicación entre ellos está diseñada en función de intereses de los gobiernos, y no para cumplir con sus obligaciones en pro del interés superior de la infancia. Lo mismo hay que decir respecto de la necesaria coordinación y comunicación entre autoridades mexicanas y funcionarios de países centroamericanos, para garantizar la protección de los derechos de la niñez migrante.

En México son muy endebles las políticas y la normatividad que regula los derechos de las niñas, los niños y adolescentes migrantes sin compañía, y no está precisa la responsabilidad de las dependencias que asumen su custodia una vez que son deportados de los Estados Unidos. Tampoco es aceptable que los originarios de otros países no sean canalizados de inmediato al DIF u otra instancia validada, para su cuidado y atención. En años recientes se desarrollaron esfuerzos, como el establecimiento de una Mesa de Diálogo Interinstitucional Sobre Niños, Niñas y Adolescentes No Acompañados y Mujeres Migrantes, para evaluar la coordinación interinstitucional, intercambiar información y acordar las medidas y mecanismos que permitan garantizar sus derechos, integralmente. Contemplar a los sistemas DIF estatales y nacional y a instancias civiles validadas para su cuidado; un sistema de tutores que los acompañen desde el primer momento de su contacto con una autoridad para velar por su interés superior, y el apoyo de la defensoría pública en los asuntos administrativos, y penales de ser el caso, es indispensable

Sin embargo, sin un ordenamiento legal específico, cualquier esfuerzo es insuficiente para garantizar estos derechos y establecer las facultades y obligaciones de las entidades que intervienen para dar protección y asistencia a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados¸ para mejorar las políticas y la normatividad que aseguren y regulen sus derechos; para definir la responsabilidad de quien ejerce su custodia, así como las facultades, obligaciones y formas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la Rectoría en la materia y las formas de coordinación, así como  el diagnóstico para conocer la causa que lo llevó a migrar –reunificación familiar; sobrevivencia económica, o violencia intrafamiliar o en su comunidad-, para garantizar realmente la protección de su interés superior.

Partimos del problema de que para cumplir con este fin, el orden jurídico en la materia está disperso en ordenamientos como la Ley de Migración, la Ley General de Población, la Ley del Servicio Exterior, la Ley de Asistencia Social, la Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros. Aunado a ello las dependencias que intervienen para este fin, como destacadamente lo es el DIF, están compuestas por unidades locales y un organismo rector nacional, por lo que los recursos y procesos de protección varían significativamente de una entidad a otra.

Como es claro en los tratados internacionales y los artículos constitucionales citados, la protección y asistencia de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, es una obligación concurrente que, para ser atendida, requiere una focalización de lo establecido en el Artículo 124 Constitucional, y obliga al Congreso de la Unión a emitir Ley General estableciendo las facultades exclusivas y compartidas de los distintos órdenes de gobierno. Al respecto, el poder Judicial de la Federación se ha pronunciado estableciendo lo siguiente:

PLENO. Tesis: P. VII/2007; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Abril de 2007.LEYES GENERALES. INTERPRETACION DEL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales

PLENO. Tesis: P./J. 5/2010; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010.LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES. Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta.

La Ley que se propone con esta Iniciativa pretende superar los problemas que afectan a la niñez migrante no acompañada. No pretende regular sólo aspectos relativos a la situación migratoria, sino asegurar derechos durante los procedimientos administrativos, su reunificación familiar, su reinserción y atención una vez deportados y asegurar las condiciones que más les favorezcan si derivado de su interés superior se determina que corren mayores riesgos o son víctimas de delitos en el entorno familiar.

Para ello, la iniciativa que se presenta coloca en el centro el concepto de Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes. El cual se define como “Dar prioridad al bienestar de niñas, niños y adolescentes ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio. Su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, serán los principios rectores para la elaboración de normas y su aplicación; formulación y ejecución de políticas públicas, y asignación de recursos públicos para programas sociales, en todo los órdenes relativos a la vida de niñas, niños y adolescentes, cumpliendo siempre con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte”.

El mayor reto en la elaboración de esta iniciativa fue traducir en normas legales y acciones concretas el planteamiento anterior. Consideramos que estamos dando pasos firmes en ese sentido. Es decir, poner en el centro su bienestar y sus derechos.

Es así que se coloca como el objetivo de los procedimientos de protección, atención y asistencia de los sujetos de esta Ley, el de preservar sus derechos fundamentales, así como propiciar su protección y asistencia, estipulado en el Artículo 32.

El Artículo 9 establece los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, sin perjuicio de los establecidos en otros instrumentos nacionales e internacionales; representan una guía esencial, inexcusable, para el cumplimiento de la Ley que se propone.

El hecho de que serán los Sistemas DIF Nacional, Estatales y del Distrito Federal, según corresponda los que asumirán desde luego la tutela del infante, sea nacional o de un país distinto al nuestro. En ningún caso el Instituto Nacional de Migración asumirá su tutela o su custodia; y los niños, niñas y adolescentes deberán permanecer en los lugares determinados por el Sistema DIF. Este es un elemento importante pues dada su calidad de niña, niño o adolescente migrante no acompañado, es decir su vulnerabilidad, se le protege.

En ningún momento las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, estarán en una estación migratoria; sino en centros de atención específicos del DIF, o de la sociedad civil avalados por el DIF, como albergues, módulos, estancias, casas de asistencia u otra similar, que esté debidamente habilitado para brindarles protección y asistencia.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel relevante en las acciones de asistencia y atención a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, pues se establecen derechos y obligaciones que deben cumplir. Deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, así como registradas en el Padrón de Albergues Públicos y Privados para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados (artículo 7). Se les otorga el derecho de participar de manera estrecha con los Sistemas DIF en diversos aspectos del proceso que implica el cumplimiento del interés superior de la niñez –y no solo dándoles albergue-. Incluso se incorpora la figura del coadyuvante, pues el Sistema DIF validará como coadyuvantes a representantes de organizaciones de la sociedad civil, debidamente registradas (artículo 12).

Otro elemento importante para el cumplimiento cabal de los objetivos de esta ley que se propone es el sistema informático de protección, atención y asistencia integral de las niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados, instrumentado por el Sistema DIF Nacional.

El Sistema Informático será un instrumento de protección y asistencia de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, desarrollado y administrado por el DIF Nacional, que establecerá mecanismos para el control, operación y acceso a las bases de datos por parte de dependencias y entidades de la administración pública responsables de la aplicación de esta Ley, así como de las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y autorizadas para tal efecto (artículo 16).

El sistema informático tiene por objeto contar con una base de datos confiable de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados; proporcionar información para su protección y asistencia; servir como una fuente de información entre las dependencias y entidades responsables de la aplicación de esta ley, las organizaciones de la sociedad civil autorizadas, oficinas consulares o diplomáticas de países extranjeros y organismos internaciones, para generar insumos para formular políticas y modelos de atención (artículo 17). Siempre garantizando la protección de sus datos personales.

La fuente más importante del sistema informático y de los elementos de juicio a considerar para cualquier decisión que se tome con relación a los niños, niñas y adolescentes, es la entrevista (que se detalla en el artículo 10) que el Sistema DIF, a través de especialistas, les realizará. Con ella se valorará su interés superior y deberá iniciarse dentro de las 24 horas siguientes a que hayan sido puestos a disposición de los Sistemas DIF. Dicha valoración será producto de un profundo análisis, informado, fundado, hecho por un conjunto de especialistas del más alto nivel profesional, y con la participación de otras instancias, como las comisiones de derechos humanos. Ello servirá para conocer las causas que le llevaron a migrar: ya sea el deseo de reunificación familiar; la búsqueda de sustento económico, o violencia intrafamiliar o social.

Si el resultado de la determinación del interés superior del niño detecta una alerta de la existencia de un temor fundado de ser violentados sus derechos esenciales; así como cuando requieran protección internacional, o se solicite reconocimiento de condición de refugiado, el Sistema DIF estará obligado a designar un representante legal quien se encargará de velar por sus intereses en las actuaciones administrativas y legales de los que sea parte. Las Procuradurías para la Atención del Menor y la Familia, tanto en el DIF Nacional, como en los Estados y el Distrito Federal, fungirán como representantes legales de los sujetos de esta ley, debiendo asistirlos y asesorarlos mientras estén bajo su tutela; asimismo, podrán ser asistidos jurídicamente por las defensorías públicas.

Un elemento fundamental para el cumplimiento cabal de la ley que se presenta es la formulación de un programa nacional en materia de protección y atención para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que deberá hacer el Sistema DIF Nacional, para lo cual considerará la opinión de las autoridades estatales, del Distrito Federal y municipales, así como de las organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales especializados. De dicho programa de verán formularse programas específicos, mismos que comprenderán modelos de atención y estarán diseñados para atender, tanto a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados mexicanos, como a los extranjeros en nuestro país.

El programa nacional establecerá las bases para que el Sistema DIF se haga cargo de la estancia de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y para los convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil legalmente constituida y autorizada para hacerse cargo de ellos y brindarles albergue.

Como puede apreciarse, se trata de una Ley que atiende una de las asignaturas pendientes que tiene nuestro país en materia de atención a los menores de 18 años que, adicionalmente, viven una doble vulnerabilidad: el de ser migrantes, y el de no estar acompañados en esa situación a la que las condiciones familiares, económicas, políticas, de seguridad pública, entre otras, les obligan.

Los requerimientos presupuestales deberán ser cubiertos para la adecuación administrativa y de personal de las dependencias y entidades responsables de la aplicación de esta Ley y con partidas presupuestales etiquetadas para cada una de ellas que les permitan contar con recursos específicos para el cumplimiento de las facultades y obligaciones que les otorga la Ley. Los programas, fondos y recursos destinados deberán ser prioritarios y de interés público, y serán objeto de seguimiento y evaluación. De igual manera, los Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán dedicar en los presupuestos anuales de las entidades federativas correspondientes, recursos etiquetados para las dependencias obligadas a dar cumplimiento de las disposiciones de esta ley en sus ámbitos de competencia, según estipulan los artículos 39 y 40.

En síntesis el proyecto de iniciativa de Ley:

√ Establece acciones de protección, atención y asistencia, sin importar su nacionalidad ni situación migratoria, que deben implementar las autoridades de los tres órdenes de gobierno, velando por salvaguardar el interés superior de la infancia;

√ Reitera los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados sin perjuicio de los establecidos en otras disposiciones legales nacionales o instrumentos internacionales, entre los que resaltan las disposiciones para garantizar la valoración y determinación del interés superior del niño, a fin de que en todas las decisiones y actuaciones relativas a su tratamiento, velen porque se cumpla este principio;

√ Establece quién ejerce su representación legal, tutela, asesoría y acompañamiento durante los procedimientos, a fin de que existan autoridades distintas a las migratorias que velen por que se respeten sus derechos;

√ Armoniza las competencias y facultades de las autoridades responsables de su protección y la obligatoriedad de la norma para los tres órdenes de gobierno;

√ Establece reglas para que las organizaciones de la sociedad civil puedan coadyuvar a hacer efectiva la atención y protección;

√ Crea un sistema informático y mecanismos interinstitucionales para dar un seguimiento integral y personalizado a cada caso;

√ Establece la obligación del DIF nacional de formular un Programa Nacional en materia de Protección y Atención para las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, tomando en cuenta la opinión de autoridades estatales, del Distrito Federal y municipales, así como de las organizaciones de la sociedad civil involucradas;

√ Establece facultades y obligaciones para las dependencias de los tres órdenes de gobierno para la protección y asistencia de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, formas de coordinación entre ellas y medidas para el financiamiento de las políticas y programas que deriven del cumplimiento de la Ley;

√ Crea acciones iniciales de seguimiento y procedimientos para la protección, atención y asistencia, que obligan a todas las autoridades a atenderlos de manera prioritaria y a brindarles un trato personalizado, observando su interés superior, para que se establezcan procedimientos homogéneos que eviten duplicidades, optimicen recursos y eviten la re-victimización.

Con la protección articulada del interés superior de la niñez, el respeto a sus derechos humanos y el aseguramiento de un retorno seguro a casa, esta Iniciativa trata de superar el círculo de abandono y desprotección, que no sólo constituye un tema de máximo interés para la protección de los derechos de la infancia, sino que permite a México contar con un marco normativo congruente con el trato que exigimos para la niñez migrante mexicana que se encuentra en el exterior.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS O SEPARADOS.

LEY GENERAL PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOSO SEPARADOS

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en toda la República Mexicana.

Tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en la protección y asistencia social de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados, observando en todo momento el principio del Interés Superior del Niño.

Artículo 2. La presente Ley se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas que protejan derechos humanos en los Tratados e Instrumentos Internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, favoreciendo en todo momento a las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados en la protección más amplia de sus derechos.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Centros de atención: Las instalaciones y espacios –albergues, módulos, estancias, casas de asistencia, centros de atención diurnos o cualquier otro similar– habilitados para brindar protección y asistencia a niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados o separados;

II. El Instituto: El Instituto Nacional de Migración;

Corresponde al Instituto de manera exclusiva, determinar la situación migratoria de las niñas, los niños y los adolescentes migrantes no acompañados o separados, conforme a la normatividad nacional aplicable y los tratados Internacionales en la Materia,

III. Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes: Dar prioridad al bienestar de niñas, niños y adolescentes ante cualquier interés que vaya en su perjuicio.

En la elaboración de normas y su aplicación, la formulación y ejecución de políticas públicas, la asignación de recursos para programas sociales y servicios públicos para su atención en todos los órdenes, deberá estarse a este principio y a lo que se establece en el tercer párrafo del artículo 1o.; la fracción VIII del artículo 2º; el párrafo octavo del artículo 4o., y la fracción XXIX-P del Artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios y criterios contenidos los que establecen los Tratados Internacionales en la materia, de los que México sea parte.

El Reglamento de esta Ley deberá prever en todos los casos el cumplimiento puntual de estas disposiciones por parte de las autoridades de las tres ramas y órdenes de gobierno, así como de los organismos autónomos implicados.

El desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios para la aplicación de la normatividad aplicable, en todos los órdenes relativos a su vida.

I. La Coordinación: La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados.

II. Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados: Toda persona migrante, de nacionalidad mexicana o extranjera, menor de 18 años de edad, que no esté acompañado de un familiar consanguíneo adulto o de alguna persona mayor de edad que tenga su representación legal, incluyendo a aquellos que sean solicitantes de la condición de refugiado, refugiados, beneficiarios de protección complementaria y apátridas.

III. Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Separados: Toda persona migrante, de nacionalidad mexicana o extranjera, menor de 18 años de edad, separada de ambos progenitores, o de su previo cuidador por ley o por costumbre, aun cuando estén acompañados por otros miembros adultos de la familia.

No se considerará dentro de esta definición a niñas, niños o adolescentes migrantes separados a quienes lo estén en virtud de que sus progenitores o adulto acompañante que ostente su representación legal, se encuentre sometido a algún procedimiento legal o judicial.

IV. -Sistemas DIF: El conjunto de instituciones DIF en los diferentes órdenes de gobierno;

V. Sistema Nacional DIF: El Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, Coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada.

VI. - Sistemas DIF Estatales y del Distrito Federal: El conjunto de instituciones que integran cada uno de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia en los Estados y el Distrito Federal;

VII. Sistemas DIF municipales: El conjunto de instituciones que integran cada uno de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia en los municipios;

VIII. Sistema informático: El Sistema informático de protección, atención y asistencia integral de las niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados o separados del sistema informático del Sistema Nacional DIF.

IX. Sistema permanente de acompañamiento de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados: Area específica de los Sistemas DIF, integrada por especialistas en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, responsables de dar apoyo y seguimiento a los sujetos de esta ley y en quienes los Sistemas DIF se apoyan para administrar el cuidado y atenciones a los que está obligado.

Artículo 4. El cumplimiento y aplicación de esta Ley corresponde al Sistema Nacional DIF, a las instituciones de los Sistemas DIF Estatales y del Distrito Federal, y a los Sistemas DIF municipales, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que esta Ley y demás disposiciones aplicables establecen para la Secretaría de Gobernación –incluyendo el Instituto y la Coordinación; la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Procuraduría General de la República y las procuradurías estatales y del Distrito Federal; la Secretaría de Educación Pública y sus correspondientes en los estados y el Distrito Federal; la Secretaría de Salud y sus correspondientes en los estados y el Distrito Federal, y las demás autoridades auxiliares en términos de lo establecido en esta Ley u otros ordenamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 5. El Sistema Nacional DIF será responsable de impulsar la homologación nacional de la normatividad y los protocolos a aplicar, así como las mejores prácticas en la materia. Se coordinará con los Sistemas DIF estatales y municipales para llevar a cabo las acciones de protección y asistencia adecuadas.

Artículo 6. Las comisiones de derechos humanos nacional, estatales y del Distrito Federal podrán, en caso necesario a juicio propio o por petición de alguna autoridad o de los sujetos de esta Ley, nombrar un representante ante los Sistemas DIF para coadyuvar con las acciones de protección, atención y asistencia adecuada, así como el respeto de los derechos humanos de los menores de 18 años migrantes.

Los organismos públicos de defensa de los derechos humanos tendrán pleno acceso a la información de los sistemas DIF derivada de la aplicación de esta Ley, así como a las instalaciones públicas y privadas en las que la misma se implementa, con la finalidad de evaluar y supervisar su cabal cumplimiento y lo que hace a la determinación del Interés Superior del Niño, en los términos que establece el presente ordenamiento.

Artículo 7. Las organizaciones de la sociedad civil que participen en las acciones de asistencia y atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados, observarán las disposiciones relacionadas con los derechos y obligaciones que deben cumplir de acuerdo con esta Ley.

Para los fines del párrafo anterior, las organizaciones deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil; registradas en el Padrón de Centros de Atención Públicos y Privados para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados, y autorizadas por las autoridades que corresponda según su ámbito de intervención.

Las organizaciones de la sociedad civil deberán firmar convenios de coordinación y colaboración con el sistema DIF estatal que corresponda a la entidad donde estén domiciliadas, con la finalidad de que se ajusten plenamente al manual de procedimientos que, para dar cumplimiento al artículo 5º de la presente Ley, elabore el Sistema Nacional DIF.

Artículo 8. En lo no previsto por esta Ley se estará a lo dispuesto por los Códigos Civil Federal y Federal de Procedimientos Civiles, y las leyes General de Salud; de Asistencia Social; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; sobre Refugiados y Protección Complementaria; de Migración; General de Víctimas; General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y las demás disposiciones aplicables del Orden Jurídico Nacional y de los Tratados Internacionales en la materia de los que México sea parte.

Capítulo Segundo

De los Derechos de Protección y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados

Artículo 9. Son derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados, sin perjuicio de los establecidos en otros instrumentos nacionales e internacionales, los siguientes:

I. A que en las decisiones y actuaciones de las autoridades relativas a su tratamiento se vele por su interés superior;

II. A la preservación de la unidad familiar;

III. Al respeto a su identidad, incluyendo étnica y cultural;

IV. Al reconocimiento de su personalidad jurídica;

V. Al acceso a la educación y a los servicios educativos;

VI. A recibir atención médica gratuita y sin restricción, incluyendo la atención de urgencia necesaria para preservar su vida;

VII. A no ser privados de su libertad con motivo de su estancia irregular en nuestro país;

VIII. Al acceso a la procuración e impartición de justicia en el caso de su probable participación en algún ilícito, bajo el principio de presunción de inocencia y debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos;

IX. A ser plenamente informados de los riesgos que enfrentan y pueden enfrentar en las travesías, así como de los delitos en materia de trata de personas en todas sus modalidades y para todos los fines de que pueden ser víctimas, y de los medios para evitarlos, denunciarlos y solicitar auxilio en caso necesario, para sí u otras personas.

X. A su plena identificación a través del Sistema Informático, a fin de contar con la información básica necesaria para proporcionarles la protección y atención que requieran, así como a la protección de sus datos personales;

XI. A que se les proporcione información en términos que correspondan a su edad y en lengua que comprendan, sobre sus derechos y sobre las medidas para su protección, atención y asistencia;

XII. A transitar libremente en el territorio nacional, con las solas limitaciones legales que resulten aplicables por las autoridades judiciales, migratorias o sanitarias, así como las restricciones derivadas del ejercicio de su guarda, custodia y cuidados, y en su caso, de la patria potestad o tutela.

Los sistemas DIF podrán acoger a los sujetos de esta Ley en sus módulos y centros de atención o en centros de atención autorizados, sin que ello pueda constituir privación de su libertad.

XIII. A que, en el caso de niñas, niños o adolescentes migrantes extranjeros no acompañados o separados en situación migratoria irregular, en la resolución de su situación migratoria se identifique cualquier necesidad de protección a sus derechos o protección internacional, y se tome en cuenta el principio de no devolución a su país de origen o de residencia, cuando así sea conveniente para su interés superior;

XIV. A ser informados acerca del derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección complementaria o de asilo político, de la determinación de apátrida, y de las condiciones de estancia para regularizar su situación migratoria, incluyendo la de visitante por razones humanitarias, así como sobre los procedimientos respectivos para obtener dichas condiciones.

La Coordinación analizará las solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiado.

Si una vez concluido el procedimiento la Coordinación determina que la persona no es refugiada, entonces analizará si hay elementos para poderse beneficiar de la protección complementaria.

XV. A que en los procedimientos relacionados con la determinación de su situación migratoria se respeten plenamente sus derechos a expresarse, a recibir información, a ser oídos y a contar con un tutor o un representante jurídico en términos de lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XVI. A que cuando no hablen o entiendan el idioma español, se les proporcionen intérpretes o traductores que tengan conocimiento de su lengua.

Cuando sean sordos y sepan leer y escribir, se les proporcionará información e interrogará por escrito o por medio de un intérprete que pueda entenderlos.

Siendo analfabetas, a que se les explique de forma oral y en lenguaje accesible, sus derechos y cualquier otra información de relevancia.

XVII. A que en el caso de niñas, niños o adolescentes migrantes mexicanos no acompañados o separados que sean detenidos por autoridades migratorias de los Estados Unidos intentando cruzar a ese país de forma irregular, la Secretaría, a través de las oficinas consulares de México en las fronteras, entreviste y coordine su repatriación de manera digna, ordenada y de conformidad con los arreglos locales suscritos con las autoridades migratorias estadounidenses, o a que dé seguimiento puntual a los casos en los que las autoridades estadounidenses decidan aplicar cualquier disposición por virtud de la cual deban permanecer en ese país.

XVIII. A que, atendiendo a su interés superior, se les proporcionen los medios necesarios para la inmediata comunicación con sus familiares y, en su caso, con el consulado de su país; y

XIX. A que se les brinde protección, atención y asistencia efectiva, en los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 10. Las autoridades responsables de la aplicación de esta Ley, velarán porque se cumpla con el principio del Interés Superior del Niño, en todas las decisiones y actuaciones relativas a su tratamiento.

I. Para la determinación del Interés Superior de niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, se estará a lo siguiente:

A. La entrevista en la que se valore el Interés Superior de niñas, niños y adolescentes deberá iniciarse dentro de las 24 horas siguientes a que hayan sido puestos en custodia de los Sistemas DIF.

Las autoridades, a través de especialistas, indagarán con los menores de 18 años las causas que los obligaron a emigrar; ya sea la reunificación familiar; la necesidad de sobrevivencia económica; violencia intrafamiliar; violencia social o alguna otra.

En caso de haber indicios de que su libertad, seguridad o integridad estén en peligro porque la persona sea víctima, haya sido víctima o esté en peligro de ser víctima de algún delito en materia de trata de personas, deberán de informar inmediatamente a la autoridad ministerial que corresponda.

En caso de haber indicios de que la persona no puede o no quiere regresar a su país de origen o residencia habitual porque estén en peligro o crea que están en peligro su vida, libertad, seguridad o integridad, deberán de informar inmediatamente a la Secretaría en los términos de la Ley de Refugiados y Protección Complementaria.

B. La valoración del Interés Superior del niño será responsabilidad colegiada de la autoridad que esté interviniendo, apoyada por especialistas y coordinada en la toma de decisiones que resulten por los sistemas DIF que correspondan.

Este proceso se llevara a cabo en los términos que al respecto determinen los Protocolos que se establezcan, los cuales deberán considerar los instrumentos internacionales en la materia así como los precedentes judiciales y las interpretaciones autorizadas por parte de los organismos supervisores de tratados internacionales.

C. La determinación del Interés Superior del Niño será responsabilidad de cuerpos colegiados en los municipios, los estados y el Distrito Federal, integrados por las dependencias involucradas en la protección y la asistencia integrales a los niños, las niñas y los adolescentes migrantes no acompañados o separados.

Estos cuerpos colegiados estarán presididos por los titulares de los Sistema DIF en los municipios, estados y el Distrito Federal, y serán regulados, coordinados y supervisados por el Sistema Nacional DIF.

El cuerpo colegiado se reunirá al menos 2 veces por mes para llevar a cabo el proceso de Determinación del Interés Superior del Niño en los casos que se hayan presentado. Cuando sea urgente, el sistema DIF correspondiente convocará de manera extraordinaria al cuerpo colegiado, que se reunirá sin demora y actuará con la mayor eficiencia para la protección de los derechos de los menores de 18 años.

Para determinar el Interés Superior, el cuerpo colegiado tendrá un máximo de 45 días hábiles, contados a partir del día en el que el menor de 18 años se encuentre bajo la guarda, custodia y cuidados del sistema DIF que corresponda. En caso de que se requiera otro plazo similar, el cuerpo colegiado deberá fundarlo y motivarlo y será en su caso aprobado por el Instituto y el organismo público de defensa de los derechos humanos que corresponda.

D. Para la determinación del Interés Superior del Niño, se tomará en cuenta la opinión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o sus correspondientes en las entidades federativas, allegándose de todos los elementos necesarios para adoptar las medidas de protección que mejor le favorezcan.

E .En el caso de que se trate de niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados o separados de nacionalidad mexicana, se estará a lo dispuesto por el tercer párrafo de la fracción VI del Artículo 112 de la Ley de Migración.

F. Cuando las niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de nacionalidad extranjera sean solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, se tomará en cuenta la opinión de la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados, adoptando las medidas legales que mejor les favorezcan.

G. Cuando la complejidad del caso requiera y se considere necesaria su participación para garantizar la mayor protección de sus derechos, además de las dependencias y organismos que participan de manera obligada, se tomará en cuenta la opinión de las dependencias, instancias, organismos, instituciones u organizaciones que el cuerpo colegiado considere pertinente.

H. Siempre que resulte necesario, el cuerpo colegiado respectivo revisara la determinación del interés superior.

I. Siempre que se lleve a cabo un procedimiento de Determinación del Interés Superior del Niño, el cuerpo colegiado, coordinado por el sistema DIF correspondiente, deberá sujetar su actuación a lo dispuesto en los Protocolos que para tal efecto establezca el Reglamento.

J. Durante la entrevista se deberá:

a) Obtener información sobre la localización de sus padres, o quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela, así como las razones por las cuales se encuentran separados de ellos;

b) Identificar posibles situaciones de riesgo para su seguridad o de violación a sus derechos humanos que pudieran presentarse o que se hayan presentado en el país de origen, o en el de su residencia habitual, o en el de destino. Identificar posibles situaciones de riesgo o de violación a sus derechos humanos en el territorio nacional;

c) Tomar las medidas necesarias cuando sean ofendidos, víctimas o testigos de algún delito en el país de origen, o residencia habitual, o destino, o en el territorio nacional;

d) Identificar las posibles situaciones en que la persona sea, haya sido o esté en riesgo de ser víctima de cualquier delito en materia de trata de personas, incluyendo todos los fines posibles previstos en la ley de la materia para estos delitos y, en su caso, dar aviso inmediato a las autoridades ministeriales que corresponda y tomar las medidas de protección que resulten necesarias;

e) Identificar cualquier necesidad de protección internacional;

f) Proponer alternativas de alojamiento temporal donde se les pueda brindar una atención adecuada;

g) Tomar en cuenta la opinión y participación informada de la niña, niño o adolescente durante todo el proceso en las decisiones que le conciernen;

h) De ser necesario, allegarse de la opinión de otros miembros de la familia, de personas cercanas o de instituciones involucradas en su atención; y

i) Podrán ser asistidos, además de su representante jurídico, por su representante legal o persona de confianza que señale, en todas las diligencias que se realicen con objeto de valorar su Interés Superior.

Artículo 11. En materia de Asistencia Social a las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no acompañados o separados, se estará a lo siguiente:

I. Los sistemas DIF estatales, municipales y del Distrito Federal, en concurrencia con el Instituto, Organizaciones de la Sociedad Civil y en colaboración con abogados pro bono, brindarán representación y asesoría jurídica a las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados, a fin de salvaguardar su integridad física y mental en tanto se logra su reunificación familiar o cualquier otra acción que derive de la determinación de su interés superior.

En caso necesario, promoverán ante la autoridad competente acciones para que  se resuelva su situación en relación con la patria potestad; igualmente, y de ser el caso, acompañarán a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado o separado, en el proceso de solicitud de la condición de refugiado o asilado.

II. En el ejercicio de la custodia, guarda y cuidados los sistemas DIF adoptarán medidas para la protección y asistencia de los sujetos de esta Ley, que permitan el ejercicio de sus derechos de acuerdo a sus necesidades específicas.

III. En el caso de niñas, niños y adolescentes mexicanos repatriados, los sistemas DIF estatales, municipales y del Distrito Federal, de forma coordinada y en concurrencia con el Instituto y Organizaciones de la sociedad civil, brindarán asistencia social y representación y asesoría jurídica a los sujetos de esta ley, desde el momento que son entregados por las autoridades de otro país a las mexicanas, y hasta que se resuelva su situación conforme a esta Ley.

Los Sistemas DIF, Estatales, Municipales y del Distrito Federal, dentro de su ámbito de competencia, brindarán a los sujetos de esta ley, la Asistencia Social, asesoría y representación jurídica, en concurrencia con organizaciones de la sociedad civil, procurando su reunificación familiar y el regreso a su lugar de origen, o cualquier otra medida permanente que se desprenda de la determinación de su interés Superior.

En caso de que los sujetos de esta Ley no sepan leer o escribir o no hablen o no entiendan español, o hablen o entiendan alguna lengua indígena, los sistemas DIF, deberán solicitar el apoyo de un traductor al Instituto o al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para asistirlos durante cualquier procedimiento que sea  necesario y poder tomar las medidas pertinentes que le permitan conocer su situación e informarles sobre sus derechos y situación migratoria.

Artículo 12.El Sistema Nacional DIF definirá los Protocolos para la participación de organizaciones y particulares en estos procesos, y promoverá en el ámbito federal la adopción de medidas que incentiven su participación en ellos.

Los sistemas DIF estatales promoverán en los ámbitos de sus competencias la adopción de medidas que incentiven su participación en ellos y validarán como coadyuvantes a representantes de organizaciones de la sociedad civil, debidamente registradas.

Quienes ejerzan dichas coadyuvancias actuarán ante las autoridades que corresponda en coordinación con el Sistema Nacional DIF, los DIF estatales, del Distrito Federal o municipales, según sea el caso, y en el marco de la presente Ley en lo relativo a procurar el Interés Superior de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados.

Para los fines del presente artículo, las organizaciones civiles deberán firmar convenios de coordinación y colaboración con el Sistema DIF estatal que corresponda a la entidad donde estén domiciliadas, con la finalidad de que se ajusten plenamente al manual de procedimientos que, para dar cumplimiento al artículo 5º de la presente Ley, publique el Sistema Nacional DIF.

Artículo 13. Si derivado de la entrevista y la valoración del Interés Superior de la niña, niño y adolescente migrante no acompañado o de la atención y protección de sus derechos se detecta que requiere protección extraordinaria por haber sido, ser o estar en peligro inminente de ser víctima en territorio nacional o en el extranjero de algún o alguno de los delitos en materia de trata de personas previstos en la legislación en la materia, se estará a lo siguiente:

I. Se notificará de inmediato a la Procuraduría y a la autoridad ministerial que corresponda;

II. Siempre que este resulte ser el caso, las autoridades correspondientes deberán emprender de oficio la investigación correspondiente, en los términos de la legislación en la materia;

III. Junto con las autoridades ministeriales, se valorará el riesgo para la seguridad de la persona, para determinar el tipo de medidas de protección que deberán brindársele;

IV. En caso de que se determine que el riesgo para la persona provenga de alguna organización criminal que represente peligro para otras personas o instalaciones, se avisará de inmediato a sus representantes legales o jurídicos, al organismo oficial de defensa de derechos humanos que corresponda, para junto con ella y las autoridades ministeriales, tomar las medidas adecuadas y trasladar a la persona a un alojamiento seguro;

V. Todo lo anterior deberá actuarse, sin perjuicio de la irrestricta observancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados, previstos en la presente Ley, las demás disposiciones del Orden jurídico Nacional y los tratados internacionales en esta materia y la materia de trata de personas de que México sea parte.

Artículo 14. Si derivado de la valoración del Interés Superior de la niña, niño y adolescente migrante no acompañado o de la atención y protección de sus derechos se detecta que requiere protección internacional o manifiesta su deseo de solicitar reconocimiento de condición de refugiado, se notificará de inmediato a la Coordinación.

I. La Coordinación proporcionará al Sistema DIF correspondiente la información necesaria sobre el procedimiento y le brindarán las facilidades necesarias para su protección y asistencia.

El Sistema DIF designará de inmediato un representante legal que coordinará con el Instituto y la Coordinación las acciones que se deberán tomar para obtener la protección y asistencia necesarias, atendiendo a su Interés Superior y demás principios y derechos de la niñez

II. El Instituto deberá hacer del conocimiento de la autoridad competente hechos posiblemente constitutivos de delitos, en los que sean posibles víctimas o estén involucrados Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados cuando sea la primera autoridad que tenga contacto con el menor de 18 años y conozca de esos hechos, tenga indicio de ellos o la autoridad competente lo hubiese hecho de su conocimiento.

III. Tratándose de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados de países distintos a México, siempre y cuando no se trate de  niños, niñas y adolescentes solicitantes de asilo o refugiados, el Instituto notificará al consulado que corresponda, para los fines conducentes, siempre y cuando este aviso contribuya a garantizar el Interés Superior del menor de 18 años y no se oponga a su deseo expreso, sin perjuicio de la actuación de un representante del sistema permanente de acompañamiento del DIF y del derecho de ser asistido por la persona que designe.

Artículo 15. Si derivado de la determinación de su Interés superior se resuelve que la niña, el niño o adolescente debe permanecer en territorio nacional como una medida para garantizarle la mayor protección y atención integral, los Sistemas DIF continuarán asumiendo su custodia, guarda y cuidados, en los términos de lo dispuesto por la legislación aplicable, hasta que se resuelva su situación de vulnerabilidad y se señalen soluciones integrales para su estancia en el país, hasta que no cesen las causas que dieron lugar a su protección y estancia en el país, abandone permanentemente el país o cumpla los 18 años de edad, lo que ocurra primero.

Artículo 16. En las acciones y medidas para proteger y asistir a las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados los Sistemas DIF procurarán prioritariamente su reunificación familiar, siempre y cuando ésta sea acorde a su interés superior.

Para resolver sobre la reunificación familiar la autoridad tomará en cuenta la opinión de las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados, así como las pruebas, dictámenes y demás documentación idónea, conforme al procedimiento que al efecto se establezca en el Reglamento de esta Ley.

De no proceder la reunificación familiar se deberán agotar otras alternativas como la canalización a un hogar sustituto o a un espacio residencial certificado y autorizado, de acuerdo a las circunstancias, donde se le garanticen sus derechos y su bienestar.

Para efectos de resolver si procede la reunificación familiar se tomará en cuenta la opinión del consulado del país de nacionalidad o residencia habitual de los sujetos de esta ley que sean de nacionalidad extranjera, salvo que derivado de la valoración de su Interés Superior la autoridad competente haya determinado que requieren protección internacional.

En este último caso, deberá de obrar en el expediente constancia que la persona autorizó el contacto con su consulado.

Determinada la procedencia de la reunificación familiar, ésta será responsabilidad de los Sistemas DIF sólo para el caso de los menores de 18 años migrantes no acompañados de nacionalidad mexicana, y del Instituto para los extranjeros, en coordinación con los sistemas DIF y las autoridades del país de origen o residencia.

En el caso de personas con necesidades de protección internacional, deberá de existir constancia de que se autorizó el contacto con dichas autoridades.

Capítulo Tercero

Del Sistema de Información para la Protección y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados

Artículo 17. El Sistema Informático será un instrumento de protección y asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados, desarrollado y administrado por el DIF Nacional, que establecerá mecanismos para el control, operación y acceso a las bases de datos por parte de dependencias y entidades de la administración pública responsables de la aplicación de esta Ley, así como de las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y autorizadas para tal efecto, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley.

I. Las dependencias que colaboran en estos propósitos, deberán ajustarse a lo que el Sistema Nacional DIF determine en torno al sistema informático, en su calidad de responsable de desarrollar y coordinar la operación de este sistema.

II. El DIF nacional celebrará convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con la finalidad de observar los parámetros de generación de información estadística que establezca dicho organismo.

III. Para la operación y acceso a la información del Sistema Informático, el Sistema Nacional DIF celebrará convenios con dependencias y entidades de las administraciones públicas, organismos internacionales y organizaciones autorizadas.

IV. En los convenios se establecerán las modalidades de acceso restringido a la información y bancos de datos, las formas de captura de datos e información, así como las cláusulas de confidencialidad correspondientes, con el objetivo de proteger los datos personales, en los términos de la legislación mexicana aplicable.

V. El DIF Nacional establecerá mecanismos de acceso selectivo o restringido al Sistema Informático por parte de oficinas consulares o diplomáticas de países extranjeros y organismos internacionales, en los términos de los acuerdos que al efecto se celebren.

VI. Los centros de atención públicos o privados autorizados para hacerse cargo del acogimiento de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados, deberán estar dados de alta en el sistema de información con la finalidad de dar seguimiento a través del mismo a los procesos de atención que ahí se les proporcionen.

Artículo 18. El Sistema Informático tiene por objeto:

I. Contar con una base de datos confiable de las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados;

II. Proporcionar información para la protección y asistencia de los sujetos de esta Ley;

III. Servir como fuente de información entre las dependencias y entidades responsables de la aplicación de esta Ley, las organizaciones de la sociedad civil autorizadas, oficinas consulares o diplomáticas de países extranjeros y organismos internaciones, para generar insumos para formular políticas y modelos de atención.

Artículo 19. El Sistema Nacional DIF establecerá los criterios y normatividad sobre la captura y utilización de la información, tomará las medidas pertinentes para su resguardo y reserva, y establecerá lineamientos y directrices para evitar la victimización o re-victimización.

Las autoridades responsables de la aplicación de esta Ley contarán con personal capacitado en materia de protección y derechos de la niñez, quienes practicarán entrevistas a las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados, para recabar elementos que permitan determinar sus necesidades de protección y asistencia, y capturar la información en el Sistema Informático.

Al efecto, se desarrollarán mecanismos de capacitación al personal encargado de la protección y asistencia, para todas las dependencias y entidades responsables de la aplicación de esta ley y las organizaciones de la sociedad civil autorizadas.

El registro de información se llevará a cabo por las autoridades encargadas de los menores