Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 29 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 13

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 30 de Junio de 2015

SUMARIO                                              


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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Remite oficios por los que informa, en relación al Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos:

Que de los ingresos excedentes recaudados por la Comisión al 31 de diciembre de 2014 se tramitaron ante la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diversas afectaciones presupuestarias y a esa fecha se autorizó y realizó la devolución de recursos a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamientos participantes en ese Programa.

Que de los ingresos excedentes recaudados por la Comisión al término del primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese programa.

De los recursos asignados por entidad federativa a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese programa, correspondientes al segundo y tercer trimestres del ejercicio fiscal 2014.

Que de los ingresos excedentes recaudados al término del primer trimestre de 2015 no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese programa, debido a que está en trámite la autorización de recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.





















































































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:13 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 27 ciudadanos legisladores. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del martes 30 de junio de 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible para su consultar en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintiún minutos del miércoles veinticuatro de junio de dos mil quince, con una asistencia de veintiún legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles diecisiete de junio de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el 26 de junio de 2015, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente de la República de Guatemala, Señor Otto Pérez Molina, para participar en la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (Mecanismo de Tuxtla), que se realizará en la ciudad de La Antigua, Guatemala.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite, de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo enero-marzo 2015.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2015 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Diagnóstico sobre la Evolución de los Sueldos y Salarios, del 2005 al 2015, que se cubren a los servidores públicos de los mandos medio y superior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo Transitorio Décimo Primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 24 de junio.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

 

Se recibieron dos oficios de diputados, por los que informan su reincorporación a sus funciones legislativas, en el mes de junio de 2015:

1. Salvador Arellano Guzmán, a partir del día 18.

2. Jorge Rosiñol Abreu, a partir del día 10.

Quedaron de enterado. Se comunicaron a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, el Informe de su participación en la reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 5 y 6 de junio de 2015, en La Habana, Cuba.- Quedó de enterado

 

Se recibió de la Senadora Mayela Quiroga Tamez, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 24 de junio de 2015.- Fue aprobada en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en el Asilo "Hermoso Atardecer" en Mexicali.

(Iniciativas)

El Diputado Alejandro Rangel Segovia, a nombre propio y del Diputado Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX, recorriéndose la subsecuente para convertirse en XXXI, del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, María Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y del Diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 11 de la Ley Federal de Extinción de Dominio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Amalia García Medina, a nombre propio y de las Diputadas Martha Lucía Mícher Camarena, María Beatriz Zavala Peniche y Eufrosina Cruz Mendoza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en   materia de discriminación y      derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de la Diputada María Eugenia de León Pérez.

 

La Diputada Gloria Bautista Cuevas, a nombre propio y de los Diputados Martha Lucía Mícher Camarena, Amalia García Medina, Aleida Alavéz Ruíz, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Julisa Mejía Guardado, Joaquina Navarrete Contreras, Agustín Miguel Alonso Raya y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea doce dictámenes de la Primera Comisión, con punto de acuerdo:

1. Que exhorta al Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Veracruz a redoblar esfuerzos a fin de certificar totalmente a su plantilla de elementos policiacos.- Intervino el Diputado José Alejandro Montano Guzmán del PRI.

2. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal un informe sobre las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México; y exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo un análisis de los 41 cambios de uso de suelo previstos para ser discutidos próximamente.- Intervinieron los legisladores: Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN, Senador Arturo Zamora Jiménez del PRI y Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD.

3. Que exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar las medidas necesarias para garantizar la protección y un trato digno a los refugiados que ingresan a nuestro país en búsqueda de seguridad y mejores condiciones de vida.- Intervinieron los legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda Franco del PANAL y Diputada Amalia García Medina del PRD.

4. Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar y resolver el homicidio del ciudadano Jesús Alberto Carrera Limón, elemento de la Policía Federal, acaecido el 11 de junio de 2015.

5. Por el que la Comisión Permanente reconoce la actuación de los elementos de seguridad involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015; y exhorta al Gobierno del Distrito Federal a otorgarles las distinciones y apoyos que sean procedentes.- Intervino el Diputado Abel Octavio Salgado Peña del PRI.

6. Que exhorta a las Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Guanajuato y de Sinaloa a investigar y resolver los homicidios de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, respectivamente. Asimismo, exhorta a desarrollar e implementar estrategias que garanticen la integridad de los trabajadores de la salud que prestan sus servicios en comunidades donde se presenten condiciones de inseguridad.- Intervinieron los legisladores: Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Senador Arturo Zamora Jiménez del PRI, quien presentó propuesta de modificación, la cual fue aceptada, y Senador Arquímedes Oramas Vargas del PRI.

7. Que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos de los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas a realizar la armonización a sus leyes locales con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y exhorta al Poder Ejecutivo Federal a instalar a la brevedad el Sistema Nacional de Protección Integral.- Intervino el Diputado Javier Filiberto Guevara González del PRI.

8. Que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a valorar el desempeño de la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad, a fin de considerar la remoción y sustitución de su titular.

9. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República a rendir un informe sobre la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral.

10. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a respetar los principios constitucionales y legales en materia electoral, así como los lineamientos del Instituto Nacional Electoral.

11. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a que, en la temporada de lluvias y huracanes, asegure la operación adecuada de los mecanismos de monitoreo y de alerta oportuna.

12. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a resolver el conflicto de las empresas “Uber y Cabify”, con los taxis concesionados del Distrito Federal.

Los doce dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a establecer un programa de capacitación al personal de la salud sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple.- Intervinieron los legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda Franco del PANAL y Senador Arquímedes Oramas Vargas del PRI.

2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar una campaña intensa de difusión de valores y actitudes que permitan la sana convivencia de las niñas, niños y adolescentes.

Los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea veintidós dictámenes de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:

1. En torno a los derechos de las y los jornaleros del Valle de San Quintín.- Intervinieron los legisladores: Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Diputado Danner González Rodríguez del MC, Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI y Diputada Gloria Bautista Cuevas del PRD.

2. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe del posible daño ambiental ocasionado por la contaminación de la Laguna Cabana, en el municipio de Úrsulo Galván del estado de Veracruz.- Intervino el Diputado José Alejandro Montano Guzmán del PRI.

3. Que exhorta a los congresos y a los gobiernos a considerar la viabilidad de conformar un consejo para la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa en sus respectivas entidades federativas, a fin de incentivar, apoyar y procurar el desarrollo de estas unidades económicas.

4. Que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos a llevar a cabo las acciones que permitan garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria petrolera, se realicen con pleno respeto a los derechos de los propietarios y titulares de las tierras.

5. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar una mayor y mejor vigilancia en las tiendas de autoservicio de las multinacionales del comercio minorista que se encuentran en el territorio nacional, para verificar que operan con estricto apego a la normatividad laboral, sin discriminación y en el pleno respeto de los derechos laborales y humanos de sus trabajadores.

6. Por el que se solicita al Poder Judicial del Estado de México un informe sobre las investigaciones que se llevan a cabo en torno a la probable comisión de irregularidades y otros delitos tipificados por la ley, por parte de jueces o magistrados adscritos a ese Poder en relación a los juicios en los que se encuentra involucrada la empresa OHL.

7. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio para determinar el daño en costas mexicanas del Golfo de México causado por la derrama de crudo en 2010 por la empresa British Petroleum.

8. Por el que se solicita a la Secretaría de Economía evaluar la pertinencia de implementar esquemas arancelarios a las importaciones de leche y sus derivados con la finalidad de fortalecer al sector lechero nacional, así como que considere reducir el número de importaciones que se realizan para tener menos dependencia en el sector.

9. Por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor lleven a cabo una investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los servicios que ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos.

10. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a desarrollar un proyecto de organización de bancos comunitarios indígenas de semillas, con un plan de capacitación para sus miembros.

11. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social un informe sobre las acciones que se han llevado a cabo respecto al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, particularmente en el Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California.

12. Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a revisar el manejo de los recursos ejercidos por la SEDATU en el estado de Guanajuato en el ejercicio fiscal 2014.

13. Que exhorta al gobierno del estado de Nayarit a informar el estado que guarda la elección del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios “SUTSEM”, de las elecciones sindicales realizadas el día 29 de noviembre del año 2014.

14. Que exhorta a la Secretaría de Energía a acelerar la publicación e implementación del Programa de Energías Limpias en la Administración Pública; y solicita un informe sobre los avances en el objetivo de fomento a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios de la Administración Pública Federal.

15. Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos un informe sobre la situación de derechos laborales de los trabajadores de la empresa.

16. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a supervisar y regular los servicios que prestan las personas físicas o morales organizadoras de eventos sociales, a través de contratos de adhesión.

17. Que exhorta al Gobierno Federal a intensificar la instrumentación e implementación de políticas públicas y de apoyos institucionales a la industria de producción, distribución y comercialización de acero nacional.

18. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a considerar la viabilidad de concretar un acuerdo de colaboración con la Administración General de Aduanas, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para definir una estrategia integral para contrarrestar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres.

19. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe en el que se especifiquen los municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que resultaron beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, así como los motivos por los cuales otros municipios con la misma categorización fueron excluidos de los beneficios de dicho Fondo.

20. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a elaborar un estudio sobre los efectos generados a causa de la presencia de carbono negro en el medio ambiente, así como de la afectación que se genera en la salud de las personas.

21. Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a promover y reforzar acciones específicas de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar.

22. Que exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que, en los respectivos informes anuales que se remiten al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de las atribuciones que les confiere la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, se detalle respecto de la evolución del mercado de redes de disposición y cámaras de compensación, el progreso en materia de competencia y los porcentajes de participación de cada uno de los proveedores de servicios, así como las medidas que se estén adoptando para la protección de los usuarios de los medios electrónicos de pago.

Los veintidós dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22, 38 y 65 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Iztel Ríos de la Mora y María Elena Barrera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 173 de la Ley General de Salud, para evitar factores físicos que impiden la inclusión en igualdad a quienes padecen alguna discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 95 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y se reforma la fracción XXI del artículo 14 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 50 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el artículo 49 de la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 376 ter al Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a hacer públicos los contratos que las dependencias y entidades del Gobierno Federal firmaron con la empresa Tradeco durante el período 2003-2012.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar diversas auditorías en relación a la empresa Cusaem o sus afiliadas, así como a la Procuraduría General de la República a informar acerca de los casos que tengan relación con dichas empresas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales que aún están pendientes de homologar sus códigos civiles con los principios constitucionales en materia de derechos humanos y las tesis jurisprudenciales recientemente emitidas por la Corte, a armonizar su legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar el uso de recursos públicos y programas sociales que hicieron las administraciones delegacionales en el Distrito Federal con fines electorales a favor del PRD.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, incremente el monto destinado al rubro de cultura.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a diseñar e implementar programas nacionales y políticas públicas que prevengan la delincuencia organizada cometida por menores de edad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las estrategias tendientes a mejorar la calidad del agua, particularmente la destinada a uso agrícola, así como a fomentar la inversión en infraestructura hídrica destinada a incrementar el porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar la existencia de posibles cuentas bancarias en el extranjero, el enriquecimiento inexplicable y se sancione la compra y coacción del voto por parte del excandidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena las declaraciones racistas realizadas por el precandidato Republicano Donald Trump en contra de las y los mexicanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Veracruz asistir a una reunión de trabajo para que informe sobre la implementación de la evaluación educativa en su entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional Electoral a dar cumplimiento a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del retiro de propaganda electoral, así como a la ejecución de los planes de reciclaje de la propaganda electoral por los partidos políticos y candidatos independientes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre los recursos que han sido asignados al fideicomiso maestro del Sistema de Transporte Colectivo. Asimismo, para que informe sobre las acciones emprendidas para dar mantenimiento y reparación a las fallas que no están contempladas en el “Plan de Mejoramiento del Metro”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a solicitar a las autoridades competentes de Estados Unidos y Canadá la modificación de las reglas de origen de textiles y productos textiles establecidos en el artículo 401 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se manifiesta en contra de las declaraciones del empresario norteamericano Donald Trump y se pronuncia por una relación bilateral basada en el mutuo respeto, la prosperidad, la seguridad y el desarrollo de ambos países.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Distrito Federal a rescatar la barranca "El Zapote" en la delegación Cuajimalpa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a compartir los resultados obtenidos a partir de la implementación de la firma electrónica certificada.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a desarrollar programas de sensibilización y capacitación a los agentes del ministerio público y otros servidores públicos para detectar y, en su caso, investigar posibles casos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades y órganos autónomos a atender y garantizar la seguridad del ciudadano Juan Manuel Estrada Juárez y su familia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional y a la Procuraduría General de la República a informar sobre las estrategias, protocolos, hardware y software que empleen para la vigilancia e intervención de las telecomunicaciones.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de la Defensa Nacional a informar sobre la desaparición forzada de un miembro del ejército mexicano dentro del grupo de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a hacer campañas donde informen a la ciudadanía sobre los peligros de consumir drogas ilícitas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Energía para que expliquen el proceso por el que se indemnizará a Petróleos Mexicanos por las inversiones hechas en las áreas que no conservó tras la Ronda Cero, así como las razones para modificar las bases de licitación de la Ronda Uno.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas del sector salud en materia del cáncer de próstata y metástasis en hueso e incluir soluciones terapéuticas innovadoras en el tratamiento de pacientes con esta enfermedad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la delegación Miguel Hidalgo a llevar a cabo las acciones tendientes a la restauración plena de la Rotonda de las Personas Ilustres.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los resultados obtenidos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en específico, en lo que respecta a poblaciones de atención prioritaria, como lo son niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Diputadas Martha Lucía Mícher Camarena y Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora a garantizar la paridad de género en las asignaciones de diputaciones de representación proporcional y regidurías.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a obligar a las instituciones bancarias a mantener una actualización permanente de los datos de los designados como beneficiarios de las cuentas bancarias que ofrecen en sus servicios, como una medida de protección al ahorro de los usuarios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del sistema financiero a llevar a cabo las medidas y acciones para promover y agilizar la movilidad o portabilidad de los créditos al consumo e hipotecarios, a fin de que los usuarios obtengan mejores condiciones para pagarlos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de que sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Tabasco a investigar el asesinato del periodista Ismael Díaz López, colaborador del diario “Tabasco Hoy”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a presentar un estudio de factibilidad y disponibilidad hídrica en la región de Cinco Manantiales, en el estado de Coahuila.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación a presentar los resultados del cumplimiento de los marcos de acción de Dakar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Contraloría General del Distrito Federal a informar sobre las denuncias presentadas en contra de los jefes delegacionales en el periodo del 1 de octubre de 2012 a la fecha y el estado que guardan las mismas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende su reconocimiento al policía Guillermo Morquecho López, por el valor y heroísmo demostrado en el cumplimiento de su deber la noche del 17 de diciembre del 2014.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita al parlamentario danés Mogens Lykketoft por su elección como Presidente de la setenta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones necesarias para garantizar la libre circulación en las carreteras de jurisdicción federal del estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a continuar operando el programa de comedores comunitarios en los municipios del estado de Oaxaca incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks y María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un análisis detallado del proyecto de Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, con el fin de que dicho ordenamiento verdaderamente promueva, proteja, garantice y respete los derechos de los niños, niñas y adolescentes y haga efectivos los objetivos de la Ley General de la materia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido   de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones en materia de conservación del jaguar, especie en peligro de extinción.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública; así como a la Comisión Nacional de Seguridad a realizar la planeación y ejecución de programas necesarios a fin de asegurar el desarrollo integral de las niñas y niños que viven con madres      reclusas en centros penitenciarios, mientras éstas cumplen una    sentencia condenatoria, en los  términos de la Constitución y los tratados internacionales en la   materia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones necesarias para impulsar la creación de clústeres agroalimentarios en la República Mexicana que contribuyan al desarrollo de las cadenas de valor y la integración entre los productores, gobierno, empresas tractoras, tiendas de autoservicio y la academia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud federal y del estado de Oaxaca, así como al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto Estatal de Educación Pública del estado de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad a atender la problemática de violencia obstétrica que ocurre en el país y, en particular, el caso ocurrido en Oaxaca a Irene Cruz Zúñiga.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Contraloría General del Distrito Federal informe los motivos y justificaciones por los que se ha declarado la nulidad en 14 de los juicios promovidos en contra de los servidores públicos sancionados por las irregularidades de la construcción de la Línea 12 del Metro y que uno haya sido sobreseído; así como un informe detallado de la recuperación de las multas y resarcimientos del daño causado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar las gestiones procedentes para incluir en los planes de estudio la enseñanza sobre la separación de residuos sólidos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas secretarías del Gobierno Federal a fortalecer políticas públicas específicas, coherentes, estratégicas, permanentes, innovadoras y eficientes para impulsar el empleo de las y los jóvenes, especialmente para resolver de raíz el grave problema social de los más de siete millones de los llamados "ninis".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que condena las declaraciones hechas por Donald Trump hacia México y los migrantes mexicanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a informar el cumplimiento de la resolución emitida del amparo directo 534/2013 y al gobernador del estado de México a atender dicha resolución, respecto al feminicidio de Mariana Lima Buendía.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo en relación a la implementación y fortalecimiento de los mecanismos de cumplimentación de la obligación constitucional para expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Superior de Justicia, a la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla y a la Secretaría de Gobernación a atender el caso del asesinato de Olga Nayely Sosa Romero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela      Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo en relación a la atención, protección y garantía de derechos humanos, con base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de migrantes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del estado de Guerrero a difundir y  atender el cumplimiento de la recomendación 78/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de la muerte Alan Cerón Moreno.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre los protocolos y acciones contemplados para evitar los congestionamientos viales en la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de los diputados Roxana Luna Porquillo, Víctor Reymundo Nájera Medina y Roberto Cabrera Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán a investigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales por elementos de la Policía Federal en Apatzingán.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal fortalecer las acciones de lucha contra la desertificación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social un informe respecto del documento "Consideraciones para el proceso presupuestario 2016”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Economía y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fortalecer las acciones encaminadas a vincular la formación profesional de los alumnos de educación media superior y educación superior, así como los programas de investigación con las empresas y las vocaciones productivas regionales del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo a intervenir y realizar   las acciones necesarias para  garantizar y mantener el correcto funcionamiento de la escuela secundaria técnica pesquera número 7 "Primero de Junio", ubicada en Puerto Morelos, Quintana Roo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Contraloría General del estado de Baja California a informar de la  investigación que realizó en torno al proceso de licitación para el  “Suministro de licencias de conducir para el estado de Baja California, a través de la implementación del nuevo sistema biométrico   multimodal”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a armonizar la institución del matrimonio en sus marcos jurídicos locales conforme los principios de igualdad y no discriminación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal que garantice la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a los presidentes municipales de los estados, a implementar políticas públicas que mejoren la situación actual del heroico cuerpo de bomberos y de las estaciones de servicio en el país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Director General de la Comisión Federal de Electricidad un informe de los beneficios de la disminución de las tarifas eléctricas sobre la productividad y competitividad de la industria y el comercio, en la generación de más y mejores empleos y en el gasto de los hogares más pobres del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para crear una encuesta panel que evalúe el impacto y efectividad de las políticas sociales en el combate a la pobreza en el transcurso de su aplicación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas a impulsar y fortalecer las acciones y estrategias para prevenir y erradicar la violencia familiar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Efemérides)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las Víctimas de la Tortura.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride para referirse al "Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las Víctimas de Tortura".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride  sobre el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las Víctimas de la Tortura.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Rufino Tamayo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario de la nacionalización de los Ferrocarriles Mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la suscripción de la Carta de las Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

El Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió intervención sobre el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las Víctimas de la Tortura.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención con motivo de la visita del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a la República Italiana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con veinticinco minutos y citó para la siguiente sesión pública el martes treinta de junio, a las once horas; y a sesión solemne ese mismo día, a las doce horas, para recibir la visita de los Reyes de España. Al concluir la sesión solemne se reanudará la sesión pública de la Comisión Permanente.

Fin de la sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del miércoles 1 al viernes 3 de julio del año en curso, con el fin de participar en la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en Paracas, Departamento de Ica, Perú.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibieron oficios de la Comisión Nacional del Agua, por los que se informa, en relación al Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos:

Que de los ingresos excedentes recaudados por la Comisión al 31 de diciembre de 2014 se tramitaron ante la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diversas afectaciones presupuestarias y a esa fecha se autorizó y realizó la devolución de recursos a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamientos participantes en ese programa.

Que de los ingresos excedentes recaudados por la Comisión al término del primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese programa.

De los recursos asignados por entidad federativa a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese programa, correspondientes al segundo y tercer trimestres del ejercicio fiscal 2014.

Que de los ingresos excedentes recaudados al término del primer trimestre de 2015, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese programa, debido a que está en trámite la autorización de recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase la documentación descrita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un oficio por el que informa que el 23 de junio de 2015, se instaló el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, en cumplimiento al Artículo Undécimo Transitorio de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, un oficio por el que comunica que el Diputado Armando Contreras Ceballos sustituirá al Diputado Mario César Gaona García, como representante de esa Cámara ante el Comité del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese al Comité del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió una comunicación del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, con la que remite el informe de sus actividades durante el Foro de la Juventud G200, realizado en Baviera, Alemania, del 29 de abril al 3 de mayo del año en curso.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha sido enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió una comunicación del Senador Raúl Morón Orozco, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 1º de julio de 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones de Diputados, por las que informan su reincorporación a sus funciones legislativas, en los meses de junio y julio de 2015.

Carmen Lucía Pérez Camarena, a partir del 8 de junio.

Flor Ayala Robles Linares, a partir del 24 de junio.

Maricela Velázquez Sánchez, a partir del 30 de junio.

Vicario Portillo Martínez, a partir del 1 de julio.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquense a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió una comunicación de la Diputada Norma Ponce Orozco, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 24 de junio del año en curso.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

“Único.- Se concede licencia a la Diputada Norma Ponce Orozco, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 24 de junio de 2015.”

Por no haber ningún interesado o interesada en tomar la tribuna, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se concede licencia a la Diputada Norma Ponce Orozco, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 24 de junio del año 2015. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió una comunicación suscrita por el Diputado José Luis Cruz Flores Gómez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 24 de junio de 2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo:

“Único. Se concede licencia al Diputado José Luis Cruz Flores Gómez, para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 24 de junio del año 2015.”

Por no haber registro para tomar tribuna sobre este punto de Acuerdo, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se concede licencia al Diputado José Luis Cruz Flores Gómez, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 24 de junio del año 2015. Comuníquese a la Cámara de Diputados.





 

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Pablo Adame Alemán, a nombre del Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

(Presentada por el Diputado Juan Pablo Adame Alemán, a nombre del Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del grupo parlamentario del PAN)

El Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores:

En una sociedad, la confianza que un individuo deposita en las instituciones está determinada por diversos factores políticos, sociales, económicos, en donde la eficiencia en el desarrollo de sus funciones representa la piedra angular a favor de la eficacia, en términos de transparencia y rendición de cuentas.

De tal suerte que en nuestro país, el tema de la transparencia y las resoluciones de los trámites en cualquier ámbito de la vida nacional son de carácter prioritario para la consolidación del sistema democrático.

No obstante, México enfrenta un grave problema de credibilidad y confianza en materia institucional, en donde la falta de transparencia y rendición de cuentas se han puesto de manifiesto en diversas ocasiones a través de datos estadísticos que demuestran la escasa idea de que la democracia está basada en la existencia de instituciones correctamente estructuradas y aplicables en la vida diaria del ciudadano.

En la historia del sistema electoral del país, se tienen contemplados diversos hechos que han dado pauta a la transformación de lo que actualmente conocemos como medios o recursos contra los actos preparatorios del proceso electoral.

Hoy en día contamos con un sistema de medios de impugnación en materia electoral, cuyo objeto es garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades competentes en los procesos electorales y de consulta popular se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad, así como el aspecto definitivo de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. Sin embargo, este sistema impugnativo continúa perfeccionándose, ya que aún adolece de limitaciones que impiden a los justiciables promover los recursos a su disposición con los elementos necesarios para aspirar, con probabilidades, a una resolución que repare las violaciones cometidas en su perjuicio contra las normas electorales.

Por tal motivo, se pone de manifiesto la urgente necesidad de superar los inconvenientes prácticos suscitados por la regulación vigente de los plazos de interposición de los recursos previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la prueba pericial en dicho ordenamiento.

Por tanto, y a través de la presente iniciativa, se pretende eliminar una de esas restricciones en pro de que los justiciables puedan aportar en apoyo de sus pretensiones la prueba pericial en los litigios sobre el proceso electoral cuyos puntos controvertidos exijan razonablemente el dictamen de un experto para su resolución.

Señoras y señores legisladores:

Por lo anteriormente expuesto, es que la presente iniciativa se orienta en reformar el párrafo 1 del artículo 8 de la citada ley, con la finalidad de ampliar el plazo previsto en este precepto, de cuatro a diez días, y así establecer el tiempo razonable para la presentación de los medios de impugnación previstos en este ordenamiento, con el fin de garantizar a las personas afectadas por un acto o resolución de las autoridades electorales, sus derechos en la materia y que no sean mermados por limitaciones de carácter procesal, carentes de justificación.

Por otro lado, se plantea reformar el párrafo 7 del artículo 14 de la misma ley, para permitir el ofrecimiento de la prueba pericial en las controversias que surjan con motivo de los procesos electorales, con excepción de las que versen sobre los resultados de las elecciones, con la finalidad de que su desahogo no ocasione rezago en los procedimientos de conformidad con los términos para emitir resoluciones.

Por tanto, la modificación propuesta, condiciona su admisión a que sea posible practicarla en los plazos legalmente establecidos.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

El que suscribe, diputado federal JOSÉ LUIS OLIVEROS USABIAGA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8, PÁRRAFO 1, EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO 7, Y ADICIONA EL CAPÍTULO III BIS AL TÍTULO ÚNICO DEL LIBRO CUARTO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL INTEGRADO POR EL ARTÍCULO 88 BIS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México enfrenta un problema de credibilidad y confianza en materia institucional. La falta de transparencia, rendición de cuentas y la escasa idea de que la democracia está basada en la existencia de instituciones estructuradas correctamente y que funcionan de igual manera, se complementa con los datos estadísticos, ya que los mexicanos perciben como poco confiables al Instituto Nacional Electoral (INE) (32%), El Tribunal Electoral (31%), el Instituto Electoral de su estado (32%), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Procuraduría General de la República (PGR) (31%). Los ciudadanos no confían en los partidos políticos (41%) ni en los sindicatos (33%).1 En una sociedad, la confianza que un individuo deposite en una institución está determinada por diversos factores políticos, sociales, culturales, educativos y económicos, los cuales contribuyen a modificar las expectativas de las personas. Es por ello, que en nuestro país, el tema de la transparencia y las resoluciones de los trámites en cualquier ámbito de la vida nacional son de carácter prioritario para la consolidación del sistema democrático.

En la historia del sistema electoral del país se tienen contemplados diversos hechos que han dado pauta a la transformación de lo que actualmente conocemos como medios o recursos contra los actos preparatorios del proceso electoral. Siendo el claro ejemplo de la tesis de la incompetencia de origen sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de 1869, defendida particularmente por el Ministro José María Iglesias cinco años después2. Este precedente dio el primer acercamiento favorable al control judicial de los procesos electorales.3.

En 1977 se dio la expedición de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la primera que estableció recursos contra los actos preparatorios del proceso electoral y los que se emitieran durante su desarrollo4. La evolución de la justicia electoral continuó con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral en 1986, el surgimiento del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y del Tribunal Federal Electoral en 1990,  la integración de este último órgano al Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) en 19965. Más allá del cambio de nombre de dichas instituciones, el avance fue sustantivo en tanto que se fueron ampliando los recursos para impugnar actos de las autoridades electorales, la obligatoriedad de sus efectos, los medios de prueba y la autonomía del Tribunal Electoral.

Contamos ahora con un sistema de medios de impugnación en materia electoral cuyo objeto es garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades competentes en los procesos electorales y de consulta popular se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad, así como la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales6. Su aplicación ha contribuido a dotar de certeza los procesos de renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y a obligar a los actores que participan en esos procesos a conducirse conforme a la normatividad aplicable.

Este sistema impugnativo continúa perfeccionándose. Aún adolece de limitaciones que impiden a los justiciables promover los recursos a su disposición con los elementos necesarios para aspirar, con probabilidades, a una resolución que repare las violaciones cometidas en su perjuicio contra las normas electorales. Respecto a lo anterior, la presente iniciativa tiene por finalidad superar los inconvenientes prácticos suscitados por la regulación vigente de los plazos de interposición de los recursos previstos en la LGSMIME y de la prueba pericial en dicho ordenamiento.

Las reglas establecidas en el Libro Primero, Título Segundo, de la LGSMIME rigen el trámite, sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación previstos en su texto, con excepción de los aspectos regulados especialmente para cada uno de esos medios en los demás libros que integran su estructura. Una de esas reglas es el artículo 8, el cual dispone que los medios de impugnación previstos en esa ley deberán presentarse dentro de los cuatro días siguientes a aquel en que se haya conocido el acto o resolución impugnado o de que se hubiese notificado debidamente. Este es el plazo aplicable al recurso de revisión, a la apelación, al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y al juicio de revisión constitucional electoral. El juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración, el juicio para dirimir los conflictos laborales de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral y la revisión del Procedimiento Especial Sancionador tienen plazos especiales (tres días o cuarenta y ocho horas, quince días hábiles y tres días, respectivamente).

Para explicar las desventajas del plazo genérico de cuatro días es menester citar previamente los requisitos del escrito de impugnación que debe satisfacer el actor y cuya omisión tiene por efecto el desechamiento del recurso, a saber: nombre del actor, mencionar expresa y claramente los hechos motivo de la impugnación, los agravios causados por el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente violados, y en su caso, las razones por las cuales se estime que una o varias leyes electorales deben desaplicarse por ser contrarias a la Constitución y firma autógrafa del actor.

Conforme a lo anterior, resulta que el justiciable en su escrito impugnativo debe hacer un relato de los hechos en los que sustenta su pretensión. Esta exigencia no es de fácil cumplimiento para cualquier persona, como podría parecer a primera vista. La norma requiere una descripción precisa de las circunstancias que forman la causa del promovente. Dicha carga obedece a que el órgano competente para resolver fijará la cuestión controvertida a partir de los hechos alegados por el actor; las circunstancias que no se expongan en el ocurso no podrán ser materia del litigio. La realización de una narración exhaustiva es fundamental para hacer comprender a la autoridad que dirimirá el conflicto las causas de informidad con el acto reclamado.

Es un hecho notorio que no todos los justiciables son capaces de cumplir a cabalidad por si mismos este requisito debido a razones de preparación y tiempo. Desde luego, tampoco tienen los conocimientos necesarios para formular agravios. Es cierto que las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) están obligadas a suplir las deficiencias y omisiones en los agravios, pero sólo cuando puedan deducirse claramente de los hechos planteados por el promovente y como se ha señalado reiteradamente, en gran parte de los casos la relación de hechos es defectuosa. Esta serie de obstáculos para la presentación de un planteamiento de calidad, con posibilidades auténticas de obtener una resolución favorable, no es producto de una conjetura personal ni un problema pasado.

Luego entonces, los justiciables tienen que recurrir a los servicios de los profesionales del derecho para controvertir los actos y resoluciones de las autoridades electorales que consideren les causan perjuicio. Probablemente los partidos y las agrupaciones políticas, así como otros sujetos con estructura corporativa sometidos a las leyes electorales, no requieran emprender la búsqueda de un abogado pues cuentan con un equipo jurídico al interior de su organización, sin desconocer que incluso estas entidades pueden carecer de personal suficiente o capacitado para afrontar los litigios en la materia.  No aplica el mismo razonamiento tratándose de los ciudadanos, quienes ante cualquier conflicto de carácter legal que les afecte tienen que dedicar parte de su tiempo a buscar un licenciado en derecho que los pueda patrocinar frente a los tribunales u otras autoridades.

El plazo genérico de cuatro días para interponer un medio de impugnación en materia electoral es breve si se considera que en ese tiempo el promovente debe conseguir un profesional del derecho que lo asesore y éste a su vez estudiar el caso, determinar el recurso procedente, elaborar el escrito inicial, recabar pruebas que sustenten las afirmaciones vertidas en el ocurso y presentarlo ante la autoridad responsable para su trámite, lo cual implica eventualmente un traslado al lugar en que resida dicha autoridad si es distinto al del domicilio del actor o del mismo abogado. A lo anterior se suma que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles, de manera que el plazo corre incluso los fines de semana y los días de descanso obligatorio7. En tales condiciones es difícil plantear un recurso de calidad, circunstancia que redunda indebidamente en perjuicio de los justiciables y de sus derechos previstos en las normas electorales.

Por su parte, el artículo 14 de la LGSMIME contempla la regulación de la prueba pericial. Se dispone que no podrá ofrecerse ni ser admitida en las controversias vinculadas a los procesos electorales. Las partes en estos conflictos no pueden aportar al caudal probatorio el dictamen de un perito. El órgano competente para resolver la contienda está facultado para ordenar oficiosamente el desahogo de pruebas periciales cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para modificar, revocar o anular el acto reclamado, pero el ejercicio de dicha atribución es discrecional, no obligatorio.

Atendiendo al grado de especialización de algunos temas comprendidos actualmente en el derecho electoral, como el acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión y la fiscalización de sus ingresos y egresos, así como de los gastos de campaña, es adecuado que las partes en los procesos impugnativos comprendidos en la etapa de preparación de la elección puedan ofrecer como prueba de sus afirmaciones la opinión de un especialista. Lo anterior contribuirá además a que el órgano del INE o la Sala del TEPJF que conozcan del asunto tengan mayores elementos para su resolución. Las pruebas que pueden ofrecerse y admitirse de acuerdo a la normatividad en vigor son insuficientes por su naturaleza para dilucidar cuestiones que requieren conocimientos especiales en una ciencia, técnica, arte, oficio o industria determinados.

El régimen probatorio en materia electoral se ha ido completando paulatinamente. La precaria regulación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que sólo admitía las documentales públicas y con la cual operó el primer tribunal en el ramo constituido en 1986, fue superada por la ampliación del COFIPE de 1990 a los documentos privados, las pruebas técnicas (fotografías, grabaciones, etc.) y la instrumental de actuaciones, y este ordenamiento a su vez por la LGSMIME, que incorporó al catálogo la confesional, la testimonial y la pericial, aunque con ciertas limitaciones8.

Con la presente iniciativa el suscrito pretende eliminar una de esas restricciones, en pro de que los justiciables puedan aportar en apoyo de sus pretensiones la prueba pericial en los litigios sobre el proceso electoral cuyos puntos controvertidos exijan razonablemente el dictamen de un experto para su resolución.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa pretende reformar el artículo 8, párrafo 1 de la LGSMIME con la finalidad de ampliar el plazo previsto en ese precepto de cuatro a diez días, y así establecer un tiempo razonable para la presentación de los medios de impugnación previstos en este ordenamiento y con ello garantizar a las personas afectadas, por un acto o resolución de las autoridades electorales, sus derechos en la materia y que no sean mermados por limitaciones de carácter procesal carentes de justificación.

No es óbice para esta reforma la opinión expresada reiteradamente acerca de que la brevedad de los plazos para promover y resolver los recursos regulados en la LGSMIME asegura la sucesión oportuna de los cargos de elección popular. Este razonamiento es totalmente válido respecto a los medios impugnativos que pueden tener efectos sobre los resultados de las elecciones constitucionales, como el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración y el juicio de revisión constitucional electoral en el que se ataca el fallo de un tribunal local sobre la regularidad de los comicios locales. Se impone en estos casos el agotamiento pronto de las impugnaciones para que la instalación del Poder Legislativo y la asunción del Ejecutivo se verifiquen sin contratiempos en las fechas señaladas por la Constitución Federal y las Constituciones Locales.  En cambio, no justifica la cortedad de los plazos de interposición en los recursos sin trascendencia directa sobre lo ocurrido en las urnas. La modificación propuesta por el suscrito atañe únicamente a estos últimos. En ese tenor, se propone la adición del Capítulo III BIS al Título Único del Libro Cuarto, para excluir del plazo genérico de diez días al juicio de revisión constitucional electoral que pueda modificar los resultados de una elección de las entidades federativas.

También se plantea reformar el párrafo 7 del artículo 14 de la LGSMIME para permitir el ofrecimiento de la prueba pericial en las controversias que surjan con motivo de los procesos electorales, con excepción de las que versen sobre los resultados de las elecciones. Para efectos de que su desahogo no ocasione rezago en la sustanciación de los procedimientos de conformidad con los términos para emitir resolución, la modificación propuesta condiciona su admisión a que sea posible practicarla en los plazos legalmente establecidos.

Motivado por las razones expuestas a lo largo de este documento, pongo a consideración ante la Comisión Permanente la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

ÚNICO: Se reforma el párrafo 1 del artículo 8, el párrafo 7 del artículo 14, y se adiciona el Capítulo III Bis al Título Único del Libro Cuarto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, integrado por el artículo 88 BIS para quedar como sigue:

Artículo 8

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro de los diez días siguientes a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.

Artículo 14

1. a 6. …

7. La pericial podrá ser ofrecida y admitida, cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Para su ofrecimiento deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Ser ofrecida junto con el escrito de impugnación;

b) Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes;

c) Especificarse lo que pretenda acreditarse con la misma; y

d) Señalarse el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica.

En ningún caso se admitirá la pericial en los medios de impugnación en los que se controviertan los resultados del proceso electoral.

LIBRO CUARTO

Del juicio de revisión constitucional electoral

Título Único
De las reglas particulares

Capítulo III BIS

De los plazos y de los términos

Artículo 88 BIS

1. El juicio de revisión constitucional electoral contra las sentencias de los órganos jurisdiccionales electorales locales en las que se confirmen, modifiquen o revoquen los resultados de elecciones locales, deberá promoverse dentro de los cuatro días siguientes a aquel en que se hayan notificado debidamente.

TRANSITORIO

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de dos mil dieciséis.

Salón de la Comisión Permanente, el 30 de junio 2015.

Dip. José Luis Oliveros Usabiaga.

1 Encuesta telefónica sobre la confianza en las instituciones, Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP), Cámara de Diputados LXII Legislatura, Octubre 2014. Disponible en el sitio web: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/58-confianza-instituciones.pdf 05/06/15

2 FIX Zamudio, Héctor, “Ignacio Luis Vallarta. La incompetencia de origen y los derechos políticos”, en Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. A cien años de la muerte de Vallarta, México, UNAM, 1994, p. 21.

3 Ibid, p. 20.

4 MELGAR Adalid, Mario, Cuadernos para la reforma de la justicia. La justicia electoral, México, UNAM, 2000, p. 31.

5 MELGAR Adalid, Mario, op. Cit., págs. 33-39.

6 LGSMIME, artículo 3.

7 LGSMIME, artículo 7, párrafo 1.

8 http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/publicaciones/file/completo.pdf Consultado el 04 de junio de 2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Adame Alemán. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley Federal del Trabajo, la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 32 BIS Y 32 TER A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, UN ARTÍCULO 6O. A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y EL ARTÍCULO 45 A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias. Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores; Diputadas y Diputados:

El periodismo mexicano vive entre dos realidades. Por un lado, la mejor y mayor variedad de profesionales de la información que difunden trabajos de investigación de primer nivel, arriesgan a veces su vida y su trabajo para cumplir con una función social de primer orden. Y por otro lado, una situación de constante acoso, incremento de homicidios y agresiones a los periodistas y cierre de espacios informativos, críticos y plurales.

El derecho a la información y la libertad de expresión en sus dos dimensiones, la individual y la social, están constantemente amenazadas por intentos restauradores del autoritarismo mexicano y por los intereses de los propios dueños de los medios de comunicación, que en muchos casos no entienden la dimensión de su responsabilidad pública.

Tan sólo por mencionar, el caso más reciente de la periodista Carmen Aristegui y de su equipo de trabajo, nos demuestra que existe una extrema vulnerabilidad en el terreno de la protección y defensa de la labor de las y los informadores.

Los periodistas en México no son simples empleados o redactores de textos, juegan una función indispensable en la gestión de asuntos públicos, son el oxígeno de una democracia. Sin periodistas libres, críticos, profesionales, la democracia se vuelve muda, sorda y ciega.

Muchas veces ignoramos que la labor final de los periodistas es informar a la ciudadanía, y su función social es el escrutinio de las acciones de quienes tenemos poder, representamos a las y los ciudadanos, utilizan concesiones públicas o usan dinero del erario.

Esta función es muy delicada y vulnerable, las amenazas son dobles y triples, no sólo se les paga mal a los periodistas, sino que deben enfrentar la presión de los dueños de los medios, de los servidores públicos y de los poderes criminales que se sienten amenazados cuando se informa sobre ellos.

El Estado debe proteger tanto a los medios de comunicación como a los periodistas, en función de la libertad de expresión que ejercen y el derecho a la información que los consagra, sin embargo, muchas veces es el propio Estado la fuente principal de las amenazas a los periodistas.

La protección de la función periodística no debe ser vista como una graciosa concesión patrimonialista o una tutela estatal, sino como una necesidad fundamental para el respeto de los derechos humanos fundamentales.

Tras la reforma constitucional en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones, las empresas privadas que ejercen el dominio de la porción del espectro radioeléctrico nacional, también tienen ahora la obligación legal, constitucional y ética de respetar las normas internacionales que el propio Estado mexicano ha firmado con instancias como las Naciones Unidas.

No sobra recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como uno de los mandatos más importantes en materia del derecho a recibir y difundir información, que no se deben imputar cargos a periodistas por recibir, guardar y difundir información secreta que hayan obtenido por medios como filtraciones o información recibida de fuentes no identificadas.

En México se tiende a criminalizar al mensajero, esto es “al periodista”, para evitar difundir el mensaje, es decir, la información y restringir la libertad de expresión.

Por éstas y otras razones que vivimos cotidianamente, las y los ciudadanos mexicanos estamos conscientes que para garantizar el ejercicio profesional de la libertad de expresión es necesario reconocer la cláusula de conciencia de los periodistas, como un elemento fundamental de su trabajo.

Tradicionalmente, la cláusula de conciencia se ha entendido como la facultad del informador de rescindir unilateralmente su relación laboral y ser indemnizado por ello, invocando un conflicto de conciencia, motivado por el cambio editorial de la empresa.

Pero en términos más modernos, la cláusula de conciencia también es un mecanismo de los periodistas para resistir las órdenes ilegítimas de los propios dueños de los medios o la presión del mismo Estado.

En definitiva, la cláusula de conciencia sirve al derecho a la información del público componiendo y armonizando los derechos de las y los periodistas con los de los dueños de los medios de comunicación, en particular, con aquellos que poseen un medio de radiodifusión.

La cláusula de conciencia tiene una larga tradición en países europeos, como Francia, que la introdujo en su legislación desde 1935, y que sirvió para mejorar la profesionalización del ejercicio periodístico.

Países como Italia, Portugal, Austria o España, se inspiraron en el modelo francés. Otras naciones latinoamericanas como Bolivia, Paraguay y Ecuador, tienen incorporado este precepto en su ordenamiento constitucional.

Por estas razones, proponemos en esta iniciativa de ley adicionar un artículo 32 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para establecer que los contratos y las relaciones de trabajo entre periodistas y los medios de comunicación deberán contener explícitamente el contenido y el alcance de la cláusula de conciencia periodística, misma que podrá ser invocada en el momento en que se pretenda imponer una línea editorial o lineamientos editoriales que atenten contra los principios deontológicos y de la ética periodística.

También se podrá invocar, en estos casos, en que se pretenda forzar a emitir alguna información, firmar alguna publicación o posicionarse sobre un tema particular que no asuma como propio.

Se propone también adicionar un segundo párrafo al artículo 6o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, para reconocer que en los casos donde se pretende un conflicto de intereses entre una empresa de comunicación en su derecho a la libertad de empresa y el ejercicio de su libertad de expresión, deberá privilegiarse el ejercicio de los derechos que mayor beneficio impriman a la sociedad.

Adicionar también un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para proteger la integridad intelectual de los periodistas y su independencia editorial.

La cláusula de conciencia es una medida de prevención efectiva que salvaguarde los derechos de las y los periodistas.

Es cuanto, compañeras y compañeros.

Iniciativa

La suscrita, DOLORES PADIERNA LUNA, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 32 BIS, 32 TER DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6º DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CoIDH1) con fundamento en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), señala que el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad2.

La responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana.

También puede provenir de actos realizados por particulares, como ocurre cuando el Estado omite prevenir o impedir conductas de terceros que vulneren los referidos bienes jurídicos. En este orden de consideraciones, cuando se trata de competencias esenciales relacionadas con la supervisión y fiscalización de la prestación de servicios de interés público, como en el caso los medios de comunicación, sea por entidades públicas o privadas, la responsabilidad resulta por la omisión en el cumplimiento del deber de supervisar la prestación del servicio para proteger el bien respectivo.3

No basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la ―adopción de medidas positivas−, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre4.

Por ello, una parte importante de la labor del estado Mexicano en la salvaguarda de los derechos humanos es el incorporar a su marco normativo conceptos, expresiones y derechos en beneficio de su población.

La libertad de expresión y el derecho a la información

La CoIDH ha definido que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre5.

Asimismo, esta Corte ha señalado que el derecho a la libertad de expresión cuenta con dos dimensiones: una individual y una social. La dimensión individual corresponde al derecho a externar ideas e información, mientras que la dimensión social corresponde al derecho de difundir información e ideas por los medios de comunicación social. El derecho a recibir información también tiene una dimensión individual —el derecho de toda persona a buscar y obtener la información que le interesa—, y una dimensión social —el derecho del público a recibir información e ideas de las fuentes más diversas—.6

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)7 reconoce en su artículo 19, que:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”

En el mismo sentido, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)8 de la ONU contiene una enunciación más detallada pero similar a la DUDH respecto a la libertad de expresión (también en su artículo 19), enmarcando tres aspectos principales de la libertad de expresión:

a) la libertad de opinión;

b) la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y;

c) las restricciones a la libertad de expresión.

Respecto al contenido de la libertad de expresión mencionado tanto por la DUDH como por el PIDCP, el Comité de Derechos Humanos (en adelante, “el Comité”) de la ONU, en la observación general 34° denominada “Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de expresión”9, ha señalado que la libertad de opinión y la libertad de expresión son condiciones indispensables para el pleno desarrollo de la persona.

Que son fundamentales para toda sociedad y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas. Ambas libertades están estrechamente relacionadas entre sí, dado que la libertad de expresión constituye el medio para intercambiar y formular opiniones.

La labor del periodismo de investigación ha sido reconocido por la doctrina como el derecho de investigar y el de participar en la gestión de los asuntos públicos.10 Asimismo, la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pone particular énfasis en la obligación de respetar y proteger a los periodistas que ejercen su derecho a buscar información y recopilar ideas para su eventual difusión en los medios de comunicación11.

“En materia de libertad de expresión, no puede considerarse que las decisiones adoptadas por las empresas de comunicación respecto a la búsqueda, recopilación y difusión de información, no trascienden el ámbito privado, ya que determinan el ejercicio de este derecho a partir del uso de un bien público de interés general, como lo es la concesión de”12 un medio de radiodifusión.

“En este sentido se ignora que la labor final de quienes se abocan al periodismo es informar a la ciudadanía y su función social es el escrutinio de las acciones de quienes tienen el poder, utilizan concesiones públicas, o utilizan dinero del erario.”13 Todo esto, se traduce en un discurso especialmente protegido a la luz de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

“La libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber: ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

Los medios de comunicación juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones. Los referidos medios, como instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan, por lo tanto el Estado debe proteger que en éstos exista la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad y evitar la censura; de no hacerlo, se incurre en una omisión que vulnera derechos fundamentales14.

La propia CoIDH ha establecido que la libertad de expresión es “un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros”15.

Para la población en general tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia en la vertiente individual de la libertad de expresión.

El Estado Mexicano tiene la obligación de proteger a las personas respecto de la actuación irregular de los particulares; lo cual ha sido explícitamente indicado en el derecho internacional de los derechos humanos:

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al indicar el contenido de la obligación de proteger, ha señalado en su Observación General 31. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto: artículo 2 que:

8. […] sólo se podrán cumplir plenamente las obligaciones positivas de los Estados Parte de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto si el Estado protege a las personas, no sólo contra las violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto que cometan sus agentes, sino también contra los actos que cometan particulares o entidades y menoscaben el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto, en la medida en que puedan aplicarse entre particulares o entidades privadas. Puede haber circunstancias en las que, por no haberse garantizado los derechos reconocidos en el Pacto como se dispone en el artículo 2, los Estados Parte infrinjan estos derechos permitiendo que particulares o entidades cometan tales actos o no adoptando las medidas apropiadas o no ejerciendo el cuidado debido para prevenir, castigar, investigar o reparar el daño así causado. […]

Igualmente, en forma específica, en su Observación General 34. Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de expresión, el Comité subrayó el contenido de esta obligación que vincula a los particulares al respeto de los derechos humanos:

7. […] los Estados partes deben cerciorarse de que las personas estén protegidas de los actos de particulares o de entidades privadas que obsten al disfrute de las libertades de opinión y expresión en la medida en que esos derechos del Pacto sean susceptibles de aplicación entre particulares o entidades privadas

Esta obligación general de los Estados, ya reconocida en el artículo 1º constitucional tercer párrafo, también ha sido subrayada por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión quien dice:

25. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, como todos los derechos, impone obligaciones jurídicas a los Estados: […] b) de proteger, o de ejercer la diligencia debida a fin de prevenir, punir, investigar y compensar el daño causado por personas o entidades privadas; […]. (A/HRC/11/4)

Como puede observarse, los derechos humanos imprimen condiciones de validez a todo el orden jurídico mexicano y a toda actuación de las instituciones estatales, y por ello extienden su efectividad a las empresas a fin de que éstas respeten los derechos humanos en general, y el derecho a la libertad de expresión y de opinión, en particular.

En el caso donde una empresa privada que ejerce dominio de una porción del espectro radioeléctrico nacional, forzosamente tiene que acatar y respetar todas las obligaciones que en términos de derechos humanos ha adoptado el Estado Mexicano, pues al final, esa empresa concesionaria durante el tiempo en que dure su permiso de explotación tiene una obligación legal y constitucional de respeto a las normas que no puede omitir.

En su calidad de concesionario de un bien nacional, asume por ende, obligaciones no sólo directamente relacionadas con el objeto y fin de su propia concesión, sino adicionalmente, a partir del ejercicio de los derechos humanos a la libertad de expresión y de opinión, esto es, a partir de la actividad periodística profesional.

La empresa al ser el medio por el cual se ejerce el periodismo profesional asume implícitamente obligaciones respecto de la libertad de expresión y de opinión.

La CoIDH, en su Opinión Consultiva OC-5/85 ha señalado la estrecha vinculación que existe entre el periodismo profesional y la actividad empresarial, lo cual tiene por efecto incrementar la fuerza vinculante de los derechos humanos para las entidades privadas que se dedican y obtienen lucro a partir del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión:

74. […] El ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresión, por el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. […].

Para comprender los alcances de la protección debida, cabe subrayar que la CoIDH, en el caso Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, indicó el vínculo que puede existir entre una línea editorial y la relación de las empresas con periodistas que trabajan en ella; de forma que cuando una línea editorial legítima de los periodistas sea la que motiva las modificaciones unilaterales por parte de la empresa respecto de estos periodistas, se está ante una situación que constituye una restricción indebida de la libertad de expresión. En ese sentido, en el caso aludido señaló que:

161. La Corte ha constatado que, después de que los accionistas minoritarios de la Compañía asumieron la administración de ésta, se prohibió el ingreso al Canal 2 de periodistas que laboraban en el programa Contrapunto y se modificó la línea informativa de dicho programa.

….

163. Al separar al señor Ivcher del control del Canal 2, y excluir a los periodistas del programa Contrapunto, el Estado no sólo restringió el derecho de éstos a circular noticias, ideas y opiniones, sino que afectó también el derecho de todos los peruanos a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática.

Este aspecto del derecho (recibir información), incluso, ha sido llamado a ser explícitamente protegido por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas (A/HRC/20/17):

107. No se debería imputar cargos a periodistas por recibir, guardar y difundir información secreta que hayan obtenido por medios que no sean ilícitos, como filtraciones o información recibida de fuentes no identificadas.

109. Los periodistas que trabajen en medios convencionales de información y en Internet deben tener libertad para utilizar diversas fuentes de información, incluida la procedente de quienes no quieran ser identificados. Jamás debe obligarse a los periodistas a revelar sus fuentes, salvo en casos excepcionales en que el interés de investigar un crimen grave o proteger la vida de otras personas predomine sobre el posible riesgo para la fuente de la información. Esas necesidades apremiantes deberán ser claramente demostradas y convalidadas por un tribunal independiente.

Para la CoIDH, dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo.

En estos términos puede explicarse la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios y el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas.

El ejercicio profesional de la libertad de expresión y la cláusula de conciencia

Como ya se ha señalado, los medios de comunicación privados en especial, aquellos que explotan una concesión del Estado, tienen la obligación de cumplir y respetar el marco normativo nacional y los derechos humanos constitucionales e internacionales, incluso cuando se enfrentan a la imposición y aplicación de sus lineamientos internos, sus criterios editoriales o sus prácticas de selección de información que harán pública.

Es precisamente en esos momentos cuando las y los periodistas que laboran en los medios de comunicación pueden invocar lo que se reconoce como “la cláusula de conciencia”, misma que la “Organización Mundial (sic) del Trabajo (OIT) dio un impulso en su informe publicado desde el año 1928 sobre las condiciones de trabajo de los periodistas en el que puede leerse:”16

El trabajo del periodista es “un trabajo de un carácter muy personal que moviliza en su actividad sus propias opiniones”... Existe así en el periodismo, entre el individuo y su tarea, entre la personalidad del hombre y la producción profesional, relaciones tales que no se puede, en la mayor parte de los casos, modificar el carácter de esta producción sin atentar, al mismo tiempo, contra la conciencia íntima del productor.17

El Informe ya recomienda la aplicación de la cláusula tanto cuando se modifique la orientación general del periódico, como cuando “un director mande a un periodista prestar algún servicio contrario a la moral”. Como vemos, en los precedentes ya está presente la necesidad de lo que más adelante se denominará cláusula ampliada o resistente. 18

“El citado informe de la OIT de 1928 y el llamado Informe Brachard, también sobre las condiciones laborales de los informadores, sirvieron de base para la ley francesa de 1935…”19 legislación que se reconoce como la primera en integrar esta cláusula.

La cláusula de conciencia es la manifestación más aceptada en el derecho positivo de la incidencia de los derechos profesionales sobre la relación laboral. Tradicionalmente se ha entendido como la facultad del informador de rescindir unilateralmente su relación laboral -y ser indemnizado por ello- invocando un conflicto de conciencia motivado por el cambio editorial de la empresa. Recientemente va afirmándose una nueva tendencia a incluir dentro de la cláusula de conciencia la excepción a las órdenes del empresario cuando éstas conculquen la deontología o en general los límites extrínsecos o intrínsecos de los derechos humanos. Puede, así distinguirse entre dos modalidades de la cláusula de conciencia: la extintiva y la resistente.20

Lo específico de la cláusula de conciencia de los informadores reside en que el conflicto se produce por la imposibilidad de identificación del profesional con la definición ideológica y/o profesional21 del órgano informativo y derivadamente por la resistencia a cumplir los encargos profesionales en los términos de esa línea editorial o de la práctica del medio. 22

Si su único fundamento fuera la conciencia del periodista el conflicto podría resolverse dejando sin eficacia aquellas órdenes más conflictivas por cuestión de ideología, o encomendando al profesional la pura información de hechos que no requirieran ningún tipo de análisis. Pero una solución tal sería incompatible tanto con el normal funcionamiento del medio como con el ejercicio habitual y profesional que del derecho a la libertad de expresión e información hace el periodista.

El profesional de la información no ejerce de forma meramente esporádica estos derechos como legítimamente pueden hacer el resto de las personas en lo cotidiano, para él, como profesional, su derecho es al mismo tiempo deber. No es un derecho que se ejerza de manera individual, sino colectivamente. Los mensajes individuales se engarzan en un todo -la publicación o programación- en la que cobran un nuevo sentido. El mensaje no se pone en forma espontáneamente sino conforme a unas matrices dadas: los presupuestos ideológicos y profesionales del medio. Por todas estas razones, ni el periodista puede ejercer su derecho ni cumplir su deber en caso de una desadecuación con tales presupuestos, ni la libertad editorial del empresario puede desplegarse normalmente cuando el profesional no se identifica con el medio.

La cláusula de conciencia encuentra fundamento en el derecho a la información porque compone y armoniza las facultades que del mismo se derivan para periodistas y editores, permitiendo, por tanto, que ambos cumplan con su función pública:

- El editor (o dueño) puede mantener la definición del medio;

- El periodista puede rescindir ventajosamente su relación laboral cuando se le hace imposible cumplir con su deber de informar;

- El periodista ve reforzada su independencia;

- El periodista puede resistir todas las órdenes ilegítimas del editor y excepcionalmente las legítimas que lesionen su conciencia.

Es en la modalidad resistente –de la cláusula de conciencia- en la que más claramente se manifiesta que la cláusula tiene su fundamento específico en el derecho a la información.23

Cualquier periodista puede resistir las órdenes ilegítimas de los propios dueños de sus medios, esto es, aquellas que manden conductas delictivas o ilegales o bien conductas que contravengan disposiciones y obligaciones generales como lo pueden ser, el respeto a los derechos humanos.24

No es extraño que finalmente las modalidades resistentes se remitan a las normas deontológicas, pues ellas precisan, según la conciencia colectiva de las y los periodistas, esos límites intrínsecos y extrínsecos. La deontología es, así, ámbito de autonomía para el informador (al delimitar sus obligaciones frente al editor), guía pedagógica para el deber de informar de los profesionales y garantía para el público que conoce por su medio cuáles son las conductas debidas por los informadores y a las que éstos se comprometen.25

Por encontrar su fundamento específico en el derecho a la información (derecho a la libre expresión e información), la cláusula tiene una función institucional: supone un límite a un abuso de ese legítimo poder editorial y es, en ese sentido, una cierta garantía para el pluralismo interno de las redacciones. Al mismo tiempo permite al periodista salvaguardar su trayectoria profesional (por ejemplo, como garantía frente a traslados dentro del mismo grupo) y por tanto protege la independencia y la dignidad profesional. 26

En definitiva, esta cláusula, sirve al derecho a la información del público componiendo y armonizando los derechos de las y los periodistas con los de los dueños de los medios de comunicación, en particular, con aquellos que poseen un medio de radiodifusión. 27

Se ha discutido si la lógica de la cláusula de conciencia autorizaría a que el editor (o dueño) rescindiera el contrato cuando fuera el periodista el que cambiara su adscripción o su definición ideológica, a esto se le ha denominado cláusula de conciencia a la inversa; la respuesta podría ser positiva si el periodista fuera un trabajador más pero justamente lo que pretende la cláusula es reforza su independencia, que quedaría amenazada si admitiéramos tal manifestación inversa. Otra cosa es que tal cambio del periodista redunde para él en un conflicto de conciencia que le lleve a desobedecer las órdenes lícitas del dueño del medio de comunicación, conflicto que se resolverá por el despido llevado a cabo por el dueño haciendo uso de sus poderes empresariales.28

Los titulares del derecho a la cláusula de conciencia (en cualquiera de sus modalidades) son en todas partes los profesionales de la información. No hay en ninguna duda de que el ciudadano que esporádicamente ejerce su libertad de expresión e información colaborando con un medio de comunicación no es titular de este derecho y ningún ordenamiento jurídico a nivel internacional en el derecho comparado, dispone lo contrario…

La cláusula nació históricamente en el ámbito laboral y en él despliega normalmente la plenitud de sus efectos. Los periodistas vinculados mediante una relación civil con la empresa informativa pueden invocar sin mayores problemas la cláusula resistente, pues aunque la dependencia general no pueda equipararse a la del trabajador y su autonomía es mayor las órdenes concretas debe cumplirlas, y, por tanto si son ilícitas puede resistirlas invocando la cláusula...29

La modificación debe ser sustancial, esto es, afectar de modo permanente a la concepción general y al funcionamiento del órgano informativo y suponer una variación de los elementos más importantes y que definen al medio. 30

Como una referencia adicional a lo ya expuesto sobre la cláusula de conciencia periodística, es importante citar el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por unanimidad en Estrasburgo el 1 de Julio de 1993 que en su numeral 14 señala31:

14. En función de estas exigencias es necesario reforzar las garantías de libertad de expresión de los periodistas a quienes corresponde en última instancia ser los emisores finales de la información. En este sentido es necesario desarrollar jurídicamente y clarificar las figuras de la cláusula de conciencia y el secreto profesional de las fuentes confidenciales, armonizando las disposiciones nacionales sobre estas materias para ejercerlas en el marco más amplio del espacio democrático europeo.

Este documento es una referencia importante ya que no se trata de un texto suscrito por los profesionales de la información, sino de un conjunto de principios que el Pleno de la Asamblea del Consejo de Europa “estima que deberán ser aplicados en Europa”; a la vez que insta al Comité de Ministros a que adopte “una declaración sobre la ética del periodismo de acuerdo con las líneas directrices de esta Declaración”.

Partiendo de estas referencias doctrinales e internacionales se desprende la necesidad de que en México se regule y se establezca claramente que las y los periodistas deben de tener reconocido su derecho a invocar la cláusula de conciencia, asegurando con ello, que el estado Mexicano avance en el desarrollo de normativas nacionales apegadas a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

La labor que actualmente desarrollan las y los periodistas –especialmente los periodistas críticos- permiten no sólo fortalecer el sistema democrático nacional, sino fortalecer también el ejercicio de los derechos ciudadanos, pues cuanto mejor informada este una sociedad, mejores decisiones podrá tomar.

Las cláusulas de conciencia periodística en Europa

La cláusula de conciencia de los periodistas tiene una tradición jurídica en Europa que se remonta a principios del siglo XX. El primer país en el que se reguló mediante una ley específica fue Francia, en 1935. La norma francesa ha servido de modelo a otros países y en ella se inspira parcialmente la legislación adoptada en España, primer país europeo que constitucionalizó este derecho.

Una característica diferencial del modelo francés es que la Ley de 1935 se incorporó al Código de Trabajo (…) Actualmente la cláusula de conciencia de los periodistas aparece recogida en el Art. 17.112-5 del Code du travail francés.32

La aparición de la cláusula de conciencia está vinculada al proceso de profesionalización del periodismo que tuvo lugar en el primer tercio del siglo XX y en la actualidad se encuentra regulada como derecho propio de los periodistas en algunos países europeos (Italia, Portugal, Austria) y latinoamericanos, entre ellos Bolivia, Paraguay y Ecuador, que la tienen incorporada en su ordenamiento constitucional.33

… En algunos casos, la oposición de medios, editores y periodistas puede estar vinculada a razones de índole política o ideológica, o al temor real de que el poder utilice la legislación para amordazar a los medios. Es la situación vivida en Ecuador durante la tramitación de la Ley de Comunicación aprobada en junio de 2013, que incluye entre sus contenidos el derecho a la cláusula de conciencia de los periodistas y que era calificada por las empresas de medios como una “ley mordaza”. Una polémica similar se suscitó en Chile con la Ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, aprobada en mayo de 2001. Hay también razones de tipo cultural e histórico, que tienen que ver con la innovación que representa el derecho a la cláusula de conciencia, propio de una etapa universalista de la información en la que esta no es objeto de la potestad del Estado ni propiedad de las empresas informativas o los profesionales, sino que pertenece al público.34

Desde sus inicios hasta la actualidad, los planteamientos originales de la cláusula de conciencia como mecanismo de protección de la vinculación ideológica del periodista con su medio han quedado superados por su concepción como herramienta de protección de la ética profesional. En la actualidad, es común la doctrina que considera la cláusula de conciencia como una garantía del derecho del público a recibir información y la vincula con la virtud de la Justicia, en la medida en que permite remover obstáculos para que el informador pueda cumplir con su deber de informar.35

Desde el punto de vista de la relación laboral, algunos autores ven la cláusula de conciencia como una especificación de la objeción de conciencia laboral, mediante la cual se puede ofrecer al individuo mayor intensidad protectora debido precisamente a su carácter más específico. Otros autores, sin embargo, insisten en que cláusula de conciencia y objeción de conciencia deben ser tratadas como derechos separados, en la medida en que la primera tiene un doble componente –privado, como derecho subjetivo del profesional, y público, como garantía de una opinión pública libre y fundamento del derecho a la información–, mientras que la objeción de conciencia, por el contrario, solamente participa de la dimensión individual, personal y subjetiva de quien la invoca.36

Contenido de la iniciativa

Para cubrir todas las dimensiones en las que las y los periodistas podrán invocar esta cláusula, se propone reformar tres legislaciones a saber: la Ley Federal del Trabajo, la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En primer término se propone adicionar un artículo 32 Bis a la Ley Federal del Trabajo para establecer que “los contratos y las relaciones de trabajo” entre los periodistas y los medios de comunicación deberán contener explícitamente el contenido y alcance de la cláusula de conciencia periodística, misma que podrá ser invocada por el o la trabajadora en cualquier momento en que considere se le pretende imponer una línea editorial o unos lineamientos editoriales que atenten contra sus principios deontológicos o contra su ética periodística.

Asimismo, se faculta al trabajador de la información a invocarla cuando se le pretenda forzar a emitir alguna información, firmar alguna publicación o posicionarse sobre un tema en particular que no asuma como propio o que no considere pertinente bajo su más estricta responsabilidad o bien porque haya sido modificado o alterado sin su consentimiento.

Asimismo, se propone incorporar un artículo 32 Ter, por el que se faculta también a los periodistas para invocar esta cláusula para solicitar que el patrón modifique, revoque o cambie la práctica que generó que el periodista hiciera uso de dicha cláusula, la incorporación de esta disposición en la Ley Federal del Trabajo, eximiría de responsabilidad contractual y laboral al periodista que haga uso de su cláusula de conciencia en la terminación de la relación con su medio de comunicación, remitiendo la carga de la indemnización legal correspondiente al dueño del medio, en el supuesto en que el periodista decidiera dar por terminada la relación laboral o contractual.

Consciente de que el ámbito laboral no es el único donde se puede presentar un conflicto en donde pueda invocarse la cláusula de conciencia periodística, se propone también adicionar un segundo párrafo al artículo 6º de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal para reconocer que en los casos donde se presente un conflicto de intereses entre una empresa de comunicación en su derecho de libertad de empresa y el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, libertad de información por los periodistas que colaboran en ella, deberá privilegiarse el ejercicio de los derechos que mayor beneficio impriman a la sociedad.

Finalmente se propone también adicionar un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley para la Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en donde se incluirá que para proteger la integridad intelectual de los periodistas y su independencia editorial, la Federación promoverá que se reconozca la cláusula de conciencia periodística como un “una medida de prevención” efectiva que salvaguarde los derechos de las y los periodistas en el ejercicio de su labor profesional.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que adiciona los artículos 32 bis y 32 Ter de la Ley Federal del Trabajo; adiciona un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal; y adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley para la Protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas.

Artículo Primero: Se adicionan los artículos 32 Bis y 32 Ter de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 32 Bis.- Los contratos y las relaciones de trabajo entre las y los periodistas y los medios de comunicación deberán contener explícitamente la cláusula de conciencia, misma que podrá ser invocada por el o la periodista en cualquier momento.

La cláusula de conciencia podrá ser invocada para dar por terminada una relación contractual o laboral con el medio de comunicación en donde colabore cuando de acuerdo a su ética profesional y/o su experiencia se le pretenda imponer u obligar a actuar, acatar, publicar, firmar, difundir, suscribir, o emitir una posición, o información que no sea apropiada, o cuando la línea editorial del medio de comunicación pretenda imponerle criterios que resulten contrarios al derecho a la libre expresión y/o a la libre información.

Artículo 32 Ter.- Podrá invocarse la cláusula de conciencia por parte del o la periodista cuando no quiera dar por terminada la relación contractual o laboral, para solicitar al patrón que modifique, remueva o evite la práctica que haya suscitado el recurrir a dicha cláusula.

En ningún caso, la invocación de esta cláusula, podrá ser utilizada en contra del o la periodista y de su relación contractual o laboral o como justificación para la terminación de la relación o del contrato por parte del medio de comunicación, salvo que así sea expresado por el periodista.

Artículo Segundo: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 6º de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 6.- …

En los casos donde se presente un conflicto de intereses entre un medio de comunicación y/o concesionario de radiodifusión en el ejercicio de su derecho de libertad editorial y de empresa frente al derecho a la libertad de expresión y/o de información, deberá privilegiarse el respeto a éstos últimos en beneficio de la sociedad.

Artículo Tercero: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley para la Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para quedar como sigue:

Artículo 45.- …

De igual forma, se deberá promover que se reconozca en la legislación federal y de las Entidades Federativas el derecho a la cláusula de conciencia periodística como una medida de prevención efectiva que salvaguarde la integridad intelectual de las y los periodistas y como una medida que inhiba cualquier situación que pudiera agravar sus condiciones de riesgo o vulnerabilidad.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de la Comisión Permanente, el 30 de junio del 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Sobre la obligatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las autoridades mexicanas vale la pena ver el criterio jurisprudencial siguiente: JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

2 Cfr. CoIDH. Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37

3 Cfr. CoIDH. Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171

4 Cfr. CoIDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205

5 CIDH, OC 5/85, Serie A. No. 5, párr. 70.

6 CorIDH, Caso “Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, sentencia de 5 de febrero de 2001, serie C, núm. 73.

7 La DUDH no es un tratado vinculante sino una resolución recomendatoria adoptada por la Asamblea General de la ONU. No obstante, con el transcurso del tiempo y la aceptación universal, gran parte de la DUDH ha alcanzado el rango de derecho internacional consuetudinario, incluyendo el Artículo 19, y es en consecuencia vinculante para todos los Estados. Véase en: http://www.article19.org/pages/es/international-guarantee.html

8 ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de1976

9 ONU, Comité de Derechos Humanos, CCPR/C/GC/34. Observación General N° 34 “Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de expresión”, 102° período de sesiones, Ginebra, 11 a 29 de julio de 2011. CCPR/C/GC/34.

10 O´ Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, segunda edición, 2012, pág. 701.

11 Idem, pág. 731.

12 Amparo Indirecto, https://endefensadearistegui.files.wordpress.com/2015/05/desahogo-prevencion-28-de-abril.docx, consultado el 12 de junio de 2015

13 Idem

14 Cfr. Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107

15 Cfr. CoIDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74

16 Díaz Arias, Rafael, “La Cláusula de Conciencia”, p. 3, http://eprints.ucm.es/8024/1/cl%C3%A1usula_de_conciencia.pdf, consultado el 12 de junio de 2015

17 Desantes Guanter, José María, “La cláusula de conciencia desde la perspectiva profesional” en Persona y Derecho, Revista de Fundamentación de las Instituciones Jurídicas, Universidad de Navarra, vol. IV (1977), citado por Idem

18 Idem

19 Idem

20 Ibidem, p.1

21 Lo normal es que la definición ideológica y la definición profesional estén interrelacionadas: que se escoja un determinado formato en función de una opción ideológica, aunque ésta no sea más que la de dar prioridad a la obtención de beneficios sobre cualquier otra finalidad. La definición profesional cualifica o gradúa la definición ideológica. Ello explica los supuestos de cláusula de conciencia por traslado a otro medio del mismo grupo editorial: la definición ideológica será la misma, pero la definición profesional no. en Ibidem, p. 7

22 Ibidem, p. 7

23 Ibidem, pp. 7-8

24 Ibidem, p. 9

25 Ibidem, p. 9

26 Idem

27 Idem

28 Ibidem, pp. 9-10

29 Ibidem, p. 11

30 Íbidem, p. 13

31 Consúltese en http://es.slideshare.net/julicap/cdigo-europeo-de-deontologa-del-periodismo

32 Code du travail. Version consolidée du code au 22 janvier 2014. Recuperado de http://codes.droi.org/co/travail.pdf, citado por FUENTES-COBO, Carmen y GARCÍA-AVILÉS, José Alberto, “La aplicación de la cláusula de conciencia de los periodistas en España. Problemas y limitaciones de un modelo incompleto” en. Cuad.inf. [online]. 2014, n.35, pp. 189-207. ISSN 0719-367X. http://dx.doi.org/10.7764/cdi.35.548., consultado el 12 de junio de 2015

33 Ídem

34 Idem

35 Idem

36 Idem

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.





 

Se recibió del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Y 58 Y UN CAPÍTULO V "DE LAS ZONAS DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS" DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

(Presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM)

Quien suscribe, Senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 62, 63, 64, 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 52, 53 y 58, Y UN CAPITULO V “DE LAS ZONAS DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS” DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México siempre hemos estado orgullosos de la gran herencia cultural que dejaron nuestros antepasados, nos vanagloriamos de esos elementos que han logrado hacernos quienes somos. Lo que da origen a la unificación de diferentes culturas y civilizaciones, lo que ha logrado caracterizarnos y representarnos ante el mundo moderno en el siglo XXI. El estudio de las civilizaciones que nos precedieron son una fuente de inspiración para nuestro país, por lo que es necesario tener una normatividad que proteja ese patrimonio que se nos ha legado y del que somos responsables de su custodia para las generaciones venideras.

Antes de entrar al estudio, es menester hacer un análisis histórico respecto a la materia de adecuaciones a la legislación en materia de monumentos arqueológicos bajo los siguientes antecedentes:

El inicio de la arqueología en la época moderna en nuestro país, se gesta en el gobierno de Porfirio Díaz, a cargo del arqueólogo Leopoldo Batres, encargado de las excavaciones de Teotihuacan, específicamente en la pirámide del Sol de 1905 a 1910, para que durante la conmemoración del centenario de la Independencia el 13 de septiembre de 1910, fuera inaugurada la zona arqueológica que da gran renombre a la zona central de México. Desde ese momento, el sitio prehispánico ha sido objeto de una serie de investigaciones continuas que dieron comienzo con las exploraciones de Batres, Manuel Gamio, Sigvald Linné, Alfonso Caso, Pedro Armillas, Eduardo Noguera, Ignacio Bernal, Jorge Acosta, Rubén Cabrera, Eduardo Matos, Guadalupe Mastache, Juan Vidarte y Laurette Séjourné, entre otros.

En este tenor, las primeras leyes que se encuentran en materia de protección del patrimonio cultural son emitidas por Porfirio Díaz con dos decretos, el 3 de junio de 1896 y el 11 de mayo de 1897, los cuales son en materia de exploraciones arqueológicas. Asimismo promulga la Ley Relativa a los Monumentos Arqueológicos, en la que por primera vez se determina que los bienes prehispánicos existentes en el territorio nacional son considerados propiedad de la nación y que nadie podía explorarlos, removerlos, ni restaurarlos sin autorización del Ejecutivo Federal; en esta ley ya se contemplaba el delito de destrucción o deterioro de los monumentos prehispánicos, pena que consistió en arresto mayor y multa de segunda clase1.

En gobiernos posteriores se promulgaron otras leyes como con Victoriano Huerta en 1914 y una iniciativa del gobierno de Venustiano Carranza de 1916, en materia de conservación de monumentos, objetos históricos, artísticos y de bellezas naturales2.

Ulteriormente a la Constitución de 1917, se realizaron algunas modificaciones, entre otras, la adición de la fracción XXV del artículo 73, en la que se faculta al Congreso de la Unión para reformar en materia de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y, durante los gobiernos de Emilio Portes Gil y Abelardo L. Rodríguez, se decretan ordenamientos en materia de protección y registro de bienes arqueológicos. Entre los que destaca la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, promulgada el 19 de enero de 19343 en la cual se prohibía la exportación de monumentos prehispánicos y los declarados como históricos por la Secretaría de Educación Pública.

Es trascendental resaltar que la ley en comento cuenta con un fundamento jurídico en la materia, debido a que incorpora el concepto de monumento, en su acepción tradicional, como un bien cuya magnificencia y estética lo distinguen de su entorno, además clasifica y distingue claramente a los monumentos prehispánicos de los históricos, señalando que eran, respectivamente:

"Producto de civilizaciones aborígenes anteriores a la consumación de la conquista”.

"Aquellos muebles o inmuebles posteriores a la consumación de la conquista y cuya conservación sea de interés público, por estar vinculados a nuestra historia política o social y porque su excepcional valor artístico o arquitectónico los haga exponentes de la historia cultural."

En esta Ley de carácter federal, se establecen como bienes jurídicos tutelados todos lo monumentos que estuvieran bajo el cuidado de la Secretaría de Educación Pública y que forman parte de los museos y galerías, el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos o el Poder Ejecutivo Federal hubiese emitido un decreto.

En 1970 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Patrimonio Cultural. Así también para el 28 de abril de 1972, se promulgó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con el objeto de fortalecer el marco jurídico para detener y prevenir actos que atenten en contra de la integridad, conservación, recuperación y propiedad del patrimonio cultural, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo del mismo año4. Este ordenamiento aun se encuentra vigente y tipifica y sanciona varias figuras delictivas.

Nuestro país tiene en su haber un gran patrimonio cultural, desde la época prehispánica hasta nuestros días, con lo que hemos construido una nación con grandes aportaciones históricas y culturales.

Asimismo, esta herencia nos coloca en una posición privilegiada en el mundo, nos muestra como un lugar con gran cultura y tradiciones, que llaman la atención del mundo moderno, al existir una gran diversidad y que parte de ello son las zonas arqueológicas, históricas y artísticas a lo largo de todo el territorio nacional.

Por ello, nos encontramos en la obligación y la necesidad de preservar, conservar y estudiar todo lo que integra la cultura de nuestro país, misma que está compuesta desde la época prehispánica, colonial, independiente y hasta el México moderno. Además de seguir en el estudio de los interrogantes que rodean a las mismas.

Cultura es “el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc”5.

Es menester mencionar, que en el país existen 187 sitios arqueológicos abiertos al público a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia6, de los cuales 13 son patrimonio Cultural de la Humanidad declarados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sin contar con los monumentos Históricos y Naturales decretados por el mismo organismo internacional.

El reconocimiento internacional es una responsabilidad que los mexicanos debemos afrontar, en cuanto a la conservación y preservación de los mismos, por lo que es obligación del Estado reforzar el marco jurídico existente para dejar un legado a la humanidad. Al respecto, la Convención de Patrimonio Cultural aceptada por México el 23 de febrero de 19847, obliga a adoptar un mayor compromiso a la conservación de los monumentos arqueológicos.

De acuerdo a Rafael de Tovar y de Teresa, en el que expresa que:

“Es de reconocer que, en el siglo XX se ha logrado la integración conceptual y material de lo que hoy entendemos y conocemos como el patrimonio cultural de México. El proceso de esta integración y conceptualización está presente en múltiples terrenos. En primer lugar, el jurídico, a través de las leyes sobre el patrimonio cultural que a lo largo del siglo XX se han producido y reflejan notablemente el sostenido enriquecimiento del concepto, al ampliarlo, definirlo y redefinirlo, en la búsqueda de un reconocimiento de las diversas clases de patrimonio, de las necesidades y problemas surgidos con el cambio social, de los medios para atenderlas y de las correspondientes responsabilidades sociales”8.

En este sentido, debemos seguir y tratar de conservar el objetivo y preservar nuestras zonas arqueológicas, lo que es un patrimonio para las futuras generaciones, las que necesitan saber que descienden de una mezcla de diversas culturas cuando el mundo no tenía la globalización que tenemos ahora.

Debido a todo lo anterior, podemos decir que México ha establecido los parámetros en cuanto a la protección de las culturas que albergaron a la sociedad Prehispánica y Colonial, así como del México Independiente y Moderno.

Hay que resaltar, que los bienes culturares son un motor que ha dado una participación directa en la vida social de las comunidades que están involucradas en el proceso, lo cual ha provocado que además de ser sujetos de estudio arqueológicos, se han convertido en elementos generadores de desarrollo económico.

La cultura puede considerarse como un impulso económico, pero sin descuidar que además son bienes integrados a los procesos educativos, los que también pueden ser capaces de impulsar una rama económica de una región determinada. Así como también, las zonas arqueológicas deben cumplir con el objetivo planteado como primordial, el sentido social y educativo.

Es forzosa la obligación de apoyar en todo momento la conservación de los bienes culturales. Además es justo decir que todos los monumentos arqueológicos jamás habían estado en el riesgo en el que se encuentran en este momento, por las constantes agresiones, no sólo de la naturaleza sino de la sociedad y de su crecimiento poblacional, generando obstáculos en el estudio de las grandes culturas que nos dieron las bases de esta Nación.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México ocupa el séptimo lugar mundial en cuanto a patrimonio cultural y primero en Latinoamérica. Asimismo, se acordó la realización de la Convención Internacional, para tratar asuntos relacionados con la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, donde se establece lo siguiente9:

Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles.

Teniendo presente que la Constitución de la Unesco estipula que la Organización ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y la protección del patrimonio universal y recomendando a los interesados las convenciones internacionales que sean necesarias para ese objeto.

Considerando que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera.

La Convención define "patrimonio cultural" de la siguiente manera:10

Patrimonio cultural significa monumentos, grupos de edificios y sitios que tienen valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico.

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

El patrimonio mundial es nuestra herencia del pasado, con lo que vivimos hoy, y lo que pasaremos a las futuras generaciones. Nuestro patrimonio cultural y natural son dos fuentes irremplazables de vida e inspiración, la identidad de cada pueblo.

Lugares únicos como Chichen Itza, Teotihuacán y Palenque entre otros muchos que existen en el país, conforman el patrimonio cultural nacional que a la vez se han convertido en patrimonio universal.

México al haber aceptado la Convención del Patrimonio Mundial11, resalta el compromiso colectivo de preservar nuestro patrimonio para las generaciones futuras. Por ello, debemos tomar toda la atención y acciones para su conservación y así poder promocionarlo al mundo como una herramienta cultural, turística y económica. Asimismo se impulsa a los estados partes a reforzar la protección del patrimonio cultural a través de programas educacionales y de información al público.

Cabe precisar que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras materiales y no materiales que expresan su creatividad, como pueden ser la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.

Puede aumentar el número de lugares considerados como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya que ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se hace la petición de considerar a otros sitios o diferentes manifestaciones culturales como la gastronomía. Por otro lado, también puede disminuir el número de lugares considerados patrimonio, esto sucede si se descuidan los sitios y son modificados por la negligencia de los gobiernos y la población. Por eso, es muy importante hacer conciencia para respetar, cuidar y valorar estos y otros lugares de México.

México cuenta con zonas de monumentos arqueológicos distribuidos a lo largo del país, que a la vez han sido declaradas patrimonios culturales de la humanidad por la UNESCO12, a saber:

Patrimonio Cultural en México declarados por la UNESCO

Monumentos Arqueológicos

Monumentos Históricos y Artísticos

Patrimonio Natural

1. Centro histórico de México y Xochimilco (1987)

2. Centro histórico de Oaxaca y zona arqueológica de Monte Albán (1987)

3. Ciudad prehispánica de Teotihuacán

4 .Ciudad prehispánica y parque nacional de Palenque (1987)

5. Sian Ka'an (1987)

6. Ciudad prehispánica de Chichén-Itzá (1988)

7. Ciudad prehispánica de El Tajín (1992)

8. Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco (1993)

9. Ciudad prehispánica de Uxmal (1996)

10. Zona arqueológica de Paquimé (Casas Grandes) (1998)

11 Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco (1999)

12. Antigua ciudad maya de Calakmul (Campeche) (2002)

13. Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca (2010)

14. Zona de monumentos históricos de Tlacotalpán (1998).

1. Centro histórico de Puebla (1987)

2. Ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes (1988)

3. Centro histórico de Morelia (1991)

4. Centro histórico de Zacatecas (1993)

5. Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatepetl (1994)

6. Zona de monumentos históricos de Querétaro (1996)

7. Hospicio Cabañas de Guadalajara (1997)

8. Ciudad histórica fortificada de Campeche (1999)

9. Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro (2003)

10. Casa-Taller de Luis Barragán (2004)

11. Campus central de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (2007)

1. Santuario de ballenas de El Vizcaíno (1993)

2. Islas y Áreas protegidas del Golfo de California (2005)

3. Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila (2006)

4. Reserva de biosfera de la mariposa monarca (2008)

5. Villa Protectora de San Miguel el Grande y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco (2008)

6. Camino Real de Tierra Adentro (2010)

7. La reserva de biósfera de El Pinacate y el Gran Desierto de Altar (2013).

De forma semejante, se deben de tomar en cuenta las recomendaciones y criterios derivados de las convenciones, normas, declaraciones, cartas y documentos internacionales aplicables en la materia, especialmente como lo establecen los Lineamientos para el Manejo y Operación de Zonas Arqueológicas con Visita Pública, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia13:

A) La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, firmada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, suscrita por México ante la UNESCO en noviembre de 1972 y ratificada por el Senado de la República en diciembre de 1983, que establece la obligación de los estados parte de: “...identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, asimismo que los estados parte procurarán, entre otras medidas: a) adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general; b) instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban; c) desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural; y d) adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio”.

B) La Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos (Carta de Venecia 1964), adoptada por el Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios(ICOMOS)14 en 1965, que considera que la conservación y restauración de monumentos constituye una disciplina que abarca todas las ciencias y técnicas que puedan contribuir al estudio y a la salvaguarda del patrimonio monumental, que la conservación de monumentos implica primeramente la constancia en su mantenimiento y que el mantenimiento de las ruinas y las medidas necesarias para la conservación y protección permanente de los elementos arquitectónicos y de los objetos descubiertos deben estar garantizados. Además, que se emplearán todos los medios que faciliten la comprensión del monumento descubierto, sin desnaturalizar su significado.

C) La Carta de México en Defensa del Patrimonio Cultural, documento de la Reunión Internacional sobre la defensa del Patrimonio Cultural como Reencuentro con la Solidaridad Social y la Unidad Nacional de 1976, que establece que el patrimonio cultural humano comprende tanto las creaciones heredadas del pasado que deben ser identificadas, defendidas y preservadas, y también, principalmente la herencia viva de técnicas, tradiciones, habilidades artísticas, sensibilidades estéticas, creencias y comprensiones, a través de los cuales los pueblos actuales se expresan. Asimismo, señala que es indispensable incluir en todos los programas de desarrollo nacional y regional una preocupación activa por la defensa del patrimonio cultural.

D) La Carta de Burra15 para los Sitios de Significación Cultural, adoptada por el ICOMOS Australia en 1979, que indica que el objetivo de la conservación es preservar la significación cultural de una zona arqueológica, que la conservación es parte integral de una buena gestión de los sitios y que éstos deberán ser salvaguardados y no deberán ser sometidos a riesgo o expuestos a un estado vulnerable.

También expresa que la conservación debe hacer uso de todo el conocimiento, las experiencias y las disciplinas que puedan contribuir al estudio y cuidado de un sitio, que esta conservación para un sitio debe identificar y tomar en cuenta todos los aspectos de su significado cultural y natural y que requiere del mantenimiento de un entorno visual apropiado. A su vez, refiere que la política de gestión de un sitio debe basarse en la comprensión de su significado cultural.

Finalmente se menciona que la conservación, interpretación y gestión de un sitio debe contemplar la participación de la gente para la cual el sitio tiene especiales asociaciones y significados.

E) La Carta Internacional para la Protección y Manejo del Patrimonio Arqueológico, preparada por el Comité Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico y adoptada por el ICOMOS en 1990, que manifiesta que el patrimonio arqueológico es un recurso cultural frágil, no renovable y que constituye el testimonio esencial de las actividades humanas del pasado, por lo cual, su protección y adecuado manejo son imprescindibles para permitir a los arqueólogos y a otros científicos estudiarlo e interpretarlo en nombre de generaciones presentes y futuras para su beneficio. Asimismo, establece que la protección del patrimonio arqueológico debe basarse en una colaboración efectiva entre especialistas de múltiples y diversas disciplinas, también que exige la cooperación de las instancias de la administración, de investigación, de empresas privadas y del público.

Finalmente menciona que las políticas para la protección del patrimonio arqueológico deben constituir un componente integral de aquellas relativas al uso de la tierra, desarrollo y planeación, cultura, ambiente y educación, a su vez indica la necesidad de incluir en las políticas de conservación del patrimonio arqueológico la participación activa de la población.

F) La Carta de Ename16 del ICOMOS para la Interpretación de los Sitios Patrimoniales Culturales de 1995, que menciona que el objetivo principal de la interpretación debe ser comunicar los valores y los significados de los sitios patrimoniales culturales; que la interpretación efectiva debe aumentar la experiencia, incrementar el respeto y el entendimiento público del significado de estos sitios, así como comunicar la importancia de conservarlos. Menciona además que la interpretación del significado de los sitios es una parte integral del proceso de conservación y que es fundamental para tener resultados positivos en este campo.

G) Los Principios para la Preservación, Conservación y Restauración de Pinturas Murales, ratificados por el ICOMOS en el 2003, que establecen que las superficies arquitectónicas y las capas de acabados, con sus valores históricos, estéticos y técnicos, deben considerarse como componentes de igual importancia que los monumentos; así como que todos los proyectos de conservación deben iniciarse mediante una investigación científica sólida y rigurosa.

A pesar de todo lo anterior, el patrimonio cultural está cada vez más amenazado por múltiples factores, uno de estos es el crecimiento poblacional o demográfico sin reglamentación por parte de las autoridades, lo que permite que las zonas de monumentos arqueológicos, sean cercadas por las manchas urbanas de las localidades adyacentes, ocasionando daños irreversibles por todos los efectos generados por las actividades humanas.

El caso Walmart de Teotihuacan que data desde 2004, es un ejemplo que demuestra la falta de regulación que existe para limitar la construcción de edificaciones alrededor de las zonas de monumentos arqueológicos. Al respecto el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha emitido un comunicado que a la letra dice:

“A iniciativa de la dirección general del INAH, desde el pasado mes de diciembre, se solicitó la realización de una nueva investigación del caso Walmart en San Juan Teotihuacan, Estado de México, tanto la Secretaría de la Función Pública, así como a otras instituciones para que las mismas sean, quienes una vez más, emitan sus respectivas resoluciones sobre este tema. Cabe aclarar que en su momento el expediente fue rigurosamente investigado por dichas instancias desde el 2004, concluyendo que no existió falta administrativa ni comisión de delito que perseguir. Con un claro interés por la claridad de nuestras acciones institucionales”17.

En este evento la compañía Walmart18 obtuvo autorización de construcción y apertura de una tienda en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacan desde el 2004, a escasos 2.5 km, de la pirámide del Sol, dentro del perímetro establecido en el decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos19.

Es necesario poner de manifiesto, que a pesar de las controversias que ocasionó en 2004 la apertura de una tienda de la cadena estadounidense Walmart en los alrededores de la zona arqueológica de Teotihuacan, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ha seguido otorgando permisos a dicha cadena de supermercados en lugares aledaños a sitios históricos y/o prehispánicos, por ejemplo: Amecameca, Estado de México; Cholula, Puebla, y Filobobos, Veracruz.

Por lo que el Instituto debe de reglamentar de manera más eficaz, con la finalidad de proteger el patrimonio cultural. Este evento no sólo es estético, acarrea consecuencias ecológicas y ambientales, provocando que alrededor de la zona se haya incrementado el tráfico de personas, vehículos y bienes, generando contaminación de motores de gasolina que impactan directamente el conjunto arqueológico.

En este orden de ideas, se considera la necesidad de restringir las construcciones alrededor de las zonas arqueológicas, por medio de la creación de un perímetro alrededor de toda la superficie, la que busca ser considerado de protección.

El Ejecutivo Federal es el encargado de emitir un decreto por el cual se declaran las zonas de monumentos arqueológicos, fundamentado en los artículos 5º y 37 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Por lo que, por cada zona arqueológica existe un Decreto por el que se emite la declaratoria por parte del Ejecutivo Federal, en donde se funda y motiva la justificación para el caso en concreto, las características principales y el perímetro. Asimismo se enmarcan las restricciones a la que es sujeto el predio delimitado.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia es el órgano competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos20. El cual deberá ser el encargado de proteger el perímetro en las áreas mencionadas por medio de los análisis y estudios correspondientes. Los cuales deben de estar sustentados por los expertos en el tema o peritos competentes.

Por ello, la presente iniciativa busca reforzar diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en la que se contempla establecer un área aledaña alrededor del perímetro poligonal que conforma la visita pública al sitio, con el objeto de salvaguardar el patrimonio cultural del terreno especificado.

Es indispensable determinar una división y subdivisión en las zonas de monumentos arqueológicos, para salvaguardar y preservar el patrimonio cultural de los daños que puedan provocar los asentamientos humanos por las edificaciones alrededor de la Zona de Monumentos Arqueológicos con visita pública. Al delimitar un perímetro alrededor del área referida se podrán amortiguar los efectos de deterioro por causas humanas en toda la zona y así conservar el patrimonio cultural del país.

Esta área de protección se deberá establecer y dividir con subzonas e infrazonas con el propósito de preservar y mantener las construcciones arqueológicas a largo plazo, la subzona núcleo que será el área principal en la que se deben localizar los inmuebles arqueológicos, en la que se limitarán las actividades científicas, educativas y turismo, que tendrá una infrazona de protección.

Asimismo, se debe establecer la subzona de amortiguamiento que tendrá como función principal orientar funciones necesarias para el aprovechamiento y protección de la subzona núcleo, la que estará subdividida en dos partes siendo las infrazonas de uso público y de asentamientos humanos. La infrazona de uso público comprenderá las actividades humanas necesarias para la realización científica, arqueológica, antropológica, turismo, servicios administrativos y públicos, en donde es posible distribuir las concentraciones de visitantes, en los límites que se determinen con base en la capacidad de carga de las Zonas de Monumentos Arqueológicos.

Además, la infrazona de asentamientos humanos, será la que comprenda a las comunidades que se han establecido a lo largo del tiempo previamente al descubrimiento y decreto por el que se declara por parte del Ejecutivo Federal de la Zona de Monumentos Arqueológicos. Por lo que no estarán permitidos ningún tipo de asentamientos humanos posteriores, con la finalidad de mantener distancias apropiadas de centros urbanos y posible crecimiento de la población buscando el amortiguamiento y aminorar el efecto de deterioro.

Adicionalmente, se establecen las prohibiciones en la subzona núcleo y amortiguamiento con el fin preservar los monumentos arqueológicos. Como lo serían:

● Destruir, deteriorar y dañar los inmuebles, tanto arqueológicos como de servicio que conforman la Zona de Monumentos Arqueológicos.

● Levantar construcciones o edificios de cualquier tipo, a excepción de las que sean indispensables para la conservación, preservación y restauración de los monumentos arqueológicos que se encuentran dentro de la subzona núcleo, siendo provisionales y con la autorización correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

● Levantar edificios o construcciones de cualquier tipo en la subzona de amortiguamiento sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

● Realizar excavaciones, investigaciones científicas, arqueológicas y antropológicas sin el permiso correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

● Sacar, remover o retirar piezas arqueológicas de la Zona de Monumentos Arqueológicos sin el permiso correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

● Realizar actividades culturales o espectáculos sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que por su naturaleza puedan deteriorar o alterar los Monumentos Arqueológicos.

Igualmente, se considera que el establecer sanciones es un tema importante, para que cuando se determine por utilidad una construcción en las zonas de monumentos arqueológicos exista una sanción por infringir el ordenamiento jurídico. Es sabido que, “para que un sistema de normas jurídicas que carece de una aplicación del derecho organizada de forma centralizada y de exigibilidad es un sistema de derecho imperfecto”21. En este mismo orden de ideas, las normas jurídicas en el derecho positivo para que sean consideradas perfectas “Plus Quam Perfectas”, son aquellas que al transgredirse imponen una sanción, sino es así, se consideran imperfectas, (cuya infracción no solamente no produce la nulidad del acto, tampoco imponen sanciones al infractor). Por lo que es imperativo que la norma en cuestión tenga una sanción. Para que sí en el caso de que llegase a construir cualquier tipo de edificación sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se deberán reparar los daños, lo que sería la demolición a cargo del infractor, además de la sanción que consistiría en el pago pecuniario establecido en la ley.

Por una parte, el cuidado y preservación de las Zonas de Monumentos Arqueológicos con visita pública, es una gran responsabilidad institucional, profesional, social y cultural. En este sentido, intervienen distintos actores de la sociedad que se encuentran conectados activamente en el lugar, desde la población de las comunidades aledañas, los trabajadores, estudiosos y científicos como también los visitantes del sitio en cuestión.

Conviene anotar que, manejar un sitio arqueológico es una tarea de gran envergadura, pero que a la vez presenta una infinidad de oportunidades, que representa la forma más directa de exponer los valores de la cultura en el ámbito social que es de gran beneficio educativo, social y financiero para las localidades y para el país. Es por ello que, una zona de monumentos arqueológicos es un ambiente con múltiples formas de actuar en cuanto al ejercicio de la investigación y conservación arqueológica, del turismo y del desarrollo social. Además de las distintas oportunidades para la población en cuanto a crecimiento económico.

Por lo que se considera incluir dentro de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, un plan de trabajo en el cual se incorporen los criterios con los que se llevarán a cabo todos los trabajos de conservación y preservación de las áreas objeto de esta iniciativa.

Para lo cual se propone la elaboración de un Plan de Manejo por cada Zona de Monumentos Arqueológicos por el decreto por el Poder Ejecutivo Federal, en la que se determinarán los objetivos, parámetros y alcances a corto, mediano y largo plazo, la que será elaborada por profesionistas especializados en materia de historia, antropología social, antropología física, arqueología, lingüística, etnohistoria, etnología, arquitectura, conservación del patrimonio, conservación y restauración, el responsable técnico de la zona de monumentos arqueológicos, y contar con el aval de una institución educativa especializada en materia de arqueología y antropología, con el fin de asegurar el máximo cuidado y vigilancia al patrimonio cultural de país.

El Plan de Manejo que se pone a consideración en este proyecto, deberá cubrir distintos requisitos para su elaboración, con la finalidad de que todos los sitios arqueológicos lo emitan dentro de los parámetros establecidos, siendo que cada sitio tendrá características diferentes, debido a sus propias peculiaridades.

Finalmente, se debe precisar que, el Pacto por México22 en el compromiso 16, el Ejecutivo Federal establece la necesidad de proteger el patrimonio cultural del país, a través de una legislación que reconozca las nuevas relaciones entre la Federación y los gobiernos de las entidades federativas y los municipios. De igual forma, la adecuada restauración, sobre todo de los sitios arqueológicos, permitirá una vinculación más eficaz entre la cultura y la promoción turística detonando el empleo y el desarrollo regional.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 52, 53 y 58, Y UN CAPITULO V “DE LAS ZONAS DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS” DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS.

Artículo Único.- Se adicionan los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 58, y un Capítulo V “De las Zonas de Monumentos Arqueológicos”, recorriéndose en su orden los actuales capítulos y artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

CAPÍTULO V

De las Zonas de Monumentos Arqueológicos

ARTÍCULO 44.-Las Zonas de Monumentos Arqueológicos dentro del territorio nacional sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en la que su arquitectura y cultura requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 45 .- Se consideran Zona de Monumentos Arqueológicos, a las áreas en que se encuentren vestigios o que se presuma la existencia de culturas prehispánicas por Decreto del Poder Ejecutivo Federal.

En las Zonas de Monumentos Arqueológicos no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población.

ARTÍCULO 46.- El establecimiento de subzonas en las Zonas de Monumentos Arqueológicos, tiene por objeto:

I.- Preservar y salvaguardar las construcciones arqueológicas representativas de las diferentes regiones de las civilizaciones anteriores, para asegurar el estudio y conservación de la diversidad cultural del país;

II.- Asegurar la preservación y el aprovechamiento de los monumentos arqueológicos.

III.- Proporcionar un campo propicio para la investigación científica en materias arqueológicas, antropológicas y culturales de los mismos.

IV. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento de los monumentos que se encuentran en las zonas arqueológicas.

ARTÍCULO 47. Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, en relación al establecimiento de las Zonas de Monumentos Arqueológicos, se realizará una división y subdivisión que permita identificar y delimitar las porciones del territorio que la conforman, acorde con el estudio correspondiente emitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

La constitución de la delimitación territorial de la Zonas de Monumentos Arqueológicos se llevará a cabo a través de las siguientes subzonas y sus respectivas infrazonas, de acuerdo a:

I. Las subzona núcleo, tendrá como principal objetivo la preservación de las construcciones arqueológicas y su funcionalidad a mediano y largo plazo, en donde se podrán autorizar las actividades de salvaguarda de las construcciones y sus elementos, de investigación científica, educación y turismo cultural y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren las edificaciones. Esta zona podrá estar conformada por la siguiente infrazona:

a) De protección:  Conformada por el área especificada en el Decreto del Ejecutivo Federal en el que se designa como Zona de Monumentos Arqueológicos protegida, la cual requiere de un cuidado especial para asegurar su conservación a largo plazo.

En la infrazona de protección sólo se permitirán las actividades de investigación científica, arqueológica, antropológica, turística y cultural, que busque la preservación y cuidado de los monumentos.

II. Subzona de amortiguamiento, que tendrá como función principal orientar a que las actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia la conservación de los monumentos arqueológicos, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los mismos a largo plazo, y podrá estar conformada básicamente por las siguientes infrazonas:

a) De uso público: Superficies externas de la subzona núcleo con las funciones que son necesarias para la realización de la investigación científica, arqueológica, antropológica, turismo y actividades de servicios administrativos y públicos, en donde es posible mantener concentraciones de visitantes, en los límites que se determinen con base en la capacidad de carga de las Zonas de Monumentos Arqueológicos.

En dichas infrazonas se podrá llevar a cabo exclusivamente la construcción de instalaciones para el desarrollo de servicios de apoyo, a la investigación y monitoreo científico, arqueológico, antropológico y turismo congruentes con los propósitos de protección y manejo de cada Zona de Monumentos Arqueológicos.

b) De asentamientos humanos: En aquellas superficies en las que se ha desarrollado asentamientos humanos previos al decreto de la Zona de Monumentos Arqueológicos.

En las subzonas de amortiguamiento deberá tomarse en consideración las actividades productivas que lleven a cabo las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición del decreto respectivo.

ARTÍCULO 48.- En el Decreto de las Zonas de Monumentos Arqueológicos, podrán establecerse una o más subzonas núcleo y de amortiguamiento, según sea el caso, las cuales a su vez, podrán estar conformadas por una o más infrazonas, que se determinarán mediante el estudio correspondiente por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En el caso en que el decreto correspondiente sólo prevea un polígono general, éste podrá subdividirse por una o más infrazonas previstas para la zona de amortiguamiento.

ARTÍCULO 49.- En la subzona núcleo y amortiguamiento de las Zonas de Monumentos Arqueológicos quedará expresamente prohibido:

I. Destruir, deteriorar y dañar los inmuebles, tanto arqueológicos como de servicio que conforman la Zona de Monumentos Arqueológicos.

II. Construir edificios o construcciones de cualquier tipo, a excepción de las que sean indispensables para la conservación, preservación y restauración de los monumentos arqueológicos que se encuentran dentro de la subzona núcleo, siendo provisionales y con la autorización correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

III. Construir edificios o construcciones de cualquier tipo en la subzona de amortiguamiento sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

IV. Realizar excavaciones, investigaciones científicas, arqueológicas y antropológicas sin el permiso correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

V. Sacar, remover o retirar piezas arqueológicas de la Zona de Monumentos Arqueológicos sin el permiso correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

VI. Realizar actividades culturales y artísticas sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que por su naturaleza puedan deteriorar o alterar los Monumentos Arqueológicos.

VII. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por esta Ley, la decreto respectivo y las demás disposiciones que de ellas se deriven.

Articulo 50. Para efectos de esta Ley se entenderá por plan de manejo, el documento técnico operativo de las Zonas de Monumentos Arqueológicos, que tiene como fin la conservación y preservación del lugar y satisfacer los objetivos culturales y sociales. El cual estará sujeto a aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que tendrá como base los Lineamientos para el Manejo y Operación de Zonas Arqueológicas con Visita Pública.

Articulo 51. Las zonas de monumentos arqueológicos por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, deberán contar con un plan de manejo, el cual será elaborado por profesionistas especializados en materia de historia, antropología social, antropología física, arqueología, lingüística, etnohistoria, etnología, arquitectura, conservación del patrimonio, conservación y restauración, el responsable técnico de la zona de monumentos arqueológicos, y contar con el aval de una institución educativa especializada en materia de arqueología y antropología. En caso de incumplimiento, se sancionará de conformidad con la Ley Federal sobre Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Articulo 52. El plan de manejo de las zonas de monumentos arqueológicos deberán comprender:

A) Objetivos específicos; metas a corto, mediano y largo plazos; e indicadores de éxito.

B) Información arqueológica de cada una de las partes que comprenden la zona.

C) La descripción física del área y su infraestructura.

D) Los métodos de muestreo.

E) El calendario de actividades relacionadas con la conservación,  preservación y restauración

F) Las medidas de preservación y restauración de los inmuebles y muebles que comprenden la zona arqueológica.

G) Las medidas de contingencia.

H) Los mecanismos de vigilancia.

Articulo 53. Los profesionistas especializados encargados de realizar el plan de manejo de las zonas de monumentos arqueológicos deberán comprobar:

A) Titulo y cédula profesional en la materia

B) Experiencia comprobable en zonas de monumentos arqueológicos mayor a 5 años.

C) Publicación de artículos en revistas y páginas electrónicas especializadas.

D) Ponencias y conferencias en simposium de la materia.

CAPITULO VI

De la Competencia.

ARTICULO 54.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.

ARTICULO 55.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos.

ARTICULO 56.- En caso de duda sobre la competencia de los Institutos para conocer un asunto determinado, el Secretario de Educación Pública resolverá a cual corresponde el despacho del mismo.

Para los efectos de competencia, el carácter arqueológico de un bien tiene prioridad sobre el carácter histórico, y éste a su vez sobre el carácter artístico.

CAPITULO VII

De las Sanciones.

ARTICULO 57.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de cien a diez mil pesos.

ARTÍCULO 58.- Al que realice construcciones o edificaciones en la Zona de Monumentos Arqueológicos, sin la autorización correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá una multa de mil a un millón de pesos y se demolerá la construcción por la que se determinó la sanción, cuyos gastos correrán a cargo del infractor.

ARTICULO 59.- Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de tres mil a quince mil pesos.

Si los delitos previstos en esta Ley, los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

ARTICULO 60.- Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de mil a quince mil pesos.

ARTICULO 61.- Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monumento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de uno a seis años y multa de cien a cincuenta mil pesos.

ARTICULO 62.- Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa de tres mil a quince mil pesos.

ARTICULO 63.- Al que por medio de incendio, inundación o explosión dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

ARTICULO 64.- Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de dos a doce años y multa de cien a cincuenta mil pesos.

ARTICULO 65.- A los reincidentes en los delitos tipificados en esta Ley, se les aumentará la sanción desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor.

Para resolver sobre reincidencia y habitualidad se estará a los principios del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable en toda la República en materia federal.

Los traficantes de monumentos arqueológicos serán considerados delincuentes habituales para los efectos de esta Ley.

La graduación de las sanciones a que esta Ley se refiere se hará tomando en cuenta la educación, las costumbres y la conducta del sujeto, sus condiciones económicas y los motivos y circunstancias que lo impulsaron a delinquir.

ARTICULO 66.- Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de cien a cincuenta mil pesos, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de reconsideración, en los términos del Reglamento de esta Ley.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Ejecutivo tendrá un plazo de noventa días para realizar el registro del área externa de protección de cada zona de monumentos arqueológicas. En el caso que alguna zona arqueológica no permita tener un área de protección se hará la referencia correspondiente.

Tercero. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, deberá haber autorizado el Plan de Manejo de cada Zona de Monumentos Arqueológicos en un plazo no mayor a 90 días.

Cuarto. El Ejecutivo Federal, contará con un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para las adecuaciones al Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

Dado en el recinto del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 30 de junio de 2015.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 Olvera, Guillermo.El patrimonio cultural de México, legislación y defensa jurídica. Tesis para obtener el grado de licenciatura en derecho por la Universidad de Guadalajara.

2 Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales publicada el 6 de abril de 1914 fue el primer intento serio por otorgar protección a diversos bienes del patrimonio cultural de una forma sistemática, pues señalaba, entre otras cosas la necesidad de incorporar el concepto de restauración; establece además un concepto de patrimonio cultural de manera explícita, señalando en su primer considerando que los monumentos, edificios y objetos artísticos e históricos constituyen un patrimonio de la cultura universal que los pueblos deben conservar y cuidar empeñosamente. Por otro lado, la conservación de los bienes se declaró de utilidad pública nacional, bajo la protección de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, a través de la Inspección Nacional de Monumentos Artísticos e Históricos, antecedente del actual Instituto Nacional de Antropología e Historia.

3 Decreto por el que se expide la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, 19 de enero de 1934. Diario Oficial de la Federación. Página 225.Página de internet consultada el 7 de abril de 2014. http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=191190&pagina=5&seccion=0

4 Decreto por el que se promulga la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Diario Oficial de la Federación. 6 de mayo de 1972. Página de internet consultada el 7 de abril de 2014.
http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4808187&fecha=06/05/1972&cod_diario=206950

5 Definición del Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española.  http://lema.rae.es/drae/?val=cultura

6 Red de Zonas Arqueológicas. Página web del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Consultada el 7 de abril de 2014.
http://www.inah.gob.mx/index.php/zonas-arqueologicas

7 Convención de Patrimonio Cultural. 23/02/1984 Ac. Acceptance (Ac).
http://whc.unesco.org/en/statesparties/mx

8 El patrimonio cultural de México en el siglo XX. Conoce el punto de vista del escritor Rafael Tovar y de Teresa sobre el siglo XX, espacio de tiempo que el también diplomático considera como “el siglo de la conciencia del Patrimonio Cultural en México” Página web consultada el 7b de abril de 2014.
http://www.mexicodesconocido.com.mx/el-patrimonio-cultural-de-mexico-en-el-siglo-xx.html

9 La que fue aprobada por la Unesco el 16 de noviembre de 1972. http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/conv.htm

10 Carpeta de Información sobre el Patrimonio Mundial. Página Web de la UNESCO, consultada el 7 de abril de 2014. Página 3.
http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-567-3.pdf

11 States Parties: Ratification Status. Página web consultada de UNESCO, el 5 de abril de 2014.http://whc.unesco.org/en/statesparties/mxFirma o aceptación de la Convención de Patrimonio Cultural. 23 de febrero de 1984. Acceptance (Ac).

12 Properties inscribed on the World Heritage List. Página web de UNESCO, consultada el 5 de abril de 2014.
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

13 Lineamientos para el Manejo y Operación de Zonas Arqueológicas con Visita Pública, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 29 de noviembre de 2006. Página web del INAH, consultada en 7 de abril de 2014. http://www.inah.gob.mx

14 Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo “A” de UNESCO de carácter no gubernamental y fines no lucrativos, que actualmente reúne un centenar de países a través de Comités Nacionales, agrupando a cerca de 10,000 personas e instituciones que trabajan en la conservación del patrimonio cultural.

15 Teniendo en consideración la Carta Internacional para la conservación y Restauración de Monumentos y Sitios (Venecia 1964), y las Resoluciones de la 5ª Asamblea General del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Moscú 1978), la Carta Burra Fue adoptada el 19 de agosto de 1979 por el ICOMOS Australia (Comité Nacional Australiano del ICOMOS) en Burra, Australia del Sur. Fue actualizada el 23 de febrero de 1981, el 23 de abril de 1988 y el 26 de noviembre de 1999. ICOMOS internacional, página web consultada el 7 de abril de 2014.
http://www.international.icomos.org/charters/burra1999_spa.pdf

16 El Centro Ename para la arqueología pública y presentación del patrimonio es uno de los principales centros internacionales con conocimientos y experiencia en la interpretación del patrimonio. Este centro fue la base para crear el convenio de Ename ICOMOS para la Interpretación y Presentación del Patrimonio Cultural. ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, además de ser un órgano consultivo de la UNESCO él proporciona al Comité del Patrimonio Mundial evaluaciones de bienes culturales y mixtos que son propuestos para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial.
Este centro cuenta con proyectos en Flandes, Europa, así como en el resto del mundo los que se caracterizan por un enfoque creativo, abierto, multidisciplinar y científico. Cuyo objetivo es dar a la herencia cultural un papel dinámico en el mundo.
Página web del Centro Ename, consultada el 7 de abril de 2014. http://www.enamecenter.org/EEC2013/index-S.html

17 http://www.inah.gob.mx/index.php, página consultada el 12 de marzo de 2013.

18 Reportaje del New York Times del 17 de diciembre de 2012, en el que pone de manifiesto corrupción que impera en la empresa transnacional de supermercados Walmart, para obtener autorizaciones con el afán de obtener los permisos de construcción y licencias de funcionamiento con rapidez y en zonas que no lo permite el uso de suelo, como lo es el caso de Walmart Piramides de Teotihuacan y Basílica de Guadalupe. 
http://www.nytimes.com/2012/12/18/business/walmart-bribes-teotihuacan.html?pagewanted=all&_r=0

19 Decreto por el que se declara Zona de Monumentos Arqueológicos el área conocida como Teotihuacan. Publicado en el Diario Oficial el 30 de abril de 1964. Página web del diario Oficial de la Federación consultada el 4 de abril de 2014.
http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4781998&fecha=30/04/1964&cod_diario=205904

20 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Artículo 44.

21 Alexy, Robert. El Concepto y la Naturaleza del Derecho. Marcial Pons. España, 2008. Página 61.

22 Pacto por México, Compromiso 16. Página 6.





 

Se recibió del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 9 Bis y se reforma la fracción XI del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de garantía de los derechos a la vida y a la integridad en asilos, albergues o centros de cuidado y atención similares, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9O. BIS Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, EN MATERIA DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD EN ASILOS, ALBERGUES O CENTROS DE CUIDADO Y ATENCIÓN SIMILARES

(Presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículos 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9º BIS Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 28 DELA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES,EN MATERIA DE GARANTIA DE LOS DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD EN ASILOS, ALBERGUES O CENTROS DE CUIDADO Y ATENCION SIMILARES al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Vulnerabilidad de las Personas Adultas Mayores.

El 23 de junio del año en curso se registró un ataque en contra de personas adultas mayores. En el municipio de Mexicali, Baja California fue provocado un incendio en un albergue resultando muertas 17 personas adultas mayores. El dictamen elaborado por el cuerpo de bomberos de dicho municipio concluyó que el incendio tuvo carácter intencional. En el curso de las líneas de investigación se ha logrado saber que la agresión se produjo en el contexto de controversias entre los propietarios del albergue. Además de fincar responsabilidad penal a quien resulte responsable, estos hechos lamentables debieran traer la consecuencia de mejorar las normas en torno a los derechos de las personas adultas mayores. La presente iniciativa tiene la finalidad de emitir una preceptiva que garantice la seguridad de las personas adultas mayores en asilos, albergues o estancias poniéndolas a salvo de ataques por parte del personal que les tiene bajo su cuidado llenando el vacío legal en la ley de la materia.

La dinámica laboral junto con la falta de cohesión social en muchas zonas del país ha provocado que, con una tendencia creciente, las familias opten por depositar a las personas adultas mayores en asilos, albergues o lugares similares. La decisión de separar a los adultos mayores del seno familiar se toma casi siempre cuando las personas en edad avanzada se ven impedidas de valerse por sí mismas casi siempre a consecuencia de alguna enfermedad de carácter crónico o incurable. Algunos requieren apoyo para desplazarse o de un acompañante para salir a la calle. Otros necesitan ayuda para ingerir alimentos, bañarse y levantarse de la cama. Sin importar el tipo de auxilio o apoyo, los adultos mayores se tornan en su mayoría en personas dependientes. En estas circunstancias, los adultos mayores se convierten en personas extremadamente vulnerables independientemente de que queden a cargo de sus familias o que sean trasladados a otro lugar. Con el propósito de compensar la situación de vulnerabilidad de las personas adultas mayores, los lugares donde reciben cuidado y atención permanentes quedan sujetos a la observancia de las leyes, reglamentos y acuerdos en materia de protección civil. Sin embargo, dichas normas se aplican únicamente por lo que hace a las condiciones del inmueble y sus instalaciones y equipos. Existe un vacío legal que el incendio que tuvo lugar en Mexicali el 23 de junio del año en curso puso en evidencia. La investigación, si bien en curso, aporta elementos en el sentido de que el incendio de Mexicali fue provocado, al parecer por los propietarios que tenían a su cargo el albergue. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de tomar en cuenta el factor humano para logar el mayor nivel de seguridad de las personas adultas mayores que se encuentran en espacios de atención y cuidados permanentes.

En México habitan más de 10 millones de personas adultas de más de 60 años según datos del Censo de Población y Vivienda levantado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI.1Diez de cada 100 habitantes tienen 60 años o más. De éstos, “solamente 0.4% de los individuos mayores de 60 años vivía en instituciones en la década de los 90’s, en 70% de los casos se tratan de mujeres que viven principalmente en asilos, instituciones religiosas y hospitales (Gomes, 1998).”2

En este orden de ideas, aproximadamente cuarenta y un mil adultos mayores pasan la última etapa de su vida en asilos o albergues. La vejez es una condición biológica caracterizada por la declinación progresiva de las facultades del ser humano. Casi siempre, las enfermedades que padecen las personas adultas mayores que se encuentran en un asilo o establecimiento similar traen consigo algún tipo de discapacidad. Al respecto, el experto en temas de envejecimiento José Carlos García Ramírez, expresa lo siguiente: "En 2008, un estudio llevado a cabo por el Centro de Economía y Salud, clasificó independientemente del género las necesidades prioritarias de los adultos mayores mexicanos en tres categorías, basadas en el grado de discapacidad. La primera categoría, de alta discapacidad, incluyó las caídas, las demencias, la artritis reumatoide y la osteoartritis. La segunda categoría consideró las pérdidas entre muertes prematuras y discapacidad, por las enfermedades cerebro-vasculares, la nefritis y la nefrosis y la cardiopatía hipertensiva. La tercera categoría fue constituida por las necesidades que se generan cuando las pérdidas son, fundamentalmente, por una muerte prematura, la cardiopatía isquémica, la diabetes mellitus, el cáncer y neumonías. Ese estudio aclaró que las demencias han sido un grave problema de discapacidad y deben ser atendidas en forma integral. A este respecto, en 2007 las afecciones demenciales eran la tercera causa de discapacidad en las mujeres mexicanas de la tercera edad y, para los hombres, ocupaban el quinto lugar.”3Por otra parte, la debilidad propia de los adultos mayores se ve agravada en múltiples ocasiones por las prácticas discriminatorias de que lamentablemente todavía son objeto. En nuestro país, 27.9 por ciento de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad.4

Sobre la identificación oportuna del agresor.

La única forma de contener una agresión en contra de las personas adultas mayores que se encuentren en un asilo, estancia o centro de día es a través de la detección con toda oportunidad del probable perpetrador de los hechos ilícitos. Un análisis desde el punto de vista de la victimología arroja como primera conclusión que las agresiones en contra de las y los adultos mayores que se encuentren en asilos o estancias serían provenientes de las personas que tienen relación inmediata y directa con ellos, esto es, las personas que participan por parte del albergue que van desde los propietarios hasta el personal que realiza actividades de limpieza pasando por los administradores, directivos, médicos, trabajadoras sociales, enfermeros y personal administrativo en general. También es probable que la fuente de agresiones pueda provenir de los parientes que solicitan o realizan visitas a las y los adultos mayores en los centros de cuidado, en cuyo caso el ataque se inscribe en la dinámica de las relaciones familiares. Finalmente, de más baja probabilidad pero también entraña un riesgo, se encuentran los individuos que de manera frecuente entran en relación con el asilo o estancia principalmente aquellos que proveen todo tipo de bienes y servicios.

En otros ámbitos de la vida social, cuando se quiere identificar potenciales transgresores de la ley, se opta por la aplicación de exámenes psicológicos, los cuales hoy día se pueden aplicar utilizando sistemas de cómputo para bajar los costos y lograr un pre-diagnóstico básico casi de inmediato, mismo que identifica patrones de personalidad de riesgo a los cuales en satisfacción de su legítimo derecho a la salud mental se les puede ofrecer la atención debida mediante la canalización con los facultativos correspondientes.

La ley de la materia, expedida por el H. Congreso de la Unión, tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las personas adultas mayores y, además, establece el deber de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de concurrir y participar en la formulación de una política pública cuyos principios rectores son los siguientes:

● Autonomía y autorrealización.

● Participación.

● Equidad.

● Corresponsabilidad.

● Atención preferente.5

Del catálogo de derechos destacan el derecho a la vida así como el derecho a la integridad física, psíquica y emocional de los adultos mayores. Sin embargo, aun cuando la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores hace referencia al abordar las atribuciones del Instituto Nacional de los Adultos Mayores a los albergues y estancias,6 lo cierto es que, como quedó evidente con el lamentable incendio provocado de Mexicali, no existe norma alguna que garantice el máximo nivel de seguridad para las personas en la vejez que se encuentren en un lugar bajo el cuidado de terceras personas.

Por otro lado, desde la perspectiva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año 2011, el Poder Legislativo en tanto agente de autoridad de la República, queda sujeto a las nuevas obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.

Contenido de la iniciativa.

En el proyecto de decreto se establece con claridad que los sujetos obligados son los propietarios o administradores que tendrán ahora a su cargo el deber de que se practiquen las baterías de exámenes psicológicos correspondientes. Cabe mencionar que existen en el mercado diversas baterías de este tipo de exámenes que, en su mayoría provenientes de los Estados Unidos de América, han sido adaptados a la idiosincrasia del mexicano para lograr mayor precisión en los resultados.

Las personas adultas mayores lamentablemente sufren también de maltrato, el cual se define como el daño físico, emocional, sexual o patrimonial ejercido por un familiar o quien es responsable del cuidado y bienestar de una persona adulta mayor contra esta misma persona. Tal conducta puede ser una acción u omisión, ya sea intencional o no, por lo general, se trata de una conducta reiterada y sistemática que se intensifica con el tiempo.7 Los exámenes psicológicos que se plantean en esta iniciativa permitirán, de contar con la aprobación de las y los legisladores, erradicar esta práctica en los asilos y estancias.

Esta iniciativa reconoce que las instituciones de asistencia social ocupan un lugar destacado en la construcción y operación de asilos y estancias. De ahí que se propone para este tipo de establecimientos que sea la autoridad que corresponda según el orden de gobierno quien facilite la práctica de los exámenes para que las asociaciones civiles y organizaciones sociales que sin ánimo de lucro tienen por objeto la atención y cuidados a los adultos mayores, no incurran en costos que dificulten su labor social.

Es importante hacer mención a que las baterías de exámenes ya se utilizan en otros ámbitos de la vida social con éxito. Por ejemplo, entre los requisitos para que se obtenga la renovación de la licencia colectiva de armas de fuego, se aplican estos exámenes a los integrantes de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia con óptimos resultados ya que permiten identificar a agentes que presentan problemáticas psicológicas incompatibles con el uso de armas de fuego y, al mismo tiempo, permite a los afectados darse cuenta de que padecen algún trastorno mental para el cual pueden solicitar ayuda y superar el problema, tomando en cuenta que sin discriminación todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Federal.

Finalmente, es bien sabido que una norma de protección, como la que aquí se plantea, sin sanción termina por quedar en letra muerta. Por ello, se propone que la autoridad competente lleve a cabo visitas de inspección para confirmar la atención debida a las personas adultas mayores, en particular la aplicación de los exámenes psicológicos.

En este orden de ideas, con el propósito de elevar significativamente el nivel de seguridad en los asilos, estancias o centros de atención similares que permita garantizar los derechos a la vida y a la integridad de las personas adultas mayores que ahí se encuentran me permito, con toda atención, elevar a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9º BIS Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 28 DELA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

UNICO. Se adiciona el artículo 9º Bis y se reforma la fracción XI del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como sigue:

Artículo 9º Bis. Los derechos a la vida y a la integridad física y psicológica de los adultos mayores que se encuentren en asilos, albergues, estancias, centros de día o cualquier otro lugar con funciones similares quedarán garantizados a través de exámenes psicológicos que se practiquen a las personas que desarrollen interacciones con los adultos mayores tales como propietarios, directivos o administradores y personal en general de la organización o persona jurídica que tenga a su cargo el lugar, así como los familiares de los adultos mayores que acudan a visitarlos y terceros relacionados que por cualquier causa ingresen con frecuencia al lugar de residencia o atención de los adultos mayores.

Será obligación de las personas físicas o jurídicas que tengan a su cargo los lugares a que se refiere este artículo llevar a cabo la práctica de los exámenes psicológicos.

Los propietarios, representantes legales, encargados o administradores de los lugares a que se refiere este artículo tendrán el deber mancomunado y solidario de llevar acabo los exámenes psicológicos de conformidad con las disposiciones reglamentarias que al efecto emita la autoridad competente para respetar, promover, garantizar y proteger los derechos de las personas adultas mayores.

Cuando la atención y cuidado en los lugares a que se refiere este artículo se brinde a las personas adultas mayores por parte de personas físicas o jurídicas realizando funciones de asistencia social o sin ánimo de lucro, la Federación, las entidades federativas o los municipios que cuenten con áreas de psicología realizarán sin costo alguno los exámenes psicológicos a que se refiere el presente artículo.

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I a X…

XI. Promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral con visitas de inspección al menos cada tres meses;

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal en la sede de la Comisión Permanente, el 30 de junio de 2015.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

1 Véase la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 en la página web siguiente, consultada el 27 de junio de 2015: http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Enadis_2010_Inapam-Conapred.pdf; p. 9

2 Véase la investigación “HOGARES E INGRESOS TÍPICOS DE LAS EDADES AVANZADAS” Maria Cristina Gomes da Conceição en http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Libreria/derechos/pendiente.pdf, vínculo consultado el 27 de junio de 2015.

3 Envejecimiento mundial y desafío regional, José Carlos García Ramírez, coordinador, Plaza y Valdés Editores, 2012, página 47.

4 Ibidem, misma página.

5 Artículo 4º  de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores.

6 Artículo 28, fracción XI de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores.

7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Derechos de los adultos mayores, México abril, 2012, Página 11.

Vamos a abrir un receso para atender la sesión solemne para recibir a los Reyes de España. Una vez concluida esa sesión, regresaremos a continuar los trabajos de nuestra sesión ordinaria.

Se abre un receso en la sesión para llevar a cabo la sesión solemne en la que recibiremos la visita de los Reyes de España.

Les solicito trasladarse al salón de sesiones del Senado, ubicado en la planta baja de este edificio.

(Receso)

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Reanudamos nuestra sesión.





 

Se concede el uso de la palabra al Diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto de reformas a la Ley General de Educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Comisión Permanente.

Nuestra Carta Magna, en su artículo 3o., establece que: todo individuo tiene derecho a la educación y que el Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, y que toda la educación que imparta será gratuita.

A pesar de que en la Constitución se instituye como un derecho, no podemos dejar de observar que cada año niñas, niños y jóvenes abandonan sus estudios por falta de recursos.

La deserción escolar es un fenómeno complejo, sin embargo, la ausencia de alumnos en las aulas de las escuelas públicas del país se puede explicar por dos aspectos: la falta de recursos y la necesidad de trabajar.

En fechas recientes, la reforma educativa ha empezado a ejecutarse con la evaluación de los docentes en la mayor parte del territorio del país.

México es el quinto sistema educativo más grande del mundo, tan sólo por eso, entre muchos otros factores, la reforma no puede ser un acontecimiento que se consume en una sola fecha y es, en cambio, un proceso permanente.

El nivel básico constituye el soporte y la pirámide educativa, que representa el 72.6 por ciento de la matrícula. En esa etapa es fundamental contar con una formación que respete la diferencia a través de contenidos, métodos y apoyos didácticos alineados en torno al estudiante.

Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre el trabajo infantil, el 36 por ciento de los niños indígenas de entre 6 y 14 años de edad, trabajan el doble que el promedio nacional, calculado entre el 15.7 por ciento.

En el caso de las niñas y niños indígenas, alarma la gran cantidad de menores que dejan de ir a las escuelas porque tienen que comenzar a trabajar a una edad muy temprana.

Con la finalidad de revertir esta situación, estados como Tabasco, Tlaxcala y el Distrito Federal, actualmente cuentan con una legislación local en la que se establece la entrega de un paquete de útiles escolares gratuitos a los estudiantes de nivel básico inscritos en las escuelas públicas de dichas entidades.

Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero y Tamaulipas entregan 650 mil al año, cuentan con programas de entrega de útiles escolares, por lo que se observa que cada vez es más frecuente que diversas entidades federativas incluyen en su legislación y programas sociales, la entrega de paquetes de útiles escolares totalmente gratuitos.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone que se lleve a cabo a nivel nacional la entrega de un paquete de útiles escolares gratuitos a cada estudiante que curse los niveles básicos de estudios en las escuelas públicas del país, ya que de esta forma, se brindará un apoyo a miles de familias que carecen de sustento económico, situación que ha generado la deserción estudiantil.

La reforma educativa es tarea de perseverancia y apertura para dar seguimiento a un cambio en el que se aprenda bien a convivir.

La educación de excelencia es la conformación del compromiso del gobierno de México por la educación pública, laica, gratuita, incluyente y de calidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputado Cárdenas del Avellano. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General de Turismo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por la Diputado Gloria Bautista Cuevas, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El turismo sustentable en su modalidad cultural y patrimonial, analizado desde el ámbito geográfico como medio de ordenamiento territorial, en el cual se interviene el territorio para el uso y aprovechamiento, así como la conservación del recurso turístico, ha sido una actividad económica de gran significado en los años más recientes a nivel mundial de manera general y en nuestro país de manera particular.

La integración de rutas patrimoniales debe consistir en la planificación de instrumentos que analizan las alternativas y posibles escenarios, y defina las metodologías más adecuadas para su ejecución.

Esta actividad económica, deberá integrar y beneficiar de manera directa a aquellos que ocupan el lugar de interés turístico, es decir, el lugar destino que de alguna forma conocen y quienes se han ocupado de mantener vigente dicho patrimonio, mismo que debe entenderse tanto en su forma tangible como intangible.

Las rutas patrimoniales son formas de desarrollo turístico definidas en diferentes espacios de carácter internacional, y en leyes particulares diseñadas para el lugar en que serán aplicables. Para el caso de nuestro país, existen directrices que se encuentran dispersas y sólo cumplen objetivos y metas sexenales y no están contenidas aún en el marco jurídico.

Las rutas patrimoniales deben integrar a las comunidades locales en el proceso y ejecución de dichos programas. Desde luego, aquellos que deseen un acercamiento a esta actividad, deberán hacerlo con el conocimiento de marcos conceptuales adecuados, así como la sensibilidad y la responsabilidad que implica el uso y manejo de una riqueza cultural universal, que nos define como sujetos dentro de un complejo de herencias ancestrales, solo tomando conciencia de ese compromiso, seremos capaces de avanzar por esas rutas que definieron nuestros ancestros y que trascendieron hasta nuestros días.

Rutas que hoy en día son testimonio de esos acontecimientos pasados, construidos en diversas etapas y momentos históricos. Caminos, flujos que marcan el territorio y que en ocasiones lo dividen y en otras lo han fusionado, lo integran, pero de una manera o de otra, cualquiera que sea el resultado, estas rutas ha marcado el espacio geográfico, lo han modificado de diferentes maneras en el transcurso de los años, transformándolo permanentemente y de manera irreversible.

Las formas del turismo como fenómeno social y como activad económica han sido diferentes en cada época en la que se ha presentado, en los últimos años existió una importante recurrencia a la masificación del mismo, principalmente a las costas de las tierras emergidas, continentales e insulares, ese turismo litoral es, hasta nuestros días, el responsable de la principal derrama económica en cuanto a turismo se refiere en la mayoría de los países del mundo, sin embargo, debemos entender que existen tantas formas de turismo como motivos para viajar tiene el turista.

Al ser el turismo litoral masivo una de las principales actividades de importancia económica en el mundo, los patrones de consumo turístico internacionales más recientes se han encaminado hacia el llamado ecoturismo o turismo alternativo, ecológico, rural y de aventura, que a pesar de ser de bajo impacto y ser llevado a cabo de manera sustentable, sin rebasar la capacidad de acogida de un lugar destino, es una forma que ha tenido un crecimiento desbordante en cuanto a su posicionamiento en el mercado como producto turístico, que puede ser una alternativa de desarrollo de las comunidades organizadas que cuenten con las características mínimas para ser consideradas de interés para el ejercicio de esta actividad, características definidas en términos legales como aquellas que cuentan con recursos naturales o sociales que por su particularidad son susceptibles de aprovechar para transmitir un legado, conocimiento o la contemplación.

Finalmente, la inclusión en el marco legislativo a los pueblos mágicos, entendidas como localidades que tienen atributos simbólicos, leyendas, historias, hechos trascendentes y cotidianidad que te emanan de cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que tienen significados para el aprovechamiento turístico que contribuye a revalorar los imaginarios colectivos de la nación en su conjunto, y que representan alternativas para los visitantes nacionales y extranjeros.

Sin embargo, estos dos instrumentos requieren que se les asegure su financiación y programas específicos para que tengan continuidad, trasciendan en el tiempo y sirvan para la protección del patrimonio natural, cultural y comunitario, siempre velando por el beneficio de las comunidades anfitrionas.

Por ello es que me permito someter a su consideración la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Capítulo III del Título Cuarto que contiene los artículos 45 Bis, 45 Ter, 45 Quater y 45 Quinquies de la Ley General de Turismo.

Señor Presidente: Por economía procesal, le solicito incluya íntegramente el contenido de la iniciativa en el Diario de los Debates de esta sesión.

Es cuanto, señor Presidente.  Gracias.

Iniciativa

GLORIA BAUTISTA CUEVAS, Diputada Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL CAPÍTULO III DEL TÍTULO CUARTO QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS 45 BIS, 45 TER, 45 QUATER Y 45 QUINQUIES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, con base en lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El turismo sustentable en su modalidad cultural y patrimonial, analizado desde el ámbito geográfico como medio de ordenamiento territorial, en el cual se interviene el territorio para el uso y aprovechamiento, así como la conservación del recurso turístico, ha sido una actividad económica de gran significado en los años más recientes a nivel mundial de manera general y en nuestro país de manera particular.

Contenido dentro de los parámetros que definen al desarrollo sustentable, y al turismo alternativo, éste debe ser monitoreado poniendo especial énfasis en el objeto patrimonial que le da sentido al producto turístico, para de ese modo no sobreexplotar y en consecuencia agotar los recursos de los cuales depende.

La Integración de rutas patrimoniales debe consistir en la planeación de instrumentos que analicen las alternativas y posibles escenarios y definan las metodologías más adecuadas para su ejecución, así mismo, esta metodología de planeación debe ser congruente con los lineamientos legales oficiales vigentes para su aplicabilidad.

Esta actividad económica, deberá integrar y beneficiar de manera directa a aquellos que ocupan el lugar de interés turístico, es decir, el lugar destino que de alguna forma conocen y quienes se han ocupado de mantener vigente dicho patrimonio, mismo que debe entenderse tanto en su forma tangible como intangible.

ARGUMENTACION

Las rutas patrimoniales son formas de desarrollo turístico definidas en diferentes espacios de carácter internacional, y en leyes particulares diseñadas para el lugar en que serán aplicables. Para el caso de nuestro país existen directrices que se encuentran dispersas y sólo cumplen objetivos y metas sexenales y no están contenidas aún en el marco jurídico.

Las rutas patrimoniales deben integrar a las comunidades locales en el proceso y ejecución de dichos programas. Desde luego, aquellos que deseen un acercamiento a esta actividad, deberán hacerlo con el conocimiento de marcos conceptuales adecuados, así como la sensibilidad y la responsabilidad que implica el uso y manejo de una riqueza cultural universal que nos define como sujetos dentro de un complejo de herencias ancestrales, solo tomando conciencia de ese compromiso, seremos capaces de avanzar por esas rutas que definieron nuestros ancestros y que trascendieron hasta nuestros días.

Rutas que hoy en día son testimonio de esos acontecimientos pasados, construido en diversas etapas y momentos históricos. Caminos, flujos que marcan el territorio y que en ocasiones lo dividen y en otras lo han fusionado, lo integran, pero de una manera o de otra, cualquiera que sea el resultado, estas rutas ha marcado el espacio geográfico, lo han modificado de diferentes maneras en el transcurso de los años, transformándolo permanentemente y de manera irreversible.

Las formas del turismo como fenómeno social y como activad económica han sido diferentes en cada época en la que se ha presentado, en los últimos años existió una importante recurrencia a la masificación del mismo, principalmente a las costas de las tierras emergidas, continentales e insulares, ese turismo litoral es hasta nuestros días el responsable de la principal derrama económica en cuanto a turismo se refiere en la mayoría de los países del mundo, sin embargo debemos entender que existen tantas formas de turismo como motivos para viajar tiene el turista.

Sin embargo, al ser el turismo litoral masivo una de las principales actividades de importancia económica en el mundo, los patrones de consumo turístico internacionales más recientes se han encaminado hacia el llamado ecoturismo o turismo alternativo, ecológico, rural y de aventura, que a pesar de ser de bajo impacto y ser llevado a cabo de manera sustentable sin rebasar la capacidad de acogida de un lugar destino, es una forma que ha tenido un crecimiento desbordante en cuanto su posicionamiento en el mercado como producto turístico, que puede ser una alternativa de desarrollo de las comunidades organizadas que cuenten con las características mínimas para ser consideradas de interés para el ejercicio de esta actividad, características definidas en términos legales como aquellas que cuentan con recursos naturales o sociales que por su particularidad son susceptibles de aprovechar para transmitir un legado, conocimiento o la contemplación.

En virtud de lo anterior y con base en las disposiciones legales anteriormente mencionadas que permito presentar ante esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL CAPÍTULO III DEL TÍTULO CUARTO QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS 45 BIS, 45 TER, 45 QUATER Y 45 QUINQUIES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Único.- Se adiciona el Capítulo III del Título Cuarto que contiene los artículos 45 bis, 45 ter, 45 quater y 45 quinquies de la Ley General de Turismo para quedar como sigue:

TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO III

De las rutas patrimoniales interculturales

Artículo 45 bis.- Las rutas patrimoniales son los itinerarios con el objetivo de promover y difundir el valor histórico que combinan aspectos culturales, ambientales y comunitarios de espacios destinados al conocimiento, investigación, esparcimiento, disfrute y fomento turístico en el cual las poblaciones y comunidades anfitrionas sean las que se beneficien principalmente de los resultados en la aplicación de la ruta de que se trate y se propicie el diálogo intercultural.

Las rutas patrimoniales se establecen mediante declaratoria de la Secretaría en coordinación con las autoridades culturales y ambientales, y sus homólogos en otros órdenes de gobierno, de acuerdo a su ámbito de competencia y jurisdicción, mismos que podrán definirse a partir de las siguientes categorías:

I. Rutas Patrimoniales Nacionales, cuando abarquen más de una entidad federativa;

II. Rutas Patrimoniales de las Entidades Federativas, que serán establecidas dentro de la jurisdicción de una entidad federativa que involucre dos o más municipios, o en el caso del Distrito Federal cuando abarque dos o más demarcaciones territoriales;

III. Rutas Patrimoniales locales, cuando se comprendan dentro de los límites de un municipio, o en su caso homólogo en el Distrito Federal cuando se circunscriban al ámbito territorial de una demarcación territorial; y;

IV. Rutas Patrimoniales Comunitarias, que serán establecidas a propuesta de las comunidades agrarias, ejidos y comunidades indígenas y afromexicanas con la asistencia requerida de la autoridad competente de acuerdo al ámbito territorial señalado en las fracciones anteriores.

Artículo 45 ter.- La declaratoria de la Ruta Patrimonial, independientemente del ámbito de competencia, deberá contener:

I. La descripción de la ruta, incluyendo la identificación de sus espacios y construcciones;

II. La descripción de las características y valores a proteger; y

III. Las disposiciones específicas que deberán observarse para conservar el valor cultural y ambiental de la ruta cultural, sus espacios y construcciones, incluidos los apoyos económicos y financieros.

La declaratoria de una ruta patrimonial se publicará en los medios oficiales de comunicación.

Los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos que formen parte de la ruta estarán sujetos a lo que señale la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y las áreas naturales protegidas y otros análogos, por las leyes aplicables.

Para la identificación de cada ruta patrimonial se instrumentará un sistema de señalización, ubicación de paradores, monumentos, casetas, mapas y demás adecuaciones que especifiquen en forma inconfundible el trazo de la ruta en particular.

La Secretaría incluirá a las rutas patrimoniales en el Atlas Turístico de México y el Ordenamiento Turístico del Territorio a los que esta ley se refiere.

Artículo 45 quater.- Los pueblos mágicos son localidades que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes y cotidianidad que te emanan en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que tienen significado para el aprovechamiento turístico que contribuye a revalorar los imaginarios colectivos de la nación en su conjunto y que representan alternativas para los visitantes nacionales y extranjeros.

La Secretaría formulará el Programa Federal de Pueblos Mágicos. Lo mismo harán los otros órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia.

Artículo 45 quinquies.- Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno que competan elaborarán las Listas de Rutas Patrimoniales y Pueblos Mágicos con el objetivo de llevar un registro y cumplimiento de las disposiciones para garantizar su continuidad como espacios de protección del patrimonio nacional y, cuando sea el caso, patrimonio de la humanidad.

La Secretaría inscribirá en la Lista Nacional todas las declaratorias relacionadas con estos espacios que hayan sido decretadas en los distintos órdenes de gobierno.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Gloria Bautista Cuevas.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada Bautista Cuevas. Se incluye en el Diario de los Debates como lo solicitó, y se turna a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.





 

Por acuerdo de la Mesa Directiva, tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para referirse a la XV Reunión Interparlamentaria Cuba-México, efectuada el 26 y 27 de junio pasados, en la Ciudad de La Habana.

INTERVENCIÓN

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Bueno, quisiera compartirles cómo se desarrolló esta XV Reunión Interparlamentaria Cuba-México, con una delegación muy nutrida de Diputados federales, de Senadores de la República; lo mismo ocurrió por parte de la delegación cubana y en un momento tan importante para Cuba, era fundamental que pudiésemos llevar a cabo esta reunión interparlamentaria.

Primero, compartirles que este año se cumplieron 113 años de la relación bilateral con Cuba, ha sido una relación ininterrumpida.

Cuba es el país más importante de nuestra tercera frontera, que es El Caribe.

Tenemos vínculos históricos con Cuba, por ejemplo; nos reconocemos como pueblos hermanos, porque nos abstuvimos de votar en 1962, por la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. Una y otra vez nos hemos opuesto al bloqueo económico y comercial que tiene la isla.

Nos opusimos por años a que se le incluyera en la lista de países que auspician el terrorismo, y México en estos momentos se ha vuelto a ubicar entre los primeros 10 socios comerciales de Cuba.

En estos momentos, ocupamos el lugar número 8 y México es el sexto proveedor de Cuba a nivel mundial.

Quiero decirles que estas reuniones interparlamentarias se han ido desarrollando desde 1996, se han celebrado ya en 15 ocasiones. El año que viene seguramente estará también una muy buena delegación de Cuba en México.

Y lo que les quiero compartir, es que esta reunión interparlamentaria, primero se llevó a cabo en un momento histórico, en el contexto de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Pudieron exponernos de manera muy abierta, cómo se dio todo este proceso de negociación y en qué momento se encuentra Cuba, en su relación con los Estados Unidos.

Además, también los legisladores expresamos nuestro acuerdo, después de tantos exhortos que hicimos también desde este Senado de la República, porque el pasado 29 de mayo oficialmente Cuba salió de la lista de países que auspician el terrorismo.

Impulsamos, también, dentro de esta reunión interparlamentaria, un acuerdo de protección de inversiones, porque queremos que los empresarios mexicanos puedan tener una mayor certeza jurídica en las inversiones.

Quiero compartirles que estudiamos a fondo la Ley de Inversión Extranjera, las oportunidades de inversiones que pueden tener mexicanos en la isla, y concretamente conocimos, de manera más profunda, cómo se está llevando a cabo, pues todo el comercio en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

A partir de esta reunión interparlamentaria, seguramente tendremos una cooperación más intensa entre México y Cuba.

Discutimos diversos temas que tienen que ver con el turismo, con la energía renovable y la prospección petrolera. También temas que tienen que ver con cultura, ciencia y tecnología, educación, entre muchos otros.

Quiero compartirles, y ya para ir concretando mi intervención, que dentro de la declaración conjunta, nos comprometimos a impulsar desde aquí diferentes productos legislativos, por ejemplo, un pronunciamiento común fue la condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto unilateralmente por los Estados Unidos de América contra Cuba, que se mantiene intacto a pesar de que en 22 ocasiones consecutivas, la Asamblea General de Naciones Unidas lo ha rechazado por abrumadora mayoría.

En consecuencia, hicimos desde ahí un llamado, Senadores y Diputados de ambos países, al Congreso de los Estados Unidos de América, para que en el ámbito de su competencia, se deroguen las diferentes leyes y medidas que constituyen un freno a la economía cubana y provocan grandes daños y sufrimientos al pueblo de Cuba.

Buscaremos también, el promover que el Banco Nacional de Comercio Exterior aumente la línea de crédito para la compra de productos mexicanos por parte de empresas cubanas; se buscarán líneas de financiamiento para la promoción de las exportaciones mexicanas hacia Cuba, y de exportaciones cubanas hacia México.

La parte cubana, como les decía hace un momento, ofreció toda la información necesaria acerca de la nueva Ley de Inversión Extranjera, y de la cartera de oportunidades que la misma establece.

Quisiera, para concluir, que bueno, nos parece muy importante seguir con el intercambio en temas en donde Cuba tiene un desarrollo fuerte, que tiene que ver con la salud.

Necesitamos un mayor intercambio de estudiantes, por ejemplo; el gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo durante los últimos años, pero se requiere de un esfuerzo aún mayor. Necesitamos a más estudiantes cubanos en México y más mexicanos en Cuba también, y para ello, pues hay que preparar las diferentes herramientas legislativas que se requieran y, bueno, yo simplemente cerraría diciendo que fue una gran reunión.

Yo agradezco todo el apoyo por parte del Presidente del Senado, por parte también de los coordinadores parlamentarios. Una delegación de muy alto nivel, y espero que se vea reflejado en el fortalecimiento de la relación bilateral entre Cuba y México.

Muchísimas gracias a todos los compañeros que pudieron estar por allá y que nos ayudaron a que esta reunión interparlamentaria tuviera muy buenos frutos.

Es cuanto, y muchísimas gracias.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.





 

El siguiente apartado del Orden del Día, es la votación de dictámenes que presentan las comisiones y sobre los cuales no hay reservas para discusión.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos 3 dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Por el que se solicita al Consejo de la Judicatura Federal información sobre los resultados obtenidos a partir de la implementación de la firma electrónica certificada en el Poder Judicial de la Federación.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a compartir los resultados obtenidos a partir de la implementación de la firma electrónica certificada”, presentada la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 24 de junio de 2015la Diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a compartir los resultados obtenidos a partir de la implementación de la firma electrónica certificada”.

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1206.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La diputada señala que el 17 de septiembre del 2014, el Poder Judicial de la Federación inició el trámite para obtener el Certificado Digital de la Firma Electrónica (FIREL) a la que se refiere el artículo 3º de la Ley de Amparo.

Indica que la FIREL es el documento electrónico que permite ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación para promover juicios de amparo, consultar los expedientes electrónicos relativos a esos juicios y a los diversos asuntos relacionados con éstos, así como para recibir notificaciones electrónicas con base en el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la FIREL y al expediente electrónico, de fecha 4 de julio de 2013.

Considera que para el Poder Legislativo resulta de suma importancia conocer la experiencia que se ha tenido a partir de la instrumentación de esta plataforma digitalizada, el número de personas que han gestionado el Certificado Digital de la FIREL y la manera en que se está aplicando por parte de los usuarios, pues considera que con la información que pueda compartir el Poder Judicial Federal se estará en posibilidades de proponer reformas similares que contribuyan a simplificar los trámites jurisdiccionales en otras ramas del derecho. Bajo esa línea argumental propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal a compartir con esta soberanía los resultados obtenidos a partir de la implementación de la firma electrónica certificada (FIREL), en el Poder Judicial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de estudio de la proposición referida, considera necesario señalar que el artículo 3 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que:

La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.

En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes.

El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso.

Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.

No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley.

Por tanto, el Consejo de la Judicatura Federal(CJF) deberá establecer las bases  el correcto funcionamiento de la FIREL, al respecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 81, otorga las siguientes atribuciones al CJF:

XVIII. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, así como los de servicios al público. Para tal efecto, deberá emitir la regulación suficiente, por medio de reglas y acuerdos generales, para la presentación de escritos y la integración de expedientes en forma electrónica mediante el empleo de tecnologías de la información que utilicen la Firma Electrónica de conformidad con lo estipulado en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XXXV. Fijar las bases de la política informática y de información estadística que permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial de la Federación, así como regular, recopilar, documentar, seleccionar y difundir para conocimiento público, con apego a las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública, las sesiones de los tribunales colegiados de circuito;

De lo anterior se extrae que el CJF tiene atribuciones para conocer la información estadística y la política informática, por lo que es la instancia adecuada para conocer los avances y resultados de la implementación de la FIREL.

Es propicio señalar que el 17 de septiembre de 2014 se abrió al púbico el trámite del Certificado Digital de la Firma Electrónica con el fin de que los usuarios que cuenten con dicha firma puedan acceder al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación para promover juicios de amparo los 365 días del año, consultar expedientes electrónicos relativos a esos juicios y a los diversos asuntos relacionados con estos, así como recibir notificaciones electrónicas.

La solicitud de la diputada estima conveniente conocer cuáles son los resultados que la FIREL ha tenido en el tratamiento de los juicios de amparo pues considera que un avance de esta naturaleza puede adoptarse en otras ramas del derecho, propuesta que esta Comisión estima conveniente en tanto que el juicio de amparo es un medio procesal constitucional para proteger los derechos fundamentales.

Toda vez que se trata de un procedimiento que busca garantizar los derechos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, y dado que la implementación de la FIREL representa un avance significativo para garantizar el acceso a la justicia, esta Comisión estima procedente el resolutivo propuesto por la diputada, dado que es importante conocer los alcances de una reforma que tuvo como objetivo optimizar el ejercicio judicial de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal compartir con esta soberanía la información sobre los resultados obtenidos a partir de la implementación de la firma electrónica certificada (FIREL), en el Poder Judicial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 30 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Que exhorta llevar a cabo los actos tendientes a restaurar la Rotonda de las Personas Ilustres.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la delegación Miguel Hidalgo a llevar a cabo las acciones tendientes a la restauración plena de la Rotonda de las Personas Ilustres”, presentada por el Dip. Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 24 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la delegación Miguel Hidalgo a llevar a cabo las acciones tendientes a la restauración plena de la Rotonda de las Personas Ilustres. Dicha proposición fue presentada por el Dip. Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1215.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El diputado proponente señala que desde 1872 se determinó un lugar especial para dar sepultura a los próceres de la República por iniciativa del presidente Sebastián Lerdo de Tejada quien decretó que en el entonces recién creado Panteón de Dolores se dedicara un espacio para la construcción de la Rotonda de los Hombres Ilustres.

Expresa que el sitio conocido como Tabla de Dolores se encuentra desde entonces la Rotonda que consta de una plaza circular con una lámpara votiva al centro, en torno de la cual se sepulta a los personajes ilustres. Explica que se le llama lámpara votiva porque representa un “voto”, es decir una ofrenda a la memoria de los personajes cuyos restos se encuentran ahí inhumados, y la promesa de no olvidar su legado.

Indica que la hoy denominada Rotonda de las Personas Ilustres es un centro de reconocimiento patrio, mediante el cual la sociedad rinde homenajes póstumos a la memoria de los mexicanos que, a lo largo de la historia, se distinguieron por su participación política, su defensa heroica de la patria y sus contribuciones la ciencia, la economía, la sociedad y la cultura de México. Simultáneamente, la Rotonda es un homenaje a valores como respeto, tolerancia, igualdad, libertad y justicia social, entre muchos otros que han personificado quienes han recibido su sepulcro de honor en este lugar.

A partir de su edificación, en la Rotonda se han llevado a cabo homenajes póstumos a lo largo de 130 años, con capacidad para albergar a 145 personajes, a la fecha la Rotonda de las Personas Ilustres se conforma de 116 tumbas.

Señala que con el propósito de promover la igualdad de género entre los mexicanos y honrar las valiosas contribuciones de la mujer a la vida nacional, el 4 de marzo de 2003 se decretó el cambio de nombre de la Rotonda de los Hombres Ilustres, a Rotonda de las Personas Ilustres.

Destaca que la Rotonda de las Personas Ilustres se constituye como un monumento funerario destinado al homenaje de las mujeres y los hombres que han contribuido, a través de su esfuerzo y patriotismo, al desarrollo político, social, cultural, científico y militar de México.

Manifiesta que desde 2003, cuando comenzó a presidir el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, la Secretaría de Gobernación ha invertido 3 millones 753 mil 238 pesos en el recinto; por su parte el mantenimiento de la Rotonda es erogado por la Delegación Miguel Hidalgo; el autor menciona que en junio del 2014 se autorizó a Claudia Cervantes celebrar en el sitio su cumpleaños, por tal motivo, la Contraloría del GDF le impuso una multa. Este lamentable hecho hizo que se volviera notorio el estado de descuido de este importante sitio de nuestra memoria colectiva.

Manifiesta que la Rotonda de las Personas Ilustres continúa en condiciones que están lejos de ser las óptimas para un homenaje decoroso para los próceres de México: Las tumbas de personajes célebres exhiben un franco estado de abandono, a algunas les faltan las letras de bronce mientras que hay otras que carecen de floreros e incluso de bustos completos.

Indica que el 19 de julio de 2014, el entonces Delegado Víctor Hugo Romo se comprometió a buscar recursos, a través del Gobierno Federal y el Conaculta, para rehabilitar dicho espacio. Sin embargo el actual Jefe Delegacional, Humberto Morgan, afirma que no han intervenido el espacio por un problema de comunicación entre la demarcación territorial y la Secretaría de Gobernación.

Destaca que en general, la Rotonda luce limpia, pero con deterioro evidente en el piso y en las rejillas de los árboles, además de que no hay iluminación suficiente. Uno de los casos más dolorosos es el de la tumba del piloto aviador, padre de la aeronáutica mexicana, Francisco Sarabia Tinoco, la cual tiene un cartón con su nombre en lugar de las letras de bronce.

Menciona que en total se cuentan seis tumbas sin nombre, por lo que los visitantes dejan el lugar sin saber a quién rinden homenaje, y el reconocimiento de sus hazañas y méritos es truncado por un hecho tan superficial como la falta de mantenimiento adecuado y que debe ser subsanado.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dirige en respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de Gobernación y al Delegado de Miguel Hidalgo para que, en el respectivo ámbito de sus facultades, lleven a cabo todos los actos tendientes a restaurar plenamente la Rotonda de las Personas Ilustres y a prestarle el debido mantenimiento.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Para esta Dictaminadora, es sumamente importante que se resguarden de manera adecuada los símbolos cívicos y culturales de nuestra sociedad, toda vez que estos nos brindan identidad y sentido de pertenencia como mexicanos.

La Rotonda de las Personas Ilustres constituye uno de los panteones de la Patria de mayor relevancia y, como tal, un espacio que brinda ejemplo señero para las generaciones presentes y futuras al conferir un sepulcro de honor a aquellas mexicanas y mexicanos que son ilustres, ya sea por sus actos heroicos, por su actividad política o cívica, o por sus contribuciones en los ámbitos de las ciencias, las artes o la cultura.

Precisamente el decreto que regula los términos bajo los que serán propuestos las personas a ocupar un sitio en tan célebre lugar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo de 2003, expresamente señala en sus considerandos que a partir de la reforma constitucional de 1996, el Gobierno del Distrito Federal dejó de ser una dependencia de la Administración Pública Federal y que ésta, la Federación, debe continuar asumiendo los gastos de inhumación y homenaje en la Rotonda, con cargo al presupuesto de la Secretaría de Gobernación, misma que preside el Consejo Consultivo de la Rotonda.

En el dicho decreto presidencial se establece que el Consejo Consultivo tendría entre sus atribuciones acondicionar la Rotonda.

La Administración de la Rotonda está bajo la administración de la Delegación Miguel Hidalgo; en este sentido, se destaca que en agosto del 2014, la delegación Miguel Hidalgo presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el robo de rejillas de bronce que se ubicaban en el pebetero de la Rotonda de las Personas Ilustres.

Es importante mencionar que, diversos medios de comunicación han dado cuenta de que la Secretaría de Gobernación y la Delegación Miguel Hidalgo tienen desde hace un año un estudio detallado del deterioro en que se encuentra este espacio, por lo que es significativo que dichas autoridades emprendan el mantenimiento de la Rotonda de las Personas Ilustres.

Se destaca que existe en nuestro país una tradición de honrar y exaltar la memoria de personas ilustres, así, se conciben sitios especiales para rendir culto póstumo a personajes distinguidos de nuestra historia, como son el Monumento a la Revolución, la Columna de la Independencia y otros lugares en las entidades federativas.

Es por ello, que los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran viable exhortar  a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades competentes de la Delegación Miguel Hidalgo para que, en el respectivo ámbito de sus facultades, lleven a cabo todos los actos tendientes a restaurar plenamente la Rotonda de las Personas Ilustres y a prestarle el debido mantenimiento.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades competentes de la Delegación Miguel Hidalgo, para que, en el ámbito de sus respectivas facultades, lleven a cabo los actos tendientes a restaurar la Rotonda de las Personas Ilustres y a prestarle el debido mantenimiento.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 30 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a cumplir con la obligación constitucional de expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo en relación a la implementación y fortalecimiento de los mecanismos de cumplimentación de la obligación constitucional para expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, fue presentado por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos De La Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y Mayela Quiroga Tamez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera Tapia, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen el motivo y alcance de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia al tema que la compone y se transcribe textualmente el resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan el razonamiento y argumento con base en el cual sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 24 de junio de 2015, se presentó ante el pleno la propuesta con punto de acuerdo, en relación a la implementación y fortalecimiento de los mecanismos de cumplimentación de la obligación constitucional para expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta con punto de acuerdo, manifiesta que es necesario que toda persona sea identificada plenamente dentro de un grupo social, nacional, familiar e incluso étnico, que lo caracterice y lo haga único; así como sujeto de una gran diversidad de relaciones jurídicas que implican deberes y derechos.

Asimismo, la propuesta señala que el artículo 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual dispone que los Estados Parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas, así como también que, cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos o de todos los elementos de su identidad, los Estados deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas a implementar y fortalecer los mecanismos de cumplimentación de la obligación constitucional de expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, así como promover las acciones necesarias que permitan a niñas, niños y adolescentes que no han sido registrados, contar con su acta de registro correspondiente.

III. CONSIDERACIONES

El reconocimiento de derechos que se deriva del derecho a la identidad se pueden observar en instrumentos internacionales que han sido ratificados por México. Tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 3, 4, 5, 18 y 20, prevén el reconocimiento a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la vida y a la integridad personal, etc. De igual manera, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Político, en su artículo 24, numeral 2, establece que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.

La Convención sobre los Derechos del Niño, prevé en sus artículos 7 y 8, tanto el reconocimiento como la protección del derecho a la identidad de los niños, así como de los derechos que se derivan del mismo:

“Artículo 7

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

El derecho a la identidad está compuesto por una serie de derechos, mismos que se especifican de manera más clara en la previsión del artículo 22 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes:

Artículo 22.

El derecho a la identidad está compuesto por:

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil.

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.

C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban.

D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos. A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento.”

Esta dictaminadora hace referencia a la necesidad de ser registrados para poder ejercer plenamente el derecho a la identidad. El que dicho derecho esté reconocido en el ámbito internacional como lo son las convenciones e instrumentos internacionales anteriormente citados da a entender que el Estado mexicano al suscribirlas y ratificarlas, está obligado a acatar las prevenciones realizadas en ellas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto al derecho a la identidad:

“[TA]; 10A. ÉPOCA; 1A. SALA; S.J.F. Y SU GACETA; LIBRO VI, MARZO DE 2012, TOMO 1; PÁG. 273 DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN BIOLÓGICO DE LA PERSONA TIENE TRASCENDENCIA PSICOLÓGICA Y JURÍDICA PARA EL INDIVIDUO.

La identidad personal se construye a través de múltiples factores psíquicos y sociales; así, la imagen propia de la persona se determina, en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes biológicos, los cuales son de gran trascendencia tanto desde el punto de vista psicológico como jurídico. Por un lado, conocer las circunstancias relacionadas con el propio origen y con la identidad de los padres biológicos contribuye al adecuado desarrollo de la personalidad y, por otro, en cuanto a lo jurídico, la importancia de conocer el propio origen está ligada a las consecuencias legales que dicha información puede generar.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 2750/2010. 26 de octubre de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Septiembre de 2011; Pág. 1034

DERECHO DE IDENTIDAD DE LOS NIÑOS.

Es un derecho de rango constitucional que deriva del artículo 4 de la Constitución Federal, ya que el objetivo de la reforma a dicho precepto consistió en reconocer como derechos constitucionales todos los derechos de los niños establecidos en los diversos tratados internacionales que México ha suscrito. Así, al estar reconocido el derecho de identidad en los artículos 7o. y 8o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, es innegable su rango constitucional. Asimismo, de acuerdo a dichos preceptos y al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el derecho de identidad está compuesto por el derecho a tener un nombre, una nacionalidad y una filiación. En efecto, si bien la identidad se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales, en términos de derechos, la imagen propia de la persona está determinada en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes y su filiación, así como por la identificación que tiene en la sociedad a través de un nombre y una nacionalidad. De la determinación de dicha filiación, se desprenden a su vez, diversos derechos del menor, como son los derechos alimentarios y sucesorios.

PRIMERA SALA

Contradicción de tesis 50/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del Séptimo Circuito. 1o. de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

Por otra parte, el Decreto por el que se adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014 planteaba lo siguiente en los transitorios:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.

TERCERO. El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y previa opinión de las entidades federativas y la autoridad competente en materia de registro nacional de población, deberá realizar las adecuaciones a la ley que determinen las características, diseño y contenido del formato único en materia de registro de población, así como para la expedición de toda acta del registro civil que deberá implementarse a través de mecanismos electrónicos y adoptarse por las propias entidades federativas del país y por las representaciones de México en el exterior.

Dentro de los Transitorios se puede observar el tiempo en el que se tenia para que las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del distrito Federal establecerían en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.

El artículo 4º de Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, es claro y mandata que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

Por lo tanto, esta dictaminadora manifiesta en que el derecho de identidad da lugar al pleno ejercicio de diversos derechos, como lo es el derecho al nombre, domicilio, edad y demás mencionados, y que es necesario un documento público con el cual se pueda probar plenamente el registro de la persona y esto es mediante la expedición del Acta de Nacimiento.

Esta Dictaminadora coincide con la propuesta en estudio en la parte correspondiente a la necesidad de expedir la primera acta de nacimiento de manera gratuita. Con el ejercicio del derecho al registro de la persona, también se le permite al Estado, mediante los órganos correspondientes, el llevar las estadísticas de población necesarias para adaptar tanto el presupuesto, como la correcta administración de los servicios públicos.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a implementar y fortalecer los mecanismos para dar cumplimiento a la obligación constitucional de expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, así como promover las acciones necesarias que permitan a niñas, niños y adolescentes que no han sido registrados, contar con su acta de registro correspondiente.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 30 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Asimismo, tenemos 18 dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

En torno a la preservación de las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo, a establecer las medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística, presentada por la Diputada Federal Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 13 de mayo de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que la Secretaría de Turismo a establezca las medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística.

La propuesta en estudio señala que la protección y preservación del patrimonio cultural mexicano enfrenta un reto, especialmente en zonas urbanas y en corredores turísticos en gran expansión, debido a que la expansión inmobiliaria y turística ha pretendido extenderse a zonas arqueológicas.

Entre otras causas que dan origen a esta expansión inmobiliaria, radica en el hecho de que las leyes de desarrollo urbano y los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos se derivan, que son competencia legislativa de las entidades federativas y de los municipios, y en dicha normatividad no se armoniza con las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos la cual contempla la protección y preservación del patrimonio cultural.

La proponente expone que es de fundamental importancia que las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, las disposiciones de la citada ley, en especial en su artículo 8º que prevé la participación, conforme a la legislación federal y local, en la constitución y administración de reservas territoriales, en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como en la protección del patrimonio cultural y del equilibrio ecológico de los centros de población.

Por último la proponente precisa también que la Secretaría de Turismo establezca las medidas necesarias para confirmar que las entidades federativas y los municipios al aprobar nuevos corredores turísticos observen la necesidad de cumplir con el mandato legal de preservar el patrimonio cultural de los centros de población y la protección del patrimonio cultural, ello en virtud de que a la Secretaría de Turismo, fundamentando lo anterior, por lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal corresponde: “proyectar,  promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y estimular la participación de los sectores social y privado”.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

Único.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a establecer las medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

D. México es reconocido a nivel internación como poseedor de un importante patrimonio, arqueológico, artístico, histórico y cultural, si bien es cierto la legislación nacional prevé su conservación y protección, también se requiere de una constante supervisión para su correcta aplicación.

En ese sentido como ya se ha señalado, la proponente en sus consideraciones expone la necesidad de que la Secretaría de Turismo establezca medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológico, artístico, cultural e histórico, ante la expansión inmobiliaria.

Con motivo de lo anterior, la proponente señaló como fundamento para la actuación de la Secretaría, las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, en relación a la protección del patrimonio cultural en la constitución y administración de reservas territoriales. También precisó las atribuciones que se desprenden de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta comisión dictaminadora coincide con la intensión de la Diputada proponente de proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológico, artístico, cultural e histórico, sin embargo considera que las consideraciones expuestas no motivan suficientemente la intervención de la Secretaría de Turismo. En este sentido se considera necesario precisar las atribuciones que establecen otros ordenamientos para dicha secretaría.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en su artículo 42 que a la Secretaría de Turismo corresponde, entre otros el despacho de los siguientes:

● Promover, en coordinación con las entidades federativas, las zonas de desarrollo turístico nacional y formular en forma conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la declaratoria respectiva.

● Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y estimular la participación de los sectores social y privado.

Al respecto, la Ley General de Turismo de observancia general en toda la República en materia turística, contempla su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como a los Estados, Municipios y el Distrito Federal.

La Ley General de Turismo tiene entre sus objetivos el de determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco jurídico vigente.

Por otra parte la citada ley define al Turismo Sustentable como aquel que cumple con el respeto a la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos.

Dicha Ley establece como atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría:

● La de Coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en su caso; en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo turístico del país.

● Promover la infraestructura y equipamiento, que contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad turística, en coordinación con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, y con la participación de los sectores social y privado.

● Promover y vigilar el cumplimiento de esta Ley y los demás ordenamientos y Normas Oficiales Mexicanas que de ella deriven, en el ámbito de su competencia.

● Fijar e imponer, de acuerdo a esta Ley y los reglamentos correspondientes, el tipo y monto y de las sanciones por el incumplimiento y violación de las disposiciones en materia turística.

En relación a la protección de las Zonas de Monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, el artículo 23 de la multicitada Ley General de Turismo establece que en la formulación del ordenamiento turístico del territorio deberán considerarse entre otros criterios, las medidas de protección y conservación establecidas en las Declaratorias Presidenciales de Zonas de Monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés nacional, así como las Declaratorias de Monumentos históricos y artísticos, y en las demás disposiciones legales aplicables en los sitios en que existan o se presuma la existencia de elementos arqueológicos propiedad de la Nación, Declaratorias de Monumentos históricos y artísticos, y en las demás disposiciones legales aplicables en los sitios en que existan o se presuma la existencia de elementos arqueológicos propiedad de la Nación.

De acuerdo  lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera adecuado solicitar que la Secretaría de Turismo, en el desarrollo de sus atribuciones realice las acciones necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística.

Por otra parte, la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, precisa que las zonas de monumentos estarán sujetas a la jurisdicción de los Poderes Federales y establece como autoridades competentes en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos y en materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura respectivamente.

Estas autoridades están facultadas para suspender los trabajos que se ejecuten sin autorización en las  zonas de monumentos arqueológicos e históricos

Por lo que esta Comisión dictaminadora considera conveniente incluir ambos institutos en el exhorto que solicita la protección de las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para que en el ejercicio de sus atribuciones realicen las acciones necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 23 de mayo de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a fortalecer las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas en la República Mexicana, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 13 de mayo de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar que la Comisión Nacional Forestal fortalezcan las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales.

Los proponentes exponen en sus consideraciones que la riqueza natural que es de importancia vital para nuestro país, cada año se ve amenazada por incendios forestales, los cuales se acentúan en la época de altas temperaturas que se presentan en México. En este marco, la Comisión Nacional Forestal tiene la atribución de la coordinación institucional para prevenir y combatir los incendios forestales.

Precisan que de acuerdo a información de la Comisión Nacional Forestal, existe una relación entre los fenómenos meteorológicos asociados al cambio climático y el incremento de los incendios forestales en los últimos 43 años, tan sólo el año 2011 fue uno de los más difíciles en este sentido con más de 12 mil conflagraciones que afectaron más de 800 mil hectáreas de bosques y selvas.

Comentan que los incendios han afectado una superficie de 31 mil 321 hectáreas, de esta superficie, el 96.04% correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 3.96% a arbóreo. Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: México, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Morelos y Guerrero, que representan el 84.94% del total nacional. Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Puebla, Chiapas, México, Quintana Roo, Michoacán, Baja California Sur y Chihuahua, que representan el 81.66% del total nacional.

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan el punto petitorio siguiente:

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal para que en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas en la República Mexicana.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

D. Nuestro país cuenta con una gran diversidad de ecosistemas forestales, los cuales representan un alto valor tanto económico como ambiental, por los beneficios que se generan como la purificación del aire, la conservación de la biodiversidad, la captación y almacenamiento de reservas hídricas. Sin embargo uno de los principales problemas que enfrentan los bosques son los incendios.

La grave afectación que producen los incendios forestales se ha traducido en la creación de disposiciones jurídicas, instrumentos de planeación, coordinación y acción para prevenirlos y combatirlos.

En este sentido la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia.

De igual forma la Comisión Nacional Forestal, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, teniendo como objeto el desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Comisión Nacional Forestal tienen entre otras atribuciones las siguientes:

● Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas de prevención y combate de incendios forestales;

● Suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de su competencia asuman las siguientes funciones para programar y operar las tareas de prevención, detección y combate de incendios forestales en la entidad, así como los de control de plagas y enfermedades;

● Coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado  de incendios forestales y promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren.

Para tener una efectiva protección contra incendios forestales es necesaria la implementación de estrategias específicas y acciones dirigidas a la prevención y control de los mismos. Actualmente México cuenta con una estrategia general de prevención y control de incendios forestales, sistematizada a través del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, y en cuya aplicación participan instituciones de los tres órdenes de gobierno, organismos civiles y voluntarios.

En este sentido y ante la emergencia y la preocupación del deterioro al medio ambiente, la que dictamina coincide con los proponentes en la necesidad de que la Comisión Nacional Forestal en coordinación con las entidades federativas fortalezcan las acciones para disminuir el impacto de los incendios forestales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal, para que en coordinación con las entidades federativas fortalezcan las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas en la República Mexicana.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 26 de mayo de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a adoptar medidas adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por categoría de los hoteles.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a  la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal a adoptar medidas adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por categoría de los hoteles con la finalidad de ofrecer certeza a los turistas nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de mayo de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“Una manera de medir al sector turístico de un país es por medio de cuatro variables: días de alojamiento; gasto por turista internacional, tiempo de retorno del mismo y recomendación son cuatro variables importantes para que en el corto y mediano plazo el turismo crezca y se consolide más. El motivo de este punto de acuerdo se enmarca en la parte que corresponde a la recomendación del turista, dado que se viene presentando el problema que hay hoteles ofreciendo servicios de una categoría hotelera determinada pero cuando el turista llega al alojamiento elegido y solicita los servicios anunciados, estos no existen o están fuera de las instalaciones.

Para el turista, conocer con anticipación las condiciones de su hospedaje es un asunto de primera importancia. Ya sea que esté planeando una placentera estancia de descanso o un productivo viaje de negocios, la afinidad entre las características esperadas del hotel y su vivencia puede determinar el éxito o fracaso del viaje…un nuevo Sistema de Clasificación Hotelera Mexicano (SCH) (va a )… dotar al sector de una herramienta de medición sólida que permita no solo indicar la cantidad de alojamiento disponible sino también las cualidades de alojamiento disponible sino también las cualidades del mismo”
B. Enseguida, los proponentes plantean una serie de consideraciones, en las que aseguran que:

“Hoy se tiene, en México, una oferta hotelera aproximada de 700 mil cuartos; representados por unos 20,000 hoteles. Una participación turística en el PIB del 8 por ciento constituyendo con cerca de 25 millones de visitantes turistas por año. Cifras excelentes pero insuficientes para sustituir los faltantes de divisas y la falta de dinámica de la economía interna.”

C. Concluyen los proponentes al señalar que:

“Que la Ley General de Turismo, recientemente aprobada, establece los siguientes mandatos

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría:

V. Regular las acciones para la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en el país;

De la Verificación

Artículo 66. Corresponde a la Secretaría verificar el cumplimiento de esta Ley, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Turismo. La Secretaría por sí o a través de los gobiernos locales y municipales, en términos de los acuerdos de coordinación que se establezcan, ejecutará las órdenes de verificación a que haya lugar.

Las autoridades de turismo de los Estados, Municipios y del Distrito Federal, deberán brindar apoyo a la Secretaría para que ejerza sus facultades de verificación en las demarcaciones territoriales que les correspondan.

Artículo 67. Las visitas de verificación se practicarán en días y horas hábiles, por personal autorizado que exhiba identificación vigente y la orden de verificación respectiva, la que deberá ser expedida por la autoridad competente y en la que claramente se especifiquen las disposiciones cuyo cumplimiento habrá de verificarse y la manera de hacerse. …

” y aun así se siguen cometiendo fraudes en la oferta hotelera

D. Con lo anterior, formulan el siguiente:

Punto de Acuerdo:

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal para que a través de la Coordinación de las Secretarías de Turismo de las Entidades Federativas adopten medidas adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por categoría de los hoteles con la finalidad de ofrecer certeza a los turistas nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, considerando procedente solicitar a través de la Coordinación de las Secretarías de Turismo de las Entidades Federativas a la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal adicione las medidas de protección, verificación y regulación de los Hoteles por su categoría, esto con la finalidad de mejorar el servicio y por ende mejorar el sector turístico del país.  

D. La dictaminadora concuerda con la necesidad de asegurar el cumplimiento cabal de las ofertas hoteleras dependiendo su categoría, esto, con el fin de fortalecer el turismo en México y mejorar la crítica de los turistas nacionales y extranjeros.

Es por ello que se han manejado estrategias turísticas internacionales con diversos países, logrando así casi la mitad de porcentaje turístico de lo que reciben grandes centros turísticos del orbe como lo son Egipto, Japón y Sudáfrica, formando parte de los 10 países con destinos turísticos más visitados del mundo.

E. En el mismo tenor, dentro de la Ley General de Turismo, existen diversas disposiciones que expresan los objetivos e injerencia del Estado en el Sector Turístico, que a la letra dicen:  

Artículo 2°…

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo;  

Artículo 4°…

XII. Establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, de cumplimiento obligatorio en toda la República;

Artículo 9°…

XVII. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en materia de clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, en los términos de la regulación correspondiente;

F.  Por otro lado, la legislación regulatoria de la materia se encuentra en inobservancia por parte de las cadenas hoteleras que prestan servicios deficientes al turista nacional y extranjero y falta de coacción por parte de la autoridad como lo establece la Ley General de Turismo vigente en sus artículos 4, 66 y 67 ya citados por el proponente.

Ante esta carencia de aplicación de la norma, se sugiere hacer un llamado a las autoridades correspondientes para coaccionar a los particulares relacionados con las actividades turísticas en específico hoteleras a dar cumplimiento cabal a dicho ordenamiento jurídico.

G. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, para que en el marco de sus atribuciones adopte medidas adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por categoría de los hoteles, con la finalidad de ofrecer certeza a los turistas nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 26 de mayo de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Por lo que se solicita a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía información sobre el proceso de la Ronda Cero.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución con relación a la transparencia de la Ronda Cero producto de la Reforma Energética, presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 10 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada, se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a Petróleos Mexicanos a difundir la “Solicitud que Petróleos Mexicanos somete a consideración de la Secretaría de Energía para la adjudicación de áreas en exploración y campos en producción, a través de asignaciones en términos del Transitorio Sexto”, así como solicitarle un informe detallado respecto del proceso de Ronda Cero, detallando los campos asignados a Pemex por tipos de reserva (1P, 2P y 3P) y ahondando en los criterios que se tuvieron para asignar los campos de exploración y explotación a la empresa, así como el informe proporcionado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre los criterios técnicos para resolver la solicitud de Pemex.

La Senadora proponente expone que México atraviesa una complicada situación económica derivada de deficiencias estructurales, como el poco impulso al mercado interno, aunado a factores externos como un mercado energético cambiante. Los precios del petróleo han caído estrepitosamente en el último año y la producción petrolera atraviesa una reducción muy importante. Ambos aspectos han provocado un recorte del presupuesto para 2015 y ya se anunció otro sobre el gasto de 2016.

De la misma forma, asegura que las personas encargadas del sector hidrocarburos han demostrado incapacidad para dirigir el sector en beneficio de las y los mexicanos y únicamente se han preocupado por mostrarla como un éxito para el sector privado.

Como argumento, menciona el resultado de la llamada “Ronda Cero”, contemplada en el Artículo Sexto Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia energética, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, que a juicio de la Senadora Padierna, ha estado rodeada de opacidad desde el primero momento, toda vez que se delegó la decisión de los campos que solicitarían a la Secretaría de Energía al entonces Comité de Adquisiciones de la paraestatal, por lo que no existieron controles para garantizar que la solicitud cumpliera con los requisitos establecidos en la Constitución, ni que los mismos respondieran a la situación real de Pemex y así garantizar su existencia y la estabilidad de las finanzas públicas.

Por otra parte, se menciona que el día 24 de marzo de 2014, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) recibió una solicitud para que Pemex entregara “El reporte enviado a la SENER en donde se detallan los campos que decidirá quedarse como parte de la llamada Ronda Cero, de la reforma energética”. El IFAI decidió que esta información debería reservarse por un año, por lo que debía ser pública a partir del 24 de marzo de 2015. El 18 de diciembre de 2014, Pemex promovió un recurso de revisión por el que solicitó al IFAI ampliar el plazo de reserva un año más, con lo que la información estaría disponible hasta el 24 de marzo de 2016.

Después de este proceso, conforme a la resolución del recurso de revisión RDA 1857/14 del Pleno del IFAI, la “Solicitud que Petróleos Mexicanos somete a consideración de la Secretaría de Energía para la adjudicación de áreas en exploración y campos en producción, a través de asignaciones en términos del Transitorio Sexto”, consta de 81 fojas y los siguientes apartados:

1. Marco Normativo.

2. Transitoriedad y modelo de negocios de Petróleos Mexicanos. Definición de un portafolio diversificado de áreas exploratorias y campos en producción, para balancear riesgo y maximizar el valor económico de los recursos de hidrocarburos del país.

3. Áreas en exploración y campos en producción a someter a consideración de la Secretaría de Energía. Criterios de selección de áreas exploratorias y campos en producción, en diferentes ambientes geológicos y tipos de hidrocarburos.

4. Acreditación de capacidades. Definición de las capacidades técnicas, financieras y de ejecución de Petróleos Mexicanos, para desarrollar los proyectos asociados a las áreas exploratorias y campos en producción solicitados a la Secretaría de Energía.

5. Criterios de eficiencia y competitividad. Comparación de indicadores principales de eficiencia de Petróleos Mexicanos (estudio de mercado), frente a otras compañías petroleras internacionales.

6. Participación de terceros. Categorías de proyectos que pudieran ser desarrollados con participación de socios, para obtener tecnología o financiamiento de éstos.

7. Consideraciones finales. Resumen de las principales actividades realizadas por Petróleos Mexicanos, y resultados obtenidos de la jerarquización de las áreas y campos en producción a solicitar.

Anexo A: Relación de áreas en exploración y unidades a solicitar.

Anexo B: Relación de campos a solicitar.

Asimismo, la Senadora proponente reconoce que en la resolución de mérito, el IFAI resolvió que era procedente la reserva de esta información por causas de “secreto industrial”, “seguridad nacional” y por tratarse de un “proceso deliberativo en curso”. Señaló el Comisionado Ponente que la divulgación de esta información podría significar un “detrimento en las negociaciones que Pemex pudiera buscar para desarrollar una alianza estratégica”; “un fuerte interés de que los particulares concursen para la obtención de estos campos y pierdan interés por los campos restantes (…), o bien, ofrezcan un precio más bajo o un esquema contractual más ventajoso, generando un impacto negativo en la maximización de ingresos para el Estado…”

El resultado de este proceso, arrojó que la Secretaría de Energía asignara a Pemex el 92% del total de las reservas (3P) y el 68% de los recursos prospectivos que solicitó, es decir, reservas probadas que totalizaron 10,292 millones de barriles de petróleo crudo, condensados y los hidrocarburos licuables, y 10,859 miles de millones de pies cúbicos de gas seco (95.1% de las reservas probadas del país).

En el mismo sentido, la proponente señala que el informe anual 2014 de la empresa productiva del Estado, advierte una caída de 3.7% de la producción de petróleo crudo entre 2013 y 2014, en razón de la disminución de la producción de los proyectos Cantarell, Aceite Terciario del Golfo, Delta del Grijalva, Crudo Ligero Marino e Ixtal Manik. Por su parte, la perforación pasó de 38 pozos exploratorios terminados en 2013 a 24, en 2014, una reducción del 36.8%. Por lo que hace a los pozos de desarrollo, los mismos pasaron de 785 en 2013 a 511 en 2014.

A juicio de la proponente, Pemex en dicho informe reconoce que no cuenta con una capacidad plena para “explorar y extraer las reservas de las asignaciones adjudicadas, o a través de los derechos que se le adjudiquen en el futuro. Petróleos Mexicanos podría perder el derecho para la extracción de estas reservas si no cumple con el plan de exploración establecido.”

De igual forma, la Senadora proponente plantea la necesidad de cuestionar la validez de las circunstancias planteadas por el entonces IFAI para la reserva de la información, es decir, el riesgo de que se pierda la ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades, en razón de que, una de las personas más importantes en este proceso, el entonces Director de Pemex Exploración y Producción (PEP) renunció a su cargo en febrero de 2014 para sumarse un año después a uno de los competidores, la recién creada Petrobal. Lo que de nueva cuenta, a juicio de la Senadora Padierna, representa un claro oscuro respecto de las circunstancias en que Pemex afronta las asignaciones de la Ronda Cero, diluyendo la supuesta ventaja.

Por otra parte, con la publicación de los resultados del proceso de Ronda Cero por parte de la Secretaría de Energía, la proponente asegura que claramente terminó el proceso deliberativo que servía de causa para reservar la información. Por ello y conforme al artículo 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información una vez que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, los documentos reservados serán públicos.

En el mismo sentido, la proponente advierte que la información relacionada con los criterios que Pemex aplicó para su solicitud y los que a su vez aplicó la SENER para determinar las asignaciones a Pemex es importante, toda vez que en las convocatorias 2 y 3 de la llamada Ronda Uno, se pretende licitar 9 campos en aguas someras y 26 campos terrestres, respectivamente, que Pemex ha explorado y en muchos casos explotado, y por lo tanto, cuenta con la suficiente experiencia y capacidad para continuar haciéndolo.

De nueva cuenta, a juicio de la Senadora Dolores Padierna Luna, tanto la SENER como la CNH no han explicado las razones por las cuales estos campos no fueron asignados a Pemex y tampoco se conoce el motivo por el que Pemex se abstuvo, en todo caso, de solicitar la asignación de estos campos.

Finalmente, se menciona que la versión pública de la “Solicitud que Petróleos Mexicanos somete a consideración de la Secretaría de Energía para la adjudicación de áreas en exploración y campos en producción, a través de asignaciones en términos del Transitorio Sexto” advierte que Pemex “advierte que Pemex es un líder global en el desarrollo y explotación de campos en aguas someras de gas y petróleo. Tiene más de 35 años de experiencia en el desarrollo de campos y la explotación de yacimientos ubicados en aguas someras. Estos campos actualmente garantizan la producción de hidrocarburos y el envío de crudos ligeros y súper-ligeros para efectuar las mezclas y comercializar el crudo pesado. En aguas someras, se tienen yacimientos de crudos pesados, ligeros, súper –ligeros y gas- condensados con instalaciones de producción las cuales son estratégicas para garantizar los compromisos de producción. Pemex continuará operando la mayoría de estos campos solo. Se solicitarán todos aquellos campos con mayor rentabilidad en el portafolio de proyectos.” Y en relación a los campos terrestres, se menciona que se solicitarán principalmente campos que tengan un valor presente neto positivo después de impuestos, pero advierte también que los campos con limitada rentabilidad “se solicitarán por consideraciones estratégicas”

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos a difundir la “Solicitud que Petróleos Mexicanos somete a consideración de la Secretaría de Energía para la adjudicación de áreas en exploración y campos en producción, a través de asignaciones en términos del Transitorio Sexto”, en razón de haberse adjudicado ya las asignaciones resultado de la Ronda Cero; precisando las causas por las que decidió abstenerse de solicitar los 9 campos de aguas someras y 26 terrestres que son parte de las convocatorias 2 y 3 de la Ronda Uno. Asimismo, exhorta a que se envíe una copia del acta del Comité de Adquisiciones en el que se avaló la solicitud de campos como parte de la Ronda Cero.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía a presentar un informe detallado respecto del proceso de Ronda Cero, detallando los campos asignados a Pemex por tipos de reserva (1P, 2P y 3P) y ahondando en los criterios que se tuvieron para asignar los campos de exploración y explotación a la empresa, así como el informe proporcionado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre los criterios técnicos para resolver la solicitud de Pemex.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Esta Tercera Comisión dictaminadora coincide con la Senadora proponente en cuanto a que nuestro país atraviesa un período complicado en cuanto a los ingresos petroleros en comparación con el año 2014. De acuerdo a los últimos datos que envía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión en el Informe Finanzas Públicas y Deuda Pública, en el mes de abril de este año, los ingresos petroleros tuvieron una disminución del 43.7% en términos reales.

Por otra parte, esta Comisión considera preocupantes las afirmaciones de la proponente al mencionar que la Ronda Cero de la Reforma Energética se llevó a cabo en un ambiente de opacidad e incapacidad por parte de las autoridades involucradas en el proceso, pues dicha ronda es la base de los proyectos de inversión y producción de Pemex.

En otro orden de ideas, los miembros de esta Comisión dictaminadora, hemos realizado un estudio de las consideraciones que realiza la proponente en materia de transparencia y acceso a la información pública sobre “El reporte enviado a al SENER en donde se detallan los campos que decidirá quedarse como parte de la llamada Ronda Cero, de la reforma energética”.

Al respecto, consideramos que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos fue muy claro en cuanto a los argumentos que expone en la Resolución RDA 1857/14 mediante la cual autoriza a Petróleos Mexicanos a reservar la información hasta el año 2016 y que son precisamente los que menciona la Senadora proponente en sus argumentos, y que son el “secreto industrial”, por tratarse de un “proceso deliberativo en curso” y que podría significar un “detrimento en las negociaciones que Pemex pudiera buscar para desarrollar una alianza estratégica”.

Sin embargo, los miembros de esta Comisión dictaminadora también estamos conscientes de que existe una verdadera preocupación por parte de la Senadora Dolores Padierna, en cuanto a que las causas anteriormente expuestas podrían haber quedado extintas, toda vez que como ella lo expone, uno de los funcionarios más importantes en el proceso de la Ronda Cero, el Director de Pemex Exploración y Producción, renunció al cargo en febrero de 2014 para sumarse un año después a la empresa Petrobal.

Derivado de lo anterior, esta Comisión estima pertinente realizar una modificación al primer resolutivo propuesto, con la finalidad de realizar un exhorto a Petróleos Mexicanos, para que reconsidere hacer pública la información contenida en la “Solicitud que Petróleos Mexicanos somete a consideración de la Secretaría de Energía para la adjudicación de áreas en exploración y campos en producción, a través de asignaciones en términos del Transitorio Sexto” toda vez que podría actualizarse la situación prevista en la fracción I del artículo 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra menciona:

“Artículo 101. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;

II. Expire el plazo de clasificación;

III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo señalado en el presente Título.”

En cuanto al resolutivo segundo que se propone, esta Comisión coincide con la proponente en cuanto a la importancia de solicitar a la Secretaría de Energía, un informe respecto del proceso de Ronda Cero, detallando los campos asignados a Pemex por tipos de reserva, y ahondando en los criterios que se tuvieron para asignar los campos de exploración y explotación a la empresa, toda vez que existen fuertes dudas por parte de la Senadora proponente, en cuanto al proceso de elección de los mismos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a reconsiderar hacer pública la “Solicitud que Petróleos Mexicanos somete a consideración de la Secretaría de Energía para la adjudicación de áreas de exploración y campos en producción, a través de asignaciones en términos del Transitorio Sexto”, en razón de haberse adjudicado ya las asignaciones resultado de la Ronda Cero. Lo anterior de comprobarse que los motivos por los cuales se consideró la reserva de información ya no se actualizan, de acuerdo al artículo 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Energía, que en un término no mayor a 15 días naturales, presente a esta Soberanía un informe detallado respecto del proceso de Ronda Cero, detallando los campos asignados a Pemex por tipos de reserva (1P, 2P y 3P), y ahondando en los criterios que se tuvieron para asignar los campos de exploración y explotación a la empresa, así como el informe proporcionado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre los criterios técnicos para resolver la solicitud de Pemex.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Por el que se solicita a los ayuntamientos Boca del Río y Medellín, del estado de Veracruz, un informe sobre los términos de la concesión otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Congreso de Veracruz a derogar las disposiciones contenidas en la Ley de Aguas de la entidad que violan el Derecho Humano al agua, establecido en el artículo 4º de La Constitución Federal, del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y el Senador Manuel Bartlett Díaz.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 17 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz analice y derogue las disposiciones establecidas en la Ley de Aguas de la entidad que violenten lo consagrado en el artículo 4º constitucional, es decir, el Derecho Humano al Agua.

La propuesta en estudio señala que la protección a los derechos establecidos en el cuarto numeral de la Constitución y en diversos Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, se ha visto vulnerado por algunas disposiciones establecidas en la Ley de Aguas del Estado de Veracruz.

Entre otras causas que dieron origen a la preocupación de los proponentes se encuentran:

● La inconformidad manifiesta por privatizar el SAS pues se sabía ya que se le inyectaban más de mil millones de pesos para rescatarlo de la quiebra. Como se advirtió entonces, si no se ponía interés en el tema, los veracruzanos serían quienes tendrían que pagar este quebranto, con el incremento de cuotas anuales, por lo que se solicitó que se realizara una auditoría y, si fuera el caso, castigar a quienes lo saquearon.

● La lucha de asociaciones civiles y trabajadores de SAS ha sido constante a lo largo de varios años; han realizado un sin número de marchas contra la privatización del sistema de agua. El origen de las movilizaciones es porque están en contra de que el SAS se entregue a la iniciativa privada.

● La publicación de fecha 6 de febrero del 2015 en la Gaceta Oficial del Estado, donde se establece: “selección de un socio inversionista operador de reconocido prestigio y solvencia; que aporte su experiencia y los recursos económicos suficientes para la realización de un programa de inversión a largo plazo: y forme parte en la conformación de una empresa mixta de participación público - privada bajo la modalidad de sociedad anónima promotora de inversión”.

● La oficialización del nacimiento del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), consorcio integrado por la empresa española Aguas de Barcelona Interagbar de México y la brasileña Odebrecht Ambiental, ganadoras de la licitación pública internacional, para sustituir al Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano con una concesión de 30 años.

La proponente expone que es de fundamental importancia garantizar y proteger el derecho Humano al agua, consagrado en nuestro texto constitucional, por lo que se tiene que hacer un llamado al Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz para que dé cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución y  derogue las disposiciones que contravengan a la misma.

Por último la proponente precisa también que “se opone de entrada a toda medida que tenga por fin privatizar los servicios básicos que ofrece el Estado, pues con ello los beneficiarios del servicio del agua la pagarán a precios comerciales, como ocurre en Puebla, en donde se pagan tarifas que son hasta 100 por ciento más caras. De hecho Puebla está dentro de las 10 ciudades que más pagan por el servicio del agua, y a ellas se añadirá ahora los municipios de Veracruz, Boca del Rio y Medellín. Esto significa también que no se respeta el derecho humano al agua como lo dispone la Constitución federal, que garantiza que el agua sea asequible, esto es, que se pague de acuerdo a la capacidad económica de la gente, y no a precios de mercado”.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz para que derogue las disposiciones contenidas en la Ley de Aguas de la entidad, que violan el derecho humano al agua establecido en el artículo 4° de la Constitución federal.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz para que revise y revierta, en el ámbito de sus facultades, la concesión otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), consorcio integrado por la empresa española Aguas de Barcelona Interagbar de México y la brasileña Odebrecht Ambiental, ganadoras de la licitación pública internacional, para sustituir al Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de la entidad en una concesión de 30 años, porque privatizar el servicio viola el derecho humano al agua establecido en nuestra Constitución federal y los tratados internacionales en la materia.

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de la manera más respetuosa a los Municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, así como al Congreso del Estado de Veracruz informen a esta Soberanía sobre los términos de la concesión otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento; y a la Contraloría de la entidad le solicita que revise la legalidad de la misma.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

México ha implementado medidas de protección a los derechos consagrados en nuestro máximo texto jurídico y en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Es por ello, que la privatización de cualquier elemento esencial para la vida humana como lo es el agua, es contrario los derechos humanos y por ende a nuestro texto constitucional. Así los proponentes advierten de una posible violación del texto constitucional por parte de los numerales 44 y 45 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz.

Con motivo de lo anterior, los proponentes señalaron como fundamental el actuar del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz para que en cumplimiento de sus atribuciones vigile la observancia del cuarto numeral de la Constitución Federal. Esto es, que cuentan con la facultad para derogar disposiciones normativas que contravengan dicho artículo. Asimismo, piden que en ejercicio de sus facultades y en el ámbito de sus competencias el Congreso del Estado, los Municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín y la Contraloría de la entidad, investiguen la legalidad de la concesión otorgada al grupo de empresas de carácter privado para la explotación, administración, financiamiento y distribución del líquido vital.

De igual manera, solicitan que se revoque la Concesión que se le otorgó al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), integrada por tres empresas, dos de carácter internacional como lo son Aguas de Barcelona que es española y Odebrech Ambiental que es brasileña y una de carácter nacional, Interagbar, todas del sector privado, que ganaron la licitación publicada en la Gaceta Oficial de la entidad el día 6 de febrero del año en curso.

Esta comisión dictaminadora coincide con la intensión de los proponentes en vigilar la observancia constitucional de los derechos humanos. Es por ello, que se considera necesario hacer mención de los alcances jurídicos que tienen las disposiciones citadas de la Ley de Aguas para el Estado de Veracruz y su relación con el texto constitucional y la Ley Nacional de Aguas.

1) La Ley de Aguas del Estado de Veracruz establece la participación de empresas privadas en el desarrollo del sector hidráulico de la entidad de la siguiente manera:

Artículo 44. Se considera de interés público la promoción y fomento de la participación organizada del sector social y del sector privado para el financiamiento, construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, conservación, operación y administración de la infraestructura hidráulica del estado de Veracruz servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; y las acciones que promuevan el rehusó de las aguas tratadas.

Artículo 45. Para los efectos del artículo anterior, el sector social y los particulares pueden participar en:

I. La prestación de los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;

II. La ejecución de obras de infraestructura hidráulica y proyectos relacionados con servicios públicos, así como, en su caso, el financiamiento;

III. La operación y mantenimiento total o parcial de los sistemas destinados a la prestación de los servicios públicos;

IV. La colección, el desalojo y el manejo de lodos; y

V. El servicio de conducción, potabilización, suministro, distribución o transporte de agua.

De lo anterior se desprende, que esta ley permite la injerencia del sector privado en el manejo de los recursos hidráulicos de la entidad a través de una concesión otorgada por los ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado respectivamente como lo establece el segundo artículo de dicho ordenamiento jurídico.

2) Por lo que hace a la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos con respecto al derecho humano de acceso al agua establece:

Artículo 4º…

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

3) Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales vigente establece en su texto:

Artículo 47 bis. "La Autoridad del Agua" promoverá entre los sectores público, privado y social, el uso eficiente del agua en las poblaciones y centros urbanos, el mejoramiento en la administración del agua en los sistemas respectivos, y las acciones de manejo, preservación, conservación, rehusó y restauración de las aguas residuales referentes al uso comprendido en el presente Capítulo.

Derivado de lo anterior y con relación en las disposiciones de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz citadas, se dilucida una congruencia normativa en los tres ordenamientos jurídicos, desencadenada jerárquicamente en los siguientes puntos:

1) Como se puede apreciar en el cuarto artículo constitucional, cede del Derecho Humano al Agua, aparentemente no se expresa ninguna prohibición a la injerencia del sector privado como coadyuvante del Estado en la administración, distribución, financiamiento y aprovechamiento de los recursos hidráulicos para mejorar la garantía de dicho derecho.

2) En segundo término, el artículo 47. Bis de la Ley de Aguas Nacionales, establece la participación legal del sector privado en la explotación de los recursos hidráulicos de la nación, esto a través de la figura de concesión respectiva de los tres niveles de gobierno según la jurisdicción que implique dicha concesión. 

3) Por último, la legislación local del Estado de Veracruz respectiva regula en congruencia con la Ley de Aguas Nacionales como ley marco, de igual forma es congruente con el numeral constitucional citado, por ende el derecho humano de acceso al agua no se ve afectado por dichas disposiciones.

Sin embargo, cabe señalar que esta Comisión Dictaminadora no es competente para determinar la constitucionalidad o no de una norma, ya que dicha facultad pertenece exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora bien, resulta importante para esta Comisión Dictaminadora determinar que la concesión es el medio más eficaz para entregar a los particulares ciertas actividades o la explotación de recursos que la administración pública no está en condiciones de desarrollar ya sea por incosteabilidad económica o por otra serie de impedimentos organizacionales.

La concesión es una figura generadora de empleos y por ende estimula el fomento de la riqueza nacional, al mismo tiempo que refleja una actitud económicamente sana ya que el Estado podrá dirigir sus recursos económicos hacia proyectos o planes prioritarios y dejar a los particulares que cubran con su propio esfuerzo ciertas áreas de servicio o de explotación de riquezas nacionales.

Nos dice el maestro Cano Meléndez “La concesión es un acto administrativo público, por medio del cual el estado, llamado concedente, faculta al particular, llamada concesionario, para que administre y explote en su provecho, en forma regular y continua, pero por tiempo determinado, bienes del dominio público o servicios públicos, en vista de satisfacer un interés colectivo, mediante una ley preconcebida y un contrato formulado entre las partes”.

En este tenor, es necesario hacer énfasis en que la naturaleza de una concesión versa sobre la tenencia o posesión de los bienes de la nación para explotarlos y tener mejor provecho de los mismos para beneficio de los gobernados, no así de la propiedad de éstos. Además la concesión lleva aparejada una serie de obligaciones para el concesionario dentro de las cuales se encuentra que garantícela prestación del servicio la explotación de los bienes del Estado en los términos y condiciones que señalen las disposiciones legales.

La concesión es una figura meramente administrativa que como ya se señaló es otorgada por el Ejecutivo Federal, Estatal o Municipal, dependiendo la jurisdicción, es por ello que la extinción de la misma corresponde a tres supuestos:

1) Cumplimiento del plazo; esto sucede cuando el periodo otorgado para el aprovechamiento de la concesión vence, aunque en algunos casos ésta podrá prorrogarse mediante una novación.

2) Falta u objeto, materia de la concesión; se produce cuando se hace imposible la prestación del servicio, o se agotan los recursos naturales destinados a la explotación.

3) Revocación; esta figura es una manifestación unilateral de voluntad de la Administración Pública, en virtud de la cual se retira del campo jurídico un acto valido y eficaz por un motivo superveniente.

De esta manera, resulta inoperante la solicitud de los proponentes de hacer un llamado al Congreso del Estado de Veracruz para que revoquen la concesión otorgada al grupo de empresas privadas que ganaron la licitación ya que no se encuentra dentro de las facultades de dicho poder llevar a cabo la acción solicitada.

Por otro lado, cabe mencionar que la concesión fue otorgada a un grupo de empresas del sector privado, del cual dos son internacionales una de España y la otra de Brasil, Aguas de Barcelona y Odebrech Ambiental respectivamente. En este supuesto el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primera fracción:

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

….

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.

Bajo este mismo análisis, resulta importante vigilar la legalidad de la concesión otorgada para la explotación de los recursos hidráulicos del estado de Veracruz, pues dentro de los concesionarios se encuentran personas extranjeras que deben cumplir con los requisitos establecidos en el numeral citado con anterioridad para ser merecedores de dicha concesión y en caso de no ser así, por incumplimiento en los requisitos y falta de legalidad se revoque la concesión.

De acuerdo  lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera adecuado solicitar al Ejecutivo del Estado de Veracruz, a los Ayuntamientos de Veracruz, Boca del río y Medellín verificar el cumplimiento de los requisitos y la legalidad de la concesión otorgada al grupo de empresas Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), integrada por tres empresas, dos de carácter internacional como lo son Aguas de Barcelona que es española y Odebrech Ambiental que es brasileña y una de carácter nacional, Interagbar, todas del sector privado.

Estas autoridades citadas están facultadas para vigilar, suspender y en su caso revocar los derechos de la concesión otorgada al grupo empresarial MAS, así como para informar la legalidad del procedimiento concesionario a esta soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los Ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río y Medellín del Estado de Veracruz, que un término no mayor a 15 días naturales, remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre los términos de la concesión otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento. Asimismo, se solicita a la Contraloría General del Estado de Veracruz revise y verifique la legalidad de la concesión en comento, particularmente respecto de la participación de empresas extranjeras; para que en caso de encontrar anomalías según lo establecido en nuestro texto constitucional, se determinen las medidas pertinentes.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a fortalecer los programas y apoyos dirigidos al campo, a fin de contribuir al crecimiento económico y exportación ganadera del país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer los programas y apoyos al campo a fin de contribuir al crecimiento económico y exportación ganadera del país.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 17 de junio del 2015, el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer los programas y apoyos al campo a fin de contribuir al crecimiento económico y exportación ganadera del país.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que se fortalezcan los programas y apoyos dirigidos al campo y la exportación ganadera, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

El proponente expone que aún con todos los beneficios que ofrece el suelo mexicano, como los diversos tipos de clima y tierras fértiles, existen factores que perjudican el desarrollo agrícola.

Precisa que los productores campesinos mexicanos se enfrentan a una competencia desigual en comparación con los productores extranjeros que encuentran apoyos y subsidios por parte de sus respectivos gobiernos, citando el caso de Estados Unidos y el TLCAN, el cual permite un incentivo en la producción de su campo, lo que abarata los costos de producción.

Señala la necesidad de reactivar el sector agropecuario cuya actividad económica es de suma importancia para el país y así como la creación y aplicación de programas de apoyo para aumentar la producción y competitividad de la agricultura. Cita como ejemplo el caso de la ganadería bovina de carne en México ha sobresalido por las crecientes importaciones de carne en la balanza comercial en  unidades de producción, empleos, entre otros.

Manifiesta que, a pesar de que las condiciones son adversas por la variedad de climas y suelos que existen en el territorio, el poco uso de tecnologías, aunando a que la productividad de la ganadería bovina se encuentren por debajo de los parámetros técnicos deseables a nivel nacional, no se puede concluir que la ganadería en el país esté atrasada, porque gracias al aprovechamiento y uso de recursos se hizo posible que el sistema de producción vaca–becerro pueda mejorarse. Añade que si se implementan mayores apoyos y tecnologías a este sector ganadero, se podrán obtener mayores niveles de exportación.

Por último, señala el proponente que es necesario que se refuercen las políticas y programas relacionados con la exportación en México para que se fortalezcan los sectores que ya han sobresalido en el país, para de esta manera obtener un desarrollo económico estable y constante en estos sectores vulnerables.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,  para que se fortalezcan los programas y apoyos dirigidos al campo a fin de contribuir al crecimiento económico y exportación ganadera del país.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

El sector agropecuario mexicano ha enfrentado transformaciones profundas durante las últimas décadas, las tendencias del mercado mundial han influido de manera decisiva en la estructura de dicho sector. El proceso de globalización y las transformaciones demográficas han configurado un nuevo entorno para el sector agropecuario el cual se caracteriza por cambios tecnológicos que redundan en mejoras de la productividad, modificaciones genéticas que mejoran las variedades de los productos, nuevos esquemas organizacionales que dinamicen las formas de comercialización y modifican los métodos de inserción en el mercado mundial.

Por otra parte, estos cambios también impactan al sector agropecuario en sus interacciones con el mercado interno y tienden a polarizar la situación del campo entre un sector asociado al mercado exportador, que cuenta con inversiones cuantiosas que le permiten mejorar su productividad e introducir mejoras tecnológicas, y la agricultura tradicional de subsistencia que aumenta la producción sobre la base de métodos extensivos.

Esta comisión dictaminadora considera que las políticas enfocadas al campo mexicano deben impulsar la producción y productividad para lograr la autosuficiencia alimentaria, incrementan la competitividad internacional y el uso eficiente de los recursos internos. Es de reconocer que las actividades ganaderas muestran una expansión importante, por arriba de su crecimiento tendencial.

La producción del sector agropecuario ha tomado un carácter más comercial donde la competencia impone estándares de calidad y servicio, obligando a las unidades productoras a una continua modernización de sus procesos productivos, así como a la diversificación de productos y nichos de mercados. Esta situación plantea retos importantes en el diseño de las políticas públicas para el campo y especialmente para el sector agropecuario.

Ante ello, la participación del gobierno resulta fundamental para el desarrollo del sector, en ese sentido la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

● Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes.

● Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales.

● Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cría, semilleros y viveros, vinculándose a las instituciones de educación superior de las localidades que correspondan, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

● Formular dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la capacitación de los productores rurales.

● Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en coordinación con la Secretaría de Economía.

● Participar junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques, y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes.

● Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y comercio exterior agropecuarios.

Por consiguiente, esta Comisión dictaminadora estima relevante promover todas las acciones necesarias a fin de impulsar el crecimiento del sector agropecuario mexicano fortaleciendo los programas de apoyo a la producción, productividad y competitividad de dicho sector.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se fortalezcan los programas y apoyos dirigidos al campo a fin de contribuir al crecimiento económico y exportación ganadera del país.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a exigir a los proveedores que ofrecen sus productos por Internet, que los términos y condiciones de ventas sean lo suficientemente claros y precisos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que exija a los proveedores que ofrecen sus productos por internet a que todos los términos y condiciones de venta sean lo suficientemente claros y precisos, y estos deberán resaltarse en el sitio web con caracteres distintivos, notorios e indubitable previamente al pago correspondiente; del Diputado Carlos Alberto García González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el  17 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que se refuerce el monitoreo de las transacciones en internet y se le dé cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La propuesta en estudio señala que en México el crecimiento de las transacciones en tiendas virtuales ha incrementado considerablemente y aunque existe normatividad que regula someramente dicha actividad, no es de observancia para los actores de estas compraventas en internet.

“Pese a la regulación vigente, y al constante monitoreo de las denominadas tiendas virtuales de parte de la PROFECO, los proveedores siguen contraviniendo estas disposiciones legales, y el consumidor no tiene pleno conocimiento e información del producto que va adquirir y sus condiciones de venta. Esta situación es inequitativa para el consumidor y en algunas ocasiones la oferta o promoción finalmente no resulta tan económica o atractiva como se anunciaba.”

Por tanto, la inobservancia de la norma en cuestión ocasiona afectaciones a los derechos del consumidor ya que las ofertas publicadas en estas tiendas virtuales en internet resultan no ser completamente ciertas o cuentan con una trampa o condición que no fue expresa en el anuncio de oferta.

El proponente expone que es de fundamental importancia que se implementen acciones por parte de Procuraduría Federal del Consumidor en cumplimiento de lo establecido en la normatividad que regula y protege al consumidor para evitar abusos y afectaciones a los derechos del consumidor.

Por último la proponente precisa también que “… el consumidor tiene el derecho de conocer toda la información sobre los términos y condiciones de la operación, así como los costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor, y deben ser claras a fin de que no exista engaño.”

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que exija a los proveedores que ofrecen sus productos por internet a que todos los términos y condiciones de venta sean lo suficientemente claros y precisos, y éstos deberán resaltarse en el sitio web con caracteres distintivos notorios e indubitable previamente al pago correspondiente.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que refuerce sus actividades de monitoreo a las tiendas virtuales, a fin de que den pleno cumplimiento con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

En México tuvieron auge las compraventas virtuales en internet desde el 2009 dejando ganancias económicas de 24.5 miles de millones de pesos en ese año su incremento fue paulatino y en el último estudio publicado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) en el 2013 se obtuvieron ganancias de 121.6 miles de millones de pesos, demostrando un crecimiento de más de cuatro veces lo obtenido en el 2009.

En ese sentido como ya se ha señalado, la proponente en sus consideraciones expone la necesidad de que la Procuraduría Federal del Consumidor vigile el desarrollo de esta actividad comercial ya que ha demostrado tener un crecimiento considerable en poco tiempo y continua creciendo la injerencia de estas actividades en el mercado nacional e internacional.

Con motivo de lo anterior, el proponente señaló como fundamento para la actuación de la Procuraduría Federal del Consumidor la Ley Federal de Protección al Consumidor que establece:

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. a IX. Bis…

IX. ter. Promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales que corresponda, a fin de asegurar la protección efectiva al consumidor en contra de la información o publicidad engañosa o abusiva;

Artículo 76 bis.- Las disposiciones del presente Capítulo aplican a las relaciones entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En la celebración de dichas transacciones se cumplirá con lo siguiente:

I. El proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores ajenos a la transacción, salvo autorización expresa del propio consumidor o por requerimiento de autoridad competente;

II. El proveedor utilizará alguno de los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por el consumidor e informará a éste, previamente a la celebración de la transacción, de las características generales de dichos elementos;

III. El proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones;

IV. El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos, por lo que deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrezca, señaladas en esta Ley y demás disposiciones que se deriven de ella;

V. El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor;

VI. El proveedor respetará la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los productos que desea recibir, así como la de no recibir avisos comerciales, y

VII. El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población.

Por lo que esta Comisión dictaminadora considera convenientes los puntos petitorios del presente punto de acuerdo y solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor refuerce sus actividades de monitoreo a las tiendas virtuales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en cumplimiento de sus atribuciones, exija a los proveedores que ofrecen sus productos por internet, que todos los términos y condiciones de venta sean lo suficientemente claros y precisos y éstos deberán resaltarse en el sitio web con caracteres distintivos notorios e indubitables previamente al pago correspondiente.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que refuerce sus actividades de monitoreo a las tiendas virtuales, a fin de que den pleno cumplimiento con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a realizar las acciones oportunas para salvaguardar el derecho a un medio ambiente saludable y al abastecimiento de agua potable a los habitantes de la comunidad de Llanos de San Francisco, Querétaro.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Querétaro y al Municipio de Pinal de Amoles a analizar si la causa de la mala salud de los habitantes de ese municipio, derivado de la contaminación del agua; presentada por la Senadora Sonia Rocha Acosta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 17 de junio de 2015.

2.- El 19 de junio siguiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta al Gobierno de Querétaro y al Municipio de Pinal de Amoles a analizar si la causa de la mala salud de los habitantes de ese municipio, deriva de la contaminación del agua. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

I) Llanos de San Francisco es una comunidad en Querétaro tiene como principal fuente de ingresos es una empresa minera.

II) Más de 180 personas de esa comunidad han presentado síntomas comunes como gripe, migraña y dolores intensos en todo el cuerpo. Se desconoce la causa de los malestares de la población ni tampoco han recibido tratamiento médico.

III) La comunidad teme beber el agua del manantial que abastece a la comunidad, ya que consideran es la causa del problema. En contrasentido, temen denunciar a la minera, por ser la principal fuente de empleo del lugar.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

Primero.-Se exhorta al Gobierno Estatal y al Gobierno Municipal de Pinal de Amoles a fin de realizar las acciones oportunas en el ámbito de su competencia para salvaguardar el derecho a un medio ambiente saludable y al abastecimiento de agua purificada a los habitantes de la comunidad de Llanos de San Francisco, en el municipio de Pinal de Amoles, estado de Querétaro.

Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Comisión Nacional de Aguas, a realizar una investigación profunda sobre la probable contaminación del agua en la comunidad de Llanos de San Francisco, municipio de Pinal de Amoles, estado de Querétaro.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación de la Senadora en relación al cuidado de la salud de las personas y al medio ambiente. Esta Comisión considera que la demanda social y las necesidades del desarrollo nacional exigen lograr un cambio de actitud en la acción gubernamental y en la sociedad, para conciliar crecimiento económico y protección de nuestros recursos naturales, ya que éstos conforman una reserva estratégica fundamental para la soberanía nacional y el desarrollo del país.

La Constitución General tutelan los derechos a la salud y al medio ambiente sano en el artículo 4º constitucional. Respecto al derecho a la protección de la salud, el Congreso de la Unión y las Legislaturas Locales aprobaron diversas leyes secundarias mediante las cuales organizaron la prestación de los servicios de salud entre las que cabe citar la Ley General de Salud en su artículo 2º señala, entre las finalidades del referido derecho:

I) El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II) La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III) El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

Por otra parte, las posibles acciones de quien, en su caso, contamine el agua, contraviene el el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas y se desarrolla en los siguientes aspectos:

1. La facultad de poder de exigir un medio ambiente sano. El deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste.

2. La obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia vertical).

En ese sentido, en el caso en el que la empresa minera pudiera estar cometiendo hechos ilícitos en contra del medio ambiente, implicaría que se está afectando dos derechos fundamentales de alta trascendencia.

En el mismo sentido, conforme a lo dispuesto en la fracción XXIX –G del artículo 73 de la Constitución General que establece la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en materia ambiental; así como la fracción II del artículo 45, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es procedente solicitar la investigación de los hechos a la PROFEPA.

F. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Estatal de Querétaro y al Gobierno Municipal de Pinal de Amoles a fin de realizar las acciones oportunas en el ámbito de su competencia para salvaguardar el derecho a un medio ambiente saludable y al abastecimiento de agua potable a los habitantes de la comunidad de Llanos de San Francisco, en el municipio de Pinal de Amoles, estado de Querétaro.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Comisión Nacional de Aguas, a realizar una pronta investigación sobre la probable contaminación del agua en la comunidad de Llanos de San Francisco, municipio de Pinal de Amoles, estado de Querétaro.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a las autoridades ambientales y educativas a diseñar e implementar las estrategias que coadyuven al combate de los efectos negativos del cambio climático.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el exhorta a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Desertificación y la Sequía.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 17 de junio del 2015, la Diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Desertificación y la Sequía.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar a las autoridades que implementen estrategias para el combate de los efectos del cambio climático que provocan la desertificación y la sequía, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

La proponente expone que la desertificación es la degradación de las tierras de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultantes de factores como las variaciones climáticas y las actividades humanas que ocasionan que la tierra se degrade y se vuelva improductiva y por tanto también deja de ser habitable.

Precisa que en nuestro país, se estima que anualmente entre 300 mil y 400 mil personas abandonan sus tierras por la degradación de los suelos, situado a tres cuartas partes del suelo de México en categoría de zonas frágiles, áridas o semiáridas.

Señala que la desertificación es el resultado del uso no sustentable de la tierra y que comienza con la eliminación de la vegetación y el sobrepastoreo, lo que sumado a las variaciones climáticas como lluvias intensas o sequías prolongadas entre otras, ocasionan la degradación de la tierra.

Señala también que las personas pobres que viven en zonas de tierras secas tienen que hacer frente a múltiples problemas de pérdidas de ingresos, inseguridad alimentaria, deterioro de la salud, sistemas de tenencia de la tierra inseguros y derechos de acceso a los recursos naturales y falta de acceso a los mercados.

Asimismo, destaca que el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación se celebra el 17 de junio en todo el mundo, centrado la atención en “lograr la seguridad alimentaria para todos a través de sistemas alimentarios sostenibles”.

Comenta que, respecto a la celebración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación 2015, la consigna se definió como: “El que algo quiere, algo le cuesta, invirtamos en suelos sanos”, intentando captar la atención sobre la importancia de llevar a cabo diversas acciones para visibilizar las consecuencias de la desertificación.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que se diseñen e implementen estrategias que coadyuven al combate de los efectos negativos del cambio climático que provocan entre otros, la desertificación y la sequía, a través de la integración de la sociedad en la participación en acciones de concientización y ejecución de prácticas benéficas para el mantenimiento de los recursos naturales de nuestro país, impulsando con ello la estabilidad alimentaria principalmente de los sectores poblacionales más desprotegidos de nuestro país.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones:

La desertificación es la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas, lo anterior de acuerdo a la definición de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación en particular en África, de la cual México es parte, tiene por objeto la luchar contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles.

Mediante dicha convención, nuestro país se comprometió a:

● Garantizar la elaboración y ejecución de programas de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía con la participación de la población y de las comunidades locales.

● Mejorar la cooperación y la coordinación a nivel subregional, regional e internacional, y encauzar mejor los recursos financieros, humanos, de organización y técnicos adonde se necesiten.

● Fomentar, en un espíritu de asociación, la cooperación a todos los niveles del gobierno, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y los usuarios de la tierra, a fin de que se comprenda mejor el carácter y el valor de los recursos de tierras y de los escasos recursos hídricos en las zonas afectadas y promover el uso sostenible de dichos recursos.

Cabe precisar que la desertificación, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se concibe más allá de las tierras secas, como la pérdida de la capacidad productiva de las tierras, causada por el hombre, en cualquiera de los ecosistemas existentes en el territorio de la República Mexicana. La desertificación forma parte de un problema de orden nacional que es la degradación de suelos en usos agropecuarios y forestales en tierras secas y montañosas principalmente.

Esta Comisión dictaminadora considera fundamental la participación conjunta de sociedad y gobierno en la mitigación de los efectos ambientales provocados por el cambio climático y por la propia acción del hombre, tales como las sequías y la degradación de los suelos.

En ese sentido, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable prevé en su artículo 22 la integración del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales como un mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de acuerdo con sus atribuciones y competencia para lograr el propósito de disminuir la degradación de los recursos naturales y la desertificación, así como una mayor participación de la sociedad.

Derivado de lo anterior se han realizado diversas acciones para lograr el mencionado propósito, entre las que destacan la implementación de la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras y del Programa Nacional Manejo Sustentable de Tierras para combatir Degradación de Tierras y Desertificación en México.

La Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras tiene los siguientes objetivos particulares:

● Prevenir el deterioro de los ecosistemas naturales y los agro-ecosistemas en buen estado de conservación.

● Detener y revertir las tendencias de degradación de los ecosistemas naturales y sistemas agropecuarios y forestales, mediante buenas prácticas de gestión de las tierras.

● Rehabilitar las tierras degradadas.

● Promover la sensibilización y mejora del conocimiento sobre la degradación y el manejo de tierras, así como el incremento de las capacidades de los ciudadanos para prevenir y revertir este proceso de deterioro.

● Diseñar y fortalecer mecanismos que promuevan la participación ciudadana corresponsable y efectiva en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, programas y proyectos de manejo sustentable de tierras.

● Armonizar y alinear políticas y programas, estableciendo mecanismos y procedimientos de concurrencia y coordinación de los tres órdenes de gobierno.

● Contribuir al logro de objetivos del desarrollo como el incremento productivo, la seguridad y soberanía alimentaria, la seguridad energética, la superación de la pobreza, la reducción de la migración forzada, la creación de fuentes de empleo y en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las áreas rurales.

El Programa Nacional Manejo Sustentable de Tierras para combatir Degradación de Tierras y Desertificación en México, tiene como fin la promoción y organización de acciones, así como la previsión de los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para el manejo sustentable de las tierras y la lucha contra la desertificación, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas, destinada a este tema.

Esta Comisión dictaminadora coincide con la intensión del proponente y reconoce la necesidad de fortalecer e incrementar la participación conjunta de sociedad y gobierno para disminuir la degradación de los recursos naturales y la desertificación que están estrechamente relacionados con problemas sociales, económicos y de seguridad alimentaria.

Por ello, los integrantes de esta Tercera Comisión, hacemos nuestra la petición del proponente y realizando las precisiones correspondientes aprobamos el punto de acuerdo en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de diseñar e implementar las estrategias que coadyuven al combate de los efectos negativos del cambio climático que provocan entre otros, la desertificación y la sequía, a través de la integración de la sociedad en la participación en acciones de concientización y ejecución de prácticas benéficas para el mantenimiento de los recursos naturales de nuestro país, impulsando con ello la estabilidad alimentaria principalmente de los sectores poblacionales más desprotegidos de nuestro país.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a realizar las acciones necesarias para potencializar el desarrollo de la industria aeronáutica nacional.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a que, en ejercicio de las atribuciones conferidas a dicha dependencia, promueva el desarrollo de la industria aeronáutica nacional, atendiendo, de manera particular, a la necesidad de aumentar la conectividad aérea de diversas ciudades del país, presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 17 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada, se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en ejercicio de las atribuciones conferidas a dicha dependencia, promueva el desarrollo de la industria aeronáutica nacional, atendiendo, de manera particular, a la necesidad de aumentar la conectividad aérea de diversas ciudades del país.

El Senador proponente señala que nuestro país ha incrementado su rango, principalmente en materia de desarrollo económico, dicho desarrollo debe ir de la mano de la infraestructura necesaria con la finalidad de que el primero fluya a través de los beneficios que otorga el segundo.

Por otra parte, se argumenta que en materia de desarrollo de infraestructura, entendiendo ésta como el conjunto de elementos y servicios técnicos que debemos considerar como necesarios para el correcto funcionamiento de las actividades que desarrolla el conjunto del Estado en aras de concretar el desarrollo económico, es de vital importancia conceder que los asuntos relacionados con la aviación civil y los servicios aeroportuarios tienen hoy en día la mayor relevancia, pues es a través de los ya mencionados servicios que una parte considerable de la población realizan actividades que detonan el crecimiento de nuestro gran país.

El proponente señala que en los últimos trece años cuando menos, trece ciudades importantes dejaron de tener servicio de vuelos regulares, lo que da muestra de que algunas regiones no cuentan con las condiciones óptimas para desarrollar todo su potencial, pues esa carencia limita su crecimiento económico. De acuerdo a los datos actualizados, por ahora, solo cincuenta y siete ciudades del País cuentan con servicios de vuelos comerciales regulares; cifra que nos habla de un problema digno de ser tomado en cuenta.

En ese mismo orden de ideas, se expone que la conectividad aérea, para efectos de desarrollo económico cumple con varias funciones; la primera de ellas, que es también la que más relevante, es la de procurar tiempos más cortos en los viajes que realizan las personas con propósitos diversos, como lo son el de encontrarse con sus familiares que se encuentran a la distancia o el de realizar actividades turísticas que tanto hacen falta a muchas regiones; la segunda, y también de gran importancia, es la de facilitar la comunicación empresarial que, eventualmente, procura la existencia de más y mejores inversiones productivas; la tercera, es aquella que poco se toma en cuenta en ocasiones y consiste en el intercambio eficiente de bienes y servicios.

El transporte aéreo, interpretado tradicionalmente como sinónimo de modernidad, ha favorecido el acercamiento de muchos centros periféricos a las regiones generadoras de riqueza, tanto en el ámbito nacional como a nivel mundial, y ha sido, además, un vector fundamental para proporcionar al turismo su protagonismo en el escenario contemporáneo de relaciones socio-económicas globales.

Actualmente, la inserción de las localidades en las redes globales depende de la accesibilidad que los sistemas de conexión exterior proporcionan a los lugares, ya sea en forma virtual (internet) o física (transportes). Ocurre, sin embargo, que si bien las condiciones de accesibilidad virtual son cada vez más difusas, promoviendo procesos de homogeneización, las condiciones de accesibilidad física siguen siendo muy dependientes de unas infraestructuras materiales y cuya situación responde generalmente a una rentabilidad más económica que social.

No obstante lo anterior, los aeropuertos, máximos representantes de la conectividad física exterior de los lugares, son un indicador sobresaliente de las condiciones de accesibilidad e integración, que generan inexcusablemente, gran cantidad de beneficios tangibles e intangibles.

La creación de aeropuertos y de conexiones aéreas desde o hacia enclaves de la periferia y semi-periferias económicas, ha permitido la inserción de éstas en el sistema de relaciones globales, sea abriendo válvulas de escape para la emigración, sea atrayendo actividades y capitales y, en consecuencia, dinamizando centros que, durante las últimas décadas, han protagonizado la “des-localización” de actividades que, como el turismo, estaban antes muy acotadas en las latitudes templado-cálidas de los países desarrollados.

El transporte aéreo es uno de los elementos y vehículos clave de la civilización neo-técnica y que las nuevas condiciones de explotación del mercado, emanadas sobre todo de la liberalización del sector, están generando un nuevo concepto de vecindad más sensorial que geográfica, un fenómeno que estaría afectando a segmentos cada vez más amplios de la población, gracias a nuevas condiciones de movilidad y de accesibilidad.

Existen ciudades a lo largo y ancho del país, donde la actividad económica muestra un franco crecimiento; junto a cada una de estas ciudades, que podríamos denominar principales, crecen también otras tantas que se benefician de la abundancia que las primeras aportan a la región. Cuando el crecimiento de dichos centros de población llega al punto adecuado, las necesidades de la población cambian y aumentan; una de esas necesidades modificadas y aumentadas es la de transporte rápido y eficiente.

Finalmente, el proponente señala que actualmente existen múltiples ejemplos de las problemáticas por lo que atraviesan las nuevas empresas que pretenden ingresar al negocio de la aviación, es cotidiano para dichos actores económicos encontrarse con una cantidad excesiva de regulación, que complica, y en muchos casos inhibe, las intenciones de inversión, eso sin descartar la posibilidad de presuntos actos de corrupción, todo ello, ocasiona gastos y pérdidas considerables para los inversionistas, así como la generación de nuevos empleos de manera expedita.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO: La Comisión Permanente exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a realizar las acciones necesarias para promover el desarrollo de la industria aeronáutica nacional, atendiendo de manera particular a la necesidad de aumentar la conectividad aérea de diversas ciudades del país que carecen del servicio en comento.

SEGUNDO: La Comisión Permanente solicita, respetuosamente, al titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, flexibilizar y agilizar los procedimientos que realiza dicha dependencia, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con el objetivo de que los trámites necesarios para que las aerolíneas puedan operar, sean revisados, y en su caso autorizados, en tiempos razonables.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Los miembros de esta Comisión dictaminadora coincidimos con los planteamientos vertidos por el Senador proponente en cuanto a que el desarrollo nacional debe ir acompañado de la infraestructura necesaria, de tal manera que los beneficios del desarrollo económico detonen, se difundan y se maximicen a toda la población.

En el mismo sentido, los integrantes de esta Tercera Comisión estamos de acuerdo con que la creación de aeropuertos y de conexiones aéreas desde o hacia enclaves de la periferia y semi-periferias económicas, han permitido la inserción de éstas en el sistema de relaciones globales, por lo que se vuelve atractiva la inversión de nuevos capitales     y, en consecuencia, se dinamizan los centros de producción, y actividades como el turismo.

Por otra parte, resulta de interés para esta Comisión, que por un lado, el proponente señala que México ha experimentado un período de crecimiento económico a lo largo de los últimos años, pero a pesar de ello, existan trece ciudades que han dejado de tener servicio de vuelos regulares comerciales, mientras que 57 ciudades del país si cuentan con el servicio.

Al respecto del punto anterior, el proponente aduce que dicha situación se debe a la falta de conectividad, a la excesiva regulación prevaleciente y a la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a realizar las acciones necesarias para potencializar el desarrollo de la industria aeronáutica nacional, atendiendo de manera particular a la necesidad de aumentar la conectividad aérea de diversas ciudades del país que carecen del servicio en comento.

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, flexibilizar y agilizar los procedimientos que realiza dicha dependencia, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con el objetivo de revisar sí es necesaria una mejora regulatoria y en caso de que así sea, implementarla.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Por el que solicita un informe sobre las acciones que se han implementado para atender las demandas de los jubilados y ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

A. Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para conformar un grupo de trabajo plural, integrado por legisladores, representantes de las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como por un grupo de representantes de los ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación, con el objeto de dar cabal cumplimiento a la demanda de los jubilados y ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 17 de junio de 2015, se presentó el siguiente punto de acuerdo:

B. Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para conformar un grupo de trabajo plural, integrado por legisladores, representantes de las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como por un grupo de representantes de los ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación, con el objeto de dar cabal cumplimiento a la demanda de los jubilados y ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

El proponente refiere la constitución, por acuerdo presidencial emitido el 13 de enero de 1938, de la Cooperativa de Participación Estatal, Talleres Gráficos de la Nación.

Manifiesta que, una vez constituida, la distribución de los rendimientos de la cooperativa correspondió en una parte para el gobierno federal, otra para la renovación de maquinaria y equipo, y una tercera parte para distribuirse entre los cooperativistas.

Señala que en 1990, fue constituido un fideicomiso para el pago de pensiones vitalicias de sus trabajadores, el cual, hasta la fecha, no se ha realizado. No obstante, advierte que, mediante liquidación, el gobierno federal se apropió de todos los activos de la empresa cooperativa, apoyándose en la figura de participación estatal.

Menciona los diversos puntos de acuerdo que sobre al respecto han sido previamente aprobados por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la finalidad de exhortar a las autoridades competentes para que sea restituido el fideicomiso para el pago de pensiones de los trabajadores, así como para que se remita la documentación que certifique el proceso legal de liquidación. Sin embargo, indica que las autoridades han sido omisas en proporcionar dicha información.

Por lo que en razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señalan:

ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a conformar un grupo de trabajo integrado pluralmente por legisladores, un representante de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda, así como por un grupo de representantes de los ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación, con el objeto de dar cabal cumplimiento a la demanda de los jubilados y ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación, en el sentido de que tienen derecho a que se les restituya el fideicomiso para el pago de pensiones vitalicias y a la reintegración de las pensiones no cobradas desde diciembre de 1993, y/o la liquidación e indemnización que les corresponda.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de salvaguardar los derechos humanos de pensionados y jubilados en nuestro país.

Al respecto, como lo refiere el proponente, por acuerdo presidencial del 13 de enero de 1938, se constituyó una Cooperativa de Participación Estatal, en la que los socios serían los propios trabajadores de los talleres, llevando a cabo su Asamblea Constitutiva, un año más tarde, para ser aprobada con el nombre de "TALLERES GRÁFICOS DE LA NACIÓN, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL Y RESPONSABILIDAD SUPLEMENTADA".

En febrero de 1994, por medio del mismo acto, Talleres Gráficos de México fue creado como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, cuya función sería ofrecer y prestar servicios a los sectores público, social y privado y a la población en general, en los diversos renglones de las artes gráficas y de la encuadernación. Mediante sentencia de fecha 31 de octubre del mismo año, se liquidaba judicialmente a la Cooperativa de Talleres Gráficos de México.

Durante los dos años siguientes, a efecto de extinguir el Fideicomiso de Pago de Jubilaciones que tenía Talleres Gráficos de la Nación, el Liquidador de la misma suscribió convenios individuales con los jubilados, a fin de pactar el pago de dichas prestaciones en emisiones periódicas, los cuales fueron formalizados ante Notario Público.

Sin embargo, en 1999 fue publicado el Decreto que crea Talleres Gráficos de México como organismo público descentralizado, y en el cual se señalaba que los bienes muebles e inmuebles con los que operó el órgano desconcentrado, serían la aportación del Gobierno Federal para la constitución de ese nuevo organismo descentralizado.

Ante ello, los agraviados agotaron las instancias judiciales, obteniendo como resultado el sobreseimiento en los juicios de amparo y recursos de revisión promovidos.

En razón de lo anterior, en el año 2002, ex cooperativistas, jubilados, pensionados y peticionarios de la extinta Cooperativa, acudieron ante la Secretaría de Gobernación a fin de escuchar la respuesta a sus peticiones. No obstante, hasta la fecha, se advierte conocer que es un asunto al cual no se le ha dado una solución definitiva.

Ello ha motivado la presentación de diversos puntos de acuerdo, por parte de legisladores de todos los grupos parlamentarios, con la finalidad de contribuir a la solución del pago de pensiones a jubilados y pensionados de los Talleres Gráficos de la Nación.

En este sentido, los integrantes de esta Comisión advierten que, como resultado de los dictámenes de los puntos de acuerdo en la materia aprobados por este H. Congreso de la Unión, han sido recibidos diversos oficios, particularmente de la Secretaría de Gobernación.

De ellos, destaca la respuesta emitida por dicha dependencia con fecha 5 de abril de 2004, en la que informaba que se habría instalado una Mesa de Diálogo con los interesados, así como del pago de las aportaciones que constituyeron el Fideicomiso durante los años de 1995, 1996 y 1997, efectuados a 157 ex cooperativistas y que ascendieron a la cantidad de $11,671.603.31 (once millones seiscientos setenta y un mil seiscientos tres pesos 31/100 M.N.).

No obstante, ante la falta de restitución del fideicomiso para el pago de las pensiones, y ante la ausencia de documentales que pudieran dar sustento a los dichos de la Secretaría, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobó nuevamente un dictamen con punto de acuerdo por el que se le solicitó a la dependencia y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la remisión de documentación que acreditara el proceso legal de liquidación e indemnización de los jubilados y ex trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación. No obstante, como lo señala el proponente dicha información no ha sido enviada a esta soberanía.

En razón de lo anterior, y en aras de salvaguardar el derecho de los jubilados y ex trabajadores de nuestro país y de contar a la brevedad con una solución que contribuya a garantizar sus derechos, esta Comisión estima procedente exhortar a la Secretaría de Gobernación para que remita un informe sobre las acciones que se han implementado para atender la demanda de los jubilados y ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación, respecto de la restitución del fideicomiso para el pago de pensiones vitalicias; la reintegración de las pensiones no cobradas desde diciembre de 1993; y/o la liquidación e indemnización que les corresponda.

Asimismo, considera conveniente exhortar a los titulares de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que implementen los mecanismos necesarios a efecto de otorgar la pensión correspondiente a los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación; y para que regularicen el fideicomiso para el pago de pensiones vitalicias de jubilados, así como la reintegración de las cantidades no pagadas desde el último pago hasta la fecha.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones que se han implementado para atender la demanda de los jubilados y ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación, respecto de la restitución del fideicomiso para el pago de pensiones vitalicias; la reintegración de las pensiones no cobradas desde diciembre de 1993; y/o la liquidación e indemnización correspondiente.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar los derechos de los ex trabajadores, jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, apegándose a lo que en derecho corresponda.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta al cumplimiento de la fracción IV del Artículo Octavo Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que se dé cabal cumplimiento a la desagregación efectiva de la red local del agente económico preponderante en telecomunicaciones; y exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir los lineamientos que instrumenten la política inmobiliaria de aprovechamiento de bienes del estado que faciliten el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones presentada por el Diputado Juan Pablo Adame Alemán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 17 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.

II. CONTENIDO.

La Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que se dictamina tiene por objeto exhortar a las autoridades competentes a realizar las funciones que permitan generar las condiciones competitivas para que cualquier operador de telecomunicaciones pueda utilizar la infraestructura y capacidades instaladas tanto del operador preponderante en materia de telecomunicaciones, como para tener acceso a la infraestructura del Estado; medidas que promueven que las redes de telecomunicaciones sigan creciendo, se diversifiquen y se potencialicen sus capacidades.

La propuesta en estudio señala que el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones (en lo sucesivo, el “Decreto de Reforma Constitucional”), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, prevé diversas acciones o medidas que deben desarrollarse para favorecer la competencia en el sector de telecomunicaciones.

En primera instancia, el proponente señala que dentro de las medidas que requerían desarrollarse a la mayor brevedad posible, se encuentra la mandatada por la fracción IV del artículo Octavo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional, relativa a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de su integración (hecho que aconteció el 10 de septiembre de 2013, con la ratificación de sus Comisionados por parte del Senado de la República), estableciera las medidas que permitieran la desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en telecomunicaciones.

Al respecto, manifiesta que aún y cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones con fecha 6 de marzo de 2014, emitió las medidas cuyo propósito era permitir la desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en telecomunicaciones, a la fecha no se ha dado cumplimiento al mandato del poder reformador de la Constitución, toda vez que como no se ha llevado a cabo dicha desagregación, los concesionarios aún no están en condiciones de acceder a la infraestructura del agente económico preponderante y ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones, en beneficio de los mexicanos.

Bajo este tenor, expone el Diputado que al día de hoy no hay proveedor alguno de servicios de telecomunicaciones que haya logrado tener acceso a la red del agente económico preponderante, situación que permite afirmar que las medidas llevadas a cabo por el Instituto Federal de Telecomunicaciones han carecido de la efectividad necesaria para que las mismas cumplan los objetivos constitucionales, a efecto de contribuir a fomentar una mayor competencia en la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones, como son los servicios de voz, el acceso a la banda ancha o servicios de televisión o audio restringido.

Manifiesta el proponente que la desagregación efectiva de la red local del agente económico preponderante está orientada a incrementar la competencia en la provisión de ciertos servicios que se ofrecen sobre las redes existentes; así como promover la introducción de nuevos servicios, o que éstos se ofrezcan con mejores condiciones de calidad y a menores precios.

Igualmente, manifiesta que la desagregación efectiva de la red local del agente económico preponderante permite que operadores existentes puedan complementar su infraestructura para poder llevar servicios a zonas o regiones donde antes no tenían presencia, asimismo favorece que operadores nuevos puedan estructurar un plan de entrada al mercado de telecomunicaciones en forma más agresiva.

Con motivo de lo anterior, el Diputado concluye que el enorme retraso que existe en el efectivo acceso desagregado a la red local del agente económico preponderante en telecomunicaciones representa un perjuicio de gran tamaño para el logro de los objetivos de la reforma constitucional de promover una mayor competencia o competencia efectiva en todos los servicios del sector telecomunicaciones, y de permitir que el número de mexicanos que tengan acceso a servicios de telecomunicaciones modernos a precios razonables y con calidad, sea cada vez mayor.

En segunda instancia, el proponente señala que otra de las medidas que favorecen un acceso competitivo a la infraestructura de redes, es la disponibilidad sobre aquellos bienes, sitios o lugares que son propiedad del Estado, acceso que se debe dar bajo condiciones transparentes y sobre bases no discriminatorias para cualquier concesionario que así lo solicite.

El Diputado expone que el Estado cuenta con bienes, infraestructura de todo tipo y vías de comunicación, que son clave para seguir desplegando nueva infraestructura en materia de telecomunicaciones a lo largo y ancho del país, y así seguir ofreciendo más y mejores servicios para los usuarios.

El proponente manifiesta que es claro el mandato que le fue impuesto en el artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el sentido de coordinar y concertar con diversas dependencias y entidades públicas, encargadas de la administración de bienes del Estado, para que se emitan las bases y lineamientos que habrán de regir el aprovechamiento eficiente de vías generales de comunicación; torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación, ductos y posterías para cableado de distribución eléctrica, a fin de que sean utilizados por operadores de servicios de telecomunicaciones.

El Diputado hace notar en la propuesta que a la fecha, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aún no expide las bases y lineamientos ordenados por el artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, situación que además de vulnerar la certeza jurídica para los operadores acerca de las reglas para el aprovechamiento de tales bienes inmuebles, significa un obstáculo claro a la debida implantación de una medida de política pública esencial para la promoción de la competencia.

Bajo ese orden de ideas, el proponente señala que resulta igualmente necesario el acceso efectivo y bajo condiciones de competencia a la red desagregada del agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones, como el acceso por parte de los operadores a la infraestructura inmobiliaria del Estado. Detalla que en el primer caso se trata de bienes de un particular y en el segundo de bienes públicos, pero en ambos, estamos frente a recursos existentes en el país que son esenciales para el desarrollo de la infraestructura, de la prestación de nuevos servicios y de la promoción de la competencia, en beneficio de decenas de millones de mexicanos.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula los puntos petitorios siguientes:

PRIMERO.- Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que realice las acciones necesarias, a efecto de que, a la mayor brevedad posible, el agente económico preponderante del sector de telecomunicaciones dé inicio a la prestación de los servicios de desagregación establecidos en las medidas específicas que le fueron impuestas en la resolución emitida el 6 de marzo de 2014, a fin de que no se siga afectando la competencia y la libre concurrencia.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que emita las bases y lineamientos para instrumentar la política inmobiliaria que permitan el aprovechamiento de bienes del Estado que facilite el despliegue eficiente de infraestructura de telecomunicaciones, de conformidad con el mandato del penúltimo párrafo del artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta, además esta dictaminadora coincide en la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes consideraciones u observaciones:

1. Respecto a la desagregación efectiva de la red local del agente económico preponderante en telecomunicaciones.

El artículo Octavo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional establece que:

“OCTAVO. Una vez constituido el Instituto Federal de Telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio, deberá observarse lo siguiente:

III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dichas medidas se emitirán en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de su integración, e incluirán en lo aplicable, las relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.

IV. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de su integración, establecerá las medidas que permitan la desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en telecomunicaciones de manera que otros concesionarios de telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local pertenecientes a dicho agente. Estas medidas también serán aplicables al agente económico con poder sustancial en el mercado relevante de servicios al usuario final.

Las medidas a que se refiere el párrafo anterior deberán considerar como insumo esencial todos los elementos necesarios para la desagregación efectiva de la red local. En particular, los concesionarios podrán elegir los elementos de la red local que requieran del agente preponderante y el punto de acceso a la misma. Las citadas medidas podrán incluir la regulación de precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como su calendario de implantación con el objeto de procurar la cobertura universal y el aumento en la penetración de los servicios de telecomunicaciones.

…”

Énfasis añadido

El artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones en donde destacan  las fracciones XX, XXI y XXII con relación a agentes preponderantes:

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto:

I. a XIX. …

XX. Determinar la existencia de agentes económicos con poder sustancial en los mercados relevantes que correspondan, así como agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones; e imponer las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia en los mercados materia de esta Ley;

XXI. Declarar la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en el sector de que se trate y, en su caso, la extinción de las obligaciones impuestas a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial;

XXII. Establecer las medidas e imponer las obligaciones específicas que permitan la desagregación efectiva de la red local del agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones o del agente que a nivel nacional tenga poder sustancial en el mercado relevante de servicios de acceso al usuario final, de manera que otros concesionarios puedan acceder a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local pertenecientes a dichos agentes, entre otros elementos;

XXIII.  a LXIII. …

El artículo 269 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece:

Artículo 269. El Instituto podrá imponer al agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones las siguientes obligaciones específicas en materia de desagregación de la red pública de telecomunicaciones local:

I. Permitir a otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones el acceso de manera desagregada a elementos, infraestructuras de carácter activo y pasivo, servicios, capacidades y funciones de sus redes sobre tarifas individuales no discriminatorias que no excedan de aquellas fijadas por el Instituto.

El acceso deberá otorgarse al menos, en los mismos términos y condiciones que se ofrece a sí mismo, sus filiales o subsidiarias u otras empresas del mismo grupo de interés económico.

Para efectos de lo anterior se considerarán elementos de la red pública de telecomunicaciones local, las centrales de cualquier tipo y jerarquía, radio-bases, equipos, sistemas maestros, sistemas de prueba, el acceso a funcionalidades de la red y los demás elementos de red que sean necesarios para que la prestación de los servicios se proporcione, al menos, en la misma forma y términos en que lo hace el agente económico preponderante;

II. Ofrecer cualquier tipo de servicio de acceso a la red pública de telecomunicaciones local, al circuito físico que conecta el punto de conexión terminal de la red en el domicilio del usuario a la central telefónica o instalación equivalente de la red pública de telecomunicaciones local desde la cual se presta el servicio al usuario; y al circuito físico que conecta el punto de terminación de dicha red en el domicilio del usuario a un punto técnicamente factible entre el domicilio del usuario final y la central telefónica o instalación equivalente de la red pública de telecomunicaciones local desde la cual se presta el servicio al usuario; ya sea que se solicite servicio completamente desagregado, servicio compartido, compartido sin servicio telefónico básico, transferencia de datos, o cualquiera que la tecnología permita y que acuerde con el concesionario interesado, o lo determine el Instituto;

III. Someter a la aprobación del Instituto, a más tardar el 30 de junio de cada año, las ofertas públicas de referencia para la compartición de infraestructura pasiva y desagregación de la red pública de telecomunicaciones local.

El Instituto someterá la oferta o las ofertas respectivas a consulta pública durante un plazo de treinta días naturales. Terminada la consulta el Instituto contará con cuarenta y cinco días hábiles para aprobar, y en su caso, modificar la oferta respectiva, plazo dentro del cual dará vista a dicho agente para que manifieste lo que a su derecho convenga.

La oferta de que se trate deberá entrar en vigor y publicarse a través de la página del Instituto dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de cada año.

La oferta respectiva permanecerá vigente por el año siguiente y deberá ser actualizada en caso de que el agente económico preponderante ofrezca, aplique o facture a concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones nuevas condiciones, coberturas o tecnologías;

IV. Realizar a su costa la creación, desarrollo y la implantación de procesos, sistemas, instalaciones y demás medidas que resulten necesarias para permitir la provisión eficiente y en condiciones de competencia de los elementos y servicios de desagregación a los demás concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que determine el Instituto. Entre otros elementos y servicios, se incluirán los relativos a reporte de fallas, coubicación dentro y fuera de la central de la red del agente económico preponderante, establecimiento de niveles de calidad del servicio, procesos de facturación, pruebas y homologación de equipos, estándares operativos y procesos de mantenimiento.

Para la definición de las medidas a que se refiere el párrafo anterior y garantizar su debida ejecución, el Instituto establecerá grupos de trabajo a los que deberán integrarse el agente económico preponderante y los demás concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que señale el Instituto. Adicionalmente, los grupos de trabajo atenderán tareas relativas a la definición de los procesos para el monitoreo de las medidas impuestas por el Instituto, tecnología a ser utilizada, topología, niveles de calidad de servicios y creación de reportes de desempeño sobre factores operativos, económicos, administrativos, comerciales y técnicos asociados.

El Instituto emitirá las reglas de instalación y operación de los grupos de trabajo y resolverá de manera expedita las diferencias entre sus miembros. Para los asuntos previstos en las reglas mencionadas, el Instituto podrá auxiliarse con la contratación de un tercero con probada experiencia;

V. Permitir que otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, incluyendo la fibra óptica, técnicos y lógicos de la red pública de telecomunicaciones local perteneciente al agente económico preponderante, de conformidad con las medidas que le imponga el Instituto para que dicho acceso sea efectivo.

Las medidas a que se refiere el párrafo anterior deberán considerar como insumo esencial todos los elementos necesarios para la desagregación efectiva de la red pública de telecomunicaciones local. En particular, los concesionarios podrán elegir los elementos de la red local que requieran del agente preponderante y el punto de acceso a la misma. Las citadas medidas podrán incluir la regulación de precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como su calendario de implantación con el objeto de procurar la cobertura universal y el aumento en la penetración de los servicios de telecomunicaciones;

VI. Permitir el acceso de otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones a los recursos esenciales de su red, con base en el modelo de costos que determine el Instituto, mismo que deberá promover la competencia efectiva y considerar las mejores prácticas internacionales, las asimetrías naturales de las redes y la participación en el sector de cada concesionario. El agente económico preponderante no podrá imponer a los otros concesionarios de dichas redes públicas términos y condiciones menos favorables que los que se ofrece a sí mismo, a sus filiales y subsidiarias y a las empresas que formen parte del mismo grupo de interés económico;

VII. El Instituto podrá intervenir de oficio para garantizar que en el acceso desagregado a que se refiere este artículo existan condiciones de no discriminación, competencia efectiva en el sector de telecomunicaciones, eficacia económica y un beneficio máximo para los usuarios finales, y

VIII. Aquellas medidas adicionales que a juicio del Instituto sean necesarias para garantizar la desagregación efectiva.

Al respecto, es importante revisar las acciones que a la fecha han sido desarrolladas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones a efecto de dar cumplimiento al mandato que le fue impuesto en el Decreto de Reforma Constitucional, en el sentido de establecer las medidas que permitan la desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en telecomunicaciones.

Sobre el particular, de conformidad con la información disponible en el portal oficial de internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se deprende que ha desarrollado las siguientes acciones:

● Con fecha 6 de marzo de 2014, aprobó la “Resolución mediante la cual determinó al grupo de interés económico del que forman parte América Móvil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil Dipsa, S.A.B. de C.V., Grupo Carso, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., como agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones, y le impone las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia”.

El Anexo 3 comprende las “Medidas que permiten la desagregación efectiva de la red local del agente económico preponderante en telecomunicaciones de manera que otros concesionarios de telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local perteneciente a dicho agente”.

● Con fecha 28 de mayo de 2014, acordó el establecimiento del Comité Técnico de Desagregación Efectiva de la Red Local.

● Con fecha 19 de diciembre de 2014, acordó someter a un proceso de consulta pública el "Anteproyecto de las condiciones técnicas y operativas para la desagregación efectiva de la red local del agente económico preponderante".

● Desarrolló el proceso de consulta pública del Anteproyecto de condiciones técnicas y operativas para la Desagregación, mismo que concluyó el 6 de febrero de 2015.

● Ha celebrado 11 (once) sesiones del Comité Técnico de Desagregación Efectiva de la Red Local, la última de ellas, el 29 de mayo de 2015.

De lo anterior, se desprende que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha realizado diversas acciones tendientes a cumplir con el mandato que le fue conferido en el sentido de llevar a cabo la desagregación efectiva de la red local del agente económico preponderante.

No obstante lo anterior, aún y cuando desde el 6 de febrero de 2015 concluyó el proceso de consulta pública del Anteproyecto de condiciones técnicas y operativas para la Desagregación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no ha emitido de manera definitiva dichas Condiciones técnicas y operativas, que permitirían detonar las acciones necesarias para que dé inicio la prestación de los servicios de desagregación por parte del agente económico preponderante.

Los integrantes de esta Comisión coinciden con el proponente en que la desagregación ha sido utilizada exitosamente para promover la adopción de la banda ancha en diversos países, permitiendo que se haga un uso más eficiente de las redes ya desplegadas al ofrecer nuevos e innovadores servicios sobre las mismas. Al respecto, destaca el reporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, disponible en la dirección http://www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=es&year=2008&issue=02&ipage=sharingInfrastructure-importance&ext=html, que señala que en la Unión Europea el número de líneas desagregadas aumentó espectacularmente en casi 80% entre 2005 y 2006 a raíz de la reglamentación sobre la desagregación del bucle local.

Como consecuencia de ello, la desagregación ha permitido que se les garantice a los usuarios de las redes de telecomunicaciones el acceso a servicios de banda ancha que los operadores incumbentes no les ofrecían, o que tales servicios, se realicen con mayores velocidades de conexión y/o a menores precios que los ofrecidos por el operador incumbente.

Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión coinciden con el proponente en que la desagregación tiene un efecto positivo en la introducción de avances tecnológicos en la industria de telecomunicaciones potencializa las inversiones, e incrementa la eficiencia en el uso de las redes y la prestación de los servicios.

Por ello, se estima conveniente exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que realice, a la brevedad posible, las acciones necesarias a efecto de que se lleva a cabo la desagregación efectiva del agente económico preponderante, que permita a los concesionarios en telecomunicaciones acceder a dicha infraestructura para la prestación de servicios, en beneficio de los mexicanos.

Asimismo la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 138 establece las obligaciones del agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones o con poder sustancial.

Artículo 138. El agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones o con poder sustancial estará sujeto a las siguientes obligaciones específicas:

I. Registrar ante el Instituto una lista de los servicios de interconexión desagregados, previamente autorizados por el mismo, para proveer la información necesaria a otros concesionarios sobre las especificaciones técnicas y funcionales de los puntos de interconexión, la cual deberá ser actualizada por lo menos una vez al año;

II. Publicar anualmente en el Diario Oficial de la Federación una oferta pública de interconexión que contenga, cuando menos, las características y condiciones a que se refiere el artículo 267 de esta Ley, detalladas y desglosadas en sus aspectos técnicos, económicos y jurídicos, que deberán ofrecer a los concesionarios interesados en interconectarse a su red, los cuales deberán ser sometidos a la aprobación del Instituto en el primer trimestre de cada año calendario;

III. Presentar al Instituto, cuando menos una vez al año, la contabilidad separada y de costeo de los servicios de interconexión en la forma y con base en las metodologías y criterios que el Instituto hubiere determinado;

IV. No llevar a cabo prácticas que impidan o limiten el uso eficiente de la infraestructura dedicada a la interconexión;

V. Celebrar acuerdos para compartición de sitios de coubicación y uso compartido de infraestructura;

VI. Permitir la compartición de los derechos de vía;

VII. Atender las solicitudes de los servicios de interconexión en el mismo tiempo y forma en que atienden sus propias necesidades y las de sus subsidiarias, filiales, afiliadas o empresas del mismo grupo de interés económico;

VIII. Contar con presencia física en los puntos de intercambio de tráfico de Internet en el territorio nacional, así como celebrar los convenios que permitan a los proveedores de servicios de Internet el intercambio interno de tráfico de manera más eficiente y menos costosa en los términos que disponga el Instituto, y

IX. Las demás que determine el Instituto.

2. Respecto a la política inmobiliaria de aprovechamiento de bienes del Estado que faciliten el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

El artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional establece:

“DÉCIMO SÉPTIMO. En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes las siguientes acciones:

III. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, ductos, postería y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar el despliegue de sus redes. El programa deberá incluir la contraprestación que los concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento correspondiente, bajo principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan el cumplimiento del derecho a que se refiere el artículo 6o., párrafo tercero, de la Constitución, siempre y cuando el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a su propia infraestructura;

…”

Por su parte, el artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, señala:

“Artículo 147. El Ejecutivo Federal, a través del INDAABIN, establecerá las condiciones técnicas, económicas, de seguridad y operación que posibiliten que los inmuebles de la Administración Pública Federal; los derechos de vía de las vías generales de comunicación; la infraestructura asociada a estaciones de radiodifusión, las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; así como los postes y ductos, entre otros, estén disponibles para el uso y aprovechamiento de todos los concesionarios sobre bases no discriminatorias y bajo contraprestaciones que establezcan las autoridades competentes en cada caso.

Las dependencias administradoras y las entidades procurarán que los bienes a que se refiere este artículo, cuando las condiciones técnicas, de seguridad y operación lo permitan, se destinen a promover el desarrollo y la competencia en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, de acuerdo a los objetivos de la presente Ley.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, emitirá recomendaciones a los gobiernos estatales, al Gobierno del Distrito Federal y gobiernos municipales, para el desarrollo de infraestructura, obra pública, desarrollo territorial y bienes inmuebles, que fomenten la competencia, libre concurrencia y cobertura del servicio de telecomunicaciones. En particular, el Ejecutivo Federal promoverá activamente, dentro de sus potestades legales, el uso de los bienes a los que hace referencia este capítulo para el despliegue de redes de telecomunicaciones.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo que antecede, la Secretaría se coordinará con las dependencias o entidades administradoras de inmuebles, el INDAABIN, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de establecer las bases y lineamientos para instrumentar la política inmobiliaria que permita el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Ningún concesionario de redes públicas de telecomunicaciones podrá contratar el uso o aprovechamiento de dichos bienes con derechos de exclusividad.”

Al respecto, cabe destacar que los integrantes de esta Comisión hicieron una búsqueda de la información pública disponible en el portal de Internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de conocer las acciones desarrolladas por esa Dependencia en materia de política inmobiliaria de aprovechamiento de bienes del Estado que faciliten el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Sobre el particular, cabe señalar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con fecha 16 de octubre de 2014, emitió el Comunicado No. 290-2014, en el que hace del conocimiento que el Subsecretario de Comunicaciones encabezó la instalación del Grupo de Coordinación para instrumentar la política de la Administración Pública que permita el despliegue de las telecomunicaciones.

No obstante lo anterior, no fue posible acceder a una mayor cantidad de información relacionada con las acciones desarrolladas o el grado de avance de la política inmobiliaria de aprovechamiento de bienes del Estado, tendientes a establecer las bases y lineamientos que permitan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Por otra parte, los integrantes de la Comisión coinciden con el proponente en que resulta fundamental aprovechar del mejor modo posible los bienes del Estado para el despliegue de infraestructura para de esta manera, facilitar la expansión de redes y la oferta de servicios a que pueden acceder los usuarios. El uso y aprovechamiento de los bienes públicos se debe realizar igualmente en forma competitiva, ya que si se restringe o discrimina sin razón a los operadores que pueden hacer su uso o explotación se estarían generando distorsiones económicas, barreras de entrada y el encarecimiento innecesario de costos.

Por ello, se considera relevante la pronta expedición de los Lineamientos en materia de política inmobiliaria, a efecto de evitar prácticas discrecionales y anticompetitivas, similares a las que se producen en entornos cerrados u oligopólicos.

En razón de lo anterior, se estima conveniente exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que emita a la brevedad los Lineamientos en materia de política inmobiliaria que permita el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, que facilite la expansión de redes de telecomunicaciones y la oferta de servicios, en beneficio de los mexicanos.

Finalmente, los integrantes de esta Comisión coinciden con el proponente en la importancia de que las medidas a que se refiere su proposición sean instrumentadas a la brevedad para que puedan generarse las mejores condiciones de competencia que se buscaban con la reforma constitucional y la correspondiente legislación secundaria, pero en adición a lo anterior consideran oportuno y necesario que tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remitan a la Comisión Permanente, un informe detallado que aborde las acciones que con relación a las medidas objeto del punto de acuerdo han llevado a cabo, en el ámbito de sus atribuciones, y que así mismo exponga las razones por las que dichas medidas no han sido instrumentadas de manera efectiva.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que realice las acciones necesarias, a efecto de que, a la mayor brevedad posible, el agente económico preponderante del sector de telecomunicaciones dé inicio a la prestación de los servicios de desagregación establecidos en las medidas específicas que le fueron impuestas en la resolución emitida el 6 de marzo de 2014, en cumplimiento a la fracción IV del artículo Octavo Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, a fin de que no se siga afectando la competencia y la libre concurrencia. Asimismo, para que remita un informe a esta Comisión Permanente, en un término no mayor a 15 días naturales, sobre los avances de las acciones desarrolladas para cumplir con el mandato que le fue conferido.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe sobre el estado que guarda la emisión de las bases y lineamientos para instrumentar la política inmobiliaria que permitan el aprovechamiento de bienes del Estado que facilite el despliegue eficiente de infraestructura de telecomunicaciones, de conformidad con el mandato del penúltimo párrafo del artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar las acciones necesarias que detonen e impulsen el turismo de la localidad Huay-Pix, del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar las acciones necesarias para detonar e impulsar el turismo de la localidad Huay-Pix, municipio de Othón P. Blanco, del estado de Quintana Roo, presentada por la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 17 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A.  La proponente señala que el Turismo en México es de suma trascendencia por su desempeño actual y por el gran potencial con el que cuenta nuestro territorio nacional, por lo que debemos conservar la efectividad del turismo e impulsarlo para posicionar a nuestro país en un mejor ranking turístico a nivel mundial.

Recomienda que parte del impulso que se busca en nuestro país deba consistir en aprovechar de manera sustentable los ecosistemas y localidades propiciando experiencias únicas a los turistas, ofreciendo algo que no puedan encontrar en otro país, ofertando un mercado turístico único.

Añade que una vez identificadas las localidades, con mayor potencial de tener éxito, como es el caso de Huay-Pix, se debe realizar la labor de promoción turística, por medio del impulso de la Secretaría de Turismo (SECTUR).

Precisa que el crecimiento de nuevos núcleos turísticos como Huay-Pix, que se encuentra al sur del estado, permitirá ampliar la oferta turística, dado que tradicionalmente el turismo acude únicamente a la zona norte de Quintana Roo.

Concluye señalando que es imperante que la SECTUR voltee la mirada a esta localidad, que de ser impulsada traerá grandes beneficios para la población, para los prestadores de servicios turísticos, para los turistas y para México.
B. De acuerdo a lo anterior la Senadora proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal a que realice las acciones necesarias para detonar e impulsar el turismo de la localidad Huay-Pix, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de la Tercera Comisión coincidimos con el criterio de que el turismo representa para México un gran potencial para el desarrollo y crecimiento nacional.

También consideramos que es de gran importancia que México se reposicione en el ranking turístico a nivel mundial para generar mayores ingresos de divisas, que contribuyan al crecimiento de la entidad y del país en general.

El estado de Quintana Roo, cuenta con algunos de los destinos más visitados en nuestro país. Se trata de una entidad cuyos ingresos dependen en gran parte del turismo nacional e internacional.

De acuerdo con información obtenida del portal de internet de la Secretaría de Turismo estatal, en el 2014, Quintana Roo recibió más de 10 millones de turistas, que dejaron una derrama económica de más de 8 mil 258 millones de dólares.

Estamos convencidos de que entre más destinos turísticos se promuevan en Quintana Roo, así como en el resto del país, nuestra economía será beneficiada. 

Compartimos la visión de que la promoción turística debe ser impulsada desde una perspectiva sustentable, para aprovechar los ecosistemas únicos que caracterizan a la entidad y que le han dado fama mundial.

También coincidimos en que sí se logra equilibrar la afluencia de turistas entre las diferentes regiones del estado de Quintana Roo, la distribución de la riqueza será más justa y equitativa y propiciará un desarrollo equilibrado en prácticamente toda la entidad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal para que realice las acciones necesarias que detonen e impulsen el turismo de la localidad Huay-Pix, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, observándose las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales relacionadas con la sustentabilidad turística y protección de los recursos naturales.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a determinar un porcentaje inferior para pesca incidental de Pez Dorado.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional de Pesca a disminuir el porcentaje de captura incidental de “dorado” autorizado a las pesquerías en la costa occidental de la península de Baja California, presentada por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 17 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A.  Señala el proponente que la pesca deportivo-recreativa es una categoría de la actividad pesquera productiva que se practica con fines de esparcimiento y/o competencia. Constituye una fuente importante de generación de ingresos, ya que contribuye de manera significativa a la economía nacional, entre otros aspectos por su capacidad para captar divisas, generar empleo e impulsar el desarrollo regional y cuyos beneficios se propagan a otras actividades con un efecto multiplicador en los sectores turístico, pesquero y de servicios.

Añade el proponente que el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, señala diversas especies destinadas exclusivamente a la pesca deportivo-recreativa dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. Entre tales especies se encuentra el dorado.

Precisa el Senador Fernández Sánchez Navarro, que el problema surge porque actualmente, se permite a todas las pesquerías la captura comercial de estas especies bajo el concepto de pesca incidental o accidental. Es decir, está prohibida como pesca dirigida sin embargo, se encuentra permitida al 100% como pesca incidental tanto en la pesca de tiburón, como en la de escama ya que no existen los mecanismos eficaces para la aplicación de los porcentajes autorizados para pesca incidental pues sólo se inspeccionan una vez al año las bitácoras de las embarcaciones sin confirmar la veracidad de los datos plasmados por los pescadores.

Agrega que tanto el dorado como el marlín tienen un precio superior al de las demás especies de pesca comercial y es frecuente que al tener la certeza de no ser sancionados por la autoridad, los pescadores comerciales buscan atrapar estas especies para venderlas ilegalmente.

Precisa que la protección de estas especies mediante la prohibición de su pesca comercial es fundamental para su conservación pues la captura regulada permite sustentar las amplias perspectivas de desarrollo de la pesca deportiva.

La importancia de este sector, es reconocido por la Federación y por las entidades federativas, quienes se encuentran trabajando coordinadamente para lograr el ordenamiento de la pesca deportiva, por ello en la presentación del Plan para el Desarrollo Nacional de la Pesca Deportiva 2013-2018 se establece el compromiso de la CONAPESCA y las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno para contribuir al fomento y desarrollo de esta actividad que constituye una de las ofertas turísticas más importantes de México.

Señala el proponente que la pesca deportiva nacional genera alrededor de 21,600 empleos directos solamente en referencia a los aficionados a la pesca deportiva. El sector productivo de pesca deportiva conformado por embarcaciones que llevan a los turistas a realizar la pesca deportiva, genera más de 48,000 empleos y su derrama económica total supera los dos mil millones de dólares.

Para el caso de Baja California Sur, esta actividad es de suma relevancia pues constituye un gran atractivo para turistas nacionales e internacionales. Cabe mencionar que Los Cabos se ha logrado consolidar como uno de los destinos favoritos para la práctica de la pesca deportiva, por lo que en octubre de caña año es sede del torneo de pesca deportiva más importante del mundo.

Señala que dada la importancia y el potencial desarrollador de la pesca deportiva se han planteado acciones para el fortalecimiento de este sector, destacándose la inclusión de prestadores de servicios turísticos de la pesca deportiva del sector social a los programas de apoyo del Gobierno Federal; capacitación para los prestadores de dichos servicios, y la construcción de aglutinadores de peces en los principales destinos de pesca deportiva en México.

En materia de Administración Integral y Sustentable de los Recursos se proponen estudios biológicos sobre el comportamiento de especies objetivo, generación de planes de manejo oceánico que contemplen que estas especies son altamente migratorias y de embalses así como la implementación de mecanismos que permitan eficientar el movimiento de especies entre embalses certificados con el objetivo de lograr una mejora constante de la genética de especies objetivo.

En materia de Desarrollo Institucional se planea un mayor impulso a la organización en la búsqueda de unificación de criterios de sustentabilidad, nuevos métodos de comunicación sobre el marco normativo, instrumentos de financiamiento a la organización de la pesca deportiva y la realización de estudios socio-económicos sobre la misma.

Por lo que hace a la inspección y vigilancia, debe realizarse tanto en los lugares de arribo con inspecciones físicas de las bodegas, como en los lugares de acopio, mercados y restaurantes.

Refiere que todos estos esfuerzos por sacar adelante al sector, pueden verse afectados por medidas establecidas para otras actividades que se desarrollan en las mismas áreas o en lugares colindantes y que impactan negativamente en las especies que son objeto de la pesca deportiva.

Derivado de la publicación del Acuerdo por el que se establece el volumen de captura incidental en las pesquerías en donde participan embarcaciones menores frente a la costa occidental de la Península de Baja California publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2015, la población dedicada a brindar los servicios de pesca deportiva ha manifestado su preocupación respecto del impacto que tendrá el incremento del porcentaje de pesca incidental de Dorado (Coryphaena Hippurus) permitido para las pesquerías de peces marinos de escama.

Este incremento no cuenta con un estudio científico que soporte la existencia de mayor masa viva del dorado y responde a presiones de la pesca comercial que de conformidad con la ley no debe capturar esa especie dentro de las primeras 50 millas.

El incremento al 10% de la pesca incidental de esta importante especie destinada exclusivamente a la pesca deportiva, pone en riesgo el desarrollo de esta actividad pues, la disminución de este pez cuyas poblaciones en las costas mexicanas son cada vez menores, no abona en la conservación de esta especie y entorpece los esfuerzos que ha venido realizando el sector para promover la pesca deportiva de enfoque sustentable.

En ese sentido consideramos necesario que se disminuya el porcentaje de captura incidental de Dorado (Coryphaena Hippurus) en las pesquerías en donde participan embarcaciones menores frente a la costa occidental de la Península de Baja California.

Dado que en la motivación del acuerdo por el que se determina dicho porcentaje no se menciona que para el cálculo de dicho indicador se tome en cuenta el impacto que esta medida tendrá en las poblaciones de dorado y por ende en la pesca deportiva, se solicita que en la determinación del porcentaje en comento se consideren estos elementos, pues la conservación de esta especie es de suma importancia para el desarrollo de una actividad fundamental para la economía de Baja California Sur, como lo es la pesca deportiva.

B. De acuerdo a lo anterior el senador proponente formula los puntos petitorios siguientes:

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que determine un porcentaje inferior para la pesca incidental de Dorado (Coryphaena Hippurus) en las pesquerías en donde participan embarcaciones menores frente a la costa occidental de la Península de Baja California, considerando el impacto negativo que tiene el porcentaje vigente sobre las poblaciones de dicha especie y en el desarrollo de la pesca deportiva.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables para que realice un estudio sobre los efectos que tiene el incremento del porcentaje de pesca incidental en las poblaciones de Dorado (Coryphaena Hippurus) a efecto de determinar un porcentaje inferior en apoyo a la conservación de dicha especie esencial para la pesca deportiva.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables para que los porcentajes autorizados de pesca incidental sean aplicados a las pesquerías que se encuentran fuera de las 50 millas de la costa para ser congruentes con el objetivo del Artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de la Tercera Comisión estamos convencidos que debe haber armonía entre dos actividades lícitas que generan importantes ingresos para las entidades de la República y para la economía nacional, como lo son la pesca deportiva y la pesca comercial. Sobre todo cuando dichas actividades coexisten en un mismo lugar, como sucede en las costas de Baja California Sur.

Consideramos que el problema no se encuentra en la ley vigente, sino en su aplicación, dado que por medio de una norma jurídica no se podrá impedir o limitar que un hecho de la naturaleza ocurra, como sería que las diferentes especies marinas no se mezclen y que por ello suceda la llamada pesca incidental a que se refiere la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

En ese tenor, la Comisión que dictamina considera que es necesario que las autoridades competentes en la materia refuercen sus mecanismos de vigilancia y control para impedir en la medida de lo posible que algunos individuos aprovechen la tolerancia que permite la ley para lucrar indebidamente con las especies que están destinadas a la pesca deportiva como el dorado.

Los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que los resolutivos propuestos por el Senador Fernández Sánchez Navarro pueden ser aprobados, en los mismos términos en que fueron enviados.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que determine un porcentaje inferior para la pesca incidental de Dorado (Coryphaena Hippurus) en las pesquerías en donde participan embarcaciones menores frente a la costa occidental de la Península de Baja California, considerando el impacto negativo que tiene el porcentaje vigente sobre las poblaciones de dicha especie y en el desarrollo de la pesca deportiva.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables para que realice un estudio sobre los efectos que tiene el incremento del porcentaje de pesca incidental en las poblaciones de Dorado (Coryphaena Hippurus) a efecto de determinar un porcentaje inferior en apoyo a la conservación de dicha especie esencial para la pesca deportiva.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables para que los porcentajes autorizados de pesca incidental sean aplicados a las pesquerías que se encuentran fuera de las 50 millas de la costa para ser congruentes con el objetivo del Artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en el Servicio Nacional de Empleo Oaxaca.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Oaxaca a que respete los derechos laborales de los trabajadores del Servicio Nacional de Empleo; presentada por las Diputadas Gloria Bautista Cuevas y Lizbeth E. Rosas Moreno, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 17 de junio de 2015.

2.- El 19 de junio siguiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta al Gobierno de Oaxaca a que respete los derechos laborales de los trabajadores del Servicio Nacional de Empleo. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

I) El artículo 1º de la Constitución General señala la obligación de promover y respetar los derechos humanos.

II) El artículo 123 Constitucional estable el derecho al trabajo.

III) Se emitió por parte del Gobierno del Estado un plan de austeridad, con lo cual las oficinas regionales de las dependencias desaparecían

IV) Trabajadores federales del Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca (SNEO) han sido objeto de mobbing laboral por parte del Secretario del Trabajo y Director Administrativo de esa Secretaría como eliminación de viáticos, suspensión arbitraria de salario, amenazas, entre otros.

V) Se considera por parte del Legislador que ya se han realizado despidos injustificados.

VI) Se viola el convenio entre la Federación  y el Gobierno de Oaxaca.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, a garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en el Servicio Nacional de Empleo Oaxaca y termine el acoso que reciben por parte del Secretario de Trabajo Estatal, Daniel Juárez López y el Director Administrativo de dicha Secretaría José Manuel Guzmán.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora concuerda con las proponentes, en el sentido en que todas las autoridades, en todos los órdenes de gobierno, deben conducirse en todos y cada uno de sus actos en el marco de respeto a los derechos humanos, en el caso, el derecho al trabajo.

En el punto de acuerdo, las legisladoras establecen dentro de las consideraciones, el hecho de que el Gobierno del estado de Oaxaca emitió un plan de austeridad, con lo cual las oficinas regionales de las dependencias desaparecían. Eso propició que la oficina Regional de Valles Centrales del Servicio Nacional de Empleo Oaxaca desapareciera, obligando a los trabajadores federales a mudarse, violándose el convenio donde el Gobierno del Estado se comprometía a tener una oficina accesible para los usuarios de los programas y subprogramas del Servicio Nacional de Empleo.

No se hace ninguna referencia de las causas por las que el gobierno del estado de Oaxaca emitió el referido Plan de Austeridad ni en qué consiste dicho plan; sin embargo, se considera que en su caso, si el gobierno de Oaxaca ha establecido un plan de austeridad y le es necesario la desaparición de determinadas áreas en su estrustura, esos cambios siempre deben establecerse en el marco de la ley y con respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores adscritos a dichas áreas.

En el caso, se denuncian diversas acciones que pueden considerarse dentro del mobbing laboral, como son:

● A los trabajadores se les “ han imposibilitado la operación de diversos programas e incluso algunos trabajadores ya han sido despedidos injustificadamente”.

● Se ha violado el convenio de otorgar las prestaciones a los trabajadores Federados, los cuales no gozan de ninguna prestación, como Seguro Médico, Infonavit, ni Afore.

● Les eliminaron las posibilidades de viáticos para realizar la operatividad de los programas.

● Se suspendió el pago de su salario de diciembre del 2014 a marzo del 2015 debido a que el Secretario del Trabajo se negó a firmar el formato PAERF1.

● Posteriormente a la salida de la Coordinadora del Servicio Nacional de Empleo Oaxaca se inició una situación de acoso laboral contra los trabajadores federales que prosigue a la fecha, desde amenazas de despido hasta el levantamiento de actas administrativas por hablar con ella.

● Se les hicieron llegar a los trabajadores federales de manera dolosa y sorpresiva, con fecha retrasada, oficios donde se nos notificaba su reasignación de lugares de trabajo a Tuxtepec, Juchitan y la Costa, aduciendo que o se iban o renunciaban.

En ese sentido, las legisladoras afirman que se actualizan algunas conductas de mobbing laboral como son: negativa del superior a atender a los trabajadores respecto de sus inconformidades, acusaciones injustificadas, amenazas, reasignación de trabajos sin notificación oportuna; entre otras.

Esta Comisión del Senado de la República no se pronuncia sobre la afirmativa o no de los hechos; sin embargo hace suya la preocupación de las legisladoras respecto a los derechos de los trabajadores del estado de Oaxaca en el sentido, de que aún en el caso en el que fuera necesario su despido, éste debe darse en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos.

En el caso específico, conforme al contenido del artículo 1o de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,  cualquier despido laboral debe atender al contenido de la citada ley, por tratarse de trabajadores de una entidad federativa.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Oaxaca a garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en el Servicio Nacional de Empleo Oaxaca; así como investigar y en su caso, realizar las acciones conducentes respecto de la probable violación de diversas normas y derechos en contra de trabajadores de dicha dependencia.

 Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Por el que se solicita fomentar la creación de un programa de apoyo para el rescate de las zonas con vocación arrocera en el país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer los programas y apoyos al campo a fin de contribuir al crecimiento económico y exportación ganadera del país.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 17 de junio del 2015, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fomentar la creación de un programa de apoyo para el rescate de las zonas con vocación arrocera en el país.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar el apoyo para las zonas con vocación arroceras en el país, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Los proponentes exponen que en nuestro país se siembran aproximadamente 34 mil hectáreas de arroz y son 15 estados los principales productores de arroz. Señalan que la importancia socioeconómica del arroz, propició que la siembra del cereal fuera considerado por esta Soberanía, como parte de los productos básicos y estratégicos, establecidos en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Señalan que el comercio internacional y la falta de apoyos internos competitivos frente a nuestros socios comerciales, han ocasionado que desde hace aproximadamente 2 décadas, decrecieran los niveles de producción de arroz nacional, sustituyéndolos por arroz importado proveniente del mercado asiático y norteamericano, en algunos casos con niveles de calidad dudosos, que por ningún motivo podían competir con la calidad del arroz mexicano.

Precisan que de los aproximadamente 25 mil productores que había en los años noventa, al día de hoy existen poco más de 4 mil productores.

Manifiestan que hace 2 décadas, la producción nacional era suficiente para cubrir la demanda nacional del cereal y hoy la producción representa aproximadamente el 25% poniendo en grave riesgo de desaparecer a los productores nacionales de arroz. Señalan que se importa el 75% del arroz que consumimos, lo que representa más de 700 mil toneladas anuales, razón por la cual es necesario un cambio en la visión de las políticas públicas nacionales que logren revertir esta situación.

Los proponentes citan como ejemplo el caso del estado de Morelos y la disminución de 14 mil hectáreas de cultivo, pese a que su arroz es reconocido por su calidad a nivel mundial.

Por último, señalan que la apertura que se dio por parte de nuestro país al arroz proveniente de otras latitudes impactó de manera negativa y considerable en los ingresos de los productores nacionales.

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan el punto petitorio siguiente:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que en el ámbito de sus facultades, fomente la creación de un programa de apoyo para el rescate de las zonas con vocación arrocera en el país con el fin de fomentar la producción de este cereal.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

Esta Comisión reconoce que hoy en día la globalización, la apertura de los mercados, tratados y acuerdos comerciales son las expresiones de las nuevas relaciones económicas a nivel mundial.

La producción agropecuaria bajo este enfoque de mercado, registra cambios dinámicos, lo cual lo convierte en procesos más complejos, con mayores exigencias en la calidad de los productos demandados.

Ante este panorama comercial, el sector agropecuario como actividad económica requiere ser más competitivo para mantenerse, posicionarse mejor o bien perder posicionamiento u otras oportunidades en los mercados nacionales e internacionales.

Como lo señalan los proponentes, el sector arrocero es uno de los sectores agropecuarios que ha reportado una disminución en la producción a lo largo de los años, generando una dependencia cada vez mayor del arroz importado.

El arroz es uno de los cereales más consumidos en México y en el mundo gracias a su alto contenido alimenticio, que se expresa en la gran cantidad de energía y proteínas que contiene.

Si bien es cierto, que se han otorgado diversos apoyos para la siembra de arroz por parte del Gobierno a través de programas como en su momento lo fue PROCAMPO, también es importante señalar que se requiere un mayor apoyo a dicho sector para recuperar los niveles de producción y de autoabastecimiento que tenía.

Al respecto, la participación del gobierno resulta fundamental para el desarrollo del sector, en ese sentido la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el despacho de los siguientes asuntos:

● Establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales.

● Formular dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la capacitación de los productores rurales.

● Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en coordinación con la Secretaría de Economía.

● Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y comercio exterior agropecuarios.

Esta Comisión dictaminadora considera que las políticas enfocadas al campo mexicano deben impulsar la producción y productividad para lograr la autosuficiencia alimentaria e incrementar la competitividad internacional.

Ante ello, los integrantes de esta Tercera Comisión estimamos relevante promover todas las acciones necesarias a fin de asegurar la sustentabilidad de la producción agropecuaria y de la seguridad alimentaria, es por ello que, aprobamos la propuesta para el apoyo de las zonas arroceras en el país.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que en el ámbito de sus facultades, fomente la creación de un programa de apoyo para el rescate de las zonas con vocación arrocera en el país con el fin de fomentar la producción de este cereal.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Por el que se solicita un informe de las razones por las que no se ha suspendido el trámite de ratificación del Convenio Bilateral sobre Transportes Aéreos, rubricado el 21 de noviembre de 2014.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que por el que se invita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a una mesa de trabajo para abordar las razones por las cuales no se ha suspendido el trámite de ratificación del Convenio Bilateral rubricado el paso 21 de noviembre del 2014, sobre transportes aéreos por incumplimiento del gobierno norteamericano en una negociación ya cerrada, presentada por los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 10 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada, se turnara a la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- Con fecha 11 de junio de 2015, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública remitió la citada proposición a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, en razón de que el contenido del resolutivo es de materia económica, para su turno correspondiente.

4.- Con fecha 17 de junio de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada, se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

5.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina tiene por objeto invitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a una mesa de trabajo para abordar las razones por las cuales no se ha suspendido el trámite de ratificación del Convenio Bilateral rubricado el paso 21 de noviembre del 2014, sobre transportes aéreos por incumplimiento del gobierno norteamericano en una negociación ya cerrada.

Los Diputados proponentes argumentan que el Convenio Bilateral entre México y Estados Unidos en materia de aviación forma parte de un proceso de integración regional entre México- Estados Unidos y Canadá.

Por tal razón el texto vigente fue sujeto a tres rondas de negociación entre la Delegación de México y Estados Unidos con el propósito de modificar aquellos elementos que permitan la integración y la promoción de un mayor dinamismo en materia aeronáutica para toda la región de Norteamérica.

Aumentar la conectividad en la región promueve el desarrollo nacional dado que facilita el intercambio de bienes, servicios y la transportación de personas para efectos de negocios, inversiones y turismo.

Una mayor conectividad también atrae y mantiene inversiones por la facilidad de la movilidad de bienes, productos, servicios y personas. Facilitar la movilidad y fortalecer la conectividad, incrementa la competitividad nacional y fortalece el mercado interno porque promueve las condiciones para reducir costos y ayuda a realizar negocios y procesos productivos con más rapidez y, en general, contribuye a un desarrollo económico más acelerado.

Adicional a lo anterior, los proponentes muestran cifras en donde se observa que el Transporte aéreo de pasajeros en el mundo ha venido creciendo de manera importante y en las rutas México-Estados Unidos se presenta un crecimiento importante. En este orden de ideas, las aerolíneas extranjeras con operaciones hacia/desde el territorio nacional crecieron el 275.63% ya que movilizaron un total de 23.89 millones de pasajeros comparado con los 6.35 millones de pasajeros que estas mismas aerolíneas extranjeras con operaciones en México movilizaron en 1991.

El interés de los proponentes por organizar una mesa de trabajo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes surge de la necesidad de mayor información y al incumplimiento del compromiso por parte de la Delegación Norteamericana en una negociación ya concluida, al considerar que las Aerolíneas Mexicanas no son elegibles para el otorgamiento del “Anti-Trust Immunity” a fin de que las Aerolíneas de México estén en condiciones de hacer alianzas profundas con Aerolíneas de Estados Unidos.

A juicio de los proponentes, la suspensión del trámite por parte del DOT el 8 de abril del 2015 y la notificación posterior del 30 de abril del 2015, no garantizan el otorgamiento de dicha salvaguarda, en virtud de que las razones que se alegan son de fondo al señalar que se suspendió el trámite por la razón de que el Convenio Bilateral modificado y suscrito el 21 de noviembre del 2014 no cuenta con las características de un CONVENIO DE CIELOS ABIERTOS.

Al desconocer los acuerdos alcanzados, negando el otorgamiento de las salvaguardas a las aerolíneas nacionales, la Delegación norteamericana, de acuerdo a los proponentes, está modificando las condiciones ya pactadas, por lo que a juicio de los mismos, el gobierno Federal debe tener una postura contundente con garantías para nuestros intereses nacionales.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita al Secretario de Comunicaciones y Transportes a una reunión de Trabajo, para conocer las razones por las que no se ha suspendido el trámite de ratificación del Convenio Bilateral sobre Transportes Aéreos rubricado el 21 de noviembre del 2014, toda vez que la delegación norteamericana ha incumplido con el compromiso de otorgar explícitamente y mediante un acuerdo público, la autorización para que las Aerolíneas Nacionales puedan hacer alianzas profundas con sus contrapartes norteamericanas, como lo ha hecho Estados Unidos con otros países en acuerdos similares.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Los miembros de esta Comisión Dictaminadora consideramos que este Acuerdo Bilateral entre México y Estados Unidos debe beneficiar a ambas partes en materia aeronáutica, por lo que en principio coincidimos con los diputados proponentes en el sentido de que en los términos actuales, existe una disparidad significativa entre la cantidad de pasajeros que utilizan las aerolíneas norteamericanas frente a las nacionales, en las rutas desde o hacia Estados Unidos y nuestro país.

Por otra parte, a la fecha no existe algún documento oficial por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hacia el Congreso de la Unión, en donde se informe puntualmente de la situación que guarda el citado Acuerdo, por lo que los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos en la necesidad de contar con mayor información que la que hasta la fecha existe a través de los medios electrónicos.

En el mismo orden de ideas, se argumenta que la Delegación Norteamericana incumplió el compromiso al no considerar a las aerolíneas mexicanas para el otorgamiento del “Anti-Trust Immunity”, con lo que las aerolíneas nacionales se encuentran impedidas legalmente para hacer alianzas con las aerolíneas de Estados Unidos, situación que consideramos pone en desventaja a nuestros competidores y además modifica los acuerdos previamente pactados entre ambas naciones.

Por lo anterior, los proponentes solicitan la realización de una reunión de trabajo con las autoridades pertinentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que sirva para conocer las razones por las que no se ha suspendido el trámite de ratificación del Convenio Bilateral, toda vez que las condiciones del mismo atentan contra las   aerolíneas nacionales, además de haberse incumplido el compromiso de otorgar la autorización a nuestras aerolíneas para hacer alianzas con sus contrapartes norteamericanas.

Al respecto, esta Comisión invoca el acuerdo tomado por los miembros integrantes de esta Tercera Comisión y de conformidad con el acta de la primera reunión de trabajo de esta Comisión, en la cual se estableció el procedimiento a seguir para las solicitudes de comparecencia de servidores públicos, en primera instancia se requerirá un informe sobre el tema de interés; en caso de no ser satisfactorio, se procederá a solicitar una reunión de trabajo y; en caso de no ser satisfactoria dicha reunión, se procederá a llamar a comparecer al servidor público correspondiente.

Considerando lo anterior, esta Comisión estima pertinente realizar una modificación al punto petitorio de los proponentes, con la finalidad de solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe detallado del estatus actual del mencionado Acuerdo, así como de las razones por las cuales no se ha suspendido el trámite de ratificación del mismo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe que detalle las razones por las que no se ha suspendido el trámite de ratificación del Convenio Bilateral sobre Transportes Aéreos rubricado el 21 de noviembre del 2014, toda vez que la delegación norteamericana ha incumplido con el compromiso de otorgar explícitamente y mediante un acuerdo público, la autorización para que las Aerolíneas Nacionales puedan hacer alianzas profundas con sus contrapartes norteamericanas, como lo ha hecho Estados Unidos con otros países en acuerdos similares.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

También tenemos el dictamen que exhorta a implementar acciones de promoción y empadronamiento para los adultos mayores que no reciben una pensión o jubilación.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para que a través de su Delegación en Oaxaca implemente acciones para la promoción y empadronamiento de adultos mayores; presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 17 de junio de 2015.

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta a la SEDESOL para que a través de su Delegación en Oaxaca implemente acciones para la promoción y empadronamiento de adultos mayores. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

I) De acuerdo al INEGI, las entidades con un mayor número de adultos mayores son el Estado de México, D.F., Veracruz, Jalisco y Puebla. El estado de Oaxaca obtuvo el 9º lugar con 406 mil 169 personas mayores de 60 años.

II) Oaxaca posee el quinto lugar de mayor índice de envejecimiento, 24.9 que corresponde a 25 adultos por cada 100 niños.

III) Por otra parte, en el censo de población 2010, los adultos mayores representan el 9.5% del total de personas de habla indígena en esas entidades.

IV) En Oaxaca reside 19.8% del total de personas de 60 y más que hablan una lengua indígena, lo que representa el primer lugar de ese tipo de población a nivel nacional.

V) Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Nayarit representan el 65.4% de personas mayores de 60 que son monolingües.

VI) La situación de vulnerabilidad que representan los adultos mayores que se encuentran fuera de los esquemas institucionales es preocupante, por lo menos una de cada 4 personas de esa edad tienen problemas para realizar actividades básicas como caminar, bañarse o ir al sanitario.

VII) El Programa Pensión para Adultos Mayores (PAM) establece como prioridad el ampliar el acceso a la seguridad social; además, provee a esos adultos con un mínimo de 580 pesos mensuales, a adultos mayores de 65 años  que no reciben un ingreso mensual superior a 1092 pesos.

VIII) En diciembre de 2014, la SEDESOL reportó un padrón de beneficiarios en Oaxaca de 240 mil 492 adultos mayores. El censo de 2010 determinó una población de 406 mil 495 personas, actualmente pueden calcularse en 468 mil personas.

IX) Se propone plantear a la SEDESOL incrementar el número del padrón debido a la amplia población que podría encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de que a través de su Delegación en el Estado de Oaxaca, implemente acciones de promoción y empadronamiento para que los adultos mayores que no reciben una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a la línea de bienestar mínimo, que viven en los municipios del Estado de Oaxaca contemplados en el Decreto que crea el Sistema Nacional para la Cruzada Nacional Contra el Hambre, sean incorporados al Programa Pensión para Adultos Mayores.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora concuerda con la preocupación del legislador proponente en el sentido que se considera que los adultos mayores son una población vulnerable.  En efecto, el Programa de Pensión para Adultos Mayores atiende a las personas adultas mayores de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional. Los beneficiarios reciben apoyos económicos de 580 pesos mensuales con entregas de 1,160 pesos cada dos meses; también participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el Inapam, además de aquellas que ofrecen actividades productivas y ocupacionales.

En el mismo sentido, esta Comisión concuerda con el Legislador sobre su preocupación respecto a los adultos mayores. Oaxaca es una de las entidades del país con mayores problemas económicos ya que se encuentra en el lugar treinta y uno de la economía federal, el estado de Oaxaca contribuye con el 1,6% del PIB (Producto Interno Bruto) nacional.

Además, como señala el legislador, el programa PAM ha demostrado que la combinación de la entrega de una pensión monetaria de tipo no contributivo, más la realización de acciones de protección social para aminorar el deterioro de la salud física y mental a través de la constitución de una Red Social en favor de este grupo social coordinadas entre todo el sector público, mejoran efectivamente las condiciones de vida de las personas adultas mayores beneficiarias, como lo demuestran las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud Pública.

Desafortunadamente existen todavía en el país muchos adultos mayores que no han podido integrase al Padrón de Beneficiarios del PAM, como es el caso de la población adulta mayor del Estado de Oaxaca, ya sea por motivos de falta de información completa del programa o porque simplemente no saben que este beneficio existe para ellos, dando como resultado un padrón bajo en relación a la población total de adultos mayores de esta entidad federativa.

En ese sentido, se concuerda que de ser procedente y posible, el Estado mexicano apoye al grupo de adultos mayores del Estado de Oaxaca, que todavía no cuenta con este apoyo y que se encuentra en condiciones de pobreza y vulnerabilidad que no recibe pensión mayor a mil noventa y dos pesos mensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo, incorporándolos al programa Pensión para Adultos Mayores; lo que sin lugar a duda ayudaría a mejorar su bienestar económico y social, asegurándoles un ingreso monetario mínimo, además de poder contar con los otros beneficios de protección social que brinda este programa.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de que a través de su Delegación en el Estado de Oaxaca, implemente acciones de promoción y empadronamiento para que los adultos mayores que no reciben una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a la línea de bienestar mínimo, que viven en los municipios del Estado de Oaxaca contemplados en el Decreto que crea el Sistema Nacional para la Cruzada Nacional Contra el Hambre, sean incorporados al Programa Pensión para Adultos Mayores, salvaguardando los datos personales de los adultos mayores, así como de los derechohabientes para evitar su uso con fines distintos a los objetivos del programa.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

Son todos los dictámenes en los que no hay reserva para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Debido a que los dictámenes no reservados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y así se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, señora Secretaria Ruiz Sandoval. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Compañeros legisladores, como se acordó en la pasada sesión, la discusión de los dictámenes iniciará con el de la Tercera Comisión, que se refiere a las investigaciones y auditorías realizadas respecto a la construcción del Viaducto Bicentenario, operada por la empresa OHL México. El dictamen está publicado en la Gaceta.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas las proposiciones con punto de acuerdo de los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y el Senador Manuel Bartlett Díaz y de las y los legisladores del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que exhortan a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del Gobierno del Estado de México; a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República, y a la Auditoría Superior de la Federación, a investigar sobre las concesiones y las posibles irregularidades en las contrataciones del Gobierno del Estado de México con la Empresa “OHL”

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de mayo de 2015 fueron presentadas tres propuestas con Proposición de Punto de Acuerdo sobre el posible caso de corrupción entre la empresa OHL y el gobierno del Estado de México. Dichas proposiciones fueron las siguientes:

● Una de los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez por el que se exhorta al gobernador del Estado de México y al Secretario de la Función Pública a informar sobre las investigaciones y auditorías realizadas a la empresa “OHL” para construir el “Viaducto Bicentenario”.

● Una del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y el Senador Manuel Bartlett Díaz, que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a investigar la operación de las concesiones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la empresa “OHL México”.

● Una de los Diputados Lizbeth Rosas Montero, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes y Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que exhorta al Gobierno del Estado de México a investigar el conflicto de interés en que incurrieron servidores públicos de su gobierno, así como por irregularidades en la construcción del “Viaducto Bicentenario”

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que las proposiciones citadas se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- Posteriormente, en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de mayo de 2015 fueron presentadas tres propuestas con Proposición de Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución sobre el mismo caso, y fueron las siguientes:

● Una de la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, al Auditor Superior del Estado de México y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a ejercer sus facultades de investigación respecto a las obras del circuito Viaducto Bicentenario.

● Una de los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que solicita a la Auditoría Superior de la Federación audite los contratos que el Gobierno Federal tiene celebrados con la empresa OHL México, durante 2012, 2013 y 2014.

● Una de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación objetiva, expedita e imparcial en torno a una posible red de funcionarios del gobierno federal que actúan en beneficio de la empresa OHL.

4- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que las proposiciones citadas se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

5.- En sesión ordinaria del 26 de mayo del mismo año, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.

II. CONSIDERACIONES.

Esta Comisión coincide con los promoventes en cuanto a que la corrupción es uno de los más grandes flagelos y una de las demandas sociales más exigentes de la sociedad mexicana hoy en día.

Los legisladores federales somos sensibles a dichas demandas, de ahí que se ha diseñado un nuevo marco legal para el Sistema Nacional Anticorrupción mediante el cual se habrán de fortalecer las normas y las instituciones para prevenir, combatir y sancionar la corrupción.

Los miembros de esta Comisión somos conscientes de la realidad y de la gravedad que representa la corrupción en nuestro país y que expresa Transparencia Internacional y otras organizaciones en sus estudios de investigación.

Sin duda alguna, hoy en día hay mucha más participación ciudadana que hace una década. El acceso a las redes sociales hace que los acontecimientos sean valorados de manera casi instantánea a partir de la ocurrencia de los mismos, y de ahí que el ciudadano moderno sea más crítico y exija rendición de cuentas de los servidores públicos a todos los niveles.

Los representantes populares tenemos la obligación de responder a la sociedad de la misma manera que nos exige, por ello, es el deseo de los integrantes de esta Comisión esclarecer y llegar a fondo en la investigación de los hechos dados a conocer por los audios difundidos recientemente, en la que se escucha a directivos de la empresa “OHL”, declarar que en los contratos de obra civil es común realizar un sobrecosto de al menos 25% del costo real de la obra, y en donde se revela que supuestamente se triplicó de manera intencional el costo de la construcción del “Viaducto Bicentenario” en el Estado de México, y que supuestamente se favoreció al Secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México con el pago de la estancia, para él y su familia, en uno de los hoteles más lujosos de la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo.

Esta Comisión ha recogido las diversas exposiciones de motivos de los promoventes y es consciente que la empresa “OHL México” construye, administra, opera y mantiene 6 autopistas de peajes y un aeropuerto:

1. Concesionaria Mexiquense, S.A de C.V. (CONMEX), tiene a su cargo  la concesión para diseñar, financiar, construir y operar de febrero de 2003 a diciembre de 2051, el Circuito Exterior Mexiquense con una participación del 100% de OHL México.

2. Viaducto Bicentenario que inicia en el ex Toreo de Cuatro Caminos al kilómetro 44 de la autopista México-Querétaro y cuya concesión es de mayo de 2008 a mayo de 2038, con una participación del 100% de OHL México.

3. Autopista Urbana Norte, S.A de C. V, titular para diseñar, financiar, construir y operar un viaducto elevado de doble cuerpo con peaje completamente automatizado en la Ciudad de México, y en donde el período de concesión es de junio de 2010 a junio de 2043. En este caso el cliente es el Gobierno de la Ciudad de México, con una participación del 100% de OHL México.

4. Supervía Poetas, que es una vía rápida concesionada entre Av. Centenario en Santa Fe y Luis Cabrera en la Ciudad de México con peaje 100% automatizado. Esta vía integra las salidas a Querétaro, Toluca y Cuernavaca. El periodo de concesión es de abril de 2010 a abril de 2043, el cliente es el Gobierno de la Ciudad de México y OHL México participa con el 50%.

5. Construcción de la autopista de peaje Puebla-Perote en el corredor vial conocido como Corredor Carretero Altiplano, que conecta la región central de México con el puerto de Veracruz, en donde Grupo Autopistas Nacionales, S.A. (GANA), es la sociedad concesionaria que administra, opera y mantiene dicha autopista. El cliente es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, por un periodo de 30 años a partir de octubre de 2008, y OHL México participa con el 69%.

6. Diseño, financiamiento, construcción y explotación del Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla, en la carretera federal México-Veracruz, en donde el Gobierno del Estado de Puebla otorgó la concesión a Autovías Concesionadas OHL, S.A. de C.V, que comenzó en marzo de 2008 y concluirá en marzo de 2038, y en donde OHL México participa con el 10%.

7. Operación y administración del Aeropuerto Internacional de Toluca a cargo de Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A de C.V. (AMAIT). En este caso participan el Gobierno del Estado de México con el 26%, ASA con 25% y OHL México con 49%. El período de concesión es de septiembre de 2005 a septiembre de 2055 y el cliente es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal.

Con la información anterior, se aprecia que los clientes más importantes de la empresa OHL México son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, la Ciudad de México y los Estados de México y Puebla, siendo la concesión más antigua la que comenzó en el año 2003 y que tiene que ver con el Circuito Exterior Mexiquense.

A través de los medios de comunicación, ésta Comisión tuvo conocimiento que el día 20 de mayo del presente año, la empresa OHL presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, las conclusiones del informe o “auditoria interna” que realizó la consultora Ernst & Young, a petición de la propia compañía, para que verificara los pormenores de la concesión de la construcción del Viaducto Bicentenario en México.

La conclusión del informe, según fuentes del periódico La Jornada1 fue que “ha cumplido bien y fielmente los términos y condiciones del título de concesión del Viaducto Elevado Bicentenario de México”, con lo que, siempre según el informe interno, no se habría incurrido en ninguna irregularidad de trato de favor o sobre costos, tal y como se reveló en las conversaciones telefónicos difundidas en las que tres altos ejecutivos de OHL México protagonizaban un supuesto caso de corrupción con Apolinar Mena, cesado del cargo de Secretario de Comunicaciones del Estado de México y multado con 189 mil pesos.

Consciente de la gravedad de la situación, esta Comisión considera pertinente realizar un exhorto a las autoridades involucradas en este caso, a fin de que se investiguen todas las operaciones de las concesiones a cargo de la empresa OHL México en el país y se informe a esta soberanía de manera oficial sobre el caso en comento.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es facultad de la Secretaria de la Función Pública inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores de gestión, conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida, entre otras.

En ese mismo sentido, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, faculta a la Auditoría Superior de la Federación a  iniciar las investigaciones correspondientes a los ejercicios de la Cuenta Pública, en donde dicha instancia deberá evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los programas federales, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en el Presupuesto de Egresos y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, los planes regionales, los programas operativos anuales, los programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos federales conforme a las disposiciones legales.

Finalmente, el artículo 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enumera las facultades y responsabilidades de la Unidad de Inversiones de la Secretaría en la cual se encuentra Integrar y administrar la cartera de programas y proyectos de inversión con base en la evaluación, información y prioridades que presenten las dependencias y entidades de la administración pública federal, independientemente de la fuente de financiamiento; registrar, suspender, levantar la suspensión y cancelar el registro en la cartera de los programas y proyectos de inversión con base en las disposiciones aplicables; así como verificar, en coordinación con las instancias competentes, la congruencia de dichos programas y proyectos con los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, entre otras.

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que resulta pertinente dirigir la solicitud planteada por los legisladores, a afecto de que la misma se tramite ante el Pleno de la Comisión Permanente.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, para que en un plazo no mayor a 15 días naturales, remita a esta soberanía un informe donde se detallen los resultados de las investigaciones y auditorías realizadas en el ámbito de su competencia, respecto a la construcción del Viaducto Bicentenario operada por la empresa OHL México.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., para que en un término no mayor a 15 días, remitan un informe a esta soberanía, sobre los proyectos de infraestructura en los que haya participado o esté participando OHL.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, ejercer sus facultades de investigación sobre los recursos federales en la obra del “Viaducto Bicentenario”; así como establecer las responsabilidades administrativas o medidas legales que se deriven.

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo del Estado de México, a través de los titulares de la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia, remita a esta soberanía un informe donde se detallen las acciones  administrativas y legales interpuestas en contra de servidores públicos de la administración estatal derivadas de la investigación en la operación de la concesión del “Viaducto Bicentenario” por la empresa OHL México.

QUINTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de México, para que a través de su Órgano Superior de Fiscalización, realice una auditoría integral y exhaustiva a la obra del “Viaducto Bicentenario” operada por la empresa OHL México.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 26 de mayo de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

1 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/20/ohl-auditoria-descarta-irregularidades-en-viaducto-bicentenario-2061.html

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

EL Senador Manuel Bartlett Díaz: Agradeciéndole señor Presidente, su promesa de que se vería en primer lugar.

He pedido la palabra para hacer un comentario sobre este punto de Acuerdo, relacionado con la investigación que estamos pidiendo a la empresa española OHL, porque consideramos que es de una enorme importancia que se cumpla, que el Ejecutivo y las autoridades respectivas, cumplan con la investigación que aquí se pide.

Dice el Presidente Peña Nieto en un último discurso, que está “empeñado en domar”, (así dijo), la naturaleza humana, la condición humana.

Es una promesa muy interesante, que toca los ámbitos de la literatura. Pero el compromiso de “domar”, en ese sentido, la corrupción, la descomposición social a la que nos ha llevado, por ser ya catalogado como el primer y más importante problema que tiene este país.

Queremos apoyar al Presidente, para que dome realmente a este flagelo que es la corrupción.

OHL es un ejemplo de la corrupción organizada. Así como crimen organizado, es la corrupción organizada.

Las llamadas interferidas y lo que se escuchó durante algunas semanas sobre las conversaciones entre funcionarios de OHL y funcionarios mexicanos, amerita una investigación realmente a fondo; una investigación real, no un asunto que se vaya olvidando o un asunto en el que se enfoque a investigar a la empresa. Porque lo que se tiene que investigar es esa corrupción organizada.

OHL controla en este país una cantidad enorme de movimientos en el Valle de México.

Controla las autopistas del centro de México; Distrito Federal, Estado de México y Puebla. Concentra más del 25 por ciento del total de autos del país pagando peaje.

En 2014 tuvo ingresos por 17 mil millones de pesos; 13 mil millones de utilidades, producto de siete concesiones:

Circuito Mexiquense hasta 2051 seguirá cobrando; Viaducto Bicentenario hasta 2038, Urbana Norte hasta 2043, Atizapán-Atlacomulco hasta el 2043, Amozoc-Perote, de Puebla hasta 2044, además otros negocios estatales, el Aeropuerto Internacional de Toluca concesionado hasta 2055.

Y con Lozoya en PEMEX, OHL consiguió tres contratos por más de 2 mil millones de pesos en solo dos años.

El Tren México-Toluca, para 270 mil pasajeros diarios, asociado a la familia Hank Rhon. Esto es OHL.

Pero como se supo y se hizo público, no es la empresa en sí, sino es la participación de las autoridades del Estado de México, de las autoridades de Puebla, que han estado vinculadas a estos negocios inmensos, que tienen un control, como les he leído, del movimiento de los automóviles más grande de todo el país.

En consecuencia, si es cierto, como se ha venido festinando y señalando, que estamos en la lucha en contra de la corrupción y que el Presidente Peña Nieto ha hecho gala de esta serie de medidas, como la reforma que crea un Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes secundarias, el sistema maravilloso de transparencia, no puede dejarse que esto pase desapercibido y que se olvide, porque esa es la corrupción que tenemos que perseguir, no la de unos sinvergüenzas españoles que llegaron ahí a abusar de los pobres mexicanos, no, no es crimen organizado, es la participación de gobernadores, de secretarios de gobierno, de secretarios de finanzas, que son los que aparecen en este juego en el cual se inflan las inversiones, entonces pueden cobrar más y alargan los periodos sin consultarle a nadie.

Y ese fenómeno que es el que ahorita estamos viendo, debe aplicarse para perseguirlo, la nueva Ley Anticorrupción y la voluntad del Presidente expresada de “domar al pueblo de México y a quien sea necesario que esté metido en la corrupción”, tiene una significación política además, no nada más es este asalto a los recursos de la nación, que lo van pagando, todos los que pasemos por ahí vamos a estar pagando durante décadas a esta empresa, cuyas inversiones son falsas y cuyas tarifas son altas, todo en connivencia con los gobiernos del Estado de México, siendo ya gobernador Peña Nieto. El estado de Puebla también, y ¿qué genera eso? Por eso he insistido en que el tema es importante y celebro que este punto de Acuerdo se dirija a quienes deben atenderlo como debe de ser, porque es la nueva manera de controlar al país.

El sistema corrupto en el que vivimos y que reconocen todos, el Presidente pensando que lo va a domesticar, a domar, es la nueva fuente de poder.

El Sistema Electoral Mexicano está dominado por el dinero, las últimas elecciones significaron una cantidad enorme de los recursos de los partidos dominantes antes de las elecciones, hoy caídos en desgracia, pero este sistema que significa el poder económico es el que está acabando con el país, es el que compra a las televisoras, es el que subsidia y mantiene la dictadura mediática que engaña al pueblo de México y lo mantiene en una situación de desinformación en contra de la Constitución, es el sistema que gobierna, se hacen de una cantidad inmensa de dinero, para corromper al país.

No sé si recuerden ustedes una frase muy importante hace algunos años, que salía del “hankismo” del Estado de México, hoy convertido en Presidencia de la República, “La Fuerza Mexiquense”.

La Fuerza Mexiquense estaba financiando campañas en todo el país para gobernadores, Diputados, y después generaba una estructura de poder subsidiada por esa cantidad inmensa de dinero, ese sistema está hoy en la Presidencia de la República. Y si va a ser cierto que domestiquen a los bandidos, tendrán que empezar por el gobierno, porque ahí está el problema de la vinculación para poder generar recursos cuantiosísimos para mantener el poder en este país; mantener el poder comprando.

Termino, señor Presidente.

El estado de Puebla, hoy su gobernador es candidato a presidir el PAN, seguramente tiene una gran oportunidad para ser Presidente del Partido Acción Nacional, con un origen “gordillista” pero en fin, eso no importa ahora.

Pudo en esas elecciones subvencionar a Tlaxcala, dar dinero a otros estados, obtener favores, tener una gran influencia del Comité Nacional del PAN con este dinero, con el dinero de la corrupción organizada, con el dinero que dan las grandes trasnacionales y las grandes constructoras, ese es el dinero político y si no se detiene, la oligarquía seguirá dominando este país en contra de los intereses populares.

Me congratulo, señor Presidente y los que impulsaron este punto de Acuerdo, de que se apruebe el día de hoy y esperemos que esta corrupción que nos ahoga y que controla y maneja este país, se detenga.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Lourdes Amaya Reyes, del grupo parlamentario del PRD.

La Diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Sin duda, uno de los mayores factores que promueve el avance de la criminalidad en las sociedades y que vulnera de forma dramática al estado de derecho y el tejido social, es la impunidad.

Por desgracia, nuestro país resulta un paraíso por lo que a impunidad se refiere, pues aproximadamente el 94 por ciento de los delitos que se cometen quedan sin castigo, quedan impunes. De tal suerte, que independientemente de los fines políticos que dichos estudios persiguen, en sus reportes sobre los derechos humanos en 2014 que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y se dio a conocer la semana pasada, se señalan como los principales problemas que enfrenta México a la corrupción y a la impunidad.

Hoy nuevamente nos encontramos frente a una situación que esperamos no quede impune y como un escándalo más, en el que la corrupción, la falta de ética y las prácticas más deplorables de la plutocracia, que ha cooptado espacios al frente de las instituciones del Estado, son las protagonistas.

De acuerdo a una serie de grabaciones dadas a conocer a través de la plataforma YouTube, ha quedado evidenciada una posible red de complicidades, corrupción y conflicto de intereses que involucra a autoridades mexiquenses y funcionarios de la empresa OHL, al grado de que se sabe que en medio de la discusión acerca de subir o no el peaje del Viaducto Bicentenario, obra concesionada hasta el 2038, esta constructora cubrió los gastos de unas vacaciones de lujo del ex secretario de comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, quien sin mayores pruebas sólo atinó a comentar que él pagó el costoso viaje de más de 100 mil pesos.

Asimismo, en los audios se ha dejado ver la posibilidad de que OHL pudo también haber ofrecido sobornos a jueces o a magistrados adscritos al Poder Judicial del Estado de México, para agilizar y favorecer los juicios en los que se encuentra involucrada la empresa española, situación por la cual estamos solicitando a través de este dictamen, un informe del Consejo de la Judicatura Estatal en torno al estatus que guardan estas investigaciones respecto de este caso.

Algo muy sospechoso está ocurriendo en el Estado de México, que dicho sea de paso, ocupa el segundo lugar en corrupción del país, de acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, ya que los funcionarios públicos de esta entidad, han encontrado un modus operandi en el que a cambio de otorgar proyectos multimillonarios a contratistas, ellos reciben una serie de beneficios poco explicables, en el marco de la ética y de los sueldos que pueden percibirse como servidor público.

Ayer fue el escándalo del Grupo Higa, el cual involucró al Presidente Peña Nieto, su esposa y al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quienes fueron sospechosamente financiados con mansiones de lujo, sin que hasta la fecha la situación haya pasado más allá de la denuncia y la indignación.

Hoy nuevamente otra constructora, que también ganó bastantes obras en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador, y que a partir de haber llegado a Los Pinos empezó a repuntar en sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, está involucrada en posibles actos de corrupción al más alto nivel.

Tal y como lo hemos ya denunciado en esta misma Comisión Permanente, es urgente que los Poderes Legislativo y Judicial articulemos esfuerzos para frenar la corrupción lasciva y desvergonzada, que en contubernio con funcionarios gubernamentales, empresas como OHL y Grupo Higa han desarrollado en México.

En un auténtico gobierno democrático republicano, la defensa del bien público debe ser valor supremo de su actuar, pero en el contexto mal logrado que tenemos, en el que el mercado y sus valores han impuesto sobre la política, pareciera que la clase política, en su uso patrimonialista del poder, se ha vuelto no sólo cómplice ineficaz, sino que en su actuar debilita a las instituciones encargadas de impartir justicia en el Estado.

Frente a dicho vacío nos corresponde a nosotros, poderes públicos, junto con las y los ciudadanos, exigir un fin al abuso desmedido de los plutócratas encabezados por Peña Nieto y su grupo político, quienes lo han tenido desde los tiempos en que gobernaban el Estado de México.

En consecuencia, en el PRD votaremos a favor del presente dictamen, al tiempo que hacemos un enérgico llamado para que la administración de Eruviel Ávila deje a un lado las complicidades y la opacidad en su accionar, y de verdad se investigue a fondo la serie de irregularidades que existen en los contratos de OHL, porque al final del día, y con ello vuelve el tema inicial de esta participación, si la impunidad impera en la clase política, entonces, como ciudadanas y ciudadanos, no esperemos mucho cuando nos prometan combatirla fuera de casa, como diría el refrán: “el buen juez por su casa empieza”.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada Amaya Reyes.

Para hablar sobre este mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Diputado Danner González Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea:

Sí hay graves errores, crasos desaciertos, faltas vergonzosas de quienes deben servir a la sociedad, el mayor mal de la sociedad en que vivimos y, sobre todo, de nuestra clase política, deriva de la indolencia y del pecado de la omisión en la vida pública del país, imperan de esta verdad, frecuentes y tristísimos ejemplos de corrupción, de colusión entre funcionarios públicos e intereses privados.

El caso de OHL es uno más en una entramada red, en este que es, como ya he dicho en otras ocasiones en esta tribuna, un país que tiene el síndrome de Peter Pan, porque vivimos en el país “de nunca jamás”, que nunca jamás pasa nada.

Primero fuimos testigos de cómo el representante de esta empresa, Pablo Wallentin, acordó pagar una estancia en un hotel de lujo en la Riviera Maya al también ex secretario de comunicaciones del Estado de México, todos conocemos lo que se dijo entre ellos; “yo te lo reservo, yo te lo reservo”, entre muchas otras cosas.

Luego supimos también que el representante de la empresa OHL en México, reconoce que la constructora infló, con todas las mañanas del mundo, los precios de un tramo del Viaducto Bicentenario.

Y ahora la semana pasada se dan a conocer nuevas grabaciones donde la doctora Luz María Zarza, consejera jurídica del Gobierno del Estado de México, tiene conversaciones, en donde del entramado del diálogo resulta que la funcionaria señala: “Aquí tengo secuestrados a los abogados y a nuestro amigo para ver cómo va nuestro amparo que se nos va complicando, lo tenemos, y es que como vamos a ir a ver a la magistrada y al juez, nos estamos poniendo de acuerdo”. Fin de la cita.

De esto se deriva que la propia consejería jurídica del gobernador, litiga a favor de la empresa OHL, en un pleito legal que tenía con otra empresa.

Este proceder violenta la Constitución del Estado de México, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y sus municipios.

Si nosotros estamos presumiendo leyes de transparencia y sistemas anticorrupción, y nos conformamos con un informe pormenorizado, ya sabemos lo que va a suceder, a esta Asamblea le ha dado una especie de informitos que ha servido como una armadura para proteger, solapar y encubrir a funcionarios públicos para evitar que rinda cuentas, no va a pasar mucho.

Es lamentable realmente que muchos Diputados y Senadores, no expresen un criterio diverso al de la Presidencia de la República porque suponen, quizá de manera timorata, que eso es un delito de lesa patria, no lo es.

La red de corrupción tejida por la empresa OHL con funcionarios del Estado de México, es notoria y evidente, un simple informe no basta, este dictamen es, como muchos otros, en donde pedimos informes, un dictamen light, yo hasta diría que es un dictamen canderel que endulza, pero no engorda.

Es urgente cancelar las concesiones a esta empresa, es urgente deslindar responsabilidades de tipo penal y administrativo y, sobre todo, es urgente que el gobernador del estado envíe un mensaje muy claro sobre qué se hace con los funcionarios de su administración que incurren en este tipo de ilícitos.

La consejera jurídica sigue ahí, no pasa nada.

Compañeras y compañeros: Los encargos que nos ha dado el pueblo de México no son títulos honoríficos, traen consigo deberes recíprocos que debemos honrar, que debemos atender porque esta ha sido una patria ya muy agraviada y no podemos seguir simplemente haciendo como que no pasa nada y conformándonos con meros informes, que ya sabemos en dónde van a terminar.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputado González Rodríguez.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: La impunidad pareciera ser una constante de este país, por más que hablamos de corrupción, por más que hablamos de los problemas que aquejan a la nación, pareciera que todo empieza y termina en la impunidad.

Según el Observatorio de la Ciudad de México, el costo de la corrupción en el sector público, por la asignación de contratos y adquisiciones por el gobierno federal a privados, ha costado al país 100 mil 987 millones de pesos.

México ocupa el muy honroso lugar 103 de 175 en el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional.

Y el Fondo Monetario Internacional estima que un país corrupto recibe hasta 5 por ciento menos inversiones directas de capital extranjero, en comparación con las naciones que no tienen este problema y donde los contratos se asignan de manera transparente y legal, que no es el caso de México.

México entonces, como consecuencia, perdió 84 mil millones de pesos en inversiones, debido a que estos se destinaron al rubro de los “moches” y las “mordidas” para servidores públicos corruptos.

En nuestro país la justicia no solamente es ciega, discrimina y difícilmente se aplica sobre los que más tienen.

El pasado 7 de mayo, como ya se ha comentado en esta tribuna, se dieron a conocer nueve grabaciones de conversaciones entre directivos de OHL México y el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, en los audios se escucha que los contratos de obra civil, lo normal es cobrar un sobre costo de al menos el 25 por ciento de la obra real, en este caso, es un claro ejemplo de la institucionalización de la corrupción en el país, exactamente la corrupción en este país se ha vuelto una institución hecha y derecha.

Se advierten diversos ilícitos relacionados con la obra del Viaducto Bicentenario, como el alza de tarifas injustificadas sobre precio en inversiones y el arreglo de la estancia del ex secretario Apolinar Mena en un hotel de lujo, que ya también se ha comentado en esta tribuna, el costo pasó de ser de 4 mil millones de pesos a 10 mil millones de pesos, y a pesar de las presuntas irregularidades relacionadas con el Viaducto Bicentenario, la justicia mexicana, esa que andamos presumiendo por ahí, impuso apenas a Apolinar Mena una multa de un poco más de un centenar de miles de pesos, cosa que no solamente no es suficiente para el pueblo mexicano, sino que demuestra lo ciega que es la justicia en este país.

El secretario evidentemente no actuó solo, y lo dejan ver así las grabaciones, las prácticas que se mencionan en las mismas no pudieron haberse llevado a cabo por una sola persona, las faltas demuestran que del lado del gobierno hubo más servidores públicos que hicieron uso indebido de sus facultades.

Es imperante indagar exhaustivamente sobre las concesiones otorgadas a OHL, y llevar ante la justicia tanto a particulares como a servidores públicos involucrados.

¿De qué nos sirve una reforma en transparencia y anticorrupción, si no podemos aplicarla en nuestra propia casa?

Debemos estar seguros que no hay más anomalías entre las otras obras o concesiones que se le ha dado a OHL, tales como el Circuito Exterior Mexiquense, la autopista Atizapán-Atlacomulco, la autopista Urbana Norte, la Amozoc-Perote, la Supervía Poetas, el Aeropuerto Internacional de Toluca, y la verdad es que no sabemos qué otras, y es parte de este punto de Acuerdo que se nos informe en realidad ¿cuál es la relación que tiene OHL con el gobierno, no solamente del Estado de México, sino con el gobierno federal?

Sabemos que los fraudes a la ley son elaborados y diseñados para no ser detectados y que no se pueda seguir la huella del dinero. Se requiere, entonces, una adecuación, investigación financiera para poder rastrear los fondos de la existencia de un acuerdo y obtención de beneficios de algunos servidores públicos.

No debemos ignorar todos los indicios de que esta práctica que está presente con OHL, ya la hemos visto en otros casos de impunidad y corrupción.

La empresa matriz la preside y la controla el ex ministro Juan Miguel Villar Mir, imputado por varios procesos judiciales en España.

Los consejeros mexicanos de OHL están plenamente identificados con el priísmo, Ruiz Sacristán, Reyes Heroles, González Garza, y hasta hace poco aparentemente Lozoya Austin, quien ahora trabaja en PEMEX y le otorga a la empresa tres contratos multimillonarios.

El gobernador del Estado de México, se ha negado a ampliar la investigación de OHL afirmando que se pretende politizar el tema. Investigar los casos de corrupción no es politizar el tema, se llama transparencia y se llama evitar la corrupción.

Determinar si hubo o no casos de uso indebido de recursos públicos, es aplicar la ley sin importar quien caiga. La corrupción, debe ser combatida para fortalecer el estado democrático de derecho.

Yo insisto e insistiré siempre en esta tribuna, que para modernizar a México debemos fortalecer a sus instituciones y al estado de derecho. Entonces, no dejemos que la corrupción se institucionalice en este país.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada Aguilar Gil.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Cristina Ruiz Sandoval.

La Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de la investigación y sanción de los servidores públicos que no cumplan con sus responsabilidades políticas, administrativas, civiles o penales.

Los legisladores del PRI hemos sido congruentes con el principio de legislar buscando siempre el interés público por encima de los intereses particulares, aprobando diversas reformas en materia de combate a la corrupción, transparencia y acceso a la información.

En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de transparentar los contratos y concesiones de la empresa OHL en México, pero no permitiremos que este tema se distorsione con la información.

Hay que ser claros. Hasta el momento, no se ha comprobado que existan irregularidades en el Viaducto Bicentenario o en alguna otra obra operada por OHL.

La Consultoría Ernst & Young ha certificado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, que en la concesión de la construcción del Viaducto Bicentenario en México, la constructora OHL ha cumplido bien y fielmente los términos y condiciones del título de concesión, descartando sobreprecios u otro tipo de anomalías.

Las obras de OHL están funcionando, en cambio, otras como la Línea 12 del Metro no, y su inactividad afecta diariamente a más de 500 mil personas.

Lo que tenemos hasta este momento sólo son grabaciones ilegales que fueron filtradas casualmente en pleno proceso electoral.

No vamos a caer en el linchamiento hacia una empresa o un gobierno, sino pedir que se investigue conforme a derecho para deslindar probables responsabilidades.

Ante cualquier indicio sobre corrupción, las autoridades competentes deben investigar de manera exhaustiva y determinar las sanciones que correspondan en caso de encontrarse irregularidades.

El gobierno del Estado de México ha emprendido, entre otras acciones, el revisar el título de concesión del Viaducto Bicentenario, a través de un procedimiento que consiste en tres fases: el otorgamiento de la concesión, su operación y las modificaciones a los términos originales de la concesión.

La Secretaría de la Función Pública, el Órgano Superior de Fiscalización, la contraloría del estado y dos prestigiados despachos externos, se encuentran auditando ya la concesión OHL. Adicionalmente, el gobernador mexiquense ha ordenado suspender el aumento en las tarifas hasta que concluyan las indagatorias.

Al margen de estas acciones, estamos de acuerdo en que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de la Función Pública que presente un informe sobre las investigaciones y las auditorías llevadas a cabo respecto a la construcción del Viaducto Bicentenario operado por la empresa OHL México.

Además, estamos pidiendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a BANOBRAS, que nos informen sobre los proyectos de infraestructura en los que haya participado la constructora española.

Y le solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación que ejerza sus facultades de atracción para evaluar el ejercicio de recursos federales en el Viaducto Bicentenario.

También solicitamos a la Contraloría y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que nos informen sobre las acciones legales que han emprendido en este caso.

Por último, exhortamos a Órganos Superiores de Fiscalización de la entidad a realizar una auditoría integral y exhaustiva al Viaducto Bicentenario.

Señoras y señores legisladores:

Aprobando estos resolutivos demostramos que estamos a favor de las investigaciones y que no vamos a defender a nadie que haya incurrido en alguna acción ilegal, pero tampoco buscamos convertirnos en jueces y sentenciar a quienes se presume, pudieran ser responsables de los hechos en comento, será en su caso, el Poder Judicial en el ámbito de sus competencias, quien defina el curso de este asunto.

Los legisladores del PRI estamos a favor del combate frontal contra la corrupción. Por eso votamos a favor del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Con estas acciones fortalecemos la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Hubiéramos deseado que la Línea 12 del Metro tuviera esta vigilancia y esta atención de la izquierda.

Hay legisladores que quieren ser ministerios públicos y jueces, ojo, sería bueno que entendieran cuál es su función. Nosotros no tenemos ninguna intención de que se den a conocer los resultados de una investigación en que se haga valer únicamente el estado de derecho.

No vamos a permitir que se pretenda sacar raja política o electoral de este asunto, mucho menos sin existir conclusiones definitivas.

Insisto, señores legisladores, respetemos el artículo 49 de nuestra Constitución. Somos legisladores, no juzgadores. Atendamos nuestro quehacer legislativo y dejemos que el Poder Judicial realice su trabajo en su marco de autonomía, sin presiones ni chantajes.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada Ruiz Sandoval.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Miguel Alonso Raya.

El Diputado Miguel Alonso Raya: A ver, compañeras y compañeros, en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se integraron comisiones investigadoras respecto al asunto de la Línea 12.

Se concluyó la labor de la comisión y se turnó a las autoridades correspondientes la documentación producto del trabajo de la comisión investigadora para que procedan.

La compañera dice que no se ha hecho nada, bueno, pues entonces pídanle a la Procuradora que haga lo que le corresponde. La información está en manos de la Procuraduría General de la República, del Órgano Superior de Fiscalización. Pues pídanle que haga lo que le toca.

La comisión ya culminó sus trabajos, y los Diputados y Diputadas que están aquí, saben perfectamente de eso. Se hicieron las audiencias correspondientes y la Mesa Directiva turnó el informe a las autoridades que corresponden para que hagan lo que proceda.

Bueno, entonces hagan lo que proceda. No estén aquí difamando el asunto.

Segundo, de lo que se plantea en el caso de OHL y lo que ha venido aconteciendo, nadie está en contra. Se aprobó por la comisión, por unanimidad, el asunto de los resolutivos que contienen lo que estamos en estos momentos comentando y discutiendo. Está bien.

Surgen las dudas y la inconformidad porque es la oportunidad, en todo caso, para que el gobierno de la República dé una prueba de que está dispuesto, en serio, a combatir la corrupción e irse a fondo en el asunto.

Nadie plantea, nadie aquí está planteando que se tenga tolerancia o que se tenga por derecho, que se ande cuidando tal o cual cosa.

Si en el caso concreto de la Línea 12 del Metro, producto de la investigación, producto de lo que la comisión entregó y de lo que la propia investigación con sus facultades investigue, hay o resultan responsables, funcionario o tal o cual persona procédase a lo que haya lugar, no estamos nosotros protegiendo a nadie.

Pero en el caso de OHL igual, si hay tal o cual funcionario entonces procédase a lo que haya lugar.

Y entonces, sobre esa base demuéstrese que se está dispuesto a ir a fondo en combatir la corrupción, no en el discurso, sino en los hechos, en concreto, porque si no, no hay manera de recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en ese tipo de cosas.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputado Alonso Raya.

Agotada la discusión procederemos a la votación.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que acaba de discutirse.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen sobre la empresa OHL. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Compañeros legisladores: hago de su conocimiento que las iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a comisiones. Los grupos parlamentarios informarán lo que deseen mantener como lo permite el Acuerdo. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Presentada por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, GRACIELA SALDAÑA FRAIRE Diputada de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

La presente propuesta plantea eliminar “información a una dependencia gubernamental” del numeral 3 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de que las solicitudes de información sean materia de los puntos de acuerdo.

En el desempeño de nuestras funciones como legisladores, persiste la costumbre que al requerir algún tipo de información a las dependencias de gobierno, organismos y autoridades en general, estas se tornan omisas en contestar las comunicaciones que requerimos para el mejor despacho de nuestras funciones.

En tal virtud es primordial que en el reglamento de la Cámara de Diputados se establezca en los puntos de acuerdo como facultad de los legisladores contar con la información que requiramos, más aun cuando desde la Constitución así lo establece.

Con relación a los plazos, se toma lo que establece el artículo 93 de la Constitución al dar un término no mayor de 15 días naturales para dar respuesta a la solicitud de información a que se obliga a los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión.

Exposición de Motivos

El artículo 93 de la Carta Magna establece la responsabilidad de los secretarios de despacho:

...

...

...

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor de 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

En tal sentido, y considerando el espíritu del artículo señalado, sostenemos que la información debe ser transmitida al Congreso de la Unión sin dilación, pues si la misma ley suprema confiere al Poder Legislativo regular los actos y las conductas de los servidores públicos y la inspección presupuestal que está encaminada a la rendición de cuentas, ¿cuánto más tendría que otorgar la legislación que rige a las Cámaras? Es decir, éste es un medio de contrapeso para el Poder Ejecutivo, basándonos en el principio de la división de poderes.

Al entrar en el estudio de la información parlamentaria, coincidimos ampliamente con el criterio de la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora Cecilia Mora Nonatto cuando refiere en el estudio Instrumentos constitucionales para el control parlamentario:

... es preciso que exista una correlación entre la “facultad de las Cámaras a ser informadas” y el consiguiente “deber del gobierno de informar al parlamento”. El tema de la información en nuestro derecho parlamentario ha sido poco estudiado y en otros países ha alcanzado especial relevancia; por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán ha señalado que “el derecho a que sean presentados los documentos del gobierno, que le son solicitados por el parlamento, es parte integrante del derecho fundamental de control parlamentario que asiste al Bundestag”.

Como puede inferirse, el acceso a la información que necesita el Congreso en nuestro país muchas veces es más fácil obtenerla por la vía de las relaciones particulares que cada legislador posea en la administración, que por la vía de una verdadera obligación que corra a cargo de los funcionarios, a quienes debería aplicarse incluso algún tipo de sanción por negarse a colaborar con la máxima representación nacional.

Con los precedentes señalados, consideramos la necesidad de abonar al Congreso mexicano con mayores herramientas procedimentales con el afán de enriquecer los foros de debates, las opiniones y discusiones de la realidad en el país, sin limitaciones respecto a la información verídica de la vida nacional, por ser esta la mejor vía respecto a las quejas y denuncias de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 79 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo Único. Se modifica el numeral 3 del artículo 79 y se deroga la fracción III del mismo numeral del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 79.

1. y 2. ...

3. Las solicitudes de gestión, de ampliación de recursos, o peticiones para citar a comparecer a algún servidor público del Poder Ejecutivo federal, no serán consideradas como proposiciones. Éstas se sustanciarán de la siguiente manera:

I. y II. ...

III. Se deroga.

IV. ...

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, el 30 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Graciela Saldaña Fraire.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 53 A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 53 A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL con base en lo siguiente:

La coordinación fiscal constituye la figura jurídica o herramienta que se utiliza por los gobiernos para la instrumentación de las relaciones fiscales entre los órdenes de gobierno reconocidos en un Estado Federal. Principalmente, en lo concerniente a la política fiscal, que comprende todas aquellas contribuciones necesarias para sufragar el gasto público.

De tal modo, la coordinación fiscal en nuestro país tiene como objetivo establecer la participación que corresponda a las haciendas públicas de las entidades federativas en los ingresos federales; la distribución de dichas participaciones entre las entidades federativas y fijar las reglas de colaboración administrativa.

Ahora bien, la coordinación fiscal conlleva la integración de los componentes esenciales del Estado Federal y de sus sistemas fiscales, en otras palabras, norma las relaciones entre Federación, estados y municipios en materia fiscal, evitando con ello la concurrencia de facultades y organizando las de recaudación y administración, por lo que se ha denominado: Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

En términos generales, el sistema fiscal de la Federación se compone de todas las contribuciones reconocidas por la Constitución para la Federación y las previstas en el artículo 73, fracción XXIX, que dispone:

El Congreso tiene facultad:

XXIX. Para establecer contribuciones:

1o. Sobre el comercio exterior;

2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;

3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;

4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y

5o. Especiales sobre:

a) Energía eléctrica;

b) Producción y consumo de tabacos labrados;

c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;

d) Cerillos y fósforos;

e) Aguamiel y productos de su fermentación; y

f) Explotación forestal.

g) Producción y consumo de cerveza.

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto de impuestos sobre energía eléctrica.

En México la Ley de Coordinación Fiscal vigente establece los lineamientos, reglas e instrumentos jurídicos fundamentales de las relaciones fiscales intergubernamentales, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978.

Desde luego que ha sufrido un sin número de reformas, sin embargo, la intención de coordinar fiscalmente a la Federación con las entidades federativas surge desde entonces bajo el esquema de participación en el total de los ingresos por impuestos federales.

Los objetivos principales de la Ley son:

Coordinar el sistema fiscal de la Federación con los estados, municipios y el Distrito Federal.

Establecer la participación que corresponda a las haciendas públicas de los estados, municipios y el Distrito Federal en los ingresos federales.

Distribuir entre los estados, municipios y el Distrito Federal las participaciones en ingresos federales.

Fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales.

Construir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

Para efectos de nuestra propuesta nos centraremos en el objetivo relativo a la distribución de las participaciones, que en términos generales, está concentrado en el Fondo General de Participaciones el cual se integra del 20% del total de la recaudación de todos los impuestos federales y algunos derechos, el cual se reparte entre las entidades federativas de conformidad con las formulas contenidas en el artículo 2 de la Ley de mérito.

Derivado de lo anterior nuestra iniciativa tiene como fin adicionar un artículo al ordenamiento legal de referencia, acerca de los fondos de aportaciones federales que son aquellos que instituyen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece Ley que nos ocupa.

Pero antes de entrar al contenido de la propuesta quisiéramos reseñar de manera breve que estas asignaciones federales conforman el Ramo 33. Derivado de un proceso de descentralización de la acción pública, desde la década de los noventa, con el objetivo primordial de apoyar la redistribución de funciones, de decisión y de operación de las políticas públicas para hacer frente a las vicisitudes que aquejaban a los mexicanos, se llegó a la creación del Ramo en mención mediante una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en el año de 1997. De tal suerte que fueron transferidos recursos federalizados a las entidades y a los municipios para la atención de esos problemas en materia de desarrollo social.

A pesar de que la creación de este Ramo es digna de reconocer, a la fecha aún persiste una carencia de una normativa precisa así como, limitaciones en lo que se conoce acerca del destino de esos recursos y por ende, información incompleta sobre los resultados de la aplicación de los fondos que lo conforman, esto supone una gran opacidad en el ejercicio de esas contribuciones por parte de las entidades y dependencias federales encargadas de sus respectivas erogaciones.

Es por eso que nos surgen dos interrogantes cruciales en relación a cuáles han sido los resultados del ejercicio de esos recursos en afectación directa al bienestar de los mexicanos y si se están cumpliendo los objetivos por los que fueron creados.

Algunas de las anomalías detectadas en la aplicación de estos contribuciones son las siguientes:

Publicación extemporánea del calendario de los recursos del fondo.

Omisión de los gobiernos estatales de comunicar a los municipios el calendario de enteros de los recursos.

Extemporaneidad en la entrega de los recursos del fondo.

Recursos no ejercidos.

Mezcla indebida de recursos propios con recursos del fondo.

Falta de aplicación de penalizaciones por incumplimientos de los proveedores o contratistas.

Pagos en exceso a personal eventual.

Irregularidades en los procedimientos de licitación y adjudicación de contratos de arrendamiento, adquisición, obras y servicios; adquisiciones directas fuera de norma.

Fraccionamiento de obras.

Anticipos pendientes de amortizar.

Falta de documentación comprobatoria.

Retrasos en la suscripción de los Convenios de Coordinación.

Diferencias entre las cifras reportadas en los registros presupuestales y contables e insuficiencia de la información financiera.

Falta de difusión de los montos recibidos y resultados alcanzados.

Falta de elaboración y difusión de los informes trimestrales sobre la utilización de los recursos.

Utilización de más de una cuenta bancaria para la recepción y el manejo de los recursos.
Obras incompletas.

Bienes no contabilizados.

Información no actualizada sobre el cumplimiento de metas y montos ejercidos.
Reintegro extemporáneo de recursos.

Estas irregularidades implican incumplimientos de los principios básicos de contabilidad gubernamental y de la normatividad aplicable.

Actualmente, el Ramo 33 es regulado en la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, el principal problema para la aplicación de estos recursos federales es la carencia de lineamientos específicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación que orienten su ejercicio.

En la ley prevalecen términos muy subjetivos, que devienen en interpretaciones diversas y en un uso discrecional de los recursos.

Resulta necesario establecer en la Ley de Coordinación Fiscal los candados necesarios en la operación de los fondos que integran el Ramo 33, con la finalidad de proporcionar a las entidades federativas y a los municipios un ejercicio eficiente que los apoye en la operación, en el manejo y en la aplicación de los recursos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 53 A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

Artículo Único. Se adiciona el artículo 53 a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 53.- El retraso en la entrega de los recursos correspondientes a las aportaciones federales por parte de las dependencias y las entidades de la administración pública federal a los estados, los municipios y el Distrito Federal, siempre que dicho retraso no sea por causas ajenas a los servidores públicos correspondientes, será objeto de responsabilidad administrativa y penal.

TRANSITORIO

Artículo Único. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Diputado José Alejandro Montano Guzmán, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los estados de la República y al Distrito Federal a adquirir el seguro de responsabilidad civil para todas las agrupaciones policiacas. Se turna a la Primera Comisión.

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el que suscribe Dio. José Alejandro Montano Guzmán integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presenta ante esta soberanía proposición con Punto de Acuerdo en materia de seguridad pública al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En pasados acontecimientos, hemos observado como los policías tienen que conseguir apoyo legal y económico cuando por acciones que se corresponden con el cumplimiento de su deber, entendido como la salvaguarda de la seguridad y la integridad de los ciudadanos, algún delincuente resulta lesionado o bien pierde la vida,  ya que no cuentan con un seguro que cubra las acciones inherentes a su compromiso con la sociedad.

En México solo las fuerzas federales cuentan con seguros de responsabilidad, y cubre el apoyo legal y financiero para todos los asegurados de las fuerzas policiales federales, no sólo para sí, sino también para cuando alguna autoridad judicial determina que existe, precisamente responsabilidad del uniformado por algún caso aislado de uso desproporcionado de la fuerza.

Sin embargo, el que las fuerzas policiales no cuenten con coberturas financieras para que su personal se sepa cobijado ante una acción legal de un delincuente en su contra, inhibe el adecuado ejercicio de la seguridad pública, pues los uniformados llegan a evitar la detención de delincuentes en flagrancia.

No obstante, las fuerzas policiales cuentan con un seguro de vida, el cual es efectivo al momento del lamentable fallecimiento del servidor público en su deber, no cubre gastos legales o pagos de fianzas, con los que se protegería a los elementos de las diferentes corporaciones policiacas del país. La carencia de seguros de responsabilidad civil puede ser vista como una condicionante de la adecuada prestación del servicio de seguridad que pública que los estados están obligados a proveer a sus habitantes.

Razones por las cuales, es altamente recomendable que tanto las fuerzas federales como las estatales, lleven a cabo las acciones necesarias para contar  con este tipo de seguros.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía la siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Estados de la República y al Distrito Federal para que en ejercicio de sus facultades, puedan contratar con las aseguradoras correspondientes el Seguro de Responsabilidad Civil, para que sus fuerzas policiales estén protegidas tanto legal como financieramente y no tengan que pagar con recursos propios, los gastos a que hubiere en caso de algún incidente laboral en el que se vean expuestos durante el cumplimiento de su deber.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de junio de 2015.

Dip. José Alejandro Montano Guzmán.





 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Economía para que explique las acciones que se han llevado a cabo para apoyar a la industria del acero nacional. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL, PARA QUE EXPLIQUE LAS ACCIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO PARA APOYAR A LA INDUSTRIA DEL ACERO NACIONAL, Y LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA IMPEDIR QUE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO, CONTINÚEN REPERCUTIENDO DE MANERA NEGATIVA EN EL SECTOR, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las atribuciones que, para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, corresponden a cada una de las Secretarías de Estado.

Así, compete a estas dependencias conducir las actividades que, en forma programada y con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal.

En este sentido, una de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, proyectado por la presente administración, consiste en alcanzar un México Próspero, que detone el crecimiento sostenido de la productividad, mediante la generación de igualdad de oportunidades y de políticas de fomento económico enfocadas a generar innovación, desarrollo en sectores estratégicos, y una competencia sana entre las empresas.

A pesar de ello, sectores económicos de gran importancia para el desarrollo nacional, se han visto severamente afectados por prácticas desleales de comercio y por la falta de implementación de medidas suficientes para impedir dichas prácticas, o evitar que repercutan de manera negativa en la industria local.

Ejemplo de lo anterior, es la industria del acero de nuestro país, la cual se ha visto perjudicada por factores como la sobreoferta mundial de acero; las importaciones desleales provenientes de países como China, en los que se tienen diversos subsidios directos e indirectos, menores exigencias regulatorias y la ausencia de costos ambientales; la caída de los precios internacionales; y una reforma fiscal que ha generado mayores costos de producción para las empresas nacionales.

Ante estas circunstancias, órganos como la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), así como diversas empresas, entre las que se encuentran las mayores siderúrgicas del país, advirtieron que dichos factores podrían ser el detonante de una de las crisis más complejas en el sector, si el gobierno federal no implementaba las medidas suficientes para atender la situación.

Siendo un país en el que dicha actividad económica representa 2.2% del PIB nacional 1[*], con presencia en prácticamente todos los estados de la República, destacando entidades como Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz, cuya producción es equivalente al 82.1% del total de la industria nacional, se prevenía que el riesgo de no tomar las acciones necesarias, implicaría la pérdida de miles de empleos en un sector que genera alrededor de 200,000 plazas directas y 600,000 indirectas 2[*].

No obstante, a pesar de los diversos exhortos hechos al gobierno federal, la Secretaría de Economía, responsable de promover, fomentar y estimular la industria nacional; así como de implementar los mecanismos que sean necesarios para garantizar el equilibrio, la productividad, la competitividad y el fortalecimiento del mercado interno, ha sido omisa en instrumentar las políticas suficientes para asegurar un entorno de competencia justa, y para evitar que las importaciones desleales generen un daño irreversible para el sector siderúrgico nacional.

En estados como Coahuila, en los que la industria genera 36% de su Producto Interno Bruto 3[*], la ausencia de estas medidas, ha implicado ya la pérdida de alrededor de 8,000 empleos, lo que representa más del 10% de la plantilla de trabajadores que laboran en el sector. Ello, sin considerar los ajustes que las empresas habrán de seguir haciendo, si las pocas investigaciones iniciadas y las mínimas medidas adoptadas por el gobierno federal, siguen sin surtir efecto.

Por ello, es indispensable que la Secretaría de Economía cumpla con sus atribuciones y actúe en congruencia con sus propios objetivos y prioridades para garantizar el desarrollo nacional. Es necesario que implemente de manera urgente medidas eficientes para impedir que prácticas desleales de comercio, continúen repercutiendo de manera negativa en la producción nacional y en la pérdida de miles de empleos en el sector.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, con el objeto de explicar las acciones que se han llevado a cabo para apoyar a la industria del acero nacional, y las medidas a implementar para impedir que prácticas desleales de comercio, continúen repercutiendo de manera negativa en la producción nacional y en la pérdida de miles de empleos en el sector.

México, Distrito Federal, el 30 de junio de 2015.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.

1 Informe 2013-2014 de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO)

2 Ibid

3 Programa estatal de Desarrollo Económico 2011-2017 de Coahuila de Zaragoza.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos considerar los antecedentes de las empresas preclasificadas en el proceso licitación de la Ronda Uno. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS CONSIDERAR LOS ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS PRECLASIFICADAS EN EL PROCESO LICITATORIO DE LA RONDA UNO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley de Hidrocarburos establece en el artículo 23 que los procesos de licitación deben llevarse “a cabo bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez.” No obstante, las distintas etapas de la primer licitación de la Ronda Uno, han quedado muy lejos de cumplir estos principios, tal y como se ha expresado en distintos puntos de acuerdo que he presentado.

De acuerdo con las bases del proceso licitatorio CNH-R01-L01/2014, el próximo 15 de julio se realizará la apertura de las propuestas presentadas por las empresas y consorcios interesados en celebrar contratos de explotación de catorce áreas de explotación en aguas someras y, acto seguido se realizará la declaración de ganadores. Esta etapa decisiva del proceso resulta preocupante, toda vez que en ningún momento se ha hablado de la falta de transparencia respecto de los antecedentes de las empresas que aprobaron la preclasificación en mayo pasado.

La causa de nuestra preocupación son los representantes de los vicios de la industria petrolera moderna, dentro de las 26 empresas precalificadas. Estos vicios se refieren al daño ambiental, la corrupción e incluso la capacidad de desestabilizar sistemas políticos enteros, pues su poderío y vastísima capacidad en materia de capital, son herramientas que en ocasiones pueden sobreponerse a los intereses de los Estados. Ninguno de estos aspectos ha sido discutido en el proceso licitatorio y, por tanto, se ha pasado por alto garantizar la mayor obtención de recursos para el Estado.

A manera de ejemplo, algunos de los escándalos en que se han visto involucradas las empresas precalificadas son:

Petrobal: Esta empresa integró como Director General a Carlos Morales Gil, ex titular de Pemex PEP [*], razón por la cual tuvo acceso a información privilegiada, y se encuentra en un inminente conflicto de intereses. Por si fuera poco, Morales Gil no tuvo una trayectoria limpia dentro de la entonces paraestatal, pues renunció poco antes de la inhabilitación de Oceanografía por parte de la Secretaría de la Función Pública; benefició con contratos para perforaciones millonarias a empresas extranjeras tales como Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes y Weatherford; pagó favores al ex director de la paraestatal, Ramírez Corso a través del otorgamiento de contratos directos a Oro Negro y su salida también se vincula con un desacierto en las estimaciones de producción y su necedad por operar complejos y onerosos campos de Chicontepec.

BG Group Mexico Exploration SA de CV: Forma parte, desde 2014 de Royal Dutch Shell. En febrero de 2007, personal de dicha empresa fue encontrado culpable de soborno y colusión respecto a una enorme estrategia de fraude de gas natural licuado en Italia. [*] Asimismo, en 2013, el gobierno hondureño le otorgó derechos sobre un área de 35,000 kilómetros cuadrados de Mosquitia, sin que se hiciera una eficaz consulta del proyecto exploración, y sólo dando a conocer un contrato previamente firmado. [*]

ENI International BV: En mayo 27 de 2015 se hizo público que dos campos operados por ENI en Nigeria fueron cerrados en el Delta de Nigeria por comunidades locales ante el incumplimiento del pago por los derrames petroleros ocurridos en la región. [*] Asimismo, en 2011, pagó 1.1 billones de dólares más un bono de 210 millones al gobierno por una concesión; de este dinero, por lo menos la mitad fue para sobornos. [*] Una situación similar ocurrió durante 2013 en Argelia. [*] Finalmente, en 2015, de acuerdo con datos de Amnistía Internacional, Shell y ENI reportaron 553 derrames petroleros en 2014 en Nigeria, lo que se traduce en 5 millones de litros de hidrocarburo que han devastado la región y a la población. [*]

Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V.: Es catalogada como una de las empresas más perniciosas y corruptas del mundo. Asimismo, su poder suele ser mayor al del Estado mismo, por lo que dejarlas entrar conlleva un altísimo riesgo para la soberanía nacional. Su negro currículum medioambiental incluye el mayor derrame de crudo (103 millones de litros de petróleo) en las selvas ecuatorianas imposibilitando la vida de la vida y la vida de las comunidades indígenas. [*] En Ecuador también fue condenada a pagar nueve mil 500 millones de dólares por el derrame de 680 mil barriles de crudo sobre ríos, flora y fauna y por la quema de 235 mil millones de metros cúbicos de gas al aire libre, negándose a realizar el pago [*] De igual modo, contaminó cinco millones de metros cúbicos de tierra y abrió unas mil piscinas y fosas en las que depositó 64 millones de litros de crudo y 71 millones de litros de residuos sin ningún tratamiento ambiental. [*] Todo ello ha derivado en que en Ecuador se conmemora el 21 de mayo como “Día mundial contra Chevrón”.

Por otra parte, en 1950, fue condenada por conspiración en el escándalo de tranvías de General Motors a fin de adquirir tranvías en todas partes de los Estados Unidos para desmontarlos y substituirlos con autobuses, para aumentar sus ventas de petróleo, coches y neumáticos. Además, evadió 3.25 mil millones de dólares en impuestos federales y estatales de 1970 hasta 2000.

Ecopetrol, SA.: En 2015, diversos funcionarios de la compañía han sido investigados y encarcelados por incurrir presuntamente en los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito de particulares [*], con el fin de favorecer a PetroTiger con un contrato por 39 millones de dólares con la firma indochina Mansarovar. [*] Asimismo, esta empresa ha provocado derrames recurrentes en el Golfo de Morrosquillo entre julio y agosto de 2014, en razón de la falta de mantenimiento de líneas de oleoductos. [*]

PETRONAS Carigali: En abril de 2015, debido a los bajos precios del petróleo, PETRONAS previó un recorte de 20% a los salarios de sus trabajadores. [*] Por su parte, en 2013, Idris M. Shuhud, senior manager, fue multado por recibir sobornos para arreglar y renovar su casa. [*] En septiembre de 2014 Emilio Lozoya Austin, titular de Pemex, y el presidente de PETRONAS, Tan Sri Dato’Shamsul Azhar Abbas, firmaron un memorando de entendimiento y cooperación con el propósito de analizar oportunidades de negocio que sean mutuamente benéficas, como la exploración y explotación de aguas profundas. [*]

Glencore E&P (MEXICO) LTD.: En junio de 2012, la corte de Bélgica acusó a una unidad de Glencore de sobornar a un funcionario del Departamento de Agricultura de la Unión Europea, Karel Brus. Ésta fue multada con €500,000. [*] Por otra parte, el actual Non-executive Chairman de Glencore, Hayward, tuvo un rol importante en el gigante derrame de petróleo del Golfo de México de Deepwater Horizon en 2010. [*]

ExxonMobil Exploración y Producción México, S. de R.L. de C.V.: Exxon es reconocida por los graves daños medioambientales que ha causado, su poderío y su capacidad de desestabilizar gobiernos. Con la etiqueta de ser una de las empresas más secretistas del mundo, ExxonMobil lleva décadas haciendo complicados equilibrios morales y de poder en países tan distintos como Chad, Indonesia, Guinea Ecuatorial, Venezuela y Rusia para hacerse con sus reservas de petróleo. No debe olvidarse el trágico accidente del buque Exxon Valdez que en 1989 afectó la costa de Alaska. [*] Asimismo, en 2001, se le indicó por el apoyo al dictador indonesio para violar, torturar y asesinar a civiles sospechosos de estar vinculados a los guerrilleros separatistas que luchaban contra la dictadura. [*] En 2010, compró XTO, la empresa de gas natural más grande de Estado Unidos que hace fracturación hidráulica (Fracking), con una inversión de cuarenta mil millones de dólares. A partir de ahí, comenzó a intentar controlar al régimen regulatorio sobre el Fracking. [*] Finalmente, es vinculado con la guerra civil en Angola y el envío de armas a los rebeldes. [*]

Resulta preocupante que estas empresas, que tanto daño han causado hayan quedado dentro de la lista de precalificadas para la primera licitación de la Ronda Uno. Asimismo, preocupa la posterior interacción entre las débiles instituciones mexicanas, colmadas de corrupción, y el gran capital de las petroleras extranjeras. Un ejemplo, de acuerdo con los más recientes datos aportados por la consultora E&Y, México es la nación de América Latina con más casos de sobornos para hacer negocios. Un 60% de los directivos de grandes compañías declaran que las prácticas corruptas ocurren con regularidad dentro de sus empresas, mientras que un 39% declaró que lo sobornos son usados de firma regular para obtener contratos. [*]

El mismo estudio señala que, a nivel mundial, México ocupa (penosamente) la segunda posición por índice de impunidad (IGI), sólo después de Filipinas. Las prácticas corruptas crecen en espiral ante un escenario de absoluta impunidad como el mexicano. [*] Con estas variables en consideración es altamente probable que violaciones sistemáticas de derechos laborales, medioambientales, así como despojos y usurpación de tierras campesinas y asignación de contratos petroleros de forma discrecional y corrupta se vuelvan mucho más comunes de lo que imaginamos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a que, en la “Ronda Uno” considere dentro de los criterios para la declaración de ganadores para la celebración de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, los antecedentes de respeto al marco normativo por parte de las empresas competidores, en particular en lo relativo a la protección del medio ambiente y el combate a la corrupción.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión con el fin de conocer los criterios con los que dicho órgano regulador resolverá la primera licitación de la Ronda Uno, así como los mecanismos para evaluar los antecedentes de las empresas participantes en el mismo.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de junio de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

[*] Cfr. El Financiero, “El petrolero número uno de México tiene nuevo empleo”, 2015, http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/bailleres-le-entra-al-petroleo-con-petrobal.html

[*] Cfr. This is Money, “BG Group staff arrested in bribery probe”, 2007http://bit.ly/1IcB4fY

[*] Cfr. CUFFE, Sandra, “Drilling the Caribbean: Indigenous communities speak out against oil and gas exploration in Honduras”, Beacon Reader, http://bit.ly/1GFS7Vv

[*] Cfr. Reuters Africa, “Niger delta community shuts down oil wells run by ENI's Nigerian unit”, 2015, http://af.reuters.com/article/nigeriaNews/idAFL5N0YI2PW20150527

[*] Cfr. Reuters, “Large part of Eni's Nigerian oil deal cash went on bribes -Italian prosecutors”, 2014, http://www.reuters.com/article/2014/10/01/eni-nigeria-investigation-idUSL6N0RW40720141001

[*] Cfr. Reuters, “REFILE-Prosecutors request trial for Eni and Saipem on Algeria corruption”, 2015, http://uk.reuters.com/article/2015/02/12/saipem-eni-algeria-idUKL5N0VM4RF20150212

[*] Cfr. Phys.org, “Amnesty warns on 'seriously alarming' Nigeria oil spills”, 2015, http://phys.org/news/2015-03-amnesty-alarming-nigeria-oil.html

[*] Cfr. Telesur, “Rigoberta Menchú se une a campaña contra Chevron”, 2015, http://www.telesurtv.net/news/Rigoberta-Menchu-se-une-a-campana-contra-Chevron-20150604-0015.html

[*] Idem.

[*] Idem

[*] Cfr. El Espectador, “Ecopetrol desvinculó a empleados relacionados con el caso Petrotiger”, 2015, http://www.elespectador.com/noticias/economia/ecopetrol-desvinculo-empleados-relacionados-el-caso-pet-articulo-548738

[*] Cfr. El Tiempo, “Sobornos en Ecopetrol: Fiscalía indaga a más implicados y contratos”, 2015, http://www.eltiempo.com/politica/justicia/sobornos-en-ecopetrol-investigacion-a-personas-y-contratos/15213155

[*] Cfr. HSB Noticias, “CGR evidenció graves fallas en derrame de crudo en Golfo de Morrosquillo en 2014”, 2015, http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/cgr-evidencio-graves-fallas-en-derrame-de-crudo-en-golfo-de-139732

[*] Cfr. The Sun Daily, “Petronas Carigali cuts salaries by 20%”, 2015, http://www.thesundaily.my/news/1385003

[*] Cfr. The Star, Ex-Petronas Carigali senior manager fined RM2mil for accepting bribes, 2015, http://bit.ly/16RdJk4

[*] Cfrl. PetroQuiMex: La revista de la Industria Petrolera, “Pemex suscribe memorándum de entendimiento con Petronas en busca de nuevas oportunidades”, noviembre 2014, http://petroquimex.com/?p=5107

[*] Cfr. STEFFEN, Caitlin,”Glencore fined”, New Europe, 2012, http://www.neurope.eu/article/glencore-fined-500000-bribing-eu-official/

[*] Cfr. El Economista, “Glencore desplaza a directivos de Xstrata”, 2013, http://eleconomista.com.mx/industria-global/2013/05/16/glencore-desplaza-directivos-xstrata

[*] Cfr. MARTÍNEZ, Aidiana, “El lado oscuro de la Exxon Mobil”, Rebelión, 2015, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=199667

[*] Cfr. HOCHSCHILD, Adam, “Well-Oiled Machine ‘Private Empire,’ Steve Coll’s Book About Exxon Mobil”, The New York Times,  2012, http://www.nytimes.com/2012/06/10/books/review/private-empire-steve-colls-book-about-exxon-mobil.html?_r=0

[*] Cfr. GELSI, Steve, “Exxon Mobil to buy XTO Energy in $41 billion deal”, Market Watch, 2009, http://www.marketwatch.com/story/exxon-mobil-to-buy-xto-energy-in-41-billion-deal-2009-12-14

[*] Op. Cit. 20

[*] Cfr. MAYORAL, Isabel, “La corrupción ‘atrapa’ a 60% de empresas”, CNN-Expansión, 2015, http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/07/11/mexico-lidera-corrupcion-en-negocios

[*] Cfr. MONROY, Jorge, y LANGER, A. “México, segundo peor país en índice de impunidad”, El Economista, 2015, http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/04/20/mexico-segundo-peor-pais-indice-impunidad





 

Del Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar las acciones que garanticen la seguridad pública en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. Se turna a la Primera Comisión.

Quien suscribe, TOMÁS TORRES MERCADO, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las demandas más sensibles que tiene la sociedad mexicana son, sin duda alguna, las referidas a la seguridad pública, mismas que engloban actividades como la prevención del delito y la procuración de justicia.

Lamentablemente, en ciertas regiones de nuestro país la delincuencia se ha incrementado notablemente durante los últimos tiempos, lo cual ha tenido un alto impacto en la sociedad, que se ha visto afectada sensiblemente por un clima de inseguridad y violencia que ha obstaculizado el desarrollo económico y social tanto de las comunidades como de los individuos.

Es de hacer notar que el escenario al que el Estado está haciendo frente en diversas entidades de la República debe catalogarse como crítico y no puede soslayarse que la incursión del crimen organizado en actividades antes exclusivas de la delincuencia común hace que superarlo se haya vuelto una tarea cada vez más compleja.

No obstante lo anterior, el Gobierno de la República ha sido particularmente sensible a atender la demanda de la población de mayor seguridad y, en consecuencia, se han implementado las más diversas acciones encaminadas a restablecer el orden y la normalidad en todo el territorio nacional para que las familias y las empresas mexicanas puedan vivir y trabajar en paz.

Por desgracia, en algunos casos los esfuerzos emprendidos por las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública, tanto a nivel local como en el  ámbito federal, han resultado insuficientes para devolverles la tranquilidad a los ciudadanos y generar las condiciones necesarias para reactivar las actividades económicas que se han visto afectadas por el clima de inseguridad que se vive. Un ejemplo de lo anterior es la situación que enfrentan los empresarios farmacéuticos mexicanos.

La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM) informó en días recientes que los problemas de seguridad que se registran en entidades como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, han propiciado el cierre de más de 600 farmacias en los últimos dos años, lo cual representa pérdidas económicas que rebasan los 600 millones de pesos.

El presidente de la asociación mencionada, Juvenal Becerra Orozco, afirma que los hechos de violencia registrados en los últimos ocho meses, sobre todo durante el pasado proceso electoral, recrudecieron la inseguridad en diversas zonas del país.

En los estados señalados, los empresarios farmacéuticos independientes son víctimas de delitos como el cobro de derecho piso, que en el caso específico de Chilapa, Guerrero, ha significado pérdidas de hasta 100 millones de pesos, pues se tiene registrado que las organizaciones delincuenciales cobran cuotas que van desde los 15 mil hasta los 25 mil pesos mensuales.

Desde el año 2010 a la fecha, la UNEFARM, ha reportado el fallecimiento de 30 farmacéuticos que han perdido la vida por causas relacionadas con la inseguridad en diversos estados de la República, lo cual ha orillado a las farmacias a aplicar protocolos especiales de operación para garantizar la atención al público y el surtido de los medicamentos.

Derivado de esta situación, el titular de la UNEFARM, a nombre de sus agremiados, solicita a las autoridades reforzar la vigilancia, principalmente en las regiones que se han catalogado como focos rojos, donde se ha recrudecido la inseguridad y se han multiplicado los hechos violentos, lo cual tiene un impacto negativo en el costo de los medicamentos pues los empresarios se ven obligados a erogar más recursos para garantizar su propia integridad y la de su negocio.

Asimismo, se debe considerar que el eventual cierre de farmacias que pudiera darse durante los próximos meses, en virtud de que dichos establecimientos dejen de ser costeables, puede generar un problema de desabasto de medicamentos en las regiones señaladas, lo cual sería una situación verdaderamente preocupante pues podría poner en riesgo la vida de muchos pacientes que padecen alguna enfermedad crónica y que tendían que suspender su tratamiento por no poder encontrar un lugar donde adquirirlo.

En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar las acciones que garanticen la seguridad pública en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Seguridad y a los titulares de las instituciones encargadas de la seguridad pública en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas a trabajar de manera coordinada con los empresarios farmacéuticos para atender la problemática de seguridad que afecta al sector.

Dado en el Senado de la República, el 30 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Tomás Torres Mercado.





 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aplicar la norma más favorable a las personas, atándose de alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación y, en consecuencia, se abstenga de hacer obligatorio el apartado 4.3.6. anunciado en la Tercera Resolución de modificaciones a la resolución miscelánea Fiscal para 2015 y sus anexos 1-A, 3, 7, 15, 23 y 26. Se turna a la Tercera Comisión.

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete, con moción de urgente resolución, a consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, CON TODA ATENCIÓN, AL TITULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE SE SIRVA APLICAR LA NORMA MÁS FAVORABLE A LAS PERSONAS TRATÁNDOSE DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA SU CONSUMO EN EL LUGAR DE SU ENAJENACIÓN Y, EN CONSECUENCIA, SE ABSTENGA DE HACER OBLIGATORIO EL APARTADO 4.3.6. ANUNCIADO EN LA TERCERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015 Y SUS ANEXOS 1-A, 3, 7, 15, 23, Y 26, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La pretensión de incluir en el catálogo de los bienes susceptibles del cobro del impuesto al valor agregado a los alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación es un caso típico de supremacía del principio de la interpretación más favorable a las personas. En efecto, la inconformidad generalizada que ha producido la medida anunciada por el Servicio de Administración Tributaria en su portal de Internet obliga a poner encontraste la pretensión tributaria con el bloque o núcleo constitucional de derechos humanos recientemente incorporado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre la trascendencia de la reforma aludida, el académico-investigador de la Universidad iberoamericana, José Luis Caballero Ochoa, considera lo siguiente:

“Las reformas aprobadas en junio de 2011 han cambiado el rostro constitucional de los derechos humanos en México. Sin lugar a duda estamos ante la puesta al día más importante de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM o la Constitución) en la materia de los últimos años, por varias cuestiones:

Empieza por devolver a las personas la apropiación de su sus derechos, ante un modelo jurídico que, bajo una peculiar concepción de " garantías individuales ", fue cerrando los cauces propios para su exigibilidad y justiciabilidad...”1

Frente a la aplicación mecánica de las facultades para imponer contribuciones de la autoridad fiscal, se opone la consideración de este asunto desde una perspectiva de derechos fundamentales. La autoridad encargada de recaudar los impuestos parte de la naturaleza de los alimentos y termina por analizar sus componentes para elaborar una lista con 18 comidas que considera preparadas que van desde los emparedados hasta los nachos que se oferten en tiendas de conveniencia, de cercanía, mini súpers, tiendas de autoservicio o cualquier otro en los que se enajenen al público en general dichos productos encontrándose en los refrigeradores o en el área de comida rápida, según se trate.

El Sistema de Administración Tributaria lleva acabo un análisis tomando en cuenta únicamente la combinación de los productos para dar lugar a lo que considera un alimento preparado sin realizar un enfoque a partir de los derechos de las personas. Es importante atraer la atención de la autoridad fiscal hacia el hecho de la vigencia de un nuevo paradigma en materia de derechos de las personas. En efecto, con fecha 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un paquete de reformas y adiciones a la Ley Fundamental entre las cuales destaca lo dispuesto en el artículo 1º que establece nuevas obligaciones y principios a cargo de la totalidad de las autoridades del país. En este sentido, el propósito de grabar a los alimentos que consumen los trabajadores preparados por ellos mismos en puntos de venta de abarrotes debe pasar el examen de las obligaciones consistentes en respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

Es claro que el pueblo de México en general y los trabajadores en particular tienen el derecho de consumir alimentos sin que se les cobre impuesto alguno por dicho consumo. El derecho anterior ha sido consagrado en el artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del impuesto al valor agregado que es precisamente la disposición que pretende afectar el Servicio de Administración Tributaria. En torno a la aplicación más favorable de las normas que reconocen derechos humanos, el autor Ariel Alberto Rojas Caballero explica lo siguiente:

“El principio pro persona mandata:

Acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos.

b) E inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria.”2

En consecuencia, la revisión de la anunciada medida es simple: ¿El gravamen a los alimentos que consumen los trabajadores en tiendas de conveniencia implica una afectación a su dieta cotidiana? La respuesta resulta obvia pues este tipo de alimentos forman parte de la dieta de las y los trabajadores mexicanos y de sus hijos ya que los adquieren para satisfacer necesidades básicas durante su jornada de trabajo o de estudios. En ningún momento, y en eso todos tenemos la misma convicción, se puede considerar a estos elementos como equiparables al disfrute, gozo o lujo que representan los alimentos servidos en un establecimiento donde se les prepara especialmente para tal fin como son los restaurantes.

El propósito anunciado el 16 de junio en la página de Internet de la dependencia fiscal es abiertamente contradictorio con la intención del legislador plasmada en el artículo 2º de la ley del IVA. Con toda claridad se puede observar que surgen ante esta medida dos interpretaciones: por un lado la de la autoridad con un claro afán recaudatorio y, por otro, el de los contribuyentes que buscan poner a salvo su menguada economía familiar. Cabe mencionar que el escaso poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores ha sido reconocido por todas las fuerzas políticas que en distintos tonos han propuesto desde iniciativas de ley hasta consultas ciudadanas para recuperar el valor rezagado por décadas de los salarios de los trabajadores mexicanos.

En un país donde la mayor parte de su población se compone de jóvenes que carecen de oportunidades debido al estancamiento económico y a la expansión de la violencia, grabar los alimentos que con sus propias manos se preparan en las tiendas de conveniencia implica dejarles en el abandono e incrementar el grado de exclusión social que padecen.

Finalmente, la medida anunciada no es congruente con la política emprendida por el propio Servicio de Administración Tributaria que busca transformar la economía informal en un periodo de varios años para incorporarlos a la base de contribuyentes. Es de alta probabilidad que proliferen los comerciantes ambulantes en torno a los puntos de venta señalados en la Tercera Resolución de la Miscelánea Fiscal y ofrezcan los mismos productos pero sin impuesto provocando con ello, además de incentivos a la informalidad, una competencia desleal para los establecimientos que venían ofertando los alimentos cumpliendo con sus obligaciones como presentar sus declaraciones fiscales y enterar los pagos de contribuciones correspondientes.

Los impuestos pueden ser impopulares pero no violatorios de la Constitución. De ahí que por medio de esta proposición hacemos un llamado parlamentario a la autoridad fiscal para que, previa revisión serena e integral de la medida anunciada, tenga a bien abstenerse de aplicar contribución alguna a una fuente de satisfactores para la dieta de las familias de las y los trabajadores en nuestro país.

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta, con toda atención, el titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se sirva aplicar la norma más favorable a las personas tratándose de alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación y, en consecuencia, se abstenga de hacer obligatorio el apartado 4.3.6. anunciado en la Tercera Resolución de modificaciones a la resolución miscelánea Fiscal para 2015 y sus anexos 1-A, 3, 7, 15, 23, y 26.

México, Distrito Federal, el 30 de junio de 2015.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

1 La Reforma Constitucional de Derechos Humanos un nuevo paradigma, Coordinadores Miguel Carbonell y Pedro Salazar, Editorial Porrúa-UNAM, México 2013, página 103.

2 Los Derechos Humanos en México, Editorial Porrúa, México, 2013 página 37.





 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación, supervisión, vigilancia y cumplimiento de la NOM-031-SSA3-2009, relacionada con la prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. Se turna a la Segunda Comisión.

Quien suscribe, Diputada MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al igual que las demás personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos, tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el marco jurídico internacional de los Derechos Humanos.

En especial, las personas adultas mayores tienen derecho, a recibir la atención y la protección que requieran por parte de la familia y de la sociedad; a vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades y requerimientos, así como ser integradas a los programas de asistencia social cuando se encuentren en situaciones de riesgo o abandono [*].

En este marco, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento emitido en el año 2002 [*], declara los compromisos que los gobiernos integrantes adquieren, asumen y ejercen para dar respuesta a los desafíos que plantea el envejecimiento en las formas de organización social, económica y cultural. Entre los que se encuentra como uno de sus objetivos el “ofrecer asistencia y servicios continuados, de diversas fuentes, a las personas de edad, y apoyo a las personas que prestan asistencia” (105), señalando en específico, entre sus medidas el “… g) Establecer y aplicar normas y mecanismos para garantizar la calidad de la asistencia prestada en contextos estructurados;…”

Acorde con esos propósitos, México ha instrumentado un amplio marco legal y desarrollado políticas públicas destinadas a la atención de las personas adultas mayores. En dichos instrumentos se promueve el respeto a la dignidad humana, el goce a la libertad, la independencia, la protección, los cuidados y el bienestar integral, garantizándoles el ejercicio y cumplimiento de sus derechos.

Su importancia es tal, que se concibe la atención a ese sector de la población mediante la Asistencia Social, como una expresión de la solidaridad humana que se manifiesta en la familia, la sociedad y en el ámbito del Estado. Estos propósitos están regulados en diversos ordenamientos jurídicos como son la Ley General de Salud, la Ley de Asistencia Social y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Sin embargo, los propósitos y objetivos de ese andamiaje normativo han sido rebasados por la realidad, recrudeciéndose las condiciones de soledad, abandono, discriminación, discapacidad y maltrato que sufren notoriamente nuestros adultos mayores. Cada vez son más los familiares que dejan en un hospital, central de autobuses o en asilos a las personas de la tercera edad y se olvidan de ellas, lo que refleja la conducta de una sociedad insensible a su condición.

Una de las principales causas para que suceda tal abandono es la idea preconcebida de que la persona adulta mayor ya no posee una vida laboral útil y comienza a generar gastos a la familia. Situación que causa tensión y trasforma el trato de sus hijas e hijos, amistades y parientes cercanos.

Otro caso frecuente ocurre cuando la familia, aprovechando su fragilidad, falta de memoria o dependencia, se apodera de los bienes materiales del adulto mayor. En estos casos el abandono cobra sentido cuando al dueño original se le ignora, o se le agrede, ya sea de manera verbal o física y en ocasiones se le desplaza de la familia, llevándolo a asilos o albergues en contra de su voluntad.

Sucede también que los adultos mayores que no tienen hijos, ni familiares, enfrentan el riesgo de quedarse sin hogar, sufrir abandono, vivir en la calle, llegar a la indigencia y la desprotección jurídica. Situaciones que sumadas a la condición de maltrato, violencia o abuso realizado por integrantes de la propia familia y el rechazo de los propios familiares ha hecho que el Estado impulse algunas acciones de atención especial o seguridad social en favor de este sector desprotegido, como es la creación de centros gerontológicos, albergues, asilos y casas de medio tiempo, así como alentado espacios similares desde el ámbito social o privado.

En estos espacios residen adultos mayores con limitaciones físicas, mentales o económicamente desamparados, en los cuales se tiene establecido que deben recibir vivienda, comida, servicio médico, actividades culturales y artísticas, terapia física y terapia ocupacional, entre otras.

No obstante que dichos espacios están destinados a brindar condiciones adecuadas de permanencia y protección para un sector en alta condición de vulnerabilidad, una simple recopilación hemerográfica puede dar cuenta de la situación real de dichos centros. Uno de ello fue el ocurrido la madrugada del pasado martes 23 de junio del año en curso en el Ejido Querétaro del Valle de Mexicali, en el estado de Baja California, y que hasta la fecha ha registrado el lamentable deceso de 17 adultos mayores del asilo Hermoso Atardecer, administrado por la asociación civil Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar, A.C.

Dentro del mencionado andamiaje jurídico, se establece en la Ley General de Salud, artículo 3º, fracción XVIII, que la Asistencia Social es materia de Salubridad General, correspondiéndole a los gobiernos de las entidades federativas, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, la organización, operación, mejoramiento y evaluación de la prestación de los servicios de salubridad general, en este caso, la Asistencia Social (13, inciso B, fracción I). Para lograr dicho propósito se emiten las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

A mayor abundamiento, la Ley de Asistencia Social señala en su artículo 7, que los servicios de salud en materia de Asistencia Social que presten la Federación, los Estados, los Municipios y los sectores social y privado, forman parte del Sistema Nacional de Salud, a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada; y que los servicios que presten los gobiernos locales, así como los sectores social y privado, formarán parte de los sistemas estatales de salud, en lo relativo a su régimen local.

Por su parte, el artículo 14 de la ley en comento establece claramente las atribuciones de la Federación en esta materia, entre las que se encuentran la coordinación del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada (fracc. III); la coordinación del Servicio Nacional de Información de Instituciones de Asistencia Social Públicas y Privadas (fracc. IV); así como la vigilancia, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y de los demás ordenamientos que de ella deriven (fracc. VIII).

En función de lo anterior, se infiere que las competencias en materia de Asistencia Social son concurrentes, por lo que corresponde a las autoridades de Salud y a los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia de los 3 órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, supervisar el funcionamiento de los centros de atención para adultos mayores del país y de manera específica, el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2009, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Asimismo, considerando que el paso del tiempo afecta las habilidades y capacidades de todas las personas, asumir a priori que una persona es inútil, incapaz o enferma debido a su edad, es una práctica injustificable desde cualquier punto de vista. Particularmente, cuando se trata de recibir lo que toda persona merece en su dignidad y que se refleja mediante el reconocimiento real de sus derechos humanos, especialmente en esta etapa de la vida.

Por ello, resaltan los Resultados sobre personas adultas mayores de la Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis 2010) al dar cuenta de los niveles de exclusión, falta de reconocimiento y obstaculización de derechos y oportunidades, fundamentales para llevar a cabo una vida digna y satisfactoria independientemente de la edad.

En ella se revela, entre otros resultados, que en nuestro país, 27.9% de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad y que el 40.3% describe como sus principales problemas los económicos, aspectos que en parte resuelven o son obligados a resolver, al sujetarse a la protección y resguardo de un albergue, asilo o casa de asistencia diurna.

Tales consideraciones motivan una amplia participación de la instancia nacional y coordinación a nivel local de las instituciones responsables de los Derechos Humanos en el país, a efecto de evaluar y conocer en que condiciones se encuentran en esos lugares, teniendo específicos parámetros de revisión, con la intención de identificar cualquier forma de maltrato o acciones que vulneren los derechos humanos de los adultos mayores.

Fundamentalmente deberá considerarse que las violaciones a los derechos humanos contempla aspectos como las condiciones de salud, alimentación, limpieza, calidad de la atención, entre otras; situaciones que pueden ser reconocidas en la diversa cobertura mediática que a nivel local se encuentra, al indagar sobre casas hogar para ancianos en diversas partes del país.

Lamentablemente, a pesar de loables y significativas acciones emprendidas por reconocibles instituciones, existe una enorme cifra negra de ancianos que son maltratados en albergues públicos o privados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE FORTALEZCA LA COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO, EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, DE LA NOM-031-SSA3-2009, RELACIONADA CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD;

SEGUNDO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE COORDINE, EN CONJUNTO CON LAS COMISIONES ESTATALES EN LA MATERIA, UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN LOS ESPACIOS DESTINADOS A SU ALBERGUE, RESGUARDO Y PROTECCIÓN.

Dado en la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 30 de junio de 2015.

Dip. María Sanjuana Cerda Franco.





 

De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas a instrumentar mecanismos de control a efecto de evitar que se utilicen los programas sociales para beneficio de campañas electorales; asimismo, que se sancione a todo servidor público que en uso de su cargo desvíe recursos públicos en apoyo de partidos o candidatos. Se turna a la Primera Comisión.

MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS A INSTRUMENTAR MECANISMOS DE CONTROL A EFECTO DE EVITAR QUE SE UTILICEN LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA BENEFICIO DE CAMPAÑAS ELECTORALES, ASIMISMO QUE SE SANCIONE A TODO SERVIDOR PÚBLICO QUE EN USO DE SU CARGO DESVIÉ RECURSOS PÚBLICOS EN APOYO DE PARTIDOS O CANDIDATOS.

En las campañas electorales, el voto es el acto por medio del cual el ciudadano manifiesta una simpatía o antipatía, hacia un determinado partido o coalición de partidos, su programa electoral y sus candidatos. En este sentido, el voto representa la decisión suprema del elector, motivado por diferentes factores y motivaciones históricas y circunstanciales, que se manifiestan, concretan y depositan en la urna.

El voto es un acto cargado de significados culturales, que refleja en su orientación costumbres, hábitos, preferencias, filias y fobias políticas. Es decir, el voto también es resultado de un proceso sociocultural y político. En este sentido, refleja al propio votante: su pasado, su presente y su futuro.

Dónde se genera el voto ha sido una incógnita no resuelta definitivamente en la ciencia política, aunque hay hipótesis que plantean que el voto se genera en la conversación y que son varios y distintos los factores que inciden en la motivación y orientación del voto.

El saber qué es lo que mueve o motiva el comportamiento de los votantes en una coyuntura o contexto electoral es una interrogante que ha estado presente durante muchos años en las indagaciones no sólo de los estudiosos de la ciencia política, sino también de otras disciplinas científicas como la sociología, la antropología, la psicología y la mercadotecnia política; pero sobre todo, de los políticos y candidatos que durante los procesos electorales tratan de incidir o generar ciertos efectos en la conducta y comportamiento de los ciudadanos.

Y en este contexto, una de las prácticas más comunes en las campañas electorales es acudir a las necesidades inmediatas de la gente para cooptar su simpatía y voto, ya sea por un beneficio inmediato o la garantía de mantener vigente un apoyo para el futuro, sujeto al éxito electoral de un determinado partido o candidato.

Esta es una de las prácticas más combatidas en los últimos años y las más utilizadas por gobiernos locales y en elecciones federales. El ejemplo está a la vista y en múltiples denuncias, desde la elaboración o uso de los padrones de los programas sociales, la afiliación a los partidos vinculada con algún programa social, la distribución de despensas, materiales de construcción, regularización de vivienda, etc.

Este es el que algunos especialistas en procesos electorales denominan en voto del hambre.  Este tipo de voto, se genera por las severas carencias económicas en las que viven muchos ciudadanos, cuya principal preocupación no es el tipo de gobierno que tienen o de político que es electo, sino que su objetivo principal es la sobrevivencia económica.

Este tipo de ciudadanos ve en las campañas electorales la oportunidad para obtener un beneficio inmediato, como puede ser una despensa, material para construcción, algún objeto utilitario o, incluso, algún ingreso económico directo. Este tipo de voto, también, se le denomina utilitario, ya que la gente busca obtener una utilidad inmediata por su sufragio, incluyendo, la posibilidad de vender su voto al mejor postor y de esta forma, obtener una despensa, una torta, algunos refrescos o una borrachera puede ser motivo suficiente para que los votantes puedan otorgar su voto hacia un candidato o partido en particular.

 En este sentido, un adagio popular señala que “la política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros. Durante las campañas, los candidatos y partidos contendientes no sólo retoman el problema de la pobreza y marginación como tema central de su proselitismo, sino que también utilizan los programas sociales con fines electorales, reparten despensas alimenticias, materiales de construcción, aparatos electrodomésticos y diferentes objetos utilitarios como playeras, bolsos, pelotas y gorras entre los electores con el fin de conseguir su voto.

El planteamiento estratégico para movilizar este tipo de voto se centra en utilizar el hambre y las necesidades de muchos electores para ganar su voto. Por ello, se “regalan” productos alimenticios y una variedad de objetos y materiales con el fin de “comprar”, la voluntad de los ciudadanos. Este tipo de estrategia, se apoya en el principio persuasivo de reciprocidad que señala que si alguien recibe algo, moralmente se siente obligado a dar algo a cambio. En el caso de los programas sociales de apoyo a sectores empobrecidos, generalmente los partidos gobernantes los utilizan como estrategia electoral, señalando, por diferentes vías, que lo que se tiene es porque el partido y su gobierno lo ha conseguido e instituido, pero de perder la elección estos apoyos se pueden terminar.

Las elecciones federales del pasado 7 de junio nos muestran resultados evidentes de este tipo de comportamiento de los electores. En una elección competida en todo el país, se dan en el estado de Chiapas un número determinado de casillas con un comportamiento atípico de los electores, es decir, todos votan por una sola opción, un partido o coalición se llevan todos los votos, dando como resultado las denominadas “casillas zapato”, fenómeno que se pensó era ya parte de un pasado en el que predominaba un poder hegemónico y un control absoluto sobre la emisión y cómputo de los votos.

El hecho es que tras concluir los cómputos distritales de los comicios para diputados federales, efectuado por el Instituto Nacional Electoral (INE), de las 148,000 casillas instaladas, en 18 casillas el 100% de los votos se emitieron para un sólo candidato, si bien esto representa apenas el 0.001% del total de las casillas instaladas, si nos muestra un caso extremo de compra del voto, aprovechando la situación de pobreza de las familias.

Un esfuerzo colectivo por fortalecer y ampliar nuestra vida democrática, se puede ver vulnerado por la duda o acciones que atentan contra la voluntad ciudadana, como en cada entidad federativa del país, en el estado de Chiapas se suman muchas voluntades por hacer imperar el Estado de Derecho, por hacer de la democracia un modo de vida y un espacio en el que se exprese y participe toda la sociedad.

Creo que es necesario que cada uno de los casos se aclare y revise, con el propósito de eliminar cualquier duda, sobre el resultado de una elección que nos ha dado muchas lecciones a todos, la sociedad y los ciudadanos muestran cansancio ante las actitudes de los partidos y gobiernos, es momento de demostrar que el compromiso de los servidores públicos y gobernantes es con la gente, que aprendimos la lección.

Sabemos que 10 de éstas casillas atípicas, se registraron en Chiapas, en los municipios de Ocosingo, Ocozosocoautla, San Cristóbal y Comitán de Domínguez, a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Del resto, se registraron dos en la ciudad de Durango, a favor del PRI; también en los municipios de Tlapa y Ayutla, Guerrero, una a favor de Morena y otra del PRD, respectivamente; y una más en Juchitán Oaxaca a favor del PRI y finalmente una más en San Pedro Garza, Nuevo León.

Si bien parecen casos aislados, da la impresión que en el estado de Chiapas no se dio en las urnas la pluralidad que es característica en el resto del país. Ante esto es oportuno, dar una respuesta efectiva y transparente que demuestre que algunos casos aislados no vulneran la vida democrática de una entidad que lucha por su desarrollo.

Erradicar estas prácticas es una obligación del Estado mexicano y de las autoridades electorales, y esto sólo será posible si por parte del Estado se tiene un mayor control sobre los servidores públicos o se les sanciona con severidad al violar la ley, y por parte de las autoridades electorales, la acción efectiva es “no premiar” estas prácticas con la anulación de este tipo de casillas que reflejan la coacción del voto ciudadano.

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se tomen las medidas necesarias para garantizar un cómputo transparente de las casillas “atípicas” denominadas zapato, a efecto de hacer efectivo el respeto a la voluntad democrática de los ciudadanos y se combatan las prácticas de compra de votos a través de programas sociales, o entrega de bienes que capitalizan la pobreza y necesidades de las personas.

SEGUNDO: Se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas a instrumentar mecanismos de control a efecto de evitar que se utilicen los programas sociales para beneficio de campañas electorales, asimismo que se sancione a todo servidor público que en uso de su cargo desvié recursos públicos en apoyo de partidos o candidatos.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 30 de junio de 2015.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo.





 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, respecto de la calidad del aire en su zona de influencia ecológica. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO, Diputada Federal, a la LXII Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. El 3 de octubre de 2013 fue publicado en el Diario oficial de la Federación la Comisión Ambiental de la Megalópolis, integrada por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del Distrito Federal y los gobernadores de los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El objeto de dicha Comisión es el de llevar a cabo, entre otras acciones, la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona, conformada por los órganos político administrativos desconcentrados del Distrito Federal y los municipios de las entidades federativas señaladas. 16 Delegaciones y 224 municipios en total.

En dicha Comisión se planea y conduce una política ambiental articulada, retomando experiencias internacionales exitosas. Entre sus actividades, incluye la homologación de sistemas de verificación vehicular, así como la estandarización de equipos y rangos para decretar contingencias ambientales. Define  también mecanismos para la supervisión de los verificentros, a fin de garantizar su eficiencia, honestidad y transparencia.

SEGUNDO. Durante los días 11, 12 y 13 de junio del presente año fue declarada una pre contingencia ambiental que impactó a toda la zona metropolitana. De igual manera se han recibido reportes de que la situación del medio ambiente es de muy mala calidad, lo cual va en detrimento de sus habitantes.

TERCERO. De acuerdo con el Centro Mario Molina, más de 20 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México se encuentran expuestos al riesgo que representa la contaminación atmosférica. En esta zona 64% de la población, equivalente a 12.8 millones de personas, vive en la zona de máximo impacto de los contaminantes relacionados con el tráfico. La evidencia científica demuestra las graves consecuencias para la salud humana de la exposición a corto y a largo plazo a los contaminantes atmosféricos, incluyendo los relacionados con el tráfico. Estas consecuencias incluyen incrementos en la mortalidad prematura total y por algunas causas específicas en adultos y en niños, así como grandes costos económicos y sociales asociados con las enfermedades provocadas por esa exposición.

Baste recordar los negros episodios de la calidad del aire en Londres de 1952, que durante cuatro días de diciembre se presentó una crisis a la que se denominó el “gran humo” o “gran smog”, donde coexistieron emisiones contaminantes y una inversión térmica sostenida que provocaron cerca de 4000 muertes prematuras. En los tres meses posteriores fallecieron otras 12000 personas, las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias se incrementaron más de 160% y la incidencia de neumonías aumentó más de 300 por ciento.

Ahora se sabe que los efectos adversos en la salud, además de manifestarse principalmente en enfermedades pulmonares y cardiovasculares, incluyen impactos reproductivos y del desarrollo.

Ha quedado demostrado que la exposición a niveles elevados de partículas suspendidas (PM) mayores a 500 µg/m3 y bióxido de azufre está intrínsecamente asociada con la morbi-mortalidad por causas pulmonares y cardiovasculares. Los contaminantes que presentan asociaciones más importantes con los efectos adversos en la salud son PM y ozono. De manera particular, la exposición a PM2.5 con una duración de corto plazo (horas y días) tiene efectos adversos tales como mortalidad prematura; incremento en las admisiones hospitalarias; enfermedades cardíacas y pulmonares; aumento en los síntomas de vías respiratorias inferiores; reducción en la función pulmonar, y cambios en el ritmo cardiaco. La exposición a largo plazo incrementa la mortalidad prematura total por causas cardiovasculares, respiratorias, por cáncer de pulmón en adultos y por causas respiratorias en niños.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis informen a esta soberanía respecto de la situación de la calidad del aire durante el presente año. Dicho informe deberá contener por lo menos lo siguiente:

Cuál es diagnóstico de la calidad del aire en el presente año en su zona de influencia ecológica.

Cuáles han sido las acciones y medidas implementadas para prevenir y controlar las contingencias ambientales y emergencias ecológicas que se han presentado en el presente año.

Cuáles son los focos rojos que se presentan respecto de la calidad del aire en su zona de influencia ecológica.

Cuáles han sido las acciones preventivas que se han implementado o se tienen contempladas en la materia.

Cuáles han sido los principales problemas que ha enfrentado la Comisión para hacer frente a sus responsabilidades institucionales en materia normativa, técnica y presupuestales. 

Cuáles son las perspectivas respecto de la calidad del aire en su zona de influencia ecológica en los siguientes años.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita informar a esta Soberanía en un término no mayor a 10 días lo especificado en el párrafo anterior.

Recinto Legislativo de la Comisión Permanente, el 30 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero.





 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro a realizar las acciones y medidas que corresponda para garantizar la seguridad de los usuarios del Metro. Se turna a la Primera Comisión.







 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir opinión respecto del cobro de comisiones por revisar saldos e imprimir estados de cuenta en instituciones bancarias y cajeros automáticos. Se turna a la Tercera Comisión.







 

Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a informar sobre los hechos ocurridos el 24 de junio de 2015 en las calles Justo Sierra y el Carmen, Colonia Centro; y al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal a considerar el otorgamiento de las distinciones, apoyos y prestaciones que sean procedentes, conforme al marco legal aplicable, a los agentes implicados en las acciones antes referidas. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Diputado JESÚS VALDÉS PALAZUELOS, legislador federal de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El politólogo alemán, Herfried Münkler, citado en el trabajo de Moreno y Rovira1, que analiza la importancia del concepto de imaginarios en las ciencias sociales, auspiciado por el al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sintetiza un aspecto clave en el reconocimiento de los actos heroicos en cualquier sociedad.

Münkler dice que la fuerza de la ligazón entre los miembros de una comunidad imaginada, se puede medir a través de su heroísmo, es decir, su disposición a luchar y en el último extremo a entregar su vida en nombre de la nación.

Como sociedad, solemos reconocer con mayor facilidad la heroicidad de actos que acontecen en contingencias dramáticas, climáticas o sociales: inundaciones, derrumbes, disturbios, etc.

Es justo y merecido el reconocimiento a los ciudadanos, en estas situaciones, arriesgan su vida para rescatar a un grupo de niños, a un bebé, o a un anciano; sin embargo, también es necesario reconocer la heroicidad de actos que no por darse en contextos menos espectaculares, merecen menor encomio.

Es el caso de los actos de elementos policiacos que comprometen su integridad en aras de la preservación del orden y la seguridad.

Todos aquéllos policías que van tras un ladrón armado, que corren en medio del tráfico en una persecución, que acuden al llamado de una persona en riesgo, merecen reconocimiento por su heroicidad.

Aproximadamente a las 16:45 horas, del miércoles 24 de junio pasado, se desató una balacera en las calles Justo Sierra y El Carmen, en el Centro, en la que resultó fallecida una persona y un herido.

Estos hechos derivaron del enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías capitalinos.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al parecer se realizaba un operativo para detectar a asaltantes de negocios que operan en la zona.2

Estaba una patrulla con agentes de investigación, que aparentemente seguían la pista de Miguel Ángel, alias “El Chango”, quien junto con varios cómplices se dedicaba al robo de negocios, a transeúntes y a personas que acudían a la sucursal del Monte de Piedad, ubicada en Justo Sierra número 40. 3

De acuerdo con el informe ministerial los hechos se registraron, cuando los agentes policiales ubicaron a dos sujetos sospechosos a las afueras de dicha sucursal; uno de ellos portaba una pistola en el cinto del pantalón.4

Al notar la presencia de los agentes, uno de los sospechosos comenzó a disparar y un proyectil lesionó al encargado de un puesto de periódicos en la acera contraria, agresión que fue repelida por los detectives.5

En el intercambio, los agentes de la Procuraduría capitalina abatieron a uno de los sospechosos, mientras que, aprovechando la confusión, el otro sujeto logró escapar entre la multitud.

El comerciante que resultó lesionado, un hombre de la tercera edad que vende periódicos en el lugar6, fue atendido por personal de la Cruz Roja Mexicana y posteriormente trasladado a un hospital de la zona, para su atención, por la gravedad de la herida de arma de fuego.

La zona fue acordonada por elementos del sector Centro de la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF).7

Peritos de la Procuraduría capitalina y el agente del Ministerio Público de la Coordinación Cuauhtémoc 4, realizaron las primeras diligencias; el cadáver fue trasladado al anfiteatro de la Fiscalía de Investigación en Cuauhtémoc.8

Es de precisarse que el viernes 26 de junio, se dio a conocer que con los hechos de referencia se frustró el secuestro de un comerciante del Centro Histórico. De acuerdo con la averiguación previa FCUH/CUH-4/T1/403/15-06, los delincuentes le dijeron a la víctima que la privarían de la libertad hasta que les entregara una cantidad de dinero.

Empecé citando a Münkler para destacar que la honra de los actos de quienes realizan actos heroicos es importante en términos de cohesión y confianza social. Con esta idea, recuerdo también que las tareas que ejercen los cuerpos de seguridad pública corresponden a una de las funciones básicas del Estado, que es la de brindar seguridad y protección a la población en su conjunto.

Es de reconocerse doblemente el mérito de quienes se desempeñan en funciones policiales al carecer, muchas veces, de reconocimiento social, de una remuneración económica justa o pertrechos mínimos suficientes para ejercer sus tareas en condiciones de mayor seguridad.

Corresponde a las autoridades hacer vigente y transmitir a la sociedad un mensaje claro, en el sentido de que los bienes y valores sociales que a los que se endereza la acción de elementos de seguridad es de alta prioridad y merece el mayor celo, protección y reconocimiento.

En este sentido, lejos de entender el reconocimiento como un mero acto laudatorio, de fanfarrias y guirnaldas; lo concebimos como un acto de justicia de amplios alcances y consideramos que es importante hacer visible el mérito de los elementos que con su labor contribuyen a la preservación de la seguridad y el orden social.

En ese tenor, proponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que rinda un informe amplio de los hechos ocurridos el miércoles 24 de junio de 2015 en las calles Justo Sierra y El Carmen, colonia Centro.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, a fin de considerar el otorgamiento de las distinciones, apoyos y prestaciones que sean procedentes, conforme al marco legal aplicable, a los agentes implicados en las acciones antes referidas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de junio de 2015.

Atentamente

Dip. Jesús Valdés Palazuelos.

1 Moreno, C. and C. Rovira (2009) “Imaginarios: Desarrollo y aplicaciones de un concepto crecientemente utilizado en las Ciencias Sociales”, Investigación para la Política Pública, Desarrollo Humano, HD-08-2009, RBLAC-UNDP, New York, disponible en http://www.revistahumanum.org/revista/wp-content/uploads/2012/02/08_RPPLAC_HD.pdf

2 Polis” asesinan a ladrón en el Centro Histórico, El Gráfico, 25 de junio de 2015, http://www.elgrafico.mx/la-roja/25-06-2015/polis-asesinan-ladron-en-el-centro-historico

3 Abate agente a ladrón, Reforma, 24 de junio de 2015, sección Justicia, p. 7.

4 Abaten a presunto ladrón en la colonia Centro, Azteca Noticias, 24 de junio de 2015, http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/224585/abaten-a-presunto-ladron-en-la-colonia-centro

5 Abate policía de investigación a sospechoso en el Centro Histórico, MVS Noticias, 24 de junio de 2015, http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/abate-policia-de-investigacion-a-sospechoso-en-el-centro-historico-477.html

6 Balacera en el Centro Histórico deja un muerto y un herido, Milenio, 24 de junio de 2015, http://www.milenio.com/policia/Balacera_centro_muerto-enfrentamiento_Monte_Piedad-asalto_Monte_Piedad_0_542346045.html

7 El Gráfico, cit. Infra.

8 MVS Noticias, cit. Infra.





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por el anuncio de las elecciones legislativas que se celebrarán en la República Bolivariana de Venezuela. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE CONGRATULA POR EL ANUNCIO DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS QUE SE CELEBRARÁN EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El pasado 22 de junio 2015, Tibisay Lucena, Rectora del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, informó que el próximo 6 de diciembre se celebrarán las elecciones legislativas que renovarán los 165 miembros de la Asamblea Nacional.

La Sra. Lucena señaló el calendario completo: el cierre del registro electoral será el 8 de julio, las postulaciones deberán presentarse entre el 3 y el 7 de agosto, la campaña comenzará el 13 de noviembre y durará hasta el 3 de diciembre, cuando comenzará la veda hasta las elecciones del 6 de ese mismo mes; finalmente los nuevos miembros de la tomarán posesión el 5 de enero de 2016.

2. El 24 de mayo de 2015, los políticos opositores venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos, que permanecen presos en la Cárcel Militar de Ramo Verde, inciaron una huelga de hambre cuyas peticiones fueron: la liberación de los “presos políticos”, el cese de la “persecución, la represión y la censura” y la fijación de la fecha para las elecciones parlamentarias; más de 80 venezolanos iniciaron la huelga de hambre con ellos.

Cabe destacar que tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral, los políticos opositores levantaron la huelga de hambre.

Leopoldo López reconoció como "muy significativos" los pronunciamientos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), aseguró que "representan un claro compromiso con la democracia en Venezuela".

3. Fernando Mires, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, Alemania, afirmó que “debido a las divisiones en el corazón del chavismo (entre el ala civil y el ala militar, entre dogmáticos y pragmáticos, entre chavistas y maduristas), la élite oficialista no sólo le teme al triunfo de la oposición en las urnas, sino a las elecciones primarias dentro del propio Partido Socialista Unido de Venezuela; creo que Maduro quiso retardar el anuncio de los comicios lo más posible para aplazar también el inicio de la campaña electoral, pero se vio obligado a hacer pública la fecha de las votaciones debido a las presiones ejercidas sobre él”.

CONSIDERACIONES

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, es deber de los Senadores presentar proposiciones y denuncias, así como, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

III. Que la democracia es un valor privilegiado y estratégico para América Latina, pues en los últimos años, y tras una serie de regímenes antidemocráticos, los países latinoamericanos han caminado hacia la alternancia gubernamental, la apertura política a todas las ideologías, una mayor participación ciudadana, entre otras aristas de la democracia.

De hecho, la Carta Democrática Interamericana indica en su artículo 1:

Artículo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

Cabe destacar que dicho instrumento internacional fue aprobado de manera unánime por los miembros activos de la Organización de Estados Americanos el 11 de septiembre de 2001.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por el anuncio hecho por el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, de efectuar las Elecciones Legislativas el próximo domingo 6 de diciembre de 2015, al tiempo que reitera su compromiso con el fortalecimiento de la democracia en América Latina y El Caribe.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 30 de junio de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a implementar las reformas a la legislación civil y familiar en materia de matrimonio igualitario. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO A CARGO DE LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A IMPLEMENTAR LAS REFORMAS A LEGISLACIÓN CIVIL Y FAMILIAR EN MATERIA DE MATRIMONIO IGUALITARIO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días pasados dos resoluciones importantes en materia de derechos humanos fueron emitidas tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la Suprema Corte de los Estados Unidos en materia de matrimonio igualitario:

1. El pasado 17 de junio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo en revisión (823/2014), relacionado con la legislación del estado de Colima, que establece que el matrimonio se circunscribe a un solo hombre y a una sola mujer, pero prevé una figura especial, el enlace conyugal, que se celebra entre dos personas del mismo sexo.

El promovente impugnó el artículo 147 de la Constitución Política de Colima, así como diversas normas tanto del Código Civil como del Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad federativa, ya que transgreden el principio de igualdad y no discriminación al hacer una distinción entre parejas homosexuales y parejas heterosexuales que genera un régimen de “separados pero iguales”, toda vez que crea una figura similar al matrimonio para las parejas homosexuales que el legislador denominó enlace conyugal. El juez de Distrito que inicialmente conoció del amparo lo sobreseyó y el inconforme interpuso recurso de revisión.

La Primera Sala revocó la sentencia recurrida y amparó al quejoso al determinar que el régimen separado al matrimonio que establece el citado artículo constitucional y el 145 del Código Civil referido bajo el rubro de enlace conyugal, efectivamente vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación del quejoso, lo que significa que no sólo son inconstitucionales esas disposiciones, sino también todas las porciones normativas de los artículos en los que se hace referencia a esta institución.

En este sentido, la Primera Sala reafirmó que no existe ninguna justificación racional para negar el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, aun cuando existiera un régimen jurídico diferenciado al cual pudieran optar dichas parejas en lugar de casarse, incluso si la figura en cuestión tuviera los mismos derechos que el matrimonio, pues se les reconocería un conjunto incompleto de derechos siguiendo su orientación sexual.

La Primera Sala al determinar la inconstitucionalidad de las normas antes señaladas, estimó que los efectos del amparo vinculan a todas las autoridades del Estado de Colima a tomar en consideración la inconstitucionalidad del mensaje transmitido por los preceptos impugnados, por lo cual no podrán utilizarlos como base para negar al quejoso beneficios o establecer cargas relacionadas con la regulación del matrimonio.

La resolución de la Primera Sala sentó jurisprudencia, lo cual no es un asunto menor, ya que la misma es obligatoria para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

2. En el caso de los Estados Unidos, el viernes 26 de junio, en una decisión histórica la Suprema Corte de ese país resolvió que las parejas del mismo sexo tienen derecho al matrimonio en cualquier lugar de los Estados Unidos, con lo cual los 14 estados que establecen prohibiciones al matrimonio igualitario deben derogarlas. Cabe señalar que anteriormente solo 36 estados permitían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los otros aún no lo aceptaban. Sin embargo, con este mandato de la Corte Suprema, todos los estados tendrán que aceptarlo obligatoriamente.

Destaca de esta decisión la redacción de la resolución emitida por el Juez conservador Anthony Kennedy al señalar:

“En la formación de una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran. Como algunos de los demandantes de estos casos han demostrado, el matrimonio representa un amor que puede incluso perdurar más allá de la muerte. Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres afirmar que faltan el respeto a la idea del matrimonio. Su demanda se produce porque la respetan, la respetan tan profundamente que tratan de poder llevarla a cabo ellos mismos. Su esperanza es no estar condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho”.

El Juez Kennedy es un conservador designado por Ronald Reagan para reforzar en la Corte la revolución neoconservadora que impulsó desde su presidencia, sin embargo éste Juez define la votación en casos difíciles, y en este caso se unió a la mayoría integrada por 4 jueces liberales de la suprema Corte.

Ambas resoluciones representan un avance en el reconocimiento de los derechos humanos, en el caso de nuestro país, México es el cuarto país de América Latina en reconocer los derechos de las personas con una orientación distinta a la heterosexual.

Las resoluciones de los tribunales de ambos países, representan un avance histórico para el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y por lo tanto obliga a todos los Estados de ambas naciones a cambiar la legislación para que el matrimonio igualitario sea reconocido sin ningún tipo de discriminación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a implementar las reformas legislativas a los Códigos Civiles, a la legislación familiar y demás disposiciones correspondientes que nieguen, restrinjan o anulen el acceso de las parejas del mismo sexo al matrimonio igualitario.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.





 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal que realice estudios de impacto urbano y ambiental para las solicitudes de modificación a los programas de uso de suelo de predios de la Ciudad de México, así como sobre el estado que guarda cada una de las solicitudes. Se turna a la Primera Comisión.







 

De los Diputados Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro Rangel Segovia, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a no aprobar el cobro de los transbordos en el servicio de transporte público denominado Metrobús. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, ROBERTO RUIZ MORONATTI y ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA, Diputados Federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las grandes ciudades como el Distrito Federal, es el tema de la movilidad y el transporte, a consecuencia del incremento exponencial que se ha llevado a cabo en los últimos años del número de su habitante de cada región.

En el caso de la Ciudad de México, encontramos que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI) hasta el 2012, se contaba con una población de más de 8 millones de habitantes, cifra que ha aumentado en los últimos años.

Lo anterior resalta en su importancia si consideramos que, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad del DF, el 80 por ciento de la población que habita la ciudad utiliza el transporte público como medio de movilidad en sus actividades diarias, es decir, que el transporte público en la gran mayoría de los casos es el único medio con el que la sociedad cuenta para acceder a su empleo, educación y servicios públicos.

Asimismo, se debe tomar en cuenta el número de viajes metropolitanos (aquellos que cruzan el límite entre el DF y el Estado Mex.), ya que estos asciende a 4.2 millones por día.

Dichas cifras representan los retos que se presentan en este rubro, como son la saturación del transporte público en horas pico, el incremento del precio y la baja calidad de algunos trasportes, el cuidado al medio ambiente, lo que nos deja ver que existen todavía muchas cosas que hacer, sobre todo en el fomento a la cultura vial y medioambiental.

Bajo esta tesitura, es que se implementó como un esfuerzo por ofrecer a la población un modo efectivo de transporte público al Metrobús, siendo un sistema de transporte basado en autobuses de capacidad y tecnología de punta, que brinda movilidad urbana de manera rápida y segura por medio de la integración de una infraestructura preferente, operaciones rápidas y frecuentes, y sistema de pago automatizado.

Lo anterior se implementó al considerarse como el medio de transporte público más apto para la Ciudad, considerándola como la opción más viable en cuestiones de vialidad, economía, ecología, y seguridad, dejando afuera opciones como el metro, ya que este cuenta con un costo veinte veces superior a la implementación del Metrobús. Asimismo, en el caso de unidades de Trolebús, la adquisición, mantenimiento y operación son más costosos que las unidades utilizadas por Metrobús, además de que su movilidad se ve afectada por le dependencia del cableado eléctrico.

A pesar de que dicho medio fue elegido sobre otras opciones que se consideraban menos viables por su costo de implementación, en la actualidad se ha convertido en uno de los medios de transporte más costosos para la población, ya que el acceso a dicho medio es de 6 pesos, estando por arriba del costo actual del metro que es de 5 pesos, y del trolebús que es de 4 pesos.

Recordemos que de los ingresos que la mayoría de la población adquiere como consecuencia de su trabajo diario el 50 por ciento se invierte en su traslado, es decir, se invierte en el transporte público.

Lo anterior resulta alarmante si consideramos que en los últimos días se está analizando por el Gobierno del Distrito Federal la posibilidad de llevar a cabo un incremento en el precio de ingreso al Sistema de Transporte Metrobús, así como el cobro por cuestión de transborde entre las diversas líneas con las que cuenta dicho sistema, situación que representaría un gran golpe a la economía de las familias que diariamente tienen que hacer uso de este servicio.

Es por esto proponemos se exhorte al Gobierno de la Ciudad de México, para que en ámbito de sus funciones analice no aprobar el cobro de los transbordos en el Metrobús, esto a fin de apoyar la economía de los miles de estudiantes, trabajadores y ciudadanía en general que hace uso de este medio de transporte.

Lo anterior se menciona, toda vez que el pasado 24 de junio se publicó en un diario de circulación nacional que empresas operadoras del Metrobús plantean la necesidad de cobrar los transbordos, para lo cual citan las declaraciones de un funcionario, quien dio a conocer que la tarifa de seis pesos se mantendrá al menos durante este año, pero que a mediano y largo plazo se tendrán que buscar mecanismos para realizar un ajuste tarifario y buscar otros esquemas de financiamiento.1

De acuerdo con dicha publicación, este funcionario habría indicado que la tarifa está equilibrada y que no era necesario aumentarla, al menos por ahora. Sin embargo, también habría reconocido que existen varias empresas operadoras que han planteado la necesidad de ajustar el sistema de peaje y comenzar a cobrar los transbordos que actualmente son gratuitos.

Resulta claro que el Distrito Federal requiere de medios de transporte público que permitan maximizar la atención a la demanda de los usuarios de dichos servicios, con la finalidad de otorgar una mayor movilidad para la mayoría de la población de la ciudad, pero se debe analizar la forma de llevar a cabo la implementación de estos medios sin afectar a la economía de la población para alcanzar dicho fin.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que no apruebe el cobro de los transbordos en el servicio de transporte público denominado Metrobús, esto con la intención de apoyar a los usuarios de este servicio.

Dado en Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 30 de junio de 2015.

Dip. Roberto Ruiz Moronatti.- Dip. Alejandro Rangel Segovia.

1 López, Jonás y Garduño, Roberto. “Evalúa el Metrobús cobrar transbordos”. Reforma, 24 de junio de 2015, sección Ciudad, página 6.




 

Del Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del sector salud y de seguridad pública a garantizar el bienestar físico y mental de los prestadores del servicio social médico y de enfermería. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, MARIO ALBERTO DÁVILA DELGADO, Diputado de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL SECTOR SALUD Y DE SEGURIDAD PÚBLICA A GARANTIZAR EL BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años, se han registrado severos casos de violencia contra los pasantes de medicina de escuelas públicas y privadas del país, así mismo, estos hechos de violencia han carecido de apoyo por parte de las autoridades sanitarias y de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.

Bajo esta situación, el 14 de junio del presente año se suscitó un hecho en el estado de Sonora, en donde fue encontrada sin vida a bordo de su automóvil, la pasante de medicina María Concepción de la Torre Martínez Escobar de 31 años de edad, quien realizaba su servicio social en la clínica de salud de la comunidad de Soyopa. Este hecho ha consternado a las comunidades estudiantiles y a la sociedad en general, puesto que hay una deficiente aplicación de la Ley para salvaguardar los derechos fundamentales de los prestadores de los servicios de salud.

Tan solo dos días después, el 16 de junio fue encontrada sin vida la joven María Teresa Adona Ponce de 25 años de edad, la cual realizaba su servicio social en la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) en Cruz de Aguilar, municipio de Romita en  el estado de Guanajuato. Al respecto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en un boletín de prensa emitió una declaratoria de indagación de los hechos, mediante pruebas correspondientes que permitan esclarecer el objetivo de lo acontecido.

Estos hechos recientes y como muchos otros casos, han sido reportados a lo largo de los años. Cabe mencionar que las condiciones en las que los profesionistas médicos realizan su servicio social son muy difíciles, y sin embargo, siempre han colaborado para brindar apoyo a las comunidades de menor desarrollo económico y social, más allá de lo que se establece en los manuales de operación, por el contrario, con frecuencia se lesiona, secuestra y violenta la integridad física y mental de los futuros médicos, con poca o nula intervención de las autoridades de sus respectivos niveles de gobierno.

La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina advierte un aumento de acontecimientos delictivos en contra de los pasantes de medicina, en donde  señala que en el periodo 2006-2012, al menos 71 médicos pasantes fueron amenazados, agredidos, secuestrados o asesinados en diversas entidades del país. Cuestión que debería ser erradicada ya que los pasantes de medicina forman parte indispensable del Sistema Nacional de Salud, en donde su representación llega hasta un tercio del total del personal médico disponible.

Se considera necesario implementar las herramientas jurídicas y operativas que garanticen la integridad física y mental de los pasantes de medicina, desde áreas de trabajo con herramientas básicas para la mejor prestación de los servicios de salud, así como una mayor seguridad y vigilancia de áreas consideradas como conflictivas.

Por otro lado, con fecha 25 de 2014 fue presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo mediante la cual se solicita a la Secretaría de Salud a promover una Norma Oficial Mexicana en materia de servicio social. Tal proposición considera sustancial la erogación de la Norma Oficial para así garantizar los derechos fundamentales a que deben ser acreedores todos aquellos profesionales médicos que desempeñan su servicio social.

Por tal motivo y con fecha 2 de julio del mismo año la Comisión Permanente solicita respetuosamente a las autoridades sanitarias a promover las acciones necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias para dar vigencia al proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2009, esto con la finalidad de mejorar la situación de los pasantes de medicina, particularmente aquellos que prestan sus servicios en zonas alejadas o de riesgo.

En efecto, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Salud en su artículo 87 la prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo   económico y social. Sin embargo, tal y como consideraron los promoventes de la proposición del punto de acuerdo, la mayor parte de estos casos de violencia contra los prestadores del servicio social se manifiesta en éstas áreas, como ocurrió en el caso de la joven María Teresa Adona Ponce.

Por otro lado este Proyecto de Norma aun sin vigencia, tiene como objetivo establecer los criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica de las instituciones del Sistema Nacional de Salud como campos clínicos para la prestación del servicio social de los pasantes de medicina y estomatología.

Aún y cuando ya ha sido aprobado el exhorto y existe el proyecto de norma, observamos que los casos de violencia contra los médicos pasantes aún siguen latentes. No obstante, lo que se pretende entonces con éste acuerdo, es garantizar las condiciones mínimas de seguridad de los pasantes de medicina, así como una revisión y resolución de los casos en donde se hayan violentado los derechos de los prestadores del servicio social.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades de Salud y Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno, a materializar programas y medidas preventivas para garantizar la seguridad física y mental de los trabajadores al servicio del Sistema Nacional de Salud y particularmente a los prestadores del servicio social médico y de enfermería.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno a realizar una investigación exhaustiva de los casos en donde se hayan violentado los derechos de los prestadores del servicio social médico y de enfermería, garantizando la pronta y expedita impartición de justicia.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que se indemnice a los familiares de los prestadores del servicio social médico y de enfermería que han perdido la vida, por haber sido víctimas de la delincuencia por hechos directamente relacionados con el ejercicio de su profesión.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 30 de junio de 2015.

Dip. Fed. Dr. Mario Alberto Dávila Delgado.





 

De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias del Gobierno Federal, así como a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a establecer una mesa de conformación y recepción de datos específicos y fidedignos sobre desapariciones forzadas en territorio nacional. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Diputada YESENIA NOLASCO RAMÍREZ, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Comisión Permanente el presente Punto de Acuerdo conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que en la actualidad la desaparición forzada de personas según lo define el  Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas; son aquellas en las que:

“se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.”1

Que este tipo de sucesos en nuestro país ha  generado graves consecuencias para sus víctimas, familiares y la sociedad en general.

Que nuestro país  fue evaluado por la ONU, a través del Comité antes señalado los  pasados 2 y 3 de febrero,  en dicho análisis el informe señaló que:

Es preocupante que México no cuente con información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer “la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad.

Que es necesario, según detalla el informe que:

“Se incluya información para determinar si se trata de casos de desaparición forzada -es decir, que participan agentes del Estado en el delito-; por lo que recomienda adoptar medidas para tener un registro confiable.”

Que un ejemplo para sumar son los hechos emprendidos por la organización Familias Unidas por Nuestros Desparecidos en Coahuila-México (Fundec), formaron un Grupo de Trabajo, que se encarga de supervisar investigaciones, expedientes y dar seguimiento a las políticas estatales en la materia.

Paso seguido solicitaron a Humberto Moreira, crear la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas.

Convirtiendo dicha fiscalía en subprocuraduría bajo el mandato de Rubén Moreira.

Que dicha organización resultó imperante e importante para consolidar que se presentará una iniciativa de reforma para tipificar la desaparición forzada de personas bajo estándares internacionales.2

La reforma se fundamenta al artículo 73 constitucional,  el cual se refiere a las facultades del Congreso y en especial a la fracción XXI, que precisa “para expedir”

“las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Que si bien es un paso importante en materia de desapariciones, en la actualidad no existen datos fidedignos  estadísticos sobre la materia.

Que la administración del expresidente Calderón dejó un registro donde había 27,000 personas desaparecidas. Mientras tanto en el actual periodo  de Enrique Peña Nieto, se depuró manteniendo una lista de solo 13,000 personas.

Que es necesario atender con datos duros, fidedignos y reales las cifras de desaparecidos en nuestro país, para que en el momento que la legislación inicie el proceso, este se haga mediante aspectos confiables.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los Gobiernos de los Estados y al Gobierno del Distrito Federal, para que depuren la lista y otorguen cifras reales y fidedignas a la Procuraduría General de la Republica (PGR), sobre personas desaparecidas hasta el 2015.

Segundo: La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la secretaria de Gobernación y a la Procuraduría General de la Republica, para que establezcan una mesa de conformación y recepción de datos específicos y fidedignos sobre desapariciones forzadas en territorio nacional que emitan los Gobiernos Estatales y el Gobierno del Distrito Federal y que hagan publica dicha lista.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 30 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Yesenia Nolasco Ramírez.

1 http://www.un.org/es/

2 http://mexico.cnn.com/





 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal que realice las acciones que corresponda para mejorar las condiciones de trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, así como proporcionarle el equipo especializado necesario para garantizar el adecuado funcionamiento del organismo. Se turna a la Primera Comisión.







 

De la Diputada Adriana Fuentes Téllez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena las acciones del Estado Islámico para destruir mausoleos de la ciudad monumental de Palmira y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir la acción que corresponda a este problema, conforme a los principios rectores que guían nuestra política exterior y el compromiso del Estado Mexicano con la protección del patrimonio mundial de la humanidad. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Diputada ADRIANA FUENTES TÉLLEZ, legisladora federal de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El martes 23 de junio, medios de comunicación nacionales dieron a conocer la información difundida por activistas opositores y miembros del grupo terrorista Estado Islámico (EI), al atribuirse actos de destrucción en contra de mausoleos de la ciudad monumental de Palmira, en el centro de Siria. [*]

La prensa señala que la activista de la opositora red Sham Samer Homsi explicó por internet que, a través de una voladura con explosivos producida la noche del lunes, se destruyeron los mausoleos islámicos de Mohamed bin Ali y Abu Baha Edin, ubicados fuera de las ruinas grecorromanas.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló el martes que los extremistas destruyeron un santuario para "eliminar los emblemas politeístas", sin dar más detalles.

El fin de semana, la oficina de información del Estado Islámico en la provincia de Homs publicó en internet varias fotografías de la voladura del mausoleo del jeque Mohamed bin Ali y de otro santuario, que no identificaron.

Las autoridades sirias señalaron que el Estado Islámico había colocado explosivos en distintas partes de Palmira.

Esta situación nos llena de preocupación y nos obliga a hacer un pronunciamiento al respecto.

Historia de Palmira

Alrededor de un oasis, en lo que fuera una sencilla aglomeración beduina, se edificó una ciudad a la que, los griegos llamarían Palmira, nombre sonoro que no tiene nada de “desértico”, según aprecian los historiadores Hermann y Georg Schreiber. [*]

Se deben a los romanos las primeras informaciones sobre esta ciudad. Su primera referencia en la literatura antigua, registra un fallido saqueo en el año 41 a. C., ordenado por el emperador Antonio.

“Aparentemente su prosperidad aumentó, y un siglo poco más o menos (…), Plinio señala en su Enciclopedia: ‘La ciudad de Palmira es célebre por su situación, por la riqueza de su suelo y por la excelencia de su agua. En torno de ella existen sólo arenas desérticas. La ciudad tiene campos cultivables y, por la perfección de su plano, constituye una excepción en estas regiones. (…).’

(…) La antigua aglomeración se extendió por etapas, primero sobre una colina, y luego hacia el oeste y al final hacia el este. Se parecía a las ciudades fundadas por los romanos en Siria. (…)

En el norte se hallaban los barrios residenciales y muy pronto las casas de los comerciantes, adornadas con peristilos, dominaron con su masa las chozas que bordeaban las calles. Entre los edificios había un pequeño templo consagrado, en 131, al dios Baal Chamin. Al sur de la calle principal, a lo largo de la ruta que seguía el lecho de un río, se levantaban los edificios administrativos y había puertas que daban acceso a los mercados.

Hacia el sur, la ruta que venía de Damasco atravesaba la ciudad, aislando el barrio oeste del resto de Palmira. Allí fue donde se construyó en el siglo III el castrum romano. Una puerta con cuatro arcos se abría a una magnífica calle bordeada con columnas, orientada de norte a sur; trescientos setenta y cinco columnas son todavía visibles y ciento cincuenta aún están en pie. La avenida conducía al Ágora y al teatro, y en ella se hallaban las termas. Adornada con estatuas que eran retratos de los personajes notables de Palmira, terminaba una puerta de tres arcos. Al suroeste, de cara al sur, se levantaba un templo con el frontón sostenido por columnas corintias.” [*]

Sobre los habitantes de la ciudad de Palmira, el historiador narra que su población estaba compuesta principalmente por la soldadesca romana, griegos, profesores y mercaderes orientales: negociantes fenicios y judíos agrupados en comunidades, babilonios, persas y egipcios.

“La masa que se apretujaba en las calles y mercados de Palmira era pintoresca y heterogénea; romanos, altaneros y cubiertos de hierro; beduinos con pingajos multicolores, conductores de caravanas; mercaderes vestidos con parto, blusa, abrigo, pantalón y bragas.

Los lenguajes hablados en el mercado (…) eran muy numerosos. Al igual que en las provincias orientales del imperio romano, la lengua oficial era el griego. Los soldados hablaban latín y los habitantes un dialecto arameo enriquecido con muchas palabras griegas y latinas.” [*]

El impulso económico de la ciudad se debió a su ubicación geográfica: “Por su situación en el cruce de las vías de comunicación entre Egipto y Mesopotamia, Palmira, puerta oriental del Imperio romano, debió su prosperidad a los negocios.” [*]

Los arqueólogos han hecho descubrimientos que revelan un importante y estructurado sistema de cobro de tarifas aduaneras. Esclavos, tejidos, vituallas, dátiles y piñas de Fenicia; perfumes de India, Mesopotamia y Hadramut, eran mercancías que pasaban diariamente por la ciudad a lomo de camello. La cobranza por protección de caravanas también constituía una fuente de ingresos, así como las actividades artesanales.

Bajo la tutela del senador romano Odainat, afamado por su sabiduría y valentía, Palmira se convirtió en la capital de un reino que comprendía Siria, Mesopotamia y una parte de Arabia, hasta la costa del Mar Rojo.

“Palmira, ciudad abierta, punto final de las rutas de las caravanas, se transformó en una fortaleza erizada de muros y de bastiones. Odainat construyó unas potentes murallas y luego se otorgó el título de Rey de Reyes. Palmira el antiguo oasis del desierto sirio, se había convertido en la gran plaza fuerte del Oriente Medio y llevaba el título de metrocolonia (colonia principal).” [*]

Pero, como bien analiza el historiador, para una ciudad, el hecho de rodearse de muros significa renunciar a extenderse y con ello se cerró una fase de su evolución.

En un combate con las tropas de Asia Menor, en Emeso, Odainat fue víctima de un atentado, poco después su hijo Herodes fue asesinado. Al mando de Zenobia, viuda y soberana a la muerte de Odainat, Palmira conquista Egipto y firma una alianza con los persas. Habiendo alcanzado una paz provisional con Roma, Palmira alcanzó la cúspide de su desarrollo convirtiéndose en el centro neurálgico del comercio mundial.

En el otoño de 271 la rivalidad Roma-Palmira, llegaría a los campos de batalla. Los ataques de Probo, comandante de las tropas romanas asentadas en el valle del Nilo, y las de Aureliano, procedentes de Asia Menor, marcan el principio del fin de la preponderancia del Palmira en el Oriente Medio.

El valor histórico y cultural de Palmira en la actualidad

La revisión histórica de la ciudad de Palmira es más que necesaria para poner de relieve la gravedad de la amenaza que se cierne hoy en contra de este sitio, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Como todos sabemos, los conflictos político-religiosos de Oriente Medio ciernen una grave y constante amenaza sobre la riqueza histórica y arqueológica de la región, patrimonio de la humanidad.

Como ha destacado la UNESCO, las ruinas de Palmira figuran entre los vestigios más importantes del último periodo de la Antigüedad Clásica, y antes del inicio de la contienda, en marzo de 2011, eran una de las principales atracciones turísticas de país y de la región.

“Un rasgo original del arte de Palmira lo constituyen sus esculturas funerarias, hieráticas e intensamente espirituales, que dejan traslucir influencias griegas, romanas y persas, y preludian el arte bizantino.” [*]

Desde el pasado febrero, integrantes de Estado Islámico han destruido varios sitios y museos arqueológicos, así como mausoleos islámicos y mezquitas: las ruinas asirias de Nimrud del siglo XIII a. C. y de Hatra, el Museo de la Civilización de la ciudad de Mosul y el yacimiento de Dur Sharrukin, capital asiria durante parte del reinado de Sargón II (722 - 705 a. C.), han sido objeto del saqueo de este grupo yihadista en Irak. [*]

Estos lugares han sufrido daños irreparables o han sido simplemente devastados.

La situación de Palmira, la llamado la atención desde momentos previos al acaecimiento de las explosiones de las que se tiene noticia en las últimas semanas, desde mayo, la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, manifestó su preocupación y reiteró el llamado para un cese inmediato de las hostilidades en el sitio y pidió también a la comunidad internacional que haga cuanto esté en su mano para proteger a las poblaciones civiles afectadas y salvaguardar el patrimonio cultural único de Palmira. [*]

En México, y en este Poder Legislativo, no podemos guardar silencio ante estos hechos que se perfilan claramente como una verdadera tragedia en términos de patrimonio histórico y cultural.

Es necesario unirnos a la expresión manifiesta de indignación que se está generando a nivel internacional y atender el llamado de la Directora General de la UNESCO para hacer todo cuanto esté en nuestras manos para apuntalar la protección de las poblaciones civiles afectadas y salvaguardar el patrimonio de Palmira.

En ese tenor, proponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta profundamente y condena las acciones de Estado Islámico para destruir mausoleos de la ciudad monumental de Palmira.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir la acción que corresponda a este problema, conforme a los principios rectores que guían nuestra política exterior y el compromiso del Estado mexicano con la protección del Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de junio de 2015.

Atentamente

Dip. Adriana Fuentes Téllez.

 [*] Estado Islámico destruye templos de milenaria ciudad siria de Palmira, con información de EFE, en Excélsior, 23 de junio de 2015http://www.excelsior.com.mx/global/2015/06/23/1030914

[*] Schreiber, Hermann y Georg, Ciudades malditas de la antigüedad. Un misterio sepultado por la historia, Barcelona, Círculo Latino, 2005, pp. 104-115, accesible en: https://books.google.com.mx/books?id=7B5f4pkP4iUC&pg=PA110&dq=oasis+de+palmira&hl=es-419&sa=X&ei=ckSLVZfmEoXpsAXUwKSoDw&ved=0CE0Q6AEwCQ#v=onepage&q=oasis%20de%20palmira&f=false

[*] Ídem, pp. 105-106

[*] Ídem, p. 107

[*] Ídem, pp. 107-108

[*] Ídem, p. 110

[*] UNESCO, Palmira (República árabe Siria), http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=26445&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

[*] Excélsior, cit. Infra.

[*] La Directora General de la UNESCO pide el cese inmediato de las hostilidades en Palmira (Siria), 20 de mayo de 2015, servicio de prensa de la UNESCO http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/unesco_director_general_calls_for_immediate_cessation_of_hostilities_in_palmyra/#.VYxCqDaI6dJ





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe relativo a los temas abordados y a los acuerdos alcanzados en la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME RELATIVO A LOS TEMAS ABORDADOS Y A LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN LA VI REUNIÓN DE MINISTROS DE FINANZAS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 26 y 27 de junio se llevó a cabo en la Ciudad de México la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico, contando con la participación de: el Ministro de Hacienda de Chile, Dr. Rodrigo Valdés Pulido, el Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia,  Dr. Mauricio Cárdenas Santamaría, el Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Dr. Luis Videgaray Caso, y el Ministro de Economía y Finanzas de Perú, Dr. Alonso Segura Vasi.

2. Información de prensa señala que en esta reunión se acordaron términos de referencia que serán marco para los trabajos que los Ministerios de Finanzas de los países de la Alianza del Pacífico llevarán a cabo en el corto y mediano plazo, y que serán presentados a los líderes de la Alianza del Pacífico en la X Cumbre a realizarse en Paracas, Perú, el próximo 2 y 3 de julio.

CONSIDERACIONES

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, es deber de los Senadores presentar proposiciones y denuncias, así como, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por la celebración de la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico el pasado 26 y 27 de julio en la Ciudad de México.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remita a esta Soberanía un informe detallado relativo a los temas abordados y a los acuerdos alcanzados en la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico, a fin de dar seguimiento a tan importante mecanismo de integración.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 30 de junio de 2014.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal fortalecer las acciones de seguridad del estado de Guerrero. Se turna a la Primera Comisión.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 12 de noviembre de 2014 se dio a conocer en medios nacionales que empresas constructoras salían de Guerrero por la violencia que se vive en la entidad. Entre ellas, se citaban al menos 10 empresas de construcción que dejaron sus operaciones en el Estado por razones de extorsión, secuestro de trabajadores, así como el cobro del derecho de piso.

Los Constructores, entrevistados en esas fechas manifestaron que fueron amenazados por el crimen organizado, que les exigía el pago del 10 por ciento del contrato como “derecho de piso”, para permitirles trabajar.

Luis Zárate, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pidió a las autoridades de Guerrero brindar seguridad a las empresas. “La situación en Guerrero es de alta peligrosidad. Lo que requerimos es un mayor apoyo de las policías estatales y federales, porque no podemos dejar de trabajar”, señaló el líder empresarial.

Después de siete meses de esta noticia y teniendo la presencia de la gendarmería en todo el Estado principalmente en la Tierra Caliente y Región Norte, donde el 26 de septiembre de 2014 sucedieron los hechos lamentables de Iguala donde fallecieron 5 personas y desaperecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la situación de seguridad pública continua siendo un déficit para el Estado de Guerrero, donde de la operación de las fuerzas federales en la prevención y el combate a la delincuencia, arroja los siguientes resultados:

El sábado 20 de junio, desaparecieron en Xolapa, municipio de Acapulco, 3 médicos y un abogado cuando regresaban de Chilpancingo hacía Acapulco. Que el 27 de Junio el Fiscal General del Estado de Guerrero, Mtro. Miguel Angel Godinez Muñoz, dio a conocer que de acuerdo al dictamen de genética forense, las muestras tomadas a familiares coincidian con 4 cuerpos que fueron encontrados sin vida.

El lunes 22 de junio, encuentran 10 cuerpos en fosas clandestinas en la colonia Olímpica del puerto de Acapulco.

El martes 23 de junio, apareció en medios impresos que empresas como Coca – Cola (cerró su embotelladora y ahora sólo funciona como almacén) y Volkswagen (distribuidora) cerraron sus puertas en Iguala, por el clima de violencia e inseguridad que se vive en esa ciudad. Asimismo, se sabe por una declaración del presidente de la Canaco local, que cerró también la automotriz SEAT (distribuidora).

El 24 de junio, aparece en la prensa que Miguel García Malpica, encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal, da a conocer que la mina de Campo Morado, municipio de Arcelia, suspende sus actividades, por la inseguridad.

El incremento de la violencia, afecta además de la integridad física de los ciudadanos, a la actividad económica local, como el caso de la planta distribuidora de Coca-Cola en el municipio de Arcelia, en la Tierra Caliente por mencionarlo como ejemplo, que dejó a más de 120 desempleados que tuvieron que ser finiquitados, anunciando que no abrirá más el depósito. La delincuencia les cobraba cerca de 10 millones de pesos de cuota por permitirles trabajar y que como una prueba de sus amenazas el 5 de agosto de 2014, fueron incendiados 4 camiones de esta empresa.

La presencia de fuerzas federales no ha logrado erradicar los problemas de inseguridad que se viven en diversas zonas de Guerrero, desde hace varios años. Los operativos han resultados poco exitosos y la ciudadanía sigue padeciendo los abusos del crimen organizado.

Otras empresas de menor tamaño también son afectadas, y comienzan a dejar las regiones donde se percibe mayor amenaza del crimen organizado, provocando que empleos se pierdan y afecten a numerosas familias en sus ingresos, además de que el comercio local se vea afectado.

Desde hace varios años, el cobro de piso es un fenómeno delincuencial que ha afectado la vida comercial, y muchos negocios locales se vieron obligados a cerrar. Esto ha ido escalando y ahora está afectando a corporativos de renombre internacional, quienes han decidido retirarse, provocando que se genere una imagen de desatención al problema de inseguridad y que de manera negativa se ventile a Guerrero, como un lugar inseguro para vivir y para invertir.

A nombre del Estado de Guerrero, estamos en la obligación de solicitar a través de la Comisión Permanente al Ejecutivo Federal, restablecer las condiciones de seguridad pública en el Estado de Guerrero, se requiere mejorar la coordinación de los tres niveles de gobierno, para reforzar las acciones que permitan reactivar la confianza en los ciudadanos y en las pequeñas, medianas y grandes empresas que sostienen la economía de Guerrero.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal reforzar las acciones de seguridad pública en el Estado de Guerrero, con el objeto de proteger la integridad física de la población y así como el fortalecimiento de las políticas públicas para reactivar la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas y generar condiciones de seguridad a la inversión privada del crimen organizado.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 30 de junio de 2015.

Suscribe

Armando Ríos Piter
Senador por el Estado de Guerrero.





 

Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a implementar las acciones necesarias para satisfacer la demanda de guarderías infantiles existente en el estado de Jalisco. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor dela siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La seguridad social comprende un conjunto de mecanismos de derecho público y supervisión estatal que la sociedad establece para proteger a sus integrantes, con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales derivados de la reducción o la pérdida de ingresos a causa de contingencias tales como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo.

En la actualidad, existe consenso internacional en torno a considerar a la seguridad social como un derecho humano inalienable, lo cual es resultado de casi un siglo de arduo trabajo de concientización por parte de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.

En este sentido, cabe señalar que el artículo 22 de la Carta Internacional de Derechos Humanos establece que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”

Los elementos más comúnmente identificados con la seguridad social son las prestaciones y la asistencia médica, sin embargo, esas son únicamente algunas de las formas en las que ésta impacta en la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias. En los hechos, la seguridad social también engloba los servicios sociales necesarios para alcanzar mayores niveles de bienestar tanto individual como colectivo, entre los cuales se encuentran las guarderías infantiles, las farmacias, los velatorios, así como los centros de capacitación, deportivos, culturales y vacacionales con los que cuentan las dos principales instituciones del país en la materia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En el caso de las guarderías infantiles, éstas se han convertido en un servicio social de vital importancia, especialmente en una sociedad como la de nuestros tiempos en que cada vez más mujeres se integran al mercado laboral, ya sea porque se ven en la necesidad de trabajar para aportar a la manutención del hogar, o bien, porque desean desarrollarse en el ámbito profesional.

Cabe apuntar que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México 42 por ciento de las mujeres que son madres de familia laboran fuera del hogar y 97 por ciento de ellas suman a sus actividades laborales el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos. Asimismo, se debe considerar que la proporción de hogares con jefatura femenina en nuestro país pasó de 17.4 por ciento en 1970 a 24.6 por ciento en 2010.

Los datos anteriores hacen patente la necesidad de contar con un sistema de guarderías y estancias infantiles en donde las mujeres trabajadoras puedan dejar a sus hijos pequeños mientras ellas se ganan el sustento del hogar. Lamentablemente, en ciertas regiones la demanda excede a la oferta. Este es el caso del estado de Jalisco en donde el IMSS cuenta con una capacidad instalada de 15 mil 736 espacios en 93 guarderías distribuidas en 17 municipios (88 de las cuales prestan el servicio de manera indirecta).

Hasta el 30 de abril de este año, había una inscripción de 91 por ciento en la totalidad de guarderías de la delegación Jalisco del IMSS, es decir, nueve de cada 10 espacios están ocupados y existen salas con lugares disponibles para atender a los niños, según explicó el titular de Prestaciones Médicas Económicas y Sociales, Arturo Rubio.

No obstante lo anterior, existe una lista de espera de al menos 2,370 pequeños, concentrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lugar en donde, a diferencia de otros municipios, los espacios en las guarderías del IMSS se encuentran saturados. [*]

El IMSS Jalisco tiene detectada la necesidad de guarderías nuevas en los municipios de Ocotlán, Puerto Vallarta y Tlajomulco de Zúñiga, por lo que para cubrir esa demanda buscará ingresar proyectos para el Programa de Expansión en 2016.

Además del Programa de Expansión, el IMSS actualmente concursa cuatro nuevas guarderías en la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin embargo, en virtud de que cada espacio puede albergar como máximo a 252 menores, se generarán únicamente 1,008 nuevos lugares, insuficientes para garantizar cabalmente el derecho de más de un millar de madres trabajadoras que no han tenido la fortuna de poder inscribir a sus hijos en las guarderías del IMSS y que se ven obligadas a buscar quien se haga cargo del cuidado de sus pequeños mientras ellas trabajan, o bien, pagar una guardería particular, lo cual implica un gasto aproximado de entre mil quinientos y dos mil pesos mensuales.

En el Partido Verde Ecologista de México consideramos prioritario que las instituciones de seguridad social del país satisfagan la necesidad de las madres trabajadoras derechohabientes de contar de manera gratuita con un lugar seguro para dejar a sus hijos, especialmente de aquéllas que son jefas de familia.

En virtud de lo aquí expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a implementar las acciones necesarias para satisfacer la demanda de guarderías infantiles existente en el estado de Jalisco.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 30 de junio del año 2015.

Suscribe

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino.

[*] Véase, “Hay lista de espera en guarderías del IMSS; abrirán cuatro más”, Periódico El Informador, domingo 28 de junio de 2015.





 

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su más enérgica condena y rechazo contra las declaraciones vertidas por Donald Trump durante las últimas semanas, con relación a los mexicanos migrantes. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA, Diputado Federal a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXPRESA SU MÁS ENÉRGICA CONDENA Y RECHAZO CONTRA LAS DECLARACIONES VERTIDAS POR DONALD TRUMP DURANTE LAS ÚLTIMAS SEMANAS, CON RELACIÓN A LOS MEXICANOS MIGRANTES, Y EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR, Y VALORANDO LOS ANTECEDENTES Y LAS POSIBLES IMPLICACIONES DEL CASO, CONSIDERE QUE EL EMPRESARIO DONALD TRUMP SEA DECLARADO POR EL GOBIERNO FEDERAL COMO PERSONA NON GRATA, al tenor de la siguientes:

CONSIDERACIONES

El 16 de junio pasado, al hacer pública su aspiración para contender por la candidatura del Partido Republicano a la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, el empresario estadounidense Donald Trump arremetió contra México y los migrantes latinoaméricanos que llegan a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.

En efecto, como se recordará, el empresario no solo lanzó duras, injustas y generalizadas críticas contra los migrantes, sino que además propuso levantar un gran muro fronterizo, con la promesa de que haría que México lo pagara.

De manera textual, entre otras acusaciones sin fundamento, Trump aseguró lo siguiente:

“México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a gente con un montón de problemas (…) Están trayendo drogas, el crimen, a los violadores. (…) México no es nuestro amigo.”

Desde luego, la reacción del gobierno federal fue inmediata y oportuna. El Secretario de Gobernación calificó esas afirmaciones como prejuiciosas y absurdas. Literalmente, el licenciado Osorio Chong expresó:

“Se ve que busca más generar una nota que un proyecto y que por supuesto no sabe o no conoce seguramente la aportación de todos los migrantes, de prácticamente todas las naciones del mundo, que han llegado a apoyar, respaldar el desarrollo de los Estados Unidos. Y particularmente de las y los mexicanos que realizan un esfuerzo cotidiano y que es reconocido por la propia comunidad estadounidense. ”

Del mismo modo, el canciller José Antonio Meade se pronunció sobre el particular, al reconocer que:

“Los otros posibles candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Jeb Bush y Hillary Clinton, tienen un diagnóstico mucho más cercano de la valía que tiene la migración para el país que la recibe. Sentimos y esperamos que esta contienda electoral en los Estados Unidos ponga al centro y con datos la valía del migrante, y no una contienda donde se refleje la ignorancia y los prejuicios. (…)

[El comentario de Donald Trump] refleja prejuicios que no se validan con la realidad, que no le hacen justicia al trabajo del migrante y refleja por otro lado una profunda ignorancia de la realidad de los mexicanos y de la contribución del migrante en esa sociedad”

Desde luego, las reacciones no se concentraron en la posición oficial del gobierno federal. La comunidad latinoamericana, dentro y fuera de los Estados Unidos, ha expresado su profundo rechazo e inconformidad con las opiniones vertidas por Donald Trump.

Incluso, el gobernador republicano de Texas, Rick Perry, al ser cuestionado sobre la posición de Trump, reconoció la necesidad de tener buenas relaciones con diferentes países y que México es el principal socio comercial de Texas.

Sin embargo, ante las diversas ventanas mediáticas que se abrieron al empresario Donald Trump para poder explicar su posición, sus críticas y sus ofensas contra  México y sus migrantes, éstas no cesaron.

En una entrevista para la CNN, difundida el pasado 28 de junio, Trump aseguró:

"Hay gente de todas partes que pasa la frontera. Y son malos. Muy malos.

No sólo hablo de los mexicanos, hablo de personas que vienen de todas partes, que son asesinos, violadores

México no nos ha tratado bien. México nos trata como si fuéramos estúpidos. Lo que, por supuesto, son nuestros líderes”.

Incluso, la cadena televisiva Univisión anunció la ruptura del contrato con la organización Trump, para transmitir los concursos Miss USA, Miss Teen USA y Miss Universo, debido a los comentarios racistas contra los migrantes mexicanos. Ante esta posición, Trump insistió: “No me voy a disculpar por lo que dije de México. No hay nada de que disculparse”.

Las desafortunadas declaraciones del empresario estadounidense Donald Trump durante las últimas semanas no son nuevas, el 24 de febrero de este mismo año ya había manifestado, a través de su cuenta en twitter, que “México es un mal lugar para invertir” y que nuestro país “está estafando a los Estados más que a cualquier otra nación”, invitando a sus seguidores en la red social a no hacer negocios en México.

Reconocemos que el estado mexicano ya ha asumido una posición al respecto y que tanto la Cancillería, como la Secretaría de Gobernación han sido contundentes sobre las declaraciones del aspirante a la presidencia de los Estados Unidos.

No obstante, ante la intransigencia mostrada por el empresario, es necesario que estas expresiones tengan la más amplia censura de la Nación que atacan, no solo por no corresponder con la realidad y no reconocer los aportes de la comunidad latinoamericana migrante, sino porque forman parte de la pretendida agenda política que, en el remoto caso de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, pudieran convertirse en la política de Estado, de la Nación con la que más intereses económico-comerciales, sociales y culturales tiene nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta H. Comisión Permanente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su más enérgica condena y rechazo contra las declaraciones vertidas por Donald Trump durante las últimas semanas, con relación a los mexicanos migrantes.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en materia de política exterior, y valorando los antecedentes y las posibles implicaciones del caso, considere que el empresario Donald Trump sea declarado por el Gobierno Federal como persona non grata.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente,
el 30 de junio de 2015.

Dip. Fed. Abel Octavio Salgado Peña.





 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías de justicia de las entidades federativas a implementar herramientas tecnológicas amigables especializadas que permitan la toma de declaraciones, práctica de dictámenes periciales e investigación de los delitos y atención de niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Primera Comisión.







 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar las acciones necesarias a fin de que en el Reglamento Orgánico de las delegaciones estatales y regionales del Instituto se integren requisitos de experiencia en servicios de seguridad social y protección civil y ordene la creación del perfil de puesto para delegados de la institución, así como a informar las razones y motivos que llevaron a la designación del ciudadano Javier Galván Guerrero como Delegado de ese Instituto en el estado de Jalisco. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO, Diputada Federal, a la LXll Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno  Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

CONSIDERACIONES

El día 19 de los corrientes se reportó en diversos medios de comunicación el violento homicidio de quien en vida respondía al nombre de Javier Galván Guerrero, un militante y ex Presidente Estatal en Jalisco del Partido Revolucionario Institucional además de ex Presidente Municipal de Autlán de Navarro en la mencionada entidad.

Javier Galván Guerrero era al morir el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Jalisco, no obstante, que en su perfil profesional y académico no hay referencia de experiencia en áreas de servicios de salud pública que pudieran avalar su designación en el cargo público otorgado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

A la luz de la falta de antecedentes profesionales y académicos del hoy finado y sólo con las referencias de sus cargos partidistas y de Gobierno Municipal, la designación dentro de la estructura del ISSSTE parece haber obedecido a posibles favores y conexiones entre las Delegaciones Estatales del Gobierno Federal y el Partido Revolucionario Institucional.

El hecho violento que arrancó la vida a Javier Galván Guerrero se está investigando por la Procuraduría General de la República y coadyuva en la tarea de investigación la Fiscalía del Estado, la cual el 22 de junio detuvo a 6 presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación por su presunta participación en el homicidio de Javier Galván Guerrero, quien al parecer en vida se encontraba vinculado en actividades ligadas a ese grupo delincuencial.

Las líneas de investigación que hoy se siguen en la PGR apuntan al involucramiento del finado ex servidor público federal con la delincuencia organizada en el Estado de Jalisco, hecho que no puede pasar de largo y obliga a la minuciosa explicación del hoy Director General del ISSSTE sobre las razones y motivos que llevaron a la determinación de ese Instituto para designar al occiso como Delegado en el Estado de Jalisco no obstante de carecer de cualquier experiencia en el ramo.

La normatividad interna del ISSSTE establece que una de las funciones destacadas de los Delegados es participar en los Consejos Directivos de los Hospitales Regionales, de las demarcaciones cubiertas por los servicios que a nivel regional brinda cada Delegación, por lo cual resulta indispensable que los Delegados cuenten con las habilidades profesionales y técnicas idóneas para ejercer sus funciones. En los hechos el perfil y los antecedentes laborales y académicos del hoy fallecido Delegado Estatal en Jalisco no cubrían la expectativa, lo que evidentemente no fue oportunamente revisado y atendido por quien estuvo al frente de ese Instituto que hoy encabeza el Licenciado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera. 

La designación del Delegado Estatal de Jalisco realizada por el entonces Director General del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias fue avalada a su arribo en el mes de mayo del año en curso por el por el actual Titular de ese Instituto  Licenciado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera como responsable de la designación de Delegados atentó contra el bienestar y la salud de los habitantes del Estado de Jalisco al encomendar indebidamente el planear, programar, organizar, dirigir, administrar y supervisar los programas institucionales, así como atender las solicitudes de trámites para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios que otorga el Instituto en forma desconcentrada y los que se presten en forma subrogada en la demarcación de su competencia a una persona que no cumplía con la experiencia indispensable.

A mayor abundamiento, al Titular de una delegación del ISSSTE le corresponde realizar las acciones tendentes a impulsar la integración y operación de los Consejos Desconcentrados de Protección Civil, así como de las Unidades Internas de Protección Civil en los Centros de Trabajo Delegacionales bajo su demarcación, en términos de la normatividad aplicable. Es importante resaltar que el Delegado es el Coordinador Ejecutivo del Consejo Desconcentrado de Protección Civil.

La normatividad aplicable para la designación de Delegados exige al Director General del ISSSTE observar requisitos en sus designaciones, según lo dispone el ACUERDO 68.1349.2015 relativo a la aprobación del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que se refieren, entre otros, los requisitos para ocupar el cargo de Delegado.

Artículo 13. Para ocupar el cargo de Delegado, se requiere:

Ser mexicano y estar en pleno goce de sus derechos;

Ser de reconocida honorabilidad, sin antecedentes penales, y no encontrarse inhabilitado por resolución administrativa;

Contar con experiencia administrativa en el sector público;

IV.    Establecer su residencia dentro del ámbito territorial de la Delegación Estatal o Regional para la que sea nombrado según corresponda, en cuyo caso basta residir en dicha entidad federativa; y

Contar cuando menos con estudios concluidos de nivel licenciatura o su equivalente.
Hoy queda claro que además de la impericia e inexperiencia del finado para atender áreas de salud y seguridad social para los trabajadores del estado, éste se encontraba además presuntamente involucrado en conductas antisociales al más alto nivel, y la pregunta que surge en esta soberanía es ¿a qué obedeció el nombramiento como Delegado Estatal de Jalisco?

¿A quién le debía el fallecido el cargo? ¿Qué motivaciones tuvieron quienes le llevaron de la Dirigencia Estatal del PRI en Jalisco a la Delegación Estatal del ISSSTE?

Los cuestionamientos tienen respuesta y esperaremos que el Director General como responsable de las designaciones de Delegados Estatales se sirva otorgarla. Hoy ya no caben en este país más casos de amigos en áreas de seguridad social o ¿ya se nos olvidó el incendio de la Guardería ABC que ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora?

En ese fatídico incendio como los sabemos fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, la edad de los niños fluctuaba entre cinco meses y cinco años y la Coordinación Nacional de Guarderías del IMSS estaba entonces a cargo de Carla Rochín Nieto, quien contaba como antecedente con una Licenciatura en Diseño Interior por la Universidad de Guanajuato pero era la primera responsable la supervisión de guarderías subrogadas a particulares.

¿Cómo llego Carla Rochín Nieto a la Coordinación Nacional de Guarderías del IMSS?  Por méritos profesionales y académicos era imposible. Tal vez la respuesta sea la amistad que le unía con el ex Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Hoy estamos ante escenarios idénticos al del 2009 al suponer la designación de cargos de alta sensibilidad social y responsabilidad a manos de representantes partidistas o a cambio de favores y sin observar que los designados cuenten con habilidades y experiencia académicas, técnicas y profesionales para ser titulares de áreas estratégicas para la seguridad social que la Administración Pública Federal está obligada a otorgar a sus trabajadores y beneficiarios.

Por lo anterior es menester que esta Comisión Permanente realice un posicionamiento institucional, para EXHORTAR en forma oportuna al DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS DELEGACIONES ESTATALES Y REGIONALES DEL INSTITUTO SE INTEGREN REQUISITOS DE EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECICÓN CIVIL Y ORDENE LA CREACIÓN DEL PERFIL DE PUESTO PARA DELEGADOS DE LA INSTITUCIÓN E INFORME DE MANERA PORMENORIZADA LAS RAZONES QUE EN SU OPORTUNIDAD SE ATENDIERON PARA LA DESIGNACION DEL C. JAVIER GALVAN GUERRERO COMO DELEGADO DEL ISSSTE EN EL ESTADO DE JALISCO.

Por lo anterior expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión EXHORTA AL  DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO PARA QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS DELEGACIONES ESTATALES Y REGIONALES DEL INSTITUTO SE INTEGREN REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y HABILIDADES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN CIVIL.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión EXHORTA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO PARA QUE ORDENE LA CREACIÓN DEL PERFIL DE PUESTO PARA DELEGADOS DE LA INSTITUCIÓN.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión EXHORTA  DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO PARA QUE INFORME SOBRE LAS RAZONES Y MOTIVOS QUE INFLUYERON EN LA DESIGNACION DEL C. JAVIER GALVAN GUERRERO COMO DELEGADO DE ESE INSTITUTO EN EL ESTADO DE JALISCO.

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al exhortado, informar a esta Soberanía, en un término no mayor a diez días hábiles lo actuado sobre lo especificado en los puntos PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO.

Recinto Legislativo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 30 de junio del año 2015.

Suscribe

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero.





 

Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Turismo a incluir vehículos turísticos extranjeros con capacidad menor a 30 pasajeros en la estrategia para el fortalecimiento del turismo en la franja fronteriza norte. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, DAVID PÉREZ TEJADA PADILLA, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguientes:

CONSIDERACIONES

El turismo internacional implica numerosas cuestiones: seguridad, economía, medio ambiente, infraestructura, entre otras, todas ellas enmarcadas dentro de un contexto global al cual México no es ajeno, dada su situación geográfica.

La Frontera Norte de nuestro país es un punto de desarrollo para el turismo tanto nacional como internacional, siendo Baja California un estado que ha crecido en importancia turística a nivel nacional, prueba de ello es la declaratoria del municipio de Tecate como pueblo mágico (donde inicia la famosa Ruta del Vino y del Queso), las fiestas de la vendimia, los nuevos hoteles con servicio de casinos, la gastronomía que integra a siete de las diez especies marinas más cotizadas del mundo y que alberga al segundo destino de cruceros de México, entre otros atractivos.

La cercanía con la economía más fuerte del mundo nos obliga a considerar acciones que, en concordancia con los tratados internacionales y el Plan de Desarrollo Nacional (PND) que reconoce al entorno internacional como uno de los ejes de acción que complementan y potencian el desarrollo interno, como se expresa en el documento en cuestión:

"La expansión de los intercambios comerciales y de las inversiones productivas, la promoción del turismo, la proyección de la cultura mexicana y sus valores, la cooperación educativa, científica y tecnológica son, por todo ello, tareas centrales para la promoción del desarrollo interno".

Si bien en el PND se especifica que es de interés de las áreas que integran a la Administración Pública Federal, las instancias estatales y municipales les incumbe de manera importante, dado que su gestión está más cercana a las necesidades de los habitantes de cada demarcación.

Es el caso de Baja California, en donde integrantes de grupos empresariales del sector turismo se han pronunciado por la modificación en la reglamentación que impide el ingreso y circulación de vehículos automotores de procedencia extranjera con fines turísticos, y que pudieran ingresar por cualquiera de los cruces internacionales a lo largo de la Franja Fronteriza Norte De México.

Como ejemplo del caso, se expone que antes de 1993, no existían restricciones para la internación de autobuses turísticos al Estado de Baja California, mismo que funge como mercado turístico natural para los residentes del sur de California, Estados Unidos, dada la cercanía entre ambos estados limítrofes, tal como lo registra la Secretaría de Turismo de Baja California, la cual considera que esta entidad recibe la mayor afluencia de turistas provenientes de Estados Unidos, principalmente de California.

Hasta la entrada en vigor de la restricción para autobuses turísticos con capacidad menor a treinta pasajeros, los servicios de empresas de transporte turístico organizaban visitas cuyo destino eran los distintos municipios de Baja California, teniendo un estimado de 1 millón de turistas anuales, quienes gastan en promedio cien dólares por día, considerando únicamente a los visitantes que se transportaban por la vía terrestre.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, se efectuaron modificaciones en el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares (RAFSA), en donde en su artículo 37 se señala:

"El servicio de autotransporte de turismo internacional tiene por objeto el transporte en caminos de jurisdicción federal, de pasajeros con fines recreativos, culturales, de esparcimiento, hacia centros o zonas de interés turístico y de negocios en autobús de matrícula extranjera.

Este artículo se vincula con la definición "autobús" de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, la cual indica: 

"4.- Definiciones […] 

Autobús.- Vehículo automotor de seis o más llantas, de estructura integral o convencional con capacidad de más de 30 personas".

Ante esto, se entiende que la prestación del servicio de autotransporte de turismo internacional se permite únicamente en vehículos de matrícula extranjera y con capacidad mayor a treinta personas, dejando fuera un mercado potencial aproximado de 40 mil unidades de transporte turístico existentes en el Estado de California.

La oportunidad para lograr que Baja California y el resto de los estados fronterizos se conviertan en un destino turístico competitivo, se presenta con grandes posibilidades de crecimiento, pues antes de las modificaciones de 1993, 71 empresas norteamericanas de transporte turístico realizaban tours de manera periódica, situación que se modificó con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en 1994, reduciéndose el número de dichas empresas a tan sólo  5, que en la actualidad prestan el servicio en dos autobuses, al mismo tiempo que anuló el turismo internacional en el corredor de Rosarito y Ensenada.

Como se mencionó anteriormente, es importante realizar esfuerzos para que el crecimiento al interior utilizando estrategias que nos permitan beneficiarnos del entorno internacional, sobre todo en las áreas limítrofes, tal como se hizo con el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza, o en un contexto más amplio, el Acuerdo por el que se establecen modalidades en la prestación del servicio de autotransporte federal de pasajeros y turismo, así como para la operación del transporte privado de personas, para los efectos del ingreso y fecha límite de operación de unidades vehiculares en dichos servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2015, y en el cual se establecen modificaciones para acoplar el RAFSA en la modalidad de transportación terrestre. 

El acuerdo en cuestión considera:

"Que ante la existencia de vehículos equipados con nuevas tecnologías que garantizan mayor seguridad, menor emisión de contaminantes al medio ambiente y características de fácil accesibilidad para el usuario, resulta indispensable regular los vehículos integrales ligeros tipo van, con capacidad de 10 y hasta 23 personas, así como los vehículos integrales con capacidad de hasta 7 personas, para la prestación de los servicios de autotransporte federal de pasajeros y de turismo que en la actualidad no se encuentran considerados por la normatividad de la materia en alguna modalidad en específico.

En el mismo documento, se definen los siguientes tipos de vehículo a partir de sus características y del número de pasajeros que pueden transportar:

“1. Autobús convencional: Vehículo automotor de seis o más llantas, conformado por un chasis que incluye el tren motriz, suspensión, sistema de frenos neumáticos, equipo y accesorios para su operación, al cual se le ensambla una carrocería, con capacidad de más de 30 personas;

2. Autobús integral: Vehículo automotor, de estructura integral que incluye el tren    motriz, suspensión, sistema de frenos neumáticos, carrocería, así como equipo y accesorios para su operación, de seis o más llantas, con capacidad de más de 30 personas;

3. Limusina: Vehículo automotor de estructura integral o convencional, modificado en su carrocería original para incrementar su capacidad de pasajeros, equipadas con cinturón de seguridad para todas las plazas, triángulos de seguridad, extintor, aire acondicionado, sistema desempañante de parabrisas y calefacción;

4. Vagoneta: Vehículo automotor de cuatro llantas, de cuatro o cinco puertas, con tracción en el eje trasero y/o delantero, y capacidad mínima de 8 y máxima de 15 personas;

5. Vagoneta de lujo: Vehículo automotor de cuatro llantas, de cuatro o cinco puertas, con tracción en el eje trasero y/o delantero, y capacidad mínima de 8 y máxima de 15 personas, equipada con cinturón de seguridad para todas las plazas, triángulos de seguridad, extintor, aire acondicionado y sistema de sonido;

6. Vagoneta integral tipo van: Vehículo automotor, de estructura integral que incluye el tren motriz, suspensión, sistema de frenos, carrocería, así como equipo y accesorios para su operación, de dos ejes y cuatro llantas, de cuatro o cinco puertas (dos puertas abatibles y una o dos puertas corredizas, además de otra posterior para el compartimiento de la carga), con tracción en el eje trasero o delantero y capacidad mínima de 10 y máxima de 23 personas;

7. Vehículo integral: Vehículo automotor de estructura integral que incluye el tren motriz, suspensión, sistema de frenos, carrocería, así como equipo y accesorios para su operación, con capacidad de hasta 7 personas, de cuatro puertas, equipado con cinturón de seguridad para todas las plazas, triángulos de seguridad, extintor, aire acondicionado, sistema desempañante de parabrisas, calefacción y sistema de sonido".

Complementado lo anterior, en los puntos Segundo y Tercero del acuerdo en comento, se establece la modalidad de transporte privado de personas que podrá prestarse con vehículos integrales ligeros tipo van, con capacidad de 10 y hasta 23 personas. Si bien reconocemos que se trata de un avance importante para el fortalecimiento del turismo nacional, también es cierto que es necesaria una revisión al marco jurídico que incluya elementos aportados por una visión internacionalista que permita el crecimiento de la economía fronteriza.

Dentro del acuerdo se expresa que las disposiciones plasmadas en el mismo, son de carácter transitorio, en tanto entran en vigor las modificaciones al Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios auxiliares, por lo cual entendemos que la normatividad se encuentra en revisión y que podría integrarse con elementos que incluyan a vehículos internacionales.

Cabe señalar que existen antecedentes sobre la petición para modificar las reglas del RAFSA, como por ejemplo la solicitud del Presidente del Comité Técnico Estatal de los CCE de Baja California, dirigida Director General de Autotransporte Federal, con fecha 11 de enero de 2011, en la cual se pide la implementación del Plan Piloto para unidades con capacidad menor a 30 pasajeros, mismo que permitiría facilidades de internación y desplazamiento para este tipo de vehículos únicamente en el Estado de Baja California, siempre y cuando cumplan con la reglamentación requerida por las autoridades mexicanas, gestión a la que se dio trámite pero que no generó respuesta positiva para su implementación.

La necesidad de generar estrategias que permitan el fortalecimiento de las economías locales en las entidades federativas apoyan el crecimiento de los empleos formales. En Baja California, estado que me honro representar, sabemos que el turismo binacional representa una oportunidad de suma importancia que no se debe desaprovechar, cuantimás por la cercanía fronteriza de los municipios bajacalifornianos con la mayor potencia económica del mundo, pues de facilitarse la entrada de autobuses turísticos en los términos antes mencionados, se recuperaría o incrementaría la afluencia que se presentaba hasta 1993, significando con ello generar una derrama superior a los $135 millones de dólares anuales, en base al gasto promedio de $100 dólares por visitante.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes para que sea modificado el Acuerdo por el que se establecen modalidades en la prestación del servicio de autotransporte federal de pasajeros y turismo, así como para la operación del transporte privado de personas, para los efectos del ingreso y fecha límite de operación de unidades vehiculares en dichos servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2015, o en su defecto se emita un nuevo acuerdo para que se generen las condiciones de fomento al turismo internacional de la Franja Fronteriza Norte, permitiendo el ingreso y desplazamiento de vehículos turísticos con capacidad menor a 30 pasajeros, con base en los ordenamientos dictados por las autoridades competentes; 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo a fin de que se coordine con sus homólogas estatales de la Franja Fronteriza Norte de México, a fin de que se integre un análisis conducente a fortalecer el turismo internacional por medio de estrategias que incluyan el ingreso de vehículos con placas extranjeras con capacidad menor a treinta pasajeros, y cuyas actividades sean exclusivas del sector turismo.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 30 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. David Pérez Tejada Padilla.





 

Del Diputado Samuel Gurrión Matías, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a realizar los trámites conducentes para que los restos de Don Porfirio Díaz sean repatriados a su natal Oaxaca. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, SAMUEL GURRIÓN MATÍAS, Diputado Federal de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Escasas figuras en la historia de México, e incluso en la de América Latina, son tan conocidas y recordadas como Porfirio Díaz. Hasta muy recientemente, pocas han sido más incomprendidas o difamadas. La explicación básica para tantas distorsiones se revela al investigar los vigorosos mitos que se han creado en torno a su figura. Todos los mitos, creados durante y después de la vida de Don Porfirio, tuvieron un origen y un claro fin político.

Por lo tanto, para empezar a acercarse con imparcialidad a la vida de un personaje tan importante, que como diría el crítico francés Roland Barthes, lo han despojado de su calidad histórica, es necesario destacar alguno de sus logros:

Creó la red ferroviaria más importante y extensa del país.

Castigó con firmeza a los asaltantes de caminos, asesinos y criminales en general. De esta manera, al reducirse el número de asaltos y robos, la economía se iba acrecentando.

Impulsó el comercio exterior, a fin de fortificar la economía, con la creación de nuevas leyes, tales como el Código de Comercio.

Negoció la suspensión de la deuda externa con Estados Unidos, Francia e Inglaterra.

Mejoró la calidad educativa, con la creación de más y mejores centros de enseñanza.

Promovió la conversión del carbón a la electricidad.

En la cultura, se edificó el palacio de Bellas Artes.

Se edificó el Palacio de Correos, la Rotonda de Hombres Ilustres y se fundó la Universidad Nacional Autónoma de México.

La minería también se benefició, pues se empezaron a explotar minas en Cananea y Sonora para el cobre; y San Luis Potosí, Monterrey y Zacatecas para la plata y oro.

Más de 36 mil días han pasado desde que Don Porfirio Díaz murió en el exilio y sus restos no han podido regresar al País. Es necesario dividir la historia escrita que fue entre liberales y conservadores, y de ello se desprenden los héroes y villanos, derivado es que a Don Porfirio Díaz, algunos lo han tenido en la sombra, en el odio y  prevalece en ellos un pasado de tirano represor.

La realidad en números, estadísticas y narraciones escritas, muestra que Don Porfirio Díaz fue un hombre reformador que puso a México en el plano internacional.

Don Porfirio Díaz dio estabilidad política, económica y social al país.

A la fecha es el hombre más condecorado de México.

Prudente fue en todo momento, incluso en su carta de renuncia, enviada  a la Cámara de Diputados.

“A los CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.

Presente.

El Pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de Intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la República, ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo, es causa de su insurrección.

No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social; pero permitiendo, sin conceder, que pueda ser culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad.

En tal concepto, respetando, como siempre he respetado la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal vengo ante la Suprema Representación de la Nación a dimitir sin reserva el encargo de Presidente Constitucional de la República, con que me honró el pueblo nacional; y lo hago con tanta más razón, cuanto que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la Nación, derrochando sus riquezas, segando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales.

Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional, un juicio correcto que me permita morir, llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas. Con todo respeto.

México, Mayo 25 de 1911.

Porfirio Díaz”.

Es una deuda histórica que sus restos, que actualmente se encuentran en el cementerio de Montparnasse en París, regresen  a su natal Oaxaca, a su México querido.

Es importante destacar que a 100 años de su muerte, debemos impulsar el debate sobre la figura de Díaz y su impacto en la vida nacional; el debate es ineludible y se debe promover, pero lo que no se debe postergar, es que los restos de un personaje que forma parte de la historia nacional, sean repatriados a su tierra de origen.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal  a que realice los trámites conducentes para que los restos de don Porfirio Díaz, sean repatriados a su natal Oaxaca.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de junio de 2015.

Atentamente

Dip. Samuel Gurrión Matías.





 

De la Senador Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente los atentados fundamentalistas ocurridos en Estados Unidos, Francia, Kuwait y Túnez. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE CONDENA ENÉRGICAMENTE LOS ATENTADOS FUNDAMENTALISTAS OCURRIDOS EN ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, KUWAIT Y TÚNEZ, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado viernes 26 de junio se dio una ola de ataques terroristas que sacudieron a tres países de manera casi simultánea: Francia, Kuwait, Túnez. El saldo mortal de los atentados alcanza decenas de personas y heridos, [*] además de desatar pánico y confusión entre los testigos que presenciaron los terribles hechos.

En la playa de Susa, en Túnez, el ataque perpetrado por el estudiante de Ingeniería Eléctrica, Saif Rezgui, de 23 años, dejó un saldo de 38 muertos y decenas de heridos. El atacante abrió fuego contra las personas que se encontraban en la playa frente al hotel Imperial Marhaba en la ciudad de Susa, cobrando las vidas de turistas alemanes y británicos en su mayoría. [*] Es de destacar que Túnez que se ha convertido en el país con más guerrilleros extranjeros (3.000) en las filas del Estado Islámico (EI), [*] lo cual ha polarizado a la sociedad tunecina, dado que mientras unos pugnan por los ideales perversos del EI, otros pugnan por el establecimiento de una verdadera democracia que inició con los levantamientos de la denominada “primavera árabe” en 2011.

Otro de los ataques terroristas se dio en una mezquita chiita en la capital de Kuwait. El terrorista suicida se inmoló en la mezquita chiita durante las oraciones del viernes ocasionando la muerte de al menos 25 personas y dejando aproximadamente 202 heridos en la explosión en el centro religioso. [*]

Cerca de 2.000 fieles se encontraban congregados este segundo viernes de Ramadán en la mezquita del Imam Sadeq, en el centro de Kuwait [*], cuando el asesino, un ciudadano saudí identificado como Fahad Suleiman Abdulmohsen Al Gabaa, hizo detonar su artefacto explosivo en medio de la mezquita. En esta misma línea, el pasado lunes el EI publicó una grabación en las redes sociales que utiliza para reclutar fundamentalistas, donde el atacante critica a los musulmanes chiítas y dice que deben esperar venganza por sus insultos al Islam, según la cadena árabe Al Arabiya, [*] lo que se traduce como la reivindicación de ese grupo terrorista de los hechos.

Por su parte, en el caso de Francia, un coche embistió contra las vallas de un complejo industrial de productos químicos en la ciudad de Saint-Quentin-Fallavier (en el sureste de Francia) estrellándose contra los tanques de gas almacenados. El choque provocó una fuerte explosión que ocasionó dos heridos. Aunado a eso, el atacante colgó en las rejas de la fábrica una cabeza humana cubierta con inscripciones en árabe. [*]

Yassin Salhi, de 35 años, confesó el domingo que había decapitado a su jefe, Hervé Cornara, de 54 años, y que había colgado su cabeza en la valla de la planta de gas contra la que supuestamente atentó poco después. A pesar de que el atacante negó tener motivos religiosos, su hermana y su madre dijeron que el sospechoso había viajado a Siria en 2009, antes de que estallara el conflicto y el grupo Estado Islámico se implantara en el país, pero la policía no tiene evidencias de ello. [*]

Así como se dieron estos ataques fundamentalistas que se pueden presuponer que se dieron siguiendo ideologías religiosas, sumamos el ataque racista sucedido el pasado 18 de junio en el que al menos nueve personas murieron en un tiroteo ocurrido en la iglesia Africana Metodista Episcopal (AME) Emanuel, en la ciudad de Charleston en Carolina del Sur, EUA, históricamente utilizada por la comunidad negra de la ciudad.

Entre las víctimas mortales se encuentra el Senador demócrata estatal, Clementa Pickney, quien también era el reverendo de la Iglesia. Pinckney, de 41 años fue elegido en 1996 miembro de la Cámara de Representantes regional y desde 2000 entró en el Senado, cuando tenía sólo 27 años. En aquel momento fue el afroamericano más joven en ser elegido para la legislatura en Carolina del Sur. [*]

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, condenó enérgicamente el tiroteo, calificado como un crimen de odio y en un comunicado, extendió sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad a los sobrevivientes. [*]

En un comunicado de prensa, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó de forma enérgica los atentados perpetrados en Francia, Kuwait y Túnez, en los que fallecieron y resultaron lesionadas decenas de personas y reiteró su rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Asimismo, externó sus condolencias y solidaridad al pueblo y Gobierno de la República Francesa, del Estado de Kuwait, y la República de Túnez, así como a los familiares de las víctimas. [*]

En plena concordancia con lo declarado por el Gobierno Federal a través de la Cancillería y ante los riesgos que hoy en día el terrorismo plantea a la seguridad nacional e internacional, la Comisión Permanente debe condenar total y tajantemente cualquier acto de terrorismo internacional y a su vez hacer un llamado a la defensa y preservación de los derechos humanos en el enfrentamiento contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo, así como de todas las expresiones religiosas sin distingo de sus diferentes tipos de manifestaciones.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía se apruebe el presente como de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente condena enérgicamente cualquier tipo de atentado fundamentalista cometido contra personal civil, sea cual sea su fin o motivo político o religioso, al tiempo de que expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas de los atentados ocurridos en Estados Unidos el 18 de junio y en Túnez, Francia y Kuwait el pasado 26 de junio.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de junio de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

[*] “Viernes sangriento: ataques terroristas en Túnez, Kuwait y Francia dejan decenas de muertos.” RT Noticias. 26 de junio de 2015. Disponible en: http://actualidad.rt.com/actualidad/178631-francia-kuwait-tunez-ataques-terroristas

[*] “Al menos 37 muertos en un atentado en un hotel español en Túnez.” EL PAÍS INTERNACIONAL. 26 de junio de 2015. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/26/actualidad/1435319767_291028.html

[*] Peregil, Francisco,“Me dijo: ‘vete a casa, solo he venido a matar turistas”, El País, disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/27/actualidad/1435392217_730014.html

[*] “25 muertos en un atentado del EI contra una mezquita chií en Kuwait.” EL PAÍS INTERNACIONAL. 26 de junio de 2015. Disponible en:  http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/26/actualidad/1435322787_620299.html

[*] Espinosa, Ángeles, 27 muertos en un atentado del EI contra una mezquita chií en Kuwait, El País, disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/26/actualidad/1435322787_620299.html

[*] Estado Islámico publica audio sobre autor de atentado en Kuwait, El Economista, disponible en: http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/06/29/estado-islamico-publica-audio-sobre-autor-atentado-kuwait

[*] “Un islamista ataca una empresa de gas en Lyon tras decapitar a su jefe.” EL PAÍS INTERNACIONAL. 26 de junio de 2015. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/26/actualidad/1435310571_638571.html

[*] Sospechoso de ataque en Francia niega motivos religiosos, El Economista, disponible en: http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/06/29/sospechoso-ataque-francia-niega-motivos-religiosos

[*] “Al menos nueve muertos en un ataque racista en una iglesia en Carolina del Sur.” EL MUNDO. 18 de junio de 2015. Disponible en: http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/18/558245ddca4741ea7b8b456c.html

[*] “ONU condena ataque en iglesia metodista en Estados Unidos.” Centro de Noticias ONU. 18 de junio de 2015. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=32636#.VY2q-xN_Oko

[*] “México condena los atentados terroristas en Francia, Kuwait y Túnez.” Comunicados SRE. 26 de junio de 2015. Disponible en: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6349-354





 

De la Diputada Gabriela Medrano Galindo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de reforestación y concientización respecto a la importancia de la preservación de los árboles en beneficio del medio ambiente y la salud humana. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, GABRIELA MEDRANO GALINDO Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante las últimas décadas en nuestro país se ha experimentado una transformación drástica del paisaje, afectando considerablemente a los sistemas ambientales de nuestras ciudades.

Al año, al menos en la Ciudad de México, se pierden entre cinco y seis mil árboles, en su mayoría por tala clandestina y podas irregulares, denunció la Asociación Vida Verde.

El acelerado crecimiento de las ciudades, no sólo se debe a un proceso biológico reproductivo de la población, sino en gran parte por la migración, tanto del entorno rural, como por los ciudadanos de otros países o regiones; la búsqueda de estabilidad laboral, seguridad alimentaria, educación o simplemente mejores condiciones de vida, son la razones para que una población con fuertes arraigos a los entornos naturales emigran a las ciudades.

A pesar de los esfuerzos que se han implementado para lograr el equilibrio entre las variables de población, recursos económicos y medio ambiente, el aumento de la población en las ciudades ha impactado de manera negativa en la conservación de los recursos naturales, siendo en el caso específico que nos ocupa, los árboles.

La importancia que tienen los árboles en los distintos ecosistemas radica en que justamente son los capaces de liberar Oxígeno hacia el entorno donde se ubican, siendo éste necesario para la respiración de otros seres vivos, mientras que por otro lado como hemos mencionado, eliminan de la atmósfera o reducen la concentración del tóxico volátil que es el Dióxido de Carbono.

De ahí que la preservación de las áreas verdes en las ciudades se convierta en una preocupación de carácter institucional, pues ninguna actividad que atente contra la conservación y preservación de los recursos naturales podrá resultar en beneficio de la sociedad, la creación de zonas verdes y la presencia de áreas ajardinadas en las ciudades aumentan la sensación de seguridad en los habitantes, disminuyendo las tasas de criminalidad y reduciéndose las expresiones de violencia, lo anterior, respaldado en el trabajo de Jane Jacobs (1961), quien introduce la idea de “ojos en la calle” para explicar cómo la presencia de personas en los espacios públicos destinados al esparcimiento ayuda a controlar el crimen y aumentar la seguridad ciudadana.

Sin duda la experiencia en la naturaleza, la contemplación de paisajes y entornos naturales produce todo un conjunto de beneficios y bienestar a los usuarios de estos espacios, pues más allá de las consideraciones estéticas, la naturaleza urbana empieza a ser percibida como un elemento integrador entre las valoraciones económicas, ambientales y sociales, así como un elemento de identidad y referencia.

Atendiendo a la alarmante y creciente tasa de deforestación que se enfrenta a nivel mundial, desde 1840 se instituyó la conmemoración anual del Día Mundial del Árbol, lo anterior, como muestra de la toma de conciencia ante la importancia que tienen los recursos forestales, además de un compromiso por el cuidado de los árboles.

Es por ello que pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que se implementen campañas permanentes de reforestación y concientización respecto la importancia de la preservación de los árboles en beneficio del medio ambiente y principalmente, de la salud humana.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 30 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Gabriela Medrano Galindo.





 

De la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre las medidas que se estén implementado con motivo de los efectos negativos     para México por la sequía en Estados Unidos de América. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, Senadora MARIA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8, numeral 1, fracciones II y X, 95, numeral 1, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del Pleno, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA , PARA QUE INFORMEN A LOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE SOBRE LAS MEDIDAS QUE SE ESTÉN IMPLEMENTADO CON MOTIVO DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PARA MÉXICO POR LA SEQUÍA EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La importancia del agua para la vida humana, se manifiesta en todas sus actividades, es necesaria para el crecimiento de todos los seres vivos, así como un insumo básico para las actividades agropecuarias; a través de la historia, es el origen de todas las grandes civilizaciones.

El responsable de Recursos Hídricos de la Organización de la ONU para la    Alimentación y la Agricultura (FAO), Mohamed Bazza [*] ha hecho un llamado para reconocer que la sequía en California en los Estados Unidos tiene en la actualidad, efectos negativos.

Bazza apuntó que “a diferencia de la actitud tradicional de los gobiernos, que esperaban a que la sequía alcanzase su pico para ayudar a la población afectada, es recomendable un modelo "proactivo" que prepare a todos los sectores y niveles de la sociedad ante los posibles daños. Es como prepararse para la guerra en tiempos de paz". Se trata de evitar daños como la caída de la producción de alimentos,  la muerte de animales o menores ingresos para los agricultores.

Los agricultores dependen del agua, pero si ésta no llega, los cultivos sufren de estrés. Se han dado alertas de los estragos que se han producido en el Río Colorado por el bajo índice de precipitaciones pluviales en las partes altas del Estado de Colorado.

Diversos analistas, señalan que esta situación provocada por el cambio climático ha puesto en alerta a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), por la parte mexicana y el International Boundary and Water Commission, por los Estados Unidos, para tomar las medidas necesarias en caso de que se requiera disminuir las extracciones de agua. [*]

Actualmente, California ha ordenado los recortes de agua más grandes registrados por los agricultores, y aunque el estado ya tiene experiencia en estas restricciones, la medida actual es la más drástica que se haya tomado hasta ahora. En México no se ha advertido, sin embargo, que esta sequía también afecta la Península de Baja California, que dejará de recibir este 2015 “tres mil millones de metros cúbicos anuales”, [*]según alertó Ramón Ojeda, Secretario de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental.

Es de vital importancia comenzar a tomar medidas para que la producción agrícola no se vea afectada, tratar de reducir los riesgos, tomar acciones decididas y prontas para atender el problema de la escasez de agua y evitar que en un futuro tengamos un mayor rezago en el campo mexicano.

Los efectos negativos de la sequía en California prevén una disminución de los volúmenes de agua que se envían a México por el Río Colorado, que aunque todavía son manejables, no se pueden ignorar los pronósticos que el Centro Espacial Goodard de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha hecho respecto a las proyecciones que ha realizado por la “megasequía en Estados Unidos”, que aunque reconocen que los modelos elaborados llegan solo a la frontera estadunidense, sin incluir a México, éstos proyectan escenarios difíciles para nuestro país. [*]

La FAO ha estado alertando a los países sobre los efectos del cambio climático, y entre los más graves están las sequías que se producen por éste y los daños que con ello se acarrea a las actividades humanas, y especialmente al campo. Los legisladores debemos conocer las medidas y programas estratégicos que las autoridades mexicanas están implementando para cambiar el paradigma tradicional de esperar hasta que sea una emergencia; ya que los programas para el cuidado del agua, recurso vital, deberán proyectarse para 20, 30 e incluso 40 años, que son los pronósticos que los expertos precisan para evitar una megasequía.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita a esta Soberanía se considere la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se nos informe sobre las medidas que se estén implementado con motivo de los efectos negativos para México por la sequía en California, Estados Unidos de América.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta  respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, para que se nos informe sobre las medidas que se estén implementado con motivo de los efectos negativos para México por la sequía en California, Estados Unidos de América.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de junio de 2015.

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.

[*] http://www.pressreader.com/guatemala/prensa-libre/20150618/282127815111776/TextView (24-06-15)

[*] http://www.agua.unam.mx/noticias/2015/internacionales/not_inter_junio14_2.html (24-06-15)

[*] http://radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=491446&idFC=2015 (24-06-15)

[*] http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/03/1016930 (24-06-15)





 

De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro y Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instalar una mesa de diálogo y negociación de alto nivel, a fin de resolver el conflicto agrario entre San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan en el estado de Guerrero, para evitar que se incrementen la violencia y más pérdidas humanas. Se turna a la Tercera Comisión.

Los que suscriben, CARLOS DE JESÚS ALEJANDRO y MIGUEL ALONSO RAYA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde el año de 1987 las comunidades de San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan, Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, presentan un conflicto agrario por la posesión que de manera ilegal tiene la comunidad de San Miguel Tecuiciapan, por 3 mil 130 hectáreas de tierras, que San Agustín Oapan reclama como suyas y para su anexo Analco, del municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero. Tierras que San Miguel Tecuiciapan, se niega a entregar pues los representantes comunales aseguran que cuentan con una resolución que les entregó el presidente Gustavo Díaz Ordaz, mediante la cual les entregó esas tierras que se encuentran entre los dos núcleos agrarios.

Por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1987, y en el periódico Oficial del Gobierno del Estado el 25 de julio de 1995, se inició procedimiento de conflicto por límites de tierra entre estas dos comunidades.

A partir de entonces las autoridades agrarias instruyeron realizar las respectivas notificaciones a los poblados en conflicto, para el efecto de que eligieran a sus representantes y presentar los títulos en que fundaran sus derechos y peticiones,  el 17 de junio de 1996, la Representación de la Secretaría de la Reforma Agraria, remitió el expediente al Tribunal Unitario Agrario (TUA 12) con sede en Chilpancingo, Guerrero, para efecto de que se emitiera la resolución correspondiente.

Los trabajos técnicos informativos reportan una superficie de 3 mil 197. 73-70 hectáreas, de las cuales 67. 73-70 están en posesión de San Miguel Tecuiciapan y el resto de  3 mil 130 hectáreas son poseídas por comuneros del poblado de San Agustín Oapan, y parte de esa superficie en conflicto la poseen comuneros de Analco, anexo a San Agustín Oapan.

El 26 de noviembre de 1997, el TUA 12 dictó sentencia definitiva en el expediente agrario número 364/96, en la cual determina que las 3 mil 197-73-70 hectáreas corresponden a San Agustín Oapan. Sin embargo, no se ejecutó dicha resolución por oposición de la comunidad de San Miguel Tecuiciapan.

Posteriormente y al existir inconformidad de esta comunidad, el expediente fue turnado al TUA 51 con residencia en la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, mismo que se radicó bajo el número11/2011, para que se revisara el caso y diera cumplimiento a la sentencia que establece entre otras cosas: “ que se reconoce y titula en la vía de conflicto por límites a la comunidad de San Agustín Oapan una superficie de 3 mil 130 hectáreas, misma que se agregará a la reconocida y titulada en resolución presidencial del 27 de agosto de 1985, el Tribunal Agrario de Iguala, dictó  una nueva resolución, en  el expediente 11/2011, en el que resuelve entregar el 26 de febrero de 2014 sólo 2 mil 717. 93-85 hectáreas del total de las 3 mil 130 hectáreas a San Agustín Oapan, ya que esas hectáreas resultaron de los trabajos técnicos topográficos que realizó dicho Tribunal, emitiéndose en consecuencia un acuerdo con fecha  29 de abril del 2014, en el que se especifica que ambas comunidades respetarían sus limitaciones y en consecuencia la sentencia emitida, por lo que el Tribunal realizó un caminamiento para delimitar las tierras, ubicar mohoneras y entregar en consecuencia la tierra a San Agustín Oapan.

En ese sentido el día 14 de marzo de 2015, los comuneros de San Miguel Tecuiciapan, se dirigieron a supervisar los trabajos que realizó en actuario del TUA 51, y en consecuencia a ubicar las mojoneras que dividen a los dos núcleos agrarios, cuando ocurrió un ataque entre habitantes de San Miguel Tecuiciapan y  de Analco, en el que resultó una persona privada de la vida de la comunidad de Analco, dos heridos uno de cada pueblo, y al menos 12 personas retenidas de San Miguel Tecuiciapan, privados de su libertad permaneciendo retenidas en la cárcel preventiva de la comunidad de Analco, hasta el día 24 de marzo del año en curso, fecha en que fueron remitidos los retenidos de San Miguel Tecuiciapan, a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Guerrero, con residencia en Tixtla, con el fin de que declaran en torno a los hecho violentos el día 14 de marzo, posteriormente se les dejó en libertad y entregados a sus familiares.

Desde la fecha de la retención el gobierno del Estado nombró una comisión de seguimiento al problema y con fecha 14 de abril del año actual, la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios encabezó una reunión de trabajo con representantes de la Mesa Permanente de Negociación para la atención del problema agrario de los núcleos de San Miguel Tecuicipan y Analco, anexo de San Agustín Oapan, municipio de Tepecoacuilco, con la finalidad de dar seguimiento y encontrar una solución por la vía del diálogo y la concertación, por lo que los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de los referidos núcleos manifestaron sus planteamientos y opiniones llegando  al acuerdo de solicitar al Tribunal Unitario Agrario Distrito 12 con sede en Chilpancingo, la designación de un perito en materia topográfica y uno más al Registro Agrario Nacional, con la finalidad de que se sumaran al caminamiento para ubicar los puntos, límites y colindancias reales en base a la sentencia emitida el 26 de noviembre de 1997 por el Tribunal Unitario, iniciándose el caminamiento del 21 al 24 de abril, teniendo como punto de reunión El Mirador, a las ocho de la mañana. El caminamiento se suspendió y en consecuencia el diálogo que tenía como objetivo afinar detalles para la delimitación de tierras, se rompió cancelando todas las actividades que se tenían programadas, porque según los pobladores de San Miguel Tecuiciapan, se dieron cuenta que los ciudadanos de San Agustín Opapan, acudieron a marcar el territorio con mohoneras en la zona limítrofe de acuerdo a su conveniencia, sin respetar la resolución del Tribunal, por lo que se rompió todo acuerdo y los trabajos de caminamiento, responsabilizando a las autoridades municipales, estatales y federales de que el conflicto pueda reavivarse ya que acusan que el gobierno parece tener acuerdos con San Agustín para que les quiten las más de 3 mil hectáreas de tierra que San Miguel Tecuiciapan posee.

Ante el latente riesgo de que se reactive la violencia en la región, derivada del conflicto agrario antes citado, es de suma importancia que los distintos niveles de gobierno se involucren y se busque una salida pacífica y a través de un diálogo incluyente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ESTADO DE GUERRERO, INSTALE UNA MESA DE DIALOGO Y NEGOCIACIÒN DE ALTO NIVEL, A FIN DE RESOLVER EL CONFLICTO AGRARIO, ENTRE SAN MIGUEL TECUICIAPAN Y SAN AGUSTÌN OAPAN, PARA EVITAR QUE SE INCREMENTEN LA VIOLENCIA Y MÀS PÉRDIDAS HUMANAS.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 30 de junio de 2015.

Suscriben

Dip. Carlos de Jesús Alejandro.- Dip. Miguel Alonso Raya.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los gobernadores de los estados a que a garantizar los derechos de los infantes, establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, dentro de las políticas y programas de gobierno a través de la creación de un sistema nacional, estatal y municipal de protección al infante. Se turna a la Segunda Comisión.

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la cual México es parte integrante: Los infantes tienen derecho a que el Estado garantice su vida, su salud, su esparcimiento, su libertad de expresión, a un nombre y nacionalidad, a crecer en el seno de una familia, a ser protegidos en los conflictos armados, a la protección contra el descuido y el trato negligente, a la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en general.

Los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, lo que significa que ninguna persona puede vulnerarlos ni desconocerlos.

Que los niños son sujetos de derechos y que los adultos somos sujetos de responsabilidades y, 

Según el Módulo de Trabajo Infantil 2011 (INEGI y STyPS) En México, existen tres millones de niños entre los cinco y diecisiete años que trabajan para otros y de los cuales el 39.1% no asiste a la escuela, porcentaje que corresponde a un total de 1.2 millones de infantes; de los cuales, 72.3 % son niños y 27.7 % son niñas. Así mismo, en seis de cada diez niños y niñas ocupados habrían consecuencia para ellos si dejan de trabajar.

En razón de las causas expuestas, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de acuerdo, que exhorta a las autoridades mencionadas, a efecto de que urgentemente se implementen acciones dentro de los programas y las políticas de Gobierno que garanticen los derechos de los infantes que se establecen en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se erradique de las calles de todo el país y dentro de la sociedad mexicana, la explotación de infantes por parte de sus padres y de terceros, que los utilizan y/ó permiten que los utilicen en trabajos esclavizantes, solicitando dinero, vendiendo dulces y prostituyéndose para mantener el alimento; bajo razones y condiciones de pobreza extrema hasta altas horas de la noche ante inclemencias del clima, violentando las necesidades físicas y psicológicas de los infantes. Situación que no les permite crecer con dignidad y ante el azote de la pobreza extrema, la ignorancia, y el abuso de redes organizadas que emplean infantes en sus comercios, lo único que México obtiene, es una infancia sin futuro académico y con un amplio resentimiento social en su madurez generacional.

Por lo tanto, es de trascendental importancia, que en nuestro país se implemente en todos los niveles un Sistema de Protección al Infante dentro de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) que coordine las acciones y se generen políticas transversales en todas las instancias de gobierno, con el objeto de dar seguimiento a los programas y se puedan evaluar impactos dentro de la sociedad y sobre todo, dentro de la niñez.

UNICO: Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los Gobernadores de los Estados de la República para que a través de los titulares del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y sus Sistemas Estatales, respectivamente, a efecto de implementar acciones dentro de los programas y las políticas de Gobierno, la creación de un Sistema de Protección al Infante que garantice la vigilancia y aplicación de la Convención a través de políticas públicas apropiadas y de la asignación de un gasto suficiente para llevarlas a cabo.

México, D.F ., el 30 de junio de 2015.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe sobre el número de permisionarios que operan parquímetros en la ciudad; el número de parquímetros a cargo de cada uno; los ingresos obtenidos anualmente y de acuerdo a cada polígono asignado, así como el destino del monto correspondiente al 30% del total recaudado, destinado a proyectos acordados por los vecinos en donde haya parquímetros, desde el inicio de su operación en el 2012 a la fecha. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El espacio público es aquel destinado al uso de la comunidad en zonas urbanas, por ejemplo un parque o una estación de transporte, su función es dar soporte físico a la infraestructura para desarrollar actividades colectivas, permitiendo así, la interacción de una colectividad.

Se trata de un espacio en donde las personas tienen derecho a estar y circular de manera libre [*], es decir, una de sus principales características es la accesibilidad y la manifestación de la otredad. El espacio público manifiesta la interrelación entre la administración pública de un determinado orden de gobierno en tanto administrador jurídico [*] de la tierra y autoridad del uso del suelo, frente a la ciudadanía, que es la parte colectiva que se apropia física y culturalmente del mismo, generando identidad.

En la legislación relativa al desarrollo urbano del Distrito Federal se define al Espacio Público [*] como toda área para la recreación pública y todas las vías públicas, tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás de naturaleza análoga.

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal [*] tiene entre sus objetivos planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento poblacional de la Ciudad de México, a fin de garantizar su sustentabilidad mediante el ejercicio de los derechos de los habitantes al suelo, a infraestructura urbana, al transporte y al espacio público, entre otros factores. Entre sus principios está alentar la participación y concertación con los sectores público, social y privado en acciones de reordenamiento urbano, dotación de infraestructura urbana, prestación de servicios públicos y en general aquellos relaticos al crecimiento urbano ordenado.

Para llevar a cabo los anteriores fines, se creó la Autoridad del Espacio Público (AEP) que se convirtió formalmente en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, mediante decreto de fecha 30 de junio del 2010. La Autoridad [*] -de acuerdo con su portal electrónico- opina en materia de espacio público, a efecto de que la Secretaría instrumente políticas públicas de planeación del desarrollo urbano y diseñe obras y servicios en materia de espacio público; asimismo, ejecuta y supervisa las obras públicas que correspondan al desarrollo y equipamiento urbano de la ciudad.

En este contexto, en enero de 2012 se instrumentó la operación de parquímetros en la zona de Polanco en la Delegación Miguel Hidalgo con el fin de mejorar la movilidad en ese polígono y contribuir a mejorar la calidad de vida y del ambiente en esa zona, toda vez que en el 2010 se registraban 30 mil 874 habitantes [*] contra 181 mil 543 viajes diarios, de los cuales, el 49 por ciento, es decir 88 mil 504 viajes, se hacían en automóvil, por encima del promedio en la zona metropolitana del Valle de México, según datos del estudio “Impactos del Programa ecoParq en Polanco” [*] publicado en 2013 por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo de México (ITDP) por sus siglas en inglés.

Destaca el estudio que tradicionalmente la mayoría de los viajes a la zona de Polanco -60 mil 182- se hacen por razones laborales con larga estancia y solo 28 mil 321 correspondían a viajes de corta estancia, de manera tal que, la rotación era baja y el 57.1 por ciento de los cajones eran usados por el mismo coche por más de 6 horas. Reporta que la oferta de cajones regulares en la vía pública en Polanco era de 9 mil 271, sumados a los 304 ocupados por bases de taxis y 476 cajones reservados por embajadas, consulados e instituciones educativas, es decir, en total existían 10 mil 051 cajones.

Ahora bien, el Estudio de Potencial de Movilidad realizado por el Centro de Estudios del Transporte, agrega e una oferta adicional de 10 mil 418 cajones en 63 estacionamientos públicos, lo que se traduce en un total de 19 mil 689 lugares de estacionamiento en la zona en cita.

El ejemplo de Polanco en la Delegación Miguel Hidalgo es solo para ejemplificar la justificación que advirtió el Gobierno del Distrito Federal para incorporar parquímetros al espacio público, actualmente presentes en trece perímetros de la ciudad, lo cual representa ingresos por 556 millones de pesos, de los cuales, el 30 por ciento debe ser restituido a las zonas de permanencia para mejorar el entorno urbano.

Investigaciones periodísticas [*] evidencian que con la operación de los parquímetros se generaron 167 millones pesos para obra pública [*], de los cuales, 105 millones no se han utilizado, sin brindar mayor explicación, sólo argumenta la AEP que existen seis obras en 4 de las 13 zonas donde operan los parquímetros.

Agrega el reporte electrónico de “La Silla Rota” que conforme a las respuestas de peticiones de transparencia hechas a la Autoridad del Espacio Público, desde 2012 hasta marzo de 2015 sólo se ha podido trabajar en proyectos para la comunidad de forma parcial en Polanco, Anzures, Lomas-Virreyes y Roma-Condesa.

El pretexto de la titular de la Autoridad del Espacio Público, es que la contraprestación de los parquímetros por el uso de la vía pública, es insuficiente para ejecutar los proyectos propuestos por vecinos.

En el perímetro de las colonias Roma-Condesa apenas se logró la recuperación de 38 millones de pesos desde que los parquímetros iniciaron operación, que sirvieron para la colocación de iluminación en la fuente Río de Janeiro y el balizamiento de 164 pasos peatonales. En el caso de Polanco, son 78 millones de pesos los recaudados, pero solo se han podido ejecutar dos proyectos de mejoramiento urbano como la rehabilitación de banquetas en la calle Torcuato Tasso, sin desglosar el gasto.

Resalta la investigación periodística que hacia el 2013 se destinaron 20 millones para la rehabilitación de la Avenida Homero en Polanco y en el 2014, se acumularon 29 millones de pesos más, pero no se han usado y siguen en la Secretaría de Finanzas. ¿Por qué razones? Se desconoce.

Mientras que, en la colonia Anzures durante el 2014 se argumentó la construcción del crucero peatonal en Darwin y Shakespeare y la rehabilitación del área verde en la intersección de Ejército Nacional y Mariano Escobedo. Nuevamente, sin desglosar costos y proveedores.

Si bien la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas al Código Fiscal, así como a las leyes del Régimen Patrimonial y de Participación Ciudadana en materia de parquímetros a fin de que los permisionarios de parquímetros regresen el 30 por ciento de los recursos recaudados a los vecinos, esto no se cumple y se desconocen las razones de fondo. El denominador común es la opacidad y el clientelismo con el que se operan los parquímetros como desde su inicio.

Basta recordar que las compañías operadoras de los parquímetros en la Ciudad de México no fueron concursadas mediante licitación pública, sino fueron adjudicaciones directas mediante las cuales la Oficialía Mayor del gobierno de la Ciudad otorgó licencias, por presunta recomendación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a “Mojo Real Estate”, a “Movilidad y Parqueo” y “Operadora de Estacionamientos Bicentenario” beneficiada en la administración de Marcelo Ebrard.

Desafortunadamente el modelo de discrecionalidad para operar “paradójicamente” el espacio público, privatizándolo en manos de particulares, continúa. En octubre de 2013 el gobierno del Distrito Federal se había comprometido a cambiar el procedimiento para elegir a las nuevas empresas que desearan contender para operar parquímetros, por el contrario, acendró la complicidad con las empresas “Mojo Real Estate” y “Movilidad y Parqueo” [*] y obtuvieron un mes después en noviembre sus adjudicaciones directas que generan beneficios del orden de los 372 millones de pesos anuales durante los siguientes diez años, esto es más del doble, de lo que se lleva la Operadora de Estacionamientos Bicentenario en las zonas de Polanco, Lomas, Roma y Condesa en 2013 cuya cifra ascendió a 153 millones de pesos.

Democratizar el espacio público empieza por preguntar a los afectados, a los ciudadanos, y termina exactamente en el mismo punto, con ellos, rindiéndoles cuentas sobre las acciones emprendidas para hacer de lo público un mejore espacio de convivencia en aras de la calidad de vida. La discrecionalidad sobre la operación de los parquímetros a tres años de su instalación no debe ser la excepción y