Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 23 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 20



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 26 de Agosto de 2014

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

El Presidente Senador Raúl Cervantes Andrade: (19:20 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

El Secretario Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR

LXII LEGISLATURA
COMISIÓN PERMANENTE

SEGUNDO RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

Sesión del 26 de agosto de 2014.

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN
dIP. LILIA AGUILAR GIL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. RICARDO CANTÚ GARZA

DIP. MARCOS AGUILAR VEGA
DIP. MANUEL AÑORVEM BAÑOS
DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO

SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
DIP. ALLIET BAUTISTRA BRAVO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. VÍCTOR MANUEL MANRÍQUEZ GONZÁLEZ

DIP. FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ
SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE
SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

DIP. ALFONSO DURAZO MONTAÑO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN
DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO
DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA

DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA
SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS
SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS
SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA
SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY
SEN. VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA
DIP. HEBERTO NEBLINA VEGA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCÍA

DIP. WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS
DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ
SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES

DIP. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA
DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIP. MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE

DIP. DORA MARÍA TALAMANTE LEMAS
DIP. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO

Señor Presidente, hay una asistencia de 26 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del martes 26 de agosto de 2014, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio. El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la adición impresa, lo puede solicitar a la secretaría parlamentaria. En su monitor puede consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
20 DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con diecisiete minutos del miércoles veinte de agosto de dos mil catorce, con una asistencia de veinticinco legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles trece de agosto de dos mil catorce.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que propone la celebración de una sesión solemne el 20 de agosto de 2014, con motivo del Centenario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan.- Fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para la recepción del Informe Anual de Labores 2013 del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.- Fue aprobado en votación económica.

El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para llevar a cabo la Sesión Solemne con motivo del Centenario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan.

(RECESO)

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión ordinaria de la Comisión Permanente.

La Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, presentó el Informe Anual de Labores 2013 de dicho instituto, a efecto de cumplir con la obligación de rendir el Informe Anual al Congreso de la Unión sobre el Acceso a la Información, como lo establece el artículo 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.- El documento se remitió para su conocimiento a las Cámaras del Congreso de la Unión, las cuales, en el uso de sus facultades, harán el análisis y evaluación, y de ser necesario, convocarán a la comisionada presidenta, para que amplíe la información.

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 25 y 26 de agosto de 2014, para realizar una visita de trabajo a California, Estados Unidos de América.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de julio de 2014, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de julio de 2013.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, la información correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2014, enviada por el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, ubicado en el estado de México, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se remitió a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que durante el mes de julio de 2014 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Se recibió del Banco de México, su Informe trimestral, correspondiente al periodo abril-junio de 2014.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la actualización sobre los programas y acciones que atienden a pueblos y comunidades afromexicanos, en cumplimiento a lo establecido en el artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Se recibió del Diputado Fernando Zárate Salgado y del Senador Juan Carlos Romero Hicks, el Informe de las actividades en las que participaron, en coordinación con otros legisladores, como integrantes del Grupo Plural de Observación Electoral para dar seguimiento al proceso electoral del estado de Nayarit.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Diputada Judit Guerrero López, oficio por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 19 de agosto de 2014.- Fue aprobada en votación económica.

(Proposiciones)

El Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Sonora, a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría General de la República a decretar la suspensión de actividades de la mina Cananea, operada por Grupo México, hasta en tanto se evalúan los daños generados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora.- Considerado de urgente resolución, intervinieron los legisladores: Diputada Dora María Talamante Lemas de NA; Diputado Alfonso Durazo Montaño de MC, quien presentó propuestas de adición; Senadora Ana Gabriela Guevara del PT, quien presentó propuesta de adición; Senador Héctor Larios Córdova del PAN, quien presentó propuesta de adición; Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; Diputado Fernando Zárate Salgado del PRD; Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD. La Mesa Directiva dio cuenta con una propuesta de consenso de los grupos parlamentarios, la cual fue aprobada en votación económica.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks, a nombre de Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Oaxaca a aprobar una nueva Ley de Educación de dicho estado, en estricto apego a las normas y principios constitucionales y legales de la reforma en materia educativa.- Se turnó a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores.

La Senadora Dolores Padierna Luna, presentó a nombre propio y de los Senadores Ana Gabriela Guevara, Layda Sansores San Román y Alejandro Encinas Rodríguez, proposición con punto de acuerdo que solicita a diversas dependencias del Gobierno Federal la suspensión del Acueducto Independencia por daño irreparable al territorio, tierras y recursos naturales de la tribu yaqui.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea ochenta y nueve dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal información sobre las condiciones y criterios que sirvieron de sustento para el otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables, para la instalación de los equipos de control de estacionamientos en la vía pública conocidos como parquímetros.

2) Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo las gestiones conducentes para que todos los entes de la Administración Pública Federal implementen los requerimientos básicos para la atención del hostigamiento y acoso sexual.

3) Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal que las detenciones administrativas que se realicen en el Sistema de Transporte Colectivo Metro se ejecuten por personal plenamente identificado y se respete el principio del debido proceso y se garanticen los derechos humanos de todas las personas remitidas al Juez Cívico.

4) Por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social un informe sobre el presunto levantamiento de un censo de trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se incluyó información relativa a la afiliación política de sus agremiados.

5) Por el que se solicita a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal revisen el conjunto de adecuaciones legislativas a su orden jurídico para propiciar su plena armonía con el Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos.

6) Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Seguridad y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se contemplen en un protocolo de actuación institucional coordinada entre los tres órdenes de gobierno, las previsiones de seguridad para los integrantes de los ayuntamientos y los funcionarios municipales del país.

7) Por el que se solicita al Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitir oportunamente las medidas complementarias que garanticen con total certeza la captación del sentido de los votos de los electores en el proceso electoral 2014-2015.

8) Por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal información sobre las actividades de coordinación interinstitucional que realiza con las autoridades competentes del Gobierno Federal para enfrentar los delitos de alto impacto en la Ciudad de México y su vinculación con la delincuencia organizada.

9) Por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación indague los contenidos de la conferencia "Hackeando al sexo femenino" en el marco del evento "Movistar Campus Party 2014" en Zapopan, Jalisco.

10) Por el que la Comisión Permanente toma conocimiento de la puesta en práctica de las acciones públicas denominadas Plan "Paso Seguro" y Programa "Frontera Sur"; y turna al Grupo Plural de legisladores para la atención y seguimiento al problema los niños migrantes no acompañados 10 puntos de acuerdo en esa materia.

11) Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal impulse un programa o proyecto preventivo y correctivo para el problema de inundaciones y encharcamientos en las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

12) Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social evalúe y, en su caso, considere a los municipios de Tenancingo, La Magdalena Tlaltelulco, Acuamanala de Miguel Hidalgo, San Francisco Tetlanohcan, San Luis Teolocholco, San Pablo del Monte, Papalotla de Xicohtécatl, Mazatecocho de José María Morelos y Zacatelco para ser beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

13) Por el que se solicita al Grupo Plural de Observación Electoral un informe de las actividades y los resultados obtenidos durante el seguimiento al proceso electoral del estado de Nayarit.

14) Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano agilizar los trabajos que permitan la reubicación de los damnificados del albergue del Instituto del Deporte en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, consecuencia de las lluvias "Ingrid" y "Manuel".

15) Por el que se solicita a la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Puebla un informe sobre las diversas denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de la policía estatal en los operativos que lleva a cabo en la entidad, así como sobre la posible violación a los derechos de los ex trabajadores del "Hospital del Niño Poblano", por la extinción de este organismo público descentralizado.

16) Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Seguridad un informe sobre las acciones que ha llevado a cabo para la separación reos federales de los reos del fuero común, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 constitucional.

17) Por el que se solicita al gobierno del estado de Zacatecas información sobre las acciones adoptadas con motivo de las lluvias severas ocurridas en el mes de junio pasado, así como sobre los programas preventivos para atender contingencias de esa naturaleza en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil.

18) Por el que se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas un informe actualizado del nivel de cumplimiento que tienen las entidades federativas de la República Mexicana y el Congreso de la Unión, respecto de las obligaciones que les impuso el Decreto que expide la Ley General de Víctimas y el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.

19) Por el que se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y a la Comisión Nacional de Seguridad hacer eficiente la inspección de vehículos robados en la Unión Americana y que son importados al territorio nacional.

20) Por el que se solicita a los congresos de los estados de Tabasco y de Baja California consideren armonizar su legislación con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

21) Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitan disposiciones limitativas para las actividades que no se podrán desarrollar en la Rotonda de las Personas Ilustres.

22) Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe detallado de las acciones implementadas o a instrumentar con la finalidad de garantizar la integridad y el orden público en las instalaciones e inmediaciones del Mercado Sonora.

23) Por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe detallado sobre las fallas técnicas-humanas que provocaron el cierre de la línea 12 del Sistema de Trasporte Colectivo Metro.

24) Por el que se solicita a los congresos de los estados que no cuentan con legislación en materia de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, a que formulen y expidan leyes en dicha materia.

25) Por el que se solicita un informe a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal sobre las investigaciones respecto a la desaparición de cartuchos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal.

26) Por el que la Comisión Permanente hace un llamado respetuoso a la Secretaría de Gobernación para que dentro de los programas de política migratoria, se privilegie en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes.

27) Por el que se solicita al Consejo de la Judicatura Federal y a los poderes judiciales de las entidades federativas consideren incluir en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, la construcción de espacios lúdicos dentro de los juzgados.

28) Por el que se solicita a las procuradurías o fiscalías de justicia de las entidades federativas atender los asuntos de violencia familiar o violencia familiar equiparada en contra de las personas adultas mayores; asimismo, se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social un informe sobre las acciones realizadas para evitar retrasos en la entrega de estímulos del Programa Pensión para Adultos Mayores.

29) Por el que se solicita a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno implementen las medidas necesarias para promover el respeto de la sociedad a los elementos de policía y evitar que sean denigrados, ofendidos o atacados en el desempeño de sus funciones.

30) Por el que se solicita al gobierno del estado de Coahuila, una vez que haya desaparecido la situación de emergencia, envíe un informe sobre las acciones emprendidas para atender la situación de los damnificados por las lluvias, el apoyo que se les brindó y los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres.

31) Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social informe sobre el costo-beneficio de las acciones y actividades implementadas en el marco del "Mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre".

32) Por el que se solicita al congreso del estado de Coahuila de Zaragoza informe sobre las acciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado en torno al fincamiento de responsabilidades financieras al ex tesorero municipal del Monclova, Coahuila.

33) Por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral información sobre la situación que guardan las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-0-22100-02-0528.

34) Por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración hacer públicos y transparentes los procedimientos y mecanismos aplicables a la evaluación de control de confianza de los servidores públicos de dicho Instituto.

35) Por el que se remite al Grupo Plural de legisladores que se avoca a darle atención y seguimiento a la problemática de los niños migrantes que ingresan a los Estados Unidos de América, tres proposiciones sobre la materia.

36) Por el que se solicita a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal realice las investigaciones pertinentes y sancione a los responsables por los supuestos actos de amenazas e intimidación ejercidos en contra del Diputado Jesús Sesma Suárez y su familia.

37) Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal cree un programa por el que se habiliten los inmuebles sobre los que se ha declarado la extinción de dominio, a fin de crear centros de atención integral para las madres solteras del Distrito Federal.

38) Por el que se solicita al Gobierno Federal mantener la asistencia a los desplazados internos de nuestro país, y a los gobiernos de las entidades federativas y a las delegaciones políticas del Distrito Federal, redoblen las acciones para protegerlos.

39) Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República despliegue las acciones necesarias para esclarecer los hechos acecidos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, estado de México.

40) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud refuerce las medidas que permitan garantizar la atención médica y cumplir con los objetivos de los tratados internacionales relativos a la debida atención de salud a las mujeres, tendiente a la disminución de la mortalidad materna; y solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realice una investigación sobre los hechos en que se vio afectada la ciudadana Rosalba Vicente Morales.

41) Por el que solicita al Gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de los estados de la zona metropolitana del Valle de México buscar medidas alternativas adicionales al Programa Hoy No Circula, que abonen a la disminución del impacto negativo por el uso de vehículos automotores en el territorio de su jurisdicción.

42) Por el que se solicita a la Delegación Política Benito Juárez del Distrito Federal informe sobre los avances que se han tenido en la atención a la recomendación 2/2014 y en la instrumentación del Programa de Ordenamiento de Obras Irregulares.

43) Por el que la Comisión Permanente expresa su condena a la ilegal privación de la vida del ciudadano Jaime René García Arteaga y solicita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California información sobre el desarrollo de las investigaciones para el esclarecimiento de ese delito.

44) Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal publicar en su página web el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fomento Cultural de la entidad.

45) Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe con relación a las presuntas violaciones a los derechos humanos en los eventos suscitados en la autopista Atlixco-Puebla el 9 de julio de 2014.

46) Por el que la Comisión Permanente reconoce las actividades realizadas por la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco y otras autoridades estatales en materia de planeación y ejecución de políticas públicas dirigidas a prevenir la comisión de ilícitos penales en contra del desarrollo psicosexual de los menores de edad del sistema educativo estatal y solicita información sobre los avances en dichas acciones.

47) Por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación promover entre la sociedad y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno una campaña encaminada a erradicar el uso de lenguaje discriminatorio hacia la juventud del país.

48) Por el que se solicita a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Delegación Álvaro Obregón acelerar y reforzar los programas que contemplan el desazolve, dragado, el retiro de residuos de áreas verdes en la Presa Becerra "A" e implementar una adecuada y permanente campaña de concientización para evitar que los vecinos arrojen residuos en el sitio.

49) Por el que se solicita a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados priorizar la culminación del proceso de desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública al órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción, con el fin de dar celeridad a los procesos de vigilancia y control de la Administración Pública Federal.

50) Por el que se solicita al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal agilizar la investigación de los hechos cometidos en contra de la ciudadana Niza Fernanda Aldana Garrido para que se finquen responsabilidades.

51) Por el que se solicita información a la Procuraduría General de la República sobre el estado en que se encuentran los avances de las investigaciones sobre la desaparición de los tres jóvenes el 22 de julio de 2012 en Paracho, Michoacán.

52) Por el que se solicita a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las comisiones estatales de los derechos humanos salvaguardar los derechos humanos de los pobladores que pudieran resultar afectados por los proyectos de desarrollo implementados en su territorio.

53) Por el que la Comisión Permanente se pronuncia por la adopción de medidas y protocolos en los tres órdenes de gobierno para prevenir, atender y sancionar los casos de acoso y hostigamiento sexual.

54) Por el que se solicita a las áreas competentes del Gobierno Federal y al gobierno del estado de Chiapas un informe de las acciones emprendidas para atender la situación de emergencia en los 38 municipios declarados zona de desastre natural por el sismo de 6.9 grados ocurrido el pasado 7 de julio en el estado de Chiapas.

55) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a cumplir con las recomendaciones del Informe final sobre México del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

56) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los congresos locales a realizar las modificaciones a sus marcos jurídicos, ajustándose a los contenidos y al espíritu del decreto de reforma constitucional en materia político electoral.

57) Por el que se desecha la proposición que solicitaba al Gobierno del Distrito Federal y a los Jefes Delegaciones instrumentar programas de simplificación administrativa para la apertura de nuevos establecimientos.

58) Por el que se desecha la proposición que solicitaba a la Comisión Permanente convocar a un periodo extraordinario de sesiones, a celebrarse el 26 de junio de 2014.

59) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobierno del estado de Coahuila a abstenerse de intervenir en el proceso electoral del 6 de julio del año en curso.

60) Por el que se desechan dos proposiciones en torno a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral.

61) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Distrito Federal a llevar a cabo el retiro de propaganda alusiva a la promoción de servidores públicos de la Ciudad de México que llevan a cabo una permanente campaña de proselitismo dentro y fuera de sus jurisdicciones.

62) Por el que se desecha la proposición que solicitaba al titular de la Delegación Benito Juárez del Distrito Federal separar de sus cargos a funcionarios acusados de abuso sexual y lesiones corporales graves, en la ciudad de Fortaleza, Brasil.

63) Por el que se desecha la proposición que solicitaba la conformación de una comisión plural de observación electoral con motivo de las elecciones locales en el estado de Coahuila.

64) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Instituto Mexicano de la Juventud a ser partícipe en la definición e instrumentación de los programas y acciones que el Gobierno Mexicano emprendiese en materia de migración de las personas jóvenes.

65) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación en el marco de la reforma constitucional en materia de paridad de género.

66) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a resolver la libertad del Doctor José Manuel Míreles Valverde y sus allegados.

67) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las acciones que ha emprendido para atender las inundaciones que se han presentado en las principales vialidades de la Ciudad de México.

68) Por el que se desecha la proposición que solicitaba realizar una auditoría integral de la situación que guardan las 25 suites propiedad del Instituto de Seguridad Social, ubicadas en los Hoteles México Plaza en los municipios de León y Salamanca.

69) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar una estrategia en materia de combate al delito de secuestro.

70) Por el que se desecha la proposición por la que se citaba a una reunión de trabajo al Secretario de Gobernación con objeto de explicar la situación de la política de seguridad pública en Michoacán en relación a las denominadas autodefensas.

71) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobierno del estado de México a informar las medidas que se están tomando en relación a los grupos armados denominados "autodefensas" en el municipio de Tlalnepantla y en otros municipios de la entidad.

72) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a no utilizar los programas sociales con fines electorales en el estado de Veracruz.

73) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a llevar a cabo el proceso de trámite de licencia para separar del cargo al presidente municipal de Ecatepec de Morelos, con la finalidad de esclarecer los hechos del accidente del pasado 5 de julio.

74) Por el que se desecha la proposición por la que se solicitaba la presencia de fuerzas federales para restaurar el orden y la seguridad en el municipio de Chilapa, Guerrero.

75) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al titular de la Secretaría de Gobernación a hacer del conocimiento público el motivo del sobre ejercicio que se ha observado.

76) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al DIF a hacer del conocimiento público las causas por las que no ha atendido las observaciones y recomendaciones señaladas por CONEVAL para mejorar los objetivos e indicadores del "Programa de atención a la familia y población vulnerable".

77) Por el que se desecha la proposición que solicitaba un informe sobre las consideraciones bajo las cuales se autorizan las constancias y/o permisos de servicio a estaciones gasolineras en las delegaciones del Distrito Federal.

78) Por el que se desechan dos proposiciones relativas a reconsiderar y modificar ordenamientos de los estados de Nuevo León y de Guerrero.

79) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a que en el "Programa de Desarrollo Humano Oportunidades" se establecieran los indicadores y las metas que permitieran evaluar su contribución en la mejora de la alimentación y nutrición de los integrantes de las familias beneficiarias.

80) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a informar sobre el Programa "Comedores Comunitarios".

81) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a las autoridades responsables del control y operación de los centros de readaptación social a establecer mecanismos de control y observancia que permitan el respeto irrestricto al no hacinamiento, a la salubridad y otras condiciones materiales de reclusión óptimas.

82) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro a atender la mendicidad existente en la red.

83) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a revisar la ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de puebla, conocida como "Ley Bala".

84) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a autorizar una ampliación presupuestal para atender las necesidades de infraestructura y variaciones en la demanda de los servicios del seguro popular en el Distrito Federal.

85) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ejercer la facultad de atracción respecto de dos amparos radicados en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

86) Por el que se desecha la proposición que solicitaba al titular del Instituto Nacional de Migración un informe sobre las acciones administrativas y penales instrumentadas para investigar y, en su caso, sancionar las denuncias de corrupción y extorsión presentadas contra diversos funcionarios de ese Instituto.

87) Por el que se desecha la proposición que solicitaba a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres informar el motivo por el cual no se emitía la declaratoria de alerta de género en el estado de México.

88) Por el que se desechan dos proposiciones en torno a la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social, en las casas cuna, casas hogar o casas de asistencia social.

89) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Sinaloa a revisar el Decreto relativo al artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea cincuenta y nueve dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Por el que se solicita a las Secretarías de Salud y de Educación Pública fortalecer los programas y campañas que proporcionen información veraz y suficiente a los jóvenes para garantizar que tengan acceso a los servicios de salud reproductiva y a los métodos anticonceptivos para reducir los altos índices de embarazos no planeados.

2) Por el que se solicita al gobierno federal y a los gobiernos estatales impulsar y fortalecer programas encaminados a concientizar a los jóvenes de 14 a 21 años y a la sociedad en general sobre los efectos y las consecuencias del uso y abuso en el consumo del alcohol.

3) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud promover las acciones necesarias para dar vigencia al proyecto de norma oficial mexicana NOM-009-SSA3-2009 y se solicita establecer programas y convenios en materia de seguridad y de estímulos económicos que permitan mejorar la situación de los pasantes de medicina.

4) Que solicita a la Secretaría de Salud fortalecer los programas y las políticas públicas dirigidas a la prevención, detección y tratamiento del cáncer.

5) Por el que se acuerda invitar a una reunión de trabajo al titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y solicita a la Secretaría de Salud fortalecer los programas de capacitación y concientización del personal médico encaminados a garantizar la calidad y la eficiencia de los servicios de salud en nuestro país.

6) Que solicita a la Secretaría de Salud evalúe la creación de una Dirección General encargada de verificar el cumplimiento de los nuevos lineamientos en materia de cuidados paliativos en el ámbito federal, estatal y municipal.

7) Que solicita a diversas autoridades federales y estatales reforzar las acciones orientadas a prevenir, controlar y atender el virus del ébola y el chikungunya.

8) Que solicita a diversas autoridades promover las medidas necesarias para garantizar que no se publiquen listas con los nombres de las personas que decidan no cubrir "cuotas voluntarias o de recuperación" en las instituciones de educación pública o adeuden la colegiatura en las instituciones privadas.

9) Por el que se emite un reconocimiento a la Selección Mexicana de Fútbol y a su cuerpo técnico por su destacada participación en el Campeonato Mundial de Brasil 2014 y por su contribución para fomentar el deporte en nuestro país.

10) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en las entidades federativas, a establecer los mecanismos de transparencia a través de los cuales los trabajadores de la educación federalizados puedan verificar la información correspondiente a su nómina.

11) Que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dar seguimiento a la demanda a los periodistas mexicanos que fueron víctimas de la delincuencia en Guatemala.

12) Que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, promover una salida pacífica y negociada al conflicto entre la República Popular China y la República Socialista de Vietnam.

13) Por el que la Comisión Permanente se congratula por el 125 Aniversario de la Unión Interparlamentaria Mundial.

14) Que solicita al Consejo Nacional de Población y a la Secretaría de Educación Pública, fortalecer las campañas y políticas en materia de educación sexual para erradicar el abandono escolar.

15) Que solicita al Sistema Nacional de Salud, promover la instalación de lactarios en los centros de trabajo e implementar campañas informativas.

16) Que solicita a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas, fortalecer las acciones orientadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata, mama y cérvico uterino.

17) Que solicita al Instituto Mexicano de la Juventud, difundir en su página de internet información sobre sus programas operativos instrumentados.

18) Que solicita a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, un informe sobre las actividades y programas que ha realizado a un año de su creación.

19) Que solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, exhorte a las comisiones competentes, a analizar y presentar a la brevedad el dictamen correspondiente al Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, devuelto por la Cámara de Diputados al Senado el 02 de octubre de 2012.

20) Que solicita a la Secretaría de Educación Pública, evalúe la inclusión de recursos presupuestales para la construcción y equipamiento de Universidades públicas en el estado de Guerrero.

21) Que solicita a la Secretaría de Educación Pública, informe sobre las acciones realizadas para cumplir con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y del CONEVAL relativas al Programa para el Fortalecimiento del Servicio de Educación Telesecundaria.

22) Que solicita a la Secretaría de Salud, coadyuve con la difusión de campañas informativas sobre cáncer de mama y leche materna desarrolladas por el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

23) Que solicita a la Secretaría de Educación Pública, seguir instrumentando acciones en materia de control presupuestal de la nómina magisterial de educación básica.

24) Que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a preservar la tradición circense como expresión de la cultura popular nacional.

25) Que solicita a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalezcan los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la anorexia y la bulimia.

26) Que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, un informe acerca los acuerdos alcanzados durante la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico; así como la agenda que impulsará durante la Presidencia Pro Témpore del mecanismo.

27) Que solicita a la Secretaría de Educación Pública promover el uso del lenguaje incluyente en los centros escolares a fin de erradicar el bullying.

28) Que solicita al Ejecutivo Federal, remita al Senado de la República para su análisis y aprobación el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos.

29) Que solicita al Ejecutivo Federal, evaluar y promover la adhesión del Estado Mexicano al Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.

30) Que solicita a la Secretaría de Educación Pública evalúe la inclusión de recursos a fin de solucionar el problema de seguridad social de los trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero.

31) Que solicita a la Secretaría de Educación Pública, un informe sobre al ejercicio de los recursos asignados al Programa Laptops para niños que cursan 5o y 6o grado de primaria.

32) Que solicita a la Secretaría de Educación Pública, un informe sobre las acciones realizadas para cumplir con las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y del CONEVAL relativas al Programa Nacional de Becas y Financiamiento.

33) Que solicita a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, remita a esta Soberanía un informe sobre los avances del Atlas Nacional de Riesgos Sanitarios.

34) Que solicita a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas, implementar una campaña de concientización para prevenir y atender la hepatitis en cualquiera de sus tipos.

35) Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, a implementar las acciones tendientes a la prevención, atención, control y erradicación del virus del dengue a nivel nacional.

36) Que solicita a la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, realice el procedimiento necesario para incluir a "La Guelaguetza" en el inventario del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país; y, posteriormente, inscriba ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el expediente correspondiente para su declaración como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

37) Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública información sobre las acciones y programas destinados a fortalecer la educación indígena para erradicar el rezago en esa materia.

38) Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores expresar las condolencias y la solidaridad del Estado mexicano con las familias y países de origen de las víctimas de los accidentes aéreos ocurridos en Taiwán y la República de Malí los días 23 y 24 de julio, respectivamente.

39) Por el que se solicita a las autoridades educativas reforzar las acciones para garantizar que no se condicione la prestación de servicios educativos al pago de cuotas contribuciones voluntarias durante el ciclo escolar 2014-2015.

40) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fortalecer la capacitación de su personal médico para dar información suficiente, clara, oportuna y veraz a los pacientes y a sus familiares sobre el estado de salud que guardan.

41) Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos fortalecer los programas de alfabetización destinados a la población en general e integrar a los beneficios de estos programas a las personas que deseen postularse a cargos de representación popular.

42) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud fortalecer los planes y programas en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades huérfanas.

43) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a las autoridades en la materia en las entidades federativas implementar mecanismos efectivos para la concientización y difusión de información clara respecto de las enfermedades mentales que afectan al sector más joven de la población.

44) Por el que se solicita a las Secretarías de Salud y de Educación Pública promover acciones para prevenir y disminuir la incidencia de suicidios en adolescentes y jóvenes en nuestro país.

45) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud continúe implementando políticas, estrategias y planes de acción nacional multisectorial en materia de enfermedades no transmisibles.

46) Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento a los maestros que participaron en el primer concurso de oposición para el ingreso al servicio profesional docente en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2014-2015.

47) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud información sobre el avance del proyecto Expediente Clínico Electrónico.

48) Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud información sobre las acciones instrumentadas en el caso de los medicamentos que fueron almacenados y abandonados en una bodega del Seguro Popular en estado caduco, en el municipio de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca.

49) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la secretaría de salud y al gobierno del estado de Jalisco información sobre las acciones que se han implementado para atender las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación en torno a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, al 31 de diciembre de 2012.

50) Por el que se solicita a las autoridades educativas y de salud fortalecer los programas educativos y las campañas de información sobre la importancia de la protección solar y los riesgos de la sobreexposición a los rayos ultravioleta.

51) Por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las autoridades estatales y municipales del estado de Puebla información sobre la situación que guarda el proyecto "Plaza de las Siete Culturas" y sobre las medidas instrumentadas para garantizar la preservación de la zona arqueológica de Cholula, Puebla.

52) Por el que se solicita información actualizada sobre el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio comprometidos para 2015.

53) Por el que se solicita al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes evalúe brindar el apoyo necesario para optimizar la remodelación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento del inmueble de la Asociación Cultural Na Bolom, en el estado de Chiapas.

54) Por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal evaluar la celebración durante 2015 de actos conmemorativos del bicentenario de la muerte de José María Morelos y Pavón.

55) Por el que se solicita a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas información sobre el Programa de Atención a Indígenas en Materia Penal y Penitenciaria y sobre las acciones para apoyar la excarcelación de presos indígenas.

56) Por el que se solicita a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas información sobre el impacto social del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

57) Por el que la Comisión Permanente condena la violencia, el uso indebido, injustificado y desproporcionado de la fuerza, la violación de los derechos humanos y toda medida contraria al derecho internacional humanitario en el conflicto que se desarrolla en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina.

58) Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de los estados de Chiapas, Jalisco, Yucatán y Veracruz promover las acciones conducentes para sustituir el nombre de Victoriano Huerta en los planteles escolares que aún lo ostenten.

59) Por el que se desecha la proposición que solicitaba la comparecencia de la Secretaria de Salud para que expusiera lo relativo a la universalización de los servicios de salud.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea cincuenta y seis dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a hacer un llamado a las compañías de telefonía celular para que revisen los términos y condiciones en las que los usuarios pueden cancelar el uso de su servicio y dar por terminada la relación contractual con las compañías de telefonía celular.

2) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía a promover acciones en busca de estabilizar el mercado nacional de edulcorantes.

3) Que exhorta a la Secretaría Desarrollo Social a informar el presupuesto ejercido en el año 2012, así como el alcance que ha tenido el Programa de Estancias Infantiles.

4) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a informar sobre los avances logrados en cada una de las medidas y acciones previstas en el programa PROAIRE 2011-2020.

5) Que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre la justificación actualizada, impacto social y económico del horario de verano, así como respecto a los programas especiales de tarifas para regiones y/o entidades federativas.

6) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de programación y presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 se contemplen las asignaciones necesarias para atender los compromisos asumidos en el marco de la aprobación de las reformas estructurales, particularmente aquellos inherentes al desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.

7) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre el estado que guarda la manifestación de impacto ambiental federal que debió presentar la sociedad mercantil "Real Estate Dragon Mart Cancún" para dar cumplimiento al resolutivo del Juicio de Amparo Indirecto del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo.

8) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de la elaboración de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, pueda contemplar a la población rural como sector prioritario.

9) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios pertinentes sobre el estado que guarda el proceso de erosión en el litoral del municipio de Carmen, Campeche, con la finalidad de que continúen las acciones necesarias para atender esta situación.

10) Que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a reforzar la instrumentación de estrategias de orientación fiscal y de acercamiento a sus servicios mediante la ampliación y difusión de las rutas de atención móvil, la programación de talleres y cursos informativos y formativos, brindando asesoría para la realización de los trámites y procedimientos conducentes, así como la celebración de una serie de eventos de divulgación de la Reforma Fiscal en coordinación con diferentes instancias correspondientes de cada entidad federativa, con el objetivo de lograr impactar al sector de pequeños contribuyentes y que éstos expongan los efectos causados por la implementación del Régimen de Incorporación Fiscal.

11) Que exhorta a la Secretaría de Economía a analizar la factibilidad de que los municipios puedan actuar como organismos promotores en la convocatoria para el PROSOFT correspondiente al año 2015.

12) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que los planteles educativos hagan pública la lista oficial de útiles escolares para el ciclo escolar 2014-2015, con la finalidad de contribuir a que las familias mexicanas se encuentren en condiciones de llevar a cabo las previsiones necesarias para la adquisición de los uniformes y útiles escolares de sus hijos.

13) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a observar el cumplimiento del calendario del gasto público destinado a los programas sociales de la dependencia.

14) Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar el estado que guarda la infraestructura de los distritos de riego en nuestro país, así como el avance de la estrategia para mejorar la productividad del agua en la agricultura establecida en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018.

15) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre el proceso para establecer un área natural protegida bajo la categoría de reserva de la biosfera en las sierras La Giganta y Guadalupe, en Baja California Sur.

16) Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social y a las secretarías del ramo en las entidades federativas valorar la ampliación de los beneficios de los programas de apoyo social a los padres solteros jefes de familia, para equipararlos con los que actualmente existen para madres solteras jefas de familia.

17) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre el ejercicio en el gasto del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas y del Ramo Administrativo 02, durante el primer semestre del año 2014.

18) Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre las condiciones del Acueducto Paralelo Chicbul-Ciudad del Carmen, Campeche, así como las acciones que ha emprendido o emprenderá para garantizar su eficiente funcionamiento en beneficio de los habitantes del municipio de Carmen, Campeche.

19) Por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria informe sobre los motivos para modificar los horarios de atención para la importación de vehículos usados en las diversas garitas y aduanas del país.

20) Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir un informe sobre el avance del programa de acciones de protección al mono saraguato debido a la ampliación de la carretera Villahermosa-Escárcega.

21) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar la factibilidad técnica y jurídica de hacer extensivo a los trabajadores del servicio doméstico, el subsidio de seguridad social establecido en el Decreto por el que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la seguridad social de fecha 8 de abril de 2014.

22) Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentar en tiempo y forma el proyecto para la construcción del puente en el libramiento carretero entre la comunidad de El Súchil y la cabecera municipal de Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero.

23) Por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realizar las acciones conducentes para que el Estado mexicano se adhiera al Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán.

24) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a desarrollar una medición, análisis y evaluación de indicadores para la valoración de sistemas de movilidad.

25) Por el que se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales informen sobre las acciones que está llevando a cabo la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, a fin de promover el desarrollo regional a través de proyectos de infraestructura ambiental para disminuir las asimetrías socioeconómicas existentes entre México y los Estados Unidos de América.

26) Que exhorta a la Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas a informar sobre los servicios portuarios que presta a través de terceros en la Marina Cabo San Lucas, ubicada en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

27) Que exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a informar sobre las bases y lineamientos que sirvieron para la emisión de las disposiciones vigentes de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro.

28) Por el que se solicita a las instancias correspondientes del gobierno del estado de Veracruz remitir un informe sobre los estados financieros del Instituto de Pensiones de dicho estado y los resultados de las reformas al Sistema de Pensiones del mismo.

29) Que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un análisis sobre la factibilidad técnica y económica para examinar la pertinencia de disminuir el peaje que se cobra en las casetas de Tempoal de Sánchez y Puente Prieto en el Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz.

30) Por el que se solicita a la Secretaría de Energía valorar positivamente la solicitud de Petróleos Mexicanos en la ronda cero, para fortalecer la economía nacional y darle mayor certeza a los proyectos de mediano y largo plazo con el propósito de aumentar la producción en petrolíferos, petroquímicos y petróleo crudo.

31) Que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a enviar un informe sobre el estado que guarda la Central Nucleoeléctrica de la Laguna Verde, así como los alcances del programa nuclear dentro de la Estrategia Nacional de Energía, en correspondencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

32) Por el que se solicita a la Comisión de Investigación de los contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias y filiales, de 2006 a la fecha, para que los puntos de acuerdo relativos a los contratos otorgados por Petróleos Mexicanos a la empresa constructora OHL, puedan ser evaluados y discutidos por esta instancia legislativa.

33) Por el que se solicita información a las Secretarías de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación sobre los permisos para la explotación de la fosforita u otros minerales que se pretendan extraer del fondo del mar en Baja California Sur, considerando el impacto ecológico al medio ambiente marino y los efectos a la actividad pesquera en dicho estado.

34) Por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad un informe respecto al programa de sustitución de medidores convencionales por medidores inteligentes y los efectos económicos generados a las familias mexicanas.

35) Por el que se solicita a las Secretarías de Energía, de Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Federal de Electricidad revisar y actualizar las tarifas eléctricas del país, haciendo énfasis en las tarifas del estado de Sinaloa y en las regiones con climas extremos.

36) Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar acerca de las acciones realizadas para fortalecer la cobertura y facilitar el pago a los beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores.

37) Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a llevar a cabo las acciones pertinentes para erradicar la tala y extracción ilegal de árboles en los municipios de Angangueo y Senguio, en el estado de Michoacán.

38) Por el que se solicita un informe al Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios sobre los recursos con que cuenta el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios, así como el número de personas que ya han cubierto los requisitos para hacerse acreedores al pago correspondiente.

39) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud que, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, diseñe campañas de concientización sobre el consumo de alimentos y bebidas altos en calorías que se publicitan en Internet.

40) Que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a informar sobre los avances en la elaboración y publicación del Programa de Manejo para el Área Natural Protegida de Yum Balam.

41) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Coahuila a informar sobre las acciones que se realizan para atender la contaminación del Río Sabinas situado en dicho estado.

42) Que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a analizar la viabilidad de establecer programas de apoyo para los prestadores de servicios turísticos de pesca deportiva, con el propósito de impulsar el desarrollo de esta importante actividad.

43) Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tabasco a informar el estado de las averiguaciones previas que se han practicado ante el fallecimiento de los ciudadanos Ernestina Córdova Ramos, Alfonso Hernández y Sebastián "N", el 18 de julio del año 2014, en "El Castaño" en el municipio de Cárdenas, Tabasco.

44) Que exhorta a los organismos operadores municipales del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los municipios de Los Cabos y de La Paz del estado de Baja California Sur a verificar la existencia de tomas de agua clandestinas y derivaciones no autorizadas.

45) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer medidas tendientes a la protección y preservación del halcón selvático de collar.

46) Que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a multiplicar los esfuerzos para que a las personas que tributaban bajo el régimen de pequeños contribuyentes se les brinde la asesoría y preste los servicios tecnológicos necesarios para cumplir con sus obligaciones fiscales.

47) Por el que se solicita un informe a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Procuraduría General de la República sobre la detención realizada el 24 de julio del año en curso de los 16 pobladores de la isla de Holbox ubicada en Quintana Roo.

48) Que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a analizar la factibilidad técnica, jurídica y operativa para el cierre de los puntos de revisión fronterizos ubicados en el estado de Sonora, particularmente la garita de San Emeterio.

49) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre la implementación de acciones para dar seguimiento a los beneficiarios del Programa "Seguro para contingencias climatológicas" en el otorgamiento de apoyos.

50) Por el que se solicita información al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos, en torno al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible; asimismo, sobre el impacto del Programa en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

51) Que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre las actividades comerciales en el mercado internacional de petróleo crudo, productos petrolíferos y petroquímicos de PMI Comercio Internacional.

52) Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a Petróleos Mexicanos a informar cuáles son las gasolineras que tienen registradas y que han sido sancionadas en más de una ocasión por despachar litros incompletos.

53) Por el que se desecha la proposición que solicitaba un informe sobre el avance del plan de austeridad y las remuneraciones devengadas en la Administración Pública Federal.

54) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a emitir lineamientos tendientes a otorgar protección laboral a los trabajadores que tengan dependientes económicos que padecen enfermedades graves.

55) Por el que se desechan dos proposiciones sobre el aumento a los precios de las gasolinas y diesel.

56) Por el que se declara atendida la proposición que exhortaba al ayuntamiento de Toluca de Lerdo y la Comisión Nacional del Agua a garantizar los recursos hídricos a los indígenas ñáhñu de San Andrés Cuexcontitlán.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Población, en materia de inclusión de personas con discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Adriana Dávila Fernández, Ana Gabriela Guevara y Dolores Padierna Luna, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Población y de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

De la Diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, sobre pluralidad sindical.- Se turnó la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

De la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y una fracción al artículo 2 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Del Diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

De la Diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montano y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Del Diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 209 quáter y 400 del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar mejoras en el mecanismo de programación de citas y emisión de pasaportes.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades en materia de protección civil de los diferentes niveles de gobierno a diseñar e implementar campañas informativas respecto de la importancia de colaborar con los grupos de asistencia humanitaria, con la finalidad de concientizar a la población sobre la necesidad de estar preparados ante el peligro de sufrir la presencia de algún desastre ya sea de índole ambiental, de salud o social.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar los motivos por los cuales la Policía Federal Preventiva no aprehendió al narcotraficante Servando Gómez Martínez en el año 2009.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores.

De la Diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados a dar cumplimiento a la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de fecha 27 de marzo de 2014, sobre el Amparo RA-160/2013, para que se cubra el apoyo social a exbraceros.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, establezca un plan de acopio y reciclaje de los televisores analógicos desechados como consecuencia de la transición a la televisión digital terrestre en el país, que incluya un programa de disposición de los residuos electrónicos generados.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores.

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila, Víctor Nájera Medina, Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a investigar la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violaciones al debido proceso en agravio del ciudadano hondureño Ángel Amílcar Colón Quevedo.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Gobernación a considerar las recomendaciones del informe "Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México", presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de elaborar un estudio y análisis del mismo y generar tanto una propuesta de reingeniería del Instituto Nacional de Migración, como una propuesta para el paquete presupuestal 2015.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores.

Del Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en la clínica 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social ante la supuesta omisión de proporcionar la atención médica requerida al ciudadano Sergio Alberto González López.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a elaborar y, en su caso, actualizar los protocolos de atención y revisión de pasajeros que deberá seguir el personal del organismo descentralizado denominado Aeropuertos y Servicios Auxiliares.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

Del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a llevar a cabo un análisis de factibilidad para la creación de salas especializadas en materia de comercio exterior.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a remitir un informe detallado respecto a la recuperación de las inversiones realizadas en las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos a licitarse en la Ronda Uno.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar acerca del avance del proyecto de norma oficial mexicana que establece los elementos y procedimientos para formular los planes de manejo de residuos peligrosos, así como las razones por las que aún no ha sido aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores.

Del Diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal a reponer el proceso de la licitación pública nacional referente al programa "Iluminamos tu ciudad".- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al presidente municipal de Tecate a tomar las medidas que garanticen el respeto a los derechos humanos de los periodistas en el ámbito de la seguridad pública, así como sancionar a los servidores públicos que resulten responsables de la agresión en contra del periodista Salvador Aguilar Labrada.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores.

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a promover la donación de sangre voluntaria, altruista y de repetición, y consolidar procesos de donación ágiles, sencillos y seguros.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Adriana Dávila Fernández, Ana Gabriela Guevara y Dolores Padierna Luna, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a coordinar esfuerzos interinstitucionales que incentiven la permanencia de niñas, niños y adolescentes en sus comunidades de origen; a la Cámara de Diputados a que le asigne recursos específicos a la Secretaría de Gobernación a fin de crear un programa de atención jurídica, psicológica, física y emocional para niñas y adolescentes migrantes que se encuentren en proceso de repatriación y que hayan sido víctimas de abuso sexual o violencia doméstica.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores.

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al Procurador Agrario, al titular del Registro Agrario Nacional, al gobernador del estado de Tlaxcala y al Secretario de Comunicaciones y Transportes a establecer una mesa de trabajo con los habitantes del Ejido de Buenavista, en el estado de Tlaxcala, a efecto de fijar las condiciones del proyecto y los pagos justos por la adquisición de sus tierras.- Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados.

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e implementar un programa especial para la creación de incubadoras de negocios, focalizado a instituciones de educación superior de carácter público, así como a celebrar los convenios de colaboración necesarios para dicho efecto.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

De la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Juzgado de Distrito Auxiliar en el Estado de Guanajuato del Poder Judicial de la Federación a resolver los juicios de amparo interpuestos por diversos quejosos del estado de Colima, en contra de la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita apoyo a la Federación en materia de seguridad para el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores.

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para expresar congratulación por la reelección de los Estados Unidos Mexicanos como miembro del Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para el período 2015-2018.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales de la Cámara de Senadores.

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Adriana Dávila Fernández, Ana Gabriela Guevara y Dolores Padierna Luna, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación a actualizar el "Memorándum de Entendimiento sobre Protección Consular de Nacionales de México y de Estados Unidos", así como el "Memorándum de Entendimiento sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana" a fin de especificar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante los procesos de repatriación.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores.

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a diseñar e implementar políticas públicas y programas transversales para el desarrollo integral de la juventud.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores.

Del Diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a atender la problemática de los productores de maíz, ante el desplome de precios provocado por la sobreproducción mundial del grano del año en curso.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados.

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Adriana Dávila Fernández, Ana Gabriela Guevara y Dolores Padierna Luna, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar los recursos asignados al Ramo 12 Sector Salud en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de elevar el número de personal especializado para la atención de las familias transnacionales y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar medidas que permitan establecer un debido proceso de reunificación para niñas, niños y adolescentes migrantes.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores.

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emprender las medidas necesarias para frenar los abusos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público y a los titulares de los ejecutivos estatales a complementar la normatividad, canalizar recursos, diseñar e implementar las políticas y planes de administración integral de productos eléctricos y electrónicos usados, caducos, desechados o retirados del comercio catalogados como de "manejo especial" por el tipo de sus componentes, con el fin de atemperar y erradicar la contaminación proveniente de dichas fuentes.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores.

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar mecanismos y programas que ayuden a la reactivación del mercado interno en nuestro país, así como promover el que las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales sean las proveedoras del Gobierno Federal.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de la península de Yucatán a implementar en su legislación civil el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Adriana Dávila Fernández, Ana Gabriela Guevara y Dolores Padierna Luna, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a incrementar el personal destinado a la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes en las representaciones consulares de México en los Estados Unidos.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores.

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar cumplimiento a los horarios, tarifas, vigilancia y trato hacia los consumidores finales en todas las aerolíneas asentadas en los aeropuertos de la República Mexicana.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a esclarecer el secuestro y asesinato de la joven Niza Fernanda Aldana Garrido, así como a investigar y, en su caso, sancionar a los agentes que presuntamente solicitaron dinero a la familia de la víctima para agilizar las indagatorias.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.

Del Diputado Francisco González Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a realizar estudios técnicos, económicos y sociales para establecer acciones que protejan el ecosistema denominado "El Manantial", ubicado en el municipio de Tizayuca, estado de Hidalgo.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Baja California Sur a implementar acciones coordinadas para llevar a cabo una estrategia integral para combatir el panorama de inseguridad que se vive en la citada entidad federativa.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación a la comisión de probables irregularidades por parte del gobierno de la entidad en la adjudicación de licitaciones del Programa "Iluminamos tu Ciudad".- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las secretarías de seguridad pública estatales a instrumentar programas que impulsen la cultura vial ciudadana, a fin de fortalecer la prevención de los accidentes viales en las zonas urbanas del país.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor y al Instituto Nacional de la Economía Social a coordinarse para diversificar y hacer extensivos los beneficios de la política pública diseñada y desplegada en favor de los emprendedores de las micro, pequeñas y medianas empresas, hacia organizaciones de grupos socialmente vulnerables.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico de la Cámara de Senadores.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente envía condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de la República Federativa del Brasil por el lamentable fallecimiento del candidato presidencial, Eduardo Campos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores.

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo y Ana Gabriela Guevara Espinoza, con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Unión hace un llamado respetuoso al gobernador de Texas para que recurra a soluciones acordadas por los gobiernos de México, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica respecto a la migración, en lugar de acudir a la amenaza del uso de la fuerza.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores.

(Efemérides)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del 172 aniversario luctuoso de Leona Vicario, ocurrido el 21 de agosto de 1842.- Se insertó en el Diario de los Debates.

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del centésimo aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, acontecido el 13 de agosto de 1914.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió intervención para referirse al movimiento magisterial en el estado de Oaxaca.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió intervención para referirse a violaciones a la normatividad parlamentaria.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con veintisiete minutos y citó para la siguiente sesión el día martes veintiséis de agosto, a las diecinueve horas".

Fin de la sesión".


El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

El Secretario Diputado Adame Alemán: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que se remite el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo de abril-junio de 2014.

“2014, Año de Octavio Paz”

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1836/14
México, D.F., 20 de agosto de 2014

 

CC SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5o, fracción XIII, 8o, fracción VIII, y 12 fracciones III, VIII y XIII de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me permito hacerles de su conocimiento que mediante oficio No. DOO/100/170/2014, el C. Carlos Ramírez Fuentes, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, envía el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo abril-junio de 2014.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido, así como dos juegos de sus anexos en forma impresa y disco compacto, a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a las Cámaras de Senadores y de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Diputado Adame Alemán: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, por el que se remite el informe que contiene las consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento de los ascensos Post Mortem de diverso personal que ostentó personalidad militar.

“2014, Año de Octavio Paz”

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1835/14
México, D.F., 20 de agosto de 2014

CC SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Por este conducto me permito anexar el oficio No. 76823, suscrito por el C. Gral. Bgda. D.E.M. José Ricardo Bárcena Rosiles, Subjefe Administrativo y Logístico del E.M.D.N. de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el cual remite el Informe que contiene las consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento de los ascensos POST MORTEM de diverso personal que ostentó personalidad militar.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 31 Bis de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario Diputado Adame Alemán: Se recibió un Acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que exhorta al Congreso de la Unión y a los congresos locales que integran la Federación a emprender los estudios y acciones parlamentarias y legislativas encaminadas a reconocer en el territorio nacional la movilidad como derecho humano.



El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Diputado Adame Alemán: Se recibió una comunicación suscrita por la Diputada Judit Guerrero López, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 22 de agosto de 2014.

“Judit Guerrero Lopez
DIPUTADA FEDERAL

Palacio Legislativo, 22 de agosto de 2014

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
Presidente de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presente

Con referencia a mi escrito del 19 de agosto actual por el que solicité licencia temporal al cargo de Diputado federal de la LXII Legislatura, me permito informar a usted que, con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a partir del presente me reincorporo a la actividad legislativa, toda vez que ha concluido el proceso interno de elección de los Titulares de la Presidencia y de la Secretaría General del Comité Directivo Estatal de Zacatecas del Partido Revolucionario Institucional para el período estatutario 2014 -2018, motivo de la licencia en cuestión.

En esa virtud, ruego a usted tenga a bien disponer se realicen los trámites administrativos, legales y parlamentarios conducentes, a fin de que se considere el reinicio de las labores inherentes al cargo con la fecha del presente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dip. Fed. Judit Guerrero López”.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Diputado Adame Alemán: Asimismo, se recibió una comunicación del Senador Arturo Zamora Jiménez, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 27 de agosto del año en curso.

“Senado de la República, 25 de Agosto del 2014

Sen. Raul Cervantes Andrade
Presidente de la Mesa Directiva
Comision Permanente del H. Congreso de la Union
Presente

El que suscribe, Arturo Zamora Jiménez, Senador de la República por el estado de Jalisco, con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 2 del artículo 14 del Reglamento del Senado de la República, me permito informar a usted, mi reincorporación al ejercicio de actividades legislativas como Senador de la República, a partir del próximo miércoles 27 de agosto del presente año.

Lo anterior derivado de la licencia que se me concedió el pasado 28 de febrero de 2013 por medio del oficio CS/AZJ/046/2013 para separarme de mis funciones.

Le reitero la segundad de mi consideración y le envío un cordial saludo.

Atentamente

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: La Asamblea ha quedado enterada, comuníquese a la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Diputado Adame Alemán: Igualmente, se recibieron las siguientes comunicaciones:

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y María Lucero Saldaña Pérez, con la que remiten el informe relativo al seminario “El Papel de los Parlamentos y su Contribución al Mecanismo del Examen Períodico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, celebrado en Montevideo, Uruguay, los días 14 y 15 de julio de 2014.








De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite informe de su participación en las reuniones de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, celebradas los días 24 al 26 de julio de 2014, en Panamá.








Y de la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 24 al 26 de julio de 2014, en Panamá.



El Presidente Senador Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de cada uno de los informes.






Informo a la Asamblea que tenemos inscritos en el Orden del Día 60 dictámenes que emitieron las comisiones de la Comisión Permanente, distribuidos de la siguiente forma: 14 son de la Primera Comisión, 4 de la Segunda Comisión y 38 de la Tercera Comisión.

Los dictámenes están publicados en la Gaceta de este día y así se hacen del conocimiento de la Asamblea.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada el pasado 18 de junio de 2014, Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato a promover el conocimiento de los derechos humanos de la niñez e implementar los mecanismos que permitan dar cumplimiento a la reforma constitucional del artículo 123, en lo relativo a la edad mínima de admisión al empleo.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

Esta Comisión, desarrolló su análisis y propuesta de dictamen de la mencionada Proposición con punto de acuerdo, conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 18 de junio del presente, la Senadora Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó la Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato a promover el conocimiento de los derechos humanos de la niñez e implementar los mecanismos que permitan dar cumplimiento a la reforma constitucional del artículo 123, en lo relativo a la edad mínima de admisión al empleo.

b. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnaran a esta Primera Comisión.

1. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La proponnte plantea que “…En días pasados, la señora María Libia Gómez Padilla, Subsecretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de Guanajuato inauguró el foro-taller “Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas”.

La funcionaria del Trabajo y Previsión Social declaró: “los niños que hoy se dedican a la venta de chicles o limpiaparabrisas, son los futuros empresarios del mañana”, y conminó a que “no se vea mal que un niño trabaje autoempleándose”.

La señora Gómez Padilla dijo a empresarios, que “traemos semilleros de niños que traen iniciativa de autoemplearse, seguramente no es malo y seguramente serán los empresarios ya no de una tienda de chicles sino de un centro comercial”.

A las declaraciones de la funcionaria, se suma, la alarmante cifra de 199 mil personas menores de edad que trabajan en Guanajuato, de los cuales según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2011) el 33% tienen entre 5 y 13 años, cifras que ubican a esta entidad, en el octavo lugar a nivel nacional por el alto número de menores de edad que trabajan en rubros como la industria de la construcción, comercio, en el campo.

Es de hacer notar que recientemente, el pasado 30 de mayo se instaló la Comisión Interinstitucional del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores (que deben ser mayores de 15 años) en Guanajuato, en esta Comisión participa el Gobierno del Estado, así como el Gobierno Federal.

Preocupan las declaraciones hechas por la señora María Libia Gómez Padilla, pero más si esta percepción es la que tiene el funcionariado del Trabajo y Previsión Social del Estado de Guanajuato, pues tales declaraciones contravienen los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, así como los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es necesario atender a la reciente reforma Constitucional que eleva a 15 años la edad mínima de admisión al empleo, la cual había sido una recomendación reiterada por parte de los mecanismos para la protección de la infancia como el Comité sobre los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas”.

La legisladora señala“…Es oportuno tener presente los preceptos de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, de la cual nuestro país es Parte, y que determina que los Estados tienen el deber de proteger a las niñas y los niños contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, concretamente, contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud.

Por otro lado, el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil, suscrito también por el Estado mexicano, considera entre las peores formas de trabajo infantil, el trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe su salud o su desarrollo psicosocial de niñas y niños, quienes pudieran ser aquellos que trabajan en las calles, y se exponen a innumerables peligros.

La OIT ha señalado que el “trabajo infantil” priva a las niñas y a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico; además de perpetuar el círculo vicioso de la pobreza e impedir que adquieran las calificaciones y la educación necesarias para asegurarse un futuro mejor.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que “los niveles de pobreza de la población infantil y adolescente en 2012 (53.8 por ciento) siguieron siendo significativamente mayores a los encontrados entre la población de 18 a 64 años (40.7 por ciento)”, y que a una mayor permanencia de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas, el nivel de pobreza en sus familias disminuye.

Es necesario tener en cuenta que el trabajo infantil no es determinante para salir de la pobreza, por lo que el comentario de esta funcionaria demuestra además una actitud discriminatoria y lejos de la realidad como puede observarse de los datos diagnósticos del CONEVAL y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)”.

Derivado de lo anterior, la proponente resalta “… En conclusión: sus ingresos no son básicos para la subsistencia familiar y sí restringen sus posibilidades futuras de obtener mejores condiciones de vida, por lo que deben garantizarse los derechos de la infancia de manera holística, y en este caso en particular, asegurar su derecho a la educación, al descanso, al juego y a ser protegidos de toda forma de explotación o discriminación, entre otras”.

Con lo anterior se pretende proponer:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a efecto de que gire sus instrucciones para formar en el conocimiento de los derechos humanos de la niñez, en particular respecto de los derechos que se violan por las peores formas de trabajo infantil, a quienes están al frente de la Delegación Federal del Trabajo del Estado de Guanajuato, e implementen los mecanismos que permitan dar cumplimiento a la reforma Constitucional del artículo 123, el cual eleva a 15 años la edad mínima de admisión al empleo y se evite que quienes son menores de esta edad trabajen, y los mayores de 15 lo hagan sin dejar sus estudios.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN

Primera.- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.- Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para formular el presente dictamen a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.- La Comisión Dictaminadora realizó la revisión, estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, haciendo algunas precisiones al respecto.

La mayor parte de los países han adoptado leyes que prohíben o imponen severas restricciones al empleo y el trabajo de los niños, en gran medida, impulsados y guiados por normas adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pese a estos esfuerzos, el trabajo infantil sigue existiendo a escala masiva y en ocasiones tiene lugar en condiciones deplorables, en particular, en el mundo en desarrollo. Este fenómeno es infinitamente complejo, y a ello se debe que el progreso haya sido lento o aparentemente inexistente.

No obstante ello, la base de toda política pública del Estado debe ser una legislación en la que se establezca la eliminación total del trabajo infantil como objetivo último, así como medidas para lograrlo.

El trabajo infantil es un problema de inmensas proporciones y de ámbito mundial, al que tras realizar estudios exhaustivos en esta materia, la OIT ha llegado a la conclusión de que es necesario mejorar los Convenios sobre trabajo infantil existentes.

El Convenio núm. 182 ha ayudado a despertar un interés internacional respecto de la urgencia de actuar para eliminar las peores formas de trabajo infantil prioritariamente sin perder de vista el objetivo a largo plazo de la abolición efectiva de todo el trabajo infantil.

Al respecto señala:

CONVENIO 182
SOBRE LA PROHIBICION
DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL
Y LA ACCION INMEDIATA PARA SU ELIMINACION

Artículo 1

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.

Artículo 2

A los efectos del presente Convenio, el término «niño» designa a toda persona menor de 18 años.

Artículo 3

A los efectos del presente Convenio, la expresión «las peores formas de trabajo infantil» abarca:

a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

Cuando el Estado mexicano suscribió esta convención internacional, lo hizo asumiendo el compromiso de garantizar que todas las instituciones públicas y privadas, así como los tribunales, autoridades administrativas y órganos legislativos de todos los niveles del país, protegerían el interés superior de los niños y las niñas. De la misma forma, asegurar la protección y el cuidado necesarios para el bienestar de los niños observando los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de ellos ante la ley y que con ese fin, se tomarían todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

El noveno párrafo del artículo 4° Constitucional, establece que:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Asimismo, el Decreto por el que se reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 17 de junio de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, señala:

SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. ...

...

A. ...

I. y II. ...

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.

IV. a XXXI. ...

B. ...

Cuarta.- Cabe señalar que el 30 de mayo de 2014 en Guanajuato, Guanajuato, la Secretaría de Gobierno instaló la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el Estado de Guanajuato, en la que participan todas las dependencias estatales y la delegación federal del trabajo, con el objeto de diseñar y dar seguimiento a las acciones y programas que se implementen para erradicar el trabajo infantil y en favor de la dignidad de los menores guanajuatenses en el Estado.

El Secretario de Gobierno y presidente de la Comisión Interinstitucional, Antonio Salvador García López, dijo: …“Que la prevención es la ruta más eficiente y eficaz para mejorar el entorno social de nuestras niñas, niños y adolescentes”1

“Para erradicar el trabajo infantil y salvaguardar los derechos humanos y de previsión social de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida en nuestro país, se requiere de la participación interinstitucional de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, pero sobre todo del sector social”.2

“Que en Guanajuato, a través de la Subsecretaria del Trabajo y Previsión Social en coordinación con las autoridades involucradas en la protección de los derechos de niñas, niños y las y los adolescentes, se cuenta con programas para identificar y erradicar el trabajo infantil, así como acciones que estimulan su desarrollo integral”3.

Dicha Comisión está integrada, además del Secretario de Gobierno, por la Subsecretaria del Trabajo y Previsión Social en Guanajuato, María Libia Gómez Padilla, como Secretaria Técnica; el Delegado Federal del Trabajo en el Estado, Ángel Arellano Espinoza; la Directora General del Instituto de la Mujer Guanajuatense, Adriana Rodríguez Vizcarra y los Secretarios de Seguridad Pública, Educación, Desarrollo Social, Desarrollo Económico Sustentable y la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre otros.

En razón de lo anterior y tomando en consideración que la Delegación Federal del Trabajo del Estado de Guanajuato forma parte de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, y con relación al considerando tercero, esta Comisión Dictaminadora considera procedente exhortar a dicha Comisión, a efecto de que las acciones y programas que se implementen para erradicar el trabajo infantil, se realicen con apego a los preceptos Constitucionales y los Tratados Internacionales, en la materia vigentes para México.

Aunado a ello, es necesaria una capacitación para los servidores públicos de la Delegación Federal del Trabajo del Estado de Guanajuato, en materia de los Derechos Humanos y el interés superior de la niñez, así como de los alcances de la reciente reforma constitucional al artículo 123.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

VI. PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con pleno respeto al pacto federal, solicita a la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el estado de Guanajuato, considere diseñar y dar seguimiento a acciones y programas que se implementen para erradicar el trabajo infantil, con apego a los preceptos constitucionales y a los tratados internacionales.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los nueve días del mes de junio de 2014.

 
1 Comunicado de Prensa, publicado en el portal de la página web del Gobierno de Estado de Guanajuato, consultado vía electrónica en http://www.guanajuato.gob.mx
2 Ídem.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales y municipales a elaborar y actualizar los atlas de riesgo municipales, se optimice y extienda el sistema R-FONDEN y se explique el costo en las finanzas públicas del bono de catástrofes, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 25 de junio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I.- ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 25 de junio del 2014, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales y municipales a realizar y actualizar los atlas de riesgos municipales, se optimice y extienda el sistema R-FONDEN y se explique el costo en las finanzas públicas del bono de catástrofes

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En la proposición con punto de acuerdo se describe que la temporada de Huracanes inició oficialmente, los sismos son permanentes y al menos uno de escala mayor a 4 grados Richter es sentido cada año. Se informa que según información de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, aproximadamente el 40% del territorio mexicano y más de una cuarta parte de su población están expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones, además de estar considerado como uno de los países de mayor actividad sísmica.

El Grupo Parlamentario del PAN indica que para atender estas emergencias, el Gobierno ha desarrollado un esquema de financiamiento para la gestión de riesgos por desastres naturales a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) que atiende la prevención, la emergencia, y la reconstrucción. Señalan que el FONDEN cuenta, en cada ejercicio presupuestal, con al menos el 0.4% del Presupuesto Federal anual y es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la responsable del manejo del Fondo.

En la propuesta se señala que, el Fondo cuenta con un Fideicomiso encargado de transferir recursos a las entidades federativas para reconstrucción y prevención de desastres y ahora también cuenta con la facultad para transferir los recursos a través de Bonos Catastróficos. Desde el 2006 estos bonos fueron contratados con vigencia hasta el 2009 otorgando una cobertura de US $450 millones de dólares para acciones de atención por sismos en tres zonas del país.

Los proponentes describen que el 15 de octubre del 2012 la Secretaría de Hacienda, a través de un comunicado, anunció que el gobierno federal renovaría y ampliaría la cobertura financiera del bono de catástrofe por 315 millones de dólares en tres vertientes:

A. Por 140 mdd contra sismos que ocurran en distintas zonas del territorio nacional;

B. Por 100 MDD contra huracanes que impacten a varias zonas de la costa del Océano Pacífico de nuestro país; y

C. Por 75 MDD si los huracanes ocurrieran en distintas zonas costeras nacionales del Océano Atlántico y el Golfo de México.

Para 2013, afirman los proponentes que la misma Secretaría informó que se autorizaron 955.4 millones en el rubro de Bono Catastrófico y el destino, según se precisa, fue para el pago de la prima del seguro por exceso de pérdidas, para la protección del Patrimonio del Fideicomiso FONDEN por el periodo del 5 de julio del 2013 al 5 de julio del 2014.

Indican los proponentes que se realizó un pago para el Bono, pero hasta el momento no se conoce oficialmente cómo y cuándo se ha utilizado este esquema de seguro. Destacan que no existe información pública que explique claramente en qué circunstancias o características se puede acceder a los recursos de dicho Bono. Lo más grave, indican los proponentes, es que según declaraciones del Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en octubre de 2013: …“De los bonos catastróficos que México contrató por el Banco Mundial en 2006 y 2009 contra huracanes y terremotos, nunca pudo cobrar un solo peso de todas las inversiones que hizo en este nivel de adquisición... ya que las primas de tales seguros no estaban perfectamente bien medidas porque tenía que gastar el país en un solo fenómeno más de 12 mil millones de pesos para que te dieran el primer peso“.

En la proposición se hace mención q que aparentemente se ha invertido en un seguro que no ha cubierto las necesidades para el tipo de emergencias naturales en caso de desastre en nuestro país; no son muy claras las razones por las que se renovó la contratación del Bono de Catástrofes. En este contexto, los proponentes consideran que es imperativo exigir al gobierno mejorar los esquemas de cobertura de dichos Bonos, dado que el impacto en las finanzas públicas de los fenómenos meteorológicos es elevado, no sólo por el pago para la reconstrucción sino por los efectos en la actividad económica nacional y local.

En la propuesta se indica que el esquema de seguro como el Bono de Catástrofe fue una innovación, pero aparentemente no se ha logrado optimizarlo para desbloquear recursos para eventos como “Ingrid” y “Manuel”. Hacen énfasis a que mucho de esto es resultado de la deficiente información sobre las zonas de riesgo en nuestro país. Para dar un ejemplo de esto, en la proposición se destaca que según información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el  2012, de los 617 municipios de alto y muy alto riesgo, sólo el 3.73 % tenían atlas de riesgo actualizado a 3 años.

Se destaca en la propuesta que existen herramientas que son utilizadas para la protección civil y la prevención de riesgos como el Atlas Nacional de Riesgos coordinado por la SEGOB a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); además de estas referencias, indican los proponentes que cuando un fenómeno natural se presenta, el gobierno difunde alertas, principalmente para sismos, ciclones y huracanes, erupciones, coordinados por diversas instituciones como CENAPRED,  Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Presidencia de la República que, en colaboración  con los gobiernos locales, emiten información sobre los fenómenos más recientes. Sin embargo, mencionan en la proposición que la falta de actualización de atlas de riesgos municipales y de coordinación interinstitucional ha provocado que cada año fenómenos como los huracanes provoquen grandes pérdidas materiales y humanas. Indican que no se ha logrado coordinar programas como el de “Prevención de Riesgos en Asentamientos Humanos” a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), que otorga apoyo a los municipios y estados a elaborar Atlas de Riesgo. Este programa existe desde el 2011 pero los resultados son limitados.

En la propuesta se indica que en el 2012 la SEGOB y la SHCP pusieron en marcha una herramienta que está en etapa de perfeccionamiento: el R-FONDEN que es un sistema de cálculo probabilístico de riesgo de desastres naturales del sector público para estimar pérdidas en inmuebles e infraestructura del sector público, así como la población afectada. El modelo utilizado ubica los bienes bajo amenaza y calcula el costo de su afectación o pérdida para utilizarlo en la proyección de manejo de riesgos en el FONDEN y los diversos seguros públicos y privados. Esta es una buena iniciativa, sin embargo es necesario se utilice en todo el territorio nacional para mejorar las políticas públicas de protección civil y mejorar las coberturas de los seguros afinando y definiendo con mayor precisión las zonas de riesgo-costo.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, manifiesta que ante la inminencia del aumento de frecuencia de la ocurrencia e intensidad de fenómenos naturales en nuestro país, es necesario que el Gobierno Federal y los distintos órdenes de gobierno tomen medidas urgentes para evitar las pérdidas humanas y materiales a partir de acciones eficaces de prevención, atención y reparación de daños.

De la misma manera, señalan que es urgente contar con un Atlas Nacional de Riesgos actualizado y completo a nivel municipal, lo que permitirá mejorar los esquemas de seguros catastróficos diversificando la cobertura de los riesgos. Igualmente es necesario conocer el costo y beneficios obtenidos con esquemas de protección como el Bono de Catástrofes, así como mejorar y ampliar los programas de estimación de riesgos y pérdidas como el R-FONDEN.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos estatales y municipales a través de sus sistemas locales de protección civil,  a elaborar y actualizar los atlas de riesgos municipales y a optimizar y extender la aplicación del sistema R-FONDEN para establecer mejores políticas de prevención y reparación de daños y sistemas de alerta contra desastres naturales y con esta información, mejorar la cobertura de los seguros como el Bono Catastrófico.

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de un informe pormenorizado, explique a esta Soberanía las condiciones para el pago de pérdidas para el Bono Catastrófico renovado en 2012 y su costo real en las finanzas públicas.

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Primera Comisión señalan que es evidente que muchos de los eventos naturales que afectan el territorio nacional no pueden evitarse y en algunos casos ni predecirse. Sus causas están ligadas al cambio climático global, consecuencia de las actividades antropogénicas, por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de otorgar la protección y dar la seguridad a las poblaciones expuestas a estos fenómenos, en especial a los asentamientos humanos con mayores riesgos y con un elevado grado de vulnerabilidad.

Ante la inminencia del aumento de frecuencia de la ocurrencia e intensidad de fenómenos naturales en nuestro país,  el Gobierno Federal ha instrumentado diversas medidas  urgentes para evitar las pérdidas humanas y materiales, a partir de acciones eficaces de prevención, atención y reparación de daños.

Una de estas herramientas es el Control y Seguimiento del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) que tiene  como objetivo atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades federales, así como de las entidades federativas; por lo tanto, es un complemento de las acciones que deben llevarse a cabo para la atención de desastres naturales.

A través de FONDEN se pretende proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un fenómeno natural perturbador.

El FONDEN cuenta, en cada ejercicio presupuestal, con al menos el 0.4% del Presupuesto Federal anual y es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la responsable del manejo del Fondo.

El Fondo cuenta con un Fideicomiso encargado de transferir recursos a las entidades federativas para reconstrucción y prevención de desastres y ahora también cuenta con la facultad para transferir los recursos a través de Bonos de Catástrofe. Desde el 2006 estos bonos fueron contratados con vigencia hasta el 2009, otorgando una cobertura de US $450 millones de dólares para acciones de atención por sismos en tres zonas del país.

El 15 de octubre del 2012 la Secretaría de Hacienda, a través de un comunicado, anunció que el Gobierno Federal renovaría y ampliaría la cobertura financiera del Bono de Catástrofe por 315 millones de dólares.

En una revisión que se realizó a la información sobre el Bono de Catástrofe, se indica que por ejemplo en el caso de los siniestros “Manuel” e “Ingrid” no entró en los parámetros contratados; siendo que de acuerdo con el especialista en administración de riesgo de desastres del Banco Mundial, Oscar Ishizawa, las tormentas tropicales Manuel e Ingrid “por sus características físicas no están cubiertas por el Multicat México 2012”, explica que “el bono catastrófico Multicat está diseñado para cubrir necesidades de liquidez, es decir un desembolso relativamente rápido para eventos de gran magnitud (considerado así por el Banco Mundial)”.

Por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora solicita un informe de las razones y alcances para efectuar la renovación y ampliación del Bono de Catástrofe en 2012.

En 2012 como se indica en la proposición con punto de acuerdo en análisis, la SEGOB y la SHCP pusieron en marcha una herramienta que está en etapa de perfeccionamiento: el R-FONDEN que es un sistema de cálculo probabilístico de riesgo de desastres naturales del sector público para estimar pérdidas en inmuebles e infraestructura del sector público así como la población afectada. El modelo utilizado ubica los bienes bajo amenaza y calcula el costo de su afectación o pérdida para utilizarlo en la proyección de manejo de riesgos en el FONDEN y los diversos seguros públicos y privados; es necesario se utilice en todo el territorio nacional para mejorar las políticas públicas de protección civil y mejorar las coberturas de los seguros afinando y definiendo con mayor precisión las zonas de riesgo-costo.

En este sentido,  esta Comisión Dictaminadora coincide ampliamente con los proponentes en relación a que se ha invertido en un seguro que no ha cubierto las necesidades para el tipo de emergencias naturales en caso de desastre en nuestro país; y en que no son claras las razones por las que en julio de 2012 se renovó la contratación del Bono de Catástrofes. En este contexto, es imperativo solicitar al Gobierno mejorar los esquemas de cobertura de dichos Bonos dado que el impacto en las finanzas públicas de los fenómenos meteorológicos es elevado, no sólo por el pago para la reconstrucción sino por los efectos en la actividad económica nacional y local.

Otra de las herramientas con las que cuenta el Gobierno Federal para la protección civil y la prevención de riesgos es el Atlas Nacional de Riesgos coordinado por la SEGOB a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); este Atlas contempla los siguientes ámbitos: Geológicos (sismos, tsunamis, erupciones y emisiones volcánicas, hundimientos regionales y locales) Hidrometeoro lógicos (ciclones tropicales, huracanes, inundaciones,  Químico Tecnológicos, Sanitario Ecológicos, Socio organizativos.

Es importante apuntar que según información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el  2012, de los 617 municipios de alto y muy alto riesgo, sólo el 3.73 % tenían atlas de riesgo actualizado a 3 años.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal contempla dentro de la política estratégica para la prevención de desastres promover y consolidar la elaboración de un Atlas Nacional de Riesgos a nivel federal, estatal y municipal, asegurando su homogeneidad; impulsar la Gestión Integral del Riesgo como una política integral en los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores privado y social; fortalecer los instrumentos financieros de gestión del riesgo, privilegiando la prevención y fortaleciendo la atención y reconstrucción en casos de emergencia y desastres, principalmente.

Ante la inminencia del aumento de frecuencia de la ocurrencia e intensidad de fenómenos naturales en nuestro país, es urgente contar con un Atlas Nacional de Riesgos actualizado y completo a nivel municipal, lo que permitirá mejorar los esquemas de seguros catastróficos diversificando la cobertura de los riesgos. Igualmente es necesario conocer el costo y beneficios obtenidos con esquemas de protección como el Bono de Catástrofes, así como mejorar y ampliar los programas de estimación de riesgos y pérdidas como el R-FONDEN.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVOS

Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Sistema Nacional de Protección Civil, coordinado por la Secretaría de Gobernación que, en concordancia con los criterios establecidos para el Atlas Nacional de Riesgos, se continúe con la elaboración y actualización de los Atlas de Riesgos de las Entidades Federativas y los Municipios del país.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere extender la aplicación del sistema R-FONDEN en favor de mejores políticas de prevención y reparación de daños y sistemas de alerta contra desastres naturales y  propiciar una mejor cobertura de los seguros, como el Bono Catastrófico y, al respecto,  envíe  a esta Soberanía un informe sobre la estrategia de aseguramiento catastrófico que llevo a cabo el Gobierno Federal en 2012, incluyendo las condiciones para el pago de pérdidas para el Bono Catastrófico renovado en ese mismo año y su costo real en las finanzas públicas.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso de la Unión a los dieciséis  días del mes de julio de 2014.

PRIMERA COMISION”.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, fueron turnadas las Proposiciones con Punto de Acuerdo por las que se solicita a diversas entidades del Gobierno Federal y del Estado de Michoacán a que se realicen las investigaciones correspondientes y que se remitan a esta soberanía informes pormenorizados relativos al albergue “La Gran Familia”, en el estado de Michoacán. Una de ellas presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; otra por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y una más por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Todas estas Proposiciones fueron presentadas en la Sesión de la Comisión Permanente celebrada el 23 de julio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el  Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 23 de julio de 2014 se presentaron las siguientes proposiciones con Punto de Acuerdo:

a. De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales, a remitir a esta soberanía un informe pormenorizado respecto a la situación del albergue “la gran familia” y de los menores que se encontraban en el mismo.

b. De la Senadora Angélica de la Peña Araujo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que se exhorta a diversas instancias a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que vivían en al albergue “La Gran Familia”

c. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se solicita al Ejecutivo Federal y al Titular del Ejecutivo de Michoacán, informen a esta Soberanía las causas del desproporcionado despliegue militar y policiaco en la casa hogar “La Gran Familia”, ubicada en Zamora, Michoacán y la situación actual de los menores que en ella residían.

d. De los Diputados Verónica Juárez Piña, Miguel Alonso Raya y Carlos Augusto Morales López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social y de Salud, a la Procuraduría General de la República, al DIF Nacional y a los gobiernos de los estados y los municipios a implementar acciones encaminadas al funcionamiento y atención de las poblaciones que se encuentran en los albergues, refugios, casas hogar o cualquier otra institución

B. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dichas Proposiciones fueran turnadas a la Primera Comisión-Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante los oficios n°: CP2R2A.-2166, CP2R2A.-2132, CP2R2A.-2151 y CP2R2A.-2159, respectivamente.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Los resolutivos de la Primer Proposición enlistada en los antecedentes del presente, son los siguientes:

Único.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, al Gobierno del Estado de Michoacán y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, remitan un informe pormenorizado sobre el albergue “La Gran Familia”, en los términos siguientes:

I. Informen sobre el número y situación en que se encuentran los menores que han sido trasladados a albergues de otros estados de la República.

II.- Informen cuántos hay en cada uno de éstos, así como la ubicación de los mismos.

III.- Cuántas son niñas y cuántos niños, así como las edades de cada uno de ellos.

IV.- Cuántos menores han sido sometidos a pruebas de ADN.

V.- Cuántos han sido devueltos a sus padres.

VI.- Cuántos menores no cuentan con identificación oficial.

VII.- Cuál es el número y la situación de las personas mayores de 18 años.

VIII.- Cuál es la situación jurídica y operativa del albergue “La Gran Familia”.

IX.- Cuáles serán las acciones de seguimiento y protección de los menores que fueron reubicados.

La segunda Proposición, pretende lo siguiente:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de la República dar puntual seguimiento a este lamentable caso, referente a La Gran Familia, sita en Zamora, Michoacán, a fin de que sean sancionadas todas las personas sin excepción, responsables de la violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes quienes vivían en este albergue, tanto a quienes estaban privadas de su libertad y no.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Asistencia Privada del Gobierno de Michoacán a revisar las condiciones en las que se encuentran las casas hogares de esa entidad federativa.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF a crear un sistema de supervisión de albergues y casas de cuidado en el país, y diseñar un Protocolo Único de funcionamiento, supervisión y evaluación diagnóstica periódica para normar a todas las asociaciones civiles, de asistencia privada y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a atender desde albergues, casas de medio camino, centros de atención, etc. Para que se garantice el respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas para que en términos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, integrenuna base de datos desagregada por sexo y edad, que dé cuenta de las niñas, niños y adolescentes que habitan en los albergues del país, y de la situación en que viven.

Quinto.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para crear un grupo plural de Senadoras y senadores que de acompañamiento para apoyar las acciones emprendidas por la PGR en el caso del albergue La Gran Familia, situada en Zamora, Michoacán.

Sexto.- La Cámara de Diputados junto con la Secretaría de Hacienda, determinen presupuestos suficientes extraordinarios y se tomen las previsiones presupuéstales para el ejercicio 2015 a fin de que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en sus tres órdenes de gobierno brinde asistencia integral a las niñas, niños y adolescentes, que se encuentren sufriendo discriminación múltiple, como las niñas y niños migrantes no acompañados, víctimas de violencia en sus familias o en centros de atención y que se encuentren privados de los cuidados familiares.

La tercera Proposición aquí enlistada, plantea lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que informe porqué llevo a cabo el desproporcionado despliegue militar y policiaco en la casa hogar La Gran Familia, ubicada en Zamora, Michoacán.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo del estado de Michoacán, para que informen a esta soberanía sobre los avances en la investigación sobre el caso y la situación de los menores desprovistos de hogar.

La última Proposición enlistada en el presente Dictamen, propone lo siguiente:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Salud, DIF Nacional y a los gobiernos de los estados para que realicen un diagnóstico que registre el número, sexo y edad de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en instituciones de cuidados alternativos y que hayan sido reintegrados a sus núcleos familiares, que permita establecer políticas públicas integrales y multidisciplinarias para garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias y sus atribuciones los derechos humanos de los mismos, así como la implementación de lineamientos y mecanismos eficaces para la supervisión, seguimiento y vigilancia de los procesos de atención y de los servicios que reciben por parte del Estado y de las instituciones sociales y privadas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, para que se realice una investigación expedita, efectiva, eficaz y transparente para el caso del albergue “La Gran familia”, y se deslinden responsabilidades.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General del Estado de Michoacán, al DIF Nacional y a los DIF estatales para que en ámbito de sus respectivas competencias, se restituya y garantice el pleno respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes rescatados así como sus familias.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN
 
PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora se ha pronunciado porque el respeto de los Derechos de todas las personas sean garantizados y porque las instancias de investigación y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno de nuestro país, cumplan a cabalidad sus funciones con el fin de que la ley se cumpla.

SEGUNDA.- Es relevante señalar que al día siguiente de la presentación de las Proposiciones con Punto de Acuerdo que aquí se analizan, la Procuraduría General de la República, mediante el Boletín de Prensa 132/14 dio a conocer lo siguiente:

Luego de valorar los elementos proporcionados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, el Juez Cuarto de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, dentro de la causa penal número 168/2014, dictó auto de formal prisión contra Felipe Serrano Gómez, Lourdes Verduzco Verduzco, David Rogelio Álvarez Murillo, José Enrique Hernández Valdovinos, Vicente Carlos Félix Durán y Miguel Ángel Ibarra Valencia, por su probable responsabilidad en la comisión de los siguientes delitos:

a).- Delincuencia Organizada hipótesis de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y trata de personas.

b).- Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro agravada, y dispuestos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, en agravio de 48 víctimas.

c).- Trata de personas con fines de mendicidad forzosa (hipótesis: acción dolosa de varias personas para captar, retener, entregar, transportar y recibir a una persona o varias con fines de mendicidad forzosa).

d).- Trata de personas en la modalidad de explotación de la mendicidad ajena agravada según la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos de trata de personas.

e).- Trata de personas hipótesis del trabajo o servicios forzados acción dolosa de varias personas para captar, enganchar, transportar, entregar, recibir y alojar a una o varias personas con fines de explotación laboral

El agente del Ministerio Público de la Federación ordenó el aseguramiento del inmueble ubicado en Calzada Zamora-Jacona, Colonia La Luneta, Código Postal 59680, Municipio de Zamora, en el Estado de Michoacán; entre las Avenidas Virrey de Mendoza y Manuel Gómez Morín.

De igual manera dicho órgano jurisdiccional, ordenó que el agente del Ministerio Público de la Federación, garantice los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

Del mismo modo, en conferencia de prensa el Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, informó que la Procuraduría determinó la inimputabilidad de Rosa del Carmen Verduzco, encargada del albergue La Gran Familia, de Zamora, Michoacán, pese a que hay imputaciones en su contra, entre ellas, algunas por golpes. Explicó que la decisión se tomó con base en un estudio médico, patológico y psicológico realizado a Verduzco Verduzco, por el cual se determinó que debido a su avanzada edad presenta un estado mental y de salud que no permite fincarle responsabilidades penales.

TERCERA.- En vista de lo señalado en el numeral anterior, la Comisión Dictaminadora estima que los resolutivos de las Proposiciones en análisis que pretenden exhortar a la Procuraduría General de la Republica para que investigue y a su vez finque las responsabilidades correspondientes, han quedado sin materia, toda vez que esta dependencia ha realizado tales acciones, según se informó.

CUARTA.- Ahora bien, las Proposiciones en análisis pretenden que, tanto el Gobierno Federal como el gobierno de Michoacán, a través de las instancias correspondientes, informen sobre las acciones tomadas con respecto a las personas que vivían en el albergue “La Gran Familia”.

En ese sentido, debe señalarse que desde el día en que la PGR llevó a cabo el operativo en el multicitado albergue, se difundió por los medios de comunicación que las personas que ahí se encontraban, serían trasladados a otros albergues en Morelia y en el Distrito Federal; y que otros más serían entregados a sus familiares. Es decir, la información que se solicita de las instancias de los gobiernos Federal y Estatal, respecto a la reubicación de estas personas es del dominio público, por lo cual, estimamos que es de no aprobarse un resolutivo bajo estos términos.

QUINTA.- En relación con la solicitud de que se prevea recursos en el presupuesto 2015 cuya finalidad sea dotar de capacidad presupuestaria al DIF para realizar actividades de asistencia integral al mencionado sector de la población, se comenta que la misma es un documento sujeto a dictamen que constituye un exhorto a cumplir acciones que no se identifican dentro de las atribuciones de esta Secretaría.

En los términos en que se presenta el Punto de Acuerdo tiene como finalidad hacer un exhorto a la Cámara de Diputados y a la SHCP para que consideren presupuestos extraordinarios, así como previsiones presupuestales para el ejercicio 2015 a efecto de que el DIF, en sus tres órdenes de gobierno cuente con recursos suficientes para asistir a las niñas, niños y adolescentes, que se encuentren sufriendo discriminación, así como a las niñas, niños migrantes no acompañados, víctimas de la ausencia de cuidados familiares o de los centros de atención.

Al respecto se comenta que el Sistema DIF actualmente cuenta con algunos programas presupuestarios que destinan parte de sus recursos a brindar asistencia integral a las niñas, niños y adolescentes, entre dichos programas se encuentran el S250- Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia cuyo objetivo es promover el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la asistencia jurídica en materia familiar, implementar acciones de legalidad, de prevención y atención de maltrato infantil y violencia familiar, así como contribuir a que las niñas, niños y adolescentes se integren a una familia, a través de la Regularización Jurídica de Menores.

SEXTA.- Sin duda, es menester que todas las instancias públicas hagamos un esfuerzo para que no vuelvan a ocurrir una circunstancia como esta no vuelva a ocurrir, y para que a la brevedad el gobierno federal desarrolle los mecanismos necesarios para que nos aseguremos de que realmente no vuelva a ocurrir.

A este respecto, es relevante mencionar que la UNICEF mediante un comunicado fechado el 18 de julio de 2014, que se titula Es necesario revisar procesos de institucionalización y cuidados de niños privados de su medio familiar: UNICEF, en el que este organismo internacional se refiere a los hechos relacionados con el albergue “La Gran Familia”, y señala la necesidad de que en nuestro país “se revisen los procesos de institucionalización y cuidados alternativos de niños privados de su medio familiar, tomando como marco de referencia la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por el Estado mexicano en 1990 y las Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños.”

En el mismo comunicado, dicho Organismo Internacional indica que con el fin de salvaguardar los derechos de los niños en estado de vulnerabilidad, es necesario contar en nuestro país con los siguientes instrumentos:

● Con un sistema nacional de registro de albergues y casas de cuidado, que entre otras cosas proporcione información actualizada sobre cuántos niños y niñas están institucionalizados y cuál es su situación.

● Un sistema de supervisión de dichas instituciones.

● Estándares de cuidado acordadas por las autoridades.

● Revisión regular de la situación y las razones por las que niñas y niños privados de su medio familiar se encuentran en instituciones de cuidado, para promover soluciones alternativas.

● Un sistema de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad como un mecanismo de prevención de la institucionalización de niños y niñas.

Asimismo, agrega que “estos aspectos de la protección de la infancia son parte de la necesidad urgente de construir un sistema más amplio de protección a la infancia que responda de manera eficiente a todos los casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.”

Acorde con esto, los integrantes de esta Comisión estimamos que las proposiciones aquí analizadas que plantean solicitar al gobierno federal la instauración de medidas asociadas a las recomendaciones que realizó la UNICEF a nuestro país en días recientes son de aprobarse mediante una redacción que conjunte las intenciones de los legisladores proponentes.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora acuerda el siguiente:

IV RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita a la Procuraduría General de la República, así como al Gobierno del estado de Michoacán, con pleno respeto a los principios de confidencialidad y reserva, remitan un informe a esta Soberanía sobre cuáles fueron las investigaciones previas que motivaron el operativo en el albergue “La Gran Familia”; que incluya la información relacionada con las personas que se encontraban en este albergue, considerando el estado de salud, la circunstancia civil de éstas y el lugar en el que fueron reubicadas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a los Gobiernos federal y de las entidades federativas, a que remitan a esta Soberanía un informe sobre los albergues que estén a su cargo o que funcionan en el ámbito de autorizaciones que hubieren otorgado precisando el número de personas que en estos habitan y las condiciones en las que viven las personas en estos lugares.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas que, en concordancia con la recomendación emitida por la UNICEF, establezca a la brevedad las condiciones necesarias para que en nuestro país se cuente con lo siguiente:

● Un sistema nacional de registro de albergues y casas de cuidado, que entre otras cosas proporcione información actualizada sobre cuántos niños y niñas están institucionalizados y cuál es su situación.

● Un sistema de supervisión de dichas instituciones.

● Estándares de cuidado acordadas por las autoridades.

● Revisión regular de la situación y las razones por las que niñas y niños privados de su medio familiar se encuentran en instituciones de cuidado, para promover soluciones alternativas.

● Un sistema de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad como un mecanismo de prevención de la institucionalización de niños y niñas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los doce días del mes de agosto de 2014.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada:

a) La proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación y a los titulares del Ejecutivo de las Entidades Federativas de la República para que fortalezcan sus acciones y políticas publicas destinadas a prevenir y sancionar el delito de trata de personas suscrita por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En sesión del miércoles 6 de agosto de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

B. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo mediante el oficio CP2R2A.-2542.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 19 de la Comisión Permanente, el 6 de agosto de 2014.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

A. La proposición pretende:

PRIMERO.- Exhortar a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas fortalezca las acciones de impulso y coordinación de políticas públicas nacionales orientadas a la concientización permanente en el tema de abuso, sometimiento y comercialización de niñas y mujeres, a fin de alertar a la sociedad mexicana.

SEGUNDO.- Exhortar a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas para que a través de sus Procuradurías desarrollen políticas públicas orientadas a prevenir y sancionar la trata de personas en sus demarcaciones, con especial énfasis en la explotación de niñas, niños y mujeres.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

● Se describe qué se entiende por trata de personas, la clasificación como delitos y su censura desde el ámbito internacional.

● Se sostiene que en México la trata de personas constituye un problema que ha generado por lo menos 42 millones de dólares.

● La trata con fines de explotación sexual afecta principalmente a niñas, jóvenes y mujeres a quienes se violenta gravemente sus derechos. Desafortunadamente, México es fuente, transito y destino para la trata de personas con fines de explotación sexual comercial y de trabajo forzado, de acuerdo con el reporte “Traffcking in persons Report”.

● De acuerdo con las normas de protección a víctimas de USA no contaríamos con las normas mínimas de protección en contra de la trata de personas.

● Tlaxcala es un ejemplo del poco control que existe en materia de trata. En ese sentido, se ve “como algo normal”, es la aspiración de los niños y ahí se han establecido conocidos grupos criminales en materia de trata. Además, se calcula que el 10% de la población de esa entidad se dedica al reclutamiento, explotación sexual y venta de mujeres.

● El centro Fray Julián Garcés realizó un estudio en el que adujo que la forma en que eran enganchadas las mujeres a la red era a través del enamoramiento, les prometían todo tipo de comodidades y en algunas ocasiones se casaban para luego ser privadas de la libertad y prostituidas.

● Es preocupante Que en Tlaxcala ha crecido un 28% el número de cuartos de hotel en lo que se denomina “el corredor de la prostitución”; cabe mencionar que la relevancia del incremento se refleja en el número de porcentaje ya que zonas como Cancún registran un aumento del 2%.

III. CONSIDERACIONES

Esta Primera Comisión considera procedente la solicitud de punto de acuerdo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco en atención a las siguientes consideraciones. 

“La trata de seres humanos vulnera la dignidad de sus víctimas, afecta a familias y comunidades enteras, lastima la cohesión social y, sobre todo, fractura la condición de humanidad de quienes sufren este crimen.

México tiene una posición geográfica particular que lo convierte en escenario de una intensa dinámica migratoria. Por ello, es considerado un país de tránsito de víctimas de trata de personas; al mismo tiempo, México es un país de origen –fundamentalmente de niñas, niños y mujeres–, que son trasladadas a otros territorios para ser sujetos de la trata con fines de explotación sexual y laboral; y es también un país en el que se comete de manera reiterada el delito de la trata de personas, además de ser considerado un país de destino de víctimas que son traídas al territorio nacional con fines de explotación sexual o laboral. [1]

En ese sentido, México México firmó y ratificó en 2003 el protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. Lo anterior, en relación con el contenido del artículo 1º constitucional hacen procedente el presente punto de acuerdo:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

[…]

Esta Primera Comisión considera de especial importancia la prevención y combate de la trata de personas y en ese sentido, que las autoridades federales y de las entidades federativas establezcan una política determinante en contra de ese mal que aqueja a la sociedad.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas que fortalezca las acciones de impulso y coordinación de políticas públicas nacionales orientadas a la concientización permanente en el tema de abuso, sometimiento y comercialización de niñas y mujeres.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los Gobiernos de las entidades federativas que, a través de las instancias locales pertinentes, desarrollen políticas públicas orientadas a prevenir y sancionar la trata de personas en sus demarcaciones, con especial énfasis en la explotación de niñas, niños y mujeres.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los diecinueve días del mes de agosto de 2014.

[1] CNDH -CEIDAS, Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México, México, 2009, foja 5. Disponible en






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada el pasado 16 de julio de 2014, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a hacer del conocimiento público el por qué no ha publicado el monto total de las indemnizaciones por el pago de reparación de daño que ha entregado, incumpliendo con ello lo referido en el artículo 157 de la Ley General de Víctimas.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

Esta Comisión desarrolló su análisis y propuesta de dictamen de la mencionada proposición con punto de acuerdo, conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I.- ANTECEDENTES

a) En la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 16 de julio del presente, los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a hacer del conocimiento público por qué no ha publicado el monto total de las indemnizaciones por el pago de reparación de daño que ha entregado, incumpliendo con ello lo referido en el artículo 157 de la Ley General de Víctimas.

b) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnara a esta Primera Comisión mediante el oficio CP2R2A.-1968.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los proponentes plantean que “…la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a las víctimas u ofendidos de delitos y de violaciones a derechos humanos, entre otros, los derechos a recibir protección, así como otras medidas de atención para garantizar su integridad física y psicológica, y a la reparación integral del daño.

La Ley General de Víctimas publicada en el DOF el 09 de enero de 2013 y reformada mediante Decreto publicado el 3 de mayo del mismo año, establece en su artículo 79 la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas el cual para su operación y el cumplimiento de sus atribuciones, contará con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual quedo debidamente constituida por Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 08/01/2014.”

Los legisladores señalan “…La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), es la encargada de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, además el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas con el propósito de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones. Es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía técnica y de gestión.

Aseveran que “…para el ejercicio presupuestal del 2013, el CEAV considero un aumento del 2000% con respecto del año anterior, así mismo durante el 2013 dejo de ejercer 137.87 millones de pesos, no obstante de la disponibilidad de recursos, se desconoce la cantidad pagada por concepto de indemnizaciones a víctimas ó afectados, toda vez que no se ha publicado en el Portal de Transparencia del CEAV, incumpliendo con ello lo que establece el artículo 157 de la Ley General de Víctimas.

1.- El Fondo prevé la indemnización a Victimas y/o Ofendidos por el pago de reparación de daño, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 157 del mismo ordenamiento legal. Es de señalarse que dicha información debe ser del conocimiento público.

2.- Dicho ordenamiento legal no ha sido cumplimentado y/o transparentado, toda vez que en el rubro “Transparencia focalizada” del Portal WEB de la CEAV no está a la vista, únicamente se despliega información de contenido legal.

3.- PROVICTIMA en su momento y ahora CEAV solo han sido evaluados por los organismos privados “MOCTEZUMA & ASOCIADOS” señalado en el Reporte “Medición del impacto de la campaña publicitaria de PROVICTIMA” con fecha abril 2012 y para aspectos financieros el despacho “PEREZ COLIN AVILES VAZQUEZ Y ASOCIADOS, SC” en el “Informe de auditoría independiente” al mes de septiembre de 2012 por lo que hace  a los estados financieros dictaminados. Ambos documentos se encuentran publicados en el rubro “Rendición de cuentas” del referido Portal.

4.- Para el año 2013 no existe ninguna fuente de información que rinda cuentas del uso, destino y ejercicio del presupuesto otorgado al programa presupuestario E 034 “Atención integral a familiares de personas desaparecidas”. La COAV solicito a la COFEMER la exención para la presentación de la MIR, dicha petición fue aprobada mediante oficio COFEME 14/1373 del 9 de junio del actual.”

Derivado de lo anterior, los proponentes resaltan “… el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “… los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Con lo anterior, proponen el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente  al Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón, a efecto de que haga del conocimiento público el monto total de las indemnizaciones por el pago de reparación de daño que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha entregado, en atención al artículo 157 de la Ley General de Victimas, toda vez que dicha información no ha sido publicada, desde la creación de la Comisión.

Segundo.- Asimismo, informe las causas y la justificación del subejercicio por la cantidad de 137.87 millones de pesos que presento en el ejercicio presupuestal de 2013.

III. CONSIDERACIONES

Primera.- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.- Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.- La Comisión Dictaminadora realizó la revisión, estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, haciendo algunas precisiones.

Es preciso recordar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, representa un paso importante que el país ha dado en muchas décadas, para que todas las personas cuenten con la protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y los Tratados Internacionales. Además, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley.

Al respecto, el tercer párrafo del art. 1º de la CPEUM establece:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

La iniciativa de Ley General de Víctimas, argumenta en su exposición de motivos1, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), permitirá la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en todas las instituciones del Sistema Nacional de Víctimas, dando certeza y garantizando la coordinación interinstitucional, para que se faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas. Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la CPEUM:

Artículo 17. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.

La Ley General de Víctimas publicada en el Decreto del Diario Oficial de la Federación, el 03 de mayo de 2013, establece en el Capítulo III, artículo 84, la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)2, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión, encargada de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, además el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas con el propósito de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones.

Siendo la CEAV un organismo descentralizado, forma parte de la administración pública paraestatal3 y está regulado por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Atendiendo a la naturaleza jurídica de éstos organismos, destacan las siguientes características4:

1) Se crea una persona moral, siempre por ley o decreto del Ejecutivo.

2) Se les asignan competencias exclusivas, para la atención de un fin de interés general o un servicio público determinado.

3) Tienen autonomía orgánica y técnica.

4) Tienen personalidad jurídica propia —independiente de la personalidad de la administración pública—

5) Tienen patrimonio propio —sus bienes son del Estado, pero están sometidos a un régimen jurídico especial, pues cuando desaparecen dichos órganos, los bienes vuelven al patrimonio del Estado—

6) Tienen una relación de tutela sui generis respecto de la administración pública federal, que no es jerarquía (el poder central conserva su poder de vigilancia para el control de los órganos descentralizados)

7) Tienen poder de decisión.

En el mismo orden de ideas, para el derecho administrativo5, la descentralización es la forma jurídica en que se organiza la administración pública, mediante la creación de entes públicos por el legislador, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, y responsables de una actividad específica de interés público. A través de esta forma de organización y acción administrativas, la descentralización se atiende fundamentalmente servicios públicos específicos.

Esta Comisión Dictaminadora considera que la CEAV ha sido constituida legalmente en la Ley General de Víctimas anteriormente citada y por lo tanto debe tener el tratamiento que su naturaleza jurídica le otorga.

Una vez determinada la naturaleza jurídica de la CEAV y atendiendo al Punto de Acuerdo de los proponentes, es indispensable señalar sus facultades o atribuciones, contenidas en la Ley General de Víctimas:

Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:

I. a XIII. …

XIV. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

XV.…

XVI. Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatorios en los términos de esta Ley y su Reglamento;

XVII. a  XXII

XXIII. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos;

XXIV.

XXV. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal;

XXVI. a XXX.

XXXI. Realizar diagnósticos nacionales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño;

XXXII. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades de las entidades federativas y municipios en materia de capacitación, recursos humanos y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios que corresponda al Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

XXXIII.

XXXIV. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas. La supervisión deberá ser permanente y los comités u órganos específicos que se instauren al respecto, deberán emitir recomendaciones que deberán ser respondidas por las instituciones correspondientes;

XXXV. Recibir y evaluar los informes rendidos por el titular del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como el Programa y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia, y

XXXVI. …

Cabe señalar que ha sido preocupación de esta Comisión, la transparencia y la información pública gubernamental que tiene como objeto fortalecer la democratización del país, así como establecer una relación entre el gobierno y la sociedad basada en la rendición de cuentas.

Al respecto, la CEAV6 señala “… la política de transparencia del Gobierno de la República tiene como objetivo no sólo contribuir a garantizar el derecho de acceso a la información de los mexicanos, sino también a brindar información oportuna que permita mejorar la toma de las decisiones de los ciudadanos y mejorar la confianza y certidumbre respecto de la acción gubernamental.” En congruencia, su página electrónica contiene el Portal de Transparencia, donde se encuentra información básica sobre la política de Transparencia del Gobierno de la República, sus objetivos, alcances y los principales resultados obtenidos de su implementación, así como los retos por delante; cumpliendo así con los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas.

Esta Comisión Dictaminadora considera que la proposición en estudio resulta improcedente en virtud de que, si bien es cierto, el art. 157 de la Ley General de Víctimas que aluden los proponentes establece que “cuando proceda el pago de la reparación, el fondo registrará el fallo judicial que lo motivó y el monto de la indemnización, que será de consulta pública”, también lo es que del estudio y análisis de la proposición, podemos concluir que la CEAV cuenta con autonomía técnica y de gestión para implementar las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones legalmente asignadas, entre las que destaca la vigilancia de los recursos y de las acciones implementadas para la protección de las víctimas. Por lo que no se considera procedente el punto de acuerdo de los proponentes, en virtud del respeto a la división de poderes y a las facultades expresamente conferidas en los ordenamientos legales.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dictamina en sentido negativo la Proposición con punto de acuerdo que exhortaba al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a hacer del conocimiento público por qué no ha publicado el monto total de las indemnizaciones por el pago de reparación de daño que ha entregado, incumpliendo con ello lo referido en el artículo 157 de la Ley General de Víctimas, presentada con fecha 16 de julio de 2014.

SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los doce días del mes de agosto de 2014.

PRIMERA COMISION”.

1 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=34815

2 http://www.ceav.gob.mx/que-es-la-ceav/

3 Artículo 1o, párrafo 3o de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lopdc/LOPDC_sent01_voto_02mar09.doc.

5 Fraga, Gabino. Derecho administrativo, 13ª ed., México, Porrúa, 1969.

6 http://www.ceav.gob.mx/transparencia/






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada el pasado 25 de junio de 2014, Punto de Acuerdo que exhorta a los 31 congresos locales que aún están pendientes de homologar sus códigos civiles con los principios constitucionales en materia de derechos humanos, a armonizar su legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

Esta Comisión, desarrolló su análisis y propuesta de dictamen de la mencionada Proposición con punto de acuerdo, conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 25 de junio del presente, el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presento Punto de Acuerdo que exhorta a los 31 congresos locales que aún están pendientes de homologar sus códigos civiles con los principios constitucionales en materia de derechos humanos, a armonizar su legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario.

b. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnaran a esta Primera Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.-1352.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El proponente plantea que “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a la defensa de los derechos humanos la mayor jerarquía jurídica y establece la obligación que tiene el Estado de garantizar el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, pese a ello, diversos Códigos Civiles en los Estados del país, son omisos de los derechos y libertades de las personas; del principio de universalidad de los derechos humanos reconocido mundialmente por los tratados internacionales; así como de principios fundamentales del derecho internacional como el derecho a la no discriminación”.

“Los legisladores de todo el país tenemos la obligación de actualizar permanentemente las normas de nuestro marco jurídico y una de nuestras principales responsabilidades es la de garantizar que en todas nuestras disposiciones legales, queden resguardados los derechos humanos, tal como lo mandata nuestra Carta Magna”.

“No obstante lo anterior, en diversos Códigos Civiles de los Estados del país, aún subsisten disposiciones anacrónicas que atentan contra los derechos humanos, contradicen sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, violan tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y además, son contrarias con nuestro texto constitucional actual”.

“El matrimonio debiera ser concebido por todos los Códigos del país como un contrato civil fundado en un acto de amor en el que dos personas adultas, sin importar el sexo y sin la intervención de ninguna persona ajena, asumen con plena conciencia, el compromiso de compartir un proyecto de vida en común, procurándose respeto, afecto, ternura, solidaridad y generosidad. Sin embargo, el matrimonio igualitario  ha tenido que librar  varias batallas jurídicas para lograr su pleno reconocimiento”.

“A partir de la reforma del 2009 al Código Civil en la que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal instauró nuevas disposiciones en torno al contrato del matrimonio, el tema ha sido objeto de muchas resistencias que han sido desahogadas jurídicamente en la Suprema Corte de Justicia”.

El legislador señala“…En 2010, después de haber sido promulgadas y publicadas las reformas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Procurador General de la República, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Acción de Inconstitucionalidad para invalidar los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal argumentando que los fines del matrimonio son proteger y establecer los derechos y obligaciones que surgen con motivo de la procreación de los hijos de los cónyuges y que el derecho de fundar una familia era exclusivo al hombre y la mujer, argumentando que es ése tipo de vínculo el que reúne las características necesarias para poder generar descendencia.

“Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido contundentes, queda claro que no existen distintos tipos de matrimonio, solo existe uno, el que no excluye, ni discrimina a las personas. En la sentencia de la Corte se redefinió el concepto del matrimonio, se estableció el derecho de adopción de los menores a todos los matrimonios sin excepción alguna, se clarificó que la protección constitucional a la familia se aplica sin ningún tipo de discriminación y se otorgó validez jurídica en todas las entidades federativas del país al matrimonio celebrado en el Distrito Federal”.

“Aunado a las resoluciones de la Corte de 2010, hubo otro acontecimiento de gran relevancia que reivindica los principios universales de derechos humanos para establecer la igualdad de las personas ante la ley, el ejercicio de la libertad para ejercer las preferencias sexuales y la prohibición de toda forma de discriminación.  Tal acontecimiento tiene que ver con la concreción de la reforma del 2011 al título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hecho que tiene una enorme relevancia para la historia de nuestro país en el ámbito de los derechos humanos porque establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución y porque incorpora el principio Pro Persona, lo cual significa que en la interpretación de las leyes, se deberá aplicar la norma que garantice la protección más amplia para las personas, en nuestro caso la interpretación se hará conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Con ésta reforma, el Congreso estableció Constitucionalmente, que la libertad para ejercer las preferencias sexuales debe ser considerada un derecho humano”.

“Basada en el carácter supremo de ésta reforma constitucional, la Corte ha expresado que si bien los jueces no tienen la capacidad de invalidar o expulsar del orden jurídico los ordenamientos que contradigan los principios contenidos en la Constitución sobre derechos humanos, sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores y deben dar preferencia a la Constitución y a los tratados en la materia”.

“A pesar de todo lo expuesto, los Congresos de los 31 Estados de la República aún no han reformado sus Códigos Civiles, lo cual ha generado muchas dificultades para las personas que pretenden contraer matrimonio y que constantemente deben recurrir a la Corte para que ésta resuelva sobre un asunto que le toca resolver en primer lugar a los Congresos Estatales”.

“La Corte ya ha declarado inconstitucionales las disposiciones discriminatorias que impiden a las parejas contraer matrimonio en los Estados de Oaxaca y Colima.  Adicionalmente, han habido matrimonios concedidos mediante amparo en 15 Estados del país”.

Derivado de lo anterior, la proponente resalta“…Los Congresos de los Estados están en falta en el tema de los derechos humanos y sus Códigos Civiles son contradictorios con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Con lo anterior formula el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los 31 Congresos Locales que aún están pendientes de homologar sus Códigos Civiles con los Principios Constitucionales en materia de Derechos Humanos, a que armonicen su legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN

Primera.- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.- Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.- La Comisión Dictaminadora realizó la revisión, estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, haciendo algunas precisiones al respecto.

A partir del reconocimiento de las uniones civiles en Coahuila y el Distrito Federal, en otras entidades federativas se planteó la posibilidad de adoptar legislaciones similares o permitir los matrimonios igualitarios.

Cabe señalar que cada entidad federativa cuenta con un Congreso que crea y modifica su orden jurídico de aplicación local, tal como lo establece el artículo 40 constitucional en los que se hace referencia a la autonomía y soberanía que ejercen los estados en su régimen interior.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

En cuanto al respeto y observancia de los derechos humanos y sus principios, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece el compromiso que tiene el Estado Mexicano con el respeto a los derechos humanos:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

No obstante lo anterior, es menester señalar que el respeto al pacto federal es vital para que dentro de un Estado de Derecho se eviten conflictos internos. El hecho de solicitar a un Estado que realice cambios que atañen a su ámbito local, en específico a la regulación de los aspectos civiles de su entidad, lesionaría el pacto federal y por ende, la soberanía del estado entendida como la facultad de autorregularse y auto determinarse.

Asimismo, nuestro marco constitucional prevé que los actos públicos celebrados en cada entidad federativa serán reconocidos en otra, por lo que un matrimonio civil celebrado en el Distrito Federal es y debe ser reconocido por cualquier entidad federativa del país, ya que conforme a la normatividad local, es un acto plenamente válido.

Artículo 121.- En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:

I a III.

IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros.

V. …”

El citado precepto prevé que cada Estado de la Federación reconoce todo acto del estado civil que se lleve a cabo cumpliendo con las formalidades contenidas en la ley de una entidad, aun cuando no guarde correspondencia con su propia legislación.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación estipula la siguiente tesis jurisprudencial aplicable al caso:

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO EN EL DISTRITO FEDERAL. TIENE VALIDEZ EN OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS CONFORME AL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009).

Conforme al sistema federal, las entidades federativas son libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior, aunque gozan de una independencia limitada en tanto deben respetar en todo momento el Pacto Federal; por tanto, el hecho de que en una entidad se regule de determinada manera una institución civil, no significa que las demás deban hacerlo en forma idéntica o similar, como tampoco que se limite o restrinja la facultad de una entidad para legislar en sentido diverso a las restantes, por lo que si bien es cierto que el artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal sólo tiene obligatoriedad en dicho territorio, en virtud de que cada entidad legisla para su propio ámbito territorial, también lo es que la regla contenida en la fracción IV del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los actos del estado civil que se encuentran ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros, implica el reconocimiento pleno de que todo acto del estado civil que se lleve a cabo cumpliendo con las formalidades contenidas en la ley de una entidad, será válido en las demás, aun cuando no guarde correspondencia con su propia legislación. En tal sentido, es el propio artículo 121 constitucional el que, en aras de salvaguardar el federalismo y la seguridad jurídica de los gobernados, prevé el deber constitucional para los demás Estados de otorgar dicho reconocimiento.

Acción de inconstitucionalidad 2/2010.—Procurador General de la República.—16 de agosto de 2010.—Mayoría de nueve votos.—Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.—Ponente: Sergio A. Valls Hernández.—Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número 12/2011, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.

En estricto apego a la división de poderes y a los niveles de gobierno, esta Comisión Dictaminadora no considera pertinente invadir la esfera jurídica de los Congresos de los Estados, toda vez que legislar en dicha materia corresponde a los diversos cuerpos normativos estatales.

Asimismo, conforme al criterio establecido por la SCJN, está Primera Comisión considera que no existen elementos suficientes que permitan a la Comisión Permanente asumir una postura institucional al respecto y exhortar a los Congresos de los Estados a legislar en dicha materia, toda vez que existe pleno reconocimiento del estado civil que se adquiera, siempre y cuando se cumplan las formalidades contenidas en la ley de la entidad en la que se está celebrando el acto.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dictamina en sentido negativo la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 31 Congresos Locales que aún están pendientes de homologar sus Códigos Civiles con los Principios Constitucionales en materia de Derechos Humanos, a que armonicen su legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario, presentada con fecha 25 de junio de 2014.

SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los doce días del mes de agosto de 2014.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 875, Pleno, tesis P./J. 12/2011; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 991; y véase voto en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1891.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio  Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a instrumentar las políticas públicas que permitan garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia del país”, presentada por las diputadas Dora María Guadalupe Talamante Lemas y Lucila Garfias Gutiérrez del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En la sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el miércoles 18 de junio de 2014, las Diputadas Federales Dora María Guadalupe Talamante y Lucila y Lucila Garfias Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentaron la  presentó la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a instrumentar las políticas públicas que permitan garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia del país”

b. En la misma fecha, la Proposición en comento le fue turnada a esta Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.- 1224 para su despacho correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION.

En las consideraciones del punto de acuerdo presentado por las diputadas federales del Grupo Parlamentario Nueva Alianza señalan que en noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual es el primer documento internacional legalmente vinculante que afirma los derechos humanos para todos los niños y niñas de los países miembros sin excepción alguna.

En este documento se establecen los principios del interés superior de la niñez, la no discriminación, el derecho a la supervivencia y el desarrollo de los menores de 18 años y cuya observancia determinará la forma en que actúen las instituciones de un Estado.

Nuestro país ratificó esta Convención en 1990, fecha a partir de la cual se ha logrado reducir la desnutrición y la mortalidad infantil, garantizar educción primaria a casi todos los infantes del país, además de que el marco constitucional y normativo fue reformado para incluir en ellos los principios establecidos en dicho documento.

No obstante, las diputadas consideran que los indicadores del desarrollo nacional muestran que aún existen disparidades para garantizar a todos los niños y niñas del país el derecho a la educación de calidad, a la protección contra el trabajo, a la erradicación de la violencia en el ámbito familiar, comunitario y social, a la consecución plena de la igualdad y la no discriminación,  situaciones que vulneran su entorno y la sana convivencia  que debe prevalecer.

De acuerdo con los datos que las diputadas ofrecen, de los 119 millones de mexicanas y mexicanos en el 2014, el 33.86%, equivalente a 40.3 millones, tienen menos de 18 años, situación que las diputadas consideran provoca que el desarrollo económico del desarrollo social y económico Estado mexicano se vea limitado por los elevados índices de desatención, vulnerabilidad y rezago en el que viven miles de niños y niñas.

La UNICEF indica que el desarrollo de los primeros años son cruciales en la vida de los niños, por lo que  llegar a la edad de cinco años resulta un logro sobre todo cuando viven en condiciones de pobreza y desnutrición.

Por esta razón el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera que es necesario atender con políticas públicas integrales para este sector de la población, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en 2012 21.9 millones de los casos de enfermedad se presentaron en población con menos de 18 años, de los cuales 10.66 millones fueron en niños y niñas menores de cinco años.

La Encuesta Nacional de Nutrición 2012 indica que el 51.9 % de mujeres adolescentes entre los 12 y 19 años de edad que tuvieron relaciones sexuales estuvieron embarazadas en algún momento y el 10.7% estaban embarazadas al momento de la entrevista; consideran que el problema de embarazo en adolescentes es un tema importante de salud pública que ha sido escasamente atendido mediante políticas integrales como medidas preventivas.

Señalan que en 2010 20.6 millones de personas obtuvieron su acta de nacimiento ante el registro civil, 21.6% de estas fueron registros de bebés con más de un año de edad, es decir, un registro extemporáneo en algunas entidades del país. Las diputadas consideran que lo anterior es una vulneración a los derechos fundamentales de estos menores, como lo es el derecho a la identidad.

Lo anterior significa que estos niños no pudieron recibir atención por parte de las instituciones del Estado, pues es requisito presentar acta de nacimiento para poder gozar de los servicios a los que tienen derecho. En el mismo sentido, indican que en 2012 existen cerca de 392,535 registros extemporáneos de niños, niñas, adolescentes y adultos, por lo que esta situación está lejos de revertirse.

Señalan que la educación es fundamental para el desarrollo de la infancia y la adolescencia, y el Sistema Nacional de Educación ha realizado esfuerzos desde los noventa para proveer a todos los mexicanos de servicios educativos, sin embargo la cobertura en educación básica no es universal, pues los indicadores educativos del Ciclo Escolar 2013-2014 muestran que el 3.6% de la población entre 3 y 14 años no asiste a la escuela, incrementándose este indicador al 28% a nivel preescolar, es decir, 1’876,460 niños no cursa ese nivel educativo.

De acuerdo con datos del INEGI correspondientes al Censo 2010, indican que en las localidades de menos de 2,500 habitantes la proporción de niños de 8 a 14 años que no saben leer y escribir es del 7%, es decir, tres veces más que el observado en los niños que residen en localidades de 2,500 habitantes y más, donde es de apenas 2.3%.

Otro rubro importante para las diputadas consiste en el trabajo infantil, el cual es una violación a los derechos de los niños, pues impide el sano crecimiento y trunca su desarrollo escolar. La UNICEF indica que el trabajo infantil es un obstáculo para el desarrollo social y económico pues socava las competencias de su futura fuerza laboral y se favorece la transmisión intergeneracional de la pobreza y se perpetúan las desigualdades existentes.

En ese sentido, el pasado 4 de junio la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión declaró constitucional la modificación de artículo 123 de nuestra Carta Magna, por el que se establece como edad mínima para trabajar los 15 años y no 14 como hasta la fecha lo prescribía.

Para sustentar la gravedad del trabajo infantil en nuestro país, hacen referencia a la Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE) respecto a






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a rechazar la propuesta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, relativo a la creación del fondo de retiro de los magistrados al servicio del Tribunal, presentada por el Diputado Francisco González Vargas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 13 de agosto de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de agosto del 2014, el Diputado Francisco González Vargas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a rechazar la propuesta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, relativo a la creación del fondo de retiro de los magistrados al servicio del Tribunal.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R2A.-2799.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En la proposición con Punto de Acuerdo materia de este dictamen, indica que el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), ha manifestado en diversas ocasiones su intención de llevar a cabo la creación de un Fondo de Retiro para los magistrados que lo integran.

Se manifiesta en la propuesta que, en 2006, Jaime Araiza, entonces presidente del TCADF, retuvo el ISR de los trabajadores para constituir el fondo de retiro con base en un decreto presidencial de 2003, sin embargo, se señala en la propuesta que los recursos recaudados fueron regresados al Gobierno local, por indicaciones de la Asamblea Legislativa del DF.

En el mismo sentido, los proponentes señalan que 2012 los magistrados del TCADF solicitaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa en el marco de la discusión de la distribución de los recursos para el Distrito Federal en el 2013, se autorizaran 100 millones de pesos para crear un Fideicomiso que les garantizara en su retiro recibir el 75 por ciento de su salario, que actualmente es de 104 mil pesos netos mensuales. Solicitud que fue rechazada por la Comisión.

En la propuesta se indica que durante el 2013, la Junta de Gobierno del órgano autorizó el pago de 15 mil pesos en el mes de junio para la actualización del estudio actuarial para la constitución del fideicomiso de retiro y en noviembre la Sala Superior aprobó la creación de una Comisión para la elaboración de la procedencia del dictamen. Sin embargo, de nueva cuenta los magistrados del TCADF han solicitado se autorice la creación de dicho fondo.

La proposición con punto de acuerdo señala que el pasado 11 de agosto del presente año, la presidenta del (TCADF), acompañada de los magistrados de la Sala Superior y de la Junta de Gobierno de dicho organismo, llevaron a cabo una petición al secretario de finanzas capitalino, para que autorice que los estímulos fiscales que ha conseguido el TCADF, se destinen a constituir su fondo de retiro. Recursos que en 2013 ascendieron a 8 millones 878 mil 154 pesos y, que para este año se estiman en 4 millones 503 mil 201, haciendo un total de aproximadamente 13 millones de pesos.

Los proponentes manifiestan que a todas luces es evidente que dicha petición, rebasa los límites de la legalidad y de la ética pública. Además, la realidad económica y social del país, convierten en un despropósito tal pretensión, particularmente cuando los Magistrados que integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D.F., cuentan ya con las prestaciones de seguridad social que por ley les corresponden, en las cuales se incluye el derecho a la prestación de retiro por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como corresponde a todo funcionario público.

En este sentido, la propuesta indica que el pasado 11 de junio, se llevó a cabo una discusión en términos de un incremento en el haber de retiro de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del DF, por lo que, el Dip. José Luis Flores Méndez presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una Propuesta con Punto de Acuerdo, mediante la cual exhortaba a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar y derogar la reforma al artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, concerniente al aumento en el haber de retiro de los magistrados.

Destacan que el Grupo Parlamentario del PRI, ha estado atento al tema, y desde diferentes espacios, ha reiterado su preocupación y desacuerdo al régimen de privilegios que los Magistrados pretenden obtener y de aprobarse dicha solicitud se perpetraría un abuso, que tocaría de manera cercana la esfera de la corrupción y no la de los derechos laborales, sentando un precedente negativo y ominoso, que lastimaría la confianza ciudadana y constituiría una afrenta para los capitalinos y para los mexicanos.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a que se desestime la propuesta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, relativa a la creación del Fondo de Retiro de los Magistrados al Servicio del Tribunal, dando por rechazada finalmente y para siempre dicha solicitud.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora en su estudio e investigación manifiesta que en el 2006 el entonces presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) Jaime Araiza, retuvo el ISR de los trabajadores para constituir el fondo de retiro para los magistrados, sin embargo, los recursos recaudados fueron regresados al Gobierno local, por indicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En el mismo sentido, los magistrados del TCADF en el 2012, solicitaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, se autorizaran 100 millones de pesos para crear un Fideicomiso que les garantizara recibir en su retiro el 75 por ciento de su salario, solicitud que fue rechazada por la Comisión.

Es importante señalar que, el pasado 11 de agosto, la presidenta Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Yasmín Esquivel Mossa, y Magistrados de la Sala Superior y de la Junta de Gobierno le enviaron un oficio al Secretario de Finanzas capitalino, Edgar Abraham Amador Zamora, en la que solicitan la autorización para que los estímulos fiscales que ha conseguido el TCADF se destinen a constituir ese fondo de retiro.

Esta Comisión Dictaminadora señala que la Comisión Permanente en su sesión del día 11 de junio del año en curso, aprobó de urgente resolución y por unanimidad el punto de acuerdo que exhortaba a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar y derogar la reforma al artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, concerniente al aumento en el haber de retiro de los magistrados.

Es por ello que las legisladoras y legisladores integrantes de esta Comisión reiteran su posición, ya que, si bien es cierto, que se están realizando diversas reformas económicas con miras a que el país avance en este ámbito, las cuales serán paulatinas, también es cierto que no es momento de que se tomen decisiones precipitadas que aumenten las erogaciones económicas, por lo que consideramos que la propuesta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, relativa a la creación del Fondo de Retiro de los Magistrados al Servicio del Tribunal, contiene el aumento económico de un privilegio exclusivo de los magistrados incompatible con la realidad económica y social del país, y se convierten en un despropósito tal pretensión, particularmente cuando los Magistrados que integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D.F., cuentan ya con las prestaciones de seguridad social que por ley les corresponden, en las cuales se incluye el derecho a la prestación de retiro por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En base a lo anterior y en congruencia con lo que el Pleno de la Comisión Permanentes aprobó en días pasados, consideramos pertinente exhortar al Jefe del Gobierno capitalino, para que desde el ámbito de su competencia realice las acciones conducentes, a efecto de que la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, desestime la propuesta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, relativo a la creación del Fondo de Retiro de los Magistrados al Servicio del Tribunal.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVOS

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal que, desde el ámbito de su competencia, considere realizar las acciones conducentes a efecto de que la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal desestime la propuesta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, relativo a la creación del Fondo de Retiro de los Magistrados al Servicio del Tribunal.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los veintiséis días del mes de agosto de 2014.

PRIMERA COMISION”.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada el pasado 13 de Agosto de 2014, la “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del ejecutivo federal, a los gobernadores de las entidades federativas y al jefe de gobierno del distrito federal instrumenten políticas públicas contundentes en materia de prevención, atención y combate al abuso sexual sufrido por menores de edad”, promovida por  los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.  

III. CONSIDERACIONES. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 13 de agosto de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo  referida.

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio: CP2R2A.-2791.

II. CONTENIDO

Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional establecen lo siguiente:

“De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “La violencia sexual contra los niños es una grave violación de sus derechos. Sin embargo, es una realidad en todos los países y grupos sociales. Toma la forma de abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o la pornografía. Puede ocurrir en los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, dentro de las comunidades, en contextos de desarrollo y de emergencia. Cada vez más, los teléfonos móviles e Internet también ponen a los niños en riesgo de violencia sexual, ya que algunos adultos utilizan Internet para buscar relaciones sexuales con niños. También hay un aumento en el número y la circulación de imágenes donde se producen actos de abuso de niños. Los propios niños también envían entre sí mensajes o imágenes de contenido sexual en sus teléfonos móviles, los llamados “sexting”, lo que les coloca en peligro de sufrir otro tipo de abuso.”

De acuerdo con este organismo internacional, En 2002, la OMS estimó que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico. Puede que varios millones más estén siendo explotados en la prostitución o la pornografía cada año, la mayoría de las veces debido a falsas promesas y un conocimiento limitado sobre los riesgos. Sin embargo, la verdadera magnitud de la violencia sexual está oculta, debido a su naturaleza sensible e ilegal. La mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades. La tolerancia social y la falta de conciencia también contribuyen que no se denuncien muchos de los casos.

Las pruebas indican que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no sólo para las niñas o niños, sino también para sus familias y comunidades. Esto incluye los riesgos de padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, discriminación y dificultades en la escuela.”

De acuerdo con los datos del UNICEF, México es el segundo país de América Latina con mayor población infantil y según los datos del Censo 2010, las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años constituyen una suma de más de 39 millones de personas, cifra equivalente a casi el 35% de la población nacional.

En una investigación realizada y reportada por el diario El Universal, Se afirma que el abuso Sexual en menores de edad se ha incrementado en una medida preocupante. En 2013 se registraron cinco mil setecientas treinta y seis denuncias por violación infantil, sin embargo  en comparación con esa cifra, tan solo durante el primer trimestre del presente año de 2014, se han presentado dos mil doscientas dieciséis; lo que representa un 50% de las que se presentaron en todo el año de 2013. De continuar esa tendencia se podrían registrar el doble de denuncias al terminar el año.

En dicho reporte se afirma que el Estado de México fue una de las entidades más opacas en la entrega de información, ya que dio datos generales (2,320 denuncias por violación), sin especificar en cuántos de esos  casos la víctima fue un menor de edad.

Es urgente que los tres niveles de gobierno, tal como lo promueve la UNICEF,  trabajen para prevenir y responder a la violencia sexual contra las niñas y los niños, incorporando a diferentes sectores del gobierno –la justicia, el bienestar social, la educación y la salud–, así como a los legisladores, la sociedad civil, los líderes comunitarios, los grupos religiosos, el sector privado, los medios de comunicación y las familias.

 De acuerdo con las cifras publicadas por el diario El Universal, la entidad en la que se han presentan el mayor número de denuncias ha sido el Estado de Jalisco con 1267, seguido por Chihuahua con 592, Hidalgo con 518 y en cuarto lugar por Tamaulipas con 309.

No existe un censo de menores afectados por el abuso sexual, los procedimientos para la atención de las denuncias se caracterizan por re-victimizar a los menores de edad. Es necesario que se capacite a los ministerios públicos para seguir los lineamientos internacionales en materia de protección a los menores de edad.

Se deben intensificar las acciones de prevención y protección de la niñez en nuestro país, en contra del abuso sexual. En este fenómeno como en otros tantos de carácter social que vulneran a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, la prevención cobra una relevancia indiscutible.

Por lo anterior, los Diputados someten a consideración lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a los Gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que en el ámbito de sus competencias intensifiquen las acciones para prevenir, atender y castigar de manera efectiva la violencia sexual contra las niñas y los niños, a fin de reducir de manera inmediata el alarmante incremento del número de casos ocurridos en los últimos meses.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a los Gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a actualizar los protocolos de atención a las víctimas, garantizando la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

III. CONSIDERACIONES

A.  Esta Comisión ha expresado en diversas ocasiones su compromiso  por el respeto a los derechos humanos, en este sentido,  la Constitución, consagra en el párrafo noveno del artículo cuarto los derechos de la infancia, al establecer que:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Este principio establece la supremacía de los derechos del menor y la preponderancia de la garantía plena de sus derechos, que deberán cumplir todas las autoridades del país, dentro de los que se encuentran la salud y el desarrollo pleno.

B. La Convención de los Derechos del Niño, del cual el Estado Mexicano es parte,  establece que  las autoridades están obligadas a establecer criterios para la atención en todas sus etapas de este delito, en cuyo artículo 19 se establece:

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 

C. UNICEF México establece que no existen cifras oficiales del número de niños y niñas víctimas de abuso sexual a referirse específicamente al comercio sexual de menores.  Sin embargo, destaca el peligro inminente en el que se encuentran los menores y hace un llamado para la prevención y castigo de este delito además de expresar que:

En esta materia, y a pesar de todos los significativos avances que se han logrado en los últimos años –como la creación de  la Coordinación Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Comercial Infantil-, aún no se ha creado una política pública integral para prevenir, sancionar, atender y erradicar todas las formas de violencia contra la infancia.

En el mismo sentido, el DIF, la SSP o el INEGI no cuentan con estadísticas verificadas y corroboradas a nivel federal, que permita saber con precisión el número de este tipo de delitos, por lo que los integrantes de esta Comisión consideran que la proposición de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es de aprobarse, en virtud de la importancia al respeto de los derechos humanos de los menores  y a la necesidad de una política pública integral para prevenir, sancionar, atender y erradicar todas las formas de violencia contra la infancia.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al  Ejecutivo Federal, a los Gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que intensifiquen las acciones para prevenir, atender y castigar de manera efectiva la violencia sexual contra las niñas y los niños, así como  elaborar y en su caso actualizar protocolos de atención a las víctimas, garantizando la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintiséis días del mes de agosto de 2014.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas las proposiciones enlistadas a continuación:

A. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Colima para que realice lo conducente a fin de que se emita la alerta de género de la entidad y se lleven a cabo todas y cada una de las acciones necesarias, a efecto de que combatir la impunidad en torno al delito de feminicidio, así como promover que se aplique todo el peso de la ley sobre los responsables, para garantizar los derechos de las mujeres de la entidad, suscrita por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional (PAN).

B. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de Durango y Coahuila a implementar de manera coordinada medidas de acción urgentes para garantizar la seguridad de las mujeres en la zona de la Comarca Lagunera a raíz de la ola de violaciones sexuales que se han registrado durante los últimos meses, así como a procurar justicia a las víctimas y consignar a los responsables de dichas violaciones, por el que se exhorta también al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a delinear una efectiva política de seguridad, prevención y atención de la violencia hacia las mujeres, suscrita por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Nelly del Carmen Vargas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC).

C. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a resolver, dé manera eficaz, los casos de mujeres desaparecidas en la entidad, suscrita por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En sesión del miércoles 18 de junio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Colima para que realice lo conducente a fin de que se emita la alerta de género de la entidad y que se lleven a cabo todas y cada una de las acciones necesarias a efecto de que combatir la impunidad en torno al delito de feminicidio, así como promover que se aplique todo el peso de la ley sobre los responsables, para garantizar los derechos de las mujeres de la entidad, de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional (PAN).

El mismo día, la proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante oficio No. CP2R2A.-1128.

B. En sesión del miércoles 21 de Mayo de 2014 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de Durango y Coahuila a implementar de manera coordinada medidas de acción urgentes para garantizar la seguridad de las mujeres en la zona de la Comarca Lagunera a raíz de la ola de violaciones sexuales que se han registrado durante los últimos meses, así como a procurar justicia a las víctimas y consignar a los responsables de dichas violaciones, por el que se exhorta también al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a delinear una efectiva política de seguridad, prevención y atención de la violencia hacia las mujeres, suscrita por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Nelly del Carmen Vargas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC).

El mismo día, la proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante oficio No. CP2R2A.- 487.

En sesión del miércoles 13 de Agosto de 2014 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a resolver, dé manera eficaz, los casos de mujeres desaparecidas en la entidad, suscrita por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila.

El mismo día, la proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante oficio No. CP2R2A.- 2783.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La proposición A pretende:

● Exhortar al Gobernador Constitucional del Estado de Colima para que realice lo conducente a fin de que se emita la alerta de género de la entidad y que se lleven a cabo todas y cada una de las acciones necesarias a efecto de combatir la impunidad en torno al delito de feminicidio, así como promover que se aplique todo el peso de la ley sobre los responsables, para garantizar los derechos de las mujeres de la entidad.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“La seguridad jurídica que el texto constitucional ha consagrado en su parte dogmática es la expresión del máximo valor que la sociedad presta a la procuración del respeto y la equidad de los seres humanos sin distinción. La violación de ellas, a través de los atentados a la integridad y dignidad humanas, representa la más humillante forma de corrupción […]

En nuestro país, la violencia feminicida está contemplada desde 2007, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia […] Asimismo, establece que la alerta de violencia de género “es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

[…] la declaratoria de alerta de violencia de género corresponde a la Secretaría de Gobernación a solicitud del Gobernador de la Entidad respectiva, quien a su vez realiza la notificación […]

El problema de violencia de género en Colima no ha presentado disminución, sino que se ha incrementado de acuerdo con las estadísticas oficiales, lo que demuestra que no se ha brindado la atención requerida […]

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los hogares de 2010, se refiere al estado de Colima como uno de los cinco primeros lugares de violencia […]

Por otra parte, en Colima hay estadísticas que mencionan que en el año 2012 fueron 24 homicidios contra mujeres, de los que 10 fueron tipificados como feminicidios; en 2013 17 asesinatos y seis feminicidios; en lo que lleva de 2014, nueve mujeres asesinadas, de las que cinco han sido consignadas como feminicidios […] la tasa de homicidios dolosos contra mujeres de los cometidos `por cada 100 mil habitantes es de 1.2 en el Estado de Colima […]

Lo anterior nos conduce a manifestar preocupación porque podemos encontrarnos en la antesala de una alerta de feminicidio. Por ello, esas agresiones y sus circunstancias deben atenderse con políticas eficaces y eficientes para frenar cualquier posible escalada como la que vive Ciudad Juárez, Chihuahua[…] El llamado[…] busca la instauración de una sostenible y permanente campaña de alerta y concientización contra la violencia hacia las mujeres, siendo esta obligación de carácter primordial […]”

La proposición B de Durazo-Monreal; pretende:

1. Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorte a los Gobernadores de Durango, Jorge Herrera Caldera, y de Coahuila de Zaragoza, Rubén Moreira Valdés, a implementar de manera urgente acciones coordinadas a fin de garantizar la seguridad de las mujeres en la Zona de la Comarca Lagunera a raíz de la ola de violaciones y ataques sexuales que se han registrado durante los últimos meses.

2. Que la Fiscalía General de Durango y a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila implementen acciones coordinadas a fin de dar con los responsables de los recientes sucesos de violaciones y ataques sexuales en la Zona de la Comarca Lagunera y consignarlos ante las autoridades correspondientes.

3. Que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, establezca una mesa de trabajo con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la Zona de la Comarca Lagunera, a fin de delinear una efectiva política de seguridad, prevención y atención de la violencia hacia las mujeres.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“Durante el presente año se han presentado e incrementado de manera alarmante el número de violaciones sexuales a mujeres que viven en los municipios de Lerdo y Gómez Palacio en Durango, así como en Torreón, Coahuila, en la Zona que se conoce como la Comarca Lagunera.

De acuerdo a datos oficiales, en lo que va del 2014, se han presentado en los municipios de Durango, 41 denuncias por violación, mientras que en todo el 2013 se registraron 60 denuncias por ataques sexuales, mientras que en Torreón se han registrado ya 10 denuncias por violación de nueve mujeres y un menor.

Las autoridades del Estado de Durango han dado a conocer que la incidencia de los ataques sexuales contra mujeres se presenta principalmente entre las 5:00 y 8:45 de la mañana, y por la noche después de las salidas de la escuela y del trabajo. Se informó asimismo que, el mapeo realizado en las zonas de mayor a menor incidencia delictiva sexual, se determinó que de Gómez Palacio son las colonias: Fidel Velázquez “Chapala”, Villa del Mar, el Refugio. Los Álamos, Rincón Dorado, Nuevo los Álamos, Britingham, y en los fraccionamientos Los Rosales, el Refugio, Morelos, El Dorado, Filadelfia y Rincón del Pedregal. En el municipio de Lerdo, en las colonias: Valle del Sol, Rosales, y Silvestre Revueltas. Mientras que en Coahuila, se han incrementado las denuncias en el municipio de Torreón en colonias colindantes a Durango.

[…]

Incluso, vecinos de las Colonias de San Ramón, San Fernando, San Juan y Loma Real del municipio de Lerdo han decidido armar grupos de guardias comunitarias durante las 24 horas del día, armados con palos y piedras… Esto debido a que en esa demarcación no cuentan si quiera con Policía Municipal, y los militares poco caso han hecho ante sus llamadas de auxilio ante las situaciones de acoso y amenazas que han sufrido varias mujeres jóvenes en esas colonias.

[…]

Es inconcebible que el Estado y sus instituciones no cumplan con una de sus funciones primordiales como lo es la de garantizar la seguridad de sus habitantes, sobre todo ante casos tan alarmantes como los que se han venido sucediendo durante los últimos meses contra las mujeres que están siendo víctimas de abuso sexual.

[…]

Así tenemos que, a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y las correspondientes leyes estatales en la materia, se ha reconocido el derecho que las mujeres tienen a vivir sin violencia, y la obligación del Estado, y sus diferentes instituciones, de garantizar ese derecho de manera plena. Las mujeres no tienen porqué vivir con miedo […]

La propuesta C, de Movimiento Ciudadano pretende:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a resolver, de manera eficaz, los casos de mujeres desaparecidas en la entidad.

Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“En 2013, los casos registrados, tanto en los municipios urbanos como en los rurales de las diferentes zonas del territorio mexiquense, tuvieron como común denominador: el incremento en el número de desapariciones de mujeres y que éstas oscilan principalmente entre los 13 y 28 años con tez clara o morena

Por su parte, la Asociación de Mujeres Abrazando México (AMAM), ha denunciado la presunta relación de estos casos con la trata de personas en la entidad; lo cual pone -aún más- la alerta en rojo y la necesidad de darle una solución pronta a la problemática.

Por su parte la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) cuenta con un registro de las personas extraviadas desde el año 2007 a la fecha, en donde se estipula que aproximadamente mil 90 mujeres no han sido localizadas en dicho periodo, de las cuales la mitad son menores de edad y jóvenes.

En 2006, el registro de la PGJEM incluye a 43 mujeres que continúan sin ser localizadas, 48 en el año 2008; 66 del 2009, así como 92 del 2010. En el año 2011 hay un registro de 218 mujeres que aún están reportadas como extraviadas, cifra que se eleva a 307 en el 2012. Durante el último año 2013, la cifra se incrementó con 314 mujeres.

De enero a mayo de este año van 107 mil 271 delitos, que incluyen mil 685 homicidios, mil 30 violaciones y 64 secuestros. Oficialmente, según el Programa de Apoyo a Familiares de Personas Extraviadas, Sustraídas o Ausentes dé la PGR, hay 164 menores que el gobierno no puede encontrar y 24 están en Ecatepec. Extraoficialmente, las desaparecidas ecatepenses suman más de 60.

Asimismo, es necesario destacar que este problema es conocido por las y los vecinos de Ecatepec y de los municipios aledaños del Estado de México, ellos dicen que "en una camioneta verde secuestran a las niñas", que colonias como jardines Izcalli, San Agustín, Santa María Chiconautla o Los Héroes registran varios casos de mujeres desaparecidas, quienes jamás volvieron a sus casas tras haber ido a la escuela, a la tienda, a la farmacia. Familias siguen sufriendo por la desaparición -y en ocasiones por el asesinato- de cientos de mujeres como Luz del Carmen (abril 2012, 14 años), Fabiola (enero 2012, 27 años), Sharon (agosto 2013,15 años); Ivonne Ramírez (mayo 2011, 21 años), Sandra Cabrera (febrero 2013, 18 años), Nadia Citlali (agosto 2012, 30 años); Arizbeth Sánchez (febrero 2013, 15 años), Fabiola Luquín (enero 2012, 27 años), Luz María Jiménez (agosto 2013/13 años); quienes son víctimas de la inacción por parte del gobierno mexiquense y del Estado mexicano de garantizar a sus habitantes de la seguridad y derechos para vivir digna y plenamente.

Ya en marzo pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, cientos de personas, en su mayoría mujeres, realizaron la "Marcha del Viacrucis de las mujeres en el Estado de México", por la que exigieron un alto a la violencia que se ha desatado en Ecatepec, así como el esclarecimiento de las desapariciones y asesinatos de mujeres, en especial de jóvenes; haciendo una primer parada en la PGJEM y posteriormente en las instalaciones de la alcaldía.

Por último, el 8 de junio del presente año, 'Vestidos de blanco, cientos de habitantes de varias comunidades de Ecatepec, realizaron una marcha por las principales calles del municipio [...] para protestar por la inseguridad que prevalece y en demanda de mayor vigilancia";2 por lo que la desaparición de mujeres en el Estado de México y en todo el territorio nacional es un problema que necesita ser atendido por las autoridades de los tres órdenes de gobierno; por ello nos unimos a las voces de familiares, amigos y activistas que luchan para que esta situación ya no se presente y se haga justicia en cada uno de los casos.

III. CONSIDERACIONES

Dado que la intención de los puntos de acuerdo se refieren a diversos hechos que aluden a la violencia de género, esta Comisión determinó dictaminar dichos asuntos en un solo acto.

A. En las reuniones de trabajo de esta Comisión los asuntos de la seguridad han sido de atención relevante, particularmente cuando la violencia está relacionada con delitos cometidos en contra de la mujer. Esta Comisión considera que es menester fortalecer los de protección de las mujeres, habida cuenta de que se trata de un ámbito especialmente sensible para impulsar y consolidar la cultura de la igualdad de género y el respeto a los derechos de la mujer. En materia de Derechos Humanos, la protección a las mujeres ha sido uno de los temas más importantes que se han tratado a nivel internacional; diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, buscan garantizar el derecho a la no discriminación de las mujeres y a vivir una vida sin violencia.

En ese tenor, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (COCEDAW) se ha encargado de realizar recomendaciones específicas en materia de prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, a fin de combatirla en el ámbito público y privado; asimismo, el Comité vela por un orden normativo que tutele los derechos de las mujeres en un marco de dignidad y respeto, y realiza investigaciones que permitan prever procedimientos eficaces para la denuncia y reparación del daño; es en este contexto, que el COCEDAW exhortó al Estado mexicano para que fortalezca sus capacidades para investigar, sancionar y enjuiciar a los autores de feminicidios, así como para que se realice la reparación del daño causado en los términos de ley.

México ha llevado a cabo una armonización de su legislación vigente y, en 2007, publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual contempla la figura de la Alerta de Género, al tenor de las siguientes disposiciones:

ARTÍCULO 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y,

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.

Al respecto, esta Comisión aprobó un dictamen que contenía dos proposiciones con punto de acuerdo cuyos resolutivos se encuentran en términos muy similares al asunto en análisis. Dicho dictamen se publicó en la Gaceta de la Comisión Permanente número 6 de fecha del 4 de junio de 2014, mismos que a la letra dicen:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 23 y 24 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás relativos, y 32 del Reglamento de la misma, solicita respetuosamente, al Instituto Nacional de las Mujeres para que —en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres—, analice el caso, para determinar, o no, la procedencia de emitir la declaratoria de alerta por violencia de género.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con base en lo que dispone el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en pleno respeto a lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicita a que instruya a las autoridades competentes a fortalecer las políticas públicas de atención a las mujeres y las acciones necesarias a fin de salvaguardar la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres.

Bajo este antecedente y atención al acuerdo alcanzado al interior de esta Primera Comisión, respecto a la redacción de los resolutivos aprobados en tales dictámenes, esta Comisión dictaminadora estima conveniente proceder del mismo modo para la resolución de los asuntos en comento, toda vez que la Comisión Permanente no está facultada para solicitar al Instituto Nacional de las Mujeres, en su carácter de Secretaria Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la declaratoria de alerta por violencia de género, y esta petición debe ser a través de los organismos de derechos humanos a nivel nacional; organismos de la sociedad civil o internacionales, de acuerdo a lo que establece el artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

B. En cuanto a la proposición referida al estado de Colima, el Gobierno de la entidad ha realizado diversas reuniones con los titulares de las dependencias del Gobierno Estatal; con integrantes del Poder Judicial del Estado; con las Organizaciones de la Sociedad Civil y, a través del Instituto Colimense de las Mujeres, se ha convocado en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de las Mujeres, cuya presidencia recae en el Gobernador del Estado, a siete sesiones durante el período que comprende de marzo a junio del presente año, dándose a conocer el cronograma de trabajo para el cumplimiento del “Programa Institucional para la Prevención y Atención de la Violencia Contra las Mujeres con Perspectivas de Género en el Estado de Colima 2014 – 2015”, el cual establece la realización de sesiones periódicas para analizar el cumplimiento de las metas establecidas.

Cabe mencionar que a dichas sesiones acuden organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de las mujeres.

C. Respecto de la solicitud de que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorte a los Gobernadores de Durango y de Coahuila a implementar de manera urgente acciones coordinadas a fin de garantizar la seguridad de las mujeres en la Zona de la Comarca Lagunera, a raíz de que se han registrado ilícitos penales de violación y ataques a la libertad psicosexual de las mujeres en esa zona durante los últimos meses; así como con relación a la solicitud de que la Fiscalía de Durango y la Procuraduría de Coahuila implementen acciones coordinadas a fin de dar con los responsables de esos ilícitos y consignarlos ante las autoridades correspondientes, es pertinente establecer lo siguiente:

A) Uno de los principales problemas que aquejan a la sociedad mexicana es el tema de la inseguridad. En particular, es motivo de preocupación para esta Comisión lo relacionado al tema de género y delitos cometidos en contra de las mujeres, especialmente por el precedente que constituye la sentencia denominada “Campo algodonero”, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado mexicano ha asumido con especial interés el deber de cumplir cabalmente con la generación de condiciones para asegurar a las mujeres el derecho a una vida libre de la violencia y discriminación el disfrute de las garantías judiciales y la protección judicial, y el respeto a la integridad personal.

En ese sentido, es necesario establecer las medidas conducentes para combatir la discriminación estructural y la violacione sistemática de los derechos humanos de las mujeres.

B) En virtud de lo anterior es que esta Comisión dictaminadora se abocó a la tarea de conocer la información relacionada con la incidencia delictiva en la Comarca Lagunera, respecto de los delitos contra la libertad psicosexual de las personas.

En ese sentido, pudo establecerse, que en el caso de la zona de la Comarca Lagunera del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el periodo comprendido de enero a julio del presente año, la autoridad de procuración de justicia ha conocido de 26 hechos de violación, 24 de abuso sexual, dos de rapto, seis de acoso sexual y ninguno de estupro; en tanto que en el mismo período del 2013 conoció de 28 hechos de violación, 51 de abuso sexual, 11 de rapto, cinco de acoso sexual y tres de estupro. Es decir, que en períodos comparables de los años 2000 3:02 1014 se produjo una disminución de 7.14 por ciento, 52.94 por ciento, 81.82 por ciento, 20 por ciento y 100 por ciento de esos ilícitos.

Es de señalarse que a la luz de la información que pudo recabarse, en esa parte de la Comarca Lagunera los delitos contra la libertad psicosexual de las personas se encuentran en descenso, particularmente a raíz de la apertura del Centro de Justicia para la Mujer con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, el 29 de noviembre de 2003, cuyo encargo institucional fundamental es brindar prevenir y brindar atención a las mujeres víctimas de ese tipo de delitos. El Centro de referencia tiene jurisdicción de los municipios de San Pedro, Matamoros, Viesca, Francisco I. Madero y, desde luego, Torreón, que integran la región Laguna en esa entidad federativa.

Por lo anterior, es necesario establecer las medidas conducentes para combatir la discriminación estructural y las violaciones sistemática a los derechos humanos de las mujeres; es así que se considera necesario que los gobiernos de Chihuahua y Durango tomen las medidas de acción y protección, eficaces y eficientes, ante las denuncias de violación de mujeres en ambos Estados, ya que las cifras son en verdad alarmantes. En los primeros meses de éste año el delito de violación en ambas entidades ha crecido desmesuradamente, conforme a lo siguiente:

COAHUILA

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, el delito de violación se incrementó de enero a febrero en un 33.3%, de febrero a marzo en 58.33%; es decir, de enero a marzo de 2014 el delito de violación se incrementó en un 111.1%.

DURANGO

Respecto de la misma fuente, en el estado de Durango se incrementó de enero a febrero 29.4%, de febrero a marzo 40.9%, de marzo a abril 16.1% ; en ese sentido, de enero a abril de 2014 el delito de violación se incrementó en un 111.8%.

Por otra parte, cabe señalar que dado que las procuradurías o fiscalías dependen directamente del Ejecutivo estatal, el solicitar a los Gobernadores de los Estados de Durango y Coahuila que implementen acciones conjuntas para detener la ola de violencia en contra de las mujeres incluye el hecho de que éstos instruyan a sus respectivos fiscales o procuradores a realizar medidas coordinadas entre ambos Estados, con el mismo fin.

D. En lo que hace al Estado de México, al día de hoy no existen cifras oficiales sobre desapariciones, sin embargo, existen cifras sobre el aumento del delito de privación de la libertad en dicha Entidad; para el año de 2009 cifras de la Organización “Alto al secuestro” indicaban que el Estado de México con 127 secuestros era el segundo Estado con más número de secuestros, solo por debajo del Estado de Chihuahua, registrando un leve descenso respecto al 2008 con 136 secuestros pero con un incremento considerable respecto al año 2007 pues en ese año solo se registraron 57 secuestros.

Por su parte la Incidencia Delictiva 2014, la cual es emitida por la Secretaría de Gobernación, indica que al mes de Julio se había tenido conocimiento de 89 privaciones de libertad (secuestro), a pesar de esto, el Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2014, el cual solo contiene el número de víctimas directas registradas en averiguaciones previas y carpetas de investigación y fue elaborado de manera especial y por primera vez por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SEGOB), establece que al mes de julio se tenía conocimiento de 100 secuestros ubicándolo en el tercer sitio, además de registrar 2,616 homicidios ubicándolo en primer lugar de la comisión de dicho delito.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. manifiestan que hay una tendencia al aumento de este delito en dicha entidad, pues entre 2003 y 2013 los secuestros aumentaron 138%. Además de ubicar a los municipios de Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Chalco y Cuautitlán dentro de los 20 municipios con más incidencia delictiva.

 Un delito que tiene relación con la desaparición de mujeres, según diversos estudios es el delito de feminicidio, al respecto, el Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres emitido por la CONAVIM; establece que en el Estado de México se concentra el número más alto de feminicidios en el país. Además de establecer la ambigüedad en su legislación al tipificar dicho delito y una alta deficiencia en sus sistema de justicia, lo que no permite elaborar un índice adecuado sobre dicho delito. Por otro lado, el programa “Personas Extraviadas Dar Contigo” suma 40 personas desparecidas desde el año de 2013 hasta el mes de agosto.

D. Ante este escenario, los integrantes de esta Comisión estimamos relevante que todos los gobiernos de las entidades federativas del país, a través de sus autoridades correspondientes, refuercen las acciones, programas y políticas públicas tendientes a prevenir, atender y combatir la problemática de violencia de género en sus estados, así como evitar un incremento en las cifras de delitos contra las mujeres. Así mismo estimamos importante como una medida de prevención, la promoción de una cultura de respeto hacia las mujeres, a fin de combatir el problema de violencia de género en todo el país.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con base en lo que dispone el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con pleno respeto a lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicita a las autoridades federales y de las entidades federativas a fortalecer las políticas públicas y programas encaminadas a prevenir, atender y combatir la violencia de género, así como las acciones necesarias a fin de salvaguardar la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintiséis días del mes de agosto de 2014.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, fueron turnadas:

A. La “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a que emita un pronunciamiento oficial en torno a la responsabilidad que tiene el Congreso, de honrar y respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando la protección de los Derecho Humanos y combatiendo la discriminación de las personas”, suscrita por el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez y el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sesión de la Comisión Permanente celebrada el 23 de junio de 2014.

B. La “Proposición con Punto de Acuerdo por la que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir su opinión en torno a la creación de la Comisión para la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República y su apego al marco jurídico internacional y nacional en materia de derechos humanos”, suscrita por la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sesión de la Comisión Permanente celebrada el 03 de julio de 2014.

C. La “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al H. Congreso del Estado de Chihuahua, para que legisle y respeten los diferentes tipos de familia”, presentada por la Diputada Lilia Aguilar Gil integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Sesión de la Comisión Permanente celebrada el miércoles 25 de junio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 25 de junio de 2014, el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez y el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a que emita un pronunciamiento oficial en torno a la responsabilidad que tiene el Congreso, de honrar y respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando la protección de los Derecho Humanos y combatiendo la discriminación de las personas.

En la misma fecha la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio N°. CP2R2A.-1310.

b. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 25 de junio de 2014, la Diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al H. Congreso del Estado de Chihuahua, para que legisle y respeten los diferentes tipos de familia”.

En la misma fecha la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio N°. CP2R2A.-1334.

c. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 3 de julio de 2014, la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó la “Proposición con Punto de Acuerdo por la que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir su opinión en torno a la creación de la Comisión para la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República y su apego al marco jurídico internacional y nacional en materia de derechos humanos”.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio N°. CP2R2A.-1624.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

A. En la proposición con Punto de Acuerdo de los Diputado Fernando Belaunzarán Méndez y el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, los legisladores proponentes se refieren a las declaraciones emitidas por el presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores, el Senador José María Martínez Martínez, y el Presidente de la Junta de Coordinación Política, el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, durante la instalación de dicha Comisión.

De acuerdo a lo expuesto por los Proponentes, en la parte considerativa de la Proposición en análisis, tales declaraciones son discriminatorias y atentan contra los Derechos Humanos de las personas homosexuales, de las mujeres y de las familias homoparentales.

Lo anterior, los legisladores lo sustentan en los términos siguientes:

En el acuerdo de la sesión plenaria del Senado del 25 de febrero del presente año por el que se creó la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano (CFDH), se subraya que la MISIÓN de dicha Comisión es la “de trabajar a favor de defender y hacer efectivos los derechos humanos de los integrantes de LAS FAMILIAS… con el propósito de atender a las necesidades de las familias mexicanas”, y que la VISIÓN es: “que el Estado Mexicano cuente con el marco jurídico adecuado para diseñar políticas públicas que garanticen y promuevan el fortalecimiento de las FAMILIAS mexicanas”. Así, en plural: FAMILIAS. Sin embargo desde la instalación de la misma se ha distorsionado el objetivo de dicha Comisión.

El Senador José María Martínez, actual Presidente de dicha Comisión, ha señalado públicamente que –en contra de la resolución de la SCJN y de la postura oficial del Estado mexicano ante la ONU– para él los matrimonios de parejas del mismo sexo NO son una familia y se manifestó en contra de que los hijos de las parejas del mismo sexo puedan ser reconocidos legalmente como hijos de ambos padres (lo que implicaría negarles el acceso a varios otros derechos) pues según él: “hay que ver por los derechos del niño, que quedan afectados en cuanto a su propia identidad de género” (cualquier cosa que eso pueda significar para el senador). En las mismas declaraciones, ha expresado que no cree en el derecho a decidir de las mujeres sobre la interrupción legal de un embarazo, al que incluso señala como “un asesinato” e inclusive ha definido a la familia como “un ecosistema natural que permite defender la vida” (sic).

Al respecto, la sabida realidad es que ningún legislador puede ser reconvenido por sus expresiones (aunque no estén acompañadas del sentido común, la lógica, la solidez jurídica o científica, ni la realidad social), pero igual de cierto es que nuestro primer acto como legisladores es jurar “cumplir y hacer cumplir la Constitución”. Este es justamente el primer compromiso que asumimos ante la nación. Y no podría ser de otra forma ¿Dónde si no en el Parlamento se tiene la principalísima obligación de defender nuestra Carta Magna, y muchísimo más e indiscutiblemente cuando el tema en cuestión es el respeto a los Derechos Humanos de quienes habitan en este país?

Todas(os) aquí tenemos el derecho indudable de reivindicar nuestra ideología. Y verdad es que un legislador tiene inclusive el indulto personal, el privilegio digamos, de ser ignorante a voz envanecida y presumir desde esta tribuna y sin recato su desconocimiento del marco normativo nacional e internacional, sin que el Congreso pueda hacer nada más que invitarlo respetuosamente a que se informe e instruya.

Incluso, aunque inicuo, cierto es que en abuso del fuero, algunos pueden llegar al exceso de escudarse en él para evitar las sanciones de las leyes que rigen al resto de la población y usar ese fuero como prerrogativa para hacer apología del odio, promover la discriminación y llamar a la violación a los derechos humanos.

Pero lo que en el Congreso de la Unión es inadmisible, injustificable, inaceptable es que en nombre de esta pluralidad, en nombre de una de las instancias oficiales que dan vida cotidiana a esta soberanía se llame a violentar la Constitución y se anuncie, en tono de amenaza, que los objetivos oficiales de una de nuestras Comisiones Ordinarias serán los de trabajar en contra de los preceptos y obligaciones que nuestra norma suprema señala.

De ningún modo. No en nuestro nombre.

No será en nombre de este Congreso que se permita insultar y discriminar a una parte de las familias mexicanas, llamándolas: “Modas o tendencia”

Ante las arbitrarias afirmaciones hechas en esa Comisión es preciso informar que en este país es delito, así y subrayado, es delito discriminar a cualquier persona en razón de su preferencia sexual, su género y sus convicciones éticas, y que por ello No es en modo alguno tolerable que institucionalmente se usen los recursos de una Comisión oficial de esta soberanía con la insana intención de imponer como objetivo que “la importancia y el reto fundamental” de la Comisión son los de “defender fortalecer y trabajar por la familia desde ese concepto de los lazos naturales que ha predominado a lo largo de la historia y ha resistido embate de Modas, y tendencias”. “Lazos naturales” a los que “hoy tenemos que volver de nueva cuenta”. Aseveración hecha en nombre de la Comisión de la Familia (CFDH) por el senador Martínez en abuso de su función como Presidente de ésta.

Sumado a eso dogmatizó: “No queremos el aborto, queremos trabajar en función exactamente de la vida”, amenazando veladamente con perseguir a las mujeres por decidir sobre su cuerpo y olvidando que es justamente la penalización de la interrupción del embarazo lo que de conformidad con CONAPRED “cobra la vida de miles de mujeres en nuestro país”.

Esa acometida fue lamentablemente respaldada por el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República (JCPSR) quien en el acto oficial de instalación de la citada Comisión, refiriéndose en concreto al debate sobre el aborto, redujo a las mujeres a ser apenas “pie de cría”; las palabras textuales que el senador usó fueron: “que las mujeres son el “vehículo” de la unión del esperma y del ovulo para formar a un ser humano”. O sea las mujeres son para ellos apenas “vientres para garantizar la sobrepoblación del planeta”.

Esta reducción de las mujeres a “instrumentos de procreación”, sumada a la confirmación del Presidente de la JCPS Senador Preciado Rodríguez de que el objetivo de esa Comisión “es que las familias en México vuelvan a ser integradas por “un hombre y una mujer para perpetuidad de la especie”, tuvo como primera consecuencia que en nombre de la casa donde se hacen las leyes se haya ofendido a la mayoría de la población mexicana.

Dado que eso fue dicho desde su investidura como representantes del Senado en sus diferentes instancias, estamos obligados hoy a señalar a toda la población que el Congreso de la Unión afirma que todo lo anterior es falso.

Porque la ley lo dice, afirmamos que Todas y cada una de las mujeres de este país tienen derecho a decidir con libertad, y con las mismas facilidades que se dan a los hombres, sobre su cuerpo y su sexualidad, pues sin ese ejercicio ciudadano no se cumple el mandato de igualdad. Y en consecuencia para ninguna de las mujeres de este país la maternidad es un mandato obligado. La maternidad no es destino. Es, sin la menor duda, UNA ELECCION y un derecho.

Más aún, esta soberanía, en conjunto con los otros dos poderes, somos responsables de encontrar los mecanismos y de acercarles las herramientas para que puedan hacer esa elección de manera informada y libre.

En este país y de acuerdo con la Constitución, todas las personas, casadas o no, tienen derecho a elegir ser madres o padres, tengan la preferencia sexual que tengan, y al hacerlo contraen también serias obligaciones respecto de los derechos de los niños.

Porque lo manda la Constitución, todos los seres humanos en este país tienen derecho a elegir su forma de vida, sus afectos, de común acuerdo con las personas con las que compartirán sus hogares y fundarán a sus familias. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dejado muy claro que legalmente no existe una única forma de familia sino “diversas conformaciones, entre las que se encuentran las homoparentales”, y que, en su carácter de representante del Estado Mexicano, el Poder Ejecutivo ha señalado en relación con la “Protección de la Familia y el Matrimonio” ante la ONU, que “Respecto de la recomendación 148,114, la protección y desarrollo de la familia son fundamentales para el Estado mexicano, congruente con lo estipulado en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 4° de la CPEUM. En este mismo sentido, México reconoce y protege el derecho de toda persona a contraer matrimonio y a fundar una familia. No obstante, México subraya que no existe una norma internacional que defina las características que deba ostentar la familia. Por otro lado, la igualdad de derechos y la prohibición de la discriminación están fundamentadas en el artículo 1° constitucional y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es Parte. La SCJN ha reafirmado lo anterior, al determinar la inconstitucionalidad de legislación que menoscaba la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de su personalidad, incluso estableciendo que las normas que conceptualizan el matrimonio en forma discriminatoria son inconstitucionales,” De ahí que Sostener lo contrario desde cualquiera de los poderes del Estado es violatorio de la Constitución y los Tratados Internacionales que estamos obligados a acatar y que tanto incomodan al Senador Martínez, quien los califica de “Tendencias internacionales “

El senador no se ahorró nada, pues al señalar que se carece de una definición jurídica de familia y afirmar que “hoy los legisladores se han pronunciado por un concepto”, puso en duda la postura del Ejecutivo al arremeter contra la Constitución Mexicana y los derechos contenidos en ella y descalificó al Estado Mexicano y su postura oficial ante las Naciones Unidas.

Una verdad que pesa arrolladoramente más que la obtusa opinión de cualquier representante popular es la de que aquí, en el Poder Legislativo, tenemos prohibido poner nada por encima de la Constitución, particularmente no tienen cabida ni intereses de poderes fácticos injerencistas o eclesiásticos en lo particular. La verdad colectiva y categórica en este Congreso es que todas las personas, tengan cualquier creencia religiosa o no tengan ninguna, valen lo mismo y sus derechos deben ser considerados por igual, pues nuestra obligación es laica y desde esa premisa las determinaciones que aquí se toman están sustentadas siempre en una visión incluyente y de respeto irrestricto, en la forma más amplia posible, a los Derechos Humanos y la no discriminación, en la búsqueda de contribuir a la convivencia respetuosa, reconociendo siempre la pluralidad social de la República.

Dada la aseveración de la existencia de “lazos naturales” y de la evidente intención de que la Comisión se aleje de la definición plural e incluyente de familia reconocida por el Estado Mexicano y por el contrario de la tentativa de actuar bajo una perspectiva religiosa de la familia; hoy no sólo se trata de dar cuenta de que institucionalmente seremos respetuosos de las diversas creencias religiosas existentes en el mundo y de los valores éticos de quienes no tienen ninguna creencia y que por ello no será una religión (la que sea) la que dictará las reglas de convivencia en el país. Y desde luego que no permitiremos la instalación de inquisidores que salgan a perseguir conciencias, sino todo lo contrario, que cuidaremos bien el que las leyes impidan que en la historia moderna se repita tan despreciable, vil y vituperable pasado fundamentalista.

Respecto del ataque al Federalismo efectuado en el acto de instalación de la multicitada Comisión por el senador José María Martínez, quien afirmó que “Hoy algunos Estados han ido más allá incluso a través de modas y tendencias tratando de re-adoptar modelos de familia Sin que ello nos signifique a la mayoría de los mexicanos” y que “Tenemos que cerrar la puerta ya a algunas entidades o a algunos políticos que están pensando más en modas y tendencias incluso que nos han llevado a pensar en la muerte”, es básico afirmar sustentados en la ley que en el Congreso jamás se instalarán estructuras persecutorias, segregacionistas o prejuiciosas, que de hecho son ilegales e intolerables en el México incluyente y consciente de la riqueza de su diversidad social al que aspiran los artículos 1ro, 4to, 40 y 130 de la Constitución.

Debemos señalar que lo anterior es tan grave como que se usara ese mismo marco institucional para ofender a la SCJN, donde el Presidente de la Comisión criticó a la Suprema Corte por los inobjetables fallos que ha emitido diciendo que “Hoy la Corte se ha metido de más en su criterio en términos de la familia”, en alusión directa a las resoluciones que están declarando inconstitucionales las Constituciones y Códigos Civiles de los Estados, que discriminan a las personas del mismo sexo al negarles el derecho al matrimonio y a las dislocaciones jurídicas que han obligado ya a más de 15 Estados a efectuar los matrimonios de las parejas que lo han demandado.

El presidente de la Comisión de la Familia en presencia del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado ha usado y abusado de ésta instancia oficial para, en nombre de ella, poner en duda reglas fundamentales del Estado de Derecho: la Laicidad de ese Estado y la responsabilidad de servicio que tenemos para todos quienes habitan en el país sin discriminación. Llamar, desde una instancia formal del Congreso, al desacato a la Constitución desde un discurso que afrenta sin duda alguna al Estado Laico es un agravio muy serio que hace ineludible tomar medidas para que, al menos, nos deslindemos Institucionalmente de tal procacidad. Misma que es imposible dejar pasar sin que como Parlamento asumamos la responsabilidad que tenemos ante la sociedad y el Estado de “dilucidar lo que se enturbió”.

Sí, se ha trastocado a la Institución, al Poder Legislativo. Penosamente se ha usado la estructura oficial para, en nombre de la pluralidad que somos, hacer afirmaciones erradas e ilegales que han generado un daño que hoy estamos obligados a reparar.

Institucionalmente se desinformó a la Sociedad sobre las responsabilidades y obligaciones que tenemos sobre el contenido de la ley, se hicieron afirmaciones respecto de definiciones tan relevantes como “familia”, se insultó a la SCJN, se ocultó la postura que el Estado Mexicano oficialmente ha señalado ante la ONU en respuesta al Vaticano y en su lugar se estableció como institucional una visión contraria a la norma. El daño está hecho.

Las vergonzosas acciones hechas en nombre de una Comisión oficial que además ponen en duda el destino y objetivos que tendrán el uso de los diversos recursos públicos que se usarán, han provocado confusión y un innecesario debate en la sociedad y los medios de comunicación que, más allá de dejar muy mal parado al Congreso, implican una violación a nuestra tarea, un desvío funesto respecto de los fines operacionales: políticos y legislativos de las Comisiones.

De ahí la convicción de que todo ello hoy nos obliga, a que la Comisión Permanente, como representante del Congreso de la Unión que somos, asumamos institucionalmente el problema. Es elemental y sin duda urgente y obvio reparar el daño hecho. Poner en duda este hecho sería tanto como convalidar que se use a la pluralidad de esta soberanía para –por encima de la Constitución y en nombre de todos y cada uno de quienes conformamos el Poder Legislativo– el beneficio de los intereses y los fines muy particulares que cualquiera aquí pueda tener aun si estos cínicamente son contrarios a la Constitución y al Estado de Derecho.

Derivado de lo anterior, los legisladores proponen el resolutivo siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se compromete a publicar en uno de los principales diarios de circulación nacional, y en un plazo no mayor a dos semanas, un Pronunciamiento Oficial a fin de resarcir el daño social producido por la desinformación recientemente emitida por la Presidencia de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano . En dicho Pronunciamiento Oficial éste órgano legislativo del Congreso de la Unión ratifica la responsabilidad que tiene éste poder de la nación, así como las comisiones ordinarias de honrar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizando de la forma más amplia los Derechos Humanos sin ningún tipo de discriminación. Tal pronunciamiento deberá integrarse de la siguiente manera:

“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en apego a su responsabilidad de honrar y respetar los principios fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre derechos humanos y observando la prohibición constitucional respecto de discriminar a las personas, así como las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia respecto de que existe una gran diversidad de formas en las que se puede integrar una familia y coincidiendo con la postura oficial recientemente emitida por el Gobierno Federal ante Naciones Unidas, que textualmente dice que México reconoce y protege el derecho de toda persona a contraer matrimonio y a fundar una familia, emitimos el siguiente pronunciamiento:

Es nuestra convicción refrendar nuestro deber de proteger en todo momento y de la forma más amplia los Derechos Humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación tal y como lo señala el artículo 1ro de la Constitución. Realizar nuestra labor bajo la certeza Constitucional, respecto de la igualdad entre mujeres y hombres con todos los derechos que se desprenden de los artículos 1ro y 4to Constitucionales. Nuestra convicción –en apego a la norma– de acatar respetuosamente las resoluciones de la SCJN y finalmente la ratificación como parte del Estado Mexicano del señalamiento hecho por el Ejecutivo en la ONU respecto de la recomendación 148,114 relativa a la diversidad de familias existentes en el país y a los derechos que como parte del Estado nos corresponde proteger y garantizar”.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a que reforme el Acuerdo de Creación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, a fin de modificar el nombre de dicha Comisión de modo que refleje con nitidez la misión y la visón por las que el pleno del Senado la creó y, en consecuencia, se sustituya el singular “Familia” por el plural “Familias”, a fin de evitar cualquier tipo de interpretación contraria a la norma vigente .

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a que llame al Presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, a fin de modificar el planteamiento institucional de la misma, vigilando que los trabajos que desde dicha Comisión se realicen estén apegados al respeto a los Derechos Humanos y la no discriminación, en el acatamiento irrestricto del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las demás normas federales.

B. La Proposición presentada por la Diputada Lilia Aguilar basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

El 8 de agosto de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1 constitucional, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales. Dicha reforma incluye por primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano, un párrafo relativo a la discriminación, estableciendo que:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En nuestro orden jurídico la expresa prohibición de la discriminación que impide el acceso a los derechos, se encuentra reforzada por las diversas Declaraciones, Convenciones y Pactos internacionales, que en virtud del artículo 133 constitucional son ley suprema de la unión y obligan a los poderes públicos a realizar las modificaciones correspondientes para armonizar la legislación interna con dichos instrumentos.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 2 y 7, así como en el artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se encuentra la garantía de plenos derechos y libertades a toda persona sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

La igualdad ante la ley y el reconocimiento de la personalidad jurídica constituye asimismo un compromiso del Estado mexicano, contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La discriminación promueve la desigualdad, generando condiciones de marginación y exclusión en el ejercicio de los derechos.

Para garantizar la igualdad se ha promovido la suscripción de diversos pactos que reconocen y condenan la discriminación a saber, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

El legislador tiene la obligación constitucional de crear las garantías necesarias para que cada una de las diversas familias pudiera gozar del derecho que les confiere el artículo 4º constitucional.

Por lo anterior se crea la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano, entre sus ejes principales son los siguientes:

● La revisión del marco normativo en el que se establece todo lo relacionado a la familia, a su protección y desarrollo, así como el de asistencia social y desarrollo humano;

● La normatividad, política, planes y programas de desarrollo humano y asistencia social a nivel nacional;

● La elaboración de investigaciones, foros y documentos que sean alternativas eficaces en el diseño de políticas públicas que tutelen la reunificación familiar y el desarrollo humano integral;

● El establecimiento de un contacto permanente con las instituciones públicas y privadas dedicadas al desarrollo integral de la familia y a la asistencia social, para conocer sus necesidades y estar en la posibilidad de presentar proyectos orientados a cubrirlas.

Y como misión y visión lo siguiente:

MISION. La Comisión de la Familia y Desarrollo Humano trabajará a favor de defender y hacer efectivos los derechos humanos de los integrantes de las familias, en coordinación con diversas instituciones públicas, sociedades civiles y sociedad en general, con el propósito de sumar esfuerzos para lograr atender las necesidades de las familias mexicanas.

VISION. Que el Estado Mexicano cuente con el marco jurídico adecuado para diseñar políticas públicas que garanticen y promuevan el fortalecimiento de las familias mexicanas.

Sin embargo el Senador José María Martínez, vicecoordinador de los senadores del PAN y presidente de la Comisión Ordinaria de la Familia y el Desarrollo Humano, anunció que:

● “Tenemos que cerrar la puerta ya a algunas entidades o algunos políticos que están pensando más en modas o en tendencias o incluso que nos han llevado a pensar en la muerte.

● Tenemos que trabajar en políticas que fortalezcan la familia, a la mujer y también a nuestros jóvenes. No queremos el aborto. Queremos trabajar en función exactamente de la vida.”

También criticó las uniones entre mismo sexo:

● La Corte ha metido de más su criterio y, discúlpenme mi atrevimiento, en términos de la familia y hoy algunos estados, en concreto el Distrito Federal, ha ido más allá; ha ido incluso a través de modas, tendencias, re adoptar este modelo de familia, sin que ellos nos signifiquen a la mayoría de los mexicanos.”

Además, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Luis Preciado, apoyó a Martínez y aseguró que “el PAN está a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural(…), partiendo de un principio fundamental que es la democracia como forma de vida y como forma de convivencia y cristiana por el principio de que somos cuerpo y alma”

Los derechos humanos no pueden ser inventados, como pretenden algunos autores para quienes tales derechos son producto de la evolución de las leyes. Ellos existen desde siempre en la raíz misma de lo humano. Es falso que existan derechos de primera, segunda y tercera generación. Todos los derechos existen desde que el ser humano apareció sobre la tierra.

LA ONU dice que: Los seres humanos no pueden disfrutar del desarrollo si son excluidos y se les trata de forma injusta por razones de género, de su orientación sexual, de identidad de género, de etnia o de clase, afirmó el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). Helen Clark se refirió a las leyes aprobadas durante el último año en diversos países que, bajo el pretexto de proteger a los niños y las familias, castigan al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Clark advirtió que esas legislaciones pueden desatar la homofobia y la transfobia y recordó que en las naciones donde se ha despenalizado la homosexualidad no se ha observado ninguna amenaza a la institución del matrimonio ni al bienestar de las familias (Helen Clark, Administradora del PNUD, 16 de mayo, 2014 —Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).

Los derechos humanos de los homosexuales son indiscutibles, imprescriptibles, irrenunciables, universales, como todo derecho humano, por el simple hecho de ser personas. La dignidad de la persona humana constituye un valor absoluto, como el de la vida misma desde su concepción hasta la muerte natural.

En un Estado democrático de derecho, no existe razón, ni fundamento jurídico alguno, que sustente la falta de reconocimiento de derechos civiles y sociales a miles de ciudadanas y ciudadanos, por causa de la prevalencia de un prejuicio más o menos generalizado respecto de la diversidad sexual y afectiva.

Si bien históricamente el matrimonio se ha considerado como la unión entre un hombre y una mujer y la procreación ha teniendo un papel importante en su definición, la evolución de esta institución y de su concepción lleva a sostener que la relación jurídica matrimonial no se vincula ya al fin de la procreación sino que se sostiene, primordialmente, en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común.

La exclusión de las parejas homosexuales del régimen matrimonial se traduce en una doble discriminación: no sólo se priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos del matrimonio, sino también se les excluye de los beneficios materiales.

Por lo que se debe impulsar a nivel nacional leyes que permitan la protección a las sociedades de convivencia y evitar la discriminación de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual.

Lo que significa que la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano, puede crear una figura a la cual pueden acceder las parejas homosexuales y heterosexuales o una figura jurídica específica para cada tipo de pareja que respetara el principio de igualdad y no discriminación.

De conformidad con el artículo 4º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, “Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo primero constitucional y el artículo uno párrafo segundo fracción tercera de esta ley.

Por lo anterior un acto de discriminación es una distinción, exclusión o restricción, basada, entre otras razones, en la preferencia sexual de las personas, cuyos efectos son impedir el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, la diputada propuso los siguientes resolutivos:

Primero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano y al Senador José María Martínez y presidente de dicha Comisión, para que se respeten las garantías constitucionales referentes a los derechos humanos sobre la no discriminación.

Segundo: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano para adecuar su actividad legislativa a la realidad social de las diversas formas en que se representan las familias mexicanas, en pleno respeto a los derechos humanos.

C. En cuanto a la proposición de la Diputada Martha Lucía Micher Camarena, la proponente plantea que:

“…El 25 de febrero de 2014 por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República se creó la Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano, pero fue hasta el 12 de junio su instalación formal, bajo la consigna de su Presidente, el Senador José María Martínez (PAN) y del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Jorge Luis Preciado (PAN), de fomentar la visión la tradicional de familia(s) como “la unión de un hombre y una mujer para la perpetuidad de la especie”, y detener, lo que llamaron una “moda”, el incremento de las familias de parejas del mismo sexo y las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contrarias a la visión tradicional.

De acuerdo con la información de su sitio de internet, su objeto es defender y hacer efectivos los derechos humanos de los integrantes de las familias, en coordinación con diversas instituciones públicas, sociedades civiles y sociedad en general, con el propósito de sumar esfuerzos para lograr atender las necesidades de las familias mexicanas.”

La legisladora señala que “…Algunas instituciones públicas se han pronunciado al respecto, por ejemplo la Asamblea del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) que reconoció “la importancia de trabajar en políticas que fortalezcan a la familia y a todos y cada uno de sus integrantes” dentro de “un marco de respeto por los derechos humanos, sin olvidar los distintos tipos de familias y la relevancia de la autonomía reproductiva de las mujeres”, añadió que “las intenciones del senador Martínez al frente de la nueva Comisión se alejan diametralmente de este objetivo al pretender imponer una visión única y religiosa de la familia.”

Asevera que “…Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) , la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, en el caso de la Comisión observamos que su apreciación pone el riesgo su protección y excluye a las muchas formas de familias reconocidas en nuestro marco jurídico y que sobra decir son una realidad en México, pues el 18 por ciento de las familias están compuestas por hogares monoparentales; hay 229 mil 473 familias integradas por parejas del mismo sexo, de las cuales más de 172 mil están conformadas por parejas homosexuales que tienen hijos; el 38 por ciento de las mujeres de 25 a 29 años viven en unión libre, hay un 25 por ciento de hogares llamados “ampliados” en los que habitan familiares como abuelos, cuñados, yernos, etcétera.”

Con lo anterior, propone el siguiente punto de acuerdo:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus atribuciones, emita su opinión en torno al apego y la congruencia de la recién creada Comisión Ordinaria de la Familia y el Desarrollo Personal en el Senado de la República, con los instrumentos internacionales y el marco jurídico nacional en materia de derechos humanos.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN

Derivado del análisis de esta Comisión, y dado que los asuntos son similares tanto en contenido como en sus solicitudes, los integrantes de la Primera Comisión estimaron pertinente resolver los tres puntos de acuerdo referidos en el mismo acto.

A. Para esta Comisión Dictaminadora, es sumamente importante el respeto a los Derechos Humanos y la erradicación de cualquier tipo de discriminación. Así lo respaldan los diversos Resolutivos que se han alcanzado en el seno de esta respecto a tal materia, donde es importante señalar, que han sido consideradas todas las opiniones y puntos de vista de las fuerzas políticas aquí representadas.

Esta Comisión Dictaminadora, basada en acuerdos alcanzados en Resolutivos precedentes, en los cuales se han respetado elementos fundamentales de la forma de organización político-jurídica de nuestro país, como lo son el Federalismo, la División de Poderes y la jurisdicción y competencia de las instancias sancionatorias y de impartición de justicia, estima que no corresponde a ésta realizar juicios respecto a acciones u omisiones en las que se presuma la transgresión o el respeto de algún Derecho.

Bajo estos criterios, esta Comisión Dictaminadora, considera que el hecho que produce la solicitud del Diputado Fernando Belaunzarán y del Senador Alejandro Encianas, se encuentra relacionado exclusivamente con la Cámara de Senadores y no con la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, toda vez que la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, pertenece a la Cámara de Senadores y fue conformada por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de esta misma Cámara.

A ese respecto, resulta relevante atender lo establecido en los artículos 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que dicen a la letra lo siguiente:

ARTICULO 122.

1. Los asuntos cuya resolución corresponda al Congreso o a una de las Cámaras y que durante el receso se presenten a la Comisión Permanente, se turnarán a las comisiones relativas de la Cámara que corresponda.

ARTICULO 127.

1. La Comisión Permanente podrá tener hasta tres comisiones para el despacho de los negocios de su competencia.

De este modo, la Comisión Dictaminadora estima que no corresponde a esta Representación emitir un Posicionamiento Oficial al tema en comento, tal y como lo plantean los legisladores proponentes, toda vez que estimamos que tal acto correspondería a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, de acuerdo al artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, dicho artículo estipula lo siguiente:

ARTICULO 82.

1. La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

a) Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de votación por el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

b) Presentar al Pleno, por conducto de la Mesa Directiva, propuestas de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que signifiquen una posición política de la misma;

c) Proponer al Pleno, a través de la Mesa Directiva, la integración de las comisiones, con el señalamiento de las respectivas juntas directivas, así como a los senadores que integrarán la

Comisión Permanente;

En vista de lo anterior, los integrantes de esta Comisión consideramos que el primer resolutivo no es de aprobarse, y; que con el ánimo de satisfacer la importante y relevante preocupación de los Legisladores Proponentes, se modifica la redacción del Segundo y Tercer Resolutivo, sintetizando el contenido de ambos en un Único, que da alcance a la intención de los Legisladores Proponentes.

B. En cuanto a la solicitud de la Diputada Lilia Aguilar esta Comisión dictaminadora, en el estudio y análisis de la propuesta, fundamenta con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por la resolución 217 A (III), en sus artículos 1º y 2º, que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna por cuestiones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Siendo así que nuestro país ha suscrito un gran número de tratados internacionales en los que establece la obligación de respetar y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación, entre los que destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Esta Comisión considera necesario pronunciarse a favor de la protección de los derechos humanos, los cuales son indiscutibles, imprescriptibles, irrenunciables, universales, como todo derecho humano, por el simple hecho de ser personas. La dignidad de la persona humana constituye un valor absoluto, como el de la vida misma desde su concepción hasta la muerte natural.

Los derechos de minorías son universales, y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales pertenecen a todos los seres humanos, incluidos los miembros de los grupos minoritarios. Los miembros de las minorías tienen derecho a la realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad con los demás en la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. Minorías - tanto las personas pertenecientes a minorías y las minorías como grupos - también gozan de ciertos derechos humanos específicamente ligados a su condición de minoría, incluido su derecho a mantener y disfrutar de su cultura, religión, idioma y serán libres de discriminación.

En ese sentido, podemos destacar que en diversas Entidades del país, como lo son los Estados de Hidalgo, Michoacán y Quintana Roo, establecen en sus Constituciones Locales la prohibición de discriminar por preferencias sexuales o condición sexual, respectivamente.

Así mismo existen leyes estatales para prevenir y eliminar la discriminación, que contemplan la prohibición de discriminación por motivo de preferencia sexual u orientación sexual: en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas y Distrito Federal.

En lo que concierne al ámbito del Derecho Penal, el Código Penal Federal incluye las preferencias sexuales como uno de los motivos de delito de discriminación, y que a nivel estatal la tipificación de este delito incluye el motivo de orientación sexual o preferencia sexual en 13 entidades federativas, tales como Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua fue publicada el 7 de julio de 2007, y en ella se enuncian diversas disposiciones en los que se manifiesta a favor de la no discriminación, así como las sanciones aplicables y establece una estructura administrativa que asegure la observancia de este ordenamiento.

En ese sentido, esta Comisión dictaminadora considera que, si bien se busca fortalecer el sentido de no discriminación y ofrecer la seguridad jurídica a todas las personas que decidan formar una familia, es cierto también que la Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 40 establece que los Estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.

En la Carta Magna, el artículo 41 se refiere al pueblo, que ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores.

Esta Comisión dictaminadora considera que los estados son libres y soberanos, que la representación sobre su régimen interior recae en los representantes electos para estos efectos y que el desahogo de los asuntos que competan al Congreso del Estado de Chihuahua debe ser respetado por los Poderes de la Unión, por lo que estima que la solicitud de la diputada resulta improcedente.

La Primera Comisión ha emitido diversos dictámenes en los cuales se pronuncia a favor de respetar la Soberanía de los Congresos locales y de no intervenir en la manera en la que se desahoga el proceso legislativo en dichos recintos.

En todo caso, esta Comisión considera importante pronunciarse a favor de la armonización respecto a las leyes que rigen la vida del estado de Chihuahua, pues estas deben corresponder con los principios de la legislación federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos y rechaza cualquier acto de discriminación en contra de cualquier persona.

C. En lo que se refiere a la proposición de la Diputada Martha Lucía Micher Camarena, esta representación realizó la revisión, estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, haciendo algunas precisiones.

El Presidente de la recién creada Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano, el Senador José María Martínez y Martínez, en reunión de instalación de la comisión, realizó declaraciones que desataron polémica por lo que organizaciones civiles se manifestaron y exigieron el respeto a la diversidad y los derechos humanos:

“Tenemos que trabajar en políticas que fortalezcan la familia, a la mujer y también a nuestros jóvenes. No queremos el aborto, queremos trabajar en función exactamente de la vida, esa es nuestra convicción, es lo que vamos nosotros a ofrecerle a México y a todos los mexicanos. Hoy tenemos que volver de nueva cuenta a esos lazos naturales, que han integrado este concepto, esta comunidad de amor y de solidaridad, ese es parte y ese va a ser el reto y la agenda de esta comisión”.

Por su parte, el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, respaldó las aseveraciones diciendo:

“El PAN está a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, (…) partiendo de un principio fundamental que es la democracia como forma de vida y como forma de convivencia y cristiana por el principio de que somos cuerpo y alma”.

Al respecto, los coordinadores parlamentarios analizaron las declaraciones del Senador presidente de la Comisión, así como del presidente de la Junta de Coordinación Política, concluyendo que la posición del Sen. José María Martínez de considerar familia sólo a las parejas formadas por un hombre y una mujer que tienen niños, y de criminalizar a las mujeres que abortan no es la posición del Senado de la República, informaron los coordinadores parlamentarios del PRI, Emilio Gamboa y del PRD, Miguel Barbosa.

En conferencia de prensa1, el líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa declaró que:

“Esa Comisión tendrá que debatir y dialogar con el presidente sobre la Comisión de la Familia, vi el sesgo que le dio el senador presidente. Creo que es una posición muy personal, no es una posición del Senado de la República, ni es la posición de la Comisión…”.

Por su parte, en entrevista2 el Sen. Luis Miguel Barbosa explicó:

 “…José María Martínez no representa al Senado; es presidente temporal de una comisión que será presidida cada año por un partido diferente... el Senado ajustará los criterios de esa Comisión de la Familia a los ordenamientos de la Constitución en materia de respeto y protección de los derechos humanos y la igualdad ante la ley”.

En tal virtud, el Senado de la República no es responsable de las declaraciones del presidente de la Comisión de la Familia y el Desarrollo Personal, sin embargo, esta Comisión comparte la preocupación de la proponente en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos, entendidos como el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada; deben ser observados y respetados por los tres órdenes de gobierno así como por los tres poderes de la Unión para dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su art. 1º:

Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

La tarea de proteger los Derechos Humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. El bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación.

Se hace evidente la potestad y el imperio del Estado, a través del ejercicio de la función legislativa, al imponer patrones de actuación a la conducta externa humana a través de normas generales, abstractas, impersonales, obligatorias y coercitivas. En ejercicio de dicha función del Estado, el poder legislativo crea, modifica, adiciona, deroga y abroga la ley.

El desarrollo de las tareas legislativas es amplio y muy variado, encontrándose entre ellas el trabajo en Comisiones, definidas por la doctrina como:

“…expresión de los privilegios colectivos que corresponden a las asambleas, independientemente de los personales que sus miembros poseen y los cuales se encuentran contenidos en los reglamentos internos por considerarlos básicos para el cumplimiento de sus tareas.”3

Por su parte, La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala:

Artículo 39.

1. Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Las Comisiones son órganos colegiados que favorecen la división de trabajo de las Cámaras debido a la especialización de sus miembros y trabajan en los asuntos que le son turnados por la Mesa Directiva en materias de su competencia. Se integran de manera plural y sus trabajos son coordinados por una Junta Directiva compuesta por un Presidente y dos Secretarios, en el caso del Senado.

El Reglamento del Senado de la República se refiere a la constitución de las Comisiones de la siguiente manera:

Artículo 113

1. Las comisiones, como forma de organización interna del trabajo legislativo, se constituyen por mandato de ley o por acuerdo del Pleno para el adecuado cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades del Senado.

2. En las comisiones se dictamina, investiga, consulta, analiza, debate y resuelve sobre las materias de sus competencias.

Por lo que hace a las Comisiones Ordinarias, el Reglamento del Senado establece:

Artículo 117

1. Las comisiones ordinarias elaboran dictámenes, informes y opiniones respecto de los asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades de información, control y evaluación que les corresponden.

2. Las competencias de las comisiones ordinarias conciernen en lo general a sus respectivas denominaciones; en su caso, corresponden a las atribuidas a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los órganos autónomos o cualquier otro ente público según el instrumento de su creación.

En el mismo sentido la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 95, la facultad para determinar el número de comisiones con las que ha de contar para el ejercicio de sus funciones:

Artículo 95.

1. La Cámara podrá aumentar o disminuir el número de las comisiones o subdividirlas en secciones según lo crea conveniente o lo exija el despacho de los negocios.

De lo anterior, se desprende que el Senado de la República así como sus órganos constituidos, son autónomos para aumentar el número de Comisiones Ordinarias con las que ha de contar, privilegiando como en el caso particular, la protección de los derechos humanos y el desarrollo integral de la familia.

La Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano a que se refiere la proponente, fue creada en ejercicio de las facultades conferidas en el marco jurídico y la normatividad interna del Congreso General y de la Cámara de Senadores en lo particular, y por lo tanto cuenta con independencia para desempeñar las tareas legislativas que el Acuerdo4 de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, aprobado el pasado 25 de febrero le confirió.

Con relación a las tareas que la Comisión desempeñará, estas se encuentran publicadas en su página electrónica:

“… la creación de la Comisión reunió la voluntad de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, a fin de asumir el gran reto que tiene la familia en su tarea de comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de la persona y de la sociedad, así como de la función esencial del Estado en la acción de facilitar el cumplimiento de la misión de las familias que forman la sociedad5”.

Es importante mencionar que la Comisión en comento, celebró la primera reunión ordinaria el pasado miércoles 9 de julio, en la que se aprobó El Plan Anual de Trabajo6 en cumplimiento con el artículo 129, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República:

Artículo 129

1. La Junta Directiva tiene las atribuciones siguientes:

I. Presentar, para su aprobación, el proyecto de Programa de Trabajo Anual de la comisión;

Dicho Plan Anual de Trabajo7, establece que la Comisión es la instancia para garantizar la protección de la familia en un ambiente de trabajo plural, eficiente, transparente y de un firme compromiso de respeto al diálogo y tolerancia a la diversidad de ideas.

En el documento se identifican nueve campos de trabajo:

perspectiva familiar y comunitaria

niños y niñas en el ámbito familiar

régimen laboral de madres y padres de familia

adulto mayor en el ámbito familiar

jóvenes en el ámbito familiar

paternidad responsable y educación

economía familiar

educación cívica y familia

migración y familia

Esta Comisión Dictaminadora considera que la Comisión de la Familia y el Desarrollo Personal fue creada con total apego al ejercicio de las funciones constitucionales, legales y con apego a la normatividad interna del Senado de la República y por lo tanto, no consideramos procedente exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que revise la legalidad de la nueva Comisión Ordinaria.

Aunado a lo anterior, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece en el artículo 7, aquellos asuntos que no puede conocer la CNDH, entre los que encuadra la solicitud de la proponente.

Artículo 7o.- La Comisión Nacional no podrá conocer de los asuntos relativos a:

I.- Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales;

II.- Resoluciones de carácter jurisdiccional;

III.- Se deroga.

Fracción derogada DOF 15-06-2012

IV.- Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera Comisión acuerdan el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión propone respetuosamente a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano que en su plan de trabajo se incluyan a todas las estructuras familiares.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los diecinueve días del mes de agosto de 2014.

PRIMERA COMISION”.

1 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/06/19/966120

2 Ibíd.

3 Berlín Valenzuela, Francisco (coordinador). Diccionario Universal de Términos Parlamentarios. LVI
Legislatura. Cámara de Diputados. Instituto de Investigaciones Legislativas. México, 1997. pp. 171.

4 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-02-25-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP-2502014.pdf

5 http://www.senado.gob.mx/comisiones/familia/

6 http://es.scribd.com/doc/233338591/Programa-Anual-de-Trabajo-Final

7 Ibíd.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas las siguientes proposiciones:

a) La “Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar políticas públicas que garanticen el respeto y protección a los derechos humanos de las personas pertenecientes a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travestis e intersexual, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil”, suscrita por los Diputados Dora María Guadalupe Talamente Lemas y René Ricardo Fujiwara Montelongo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; a la que en lo sucesivo se denomina proposición LGBTTTI-Talamente.

b) La “Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar una campaña que integre la totalidad de la Administración Pública, los Poderes Legislativos y Judicial y los organismos autónomos, en favor del respeto de las personas integrantes de la población LGBTTTI, suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 21 de mayo de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la Proposición de LGBTTTI-Talamente; enunciada en el proemio del presente.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R2A.-272.

B. En la sesión del lunes 7 de Julio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar una campaña que integre la totalidad de la Administración Pública, los Poderes Legislativos y Judicial y los organismos autónomos, en favor del respeto de las personas integrantes de la población LGBTTTI, suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R2A.- (aún no turnado).

II. CONTENIDO

A. La proposición de LGBTTTI-Talamente; pretende:

1. Que la Comisión Permanente del Congreso exhorte a la Secretaría de Gobernación a implementar políticas públicas que garanticen el respeto y protección a los derechos humanos de las personas pertenecientes a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travestis e intersexual, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“Uno de los procesos más significativos que hemos enfrentado en nuestro país, es el reconocimiento que tiene todo ser humano a gozar de sus derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

En México, con la reforma Constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, se fortaleció el estatus jurídico de los tratados internacionales, al otorgarle una nueva jerarquía que los eleva a un rango constitucional en donde se garantizan y protegen los derechos humanos.

Asimismo, nuestra Ley Fundamental establece la prohibición de la discriminación como una vía para alcanzar el principio de igualdad entre las y los mexicanos, incluidas las personas con preferencias sexuales diversas.

No obstante, existen minorías que se les ha marginado por su orientación sexual, identidad o expresión de género, que les ha impedido gozar del ejercicio pleno de sus libertades fundamentales. Tal es el caso de México donde la discriminación hacia la comunidad LGTTTBI ha ido en aumento y nuestro país se ubica en el segundo lugar mundial de crímenes de odio en contra de este sector poblacional.

En Monterrey la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló el caso de una organización estudiantil LGBTTTI al que se le fue denegado el permiso para desarrollar sus actividades en el campus de una universidad privada con el fin de concientizar sobre la homofobia.

En México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; en su “Segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010”, señala que el 83.4% de mexicanas y mexicanos reportaron que alguna vez han sentido que sus derechos no han sido respetados por motivos de preferencia sexual; 42.8% de las personas homosexuales perciben intolerancia de la policía y un 35.3% de la gente de su iglesia o congregación. De igual forma el CONAPRED registró de enero de 2011 a abril de 2012, cerca de 273 actos de discriminación en agravio a las personas LGTTTBI, lo que derivó en 237 quejas sobre presuntos actos de discriminación y 36 reclamaciones contra autoridades y servidores públicos y federales.

Estos pensamientos o ideas discriminatorias conllevan a consecuencias negativas que afectan la convivencia pacífica de este sector poblacional, llegando en ciertos casos hasta los llamados crímenes de odio.

Sin embargo el promovente reconoce los avances que se han alcanzado en México en torno a la protección de los Derechos Humanos de la comunidad LGBTTTI, donde desde agosto de 2010, el Gobierno del Distrito Federal se convirtió en la primera entidad del país en reconocer legalmente los matrimonios entre personas de mismo sexo, convirtiendo a México en el onceavo país en el mundo que aceptan el matrimonio gay, reconocido por Human Rights Watch. En cuanto al Poder Judicial de la Federación, estas reformas se reforzaron con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde reconoció tanto el matrimonio entre parejas del mismo sexo como la posibilidad de adopción de hijos.

De igual forma, debemos reconocer las acciones que ha realizado el Ejecutivo Federal en la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género diversas. El 21 de marzo pasado, el Presidente de la República emitió un decreto en el que se establece el 17 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.

El 30 de abril pasado, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación dos programas de suma trascendencia para el combate contra la discriminación en contra de la comunidad LGBTTTI, el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014- 2018 y el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, emitiendo los lineamientos a seguir para alcanzar este objetivo.

Sin embargo recalcan los promoventes; que ninguno de estos esfuerzos podría lograrse sin el apoyo y coordinación de las organizaciones de la sociedad civil, pues es con sus voces que nos allegamos de los insumos necesarios para elaborar un proyecto más eficaz en el camino de la eliminación de la discriminación hacia las comunidades LGBTTTI.

Lo que se vio reflejado en la recomendación de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde concluyó que la Secretaría de Gobernación, la cual está facultada para elaborar políticas públicas, que las autoridades violaron los derechos a su legalidad y seguridad jurídica, ya que debido a la falta de asistencia de funcionarios a varias reuniones de trabajo durante 2011, 2012 y 2013, no ha sido posible la concertación y seguimiento de políticas en favor de la población LGBTTTI, lo que constituye actos discriminatorios en agravio de esta comunidad”.

C.- La Proposición de la Senadora Dolores Padierna; pretende:

1.-El Senado de la Republica exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a realizar una campaña, que integre la totalidad de la Administración Pública, los Poderes Legislativos y Judicial y los organismos autónomos, en favor del respeto de las personas integrantes de la población LGBTTTI, en especial que, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República y con apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para prevenir y erradicar la Discriminación se implementen programas de combate a los crímenes de odio en contra de la población LGBTTTI.

2.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores impulse en el ámbito de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, la implementación de mecanismos eficaces de reconocimiento y garantía de los derechos de la población LGBTTTI.

3.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena absolutamente toda conducta discriminatoria de cualquier persona o Estado, especialmente en contra de las personas integradas de la población LGBTTTI.

4.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal a revisar, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil en materia de diversidad sexual y derechos humanos, a revisar los planes de estudio de la educación básica a fin de que se incluya una perspectiva de género e inclusión en los mismos.

5.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe respecto del seguimiento del Informe Especial sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia.

6.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a modificar el nombre de la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano por el de Comisión Ordinaria de las Familias; replantear su objetivo para la protección de todos los tipos de familia existentes en el país y modificar la integración de la mesa directiva de dicha Comisión.
D.- Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“El artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” No obstante, aún distamos mucho de hacer realidad esta disposición y encontramos aún muchas acciones y políticas, en diversas partes de nuestro país y de todo el mundo, que condenan a las personas que no comparten la forma de ser de la mayoría, en este caso, quienes tienen una orientación y/o una identidad sexuales, diversas a las mayoritariamente aceptadas.

El 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad. Este hecho marcó un parte-aguas en la lucha por el reconocimiento de los derechos de todas las personas pertenecientes a la población LGBTTTI, que dio paso a que se reconociera el 17 de mayo como el “Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia”. No obstante, la transexualidad aún es parte de los manuales de psiquiatría CIE-10 y DSM-IV, en donde se define como "trastorno de la identidad sexual", una medida que aún debemos superar como sociedad.

Por otra parte, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos encontramos los Principios de Yogyakarta ó Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género, documento que contiene una serie de principios legales cuyo fin es la aplicación de las normas de derecho internacional de los derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género. El texto marca los estándares básicos para que las Naciones Unidas y los Estados avancen para garantizar las protecciones a los Derechos Humanos a las personas LGBT. Sin embargo, el mismo no goza aún de una naturaleza vinculante, por lo que se han continuado con los esfuerzos para que, en ambos ámbitos se logre su reconocimiento.

Otro de los grandes esfuerzos es el de la “Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas”, impulsada por Francia en 2008, la cual condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. No obstante, a esta Declaración, varios países, principalmente islámicos, respondieron con una en sentido contrario, por lo que este instrumento no cuenta aún con fuerza vinculante. En el marco del Sistema Interamericano, en 2008, la Asamblea General de la OEA adoptó, una resolución dedicada a los derechos humanos y su vinculación con la orientación sexual e identidad de género, a saber, la [AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08)] “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género”, la cual fue renovada hasta 2011.

En la actualidad, alrededor de 80 países en el mundo criminalizan la homosexualidad y condenan los actos sexuales entre personas del mismo sexo con penas de prisión; nueve de estos países (Afganistán, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Yemen) mantienen para estos casos la pena de muerte. La discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género no está oficialmente reconocida por los Estados miembros de las Naciones Unidas (a pesar de que organismos de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos han condenado repetidamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género).

La homofobia sigue siendo uno de los mayores problemas que afronta la humanidad, toda vez que atenta directamente en contra de la dignidad de todas las personas. Lo anterior ha llegado a tal grado, que la orientación y la identidad sexual se han constituido en un delito, lo que resulta claramente violatorio de derechos humanos y, por ello, inadmisible. Algunos de estos dolorosos casos, los encontramos en algunos países africanos, como son Uganda, Nigeria y Gambia, al igual que en Rusia.

En Uganda, se aprobó una ley que condena a la cadena perpetua a quienes realicen determinados actos sexuales con personas de su mismo sexo, esto después de que científicos de su país determinaron que la homosexualidad “no es genética”, sino una conducta social “anormal”. Por su parte, en Nigeria, la ley estableció que "el matrimonio o unión civil entre personas del mismo sexo no se puede formalizar en ningún lugar de culto, sea una iglesia, una mezquita o cualquier sitio del país", además de que estableció penas de prisión para las parejas homosexuales que se casen, aquellas que exhiban su relación y para todos aquellos que promocionen o defiendan los derechos de los homosexuales.

En el caso de Gambia, la homosexualidad es castigada con penas de hasta catorce años de cárcel. La sanción está prevista en el artículo 144 del Código Penal de 1965 en el que se les describe como culpables de "delitos antinaturales" a cualquier persona que "(a) tenga relación carnal con otra persona en contra del orden natural; o (b) tenga relación carnal con un animal; o (c) permita a un hombre tener relación carnal con él o ella en contra del orden natural". De esta manera, la ley equipara la homosexualidad con la zoofilia. La situación continúa tornándose más alarmante, toda vez que el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, ha tildado de "alimañas" a los homosexuales y ha asegurado que su Gobierno se enfrentará a ellos de la misma manera que combate a los mosquitos de la malaria.

Por si fuera poco, la situación en Europa también ha venido en retroceso, como es el caso de Rusia, en donde la ley sanciona todo acto de "propaganda" homosexual ante los menores y se prevén pesadas sanciones que van de los 4 mil rublos (130 dólares) de multa para una persona física a 100 mil rublos para los extranjeros, igualmente pasibles 15 días de detención antes de ser expulsados. La pena se agrava cuando lo que la ley rusa califica de "propaganda homosexual" se efectúa en línea, corriendo el riesgo las organizaciones y asociaciones, por ejemplo, de ser cerradas hasta 90 días. Es más, en el marco de los Juegos Olímpicos de Sochi, la Organización Internacional Human Rights Watch, difundió un video en el que se presentan los actos de homofobia que ocurren en aquél país, en detrimento de toda dignidad humana. Esta conducta de odio es similar a la ocurrida en Kirguistán.

En abril de 2013, se celebró en Oslo la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, que tuvo los siguientes resolutivos:

● Apoyar la creación de mecanismos de la ONU para atender problemas relacionados con la discriminación a la comunidad LGBTTTI.

● Afirmar que nadie tiene derecho de obstruir los derechos humanos y de infringir en forma de discriminación por su género o preferencia sexual.

● Enfatizar que es obligación del Estado proceder, respecto a los derechos humanos, bajo las leyes internacionales que hay al respecto.

● Aplaudir las resoluciones tomadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la jurisprudencia de la Corte Europea sobre los Derechos Humanos, el trabajo de la Unión Europea y la Comisión de los Derechos Humanos en Asia y África.

● Expresar que la meta a lograr es que en el mundo no exista discriminación de ningún tipo.

● Reconocer la necesidad de promover un trato digno y apropiado para quienes sufren esta violencia y sensibilizar a la población.

Por cuanto hace a la situación en México, el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia reconoce el grave problema que existe de discriminación en agravio de la población LGBTTT, “el cual de no atenderse oportuna y eficazmente pone en riesgo el sistema de libertades, la integridad y la protección de los derechos humanos de las personas de dicha población. Los delitos y violaciones a los derechos humanos por orientación sexual, identidad o expresión de género no son hechos aislados, obedecen a patrones de conducta de algunos miembros de la sociedad y del proceder recurrente de ciertos servidores públicos, tales como prejuicios, aversiones y rechazos, lo que refleja la existencia de un problema estructural serio de intolerancia, y que requiere de su reconocimiento expreso y de una atención especial por parte de las autoridades encargadas de promover la educación, la cultura, el respeto a la legalidad y la no discriminación en el país.”

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 7 de cada 10 personas homosexuales consideran que en este país no se respetan los derechos de las personas de diversidad sexual. Asimismo, la encueta señala que “La sociedad mexicana, que tiene arraigado el machismo desde la integración de la Colonia, no está dispuesta a convivir con personas que prefieran a alguien de su mismo sexo. Según la Enadis, 4 de cada 10 mexicanos y mexicanas no permitirían que en su casa vivieran personas homosexuales”.

Hace unos días, se presentó un hecho lamentable para la consolidación de una sociedad libre de discriminación, la presentación de la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano. En éste, el senador José María Martínez se pronunció a favor de un solo tipo de familia, al afirmar que no existen las familias homosexuales, pues son sólo matrimonios entre personas del mismo sexo. Esta declaración demuestra una clara postura discriminatoria, no sólo de la población LGBTTTI, sino de todo aquello que sea distinto a la familia integrada por un hombre, una mujer e hijos, que debe ser combatida a través de la eliminación de los prejuicios subsistentes hasta el momento en materia de sexualidad.

Asimismo, el pasado 28 de junio, la Ciudad de México se unió a varias ciudades para celebrar la XXXVI Marcha del Orgullo LGBTTTI en la que cerca de ochenta mil personas se manifestaron en favor del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTTI y en contra de toda forma de discriminación”.

III. CONSIDERACIONES

A. Respecto a las proposiciones LGBTTTI-Talamente y la de la Senadora Dolores Padierna Luna; esta Representación resalta la facultad otorgada a la Secretaría de Gobernación en la fracción XI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece:

Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto

B. Por cuanto, esta soberanía reconoce los esfuerzos realizados por los diferentes Poderes da la Unión para garantizar el respeto de los Derechos Humanos a la comunidad LGBTTTI. Asimismo esta comisión manifiesta la necesidad de seguir trabajando para erradicar todo tipo de discriminación en la sociedad y así evitar brotes de violencia.

En este tenor, esta Comisión dictaminadora estima que el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018, que mencionan los proponentes, contempla la inquietud plasmada en las proposiciones, en virtud de que este documento señala los proyectos y políticas a implementar a fin de eliminar la discriminación de los diversos grupos vulnerables a este fenómeno, y en particular de LGBTTTI, tal y como se muestra a continuación:

Estrategia 4.1. Generar y ampliar información estadística desagregada y periódica de todos los grupos de población para combatir la desigualdad de trato.

Líneas de acción

4.1.1. Elaborar un marco teórico-conceptual que incorpore la visión sobre los grupos discriminados dirigido a los generadores de información estadística.

4.1.2. Generar información estadística desagregada por sexo, territorialmente y en función de los grupos de población discriminados.

[…]

4.1.7 Impulsar la creación de un registro nacional de delitos motivados por orientación sexual, identidad de género u origen étnico-nacional.

Estrategia 4.6. Promover la incorporación del enfoque antidiscriminatorio en estudios e investigaciones que realizan diversas instituciones públicas, privadas y sociales.

Líneas de acción

4.6.1. Impulsar la elaboración de un diagnóstico nacional sobre formas de discriminación hacia la infancia y adolescencia.

4.6.2. Impulsar la elaboración de estudios sobre la situación actual de la población intersexual en México.

Estrategia 5.2. Impulsar acciones contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Líneas de acción

5.2.1. Promover acuerdos con medios de comunicación para respetar a personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

5.2.2. Incentivar el funcionamiento de observatorios ciudadanos que visibilicen y combatan la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

5.2.3. Impulsar alianzas con asociaciones y sociedades deportivas para prevenir y combatir actos discriminatorios por orientación sexual o identidad de género.

5.2.4. Promover que las asociaciones y movimientos religiosos adopten prácticas de tolerancia y respeto.

5.2.5. Generar oferta educativa y materiales que apoyen el cambio cultural y el respeto a la diversidad sexo-genérica.

5.2.6. Conjuntar esfuerzos para llevar a cabo campañas para combatir la homofobia y transfobia.

Estrategia 6.1. Promover la aprobación, firma y ratificación de instrumentos y acuerdos internacionales en materia de igualdad y no discriminación

Líneas de acción

6.1.1. Promover la ratificación de instrumentos internacionales en materia de igualdad y no discriminación.

6.1.2. Promover la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos.

6.1.3. Participar en iniciativas de organismos multilaterales para la prevención de la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Estrategia 6.3. Promover la armonización de la legislación local con el artículo primero constitucional en materia de igualdad y no discriminación.

Líneas de acción

6.3.1. Impulsar la inclusión de la prohibición expresa contra la discriminación en todas las constituciones estatales.

6.3.2. Presentar una propuesta de tipificación de delitos o agravantes sobre odio considerando el racismo y la homofobia.

6.3.3. Coadyuvar con una propuesta para mejorar la tipificación del delito de feminicidio.

6.3.4. Impulsar reformas a la legislación civil para que no contengan criterios discriminatorios.

6.3.5. Impulsar reformas legislativas en materia de capacidad jurídica que permita la libre manifestación de la voluntad sin discriminación.

6.3.6. Impulsar reformas legislativas para el reconocimiento y el acceso al matrimonio igualitario.

6.3.7. Impulsar reformas legislativas para posibilitar la adopción sin discriminación de niños y niñas.

6.3.8. Impulsar la revisión de la legislación para identificar disposiciones discriminatorias por orientación sexual e identidad genérica.

C. Por su parte, en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, se hallan las siguientes estrategias y líneas de acción, concernientes a la eliminación de la discriminación a la comunidad LGBTTTI, como se muestra a continuación:

Estrategia 3.2. Responder a las problemáticas de derechos humanos de personas y grupos específicos

Líneas de acción

3.2.1. Formar en la defensa de sus derechos humanos a los grupos en situación de vulnerabilidad.

3.2.2. Implementar acciones afirmativas para hacer realidad el derecho a la igualdad de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

3.2.3. Impulsar una cultura de respeto de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales.

3.2.4. Prevenir e investigar los casos de trata y explotación sexual contra mujeres y niñas.

3.2.5. Mejorar la infraestructura y el entorno de los centros psiquiátricos para garantizar la seguridad, salud y alimentación.

3.2.6. Proporcionar atención médica oportuna y medicamentos a las personas privadas de su libertad, especialmente las que viven con VIH-SIDA.

3.2.7. Visibilizar en las políticas públicas a las personas afrodescendientes.

D. La senadora Dolores Padierna Luna en su Proposición sexta, replantea el cambio de nombre de la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano por el de Comisión ordinaria de las Familias con el objetivo de proteger todos los tipos de familia existentes en el país.

Al respecto, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 25 de junio de 2014, el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez y el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a que emita un pronunciamiento oficial en torno a la responsabilidad que tiene el Congreso, de honrar y respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando la protección de los Derecho Humanos y combatiendo la discriminación de las personas” la cuál fue turnada a esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio N°. CP2R2A.-1310.

Tal Proposición manifiesta que el propósito de Comisión de la Familia y Desarrollo Humano (CFDH) se ha desvirtuado y, subraya que la misión de dicha Comisión es la “de trabajar a favor de defender y hacer efectivos los derechos humanos de los integrantes de las familias… con el propósito de atender a las necesidades de las familias mexicanas”, y que la visión es: “que el Estado Mexicano cuente con el marco jurídico adecuado para diseñar políticas públicas que garanticen y promuevan el fortalecimiento de las familias mexicanas”.

Por lo que pide se cambie el nombre de ésta y se vigile su actuación apegada a siempre a los Derechos Humanos.

Al respecto, esta Comisión Dictaminadora considero procedente la solicitud y, al respecto convino que no es materia del Congreso de la Unión sino que solo es competente a la Cámara de senadores, por lo que se acordó lo siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión propone respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, que considere sustituir el nombre de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano por el de Familias y Desarrollo Humano, con el fin de considerar a un mayor universo de estas; asimismo que en el ámbito de sus facultades solicite que los trabajos que realicen las Comisiones Legislativas de dicho órgano colegiado, estén apegados al respeto de los Derechos Humanos, en estricto acatamiento del artículo primero constitucional.

En concordancia con lo expuesto, esta Comisión considera que la inquietud de la Proponente está contemplada en la proposición antes referida, por lo que queda sin materia, ya que el fin que pretende el punto de acuerdo ha sido cumplido.

E. Acorde con lo anterior, y en razón de que los citados Programas se derivan de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que entre los objetivos principales se encuentran los de garantizar la protección de los Derechos Humanos y la erradicación de la discriminación, y por lo cual, este mismo Plan señala como indispensable llevar a cabo diversas medidas especiales orientadas a prevenir y eliminar todas las formas en las que se actualiza este fenómeno, a fin de consolidar la construcción de una sociedad equitativa, cohesionada y con igualdad de oportunidades; esta Dictaminadora estima que la solicitud de los promoventes se encuentra atendida por un marco amplio de acciones y prioridades del Gobierno Federal.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dictamina en sentido negativo la Proposiciones con Punto de Acuerdo por las que se solicitaba elaborar políticas de respeto y protección a los Derechos Humanos de las personas pertenecientes a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travestis e intersexual, pues ya se encuentra contemplado en el orden jurídico vigente.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y completamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciséis días del mes de julio de 2014.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura , fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Gobernador, al Procurador General de Justicia y al Presidente Municipal de Papantla de Olarte, todos del estado de Veracruz, a investigar y proceder conforme a derecho sobre las presuntas amenazas de las que han sido objeto diversos periodistas en la entidad, suscrita por el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la Sesión de la Comisión Permanente celebrada 13 de agosto de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de agosto de 2014, se presentó la proposición que se indica en la introducción del presente.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que esta Proposición fuera turnada a la Primera Comisión-Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el Oficio N°: CP2R2A.-2771.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El Diputado proponente, plantea lo siguiente:

México pasa por uno de los momentos más peligrosos para ejercer el periodismo; las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado son cosa de todos los días.

Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de información.

Al respecto, expresamos nuestra gran preocupación por las amenazas que Ricardo Romero Sánchez, hermano del Presidente Municipal de Papantla de Olarte, Veracruz, Marcos Romero Sánchez, hizo el veinte de junio de dos mil catorce al periodista Esteban Ángel Hernández Mateos, Director General del Semanario El Imparcial del Totonacapan, que se edita en Papantla de Olarte, Veracruz.

El periodista fue amenazado desde hace dos meses, sin que las autoridades estatales y municipales investigaran y en su caso sancionaran a los autores materiales e intelectuales de ese acto atroz. La situación se torna más preocupante cuando pese a la existencia de pruebas que confirman un ataque a la libertad de expresión y un probable atentado contra la integridad y vida de Esteban Ángel Hernández Mateos, no se le proporcionó seguridad, por lo que estamos ante una transgresión a sus

Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe mencionar que el veinte de junio del año en curso, en el Semanario El Imparcial del Totonacapan, se publicaron sendas notas relacionadas con el malestar de la sociedad Papanteca, dada la pésima administración del Presidente Municipal antes mencionado, acto que incomodó a Ricardo Romero Sánchez puesto que ese día, se comunicó por teléfono con Esteban Ángel Hernández Mateos a quien amenazó al decirle:

"...que me iban a 'levantar'; que tenía una bonita familia, que ¡a cuidara; y que ¡a vida era muy generosa, que me cuidara...”

"Cuídate porque no se puede andar de cínico

Sin duda la omisión del Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, y del Presidente Municipal de Papantla de Olarte, Veracruz, Marcos Romero Sánchez para actuar oportunamente ante las amenazas a que fue objeto Esteban Ángel Hernández Mateos, atenta contra la importancia de la seguridad de los periodistas.

En efecto, la libertad de expresión vista como elemento fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es ampliamente considerada como la base sobre la que se sustentan otros derechos democráticos, como el derecho a formar partidos políticos, a intercambiar ideas políticas y a controlar las acciones de los funcionarios públicos, entre otros.

En este mismo sentido es que también otorga sustento a la buena gobernanza y a la rendición de cuentas democrática.

Por esta razón se considera que los medios de comunicación requieren protecciones especiales que les permitan operar libremente. Por consiguiente, los periodistas deben tener la libertad y la seguridad necesarias para generar los contenidos que luego serán difundidos a partir de diferentes plataformas mediáticas. Este contenido representa una forma de ejercer la expresión pública de nuestros derechos colectivos.

En un mundo donde los contenidos digitales se hacen presentes en todos los ámbitos de la vida, es importante comprender que el término 'periodista" hoy se aplica a un amplio rango de personas, no únicamente a aquellos profesionales de los medios formalmente asociados a una entidad o empleados por una organización mediática.

Tal como afirmara el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión en su informe para el año 2012:

"Los periodistas son personas que observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto.

Junto a la libertad de expresión, también los derechos a la vida y a la integridad y seguridad de las personas son derechos humanos fundamentales, reconocidos y garantizados por convenciones e instrumentos internacionales. Resulta evidente que tales derechos se aplican a todas las personas, pero son particularmente importantes para la práctica periodística por al menos tres razones:

● A menos que tengan seguridad, no es posible esperar que los periodistas realicen su labor profesional, que a su vez les permite a los medios ofrecer una plataforma pública para el intercambio de ideas, opiniones e información.

● Los asesinatos y la violencia que no son castigados conducen a la auto-censura: los periodistas terminan por creer que el trabajo con ciertos temas es simplemente demasiado peligroso.

● La gran visibilidad de los periodistas lleva a que los miembros de la sociedad no se sientan seguros de hablar cuando ven que un periodista es atacado, y especialmente cuando impera la impunidad para los atacantes.

Así, la seguridad de los periodistas representa en sí misma una cuestión importante de derechos humanos, central para el logro de la libertad de expresión de manera más amplia.

En el asunto que nos ocupa, las intimidaciones provienen del hermano del Presidente Municipal de Papantla de Olarte, Veracruz, tras la publicación de textos "incómodos” para el gobierno municipal, lo que demuestra que funcionarios y personas cercanas a ellos operan en total impunidad para cometer asesinatos y desapariciones a periodistas. Las investigaciones con frecuencia se cierran de prisa o se frenan debido a la lentitud burocrática.

La impunidad de los asesinos y de quienes atacan violentamente a periodistas alimenta un ciclo de muerte, sirve para intimidar a la ciudadanía en general y socava la confianza pública en el estado de derecho. Es un hecho ampliamente aceptado que si la impunidad no se resuelve, la seguridad de los periodistas nunca será resuelta.

Consecuentemente para revertir esa situación, el Gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, del Procurador General de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, y el Presidente Municipal de Papantla de Olarte, Veracruz, Marcos Romero Sánchez, dentro del ámbito de su respectiva competencia y conforme a Derecho, deberán promover la libertad de expresión y de prensa como un derecho humano fundamental, mediante actividades de seguimiento y salvaguarda en la práctica del periodismo.

Además, deberán procurar la independencia y el pluralismo de los medios como elementos básicos del proceso democrático, respetando las ideas expresadas y la crítica dura manifestada por periodistas respecto de su gestión, a fin de garantizar la libertad de expresión.

Con base en tales argumentos, el proponente plantea el siguiente resolutivo:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobernador, al Procurador General de Justicia, y al Presidente Municipal de Papantla de Olarte, todos del Estado de Veracruz, para que dentro del ámbito de su competencia investiguen y sancionen las violaciones cometidas por Ricardo Romero Sánchez, hermano del Presidente Municipal de Papantla de Olarte, cuando el veinte de junio de dos mil catorce amenazó al periodista Esteban Ángel Hernández Mateos, Director General del Semanario El Imparcial del Totonacapan.

SEGUNDO. Que se informe a esta Soberanía sobre las acciones tomadas derivadas de este punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora se ha manifestado porque los Derechos Humanos se respeten y que las instancias encargadas de protegerlos, cumplan con su deber y actúen conforme a derecho. Del mismo modo, los integrantes de esta Comisión, hemos sentado precedentes respecto a nuestra voluntad porque en nuestro país se ejerza la libertad de expresión y se proteja la importante actividad de los periodistas.

SEGUNDA.- Acorde con lo anterior, estimamos relevante señalar que en la Gaceta de la Comisión Permanente número 10 de fecha 18 de junio de 2014, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura fue publicado y posteriormente aprobado, un Dictamen que contempla la petición contenida en la proposición en análisis, en los términos siguientes:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión extiende un reconocimiento a la invaluable labor que realizan las mujeres y hombres dedicados al periodismo en México, en el marco de la conmemoración del 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en nuestro país.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente solicita a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a continuar con la práctica del respeto y la protección del derecho a la libertad de expresión reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que coadyuva al desarrollo pleno de la sociedad, y se fortalezcan los mecanismos necesarios a fin de garantizar el libre ejercicio de la libertad de prensa de los periodistas frente a cualquier amenaza o manifestación de  violencia.

TERCERA.- Otro elemento que los integrantes de esta Comisión consideramos relevante señalar, es el ánimo de imparcialidad y objetividad que han caracterizado nuestras dictaminaciones previas, en virtud de que nos resulta sumamente importante, que este órgano colegiado y representativo, no delibere sobre cuestiones que no sean estrictamente concernientes al ámbito de su competencia. Esto así, toda vez que en la proposición en análisis no existe referente a algún número de averiguación previa o denuncia de hechos que el afectado haya presentado, y esta Comisión por su parte, no pudo hallar algún expediente al respecto.

De este modo, instar a una instancia de gobierno, mediante la aprobación de esta Proposición, a atender una problemática como la que se relata, implicaría que esta soberanía haría una valoración jurídica y de hechos, lo cual a todas luces no concierne a esta representación.

CUARTA.- A más de lo anterior, el penúltimo párrafo de la fracción XXI, inciso C) del artículo 73 constitucional, señala lo siguiente:

“Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.”

Asimismo, la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, publicada el 25 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, contempla en su Capítulo VI el procedimiento para interponer una Solicitud de Protección, Evaluación y Determinación del Riesgo.

Por tanto, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, estimamos que la problemática planteada en la Proposición en análisis, podría ser conducida por la autoridad encargada, mediante los recursos legales aquí señalados, y no mediante la aprobación de un Punto de Acuerdo.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta Honorable Asamblea el siguiente:

IV.- RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, dictamina en sentido negativo la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Gobernador, al Procurador General de Justicia y al Presidente Municipal de Papantla de Olarte, todos del estado de Veracruz, a investigar y proceder conforme a derecho sobre las presuntas amenazas de las que han sido objeto diversos periodistas en la entidad.   

SEGUNDO.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 27 días del mes de agosto de  2014.

PRIMERA COMISION”.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada el pasado 16 de julio de 2014, la Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República y al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, a investigar la posible comisión de delitos relacionados a operaciones con recursos de procedencia ilícita cometidos en el estado de Coahuila durante las administraciones de Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

Esta Comisión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 6 de agosto del presente, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentaron la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría General de la República y al Titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, a investigar la posible comisión de delitos relacionados a operaciones con recursos de procedencia ilícita cometidos en el estado de Coahuila durante las administraciones de Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López.

b) En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnaran a esta Primera Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.-2547.

II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los proponentes plantean que “…de los mexicanos, 89.7% considera que las corporaciones policiacas del país son corruptas, seguido de los partidos políticos y el Ministerio Público con 84.4% y 78.4% respectivamente. En general, el 75.6% de la población considera que la corrupción en el gobierno federal es una práctica común.

El INEGI dio a conocer el 16 de junio de este año la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, la cual reveló que 12,080 personas tuvieron contacto con algún servidor público y 24,724 experimentaron algún tipo corrupción.

Dicho documento refleja que 77.2% de la población considera que la corrupción en los gobiernos estatales es muy frecuente, y 75.8% piensa lo mismo de los gobiernos municipales.

Revela que la corrupción se ubica en el tercer lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos, con 48.5% y sólo detrás de la inseguridad-delincuencia que alcanzó 70.4% y el desempleo que registró 51 por ciento.

Bajo este contexto es que, nuevamente desde el exterior, se da a conocer que autoridades federales y estatales de Texas investigan a una red de empresarios y ex funcionarios de Coahuila originada durante el mandato del ex Gobernador priista Humberto Moreira Valdez, misma que se trasladó a San Antonio durante los últimos siete años donde, afirman los fiscales, lavaron millones de dólares en sobornos provenientes de cárteles de la droga y de contratistas de esa entidad, reportó el diario San Antonio Express-News.

Las autoridades estadounidenses afirman que los más recientes problemas en San Antonio están relacionados con narcotraficantes, empresarios y altos funcionarios mexicanos que lavaron más de 35 millones de dólares en sobornos para contratos estatales.

Los fiscales han confiscado decenas de millones de dólares en bienes raíces en San Antonio, mismos que, aseguran, fueron sacados del gobierno de Coahuila desde el 2007, durante el mandato del ex Gobernador Humberto Moreira.

De acuerdo a entrevistas, documentos y registros, han presentado demandas para confiscar cuentas de bancos y diversas propiedades, entre las que se encuentran varios restaurantes e incluso un centro comercial.

Entre los acusados está el ex tesorero estatal, Héctor Javier Villarreal Hernández, acusado de enviar sobornos de México a Texas; varios empresarios propietarios de casas en San Antonio, y Jorge Juan Torres López, el ex Gobernador interino de Coahuila en 2011, quien para las autoridades de Estados Unidos se encuentra en calidad de prófugo.

De acuerdo con el fiscal Cliff Herberg, Villarreal Hernández es acusado de obtener fondos a partir de un contrato inflado con una empresa extractora de mineral controlada por los Zetas.

Derivado de las investigaciones que se realizan sobre este asunto en Estados Unidos, Humberto Moreira Valdés es requerido por las autoridades texanas como testigo junto con el actual Gobernador coahuilense, su hermano Rubén Moreira.

En noviembre pasado, Villarreal Hernández y Torres López fueron acusados formalmente ante una corte federal de delitos financieros, bajo la acusación de realizar “transacciones financieras relacionadas con el producto de una actividad ilegal”.

Villarreal era buscado desde hace dos años, luego que autoridades federales y del estado de Texas presentaran ante distintas cortes demandas para decomisarle millones de dólares en cuentas bancarias y propiedades, relacionadas con delitos de lavado de dinero. El ex funcionario de Coahuila se entregó en febrero a las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas, y fue trasladado a una cárcel de San Antonio.

En 2012, el Departamento de Estado de Estados Unidos reportó los escándalos de corrupción, prácticas ilegales y deuda pública excesiva ligadas al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

El documento de la dependencia titulado Reporte de países en Prácticas de Derechos Humanos, publicado el 24 de mayo de 2012, consignó que Moreira, anunció su renuncia como líder del Partido Revolucionario Institucional en medio de la creciente controversia por el escándalo de la deuda durante su mandato como gobernador de Coahuila de 2005 a 2011.

El apartado 4 de tal documento, que lleva por nombre “Corrupción oficial y transparencia gubernamental” refiere que en agosto (2011), la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación criminal sobre las denuncias contra el gobierno del estado de Coahuila por no haber reportado su deuda en casi 30 mil millones de pesos y por haber falsificado documentos oficiales para obtener financiamiento. “La Secretaría de Hacienda presentó una demanda penal ante la PGR contra el estado de Coahuila y la investigación continuaba al finalizar el año”, dice el documento.

También se añade que además de la corrupción a nivel básico, como sobornos a oficiales administrativos y a fuerzas de seguridad, hay formas más sofisticadas y menos aparentes de corrupción incluyen pagos excesivos por los bienes y servicios para proveer pagos “a funcionarios electos y a partidos políticos”.

El documento también menciona que el gobierno mexicano “no ha implementado las leyes (contra la corrupción) efectivamente”. El texto reporta que “documentos creíbles” indican que los oficiales de gobierno están vinculados frecuentemente con prácticas corruptas e impunidad, y relativamente en pocos casos son llevados a juicio. Después de algunos párrafos mencionan a Humberto Moreira.

A continuación el fragmento que menciona a Humberto Moreira:

SECCION 4. Corrupción oficial y transparencia gubernamental.

El 2 de diciembre, Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila (2005-11) y entonces líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció su renuncia como líder del partido debido a la escalada controversia sobre la escandalosa deuda durante su tiempo como gobernador. En agosto, la PGR inició una investigación criminal sobre las acusaciones de que el gobierno de Coahuila había reportado su deuda por debajo de la cifra correcta, por casi 30 millones de pesos y había falsificado documentos oficiales para adquirir préstamos. La Secretaría de Finanzas realizó una demanda penal con la PGR en contra del estado de Coahuila, y la investigación continuó hacia final de año.

En el mismo reporte del Departamento de Estado en el apartado de “corrupción” se menciona que las autoridades federales arrestaron a dos funcionarios fiscales en Coahuila y se emitieron órdenes de arresto contra cinco ex funcionarios del Estado por su presunta participación en un fraude de préstamos, lo que significa más de 25 millones de pesos a la deuda pública de dicha entidad.

Como queda claramente documentado, la situación de corrupción y desvíos de recursos en el estado de Coahuila es severa y hasta ahora, quienes han sido acusados como presuntos responsables de la adquisición de una de las mayores deudas históricas siguen sin ser procesados y sancionados conforme a la ley.”

Con lo anterior formulan el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República Jesús Murillo Karam, a que en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación imparcial y aplique las sanciones que correspondan a Humberto Moreira Valdés, Jorge Torres López, así como de quien resulte responsable por la posible comisión de delitos relacionados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, Homero Ramos Gloria, a que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Procuraduría General de la República, realice una investigación imparcial y aplique las sanciones que correspondan a Humberto Moreira Valdés, Jorge Torres López, así como a quien resulte responsable por la posible comisión de delitos relacionados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.”

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

Esta representación comparte la preocupación de los proponentes con las siguientes observaciones.

Por lo que hace al primer resolutivo esta Comisión Dictaminadora no considera procedente hacer el exhorto dado que la facultad de investigación que tiene el Ministerio Público Federal se realiza siempre y cuando exista una denuncia previa o bien ya esté en curso una averiguación, tal como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

A) En la averiguación previa:

a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito, así como ordenar a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables;

b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;

c) Ejercer la conducción y mando de las policías en la función de la investigación de los delitos, e instruirles respecto de las acciones que deban llevarse a cabo en la averiguación del delito y de sus autores y partícipes, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley;

En caso de que hubiera un proceso en contra de los citados, si bien es cierto que nuestra carta magna establece el derecho a la información y la transparencia, también es cierto que existen excepciones al principio que es menester señalar.

El artículo 6° constitucional señala:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. ...

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

V a VI. …

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

VIII.…

B.…

Con base en lo anterior, se advierte que como excepción a la regla del acceso a la información se encuentra aquella que sea considerada como reservada, la cual de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es la siguiente:

Artículo 14. También se considerará como información reservada:

I. y II. …

III. Las averiguaciones previas;

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado;

V. y V.…

Artículo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán:

I. a V…

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

En ese sentido, la información solicitada tendría una doble restricción legal, por un lado, en su carácter de averiguación previa, expediente judicial o procedimiento administrativo en curso; y por otro, respecto de un dato personal cuyo manejo requiere autorización, puesto que al revelar la información, la dependencia tendría que decir quiénes son las personas sujetas a investigación revelando sus nombres. Por lo anterior, esta representación considera improcedente acceder a lo pretenso.

Por otro lado, quienes suscribimos el presente dictamen estimamos que habida cuenta la naturaleza de las investigaciones que desarrollan las autoridades de procuración de justicia, a la luz de tener conocimiento de una noticia criminal, ya por querella o denuncia y de acuerdo a la actuación que le corresponde, no es dable la divulgación o difusión de las tareas que necesariamente deben realizarse bajo reserva. Es decir, que el hecho de hacer público en forma anticipada o fuera de los tiempos propios de una investigación y de la integración de una averiguación previa, puede tener efectos negativos para el objetivo superior de concluir si existe una probable responsabilidad y es menester perseguirla ante los tribunales encargados de impartir justicia.

En ese sentido, se estima inconveniente que la Comisión Permanente solicite a la Procuraduría General de la República o a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, información sobre si existe o no, sobre si lleva a cabo uno indagatoria alguna en torno a determinadas personas.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dictamina en sentido negativo la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y a la Procuraduría General de la República, que informen a esta Soberanía si existen averiguaciones previas en curso en contra de Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los  veintiséis   días del mes de agosto de 2014.

PRIMERA COMISION”.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se cita a comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para informar sobre el estado que guarda el proceso de liquidación y pago de pasivos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de julio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La senadora proponente, menciona que a ningún mexicano nos es ajeno el drama que viven la mayoría de los 45 mil trabajadores y sus familias que, desde el 11 de octubre de 2009, fueron responsabilizados por el presidente Felipe Calderón Hinojosa de ser los causantes de la crisis financiera que registraba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Agrega que el decreto de liquidación de ésta empresa se hizo atropelladamente e incurriendo en una aberración jurídica dado que en 1993, cuando Compañía de Luz y Fuerza del Centro, adopta por Decreto del Poder Ejecutivo, el estatus de Organismo Público Descentralizado, éste asume la condición de patrón sustituto y, por lo mismo, parte en el contrato colectivo que se tenía celebrado con el Sindicato Mexicano de Electricistas y si bien, ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia que las relaciones laborales individuales a esta fecha, quedaron extinguidas por causa de fuerza mayor, también lo es que ello, sin embargo, no afectó la relación contractual colectiva que subsiste con la titularidad del contrato y más de 17 mil trabajadores que no han sido liquidados.

Informa que entre otros muchos pasivos, en particular el que se deriva del fondo de pensiones de los trabajadores integrado desde 1914, con aportaciones de los propios sindicalizados, está entre los clasificados preferentes ante la inminencia de una probable conclusión de la liquidación del Organismo Descentralizado que tiene a su cargo el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

La legisladora refiere que la nueva Empresa de Producción del Estado reemplazará a la Compañía Federal de Electricidad, y ésta en su condición de comodataria y prestadora de servicios para atender la red eléctrica que le reconoció el SAE, tendrá que restituir al verdadero comodatario, en este caso la Compañía de Luz y Fuerza del Centro el  conjunto de los activos para que a su vez se paguen los adeudos laborales relacionados con los derechos jubilatorios y el fondo respectivo que han quedado pendientes y que forman parte de las obligaciones irrenunciables contenidas en el contrato colectivo en vigor.

Afirma que resulta obvio que la precipitación y la improcedente vía jurídica que utilizó Felipe Calderón, tenía como propósito  evitar que su decisión fuera sometida al Congreso, el resultado hubiese sido otro y los responsables de la quiebra técnica del organismo serían claramente señalados entre los que lo administraron por designación presidencial. Pero sobre todo, el mecanismo de cierre y transferencia estrictamente legal de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro por su importancia y magnitud, hubiera descubierto que el verdadero móvil lo fue el ocultamiento del contrato del 18 de diciembre de 2007, en el que la empresa WL COMUNICACIONES S.A. DE C.V., convirtió un contrato de arrendamiento de la infraestructura del espacio que ocupa uno de los hilos de guarda de las líneas de transmisión (torres, cuadros y postes y ductos subterráneos, para la instalación de la fibra óptica, en un contrato en donde dicha empresa adquiere la propiedad de las mismas a cambio del pago de un derecho anual de $50.00 por poste o torre y 550.00 por kilómetro o fracción de ducto a partir del 1 de enero de 2007, prestaciones irrisorias en términos de mercado y de potencial de redituabilidad en el uso de tan valioso servicio de comunicación moderna.

Finalmente, la proponente argumenta que la secrecía con la que actuó el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa tenía por propósito ocultar dos datos  fundamentales:

1. Los propietarios de WL COMUNICACIONES S.A. DE C.V., son nada menos que Ernesto Martens y Fernando Canales Clarión,  ex secretarios de Energía en los gobiernos panistas. La empresa estuvo representada en la firma del contrato por el C.P. Cristóbal Mario Canales Lebrija hijo del ex gobernador de Nuevo León.

2. El contrato colectivo entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro establece en la cláusula 111 que la infraestructura de la empresa para ser utilizada en la implementación de la fibra óptica, es materia de la relación laboral colectiva en cuanto el sindicato tiene intervención en la decisión de su utilización para la misma empresa, en su beneficio financiero y, por lo tanto, para la posibilidad de inversiones en modernización, empleos y mejoramiento del servicio.

La legisladora concluye sus consideraciones destacando que en éstas circunstancias existe una suma de pasivos muy amplia que debe ser liquidada y, por otra parte, con el sólo valor de la infraestructura e inversión en fibra óptica, los recursos serían más que suficientes para no defraudar a los trabajadores y a sus familias. ES por ello que la legisladora plantea que entre las funciones irrenunciables del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en la administración de dichos activos debe contemplarse la posibilidad de rescindir el contrato con WL COMUNICACIONES S.A. DE C.V., por su condición lesiva al interés público nacional y a los acreedores laborales de la institución.

Por las consideraciones anteriores propone, a ésta H. Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se cite con carácter de urgente ante la Primera Comisión de esta Comisión Permanente al C. Héctor Orozco Fernández, titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que informe:

a. En qué términos se llevó a cabo el acto de liquidación y presunta extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

b. En qué condiciones se encuentra el proceso de liquidación ante la eventualidad de un cambio de la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad.

c. Qué curso ha seguido la venta o afectación en comodato de los activos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. ¿Cómo se piensa rescindir el contrato de comodato con la Comisión Federal de Electricidad?

d. Se informe de los inventarios existentes y del rendimiento de cuentas de la administración asumida desde el 11 de octubre de 2009.

e. ¿Cómo contempla su administración cumplir con las obligaciones contractuales con los trabajadores y en particular la entrega de su fondo de pensiones?

f. ¿Ha pensado su administración en el rescate del activo del uso de la infraestructura de la empresa para la conducción de la fibra óptica?

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta Comisión dictaminadora comparte la inquietud de la senadora en el sentido de dar certeza jurídica y conocer con mayor detalle sobre el proceso de liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el respeto y cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) fue un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que transmitió, distribuyó y comercializó energía eléctrica en la zona central de México, es decir: a todo el Distrito Federal, a 80 municipios del Estado de México, dos de Morelos, dos de Puebla y cinco de Hidalgo. En octubre de 2009 por decreto presidencial se dispuso su extinción, con lo que se inició su proceso de liquidación administrativa, en tanto la operación eléctrica comenzó a operarla la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El 11 de octubre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro1, el cual conserva su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación.

Dicho Decreto establece que la liquidación de Luz y Fuerza del Centro estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que en cualquier materia requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por sí o por conducto de terceros en términos de las disposiciones aplicables, puede intervenir de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Asimismo, el Gobierno Federal está obligado a garantizar el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía en el ámbito de sus respectivas competencias, han venido realizando las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes reciba los recursos que se requieren para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a los recursos que se establezcan para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Como bien se establece en el mencionado Decreto, y coincidiendo con la proponente, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos que es competencia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes cumplimentar el proceso de liquidación de la empresa eléctrica, de ahí que se resuelve solicitar un informe a este organismo donde se dé respuesta a los cuestionamientos formulados por la senadora Dolores Padierna Luna.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, para que remita un informe del estado que guarda el proceso de liquidación y pago de pasivos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y qué curso ha tenido la venta o afectación en comodato de los activos de esta empresa.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.

1 http://sipse.com/archivo/decreto-de-la-extincion-de-luz-y-fuerza-del-centro-15140.html






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y a la Directora General del Instituto Nacional de la Economía Social, Narcedalia Ramírez Pineda, a que establezcan una relación institucional y respetuosa con las correspondientes Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, con el propósito de construir una relación de trabajo que permita impulsar una agenda legislativa en beneficio del sector social de la economía, suscrita por la Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, a nombre de las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Destaca la proponente que “desde que inició la LXII Legislatura, los diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, independientemente de la fracción parlamentaria a la que pertenecen, han coincidido en la necesidad de impulsar a la economía social para que alcance la importancia definida en el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que además del Artículo 25 de la Constitución y de las disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, entre otras, se han apoyado en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018, en el Capítulo IV.2 correspondiente a las acciones que se adoptarán para eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país. Ahí se propone desarrollar “una política de fomento económico con el fin de crear un mayor número de empleos, desarrollar los sectores estratégicos del país y generar más competencia y dinamismo en la economía”.

Con ese propósito, establece, “se buscará incrementar la productividad de los sectores dinámicos de la economía mexicana de manera regional y sectorialmente equilibrada”. Y agrega el siguiente párrafo “para ello, se fortalecerá el mercado interno, se impulsará a los emprendedores, se fortalecerán las micro, pequeñas y medianas empresas, y se fomentará la economía social a través de un mejor acceso al financiamiento”, en el que reconoce la importancia de la economía social. Este reconocimiento no deja lugar a dudas acerca de la necesidad de proporcionar mayores recursos a la economía social.

Que en consecuencia, la Estrategia 4.8.5. del Plan Nacional de Desarrollo, denominada “Fomentar la economía social”, comprende como líneas de acción “Realizar la promoción, visibilización, desarrollo y cooperación regional e intersectorial de las empresas de la economía social, para mitigar las diferentes formas de exclusión económica y productiva” destacando la necesidad de “fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras y gerenciales de las empresas de la economía social2”. A esto habría que añadir que la posibilidad que tiene la economía social de mitigar las formas de exclusión económica y productiva requiere recursos financieros.

Que finalmente, como uno de los problemas que se enfrentan en el sector social de la economía es la dispersión de recursos, algo que en otros sectores ya ha sido superado. En este aspecto, un estudio que presentó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), sobre los “Programas Federales para la Economía Social y el Cooperativismo”, demostró la coincidencia de objetivos que existe en un conjunto de programas de diferentes dependencias del Ejecutivo, por lo que urge trabajar con el Ejecutivo una estrategia que permita consolidar los recursos que destinan los diferentes ramos al sector social.

Que sin duda es necesario trabajar aún más este tema y participar con las Comisiones y dependencias del Ejecutivo responsables de asignar los recursos a los programas de la Economía Social que están en los ramos que les corresponden.

Adicional a lo anterior, destaca la proponente que señalar que en la agenda de la Comisión hay dos temas legislativos de gran trascendencia para la visibilización del sector social de la economía, su desempeño y su fortalecimiento. El primero es una reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas, que sea la base de la armonización normativa del sector cooperativista. El segundo es la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación en lo relativo al sector social, cuando se insistirá en generar un presupuesto transversal del sector, acompañado del anexo correspondiente, que facilite el conocimiento, el acceso y la evaluación de los programas correspondientes.

En los dos casos sería muy importante contar con una coordinación adecuada con las dependencias del Ejecutivo vinculadas al sector, para lograr los mejores resultados.

Por último reitera que, en lo general y en lo particular en el caso de la economía social, la importancia que tiene la relación respetuosa, de trabajo entre las dependencias del Ejecutivo y el Legislativo, que ponga como objetivos la mejora de las políticas públicas para concretar beneficios.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. El marco jurídico de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social tiene su fundamento en consistencia con la operación de Comisiones diversas, de conformidad con lo preceptuado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como se desprende de lo preceptuado por el Artículo 93, de la CPEUM, en su tercer párrafo, que a la letra señala: "Las cámaras… Tienen facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria… "

Conforme a lo anterior, la Comisión también tiene sustento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, misma que establece que la Comisión tiene su soporte legal en diversos artículos. Entre otros, el Artículo 39 como sigue:

Artículo 39.

1. Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones

XXV. Fomento Cooperativo y Economía Social;

3. Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

TERCERA. A mayor abundamiento, cabe destacar que en efecto la Comisión en comento, cuenta con atribuciones para llevar a cabo sus funciones constitucionales y legales en coordinación con las Dependencias de la Administración Pública Federal de conformidad con lo preceptuado por el Artículo 45 de la propia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como sigue:

ARTICULO 45.

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.

2. No procederá la solicitud de información o documentación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al titular de la dependencia o al C. Presidente de la República.

4. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la Administración Pública Federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo, o solicitar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la Dependencia, la comisión podrá solicitar al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el Secretario del Despacho o Jefe de Departamento Administrativo correspondiente comparezca ante el Pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 constitucional.

5. Asimismo, las comisiones a que se refiere el párrafo anterior y de acuerdo a su competencia, darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo Federal y las demás entidades fiscalizadas, en los términos del artículo 79, fracción I, de la Constitución. Dichas opiniones deberán ser enviadas a más tardar sesenta días después de la recepción de los informes. La opinión fundada tendrá por objeto hacer aportaciones a esa Comisión sobre aspectos presupuestales específicos, en relación al cumplimiento de los objetivos de los programas del correspondiente ramo de la Administración Pública Federal, y para que sean consideradas en la revisión de la Cuenta Pública.

CUARTA. Como se desprende de lo antes transcrito, es inconcuso que el trabajo en comisiones se lleva a cabo por ministerio de Ley, en un marco de colaboración de funciones con las dependencias de la Administración Pública de las que se trate, de ahí la importancia en torno al establecimiento de las relaciones institucionales y respetuosas con las correspondientes comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, con el propósito de construir una relación de trabajo que permita impulsar una agenda legislativa en beneficio del sector social de la economía, que al efecto plantea la proponente.

Vale la pena mencionar que las gestiones emprendidas por la Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, así como a su constante interés para establecer una relación institucional entre las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Economía, han derivado en la construcción de una relación de trabajo que ha permitido impulsar una agenda legislativa en beneficio del sector social de la economía.

En este sentido, vale la pena enumerar las diversas reuniones sostenidas entre legisladores de diferentes fracciones parlamentarias y funcionarios de la Secretaría de Economía para dar cuenta de esta vinculación institucional.

Fecha

Nombre del Legislador

Partido

Tema

26/02/2014

Diputadas de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social: Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD), Silvia Márquez Velasco (PRI) y Mariana Dunyaska García Rojas (PAN).

PRD/PRI/PAN

Se reunieron con el Director General del INAES para abordar temas de interés del sector de la economía social

27/02/2014

Diputados de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social (a través de la Presidenta Alliet Mariana Bautista Bravo).

PRD/PRI/PAN

Funcionarios del INAES otorgaron capacitación sobre Reglas de Operación del INAES.

04/04/2014

Dip. Alliet Bautista Bravo. Presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

PRD

Funcionarios del INAES otorgaron capacitación sobre Reglas de Operación del INAES.

10/04/2014

Dip. Alliet Bautista Bravo y Dip. Silvia Márquez. Presidenta y Secretaria de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

PRD/PRI

Reunión con la Mtra. Narcedalia Ramírez Pineda, Directora General del INAES y con el Lic. Jorge Diez de Sollano Elcoro, Coordinador General de Planeación y Evaluación, en las instalaciones del INAES, con el propósito de continuar la relación de trabajo entre el INAES y la Cámara de Diputados.

23/04/2014

Diputadas (os): Alliet Mariana Bautista Bravo (Presidenta), Brasil Alberto Acosta Peña (Secretario), Lisandro Arístides Campos Córdova (Secretario), Gaudencio Hernández Burgos (Secretario), Silvia Márquez Velasco (Secretaria), Mariana Dunyaska García Rojas (Secretaria), Erick Marte Rivera Villanueva (Secretario), José Arturo López Cándido (Integrante), Jesús Morales Flores (Integrante) y Cesario Padilla Navarro (Integrante),de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social; y el Dip. Abraham Montes Alvarado Secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

PRD/PRI/PAN/PT

Reunión con la Mtra. Narcedalia Ramírez Pineda, Directora General del INAES, conel Lic. Jorge Diez de Sollano Elcoro, Coordinador General de Planeación y Evaluación y con el Ing. Juan Carlos Arroyo García, Coordinador General de Operación, en la sala de Juntas de la Comisión de Fomento cooperativo y Economía Social del INAES, con el propósito de exponer el esquema de trabajo y continuar la relación entre el INAES y la Cámara de Diputados.

27/06/2014

Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo

PRD

Reunión con la Mtra. Narcedalia Ramírez Pineda, Directora General del INAES.

03/07/2014

Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo y Dip. Silvia Márquez Velasco

PRD/PRI

Asistieron la Presidenta y la Secretaria de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social a la reunión del Consejo Consultivo del INAES con la Mtra. Narcedalia Ramírez Pineda, Directora General del INAES y el C. Secretario Ildefonso Guajardo Villarreal.

Con base en las razones aquí expuestas, los integrantes de esta Tercera Comisión coinciden en que esta relación institucional propuesta en el Punto de Acuerdo en estudio queda de manifiesto y que el sostenimiento de relaciones de trabajo han generado un clima óptimo de colaboración de funciones, lo que incuestionablemente redunda en el impulso y viabilidad de la Agenda Legislativa en beneficio del sector social de la economía.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se declara atendida la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y a la Directora General del Instituto Nacional de la Economía Social, Narcedalia Ramírez Pineda, a que establezcan una relación institucional y respetuosa con las correspondientes Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, con el propósito de construir una relación de trabajo que permita impulsar una agenda legislativa en beneficio del sector social de la economía.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

 

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

 

Sen. Manuel Camacho Solís

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

 

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente, a 29 de julio del año dos mil catorce.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a realizar a la fecha el pago retroactivo a los trabajadores jubilados y pensionados a partir del Ejercicio Fiscal 2011, consistentes en la actualización de los conceptos denominados bono de despensa y previsión social múltiple, mismos que son compatibles con sus pensiones; exhortando también al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que destine de manera inmediata una partida extraordinaria para el pago de la actualización a la fecha respecto a los conceptos mencionados debidamente actualizados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y en lo sucesivo contemple dicha partida para el Ejercicio Fiscal 2015 y subsecuentes, suscrita por los diputados Gisela Raquel Mota Ocampo, Víctor Reymundo Nájera Medina, Andrés Eloy Martínez Rojas, Javier Orihuela García, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Jorge Federico de la Vega Membrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como del Dip. José Francisco Coronato Rodríguez del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“Los jubilados y pensionados del ISSSTE, han realizado distintas peticiones y gestiones ante dicha dependencia, con la finalidad de obtener la actualización y el pago retroactivo de las diferencias que resultan entre los conceptos de PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE y BONO DE DESPENSA, que a partir del ejercicio fiscal dos mil once, autorizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) únicamente para los trabajadores en activo que gozan del régimen de seguridad social ISSSTE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 último párrafo de la Ley del ISSSTE de 1983 que les es aplicable, adminiculada con lo dispuesto por el artículo décimo octavo transitorio de la Ley vigente, actualizaciones que han sido autorizadas mediante los siguientes oficios:

OFICIO

AÑO

IMPORTE BONO PREVISIÓN SOCIAL

IMPORTE BONO DE DESPENSA

307 -A- 4064

2011

$190.00

$190.00

307 -A- 3796

2012

$225.00

$225.00

307- A- 2468

2013

$265.00

$265.00

“Derivado de lo anterior, los incrementos realizados debieron incluir tanto al personal en activo como al personal jubilado y pensionado, situación que no ha ocurrido así, ya que por lo que respecta al segundo de los mencionados los montos se han mantenido sin los incrementos ante referidos como se refiere a continuación: Bono de Despensa por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) y Previsión Social Múltiple por un monto equivalente a $120.00 (Ciento veinte pesos 00/100 M.N.), situación que se ha mantenido así desde el ejercicio fiscal dos mil once a la fecha, todo ello en perjuicio del personal jubilado y pensionado del ISSSTE.

[…]

[…] miles de jubilados y pensionados del ISSSTE de los diferentes Estados de la República, […] haciendo uso del derecho previsto en el artículo 8º Constitucional han realizado por escrito las reclamaciones correspondientes, las cuales han sido dirigidas a las diferentes Delegaciones y Subdelegaciones Estatales del ISSSTE, con la finalidad de obtener el pago de las diferencias a que se ha hecho referencia, obteniendo […] respuestas negativas por parte de estas autoridades, […] bajo el argumento de que dichas prestaciones son adicionales al sueldo tabular y que por ende su actualización no es considerada dentro de las cantidades o partidas destinadas para el pago de las pensiones realizadas para los jubilados y pensionados de dicho Instituto; refiriendo […] que la actualización de dichas prestaciones corresponde únicamente a los trabajadores en activo.

[…] cabe destacar que el pago de diferencias y actualización respecto a las cantidades que se pagan de dos mil once a la fecha bajo los multicitados conceptos a los que se ha hecho referencia, son totalmente compatibles con la calidad de los jubilados y pensionados del ISSSTE. […]”

Concluye los proponentes al señalar que:

“[…] en virtud de tratarse de un derecho adquirido […] es universal para el conjunto de los trabajadores en retiro y en activo, de acuerdo a lo estipulado en la Ley del ISSSTE de 1983 que es la que rige a quienes se pensionaron en sus términos y antes de la entrada en vigor de la Ley vigente, por lo que al ser tales prestaciones compatibles a los jubilados y pensionados, y si, los trabajadores activos vienen cobrando por esos conceptos cantidades mayores a las que por los mismos conceptos reciben los jubilados y pensionados, entonces el ISSSTE está obligado, por la Ley abrogada, a pagar lo mismo que a los trabajadores activos y devolver las diferencias creadas desde el momento en que hubo esos aumentos (año 2011) hasta la fecha.”

Con lo anterior, formulan el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO:

Único. Se exhorta respetuosamente al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a realizar a la fecha el pago retroactivo a los trabajadores jubilados y pensionados a partir del ejercicio fiscal 2011, consistentes en la actualización de los conceptos denominados bono de despensa y previsión social múltiple, mismos que son compatibles con sus pensiones; exhortando también al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que destine de manera inmediata una partida extraordinaria para el pago de la actualización a la fecha respecto a los conceptos mencionados debidamente actualizados conforme al índice nacional de precios al consumidor y en lo sucesivo contemple dicha partida para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes.”

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la que se realizan las siguientes observaciones:

La seguridad social es un conjunto de derechos humanos para el bienestar y desarrollo de las personas, especialmente para las de menores ingresos, cuyo cumplimiento debe ser vigilado escrupulosamente por el Estado.

TERCERA. Los proponentes señalan que existe una problemática con los jubilados y pensionados del ISSSTE, y es que ya han realizado distintas peticiones y gestiones ante dicha dependencia con la finalidad de obtener la actualización y el pago retroactivo de las diferencias que resultan entre los conceptos de Previsión Social Múltiple (03) y Bono de Despensa (02), pues desde el ejercicio fiscal 2011, no se han actualizado, ni pagado éstas, conforme lo autorizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los oficios 307-A-4064, 307-A-3796 y 307-A-2468, dejando de observar lo establecido en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, Décimo Octavo Transitorio y en el mismo artículo 57 último párrafo de la Ley del ISSSTE de 1983

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ha argumentado que las cantidades por los rubros de bono de despensa y previsión social múltiple que solicitan los pensionados se les actualice, no forman parte del sueldo básico con el que se integra la pensión; pues ésta se integra con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación, y no como lo sustentan los proponentes en el punto de acuerdo que se analiza.

La argumentación del ISSSTE confunde la pensión con las prestaciones y otros derechos que adicionalmente reciben los jubilados y pensionados de este Instituto. Es decir, los jubilados y pensionados, cuyos reclamos recogen los proponentes en el presente punto de acuerdo, no solicitan que las prestaciones de bono de despensa y la previsión múltiple se sumen al sueldo básico y por tanto incrementen sus pensiones. Demandan que, manteniendo el actual esquema de sus jubilaciones y pensiones, sus prestaciones adicionales a que tienen derecho, de bono de despensa y de previsión social, se les paguen debidamente actualizadas conforme a los incrementos recibidos a la fecha por los trabajadores en activo. Para los jubilados y pensionados, esa actualización de las prestaciones es un derecho adquirido.

En este sentido, cuando un trabajador se jubila o pensiona accede no sólo a su pensión o jubilación y sus incrementos, sino a otras diversas prestaciones como los servicios médicos, al aguinaldo, las prestaciones sociales, por citar algunas. Concretamente, los trabajadores al servicio del Estado cuya relación jurídica de seguridad social, se regula por el apartado B del artículo 123 Constitucional y la Ley del ISSSTE, tienen derecho a las prestaciones que tenían mientras estaban en activo con los incrementos que reciban éstos, sin más requisito que sean compatibles con su calidad de trabajador jubilado o pensionado.

Para esta dictaminadora, todos los trámites administrativos y legales realizados descritos anteriormente actualiza el supuesto establecido en el segundo párrafo del artículo 72 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra señala:

Artículo 72.-La acción para exigir el pago de las remuneraciones prescribirá en un año contado a partir de la fecha en que sean devengados o se tenga derecho a percibirlas. El mismo término será aplicable a las recompensas y las pensiones de gracia a cargo del Erario Federal.

La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.

CUARTA. En el análisis de este Punto de Acuerdo se consideró el mandato del ARTÍCULO 18 transitorio de la Ley del ISSSTE vigente, el cual tiene relación con el último párrafo del Artículo 57 de la anterior Ley del ISSSTE. A la letra, esos preceptos señalan:

Ley del ISSSTE Vigente (31 de marzo de 2007):

TRANSITORIOS

DERECHOS DE LOS PENSIONADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY

DÉCIMO OCTAVO. Los Jubilados, Pensionados o sus Familiares Derechohabientes que, a la entrada en vigor de esta Ley, gocen de los beneficios que les otorga la Ley que se abroga, continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento.”

Ley del ISSSTE (27 de diciembre de 1983, abrogada el 31 de marzo de 2007)

Artículo 57.- …

Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de su pensión. Esta gratificación deberá pagarse en un cincuenta por ciento antes del quince de diciembre y el otro cincuenta por ciento a más tardar el quince de enero, de conformidad con las disposiciones que dicte la Junta Directiva. Asimismo, tendrán derecho en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles a los pensionados.

En opinión de la dictaminadora, la redacción del ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO de la Ley vigente, garantiza la continuidad de derechos contemplados en el Artículo 57 de la Ley que entró en vigor el 27 de diciembre de 1983. Es claro el carácter tutelar del Artículo 57 y en particular en su párrafo sexto. Se deduce de ese Artículo 57 que se considera que los trabajadores jubilados y pensionados continúan con su carácter de trabajadores, pues se habla de “trabajadores en activo”, así como de “jubilados y pensionados”, de donde se desprende, implícitamente que mantienen su derecho a las prestaciones de las que gozaban en su etapa de trabajadores en activo, salvo que sean contradictorias con su carácter de jubilados o pensionados.

Incluso se puede decir que el párrafo señalado extiende este derecho a las nuevas prestaciones que se otorguen a los trabajadores en activo. En consecuencia, si los trabajadores tienen derecho a las prestaciones en los términos precisados, igualmente tienen derecho, como derecho obvio y accesorio, al incremento periódico de tales prestaciones como lo establece, de manera literal, expresa, el último párrafo del Artículo 57 antes transcrito. Sin duda, este criterio deriva del hecho de que una prestación que permanece estable, sin incorporar los efectos de la inflación, entonces terminarán por perder todo su valor y su registro se convierte en una simple simulación.

QUINTA. En ese sentido, el criterio mencionado se fortalece con la Tesis Aislada en Materia Laboral, con registro número 273887, dictada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada “Jubilación, persistencia de la relación laboral en caso de”, que señala:

“En supuestos de jubilación, no es en función del concepto "salario" que debe entenderse extinguida o vigente la relación de trabajo, ni tampoco la circunstancia de que se deje de prestar el servicio al patrón deja insubsistente la calidad de trabajador, pues la condición de jubilado no se opone al concepto en el cual la ley define a aquél, pues se reduce tan sólo al hecho de admitir una nueva categoría, la de trabajador jubilado. En otras palabras, en un sentido estricto, todo jubilado continúa vinculado al contrato de trabajo mientras disfrute de las prevenciones y prestaciones que dicho contrato establece y la pensión jubilatoria en forma alguna puede estimarse como una pensión alimenticia, pues ni su origen, ni su aplicación, ni sus objetivos son idénticos, sino absolutamente distintos, aparte de que se considera hoy en día, que el derecho a la jubilación es una prolongación de los efectos de toda contratación en la cual se ha establecido y constituye uno de los principios normativos de mayor fuerza en las relaciones de patronos y trabajadores.”

De lo anterior se comprende que los jubilados y pensionados no sólo acceden a la prestación de la pensión o jubilación, sino a otros derechos, a otras prestaciones adicionales.

En el mismo sentido, la Jurisprudencia PC.I.A. J/5 A (10a.) con Registro 2005318, en la parte que nos interesa establece: “…Además, junto con el pago de la pensión, los jubilados adquieren otros derechos…” Jurisprudencia que renglones adelantes se transcribe.

Es decir, los jubilados y pensionados conservan sus prestaciones de las que gozaban cuando estaban en activo, toda vez que conservan su carácter de trabajadores, con las limitaciones antes señaladas.

Por otra parte, el derecho laboral del país tiene muchas referencias al interés de proporcionar pensiones o jubilaciones que se actualicen. Se refiere la siguiente Tesis valida el derecho de los jubilados a los incrementos de las prestaciones que reciban los trabajadores en activo, “a fin de que el monto de la pensión o jubilación no permaneciera estática y los trabajadores mantuvieran un nivel de vida digno y decoroso.”

Época: Novena Época, Registro: 174717

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXIV, Julio de 2006; Materia(s): Laboral

Tesis: I.3o.T.137 L ; Página: 1213

FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, BIENIO 1997-1999, TIENEN DERECHO A QUE SE LES INCREMENTE LA CANTIDAD QUE PERCIBEN POR DICHO CONCEPTO, A AQUELLA PREVISTA EN TAL CONTRATO. Conforme al artículo 7 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con la cláusula 144 del Contrato Colectivo de Trabajo para el bienio 1997-1999, los trabajadores jubilados y pensionados de ese instituto deben recibir por concepto de fondo de ahorro el equivalente a treinta y ocho días de sueldo tabular, más cinco días adicionales relativos a los meses del año que tengan más de treinta días. Por otra parte, el numeral 24 del referido régimen dispone que las jubilaciones y pensiones serán aumentadas en las mismas fechas y en los mismos porcentajes o cantidades en que se incrementen los salarios y prestaciones de los trabajadores en activo. En tal virtud, si en la referida cláusula 144 se incrementó a 43 días el beneficio del citado fondo, esto es, 38 por concepto de sueldo tabular y 5 días adicionales por los meses que tengan más de 30 días; consecuentemente, los trabajadores jubilados y pensionados con anterioridad a la entrada en vigor de este último contrato tienen derecho a demandar que se les incremente la cantidad que perciben a la prevista para el fondo de ahorro en tal contrato, ya que de conformidad con el mencionado artículo 24, fue voluntad del instituto y sindicato que se aumentara el monto de las pensiones tanto al personal jubilado como al pensionado, en las mismas fechas y porcentajes en que por cualquier motivo se incrementaran los salarios y prestaciones que a los trabajadores en activo, a fin de que el monto de la pensión o jubilación no permaneciera estática y los trabajadores mantuvieran un nivel de vida digno y decoroso.

Amparo directo 2643/2006. Irma González Esquivel y otros. 7 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Tarsicio Aguilera Troncoso. Secretaria: María Luisa Pérez Romero.

A lo anterior se añade la disposición establecida en el Manual de Procedimientos de Pensiones Directas y Otras Prestaciones Derivadas, del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre, del ISSSTE, del 1 de enero de 1994.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PENSIONES DIRECTAS Y OTRAS PRESTACIONES DERIVADAS

Instrumentación de pago

Folio: 22373

DE LA REVISION SOBRE LAS CONCESIONES DE BENEFICIO GENERADAS

93. LAS PENSIONES DIRECTAS CONCEDIDAS, PODRAN SER REVALORADAS TANTO EN LA DOCUMENTACION DE SOPORTE Y JUSTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL TRABAJADOR RETIRADO, COMO EN LA CUOTA DIARIA ASIGNADA, POR CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO.

(REF.: ARTÍCULO 53, LEY DEL ISSSTE)

Folio: 22374

DE LOS CONCEPTOS DE PERCEPCION DE LAS PENSIONES DIRECTAS

94. A PARTIR DEL DIA EN QUE EL EX-TRABAJADOR ADQUIERA LA CALIDAD DE PENSIONISTA DIRECTO, EL INSTITUTO SE OBLIGARA A CUBRIRLE:

PRIMER PAGO DE PENSION. ES LA SUMATORIA DE LAS CUOTAS DIARIAS DEVENGADAS Y FUTURAS, HASTA EL DIA ANTERIOR A LA FECHA EN QUE SE INCORPORE AL PENSIONISTA DIRECTO EN LA NOMINA.

PENSION MENSUAL. ES EL EQUIVALENTE A 30 DIAS DE LA CUOTA DIARIA VIGENTE, PAGANDOSE ANTICIPADAMENTE DESDE EL PRIMER DIA HABIL DEL MES QUE CORRESPONDA.

PAGO UNICO POR EL MONTO DE 5 O 6 DIAS DE LA CUOTA DIARIA DE PENSION QUE SE ENCUENTRE VIGENTE EN EL MES DE JULIO DE CADA AÑO, COMO AJUSTE A LA CANTIDAD DE DIAS QUE DEFINE EL AÑO CALENDARIO.

AGUINALDO. ES LA GRATIFICACION ANUAL IGUAL EN NUMERO DE DIAS A LA QUE SE CONCEDE A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO, SIENDO LIQUIDABLE EN DOS EXHIBICIONES; LA PRIMERA PARTE, SE CUBRE ANTES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE Y LA SEGUNDA, A MAS TARDAR EL 15 DE ENERO. EL PAGO SE HARA EN FORMA PROPORCIONAL, TOMANDO COMO REFERENCIA LA FECHA DE INICIO DE LA PENSION DIRECTA.

BONO DE DESPENSA. ES LA GRATIFICACION MENSUAL QUE SE CONCEDE A LOS PENSIONISTAS DIRECTOS, CUYO MONTO ES FIJADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA.

PREVISION SOCIAL MÚLTIPLE. ES LA GRATIFICACION DIARIA QUE SE CONCEDE A LOS PENSIONISTAS DIRECTOS, CUYO MONTO ES FIJADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA.

96. LAS CUANTIAS DE ESTAS PENSIONES, SE INCREMENTARAN AL MISMO TIEMPO Y EN SIMILAR PROPORCION CONFORME AUMENTE EL SALARIO MINIMO GENERAL QUE PARA EL DISTRITO FEDERAL, DICTAMINE LA COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS.

ASIMISMO, LOS PENSIONISTAS DIRECTOS DISFRUTARAN DE LAS PRESTACIONES EN DINERO QUE SEAN CONFERIDAS DE MANERA GENERAL A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO, SIEMPRE Y CUANDO RESULTEN COMPATIBLES.

(REF.: ARTICULO 57, LEY DEL ISSSTE)

Esta dictaminadora también consideró los criterios de Jurisprudencia establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

PENSIÓN JUBILATORIA OTORGADA POR EL ISSSTE. SUS INCREMENTOS CONSTITUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS DERIVADOS DE AQUÉLLA, POR LO QUE SU CÁLCULO DEBE HACERSE EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE AUMENTEN LOS SUELDOS BÁSICOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY QUE RIGE ESE INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE ENERO DE 1993).

Conforme a la jurisprudencia P./J. 123/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.", al resolver sobre la aplicación retroactiva de una ley, debe analizarse la verificación del supuesto y de la consecuencia previstos en la norma jurídica correspondiente, para así determinar si se está en presencia de un derecho adquirido o de una expectativa de derecho y decidir si se está o no ante una aplicación retroactiva de la ley. Por su parte, los artículos 48 y 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 4 de enero de 1993, disponen que la pensión por jubilación constituye una prestación de seguridad social otorgada por el instituto a favor de los trabajadores que cumplieron, entre otros requisitos, con determinado tiempo de prestación de servicios. Además, junto con el pago de la pensión, los jubilados adquieren otros derechos, como lo es la forma de cálculo de los incrementos de su pensión, en términos del artículo 57, párrafo tercero, de dicha ley, la cual tiene carácter accesorio a su pensión, ya que entra al patrimonio del trabajador justo al momento en que se adquiere el carácter de jubilado y se mantiene mientras se tenga derecho a gozar de la pensión, de manera que constituye un derecho indisoluble del haber pensionario, cuya ejecución no está sometida a condición o plazo posterior que sea susceptible de modificar dicha forma de cálculo en lo futuro, por lo que debe concluirse que el supuesto y la consecuencia jurídica relativos se dan de manera inmediata, ubicándose dentro de la hipótesis 1 de la jurisprudencia aludida; por tanto, si los incrementos a la pensión jubilatoria constituyen derechos adquiridos derivados de su otorgamiento, los trabajadores que obtuvieron esa pensión con base en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 4 de enero de 1993, tienen derecho a que su cálculo se haga en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 2/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Octavo y Décimo Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de noviembre de 2013. Mayoría de quince votos. Disidentes: Osmar Armando Cruz Quiroz, Angelina Hernández Hernández y Germán Eduardo Baltazar Robles. Ponente: Humberto Suárez Camacho. Secretaria: Mary Trini Juárez González.

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 123/2001 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 16.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de enero de 2014 a las 13:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de enero de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Tesis: I.7o.A.97 A (10a.)

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Décima Época

2006061 1 de 134

Tribunales Colegiados de Circuito

Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II

Pag. 1889

Tesis Aislada(Laboral)

PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. SU INCREMENTO DEBE SER IDÉNTICO AL QUE HAYAN TENIDO LOS SUELDOS BÁSICOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 4 DE ENERO DE 1993).

El artículo 57, tercer párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), vigente hasta el 4 de enero de 1993, al prever que las cuantías de las pensiones otorgadas por dicho organismo aumentarán "en la misma proporción" en que lo hagan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, debe entenderse en el sentido de que el incremento de aquéllas debe ser idéntico al que hayan tenido éstos, pues según se advierte de su texto, el legislador no efectuó distinción al respecto, por lo que no es dable que la haga el intérprete. Lo anterior, a la luz de las obligaciones del Estado (previstas en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) en cuanto a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y en atención al principio de intelección a favor de la persona (segundo párrafo del citado precepto constitucional), en el sentido de que las normas deben interpretarse de la forma que resulte más favorable para el gobernado, máxime que la interpretación gramatical de la palabra "proporción", contenida en el mencionado artículo 57, encuentra entre sus acepciones, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, la de correspondencia, e incluso, en relación con las ciencias exactas (matemáticas), la de igualdad de dos razones, por lo que se colige que la intención del legislador (interpretación teleológica) fue conceder, sin distingo, el mismo tratamiento al incremento de sueldo de los trabajadores en activo que a la cuota que reciben los pensionados.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 639/2013. Felicitas Acero Ruedas. 18 de diciembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. Secretario: Christian Omar González Segovia.

Finalmente, la calidad de las prestaciones que demandan se actualicen, hay que tomar en cuenta los recibos de pago entregados a los pensionados y jubilados, donde aparecen desglosados los diversos conceptos que se cubren: la pensión, más bono de despensa, más previsión múltiple, éstas dos últimas como prestaciones que además venían incrementándose hasta 2011, conforme al artículo 57 de la Ley del ISSSTE abrogada, pero desde ese año, ya no se actualizan paralelamente al aumento que reciben los trabajadores en activo, desconociéndose los derechos adquiridos de jubilados y pensionados. Para este grupo, eso significa lo mismo que no se les incrementaran conforme a la inflación y a los ingresos de los trabajadores en activo, el aguinaldo que es otra de las prestaciones a la que tienen derecho los jubilados y pensionados.

Esta Comisión Dictaminadora, en consideración de los antecedentes jurisprudenciales estima que es de tomarse en cuenta la proposición materia del presente dictamen. Si bien pudiera existir voluntad de resolver el asunto, el Instituto se encuentra limitado por no existir una resolución definitiva por parte del poder judicial.

SEXTA. Modificaciones a la proposición con Punto de Acuerdo señalado en el Proemio de este dictamen…

“Punto de Acuerdo:

Único. Se exhorta respetuosamente al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a realizar a la fecha el pago retroactivo a los trabajadores jubilados y pensionados a partir del ejercicio fiscal 2011, consistentes en la actualización de los conceptos denominados bono de despensa y previsión social múltiple, mismos que son compatibles con sus pensiones; exhortando también al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que destine de manera inmediata una partida extraordinaria para el pago de la actualización a la fecha respecto a los conceptos mencionados debidamente actualizados conforme al índice nacional de precios al consumidor y en lo sucesivo contemple dicha partida para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes.”

Por lo que respecta al resolutivo propuesto en el Punto de Acuerdo, esta dictaminadora considera adecuado presentar un resolutivo único.

I.- “…Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a realizar a la fecha el pago retroactivo a los trabajadores jubilados y pensionados a partir del ejercicio fiscal 2011, consistentes en la actualización de los conceptos denominados bono de despensa y previsión social múltiple, mismos que son compatibles con sus pensiones…”

El director del ISSSTE recibe pagos programados por el calendario del Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio 2014, de acuerdo con lo establecido en los tres primeros párrafos del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que señala:

Artículo 23.- En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas.

Las dependencias y entidades remitirán a la Secretaría sus proyectos de calendarios en los términos y plazos establecidos por el Reglamento. La Secretaría autorizará los calendarios tomando en consideración las necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y de infraestructura.

La Secretaría queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades, cuando no le sean presentados en los términos que establezca el Reglamento.

Para el ejercicio fiscal 2014, el presupuesto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado asciende a $296,446,464.664.00 pesos, los cuales se ejercen de acuerdo con el calendario programado.

Es conveniente señalar que del presupuesto anual del Instituto, el renglón correspondiente al “Pago de Pensiones y Jubilaciones a la población derechohabiente del ISSSTE” suma $132,182,033,653.00 pesos, que equivalen a 44.5% del presupuesto total.

De acuerdo con el calendario de gasto aprobado, en el período enero-junio se ejercieron $99,591.9 millones de pesos, de los cuales $64,387.7 millones correspondieron al pago de pensiones y jubilaciones, cifra que representó 64.6% del presupuesto programado en el primer semestre.

De lo anterior podemos concluir que el director del ISSSTE carece de las atribuciones necesarias para poder cumplir con lo solicitado en esta primera parte del punto de acuerdo objeto del presente dictamen.

Cabe mencionar que, las disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria limitan las posibilidades de las dependencias de modificar el monto del presupuesto aprobado. Específicamente el artículo 46 señala:

Artículo 46.- Las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría recursos que les permitan atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de ministración, siempre y cuando éstos se regularicen con cargo a sus respectivos presupuestos invariablemente mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada.

El Reglamento establecerá los plazos para regularizar los acuerdos de ministración y los requisitos para prorrogarlos, sin exceder del día 20 de diciembre de cada ejercicio fiscal, salvo en los casos de excepción, los cuales no podrán rebasar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal siguiente.

Estos movimientos serán informados a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales.

En tanto que el artículo 47 establece:

Artículo 47.- Los ejecutores de gasto, con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad con las disposiciones generales aplicables, deberán cubrir las contribuciones federales, estatales y municipales correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para el pago de las obligaciones a que se refiere la parte final del párrafo anterior, no podrán afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos.

Las dependencias y entidades que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones conforme a lo previsto en el párrafo anterior, presentarán ante la autoridad competente un programa de cumplimiento de pago que deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la resolución que se hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por un monto que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios, sin perjuicio de que el resto de la obligación deberá pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa.

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en caso de ser necesario, establecerán una propuesta de cumplimiento de obligaciones, observando en lo conducente lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero de este artículo.

Esto es, el director del ISSSTE no tiene facultades para dar una respuesta positiva al exhorto establecido en la primera parte del Punto de Acuerdo.

II.- Por lo que respecta a la segunda parte del resolutivo propuesto en el Punto de Acuerdo, en el sentido de que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que destine de manera inmediata una partida extraordinaria para el pago de la actualización a la fecha respecto a los conceptos mencionados debidamente actualizados conforme al índice nacional de precios al consumidor y en lo sucesivo contemple dicha partida para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes.

La Comisión dictaminadora encuentra que el titular de la Secretaría de Hacienda tampoco tiene facultades para asignar recursos extraordinarios, porque está obligado a respetar el calendario y los montos aprobados por la Cámara de Diputados. En particular, está obligado a seguir lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que señala:

Artículo 65.- Los ejecutores de gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales, deberán observar lo siguiente:

I. a IV. …

V. No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias salvo autorización previa de la Secretaría o en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, en los términos de las disposiciones que les resulten aplicables.

Las percepciones extraordinarias son aquéllas que no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social;

VI. a XI. …

SÉPTIMA.- Los jubilados y pensionados cumplieron oportunamente con las cotizaciones y demás requisitos legales, necesarios para el otorgamiento de sus derechos: la prestación llamada pensión o jubilación, y otras prestaciones; el quitarles éstas o sus incrementos, es afectar derechos adquiridos, en franca violación de los artículos 1º, 14 y 123 constitucionales, 18 Transitorio de la Ley del ISSSTE Vigente en relación con el artículo 57 de la Ley del ISSSTE derogada.

Los legisladores no podemos permanecer ajenos a estos reclamos de los jubilados y pensionados del ISSSTE, por lo que consideramos analizar la procedencia de las prestaciones de cita, y en su caso, se destinen los recursos necesarios para que en el futuro se les cubran oportunamente.

Finalmente, no debe perderse de vista que los peticionarios son en su inmensa mayoría personas adultas mayores, que tienen derecho a una solución oportuna para el goce pleno y en vida de sus derechos.

Por lo que una vez efectuado el análisis y estudio, esta Comisión considera viable la proposición con punto de acuerdo presentada por los proponentes, por lo que se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Cámara de Diputados para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, valoren la inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, lo relativo al pago retroactivo y de nivelación del bono de despensa y previsión social múltiple de pensionados y jubilados de esta institución de seguridad social.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

 

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

 

Sen. Manuel Camacho Solís

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

 

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil catorce”.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a tomar medidas preventivas para enfrentar la posible presencia en nuestro país de la plaga del dragón amarillo, suscrita por el Diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 6 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Destaca el proponente que “De acuerdo con lo publicado este lunes por el diario Reforma, una plaga en las huertas de naranja de Estados Unidos ha elevado el precio del fruto y abre la puerta a las exportaciones mexicanas.

Se trataría, señala el referido periódico, de la plaga Huang Long Bing (HLB), llamada también Dragón Amarillo, la cual ha ido acabando con la producción de naranjas de Florida y California, principales entidades citrícolas estadounidenses.

La referida publicación establece que para el ciclo agrícola 2013/2014, en los Estados Unidos se espera cerrar la cosecha con un total de 6.7 millones de toneladas de naranja, lo que significa 11.5 por ciento menos que un periodo antes, y 41 por ciento menor al de hace 10 años, previo a la aparición del HLB, según cifras del Departamento de Agricultura de aquel país.

Este fenómeno ha traído como consecuencia que la tonelada de naranja en el árbol se cotice en 4 mil 500 pesos, casi el doble con relación al año pasado, lo que no impide que los precios sigan ascendiendo para la próxima temporada.

Esta coyuntura trae como consecuencia que los Estados Unidos importen 140 mil toneladas de naranja, el volumen más alto registrado, según las autoridades de ese país, lo que significa una gran oportunidad para los productores mexicanos, toda vez que Brasil, que es el segundo mayor productor del cítrico en el mundo, también se está viendo afectado por la presencia de la plaga de referencia.

Cabe señalar que el HLB es propagado por una planta infectada y diseminado a través de un insecto denominado psílido asiático, el que provoca la sequedad de los naranjos, situación que es de gravísimas consecuencias para los productores, pues hasta el momento no se conoce cura para este mal.

Si bien es cierto que, tal y como señalamos con anterioridad, la actual coyuntura representa una oportunidad dorada para los naranjeros mexicanos, no debemos dejar de lado que, de acuerdo con la información publicada por el diario en comento, en México ya existen indicios de que podría estar en huertos de Colima, Puebla, Morelos, Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Nayarit.

Finalmente señala que por lo anterior, resulta importante que las autoridades agrícolas mexicanas adopten medidas tendientes a prevenir y erradicar la presencia de la plaga del dragón amarillo en los huertos de nuestro país, razón por la cual propone que se exhorte al. C. Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, a efecto de que se trabaje en este sentido, lo que sin duda contribuirá a dar certeza y estabilidad a las actividades de nuestros productores.”

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. Esta Comisión, coincide plenamente con lo señalado por el proponente, en torno al impacto que se deriva de la eventual presencia de la plaga denominada Huanglongbing (HLB) o dragón amarillo en la economía nacional en lo general, y de los productores de cítricos en lo particular, toda vez que el Huanglongbing o HLB (exgreening), está considerada internacionalmente como una de las más destructivas enfermedades de los cítricos por el severo daño que causa a la producción, su rapidez de dispersión y la inexistencia, hasta el momento, de medidas de control una vez que las plantas están afectadas por la misma.

TERCERA.- Debe destacarse que como parte de las acciones encaminadas a combatir la presencia del Huanglongbing (HLB) en México, que ataca plantaciones de cítricos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) puso en marcha el primer laboratorio de diagnóstico fitosanitario ex profeso, entre otras acciones, a fin de controlar dicha plaga, tal es el caso de la expedición de la Norma Oficial Emergente 047-FITO-2009; así como a las circulares y acuerdos, que al efecto ha expedido la SAGARPA, para evitar la diseminación de esta enfermedad inter regional en el país.

CUARTA.-  Asimismo debe decirse que ante la llegada del Huanglongbing HLB y bajo las condiciones en las que se observa, en algunas entidades federativas, ha sido considerada una emergencia fitosanitaria y socioeconómica, ante esta situación, por lo que en congruencia con lo anterior, resulta de la mayor importancia determinar las acciones conducentes a cargo de las autoridades competentes, a fin de enfrentar la posible presencia en nuestro país de la plaga del dragón amarillo.

QUINTA.- No escapa a los integrantes de esta Tercera Comisión, que con el objeto de apoyar las acciones que marca la normatividad federal, respecto del Estado de Colima, al que se alude en el asunto que se dictamina, con fecha 11 de Septiembre del año 2010; el Poder Ejecutivo de aquélla Entidad Federativa,  publicó en el Periódico Oficial el Decreto: “QUE DECLARA DE INTERES PUBLICO, LA SANIDAD DE LAS PLANTACIONES, MATERIAL PROPAGATIVO, FRUTAS Y PRODUCTOS DE CÍTRICOS PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD HUANGLONGBING (HLB) O DRAGÓN  AMARILLO, EN EL ESTADO DE COLIMA.”, a fin de tomar las acciones conducentes a este respecto.

SEXTA- Asimismo debe decirse que en alcance a lo anterior, y ante la llegada del Huanglongbing HLB en esa entidad, el Congreso del Estado de Colima emitió el  decreto No. 40, con fecha 1 de febrero de 2013, por el que se emitió un “Manifiesto de Emergencia Fitosanitaria por la Presencia y Afectaciones de la Enfermedad del Huanglongbing (HLB) en el Cultivo de los Cítricos del Estado de Colima”. 

Por todo lo anterior, esta Comisión, coincide con el proponente por cuanto hace  a la importancia en torno al presente exhorto, por el que se plantea tomar las medidas preventivas ante la eventual contingencia de la plaga del dragón amarillo, lo que abonará en el manejo y control de esa devastadora plaga de los cítricos, así como, en su caso, los recursos asignados para dichos efectos. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que se tomen medidas preventivas para enfrentar la posible presencia en nuestro país de la plaga del dragón amarillo.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a que solventen el atraso en las devoluciones fiscales a productores agropecuarios, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 6 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“En teoría, de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un régimen fiscal es un conjunto de derechos y obligaciones a los que se hace acreedor un ciudadano a partir de desempeñar una actividad específica.

Una de esas actividades es la agropecuaria y pesquera a través de la cual se contribuye con el desarrollo del país desde distintos ángulos, desde el social, el económico, el de la alimentación, entre otros.

No obstante su importancia, el sector agropecuario y pesquero ha tenido un ritmo de crecimiento menor al de la economía nacional por lo que requiere de un impulso, entre otras cosas, a través de mayor capital y dinamismo de la actividad productiva.

A pesar de que ese dinamismo del sector agropecuario y pesquero debe ser impulsado a través de las políticas de gobierno ello no ocurre, como lo evidencia el régimen fiscal en el que en la práctica los derechos del contribuyente no se hacen valer por parte de la autoridad tributaria con atraso en las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado al sector agropecuario.

Esto por supuesto es grave, ya que de acuerdo con la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa y del Consejo Nacional Agropecuario, los retrasos del IVA comprenden más de 8 meses que repercuten en la falta de liquidez de los productores y en la incapacidad para solventar créditos contraídos con la expectativa de liquidarlos con dichas devoluciones.

Dichos organismos de productores señalan que son más de mil millones de pesos los que adeuda el Servicio de Administración Tributaria al Campo Mexicano, lo que en el corto plazo repercutirá en paros temporales de actividades y consecuentemente en despidos…”

B. Concluyen los proponentes al señalar que:

“De nada sirve un presupuesto millonario para el campo que requiere mayor impacto en la población que se refleje en la economía nacional, si por otro lado el propio gobierno al incumplir sus obligaciones afecta la actividad productiva.”

C. Con lo anterior, formulan el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO:

“Primero.- Se hace un atento exhorto al Servicio de Administración Tributaria, para que agilice las devoluciones fiscales al sector agropecuario que datan desde principios del año 2013, a fin de que los productores puedan realizar su actividad productiva, solventen sus créditos y eviten mayor desempleo.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que implemente las medidas y acciones necesarias para corregir las ineficiencias del régimen fiscal que derivan en el atraso en devoluciones fiscales y consecuentemente en un deterioro de la actividad económica nacional.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera  Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación del proponente con las siguientes observaciones:

Diversas organizaciones del sector primario como campesinos y empresarios agropecuarios, se han quejado por la demora en la devolución del Impuesto al Valor Agregado que debía hacer el Sistema de Administración Tributaria.

Al respecto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, emitió el Boletín 031/2014, en el que textualmente estableció:

‹‹Boletín 031 /2014

México, D.F. a 06 de mayo de 2014

RETRASO EN DEVOLUCIONES DE IVA AFECTA EL DESARROLLO

PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS: PRODECON

* Sector maquilador y sector primario, de los más perjudicados

* Es un problema grave que se está desbordando, denuncia el Ombudsman fiscal

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) denunció que el retraso injustificado en las devoluciones de IVA por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un problema que se está desbordando, pues además de representar violaciones graves a los derechos de los contribuyentes, ya está afectando la estabilidad y desarrollo mismo del sector productivo, en concreto, en ramos tan importantes como el agropecuario, las empresas maquiladoras e incluso manufactureras del sector automotriz que manejan elevados niveles de inversión.

A través de la Recomendación Sistémica 003/2014, PRODECON expone las 7 malas prácticas en que está incurriendo el SAT en el tema de devoluciones de IVA: Información deficiente en el portal de internet del SAT; Requerimientos extemporáneos, Requerimientos innecesarios y excesivos y Requerimientos gravosos de información y documentación a quienes solicitan las devoluciones.

Motivaciones ambiguas e incorrectas para tener por desistidas sus solicitudes;

Falta de resolución fundada y motivada para que los contribuyentes conozcan por qué no pueden obtener la devolución e Inicio injustificado de auditorías fiscales a los propios solicitantes de las devoluciones.

En la investigación realizada por la Procuraduría, que inició desde el pasado 8 de noviembre, comparecieron entre otras las siguientes cámaras y confederaciones empresariales: CANACINTRA, INDEX, CCE, CANIFARMA y CONCAMIN, así como diversas cámaras a nivel regional; las cuales coincidieron en manifestar el retraso injustificado en las devoluciones del impuesto, lo que pone en riesgo la viabilidad de las empresas, así como la multiplicidad de trámites y requisitos a que las someten las autoridades del SAT para ese efecto.

Como ejemplo, PRODECON recordó que CANACITRA informó que la problemática: “ha puesto en riesgo la existencia de las empresas, las ha hecho incurrir en gastos por intereses y comisiones por préstamos y obligado a interponer medios de defensa”. Por su parte el CCE expresó, entre otros temas, su preocupación por las empresas del sector primario en donde existe una gran demora y CANIFARMA adujo que no se están haciendo devoluciones de IVA, se están practicando requerimientos excesivos y abriendo auditorías a quienes las solicitan.

PRODECON recordó que incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado porque las autoridades devuelvan eficazmente los saldos a favor de los contribuyentes, sin que la tutela del interés público o colectivo pueda ser motivo para transgredir sus derechos fundamentales, como el de propiedad.

Las malas prácticas denunciadas por el Ombudsman Fiscal, al retrasar o negar sistemáticamente las devoluciones de IVA, limitan la circulación de capital de las negociaciones, impiden el desarrollo ordinario de sus actividades y afectan gravemente sus intereses vitales.

PRODECON expresó particular preocupación pues incluso empresas del sector maquilador con más de 30 años de antigüedad en su operación, con una plantilla de más de 4,000 empleados y terrenos con actividades productivas de más de 145,000 metros cuadrados se están enfrentando a esta problemática; la propia vocación exportadora de este sector origina graves daños en su operación ante el retraso de la devolución del IVA.

Igualmente por lo que toca al sector agropecuario, las omisiones significativas en las devoluciones del IVA, por un lado, prácticamente hacen nugatoria la tasa cero para los productos alimenticios y por otro lado, empresas altamente exportadoras de este sector, se ven seriamente perjudicadas en su competitividad y operación.

PRODECON recomienda enfáticamente al SAT, a través de 8 puntos, corregir las malas prácticas detectadas, concluyendo que las autoridades no deben ejercer en forma abusiva sus facultades en materia de devoluciones, con el único fin de retrasarlas y dilatarlas innecesariamente; así como hacer vigente la presunción de buena fe en los actos de los contribuyentes, lo cual significa que si la autoridad presume que la devolución solicitada es fraudulenta, en todo caso es a la propia autoridad y solo a ella, a quien le corresponde probar tal extremo conforme a derecho.

Por la importancia del tema, la Procuraduría puso como ejemplo paradigmático el siguiente caso:

● Empresa extranjera dedicada a Manufactura de la industria automotriz.

● Principios del 2012, por gestiones del Gobernador de la entidad, se instala en México, con programa IMMEX, constituyendo la 4ª base a nivel internacional de operación de la empresa.

● 100 MILLONES DE DÓLARES: Inversión aproximada en México.

● 60 MILLONES DE DÓLARES: Ventas programadas para el 1er año.

● 1000 empleos creados en su 1ª. Etapa.

● 1er AÑO DE OPERACIÓN: inicia problemas con sus devoluciones de IVA.

● 6 los meses por los que no ha obtenido devolución cuando acude a PRODECON.

● 10 los meses que tarda en obtener las devoluciones.

● 12 requerimientos (2 por cada solicitud de devolución por mes) de informes y documentos) por parte del SAT.

● MÁS DE 50 documentos, informes, papeles de trabajo, y procedimientos comerciales y contables requeridos a la empresa por trámite, entre otros.

● 3 meses tarda el SAT para tener por desistida a la empresa de las devoluciones, pese a que entregó toda la documentación e informes requeridos.

● 2 auditorías recibe la empresa por parte del SAT para verificar la procedencia de las devoluciones.

● 180 DÍAS HÁBILES (ALREDEDOR DE NUEVE MESES) el plazo que pueden tardan las auditorias.

● Marzo de 2013 por intervención de PRODECON, el SAT acepta devolver los montos solicitados.

Los casos analizados en la Recomendación de PRODECON arrojan algunos datos significativos:

7 son las MALAS PRÁCTICAS detectadas por PRODECON en que incurre el SAT para retrasar y negar las devoluciones de IVA.

70 días son los que tiene el SAT por ley, incluyendo requerimientos, para resolver las solicitudes de devolución; sin embargo 200 son los que tarda en promedio para resolver dichos trámites.

5 de las más importantes cámaras y confederaciones a nivel nacional denunciaron la problemática.

30 en promedio, son los rubros solicitados por el requerimiento emitido en los trámites de devolución, lo cual representa aproximadamente 63 documentos a exhibir por trámite, aun y cuando el SAT tenga ya algunos en su poder.

Sólo el 3% de los documentos exhibidos por los contribuyentes son los que en promedio toma en cuenta el SAT para resolver las devoluciones.

8 recomendaciones son las que hace PRODECON al SAT.

76% de los trámites de devolución en 2013 se resolvieron desfavorablemente a los contribuyentes.

385% aumentaron los actos de fiscalización de 2012 a 2013, con motivo de la presentación de solicitudes de devolución.››1

La recomendación sistémica 003/2014 de la PRODECON, establece a la letra:

‹‹Atendiendo al nuevo paradigma de protección de derechos fundamentales, esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente RECOMIENDA a las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, en especial a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal:

1. Publicar información veraz y exacta sobre el status que guardan las solicitudes de devolución de los contribuyentes, en su portal de internet; absteniéndose de efectuar cambios de manera sorpresiva y caprichosa.

2. Efectuar, cuando proceda, el primer requerimiento de información dentro de los 20 días hábiles que concede la ley y, sólo de resultar estrictamente indispensable emitir, dentro del plazo fatal de 10 días, un segundo requerimiento, fundando y motivando con precisión por qué se solicita información o documentación adicional al primero.

3. Formular, en caso de que proceda, requerimientos congruentes y lógicos con la solicitud de devolución, absteniéndose de cuestionar la forma en que opera el negocio del contribuyente mediante solicitudes de documentación e información desproporcionadas con la materia y el periodo de la solicitud.

4. Requerir información a los contribuyentes únicamente como una medida para constatar la procedencia de la cantidad solicitada, y no como una estrategia para retrasar o rechazar la devolución.

5. Cumplidos los plazos legales y satisfechos los requerimientos que, en su caso, se formulen, las autoridades del SAT deben resolver de fondo sobre las solicitudes de los contribuyentes, negándolas o concediéndolas, pero señalando las razones o causas específicas para ello y no limitarse a tenerlos por desistidos, sin mayores fundamentos y motivos.

6. Ejercer facultades de comprobación dentro de los procedimientos de devolución únicamente cuando funden y motiven de manera específica las causas concretas por las que procede la revisión o visita del contribuyente, es decir, deben indicar en concreto qué es lo que se busca con el acto de fiscalización, en relación con la solicitud de devolución presentada.

7. No ejercer en forma abusiva sus facultades en materia de devolución con el único objeto de retrasar y dilatar injustificadamente las devoluciones que procedan.

8. Respetar y reconocer la presunción de buena fe en los actos de los contribuyentes, por lo que de presumir que la devolución solicitada es fraudulenta, deben fundar y motivar con exactitud ese extremo, ya que es a la autoridad fiscal a quien corresponde la carga de la prueba.››2

Con base en lo anterior, esta representación coincide con el punto de vista del proponente en el sentido de que es urgente ajustar la actuación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que su intercesión sirva de detonante del desarrollo económico e impulse el mercado; en tal virtud, se considera conveniente y adecuado no tan sólo exhortar a que se haga la devolución del impuesto retenido al sector agropecuario, sino ajustar la actuación de esa dependencia a lo resuelto por la PRODECON y por tanto, solicitarle la información relativa a las acciones que se están tomando para cumplir con la recomendación sistémica 003/2014 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa a las acciones que se están tomando para cumplir con la recomendación sistémica 003/2014 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con relación a la devolución del Impuesto al Valor Agregado a productores agropecuarios.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.

1 Disponible en http://prodecon.gob.mx/portal/Documentos/bolitines_prensa/2014/Boletin_31.pdf

2 Disponible en http://prodecon.gob.mx/index.php/home/analisis-sistemicos/recomendaciones-sistemicas






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que verifique el cumplimiento integral de las diversas disposiciones referentes a autotransportes de pasajeros, turismo y carga que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal a fin de prevenir accidentes y garantizar las condiciones mínimas de seguridad, suscrita por la Diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 6 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La proposición con punto de acuerdo propone la Secretaría de Comunicaciones y Transportes verifique el cumplimiento integral de los mecanismos tendientes a prevenir accidentes en caminos y puentes federales, a fin de garantizar la integridad de la población de nuestro país.

Sobre el particular, la promovente expone que los accidentes de tránsito y falta de seguridad vial son un problema que afecta gravemente a la población mundial. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año este tipo de accidentes causa la muerte de 1,24 millones de personas y son la principal causa de decesos en el grupo de 15 a 29 años.

Refiere que aunque en los países de ingresos bajos y medianos se concentran menos de la mitad de los vehículos del mundo, es en estos donde ocurren más del 91% de las muertes relacionadas con accidentes de tránsito, de ahí la importancia de poner especial atención en el cumplimiento de las medidas tendientes a disminuirlos.

Según cifras del “Tercer Informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2013” del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en nuestro país los accidentes de tránsito causan 16, 500 decesos y son la principal causa de muerte en niños de entre 5 y 14 años, y la segunda entre jóvenes de 15 a 29 años de edad.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, en México 1 millón 462 mil 900 personas sufren de una discapacidad a consecuencia de los accidentes en general. Asimismo señala que 6 millones 926 mil 200 fueron víctimas de un accidente, la mayoría de ellos, viales. Este tipo de accidentes son la segunda causa de discapacidad motora permanente en nuestro país. Cada año los accidentes de tráfico originan más de 350 mil lesiones graves que requieren hospitalización, y más de un millón de lesiones que requieren atención médica.

Según estimaciones del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), los accidentes viales le cuestan al país alrededor de 150 mil millones de pesos, lo cual representa el 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje que resulta de la carga a consecuencia de costos directos e indirectos.

Refiere que los accidentes de tránsito obedecen a los siguientes factores:

● Factores humanos, entre las más frecuentes se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol, medicinas y estupefacientes; llevar a cabo maniobras imprudentes y de omisión; y falta de cultura vial.

● Factores mecánicos, cuando por descuido o falta de pericia de los conductores, los automóviles no se encuentran en condiciones adecuadas.

● Factores climatológicos, aquellos derivados de la naturaleza como la niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables y hundimientos, entre otros.

● Factores estructurales, son los relativos a la falta o inadecuado mantenimientos de los caminos.

Respecto a la responsabilidad de los accidentes en las carreteras federales, la proponente señala que con base a reportes de la Policía Federal, alrededor del 80% de las veces se deben al conductor, 7% al vehículo, 9% a los agentes naturales y sólo el 4% al camino.

La legisladora, señala que aunque tanto en la Ley de caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como en diversas Normas Oficiales Mexicanas, se prevén medidas y protocolos de seguridad tendientes a disminuir y evitar las accidentes carreteros, continúa siendo una realidad que los vehículos de autotransporte federal ya sean de pasajeros, de turismo o de carga, sufren u ocasionan accidentes en el país a causa del exceso de velocidad, la distracción, la sobrecarga permitida y en ocasiones por la infraestructura carretera.

III. CONSIDERACIONES.

Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo antes mencionada, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen.

Los integrantes de esta Comisión compartimos la preocupación de la proponente en virtud de que contempla la atención a un fenómeno que trasciende a diversos ámbitos como son la salud e incluso la vida de quienes sufren este tipo de accidentes; y económicos, tanto para las familias de los afectados, como para el estado. Ante esta tesitura, consideramos que los accidentes de tránsito no son cuestión de buena o mala suerte, por el contrario, en la mayoría de las ocasiones son consecuencia de errores humanos, imprudencias y falta de respeto a los reglamentos de tránsito.

Los accidentes viales son un fenómeno que aparece en detrimento del bienestar de los habitantes, al grado de ser una de las principales causas de defunciones a nivel nacional e internacional, de ahí lo importante de reforzar los mecanismos tendientes a su oportuna atención y prevención desde todas sus dimensiones, haciendo énfasis en el cumplimiento de las múltiples disposiciones relacionadas a autotransportes de pasajeros, turismo y carga que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal.

En complemento a las consideraciones expuestas en el punto de acuerdo materia del presente dictamen, es menester precisar que según cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la red operada por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)1 durante 2012, se registraron 18 mil 475 accidentes, siendo de la siguiente manera:

● 7 de cada 10 (69.5%), fueron por factores de velocidad inmoderada, imprudencia e impericia de los conductores predominan como causa.

● 2 de cada 10 (19.7%) fueron fortuitos, causados por objetos abandonados sobre la superficie de rodamiento (llantas, materiales de construcción, señalamientos preventivos, etc).

● 1 de cada 10 (10.8%) son atribuibles a factores del camino (colisiones contra piedra, colisiones contra semoviente y atropellamientos).

En cuanto a la competencia de la institución exhortada, después de llevar a cabo el análisis del marco normativo vigente, entre otras atribuciones, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le corresponde2 :

● Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares.

● Construir y conservar directamente caminos y puentes.

● Vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes.

● Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes.

En virtud de lo referido, los integrantes de esta comisión estimamos que el presente punto de acuerdo resulta procedente debido a la importancia de los bienes jurídicos que se buscan proteger –la integridad física y por supuesto la vida-.

Sin embargo, cabe mencionar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de Caminos y Puentes Federales3 , contempla diversas acciones encaminadas a la atención de los accidentes de tránsito, entre los que se encuentran:

● Instrumentar un Programa de Seguridad Vial basado en los cinco Pilares de acción definidos por la ONU y en el marco de las políticas del Gobierno Federal, el cual entre sus líneas de acción contempla: Gestionar que el análisis de la información estadística se traduzca en acciones concretas en materia de seguridad vial; Realizar Auditorías de Seguridad Vial (ASV) en los tramos de la red operada priorizados según necesidades; y Diseñar y difundir campañas en materia de seguridad vial, en coordinación con el Gobierno Federal.

● Elevar los estándares de calidad y servicio de la infraestructura en beneficio de los usuarios, el cual, entre otras, contempla las siguientes líneas de acción: Mejorar los mecanismos de control y evaluación de la ejecución de la obra pública; y Certificar los principales procesos de obra pública.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que refuerce los mecanismos que verifiquen el cumplimiento integral de las diversas disposiciones referentes a autotransportes de pasajeros, turismo y carga que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, a fin de prevenir accidentes y garantizar las condiciones mínimas de seguridad.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

 

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

 

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

 

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

 

Sen. Manuel Camacho Solís

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

 

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil catorce”.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su beneplácito por el convenio suscrito entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Gobierno de California de los Estados Unidos de América para la instrumentación de un programa para la certificación de empresas, organizaciones y agencias de reclutamiento de trabajadores mexicanos temporales, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 6 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Los senadores proponentes explican que el estado de California es una de las regiones que, por su dinamismo y condiciones económicas, constituye un “foco de atracción de flujos migratorios de diversos países.” De manera particular señalan que una gran cantidad de familias y trabajadores mexicanos migran hacia dicho lugar como consecuencia de “la vasta porción de la franja fronteriza que compartimos, los fuertes lazos interculturales y el incentivo que a lo largo de décadas ha representado California, como nicho de oportunidades laborales, educativas y en general de aspiraciones para una vida más digna”

En la Proposición con Punto de Acuerdo se expone que existen fundamentalmente dos tipos de migrantes mexicanos en California: quienes cruzan la frontera de manera irregular y aquellos trabajadores se amparan en el programa de Visas H-2 de trabajo temporal. En torno a este último programa, se menciona que, aunque fue creado por el gobierno norteamericano, en la práctica es operado por un conjunto de agencias de dicho país, las cuales se encargan de “anunciar, seleccionar y reclutar” trabajadores para las regiones e industrias que lo requieren, colaborando con contratistas de los dos países involucrados.

Las condiciones en las que el programa de migrantes opera han generado que una    gran cantidad de trabajadores sean engañados, además de propiciar riesgos a su integridad y vejaciones en contra de ellos. Como indican los proponentes: “tal situación resulta en todo caso muy delicada y no abona para el trabajador, en la certeza y seguridades mínimas que busca al emplear ese medio para laborar temporalmente en aquel país.”

En la búsqueda de atender este problema, el Gobernador de California y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México han planteado el diseño de un programa piloto “para la certificación de empresas, organizaciones y agencias de reclutamiento de trabajadores mexicanos que de manera temporal migran a California para colocarse en algún puesto de la planta productiva de ese estado.” En su última gira de trabajo por nuestro país el Gobernador Edmund J. Brown suscribió con el Secretario del Trabajo de México, Licenciado Alfonso Navarrete Prida, una “Carta de Intención para Cooperar en un Programa Piloto para Trabajadores Migrantes entre el Gobierno del Estado de California y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México.”

La carta firmada por ambos funcionarios señala la intención de cooperar frente al abuso de “abusos en el reclutamiento de trabajadores temporales mexicanos con visas H-2 en California” al reconocer que la migración a través de la modalidad de trabajo temporal con visas H-2, “es un reflejo de los profundos lazos económicos y sociales entre los dos países” y que la contratación de trabajadores requiere una regulación clara para evitar abusos y violaciones en los derechos humanos de los migrantes.

III. CONSIDERACIONES.

Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen. Se coincide plenamente en el objetivo que persigue la propuesta descrita y en los diversos argumentos que expone.

Sin lugar a dudas los flujos migratorios son muy importantes para el desarrollo de economías como la del estado de California. En el ejercicio de actividades en los diversos sectores, la participación de los trabajadores mexicanos ha demostrado ser una alternativa que genera beneficios para dicha región y para los connacionales que migran con la finalidad de laborar en el marco de un esquema de empleo temporal.

El programa de Visas H-2 constituye un instrumento que permite regular la participación de los trabajadores en un marco institucional propicio para vincular sus intenciones de progreso individual con los requerimientos de las empresas que los contratan. Sin embargo, como se refiere en la Proposición con Punto de Acuerdo, la participación de algunas agencias encargadas del reclutamiento de dichos trabajadores ha distorsionado los elementos positivos del programa, al propiciar vejaciones a los derechos de los connacionales que migran para laborar en el estado de California.

La creación de un programa piloto con la finalidad de certificar a las agencias reclutadoras en el marco de programa de empleo mediante Visas H-2 constituye una medida trascendental que generará beneficios tanto a los migrantes como a las  empresas que los contratan, al asegurar la protección de los derechos humanos de los primeros y garantizar el personal más eficiente para los fines económicos de las empresas. Es, sin lugar a dudas, un mecanismo de regulación que otorgará certeza jurídica en torno al cumplimiento de los objetivos que busca el programa de empleo temporal mencionado.

La sensibilidad y comprensión en torno al problema de los migrantes que han mostrado el Gobernador de California, Edmund J. Brown, y el Secretario del Trabajo de México, Licenciado Alfonso Navarrete Prida, son dignas de reconocimiento y, sin lugar a dudas, habrán de contribuir a un diálogo fructífero respecto a la gran cantidad de asuntos que pueden ser tratados para mejorar la participación de las autoridades en torno al tema de los flujos migratorios.

Esta comisión dictaminadora considera que el Senado de la República, en el ejercicio de sus facultades en materia de política exterior, actúa de manera certera al reconocer acciones como la que describen los proponentes.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su beneplácito por la suscripción del Convenio entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Gobierno de California de los Estados Unidos de América para instrumentar el programa de certificación de empresas, organizaciones y agencias de reclutamiento de trabajadores migratorios mexicanos temporales.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

 

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

 

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

 

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

 

Sen. Manuel Camacho Solís

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

 

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil catorce”.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer del conocimiento público las causas y la justificación de los subejercicios en 2013, en los programas “Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas” y “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción”, suscrita por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 6 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Destacan los proponentes que “el “Programa Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas” con clave presupuestaria “G013”, tiene como objetivo contribuirá a la conservación del país y su biodiversidad mediante el instrumento de Áreas Protegidas Federales. 

Que el “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción” con clave presupuestaria “U025”, tiene como propósito contribuir a la conservación y recuperación de las especies en riesgo y su hábitat natural mediante su protección, manejo y aprovechamiento sustentable.

Asimismo señal los titulares del presente Punto de Acuerdo que el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) es el instrumento para llevar a cabo la selección de las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas son consideradas de especial relevancia para nuestro país.

Por otra parte los proponentes  dan a conocer los resultados derivados de la revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011 por la Auditoría Superior de la      Federación de la que se desprende la Auditoría de Desempeño número 11-016-F00-07-0377 realizada a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la cual      consistió en la fiscalización de la conservación de las áreas naturales protegidas y la recuperación de especies prioritarias, a fin de verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. De los resultados principales que arrojó la revisión se señalan los proponentes lo siguiente:

Que de la revisión a las fichas técnicas de los indicadores de los programas presupuestarios “G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas” y U025 “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción”, se comprobó que los 2 indicadores del nivel Fin fueron insuficientes, ya que los programas no indicaron en qué medida contribuyeron a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, así como a la recuperación de las especies en riesgo y su hábitat natural; asimismo, el indicador del programa U025 careció de un referente de cobertura respecto de las especies en peligro de extinción. 

Que el constante crecimiento de las Áreas Naturales Protegidas dificulta su operación para contribuir a la conservación de los ecosistemas naturales y, en consecuencia, su impacto resulta limitado, ya que de las 174 Áreas Naturales Protegidas (25,384.8 miles de hectáreas) sólo en 29 (7,847.7 miles de hectáreas) se evaluó la pérdida de ecosistemas naturales; en 60 (34.5%) se realizaron acciones de restauración en 38.5 miles de hectáreas (3.0% de la superficie identificada de 1,279.0 miles de hectáreas); sólo 25 de 484 especies en riesgo y prioritarias contaron con Programa de Acción para la Conservación de Especies (PACE); y de las 174 ANP, el 66.7% (116) contó con personal para administrarlas.

Por lo que se refiere a la revisión de ejercicio 2012 con la Auditoría de Desempeño número 12-0-16F00-07-0335, los proponentes señalan que la Auditoría Superior de la Federación emitió dictamen negativo y reveló que la política pública para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las Áreas Naturales Protegidas no dispuso de instrumentos de planeación y evaluación del impacto de las autorizaciones y de los apoyos otorgados que permitiera determinar su contribución en la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad para lograr su sustentabilidad, lo que ocasionó que en 97.2% (171 Áreas Naturales Protegidas) se otorgaran autorizaciones sin que se dispusiera de límites de cambio aceptables o capacidades de carga de los ecosistemas y en 45.6% (61 Áreas Naturales Protegidas) de las 134 Áreas Naturales Protegidas en las que se entregaron apoyos para el aprovechamiento de los recursos naturales no contaron con el programa de manejo de las Áreas Naturales Protegidas. 

Estos recursos representaron el 0.3% del total del ejercicio presupuestario de la SEMARNAT durante 2013.

Por último aseveran los diputados respecto a lo señalado, que no obstante a que existe un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el cual mediante programas se otorgan recursos que no son aprovechados con eficiencia y eficacia; especialistas en materia ambiental advierten que las áreas naturales protegidas del país están en grave riesgo ante la depredación provocada por el actual modelo de desarrollo”.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través  de sus subsecretarías y los diversos  Órganos desconcentrados y descentralizados que forman parte del sector ambiental federal, implementan programas y medidas  encaminadas a impulsar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales de México, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.

Es el caso de los Programas tema del presente Punto de Acuerdo, denominados: “Programa Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas”, cuyo objetivo es contribuir a la conservación del país y su biodiversidad mediante el instrumento de Áreas Protegidas Federales, así como el “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción” cuyo objetivo es contribuir a la conservación y recuperación de especies en riesgo, a través de apoyar la realización e instrumentación de Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) en colaboración con instituciones académicas y organizaciones sociales. Cada PACE describe acciones específicas a realizar para la conservación de una especie.

En este contexto y no ajenos a la importancia que reviste conocer la evolución y cumplimiento de metas, así como la administración de los recursos en los citados Programas,  los miembros de esta Tercera Comisión, coincidimos plenamente con el respetuosa exhorto hecho por los proponentes del presente Punto de Acuerdo para que el Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  haga del conocimiento público las causas y la justificación de los subejercicios en 2013, en los Programas antes mencionados. Dicha solicitud encuentra sus sustento legal en los siguientes preceptos Jurídicos, que se citan para mayor abundamiento.

TERCERA.- El Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establece en su Capítulo Segundo, bajo el rubro “De las Facultades del Secretario,” la normatividad relativa a la rendición de cuentas a cargo del Secretario de (SEMARNAT), en los siguientes términos:

“Artículo 5.- El Secretario tendrá las facultades indelegables siguientes:

I a la IV....

V. Dar cuenta al Congreso de la Unión, una vez abierto el período de sesiones ordinarias, del estado que guarda su ramo e informar, además, cuando cualquiera de las Cámaras lo convoque, así como en los casos en que se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a las actividades de la Secretaría y del Sector;

VI a la XXXV. ...”

CUARTA.- Por su parte La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como su Reglamento, señalan los términos y formalidades que se deben seguir, en el cumplimiento de esta obligación en los siguientes términos:

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Capítulo II “Obligaciones de Transparencia”:

“Artículo 7.- Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la información siguiente:

I a la XVI. ...

XVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

La información a que se refiere este Artículo deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Las dependencias y entidades deberán atender las recomendaciones que al respecto expida el Instituto.”

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública Gubernamental, Capitulo II  “Obligaciones de Transparencia” :

“Artículo 8.- Las dependencias y entidades deberán poner a disposición del público la información a que se refiere el artículo 7 de la Ley de conformidad con lo siguiente:

I. La Unidad de Enlace de cada dependencia y entidad será la responsable de poner a disposición del público dicha información;

II. La información deberá estar contenida en un sitio de internet de acceso público y general, visible desde el portal principal del sitio de internet de la dependencia o entidad, indicando la fecha de su actualización, así como un vínculo al sitio de internet del Instituto;

III. La información deberá presentarse de manera clara y completa, de forma tal que se asegure su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad, y

IV. El mismo sitio de internet deberá contener las direcciones electrónicas, los domicilios para recibir correspondencia y los números telefónicos de la Unidad de Enlace, de los servidores públicos habilitados y del responsable del sitio mencionado.

La información a la que se refiere el artículo 7 de la Ley podrá ser clasificada en los términos de los artículos 26 y 27 de este Reglamento.”

El derecho de acceso a la información gubernamental y la transparencia son elementos fundamentales para hacer realidad la rendición de cuentas de los gobernantes y con ello mejorar la toma de las decisiones de los ciudadanos y mejorar la confianza y certidumbre respecto de la acción gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que informe a esta Soberanía sobre las acciones de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; así como a la recuperación de las especies en riesgo y su hábitat natural en el marco de los programas “Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas” y “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción”.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que informe a esta Soberanía sobre el otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias en materia de áreas naturales protegidas, y cuáles son las acciones de preservación y restauración de la biodiversidad en las mismas.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

 

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

 

Sen. Manuel Camacho Solís

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

 

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil catorce”.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer del conocimiento público en su portal oficial de internet, las evaluaciones de impacto que ha realizado al “Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos” y las acciones que ha implementado  a fin de garantizar que los apoyos entregados se traduzcan en acciones concretas y medibles por parte de estados y municipios en términos de gestión de residuos, suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 6 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

Los proponentes solicitan que la SEMARNAT haga del conocimiento público en su portal oficial de internet las evaluaciones de impacto que ha realizado al “Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos”.

Así como las acciones que ha implementado a fin de garantizar que los apoyos entregados se traduzcan en acciones concretas y medibles por parte de estados y municipios en términos de gestión de residuos; así como las causas del sobre ejercicio que ha presentado en los ejercicios presupuestales de 2011 a 2013.

Lo anterior es en razón de que en la Auditoría Superior de la Federación emitió dictamen negativo, debido a que dicho programa no cumplió con su objetivo de reducir el impacto ambiental por los residuos mediante su manejo integral.

B. Enseguida, las proponentes plantean que:

A través de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se faculta a la SEMARNAT a fin de conducir la política pública en materia de residuos, así como de coordinarse con las entidades federativas y empresas para el manejo integral de los residuos. También se facultada a la dependencia federal para conducir el control de los residuos peligrosos, en tanto, a las entidades federativas les corresponden los residuos sólidos.

A fin de fortalecer las políticas públicas de medio ambiente la SEMARNAT instrumentó los programas siguientes: Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PNPGIR) 2009-2012 y Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados (PNRSC) 2010-2012.

Los anteriores programas se establecieron con el objetivo de fortalecer el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial a través del aumento en las capacidades operativas y de infraestructura de las entidades federativas y municipales, destinada a la recolección, separación, reciclaje y a través del fomento y gestión de la aplicación de tecnologías diversas, tener el máximo aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el país y el saneamiento de tiraderos a cielo abierto.

La población objetivo del Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos son Todas las Entidades Federativas de la República Mexicana, los Municipios y Delegaciones del D.F., que propongan proyectos y cumplan con los requisitos, términos y condiciones que señalan los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos de la SEMARNAT para proyectos de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Ahora bien, los promoventes hacen alusión a que el presente punto de acuerdo se trata del resultado a la Auditoría de Desempeño número 11-0-16100-07-0378 que llevó a cabo la ASF en 2011 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con relación a la auditoría en comento la ASF emitió un dictamen donde consideró que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de reducir el impacto ambiental, ocasionado por los residuos mediante su manejo integral, en términos del aprovechamiento y tratamiento, toda vez que los resultados que se refieren principalmente a:

a) Respecto de los residuos sólidos, la ASF estimó que en 2011 se generaron 41.1 millones de toneladas, de las cuales 26.2 millones de toneladas (63.8%) se enviaron a basureros municipales sin someterse a un proceso de aprovechamiento y tratamiento, y 12.9 millones de toneladas (31.4%) se arrojaron a sitios clandestinos.

b) La ASF calculó que 1.5 millones de toneladas (3.6%) se sometieron a un proceso de tratamiento y se aprovecharon 0.5 millones de toneladas (1.2%), por lo que en conjunto se manejaron de manera integral 2.0 millones de toneladas, el 4.8% del total de residuos sólidos generados (41.1 millones de toneladas).

c) En lo que se refiere a los residuos peligrosos, la ASF estimó que en 2011 se generaron 1.9 millones de toneladas, de las cuales 0.7 millones de toneladas (36.8%) no se sometieron a un proceso de aprovechamiento y tratamiento.

d) La ASF calculó que 0.9 millones de toneladas (47.4%) se sometieron a un proceso de tratamiento y se aprovecharon 0.3 millones de toneladas (15.8%), por lo que en conjunto se manejaron integralmente 1.2 millones de toneladas, el 63.2% del total de residuos peligrosos generados (1.9 millones de toneladas).

C. Concluyen las proponentes al decir que:

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 indica que a través del “Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos”, se erogaron durante el ejercicio recursos por 980.48 millones de pesos, 78.2% más con relación al presupuesto aprobado.

Por su parte la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) no está cumpliendo con las disposiciones normativas aplicables respecto de reducir el impacto ambiental ocasionado por los residuos mediante su manejo integral, en términos del aprovechamiento y tratamiento; el presupuesto ejercido de 2011 a 2013 ha observado un sobre ejercicio de los recursos con respecto al presupuesto aprobado por el PEF, como se muestra a continuación.

D. Con lo anterior el proponente formula el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO”:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, C. Juan José Guerra Abud, a que haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, las evaluaciones de impacto que ha realizado al “Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos” y las acciones que ha implementado a fin de garantizar que los apoyos entregados se traduzcan en acciones concretas y medibles por parte de estados y municipios en términos de gestión de residuos; a razón de que en la revisión 2011 la Auditoría Superior de la Federación emitió dictamen negativo, debido a que dicho programa no cumplió con su objetivo de reducir el impacto ambiental por los residuos mediante su manejo integral, en términos del aprovechamiento y tratamiento; asimismo, el Informe 2012-2013, del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), señala que los indicadores de fin, propósito, componente y actividad no permiten medir y evaluar el logro del objetivo de dicho programa; y

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, las causas y la justificación del sobre ejercicio que ha presentado en los Ejercicios Presupuestales de 2011 a 2013, en el “Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos”.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, con las siguientes observaciones:

Del informe de la ASF se determinaron 18 observaciones de las cuales generaron 22 recomendaciones al desempeño.

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias de control competente con motivo de 2 irregularidades detectadas.

Tal como lo señala la propuesta del presente punto de acuerdo, la auditoría realizó la revisión de la eficacia en el cumplimiento del objetivo de reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos y peligrosos mediante su manejo integral, en términos de su aprovechamiento y manejo ambientalmente adecuado, así como el avance en la reducción de dióxido de carbono generado por esos materiales.

Sin embargo, la dependencia no informó sobre el avance en el cumplimiento del objetivo rector de reducir el impacto ambiental ocasionado por dichos residuos.

Con respecto a la eficacia del programa, con la auditoría, se verificó que la SEMARNAT no estableció metas anuales en el periodo 2009-2011 para evaluar los resultados de ese indicador.

El informe determina que no se comprobó que la dependencia haya dispuso de un sistema de información para llevar el registro y control de los resultados del aprovechamiento de residuos sólidos y peligrosos en 2011.

También informa que en 2011, se generaron en el país 41.1 millones de toneladas de residuos sólidos, de las cuales la ASF estimó que 0.5 millones de toneladas (1.2%) se sometieron a un proceso de aprovechamiento.

En cuanto a los residuos peligrosos, la auditoría reveló que, en 2011, se generaron 1.9 millones de toneladas de esos desechos, de las cuales se estimó que 0.3 millones de toneladas (15.8%) se aprovecharon.

En el informe se indica que el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012, el manejo ambientalmente adecuado consiste en que los residuos que no requirieron de aprovechamiento se sometan a un proceso de tratamiento biológico, químico o térmico para su envío a disposición final a los rellenos sanitarios (residuos sólidos) o confinamiento (residuos peligrosos).

Como parte del resultado de la ASF se determinó que la SEMARNAT no estableció metas anuales en el periodo 2009-2011 para evaluar los resultados de ese indicador.

Entro otros temas, destacan la prevención de los residuos, costo por degradación ambiental generado por los residuos sólidos, remediación de sitios contaminados por residuos peligrosos, entre otros.

El que se debe destacar es el económico, ya que en esta vertiente se analizó la situación presupuestaria de la SEMARNAT respecto de los programas: G003 Regulación Ambiental, U012 Prevención y Gestión Integral de Residuos y U023 Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, así como el costo por degradación ambiental generado por los residuos sólidos.

Situación presupuestaria de la SEMARNAT en los programas vinculados con el manejo de residuos y la remediación de sitios contaminados.

Se determinó que, en 2011, la SEMARNAT erogó 1,942,772.5 miles de pesos en los programas presupuestarios relacionados con el manejo de residuos, monto inferior en 2,378.9 miles de pesos en relación con el presupuesto original, de 1,945,151.4 miles de pesos. Se observó que el presupuesto en los programas G003 y U012 se ejerció conforme al programa modificado autorizado.

En cuanto al programa U023 Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, la SEMARNAT no erogó los 781,450.0 miles de pesos, y no proporcionó la evidencia documental para acreditar los motivos por los cuales no se ejercieron esos recursos presupuestarios.

Con lo anteriormente señalado, y una vez que se analizó el presente punto de acuerdo tomando como base el informe emitido por la ASF para emitir el presente dictamen,  los legisladores proponentes buscan que la SEMARNAT  haga del conocimiento público en el portal oficial de internet, las evaluaciones de impacto que ha realizado al “Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos” y las acciones que ha implementado a fin de garantizar que los apoyos entregados se traduzcan en acciones concretas y medibles por parte de estados y municipios en términos de gestión de residuos.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a informar a esta Soberanía sobre las evaluaciones de impacto derivadas  del “Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos”, así como las acciones que ha implementado a fin de garantizar que los apoyos entregados se traduzcan en acciones concretas y medibles por parte de las entidades federativas y los municipios en términos de gestión de residuos.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2015 contemple una política de ingresos y gasto acorde al impacto y evaluación de la reforma hacendaria 2014, de la reforma energética y la eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de los recursos públicos, suscrita por el Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 6 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se comenta básicamente lo siguiente:

1. La proposición con punto de acuerdo propone exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2015 contemple una política de ingresos y gasto acorde al impacto y evaluación de la reforma hacendaria 2014, de la reforma energética y la eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de los recursos públicos.

2. El proponente señala que  la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (En adelante LFPRH) dispone en su artículo 107, fracción I, que: el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará al Congreso de la Unión, los informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate.

3. El proponente hace  un llamado a Aunque en términos presupuestales, resulta muy baja la cantidad que se eroga por concepto de “donativos” en comparación con el tamaño del gasto total -de más de $4 billones de pesos-, lo que hay que destacar aquí, es la manera en que se dispendian estos recursos, toda vez que, aunque en el informe trimestral se reportan de manera “genérica” su destino, esto no es del todo claro.

4. Es en base a estas consideraciones el Senador proponente exhorta la SHCP para que en el próximo paquete económico para el ejercicio fiscal de 2015 que presente el Presidente de la República ante el H. Congreso de la Unión, considere impulsar una política de gasto que cumpla con los principios establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que al mismo tiempo se privilegie una administración eficiente que no sea sinónimo de mayor endeudamiento.

5. El proponente considera que se debe considerar la observancia y obligatoriedad de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, especialmente los principios del artículo 1º párrafo segundo del mencionado ordenamiento que establece  “…Que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas...”

6. Argumenta también que revisar el comportamiento de nuestra economía, a través de estos informes como un ejercicio en la rendición de cuentas, observamos que estos principios quedan alejados a nuestra realidad, pues para el Gobierno Federal “eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público” es sinónimo de “gastar más”.

7: Finalmente señala que este Punto de Acuerdo contempla una política de ingresos y gasto acorde a:

● Impacto y evaluación de la Reforma Hacendaria de 2014.

● Impacto de la Reforma Energética.

● Eficiencia, Eficacia y Transparencia en la Administración de los Recursos Públicos.

III. CONSIDERACIONES.

1. De acuerdo a lo estipulado en la ley de ingresos que el ejecutivo con aprobación del Congreso, realiza cada año, se captan los recursos financieros que permiten cubrir los gastos de la federación, de los estados y los municipios.

Para dicha actividad el ejecutivo federal se apoya en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para establecer los ingresos y el gasto público  que habrá de destinarse a los diferentes sectores que prevé el Plan Nacional de Desarrollo.

2. Los integrantes de esta Tercera Comisión, coincidimos con lo estipulado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que en su artículo 31 faculta a  la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP en sus  fracciones II, III, VI, X, XI, XIV, XV, XVII, XXVII, XXX; para que en el paquete económico del ejercicio fiscal presentado anualmente, establezca las políticas de ingresos y gasto respecto al impacto económico que sufra el estado de acuerdo con las reformas estructurales propuestas por el Ejecutivo Federal como lo fueron en materia energética y hacendaria.

3. Esta dictaminadora requiere hacer mención de algunas facultades legales en relación al tema de inclusión de la política de ingresos y gasto publico del Estado con base al impacto suscitado de las reformas estructurales al tenor de los artículos de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que establecen:

Art. 16, LFPRH).

I. Las líneas generales de política económica;

II. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 5 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios subsecuentes, y

III. La meta anual de los requerimientos financieros del sector público, la cual estará determinada por la capacidad de financiamiento del sector público federal.

Art. 111 la SHCP y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, verifican periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes

4. Como se desprende de los lineamientos legales anteriores, se confirma que la SHCP está facultada y es la responsable de cerciorarse se realice las delimitaciones correspondientes respecto de la ley de ingresos.

5. Esta comisión dictaminadora, después de la valoración correspondiente, determina respaldar la solicitud del proponente, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada para contemplar en el paquete económico del ejercicio fiscal 2015 una política de ingresos y gasto acorde al impacto y evaluación de la reforma hacendaria 2014 y de la reforma energética; acorde a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de los recursos públicos.

6. Los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que es necesario dotar a la federación de los recursos necesarios para lograr la instrumentación inmediata y eficaz de las reformas estructurales, para ello, se requerirá un diseño presupuestal específico para darles continuidad y concretar su operación.

7. El paquete económico para el Ejercicio Fiscal del año 2015, deberá tomar en cuenta la creación de organismos sectorizados y órganos reguladores, así como diferentes programas y fondos especiales que se derivarán del nuevo modelo de la administración de la renta petrolera, sin olvidar los recursos destinados a fortalecer a las entidades federativas con la idea de estimular el crecimiento económico y atender las necesidades sociales de la mayoría de la población y hacer frente a los retos educativos, de combate a la pobreza y de salud.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el paquete económico para el Ejercicio Fiscal del año 2015, contemple una política de ingresos y gasto acorde al impacto y evaluación de la reforma hacendaria 2014, de la reforma energética y la eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de los recursos públicos.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta  al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a hacer del conocimiento público las acciones realizadas en torno a las recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación emitió a los programas: “De la Mujer en el Sector Agrario y el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos o Núcleos Agrarios”, suscrita por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 6 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Destacan los proponentes que “hasta el 2013, el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) formo  parte de las estrategias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) orientadas a impulsar la integración productiva de hombres y mujeres sin derechos agrarios que habiten en los núcleos agrarios del país, para desarrollar actividades generadoras de empleo e ingresos, mediante el financiamiento directo a “Proyectos productivos”, que sean técnica, económica, financiera y ambientalmente sustentables. A través de este programa, se busca la equidad y la eficiencia en la utilización de los recursos para eliminar la pobreza para lo cual centra sus esfuerzos en territorios y grupos vulnerables.

Que el Programa de Mujeres en el Sector Agrario (PROMUSAG ), es una política pública a favor de las mujeres que tiene como objetivo fomentar la igualdad de oportunidades y de equidad de género en la implementación de proyectos productivos en el sector rural.

Manifiestan los diputados  que ambos programas, estuvieron  alineados  en su momento al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Eje 2 “Economía Competitiva y Generadora de Empleo”, en su objetivo 9 “Impulsar la generación de empresas rentables en el sector rural”. De la misma forma en que en esta gestión gubernamental se encuentran alineados a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Sus  objetivos son generar empleo a los hombres y mujeres que habitan en “Núcleos Agrarios” y que no son titulares de derechos agrarios inscritos en el Registro Agrario Nacional, en la implementación y puesta en marcha de “Proyectos productivos”.

Aseveran los Diputados que no obstante a que el CONEVAL en  2011 había recomendado fortalecer los mecanismos de supervisión y verificación de padrones para proyectos productivos, a fin de transparentar la asignación de los recursos públicos y verificar su correcta aplicación, para  2012 la Auditoria Superior de la Federación  mediante la auditoria 279, detecto diversas irregularidades en los padrones de beneficiarios, por lo que solicitó al Registro Agrario Nacional (RAN), para su cotejo y validación el padrón de 23,742 beneficiarios del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), de los cuales se detectó que 373 beneficiarios por 55,931.7 miles de pesos fueron identificados con coincidencia en el nombre, fecha de nacimiento y/o entidad federativa y cuentan con diversos derechos agrarios y calidad de reconocimiento en los núcleos agrarios.

Destacan los proponentes  que la  población objetivo de estos programas son “Hombres y mujeres con 18 años o más al momento del registro, que habiten en “Núcleos Agrarios”, que no sean ejidatarios ni comuneros y que no hayan sido apoyados en los últimos cinco ejercicios fiscales por el “FAPPA y por el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)”; sin embargo, no se proporcionó la documentación que acredite que la Dirección General de Coordinación  solicitó a la Dirección General de Tecnologías  la Información de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria actualmente SEDATU la identificación de duplicidades de beneficiarios del ejercicio 2012 con el PROMUSAG, así como de los últimos cinco ejercicios, ni solicitaron al RAN determinara la existencia de ejidatarios y comuneros, a efecto de cancelar las solicitudes, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa.

Que es hasta el 16 de mayo de 2013 que la Dirección de Normatividad remitió oficios a los Delegados de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, en los cuales les solicitó realizar la notificación a los grupos beneficiarios sobre la no comprobación de los recursos y en su caso solicitar la devolución del recurso; y si el grupo no se presenta a la Delegación a acordar la devolución deberá remitir copia certificada de los expedientes de los apoyos no comprobados para que la DGC lo remita a la Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría y proceda en los términos de las disposiciones vigentes y mediante los procedimientos judiciales que correspondan, sin embargo a la fecha no hay avance y/o información sobre el estado que guarda este asunto.

Señalan los proponentes que como parte del  Convenio de cooperación técnica entre la ONU/FAO y la entonces Secretaria de la Reforma Agraria ahora SEDATU, se realizó la “Evaluación del Programa de Fomento al desarrollo agrario (FORMAR) en el que se incluyó a los programas FAPPA y PROMUSAG; PROYECTO UTF/MEX/098/MEX”, el cual señala  en el  “Informe final”  en junio de 2011 que la demanda de los programas está cooptada por actores intermediarios que tienen el riesgo de obedecer a intereses clientelares, corporativistas, económicos, proselitistas, etc. ajenos a tales  programas.

También indica que en algunas ocasiones, la participación de organizaciones campesinas fuertes que buscan mantener sus privilegios y politizan el programa podría introducir sesgos en la asignación y destino de los recursos, desviando el presupuesto de su utilización óptima.

Que las oportunidades que plantea, aunque específicas, son limitadas para los impactos que busca atender. No alcanza a transformar las causas estructurales de la desigualdad que está en las relaciones sexistas y genéricas arraigadas entre las mujeres y hombres del medio rural, basadas en la división sexual del trabajo. No incorpora a los hombres a la vida reproductiva. Por la carga generada por el proyecto se corre el riesgo de legitimizar la doble o triple jornada de trabajo para las mujeres.

Dicho informe indica que se observa una excesiva intromisión de agentes externos en la toma de decisiones en ámbitos estratégicos para la consolidación de los proyectos productivos, de manera destacada en cuanto al giro productivo, selección del técnico a contratar y la decisión de con quiénes asociarse en el grupo.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) transfirió los programas de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora PROMETE, (antes PROMUSAG) y el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Lo anterior se establece en el convenio suscrito por ambas dependencias y que establece que a partir del 27 de enero la SEDATU entrega a la SAGARPA la operación de los dos programas a afecto de integrarlos al conjunto de estrategias y proyectos de apoyo a la producción y productividad del campo mexicano.

Que la Auditoria Superior de la Federación detecto en la auditoria 0279 un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 137,175,579.47 (Ciento treinta y siete millones ciento setenta y cinco mil quinientos setenta y nueve pesos 47/100 M.N.), en virtud de que no se comprobó la aplicación de los recursos otorgados a 745 grupos de beneficiarios de 27 entidades federativas y el Distrito Federal que avale la inversión en los proyectos productivos del programa de Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA).

Que derivado de dicha auditoria existen diversas denuncias penales por probables daños a la Hacienda Pública Federal.

Así mismo la operación de dichos programas se dio fuera del marco legal de actuación,  incumpliendo   diversas disposiciones Jurídicas y Normas.”

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.- La Secretaría de la Reforma Agraria hoy Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en el año 2000, reconociendo la importancia y valor de las mujeres campesinas de nuestro país, así como de la posición de desventaja que históricamente enfrentan para desarrollarse en igualdad de oportunidades, estableció el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), hoy denominado  PROMETE

Este programa busca ofrecer condiciones favorables con una política de subsidios para que las mujeres tengan acceso a los apoyos para crear sus propias microempresas y la contratación de los servicios técnicos y de asesoría que les permita el éxito de sus iniciativas productivas.

Coadyuva en la eliminación de la desigualdad de género y en la erradicación de la pobreza, a través de mecanismos de planeación, gestión, innovación, operación y focalización.

PROMETE (antes PROMUSAG) está diseñado para mujeres con 18 años o más, al momento del registro de la solicitud, que residan en el mismo Núcleo Agrario y que no hayan sido apoyadas en los últimos cinco ejercicios fiscales por los Programas FAPPA o PROMUSAG.

TERCERA.- En el mismo afán de contribuir con el desarrollo del campo es creado en el año 2000 el Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos en Núcleos Agrarios (FAPPA), el cual tiene como mecánica la entrega de apoyos económicos para la implementación de proyectos productivos, con el fin de contribuir a la generación de ingreso de las mujeres y hombres con 18 años cumplidos o más que habitan en Núcleos Agrarios.

Este programa, se caracteriza por estar en coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 cuyo objetivo es "Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país", y al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 en el que su objetivo es "Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria".

Por convenio suscrito el día 27 de enero de 2014, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), transfirió a la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural los Programas señalados en los apartados que anteceden, a efecto de integrarlos al conjunto de estrategias y proyectos de apoyo a la producción y productividad del campo mexicano y con esto alinear los programas y los presupuestos de toda la Administración Pública Federal, de acuerdo con la vocación institucional y operativa. Por esta razón, las Reglas de Operación y Convocatoria 2014 de estos programas  se modificaron con base en las competencias, facultades y atribuciones de la SAGARPA.

En este contexto y reconociendo sin duda alguna la importancia y el impacto que tienen estos programas en la creación de condiciones de mayor productividad, la posibilidad de garantizar la soberanía alimentaria y, al mismo tiempo, mantener la paz y estabilidad social en el campo, resulta relevante que en este momento de transición que están experimentando dichos programas, se haga del conocimiento público las acciones realizadas en torno a las recomendaciones que la ASF emitió en la auditoria 249/2012. Esto permitirá otorgar información a los ciudadanos para ser evaluada y revisada, fortaleciendo las vías de participación y el control democrático del poder, dentro de lo mandatado por nuestro ordenamiento jurídico vigente, para mayor abundamiento se cita los preceptos legales que fundamentan esta obligación:

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano, Capitulo II, “De las Facultades del Secretario”:

“Artículo 6.- El Secretario tendrá las siguientes facultades indelegables:

I. a la IV....

V. Dar cuenta al Congreso de la Unión, sobre el estado que guarda la Secretaría y el sector coordinado e informar, siempre que sea requerido para ello, a las Cámaras que lo integran, cuando se discuta una iniciativa de ley o se estudie un asunto relacionado con su ámbito de competencia;

VI. a la XXVII....”

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Capítulo II “Obligaciones de Transparencia”:

“Artículo 7.- Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la información siguiente:

I. a la XVI. ...

XVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

La información a que se refiere este Artículo deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Las dependencias y entidades deberán atender las recomendaciones que al respecto expida el Instituto.”

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública Gubernamental, Capitulo II  “Obligaciones de Transparencia”:

“Artículo 8.- Las dependencias y entidades deberán poner a disposición del público la información a que se refiere el artículo 7 de la Ley de conformidad con lo siguiente:

I. La Unidad de Enlace de cada dependencia y entidad será la responsable de poner a disposición del público dicha información;

II. La información deberá estar contenida en un sitio de internet de acceso público y general, visible desde el portal principal del sitio de internet de la dependencia o entidad, indicando la fecha de su actualización, así como un vínculo al sitio de internet del Instituto;

III. La información deberá presentarse de manera clara y completa, de forma tal que se asegure su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad, y

IV. El mismo sitio de internet deberá contener las direcciones electrónicas, los domicilios para recibir correspondencia y los números telefónicos de la Unidad de Enlace, de los servidores públicos habilitados y del responsable del sitio mencionado.

La información a la que se refiere el artículo 7 de la Ley podrá ser clasificada en los términos de los artículos 26 y 27 de este Reglamento.”

El derecho de acceso a la información gubernamental y la transparencia son elementos fundamentales para hacer realidad la rendición de cuentas de los gobernantes y con ello mejorar la toma de las decisiones de los ciudadanos y mejorar la confianza y certidumbre respecto de la acción gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a informar a esta Soberanía, sobre el cumplimiento de las recomendaciones, durante el periodo de su competencia a los Programas FAPPA y PROMUSAG, señalados en la Auditoria 249 realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública a realizar una exhaustiva investigación respecto a la licitación pública para la administración y renovación de suministros de telepeaje “IAVE” por no atender las recomendaciones de la testigo social, designada por dicha Secretaría, suscrita por el Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

‹‹ El pasado viernes 1 de agosto del presente entró en vigor el nuevo contrato de Caminos y Puentes Federales con la empresa Impulsora de Servicios Terrestres, S.A de C.V. para brindar los servicios de telepeaje y de la tarjeta IAVE.

Lo anterior, ha originado un verdadero caos en las casetas operadas por CAPUFE en las principales carreteras del país en perjuicio de no sólo miles, sino de hasta millones de mexicanos que necesitan transportarse a diferentes puntos o lugares de la República Mexicana, más en este periodo vacacional de verano en donde no existió una planeación adecuada para el cambio de dichas tarjetas de telepeaje y no se avisó a tiempo a los usuarios de las carreteras federales del país.  

Aunado a esta mala planeación, se suma algo de la mayor gravedad: En la licitación con número No. LA-009JOU001-T5-2014 para este servicio, CAPUFE no atendió debidamente las recomendaciones hechas por la testigo social designada por la Secretaría de la Función Pública, Mónica María Rosario Rivera, las cuales se hicieron públicas el 16 de mayo del presente año,  entre otras anotaciones la testigo social asentó que:

"Una vez revisada la documentación varia de las proposiciones presentadas por las agrupaciones licitantes, y analizado el anexo de más de 300 páginas del acta correspondiente a la celebración del acto de fallo, así como aspectos de la convocatoria y de las disposiciones que rigen las contrataciones públicas, entre otros documentos, tengo duda razonada de la transparencia en esta parte del procedimiento, toda vez que aprecio posibles irregularidades en los resultados de la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas presentadas por los licitantes, llevada a cabo por los servidores públicos de las áreas responsables de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, que implican incumplimiento de las normas que rigen la contratación pública, entre otros ordenamientos y la desigualdad de oportunidades para los participantes".

Así mismo, la testigo social, Mónica María Rosario Rivera, dejo en claro que existe duda razonable sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V. y que CAPUFE no verificó, ni constató el cumplimiento de dichas obligaciones con el Sistema de Administración Tributaria en tiempo.

Concluye que: “en este procedimiento de contratación, no se atendieron las recomendaciones emitidas de la Testigo Social, a fin de asegurar la transparencia y apego a las disposiciones jurídicas; promoción de la calidad, eficacia e imparcialidad en los procedimientos de contratación; y en la garantía de igualdad de condiciones entre los participantes”.

Cabe preguntarse: ¿por qué el apremio para el cambio del sistema de telepeaje por parte de CAPUFE sin haber realizado una campaña previa de información a todos los usuarios de este sistema? ¿Por qué esperar hasta un día antes del cambio de este sistema para advertir a los ciudadanos sobre estas modificaciones? ¿Por qué no se realizó la instrumentación de esta política en otro momento sin generar perjuicios a los automovilistas al transitar por las casetas de cobro?

Estamos frente a un posible caso de actos de corrupción que afectan la normalidad del servicio de las tarjetas de telepeaje en perjuicio de los mexicanos, y ante el daño al patrimonio del Estado mexicano.

No sobra destacar que el propietario de la empresa Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V., a la que fue adjudicada la licitación, es el señor Roberto Alcántara, empresario del Estado de México y cercano al grupo de poder conocido como Atlacomulco, y pareciera que la licitación favoreció a esta empresa de forma discrecional y alejada de la ley.

Es por ello que se requiere una investigación a fondo por parte de la Secretaría de la Función Pública para esclarecer y dar mayor certeza sobre este asunto que, a todas luces, se perfila sombrío.

El compromiso No 85 del Pacto por México, asumido por el Presidente Enrique Peña Nieto y, hasta ahora incumplido, refiere que se creará un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción.

Aún estamos esperando la iniciativa.

Una vez más queda a la luz que al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no le interesa un combate frontal y efectivo en contra de la corrupción en la Administración Pública Federal sino por el contario, beneficiar a sus allegados.

Es urgente ya legislar sobre el combate a la corrupción para beneficio de la sociedad mexicana.››

B. Con lo anterior, formula el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, Lic. Julián Alfonso Olivas Ugalde, a realizar una exhaustiva investigación respecto a la licitación pública No. LA-009JOU001-T5-2014 para la administración y renovación de suministros de telepeaje “IAVE” por parte de al no atender las recomendaciones de la testigo social, designada por dicha Secretaría e informe a esta soberanía sobre los resultados de la misma.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y  dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y presenta las siguientes observaciones:

Los testigos sociales son personas físicas o morales que atestiguan que una compra se realiza con apego a la normatividad vigente, para darle credibilidad al proceso frente a la ciudadanía.

Los testigos sociales tienen funciones de:

a) Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios;

b) Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su participación en las contrataciones, y

c) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un ejemplar a la Secretaría de la Función Pública. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días naturales siguientes a su participación en la página de Internet de la dependencia o entidad que corresponda.

En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, deberá remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia o entidad convocante y/o a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.1

La Secretaría de la Función Pública, acredita como testigos sociales a aquéllas personas que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar;

b) Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra constituida conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro;

c) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad;

d) No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido servidor público Federal o de una Entidad Federativa durante al menos un año previo a la fecha en que se presente su solicitud para ser acreditado;

e) No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por autoridad competente en el extranjero;

f) Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad correspondiente, la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que haya recibido a nivel académico y profesional;

g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre esta Ley y Tratados, y

h) Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar en contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los licitantes o los servidores públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación académica, de negocios o familiar.2

Los testigos sociales son seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por la Secretaría de la Función Pública.3

Los testigos sociales participan en las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad.4

También participan en las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a diez millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad.5

Los Testigos Sociales pueden participar con derecho a voz en cualquier momento durante las contrataciones que lleven a cabo las dependencias y entidades a solicitud de éstas o a petición de los propios Testigos Sociales, en cuyo caso las dependencias y entidades no podrán impedir su participación. En cualquiera de los supuestos, las dependencias y entidades deben proporcionar todas las facilidades y documentación que soliciten los Testigos Sociales, salvo la considerada como reservada o confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.6

Durante su participación los Testigos Sociales podrán proponer, de acuerdo con su experiencia y considerando las disposiciones legales o administrativas vigentes, los aspectos que mejoren el trato igualitario, la calidad, precio, así como las acciones que promuevan la eficiencia, eficacia, transparencia de las contrataciones y el combate a la corrupción.7

No obstante lo anterior, el testimonio del testigo social carece de fuerza vinculatoria. En todo caso su discrepancia da lugar a consulta ante la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría, la cual conforme al Reglamento Interior de la misma tiene la facultad de interpretar para efectos administrativos las disposiciones de las Leyes.8

Aunado a lo anterior, hay constancia desde el 15 de mayo de 2014, que el testimonio de la testigo social para esta licitación —Lic. Mónica María del Rosario Barrera Rivera—, fue emitida después de haberse realizado la licitación.9

Esta representación reconoce la voluntad del Gobierno Federal de proporcionar toda la información referente al proceso de licitación pública, tal como se hizo patente en la comparecencia del Director General de Caminos y Puentes Federales, ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República el pasado 7 de agosto; sin embargo esta representación considera pertinente solicitarle al funcionario que amplíe la información que proporcionó en ese momento, a través de un informe sobre las inconsistencias en el proceso de licitación pública No. LA-009JOU001-T5-2014 para la administración y renovación de suministros de telepeaje “IAVE” que derivaron en actos de molestia a los usuarios.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la información relativa sobre el proceso de licitación pública Número LA-009JOU001-T5-2014 para la administración y renovación de suministros de telepeaje “IAVE”.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.

1 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Artículo 26 Ter, fracción IV. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Artículo 27 Bis fracción IV.

2 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Artículo 26 Ter, fracción II. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Artículo 27 Bis fracción III.

3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Artículo 26 Ter, fracción II. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Artículo 27 Bis, fracción I

4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Artículo 26 Ter, primer párrafo.

5 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Artículo 27 Bis, primer párrafo.

6 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2004. Artículo décimo segundo. Documento Disponible en http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/comunes/testigo.htm

7 Op. Cit. Artículo Décimo octavo.

8 Op. Cit. Artículo Vigésimo tercero.

9 Véase http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/telepeaje-pifia-de-testigo-social.html






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a fortalecer las estrategias y políticas públicas de protección de los derechos de los consumidores de servicios de la aeronáutica civil, suscrita por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza (PANAL).

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La proposición con punto de acuerdo propone exhortar al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a fortalecer las estrategias y políticas públicas de protección de los derechos de los consumidores de servicios de la aeronáutica civil.

La proponente realiza un análisis del crecimiento de la industria del transporte aéreo entre 1992 y 2013, basada en datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dados a conocer en el informe de la "Aviación Mexicana en Cifras, 1992 - 2013". Expone que en 22 años el transporte aéreo de pasajeros, tanto de empresas nacionales como extranjeras, pasó de 26.8 millones en el año 1992, a 61.5 millones en el 2013, creciendo un total de 129%, a un ritmo anual de casi 6%.

Las empresas extranjeras han crecido más en términos de porcentaje, en cuanto a la cantidad de pasajeros transportados, mientras que las aerolíneas nacionales continúan movilizando mayor cantidad de pasajeros en términos absolutos.

En el mismo periodo las aerolíneas mexicanas también han incrementado su flota, incorporando aeronaves de nueva tecnología. La flota pasó de 224 aeronaves en 1992 a 318 en 2013, ofertando 5,870 espacios más en 2013 que en 1992. El sector del transporte aéreo emplea a más de 15,393 personas.

La proponente observa que en la Ley de Aviación Civil, en su artículo 49 se refiere al contrato de transporte entre la línea aérea y el consumidor; y en su artículo 50 hace referencia al transporte de equipaje; dos temas importantes respecto a los principales derecho del usuario de transporte aéreo. El artículo 54 de la misma Ley establece con absoluta claridad la responsabilidad del concesionario o permisionario sobre los daños causados a pasajeros y equipaje facturado en tránsito o por retraso en el servicio de transporte aéreo, en caso de estar prevista la conexión en el contrato.

Se plantea que, no obstante la claridad de la legislación en esos aspectos, en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se presentan, de manera regular, quejas por parte de los consumidores, cuyos principales motivos son el cobro indebido, el incumplimiento en el servicio o la negativa de pago por pérdida de equipaje. En ese sentido repasa datos de la PROFECO respecto a la cantidad de quejas registradas ante dicha dependencia, muchas de las cuales se buscan resolver por medio de la conciliación. Igualmente, se menciona que de las 878 quejas registradas hasta junio de 2014 sólo se han iniciado 6 procedimientos por infracciones a la ley.

La proponente señala que la insatisfacción con los diferentes prestadores de servicios sería mayor que la cantidad de quejas recibidas. Según los Indicadores de Calidad que ha expedido la Secretaría del ramo, el número de pasajeros afectados por demoras a la salida de vuelos nacionales o internacionales en el presente año asciende a 3.3 millones. Más grave aún, es el número de usuarios de estas líneas aéreas que se vieron afectados por las demoras al arribo de sus vuelos, pues éstos llegaron a ser, hasta junio del presente año, casi 8.7 millones de pasajeros.

Se señala que los problemas mencionados han ocasionado graves perjuicios para los consumidores: afectación, en principio, a sus inherentes derechos, pérdida de tiempo para el goce o disfrute de lugares en sus puntos de destino, quebranto a sus negocios por las demoras ocurridas o a su persona y desarrollo profesional al no poder atender con oportunidad algún compromiso laboral o de otra índole relacionada con sus actividades comerciales o industriales; así también, se enfrentan al extravío de objetos personales o de vuelos de interconexión hacia otros destinos, entre muchos más daños.

En muchas ocasiones, los consumidores enfrentan la indolencia, prepotencia y hasta menosprecio por parte del personal de las líneas aéreas; así como la falta de una autoridad que in situ los auxilie a mediar y, principalmente, resolver lo que les afecta.

En la redacción se retoma el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece que "todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna".

También se hace referencia a las facultades de la SCT establecidas en la Ley de Aviación Civil. El artículo 6, fracción I, indica que entre éstas se encuentra la de "planear y formular las políticas y programas para la regulación y el desarrollo de los servicios de transporte aéreo"; y el artículo 7, deja claro que dicha Secretaría ejercerá la autoridad aeronáutica en los aeropuertos, helipuertos y aeródromos en general, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por su parte, el artículo 7 Bis, fracción VII, estipula que la SCT tiene la facultad de "levantar actas administrativas por violaciones a lo previsto en esta Ley, sus reglamentos y normas oficiales mexicanas; actuar como auxiliar del ministerio público; cumplimentar las resoluciones judiciales y coordinar sus actividades con las demás autoridades que ejerzan funciones en los aeropuertos".

Finalmente, la proponente reproduce el contenido de los artículos 52 y 54 de la Ley de Aviación Civil, y del artículo 198 de su reglamento, en materia de sanciones:

"Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje;

Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o

Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje."

En el artículo 38, fracción VII del reglamento de la Ley se indica además que, "tratándose de la indemnización, el pasajero debe manifestar si se realiza en dinero o en especie". De igual forma, el artículo 198 del reglamento señala:

"Artículo 198. En los casos de denegación del embarque porque se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, la Secretaría sancionará en términos de lo dispuesto por el artículo 87, fracción VII, de la Ley por negarse a prestar el servicio, sin perjuicio de que se imponga una sanción en términos de lo dispuesto por el artículo 89 del mismo ordenamiento, cuando el concesionario o permisionario no proporcione al pasajero cualquiera de las opciones o la indemnización que se señalan en el artículo 52 de la Ley."

Por lo expuesto, la proponente expresa la necesidad de que las autoridades responsables de los aeropuertos nacionales o internacionales del país, así como las responsables de salvaguardar los derechos de los consumidores fortalezcan sus estrategias para hacer valer la Ley de Aviación Civil y la de Protección a los Consumidores, a fin de vigilar y sancionar, conforme la norma, prácticas como el llamado overbooking o "sobreventa de boletos" en aerolíneas, así como otros perjuicios a los consumidores de esta clase de servicios aéreos, como el extravío, daño o deterioro de equipaje, o los retrasos en la hora de salida y llegada de los vuelos. Se considera que lo anterior contribuiría a un mejor ejercicio de los derechos y obligaciones, tanto de usuarios como de los concesionarios de la industria aeronáutica, y mejoraría la percepción que se tiene a nivel nacional y en el extranjero de la industria aeronáutica del país.

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo antes mencionada, a fin de valorarlos, deliberar e integrar el presente dictamen.

En lo que respecta al análisis del marco normativo, el Punto de Acuerdo en cuestión realiza un repaso detallado de la legislación vigente, y los derechos y obligaciones que ésta establece para las partes del contrato de transporte aéreo, lo que se ha reproducido en el apartado II.

Los integrantes de esta Comisión compartimos la preocupación de la proponente respecto a los problemas que se presentan para los usuarios de los servicios de transporte aéreo en el país, y la afectación que se genera a sus derechos. Asimismo, consideramos importante que las dependencias del Gobierno Federal que cuentan con facultades legales para procurar mejoras en la prestación de estos servicios, y para aplicar sanciones a aquellos que incumplan la legislación vigente, redoblen sus esfuerzos con miras a dar cumplimiento a la normatividad y asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos de los usuarios y las obligaciones de los prestadores de servicios.

En virtud de lo referido con antelación, los integrantes de ésta comisión estimamos que el presente punto de acuerdo resulta procedente, aunque consideramos pertinente realizar una modificación en la redacción del resolutivo propuesto en virtud de conocer las políticas públicas que actualmente se llevan a cabo y su efectividad, teniendo en cuenta la relación entre el número total de pasajeros –considerando su aumento progresivo y sostenido– y el número total de quejas presentadas.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor, informen a esta Soberanía sobre las medidas que se implementan actualmente para la mejora del servicio de transporte aéreo comercial y la defensa de los derechos de los usuarios, así como la efectividad que presentan en el logro de dichos objetivos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a informar sobre las estrategias y líneas de acción para fortalecer las políticas públicas de protección de los derechos de los consumidores de servicios de la aeronáutica civil, ante el daño que a éstos les provoca la sobreventa de boletos, la cancelación de vuelos, el extravío, daño o deterioro del equipaje o los retrasos en la hora de salida y arribo de vuelos nacionales o internacionales que no sean provocados por cuestiones meteorológicas.

TECERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor, informen a esta Soberanía sobre los cambios en las políticas públicas y/o medidas concretas a aplicar en el futuro en la materia referida, en caso de existir estas previsiones.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, a realizar las gestiones necesarias para establecer una mesa de diálogo entre los representantes de los tres niveles de gobierno con los representantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y los líderes de organizaciones sociales de la entidad, con el objeto de crear una Comisión de Armonía y Desarrollo del Estado de Guerrero, como un mecanismo de coordinación interinstitucional que mejore las condiciones de colaboración, diálogo, análisis, discusión y conciliación de los conflictos sociales, así como la elaboración de estrategias, planes y proyectos que den solución a las problemáticas que aquejan a los guerrerenses, suscrita por el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El senador proponente manifiesta que en el Estado de Guerrero, igual que a nivel nacional, se han registrado numerosos hechos delictivos a los que se han sumado los asesinatos a líderes, activistas políticos, defensores de derechos humanos y periodistas.

Menciona además, que la inseguridad ha desencadenado el desplazamiento forzado en varias comunidades. El caso más radical lo encontramos en la Sierra de Guerrero y en los municipios de San Miguel Totolapan, Apaxtla de Castrejón y Heliodoro Castillo.

Dice el proponente que actualmente, no se tiene un registro exacto de los desplazados, no existe un marco legal y políticas coordinadas para atender este conflicto.

Aunado a lo anterior, refiere que la reciente proliferación de grupos civiles de autodefensa y policías comunitarias ha sido inducida por la creciente ola de violencia y de inseguridad.

En los pueblos indígenas la autodefensa ha sido el último recurso al que acude la ciudadanía para defenderse de amenazas de la delincuencia y el crimen organizado, caciques locales, gobierno o megaproyectos.

Recuerda que la policía comunitaria tiene sustento en la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de Comunidades Indígenas de Guerrero. Además, es una figura social que se fundamenta en los usos y costumbres de los pueblos indígenas y se integra por ciudadanos de alta calidad moral.

Actualmente, además de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), existe la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Este grupo cuenta con unos 2 mil 600 policías comunitarios repartidos en unos 10 municipios aproximadamente, casi todos de la Costa Chica. La mayoría de las personas que integran estos dos grupos son campesinos, sin embargo, también hay maestros, albañiles, comerciantes, ganaderos, entre otros, mismos que no reciben ningún tipo de remuneración.

Considera el legislador que en consecuencia, todos los conflictos derivados por la ola de violencia han afectado la armonía del Estado de Guerrero y el tejido social de sus comunidades. De acuerdo con los dirigentes de la UPOEG, el objetivo de esta organización es resolver los conflictos para devolver la paz a los pobladores de los municipios.

Comenta el senador que los integrantes de la UPOEG han buscado tener acercamientos con representantes del Gobierno Federal y del Estado de Guerrero, con la intención de realizar las gestiones necesarias para crear la Comisión de Armonía y Desarrollo del Estado de Guerrero, a fin de que sirva como un órgano de coordinación interinstitucional en el cual confluyan organizaciones sociales y pueblos indígenas con los tres órdenes de gobierno, así como un canal de interlocución entre la sociedad y el gobierno para lograr la conciliación de los conflictos sociales y la atención a las demandas de los pobladores de manera eficaz.

Hace mención en sus consideraciones, que de acuerdo con la UPOEG, la Comisión de Armonía y Desarrollo del Estado de Guerrero deberá estar integrada por los Diputados Federales Guerrerenses, la Comisión de Gobierno del Congreso Local, un representante del Poder Ejecutivo Federal, un representante del Poder Ejecutivo Estatal, representantes del Poder Judicial, un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, contará con representantes de los ayuntamientos, de pueblos indígenas y de los afromexicanos.

Finalmente, considera que el dialogo permanente y constructivo es un instrumento que contribuye a la solución de conflictos sociales. Es necesario reflexionar las causas que los originan, a fin de poner en acción las medidas institucionales necesarias para la solución de un problema público, considerando en todo momento el valor de los derechos humanos.

Por las anteriores consideraciones, propone el siguiente punto de acuerdo:

“Punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, realizar las gestiones necesarias para establecer una mesa de diálogo de los representantes de los tres niveles de gobierno con los representantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y los líderes de organizaciones sociales de la entidad, con el objeto de crear una Comisión de Armonía y Desarrollo del Estado de Guerrero, como un mecanismo de coordinación interinstitucional, que mejore las condiciones, colaboración de diálogo, análisis, discusión y conciliación de los conflictos sociales, así como la elaboración de estrategias, planes y proyectos que den solución a las problemáticas que aquejan a los guerrerenses.”

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta dictaminadora coincide con lo expresado por el proponente, en la necesidad de poner en acción las medidas institucionales necesarias para la solución de un problema público tan grave como es la violencia que padecen los guerrerenses.

Esta  dictaminadora  considera que el diálogo abierto y la aplicación de proyectos para el desarrollo comunitario, son las únicas alternativas para destrabar el conflicto social en el Estado de Guerrero, ya que todavía hay condiciones para regular el sistema de justicia ciudadana por parte de las autoridades competentes.

Los integrantes de la Tercera Comisión coinciden en que la intención de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de dialogar con el gobierno es la más acertada, porque planean restablecer las negociaciones que puedan desactivar el conflicto social emanado de la inseguridad y violencia en esa entidad.

Cabe mencionar que hace algunos meses se realizaron reuniones entre el Gobierno del Estado e integrantes de la UPOEG, que acordaron que se reactivará el diálogo con la instalación de una mesa de trabajo y con la finalidad de buscar respuestas a las situaciones de violencia e inseguridad, así como para ir planteando los temas de desarrollo social.

Por su parte, el Gobierno del Estado informó a través de un comunicado que  se reunieron a puerta cerrada el mandatario estatal con el dirigente de la UPOEG y el encargado de despacho de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado (CODDEHUM),  quienes acordaron establecer una mesa de trabajo para analizar, consultar y regular la operación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de dicha organización en la entidad.

Derivado de estos acuerdos, se estableció el compromiso de una relación de respeto mutuo en el marco del pleno respeto a la ley y a los derechos humanos.

De igual manera, cabe mencionar que hace algunos meses,1 diputados federales por el Estado de Guerrero solicitaron por escrito al secretario de Gobernación,  restablecer el diálogo con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pero a la fecha no se ha recibido respuesta.

En el escrito piden que se retome el diálogo, ya que fue en la Secretaría de Gobernación donde se instaló una mesa de negociación con la UPOEG y por eso buscan que se retomen los trabajos, donde también se incluya al Gobierno del Estado.

En este contexto,  es que los integrantes de esta Tercera Comisión coincidimos con el proponente en la necesidad de solicitar a la Secretaría de Gobernación para que se restablezca el diálogo y se concrete una reunión de trabajo entre las autoridades y dirigentes de organizaciones sociales.

Consideramos que en un tema tan sensible como lo es la inseguridad debe haber una coordinación entre el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal  y las organizaciones ciudadanas, porque si no la hay, no se podrán establecer mecanismos de coadyuvancia y delimitación de funciones para después establecer un marco normativo legal.

Ante esta situación, los tres órdenes de gobierno deben reiniciar el diálogo y realizar las acciones necesarias que prevengan y combatan el delito, procurando la participación de la ciudadanía tanto en su diseño, como en su ejecución.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Guerrero, a informar el estado que guardan las mesas de diálogo con representantes de las distintas organizaciones sociales de esa entidad, con el objeto de atender y mantener una comunicación efectiva con estas organizaciones y los intereses que representan.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.

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TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo, a  que remita a esta Soberanía, un informe detallado sobre los resultados de las acciones del programa denominado "Operativo Vacaciones de Verano 2014", suscrita por el Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto del 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

El pasado 16 de julio del presente año, la Secretaría de Turismo (SECTUR) como dependencia coordinadora, a través de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico, puso en marcha el “Operativo Vacaciones de Verano 2014”, el cual tiene como objetivo brindar protección y seguridad a los turistas nacionales e internacionales, así como agilizar y facilitar su tránsito en el territorio nacional.

De acuerdo con la SECTUR, en el “Operativo Vacaciones de Verano 2014” participan diversas dependencias y entidades del Gobierno Federal, con acciones de vigilancia en carreteras, así como en las distintas playas, los operativos de verificación a los prestadores de servicios turísticos y de vigilancia en los diversos destinos, así como las acciones que le corresponden a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), la Policía Federal y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a fin de garantizar la seguridad de los vacacionistas.

Para llevar a cabo dichas acciones se señaló que 252 carreteras se reforzarían por medio de patrullaje de agentes federales, así como la instalación de 77 campamentos, de los cuales, 52 serían en coordinación con la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración (Programa Paisano).

Por lo que hace a la Cruz Roja Mexicana, se informó que durante el periodo vacacional se integró el apoyo de voluntarios y ambulancias para atender incidencias a nivel nacional.

La SECTUR indicó que, a través de los llamados Ángeles Verdes, buscaría atender a más de 100 mil vehículos y aproximadamente a 400 mil turistas, mediante más de 700 elementos y 400 unidades, así como proporcionar información, orientación y auxilio a los turistas a través del número gratuito 088.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en coordinación con CAPUFE, así como de las concesionarias de vías generales de comunicación, dispondrían de medios electrónicos que facilitan, en tiempo real, el reporte de incidencias en la red carretera concesionada.

La Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, llevaría a cabo exámenes médicos, tanto en autotransporte, transporte marítimo y ferroviario, para asegurar el correcto estado de salud de los conductores y garantizar la vida de quienes hacen uso de cualquier medio de transporte.

Por su parte el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dispondría de 160 personas de apoyo que brindarían información y agilizarán la atención a los usuarios de  las Terminales 1 y 2.

El Instituto Nacional de Migración (INAMI), con el Programa Paisano, que promueve el ingreso y tránsito seguro de mexicanos radicados en el extranjero, buscaría sugerir 3 rutas para el ingreso y tránsito a México: carretera 15 México-Nogales, Carretera 45 México-Cd. Juárez y 57 México-Piedras Negras.

Es importante señalar que, el INAMI a través de la red consular de México, ha distribuido más de 800 mil ejemplares de la Guía Paisano 2014, y ha dispuesto 988 observadores de la sociedad civil, que orientarán y brindarán información mediante 166 módulos fijos y 198 puntos de observación ubicados en los Centros de Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV), puentes y aeropuertos internacionales, centrales de autobuses, presidencias municipales, carreteras, casetas de peaje, así como establecimientos comerciales.

A fin de garantizar la protección de menores, se facilitaría el tránsito de los mismos utilizando el formato “Salida de Menores” (SAM), con el cual, los niños, niñas y adolescentes pueden viajar al extranjero sin compañía de sus padres.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispuso que, a fin de reforzar las aduanas, a través de la Administración General de Aduanas del  Sistema de Administración Tributaria (SAT), dispondría de 2,455 oficiales de comercio exterior, en 49 aduanas de México, y con más de 120 elementos de servicio social como apoyo en las 10 aduanas de mayor afluencia (AICM, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Nuevo Laredo, Reynosa, Tijuana, Matamoros, Piedras Negras y en las oficinas de la Administración General de Aduanas).

Asimismo, la Secretaría de Marina en el ámbito de sus atribuciones, llevaría a cabo recorridos de vigilancia terrestre, marítima y aérea, con acciones específicas en los 11 mil kilómetros de litoral que corresponden a los 17 estados costeros con los que cuenta el país.

A su vez la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) llevaría a cabo las inspecciones fitozoosanitarias en aduanas, puertos y aeropuertos, así como las acciones para sensibilizar a turistas sobre productos vegetales y animales exentos de certificación sanitaria, que pueden traer consigo si piensan viajar a nuestro país.

A fin de garantizar el esparcimiento vacacional, y preservar la flora y fauna de nuestro país, así como las áreas protegidas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha informado que existen 44 Áreas Naturales Protegidas consideradas como turísticas, con la posibilidad para el visitante de adquirir el Pasaporte de la Conservación, mediante el cual, los turistas podrán visitar cualquier área natural protegida federal cuantas veces quiera a lo largo de todo el año, por un pago único de 291 pesos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Implementa el Programa Playas en Regla, en los 17 estados costeros; se tienen contempladas, en este periodo, acciones en 264 playas de 54 municipios, con la participación de 180 inspectores, aproximadamente. Asimismo, atenderá quejas o denuncias de su competencia, a través de medio telefónico, buzones e internet.

El presente punto de acuerdo es necesario toda vez que la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, dio a conocer cifras preliminares que indican que Cancún registró índices de ocupación hasta de 96.6 por ciento durante el periodo vacacional verano 2014, también reportó que Ixtapa alcanzó una ocupación hotelera de 90.6 por ciento; en Los Cabos de 86.3 por ciento y en Huatulco de 96.6 por ciento, también señala que han llegado al país casi un millón 100 mil extranjeros

Por otra parte la Confederación de Organizaciones Turísticas para México y América Latina (COTAL) señala que el número de establecimientos de hospedaje creció tres por ciento, al pasar de 17 mil 669 en 2012 a 18 mil 199 en 2013 y el número de cuartos aumentó de 660 mil 546 a 672 mil 296, lo que representó 1.8 por ciento más habitaciones, y con ello el incremento de más vacacionistas en los distintos destinos del país.

En ese mismo reporte se da  conocer que se han trasladado a nuestro país, por diversos caminos de cuota a cargo de CAPUFE, poco más de 396 mil 965 mexicanos residentes en el extranjero, asimismo han cruzado más de 81 millones de automóviles, para pasar vacaciones de verano.

Es importante destacar que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), como el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), han registrado hasta ahora la presencia de 280 mil 057 visitantes a museos en la temporada.

El periodo vacacional de verano concluye formalmente el 17 de agosto próximo, y es importante que la SECTUR informe sobre los resultados de las acciones que implementó por medio del programa “Operativo Vacacional de Verano 2014”.

B. Con lo anterior, formula el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo, a  que remita a esta Soberanía, un informe detallado sobre los resultados de las acciones del programa denominado "Operativo Vacaciones de Verano 2014".  

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y  dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y presenta las siguientes observaciones:

El pasado 16 de julio del presente año, la Secretaría de Turismo (SECTUR) puso en marcha el “Operativo Vacaciones de Verano 2014”, el cual tiene como objetivo brindar protección y seguridad a los turistas nacionales e internacionales, así como agilizar y facilitar su tránsito en el territorio nacional.

En el anuncio, la Secretaría de Turismo informó que participan diversas dependencias del Gobierno Federal con acciones de vigilancia en carreteras y operativos de verificación a los prestadores de servicios en los diversos destinos turísticos.

Cabe destacar que desde la creación del Gabinete Turístico hace casi un año, 12 dependencias, 19 organismos públicos y 3 privados se coordinan para brindar protección y seguridad a los paseantes durante los períodos vacacionales.

Algunas acciones que se pretendían instrumentar con el Operativo Vacaciones de Verano 2014, son las siguientes:

I. 252 rutas seguras patrulladas por agentes federales, así como 77 campamentos, de los cuales, 52 son en coordinación con la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración (Programa Paisano).

II. La Secretaría de Turismo, a través de Ángeles Verdes, atendería a más de 100 mil vehículos y aproximadamente a 400 mil turistas, mediante más de 700 elementos y 400 unidades.

III. En el número gratuito 088, se proporcionaría información, orientación y auxilio a los turistas.

IV. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con Caminos y Puentes Federales, así como de las demás concesionarias de vías generales de comunicación, dispondrían de un chat y página que facilitaría, en tiempo real, el reporte de incidencias en la red carretera concesionada.

V. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dispondría de 160 personas de apoyo que brindarían información y agilizarían la atención a los usuarios de  las Terminales 1 y 2.

VI. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, practicaría exámenes médicos, tanto en autotransporte, transporte marítimo, ferroviario y aerotransporte, para asegurar el correcto estado de salud de los conductores.

VII. El Instituto Nacional de Migración, con el Programa Paisano, promovería el ingreso y tránsito seguro de mexicanos radicados en el extranjero, al sugerir 3 rutas para el ingreso y tránsito a México: carretera 15 México-Nogales, Carretera 45 México-Cd. Juárez y 57 México-Piedras Negras.

VIII. Se continuaría con la facilitación de tránsito con el formato “Salida de Menores”, con el cual, los niños, niñas y adolescentes podrían viajar al extranjero sin compañía de sus padres.

IX. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Administración General de Aduanas del  SAT,  dispondría de 2,455 oficiales de comercio exterior en 49 aduanas, y con más de 120 elementos de servicio social como apoyo en las 10 aduanas de mayor afluencia (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Nuevo Laredo, Reynosa, Tijuana, Matamoros, Piedras Negras y en las oficinas de la Administración General de Aduanas).

X. El Servicio de Administración Tributaria exentaría de derechos de pago de importación con una franquicia de 500 dólares por persona, acumulables entre los miembros de una familia.

XI. La Secretaría de Marina, con recorridos de vigilancia terrestre, marítima y aérea, desplegaría acciones específicas en los 11 mil kilómetros de litoral que corresponden a los 17 estados costeros con los que cuenta el país.

XII. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realizaría trabajos de inspección fitozoosanitaria en aduanas, puertos y aeropuertos, así como acciones de sensibilización a turistas sobre productos vegetales y animales exentos de certificación sanitaria.

XIII. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas informaría que se encuentran listas las 44 Áreas Naturales Protegidas consideradas como turísticas, con la posibilidad para el visitante pudiera adquirir el Pasaporte de la Conservación, mediante el cual los turistas podrían visitar cualquier área natural protegida federal cuantas veces quiera a lo largo de todo el año por un pago único de 291 pesos.

XIV. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,  implementaría el Programa Playas en Regla en los 17 estados costeros; tenía contempladas en este periodo, acciones en 264 playas de 54 municipios, con la participación de 180 inspectores aproximadamente. Asimismo, atendería quejas o denuncias de su competencia a través de medio telefónico, buzones e Internet.

XV. La Cruz Roja Mexicana informaría que durante el periodo vacacional  contaba con el apoyo de voluntarios y ambulancias para atender incidencias a nivel nacional.

XVI. La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), brindaría atención a pasajeros vía terrestre en las terminales y flota de autobuses, implementando logística y corridas adicionales requeridas.

XVII. La Secretaría de Marina llevaría a cabo recorridos de vigilancia terrestre, marítima y aérea, con acciones específicas en los 11 mil kilómetros de litoral que corresponden a los 17 estados costeros con los que cuenta el país.

El sector turismo ha registrado un alza sin precedente en estos dos últimos años, que ha traído beneficios a miles de familias mexicanas.

Cabe destacar además,  que la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal informó que en los principales centros turísticos las cifras preliminares respecto de los índices de ocupación hotelera fueron del orden del 92.5 por ciento.

Por otra parte, la Confederación de Organizaciones Turísticas para México y América Latina (COTAL), señala que el número de establecimientos de hospedaje creció tres por ciento, al pasar de 17 mil 669 en 2012 a 18 mil 199 en 2013 y el número de cuartos aumentó de 660 mil 546 a 672 mil 296, lo que representó 1.8 por ciento más habitaciones, y con ello el incremento de más vacacionistas en los distintos destinos del país.

Al cierre del primer semestre del año, el ingreso de divisas por visitantes internacionales registró un crecimiento cercano al 18 por ciento, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Se captaron 8 mil 435 millones de dólares por turismo internacional, lo que representó un incremento de 17.6 por ciento con respecto a igual lapso de 2013.

El flujo de turistas internacionales alcanzó 14.2 millones de personas, cifra superior en 19.6 por ciento en relación con el mismo periodo del año pasado.

Las alzas sin precedentes de dos dígitos que reporta el Banco de México dan muestra del gran momento que vive el sector turístico en nuestro país.

En este sentido, consideramos importante que a través de los programas de seguridad implementados por el Gabinete Turístico, México reposicione su industria turística a nivel global para continuar con el esfuerzo modernizador del Gobierno de la República.

Esta Comisión dictaminadora considera que es tiempo de consolidar y aprovechar el gran capital turístico con que cuenta nuestro país, ya que genera una importante derrama económica que impulsa  el crecimiento sostenido y genera empleos que mejoran la calidad de vida de los mexicanos.

Es a partir de estas consideraciones que se considera pertinente que la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal dé a conocer los resultados obtenidos en el “Operativo Vacacional de Verano 2014” y, si éstos, corresponden al anuncio realizado el pasado 16 de julio.

Finalmente, cabe recordar que el periodo vacacional de verano concluye formalmente el 17 de agosto próximo. Es por ello, que consideramos importante que la Secretaría de Turismo informe sobre los resultados de las acciones que implementó por medio del Programa y si la labor que realizan los sectores público, privado y social a través del Gabinete Turístico están dando los frutos esperados.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Turismo, a remitir a esta Soberanía un informe detallado sobre los resultados de las acciones del programa denominado "Operativo Vacaciones de Verano 2014". 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a considerar y determinar la inclusión dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, de una partida presupuestal para la prevención y atención del acoso escolar o bullying, suscrita por la Senadora

Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

II. CONTENIDO.

La proposición con punto de acuerdo propone exhortar a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a considerar y determinar la inclusión dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, de una partida presupuestal para la prevención y atención del acoso escolar o bullying.

La proponente recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; y que la propia Convención y el marco normativo nacional contemplan el principio del interés superior del niño el cual mandata a las autoridades de todos los ámbitos a observarlo como un rol prioritario en las políticas públicas para la niñez, para brindar satisfacción integral a sus derechos. Por lo dicho, considera surge la necesidad de que bajo este principio se analicen las actuaciones del Estado respecto a la temática del Bullying o acoso escolar.

Según lo expuesto, el derecho a la educación, que el Estado debe garantizar, sólo puede asegurarse en un entorno seguro y democrático.

Tomando las palabras de Rosario Ortega, especialista en el tema (2008), se caracteriza el Bullying como un fenómeno de agresividad injustificada que puede ser de mayor o menor nivel de gravedad, pero que siempre es violento y deteriora las relaciones sociales en la escuela; en el Bullying se da una interacción de dominio-sumisión que, en caso de prolongarse, da lugar a procesos de victimización. Se trata de actos ejecutados dentro de una relación desigual de poder.

Se expone que según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en incidencia de acoso escolar.

Se repasan datos diversos de estudios realizados en el país: el 43.2 por ciento del personal docente de la Secretaría de Educación Pública mencionó que habían detectado casos de Bullying en su escuela; el 92 por ciento de estudiantes de nivel primaria y secundaria reportaron acoso escolar, y 77 por ciento ha sido víctima; en nivel primaria cerca del 80 por ciento de niños expresaron estar viviendo, observando y/o ejerciendo violencia hacia y por parte de sus compañeros de escuela, en secundaria es de 63 por ciento, mientras que en preescolar la cifra llega a 36 por ciento.

La proponente considera necesario promover y construir en las escuelas una convivencia armónica, y que el Estado desarrolle un trabajo interinstitucional y coordinado con el objeto de prevenir y atender el acoso escolar. También destaca la importancia del rol de la familia, los maestros y las autoridades educativas.

Recuerda que desde el inicio de la Legislatura la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia impulsó un Acuerdo Legislativo que establece el compromiso de las y los senadores de generar propuestas legislativas adecuadas a las condiciones actuales de la niñez y la adolescencia mexicana. En concordancia con dicho Acuerdo el 30 de abril el Senado de la República suscribió la Iniciativa diez por  la infancia, con la presencia de la representación del UNICEF y de la Red por los Derechos de la Infancia en México, por lo que las Senadoras y los Senadores se comprometieron a incluir los derechos de la niñez y la adolescencia como prioridad en la agenda legislativa, incentivando el análisis y debate político sobre la urgencia de construir las políticas públicas que garanticen y protejan de forma integral sus derechos, e impulsando las reformas, adiciones y propuestas legislativas para prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Informa que los legisladores trabajan para que a la brevedad se tenga una Ley General que contemple un Sistema Integral para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el país; recordando nuevamente que el Estado Mexicano debe observar el interés superior de la infancia como principio contemplado en la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño.

Recuerda que observando el referido principio, recientemente las diversas dependencias del Ejecutivo federal involucradas iniciaron acciones para prevenir y erradicar esta problemática, donde destaca la Secretaría de Educación Pública (SEP), que anunció 15 acciones contra el acoso escolar o Bullying, que incluyen crear una instancia oficial en cada estado para atender casos, y desarrollar campañas permanentes contra la violencia en los planteles escolares.

Finalmente, la proponente considera que se requiere de acciones permanentes para atender el Bullying, por lo que se considera necesario que se destinen recursos suficientes para que dichas acciones se fortalezcan y se logre el objetivo de garantizar la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo antes mencionada, a fin de valorarlos, deliberar e integrar el presente dictamen.

Los integrantes de esta Comisión compartimos la preocupación de la proponente por un tema de suma importancia para la integridad de las niñas, niños y adolescentes, y que lamentablemente presenta una tendencia creciente en distintas escuelas de todo el país: el acoso escolar o bullying.

En lo que respecta a las políticas públicas destinadas a atender esta problemática, es importante recordar que el pasado 23 de mayo el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó al Secretario de Educación Pública a acelerar la instrumentación de la Política Nacional para una Escuela Libre de Acoso Escolar o bullying, que es parte de los compromisos asumidos por el mandatario1. Esta política preveía que sociedad y autoridades conformaran un frente común para que no se repitieran tragedias por bullying.

Por otra parte, a principios del mes de junio la Secretaría de Gobernación (SEGOB) dio a conocer la implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia2, que se convierte en el instrumento rector de la política pública en la materia. Se trata de una estrategia que busca orientar las acciones a la atención de las causas, factores de riesgo y precursores de la violencia y la delincuencia, así como el fortalecimiento de los factores de protección, mediante: el desarrollo de competencias ciudadanas para la prevención social; la prevención de la violencia y la delincuencia en niñas y niños, jóvenes, mujeres, víctimas de las violencias y la delincuencia, población penitenciaria y sus familias; la generación de empleos y proyectos socio-productivos; intervenciones socio-urbanas; y el fortalecimiento de capacidades institucionales. El Programa está destinado a aplicarse en los ámbitos familiar, escolar y comunitario.

Por otra parte, el pasado 31 de julio la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), presentó el Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar (PACE)3. Esto en cumplimiento del acuerdo 46 Presidencial de la Política Nacional para una Escuela Libre de Acoso y del 29 Secretarial del Plan Nacional para una Escuela Libre de Acoso.

Como lo expresara la SEP en su comunicado 223, el PACE, es un programa educativo preventivo que se implementará en las escuelas de educación básica, que busca fortalecer la convivencia basada en aprender a aprender y aprender a convivir. Se sustenta en el marco normativo y en los principios pedagógicos para favorecer la convivencia inclusiva, democrática y pacífica, a partir de diversas acciones, una de las cuales es elaborar materiales que contribuyan al trabajo académico de maestros y alumnos en el aula. En ese sentido, a los maestros se les dotará de una guía del facilitador para que tengan conocimiento y manejo del material del alumno, además de compartir estadísticas o situaciones cotidianas de acuerdo a su contexto particular que hacen que la temática cobre relevancia.

Por su parte, los alumnos recibirán materiales didácticos que les permitan recapacitar y valorar las condiciones necesarias para mejorar su convivencia escolar enfocados principalmente en la autoestima, manejo de las emociones, convivencia, reglas, manejo de conflictos y la participación integral de la familia.

En paralelo se desarrolla la campaña #YoNoLeEntro en los medios masivos de comunicación (prensa, radio, televisión y redes sociales), con el objetivo de crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de apoyar la convivencia escolar en los planteles de educación básica públicos y privados a nivel nacional.

Finalmente, no se puede dejar de mencionar el “Protocolo de Actuación para la Escuela Libre de Violencia” presentado recientemente por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y que es resultado del compromiso firmado entre el SNTE y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)4. Se entregaron copias de dicho Protocolo a la SEP, al presidente del Consejo Nacional de Participación Social, a los gobernadores, y a las escuelas del país. De esta manera se suman acciones desde este ámbito en contra del acoso escolar.

En virtud de lo referido con antelación, los integrantes de esta comisión consideramos que el presente punto de acuerdo resulta procedente, aunque estimamos pertinente realizar una modificación en la redacción del acuerdo propuesto, agregando un resolutivo primero. Habida cuenta de que existen políticas concretas que promueven acciones para combatir el problema del acoso escolar, resulta importante conocerlas y saber con qué presupuesto cuentan antes de solicitar una partida exclusiva para ello en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2015. Es claro que para destinar presupuesto previamente debe existir una política pública.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Gobernación, envíen información a esta Soberanía sobre las acciones desarrolladas en el marco de las políticas públicas que ejecutan las dependencias a su cargo para atender el problema del acoso escolar o bullying.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública, de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a considerar y determinar la inclusión dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2015, una partida presupuestal para la prevención y atención del acoso escolar o bullying.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.

1 http://www.presidencia.gob.mx/escuelas-libres-de-acoso-escolar/

2 http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Programa_Nacional_para_la_Prevencion_Social_de_la_Violencia_y_la_Delincuencia

3 http://www.comunicacion.sep.gob.mx/index.php/comunicados/julio-2014/635-comunicado-223-sep-presenta-programa-a-favor-de-la-convivencia-escolar

4 http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/snte-protocolo-bullying-1030511.html






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guerrero para que realice la donación de veinticinco torres guardavidas a la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco; asimismo, para que contemple destinar una partida presupuestal al pago de los guardavidas necesarios para cumplir con el resguardo de los turistas en la bahía de Santa Lucia, Acapulco Guerrero, suscrito por el senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El senador proponente manifiesta que se le conoce como guardavidas al responsable de la seguridad de las personas en una zona de agua, y por lo general de un área definida de inmediato alrededor de o junto a ella, como una playa al lado de un océano o un lago. La prioridad de esta persona es garantizar que no sufran daño alguno los usuarios del área de la cual son responsables.

Para desempeñar plenamente sus funciones deben de contar con torres guardavidas para tener una buena visibilidad de la playa, así como tener diversas herramientas de apoyo; salvavidas, cuatrimotos, motos acuáticas, etc.

También deben de estar entrenados ante un ahogamiento por sumersión de algún turista y brindar una reanimación pulmonar (RCP), mejor conocida como respiración de boca a boca. Con esta acción se puede salvar vidas antes de que llegue la ayuda de emergencia y la persona tiene una probabilidad mucho mayor de sobrevivir.

Refiere que en la playa más visitada del Estado de Guerrero, Acapulco, específicamente en la bahía de Santa Lucía, salvaguardar la vida de los vacacionistas y lugareños debe convertirse en una prioridad. Varias personas fallecen por ahogamiento en las playas de este puerto, a causa de, no saber nadar, nadar bajo el efecto del alcohol, alto oleaje, entre otros. Es por este motivo que se requieren construir más torres salvavidas y la contratación de más guardavidas.

Según datos proporcionados por la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco, del 1 de septiembre del 2013 al 30 de junio del 2014, han habido 182 rescates acuáticos, de los cuales, 84 son de enero a junio del presente año.

El titular de dicha instancia, señaló que en el puerto de Acapulco se requiere con urgencia la instalación de 25 torres salvavidas y la contratación de 20 guardavidas que cuiden los más de 21 kilómetros de playa.

Menciona que actualmente, la bahía de Santa Lucía cuenta con tan solo 15 torres salvavidas, de las cuales, algunas se encuentran deterioradas a causa del mar. Detalló que la construcción de cada torre para salvavidas tiene un costo no mayor a doce mil pesos.

La dependencia tiene a su cargo 38 salvavidas, los cuales se encuentran distribuidos en las playas de la Roqueta, Caletilla, Caleta, Dominguillo, Bocana, Tamarindo, Bocanita, Hornos, Papagayo, Avalón, Morro, Continental, Marbella, Condesa, Presidente, Calinda, El Cano, Copacabana, Cici, todas estas en la bahía de Santa Lucía.

Finalmente, dice que dicha dependencia requiere más personal para reforzar la vigilancia de los turistas y porteños en temporadas vacacionales para las playas de Caleta, Caletilla, Tlacopanocha, Papagayo, Morro, entre otras, ya que la cantidad de trabajadores son insuficientes para responder la demanda de los usuarios en temporadas altas y tienen un déficit de al menos veinte salvavidas para cubrir descansos y vacaciones.

Por lo anteriormente expuesto propone lo siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guerrero para que realice la donación de veinticinco torres guardavidas a la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en pleno respeto de la división de poderes exhorta al Ejecutivo del Estado de Guerrero se contemple destinar una partida presupuestal al pago de los guardavidas necesarios para cumplir con el resguardo de los turistas en la bahía de Santa Lucia, Acapulco Guerrero.”

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta dictaminadora coincide con lo expresado por el proponente, en la necesidad de realizar acciones que protejan la vida de los visitantes a las playas del puerto de Acapulco.

Con más de 5 Km de longitud de este a oeste y un total de 3 Km de norte a sur, esta bahía cuenta con una profundidad que alcanza los 60 metros, siendo protegida por las estribaciones de la Sierra Madre del Sur.

Esta bahía se ha convertido en la más atractiva del puerto de Acapulco debido a la belleza natural que encierra en ella. La Bahía de Santa Lucía es un buen lugar para descansar, conocer, disfrutar y divertirse.

No obstante lo anterior, la Promotora y Administradora de Playas en Acapulco, urgió al gobierno estatal, la necesidad de contar con más personal de guardavidas, a fin de poder salvar “muchas” vidas en lo que es la playa más larga de la localidad y más peligrosa por ser mar abierto.

El director de la Promotora y Administradora de Playas Rogelio Hernández Cruz, dijo que la dependencia a su cargo solo cuenta con 30 elementos que vigilan a los turistas en la zona de playas de la zona Dorada del puerto, y que en la zona Diamante no hay capacidad humana para dar cobertura de la supervisión de los turistas.

Por ello, ha reiterado una petición al gobierno del estado, para que amplíen el presupuesto de la dependencia estatal, que en 2013 fue de 31 millones de pesos, que con una ampliación de 55 millones, podrían subsanar el problema de falta de personal de guardavidas en la zona Diamante y poder salvar más vidas.

Esta dictaminadora coincide en la necesidad de destinar más recursos para la contratación de guardavidas; ya que con ello,  se van a salvar a muchas vidas sobre todo a esas áreas donde el estado tiene que ser el rector para que no haya tanta pérdida de vidas humanas en periodos vacacionales.

Muchos guardavidas de la Promotora de Playas, son capacitados por personal calificado de la Secretaría de Marina, los cuales son adiestrados en rescates marinos, en playa, y para cualquier accidente de deportes acuáticos por marea alta u oleaje elevado.

De acuerdo con datos de la misma Promotora de Playas, en 2009 se registraron 324 rescates con 11 personas muertas por ahogamiento, en el año 2010 hubo 253 rescates con 8 muertos por ahogamiento, en el 2011 hubo 156 rescates con una persona ahogada, en el 2012 se realizaron 367 rescates con un muerto ahogado.

Por su parte, el coordinador de los guardavidas de la Promotora de Playas, manifestó también que en ese organismo se carece de equipo, uniformes y torres salvavidas, además que la cantidad de trabajadores son insuficientes para responder la demanda de los usuarios en temporadas altas.

Manifestó  que les falta equipo, como salvavidas a los que les dicen “salchichas” o “torpedos”, que las torres están deterioradas y con un déficit de al menos 20 salvavidas para cubrir descansos y vacaciones.

De un total de 29 torres salvavidas que había en la bahía de Santa Lucía, ahora se cuentan con 16 y todas en malas condiciones porque el mar las ha deteriorado mucho.

Durante la reciente temporada vacacional se tuvo un saldo blanco porque hubo coordinación con las autoridades federales como la Armada y Protección Civil estatal, quienes resguardaban algunas zonas.

Sin embargo, argumentan que tanto los marinos como la dependencia estatal sólo se sumen a las labores de vigilancia en temporadas vacacionales, cuando ellos trabajan los 365 días del año.

Comentó que las playas Caleta, Caletilla y Papagayo son las que más incidentes registran porque las personas ingresan a nadar alcoholizadas.

Es por ello necesario que las autoridades inviertan más recursos para la adquisición de equipo, así como para la contratación de al menos 20 salvavidas más.

Hay quejas de los guardavidas por la falta de uniformes, silbatos y un vehículo especial para trasladar a los lesionados después de que fueron rescatados sufren alguna lesión. Se necesitan algo tipo camioneta o ambulancia para poder trasladar a los lesionados porque hay personas que salen luxadas de alguna extremidad e incluso de las cervicales.

Como se mencionó anteriormente, además de las carencias para desempeñar mejor su trabajo, también les hacen faltan botiquines de primeros auxilios porque hay torres completamente deterioradas o que ya no existen. Más de la mitad se han perdido debido a las tormentas, a las marejadas y al uso que se ha dado en cuatro años

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero para que realice la donación de veinticinco torres guardavidas a la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en pleno respeto de la división de poderes, exhorta al Ejecutivo del Estado de Guerrero se contemple destinar una partida presupuestal al pago de los guardavidas necesarios para cumplir con el resguardo de los turistas en la bahía de Santa Lucia, Acapulco Guerrero.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y al Comité Técnico del Fideicomiso 10230 a dar cumplimiento a la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de fecha 27 de marzo de 2014, suscrita por el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

La Proposición enunciada fue enlistada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente del 13 de agosto de 2014, y turnada para estudio y dictamen a esta Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

‹‹Al inicio de los años 40 del siglo pasado, al término de la Segunda Guerra Mundial, dadas exigencias de las circunstancias económicas que trajo como resultado esa conflagración, los gobiernos de México y de los Estados Unidos establecieron el Programa de Trabajadores Migratorios, mejor conocido como Programa Bracero.

Mediante este programa bilateral aquel país recibió entre 1942 y 1964, de manera más o menos regulada y relativamente segura, miles de trabajadores migratorios, conocidos desde entonces como Braceros, para desarrollar actividades productivas en diferentes ramas económicas.

Dentro de ese programa quedó establecido por los dos gobiernos, que el de Estados Unidos descontaría a cada trabajador migratorio dentro del programa, un porcentaje de cada dólar ganado para ser depositado en una cuanta oficial del Gobierno de México como caja de ahorro individualizada, con el fin, que al término de su contrato y regreso a sus lugares de origen contaran con recursos seguros e incrementados y con sus familias pudieran emprender actividades productivas, aprovechando la experiencia adquirida durante su estancia laboral en el vecino país.

Los trabajadores cumplieron, el gobierno estadounidense también, el Estado Mexicano, no: durante más de veinte años cientos de miles de trabajadores migrantes depositaron un porcentaje del producto de su esfuerzo, que al regresar y exigirlo, les fueron negados por la voracidad de las instituciones y la corrupción de los funcionarios responsables de administrarlos.

Los braceros mexicanos, todos ellos de la tercera edad y muchos ya fallecidos, emprendieron desde entonces una lucha, de la que muchos de nosotros fuimos testigos porque incluyó campamentos semipermanentes a las afueras de este recinto parlamentario, hasta lograr, a mediados de la primera década de este siglo, ser escuchados por los legisladores y atendidos parcialmente en sus demandas.

En consecuencia, el Congreso de la Unión, a instancias de los legisladores y especialmente la Cámara de Diputados, generó la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo De Apoyo Social

Para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, vigente al día de hoy, avalada con la firma del Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente entonces de esta Cámara.

Esta Ley, para evitar demandas administrativas contra el Estado mexicano, no reconoce el derecho de los ex braceros, ni de que se trata de un acto de justicia: lo aborda como una medida unilateral mediante la cual entrega no el pago de una deuda, sino un “apoyo social” que “…no se considerará compensación, indemnización o retribución alguna a favor de ningún titular o beneficiario.”, y se entregará condicionado a que al recibirlo acepten “…por escrito liberar al Gobierno de México y sus dependencias, lo mismo que a cualquier otra institución pública mexicana, incluyendo órganos autónomos, de cualquier reclamo pasado, presente y futuro relacionado en cualquier forma con los Acuerdos Internacionales que dieron origen al Programa de Trabajadores Migratorios Mexicanos, sin reservarse ningún derecho o acción legal alguna que pudiera corresponderles por virtud de dichos Acuerdos.”

Sin embargo, años después, el gobierno de Felipe Calderón reconoció este derecho al intentar saldarlo mediante un Acuerdo Extrajudicial, el Caso No. 01 – 0892 CRB, típico de un acuerdo económico entre dos partes, para liquidar una deuda reconocida.

En los términos de la Ley, el Fideicomiso que se crea tiene por objeto “…otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta Ley a los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo…”; a través de un Fondo constituido en su suerte principal con recursos presupuestarios federales; operado por un Comité Técnico responsable de elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales autoriza otorgar un apoyo social por la cantidad de 38 mil pesos, con un orden de prelación que prioriza a los trabajadores del período 1942-1946 sobre los de ese año a 1964.

Pero como el que hace la norma hace la trampa, por un lado la Ley definió como beneficiarios a los propios braceros, sus cónyuges o concubinas, hijos o hijas o sus legítimos herederos, definiendo para acreditar este carácter requisitos y documentos las más de las veces mañosamente imposibles, con el claro fin de que fueran los menos a quienes hubiera que pagar esta deuda producto de la inmoralidad institucionalizada.

El Comité Técnico elaboró reglas de operación que resultan irracionalmente onerosas de cubrir y difíciles de solventar. Decenas de miles de personas no se pudieron registrar debido a que por el tiempo no cuentan ya con documentos para probar que participaron en el programa y la Secretaria de Gobernación se negó a otorgárselos; otros, en Estados Unidos, no pudieron hacerlo al no considerarse su atención en los consulados, que les negaron información, registro, servicios notariales y de apostillado; otros, la mayoría en ambos lados de la frontera, no pudieron hacerlo porque debían trasladarse a la frontera norte o a sus lugares de origen, lo que no pudieron hacer por sus precarias condiciones económicas y de salud.

Quienes pudieron hacerlo, tuvieron que dar vueltas y realizar viajes larguísimos y onerosos, para cobrar una cantidad que tenía ya más un valor simbólico que económico, muchas veces para encontrarse con que no pudieron cobrar los cheques debido a que fueron expedidos pero no fondeados.

En la presente administración esta Cámara, a pesar de los recursos solicitados y justificados por la Comisión de Asuntos Migratorios, omitió en el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 incluir la partida presupuestal correspondiente para el pago del apoyo social a 40 mil 87 ex -trabajadores migratorios o sus beneficiarios que cumplieron previamente con los requisitos establecidos, y que ascienden a1mil 523 millones de pesos.

Se recurrió entonces a un juicio de garantías, que solventaron con sus propios recursos y ganaron al Estado mexicano. El Poder Judicial de la Federación reconoció su derecho y concedió a los promoventes, unos 2 mil de los más de 40 mil afectados, amparo para efectos de que  “… el titular del Ejecutivo Federal realice la propuesta de afectación del presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, es decir que en su proyecto de Presupuesto General de Egresos 2014, contemple la partida presupuestal correspondiente a favor de la Secretaria de Estado encargada de otorgar el apoyo social, afecto de purgar la omisión en que incurrió respecto del Presupuesto para 2013 y, la Cámara de Diputados realice su aprobación en ese sentido, en relación con la partida que se destine para el pago de apoyo social a ex braceros y/o quienes acrediten tener el derecho a recibir ese apoyo; en el entendido de que los trámites subsecuentes, corresponden a la Secretaría del Despacho que se encarga de proporcionar el apoyo social, a través de la autoridad competente…”.

Compañeras y compañeros, los ex braceros –tan alabados por todos nosotros y por las autoridades en el discurso-- en México y en el exterior, en el reclamo de este derecho histórico han sido víctimas de toda clase de rapiñas al cruzar la frontera; al realizar trámites costosos que deberían ser gratis; al verse obligados a realizar viajes onerosos, inútiles y constantes para enfrentar burocracias insensibles, tanto en oficinas de gobierno como en los consulados, donde se les niega todo apoyo para tramites que requieren asistencia legal.

Y en el colmo, han sido víctimas de engaños que derivan en burla dolorosa, al pretender el gobierno mexicano saldar esta deuda histórica mediante acuerdos extrajudiciales nugatorios y entregarles cheques sin fondos.

En lo que hace a la resolución judicial aludida, es evidente que se ha hecho caso omiso, por lo que Ejecutivo y Legislativo estamos en desacato.››

B. Con lo anterior, formula el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a esta Cámara de Diputados a dar cumplimiento de la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de fecha 27 de marzo de 2014, sobre el amparo RA-160/2013, para que se cubra el Apoyo Social señalado por la Ley a todos los ex braceros que han salido en listas de pago y todos los que tienen folio;

SEGUNDO: A dar continuidad y vigencia al Fideicomiso 10230 para cumplir con esta obligación, y habilitar a los consulados de México en Estados Unidos para dar seguimiento a todos los trámites, incluyendo el pago.

TERCERO. Se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso a que, en un acto de elemental justicia, incluya para recibir dicho apoyo a los ex trabajadores migratorios que carecen de los documentos requeridos en las reglas de operación para reclamarlo, pero:

1. Cuenten con otros documentos que permitan identificarlos como beneficiarios de este apoyo;

2. Aun teniendo los documentos requeridos, por algún motivo no hayan podido reclamarlo hasta ahora;

3. Puedan ser identificados como beneficiarios a través de métodos alternativos, como ha sido el caso de las entrevistas personales que se han usado anteriormente con este fin.

CUARTO. Se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso a abrir nuevas mesas receptoras en la República Mexicana y en los consulados mexicanos en Estados Unidos, asegurando a todas las personas con derecho a recibir el Apoyo Social, la información, atención y servicios notariales necesarios, así como el servicio de entrega del apoyo social en dichos consulados.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y  dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y presenta las siguientes observaciones:

Entre 1942 y 1964, se aplicó el llamado “Programa Bracero”, en virtud del cual más de 4 millones 600 mil trabajadores mexicanos fueron contratados para trabajar en Estados Unidos, en los campos agrícolas y en la construcción de vías férreas, conforme a un Convenio Internacional de Trabajadores Temporales suscrito por ambos países.

Una de las cláusulas, establecía que se les deduciría 10 por ciento de sus salarios, a fin de constituir un fondo de ahorro, que sería enviado por el gobierno estadunidense al mexicano, y luego éste se los reintegraría una vez que ya estuviesen de regreso en sus comunidades de origen.

Hacia 1998, los ex braceros comenzaron a organizarse para reclamar tanto el pago de sus fondos de ahorro, como los intereses y actualizaciones correspondientes conforme a derecho.

En 2005, se expidió la “Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos” que estableció:

● Que el Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social Para Ex Trabajadores Migratorios, elaboraría y publicaría las bases y procedimientos a través de los cuales se autorizaría el apoyo social por una sola vez, por la cantidad base de 38 mil pesos en una sola exhibición; 

● Que a los beneficiarios que ya hubieran recibido un pago parcial de $4,000 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) se les debería cubrir la cantidad restante de $34,000 (Treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), de acuerdo a la convocatoria que el Comité Técnico publique en el Diario Oficial de la Federación.

● Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizaría las previsiones necesarias, a fin de que a los beneficiarios se les otorgara el apoyo social establecido en la Ley, en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

● Que la entrega del apoyo social establecido (en la fracción II del artículo 5) para el ejercicio fiscal de 2010, estaría sujeto al monto de los recursos que tuviera asignados el Programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 y que —en caso de que dicho monto no fuere suficiente para efectuar la entrega—, se podrían utilizar los remanentes de los ingresos excedentes netos, una vez que se hubieren realizado las asignaciones que dispone el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones jurídicas aplicables.

● Que la entrega del apoyo social establecido (en la fracción II del artículo 5) para el ejercicio fiscal de 2011, estaría sujeta al monto de los recursos que la H. Cámara de Diputados aprobara para dicho ejercicio fiscal.

● Que la Cámara de Diputados elaboraría un informe de impacto presupuestario a través del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a fin de que fuera analizado y valorado para la asignación del apoyo social en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011.

De 2005 a 2012, se han publicado en el Diario Oficial de la Federación cuando menos, 42 listas de ex braceros beneficiarios y/o sus familiares  y se asignaron recursos presupuestales para el pago de ese apoyo por más de 7 mil millones de pesos, que se han entregado a alrededor de 181 mil ex braceros.

Sin embargo, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas dependiente de la Cámara de Diputados existen aún 3 millones 233 mil 755 ex braceros o sus beneficiarios, en posibilidad de reclamar el pago de ese apoyo social.

Para los Presupuestos 2013 y 2014, ya no se incluyó la partida presupuestal respectiva, a pesar de que el fideicomiso continúa, ya no como fideicomiso 2106 sino que ahora se denomina fideicomiso 10230.

Según la Coordinadora Binacional de Ex Braceros (COBIEB), habría alrededor de 40 mil 87 ex braceros a quienes la propia Secretaría de Gobernación entregó un número de folio y aún no han recibido el pago señalado.

Respecto al recurso jurídico, tras investigar en la Cámara de Diputados, los integrantes de esta representación encontraron que la COBIEB interpuso juicio de amparo que se radicó ante el juzgado Decimoquinto de Distrito en materia administrativa con el número de expediente 38/2013, en el que se señaló como autoridades responsables al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a la Cámara de Diputados y como acto reclamado de esta última la “OMISIÓN EN QUE INCURRIO AL NO MODIFICAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS (EJERCICIO FISCAL 2013) DE LA FEDERACION QUE LE ENVIO EL EJECUTIVO”.

En el curso de este juicio de garantías, se rindieron los informes de Ley en tiempo y forma por lo que la autoridad determinó el sobreseimiento del juicio, el 15 de abril de 2013.

La quejosa impugnó dicha resolución vía el recurso de revisión, que se radicó bajo el toca número 160/2013, ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer de Circuito, quien determinó la revocación de la sentencia emitida por la Juez Decimoquinto de Distrito; sobreseyó la causa por cuanto hace al Titular del Ejecutivo Federal y otorgó el Amparo y Protección de Justicia Federal, respecto del acto reclamado a la Cámara de Diputados, destacando como efecto de dicho otorgamiento, lo siguiente:

“(…) que el Titular del Ejecutivo Federal realice la propuesta de afectación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, es decir que en su proyecto general de Egresos de la Federación de 2014 contemple la partida presupuestal correspondiente a favor de la Secretaría de Estado encargada de otorgar el apoyo social, a efecto de purgar la omisión en que incurrió respecto del presupuesto para 2013 y, la cámara de Diputados realice la aprobación en ese sentido, en relación con la partida que se destine para el pago de apoyo social a ex braceros y/o a quienes acrediten tener el derecho a recibir ese apoyo (…)”

La resolución emitida por el Tribunal, fue remitida a la Juez Decimoquinto de Distrito, para efectos de requerir el cumplimiento de la misma; sin embargo, ésta advirtió que existe una imposibilidad constitucional y legal para requerir al Presidente de la República en primer término y a la Cámara de Diputados en segundo, para que cumplan la sentencia, ya que la actuación de la segunda depende de la primera y por tanto determinó que la ejecutoria dictada es de imposible cumplimiento y consecuentemente remite de nueva cuenta los autos al tribunal de alzada.

Derivado de lo anterior, se inició el incidente de inejecución de sentencia, radicado ante el mismo Tribunal Colegiado (Tercero del Primer Circuito), bajo el número 25/2014, el cual se encuentra pendiente de resolución y a la fecha no se ha comunicado oficialmente resolución a la Cámara de Diputados.

En ese sentido esta representación considera que, al no haber una resolución firme, lo pertinente y adecuado es esperar a que el Poder Judicial emita de manera libre y espontánea su resolución y esperar a que ésta cause estado, para hablar de un acto consumado de autoridad y poder proceder sin vulnerar la facultad judicial.

De la misma forma refrenda el criterio de que, habida cuenta de la importancia y magnitud de la situación y considerando que el Poder Ejecutivo mantiene vigente el Fideicomiso 10230, se considera conveniente solicitar información respecto de los recursos del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social Para Ex Trabajadores Migratorios (Fideicomiso 10230), el número de personas que ya han cubierto los requisitos para hacerse acreedores a este apoyo social y las acciones que se tienen contempladas para cumplir con ellos en este ejercicio fiscal.

En tal virtud, resuelve que no proceden los resolutivos de la propuesta; en su lugar, se considera adecuado insistir en solicitar información respecto de la suficiencia de los fondos y el pago a quienes ya han reunido los requisitos y poseen un número de folio de parte de la Secretaría de Gobernación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios, remita un informe a esta Soberanía sobre los recursos con que cuenta el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios, así como el número de personas que ya han cubierto los requisitos para hacerse acreedores al pago a que se refiere el artículo 5, fracción II de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios en el ejercicio fiscal 2014, y las acciones que se tienen contempladas para cumplir con este pago.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta muy respetuosamente a los titulares de SCT, SEDESOL, SECTUR-FONATUR, al Gobierno del estado de Baja California Sur y a los municipios de Los Cabos y La Paz, a que en un corto plazo instauren mesas de trabajo para analizar si es técnicamente factible la construcción de un sistema de transporte Metrobús y de un tren suburbano, suscrita por el Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La proposición con punto de acuerdo propone exhortar muy respetuosamente a los titulares de SCT, SEDESOL, SECTUR-FONATUR, al Gobierno del estado de Baja California Sur y a los municipios de Los Cabos y La Paz, a que en un corto plazo instauren mesas de trabajo para analizar si es técnicamente factible la construcción de un sistema de transporte Metrobús y de un tren suburbano.

El proponente expone que el potencial de los transportes como motores del desarrollo económico y social los ha convertido en uno de los temas prioritarios en las agendas de los gobiernos del mundo; ya que dicha actividad es fundamental para apoyar el crecimiento sano y sostenido de la economía. México no es ajeno a esta realidad.

Argumenta que una política de promoción del transporte genera efectos positivos en el desarrollo de la nación al apoyar la integración nacional y el desarrollo regional. Así mismo, por su facultad de combate al aislamiento de la población y el respaldo que le otorga a los sectores generadores de divisas, donde la actividad turística ocupa un lugar relevante.

En opinión del proponente, en México resulta fundamental el fomento a las inversiones productivas que generen empleos y que, como ya se ha dicho, capten divisas. También lo es el establecimiento de mecanismos de mejora de calidad, acceso, eficiencia y cobertura de los servicios de transporte; todo ello con el propósito de apoyar la competitividad y productividad de la economía. Para que el país pudiera competir en mejores condiciones con destinos de alto nivel turístico la infraestructura del sector servicios debe contar con altos estándares de calidad, seguridad y efectividad que permitan el tranquilo, ágil y confiable tránsito de visitantes a través de todo el territorio nacional, sin importar la jurisdicción, camino, vialidad o medio por el que se circule.

Desde el punto de vista económico, el transporte influye en la determinación de los costos de producción y distribución de bienes y servicios, así como en la afluencia de visitantes a los centros turísticos. También es un importante generador de inversiones y empleos en prácticamente cualquier área productiva. El transporte constituye un elemento vital para el desarrollo comercial y turístico.

Es fundamental que quienes visitan el destino turístico de Los Cabos, se lleven una grata sensación de que en el destino turístico más importante de Baja California Sur, se cuenta con sistemas de transportes de alta calidad y que como en las grandes ciudades, incluyendo la Ciudad de México, en donde han sido exitosos proyectos sustentables, se innove con sustentos de carácter científico.

Se hace una breve reseña histórica sobre los distintos medios de transporte urbano de pasajeros, lo que incluye el metro

Se repasa la realidad de la Ciudad de México, analizando la contaminación que generan los automóviles que circulan diariamente, y la solución que plantea el sistema de transporte que la ciudad ha desarrollado, destacando el Metrobús.

Informa que en Baja California Sur existe una gran dependencia en el uso de automóviles usados, procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica, y que la gran mayoría ya no alcanza el estándar de circulación en dicho país por la simple razón de no pasar los controles ambientales. Al mismo tiempo, el uso indiscriminado de neumáticos usados, igualmente de origen norteamericano, mantienen latente un grave problema en los centros de acopio, pues no pueden ser reciclados por falta de tecnología.

Para alcanzar los objetivos y metas, se requiere llevar a cabo un conjunto de reformas estructurales que permitan elevar la rentabilidad social y económica de la inversión; y con ello, incrementar de manera significativa los recursos, tanto públicos como privados, destinados al desarrollo de infraestructura. Para ello se necesita:

- Promover la autorización de erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura.

- Impulsar los proyectos de rentabilidad social, con base en su factibilidad técnica, económica y ambiental.

- Promover una mejor coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, y con el sector privado, para el desarrollo de la infraestructura.

El transporte es un aspecto de la vida nacional que tiene efectos económicos, políticos, sociales y principalmente ambientales. Es necesario realizar acciones en pro del medio ambiente y sobre todo de los ciudadanos. Claramente el sector transporte incide en el desarrollo del país y es imprescindible para el cuidado del entorno.

Se busca mejorar la competitividad del país en cuanto a su infraestructura, ya que actualmente México se ubica en el lugar 64 de 125 en la materia; mientras que en América Latina ocupa el 7° lugar.

Menciona el proyecto del Tren Rápido Transpeninsular que se desarrollará en la Península de Yucatán, recordando que el 22 de enero de 2014 el Presidente Enrique Peña Nieto firmó el Convenio Marco para su concreción.

Considera que si en la otra península se está tratando de construir una vía rápida ferroviaria, también es preciso voltear a Baja California Sur, a fin de que se examine la posibilidad de contar de igual forma con medios de transporte más eficaces y amables con el medio ambiente.

A su vez, reconoce que resulta urgente dejar de usar combustibles fósiles, pues además de no ser renovables, son una importante fuente de contaminantes. Para disminuir sustancialmente el uso de combustibles fósiles, resulta trascendente e inminente la construcción de una vía rápida entre La Paz y Los Cabos, similar al tren suburbano que hace el servicio entre Buenavista, México D.F. y Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México; el cual beneficia a 4.8 millones de habitantes, de los cuales, 3 millones son del Estado de México. El suburbano tiene un ahorro en tiempos de viaje de hasta 70%. Además, la operación del tren reduce 14% las emisiones contaminantes en la región.

Destaca que un sistema de transporte de esta naturaleza permitiría mayores oportunidades económicas en Los Cabos; facilitando a los habitantes de la Ciudad de La Paz, a laborar en Los Cabos sin necesidad de vivir en dicho destino turístico. La gente contaría con la posibilidad de hacer viajes diarios de ida y regreso a Los Cabos o a La Paz, para trabajar, hacer compras o turismo, etcétera; además esos viajes representarían un menor impacto al entorno del que los automóviles dejan. Una de las mayores certezas que éste planteamiento tiene, es que se sumaría a los atractivos que brindan a los viajeros haciendo turismo. El objetivo es ofrecerle a la ciudadanía y a los turistas que visiten la región las mejores condiciones de transportación, atendiendo en todo momento el cuidado al medio ambiente.

III. CONSIDERACIONES.

Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo antes mencionada, a fin de valorarlos, deliberar e integrar el presente dictamen.

Los integrantes de esta Comisión compartimos la preocupación que expresa el Senador proponente, que plantea la posibilidad de mejorar los servicios de transporte público de pasajeros que se ofrecen en Baja California Sur, lo que impulsaría el potencial turístico del estado. Además de facilitar el traslado de los turistas, también se brindaría una nueva opción a los trabajadores vinculados al sector, que les permitiría trasladarse de una manera más eficiente, rápida y barata.

Es claro que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ya que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece, en su artículo 36 fracción I, que corresponde a esta dependencia: “Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país”. Además, se establece la rectoría de la SCT particularmente respecto a vías férreas, en las fracciones VII y VIII del mismo artículo.

Al mismo tiempo, el artículo 32 de dicha Ley establece los asuntos que debe despachar la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), entre los que se menciona, en la fracción XII: “Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo e inclusión social, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la participación de los sectores social y privado”. Considerando que desde la política de transporte también se puede atender un aspecto importante del combate a la pobreza.

Por su parte, el mismo ordenamiento legal establece, en su artículo 42 fracción XIX, que entre los asuntos que corresponde despachar a la Secretaría de Turismo se encuentra: “Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y estimular la participación de los sectores social y privado”.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) repasa temas de importancia central en el documento “Los cambios en los sistemas integrados de transporte masivo en las principales ciudades de América Latina”1:

“El transporte público es una herramienta fundamental para solucionar los problemas de transporte urbano y lograr una ciudad eficiente y equitativa, ya que el transporte público es más eficiente que el privado motorizado en términos de pasajeros transportados por unidad de espacio, consumo energético e impactos ambientales.” (CEPAL, p. 7)

“Además, se deben tener en cuenta sus características de equidad social y eficiencia de inversión de recursos públicos, pues la inversión en transporte público tiene repercusiones para poblaciones más grandes y de mayores necesidades que otras inversiones en transporte. En este sentido, el transporte público es más equitativo por:

• La mayor facilidad para las poblaciones de menores ingresos para acceder a este transporte en comparación con el transporte privado.

• La mayor accesibilidad a bienes y servicios que genera la existencia de un transporte público.

• La disminución de inseguridad vial al priorizarse el transporte público en las vías.

Por otra parte, las inversiones en transporte público son más eficientes dado que son mucho menores que las realizadas para el transporte privado.” (CEPAL, p. 8)

“La mejoría de los sistemas de transporte público es crucial para el desarrollo sostenible de una ciudad en términos sociales, ambientales, económicos, políticos y urbanísticos. Especialmente en ciudades en desarrollo, donde una proporción muy alta de la población se moviliza en transporte público (alrededor del 70-80%) y evitar el cambio modal hacia el automóvil particular por insatisfacción con el servicio de transporte público.”  (CEPAL, p. 8)

“A partir del sistema construido en Bogotá (TransMilenio), se ha visto un “boom” en América Latina y el mundo. En varias publicaciones se ha afirmado que esta opción llamada BRT es una opción muy eficiente de mejoría de sistemas de transporte público en países en desarrollo con base en parámetros de capacidad, costo, tiempo de construcción y otras variables.” (CEPAL, p. 13)

Recapitulando, existen diversos puntos positivos a tener en cuenta en relación con el Punto de Acuerdo en mención, entre los que destacan los relacionados con el medio ambiente (menores emisiones, uso de combustibles amigables), fuentes de empleo en la construcción, turismo (facilidad de traslado de turistas y trabajadores).

Por lo expuesto, resulta importante que se creen instancias para discutir la factibilidad de estos desarrollos, considerando distintos aspectos que han sido identificados por profesionales de transporte público respecto a la conveniencia de desarrollar sistemas férreos o de Bus Rápido, entre los que se incluyen: capacidad de los sistemas (pasajeros/hora/sentido), sostenibilidad del sistema a largo plazo, tiempo de construcción, costos capitales, necesidad de subsidio para operación, trabajo local o extranjero en el desarrollo y operación del sistema, y uso de espacio en superficie.

La realización de estudios rigurosos de factibilidad, y análisis de alternativas, para la realización de proyectos exitosos en sus ciudades, en el mediano y largo plazo, es uno de los retos que los expertos en transporte público han identificado particularmente para las ciudades a punto de desarrollar proyectos de mejoría de sus sistemas de transporte público.2

Finalmente, la inversión que debe realizarse resulta de consideración, siendo más importante en proyectos férreos, por lo que sería importante considerar la inversión que realizaría el gobierno federal y el gobierno estatal, y sus capacidades para hacerlo. Y, nuevamente, realizar un estudio de factibilidad y de impacto –ambiental, social y económico– del desarrollo de ambos proyectos sería fundamental.

En virtud de lo referido con antelación, los integrantes de esta comisión consideramos que el presente punto de acuerdo resulta procedente.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a la Secretaría de Turismo (SECTUR)-Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), al Gobierno del Estado de Baja California Sur y a los Municipios de Los Cabos y La Paz, a que en un corto plazo instauren mesas de trabajo para analizar si es técnicamente factible la construcción de un sistema de transporte tipo METROBÚS, del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo a la Marina del Puerto de Cabo San Lucas, y de San Pedro al Centro Histórico de la Ciudad de La Paz, ambos proyectos en Baja California Sur.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a las entidades mencionadas en el punto que antecede, a fin de que realicen conjuntamente una investigación profunda y se analice en las mismas mesas de trabajo si es técnica, científica y económicamente viable, la construcción de una vía férrea similar al tren suburbano de la Ciudad de México, que una a la Ciudad de la Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo, Baja California Sur, para contar en lo futuro con nuevos instrumentos de comunicación más acordes al medio ambiente.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), consultado el 18 de agosto de 2014, en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/35361/lcw229e.pdf

2 Ver CEPAL, p. 31






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Secretario de Economía, al Procurador Federal de Protección al Ambiente y al Comisionado del Gobierno Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, para que entablen un diálogo inmediato con la Unión de Ingenieros Mineros del Pacífico (UNIMPA) y demás actores sociales involucrados con la finalidad de resolver el estado de emergencia laboral en que se encuentra sumergido el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, suscrita por el Diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“En Michoacán, al igual que nivel nacional, la tasa de desocupación se incrementó de manera considerable. De acuerdo con datos del INEGI en mayo del 2012 la tasa de desocupación se sitúo en 3.35 por ciento y este año cerró con 4.36 por ciento de acuerdo a la población económicamente activa. En este orden de ideas es justo decir que dentro de los múltiples problemas que afronta Michoacán, el desempleo puede catalogarse como uno de los más graves de la entidad.

Desde noviembre de 2013, derivado de la fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada en el puerto de Lázaro Cárdenas y los problemas que esto conllevó de inseguridad, robo, extorsiones y la sustracción abierta de toneladas de materiales hierro provenientes de la industria minera y su comercialización ilegal en el mercado nacional e internacional con el consecuente financiamiento millonario a grupos delincuenciales, fueron cerradas 100 minas de mineral de hierro en los Municipios de Lázaro Cárdenas, Aguililla, Aquila, Arteaga, Coalcomán, Tumbiscatio, Coahuayutla, la Unión y Zihuatanejo ubicados en tierra caliente y la costa Michoacana y de Guerrero.

El 4 de marzo de 2014 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), implemento un operativo para cerrar los patios de carga y descarga del material de hierro. Este hecho de inmediato obligo a que la totalidad de las minas, con excepción de las que surten a la siderúrgica Lázaro Cárdenas, detuvieran sus operaciones, dado que resulta incosteable continuar con la excavación, extracción, traslado, almacenamiento y carga del material de hierro proveniente de las minas de los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aguililla, Aquila, Coalcomán, Tumbiscatio, Coahuayutla, la Unión y Zihuatanejo ya que no podían depositarse en las instalaciones portuarias y por tanto resulta imposible comercializarlas.

Con esto se detuvo de inmediato y de un solo golpe la contratación de mano de obra y el fantasma del desempleo se convirtió en una realidad inimaginable para una región con gigantescas reservas probadas de este material. Poblaciones enteras que vivían de la actividad minera dejaron de tener ingresos. Este es el punto de partida para un problema de desempleo que ha alcanzado un GRADO DE DESASTRE SOCIAL y ha provocado un ESTADO DE EMERGENCIA LABORAL que ha durado más de 4 meses sin que existan visos de solución para este problema y sin que las autoridades del ramo den respuesta a esta situación.

Que se entienda, NADIE defiende a los grupos delincuenciales y sus operaciones, así tengan derrama económica o generen una base social para estos grupos criminales. Que se les persiga con toda la fuerza del Estado es algo en que todos estamos de acuerdo.

Que las minas que servían de base para sus operaciones les sean expropiadas o retirado el título de concesión según sea el caso.

Que se revisen todas y cada una de ellas de manera exhaustiva, sus estados contables, sus operaciones financieras y que se realicen las auditorías que sean necesarias para establecer la licitud de sus operaciones. De lo que se trata es que se permita la reapertura de los patios y cada una de las minas que realicen sus operaciones siga un protocolo perfectamente definido para establecer que se encuentran en regla sus operaciones. Esto podría, por sí mismo, reactivar de manera inmediata el mercado de trabajo y resolver el problema de agudo desempleo que azota la región. Es una tarea que requiere esfuerzos de coordinación y requiere el involucramiento de los distintos actores. Es algo en lo que todos debemos estar comprometidos.

El pasado 23 de junio de 2014, cientos de trabajadores relacionados con la actividad minera en Michoacán como mineros, camioneros, transportistas, comerciantes en pequeño que han visto afectados sus empleos con el cierre de las minas y por tanto sus fuentes de ingresos, salieron a manifestarse y marcharon por el puerto de Lázaro Cárdenas para pedir dos cosas: 1) La reactivación de la economía en lo general y de la minería en lo particular, y 2) Solicitar una audiencia con el Comisionado del Gobierno Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Sin embargo nada de esto ha ocurrido.

El pasado 30 de junio de 2014, diversos tramos de la carretera Siglo XXI, entre Morelia y Lázaro Cárdenas, fueron cerrados grupos de mineros en demanda de atención a su problemática sin que al momento exista respuesta alguna ni por parte del Comisionado del Gobierno Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán ni de ninguna otra instancia o autoridad de la federación que busque dar una salida razonable al problema de desempleo y pauperización de la economía en el puerto de Lázaro Cárdenas y los municipios afectados derivado del cierre de estas de fuentes de trabajo. Ese día fueron cerrados el entronque del “Naranjito”, la carretera La Mira – Arteaga y el entronque Acalpican, así como la carretera siglo XXI a la altura de “Las Cañas”, 4 Caminos, Uruapan y Pátzcuaro.

Dos son fueron las demandas:

1. Que de manera inmediata se reactiven los trabajos en las minas y con esto se generen condiciones adecuadas para desarrollar la economía regional, y

2. Que el Gobierno Federal aplique la Ley Minera y proceda a revocar las concesiones otorgadas a la empresa Arcelor Mittal y se le entreguen a los dueños de las pequeñas propiedades o ejidos para que estos las trabajen y sean ellos beneficiarios de la explotación de la riqueza nacional y no grupos extranjeros.

Que en el puerto de Lázaro Cárdenas y municipios aledaños, existe un ESTADO DE EMERGENCIA LABORAL donde se han perdido cerca de seis mil empleos directos y al menos 18 mil indirectos. Es decir, miles michoacanos, que solo buscan un ingreso para ellos y sus familias mediante el ejercicio de una actividad legal han visto coartado su derecho al trabajo y en los hechos se les ha impedido dedicarse a la actividad que mejor les acomode siendo licita violando con ello lo establecido en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales en los que el estado mexicano es parte y por tanto está obligado a cumplir.

Al respecto es necesario mencionar que el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental, por lo que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de éste y a la protección contra el desempleo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración satisfactoria, que le asegure a él y su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de seguridad social. Sin embargo nada de esto se ha cumplido, por lo que se hace necesaria la intervención de las autoridades federales para el efecto de dar solución inmediata al actual Estado de Emergencia Laboral en que se encuentran inmersos los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila, Arteaga, Aquila, Coalcomán, Tumbiscatio, Coahuayutla, La Unión y Zihuatanejo; por el desastre económico que ha implicado el cierre de los patios de carga y descarga de mineral de hierro y la parálisis forzosa e indefinida de decenas de minas de hierro en la región.”

B. Concluye el proponente al señalar que:

“Hay que decirlo claramente: En el Estado de Michoacán, la capacidad productiva del sector minero se ha deteriorado y se ha reducido en prácticamente el 90 por ciento principalmente a dos factores: 1) Por mantener, por parte de la secretaría de Economía del Gobierno Federal, un equivocado esquema de concesiones mineras improductivas, que otorgan un monopolio de facto, en este caso a la empresa ARCELOR MITTAL, para la extracción de mineral de hierro, e impiden, la cesión de nuevas concesiones para la explotación de este mineral, así como la regularización de la condición jurídica de las minas ya existentes en beneficio de ejidos y comunidades y no de empresas trasnacionales; 2) La desidia y falta de interés de las autoridades de la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente para establecer un plan que regularice y permita la pronta reapertura de los patios de carga y descarga de mineral de hierro en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Por tanto resulta a todas luces evidente que la administración pública REQUIERE CON URGENCIA superar las viejos esquemas y no repetir errores del pasado. La apertura de la competencia y otorgamiento de nuevas concesiones, reguladas y supervisadas por la federación, generarán seguridad jurídica no solo en inversión sino que evitarán el desvió de recursos producto de este mineral y que caiga en manos de bandas del crimen organizado.

Todo con la finalidad de facilitar la recuperación de la economía y la generación de empleos en la entidad, de un lugar tan castigado como es el Estado de Michoacán. México y los michoacanos lo necesitan.”

C. Con lo anterior, formula el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Economía del gobierno federal, al Procurador Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)y al Comisionado del gobierno federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán para que entablen un diálogo inmediato con la Unión de Ingenieros Mineros del Pacifico (UNIMPA) y demás actores sociales involucrados, con la finalidad de resolver el estado de emergencia laboral en que se encuentra sumergido el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por el cierre de los patios de carga y descarga en el puerto de Lázaro Cárdenas, con la consecuente paralización de las minas de hierro y la pérdida de miles de fuentes de empleo en la región”.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación del proponente con las siguientes observaciones:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano legislativo en todo momento debe respetar el principio de división de poderes, ya que es a través de dicho principio que el Estado de Derecho mantiene su equilibrio y hegemonía.

De lo contrario, se estaría en presencia de una invasión de competencia lo cual no puede ni debe hacer la Comisión Permanente, cuya función precisamente es brindar equilibrio en los recesos del Congreso de la Unión, ya que éste representa al Poder Legislativo del Estado Mexicano.

“La ciudad de Lázaro Cárdenas, es la cabecera de uno de los 113 municipios que conforman el estado de Michoacán, ubicado al sureste del estado, justo en la frontera con el estado de Guerrero, que está delimitado por el río Balsas, en las coordenadas geográficas 17° 54ʹ 58.2ʺ N, 102° 10ʹ 22.5ʺ W, su superficie es de 2ʼ468, 168 m², representando el 1.83% del estado.

Es uno de los cinco puertos principales del país, opera el 18% del total de carga comercial (excluyendo petróleo y derivados) que se opera en todo el Sistema Portuario Nacional. Es un Puerto de Altura con infraestructura de atraque para actividades de Granel Mineral: Terminales de carbón, terminales de metales y minerales, terminal de fertilizantes, terminal especializada de minerales; Carga General Contenerizada: Terminal Especializada de Contenedores I; Mercancía General: Terminal de usos múltiples I y II, Terminal de metales y minerales, Terminal de fertilizantes; Fluidos: Terminal de fluidos, fluidos no petroleros, terminal de fertilizantes; Granel Agrícola: Terminal de granos; Automóviles: Patio de almacenamiento”.1

La minería considerada como una de las actividades económicas primarias en el país ubica a México en el primer lugar a nivel mundial en la producción de plata, y dentro de los 10 principales productores de minerales como el oro, plomo, zinc, cobre, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, diatomita, molibdeno, barita, grafito, sal, yeso y manganeso.

Es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo, esto de acuerdo con el reporte publicado por Metals Economics Group en marzo de 2013.2

Con base en lo dispuesto por el artículo 49 constitucional el pacto federal es un principio que siempre debe estar por encima de cualquier interés particular, por ende, esta comisión considera que la Comisión Permanente no está facultada para solicitar como lo expone el proponente resolver “el estado de emergencia laboral” en el puerto de Lázaro Cárdenas, ya que esa es una atribución de la autoridad competente laboral federal y estatal así como del Gobernador del estado de Michoacán.

No obstante lo anterior, esta comisión sólo puede a manera de mediación, proponer que en el ámbito de sus atribuciones las autoridades competentes realicen las acciones que consideren necesarias para mejorar las condiciones del puerto de Lázaro Cárdenas y evitar así que se cierren fuentes de empleo.

D.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como principal actor en ejercicio de sus atribuciones ha realizado acciones de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que ha derivado en la incautación de mineral de hierro en embarcaciones y patios de acopio. De igual forma, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en el ejercicio de sus atribuciones, ha iniciado los procedimientos administrativos en materia de medio ambiente derivado de la actividad minera en la zona.

Lo anterior ha propiciado la disminución de la exportación de hierro en el Estado de Michoacán y en consecuencia la reducción de la actividad minera de extracción y comercialización en el país y en el extranjero.

Derivado de que el principal argumento establecido dentro del punto de acuerdo es “resolver el estado de emergencia laboral en que se encuentra sumergido el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por el cierre de los patios de carga y descarga en el puerto de Lázaro Cárdenas, con la consecuente paralización de las minas de hierro y la pérdida de miles de fuentes de empleo en la región.”

En la redacción propuesta, se sugiere que se incluya dentro de las autoridades       que se exhorta en el punto de acuerdo, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social   (STPS), toda vez que dentro de las facultades de esta institución son las de elaborar y proponer el proyecto de lineamientos para la implementación de medidas  extraordinarias, tendientes a la superación de crisis o situaciones de contingencia  laboral, y evaluar los resultados de la aplicación de dichas medidas en la reactivación del empleo productivo por medio de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 49 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno Federal y al Comisionado del Gobierno Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, para que en el ámbito de sus atribuciones diseñen estrategias efectivas para que se establezcan condiciones viables de trabajo en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, afectado por el cierre de los patios de carga y descarga derivados del inicio y desahogo de procedimientos administrativos, así como buscar una solución a la paralización de las minas de hierro y la pérdida de miles de fuentes de empleo en la región.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

 

 

 

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

 

 

 

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

 

 

 

Sen. Ismael Hernández Deras

 

Dip. Manuel Añorve Baños

 

 

 

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

 

Dip. Francisco González Vargas

 

 

 

Dip. Luis Alberto Villarreal García

 

Dip. Beatriz Zavala Peniche

 

 

 

Sen. Héctor Larios Córdova

 

Sen. Manuel Camacho Solís

 

 

 

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

 

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

 

 

 

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil catorce”.

1 digaohm.semar.gob.mx/cuestionarios/cnarioLazaro.pdf
2 Cfr. http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/mineria






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar las medidas necesarias para reducir los puntos de conflicto vial que se identifican en la red carretera nacional, con la finalidad de garantizar la seguridad de los conductores y disminuir el número de accidentes carreteros, suscrita por Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Manifiestan los Diputados proponentes que: “actualmente la red carretera nacional está integrada por más de 374 mil kilómetros a lo largo y ancho del país.

Que en la red carretera nacional se identifican puntos de conflicto vial o puntos negros, que por sus características geométricas y estructurales que poseen algunos tramos carreteros se presentan de manera recurrente accidentes automovilísticos, muchos de ellos con fatales consecuencias. 

Que las cifras sobre accidentes que se producen en nuestro país son altas. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cada año se suscitan entre 3.3 y 3.8 millones de accidentes de tránsito.

Que el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, unidad administrativa de la Secretaría de Salud, publicó que en 2012 que se registraron más de 414 mil accidentes ocasionando el deceso de poco más de 17 mil personas y más de 152 mil heridos.

Aseveran los Diputados que la situación que se presenta en las carreteras relacionada con los accidentes es delicada, la Organización Mundial de la Salud ubica a México como uno de los diez países con más accidentes mortales en carreteras de América Latina.

Que dentro de las carreteras que registran el mayor número de accidentes son México-Querétaro (cuota), Puebla–Córdoba (cuota), Querétaro–San Luis Potosí y Coatzacoalcos-Villahermosa, con 572, 548, 443 y 411 percances, respectivamente, que en conjunto dejaron un saldo de 252 personas muertas y 1,660 lesionadas en 2011

De igual forma, hay segmentos carreteros que presentan percances frecuentes, como es el caso de la carretera México-Querétaro en donde nueve de estos se encuentran distribuidos entre el kilómetro 191+800 al 212+000 y que requieren de la intervención de la dependencia para solucionar los factores que los generan.

Indican los proponentes que es determinante que la dependencia realice con recurrencia auditorías en seguridad vial a fin de que informe sobre posibles deficiencias o carencias potenciales en la infraestructura vial que pudieran ser causante de accidente o aumentar la severidad del mismo, y con ello reducir la probabilidad de que ocurra un incidente.

Por último señalan los proponentes que es prioritario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) atienda con toda eficacia los puntos de conflicto vial que presentan las carreteras, debido a que es urgente disminuir los accidentes de tránsito que se presentan con frecuencia y que dejan pérdidas humanas, lesionados, y cuantiosos daños materiales.

Que un dato relevante es que ante la proclamación del Plan Mundial emitido por la ONU, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2011 el Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. En el que tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la Secretaría de Salud ejecutarán programas o políticas en materia de Seguridad Vial y prevención de accidentes.”

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.- Las principales causas de los accidentes en las carreteras federales, que reporta  la Policía Federal, se deben con mayor frecuencia a factores tales como el conductor, al vehículo, los agentes naturales y el camino o carretera.

Por lo que se refiera a los factores humanos, las principales causas que provocan accidentes son por conducir bajo los efectos del alcohol, medicinas y estupefacientes, realizar  maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor, por ejemplo; no respetar los señalamientos viales, conducir a exceso de velocidad (produciendo vuelcos, salida del automóvil de la carretera, derrapes), salud física del conductor (ceguera, daltonismo, sordera) y conducir con fatiga, cansancio o con sueño.

Por factores mecánicos ocurren cuando el vehículo se encuentra en condiciones no adecuadas para su operación (sistemas averiados de frenos, eléctricos, dirección o suspensión), o por  mantenimiento inadecuado del vehículo.

En cuanto a los factores climáticos la  niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimientos son las principales causas de accidentes carreteros.

Finalmente los factores estructurales de transito tales como errores de señalamientos viales, carreteras en mal estado o sin mantenimiento (baches, hoyos, pavimento deteriorado), falta de pintura y reflejantes en las líneas centrales y laterales de la carretera.

Estadísticas aportadas por Policía Federal, y publicadas en la página electrónica de la Secretaría de Gobernación, revelan los siguientes datos:

En el año 2012 el primer semestre registra 12,137 accidentes, en el segundo semestre se registran 11,993 accidentes. En el año 2013 en el primer semestre 10,890 accidentes y en el segundo semestre 11,064 accidentes. En  el año 2014 primer  semestre 9,065 accidentes  y segundo semestre a julio 1,445 accidentes.

Los integrantes de esta Tercera Comisión coinciden plenamente en la necesidad de implementar las medidas necesarias para reducir los puntos de conflicto vial que se identifican en la red carretera nacional, con la finalidad de garantizar la seguridad de los conductores y disminuir el número de accidentes carreteros.

Estas medidas permitirán identificar plenamente cuales son los sitios de alta concentración de accidentes, para llegar a  reconocer y diagnosticar el problema e implementar  las providencias necesarias para evitarlos.

Esta petición es jurídicamente viable al tenor de las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contempladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

“Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a la XX. ...

XXI.- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal;

XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares;

XXIII. a la XXVII. ...”

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a implementar las medidas necesarias a fin de reducir los puntos de conflicto vial que se identifican en la red carretera nacional, con la finalidad de garantizar la seguridad de los conductores y disminuir el índice de accidentes carreteros.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar que los comerciantes respeten los precios en la venta de útiles escolares ante el prominente regreso a clases,  suscrita por el Dip. José Luís Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Menciona el proponente  que “cada año previo al inicio del ciclo escolar la Secretaría de Educación Pública (SEP) elabora una lista de materiales y útiles escolares autorizados para iniciar las actividades en las instituciones de educación básica.

Que la compra de útiles escolares por sí misma se ha convertido en una tarea tediosa, un suplicio para padres y tutores, quienes cuentan con la tarea titánica de adquirir los productos requeridos por la SEP, tarea que no sólo representa una fuerte labor de búsqueda en mejores precios y calidad, sino que constituye un gasto fuerte para miles de familias, más aún si ésta se encuentra constituida por más de un hijo que requiera se lleve a cabo la compra de nuevos útiles.

Si a esto le sumamos el hecho de que cada año miles de padres son sorprendidos previo al inicio de clases con incrementos exorbitantes en los precios de los productos por parte de los comerciantes, viéndose afectados en su economía, entonces estamos frente a una clara violación a sus derechos como consumidores.

Asevera el Diputado que es por esto, que propone se exhorte a la Procuraduría Federal del consumidor (PROFECO), a efecto de que vigile que los comerciantes respeten los precios en la venta de útiles escolares ante el prominente regreso a clases de miles de alumnos, evitando así daños al patrimonio familiar.

Que si bien cada año la PROFECO lleva a cabo como parte del programa anual “De regreso a clases”, estudios de calidad y precios en los diversos centros de venta de útiles escolares, es necesario también se lleven a cabo verificaciones en dichos centros de venta, para que se cumplan con los precios establecidos para la venta de los productos que integran la lista de materiales y útiles escolares.”

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.- Los integrantes de la Tercera Comisión, nos sumamos al ánimo legislativo del proponente respecto al exhorto respetuoso dirigido a la Procuraduría Federal del Consumidor para vigilar que los comerciantes respeten los precios en la venta de útiles escolares ante el prominente regreso a clases.

TERCERA.- La Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus funciones debe fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, es decir, un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, logrando con ello que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.

Esta función de la Procuraduría Federal del Consumidor encuentra su sustento legal en la Ley Federal de Protección al Consumidor en los siguientes términos:

“Artículo 8.- La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes. 

Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas conforme al párrafo anterior.”

CUARTA.- La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha implementado el Programa de Verificación "Regreso a Clases” para evitar prácticas comerciales abusivas que perjudiquen a los padres de familia y estudiantes.

El organismo ha mencionado a través de dicho mecanismo realizará operativos de verificación a fabricantes e importadores, así como en puntos de venta directa de uniformes y artículos escolares, como papelerías, zapaterías, librerías y giros que ofrezcan equipos de cómputo, entre otros.

La PROFECO ha recomendado a estudiantes y padres de familia exigir precios a la vista, comparar productos en lugares establecidos y solicitar la entrega de comprobantes al momento de adquirir artículos o servicios educativos, para efectuar posibles reclamaciones.

De igual forma, recuerda al público que cuenta con servicios que permiten hacer mejores compras, como la aplicación "Quien es quien en los precios" y la Revista del Consumidor, que en este mes analiza la calidad de diversos productos escolares.

Además, la dependencia cuenta con ferias escolares en diferentes entidades federativas, en las cuales se pueden adquirir artículos que cumplen con la normatividad vigente en el país, a precios competitivos, de las cuales se pueden consultar fechas y horarios en su sitio oficial de Internet.

QUINTA.- Para este nuevo ciclo escolar 2014-2015, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a través del programa Quién es Quién en los Precios realizó un levantamiento especial de precios no sólo de útiles escolares, sino también de libros de texto, uniformes y tenis.

Toda esta información se puede consultar en el sitio en internet www.profeco.gob.mx en la sección de Quién es Quién en los Precios, disponible para 54 ciudades del país.

En esta guía de compras se presentan tres comparativos. El primero es de precios mínimos y máximos de cuadernos profesionales y de lápices adhesivos. El segundo muestra el precio por gramo del lápiz adhesivo. Y en el tercero, se brinda información acerca de cuánto se gasta en una lista de artículos escolares básicos para nivel primaria.

La recopilación de la información para los comparativos de precios se llevó a cabo del 21 al 25 de julio de 2014.1

Finalmente, en la contribución de crear condiciones esenciales que permitan asegurar el acceso de todos los mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden, además de proteger la economía de las familias mexicanas, los miembros de esta Tercera Comisión coincidimos plenamente con la proposición contenida en el presente Punto de Acuerdo en el sentido de que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) intensifique  las acciones de monitoreo, supervisión y vigilancia de los precios de uniformes y útiles escolares en los comercios establecidos en el país, con el objetivo de contribuir al mejor aprovechamiento del gasto familiar y lograr la certeza de que los proveedores respetarán los precios máximos oficiales, cantidades, calidades, medidas, y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que en el marco del programa anual “De regreso a clases”, fortalezca las inspecciones en la venta de los útiles y materiales escolares, a efecto de vigilar que los comerciantes respeten los precios máximos oficiales, a fin de contribuir al mejor aprovechamiento del gasto familiar.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.

1 http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2014/bol285_gastos_utiles.asp






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin de atender las observaciones derivadas de la Auditoría Financiera y de cumplimiento Número 12-0-12S00-02-0305, relativa al "Fortalecimiento de la red nacional de laboratorios y gastos de operación", suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“1. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (SS) con autonomía administrativa, técnica y operativa; que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en términos de la Ley General de Salud (LGS) y demás disposiciones aplicables. Su estructura organizacional se fundamenta en procesos interdependientes en materia de evidencia y manejo de riesgos, fomento, autorización y operación sanitaria, así como, control analítico y ampliación de cobertura; asimismo, opera con las 32 entidades federativas en un marco de coordinación, cooperación y corresponsabilidad con los gobiernos estatal y municipal, mediante la firma de los acuerdos de coordinación en materia de regulación, control, vigilancia y fomento sanitario, para conformar el Sistema Federal Sanitario (SFS); al cual la COFEPRIS le destina 56 centavos de cada peso disponible del Fondo de Aportación a los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC), a efecto de fortalecerlo permanentemente.

2. …

3. El programa G004 "Protección Contra Riesgos Sanitarios", que opera la COFEPRIS se encuentra alineado con el eje 3. Igualdad de Oportunidades, objetivo 4.1 Fortalecimiento de los Programas de Protección contra Riesgos Sanitarios, del Plan Nacional de Desarrollo PND 2006-2012, y al objetivo 1. "Mejorar las condiciones de salud", estrategias 1."Fortalecer las Acciones de Protección contra Riesgos Sanitarios" y 6."Garantizar recursos financieros.

4. Cabe señalar que al programa G004 "Protección Contra Riesgos Sanitarios", mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación se le han asignado recursos, mismos que los ha ejercido de la forma siguiente:”

B. Enseguida, los proponentes plantean una serie de consideraciones, en las que manifiestan:

I. - De la revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-0-12S00-02-0305, que tuvo como objetivo fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto ejercido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios y Gastos de Operación, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

II.- De la revisión en comento, la Auditoría Superior de la Federación emitió Dictamen Negativo, en virtud de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, destacando los principales resultados siguientes:

a. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) pagó 111,415.5 miles de pesos por los servicios de adecuaciones y mantenimiento del inmueble arrendado en la calle Oklahoma, no obstante que por medidas de austeridad no procedían las erogaciones para la remodelación de oficinas.

b. …

c. En relación con las transferencias de recursos a las entidades federativas para el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, nueve entidades federativas no reintegraron los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2012 por 24,186.9 miles de pesos.

d. La COFEPRIS pagó 2,498.3 miles de pesos a la Universidad Nacional Autónoma de México por gastos administrativos que no fueron pactados en el convenio de colaboración.

e. Por lo que respecta al ejercicio de los recursos del acuerdo de Ministración autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por un monto de 200,000.0 miles de pesos para el programa presupuestario sustantivo G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios", la COFEPRIS no los utilizó con el fin de efectuar procedimientos licitatorios para las adquisiciones de bienes y servicios, y al cierre del ejercicio no reintegró el remanente por 2,172.7 miles de pesos a la TESOFE. Además, los procedimientos de contratación realizados por la COFEPRIS al amparo de los artículos 1, 41, fracciones II, III, V y XX, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no cuentan con la documentación que acredita que se buscaron las mejores condiciones para el Estado; y se fraccionó la contratación de los servicios de fotocopiado para quedar comprendidos en el procedimiento de excepción a licitación pública

III.-…

IV.- Asimismo, la ASF determinó 21 observaciones, de las cuales 1 fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. Las 20 restantes generaron: 6 Recomendaciones, 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones.

V.-…

VI.- Respecto a lo anterior, se detecta que de las acciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, a la fecha se identifica que no se han aclarado ni recuperado los 173,915.19 miles de pesos, de los cuales  se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal y faltan de atenderlas 15 acciones que se describen a continuación:

VII.- El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

VIII.- Los artículos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad;

IX.- La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.”

D. Con lo anterior, formulan el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO:

ÚNICO.  La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, C. Mikel Arriola Peñalosa, haga del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin de atender  las observaciones derivadas de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-0-12S00-02-0305, relativa al “Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios y Gastos de Operación”, que refieren principalmente a los 173.92 millones de pesos, detectados como recuperaciones probables por la Auditoría Superior de la Federación, de los cuales  se presume un probable daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública Federal.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera  Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivos planteados por los proponentes, considerando procedente transparentar el ejercicio de cualquier partida presupuestal, con las siguientes observaciones.

Como bien lo señalan los proponentes, el programa “G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios” que opera la COFEPRIS, se encuentra alineado con el eje 3. “Igualdad de Oportunidades”, objetivo 4.1 “Fortalecimiento de los Programas de Protección contra Riesgos Sanitarios”, del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, y al objetivo 1. “Mejorar las condiciones de salud”, estrategia 1. “Fortalecer las Acciones de Protección contra Riesgos Sanitarios" y 6."Garantizar recursos financieros.

Los argumentos de los proponentes se basan en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-0-12S00-02-0305, la cual se efectuó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017, cuyo objetivo es fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto ejercido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios y Gastos de Operación.

En el mismo documento, la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, la ASF presentó 25 resultados producto de la misma, en la cual se destaca principalmente lo siguiente1:

● Recomendación 12-0-12S00-02-0305-01-001, para que la COFEPRIS implemente los mecanismos de control y realice las acciones necesarias con el objeto de que el Manual de Procedimientos incluya los procesos de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control, supervisión y demás actividades que se realizan para la operación y cumplimiento del programa G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios", a fin de que se definan los tramos de responsabilidad, funciones y atribuciones.

● Se comprobó que los recursos provenientes del acuerdo de ministración no se mantuvieron preferentemente en la TESOFE para su aplicación conforme a las necesidades de los ejecutores del gasto, lo que originó que al cierre del ejercicio 2012, la cuenta bancaria en la que se depositaron los recursos del acuerdo de ministración para su control, presentó un saldo de 4,334.5 miles de pesos; sin embargo, al no ser ejercidos al cierre del ejercicio debieron ser reintegrados a la TESOFE.

● Se comprobó que a través de ampliaciones líquidas se incorporaron al presupuesto de la COFEPRIS los ingresos excedentes por 218,086.3 miles de pesos el 24 de octubre de 2012, y 114,662.2 miles de pesos el 5 de diciembre.

● Se comprobó que la COFEPRIS, el 1 de febrero de 2012, publicó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2012, en el módulo de Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del portal de internet de Compra Net, no así en la página de internet de la COFEPRIS. Además, omitió informar a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en Compra Net, las cantidades, tipos de bienes por adquirir y los montos programados originalmente que fueron modificados en el transcurso del año, lo que no favoreció la transparencia y el seguimiento del gasto público.

● La ASF recomienda que la COFEPRIS implemente mecanismos de control y realice las acciones necesarias a fin de garantizar que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se actualice durante el ejercicio, asimismo, que se publiquen dichas modificaciones en el portal de Compra Net, para asegurar la transparencia y el seguimiento al gasto público.

● Se invita al Órgano Interno de Control de la COFEPRIS, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión formalizaron los contratos relativos a la prestación de servicios para la remodelación o mantenimiento de diversos muebles o inmuebles, correspondientes al ejercicio 2012, sin establecer la descripción pormenorizada de los servicios objeto del contrato, así como la fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega.

● Se invita al Órgano Interno de Control de la COFEPRIS, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión fraccionaron las operaciones del servicio de fotocopiado adjudicadas mediante los contratos COFEPRIS-018-BIS-12 y COFEPRIS-100-BIS-12, ambos por 243.6 miles de pesos, que en suma exceden el monto máximo indicado en el Anexo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada procedimiento de adjudicación.

En suma, la Auditoría Superior de la Federación presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal:

● Por un monto de 2, 172,710.70 pesos (dos millones ciento setenta y dos mil setecientos diez pesos 70/100 M.N.) por concepto de recursos no reintegrados a la Tesorería de la Federación que al cierre del ejercicio 2012 se encontraban depositados en la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del acuerdo de ministración para su control.

● Por un monto de 769,207.21 pesos (setecientos sesenta y nueve mil doscientos siete pesos 21/100 M.N.) por concepto de pagos realizados que exceden el monto contratado, sin que la entidad fiscalizada demostrara que se presentaron las razones fundadas y explícitas que originaron el incremento, aunado a que no se formalizó el aumento de la cantidad de bienes y servicios contratados mediante los convenios modificatorios respectivos.

● Por un monto de 35,370,930.42 pesos (treinta y cinco millones trescientos setenta mil novecientos treinta pesos 42/100 M.N.) por concepto de pagos realizados sin contar con los documentos o entregables que evidencien que los bienes y servicios contratados mediante los instrumentos jurídicos números 052-DCC-S-040-11 y COFEPRIS-006-12 se recibieron de conformidad con la descripción del servicio, las generalidades establecidas, características, especificaciones técnicas y económicas, así como los requisitos estipulados en los contratos y sus anexos respectivos.

● Por un monto de 2, 498,250.0 pesos (dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por los pagos efectuados a la Universidad Nacional Autónoma de México correspondientes a gastos administrativos que no fueron pactados en el convenio de colaboración con número de registro 31133-357-21-II-12.

● Por un monto de 111, 415,481.29 pesos (ciento once millones cuatrocientos quince mil cuatrocientos ochenta y un pesos 29/100 M.N.) por concepto de adecuaciones y mantenimiento del inmueble arrendado ubicado en Calle Oklahoma núm. 14, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C. P. 03810, México D.F., que se realizaron mediante los contratos números. COFEPRIS-084-12, y COFEPRIS-084-12-A al amparo del artículo 42 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que consistieron en las mejoras y adaptaciones relacionadas con la remodelación y modificación de los espacios, acabados e instalaciones del inmueble necesarias para la prestación de los servicios.

● Por un monto de 24,186,861.75 pesos (veinticuatro millones ciento ochenta y seis mil ochocientos sesenta y un pesos 75/100 M.N.) por concepto de recursos ministrados a la Secretaría de Finanzas o su equivalente en los gobiernos de los estados de Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz para el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, que no fueron devengados al 31 de diciembre de 2012 ni reintegrados en la Tesorería de la Federación.

La Auditoría Superior de la Federación concluye en su dictamen negativo, que la Auditoría Financiera y de Cumplimiento “se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas, que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) pagó 111,415.5 miles de pesos por los servicios de adecuaciones y mantenimiento del inmueble arrendado en la calle Oklahoma, no obstante que por medidas de austeridad no procedían las erogaciones para la remodelación de oficinas. La entidad fiscalizada pagó 35,371.0 miles de pesos sin contar con los entregables pactados y 769.2 miles de pesos que exceden el monto contratado. En relación con las transferencias de recursos a las entidades federativas para el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, nueve entidades federativas no reintegraron los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2012 por 24,186.9 miles de pesos. La COFEPRIS pagó 2,498.3 miles de pesos a la Universidad Nacional Autónoma de México por gastos administrativos que no fueron pactados en el convenio de colaboración. Por lo que respecta al ejercicio de los recursos del acuerdo de Ministración autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por un monto de 200,000.0 miles de pesos para el programa presupuestario sustantivo G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios", la COFEPRIS no los utilizó con el fin de efectuar procedimientos licitatorios para las adquisiciones de bienes y servicios, y al cierre del ejercicio no reintegró el remanente por 2,172.7 miles de pesos a la TESOFE. Además, los procedimientos de contratación realizados por la COFEPRIS al amparo de los artículos 1, 41, fracciones II, III, V y XX, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no cuentan con la documentación que acredita que se buscaron las mejores condiciones para el Estado; y se fraccionó la contratación de los servicios de fotocopiado para quedar comprendidos en el procedimiento de excepción a licitación pública.”

Esta dictaminadora fundamenta el presente dictamen en lo establecido por el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la legra dice:

Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la información siguiente:

I. a VIII. …

IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto;

X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según corresponda, la Secretaría de la Función Pública, las contralorías internas o la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

XI. y XII. …

XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:

a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico;

b) El monto;

c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y

d) Los plazos de cumplimiento de los contratos;

XIV. a XVII. …

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45, numerales 1 y 3 y 97, numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a informar a esta Soberanía, sobre las acciones implementadas a fin de atender las observaciones formuladas en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-0-12S00-02-0305, referente al “Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios y Gastos de Operación”, efectuada por la Auditoría Superior de la Federación.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.

1 http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0305_a.pdf






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, C. Rafael Tovar y de Teresa, haga del conocimiento público las acciones que ha realizado para atender el pliego de observación 10-0-11H00-12-0845-06-001, relativo al probable daño y/o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de 3.85 millones de pesos, en virtud de que la asociación beneficiaria del donativo “Sumando Amor, A.C.” desvió recursos en su beneficio, derivado de la Auditoría Forense número 10-0-11H00-12-0845, por concepto “Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro”, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

Por hallazgos en la Cuenta Pública 2009, se detectaron irregularidades en la comprobación de un donativo otorgado a la asociación Sumando Amor, A.C., las cuales derivaron en una denuncia de hechos, y se programó la revisión de la Cuenta Pública 2010.

Al respecto la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la Cuenta Pública 2011, realizó al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Auditoría Forense número 10-0-11H00-12-0845, correspondiente a “Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro”, con el objetivo de Fiscalizar la gestión financiera para verificar la aplicación de recursos federales conforme a los fines previstos en las disposiciones legales y normativa aplicable.

Derivado de la revisión en comento, la Auditoría Superior de la Federación emitió Dictamen Negativo, toda vez que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables para el otorgamiento de donativos, como se precisa en los resultados y que se refieren principalmente a que Sumando Amor, A.C. con los recursos del donativo que le otorgó el CONACULTA, contrató servicios de asesorías jurídicas y administrativas no contemplados en el proyecto de “Restauración de la Antigua Basílica de Guadalupe (Fase III)” ni en el contrato de donación por 500.0 miles de pesos; no se llevaron a cabo trabajos de obra por 200.0 miles de pesos, y en sustitución de éstos se realizaron sin autorización diversas adecuaciones en oficinas, sótano y bodegas, que no fueron contratados y que no están incluidos en el proyecto motivo del contrato de donación; y la Asociación Civil realizó operaciones irregulares que implican el desvió recursos del donativo por 3,351.7 miles de pesos que el prestador de servicios y contratistas depositaron en dos cuentas bancarias que manejó el Secretario Técnico de Sumando Amor, A.C.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación determinó recuperaciones probables por 5.16 millones de pesos; así como 7 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 2 Pliegos de Observaciones, 1 Denuncia de Hechos y 1 Multa.

A lo anterior, cabe señalar que a la fecha ya se solventaron las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, con excepción al pliego de observación 10-0-11H00-12-0845-06-001. En el cual se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3, 851,742.29 pesos (tres millones ochocientos cincuenta un mil setecientos cuarenta y dos pesos 29/100 M.N.), en virtud de que la asociación beneficiaria del donativo Sumando Amor, A.C. desvió recursos en su beneficio.

ACCION

CONCEPTO

TRAMITE DE LA ACCIÓN

Pliegos de Observaciones
10-0-11H00-12-0845-06-001.-

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,851,742.29 pesos (tres millones ochocientos cincuenta un mil setecientos cuarenta y dos pesos 29/100 M.N.), en virtud de que la asociación beneficiaria del donativo Sumando Amor, A.C. desvió recursos en su beneficio.

En seguimiento

B. Con lo anterior, formula el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO:

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, C. Rafael Tovar y de Teresa, haga del conocimiento público las acciones que ha realizado para atender el pliego de observación 10-0-11H00-12-0845-06-001, relativo al probable daño y/o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de 3.85 millones de pesos, en virtud de que la asociación beneficiaria del donativo “Sumando Amor, A.C.” desvió recursos en su beneficio, derivado de la Auditoría Forense número 10-0-11H00-12-0845, por concepto “Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro”, realizada por la Auditoría Superior de la Federación.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera  Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, con las siguientes observaciones:

Cabe mencionar que ha sido preocupación de esta Comisión, la transparencia y la información pública gubernamental que tiene como objeto fortalecer la democratización del país, así como establecer una relación entre el gobierno y la sociedad basada en la rendición de cuentas.

Esta Comisión en su investigación encontró que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, las políticas y los programas de la presente administración deben estar enmarcadas en un gobierno cercano y moderno orientado a resultados, que optimice el uso de los recursos públicos, utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación e impulse la transparencia y la rendición de cuentas con base en un principio básico plasmado en el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

En el mismo contexto, esta Comisión considera que la transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes.

Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los sujetos obligados deben garantizar el acceso a la información siempre y cuando no esté clasificada como reservada. Dicha Ley en su artículo 7 fracción IX, señala:

Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la información siguiente:

I. a VIII. …

IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto;

Artículo 29. La evaluación de los programas a cargo de las dependencias y entidades, derivados del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, se sujetará a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los lineamientos emitidos por la Secretaría, la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y a las demás disposiciones aplicables, y se llevará a cabo en los términos del Programa Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta, dichas instituciones.

El artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al respecto señala:

Artículo 78.- Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas.

Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto se establezca.

Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las evaluaciones en los informes trimestrales que correspondan.

E. Por lo que hace al resolutivo primero, al respecto Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, señala:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública.

La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Asimismo en su artículo 4°, señala:

La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las instancias de control competentes.

Respecto al método para establecer las auditorías, la ASF establece en su portal lo siguiente:

“METODOLOGIA PARA LA FISCALIZACION SUPERIOR. Las mejores prácticas de auditoría establecidas por la INTOSAI en sus estándares internacionales (ISSAI) están incorporadas en la normativa institucional de la ASF. Para la fiscalización de la Cuenta Pública, esta entidad aplica con rigor y consistencia los principios, las normas, el esquema operativo y la metodología establecidos en su marco normativo.

Planeación. En concordancia con su Plan Estratégico, la ASF realiza una planeación que privilegia los objetos y sujetos de auditoría que garanticen una revisión acorde con la magnitud del ingreso y del gasto federal, articulada por temas e integral en su cobertura; lo anterior permite proporcionar una perspectiva representativa de la fiscalización practicada a la gestión y el desempeño de cada uno de los grupos funcionales y el gasto federalizado.

El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (PAAF) es el resultado de un proceso de planeación, cuyas etapas se describen a continuación:

B.1.1 Estudio del Universo General Auditable.

El análisis preliminar del universo fiscalizable comprende un estudio macroeconómico, presupuestal, financiero y programático para evaluar del comportamiento de las finanzas públicas. Este análisis permite identificar los objetos de mayor importancia relativa. A la par, se efectúa la revisión del mapa de fiscalización de mediano plazo para identificar los temas y asuntos más relevantes en la consecución de los objetivos y metas del PND y los programas que de él derivan, Adicionalmente, se consideran los asuntos de mayor interés en la agenda nacional.

Los objetos y sujetos de auditoría se seleccionan mediante la aplicación de criterios de orden cuantitativo y cualitativo, los cuales permiten determinar las entidades y áreas pertinentes de fiscalizar en razón de la importancia de su ingreso y gasto, así como de su peso en la ejecución de las funciones y programas prioritarios y estratégicos.

Análisis de Fuentes de Información. La ASF utiliza más de 20 fuentes para la programación de auditorías, entre las cuales se encuentran:

El PND y los programas sectoriales y especiales de la APF, a partir de los cuales se distinguen las políticas públicas y los programas con valor estratégico.

● La Cuenta Pública, la LIF y el PEF, cuyo análisis permite conocer las principales tendencias en materia de finanzas públicas, así como las variaciones y desviaciones más significativas.

● Los informes de gobierno que debe rendir el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, principalmente los relacionados con la situación económica, las finanzas y la deuda pública.

● Los estudios técnicos elaborados por la ASF sobre la evolución y tendencia de los principales indicadores económicos y el comportamiento del ingreso-gasto; en especial, las variaciones presupuestales, programáticas y financieras. Además, se consideran diversas publicaciones de firmas consultoras y organizaciones nacionales e internacionales de los sectores público y privado.

● Los resultados de las auditorías realizadas por la ASF y el seguimiento de la atención de sus observaciones, toda vez que aportan elementos sobre la problemática que se presenta en cada entidad fiscalizada y contribuyen a evaluar los esfuerzos y avances para resolverla.

● Los resultados de la ejecución de los programas anuales de trabajo de los órganos internos de control o instancias de control competentes en las dependencias y entidades del Estado Federal mexicano.

● Los estados financieros dictaminados por profesionales independientes designados por la Secretaría de la Función Pública.

● Las peticiones de revisión provenientes de las cámaras de Diputados y de Senadores, así como los señalamientos de problemas e irregularidades expresados o denunciados por la sociedad civil”.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

Los artículos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Con base en lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación determinó observaciones para atender el pliego de observación 10-0-11H00-12-0845-06-001, relativo al probable daño y/o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de 3.85 millones de pesos, en virtud de que la asociación beneficiaria del donativo “Sumando Amor, A.C.” desvió recursos en su beneficio, derivado de la Auditoría Forense número 10-0-11H00-12-0845, por concepto “Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro”, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, mismo que el proponente señala en la los antecedentes.

Por tal motivo, esta Comisión dictaminadora considera procedente exhortar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, informar a esta Soberanía las acciones que ha realizado para atender el pliego de observación 10-0-11H00-12-0845-06-001 derivado de la Auditoría Forense número 10-0-11H00-12-0845, por concepto “Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro”, realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, informar a esta Soberanía las acciones que ha realizado o realizará para atender el pliego de observación 10-0-11H00-12-0845-06-001 derivado de la Auditoría Forense número 10-0-11H00-12-0845, por concepto “Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro”, realizada por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2011.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, las acciones que ha realizado con la finalidad de atender las observaciones derivadas de la auditoría financiera y de cumplimiento número 12-0-17100-02-0306, relativa al “Programa E003 Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada”, que refieren principalmente a los 16.7 millones de pesos, detectados por la Auditoría Superior de la Federación como recuperaciones probables, correspondientes a penalizaciones por atrasos en la entrega de los bienes, pago de combustible duplicado y a las primas por estadías en tierra del parque aéreo de la PGR; asimismo, las causas del subejercicio respecto a su presupuesto original, que presenta de 2009 al 2013, dicho programa,  suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“1. El “Programa Investigar y Perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada” con clave presupuestaria “E003”, tiene como objetivo Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención de sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada a favor de la sociedad.

2. El “Programa Investigar y Perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada” contribuye al cumplimiento del objetivo Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente., considerado en la Meta Nacional 1. México en Paz, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como a los objetivos del Programa Nacional de Procuración de Justicia: Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, y Reducir la impunidad.

3. Sin embargo, en la revisión por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2012, mediante la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-0-17100-02-0306, relativa al Programa E003 "Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada" de la Procuraduría General de la República, se determinaron recuperaciones probables por 16.7 millones de pesos, así como 17 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las 15 restantes generaron: 16 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.”

B. Concluyen los proponentes al señalar que:

“4. Al respecto, la ASF emitió Dictamen con Salvedad; toda vez que la Procuraduría General de la República cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se refieren principalmente a lo siguiente:

a. La investigación de mercado que dio origen al contrato núm. PGR/AD/CN/ADQ/137/2012 no se elaboró y sustentó considerando todos los requisitos que aseguraran las mejores condiciones para el Estado;

b. No se proporcionó evidencia oficial que sustentara la entrega de los bienes adquiridos con cargo en los contratos núms. PGR/AD/CN/ADQ/136/2012 y PGR/AD/CN/ADQ/137/2012, por lo que no fue posible determinar la entrega oportuna de los bienes o la aplicación de las penalizaciones correspondientes;

c. No se aplicaron penalizaciones por 621.4 miles de pesos, por atrasos en la entrega de los bienes del contrato núm. PGR/AD/CN/SERV/122/2012;

d. No se formalizó un convenio modificatorio, aun cuando no se ejerció el monto mínimo del contrato;

e. El sistema de inventarios que utiliza la PGR no contiene los módulos y funcionalidades suficientes para garantizar un manejo óptimo de los bienes adquiridos, ya que no está enlazado en los diferentes almacenes, no emite reportes necesarios para su fiscalización, la información se captura manualmente, sólo permite el registro de bienes en dólares;

f. No se cuenta con un manual para la administración de sus inventarios, que permita una eficiente y oportuna identificación de necesidades de partes aéreas y realizar proyecciones con base en los consumos históricos;

g. Se realizó un pago de combustible duplicado por 37.2 miles de pesos;

h. Una aeronave efectuó un vuelo sin contar con el certificado de aeronavegabilidad.

i. No se han realizado las conciliaciones con la Compañía Aseguradora para recuperar las primas por estadías en tierra del parque aéreo de la PGR, por 16,021.8 miles de pesos.

j. No se registró contablemente la propiedad de 23 aeronaves y no se cuenta con los documentos que sustentan el alta contable y la propiedad de otras 9 aeronaves. 

5. A lo anterior, se detecta que de las acciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, a la fecha se identifica que no se han aclarado ni recuperado los 16.7 millones de pesos y  faltan de atender 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones, mismas  que se describen a continuación:

ACCIONES

CONCEPTO

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA

12-9-17100-02-0306-08-001

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron la investigación de mercado relativa al contrato núm. PGR/AD/CN/ADQ/137/2012 sin considerar todas las circunstancias para la comparación objetiva entre bienes iguales o de la misma naturaleza, que demuestren que no existían ofertas de otros proveedores en cuanto a características, cantidad, calidad y precio de la adquisición a efecto de contar con los elementos suficientes para elegir el procedimiento de adjudicación; asimismo, que no revisaron que al expediente de contratación se agregaran todas las constancias que sustentaron la investigación de mercado en comento, a fin de comprobar que en la adquisición se garantizaron las mejores condiciones para el Estado.

No atendida

12-9-17100-02-0306-08-002Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron que la entrega de los bienes en las bodegas del Agente Aduanal en Laredo Texas, solicitados mediante las órdenes de abastecimiento núms. DGAOT-137-2012-02, BELL/2012/GDL/AR-OA-01, BELL/2012/GDL/AR-OA-02, BELL/2012/GDL/AR-OA-03, BELL/2012/GDL/AR-OA-04 y BELL/2012/GDL/AR-OA-05, de fechas 8 de agosto, 17 de octubre, 8 y 21 de noviembre y 4 de diciembre de 2012, se respaldara en documentación oficial, lo que evitó verificar la entrega oportuna de los bienes o la determinación, en su caso, de las penalizaciones correspondientes; asimismo, que omitieron precisar en los contratos referidos los mecanismos mediante los cuales se sustentaría documentalmente la entrega-recepción de los bienes en las bodegas del Agente Aduanal en Laredo Texas.

No atendida

12-9-17100-02-0306-08-003Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron los trámites correspondientes ante la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el cambio de las matrículas núms. XA-FSC, XA-CTL y XB-MWQ a una con nomenclatura "XC" que identifica a una aeronave al servicio del Estado; además autorizaron el vuelo del 22 de septiembre de 2012 de la aeronave con matrícula núm. XA-CTL sin contar con su certificado de aeronavegabilidad.

No atendida

12-9-17100-02-0306-08-004Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no registraron contablemente la propiedad de 23 aeronaves y no conservaron los documentos que sustentan el alta contable y la propiedad de 9 aeronaves.

No atendida

12-0-17100-02-0306-06-001Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 621,371.18 pesos (seiscientos veintiún mil trescientos setenta y un pesos 18/100 M.N.), por no aplicar penas convencionales por la entrega extemporánea de los bienes adquiridos mediante el contrato núm. PGR/AD/CN/SERV/122/2012.

No atendida

12-0-17100-02-0306-06-002Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 37,178.22 pesos (treinta y siete mil ciento setenta y ocho pesos 22/100 M.N.), por el pago duplicado de la nota de remisión núm. 21751349 que se realizó por concepto de suministro de combustible con las facturas núms. 183581 y 185920.

No atendida

12-0-17100-02-0306-06-003Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 16, 021,766.44 pesos (dieciséis millones veintiún mil setecientos sesenta y seis pesos 44/100 M.N.), por la omisión del entero a la Tesorería de la Federación de las primas por estadías en tierra de la flota aérea de la dependencia convenidas en la póliza núm. 3601200000049, con vigencia de marzo a diciembre de 2012.

No atendida

6. Por otra parte, en cuanto al presupuesto asignado y ejercido en el programa presupuestario “Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada”, se detecta que en los últimos años ha ido incrementando, asimismo, ha presentado subejercicios con respecto a su presupuesto aprobado desde el  2009 al 2013, como se muestra a continuación:

Ejercicio Fiscal

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
(Cifras en millones de pesos)

 

Autorizado

Ejercido

2009

1,737.13

1,614.54

2010

1,525.53

1,365.72

2011

1,645.17

1,600.41

2012

2,258.41

1,752.34

2013

2,374.84

2,115.30

2014

2,219.30

 

Fuente: SHCP

7. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

8. Los artículos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad;

9. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. 

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

10. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 2 define el subejercicio del gasto como las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir con las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

Asimismo el segundo párrafo de éste artículo define que los calendarios autorizados tienen como propósito la oportuna ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los sociales y de infraestructura.”

C. Con lo anterior, formulan el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO:

“PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, C. Jesús Murillo Karam, haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, las acciones que ha realizado con la finalidad de atender las observaciones derivadas de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-0-17100-02-0306, relativa  al “Programa E003 Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada", que refieren principalmente a los 16.7 millones de pesos, detectados por la Auditoría Superior de la Federación como recuperaciones probables, correspondientes a  penalizaciones por atrasos en la entrega de los bienes, pago de combustible duplicado y a  las primas por estadías en tierra del parque aéreo de la PGR;

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, C. Jesús Murillo Karam, a que haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, las causas del subejercicio respecto a su presupuesto original, que presenta de 2009 al 2013, el “Programa E003 Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada".

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera  Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación del proponente con las siguientes observaciones:

La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.1

La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y por lo tanto, se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las instancias de control competentes.2

Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la ASF tiene entre muchas otras atribuciones: establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública; practicar auditorías, mediante visitas o inspecciones, solicitando información y documentación durante el desarrollo de las mismas para ser revisada en las instalaciones de las propias entidades fiscalizadas o en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación. Igualmente, siempre y cuando haya terminado el ejercicio fiscal, solicitar información preliminar a las entidades fiscalizadas, para la planeación de la revisión de la Cuenta Pública antes de aperturar formalmente las auditorías.3

Respecto al método para establecer las auditorías, la ASF establece en su portal lo siguiente:

“METODOLOGIA PARA LA FISCALIZACION SUPERIOR. Las mejores prácticas de auditoría establecidas por la INTOSAI en sus estándares internacionales (ISSAI) están incorporadas en la normativa institucional de la ASF. Para la fiscalización de la Cuenta Pública, esta entidad aplica con rigor y consistencia los principios, las normas, el esquema operativo y la metodología establecidos en su marco normativo.

Planeación. En concordancia con su Plan Estratégico, la ASF realiza una planeación que privilegia los objetos y sujetos de auditoría que garanticen una revisión acorde con la magnitud del ingreso y del gasto federal, articulada por temas e integral en su cobertura; lo anterior permite proporcionar una perspectiva representativa de la fiscalización practicada a la gestión y el desempeño de cada uno de los grupos funcionales y el gasto federalizado.

El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (PAAF) es el resultado de un proceso de planeación, cuyas etapas se describen a continuación:

B.1.1 Estudio del Universo General Auditable.

El análisis preliminar del universo fiscalizable comprende un estudio macroeconómico, presupuestal, financiero y programático para evaluar del comportamiento de las finanzas públicas. Este análisis permite identificar los objetos de mayor importancia relativa. A la par, se efectúa la revisión del mapa de fiscalización de mediano plazo para identificar los temas y asuntos más relevantes en la consecución de los objetivos y metas del PND y los programas que de él derivan, Adicionalmente, se consideran los asuntos de mayor interés en la agenda nacional.

Los objetos y sujetos de auditoría se seleccionan mediante la aplicación de criterios de orden cuantitativo y cualitativo, los cuales permiten determinar las entidades y áreas pertinentes de fiscalizar en razón de la importancia de su ingreso y gasto, así como de su peso en la ejecución de las funciones y programas prioritarios y estratégicos.

Análisis de Fuentes de Información. La ASF utiliza más de 20 fuentes para la programación de auditorías, entre las cuales se encuentran:

● El PND y los programas sectoriales y especiales de la APF, a partir de los cuales se distinguen las políticas públicas y los programas con valor estratégico.

● La Cuenta Pública, la LIF y el PEF, cuyo análisis permite conocer las principales tendencias en materia de finanzas públicas, así como las variaciones y desviaciones más significativas.

● Los informes de gobierno que debe rendir el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, principalmente los relacionados con la situación económica, las finanzas y la deuda pública.

● Los estudios técnicos elaborados por la ASF sobre la evolución y tendencia de los principales indicadores económicos y el comportamiento del ingreso-gasto; en especial, las variaciones presupuestales, programáticas y financieras. Además, se consideran diversas publicaciones de firmas consultoras y organizaciones nacionales e internacionales de los sectores público y privado.

● Los resultados de las auditorías realizadas por la ASF y el seguimiento de la atención de sus observaciones, toda vez que aportan elementos sobre la problemática que se presenta en cada entidad fiscalizada y contribuyen a evaluar los esfuerzos y avances para resolverla.

● Los resultados de la ejecución de los programas anuales de trabajo de los órganos internos de control o instancias de control competentes en las dependencias y entidades del Estado Federal mexicano.

● Los estados financieros dictaminados por profesionales independientes designados por la Secretaría de la Función Pública.

● Las peticiones de revisión provenientes de las cámaras de Diputados y de Senadores, así como los señalamientos de problemas e irregularidades expresados o denunciados por la sociedad civil”.4

De la investigación que el cuerpo técnico de esta comisión dictaminadora realizó, se tuvo acceso al resultado de la auditoría a la que hacen mención los proponentes donde se señala que dicha auditoría “se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017[…]

El objetivo fue “fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas con cargo en el Programa E003 “Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada”, para verificar que se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Se revisaron 403,034.3 miles de pesos que representaron el 23.0% del presupuesto ejercido en el Programa E003 “Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada”, por 1,752,343.9 miles de pesos, y que correspondieron a las partidas 26101 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales destinados a la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional”, por 99,000.0 miles de pesos; 33301 “Servicios de Informática”, por 150,959.5 miles de pesos; 29601 “Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte”, por 120,502.9 miles de pesos, y 35501 “Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales”, por 32,571.9 miles de pesos.”5

Como resultado de esta auditoría se hicieron 17 observaciones a la PGR de las cuales dos fueron solventadas antes de la integración del informe, y de las 15 restantes se generaron las 16 recomendaciones, 4 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 3 pliegos de observaciones.

Las recomendaciones en resumen solicitan a la PGR realizar lo siguiente:

1. Actualizar su Manual de Organización General; manuales de organización específicos y de procedimientos de las direcciones generales de Programación y Presupuesto, de Recursos Humanos y Organización, de Recursos Materiales y Servicios Generales, y de Servicios Aéreos, una vez concluido el proceso de restructuración de la dependencia.

2. Asegurar que en las investigaciones de mercado se consideren todas las condiciones que se deben cumplir para elegir el procedimiento de contratación y asegurar mejores condiciones para el Estado, y que en los expedientes se integren constancias documentales que demuestren su realización.

3. Incluir en sus Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios como disposición obligatoria que en el caso de los procedimientos de adjudicación directa, la fecha, hora y lugar para la firma del contrato correspondiente será la determinada por el área contratante en la notificación de la adjudicación del mismo; la cual deberá quedar comprendida dentro de los 15 días naturales siguientes al de la citada notificación.

4. Fortalecer sus mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, las garantías de cumplimiento se expidan en los términos y plazos establecidos en los respectivos contratos.

5. Asegurar que antes de la adquisición se analicen los antecedentes y las necesidades de refacciones, partes aéreas y mantenimiento de aeronaves, de acuerdo con las circunstancias específicas de la institución y la experiencia en otras adquisiciones, para prever en los contrato respectivos los rangos mínimos y máximos de bienes y servicios que se deberán adquirir.

6. Asegurar que en los contratos se establezcan los mecanismos necesarios a fin de sustentar documentalmente la entrega-recepción de los bienes y servicios adquiridos a entera satisfacción del área usuaria y conforme a la vigencia de los contratos.

7. Asegurar que en lo sucesivo, invariablemente, se apliquen las penas convencionales correspondientes por el atraso en la entrega de los bienes y servicios adquiridos.

8. Implementar mecanismos de control a fin de que, en lo sucesivo, se supervise que en la elaboración de los contratos relativos al suministro de combustible se incluyan todas las bases aéreas, vehículos y aeronaves de esa dependencia, y que cualquier cambio se notifique al proveedor en los plazos convenidos.

9. Asegurar que en lo sucesivo, se realicen conciliaciones periódicas y oportunas con Aeropuertos y Servicios Auxiliares para que en caso de pagos improcedentes por el suministro de combustible, las aclaraciones se efectúen dentro de los plazos permitidos en la normatividad aplicable y se gestione la bonificación correspondiente a través del Sistema de Compensación.

10. Fortalecer los mecanismos de control que aseguren que en lo sucesivo, no se retiren bienes de los almacenes sin que se cuente con una orden de servicio o abastecimiento; las notas de salida de bienes del almacén se autoricen invariablemente por el servidor público facultado; se mantengan en orden y clasificados los bienes que se encuentren en los almacenes de la institución; los proveedores entreguen los bienes en los almacenes establecidos en las órdenes de abastecimiento; que en los manifiestos de carga se señalen las placas del vehículo que trasladó los bienes y que la recepción de bienes en los almacenes se sustente en la documentación que lo acredite.

11. Fortalecer los mecanismos de control que aseguren que en lo sucesivo, en las áreas de mantenimiento de los almacenes de partes aéreas se cuente con un control óptimo de la documentación que sustenta la recepción de los bienes.

12. Asegurar que se elabore, autorice e implemente un manual específico para el manejo de sus almacenes en donde se norme, como mínimo, lo siguiente: conciliaciones periódicas de las existencias físicas con los registros contables y del sistema informático de almacenes; indicadores para la rotación de inventarios para detectar aquellos bienes muebles de lento o nulo movimiento y determinar las acciones correctivas necesarias; confiabilidad de los inventarios y asertividad de registros; determinación óptima de existencias por producto; tiempos de reposición de inventario y la confiabilidad en el registro de movimientos del inventario; con el propósito de identificar eficiente y oportunamente las necesidades de partes aéreas, para realizar proyecciones de compras con base en los consumos históricos.

13. Materializar la adquisición o desarrollo de un sistema informático para el control de sus almacenes de acuerdo con los requerimientos y características técnicas acordes a las necesidades de la institución.

14. Asegurar de que se realicen los trámites correspondientes ante la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el cambio de las matrículas núms. XA-FSC, XA-CTL y XB-MWQ por una nomenclatura “XC”, la cual identifica a una aeronave al servicio del Estado; así como para obtener el certificado de aeronavegabilidad de la aeronave con matrícula núm. XA-CTL que al cierre de la auditoría no contaba con el documento.

15. Establecer plazos perentorios a fin de que las direcciones generales de Servicios Aéreos y de Recursos Materiales y Servicios Generales remitan al área correspondiente, según sus atribuciones, los reportes de estadías de la flota aérea de la dependencia, con la finalidad de que se realicen, a la brevedad posible, las conciliaciones con la compañía aseguradora para la devolución y reintegro a la Tesorería de la Federación de las primas por estadías en tierra.

16. Asegurar que se registren en la contabilidad las aeronaves adquiridas por la institución o que le fueron donadas; asimismo, que invariablemente se conserve la documentación que sustente la propiedad de su flota aérea.

En el informe que presenta la Auditoría Superior de la Federación se señala dentro del dictamen lo siguiente:

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el  presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Procuraduría General de la República cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que la investigación de mercado que dio origen al contrato núm. PGR/AD/CN/ADQ/137/2012 no se elaboró y sustentó considerando todos los requisitos que aseguraran las mejores condiciones para el Estado. No se proporcionó evidencia oficial que sustentara la entrega de los bienes adquiridos con cargo en los contratos núms. PGR/AD/CN/ADQ/136/2012 y PGR/AD/CN/ADQ/137/2012, por lo que no fue posible determinar la entrega oportuna de los bienes o la aplicación de las penalizaciones correspondientes. No se aplicaron penalizaciones por 621.4 miles de pesos, por atrasos en la entrega de los bienes del contrato núm. PGR/AD/CN/SERV/122/2012 y no se formalizó un convenio modificatorio, aun cuando no se ejerció el monto mínimo del contrato.

El sistema de inventarios que utiliza la PGR no contiene los módulos y funcionalidades suficientes para garantizar un manejo óptimo de los bienes adquiridos, ya que no está enlazado en los diferentes almacenes, no emite reportes necesarios para su fiscalización, la información se captura manualmente, sólo permite el registro de bienes en dólares; asimismo, no se cuenta con un manual para la administración de sus inventarios, que permita una eficiente y oportuna identificación de necesidades de partes aéreas y realizar proyecciones con base en los consumos históricos.

Se realizó un pago de combustible duplicado por 37.2 miles de pesos. Una aeronave efectuó un vuelo sin contar con el certificado de aeronavegabilidad. No se han realizado las conciliaciones con la Compañía Aseguradora para recuperar las primas por estadías en tierra del parque aéreo de la PGR, por 16,021.8 miles de pesos. No se registró contablemente la propiedad de 23 aeronaves y no se cuenta con los documentos que sustentan el alta contable y la propiedad de otras 9 aeronaves.

Con base en lo anterior, esta dictaminadora considera procedente la proposición en comento, sin embargo, hace notar que las recomendaciones se refieren en su mayoría a cuestiones de tipo administrativo que debe llevar a cabo la Procuraduría General de la República, por lo que la publicidad de las acciones que la dependencia lleve a cabo para cumplir con las recomendaciones de la ASF, se cumpliría con el informe que la PGR envíe a la auditoría para darle a conocer el avance en el cumplimiento de las mismas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-  La Comisión Permanente el H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República (PGR), informe a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre las acciones que ha realizado con la finalidad de atender las observaciones derivadas de la auditoría financiera y de cumplimiento número 12-0-17100-02-0306, relativa al “Programa E003 investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada”, tomando en consideración la información que pudiera ser reservada de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.

1 Cfr. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Art. 1, tercer párrafo.

2 Op. Cit. Art. 4

3 Op. Cit. Art.15; fraccs. I y XXII.

4 http://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias

5 http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0306_a.pdf






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)








TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin de atender las observaciones derivadas de la auditoría de inversiones físicas número 12-0-16100-04-0236, correspondiente al "Proyecto Reintegración al Contexto Urbano y Social del Predio que Ocupara la Refinería 18 de Marzo (Parque Bicentenario)",  suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suarez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“1. El proyecto de inversión denominado en un principio “Parque Ecológico 18 de Marzo”, actualmente Parque Bicentenario, está conformado por cinco jardines, cada uno con un carácter propio de acuerdo con las actividades que se desarrollan y son los siguientes: 

● Jardín Natura, donde se encuentra el jardín botánico y la Plaza Bicentenario.

● Jardín Viento, que cuenta con un auditorio al aire libre y el área deportiva

● Jardín Tierra, en el que se localiza el área para personas de la tercera edad, juegos infantiles, deportes extremos y el área de picnic, así como el gran corredor Paseo Bicentenario y la gran explanada.

● Jardín Sol, en el que se ubican el área de museos y la planta de tratamiento.

● Jardín Agua, donde se situaron el lago y el embarcadero.

2. En el ejercicio 2012, se continuaron los trabajos dentro del Jardín Agua, así como los correspondientes al servicio del restaurant en el Jardín Natura. 

a) El contrato de servicios número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-003/2012 tuvo por objeto realizar los trabajos de conclusión del Parque Bicentenario, ubicado en el predio de la ex Refinería 18 de Marzo en la Ciudad de México, D. F.; se formalizó el 1 de agosto de 2012, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), con base en el artículo 1°, párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 171,724.9 miles de pesos y un periodo de ejecución del 1 de agosto de 2012 al 15 de noviembre del mismo año, 107 días naturales.

El 12 de septiembre de 2012, se formalizó el convenio modificatorio para ampliar el monto contratado en 12,305.7 miles de pesos (7.2 % del monto original), para quedar en 184,030.6 miles de pesos, debido a cantidades de obra no contempladas en el proyecto.

Al 15 de noviembre de 2012, se habían ejercido 184,030.6 miles de pesos. Actualmente los trabajos se encuentran concluidos y en operación.

b) El contrato de servicios número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-001/2012 tuvo por objeto el diseño del Plan de Negocios para la operación del restaurante ubicado dentro del jardín Natura del Parque Bicentenario; se formalizó el 7 de marzo de 2012, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con la empresa Corporación de Alimentos Saludables, S.A. de C.V., con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 1,227.9 miles de pesos y un periodo de ejecución del 8 de marzo de 2012 al 7 de octubre del mismo año, 214 días naturales.

El contrato concluyó en la fecha pactada y en él se ejercieron 1,227.9 miles de pesos.

c) El contrato de servicios número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-027/2011 tuvo por objeto el servicio técnico integral para el restaurante ubicado dentro del jardín Natura del Parque Bicentenario; se formalizó el 7 de diciembre de 2011, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con la empresa Corporación de Alimentos Saludables, S.A. de C.V., con base en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 810.0 miles de pesos hasta 1,170.0 miles de pesos y un periodo de ejecución del 7 de diciembre de 2011 al 7 de marzo de 2012, 95 días naturales.

El contrato concluyó en la fecha pactada y en él se ejercieron 810.0 miles de pesos.

d) El contrato de servicios número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-No. 025/2011 tuvo por objeto la adquisición de bienes muebles que quedarían adheridos al Restaurante ubicado dentro del Jardín Natura del Parque Bicentenario; se formalizó el 7 de diciembre de 2011, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con la empresa Servicios Integrales en Alimentos y Hotelería, S. de R.L. de C.V., con base en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 512.3 miles de pesos y un periodo de ejecución de cinco días hábiles a partir de la firma del mismo.

Al 29 de febrero de 2012, se habían ejercido 512.3 miles de pesos. Actualmente los trabajos se encuentran concluidos.

e) El contrato de servicios número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-002/2012 tuvo por objeto la coordinación y planeación de la 2da. Sección del Parque Bicentenario; se formalizó el 1 de febrero de 2012, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con el Ing. Rigoberto Lizárraga Ruiz, con base en el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por un monto de 521.0 miles de pesos y un periodo de ej.

f) ecuación del 1 de febrero del 2012 al 30 de noviembre del mismo año, 304 días naturales.

El 31 de agosto de 2012, se formalizó el convenio de terminación anticipada, en razón de que se extinguió la necesidad de los servicios de Coordinación y Planeación de la 2da. Sección en la construcción del Parque Bicentenario.

Al 31 de agosto de 2012, se habían ejercido 364.7 miles de pesos. Actualmente los trabajos están concluidos y finiquitados.

g) El contrato de servicios número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-No. 026/2011 tuvo por objeto la adquisición de utensilios para el servicio de alimentación en el Restaurante ubicado dentro del Jardín Natura del Parque Bicentenario; se formalizó el 7 de diciembre de 2011, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con la empresa Servicios Integrales en Alimentos y Hotelería, S. de R.L. de C.V., con base en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 122.2 miles de pesos y un periodo de ejecución de cinco días hábiles a partir de la firma del mismo.

Al 29 de febrero de 2012, se habían ejercido 122.2 miles de pesos. Actualmente los bienes se encuentran entregados.

h) El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número DGRMIS-DAC-OP-009/2009 tuvo por objeto realizar los trabajos de construcción de la primera etapa para el Parque Bicentenario, ubicado en el predio de la ex Refinería 18 de Marzo en la Ciudad de México D. F.; se formalizó el 25 de mayo de 2009, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con la empresa de participación estatal mayoritaria FONATUR Constructora, S.A. de C.V., con base en el artículo 1°, párrafo cuarto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por un monto de 333,407.6 miles de pesos y un periodo de ejecución del 26 de mayo de 2009 al 31 de diciembre del mismo año, 220 días naturales.

El 23 de diciembre de 2009, se formalizó el primer convenio modificatorio para ampliar el monto en 86,181.1 miles de pesos (25.8% del monto original), y el periodo de ejecución en 90 días naturales (40.9% del plazo original) del 1 de enero de 2010 al 31 de marzo del mismo año, debido a que se aumentaron cantidades de obra por modificaciones al proyecto.

Después, el 31 de marzo de 2010, se celebró el segundo convenio modificatorio para ampliar el monto en 146,551.7 miles de pesos (44.0 % del monto original) y el periodo de ejecución en 275 días naturales (125.0% del plazo original), del 1 de abril de 2010 al 31 de diciembre del mismo año, a fin de ejecutar conceptos con volúmenes adicionales y otros imprevistos.

Finalmente, el 31 de diciembre de 2010, se formalizó el tercer convenio modificatorio, para ampliar el periodo de ejecución en 303 días naturales (137.7% del plazo original), del 1 de enero de 2011 al 30 de octubre del mismo año, por interferencias, modificaciones de proyecto, lluvias atípicas, y trabajos extraordinarios imprevistos. Entre mayo de 2009 y octubre de 2011 se habían ejercido 565,573.8 miles de pesos y a la fecha de la revisión (noviembre 2013), no se encontraba finiquitado dicho contrato.

i) El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-019/2010 tuvo por objeto realizar los trabajos de construcción de la tercera etapa para el Parque Bicentenario, ubicado en el predio de la Ex Refinería 18 de Marzo en la Ciudad de México D. F.; se formalizó el 1 de abril de 2010, por conducto de la Dirección FONATUR Constructora, S.A. de C.V., con base en el artículo 1°, párrafo cuarto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por un monto de 115,697.1 miles de pesos y un periodo de ejecución del 1 de abril de 2010 al 31 de diciembre del mismo año, 275 días naturales.

Posteriormente, el 31 de diciembre de 2010, se celebró el primer convenio modificatorio para ampliar el periodo de ejecución en 303 días naturales (110.2% del plazo original), debido a interferencias, modificaciones del proyecto, lluvias atípicas y trabajos extraordinarios imprevistos. Entre abril de 2010 y octubre de 2011 se habían ejercido 31,865.4 miles de pesos y a la fecha de la revisión (noviembre 2013), no se había formalizado el finiquito correspondiente.

j) El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-023/2011 tuvo por objeto el Diseño Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Parque Bicentenario; se formalizó el 1 de agosto de 2011, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con base en el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 6,640.0 miles de pesos y un periodo de ejecución del 1 de agosto de 2011 al 31 de diciembre del mismo año, 153 días naturales.

El 16 de diciembre de 2011, se formalizó el primer convenio modificatorio para ampliar el plazo de ejecución en 91 días naturales (59.5 % del plazo original), del 1 de enero de 2012 al 31 de marzo del mismo año, debido a trabajos adicionales y modificaciones al proyecto.

Al 31 de marzo de 2012, se habían ejercido 3,000.0 miles de pesos, otorgados como anticipo al inicio de los trabajos en agosto de 2011. El contrato concluyó en la fecha pactada y se finiquitó; sin embargo, los equipos suministrados no se encuentran funcionando.”

B. Enseguida, los proponentes plantean una serie de consideraciones, en las que manifiestan:

“I.- De la revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, la Auditoría Superior de la Federación presentó los resultados de la Auditoría de Inversiones Físicas número 12-0-16100-04-0236, que tuvo como objetivo Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Reintegración al Contexto Urbano y Social del Predio que Ocupara la Refinería 18 de Marzo (Parque Bicentenario), a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable,  revisión en la cual emitió Dictamen Negativo, en virtud de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde destacaron los resultados siguientes:
Se determinaron pagos indebidos por 39.69 millones de pesos (mdp), integrados por:

3.35 (mdp) por considerar costos indirectos como concepto de trabajo; 

3.26 (mdp) por diferencias de volúmenes y trabajos de mala calidad;

2.37 (mdp) por incumplimiento de alcances en dos contratos;  

12.31 (mdp) por la formalización de un convenio considerado improcedente; y 

18.40 (mdp) por sobrecosto de los trabajos contratados. 

Asimismo, se observó la formalización de un contrató entre entidades con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público cuando se contaba con elementos para contratar con base en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual, se subcontrató con una empresa en la que el Administrador Único de la misma se desempeñaba como servidor público de la entidad contratante (FONDICT-UAEM).

II.- De los hallazgos encontrados, en la Auditoría de Inversiones Físicas número 12-0-16100-04-0236, correspondiente al Proyecto Reintegración al Contexto Urbano y Social del Predio que Ocupara la Refinería 18 de Marzo (Parque Bicentenario), la Auditoría Superior de la Federación determinó10 observaciones, de las cuales 1 fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. Las 9 restantes generaron: 9 Recomendaciones, 2 Solicitudes de Aclaración, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias de control competente con motivo de 2 irregularidades detectadas.

III.- Respecto a lo anterior, cabe señalar que de las acciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, a la fecha se identifica que no se han aclarado ni recuperado los 39.7 millones de pesos de los cuales se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal y faltan de atenderlas 9 acciones que se describen a continuación:

IV.- El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

V.- Los artículos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad;

V.- La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.”

C. Con lo anterior, formulan el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO:

“UNICO.  a Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, C. Juan José Guerra Abud, haga del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin de atender las observaciones derivadas de la Auditoría de Inversiones Físicas número12-0-16100-04-0236, correspondiente al “Proyecto Reintegración al Contexto Urbano y Social del predio que ocupara la Refinería 18 de Marzo (Parque Bicentenario)”, que refieren principalmente a los 39.7 millones de pesos detectados  como recuperaciones probables por la Auditoría Superior de la Federación, de los cuales  se presume un probable daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública Federal.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera  Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

Cabe destacar que la fiscalización de la Cuenta Pública es el acto que comprende la revisión de los ingresos, egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, con excepción de las participaciones federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables.

Tiene por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.1

En el proceso de estudio y análisis de la Proposición que se dictamina, esta Tercera Comisión se abocó al documento base de la acción de los proponentes denominado “Auditoría de Inversiones Físicas” número 12-0-16100-04-0236, relativo a la “Reintegración al Contexto Urbano y Social del Predio que Ocupara la Refinería 18 de Marzo (Parque Bicentenario)”, la cual tuvo como objeto fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

De dicha auditoría se desprenden principalmente, los siguientes resultados:

● Se revisó una muestra de 187,082.7 miles de pesos, que representa el 65.8% del monto reportado como pagado en el ejercicio 2012 para el proyecto Parque Bicentenario por 284,460.8 miles de pesos, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), mediante la fiscalización de ocho contratos de servicios y dos de obra pública, por ser susceptibles de verificar y cuantificar, tanto en planos como en campo.

● En la revisión del contrato número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-003/2012, celebrado el 1 de agosto de 2012 entre la SEMARNAT y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), para la conclusión de los trabajos del Parque Bicentenario, se observó que la entidad fiscalizada aun cuando estableció en la cláusula tercera del contrato que el monto “incluye todos los gastos que se originen como consecuencia de su realización, por lo que el integrador no podrá exigir mayor retribución por algún otro concepto”, el 12 de septiembre de 2012 formalizó un convenio modificatorio de incremento al monto por 12,305.7 miles de pesos, para quedar el importe contratado en 184,030.6 miles de pesos, por el suministro de conceptos no contemplados en el contrato; sin embargo, la mayoría de los conceptos de dicho convenio se identifican con los conceptos del contrato original.

● En la revisión del contrato número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-003/2012, celebrado el 1 de agosto de 2012 entre la SEMARNAT y la Universidad Autónoma del Estado de México y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), para la conclusión de los trabajos del Parque Bicentenario, se observó que la entidad fiscalizada no verificó que la contratista contara con la capacidad técnica, humana y económica para la realización de dichos trabajos por sí misma, por lo que esta última subcontrató a una empresa con sede en e