Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 30 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 12

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 24 de Junio de 2015

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

APERTURA

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: (11:21 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 34ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de junio de 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.





 

"ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con trece minutos del miércoles diecisiete de junio de dos mil quince, con una asistencia de veintisiete legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles diez de junio de dos mil quince.

 

Se presentó el Informe de Labores 2014 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- A partir de la aprobación del Acuerdo el pasado 10 de junio, la doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presentó el informe correspondiente. El Informe de conformidad con el artículo 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se remitió para su conocimiento a las Cámaras del Congreso de la Unión.

 

Se recibieron diecinueve oficios de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia desaparición forzada o involuntaria de personas.- Se realizó el escrutinio correspondiente y el Presidente de la Mesa Directiva realizó la declaratoria de aprobación del decreto. Se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Intervinieron los legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA, Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM, Senador Zoé Robledo Aburto del PRD, Senadora María del Pilar Ortega Martínez del PAN, Senador Arturo Zamora Jiménez del PRI.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita de los Reyes de España, el 30 de junio de 2015.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de mayo de 2015, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2014.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, la Información del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, correspondiente al cuarto trimestre de 2014, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 del Decreto del Presupuesto de Egreso de la Federación para 2014.- Se remitió a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, la Información correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior del primer trimestre de 2015.- Se remitió a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Baja California, proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Baja California, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Senadora Lizette Clavel Sánchez, los informes de sus participaciones en:

• Las Reuniones de la Red de Mujeres Parlamentarias y de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Confederación Parlamentaria de las Américas, celebradas los días 15 a 17 de abril de 2015, en San Juan de Puerto Rico,

• La Edición 25 de la Cumbre Global de Mujeres, que se llevó a cabo los días 14 a 16 de mayo de 2015, en San Paulo, Brasil y

• El IX Seminario de la Red del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados en el Desarrollo, celebrado los días 4 y 5 de junio de 2015 en Bogotá, Colombia.

Los informes quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Margarita Flores Sánchez, el informe de su participación en la XXX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 15 y 16 de mayo de 2015, en Panamá.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de junio.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron veintisiete comunicaciones de diputados, por los que informan de su reincorporación a sus funciones legislativas, en el mes de junio de 2015:

1. Brenda Alvarado Sánchez, a partir del día 15.

2. Xavier Azuara Zúñiga, a partir del día 12.

3. Laura Barrera Fortoul, a partir del día 11.

4. Víctor Manuel Bautista López, a partir del día 9.

5. Óscar Bautista Villegas, a partir del día 11.

6. Ángel Cedillo Hernández, a partir del día 8.

7. María del Rocío Corona Nakamura, a partir del día 18.

8. Claudia Delgadillo González, a partir del día 9.

9. Alberto Díaz Trujillo, a partir del día 12.

10. Catalino Duarte Ortuño, a partir del día 11.

11. Enrique Alejandro Flores Flores, a partir del día 12.

12. Cuauhtémoc Galindo Delgado, a partir del día 15.

13. Rafael González Reséndiz, a partir del día 8.

14. Leticia Mejía García, a partir del día 17.

15. Esther Angélica Martínez Cárdenas, a partir del día 9.

16. Ma. Leticia Mendoza Curiel, a partir del día 8.

17. Ma. Guadalupe Mondragón González, a partir del día 16.

18. Ramón Montalvo Hernández, a partir del día 12.

19. José Everardo Nava Gómez, a partir del día 9.

20. Ernesto Núñez Aguilar, a partir del día 17.

21. Socorro de la Luz Quintana León, a partir del día 12.

22. Luis Miguel Ramírez Romero, a partir del día 9.

23. José Enrique Reina Lizárraga, a partir del día 16.

24. Miguel Sámano Peralta, a partir del día 16.

25. María Rebeca Terán Guevara, a partir del día 9.

26. Juan Carlos Uribe Padilla, a partir del día 16.

27. Francisco Alberto Zepeda González, a partir del día 8.

Quedaron de enterado. Se comunicaron a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas del 16 de junio al 5 de julio de 2015.- Fue aprobada en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, oficio en relación con el punto de acuerdo para convocar a un período extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, presentado el 20 de mayo de 2015.- Se remitió a la Primera Comisión.

(Iniciativas)

El Diputado Enrique Cárdenas del Avellano, a nombre propio y de la Diputada Julieta Torres Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; se adiciona un cuarto párrafo al artículo 78, se adiciona una fracción XXV al artículo 122 y se reforma la fracción II del artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para regular el cultivo de amapola con fines medicinales.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuarenta y tres dictámenes de la Primera Comisión, con punto de acuerdo:

1. Por el que la Comisión Permanente lamenta los actos de violencia ocurridos en contra de dos jóvenes en el estado de Veracruz y exhorta al gobierno de dicha entidad a reforzar e implementar los mecanismos de seguridad pública necesarios para garantizar a los habitantes de la entidad el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil.- Intervino el Diputado José Alejandro Montano Guzmán del PRI.

2. Con el que remite a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente el punto de acuerdo que exhorta a conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez.- Intervino el Diputado Abel Octavio Salgado Peña del PRI.

3. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe con relación a los avances de las investigaciones con motivo del hallazgo ocurrido el pasado 10 de mayo, en el patio de maniobras del predio que ocupa la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V., así como sobre los sucesos al interior de la Agencia Ministerial Federal que se localiza en la calle de Chimalpopoca número 100, en la colonia Obrera de la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal; y remite a la Mesa Directiva la parte que corresponde al resolutivo segundo para que valore su returno.

4. Que exhorta a las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas a llevar a cabo las investigaciones que corresponda como consecuencia de las denuncias que se presenten por el delito de abigeato, a fin de que se sancione a quienes resulten responsables.

5. Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a evaluar sus protocolos de actuación y a realizar las adecuaciones procedentes para la prevención del delito y la detección oportuna de posibles víctimas de trata de personas y le solicita un informe sobre la aplicación del protocolo de atención en el caso de la víctima del delito de trata de personas que escapó de una tintorería en Tlalpan, a fin de evitar su revictimización.

6. Por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal un informe sobre el salario promedio base de cotización de las dependencias y organismos a su cargo y si las cuotas y aportaciones de sus trabajadores han sido a salario real, abarcando los últimos 10 años.

7. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a los poderes ejecutivos de las entidades federativas a implementar campañas de difusión e instrumentar acciones concretas para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer al Estado Mexicano; y exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a hacer pública la información estadística relativa a la violencia contra las mujeres y la difunda con total transparencia.- Intervinieron los legisladores: Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM, quien presentó propuesta de adición, la cual fue aceptada; y Diputada Lilia Aguilar Gil del PT.

8. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal reforzar los mecanismos de reinserción social de los menores infractores.

9. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública realizar un diagnóstico del grado de centralización administrativa que existe en las dependencias, organismos y entidades del gobierno federal, a partir del cual pueda diseñar, proponer e implementar un acuerdo de descentralización integral que permita eliminar la concentración de oficinas de dichos entes públicos en el Distrito Federal y distribuirlas en las entidades federativas.

10. Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a fortalecer las campañas de prevención de desastres y de protección a la población, durante la temporada de lluvias y huracanes.

11. Por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento de los subsidios en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y Distrito Federal.

12. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y al gobierno del estado de Guerrero a reforzar la vigilancia y seguridad de las personas en los municipios de Chilapa de Álvarez y Zitlala.

13. Que exhorta a las legislaturas de los estados de la República Mexicana a dar continuidad al proceso del Poder Reformador de la Constitución y se sirvan a aprobar en sus términos la fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, en materia de desaparición forzada de personas.- Intervino la Diputada Lilia Aguilar Gil del PT.

14. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a nombrar al titular de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

15. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a llevar a cabo una campaña informativa tendiente a prevenir los peligros del mar de fondo entre la población que se encuentra asentada el litoral del océano Pacífico.

16. Que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, en el presupuesto de egresos del Distrito Federal para 2016, considere la asignación de recursos suficientes para la entrada en operación de la totalidad de los Juzgados Familiares de Proceso Oral del Distrito Federal.

17. Que exhorta al gobierno del Distrito Federal a reforzar las acciones que garanticen la aplicación de la Ley de Cultura Cívica y del Reglamento de Transporte del Distrito Federal, a fin de prevenir y sancionar la realización de actividades ilícitas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

18. Que exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México a analizar y presentar alternativas de solución a la problemática que aqueja a los núcleos de población localizados en los límites territoriales entre ambas entidades.

19. Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades de protección civil de las entidades federativas a establecer líneas de acción y aplicar operaciones preventivas para enfrentar los ciclones tropicales que ya se presentan en el territorio nacional.

20. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones sobre el presunto ingreso ilegal de armas de origen alemán a territorio mexicano.

21. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a analizar la viabilidad de implementar un programa de frigoríficos sociales en dicha entidad.

22. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer los mecanismos tendentes a solucionar los problemas relacionados con el transporte público en la Ciudad de México.

23. Que exhorta al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a analizar y rendir un informe sobre la viabilidad de implementar las reglas Mandela en el sistema carcelario en México.

24. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y al Instituto Mexicano del Seguro Social informar sobre el curso de las acciones e investigaciones implementadas, a fin de esclarecer los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC.- Intervino la Diputada Cristina Ruíz Sandoval del PRI.

25. Que exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz a proceder a la captura de Manuel Bautista García y Marisela Hernández Cruz, presuntos defraudadores de miles de ahorradores de la “Caja de Ahorro del Municipio de Cerro Azul”.

26. Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al gobierno del estado de Tamaulipas a realizar los trabajos de actualización del atlas de riesgo de dicho estado, a fin de identificar y registrar las potenciales zonas de riesgo que comprometan la integridad de la población tamaulipeca.

27. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar un estudio técnico que permita valorar la incorporación de innovaciones tecnológicas para la prestación del servicio de transporte público individual; así como realizar un análisis técnico-jurídico que permita determinar la regulación de las empresas que operan bajo esta modalidad.

28. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe sobre el estado jurídico administrativo que guardan los anuncios espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de México.

29. Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal informar sobre el impacto de la implementación de las reformas contenidas en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, así como sobre del avance en la expedición del Reglamento correspondiente.

30. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de establecer un programa de difusión en el que se informe de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en contra de la libertad y la dignidad de las personas.

31. Por el que la Comisión Permanente reconoce el esfuerzo, la labor y la coordinación del Gobierno Federal, del gobierno del estado de Coahuila, de las autoridades municipales de Ciudad Acuña; así como de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos, por su pronta y eficaz respuesta ante los acontecimientos derivados del tornado que azotó en Ciudad Acuña, Coahuila, el pasado 25 de mayo.

32. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a canalizar los recursos autorizados del FONDEN para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila.

33. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a los diversos actores político-electorales y a la ciudadanía en general, a través de la cual se promueva el respeto a la equidad de género, e invite a abstenerse de ejercer prácticas de violencia política contra las mujeres, así como del uso de lenguaje sexista y discriminatorio.

34. Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar una investigación en torno a la actuación de las autoridades del gobierno de Puebla, respecto a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”.

35. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Comisión Nacional de Seguridad y a las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia del gobierno del Estado de Guerrero a diseñar e implementar estrategias, acciones y programas en materia de seguridad pública y prevención del delito para dicha entidad federativa.

36. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a diseñar e implementar un programa y una estrategia de educación cívica novedosos, cuyo principal objetivo sea concientizar a la ciudadanía sobre la relevancia de la participación ciudadana en los diversos procesos democráticos.

37. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información del estado que guarda el registro y la expedición de la cédula de identidad para menores de edad.- Intervino el Senador Miguel Romo Medina del PRI.

38. Por el que se solicita a la Fiscalía General del estado de Veracruz información sobre el estado que guardan las investigaciones que se realizan para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 5 de junio, en los que resultaron heridos  8 estudiantes de la Universidad Veracruzana.- Intervinieron los legisladores: Diputado José Alejandro Montano Guzmán del PRI y Diputado Danner González Rodríguez del MC.

39. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de integrar una averiguación o, en su caso, ejercer la facultad de atracción respecto de los hechos denunciados por los integrantes de la Asociación Civil Borde Político.- Intervinieron los legisladores: Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Senador Zoé Robledo Aburto del PRD, Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, quien presentó propuesta de adición la cual fue aceptada, y Diputado Danner González Rodríguez del MC.

40. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Guerrero a cumplir con el pago de indemnización a las víctimas afectadas por las inundaciones y deslaves generados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” ubicadas en la zona diamante.

41. Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal reforzar los programas tendientes a la prevención de las inundaciones en la Ciudad de México en la temporada de lluvias 2015.

42. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos estatales y municipales, a elaborar y actualizar los atlas de riesgos municipales.

43. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer el programa “Por tu familia, desarme voluntario”, así como aquellas acciones destinadas a prevenir y combatir la comisión de delitos con arma de fuego.

Los cuarenta y tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea veinticinco dictámenes de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo:

1. Que exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública y al Instituto Mexicano de la Juventud a evaluar la viabilidad para celebrar convenios que permitan generar mayores oportunidades laborales a jóvenes estudiantes de carreras técnicas y profesionales que concluyan sus estudios con un promedio de calificaciones de excelencia.

2. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que, en el marco de la reciente aprobación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo obre edad mínima de admisión al empleo, fortalezcan las estrategias y mecanismos tendientes a cumplir cabalmente con el instrumento internacional y a sentar las bases para combatir y erradicar el trabajo de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

3. Por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública un informe sobre los reportes trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar; y exhorta a las autoridades educativas locales a enviar sus reportes respecto a la administración y ejecución de los recursos federales que se les han asignado a través del programa escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo.

4. Que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a coordinar sus esfuerzos para brindar protección y albergue a los niños, niñas y personas en situación de calle.

5. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud emita los lineamientos y las disposiciones necesarios para regular las actividades de las clínicas de reproducción asistida.

6. Por el que la Comisión Permanente se solidariza con la demanda internacional de excarcelación inmediata para el luchador independentista puertorriqueño, Óscar López Rivera.

7. Por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión del Gran Jurado del Condado de Tarrant, Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, quien disparó y privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén García Villalpando.

8. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la renovación del mandato de José Ángel Gurría Treviño, como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

9. Por el que la Comisión Permanente felicita al nuevo Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Leonardo Almagro Lemes y le desea un exitoso período al frente del organismo internacional.

10. Por el que la Comisión Permanente expresa su más tajante rechazo al uso de lenguaje sexista y discriminatorio en contra de las mujeres, particularmente, de aquéllas que participan como candidatas a cualquier cargo de representación popular, en el marco de la contienda electoral 2015.

11. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a explorar la viabilidad de incrementar los estímulos y beneficios a las organizaciones de la sociedad civil, del programa de apoyo a la educación indígena.

12. Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a tomar las medidas necesarias para reforzar la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, dando especial atención al interés superior de la niñez.

13. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social a cubrir las primas a sus trabajadores jubilados y pensionados.

14. Por el que la Comisión Permanente exige al titular del Poder Ejecutivo Federal que garantice el cumplimiento de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio profesional docente en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016; asimismo, cita a comparecer al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.- Intervinieron los legisladores: Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN, Senadora Dolores Padierna Luna del PRD, Diputado Agustín Miguel Alonso Raya del PRD, Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Diputado Danner González Rodríguez del MC y Senador Zoé Robledo Aburto del PRD.

15. Que exhorta al Gobierno de la República a remitir un informe sobre los programas y medidas que se han implementado para garantizar el desarrollo integral de la juventud mexicana, en el marco de los Objetivos del Milenio.

16. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas a tomar las medidas pertinentes y realizar las acciones necesarias a efecto de garantizar la protección, defensa y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios que se encuentran bajo su jurisdicción.

17. Que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la posibilidad de incluir en el catálogo de enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos la enfermedad de la Esclerosis Múltiple.

18. Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal un informe de los avances del Estado mexicano para dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.

19. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a mantener y reforzar los mecanismos necesarios para garantizar la reparación integral de las víctimas en el caso del incendio de la Guardería “ABC” en Hermosillo, Sonora, especialmente en lo que toca a las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos y el fincamiento de las responsabilidades.

20. Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las acciones dirigidas a servidores públicos en los tres niveles de gobierno, encaminadas a contrarrestar el auge de expresiones de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas.

21. Que exhorta a la Secretaría de Salud a orientar a la población con relación a la enfermedad denominada síndrome de la fatiga crónica.

22. Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para garantizar la atención, el tratamiento efectivo, suficiente, de calidad e idóneo de todas las niñas, niños y adolescentes con cáncer.

23. Que exhorta al Comité para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a considerar la realización de una cinta cinematográfica, relacionada con tan simbólico acontecimiento histórico nacional.

24. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, a llevar a cabo una campaña de presencia continua de personal odontológico en las guarderías, estancias infantiles y escuelas de educación inicial y preescolar; con el fin de que prevengan la incidencia de caries y enfermedades periodentales.

25. Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar el desarrollo y la implementación de un programa de atención a los trastornos del sueño.

Los veinticinco dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cincuenta y seis dictámenes de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:

1. Por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice un censo de productores de alimentos que proveen a las centrales de abasto en el país, distinguiendo entre sector, producto y número de operaciones.

2. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de Salud a coordinarse para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto transitorio de Ley de Ingresos de la Federación para 2015.

3. Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos una reunión de trabajo con la Tercera Comisión para analizar el Informe Anual 2014 de la empresa y el Reporte de resultados del primer trimestre de 2015.

4. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre la carga fiscal que se le aplica a Petróleos Mexicanos.

5. Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral al Sistema CompraNet que permita verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad y confiabilidad que requiere.

6. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe que explique la vinculación del llamado Presupuesto Base Cero con los Pre-Criterios de Política Económica 2016, la evolución de las finanzas públicas y su impacto en la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.

7. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política nacional en la gestión integral de los desechos electrónicos, mediante un programa general e influyente para su captación, manejo, tratamiento y destino final.

8. Por el que se solicita a las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre los avances y cumplimiento de los Objetivos del Milenio definidos por la Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio del año 2000 y sus documentos posteriores; en sus respectivos sectores.

9. Que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría integral al programa de entrega de mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los recursos.

10. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación a un informe sobre el uso de los recursos asignados para la expedición de la cédula de identificación ciudadana durante el período 2009-2012.

11. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las diligencias pertinentes para determinar la existencia de daños ambientales en la zona núcleo del área natural protegida conocida como “Humedales de Montaña María Eugenia”, ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

12. Por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral investigar y determinar si las leyendas respecto a la reducción de la tarifa eléctrica que aparecen en los recibos de luz de la Comisión Federal de Electricidad no contravienen las disposiciones en materia electoral.

13. Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un documento específico que contenga la estrategia diseñada para hacer frente a la situación de las finanzas públicas y las expectativas económicas que se desprenden del Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de 2015.

14. Por el que se solicita a diversos servidores públicos, remitan al H. Congreso de la Unión, informes sobre las medidas de seguridad emprendidas para evitar accidentes en las instalaciones petroleras.

15. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre los fines de las donaciones en especie, particularmente de combustibles, realizadas a las entidades federativas durante el ejercicio fiscal 2014 y el primer trimestre de 2015.

16. Que exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a remitir un informe relativo a la Ronda Uno.

17. Que exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a determinar e incluir en su catálogo el salario mínimo general para el trabajo en el campo.

18. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a considerar una auditoría al Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en cuanto a los recursos públicos federales transferidos al municipio de Tizimín, Yucatán.

19. Que exhorta a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno a diseñar e implementar acciones que garanticen la participación de la sociedad en los diferentes programas de reciclaje.

20. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a considerar una auditoría para conocer el destino, uso y ejercicio de los recursos públicos federales entregados a través de los programas y proyectos autorizados por el Instituto Nacional de la Economía Social en el estado de Yucatán, durante el ejercicio fiscal 2014.

21. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales inspeccionar la construcción de una gasolinera ubicada en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo y tomar las medidas pertinentes a fin de salvaguardar el área natural protegida del Sistema Lagunar Nichupté y la seguridad de los habitantes de la región.

22. Que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el estado que guarda el tramo de la carretera de San Diego de la Unión-Dolores Hidalgo del estado de Guanajuato, en razón del mal estado en que opera dicho tramo carretero.

23. Por el que se solicita a diversas Secretarías de Estado a informar el monto de los subsidios y programas federales de apoyo que se han otorgado a los productores agrícolas del Valle de San Quintín en Baja California, durante el periodo 2008-2015.

24. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los criterios y/o normas y vigilancia que rige la fijación de las tarifas que por servicio de llamadas telefónicas, locales y de larga distancia nacional ofrecen los hoteles que operan en territorio nacional.

25. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre los términos y condiciones bajo los cuales se celebraron los contratos para la fabricación, lanzamiento y aseguramiento del satélite Centenario; así como las implicaciones que, en materia económica y de telecomunicaciones, tendrá el incidente ocurrido el 16 de mayo de 2015.

26. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe de los fundamentos y las motivaciones para que el ejercicio del remanente de operación del Banco de México, correspondiente a 2014, se traslade hasta el presupuesto 2016.

27. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar y promover la educación y el responsable cuidado de los perros, con la finalidad de evitar que agredan a las personas.

28. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar la consulta indígena relativa al “Anteproyecto de Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.

29. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a valorar la implementación de un programa emergente de apoyo a los productores del campo que han contraído obligaciones con cajas populares e instituciones bancarias.

30. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación analizar la posibilidad de realizar la declaratoria emergente fitosanitaria por la plaga conocida como la roya naranja, la cual afecta a los productores del café.

31. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Estado mexicano a garantizar el derecho de libre tránsito, el derecho de libre asociación y de la expresión de las ideas, así como la integridad física y mental de los participantes y simpatizantes de la Caravana Nacional en defensa del Agua, la Tierra, el Trabajo y la Vida”.

32. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cumplir con la resolución emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México y suspenda el descuento y la entrega de cuotas o pagos similares, a favor del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y con cargo a los jubilados.

33. Por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria información sobre los resultados de la aplicación del programa de transición del Régimen de Pequeños Contribuyentes al Régimen de Incorporación fiscal.

34. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir las reglas de operación que establezcan la conformación del Comité de Educación Financiera a que se refiere el artículo 190 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

35. Sobre la implementación de acciones y programas para aminorar la escasez del agua en el estado de Zacatecas.

36. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal información de los avances de las acciones en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, de acuerdo a los programas anunciados por el titular del Ejecutivo Federal, en el mensaje dirigido a la Nación denominado: “Por un México en paz, con justicia y desarrollo”.

37. Por el que se solicita al Banco de México un informe de las consecuencias de la depreciación del peso y la persistente caída de las expectativas de crecimiento  económico de la economía mexicana para 2015.

38. Por el que se solicita a la Secretaría de Economía un informe complementario y detallado sobre el documento titulado “Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso”, recibido el pasado 13 de mayo, sobre las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica.

39. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a remitir un informe sobre las acciones que ha llevado a cabo para dar cumplimiento a los laudos relacionados con los asuntos de los conflictos laborales de antigüedad genérica y efectiva que hayan sido promovidos ante los órganos jurisdiccionales de carácter laboral.

40. Que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incluir como beneficiarios del Programa de Compensación Social por la Suspensión Temporal de Pesca para Contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina, a los pescadores que hubieren sido excluidos del Puerto de San Felipe, en el municipio de Mexicali, Baja California.

41. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe que especifique cuál fue el monto del recorte al presupuesto del 2015 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en qué programas se aplicaron esos recortes y cuál es el porcentaje reducido en relación con el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados.

42. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe de las razones por las que se otorgó el permiso en Cancún, Quintana Roo a la empresa SIMSA para la construcción de un gasoducto.

43. Que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, analice la pertinencia de incluir  la iniciativa “Escuela Verde” dentro del mismo.

44. Por el que se solicita a la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes un informe sobre el trámite de permuta convenido con los ejidos de Agua Nueva y La Trinidad, del municipio de Saltillo del estado de Coahuila.

45. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe en torno al grado de avance físico y financiero de las obras de infraestructura y transporte que se encuentran proyectadas para el estado de Tabasco en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018.

46. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal un informe sobre la entrega de pantallas de televisión en el estado de México; asimismo, un informe sobre los criterios para definir el calendario de entrega de equipos del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, publicado el 13 de mayo de 2014.

47. Que exhorta a impulsar las acciones que agilicen los trámites que realizan los turistas extranjeros al llegar al Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Baja California Sur.

48. Que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar un estudio que determine la viabilidad de promover un paquete de política arancelaria de mayor impacto a la importación de granos y semillas oleaginosas provenientes de países que no cuenten con Tratado de Libre Comercio con México.

49. Por el que se solicita al Fondo de Supervisión Auxiliar de Socaps y de Protección a sus Ahorradores un informe sobre las acciones que ha emprendido para evitar que los ahorradores de "ACREMEX", Sociedad Cooperativa de Ahorro y préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, pierdan sus ahorros, derivado de la situación actual de la Sociedad de Ahorro y Préstamo antedicha.

50. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar una investigación a fin de verificar si los contenidos de la programación radiodifundida por las estaciones de radio y televisión transgreden las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de contenidos.

51. Que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Nacional del Agua a informar en torno a las causas y los daños ocasionados por la toma clandestina en el oleoducto Agave, que provocó el derrame de hidrocarburo en el río de la Sierra y Grijalva en el estado de Tabasco.

52. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a resolver las solicitudes de los permisos de nado y avistamiento con tiburón ballena que se han presentado en el estado de Quintana Roo.

53. Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral a la administración del Registro Agrario Nacional, en relación a la celebración de contratos y/o convenios de colaboración suscritos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el desarrollo de diversos proyectos; asimismo, le exhorta a realizar una auditoría especial a la Universidad Autónoma del Estado de México, en el marco de su participación en la celebración de Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios.

54. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano a remitir un informe sobre los avances de las obras de los programas de fomento a la urbanización rural y del programa Hábitat en el estado de Baja California Sur.

55. Que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al gobierno del estado de Quintana Roo a fortalecer las acciones de combate de incendios forestales ante los incendios suscitados en el estado de Quintana Roo.

56. Por el que la Comisión Permanente se une a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2015.

Los cincuenta y seis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 73 y el Capítulo III del Título Décimo Primero de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 138 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Martha Lucía Mícher Camarena, Amalia García Medina, Aleida Alavez Ruiz, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Julisa Mejía Guardado, Joaquina Navarrete Contreras y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud reproductiva.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a concluir con las investigaciones en contra del ex alcalde, el ex secretario y el ex tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza, durante el período 2006-2009, sobre el delito de peculado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir y, en su caso, aprobar los dictámenes pendientes en materia de desindexación del salario mínimo y el correspondiente a la llamada Ley FICREA.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se que solicita a las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional otorguen las facilidades al Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para coadyuvar en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita al Tribunal Electoral de Tabasco que declare la nulidad de la elección de presidente municipal y regidores en el municipio de Centro que tuvo lugar el pasado domingo 7 de junio e instruya la realización de nuevos comicios.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre el proceso de certificación de policías en el estado de Veracruz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer los programas y apoyos al campo a fin de contribuir al crecimiento económico y exportación ganadera del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a adecuar su legislación civil con el fin de cumplir con los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según la interpretación de la jurisprudencia 43/2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a asegurar la operación adecuada de los mecanismos de monitoreo y de alerta oportuna; la correcta actualización de los protocolos de respuesta institucional ante los posibles escenarios de contingencia; la coordinación dentro de los procedimientos de respuesta conjunta y consolidar conductos de información y comunicación con las organizaciones de la sociedad civil para la actuación conjunta; y para que se liberen oportunamente los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender las afectaciones que pudieran generarse por la temporada de lluvias y huracanes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz a derogar las disposiciones contenidas en la Ley de Aguas de la entidad que violan el derecho humano al agua, establecido en el artículo 4° de la Constitución Federal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe sobre las denuncias por irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como las acciones que han llevado a cabo para prevenir y sancionar estos hechos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar la afiliación colectiva, el desvío de recursos públicos, el uso electoral de programas sociales en la campaña del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Chiapas y a resolver a la brevedad las solicitudes presentadas por diversas organizaciones civiles para la cancelación del registro de dicho partido.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a concluir las obras de construcción del muro de contención de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre el abandono a las bibliotecas públicas del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de Electricidad a realizar un estudio de las condiciones climáticas y económicas de los habitantes del estado de Campeche y a determinar la clasificación justa de las tarifas eléctricas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita al gobernador del estado Sonora elabore y enviar un informe en el que se expliquen las causas del rezago que presenta la entidad en la implementación del sistema penal acusatorio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que convoca a un diálogo nacional por la educación de las niñas y niños.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al Instituto de Vivienda y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a regularizar las autorizaciones y determinar el impacto ambiental ocasionado, en relación a la construcción del proyecto integral ubicado en Rubí 38, Colonia Estrella, Delegación Tlalpan.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que la Comisión Nacional contra las Adicciones, en la implementación del programa “Conduce sin alcohol” a nivel nacional, incluya en la capacitación del personal que operará el programa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de la Juventud y de las secretarías de salud estatales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que en todo el proceso de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro la información técnica y financiera sea pública y transparente.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a exigir a los proveedores que ofrecen sus productos por internet a que los términos y condiciones de venta sean lo suficientemente claros y precisos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya y Yazmín Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar las amenazas hechas en contra de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot y a preservar su integridad física y la de su familia, así como a respetar su fuero constitucional.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los tres niveles de gobierno a brindar protección y un trato digno a los miles de refugiados que ingresan a nuestro país buscando seguridad y mejores condiciones de vida.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe del estatus de las observaciones realizadas a los programas relacionados con la expedición de la cédula de identificación personal en el periodo de 2008 a 2012.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Querétaro y al gobierno municipal de Pinal de Amoles a realizar las acciones oportunas para salvaguardar el derecho de un medio ambiente saludable y al abastecimiento de agua purificada a los habitantes de la comunidad de Llanos de San Francisco en el municipio de Pinal de Amoles del estado de Querétaro.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Teresa Mojica Morga y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía del estado de Guerrero y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a agilizar la investigación sobre el asesinato del activista político guerrerense Francisco López Liborio. Asimismo, exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar la investigación de los vínculos de Héctor Astudillo Flores con la delincuencia organizada.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Desertificación y la Sequía.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar y resolver el asesinato del ciudadano José de Jesús Alberto Carrera Limón, elemento de la Policía Federal, quien fuera asesinado el 11 de junio de 2015.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar normas, políticas y estrategias para mejorar la calidad de los servicios de atención médica y de asistencia social que dentro del sistema nacional de salud se ofrecen a personas con enfermedades lisosomales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a garantizar la paridad de género en las asignaciones de diputaciones de representación proporcional y regidurías.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Adriana Fuentes Téllez y Jesús Valdéz Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a otorgar reconocimientos y apoyos a favor de dos elementos de seguridad involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a promover el desarrollo de la industria aeronáutica nacional atendiendo, de manera particular, a la necesidad de aumentar la conectividad aérea de diversas ciudades del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para conformar un grupo de trabajo plural, integrado por legisladores, representantes de las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como por un grupo de representantes de los ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación, con el objeto de dar cabal cumplimiento a la demanda de los jubilados y ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Alejandro Rangel Segovia y Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno a resolver el conflicto de las empresas Uber y Cabify con los taxis concesionados del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca a condecorar al ex senador canadiense Noël Kinsella.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya y Antonio Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías de los estados de Guanajuato y Sinaloa a esclarecer los asesinatos de profesionales de la salud y al Consejo Nacional de Seguridad Pública a presentar una estrategia para la protección de dichos trabajadores que desempeñan sus servicios en comunidades donde prevalecen condiciones de inseguridad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las dirigencias de los partidos políticos nacionales a tomar las medidas conducentes para instar a sus militantes y simpatizantes a evitar actos anticipados de campaña, con relación a la elección del año 2018.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a reforzar y fortalecer los derechos de las niñas y niños del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea del Distrito Federal y a los congresos de los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas a realizar la armonización a sus leyes locales con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; así también, al titular del Poder Ejecutivo Federal a cumplir con las disposiciones transitorias de dicha Ley, a fin de que se instale el Sistema Nacional de Protección Integral.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar acciones de promoción y empadronamiento para que los adultos mayores que no reciben una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a la línea de bienestar mínimo, que viven en los municipios del estado de Oaxaca contemplados en el Decreto que crea el Sistema Nacional para la Cruzada Nacional Contra el Hambre, sean incorporados al Programa Pensión para Adultos Mayores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar cabal cumplimiento a la desagregación efectiva de la red local del agente económico preponderante en telecomunicaciones; y exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir los lineamientos que instrumenten la política inmobiliaria de aprovechamiento de bienes del estado que faciliten el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar una revisión del marco jurídico nacional en materia de tratados internacionales y política exterior con el propósito de adecuarlo a la realidad internacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo en relación al combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores María del Pilar Ortega Martínez y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a hacer de conocimiento público el estado de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, particularmente en el capítulo de transparencia y asistencia médica en lo referente a la participación de las empresas dentro del proceso de decisión de compra en instituciones públicas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar las acciones necesarias para detonar e impulsar el turismo de la localidad Huay-Pix, municipio de Othón P. Blanco, del estado de Quintana Roo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a redoblar las acciones que realizan para erradicar la proliferación del mercado ilegal de medicamentos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional de Pesca a disminuir el porcentaje de captura incidental de dorado autorizado a las pesquerías en la costa occidental de la península de Baja California.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para celebrar un periodo extraordinario de sesiones de las Cámaras del Congreso de la Unión.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Diputadas Gloria Bautista Cuevas y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en el Servicio Nacional de Empleo Oaxaca y termine el acoso que reciben por parte del Secretario de Trabajo Estatal, Daniel Juárez López y el Director Administrativo, José Manuel Guzmán Avendaño.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Oaxaca a fiscalizar la construcción del centro cultural y de convenciones de Oaxaca. Asimismo, se solicita al titular de la entidad un informe que precise la ejecución de los recursos, licitaciones realizadas, cronograma de la obra, licencia de construcción y evaluación de impacto ambiental.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas  Montero, del Grupo Parlamentario    del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a valorar y, en su caso, proceder a la remoción y sustitución del Procurador de Justicia de dicho estado, por los nulos y negativos resultados en el desempeño de su encargo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delito Electorales un informe respecto de las condiciones materiales y humanas para enfrentar los delitos electorales bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a realizar una investigación integral por posibles irregularidades en la liberación del derecho de vía y en la compra de predios y terrenos destinados al sistema de autobuses “Bus Rapid Transit”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las procuradurías generales de justicia de los estados; así como a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a implementar mecanismos de inspección y supervisión constantes y eficientes a vehículos de transporte, como son motocicletas, motonetas y bicicletas para evitar que la población sea víctima de asaltos en zonas de intenso tránsito vehicular.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a fortalecer las acciones para evitar la venta ilegal de medicamentos caducos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fomentar la creación de un programa de apoyo para el rescate de las zonas con vocación arrocera en el país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe de las acciones y estrategias para prevenir la presencia de inundaciones por precipitaciones pluviales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a remover a los Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora por atentar contra la imparcialidad de la función electoral y de manera subordinada respecto de terceros.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar y ampliar las acciones encaminadas a disminuir la muerte materna y de los recién nacidos en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, considerando campañas de difusión acerca de la importancia y el derecho que tienen las mujeres para acudir a las unidades de salud materno-infantil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la norma oficial mexicana para reproducción asistida.- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Efemérides)

El Diputado Chris López Alvarado, a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Refugiados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

Los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre el balance general del desarrollo de las elecciones federales y locales del 7 de junio de 2015, y de la participación ciudadana que registraron las mismas, así como de las incidencias que se suscitaron en diversas partes del país durante la jornada electoral.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con doce minutos y citó para la siguiente sesión pública el día miércoles veinticuatro de junio, a las once horas.

Fin de la sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el 26 de junio del año en curso, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente de la República de Guatemala, señor Otto Pérez Molina, para participar en la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, Mecanismo de Tuxtla, que se realizará en la ciudad de La Antigua, Guatemala.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: De la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo enero-marzo 2015.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase dicho informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, un oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2015 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase copia de la documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un oficio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el que remite el Diagnóstico sobre la Evolución de los Sueldos y Salarios, del 2005 al 2015, que se cubren a los servidores públicos de los mandos medio y superior, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo Transitorio Décimo Primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase la información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir de hoy, 24 de junio.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.

 





 

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones de los Diputados, por la que informan su reincorporación a sus funciones legislativas, en este mes de junio de 2015. Ellos son: Salvador Arellano Guzmán, a partir del día 18, y Jorge Rosiñol Abreu, a partir del día 10.

 



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió una comunicación de la Senadora Lizbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 5 y 6 de junio de 2015, en La Habana, Cuba.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió una comunicación de la Senadora Mayela Quiroga Tamez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir de hoy, 24 de junio.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

“Único.- Se concede licencia a la Senadora Mayela Quiroga Tamez, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 24 de junio de 2015.”

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: En consecuencia…

El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: ¿Con qué objeto señor Senador?

El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Si me lo permite, señor Presidente. Solamente para hacer un reconocimiento a la Senadora Mayela Quiroga, de Nuevo León, por su desempeño que tuvo durante todo este tiempo en la Cámara de Senadores y también, por supuesto, por su extraordinario desempeño aquí en la Comisión Permanente.

Nosotros queremos referirle a ella, que el Senador Emilio Gamboa y todos los compañeros de este grupo parlamentario estamos muy contentos y muy agradecidos por el apoyo que dio, por la contribución que como abogada que es, con la experiencia que tiene al haber sido Diputada Federal y también con la experiencia administrativa, pues de alguna manera nutrió los criterios que se tomaron, no solamente en el Senado de la República, sino también en esta Comisión Permanente.

Razón por la cual, aprovecho solamente para que a nombre de nuestro grupo parlamentario, desearle a ella lo mejor en las actividades que tengan en el futuro, y que sepa que el Senado de la República siempre tendrá las puertas abiertas para ella.

Felicidades.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Mayela Quiroga Tamez, para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 24 de junio de 2015.

Comuníquese a la Cámara de Senadores.





 

Sonido en el escaño del Diputado Abel Salgado.

El Diputado Abel Octavio Salgado Peña: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Con el propósito de solicitar a la Presidencia, se pueda conceder un minuto de silencio en honor de las 16 víctimas fallecidas el día de ayer en la madrugada, en la Casa de Reposo de Adultos Mayores “Hermoso Atardecer”, ubicada en el ejido Querétaro de la ciudad de Mexicali.

Este asilo en su mayoría daba albergue a población indigente, que lamentablemente por su misma situación de vulnerabilidad y por las condiciones en que estaba construido el albergue, perdieron la vida.

En consecuencia, solicitarle a la Presidencia pueda conceder este minuto de silencio en memoria de las víctimas de este lamentable suceso.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Con mucho gusto, señor Diputado.

También comunico a la Asamblea que fue solicitado por la Comisión de Grupos Vulnerables del Senado de la República.

MINUTO DE SILENCIO

Les solicito a todos ponerse de pie, con el propósito de guardar un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el incendio ocurrido el día de ayer en un asilo de personas adultas mayores, ubicado en el municipio de Mexicali, en el estado de Baja California.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Favor de tomar asiento.

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro Rangel Segovia, para presentar a nombre del Diputado Roberto Ruiz Moronatti, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXX, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE PARA CONVERTIRSE EN XXXI, DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Presentada por el Diputado Alejandro Rangel Segovia, a nombre del Diputado Roberto Ruíz Moronatti, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Alejandro Rangel Segovia: Buenos días, con el permiso de la Presidencia.

Me permito rendir a ustedes este posicionamiento sobre la iniciativa por la que se adiciona la fracción XXX, recorriéndose la subsecuente para convertirse en XXXI, del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil.

La Ley General de Protección Civil es un ordenamiento relativamente nuevo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación apenas el 6 de junio del año 2012, por lo que el tema de protección civil en nuestro país es realmente incipiente en el rubro normativo.

Ha avanzado más rápidamente la cultura de la protección civil desde la perspectiva de la sociedad organizada, que desde los puntos de vista gubernamentales, siendo los primeros quienes en la autogestión y organización han generado mecanismos de prevención de riesgos y han concurrido solidariamente en cada uno de los eventos catastróficos que nuestro país ha vivido.

La presente iniciativa refiere un tema en particular que hasta ahora ha quedado un poco ausente de la dinámica de mayor generación de protección civil en nuestro país, se trata de los mercados públicos, ya que la protección civil es un tema trasversal y de muy diversas aristas que debe también concurrir a este espacio, donde conglomerados ciudadanos todos los días van a hacerse de sus requerimientos para el alimento, para el vestido, entre otros consumos.

Los mercados públicos en el país son un medio de economía social donde se desplaza el 45 por ciento de los alimentos y productos de primera necesidad que se consumen en todo el país; son un brazo de la economía que permite la redistribución de la riqueza, están regulados por el artículo 115 constitucional y facultan al municipio para que sea éste quien se encargue de dotarlos de servicios y mantenimiento.

Asimismo, los códigos fiscales y financieros de los estados les dan una normatividad particular, según la entidad federativa que los rige.

Existe un Reglamento de Mercados Públicos que tienen diversas disposiciones, de conformidad al estado o municipio del que se trate, por lo que podemos ver que la dispersión normativa es amplia y debe ser regulada por una instancia coordinadora a través de un ordenamiento normativo federal.

En materia de protección civil sucede lo mismo, ya que por un lado, la Ley General de Protección Civil establece la obligación de las dependencias del gobierno de los estados, municipios y delegaciones, en el caso del Distrito Federal, de realizar los programas internos de protección civil en los edificios públicos, en los que se engloban los mercados. Sin embargo, no existe la aplicación práctica de estos preceptos, ni la construcción de estructuras normativas mayores. En la mayoría de las leyes de protección civil de las entidades federativas se establece lo mismo, pero tampoco hay una obligatoriedad.

Nos encontramos, entonces, en una ambigüedad en la que ningún gobierno se responsabiliza de realizar dichos programas, en detrimento de las y los comerciantes que trabajan en los mercados públicos de todo el país.

La presente iniciativa tiene por objeto generar, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la promoción de los planes de protección civil encaminados al conocimiento, identificación, eliminación y reducción de los peligros y riesgos que originen o aseveren incidentes en los mercados, buscando así la disminución del impacto o daños ante la existencia de un agente perturbador, atendiendo a la realidad social en relación con estos establecimientos.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias por escucharme.

Iniciativa

El suscrito, Diputado Roberto Ruíz Moronatti, integrante de la LXII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción XXX recorriéndose la subsecuente para convertirse en XXXI del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, a fin de que la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil, tenga las atribuciones para promover que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o delegaciones, según corresponda, elaboren y mantengan actualizados los programas internos de protección civil en los Mercados Públicos, de conformidad a sus respectivas leyes y reglamentos en la materia, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección civil en los mercados públicos es un tema transversal y de muy diversas aristas. Los Mercados Públicos en el país, son un medio de economía social, donde se desplaza el 45% de los alimentos y productos de primera necesidad que se consumen en todo el país. Son un brazo de la economía que permite la distribución de la riqueza. Están regulados por el artículo 115 constitucional y facultan al municipio para que sea este quien se encargue de dotarlos de servicios y mantenimiento, así mismo, los códigos fiscales y financieros de los Estados les dan una normatividad particular, según la entidad federativa que los rige.

En materia de protección civil, por un lado la Ley General de Protección Civil establece la obligación de las dependencias de gobierno de los estados, municipios y delegaciones en el caso del Distrito Federal, de realizar los programas internos de protección civil, en los edificios públicos, en los que se engloban los mercados. Sin embargo, no existe la aplicación práctica de estos preceptos, ni la construcción de estructuras normativas mayores.

En la realidad, ningún gobierno se responsabiliza de realizar dichos programas de protección civil, en detrimento de las y los comerciantes que trabajan en los Mercados Públicos de todo el país.

Día con día, una gran cantidad de personas confluyen en estos centros de abasto, por lo que existe una necesidad imperiosa de que se generen programas internos de protección civil, que den orden a los Mercados Públicos en este rubro.

Objeto de la Iniciativa

Generar a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil la promoción de los planes de protección civil encaminados al conocimiento, identificación, eliminación y reducción de los peligros y riesgos que originen o aseveren incidentes en los mercados, buscando así la disminución del impacto o daños ante la existencia de un agente perturbador, atendiendo a la realidad social en relación  con estos establecimientos.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por la fracción III y el primer párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXX recorriéndose la subsecuente para convertirse en XXXI del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil:

ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXX recorriéndose la subsecuente para convertirse en XXXI del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil para quedar como sigue:

Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

I. aXXIX.

XXX. Promover que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o delegaciones, según corresponda, elaboren y mantengan actualizados los programas internos de protección civil en los mercados públicos, de conformidad a sus respectivas leyes y reglamentos en la materia, y

XXXI. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables o que le atribuyan el Presidente o el Consejo Nacional dentro de la esfera de sus facultades.

TRANSITORIOS.

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de la Comisión Permanente, el 24 de junio de 2015.

Atentamente

Dip. Roberto Ruíz Moronatti.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputado Rangel Segovia. Túrnese a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar a nombre propio y de los Senadores Laura Rojas, Marcela Torres, Juan Carlos Romero Hicks y del Diputado Fernando Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 5 y 11 de la Ley Federal de Extinción de Dominio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 5 Y 11 DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, María Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y el Diputado Fernando Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

Como ustedes saben, el pasado 27 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reforma constitucional que crea el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección, sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de los recursos públicos.

Una reforma constitucional de gran calado y que pretende constituirse realmente en una herramienta para el Estado mexicano, a fin de controlar, combatir y reducir este fenómeno que lacera a la sociedad mexicana, que es la corrupción.

No debemos olvidar que el fin básico del Estado es el de otorgar seguridad, protección de derechos y libertades a los ciudadanos; por lo que quienes actúan a nombre del Estado, quienes actuamos a nombre del Estado, deben responder de cualquier acto u omisión que se aleje de este propósito.

Por ello, cuando se condiciona la ejecución de cualquier servicio o cualquier obligación legal, o esté condicionada ésta a un beneficio personal o a utilizar el encargo para obtener beneficios personales, no debe ser perseguido solamente por este hecho, porque se ha hecho de manera ilícita, sino también porque deforma al Estado Republicano y Democrático. Asimismo, debe sancionarse a quien pretende obtener beneficios a través de corromper a servidores públicos, me refiero al caso de particulares.

Y bueno, digo esto porque esta propuesta que estamos haciendo, de reforma a la Ley Federal de Extinción de Dominio, tiene que ver con este Sistema Nacional de Combate a la Corrupción y con las nuevas atribuciones que hoy tiene la Auditoría Superior de la Federación, pero sobre todo tiene que ver con una aportación novedosa que se da a esta reforma constitucional, en materia de Sistema Nacional Anticorrupción.

Y esa aportación novedosa consiste en que se establece que el delito de enriquecimiento ilícito, estaría dentro del catálogo de aquellos que son sujetos de extinción de dominio.

Y por supuesto que esto va también a favorecer, que funcione de una manera armónica este Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, pero sobre todo que sea eficaz.

Y en este orden de ideas, también quisiera señalar que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, recomienda en su artículo 54, adoptar las medidas necesarias para permitir el decomiso de aquellos bienes sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, ausencia o en otros casos apropiados.

Una de las características esenciales, justamente, de la extinción de dominio, en los términos en que están establecidas en nuestra legislación, y concretamente en la Ley Federal de Extinción de Dominio, consiste que la figura es la consecuencia patrimonial de actividades ilícitas. Al recaer sobre el patrimonio, la extinción de dominio, tiene el carácter de real, se implementa sobre los bienes independientemente en manos de quien se encuentren.

Y esto es muy importante, cuando ligamos la extinción de dominio con la figura de enriquecimiento ilícito, y para asegurar que en aquellos casos en que quién defrauda al Estado, o quién se beneficia del cargo o desvía recursos para enriquecerse de manera ilícita, tenga como consecuencia, independientemente o en forma paralela a la causa penal o a la causa administrativa, ésta consecuencia, es decir, la perdida de esté patrimonio que no se hizo de manera licita.

Por ello, lo que nosotros hoy estamos proponiendo es hacer unas adiciones, a efecto de que en el proceso de investigación y averiguación de seguimiento al proceso de extinción de dominio, también tenga una coadyuvancia importante la Auditoría Superior de la Federación.

Me explico: el Ministerio Público tiene como objetivo realizar un estudio pormenorizado de la condición financiera y patrimonial del afectado, sobre cuyos bienes se implementa la acción y demostrar que dichos bienes no se encuentran en un origen o justificación razonada y sustentada en sus activos financieros y no financieros, es decir, que no fueron generados como productos de la riqueza del que afecta o del patrimonio familiar, ya que estos no obedecen a una conducción de bonanza económica, por lo que deben ser objetos de extinción de dominio al estar relacionados con un hecho delictivo.

En la citada reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, se señalan facultades que fortalecen a la Auditoría Superior de la Federación, y en artículo 79 constitucional, se eliminan los principios de anualidad y posterioridad, por lo que se podrá realizar directamente, la Auditoría Superior de la Federación, auditoria durante el ejercicio fiscal en curso derivado de denuncias y con la autorización de su titular, con el fin de investigar y sancionar, de manera oportuna, posibles actos irregulares sin dejar atrás los ejercicios fiscales anteriores.

Por ello, lo que nosotros estamos proponiendo es hacer una adición en los artículos 5 y 11 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, para incluir el supuesto de que cuando la Auditoría Superior de la Federación se haya constituido como coadyuvante del Ministerio Público, dentro del procedimiento previsto en la ley de referencia, el Procurador General de la República deberá analizar las consideraciones que al afecto realiza la Auditoría Superior de la Federación, antes de acordar sobre la procedencia del desistimiento de acción de extinción de dominio.

Y por otro lado, en el artículo 11 proponemos también una adición, en el sentido de incluir el supuesto normativo para que la Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades, coadyuve con el Ministerio Público, en los casos de averiguaciones previas, cuyo origen sean las denuncias penales relacionadas con casos de enriquecimiento ilícito.

Con estas propuestas, lo que queremos es fortalecer la investigación en los casos que se dé el delito de enriquecimiento ilícito, y que, además, siendo que estas averiguaciones y los datos con que cuenta la Auditoría Superior de la Federación, son importantes para el esclarecimiento del origen del patrimonio, lo que perfeccionará también el seguimiento al proceso de extinción de dominio, y con esto se fortalece la investigación para este tipo de casos, pero sobre todo se podrá también llegar a una mejor y rápida conclusión para las determinaciones de aquellos casos en que deba proceder esta extinción de dominio.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias por su atención.

Iniciativa



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Senadora Ortega Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justica; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.





 

Tiene el uso de la palabra la Diputada Amalia García Medina, para presentar a nombre propio y de las Diputadas Martha Lucía Mícher Camarena, María Beatriz Zavala Peniche y Eufrosina Cruz Mendoza, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales, en materia de paridad de género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3o. FRACCIÓN IX TERCER PÁRRAFO, 6o. FRACCIÓN VII, 22 APARTADO B, 28, 41 FRACCIÓN I, 50, 52, 56 70, 78, 89 FRACCIÓN II, 94, 97, 99, 100, 102 APARTADO B, 115 FRACCIÓN 1, 116 FRACCIÓN II INCISOS A) Y B) Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Amalia García Medina, para presentar a nombre propio y de las Diputadas Martha Lucía Mícher Camarena, María Beatriz Zavala Peniche y Eufrosina Cruz Mendoza)

La Diputada Amalia García Medina: Muchas gracias. Muy estimadas compañeras y compañeros:

Nuestra Constitución ha tenido, desde que fue elaborada en el Constituyente del 17, un contenido muy avanzado.

Sin embargo, en el caso de los derechos de las mujeres, ha habido un rezago permanente a lo largo de decenios y decenios de años, y sin embargo, también hay que decir, que cuando el artículo 4o. constitucional se modifica y se establece con claridad la igualdad jurídica, esto significó un reconocimiento de que la sociedad, la humanidad, los mexicanos y mexicanas son parte de nuestro estado de derecho y las mexicanas deben tener garantizados todos sus derechos jurídicos.

Sin embargo, esto era absolutamente insuficiente, durante años y no solamente organizaciones de mujeres, sino también en el ámbito internacional a través de convenciones, de tratados y de diferentes instrumentos, se ha establecido como un asunto prioritario para garantizar un estado democrático y de derecho, ha avanzado que se garanticen también los derechos de las mujeres a la participación, ahí en dónde se decide, en las instancias de decisión.

Yo quiero resaltar que la modificación al artículo 41 constitucional significa un paso extraordinariamente importante, porque si bien es cierto el artículo 4o. constitucional establece los derechos jurídicos para las mujeres.

El artículo 41 establece los derechos políticos para las mujeres y ya establece la obligación a los partidos políticos de postular en el ámbito legislativo, en igualdad a hombres y a mujeres, es decir; se garantiza el principio de paridad en la postulación de candidaturas, tanto en el ámbito legislativo federal, como en el local.

Sin embargo, hemos considerado, tanto la Diputada Beatriz Zavala, como la Diputada Eufrosina Cruz, la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena y yo misma, que la sociedad mexicana está dando pasos mucho más allá que deben ser reconocidos en nuestra Constitución.

Por ello es que presentamos hoy una iniciativa de reformas a la Constitución, para que este principio de paridad y de derechos políticos quede garantizado en la Constitución, en el ámbito que se está dando en estos tiempos.

¿Y a qué me refiero?

Me refiero a que ya hay sentencias del Tribunal Federal Electoral y también hay jurisprudencias que se han establecido en tiempos muy recientes, incluso en estos últimos días y semanas, que establecen que la paridad debe estar garantizada en ámbitos que no estaban contemplados anteriormente.

Me refiero específicamente a la postulación en candidaturas en ayuntamientos, de tal manera que ha habido jurisprudencias y ha habido decisiones en el Tribunal Federal Electoral, y en los tribunales locales, que establecen la obligación a los partidos de postular igual número de mujeres que igual número de hombres, encabezando las candidaturas a los ayuntamientos.

Y por eso también es pertinente señalar que cuando hablamos de igualdad política, de paridad, no estamos hablando solamente de la paridad en un sentido vertical, es decir, tal como se establece en las candidaturas plurinominales, uno y una, uno y una, para garantizar la paridad, sino además también de manera horizontal, de tal manera que haya igual número de mujeres postuladas para encabezar ayuntamientos que igual número de hombres para encabezar ayuntamientos.

Y la propuesta, el planteamiento que hacemos de reformas a la Constitución, pone en el centro que los tres órdenes de gobierno, el Ejecutivo Federal, también por supuesto en el ámbito estatal y en el municipal, se busque y se procure la paridad; de la misma manera en los tres poderes: en el Legislativo, en el Judicial y en el Ejecutivo.

¿Qué países tienen la paridad garantizada en su legislación y en su estado de derecho?

No voy a hablar de los países nórdicos ni de Europa, voy a hablar de América Latina, países como Ecuador, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua, tienen garantizada la paridad en distintos órdenes de gobierno y en los distintos poderes, es decir, México está en rezago en esta gran causa que es la de la igualdad política, la paridad política, incluso en América Latina. Es hora de que nos pongamos al día y de que México esté en una condición que garantice esa igualdad.

Quiero, por supuesto, subrayar que hoy tenemos un avance muy importante en las candidaturas y yo diría, y termino con esto, haciendo un llamado a que pongamos atención a que en estas elecciones se ha dado un fenómeno extraordinariamente importante, poco relatado y poco recogido hoy en los análisis políticos y en los medios de comunicación y es la presencia de las mujeres. No llegará el 50 por ciento a la Cámara de Diputados, pero será más de 42 por ciento de mujeres.

Y en los congresos locales ha habido decisiones de los tribunales estatales que han obligado a los partidos políticos a que, si en las candidaturas en distritos uninominales estatales no se logró con las candidaturas plurinominales la paridad, se modifique la lista, de tal manera que tomando de la lista plurinominal los hombres y las candidaturas de mujeres, se acerque o se complete la paridad.

En estados como Morelos, Tabasco, Guerrero, Nuevo León, en los 17 estados en donde hubo elecciones locales, hay procedimientos jurídicos que han sido presentados por mujeres y muchos de ellos están prosperando, es decir, es una oleada, y yo diría, es el tiempo de las mujeres.

Es muy probable, además, que con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, con la candidatura de Hillary Clinton, muy probablemente será la candidata del Partido Demócrata, debemos en nuestro continente, con lo que ya sucede en Sudamérica, con la presencia de una mujer Presidenta como Michelle Bachelet, con otra mujer Presidenta como Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina; o una Presidenta en Brasil como Dilma Rousseff, a quien acabamos de recibir, y con la candidatura de Hillary Clinton, una oleada que haga que se diga que este es el tiempo de las mujeres, yo diría de las mujeres y los hombres, pero es el tiempo de la paridad y es el tiempo de que se garanticen los derechos no sólo jurídicos, sino también los derechos políticos para las mujeres, una democracia de calidad tiene que reconocer esa presencia.

Y termino con una frase de Michelle Bachelet, ella ha dicho: “Si una mujer entra en la política, se transforma su vida. Si entran miles y miles de mujeres en la política y en los espacios de decisión, se transforma la sociedad”.

La ilusión de las mujeres está transformando y debe transformar a nuestro país en un sentido positivo.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Iniciativa

Quienes suscriben diputadas Amalia Dolores García Medina, Martha Lucía Mícher Camarena del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; María Beatriz Zavala Peniche y Eufrosina Cruz Mendoza del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta H. Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 fracción IX tercer párrafo, 6 fracción VII,26 apto B, 28, 41 fracción 1, 50, 52, 56 70, 78, 89 fracción II, 94, 97, 99, 100, 102 apto B, 115 fracción 1, 116 fracción II incisos a) y b) y 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de lo siguiente:

Planteamiento del problema

Pese al reconocimiento formal de los derechos políticos de las mujeres a votar y ser electas, es evidente que aún existen barreras estructurales e históricas que han obstaculizado la posibilidad de que sean ejercidos  plenamente.

El análisis histórico de cada proceso electoral da cuenta de las existencia de una serie de dificultades que han minado la participación política de las mujeres, situación que durante años ha generado una subrepresentación en los cargos de elección y en la administraciones públicas, lo cual además de constituir un acto de discriminación, les ha impedido el desarrollo de sus capacidades de liderazgo, su fortalecimiento como de agentes de cambio hacia la igualdad sustantiva y sobretodo se les ha limitado indebidamente el derecho fundamental a participar en igualdad de condiciones dentro de los gobiernos democráticos.

Las mujeres hacen política en un contexto adverso y dentro de una cultura política machista y discriminatoria que aún considera los espacios de poder como territorio acotado para los hombres. Por ello el haber introducido la paridad como un principio constitucional en la integración de las candidaturas, creemos debe incidir en un serie de reformas legislativas que garanticen un cambio institucional que transforme la manera de hacer política para dar paso a una verdadera representatividad de género.

Por ello vemos necesario hacer frente al reto de la paridad desmontando en la estructura jurídica los obstáculos que perpetúan las resistencias que se conforman para no ceder los espacios y controlar el proceso de selección de las candidaturas.

Tal como lo señala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 20111, “las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada” y México es un claro ejemplo de ello.

No obstante, los resultados del proceso electoral de 2015 muestran el impacto positivo e importante avance en la integración de más mujeres dentro de los órganos legislativos, pero aun así no se ha logrado obtener  la paridad. Es por ello que resulta pertinente ajustar la instrumentalización de la paridad y, como un acto de congruencia, hacerla extensiva para la integración de órganos judiciales y administrativos, así como para el nombramiento de quienes forman parte de ellos.

Argumentación

La reforma constitucional de 2013 que incorporó en el artículo 41 la obligación de los partidos de garantizar la paridad de género en las candidaturas al Poder Legislativo federal y local representó sin duda un cambio de paradigma, que sentó las bases para  continuar con el desarrollo progresivo de los  derechos políticos de las mujeres.

De tal manera que hoy por hoy el establecimiento de la paridad de género se ha traducido en una medida estratégica e indispensable frente a la evidente y abrumadora sub-representación de las mujeres en los órganos de decisión política, así como para cumplir con la obligación estatal de generar las condiciones para que el ejercicio de los derechos políticos-electorales de las mujeres, sean una realidad.

Cabe precisar que a diferencia de las cuotas, la paridad es una medida permanente que tiene como finalidad lograr la representación descriptiva y simbólica de las mujeres en los órganos de decisión de los rumbos que debe tomar el país. Parte de un entendimiento inclusivo de la democracia y de un enfoque integral de la igualdad. Por ello estimamos el objetivo de la paridad –reflejar en los órganos democráticos y de toma de decisiones la composición de la población- debe cumplirse dentro de todas aquellas instituciones públicas en las que se toman decisiones y la presente iniciativa abona a su cumplimiento.

En un ejercicio de análisis comparativo encontramos que países como Ecuador, Bolivia, Cota Rica y Nicaragua han adoptado la paridad en sus marcos jurídicos, de la siguiente manera

Ecuador

La incluye en los artículos 116, 176, 179, 183, 210, 217, 224 y 434 constitucionales, que señalan:

Para las elecciones pluripersonales se establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres.

El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral se rigen por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad.

En la integración de la Corte Constitucional se procurará la paridad entre hombres y mujeres.

En la elección de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, en la conformación del Consejo de la Judicatura y en la designación de servidoras y servidores judiciales “se propondrá a la paridad entre hombres y mujeres”.

Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán designados garantizando “equidad y paridad entre hombres y mujeres”.

Bolivia

La incluye en el artículo 278 constitucional, que a la letra dice:

“En la elección de asambleístas departamentales se tomará en cuenta la representación poblacional, territorial, de identidad cultural y lingüística cuando son minorías indígena originario campesinas, y paridad y alternancia de género”

Nicaragua

Incorpora la paridad en el artículo 82 de la Ley Electoral (Ley 331) que señala:

“Los partidos políticos o alianzas de partidos que participan en elecciones municipales, de diputaciones en la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano, deberán presentar en sus listas de candidaturas un 50% de hombres y un 50% de mujeres ordenados de forma equitativa y presentada de manera alterna.”

Costa Rica

Establece la paridad en los artículos 2, 60 y 61 del Código Electoral (Ley 8.765), en los que se determina la paridad en las estructuras internas de los partidos políticos, en las papeletas electorales y en el acceso a capacitación. También se establece el principio de alternancia y se señala que cuando existan números impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.

Por otro lado es importante destacar que México ha firmado y ratificado tratados internacionales por los que se obliga a hacer realidad el derecho a la participación política y a generar las condiciones para que sea ejercido en condiciones de igualdad, libres de discriminación y de violencia. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1 y 3) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 1), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (artículo 3), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 3, 4.1, 7.a), así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (artículos 3, 5, 6 y 7.e). Los organismos internacionales están atentos al cumplimiento de estas obligaciones y, además, México tiene el deber de presentar informes periódicos que den cuenta de las acciones que ha llevado a cabo para tal efecto.

De igual manera, a los tratados internacionales se suma el nuevo paradigma que deriva de la reforma en materia de derechos humanos, la reforma constitucional en materia política del año pasado en donde se establece la obligación de presentar candidaturas paritarias a puestos legislativos federales y locales, así como la reforma constitucional al artículo 2º, Apartado A, fracción III, constitucional en donde se establece que las formas de gobierno indígena garantizarán que mujeres y hombres ejerzan sus derechos de votar y ser votados, así como de acceder y desempeñar los cargos públicos en condiciones de igualdad.

Destacan también las reformas legales que instrumentalizan el principio constitucional de la paridad. El artículo 3, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos establece que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes más bajos en el proceso electoral anterior. El artículo 51.1 fracción V, de la Ley General de Partidos Políticos obliga a los partidos políticos a destinar anualmente el tres por ciento del financiamiento público ordinario en la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

El alcance de la paridad ha avanzado gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, se establecieron dos jurisprudencias, la 6/2015 y la 7/2015 en las que, en síntesis, se señala:

Así es como la interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz del principio pro persona y la orientación trazada por la Constitución el contexto de tratados internacionales; permite afirmar que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión: vertical y horizontal.

A través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Por ello es claro que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad.

Consideramos también que el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos de representación popular tanto federales, locales como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos de gobierno.

Por su parte, el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, en su Recomendación General 232 manifiesta su preocupación por el hecho de que las mujeres han sido excluidas de la vida política y del proceso de adopción de decisiones de las sociedades. En su Recomendación General número 253, el mismo Comité estima que el establecimiento de las acciones afirmativas no constituye una excepción a la regla de no discriminación, sino constituye parte de una estrategia necesaria para la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres.

En la recomendación número CEDAW/C/MEX/CO/7-84, realizada en 2012, el referido Comité, señaló que se debían llenar las lagunas existentes en los marcos jurídicos electorales en el sistema jurídico mexicano que ocasionan el incumplimiento de las acciones afirmativas para propiciar la inscripción de candidaturas de manera paritaria. Además, en la recomendación hecha al Estado mexicano, aprobada en el 36º período de sesiones, señaló la necesidad de fortalecer las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y ámbitos.

Los resultados del proceso electoral de 2015 muestran el impacto positivo e importante avance en la integración de más mujeres dentro de los órganos legislativos, pero aun así no se ha logrado obtener la paridad. Es por ello que resulta pertinente ajustar la instrumentalización de la paridad y, como un acto de congruencia, hacerla extensiva para la integración de órganos judiciales y administrativos, así como para el nombramiento de quienes forman parte de ellos.

Finalmente, es importante destacar que, a las reformas constitucionales y legales encaminadas al reconocimiento e instrumentación de la paridad, deben sumársele un conjunto de medidas administrativas, legales y judiciales que garanticen que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad, libres de violencia y de discriminación. En este esfuerzo, será fundamental la concientización sobre las consecuencias negativas que generan los estereotipos sobre cómo son y cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito político, así como la falsa creencia de que quien obtiene un cargo vía paridad no cumple con el mérito requerido para el mismo.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 fracción IX tercer párrafo, 6 fracción VII, 22 apto. B, 28, 41 fracción 1, 50, 52, 56 70, 78, 89 fracción II, 94, 97, 99, 100, 102 apto. B, 115 fracción 1, 116 fracción II incisos a) y b) y 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto

Artículo Único.-  Se reforman los artículos 3 fracción IX tercer párrafo, 6 fracción VII, 22 apto B, 28, 41 fracción 1, 50, 52, 56 70, 78, 89 fracción II, 94, 97, 99, 100, 102 apto B, 115 fracción 1, 116 fracción II incisos a) y b) y 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o.

IX. .....

….

La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes designados conforme al principio de paridad de género. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.

Artículo 6o.

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. En su integración se observará el principio de paridad de género.

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, paridad de género y máxima publicidad.

Artículo 26.

B. ....

.....

.....

.......

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad, independencia y paridad de género; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo y su designación conforme al principio de paridad de género.

C. ......

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados observándose el principio de paridad de género. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

Artículo 28. .....

El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley. En su integración deberá observarse el principio de paridad de género.

El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. En su integración deberá observarse el principio de paridad de género.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. En su integración deberá observarse el principio de paridad de género.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. El principio de paridad de género deberá observarse en la integración de los Poderes de la Unión, así como de los órganos autónomos.

......

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la integración de sus órganos de dirección se observará el principio de paridad de género.

V. ......

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, paridad de género y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, así como de vigilancia que se integrará paritariamente. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales.

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados observando el principio de paridad de género, mediante el siguiente procedimiento:

Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. El principio de paridad de género deberá observarse en su integración.

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones  plurinominales. Las fórmulas de mayoría relativa se postularán garantizando la paridad de género y tomando en cuenta la fuerza electoral del partido político al momento de la asignación de las candidaturas por distritos. Las listas regionales se integrarán conforme al principio de alternancia de género y serán encabezadas por mujeres. De estas listas se tomaran las diputaciones necesarias para lograr la paridad de género en la integración total de la Cámara.

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos observando el principio de paridad. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Cuando a un partido político le correspondan más de una senaduría de primera minoría, la asignación se realizará conforme al principio de paridad.

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo al principio de alternancia de género. El primer lugar se reservará para candidatas mujeres y de estas listas se tomaran las senadurías necesarias para lograr la paridad de género en la integración total de la Cámara. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

......

Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)".

El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos en la que deberá observarse el principio de paridad de género.

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones observando el principio de paridad de género. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto del mismo sexo.

Artículo 89.-.....

II. Nombrar y remover libremente, observando el principio de paridad de género, a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. En su integración deberá observarse el principio de paridad de género.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de forma paritaria con once Ministros y Ministras que funcionará en Pleno o en Salas.

Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos, ajustados al principio de paridad de género y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.

Artículo 99.-.....

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales integradas de acuerdo al principio de paridad de género; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

Artículo 100.-....

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. La designación de los seis consejeros se realizará conforme al principio de paridad de género.

Artículo 102

A.

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. En su integración deberá observarse el principio de paridad de género.

Artículo 115. .....

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. En la postulación del total de las presidencias municipales, así como de planillas de ayuntamientos, integradas por regidurías y sindicaturas, se observará el principio de paridad de género. La densidad demográfica y no el número de municipios será el criterio para cumplir con la paridad en las candidaturas de las presidencias municipales. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. El principio de paridad de género deberá observarse en su integración.

II. .....

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, de acuerdo al principio de paridad de género, que deberá trascender a la integración del órgano colegiado, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

IV. ......

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; la postulación de candidaturas se realice conforme al principio de paridad de género; la asignación de representación proporcional sea el medio para la integración paritaria de la cámara de diputados y los ayuntamientos, y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, paridad de género y objetividad;

c) .....

1o.....

2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de acuerdo al principio de paridad de género, en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.

Artículo 122.-....

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. Su integración se realizará conforme al principio de paridad de género.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de Gobierno. La postulación de candidaturas será conforme al principio de paridad de género.

BASE SEGUNDA.- .....

II.-.....

d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes, ajustándose para ello al principio de paridad de género;

BASE TERCERA....

Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, postulados por los partidos políticos conforme al principio de paridad de género, según lo determine la ley.

.....

TRANSITORIOS

Primero: Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO: El Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas contarán con el plazo de un año para reformar las leyes correspondientes. Los nombramientos en los Poderes de la Unión y en los órganos constitucionalmente autónomos que, a partir de esta fecha, se realicen deberán contemplar convocatorias exclusivas para mujeres a fin de lograr, en el menor tiempo, su integración paritaria. Las legislaturas de las entidades federativas deberán establecer los mecanismos para cumplir este fin.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de junio de 2015.

Suscriben

Dip. Federal Martha Lucía Mícher Camarena.- Dip. Federal Amalia García Medina.- Dip. Federal María Beatríz Zavala Peniche.- Dip. Federa Eufrosina Cruz Mendoza.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada García Medina. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

1 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&Lang=S

2 http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/Sgeneral23.htm

3http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf

4 http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw_7_y_8_informe.pdf





 

Se concede el uso de la tribuna a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de discriminación y derechos humanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 3o. Y LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 22 RECORRIÉNDOSE LA ORIGINAL VIII PARA QUEDAR COMO IX, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza)

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

A nombre del grupo parlamentario Nuevo Alianza y del mío propio, quiero solidarizarme y enviar mi más sentido pésame a las familias de las 17 personas adultas mayores que fallecieron en el incendio del asilo "Hermoso Atardecer", ubicado en Mexicali, Baja California, y así, desear la pronta recuperación de los heridos, al mismo tiempo que exigimos una investigación exhaustiva para fincar las responsabilidades, más aún si existen indicios de que el percance hubiese sido provocado.

Este lamentable hecho muestra de forma fehaciente las condiciones en las que viven muchos de los adultos mayores en nuestro país: sufren abandono, negligencia, maltrato y marginación.

A partir de la aprobación de la Declaración de Brasilia en 2007, las personas mayores y sus derechos han ganado mayor visibilidad y atención en la agenda internacional y nacional de los derechos humanos.

En el país, los adultos mayores gozan de un marco tutelar que protege, consagra y promueve la vigencia de sus derechos, estableciendo en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el goce a la protección contra toda forma de explotación y, en general, a vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, entre otros.

Su importancia no es menor, sólo el sector poblacional está en progresivo ascenso, gracias a diversos factores que han hecho que la esperanza de vida en el país haya aumentado de 34 años de 1930, a más de 77 en este 2015.

El impacto poblacional de este crecimiento es tan significativo que demanda políticas públicas y servicios acordes a una población que hoy es de casi 12 millones de personas, pero que a mitad de este siglo llegará a ser de más de 32 millones de mexicanas y de mexicanos en esa edad.

El rol social de las personas adultas era de tal magnitud, que en la antigüedad se le respetaba y cuidaba porque se les consideraba depositarios y transmisores del saber, incluso en nuestras culturas, al llegar a cierta edad, se les asignaban altas responsabilidades políticas y religiosas.

En cambio hoy, los adultos mayores son seres marginados, producto de la inseguridad social y económica a la que se enfrentan día a día, por lo que muchos de ellos viven en una constante lucha para integrarse plenamente a la sociedad y lo que es más triste, muchas veces a sus propias familias.

Lo anterior no es un problema menor, 4 de cada 10 adultos mayores han reportado que entre los principales problemas que enfrentan cotidianamente, se encuentra la falta de cuidado de sus propios familiares, realidad que se contrapone con el marco jurídico que salvaguarda sus derechos. La familia es la principal responsable de evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto que agrave o vulnere los derechos humanos de quien ha sido su pilar y baluarte.

Si bien llegado el caso, existen los mecanismos establecidos en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para la presentación de alguna denuncia ante los órganos competentes, el pleno ejercicio de sus derechos no se garantiza, si los adultos mayores no cuentan con el apoyo del Estado para defender sus intereses.

Por tal motivo, en Nueva Alianza consideramos indispensable que esa ley debe reformarse a efecto de establecer la participación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, no sólo con las atribuciones que hoy le dan sustento, sino también con la representación legal que vele por sus intereses jurídicos en el tiempo que dure todo el procedimiento, es decir, que el DIF no solamente dé una asistencia social o médica, sino que también se convierta en un protector del mismo cuando tenga que defender sus derechos.

Atendiendo el objetivo prioritario del Estado, consistente en lograr el bienestar de todos sus habitantes, es menester resolver con prontitud un problema que afecta la dignidad y vida diaria de nuestras personas mayores y que vulnera la plena vigencia de sus derechos humanos.

En virtud de lo anterior, presentamos esta iniciativa y esperamos contar con su apoyo, adicionando una fracción a los artículos 3o. y 22, así como una reforma a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a efecto de incorporar supuestos que actualmente no se encuentran estipulados, y eliminando el vacío legal que pone en riesgo la protección de aquéllos que otrora contribuyeron al desarrollo y bienestar de un entorno familiar, mismo que hoy lo discrimina y vulnera.

Compañeras y compañeros legisladores:

Como sociedad en muchos campos, hemos fallado o hemos estado ausentes para concretar un presente y un futuro que brinde a nuestros adultos mayores, un porvenir tranquilo y esperanzador, como justa recompensa a sus esfuerzos de toda una vida.

Nueva Alianza contribuye con esta iniciativa a devolver la dignidad y respeto que se merecen nuestras personas mayores. Ellas y ellos no deben recibir nuestra caridad, merecen el impulso de mecanismos que procuren su bienestar, y debe ser nuestra obligación buscar las fórmulas necesarias para proveérselas.

Esta iniciativa responde a una clara necesidad y más allá de denunciar un hecho palpable, Nueva Alianza contribuye a institucionalizar un marco legal e impulsar políticas públicas orientadas a la exigibilidad de los derechos humanos de las personas mayores, dotándoles de los mecanismos necesarios para materializarlos.

Es por ello que contaremos, seguramente, con el apoyo de todos ustedes y muchas gracias por la atención prestada a esta iniciativa.

Gracias.

Iniciativa

La suscrita, María Sanjuana Cerda Franco, Diputada Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo a lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se consideran como adultos mayores a aquellas personas que cuentan con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional1.

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía recabada en el año 2014, las personas adultas mayores representan el 9.7% de la población total, es decir, 11.7 millones de personas. Sin embargo, dicha cifra aumentará considerablemente en el futuro, debido a que -según las proyecciones de población que realiza el Consejo Nacional de Población (CONAPO)-se estima que para 2025 y 2050 el número de adultos mayores aumente a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente2.

El referido crecimiento potencial se encuentra en gran parte explicado porque la esperanza de vida se ha incrementado en las últimas décadas en nuestro país: mientras que en los años 70s la esperanza de vida era de 60.9 años en promedio para hombres y mujeres, hoy es de 74.8 años: 77.5 para mujeres y 72.3 para hombres,3 lo cual se traduce en que tenemos un mayor número de personas adultas.

Los Adultos Mayores mexicanos gozan de diversos derechos, entre otros a la protección contra toda forma de explotación y, en general, a vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos. Es obligación no sólo de la sociedad en general sino de manera particular de la familia a la que pertenecen, el brindarles una vida con calidad; una vida sin violencia, en la que se respete plenamente su integridad física y psicoemocional.

No obstante, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación 2010 (ENADIS), el 36% de los adultos mayores encuestados dijeron que entre los problemas principales que enfrentan en su vida cotidiana está la falta de cuidado de sus propios familiares4;

Si bien el marco jurídico vigente ha sentado las bases para el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores, en la realidad, por sus características particulares, dichas personas tienen altas posibilidades de ser violentadas física y emocionalmente, particularmente dentro del contexto familiar.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que toda persona, grupo social, organización no gubernamental, asociación y sociedad, está legitimada para presentar una denuncia, ante los órganos competentes, por hechos, actos u omisiones que produzcan o puedan producir daño o afectación a los derechos que reconoce la Ley a favor de un Adulto mayor.5 Empero, el pleno ejercicio de sus derechos no se garantiza, si durante los procedimientos que se instauren como consecuencia de las referidas denuncias, los Adultos Mayores no cuentan con el apoyo del Estado para defender sus intereses.

Por tal motivo, en Nueva Alianza consideramos indispensable que la ley debe reformarse, a efecto de que se establezca que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no sólo dará atención y seguimiento ante las autoridades competentes a las denuncias y quejas que reciba por actos de violencia familiar que atenten en contra de los derechos de las personas adultas mayores, sino que también asignará a las víctimas un representante legal que velará por sus intereses jurídicos desde el inicio hasta la conclusión de los respectivos procedimientos.

No se trata pues de un defensor de oficio común, que por regla general debe acompañar a todo indiciado en los procedimientos de orden penal. En Nueva Alianza consideramos conveniente que las personas adultas mayores en todo procedimiento, no sólo de índole penal sino también administrativo e incluso conciliatorio, que haya sido instaurado por la posible violación a sus derechos con motivo de actos de violencia familiar, cuenten con un representante legal asignado por el DIF, que vele por el reconocimiento pleno de sus derechos en el entorno familiar, para garantizar el eficaz ejercicio de los mismos.

Es por ello que presentamos esta iniciativa, con el fin de modificar el actual texto de la ley a efecto de incorporar supuestos que actualmente no se encuentran estipulados, eliminando el vacío legal que pone en riesgo la completa protección y aseguramiento de los derechos de las personas adultas mayores en el entorno familiar

ARGUMENTACIÓN.

La población del mundo está envejeciendo a un ritmo sin precedentes. En el año 2050 habrá dos mil millones de personas mayores en todo el planeta, de las cuales el 65% se ubicará en países en desarrollo6.De acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las personas adultas mayores representan el 8.2% del total de la población en Latinoamérica y se espera que crezca a un 24% para el año 2050. Es decir, se pasaría de una población de 43 millones de adultos mayores a 183.7 millones7.

El envejecimiento poblacional es el resultado de una profunda transformación socioeconómica que plantea nuevos desafíos y el tratamiento de las necesidades específicas de la población adulta mayor; se trata de individuos que por sus condiciones físicas, mentales, económicas y sociales son proclives a tener carencias no superables en forma autónoma. Es decir, están impedidos para satisfacer por sí mismos sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo y, por ello, requieren de servicios especializados para su protección y plena integración al bienestar.

Los adultos mayores de nuestro país son discriminados de múltiples formas, empezando desde su hogar, con su propia familia, a gritos o a golpes. Datos de la Secretaría de Salud del Gobierno capitalino señalan que tan sólo en el Distrito Federal, 5% de los Adultos Mayores ha reportado ser víctimas de abuso o maltrato y uno de cada 100 dijo sufrir violencia física. Parte del problema es que el Adulto Mayor no conoce sus derechos ni se anima a exigirlos y asumen como algo normal la agresión y el rechazo que viven en el entorno familiar.

Este sector de la población tiene derecho a recibir protección por parte de su familia y a vivir en entornos dignos y decorosos que cumplan con sus necesidades y requerimientos y donde ejerzan libremente sus derechos. Por su parte, la familia a la que pertenecen tiene la obligación de cumplir con esa función y debe velar de manera constante y permanente por ellos.

No es suficiente con brindar a los adultos mayores alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Civil. La familia está obligada también a fomentar la convivencia familiar cotidiana y evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento violencia, así como cualquier acto jurídico que ponga en riesgo su persona, bienes y derechos.

Como se dijo anteriormente, parte del problema es que el adulto mayor no conoce sus derechos ni se anima a exigirlos y asumen como algo normal la agresión y el rechazo que viven en el entorno familiar, es por ello que en Nueva Alianza consideramos indispensable reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el fin de incorporaren su texto una definición de los que debe entenderse por violencia familiar hacia dichas personas.

Asimismo, consideramos importante reformar la ley para efectos de establecer que parte de las obligaciones y responsabilidades del DIF consistirán en designar un representante legal que defienda los intereses de los adultos mayores en procedimientos de índole conciliatorio, administrativo e incluso penal, que se sustancien con motivo de una problemática familiar originada por denuncias y quejas relacionadas con la violación de sus derechos.

No se trata pues de un defensor de oficio común, que por regla general debe acompañar a todo indiciado en los procedimiento de orden penal; en Nueva Alianza consideramos conveniente que las personas adultas mayores en todo procedimiento, no sólo de índole penal sino también administrativo e incluso conciliatorio, de arbitraje o amigable composición, que haya sido instaurado por la posible violación a sus derechos con motivo de actos de violencia familiar, cuenten con un representante legal asignado por el DIF, que vele por el reconocimiento pleno de sus derechos en el entorno familiar, para garantizar el eficaz ejercicio de los mismos.

Lo anterior encuentra justificación en los siguientes argumentos:

A) Las personas adultas mayores son un grupo altamente vulnerable que requiere de la protección del Estado para lograr su incorporación a una vida plena y productiva, y es por esa razón que son considerados como sujetos de asistencia social por la Ley de Asistencia Social.8

B) El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es el organismo público descentralizado encargado de velar por la estricta aplicación de la Ley de Asistencia Social en todo el territorio nacional, teniendo entre sus atribuciones precisamente la de prestar servicios de representación jurídica a las personas adultas mayores.9

C) La representación jurídica se requiere no sólo en los procedimientos de índole penal, sino también en cualquier procedimiento que se instaure conforme a las leyes de asistencia y prevención de violencia intrafamiliar en el ámbito local para dar por terminado un conflicto familiar, ya que la vulnerabilidad de este grupo social les impide exigir por si mismos el respeto a sus derechos y prerrogativas frente a sus familiares.

D) Los adultos mayores deben gozar de atención preferente por parte de las instituciones federales, estatales y municipales del gobierno porque así lo exige la Ley10.

Fundamento legal.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 3° y la fracción VIII del artículo 22 recorriéndose la original VIII para quedar como IX, y se reforma el artículo 5°, fracción VIII, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

ÚNICO: Se adiciona la fracción XII al artículo 3° y la fracción VIII del artículo 22 recorriéndose la original VIII para quedar como IX, y se reforma el artículo 5°, fracción VIII, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 3°.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XI…

XII.- Violencia Familiar en contra de las Personas Adultas Mayores.- Todo acto o conducta de dominio, control o agresión física, psicológica, sexual, patrimonial o económica, en contra de personas que cuenten con sesenta años o más de edad por otras con las que se encuentren o hayan estados unidas por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar.

Artículo 5°.- …

I. a VII.

VIII. De la denuncia popular:

Toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades podrán denunciar ante los órganos competentes actos de violencia familiar y en general todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación a los derechos y garantías que establece la presente Ley, o que contravenga cualquier otra de sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con las personas adultas mayores.

Artículo 22.- …

I. a VII.

VIII. Los servicios de representación legal en forma gratuita por parte de un abogado, licenciado en derecho, que le será asignado por los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Estatales o del Distrito Federal, según corresponda, para que defienda sus intereses en todo procedimiento de índole conciliatorio, de amigable composición, arbitraje, administrativo o penal, instaurado con motivo de actos de violencia familiar cometidos en su contra, desde su inicio hasta el dictado de la resolución final.

IX. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 24 de junio de 2015.

Dip. María Sanjuana Cerda Franco.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada Sanjuana Cerda Franco. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

1 Artículo 3° Fracción I.

2 Ídem pág. 2

3 INEGI, 2014, Esperanza de Vida, visto en http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P Enero de 2015

4 Ídem, pág. 82

5 Artículo 5° Fracción VIII.

6 ONU,WorldPopulationAgeing,NuevaYork,2009(ESA/P/WP/212).

7CEPALyCELADE,Elenvejecimientoylaspersonasdeedad.IndicadoressociodemográficosparaAméricaLatinayelCaribe,Santiago,2009
,pp.13y14;CEPAL,Losderechosdelaspersonasmayores,2011,p.7.

8 Artículos 3 y 4 fracción IV de la Ley de Asistencia Social.

9 Artículos 27 y 28 inciso d) de la Ley de Asistencia social.

10 Artículo 4, fracción V de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.





 

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por la Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores legisladores, muy buenos días.

El 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esto fue la culminación de la llamada reforma en telecomunicaciones que comprendió reformas constitucionales y una nueva ley federal.

Esta reforma se gestó dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el "Pacto por México", con la finalidad de generar mayor competencia económica, principalmente en telecomunicaciones; además se abriría la licitación de dos cadenas nuevas de televisión abierta y una iniciativa para reconocer el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a la par de derechos como la educación y los servicios de salud.

Con esta reforma se fomenta la competencia, se generan inversiones y más redes de telecomunicaciones para poder recibir servicios de calidad más rápidos, en más lugares y a mejores precios.

Actualmente la reforma de telecomunicaciones ya genera beneficios directos, entre los que podemos mencionar los siguientes:

A partir del primer día del 2015, se suspendió el pago de larga distancia nacional.

Ahora con la portabilidad, se puede cambiar de compañía celular de manera gratuita en menos de 24 horas y sin condicionamientos.

Se puede también, consultar el saldo del teléfono celular de prepago sin costo, y esto no va a caducar al no usarse, pues tendrá una duración de hasta un año.

Los planes y tarifas de las compañías de telefonía celular, deberán considerar cobros por segundo y no por minuto, sin perjuicio de otros planes que se basen en cobros por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad.

Habrá conectividad gratuita en sitios públicos y programas de cobertura social.

Nuevas compañías de telecomunicaciones están invirtiendo en nuestro país, lo que brinda más opciones para el usuario y la generación, por ende, de empleos y bienestar.

Y se crea la figura del defensor de las audiencias.

Aunado a lo anterior, el gobierno federal ha entregado más de 2 millones de televisiones digitales, a familias beneficiarias de programas sociales de SEDESOL para que no se queden sin acceso a la televisión digital.

Por otro lado, actualmente se trabaja en dos redes de telecomunicaciones:

La Red Troncal de Fibra Óptica que tiene como objetivo, extender la cobertura de las telecomunicaciones a localidades desatendidas y ofrecer un servicio de mayor calidad en aquellas localidades que ya cuentan con el servicio.

La Red Compartida que ampliará la cobertura del Internet y la telefonía móvil en el país para facilitar que existan más opciones de servicio.

Además, se diseñó el Proyecto México Conectado como una vía para que la población tenga acceso a Internet de manera gratuita en escuelas, bibliotecas, clínicas, ayuntamientos y plazas públicas. A la fecha más de 65 mil de estos sitios ya cuentan con acceso a Internet.

A pesar de todos estos beneficios que trajo la reforma, es necesario seguir avanzando en las modificaciones que se requieren para ampliarla y mejorarla, y que ésta cumpla sus objetivos en favor de la ciudadanía, tal es el fin de la presente iniciativa.

Uno de los ordenamientos relacionados con el servicio de la telefonía móvil es el 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual enlista los derechos de los usuarios. Si bien, éstos representan un gran avance, considero importante modificar la fracción XVI, la cual señala que los usuarios tienen derecho: "A que en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la fecha de su expiración, le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha". Este derecho establecido en la ley, es evidentemente perjudicial para la economía de los usuarios en la modalidad de prepago, siendo éstos la mayoría, toda vez que el Instituto Federal de Comunicaciones señaló que en el año 2013, la modalidad de prepago el número cerró en 87.6 millones de suscripciones, lo que representa un crecimiento de 3 por ciento respecto al mismo periodo de 2012, y 84.6 por ciento del total del mercado.

La modificación que proponemos consiste en eliminar la posibilidad de que las recargas abonadas al saldo no tengan vigencia, es decir no tengan la posibilidad de expirar, así los usuarios o suscriptores de la modalidad de prepago podrán hacer uso de su crédito o saldo hasta su total consumo, sin que sea condicionado por parte de las empresas que brindan dicho servicio, para ser consumido en un determinado plazo de tiempo.

Para terminar con ésta práctica absurda, es que se propone la iniciativa con proyecto de Decreto para reforma la fracción XVI del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objeto de establecer de manera explícita que en los servicios móviles de prepago el saldo abonado no tenga fecha de expiración.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, diputada federal Esther Quintana Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración del pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma la fracción XVI del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esto fue la culminación de la llamada Reforma en Telecomunicaciones que comprendió reformas constitucionales y una nueva ley federal.

Esta reforma se gestó dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el "Pacto por México", con la finalidad de generar mayor competencia económica, principalmente en telecomunicaciones; además se abriría la licitación de dos cadenas nuevas de televisión abierta y una iniciativa para reconocer el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a la par de derechos como la educación y los servicios de salud.

Con esta Reforma se fomenta la competencia, se generan inversiones y más redes de telecomunicaciones para poder recibir servicios de calidad, más rápidos, en más lugares y a mejores precios.

Actualmente la Reforma de Telecomunicaciones ya genera beneficios directos, entre los que podemos mencionar:

● A partir del primer día del 2015, se suspendió el pago de larga distancia nacional.

● Ahora con la portabilidad, se puede cambiar de compañía celular de manera gratuita, en menos de 24 horas y sin condiciones.

● Se puede consultar el saldo del teléfono celular de prepago sin costo; y éste no va a caducar al no usarse, pues tendrá una duración de hasta un año.

● Los planes y tarifas de las compañías de telefonía celular deberán considerar cobros por segundo y no por minuto, sin perjuicio de otros planes que se basen en cobros por minuto, por evento, o por capacidad o cualquier otra modalidad.

● Habrá conectividad gratuita en sitios públicos y programas de cobertura social.

● Nuevas compañías de telecomunicaciones están invirtiendo en nuestro país, lo que brinda más opciones para el usuario y generará más empleos y bienestar.

● Se crea la figura del defensor de las audiencias.

Aunado a lo anterior, el gobierno federal ha entregado más de 2 millones de televisiones digitales, a familias beneficiarias de programas sociales de SEDESOL para que no se queden sin acceso a la televisión digital.

Por otro lado, actualmente se trabaja en dos redes de telecomunicaciones:

La Red Troncal de Fibra Óptica que tiene como objetivo extender la cobertura de las telecomunicaciones a localidades desatendidas y ofrecer un servicio de mayor calidad en aquellas localidades que ya cuentan con el servicio.

La Red Compartida que ampliará la cobertura del Internet y la telefonía móvil en el país para facilitar que existan más opciones de servicio.

Además se diseñó el Proyecto México Conectado como una vía para que la población tenga acceso a Internet de manera gratuita en escuelas, bibliotecas, clínicas, ayuntamientos y plazas públicas. A la fecha más de 65 mil de estos sitios ya cuentan con acceso a Internet.

A pesar de todos estos beneficios que trajo la reforma, es necesario seguir avanzando en las modificaciones que se requieren para ampliarla y mejorarla, y que ésta cumpla sus objetivos en favor de la ciudadanía, tal es el fin de la presente iniciativa.

Uno de los ordenamientos relacionados con el servicio de la telefonía móvil es el 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cual enlista los derechos de los usuarios. Si bien, éstos representan un gran avance, considero importante modificar la fracción XVI, la cual señala que los usuarios tienen derecho: "A que en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la fecha de su expiración, le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha". Este derecho establecido en la ley, es evidentemente perjudicial para la economía de los usuarios en la modalidad de prepago, siendo éstos la mayoría, toda vez que el      Instituto Federal de Comunicaciones señaló que en el año 2013, la modalidad de prepago el número cerró en 87.6 millones de suscripciones, lo que representa un crecimiento de 3 por ciento respecto al mismo periodo de 2012, y 84.6 por ciento del total del mercado.

La modificación que proponemos consiste en eliminar la posibilidad de que las recargas abonadas al saldo no tengan vigencia, es decir no tengan la posibilidad de expirar, así los usuarios o suscriptores de la modalidad de prepago podrán hacer uso de su crédito o saldo hasta su total consumo, sin que sea condicionado por parte de las empresas que brindan dicho servicio, para ser consumido en un determinado plazo de tiempo.

A continuación se describe en cuadro comparativo la propuesta de la presente iniciativa:

 TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables.

Son derechos de los usuarios:

I.- a XV.- …

XVI. A que en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la fecha de su expiración, le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha;

XVII.- a XXI …

Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables.

Son derechos de los usuarios:

I.- a XV.- …

XVI.- A que en los servicios móviles de prepago, el saldo abonado no tenga fecha de expiración.

 

XVII.- a XXI …

 Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 191de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma la fracción XVI del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 191.-

I.- a XV:…

XVI.- A que en los servicios móviles de prepago, el saldo abonado no tenga fecha de expiración.

XVII.- a XXI …

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de junio de 2015.

Dip. Esther Quintana Salinas.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada Quintana Salinas. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.





 

¿Con qué objeto, señor Diputado?

El Diputado Fernando Rodríguez Doval: Gracias, señor Presidente.

El pasado jueves falleció una compañera nuestra, la Diputada María Eugenia de León Pérez. Ella fue Diputada local y alcaldesa, incluso de su municipio, el municipio de Valle Hermoso en Tamaulipas, donde se distinguió, entre otras cosas, por la gran firmeza con que enfrentó en su momento al crimen organizado.

Ella venía arrastrando una enfermedad desde hace tiempo, el jueves finalmente perdió la vida y quiero solicitarle que nos pudiera conceder un minuto de silencio para poder recordarla.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Con mucho gusto.

Como es de su conocimiento, el pasado 18 de junio se suscitó el lamentable fallecimiento de nuestra compañera Diputada María Eugenia de León Pérez, integrante del parlamentario del PAN.

MINUTO DE SILENCIO

Les solicito que guardemos un minuto de silencio en memoria de nuestra compañera Diputada María Eugenia de León Pérez.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Favor de tomar asiento.





 

Tiene el uso de la palabra la Diputada Gloria Bautista Cuevas, para presentar, a nombre de diversos Diputados del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la Diputada Gloria Bautista Cuevas, a nombre de los Diputados Martha Lucía Mícher Camarena, Amalia García Medina, Aleida Alavéz Ruíz, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Julisa Mejía Guardado, Joaquina Navarrete Contreras, Agustín Miguel Alonso Raya y Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su permiso, Diputado Presidente.

En México, la violencia en contra de las mujeres se incrementa cada día al amparo de la actuación omisa de gobiernos y funcionarios que la permiten y toleran, y con ello, nulifican el derecho de las mujeres y las niñas a vivir sin sufrir violencia.

La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación y la persistencia de desigualdades históricas por el simple hecho de ser mujeres, situaciones que han sido difíciles de revertir en tanto que persiste la resistencia a generar cambios que modifiquen el statu quo y al lento avance en el desarrollo estrategias de transformación a partir del desarrollo de un marco jurídico y esquemas de educación, prevención y sanción de las diversas expresiones de violencia de género.

A pesar de los avances legislativos en la materia, en este país todavía nos enfrentamos a grandes espectros de violencia generalizada, en el contexto social y desde las instituciones a través de leyes restrictivas, selectivas, que discriminan e impiden a las mujeres el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la salud, la educación y el desarrollo humano.

Han pasado más de 30 años desde la ratificación de la CEDAW por parte del Estado mexicano y de la reiteración constante de las recomendaciones de este comité, y la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sigue siendo una asignatura pendiente.

Aún con el avance legislativo en la materia, no podemos negar que en México haya autoridades que ejercen violencia en contra de las mujeres al no proteger ni garantizar los derechos humanos, cuyo ejercicio se ve obstaculizado por estructuras, leyes y políticas que refrendan una visión androcéntrica y patriarcal que discrimina y violenta a las mujeres.

Para muestra, un botón.

A nivel nacional, 42 de cada 100 mujeres declararon haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación, que afectan su salud mental y psicológica, mientras que 24 de cada 100 recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta.

En cuanto a la violencia física, el Estado de México tiene el porcentaje más alto de mujeres afectadas con 15.5 por ciento, mientras que Sinaloa tiene 9.7 por ciento; la tasa nacional fue de 13.5 por ciento.

Las víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas representan 7.3 por ciento. En este caso, las mujeres encuestadas declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento. El 20.6 por ciento de mujeres ocupadas y mayores de 15 años sufrieron discriminación laboral.

Yo les pido a los Senadores y a los Diputados que están en sus conversaciones, que yo tampoco quiero sufrir violencia por ser mujer, la que está participando aquí.

El INEGI advirtió que las tasas de violencia contra la mujer pueden ser mayores, ya que algunos estudios muestran que cuando el control sobre ellas es mayor, la subordinación y el sometimiento son más tolerados socialmente. Es decir, que la “naturalización” de la violencia está tan asimilada que no es percibida como tal por las propias mujeres.

Según INMUJERES y el INEGI, a pesar de tener el mismo nivel y puesto que un hombre, las mujeres recibieron menos salarios y tuvieron menos oportunidades para ascender o menos prestaciones, o bien, les bajaron el salario, las despidieron, no las contrataron debido a su situación conyugal, o en su lugar de trabajo también les solicitaron la prueba de embarazo.

Insoslayables son los datos que arroja el estudio de Violencia Feminicida en México, que se registran 2 mil 335 muertes de mujeres al año con presunción de homicidio, mientras que diversas asociaciones civiles argumentan que entre 2011 y 2012 se cometieron 563 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 115 fueron investigados por feminicidio.

En estos 7 años de vigencia y aplicación, la ley ha demostrado su pertinencia, pero también algunas deficiencias, que a la par del escrutinio al que ha sido expuesto el Estado mexicano en cuanto a las acciones para atender la violencia de género, ha dejado al descubierto omisiones y errores que han traído como consecuencia una serie de recomendaciones, por organismos internacionales, que aún están pendientes de solventar.

En ese contexto, advertimos que la aplicación cotidiana de la ley ha dejado en claro la necesidad de precisar y actualizar algunos conceptos y procedimientos que facilitarían a las autoridades, las y los operadores jurídicos, tanto su comprensión desde las perspectivas de género, derechos humanos y niñez; así como su cabal aplicación.

Por ello, la iniciativa que hoy se propone es fundamental para cumplir con los tratados internacionales ratificados por México, que sea operativo en la aplicación de sanciones y medidas de protección para las mujeres que se encuentran en situación de riesgo o peligro.

De la misma manera, creemos que estas reformas son necesarias para aquellas prácticas jurídicas y consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra las mujeres, sean erradicadas, dando paso al verdadero acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Con esta iniciativa estamos, en algunos casos habilitando, y en otros, fortaleciendo las capacidades de las autoridades para que vigilen el eficaz cumplimiento de los programas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

Como complemento de la labor legislativa, que además en el entorno de nuestro federalismo, deberá de aplicarse en todas las entidades federativas.

Las modificaciones que se plantean enriquecen ampliamente el contenido de la ley, lo cual facilita y promueve el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero, sobre todo, se inserta en el ámbito del principio de progresividad de los derechos humanos, correlativo a la función legislativa.

Por razones de economía legislativa, le solicito al Presidente de la Mesa Directiva instruya para que se incluya en el Diario de los Debates de esta sesión, la iniciativa íntegra que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Muchas gracias.

Iniciativa

Las diputadas MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA, AMALIA GARCÍA MEDINA, ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DELFINA ELIZABETH GUZMÁN DÍAZ, LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO, MARÍA GUADALUPE MOCTEZUMA OVIEDO, LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, JULISA MEJÍA GUARDADO, JOAQUINA NAVARRETE CONTRERAS Y LOS DIPUTADOS AGUSTÍN MIGUEL ALONSO RAYA Y FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA al tenor del siguiente:

I.-Planteamiento del Problema

El derecho de las mujeres y las niñas a vivir sin sufrir violencia es un derecho fundamental inalienable, no obstante, en México la violencia en contra de las mujeres se incrementa cada día al amparo de la actuación omisa de gobiernos y funcionarios que la permiten y toleran.

La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación y la persistencia de desigualdades históricas por el simple hecho de ser mujeres, situaciones que han sido difíciles de revertir en tanto que persiste la resistencia a generar cambios que modifiquen el statu quo y al lento avance en el desarrollo estrategias de transformación a partir del desarrollo de un marco jurídico y esquemas de educación, prevención y sanción de las diversas expresiones de violencia de género.

A pesar de los avances legislativos en la materia, en este país todavía nos enfrentamos a grandes espectros de violencia generalizada, en el contexto social y desde las instituciones a través de leyes restrictivas, selectivas, que discriminan e impiden a las mujeres el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la salud, la educación y el desarrollo humano.

De acuerdo a la reforma de 2011 al artículo 1° Constitucional, los derechos de las mujeres contenidos en tratados internacionales que México ha ratificado son parte de la Constitución. Por esta razón todas las autoridades se encuentran obligadas a aplicar dichas normas de conformidad con los estándares internacionales de protección, entre ellos las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW.

A pesar de ello y de que han pasado más de treinta años desde la ratificación de la CEDAW por parte del Estado Mexicano, y de la reiteración constante de las recomendaciones de este Comité, la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, sigue siendo una asignatura pendiente. Aún con el avance legislativo en la materia, no podemos negar que en México hay autoridades que ejercen violencia en contra de las mujeres al no proteger, ni garantizar los derechos humanos, cuyo ejercicio se ve obstaculizado por estructuras, leyes y políticas que refrendan una visión androcéntrica y patriarcal que discrimina y violenta a las mujeres.

De ello dan cuenta las cifras de la violencia de género, por ejemplo la ENDIREH 2011, señala que a nivel nacional, 42 de cada 100 mujeres declararon haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación, que afectan su salud mental y psicológica, mientras que 24 de cada 100 recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta.

En cuanto a la violencia física, el Estado de México tiene el porcentaje más alto de mujeres afectadas, con 15.5%, mientras que Sinaloa tiene 9.7%. La tasa nacional fue de 13.5%.

Las víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas representan 7.3%. En este caso, las mujeres encuestadas declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento. EL 20.6% de mujeres ocupadas y mayores de 15 años sufrieron discriminación laboral.

Según Inmujeres y el INEGI, a pesar de tener el mismo nivel y puesto que un hombre, las mujeres recibieron menos salarios y tuvieron menos oportunidad para ascender o menos prestaciones, o bien les bajaron el salario, las despidieron o no las contrataron debido a su situación conyugal, o también en su lugar de trabajo les solicitaron la prueba de embarazo.

La violencia contra la mujer frente a “los roles sociales esperados”, la ENDIREH reveló que 29.0% de las consultadas dijo estar de acuerdo en que “si hay golpes o maltrato en casa es un asunto de familia y ahí debe quedar”; 16.8% manifestó estar conforme en que “una esposa debe obedecer a su esposo o pareja en todo lo que él ordene”, y 14.7% percibe que “es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o pareja”.

El Inegi advirtió que las tasas de violencia contra la mujer pueden ser mayores, ya que algunos estudios muestran que cuando el control sobre ellas es mayor, la subordinación y el sometimiento son más tolerados socialmente. Es decir que la “naturalización” de la violencia está tan asimilada que no es percibida como tal por las propias mujeres.

De acuerdo a los resultados de la ENDIREH 2011, de todas las mujeres de 15 años y más que alguna vez han trabajado, 14.9% declararon haber pasado por alguna de estas situaciones: les han solicitado el certificado de ingravidez como requisito para su ingreso al trabajo, o por embarazarse las han despedido, no les renovaron contrato o les bajaron el salario, no obstante que la legislación laboral lo prohíbe.

Para el caso de la violencia comunitaria, 26.2% de las mujeres solteras sufrieron algún evento durante el año previo a la entrevista; 13.2% de las separadas, y 11.8% de las casadas. En conjunto, 15.5% de todas las mujeres de 15 años y más de edad sufrieron al menos un evento de violencia comunitaria durante el último año. Considerando todos los eventos a lo largo de la vida, esta cifra se eleva a 31.8%.

En cuanto a la violencia patrimonial, que se entiende como la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la mujer, la han vivido el 3.9% de las mujeres de 15 años y más, siendo las alguna vez unidas con el porcentaje mayor (7.8%).

Insoslayables son los datos que arroja el estudio de Violencia Feminicida en México, en 2010 se registraron en el país dos mil 335 muertes de mujeres con presunción de homicidio y sociedades civiles argumentan que entre 2011 y 2012 se cometieron 563 asesinatos de mujeres de los cuales sólo 115 fueron investigados por feminicidio.

El propio Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha afirmado que en México tenemos un promedio de 6.5 feminicidios al día. El balance general indica que 1985 a 2010 se consumaron en este país poco más de 36 mil 600 feminicidios, vidas de mujeres que fueron brutalmente cegadas; que implica en promedio 6.5 mujeres diario asesinadas en el país.

Frente a este panorama consideramos necesario realizar un balance sobre la aplicabilidad de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tal como quedó asentado en su exposición de motivos, obedeció a la necesidad de desarrollar un instrumento jurídico con perspectiva de género, que estableciera las acciones y mecanismos institucionales que brindaran a las mujeres garantías para vivir libres de violencias, aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los tres niveles de gobierno, responsables de aplicar las políticas públicas necesarias para dar respuesta a las demandas de la población respetando la concurrencia legislativa que permita a las entidades federativas tomar las acciones necesarias.

En estos 7 años de vigencia y aplicación, la ley ha demostrado su pertinencia, pero también algunas deficiencias, que a la par del escrutinio al que ha sido expuesto el Estado mexicano en cuanto a las acciones para atender la violencia de género, ha dejado al descubierto omisiones y errores que han traído como consecuencia una serie de recomendaciones, por organismos internacionales, que aún están pendientes de solventar.

En ese contexto advertimos que la aplicación cotidiana de la ley ha dejado en claro la necesidad de precisar y actualizar algunos conceptos y procedimientos que facilitarían a las autoridades y las y los operadores jurídicos, tanto su comprensión desde las perspectivas de género, derechos humanos y niñez; así como, como su cabal aplicación.

II.- Argumentos que la sustentan

La aprobación y promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, marcó un hito en la percepción social e institucional sobre el derecho a una vida libre de violencia. Colocó el tema en la dimensión de una política pública que comprendía la gravedad del problema de las violencias que se ejercen en contra de las mujeres y suscribía un compromiso de los poderes públicos para enfrentarlo.

Han transcurrido 7 años desde su entrada en vigor, período en el que ha quedado demostrado que la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia es el instrumento idóneo para lograr la concreción de las políticas públicas que garanticen dicho derecho y para fortalecer los derechos correlativos como son la libertad; la integridad; la seguridad; la honra y la dignidad de todas las mujeres del país. No obstante, lo anterior no es óbice para que la Ley no tenga un carácter dinámico y perfectible que le permita armonizar sus conceptos y actualizar sus criterios.

Las y los diputados proponentes consideramos que es fundamental contar con un marco jurídico que además de cumplir con los tratados internacionales ratificados por México, sea operativo en la aplicación de sanciones y medidas de protección para las mujeres que se encuentren en situación de riesgo o peligro.

De la misma manera creemos que estas reformas son necesarias para que aquellas prácticas jurídicas y consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra las mujeres, sean erradicadas, dando paso al verdadero acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Con esta iniciativa estamos, en algunos casos habilitando y en otros fortaleciendo las capacidades de las autoridades para que vigilen el eficaz cumplimiento de los programas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, como complemento de la labor legislativa, que además en el entorno de nuestro federalismo deberá de aplicarse en todas las entidades federativas.

Las modificaciones que se plantean, enriquecen ampliamente el contenido de la Ley, lo cual facilita y promueve el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias, pero sobretodo se inserta en el ámbito del principio de progresividad de los derechos humanos correlativo a la función legislativa.

Es importante destacar que la iniciativa fue abonada con las propuestas que se formularon en el marco del proceso de consulta se llevó a cabo en torno a la Iniciativa a la Ley General de Acceso a una Vida libre de Violencia, presentada el 15 de diciembre de 2014.

A continuación hacemos una breve descripción de las particularidades de la iniciativa que nos parece, representan un significativo avance para la concreción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Se provee de contenido normativo a una serie de manifestaciones cotidianas de la violencia, que hoy en día han cobrado mayor visibilidad gracias a algunos estudios de medición de la violencia contra las mujeres, como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Ciertamente la incorporación de los conceptos de violencia obstétrica; violencia económica; violencia contra los derechos sexuales y reproductivos; violencia feminicida; violencia política y violencia cibernética, como expresiones de la violencia contra las mujeres contribuye directamente a fijar la atención de las autoridades competentes para que desarrollen políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de acuerdo con las características de cada uno de los tipos de violencia que prevé la Ley.

Se incluye del concepto de violencia en el noviazgo con el objetivo de visibilizar y sobre todo poner énfasis en el tema de la violencia entre adolescentes pues datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, la cual señala que 46.1% del total de mujeres encuestadas de 15 años y más, sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal. El porcentaje fluctúa entre 56.9% en el Estado de México y 29.8% en Chiapas. El 42.4% de las mujeres de 15 años y más, declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación.

Proponemos algunas adiciones a la Ley orientadas a generan obligaciones para los poderes legislativos en cuanto a los principios y criterios que deben asumir en el ejercicio de su función legislativa, con la reforma planteada se fortalece la transversalidad de la perspectiva de género y se favorece el tránsito hacia parlamentos sensibles al género, tal como lo ha sugerido la Unión Interparlamentaria. De esta manera se habilita a los poderes legislativos como vigilantes de los principios rectores establecidos en la Constitución como lo son: el principio de igualdad y no discriminación; el principio pro persona; el de interpretación conforme universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; el interés superior de la niñez; la igualdad entre hombres y mujeres, así como el libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

Consideramos que las modificaciones planteadas actualizan la intención del propio Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018)1 cuando afirma que: "Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. Éste es el primer Plan Nacional de Desarrollo que incorpora una perspectiva de género como principio esencial. Es decir, que contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación."

La iniciativa comprende también, entre otras cuestiones, una serie de previsiones que generan un impulso legislativo en pro del desarrollo de marcos normativos y de la institucionalización de políticas públicas de prevención específicas para cada tipo de violencia, lo cual es congruente con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), en sus observaciones al 7º. y 8º. informe consolidado de México (2012)2.
14.- c) Acelerar sus esfuerzos para armonizar de manera coherente, entre otras cosas, su legislación penal, procesal y civil con la Ley General o las leyes locales sobre el acceso de la mujer a una vida libre de violencia y con la Convención;

De igual manera contemple la obligación de realizar investigaciones y diagnósticos sociales y antropológicos que permitan visibilizar las causas, factores de riesgo y daños que produce la violencia en contra de las mujeres. Así como el diseño de programas dirigidos a disminuir los factores estructurales de violencia en las regiones de mayor incidencia de los delitos cometidos contra las mujeres por razones de género, tal como lo refiere el propio Comité de la CEDAW:3

“12.- d) Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos.”

Establece la obligación institucional para desarrollar estrategias de intervención sociológica, educativa y cultural para la construcción de identidades de género, basada en valores de respeto e igualdad sustantiva para disminuir relaciones asimétricas entre los géneros. Y de la misma manera, estimamos oportuno que se fortalezca la obligación para que la actualización y profesionalización de las y los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno sea permanente e idónea para facilitarles la identificación de probables víctimas, brindarles protección y asistencia. En este mismo sentido se ha pronunciado el Comité de la CEDAW4 quien ha recomendado al Estado mexicano:

“12.- c) Impartir capacitación sistemática en materia de derechos humanos, en particular sobre los derechos de la mujer, a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a las fuerzas del ejército y la armada que participan en operaciones en el contexto de la estrategia de seguridad pública y establecer y hacer cumplir un código estricto de conducta a fin de garantizar de modo efectivo el respeto de los derechos humanos;

Con esta iniciativa se subsanan las omisiones que no permitían identificar aquellas circunstancias que agravan la conducta delictiva cuando se cometen en contra de las mujeres y niñas por razones de género. En ese sentido consideramos un acierto el que la iniciativa prevea de manera enunciativa aquellas circunstancias o actos que deberán considerarse como agravantes cuando se trate de delitos en materia de violencia en contra de las mujeres, entre los que señalan: la magnitud y crueldad de los daños causados a la víctima; la relación de confianza, afectiva, de poder o subordinación; la existencia de violencia sexual; la destrucción o sustracción de bienes indispensables para la supervivencia; la sustracción de hijas e hijos como métodos de coacción para someter la voluntad de la madre; el estado de orfandad de hijas e hijos y de dependientes económicos; el abuso de poder del sujeto activo cuando tiene la condición de garante alimentario y las condiciones de mayor vulnerabilidad.

Así mismo, en el marco del principio constitucional de progresividad, se prevé la obligatoriedad para que los poderes legislativos adecuen los tipos penales vinculados con la violencia contra las mujeres a los términos descritos en el apartado de tipos y modalidades de violencia.

Las propuestas que obligan a los poderes legislativos a: identificar y establecer, conforme al principio de proporcionalidad, las conductas delictivas que se persiguen de oficio; prohíben la conciliación o el otorgamiento del perdón entre la víctima y la persona agresora; tipifican las conductas que no estén consideradas como delitos y establecen sanciones proporcionales para las funcionarias o funcionarios públicos que por dolo o negligencia retarden o entorpezcan la procuración o administración de justicia, son acordes con lo ha externado el Comité de la CEDAW:5

“14.-e) Poner en práctica mecanismos para supervisar y sancionar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los del poder judicial, que discriminan a las mujeres y que se niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de la mujer.”

Con esta iniciativa se visibiliza y da contenido normativo a la violencia obstétrica y a la violación de los derechos de las mujeres en los servicios de salud. En los últimos años se ha acrecentado en nuestro país el fenómeno de la violencia obstétrica, ejemplificado principalmente por el número creciente de cesáreas innecesarias y por el uso abusivo de fórceps, entre otros; por un trato irrespetuoso a las mujeres; por negarles atención médica y los servicios de salud durante el embarazo y el parto; por el hecho de excluir a la mujer de las decisiones que atañen a su parto entre otros.

Por ello creemos que es importante que el instrumento, garantice a las mujeres el derecho a una vida libre de violencias e incluya entre sus competencias la atención al tema de la violencia obstétrica y de esta manera se favorezca la cultura del parto humanizado como un proceso en el cual, las mujeres, contando con la información necesaria, participen activamente en las decisiones correspondientes, garantizándose en todo momento su seguridad y la del producto.

Asimismo, conscientes del papel estratégico que juegan la figura de las órdenes de protección, en la salvaguarda de la vida de mujeres en riesgo, nos avocamos también a mejorar el procedimiento para que las órdenes de protección sean eficientes y oportunas, de manera que sean una herramienta de fácil acceso para las mujeres víctimas de violencia, lo cual está contenido en el Título V, Capítulo Único.

En cuanto a las modificaciones en torno a la alerta por violencia contra las mujeres, las y los diputados proponentes consideramos oportuno plantear una reestructuración del mecanismo para darle mayor eficacia de tal manera que los artículos del 43 al 60 contemplan cambios en la regulación de este mecanismo en cuanto a las atribuciones y obligaciones del Poder Ejecutivo Federal, y las bases de coordinación entre éste, las entidades federativas y los municipios, para su ejecución.

Las modificaciones al mecanismo de alerta por violencia de género, también atienden las recomendaciones del Comité de la CEDAW dentro del ámbito de preocupación que se refiere a la Violencia contra las mujeres y el feminicidio6 y ante lo cual le exhorta al Estado parte a:

“a) Revisar los mecanismos nacionales existentes para abordar la violencia contra la mujer con miras a simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad, a nivel federal, estatal y municipal, proporcionando recursos humanos, técnicos y financieros suficientes, para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general para prevenir, tratar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;

b) Con urgencia abordar los obstáculos que limitan la activación del mecanismo de alerta de género.”

La iniciativa plantea también las reglas generales para la creación y operación de Centros de Justicia para las Mujeres, así como refugios, que prestan a las mujeres servicios integrales, especializados y gratuitos, así como la garantía para su suficiencia presupuestaria.

Finalmente cabe precisar que el contenido esencial de esta reforma descansa en el reconocimiento de que toda mujer que viva o transite por el territorio nacional tiene derecho a vivir sin violencia, en un ambiente de seguridad que le permita su desarrollo en todos los ámbitos; y a que las autoridades cumplan con su obligación de velar por sus derechos fundamentales

III. Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Denominación del proyecto de decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

V. Ordenamientos a modificar y adicionar

La denominación del Capítulo I del Título I, para quedar “Capítulo Único”, los artículos 1, 4, las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI del artículo 5, el orden y la denominación del Título II ”MODALIDADES DE LA VIOLENCIA” para quedar “DE LOS TIPOS Y MODALIDADES DE LA VIOLENCIA”, la denominación del Capítulo I “DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR” para quedar “TIPOS DE VIOLENCIA”, las fracciones IV y VI del artículo 6, el orden y la denominación del Capítulo II “DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE” para quedar “DE LA MODALIDAD DE LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES, FAMILIARES Y AFECTIVAS”, el artículo 7, el artículo 8, el primer párrafo, y las fracciones I y IV del artículo 9, el orden y la denominación del Capítulo III “DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD” para quedar “DE LA VIOLENCIA LABORAL Y ESCOLAR”, los artículos 10, 12, el primer párrafo del artículo 13, el primer párrafo y las fracciones I, II y IV del artículo 14, las fracciones I, III, VI y VII del artículo 15, el orden y la denominación del Capítulo IV “DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL” para quedar “DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD” el primer párrafo y la fracción III del artículo 17, el orden y la denominación del Capítulo V “DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES” para quedar “DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL”, el orden y la denominación del Título III para quedar “DE LAS ACCIONES LEGISLATIVAS PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS”, de orden y la denominación del Capítulo I “DEL SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” para quedar “CAPÍTULO ÚNICO”, los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, el orden y la denominación del Título IV “DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES” para quedar “DEL MECANISMO DE ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”, el orden y la denominación del Capítulo Único para quedar “CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETIVO”, los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ,55, 56, 57, 58, 59, 60, y se Adicionan las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 4, las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX Y XL, del artículo 5, las fracciones las fracciones VII, VIII, IX, X, XI del artículo 6, el artículo 7 Bis, los párrafos segundo y tercero del artículo 15, las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 17, un Capítulo II al Título IV denominado “Del Comité de Selección y del Comité de Expertas” que inicia con el artículo 35, un Capítulo III al Título IV denominado “Disposiciones generales para la solicitud de la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres”, que inicia con el artículo 43, un Capítulo IV al Título IV denominado “Del procedimiento para la declaratoria de alerta por violencia estructural contra las mujeres”, que inicia con el artículo 47, un Capítulo V al Título IV denominado “De la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres por agravio comparado”, que inicia con el artículo 50, un Capítulo VI al Título IV denominado “De las obligaciones de la Secretaria de Gobernación ante la declaratoria por violencia contra las mujeres”, que inicia con el artículo 51, un Capítulo VII al Título IV denominado “Seguimiento a la alerta por violencia contras las mujeres”, que inicia con el artículo 57, un Título V denominado “DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN” con un Capítulo Único denominado “De las órdenes de protección” que inicia con el artículo 61 y se adicionan los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, un Título VI denominado “DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES POLICIALES, MINISTERIALES, JUDICIALES Y MUNICIPALES PARA ACTUAR CON LA DEBIDA DILIGENCIA”, con un Capítulo I denominado “Disposiciones Generales”, y los artículos 82, 83, 84, 85, 86, un Capítulo II al Título VI denominado “De las obligaciones de la Policía para actuar con la debida diligencia”, y los artículos 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, un Capítulo III al Título VI denominado “De las obligaciones de las autoridades y órganos auxiliares de Procuración de Justicia para actuar con la debida diligencia”, y los artículos 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, un Capítulo IV al Título VI denominado “De las obligaciones de las autoridades judiciales para actuar con la debida diligencia”, y los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, un Capítulo V al Título VI denominado “De las obligaciones de las autoridades municipales para actuar con la debida diligencia” y los artículos 113, 114, un Título VII denominado “DE LA COORDINACIÓN Y LOS MECANISMOS PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”, un Capítulo I denominado “Del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las mujeres”, y los artículos 115, 116 y 117, un Capítulo II denominado “Del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, y los artículos 118 y 119, un Capítulo III denominado “De la distribución de competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”, y los artículos 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, un Capítulo IV denominado “De los Centros de Justicia y Refugios para las mujeres víctimas de violencia”, y los artículos 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, un Título VIII denominado “DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES”, un Capítulo Único y el artículo 148.

Por lo expuesto, las que suscriben, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

ARTICULO UNICO. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman la denominación del Capítulo I del Título I, para quedar “Capítulo Único”, los artículos 1, 4, las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI del artículo 5, el orden y la denominación del Título II ”MODALIDADES DE LA VIOLENCIA” para quedar “DE LOS TIPOS Y MODALIDADES DE LA VIOLENCIA”, la denominación del Capítulo I “DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR” para quedar “TIPOS DE VIOLENCIA”, las fracciones IV y VI del artículo 6, el orden y la denominación del Capítulo II “DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE” para quedar “DE LA MODALIDAD DE LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES, FAMILIARES Y AFECTIVAS”, el artículo 7, el artículo 8, el primer párrafo, y las fracciones I y IV del artículo 9, el orden y la denominación del Capítulo III “DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD” para quedar “DE LA VIOLENCIA LABORAL Y ESCOLAR”, los artículos 10, 12, el primer párrafo del artículo 13, el primer párrafo y las fracciones I, II y IV del artículo 14, las fracciones I, III, VI y VII del artículo 15, el orden y la denominación del Capítulo IV “DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL” para quedar “DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD” el primer párrafo y la fracción III del artículo 17, el orden y la denominación del Capítulo V “DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES” para quedar “DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL”, el orden y la denominación del Título III para quedar “DE LAS ACCIONES LEGISLATIVAS PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS”, de orden y la denominación del Capítulo I “DEL SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” para quedar “CAPÍTULO ÚNICO”, los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, el orden y la denominación del Título IV “DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES” para quedar “DEL MECANISMO DE ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”, el orden y la denominación del Capítulo Único para quedar “CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETIVO”, los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ,55, 56, 57, 58, 59, 60, y se Adicionan las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 4, las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX Y XL, del artículo 5, las fracciones las fracciones VII, VIII, IX, X, XI del artículo 6, el artículo 7 Bis, los párrafos segundo y tercero del artículo 15, las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 17, un Capítulo II al Título IV denominado “Del Comité de Selección y del Comité de Expertas” que inicia con el artículo 35, un Capítulo III al Título IV denominado “Disposiciones generales para la solicitud de la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres”, que inicia con el artículo 43, un Capítulo IV al Título IV denominado “Del procedimiento para la declaratoria de alerta por violencia estructural contra las mujeres”, que inicia con el artículo 47, un Capítulo V al Título IV denominado “De la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres por agravio comparado”, que inicia con el artículo 50, un Capítulo VI al Título IV denominado “De las obligaciones de la Secretaria de Gobernación ante la declaratoria por violencia contra las mujeres”, que inicia con el artículo 51, un Capítulo VII al Título IV denominado “Seguimiento a la alerta por violencia contras las mujeres”, que inicia con el artículo 57, un Título V denominado “DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN” con un Capítulo Único denominado “De las órdenes de protección” que inicia con el artículo 61 y se adicionan los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, un Título VI denominado “DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES POLICIALES, MINISTERIALES, JUDICIALES Y MUNICIPALES PARA ACTUAR CON LA DEBIDA DILIGENCIA”, con un Capítulo I denominado “Disposiciones Generales”, y los artículos 82, 83, 84, 85, 86, un Capítulo II al Título VI denominado “De las obligaciones de la Policía para actuar con la debida diligencia”, y los artículos 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, un Capítulo III al Título VI denominado “De las obligaciones de las autoridades y órganos auxiliares de Procuración de Justicia para actuar con la debida diligencia”, y los artículos 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, un Capítulo IV al Título VI denominado “De las obligaciones de las autoridades judiciales para actuar con la debida diligencia”, y los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, un Capítulo V al Título VI denominado “De las obligaciones de las autoridades municipales para actuar con la debida diligencia” y los artículos 113, 114, un Título VII denominado “DE LA COORDINACIÓN Y LOS MECANISMOS PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”, un Capítulo I denominado “Del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las mujeres”, y los artículos 115, 116 y 117, un Capítulo II denominado “Del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, y los artículos 118 y 119, un Capítulo III denominado “De la distribución de competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”, y los artículos 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, un Capítulo IV denominado “De los Centros de Justicia y Refugios para las mujeres víctimas de violencia”, y los artículos 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, un Título VIII denominado “DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES”, un Capítulo Único y el artículo 148, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

TÍTULO I

CAPÍTULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de todas las edades, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida digna y a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad formal, igualdad sustantiva y de no discriminación.

Artículo 2. …

Artículo 3. …

Artículo 4. Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:

I. La igualdad formal.

II. La igualdad sustantiva.

III. El interés superior de la niñez.

IV. El libre desarrollo de la personalidad.

V. El respeto a la dignidad humana de las mujeres.

VI. La no revictimización.

VII. La reparación integral del daño.

VIII. La no discriminación.

IX. El principio pro persona; y,

X. La libertad de las mujeres.

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. Acceso a la justicia: Conjunto de medidas y acciones jurídicas que, en los diferentes ámbitos del derecho, deben realizar y aplicar las dependencias, instituciones y entidades del sector público para garantizar y hacer efectiva la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Implica, además, la instrumentalización de medidas y órdenes de protección, así como el acompañamiento, la representación y defensoría jurídica y, en su caso, la reparación integral del daño.

II. Acciones afirmativas: Medidas especiales de carácter temporal encaminadas a garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como entre niñas y niños, en todas las esferas de su vida económica, política, civil, social y cultural, eliminando todas las formas de discriminación en contra de mujeres y niñas, que menoscaban, restringen o anulan el ejercicio de sus derechos humanos.

III. Agravio Comparado: Es el daño, menoscabo, no reconocimiento, impedimento de goce o ejercicio de los derechos de las mujeres, a causa de la sola vigencia o aplicación de una norma o política pública que transgrede sus derechos humanos, que puede actualizarse cuando un ordenamiento jurídico vigente y/o política pública contenga alguno de los siguientes supuestos:

a) Distinciones, restricciones o disposiciones específicas que discriminen a las mujeres y las niñas, siempre y cuando no cumplan con los principios de igualdad, legalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

b) Que propicie o incremente la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres al brindar un trato desigual frente al acceso y ejercicio de los derechos humanos universales, ya sea en una Entidad Federativa frente a otra o el Distrito Federal, en el Distrito Federal frente a otra entidad federativa, en un municipio frente a otro o una delegación política, en delegación política frente a otra u otro municipio, o incluso en el territorio nacional a través de normas legales discriminatorias.

c) Que contravenga o no cumpla con los estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.

d) Que el resultado discrimine o profundice la desigualdad entre mujeres y hombres.

IV. Persona agresora: quien inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres y las niñas.

V. Actualización y profesionalización: La actualización es el proceso permanente de formación, desde la perspectiva de género, con la finalidad de incorporar a la administración y gestión pública los avances y nuevas concepciones en materia de igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres. Tratándose de profesionalización se deberán proporcionar conocimientos específicos, construidos desde la perspectiva de género, el interés superior de la niñez y los derechos humanos, que deben articularse con la disciplina académica y/o técnica de las y los funcionarios, a fin de aplicarlos en todo su ejercicio profesional para asegurar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los derechos humanos de las mujeres, particularmente su derecho a una vida libre de violencias.

VI. Androcentrismo: Visión, conceptualización y construcción social y cultural que sitúa al hombre, es decir, a la persona masculina como el centro de todas las cosas, como la medida y referencia de lo que sucede en el entorno, referenciando a lo femenino como lo que le es ajeno.

VII. Atención: Es el conjunto de medidas, acciones y servicios especializados, integrales, gratuitos, basados en la perspectiva de género, el interés superior de la niñez y derechos humanos, proporcionados por las instancias gubernamentales y privadas; en favor de las mujeres incluyendo el acceso a los servicios sin discriminación de ningún tipo, incluyendo en su caso, a sus hijas e hijos. La finalidad de la atención es el fortalecimiento del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas, así como su empoderamiento, lo que implica el resarcimiento, participación, reparación y protección de sus derechos humanos.

VIII. Banco nacional de datos e información sobre casos y delitos de violencia cometida en contra de mujeres: Sistema digital en el cual se concentra un registro con los datos generales y socio demográficos de las víctimas, las personas agresoras y las órdenes de protección dictadas en favor de las mujeres. Concentra la información proporcionada por las dependencias del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, instancias encargadas de crear, procesar, dar seguimiento y actualizar los expedientes electrónicos únicos para cada mujer que se encuentre en situación de cualquier tipo y modalidad de violencia.

El objetivo del banco es contar con una herramienta gubernamental para la generación de políticas públicas con perspectivas de género, interés superior de la niñez y derechos humanos, a fin de prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de mujeres. La información del banco deberá sujetarse a lo dispuesto por las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

IX. Centro de Justicia para las Mujeres: Espacios físicos, a cargo de las autoridades de las entidades federativas, el Distrito Federal, y los municipios, cuyo objetivo es concentrar en un mismo lugar, los servicios interinstitucionales y especializados que faciliten el acceso a la justicia, conforme al debido proceso, y brinden la atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, así como a las víctimas indirectas, dando respuesta oportuna, eficaz e integral a sus necesidades de atención, protección y acceso a la procuración e impartición de justicia, contando con la coordinación de instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, para instrumentar herramientas que propicien la toma de decisiones, encaminadas a construir un nuevo proyecto de vida para las mujeres, ambiente agradable, seguro y confiable.

X. Condición de víctima: La situación en que se encuentra una mujer que sufra o haya sufrido algún daño o menoscabo en sus derechos, como consecuencia de la comisión de un acto de violencia en su contra.

XI. Debida diligencia: La obligación de las y los servidores públicos, las dependencias y entidades del gobierno, de realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable, a través de una respuesta eficiente, eficaz, oportuna, responsable con perspectiva de género y derechos humanos para la prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño a las mujeres víctimas de violencia.

Tratándose de niñas, las obligaciones señaladas en el párrafo anterior, se cumplirán con especial celeridad y de forma exhaustiva, libre de prácticas discriminatorias basadas en estereotipos de género, de conformidad con el interés superior de la niñez.

XII. Derechos humanos de las mujeres: Conjunto de derechos universales, progresivos, inalienables, interdependientes e indivisibles, así como las garantías para su protección, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales ratificados por México, especialmente los consagrados en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros. Tratándose de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes, además de lo anterior, deberán observarse los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de la Niñez, entre otros.

XIII. Discriminación contra las mujeres: Es toda distinción, exclusión o restricción basada en el género que tiene por objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos.

Esta discriminación se expresa en todas las esferas públicas y privadas de la vida de las mujeres, mediante prácticas misóginas o excluyentes, que sitúan a las mujeres de todas las edades, en desventaja, inequidad, marginalidad y exclusión.

XIV. Empoderamiento de las mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.

XV. Erradicación de la violencia contra las mujeres: Consiste en la eliminación de los diferentes tipos y modalidades de la violencia ejercida en contra de mujeres, los estereotipos, valores, actitudes y creencias misóginas y androcéntricas; con la finalidad de garantizar las condiciones para la vigencia y acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas

XVI. Igualdad formal: Reconocimiento ante la ley, las normas, las políticas públicas, acciones, programas, presupuestos y ante las estructuras de Gobierno de la condición igualitaria entre las mujeres y los hombres mediante la cual se asegura que todas las personas gocen de los mismos derechos.

XVII. Igualdad sustantiva: condición a la que las mujeres tienen derecho y que el Estado debe garantizar mediante el establecimiento de normas, leyes, política pública, acciones, programas, presupuestos y las medidas necesarias de carácter estructural, social y cultural para lograr el acceso de las mujeres, de cualquier edad, al ejercicio de todos los derechos humanos y libertades; así como al acceso a oportunidades, bienes, servicios, recursos en todos los ámbitos de la vida, eliminando todas las formas de discriminación.

XVIII. Ley: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
XIX. Misoginia: Son las prácticas de odio, rechazo, aversión de las personas hacia las mujeres, y en general, hacia todo lo relacionado con lo femenino considerándolo como inferior.

XX. Modalidades de violencia: Los ámbitos de ocurrencia, públicos o privados, en que se presenta la violencia contra las mujeres y las niñas.

XXI. Modelo integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas: Mecanismo de coordinación interinstitucional que integra el conjunto de estrategias y medidas diseñadas científicamente con perspectiva de género, interés superior de la niñez y derechos humanos, a partir de una visión interdisciplinaria e integral que implementará el Estado para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
XXII. Niña: Mujer menor de 18 años.

XXIII. Relación afectiva o de hecho: Aquella en la que se comparte una relación íntima sin convivencia ni vínculo matrimonial o concubinato.

XXIV. Parto humanizado: Modelo de atención a las mujeres durante el parto y el puerperio, basado en el respeto a sus derechos humanos, su dignidad, integridad, libertad y toma de decisiones relativas a cómo, dónde y con quien parir. La atención médica otorgada debe estar basada en fundamentos científicos y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, proporcionando condiciones de comodidad y privacidad durante el parto, con lo mejor de la atención desmedicalizada, y garantizando en su caso, la coordinación y los acuerdos interinstitucionales para identificar, atender y resolver de manera oportuna y segura las complicaciones y emergencias obstétricas.

El modelo incluye de manera explícita y directa, las opiniones, necesidades y valoraciones emocionales de las mujeres y sus familias en los procesos de atención del parto y puerperio, incorporando medidas para erradicar las barreras culturales y de género que dificultan el acceso de las mujeres a los servicios de salud, reconociendo la diversidad cultural existente, y los aportes de la partería tradicional y otros aportes clínico terapéuticos de salud no convencionales.

XXV. Perspectiva de género: Es el enfoque o contenido conceptual que se le da al género para analizar la realidad o fenómenos diversos a fin de evaluar las políticas públicas, la legislación y el acceso al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y niñas, dirigido a diseñar estrategias y evaluar acciones, a partir del cual se crea una interpretación de la realidad que es sensible a las causas y efectos de las diferencias de género en el contexto de las sociedades y en las personas de uno u otro sexo

XXVI. Políticas públicas con perspectiva de género: Conjunto de orientaciones y directrices dirigidas a asegurar los principios y derechos consagrados en la Ley, para abatir las desigualdades de género y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

La incorporación de la perspectiva de género es una herramienta de apoyo fundamental para los procesos de toma de decisiones vinculados a la formulación y puesta en ejecución de las políticas públicas, para obtener los mejores resultados en términos de igualdad sustantiva.

XXVII. Presupuestos con perspectiva de género: Son herramientas que a través de la asignación de recursos públicos contribuyen a la elaboración, instrumentación y evaluación de políticas, y programas orientados a la transformación de la organización social hacia una sociedad igualitaria.

XXVIII. Prevención: Estrategias y acciones coordinadas y anticipadas para evitar las violencias contra las mujeres, su continuidad o incremento así como las actitudes y los estereotipos existentes en la sociedad acerca de las mujeres.

Tratándose de niñas, las estrategias y acciones de prevención velarán por el cumplimiento del interés superior de la niñez y atenderán los principios de autonomía progresiva en el ejercicio de los derechos y la libre personalidad.

XXIX. Programa: Se refiere al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, como instrumento de coordinación que contiene las medidas y acciones deliberadas y concretas. De forma planeada y coordinada deberán ser ejecutadas por las dependencias y entidades del sector público, en el corto, mediano y largo plazo a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres de todas las etapas de su vida.

XXX. Redes de apoyo: Conjunto de relaciones interpersonales e institucionales que hacen posible la vinculación de las mujeres con personas del entorno familiar, social o público, con la finalidad de salvaguardar, mantener o mejorar su bienestar integral, seguridad y su calidad de vida.

XXXI. Centros de reeducación de las personas agresoras: Espacio físico en donde se ofrece un conjunto de medidas integrales y especializadas destinadas a las personas agresoras en los términos establecidos en la ley, con el fin de eliminar los estereotipos de género y los patrones machistas y misóginos que generan la violencia contra las mujeres y las niñas.

XXXII. Reparación integral del daño a las mujeres víctimas de violencias: Acciones que, de conformidad con el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Víctimas y demás ordenamientos jurídicos, deberán ser implementadas por las autoridades correspondientes, a favor de las mujeres víctimas de violencias, con una vocación transformadora; es decir, desde un enfoque no sólo restitutivo sino también correctivo, que combata las situaciones de discriminación en que viven las víctimas.

Estas acciones se expresan en:

a) Medidas de rehabilitación: Son los tratamientos médico y psicológico que requieren las víctimas, previo consentimiento informado y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión gratuita de medicamentos.

b) Medidas de satisfacción: Son medidas tendientes a contribuir a la reparación individual y colectiva, la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, y la manifestación pública de mensajes de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelva ocurrir.

c) Indemnización compensatoria: Se deberá considerar los siguientes conceptos:

i) Daño moral y psicológico: Por los sufrimientos y aflicciones causados a la víctima y sus familiares.

ii) Daño material: la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter económico.

d) Daño al proyecto de vida: Por la afectación o impedimento de continuar con su proyecto de vida como consecuencia de la violencia que sufrieron, involucra la imposibilidad que tuvieron las víctimas de continuar con sus estudios o su trabajo, la frustración y angustia personales al ver truncadas sus expectativas de vida ante el menoscabo de las oportunidades personales y profesionales.

e) Garantías de no repetición. Son las medidas generales, que evitan que hechos que motivaron la violación a los derechos humanos de las mujeres vuelvan a ocurrir.

f) Obligación de investigar, juzgar y sancionar con perspectiva de género a través de los medios legales disponibles y deberá estar orientada a la determinación de la verdad histórica y jurídica. Esta obligación deberá incluir la investigación y sanción de las y los funcionarios que obstaculizaron o que con su negligencia violaron los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

XXXIII. Sistema: El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres.

XXXIV. Tipos de violencia: Son los daños ocasionados a las mujeres, definidos en términos del artículo 6 de la presente Ley.

XXXV. Víctima o víctima directa: Víctima: Aquella mujer o niña que ha sufrido algún daño o menoscabo en su persona o en sus derechos como consecuencia de sufrir algún tipo y/o modalidad de violencia reconocidos por esta Ley.

XXXVI. Víctima indirecta: las hijas e hijos, así como familiares o aquellas personas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

XXXVII. Revictimización o victimización secundaria: Son las conductas u omisiones de las y los servidores públicos, que causan innecesariamente un daño o menoscabo adicional a las víctimas; y,

XXXVIII. Violencia contra las mujeres: Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

XXXIX. Violencia estructural contra las mujeres: Es toda acción u omisión, que mediante la realización de uno o varios tipos de violencia, cause daño o sufrimiento a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado.

Se refiere a conductas ejercidas por las personas, el Estado y la sociedad; así como la ejercida en comunidades, relaciones humanas, prácticas e instituciones sociales, que el Estado reproduce y tolera al no garantizar la igualdad sustantiva, al perpetuar formas jurídicas, judiciales, políticas, económicas y sociales androcéntricas y de jerarquía de género; así como al no dar garantías de seguridad a las mujeres durante todas las etapas de su vida.

Se manifiesta en conductas asociadas con la exclusión, la subordinación, la discriminación, la marginación y la explotación, consustanciales a la dominación estructural de género masculina, afectando sus derechos.

TITULO II

DE LOS TIPOS Y MODALIDADES DE LA VIOLENCIA

Capítulo I

Tipos de Violencia

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I a III. (…)

IV. Violencia económica. Es toda acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

V. (…)

VI. Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos: Es toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres de cualquier edad a decidir de manera libre, voluntaria, e informada sobre su sexualidad; acceder a métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia; a una maternidad elegida y segura, al número y espaciamiento de las y los hijos; a servicios de interrupción legal del embarazo en el marco jurídico previsto en la legislación de las Entidades Federativas y del Distrito Federal; así como, a servicios de atención prenatal y obstétricos de emergencia.

VII. Violencia obstétrica: Es toda acción u omisión por parte del personal de Sistema Nacional de Salud, de tipo médico o administrativo, que dañe, lastime o denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así como la negligencia en su atención médica; se expresa en la falta de acceso a los servicios de salud reproductiva, un trato inhumano o degradante, un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre sus cuerpos y los procesos reproductivos. Se caracteriza por:

a) Negar la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas;

b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o contra sus prácticas culturales, cuando existan los medios necesarios para la realización del parto humanizado;

c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarle y amamantarle inmediatamente después de nacer;

d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer;

e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer o;

f) Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos o de esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

VIII. Violencia cibernética: Toda acción que lesiona, denigra o pone en riesgo la dignidad, seguridad, libertad e integridad de las mujeres y niñas, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, páginas web, correos electrónicos, blogs, mensajes de texto, videos, o cualquier otro medio similar.

IX. Violencia política: Es toda acción u omisión y conducta agresiva cometida por una o varias personas, por sí o a través de terceros, que causen daño en contra de una mujer, en ejercicio de sus derechos político electorales. Se consideran actos de violencia política, entre otros, aquellos que:

a) Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo.

b) Asignen responsabilidades de género que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político-pública.

c) Eviten por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o designadas a una función pública, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los hombres.

d) Impidan o restrinjan su reincorporación al cargo cuando hagan uso de una licencia justificada.

e) Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación establecida.

f) Impongan sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos.

g) Discriminen a la autoridad electa designada o en el ejercicio de la función político-pública, por encontrarse en estado de embarazo o parto; y,

h) Divulguen o revelen información personal y privada, de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y o licencia al cargo que ejercen o postulan; y,

i) Cualquier otro acto que limite o restrinja la participación política de las mujeres-

X. Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

XI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Las políticas de prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño derivado de los tipos de violencia del presente Capítulo, atenderán y garantizarán en todo momento el cumplimiento de los principios del interés superior de la niñez y la autonomía progresiva en el ejercicio de los derechos de las niñas.

CAPÍTULO II

DE LA MODALIDAD DE LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES, FAMILIARES Y AFECTIVAS

Artículo 7. Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres en cualquier etapa de su vida, mediante la realización de uno o varios tipos de violencia, dentro o fuera del domicilio familiar, cuando la persona agresora tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación afectiva o de hecho.

Artículo 7 Bis. Violencia en el noviazgo: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, mediante la realización de uno o varios tipos de violencia, durante o después de una relación de noviazgo, una relación afectiva o de hecho o una relación sexual.

Artículo 8. Los modelos de prevención, atención, y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia en las relaciones interpersonales familiares y afectivas, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración:

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento médico y psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, a fin de garantizar el acceso a la justicia, incluyendo la reparación integral del daño causado por dicha violencia, así como el empoderamiento de la víctima;

II. Brindar servicios reeducativos, integrales, especializados y gratuitos, a las personas agresoras para erradicar las conductas violentas por medio de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas que generaron la violencia;

III. Evitar que la atención que reciban la víctima y la persona agresora sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención, aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia;

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento, control o agresión entre la persona agresora y la víctima;

V. Favorecer la separación y alejamiento de la persona agresora con respecto a la víctima; y,

VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo médico, psicológico y legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia.

Artículo 9. Con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres en las relaciones interpersonales, familiares y afectivas, los Poderes Legislativos, federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el respectivo ámbito de sus competencias, deberán:

I. Tipificar u homologar los delitos de violencia familiar y en el noviazgo, que incluyan como elementos del tipo los contenidos en las definiciones previstas en esta ley.

II. ...

III. ...

IV. Incluir como parte de la sentencia, la condena a la persona agresora participar en servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos.

CAPÍTULO III

DE LA VIOLENCIA LABORAL Y ESCOLAR

Artículo 10. La violencia laboral y escolar: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, escolar o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.

Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el acoso laboral o el hostigamiento laboral.

Artículo 11.…

Artículo 12. Constituyen violencia escolar todas aquellas conductas, acciones u omisiones, infligidas por el personal docente o administrativo o cualquier integrante de la comunidad educativa que dañan la dignidad, salud, integridad, libertad y seguridad de las víctimas.

Artículo 13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente a la persona agresora en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

...

Artículo 14. Las autoridades de la federación, las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios, en el ámbito de sus competencias, tomarán en consideración:

I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y o escolares.

II. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan; contemplando además sanciones para quienes realicen conductas valiéndose del uso de las tecnologías de la información y comunicación.

...

IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para las personas agresoras, mismos que deberán de ser tendientes a modificar los patrones y prácticas que derivaron en la comisión de actos violentos.

Artículo 15. Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias deberán:

I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todas las etapas y ámbitos de la vida.

II. ...

III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión, los cuales servirán para la presentación de la denuncia ante las autoridades correspondientes, a quienes se les deberá notificar de manera inmediata.

VI. Proporcionar atención médica, psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual; y,

VII. Garantizar la aplicación de sanciones penales y o administrativas para las personas superiores jerárquicas de la persona hostigadora o acosadora en el ámbito laboral; y en el ámbito escolar, cuando sean omisas en recibir y/o dar curso a una queja.

Tratándose de víctimas mujeres menores de 18 años de edad, los mecanismos implementados para detectar, investigar y sancionar la violencia en el ámbito escolar deberán estar acorde a los principios de interés superior de la niñez y libre desarrollo de la personalidad y contar con personal especializado.

En el caso de que la persona agresora sea adolescente, en términos de la Ley General de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y presuntamente hubiere cometido los delitos de hostigamiento y/o acoso, se dará vista a las autoridades especializadas competentes, de conformidad con las disposiciones en materia de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal aplicable.

CAPÍTULO IV

DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD

Artículo 16. …

Artículo 17. Los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de:

I. ...

II. …

III. El establecimiento de un registro administrativo sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones de política criminal que correspondan y facilitar el intercambio de información entre las instancias.

Dicho registro bajo ninguna circunstancia eximirá a las autoridades correspondientes del cumplimiento de sus obligaciones en relación con el Banco nacional de datos e información sobre casos y delitos de violencia cometida en contra de las mujeres.

IV. Establecer espacios públicos libres de violencia; primordialmente, a través de políticas públicas que garanticen la movilidad segura de las mujeres en la comunidad y coadyuven en el establecimiento de procedimientos de sanción de los actos de violencia que se susciten.

V. Diseñar y ejecutar política pública con perspectiva de género en materia de transporte público que, tomando en consideración las circunstancias o altos índices de violencia contra las mujeres registrados en una entidad federativa, región, municipio o localidad, garantice su accesibilidad y la seguridad de las usuarias.

VI. Implementar acciones educativas destinadas a prevenir y atender el acoso sexual en la comunidad, e identificarlo como un acto de violencia sexual constitutivo de un delito.

VII. Implementar acciones educativas destinadas a visibilizar la violencia contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades, partiendo de la identificación de la comunidad como un espacio en el cual las mujeres pueden ser víctimas de violencia.

CAPÍTULO V

DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Artículo 18.-…

Artículo 19.-…

Artículo 20.-…

TÍTULO III

DE LAS ACCIONES LEGISLATIVAS PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 21.-Los Poderes Legislativos de la Federación, de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán promover, proteger, atender y garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencias; por lo que, en todas sus actuaciones tendrán en consideración el cumplimiento de los principios rectores establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las leyes en la materia, garantizando la armonización de sus respectivos instrumentos jurídicos.

Artículo 22. Los Poderes Legislativos de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán armonizar las leyes que protejan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, promoviendo que en el marco jurídico se establezcan las bases para el diseño de las políticas públicas que aseguren:

I. La realización de investigaciones y diagnósticos sociales y antropológicos que permitan visibilizar las causas, factores de riesgo y daños que produce la violencia en contra de las mujeres.

II. El diseño de programas dirigidos a eliminar los factores estructurales de violencia en las regiones de mayor incidencia de los delitos cometidos contra las mujeres por razones de género.

III. La elaboración de estrategias de intervención sociológica, educativa y cultural para la construcción de identidades de género, basada en valores de respeto e igualdad sustantiva para disminuir relaciones asimétricas entre los géneros.

IV. La actualización y profesionalización permanente de las y los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno para identificar a las probables víctimas, brindarles protección y asistencia; y,

V. El mejoramiento de los procedimientos de persecución y judicialización de los delitos cometidos en contra de mujeres por razones de género al interior de las instancias de procuración de justicia.

Artículo 23. Tratándose de las conductas tipificadas como delitos que se cometan sobretodo en contra de las mujeres; los Poderes Legislativos de la Federación, de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán desde la perspectiva de género, el interés superior de la niñez y los derechos humanos:

I. Adecuar los tipos penales relacionados con violencia contra las mujeres, conforme a las conductas descritas en los tipos y modalidades de violencia que establece esta ley.

II. Identificar y derogar aquellos tipos penales que contengan elementos subjetivos basados en estereotipos y roles de género que discriminan y obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres.

III. Identificar y establecer, conforme al principio de proporcionalidad las conductas delictivas que se persiguen de oficio; y prohibir la conciliación o el otorgamiento del perdón entre la víctima y la persona agresora, y

IV. Tipificar las conductas que impliquen violencia en contra de las mujeres y que no estén consideradas como delitos.

Artículo 24. Los Poderes Legislativos de la Federación, de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán considerar como agravantes de los delitos cometidos contra las mujeres:

I. La magnitud y crueldad de los daños causados a la víctima.

II. La relación de confianza, afectiva, de poder o subordinación.

III. La existencia de violencia sexual.

IV. La destrucción o sustracción de bienes indispensables para la supervivencia.

V. La sustracción de hijas e hijos como métodos de coacción para someter la voluntad de la madre.

VI. El estado de orfandad de hijas e hijos y de dependientes económicos.

VII. El abuso de poder del sujeto activo cuando tiene la condición de garante; y,

VIII. Condiciones de mayor vulnerabilidad.

Artículo 25. Los Poderes Legislativos de la federación, de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán sanciones proporcionales para las servidoras o servidores públicos que por dolo o negligencia retarden o entorpezcan la procuración o ad

Artículo 26. Los Poderes Legislativos de la federación, de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán tipificar la violencia obstétrica cometida por el personal médico o administrativo del Sistema Nacional de Salud, con base en las siguientes conductas:

I. Que no se atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres y las adolescentes en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas.

II. Que se altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, sin que medie causa médica justificada, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin informar a la mujer y sin obtener el consentimiento informado, voluntario y expreso de la misma.
III. Que existiendo las condiciones para el parto natural se practique la cesárea, sin causa médica justificada, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado.

IV. Que se ejerza presión psicológica, se ofenda o amenace a una mujer durante el proceso de embarazo, parto o puerperio para inhibir la libre decisión de su maternidad.

V. Que se obstaculice el apego de la niña o el niño con su madre o que se niegue la posibilidad de amamantarle inmediatamente después de nacer, sin causa médica justificada.

Que aun cuando existan los medios necesarios para la realización del parto humanizado, se obligue a la mujer a parir acostada sobre su columna y con las piernas levantadas o en forma distinta a la que sea propia de sus usos, costumbres y tradiciones obstétricas siempre que no supongan un riesgo para la salud de la mujer o del producto; o,

VI. Que se realicen de manera rutinaria y sin causa médica justificada procedimientos como restricción de líquidos o alimentos a la mujer, exámenes vaginales repetidos, rasurado púbico, cateterización de la vejiga, inserción de cánulas, infusión intravenosa, episiotomía, posición en decúbito supino durante la dilatación, administración de oxitócicos antes del nacimiento, manipulación activa del feto.

Artículo 27. Los Poderes Legislativos de la Federación, de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán tipificar y sancionar las conductas que mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, acosen, hostiguen o amenacen a las mujeres; así como el uso o manipulación, sin su consentimiento, de imágenes, de información privada o datos personales, que causen daño a su integridad psicológica, dignidad, imagen, identidad o su seguridad.

Artículo 28. Los poderes Legislativos de la Federación, las Entidades Federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán armonizar y/o tipificar el delito de feminicidio considerando que existen razones de género cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes o degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, institucional, o comunitario o cualquier otro ámbito del sujeto activo en contra de la víctima.

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, o cualquier otra relación de hecho o amistad o de confianza.

V. Exista o haya existido entre el activo y la victima una relación laboral, escolar, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.

VI. Existan datos que establezcan que hubo amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; y,

VIII. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado, colocado o exhibido en un lugar público.

Además de la sanción que se imponga bajo los criterios de proporcionalidad, se deberá establecer que la persona agresora perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad o tutela en caso de existencia de hijas e hijos en común.

Artículo 29. Toda muerte violenta de mujer deberá ser investigada como feminicidio, y en caso de que no se acredite ninguno de los elementos del tipo penal descritos en el artículo anterior, se investigará como homicidio.

TÍTULO IV

DEL MECANISMO DE ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETIVO

Artículo 30. La alerta por violencia contra las mujeres, es el mecanismo de protección colectivo, emergente y temporal, que concentra las acciones coordinadas de los gobiernos federal, estatal y municipal, para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, en un territorio determinado.

Artículo 31. La alerta por violencia contra las mujeres procede bajo dos supuestos:

I. Por violencia estructural en contra de las mujeres y niñas; y,

II. Por agravio comparado, cuando un ordenamiento jurídico aprobado o vigente y/o política pública.

Artículo 32. En el mecanismo de alerta por violencia de contra las mujeres intervienen:

I. La persona o personas que interponen la solicitud, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos públicos de derechos humanos nacional o de las entidades federativas y organismos internacionales.

II. El INMUJERES en su calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

III. El grupo de trabajo interinstitucional; y,

IV. El Comité de Expertas.

Artículo 33. La solicitud de declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres podrá ser presentada ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por:

I. Organizaciones o colectivos de la sociedad civil.

II. Comisiones de derechos humanos y/o organismos de protección de los derechos humanos.

III. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

IV. Organismos internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos; y,

V. Mecanismos para el adelanto de las mujeres federal, estatales y municipales.

Las solicitudes de declaratoria de alerta por violencia no serán excluyentes entre sí pudiendo ser presentadas simultáneamente, por los mismos u otros hechos diferentes, así como por una o más instancias de las mencionadas en este artículo.

Artículo 34.- Cuando ocurran hechos públicos y notorios de violencia contra las mujeres, aunque no se hubiese presentado la solicitud de Alerta por Violencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas, así como el INMUJERES, deberán actuar de oficio para iniciar un procedimiento de Declaratoria de Alerta de Violencia.

CAPITULO II

DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y DEL COMITÉ DE EXPERTAS

Artículo 35. Corresponderá a la Secretaría Ejecutiva del Sistema conformar el Comité de selección, el cual se integrará por:

I. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres.

II. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

III. Una persona invitada de la representación en México de ONU Mujeres.

IV. Una persona invitada representante del Poder Judicial de la Federación, preferentemente de la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

V. Una persona representante de alguna institución académica universitaria de alto prestigio en estudios de género o derechos humanos de las mujeres; y,

VI. La persona titular del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Las personas integrantes contarán voz y voto en condiciones de igualdad.

El Comité de selección tiene como objetivo evaluar y seleccionar a las integrantes del Comité de Expertas, para lo cual contará con 30 días naturales improrrogables para el proceso de selección.

Artículo 36. El Comité de Expertas es un cuerpo técnico, colegiado con independencia de decisión, responsable de la recepción, análisis, evaluación, investigación, información y la emisión de un informe con sus respectivas recomendaciones relativas al mecanismo de la Alerta de Violencia contra las mujeres y niñas.

Las expertas que conformen el Comité serán elegidas mediante convocatoria pública, con cobertura nacional, que emitirá la Secretaría de Gobernación debiendo reunir los siguientes requisitos:

I. No contar con inhabilitación en el servicio público o con recomendaciones de los organismos públicos de protección de los derechos humanos.

II. No tener un cargo público.

III. Que no se encuentre enfrentando proceso penal por delito grave.

IV. Contar con reconocida experiencia y conocimientos en perspectiva de género y derechos humanos; y,

V. Demostrar trayectoria profesional de por lo menos 5 años en alguna o varias de las siguientes áreas: atención, defensa, promoción, acceso y procuración de justicia para la erradicación de la violencia contra las mujeres, así como en la elaboración de políticas públicas, estudios e investigaciones relacionadas con estos temas.

Artículo 37.- La duración del encargo de experta del comité, será por un período de dos años, pudiendo reelegirse por una ocasión por otro periodo igual, garantizando la rotación de las integrantes de forma escalonada conforme al reglamento de la presente Ley.

Artículo 38. Una vez concluido el proceso de selección e integración, el Comité de Expertas quedará conformado por cinco mujeres que reúnan preferentemente los siguientes perfiles:

I. Una experta en derecho internacional, nacional y local de los derechos humanos de las mujeres y las niñas;

II. Una defensora, con amplia y reconocida trayectoria, de los derechos humanos de las mujeres y las niñas;

III. Una experta en evaluación, diseño y reorientación de políticas públicas; así como en evaluación de la eficiencia institucional.

IV. Una experta en procuración y administración de justicia, con reconocida trayectoria por su trabajo en el acceso a la justicia para las mujeres; y,

V. Una experta en seguridad ciudadana con enfoque de seguridad humana.

Artículo 39. La Secretaría de Gobernación otorgará las facilidades, remuneración y recursos para su funcionamiento, conforme lo establecen los ordenamientos correspondientes.

Lo anterior no implicará una relación laboral ni de subordinación entre la Secretaría de Gobernación y las integrantes del Comité de Expertas.

El comité podrá solicitar a la autoridad correspondiente las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad en el ejercicio de sus funciones, así como para solicitar las medidas necesarias para proteger a las presuntas víctimas durante la revisión de los casos.

Artículo 40. El Comité de Expertas deberá sesionar formalmente para conocer de manera inmediata, en un término no mayor a 5 días naturales, las solicitudes de alerta por violencia contra las mujeres presentadas, ante la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 41. El Comité de Expertas, determinará la metodología que emplearán para dar respuesta a cada una de las solicitudes, cumpliendo con el procedimiento establecido en esta Ley. Recibirá, analizará y emitirá un informe y la o las recomendaciones correspondientes de todas las solicitudes de Alerta por Violencia contra las mujeres que reciba.

Artículo 42. El Comité de expertas elegirá de entre sus integrantes y preferentemente por consenso, a su Coordinadora y su suplente, quien colaborará con la Coordinadora para el mejor desempeño de sus funciones; durarán en su cargo un año, con opción a ser reelectas por un año más. En caso de ausencia temporal o impedimento de la Coordinadora, la sustituirá la suplente y el Comité elegirá a una nueva suplente.

El Comité tiene facultades para apoyarse en la opinión de otras personas especialistas o instituciones académicas y/o educativas nacionales, estatales y/o municipales, cuando así lo consideren necesario, así como para designar y coordinar los equipos técnicos que se requieran para dar cumplimiento a las labores para las que fueron electas.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA SOLICITUD DE LA DECLARATORIA DE ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 43. La solicitud de declaratoria de Alerta por Violencia contra las mujeres, se presentará por escrito o bien, a través de correo electrónico, en la oficina de la Titular de la Secretaría Ejecutiva; una vez admitida dará conocimiento al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la turnará inmediatamente al Comité de Expertas.

Artículo 44. La solicitud de alerta por violencia contra las mujeres, deberá contener los siguientes requisitos:

I. Nombre o razón social de quien promueva.

II. Los documentos que sean necesarios para acreditar su personalidad jurídica.

III. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.

IV. Narración de los hechos violatorios de los derechos humanos de las mujeres y/o por agravio comparado, en un territorio determinado; y

V. Los elementos con los que se cuente para fundamentar su petición.

Las solicitudes contendrán información constitutiva de indicios. Será labor del Comité de Expertas, realizar las investigaciones necesarias para determinar o no la existencia de cualquier tipo y/o modalidad de violencia en contra de las mujeres y niñas así como la existencia o no de agravio comparado.

Será función del Comité de Expertas, la integración de la documentación y de la información relativa a la solicitud de alerta por violencia contra las mujeres y realizar las investigaciones necesarias para determinar o no la existencia de violencia estructural contra las mujeres y niñas o de agravio comparado.

Cuando la solicitud no contenga los requisitos del presente artículo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema deberá prevenir a quien solicita por escrito, por una sola vez, para que subsane la omisión dentro del plazo de cinco días hábiles. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará el trámite. Una vez desahogada la prevención, se continuará con el análisis de la solicitud.

Artículo 45. Las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y o municipales, deberán proporcionar todo tipo de información y documentación que tenga relación con los hechos que se afirman en la solicitud, o en su caso, brindar el apoyo necesario para la realización de la investigación correspondiente.

La falta de cooperación o la negativa de proporcionar información por parte de las autoridades, presumirá la veracidad de los hechos alegados en la solicitud.

Artículo 46. La documentación y demás información que genere el Comité de Expertas observará lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Datos Personales en posesión de Particulares y demás normatividad aplicable en esta materia.

CAPÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE ALERTA POR VIOLENCIA ESTRUCTURAL CONTRA LAS MUJERES

Artículo 47. En el proceso de investigación para la declaratoria de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, solicitado bajo el supuesto dela fracción I del artículo 31, el Comité de Expertas deberá incluir los siguientes elementos:

I. Descripción de los hechos que incluya:

a) La situación de violencia contra las mujeres y las niñas.

b) El lugar o territorio donde acontecieron los hechos.

II. La metodología de revisión del caso:

A) Análisis e interpretación de la información.

B) Fuentes de información, personas y/o instituciones consultadas para ampliar la investigación.

III. Conclusiones. Consideraciones de hecho y de derecho que resulten del análisis de los casos, los elementos que lleven a determinar si procede o no una declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres.

IV. Recomendaciones:

A) La propuesta de reparación del daño a víctimas directas o indirectas, si fuera procedente;

B) La procedencia en los casos donde sea pertinente de solicitar el inicio e investigación de las responsabilidades administrativas y/o penales de las y los servidores públicos involucrados.

C) Las acciones integrales de emergencia, preventivas, de atención y sanción dirigidas a las instituciones y dependencias responsables del orden Federal, Estatal, del Distrito Federal y/o municipal respectivamente, estableciendo los plazos para su cumplimiento; y,

D) La propuesta de plazos para el cumplimiento de las recomendaciones.

Artículo 48. Las solicitudes de información que se requieran a las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y o municipales por parte del Comité de Expertas, se realizará por conducto de la Secretaría de Gobernación.

La Secretaría de Gobernación deberá brindar todas las facilidades para contar la información de manera pronta y expedita.

Artículo 49. El Comité de Expertas, dispondrá de 45 días naturales prorrogable por el mismo periodo y por una sola ocasión, para integrar una investigación sobre los hechos y emitir un informe y sus recomendaciones.

CAPITULO V

DE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES POR AGRAVIO COMPARADO

Artículo 50. Para el proceso de investigación para la declaratoria de la alerta por violencia contra las mujeres, solicitado bajo el supuesto dela fracción II del artículo 31, deberá incluir los siguientes elementos:

I. Descripción de los hechos que incluya:

a) La situación de violencia contra las mujeres y las niñas.

b) El lugar o territorio donde acontecieron los hechos.

c) Descripción de los elementos que constituyan el agravio comparado, los elementos en este hecho; y,

d) Las afectaciones que la norma o política pública, con base en los más altos estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, el principio pro persona y la perspectiva de género.

II. La metodología de revisión de esta modalidad de violencia, la cual implica:

a) El análisis e interpretación de los informes aportados por el solicitante, si lo hiciere, la autoridad responsable, y cualquier otro alternativo que sirva para formar criterio; y,

b) Fuentes de información, personas y o instituciones consultadas para ampliar la investigación, salvaguardando los datos personales.

III. Conclusiones

a) Las medidas recomendadas para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas por agravio comparado.

b) La sanción a servidores públicos si fuera procedente

c) Las propuestas de adición, modificación o derogación de la Ley o política pública de que se trate.

d) Las acciones integrales de emergencia, preventivas, de atención y sanción dirigidas a las instituciones y dependencias encargadas de su ejecución.

e) La propuesta de reparación del daño; y,

f) La propuesta de plazos para su cumplimiento.

CAPITULO VI

DE LAS OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN ANTE LA DECLARATORIA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 51. Corresponderá a la Secretaría de Gobernación en su calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres declarar o negar la Alerta por Violencia contra las Mujeres, debiendo fundar y motivar su resolución, considerando de manera integral el informe y las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertas.

El procedimiento de Alerta de Violencia contra las mujeres y las niñas deberá regirse bajo los principios de:

I. Debido proceso.

II. Mayor protección.

III. Interés superior de la niñez.

IV. Debida diligencia; y,

V. Pro persona.

Artículo 52. La Secretaría de Gobernación habiendo recibido el informe y las recomendaciones del Comité de Expertas determinará en un plazo de 15 días hábiles improrrogables la procedencia o improcedencia de la emisión de la alerta por violencia estructural contra las mujeres o por agravio comparado.

En ambos casos deberá notificar a las autoridades responsables, en su caso, a quien presentó la solicitud y al Sistema Nacional en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

Artículo 53. La declaratoria de alerta por violencia estructural contra las mujeres que emita la Secretaría de Gobernación deberá contener:

I. Las políticas, acciones y demás formas de coordinación.

II. Monto de los recursos presupuestales para hacer frente a la contingencia; y,

III. Explicitar los plazos en que se realizarán las acciones, identificando acciones inmediatas, a mediano, largo plazo y permanentes, considerando los plazos sugeridos por el Comité de Expertas.

Artículo 54. La declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres por agravio comparado que emita la Secretaría de Gobernación, deberá contener:

I. La propuesta de modificación, reforma, adición, derogación y/o abrogación de ordenamientos jurídicos.

II. Todas aquellas propuestas de modificación, y eliminación de políticas públicas discriminatorias; y,

III. Explicitar los plazos en que se realizarán las acciones, identificando acciones inmediatas, a mediano, largo plazo y permanentes, considerando los plazos sugeridos por el Comité de Expertas.

Artículo 55. En ambos supuestos, la declaratoria de alerta por violencia deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en los periódicos o gacetas oficiales estatales, en los medios impresos y electrónicos de mayor audiencia nacional, de las entidades federativas o del Distrito Federal de que se trate; así como en los sitios electrónicos oficiales de las dependencias involucradas.

Artículo 56. Una vez notificada, las autoridades señaladas en el informe contarán con un plazo de treinta días hábiles para iniciar el desahogo de las medidas recomendadas, rindiendo informes trimestrales sobre el avance en el cumplimiento a la Secretaría de Gobernación.

La Secretaría de Gobernación deberá hacer público estos informes y enviarlos a las instituciones que integran el Sistema Nacional.

CAPÍTULO VII

SEGUIMIENTO A LA ALERTA POR VIOLENCIA CONTRAS LAS MUJERES

Artículo 57. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema, dará seguimiento al cumplimiento de las medidas que se hayan emitido para hacer frente a la contingencia motivo de la Alerta por Violencia.
Artículo 58. Una vez recibidos los informes finales la Secretaría de Gobernación determinará la procedencia del levantamiento de la alerta.

Esta determinación se hará del conocimiento público por los mismos medios de difusión que se dio a conocer la declaratoria de alerta.

Artículo 59. En caso de que la Secretaría de Gobernación determinar la improcedencia de levantar la declaratoria de alerta, las autoridades responsables deberán continuar con la aplicación de las medidas recomendadas hasta que cesen los efectos que motivaron la alerta.

Artículo 60. Las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales que correspondan, estarán obligadas en términos de esta Ley a dar cumplimiento a los requerimientos de información, apoyo y determinaciones que se emitan para hacer frente a la contingencia de Alerta por Violencia, en el entendido de que sus omisiones, obstaculizaciones o negativas serán causa de responsabilidad jurídica a la que haya lugar.

TÍTULO V

DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 61. Las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, son fundamentalmente precautorias y cautelares, podrán otorgarse de oficio o a petición de parte, por el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento en que tenga conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito, evitando en todo momento que la persona agresora, por sí o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima y/o víctimas indirectas.

Las órdenes de protección tendrán una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días, para garantizar la vida, integridad y seguridad de las víctimas, y en su caso de las víctimas indirectas.

Artículo 62. Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito en contra de una mujer o una niña está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier órgano jurisdiccional competente y/o agente de la Policía.

Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito en contra de una mujer o una niña, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición al imputado, si hubieren sido detenidos en flagrancia.

Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.

Artículo 63. Las órdenes de protección se deberán dictar e implementar con base en los siguientes principios:

I. Principio de protección: considera primordial la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas;

II. Principio de necesidad y proporcionalidad: las órdenes de protección deben responder a la situación de violencia en que se encuentre la persona destinataria, y deben garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes.

III. Principio de confidencialidad: toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo.

IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las órdenes deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima, y deben ser otorgadas e implementadas de manera inmediata y durante el tiempo que garanticen su objetivo.

V. Principio de accesibilidad: se deberá articular un procedimiento sencillo para que facilite a las víctimas obtener la protección inmediata que requiere su situación.

VI. Principio de integralidad: El otorgamiento de la medida a favor de la víctima deberá generarse en un solo acto y de forma automática. y,

VII. Principio pro persona: Para interpretar lo referente al otorgamiento de las órdenes de protección, en caso de duda, con relación a la situación de violencia, se estará a lo más favorable para la víctima, tratándose de niñas siempre se garantizará que se cumpla en todas las decisiones que se tomen respecto de las órdenes de protección. De igual forma, cuando las determinaciones que se tomen respecto de una mujer víctima de violencia pudiera impactar en los derechos de las hijas o hijos menores de 18 años de edad.

Artículo 64. Para la emisión de las órdenes de protección el Ministerio Público tomará en consideración:

I. Los hechos relatados por la mujer, o la niña, en situación de violencia, considerando su desarrollo evolutivo y cognoscitivo, o por quien lo haga del conocimiento a la autoridad.

II. Las peticiones explícitas de la mujer, o la niña, en situación de violencia, considerando su desarrollo evolutivo y cognoscitivo, o de quien informe sobre el hecho.

III. Las medidas que ella considere oportunas, una vez informada de cuáles pueden ser esas medidas. Tratándose de niñas, las medidas siempre serán determinadas conforme al principio de interés superior de la niñez.

IV. Las necesidades que se deriven de su situación; y,

V. La manifestación de actos o hechos previos de cualquier tipo de violencia.

Artículo 65. El Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente, deberá ordenar la protección necesaria, considerando:

I. Los principios establecidos en el artículo 63 de esta Ley.

II. Que sea adecuada y proporcional.

III. Que los usos y costumbres no violen los derechos humanos de las mujeres reconocidos en Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano; y,

IV. La discriminación y vulnerabilidad que viven las mujeres y las niñas por razón de: identidad de género, orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión, o cualquiera otra, que las coloque en una situación de mayor riesgo.

Artículo 66. Para interpretar lo referente al otorgamiento de las órdenes de protección, en caso de duda, con relación a la situación de violencia, se estará a lo más favorable para la mujer o la niña, en términos de los principios establecidos en el artículo 63 de esta Ley.

Artículo 67. La orden de protección podrá solicitarse en cualquier entidad federativa distinta a donde ocurrieron los hechos.

Para efectos del párrafo anterior, la Fiscalía General de la República, y las Procuradurías o Fiscalías Generales de las entidades federativas, celebrarán convenios de colaboración que garanticen la efectiva protección de las mujeres y las niñas conforme a los principios rectores de las órdenes de protección.

Artículo 68. Las órdenes de protección administrativas, además de las previstas en otros ordenamientos, consisten en:

I. El traslado de las víctimas a donde se requiera, cuantas veces sea necesario en las diferentes diligencias para garantizar su seguridad y protección.

II. Custodia personal y o domiciliaria a las víctimas, que estará a cargo de los cuerpos policiacos adscritos a la Procuraduría General de la República o las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, según corresponda. En caso de que no exista disponibilidad podrá apoyarse en las instituciones de seguridad pública.

Esta medida se aplicará bajo la más estricta responsabilidad del Ministerio Público y podrá solicitarse apoyo y colaboración a los cuerpos policíacos de los tres niveles de gobierno, incluyendo en estos apoyos a las instancias policiales que se encuentren organizadas bajo Mando Único policial.

III. Proporcionar a las mujeres, o las niñas, en situación de violencia y en su caso a sus hijas e hijos o personas que dependan de la víctima, alojamiento temporal en espacios seguros tales como casas de emergencia, refugios y albergues que garanticen su seguridad y dignidad, en términos de las disposiciones aplicables de esta ley.

IV. Proporcionar los recursos económicos para garantizar su seguridad personal transporte, alimentos, comunicación, mudanza y los trámites oficiales que requiera entre otros.

V. Canalizar y trasladar sin demora alguna a las mujeres, o las niñas, en situación de violencia sexual a las instituciones que integran el sistema nacional de salud para que provean gratuitamente y de manera inmediata los servicios de:

a) Aplicación de antirretrovirales de profilaxis post-exposición.

b) Anticoncepción de emergencia; e,

c) Interrupción legal del embarazo en el caso de violación.

VI. Proveer los recursos y herramientas necesarias para garantizar la seguridad y acondicionamiento de vivienda.

VII. Los demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, para la mujer y en su caso sus hijas e hijos mientras se encuentre imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios.

VIII. Facilitar a la mujer, o la niña, y en su caso a sus hijas e hijos en situación de violencia, la reubicación de domicilio, residencia o del centro educativo. Tratándose de niñas víctimas de violencia, la autoridad en todo momento ponderará su interés superior, siendo la remisión a instituciones públicas de acogida la última opción y por el menor tiempo posible.

IX. Prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y amistades, al lugar de trabajo, de estudios, o cualquier otro que frecuente la víctima directa o víctimas indirectas.

X. Reingreso de la mujer y en su caso a sus hijas e hijos en situación de violencia al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad, en caso de que así lo desee, en concordancia con la fracción VII del artículo 70 de esta ley.

Para el cumplimiento de esta medida se garantizará el acompañamiento, del Ministerio Público y del personal de la policía ministerial, a la mujer en situación de violencia para acceder al domicilio, lugar de trabajo u otro, con el propósito de recuperar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos, en cualquier caso, podrá ser acompañada de una persona de su confianza.

En caso de que no haya personal ministerial disponible, el acompañamiento será a cargo de personal de cualquier institución de seguridad pública que garantice la seguridad de la mujer.

XI. Protección policíaca permanente a la mujer, o la niña, así como a su familia.

XII. Protección por seguridad privada, en los casos que sea necesario.

XIII. Utilización de herramientas tecnológicas que permitan brindar seguridad a las mujeres, o niñas, en situación de violencia; así como a las víctimas indirectas y testigos. Entre las que pueden encontrarse el proporcionar un teléfono móvil con contacto directo para brindar auxilio policial, entre otros.

XIV. Solicitud a la autoridad judicial competente, la suspensión temporal a la persona agresora del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes.

XV. Ordenar la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad a la mujer en situación de violencia, o niña, y en su caso, a sus hijas e hijos.

XVI. La prohibición a la persona agresora de comunicarse por cualquier medio o por interpósita persona, con la mujer en situación de violencia y, en su caso, de sus hijas e hijos u otras víctimas indirectas.

XVII. Prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar por si, por cualquier medio o interpósita persona, a la mujer en situación de violencia y en su caso sus hijas e hijos u otras víctimas indirectas o testigos de los hechos o cualquier otra persona con quien la mujer tenga una relación familiar, afectiva, de confianza o de hecho.

XVIII. Resguardar las armas de fuego u objetos utilizados para amenazar o agredir a la mujer, o niña, en situación de violencia.

XIX. Solicitar a la autoridad jurisdiccional competente, para garantizar las obligaciones alimentarias, la elaboración de un inventario de los bienes de la persona agresora y su embargo precautorio, el cual deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad; y,

XX. Además de los anteriores, aquellas y cuantas sean necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de la mujer o la niña en situación de violencia.

Las medidas señaladas en este artículo, podrán ser ampliadas o modificadas por el órgano jurisdiccional competente o Ministerio Público, siempre procurando la mayor protección de la víctima.

Artículo 69. Previo a la suspensión de las órdenes de protección decretadas por la autoridad ministerial, ésta deberá asegurarse bajo su más estricta responsabilidad que la situación de riesgo o peligro de la víctima ha cesado.

Artículo 70. Las órdenes de protección judicial, además de medidas administrativas, así como de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en una o varias de las siguientes acciones:

I. La reserva del domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que permita que a la persona agresora o su familia puedan ubicar a la víctima.

II. El uso de medios o dispositivos electrónicos para impedir el contacto directo de la persona agresora con la víctima.

III. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y en su caso, de sus hijas e hijos.

IV. Medidas para evitar que se capten y/o se transmitan por cualquier medio o tecnologías de la información y la comunicación, imágenes de la mujer en situación de violencia que permitan su identificación o la de sus familiares. Tratándose de niñas hay una prohibición absoluta de transmitir datos e imágenes que permitan su identificación.

V. Prohibir el acceso a la persona agresora al domicilio, permanente o temporal de la mujer, o la niña, en situación de violencia, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquiera lugar que frecuente.

VI. Embargo preventivo de bienes de la persona agresora, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias.

VII. La desocupación por la persona agresora, del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo, y en su caso el reingreso de la mujer en situación de violencia una vez que se resguarde su seguridad.

VIII. Obligación alimentaria provisional e inmediata.

IX. La notificación al superior jerárquico inmediato, cuando la persona agresora sea servidora pública y en el ejercicio de su cargo, comisión o servicio, se le involucre en un hecho de violencia contra las mujeres.

X. La obligación de la persona agresora de presentarse periódicamente ante el órgano jurisdiccional que emitió la medida.

XI. La colocación de localizadores electrónicos, previo consentimiento de la persona agresora.

XII. La prohibición a la persona agresora de salir sin autorización judicial del país o del ámbito territorial que fije el juez o la jueza; y,

XIII. Las demás que se requieran para brindar una protección a la víctima.

Artículo 71. La tramitación y otorgamiento de una orden de protección podrá contener una o varias medidas, atendiendo al principio de integralidad. No se necesita una orden para cada medida, una sola orden de protección podrá concentrar el número de medidas necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de la mujer en situación de violencia y en su caso de las víctimas indirectas.

Artículo 72. Previo a la suspensión de las órdenes de protección decretadas por la autoridad judicial, ésta deberá asegurarse bajo su más estricta responsabilidad que la situación de riesgo o peligro de la víctima ha cesado.

Artículo 73. En los casos donde la persona agresora pertenezca a los cuerpos policiacos, militares o de seguridad, ya sea de corporaciones públicas o privadas, la autoridad deberá retirar el arma de cargo o de cualquier otra que tenga registrada.

Artículo 74. Al momento de dictarse sentencia las autoridades judiciales competentes determinarán las órdenes de protección y medidas similares que deban dictarse de manera temporal o durante el tiempo que dure la sentencia. Estas medidas podrán ser dictadas de oficio, a solicitud de la mujer en situación de violencia de su representante legal o del Ministerio Público. Tratándose de niñas víctimas de un delito, la autoridad judicial se encuentra obligada a hacer la determinación del interés superior de la niñez, a fin de dictar órdenes de protección, aun cuando no exista una solicitud.

Artículo 75.- Las autoridades encargadas de emitir las órdenes protección serán las responsables de garantizar y monitorear su ejecución. En todo caso se allegarán del personal e insumos necesarios para cumplir la medida.

Toda aquella autoridad que no cumpla con la ejecución de las órdenes de protección será acreedora a las sanciones penales y administrativas correspondientes.

Artículo 76. Por ninguna circunstancia el Ministerio Público notificará de sus actuaciones a la persona agresora a través de la víctima. Cualquier notificación es responsabilidad exclusiva de la autoridad.

Artículo 77.- Las mujeres, o niñas, migrantes y sus hijas e hijos en situación de violencia, atendiendo a su voluntad y para garantizar su mayor protección, se les otorgará una visa humanitaria, en términos del ordenamiento aplicable.

Artículo 78. Las autoridades competentes deberán de establecer los lineamientos básicos para la implementación de las órdenes de protección en coordinación con las instancias responsables de atender a las mujeres y niñas en situación de violencia.

En los casos donde presuntamente exista conexidad con delitos de competencia federal, las órdenes de protección deberán ser otorgadas por la Fiscalía General de la República, y en caso de que lo amerite por una jueza o juez federal.

Artículo 79. Las órdenes de protección deberán ser registradas en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos y Delitos de Violencia cometida en contra de Mujeres.

Artículo 80. Las personas mayores de 12 años de edad podrán solicitar a las autoridades competentes que los representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan de manera oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes; quienes sean menores de 12 años, sólo podrán solicitar las órdenes a través de sus representantes legales.

Artículo 81. En caso de que la persona agresora incumpla la orden de protección, se emitirán las medidas de apremio correspondientes. Asimismo se reforzaran las acciones que se contemplaron en un primer momento con la finalidad de salvaguardar la vida y seguridad de las mujeres y niñas.

TÍTULO VI

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES POLICIALES, MINISTERIALES, JUDICIALES Y MUNICIPALES PARA ACTUAR CON LA DEBIDA DILIGENCIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 82. El personal adscrito a las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y órganos judiciales, de la federación, de las entidades federativas y del Distrito Federal. así como las autoridades adscritas a las instancias municipales, ante el conocimiento de un hecho de violencia cometido en contra de mujeres o niñas, en el ámbito de sus competencias, deberá actuar de acuerdo a las disposiciones de esta Ley y con apego irrestricto a los derechos humanos. Tratándose de niñas en situación de violencia, todas las actuaciones y decisiones deberán garantizar el interés superior de la niñez.

Artículo 83. El personal policial, ministerial y judicial en el ámbito de sus competencias, ante hechos de violencia cometidos en contra de mujeres o niñas, tiene prohibido incitar, promover o realizar cualquier acto de conciliación o mediación entre la víctima y la persona agresora.

Artículo 84. En los casos que la mujer o niña en situación de violencia acuda a solicitar auxilio, se deberá de proteger y garantizar su vida, integridad y seguridad.

Artículo 85. El personal policial, ministerial y judicial, en el ámbito de sus competencias, ante hechos de violencia contra las mujeres, deberán aplicar las medidas necesarias para asegurar que las mujeres en situación de violencia no sufran victimización secundaria.

Artículo 86. El personal policial, ministerial y judicial, en el ámbito de sus competencias, ante hechos de violencia cometidos en contra de mujeres o niñas, en todas sus actuaciones, deberán garantizar:

I. La actuación en todo momento conforme a la debida diligencia.

II. El respeto a la dignidad de la mujer o niña en situación de violencia, con estricto apego a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales.

III. Facilitar el acceso a la justicia, la restitución de sus derechos y la sanción a las personas responsables.

IV. La separación física de la persona agresora respecto de la mujer o niña en situación de violencia, desde el primer momento que tengan conocimiento del hecho.

V. Los servicios de defensoría profesional con conocimientos en materia de derechos humanos de las mujeres, que brinde información sobre la situación del proceso y procedimientos, así como de los beneficios o apoyos a que tienen derecho. Tratándose de niñas, los servicios de defensoría profesional deberán también tener conocimientos sobre los de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y determinación de los principios de interés superior de la niñez y participación, garantizando el derecho a emitir su opinión en los procesos que sean de su incumbencia. Dicha opinión será valorado conforme al desarrollo evolutivo y cognitivo de la niña.

VI. Las declaraciones de mujeres o niñas víctimas de violencia; así como el testimonio de las personas en calidad de testigos se realizarán libre de intimidación o temor por su seguridad y su vida o las de sus familiares.

VII. Los servicios de intérprete y traducción especializada, ajustes y medidas de accesibilidad que permitan que la víctima conozca sus derechos y comprenda el procedimiento en su idioma o forma de comunicación de acuerdo con su nacionalidad, origen étnico o discapacidad.

VIII. La copia simple, de forma gratuita e inmediata, de las diligencias en la que intervenga.

IX. La implementación de mecanismos judiciales y administrativos que permitan obtener reparación integral mediante procedimientos expeditos, justos, poco costosos y accesibles; así como toda la información sobre sus derechos para obtener reparación mediante estos mecanismos.

X. La información veraz, suficiente, clara, accesible, oportuna y exhaustiva a la víctima sobre los programas de protección, asistencia, beneficios a los que tiene derecho en su calidad de víctima que le permitan garantizar sus derechos y el acceso a la justicia; y,

XI. Todas aquellas que resulten pertinentes para salvaguardar su vida, integridad, seguridad, libertad, dignidad. así como todos los derechos humanos que pudieran verse afectados y la reparación integral del daño.

CAPÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES DE LA POLICÍA PARA ACTUAR CON LA DEBIDA DILIGENCIA

Artículo 87. El personal policial de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, deberá responder ante toda denuncia o solicitud de asistencia relativa a situaciones de violencia contra mujeres y niñas garantizando la debida diligencia en todas sus actuaciones.

Artículo 88.- El personal policial de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, acudirá de manera inmediata ante una denuncia o solicitud de asistencia, aun cuando quien haga del conocimiento el hecho de violencia, no sea la víctima.

Artículo 89.- El personal policial de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, deberá frente a hechos de violencia:

I. Ingresar al domicilio o lugar donde se está realizando la agresión para salvaguardar la integridad y la vida de la víctima.

II. Hacer la detención y la debida presentación, ante la autoridad competente, de la o las personas agresoras; o/y,

III. Resguardar las armas que encuentre durante su actuación.

Artículo 90. Al atender las situaciones de violencia contra mujeres y niñas, el personal policial, de los tres órdenes de gobierno, deberá abstenerse de emitir juicios de valor o comentarios de carácter sexista o discriminatorios, o de minimizar los hechos, evitando corresponsabilizar a la víctima.

El personal policial que incurra en estas prácticas será sancionado de acuerdo a las disposiciones correspondientes.

Artículo 91. El personal policial de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, coadyuvará en el estricto cumplimiento de las órdenes de protección o medidas cautelares dictadas a favor de víctimas de violencia contra las mujeres, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 92. El personal policial de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, informará a la víctima de sus derechos, en términos de lo establecido en la Constitución, la Ley General de Víctimas, la presente ley y demás disposiciones vigentes.

Artículo 93. El personal policial de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, en todos los casos deberá realizar y presentar su informe policial de manera objetiva, exhaustiva y detallada, sobre los hechos de violencia y su actuación.

Artículo 94. En los ámbitos estatal y municipal preferentemente se deberá contar con una unidad especializada policial para la atención de casos de violencia contra las mujeres.

A esta unidad especializada se le deberá asignar el presupuesto necesario para el funcionamiento de sus respectivas competencias, así como para realizar la intervención directa en los casos de violencia contra las mujeres, derivada de la atención de los servicios telefónicos de emergencia de la localidad o de la entidad federativa respectivamente. Su actuación estará guiada de acuerdo con los protocolos especializados establecidos.

A esta unidad especializada le corresponde salvaguardar la integridad y el cuidado de la víctima tanto en el domicilio donde cubre la emergencia como en su traslado. Igualmente, le corresponde, en caso de que proceda, arrestar a la persona agresora y trasladarla a la agencia del Ministerio Público correspondiente.

Pudiendo realizar actividades de acompañamiento y de traslado a favor de la víctima para garantizar su seguridad.

CAPÍTULO III

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ACTUAR CON LA DEBIDA DILIGENCIA

Artículo 95. El Ministerio Público de la federación, de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberá actuar e investigar cualquier caso de violencia contra las mujeres y las niñas con base en lo establecido en esta ley, garantizando la debida diligencia, la perspectiva de género, el interés superior de la niñez y el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones.

Artículo 96. El Ministerio Público de la Federación, de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, está obligado a garantizar el derecho a interponer denuncias a las mujeres víctimas de violencia, sin restringirlo o negarlo por requisitos de carácter formal.

Artículo 97. La denuncia que recabe el Ministerio Público de la federación, de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, además de contemplar los requisitos establecidos en las disposiciones legales; tratándose de hechos de violencia contra mujeres y niñas deberá:

I. Respetar la forma espontánea en que la víctima realice su declaración.

II. Establecer las circunstancias de los hechos que se denuncian incorporando la perspectiva de género.

III. Incluir, en su caso, la descripción de los antecedentes de violencia y si éstos fueron o no denunciados.

IV. Incorporar los datos generales de la persona agresora y de la víctima. En cuanto al domicilio de la víctima, éste deberá ser clasificado como reservado.

V. Identificar los tipos y modalidades de la violencia; y,

VI. Asentar en su caso, la existencia de personas a quienes consten los hechos de violencia.

Esta información deberá ser remitida a las áreas de estadística correspondientes.

El Ministerio Público de la federación, de las entidades federativas y del Distrito Federal, deberán informar a las víctimas acerca de los servicios y apoyos económicos a los que puede acceder de conformidad con lo establecido en las leyes en la materia y las instancias que los otorgan.

Artículo 98. Desde el primer momento se deberán de realizar las diligencias básicas que permitan corroborar la declaración de la víctima, como lo son:

I. La toma de fotografías, con la finalidad de identificar lesiones, heridas, agresiones, lugares de violencia. Salvaguardando en todo momento la identidad de la víctima.

II. Dictámenes médicos, psicológicos y de otras periciales que tengan como finalidad identificar el tipo de lesiones, agresiones, contexto, tipos de violencia; así como determinar las consecuencias; y,

III. Obtener el informe de policial, el cual deberá describir de manera amplia y clara los hechos de que tuvo conocimiento, así como identificar a personas con calidad de testigos.

Artículo 99. En la declaración de la víctima así como en la declaración a cualquier testigo del hecho, se deberán observar los siguientes lineamientos:

I. Abstenerse de poner en duda el relato de la víctima y responsabilizarla por los hechos.

II. Contar con capacitación y actualización en violencia de género, perspectiva de género y el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos; y,

III. Realizar las entrevistas en lugares que garanticen privacidad a las personas involucradas.

Artículo 100. En caso de que la mujer en situación de violencia, se encontrase herida o con lesiones que pongan en riesgo su vida o integridad, el personal que conozca de la denuncia  deberá asegurar que reciba atención inmediata de los servicios de salud.

Corresponde a las instituciones del Sistema Nacional de Salud brindar a las víctimas servicios de atención médica y psicológica integral e interdisciplinaria, que sea especializada y garantice su atención con perspectiva de género.

Artículo 101. Cuando la o las víctimas sean referidas o atendidas por alguna institución de salud, pública o privada, se procederá a solicitar copia del expediente del caso, datos de la institución que refiere, y demás elementos que aporten información para la investigación.

Estas actuaciones pueden ser requeridas vía telefónica por su urgencia y entregadas por algún medio electrónico que facilite su acceso, debiendo quedar constancia de la misma para los efectos legales correspondientes.

Artículo 102. En los casos en que la víctima o las víctimas lo necesiten o así lo soliciten, deberán ser trasladadas, junto con sus hijas e hijos o personas a su cargo o cuidado, a un Refugio en términos de lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 103. Tratándose de los servicios proporcionados por los Centros de Justicia para las Mujeres; el personal Ministerial cuenta con la facultad de trasladarse al domicilio de la víctima, cuando decida permanecer en éste y quiera iniciar una denuncia.

El personal ministerial explicará el procedimiento para iniciar una denuncia penal y otros aspectos legales importantes, después de preguntarle a víctima si está de acuerdo, la dará inicio a la averiguación previa correspondiente; la víctima contará con el apoyo, acompañamiento y asesoría legal de una o un abogado victimal adscrito Centro de Justicia para las Mujeres.

CAPÍTULO IV

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES PARA ACTUAR CON LA DEBIDA DILIGENCIA

Artículo 104. Las y los servidores públicos que intervengan en procesos judiciales en casos de violencia contra las mujeres, además de las obligaciones contenidas en otras disposiciones legales, deberán:

I. Contar con protocolos especializados de atención con perspectiva de género, interés superior de la niñez y derechos humanos, que atiendan los diferentes niveles de discriminación múltiple que afectan a las mujeres víctimas de delitos.

II. Garantizar la participación oportuna, efectiva y adecuada de las víctimas en el proceso, con respeto a su dignidad y velando por la protección de su integridad y privacidad.

III. Asegurar que los interrogatorios, comparecencias y demás diligencias sean estrictamente las necesarias, debiendo realizarlas servidoras y servidores públicos capacitados en perspectiva de género, interés superior de la niñez y en derechos humanos.

IV. Informar a las víctimas en un lenguaje sencillo y claro sobre sus derechos en el marco de los procesos judiciales, fundamentalmente sobre:

a. El intervenir activamente durante el proceso y promover las diligencias que considere pertinentes.

b. La asistencia jurídica gratuita.

c. El comparecer a través de cámara de Gesell u otras herramientas tecnológicas, que salvaguarden su integridad física y psicológica.

d. El contar en su caso, con intérpretes o traductores gratuitos.

e. El resguardo de la identidad y otros datos personales; y,

f. El obtener órdenes de protección adicionales a su favor.

V. Abstenerse de sugerir como solución al proceso mecanismos de conciliación, mediación o soluciones alternativas de conflicto; y,

VI. Actuar de manera coordinada con las demás instituciones vinculadas al proceso.

Artículo 105. Tratándose de los procesos judiciales relacionados con violencia contra mujeres y niñas, la jueza o el juez deberá vigilar que durante el proceso se tenga la información relacionada con los hechos de violencia y el contexto en que se desarrollaron, particularmente:

I. Se cuenten con todos los antecedentes relativos a todo hecho de violencia anterior, estableciéndose la relación de la violencia contra las mujeres y las niñas en la que se haya visto involucrada la víctima o la persona agresora;

II. Requerir a diversas instancias información sobre la atención que haya recibido la víctima.

III. Facilitar la presentación y desahogo de cualquier tipo de peritajes que puedan ayudar a acreditar los hechos, los cuales deberán ser tramitados de manera inmediata.

Artículo 106. Cuando la mujer víctima de violencia manifieste su intención de desistirse durante el proceso, las autoridades encargadas deberán:

I. Indagar sobre las razones de dicho desistimiento.

II. Evaluar si éste es realizado de manera libre y voluntaria.

III. Procurar que la manifestación de la víctima de su intención de desistirse no implique la inmediata terminación del proceso; y,

IV. Dejarlo asentado en el expediente del caso.

Tratándose de niñas víctimas de violencia, ante el desistimiento que presente quien ejerza la patria potestad, la tutela o la custodia, la autoridad judicial deberá garantizar en todo momento su interés superior, particularmente de aquellas que se encuentran en la primera infancia o no puedan expresar su opinión sobre el desistimiento. Tratándose de niñas y adolescentes que puedan expresar su opinión sobre el desistimiento, se deberá garantizar previamente, a tomar una determinación, el ser escuchadas. Dichas opiniones se valoraran conforme a su desarrollo evolutivo y cognitivo.

Artículo 107. En las resoluciones de los órganos judiciales que se emitan sobre delitos relacionados con hechos de violencia contra mujeres, además de lo establecido en otras disposiciones legales, se deberán considerar la reparación integral del daño causado, el cuál considerará:

I. La indemnización material por el daño sufrido.

II. El acceso a tratamientos médicos para la rehabilitación de la víctima o víctimas indirectas.

III. El reconocimiento de la violencia ejercida contra esa mujer, o niña, como una violación a los derechos humanos que no será tolerada por las instancias del estado; y,

IV. Las demás disposiciones de esta Ley sobre reparación integral del daño a las víctimas.

Artículo 108. Como parte de la resolución judicial en sentencias condenatorias por delitos relacionados con hechos de violencia contra mujeres y niñas, podrá establecerse como parte de la sanción que la persona sentenciada deberá participar en los programas de reeducación integral.

Artículo 109. Concluido el proceso judicial, en caso de que la víctima enfrente una situación de riesgo, deberán establecerse las medidas de seguridad necesarias para proteger su vida, integridad y seguridad personales, mismas que serán otorgadas de acuerdo a los estándares de mayor protección a la víctima y garantizando que su temporalidad no sea una limitante en la protección.

Artículo 110. El órgano judicial que conozcan del proceso judicial relacionado con hechos de violencia contra mujeres y niñas dará seguimiento a las medidas de seguridad o de protección que se hayan determinado. Para su mejor cumplimiento deberán  coordinarse con las instancias correspondientes dentro del poder ejecutivo para garantizar su adecuada aplicación.

Artículo 111. En caso de ser necesario se deberá remitir a la víctima a los servicios de salud, para recibir asistencia médica y psicológica de urgencia, así como tratamiento especializado, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Víctimas y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 112. En los casos que la víctima lo requiera, se le deberá trasladar en su caso con sus hijas e hijos o personas a su cargo o cuidado a un refugio o albergue en términos de lo previsto por esta Ley.

CAPÍTULO V

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA ACTUAR CON LA DEBIDA DILIGENCIA

Artículo 113. Cuando la autoridad municipal competente tenga conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres y las niñas, deberá resguardar y proteger a la víctima, así como a las víctimas indirectas y dar aviso al Ministerio Público más cercano.

Artículo 114. Cuando se le requiera a la autoridad municipal competente, deberá coadyuvar con el Ministerio Público y con las autoridades policiales en la implementación de las órdenes de protección.

TITULO VII

DE LA COORDINACIÓN Y LOS MECANISMOS PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

CAPÍTULO I

DEL SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 115. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Artículo 116.El Sistema se conformará por las y los titulares de:

I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá.

II. La Secretaría de Desarrollo Social.

III. La Procuraduría General de la República.

IV. La Secretaría de Educación Pública.

V. La Secretaría de Salud.

VI. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

VII. El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema.

VIII. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

IX. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y,

X. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas.

Artículo 117.La Secretaría Ejecutiva del Sistema elaborará el proyecto de reglamento para el funcionamiento del mismo y lo presentará a sus integrantes para su consideración y aprobación en su caso.

CAPÍTULO II

DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 118. El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:

I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

II. Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres.

III. Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres.

IV. Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de género.

V. Brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a las víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas.

VI. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres.

VII. Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les permita participar plenamente en todos los ámbitos de la vida.

VIII. Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres.

IX. Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia.

X. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo de las medidas y las políticas de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres.

XI. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y su integridad; y,

XII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas.

Artículo 119.El Ejecutivo Federal propondrá en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema y del Programa previstos en la presente Ley.

CAPÍTULO III

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 120. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.

Artículo 121. Son facultades y obligaciones de la Federación:

I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

II. Formular y conducir la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

III. Vigilar el cabal cumplimiento de la presente ley y de los instrumentos internacionales aplicables.

IV. Elaborar, coordinar y aplicar el Programa a que se refiere la ley, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de implementar el presente ordenamiento legal.
V. Educar en los derechos humanos a las mujeres en su lengua materna.

VI. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación.

VII. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra los derechos humanos de las mujeres.

VIII. Coordinar la creación de Programas de reeducación y reinserción social con perspectiva de género para personas agresoras.

IX. Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres.

X. Realizar a través del Instituto Nacional de las Mujeres y con el apoyo de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten.

XI. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las víctimas.

XII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.

XIII. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas.

XIV. Ejecutar medidas específicas, que sirvan de herramientas de acción para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, en un marco de integralidad y promoción de los derechos humanos.

XV. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres.

XVI. Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del Programa, con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior.

XVII. Rendir un informe anual sobre los avances del Programa, ante el Congreso de la Unión.

XVIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia.

XIX. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley; y,

XX. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables.

Artículo 122. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. Presidir el Sistema y declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres.

II. Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres.

III. Elaborar el Programa en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema.

IV. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

V. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de los tres órdenes de gobierno en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

VI. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

VII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa.

VIII. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres.

IX. Diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres.

X. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres.

XI. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior.

XII. Realizar un Diagnóstico Nacional y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

XIII. Difundir a través de diversos medios, los resultados del Sistema y del Programa a los que se refiere esta ley.

XIV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.

XV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos de mayor impacto contra las mujeres, en los ámbitos público y privado.

XVI. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social de la persona agresora.

XVII. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos de mayor impacto contra las mujeres.

XVIII. Diseñar y administrar una página de Internet específica que concentre información general y los datos de identificación de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente.

XIX. Coordinar, integrar y actualizar el banco nacional de datos e información sobre casos y delitos de violencia contra las mujeres.

XX. Supervisar y apoyar el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres; y

XXII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 123. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

I. Fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, para garantizarles una vida libre de violencia.

II. Coadyuvar en la promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres.

III. Formular la política de desarrollo social del estado considerando el adelanto de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida.

IV. Realizar acciones tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres y sus familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza.

V. Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres, para lograr el adelanto de las mujeres para su empoderamiento y la eliminación de las brechas y desventajas de género.

VI. Promover políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

VII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa.

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.

IX. Garantizar que en el despacho de los asuntos que le corresponde, se incorpore la perspectiva de género para que se atiendan las necesidades básicas las mujeres, y así contribuir a su adelanto mediante el acceso igualitario a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo humano sustentable y sostenido, que coadyuve a la prevención de la violencia contra las mujeres; y,

X. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 124. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. Definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos.

II. Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad; así como la comprensión adecuada al ejercicio del derecho a una paternidad y maternidad libre, responsable e informada, como función social y el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos.

III. Garantizar acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto de las mujeres en todas las etapas del proceso educativo.

IV. Garantizar el derecho de las niñas y mujeres a la educación: a la alfabetización y al acceso, permanencia y terminación de estudios en todos los niveles. A través de la obtención de becas y otras subvenciones.

V. Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la violencia contra las mujeres en los centros educativos.

VI. Capacitar al personal docente en derechos humanos de las mujeres y las niñas.

VII. Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres.

VIII. Formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos, para que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia.

IX. Establecer como un requisito de contratación a todo el personal de no contar con algún antecedente de violencia contra las mujeres.

X. Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

XI. Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los centros educativos, en materia de derechos humanos de las niñas y las mujeres y políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

XII. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres.

XIII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa.

XIV. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres.

XV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.

XVI. Promover la potenciación y la reivindicación de la importancia de la participación de las mujeres, de todas las edades, en todos los ámbitos de la sociedad.

XVII. Garantizar que ninguna mujer, particularmente las adolescentes embarazadas o en situación de maternidad sean expulsadas de los centros educativos. Aplicando las medidas necesarias que aseguren su permanencia o continuación en el sistema nacional de educación; y

XVIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 125. Corresponde a la Secretaría de Salud, en su calidad de coordinadora del Sistema Nacional de Salud:

I. En el marco de la política de salud integral de las mujeres, diseñar con perspectiva de género, la política de prevención, atención y erradicación de la violencia en su contra.

II. Brindar por medio de las instituciones del sector salud de manera integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica con perspectiva de género a las víctimas.

III. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garanticen la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia.

IV. Establecer programas y servicios profesionales y eficaces, con horario de veinticuatro horas en las dependencias públicas relacionadas con la atención de la violencia contra las mujeres.

V. Brindar servicios reeducativos integrales a las víctimas y a personas agresoras, a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada.

VI. Difundir en las instituciones del sector salud, material referente a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

VII. Canalizar a las víctimas a las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres.

VIII. Mejorar la calidad de la atención, que se preste a las mujeres víctimas.

IX. Participar activamente, en la ejecución del Programa, en el diseño de nuevos modelos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley.

X. Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud sean respetados los derechos humanos de las mujeres.

XI. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad de que detecten la violencia contra las mujeres.

XII. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, proporcionando la siguiente información.

a) La relativa al número de víctimas que se atiendan en los centros y servicios hospitalarios.

b) La referente a las situaciones de violencia que sufren las mujeres.

c) El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima.

d) Los efectos causados por la violencia en las mujeres,; y,

e) Los recursos erogados en la atención de las víctimas.

XIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.

XIV. Proporcionar información con contenido científico, en un lenguaje sencillo, claro y veraz respecto del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

XV. Garantizar su acceso a programas informativos sobre planificación familiar, uso de anticonceptivos, píldora de emergencia; riesgos de los embarazos precoces; prevención del VIH/SIDA, y prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.

XVI. Garantizar la atención médica integral a toda adolescente embarazada, por el alto riesgo obstétrico y perinatal que representa, en todas las instancias del Sistema Nacional de Salud; y,

XVIII. demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 126. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:

I. Impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia de trabajo y previsión social.

II. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia laboral contra las mujeres.

III. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral.

IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo.

V. Orientar a las víctimas de violencia laboral sobre las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres.

VI. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley.

VII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.

VIII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa.

IX. Implementar programas permanentes para prevenir, detectar, sancionar y erradicar el trabajo de mujeres menores de 15 años; así como el realizado por mujeres mayores de 15 años de edad en contra de su voluntad, privadas de su libertad, mediante la violencia, amenaza o coacción; y,

X. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 127. Corresponde a la Fiscalía General de la República:

I. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en:

a) Derechos humanos y género;

b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio;

c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales;

d) Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros.

II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

III. Dictar las medidas necesarias para que la Víctima reciba atención médica de emergencia;

IV. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;

V. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención;

VI. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su situación;

VII. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y garantizar la seguridad de quienes denuncian;

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación concertación en la materia;

IX. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia;

X. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual;

XI. Crear una base nacional de información genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada.

La información integrada en esta base deberá ser resguardada y únicamente podrá ser utilizada para la confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y personas desaparecidas, y

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 128. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres:

I. Fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema, a través de su titular.

II. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Federal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación, y la información derivada a cada una de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres en las entidades federativas, el Distrito Federal o municipios. Los resultados de dichas investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las medidas pertinentes hacia la erradicación de la violencia.

III. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres.

IV. Colaborar con las instituciones del Sistema en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios;

V. Impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas de violencia prevista en la ley.

VI. Canalizar a las víctimas a programas reeducativos integrales que les permitan participar activamente en la vida pública, privada y social.

VII. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia, sin prejuicios ni discriminación alguna.

VIII. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y promover que las instancias de procuración de justicia garanticen la integridad física de quienes denuncian.

IX. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y,

X. Las demás previstas para el cumplimiento de la ley.

Artículo 129. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia:

I. Realizar acciones de prevención y atención de mujeres y niñas maltratadas o víctimas de violencia familiar.

II. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración, y concertar acciones en la materia.

III. Coadyuvar con las dependencias e instancias que integran el Sistema en su consolidación.

IV. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas; así como promover que las instancias de procuración de justicia garanticen la integridad de mujeres y niñas en situación de violencia de género que denuncian hechos relativos a la comisión de delitos.

V. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertar acciones en materia de asistencia social a mujeres y niñas e situación de violencia de género, con los sectores público, social y privado de las entidades federativas Federal; sí como con organismos internacionales.

VI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 130. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente ley.

III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema.

IV. Participar en la elaboración del Programa.

V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas.

VI. Integrar el Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e incorporar su contenido al Sistema.

VII. Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia, de acuerdo con el Programa.

VIII. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida.

IX. Proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales, en coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales, a los programas estatales y el Programa.

X. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema.

XI. Promover programas de información a la población en la materia.

XII. Impulsar programas reeducativos integrales para personas agresoras.

XIII. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley.

XIV. Rendir un informe anual sobre los avances de los programas locales.

XV. Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres.

XVI. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior.

XVII. Impulsar la participación de las organizaciones privadas de dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la ejecución de los programas estatales.

XVIII. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación.

XIX. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas.

XX. Impulsar adecuaciones al marco normativo en materia de órdenes de protección y coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que deriven de la eventual emisión de una alerta por violencia contra las mujeres, en concordancia con la presente Ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género.

XXI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.

XXII. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en:

a) Derechos humanos y género.

b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio.

c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros.

XXIII. Crear el banco estatal de datos e información sobre casos y delitos de violencia contra las mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia.

Proporcionar de manera periódica la información a que se refiere esta fracción al Banco Nacional de datos e información sobre casos y delitos de violencia contra las mujeres.

XXIV. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual; y

XXV. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley y otros ordenamientos legales.

Artículo 131. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones:

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres.

II. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del Sistema.

III. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas.

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa.

V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para personas agresoras.

VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres.

VII. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas.

VIII. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

IX. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres.

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y,

XI. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.

CAPÍTULO IV

DE LOS CENTROS DE JUSTICIA Y REFUGIOS PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA

Artículo 132. Los Centros de Justicia para las Mujeres tienen por objetivo contribuir a que las mujeres víctimas de violencia logren ejercer plenamente su derecho de una vida libre de violencia, a través de los siguientes lineamientos:

I. Brindar, en un mismos espacio, a las mujeres y a sus hijas e hijos todos los servicios especializados y multidisciplinarios que sean necesarios para que las mujeres tomen decisiones informadas; reduzcan las posibilidades de que continuar siendo víctimas de violencia y delitos; y sean capaces de ejercer todos sus derechos, incluido el derecho a las garantías procesales y al acceso a la justicia.

II. Ofrecer servicios de atención integral, con perspectiva de género, en materia de salud, trabajo, educación, información y acceso a la justicia a las mujeres que hayan sufrido violencia, que podrán ser ampliados a sus hijos e hijas y víctimas indirectas que dependan de la víctima; y,

III. Servir como centros comunitarios que no solamente atendiendo a mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia, sino que se realizan actividades preventivas para contrarrestar la violencia contra las mujeres que ocurre en una comunidad determinada.

Artículo 133.- Los criterios de actuación de los Centros de Justicia para las Mujeres son:

I. La atención se proporciona sin discriminación y será expedita.

II. El trato será empático.

III. Con estricto respeto a los derechos humanos.

IV. Conforme a la debida diligencia.

V. Utilizando en todo momento el principio pro persona.

VI. La atención será deontológica.

VII. La actuación se basará en la privacidad y la confidencialidad del caso; y,

VIII. La atención será individualizada, gratuita y efectiva.

Artículo 134. Los procedimientos generales de atención que se realizan en los Centros de Justicia para las Mujeres son:

I. Atención telefónica.

II. Atención in situ, esta puede ser domiciliaria, hospitalaria o en el lugar en que se encuentre la víctima y este viendo un acto de violencia o tenga un riesgo de sufrirla;

III. Atención presencial en el Centro de Justicia para las Mujeres; y,

IV. Atención por canalización de otras instituciones u organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 135. Los servicios integrales que se proporcionan en los Centros de Justicia para las mujeres son:

I. Ruta personalizada de acompañamiento para cada víctima: se analizará de manera integral el caso y se le ofrecerán todas las opciones interdisciplinarias de atención a la víctima, quien decidirá los servicios a los que desee acceder. Cada víctima tendrá acceso disponible a servicios legales, psicológicos, médicos o de trabajo social.

II. Atención jurídica: Se contará con un grupo de abogadas y abogados victímales que brinde servicios especializados de representación a las víctimas desde el inicio del proceso hasta la conclusión del mismo.

III. Atención psicológica: se brindará por personal especializado y en un espacio físico con un entorno cómodo, privado y seguro para la víctima

Las terapias deberán enfocarse a atender aspectos concretos, como: erradicar sentimientos suicidas de la víctima, brindar herramientas para salir del círculo de violencia; lograr la autonomía de la mujer y su familia; construir un proyecto de vida y lograr su empoderamiento.

IV. Servicios médicos: se brindará atención de primer nivel y en caso necesario se referirá a la víctima a los servicios de salud específico que requiera.

Los servicios médicos deberán comprender el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; se deberá informar de forma precisa y completa sobre el uso de métodos anticonceptivos y sobre la salud reproductiva; el acceso a métodos anticonceptivos, incluida la píldora de emergencia, sobre todo en casos de violación. Además se deberá aplicar las normas oficiales mexicanas en materia de salud: 005, 010, 040, 045, 046, 173 y 190.

V. Servicios de Trabajo Social: se realizarán las siguientes funciones:

a) Preventivas: el área de trabajo social realizará diagnósticos antropológicos y socioculturales sobre violencia contra las mujeres en territorios determinados, cuyos resultados serán insumo para el diseño de políticas públicas para la prevención preventiva focalizada de este tipo de violencia.

b) Seguimiento y empoderamiento: a cada trabajadora social se le asignarán casos y expedientes específicos, con el fin de generar un esquema de apoyo y acceso a los servicios sociales que la mujer y sus hijas e hijos requieran.

c) Canalización, apoyo y acompañamiento a la víctima a los refugios: Se deberá informar a las mujeres sobre la opción y requisitos de ingreso y permanencia en los Refugios y dar puntual seguimiento a los casos canalizados.

d) Coordinación el área de voluntariado.

e) Difusión comunitaria sobre los servicios que ofrece el Centro de Justicia para las Mujeres.

f) Gestión de apoyos y donaciones: las cuales pueden incluir comida, ropa, donativos de dinero o en especie, entre otros.

g) Canalización, acompañamiento y seguimiento a las mujeres en casos especiales que impliquen atención de largo plazo.

h) Gestión de otro tipo de apoyos no previstos por el Centros de Justicia para las Mujeres.

i) Gestión de todos los servicios escolares para las y los hijos de la víctima.

j) Fungir como peritos en trabajo social.

k) Realizar trámites ante el registro civil para la obtención de documentos; y,

l) Ayudar a las mujeres a su retorno al lugar de origen cuando así lo deseen.

Artículo 136.- Los Centros de Justicia para las Mujeres que se encuentren a cargo de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y/o de los Municipios, deberán de contar con protocolos de actuación y atención, así como con la infraestructura adecuada y los recursos materiales y humanos para su operación. La Secretaría de Gobernación es la instancia encargada de la supervisión de dichos centros.

Artículo 137.- Los Refugios son espacios confidenciales, seguros y gratuitos que ofrecen servicios de seguridad y protección, así como de atención integral especializada para las mujeres, hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia. Lo anterior con el fin de salvaguardar su integridad física y emocional, contribuyendo a superar la situación de violencia y facilitar su proceso de autonomía y empoderamiento

Los refugios deberán regularse y acatar en todo momento a la normatividad vigente sobre la materia.

Artículo 138.- Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos:

I. Protección, seguridad y salvaguarda de su integridad personal.

II. Hospedaje.

III. Alimentación.

IV. Vestido y calzado.

V. Servicio de enfermería y gestiones para los servicios especializados de salud.

VI. Acompañamiento y representación jurídica.

VII. Atención psicológica especializada para mujeres,

VIII. Atención psicológica y educativa para niñas y niños.

IX. Servicios de trabajo social y gestoría para las mujeres y sus hijas e hijos.

X. Programas educativos e información suficiente para que tomen libremente decisiones sobre su proyecto de vida.

XI. Capacitación laboral y acompañamiento en su proceso de inserción en alguna actividad remunerada; y,

XII. Gestiones para obtener créditos para vivienda en corresponsabilidad con los gobiernos estatales y municipales.

Artículo 139.- La permanencia de las víctimas en los refugios dependerá de su estabilidad física, psicológica o su situación de riesgo.

Artículo 140.- En los refugios, se otorgarán todos los servicios sin discriminación alguna y de acuerdo a las siguientes consideraciones:

I. El ingreso de las víctimas será voluntario previa firma del consentimiento informado.

II. En caso de mujeres menores de edad cuya vida se encuentre en riesgo por cualquier tipo de violencia, podrán ingresar previa solicitud firmada de la madre, padre o tutor legalmente designado o por quien ejerza la patria potestad, o bien de la Fiscalía del Menor y la familia del DIF o del Juez o Jueza competente, o en su caso, a petición del Ministerio Público como una medida precautoria.

III. Cuando se identifique a una víctima con una problemática severa de enfermedad fisca, trastorno psiquiátrico y/o adicción, deberá ser valorada su estancia en el refugio y en su caso ser canalizadas a las instancias correspondientes clínicas, hospitales psiquiátricos y centros de desintoxicación entre otros, por un periodo previo a su ingreso en el refugio, siendo obligatorio para la Secretaria de Salud brindar la atención médica integral especializada y asegurar el acceso gratuito a los servicios de salud para cada una de las víctimas; y,

IV. El ingreso al refugio deberá ser por referencia escrita o canalización de cualquier Centro de Atención Externa, o del Centro de Justicia para las Mujeres o de cualquier instancia especializada en violencia contra las mujeres previa valoración integral del caso concreto.

Artículo 141. Para garantizar la seguridad de las víctimas y del personal que las atiende, los refugios deberán cumplir con las siguientes medidas de seguridad:

I. La ubicación del refugio será absolutamente confidencial.

II. Ninguna persona o servidora o servidor público que tenga conocimiento sobre la ubicación de los refugios podrá proporcionar información alguna a terceros y mucho menos sobre las personas beneficiarias de sus servicios, por ello, deberán abstenerse de enviar cualquier tipo de notificación al domicilio del refugio.

III. Toda persona que colabore en los Refugios y Centros de Atención Externa, ya sean privados o públicos deberá mantener el anonimato y secrecía de la dirección del Refugio, así como la identidad y los datos personales de las víctimas; en caso de requerir fotografías estás deberán proteger el rostro de las víctimas.

IV. Resguardar toda la información personal e información sensible de las mujeres que reciban los servicios así como la de sus hijas e hijos de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Particulares; y,

V. Las servidoras o servidores públicos que infrinjan esta disposición serán sancionados/as conforme a la normatividad correspondiente.

Artículo 142.- Los Refugios funcionaran:

I. Los 365 días del año y las 24 horas del día.

II. Con financiamiento anual asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación específico para la sustentabilidad y permanencia de los mismos; y,

III. De conformidad con la normatividad vigente en la materia y adecuándose a los estándares internacionales sobre protección de las mujeres víctimas de violencia.

Artículo 143.- Los refugios contaran las instalaciones necesarias para poder brindar los servicios de una manera adecuada, profesional y digna para las mujeres que acudan a ellos, procurando tener acondicionamientos de privacidad y seguridad que garanticen una atención integral con perspectiva de género.

Artículo 144.- El egreso de las víctimas deberá de realizarse con apego a la normatividad vigente y de acuerdo con un plan personalizado de egreso para cada caso, por lo que deberá realizarse previamente un análisis de riesgos y de vulnerabilidad que prevalece antes de poder acordar los egresos correspondientes.

Artículo 145.- El personal que labore en los Refugios y en los Centros de Atención Externa deberá contar con:

I. Actualización y profesionalización en atención a la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y protocolos de protección y seguridad; y,

II. Experiencia en la atención de víctimas, y deberá cumplir con los requisitos legales para el ejercicio de su respectiva profesión.

Artículo 146.- La Secretaría de Gobernación será la entidad responsable de monitorear y dar seguimiento al funcionamiento de los Refugios, para lo cual considerará la participación de las organizaciones y personas de la sociedad civil, en la supervisión de las actividades y los servicios que se brindan en los Refugios.

Artículo 147. Los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y de los municipios, deberán de forma coordinada:

I. Destinar los recursos financieros necesarios para garantizar la sustentabilidad y permanencia de los refugios.

II. Gestionar y facilitar los bienes inmuebles para ser operados como Refugios, manteniendo la seguridad y confidencialidad de los mismos; y,

III. Asegurar la operatividad y funcionamiento de los refugios en el marco de las disposiciones legales aplicables.

Las Entidades Federativas y el Distrito Federal deberán contar con al menos un refugio cuya financiamiento principal provenga de recursos públicos.

TÍTULO VIII

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 148. Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley y se sancionará conforme a las leyes en la materia.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas contarán con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar la armonización y homologación legislativa a las que se refieren las disposiciones de esta Ley.

ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Gobernación, en un plazo que no exceda de 90 noventa días naturales después de publicado el presente Decreto, deberá publicar las reformas al reglamento de la Ley que resulten necesarias para la implementación de este ordenamiento.

ARTÍCULO CUARTO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán mantener y garantizar la progresividad de la asignación presupuestaria para la ejecución de la presente Ley.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de Junio de 2015.

Atentamente

Dip. Martha Lucía Mícher Camarena.- Dip. Amalia García Medina.- Dip. Aleida Alavez Ruiz.- Dip. Delfina Elizabeth Guzmán Díaz.- Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero.- Dip. María Guadalupe Moctezuma Oviedo.- Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro.- Dip. Julisa Mejía Guardado.- Dip. Joaquina Navarrete Contreras.- Dip. Agustín Miguel Alonso Raya.- Dip. Fernando Belaunzarán Méndez.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada Bautista Cuevas, se incorpora su iniciativa íntegra al Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Igualdad y Género de la Cámara de Diputados.

El siguiente apartado del Orden del Día, es la aprobación de dictámenes que presentan las comisiones y sobre los cuales no hay reserva para discusión.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Doy cuenta con los dictámenes.





 

Tenemos seis dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Que exhorta a investigar y resolver el homicidio del policía Jesús Alberto Carrera Limón.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que se investigue y resuelva a la brevedad posible el asesinato del C. José de Jesús Alberto Carrera Limón, elemento de la Policía Federal, quien fuera asesinado el 11 de junio de 2015, presentado por el Diputado Alejandro Segovia del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcriben textualmente los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 17 junio de 2015, se presentó ante el pleno la propuesta con punto de acuerdo, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-897.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta con punto de acuerdo, plasma dentro de sus líneas el lamentable fallecimiento del elemento de la Policía Federal José de Jesús Alberto Carrera Limón, quien perdiera la vida el día 11 de junio del año en curso.

El autor de la iniciativa, solicita la Gobierno del Distrito Federal a que se investigue y resuelva a la brevedad posible el esclarecimiento de los hechos en los cuales se pueda castigar al presunto culpable del delito de homicidio.

Asimismo, se solicita que se otorgue la policía federal acaecido el máximo reconocimiento post mortemy se otorguen apoyos a los familiares que dependían de el. Ante los planteamientos analizados en el Punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que se investigue y resuelva a la brevedad posible el asesinato del C. Jesús Alberto Carrera Limón, elemento de la Policía Federal, quien fuera asesinado el 11 de junio de 2015.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Secretario de Gobernación, a efecto de que se otorgue post mortem la mayor condecoración y apoyos posibles a favor del C. Jesús Alberto Carrera Limón y sus familiares, elemento de la Policía Federal, quien fuera asesinado el 11 de junio de 2015.

III. CONSIDERACIONES

En días pasados la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal rindió un informe en el que manifiesta que el C.  José de Jesús Alberto Carrera Limón, de 44 años de edad, perdió la vida a causa de un disparo de arma de fuego accionada por un conductor que colisionó con la camioneta del policía federal.

El conductor que privó de la vida al policía federal, trató de huir, dañando los autos que encontró a su paso. El policía federal inició una persecución para reclamar por los daños ocasionados a su camioneta, pero debido al pesado tráfico en la zona, bajó de la unidad y continuó la persecución a pie; al llegar al cruce de las calles Línea 1 y Línea 4, el automovilista disparó en el rostro al agente federal, que murió casi instantáneamente, según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del D.F.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga el homicidio en perjuicio del elemento de la Policía Federal, por lo que el ministerio público ya solicitó las imágenes de las cámaras de video-vigilancia para ubicar el trayecto del taxi en el que huyó el automovilista, además de pedir los registros de la camioneta abandonada.

Por los hechos que se enuncian esta dictaminadora: primero, lamenta el fallecimiento del policía federal, y da sumás sentido pésame a la familia de C. José de Jesús Alberto Carrera Limón y manifiesta que es pertinente exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de que se refuerce la investigación de los hechos ocurridos en contra del policía federal, que lamentablemente perdió la vida y se castigue al culpable de los hechos.

Asimismo, coincide con el proponente en la pertinencia de que, en su oportunidad, se valore la trayectoria del policía federal y en consecuencia resuelva realizar un reconocimiento post mortem, otorgando a sus familiares los apoyos y prestaciones que en derecho resulten procedentes.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que se investigue y resuelva a la brevedad posible el homicidio del C. Jesús Alberto Carrera Limón, elemento de la Policía Federal, acaecido el 11 de junio de 2015.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Comisionado Nacional de Seguridad a efecto de que se otorgue al C. Jesús Alberto Carrera Limón y sus familiares, las distinciones, apoyos y prestaciones que sean procedentes conforme al marco legal aplicable.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a valorar el desempeño de su Procuraduría de Justicia.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a valorar y, en su caso, proceder a la remoción y sustitución del Procurador de Justicia de dicho estado, por los nulos y negativos resultados en el desempeño de su encargo.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En fecha 17 de junio de 2015, la Diputada Lizbeth Rosas Montero del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a valorar y, en su caso, proceder a la remoción y sustitución del Procurador de Justicia de dicho estado, por los nulos y negativos resultados en el desempeño de su encargo.

B. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-921.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La proponente comienza señalando que es primordial que cada estado debe brindar la seguridad de todos y cada uno de sus habitantes, para que de esta forma se tenga una buena seguridad y así la impunidad no sea una práctica cotidiana como desafortunadamente sucede en buena parte de la república.

Así mismo la legisladora hace hincapié en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca que a la letra dice: “Artículo 4. La actuación de los servidores públicos que integran la Procuraduría se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, honradez, secrecía, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado mexicano y la Constitución Estatal.”

La postulante apunta que hay muchos casos de homicidio doloso en ese estado, en los cuales no han encontrado respuesta de esta autoridad oaxaqueña, y señala que esto incluso fue reconocido por el propio procurador en el mes de enero de este año cuando compareció ante la legislatura local.

A manera de ejemplo la proponente destaca los casos del asesinato de Ernesto Fidel López Nelio, reconocido líder y activista social, o la ciudadana Gloria Naxhiely Estrada Bautista, quien ha sido presuntamente víctima de extorsión. Casos donde a pesar de las evidencias no ha habido un progreso significativo por parte de las autoridades responsables.

La legisladora recalca que esta proposición se trata en un sentido objetivo y carente de cualquier juicio de valor sobre el servidor público en comento, en cuanto a la persona se refiere.

La proposición tiene como objetivo exhortar al Gobernador del estado de Oaxaca para que tome las medidas pertinentes para que, el índice de homicidios vaya a la baja y la seguridad de todas las personas esté garantizada por el estado.

III. CONSIDERACIONES

La procuración de justicia es una labor fundamental de todo estado democrático de derecho, al ser garante de los principios normativos fundamentales de la persona, y por lo mismo obligación grave de toda autoridad en los tres órdenes de gobierno.

En el Estado de Oaxaca, el ejercicio de las atribuciones en materia de investigación de los delitos se encuentra conferida a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución política de dicha entidad:

“Artículo 93.- La Procuraduría General de Justicia es órgano del Estado y a su cargo está velar por la exacta observancia de las leyes. La investigación de los delitos corresponde a la Procuraduría General de Justicia y las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquélla en el ejercicio de esta función. La Procuraduría de Justicia intervendrá además, en los asuntos judiciales que interesen a las personas a quienes la ley concede especial protección, en la forma y términos que la misma ley determina”

Respecto de la designación y remoción del Procurador General de Justicia del Estado, el artículo 95 de la Constitución Política de Oaxaca dispone:

“Artículo 95.- El Ministerio Público estará presidido por un Procurador General de Justicia que será elegido por el Congreso del Estado de una terna de juristas de reconocida capacidad profesional y solvencia moral que el titular del Poder Ejecutivo someterá a su consideración.

El Congreso elegirá al Procurador General de Justicia del Estado, previa comparecencia de las personas propuestas, por la mayoría de los diputados presentes o, en sus recesos, por la Diputación Permanente en el improrrogable plazo de treinta días. En caso de que la Legislatura no resuelva dentro de dicho plazo, ocupará el cargo la persona que de esta terna designe el Gobernador del Estado.

….

El Procurador General de Justicia dejará de ejercer su cargo por renuncia, remoción por parte del Ejecutivo y en los casos previstos en el Título Séptimo de esta Constitución.”

De conformidad con lo anterior, se observa que es atribución de ejecutivo estatal proponer al Congreso del Estado la terna de la cual debe elegirse al Procurador General de Justicia del Estado, al tiempo que se encuentra facultado para removerlo.

Asimismo, como indica la proponente, la actuación de los servidores públicos que integran la Procuraduría debe regirse por los principios que dispone el artículo 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado de Oaxaca, esto es, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, honradez, secrecía, lealtad y respeto a los derechos humanos, con base en los cuáles debe valorarse el desempeño de las funciones a su cargo.

Con base en lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que la evaluación del desempeño de todo funcionario público es esencial para asegurar el adecuado ejercicio de las funciones a su cargo. Asimismo, el fortalecimiento de las labores de procuración de justicia en todas las entidades federativas es deseable, a fin de proteger de manera más intensa los bienes jurídicos que tutela la norma penal.

Sin prejuzgar sobre la actuación del funcionario público a la que hace referencia la proposición, los integrantes de esta Comisión consideran oportuno realizar un exhorto al Gobernador constitucional del estado de Oaxaca para que en el marco de sus atribuciones legales, verifique el debido ejercicio del mandato legal del Procurador del Estado en la atención de los asuntos a su cargo conforme a los principios que se establecen en la normatividad vigente.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que en el ámbito de sus atribuciones, valore de forma objetiva el desempeño de la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad, a fin de considerar, en su caso, la remoción y sustitución de su titular.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 22 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Por el que se solicita un informe sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada el 17 de junio de 2015, la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales un informe respecto de las condiciones materiales y humanas para enfrentar los delitos electorales bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial”, promovida por la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I.ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo referida.

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-923.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La promovente, plantea la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 se estableció en nuestro país el Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, lo cual trajo consigo la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado

Asimismo, señala que el 23 de mayo de 2014 se expidió la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que según la proponente, tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además de que tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución.

Con base en este marco jurídico y sobre todo, de los artículos transitorios, la legisladora aduce lo siguiente:

“En el reciente proceso electoral la FEPADE ha informado de la radicación de 44 Carpetas de Investigación por presuntos delitos federales de carácter electoral cometidos en los estados de Zacatecas (2); Puebla (24); Durango (9) y Yucatán (9).Dada la trascendencia de las recientes reformas tanto de la materia penal como de la electoral, es menester que esta soberanía conozca de las condiciones que existen respecto de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial en el ámbito electoral.

Lo anterior cobra particular relevancia a la luz de la persistencia de delitos en la materia tales como: condicionamiento de programas sociales, solicitud de credenciales para votar de manera ilegal; compra y coacción de votos; proselitismo en el periodo vedado para ello; de los cuales han dado cuenta tanto los medios de comunicación como la propia dependencia. También destaca el hecho de que existen particularmente algunas entidades en donde la incidencia delictiva en materia electoral es más acentuada, como en los casos de Veracruz, Sonara, Puebla y el Distrito Federal. Delitos Electorales que siguen afectando a nuestra democracia y, por ende, a la sociedad en general.”

Asimismo, argumenta que “con fundamento en las facultades que tiene tanto la PGR como la FEPADE en la materia, es menester que esta soberanía solicite un informe puntual del cumplimiento de las obligaciones institucionales que tiene conferidas.”

De este modo, propone los siguientes resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informen a la brevedad a esta soberanía respecto de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral. Dicho informe deberá contener por lo menos lo siguiente:

1. Mecanismos establecidos con las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas, para atender los delitos electorales.

2. Número de entidades que ya se han concretado los mecanismos de coordinación y los términos en que se han realizado.

3. Número de entidades que ya implementaron el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral, así como sus particularidades.

4. Las estadísticas reportadas en materia de delitos electorales hasta el 10 de junio del presente año.

5. La infraestructura material y financiera existencia para la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral, tanto en los ámbitos federal como estatal.

6. Los recursos humanos disponibles para la atención de dicho sistema de justicia en ambos niveles de gobierno.

7. Los mecanismos de capacitación, así como la estrategia para avanzar en el programa correspondiente al sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral.

8. En general, el avance en la implementación del Sistema Nacional de formación, actualización, capacitación y profesionalización de los servidores públicos que participen en los procesos de investigación y procuración de los delitos electorales.

9. En general, el avance en el establecimiento de los protocolos estandarizados para la Federación y las entidades federativas en materia de investigación y persecución de los delitos electorales incluyendo el uso de la fuerza pública.

10. En general, el avance en la formulación de políticas integrales sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias para el combate de las conductas delictivas en materia electoral.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita informar a esta Soberanía en un término no mayor a 10 días lo especificado en el párrafo anterior. Con particular énfasis en lo relativo a las carpetas de investigación que se radicaron en el presente proceso electoral, así como lo relativo a las entidades federativas en donde la incidencia es mayor.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora comparte las preocupaciones de la legisladora proponente con respecto a la comisión de delitos electores y el funcionamiento pleno del nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio y adversarial en materia electoral.

Con respecto al segundo resolutivo de la proposición en análisis, en efecto, la Procuraduría General de la República mediante el boletín de prensa 244/15 con fecha del 13 de Junio de 2015, señaló lo siguiente:

“La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), con motivo del desarrollo de la Jornada electoral 2014-2015, empezó a trabajar bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial, conocido también como "Juicios Orales", en los estados de Puebla, Yucatán, Durango y Zacatecas; como hecho histórico durante la jornada electoral del pasado domingo y a raíz del despliegue ministerial que realizó la FEPADE, se radicaron 44 Carpetas de Investigación, de las cuales, dos se abrieron en Zacatecas, 24 en Puebla, nueve en Durango y finalmente en Yucatán nueve.

Todas por hechos probablemente constitutivos de delitos electorales de carácter federal, entre los que destacan la compra de votos, condicionamiento de programas sociales y la solicitud de credenciales para votar. Es de precisar que todos los involucrados se encuentran en libertad bajo caución y con el proceso en curso.”

Derivado de los fundamentos precedentes, toda vez que la autoridad señala que se encuentra un proceso en curso, mismo que establece el artículo 20 de la Constitución, y dado que la Procuraduría General de la República emitió el comunicado de prensa citado líneas arriba, esta Comisión estima necesario que solicitar un informe es necesario para conocer el grado de avance que la Fiscalía ha llevado a cabo en este proceso.

Acorde con lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera relevante razonar que entre las principales motivaciones que en su momento se presentaron a favor de la reforma que dio origen al nuevo Sistema de Justicia Penal, fue la necesidad de dotar a los juicios de transparencia y publicidad, así como de prontitud en la resolución de estos. Es por ello, que dos de los principios de este nuevo sistema penal acusatorio, según lo establece 20 de la Constitución, es la publicidad y la concentración.

La publicidad implica que las audiencias procesales serán públicas y podrán ser presenciadas por quienes deseen hacerlo (salvo las excepciones que estipula la ley); mientras que la concentración alude a que la exposición de pruebas buscará dar sentencia el mismo día de la audiencia, aunque en casos excepcionales podrán requerirse audiencias adicionales para el siguiente día hábil.

Sin duda, el cumplimiento del plazo establecido en el aparato transitorio de la reforma constitucional de 2008 para cumplimentar la instauración del nuevo Sistema de Justicia Penal es de suma importancia para nuestro país. Con la multicitada reforma, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas quedaron obligadas constitucionalmente a crear un fondo presupuestal ex profeso, el cual está a cargo de una instancia de coordinación, conformada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la academia y la sociedad civil.

Con base en este mandato constitucional, en agosto de 2009 se instituyó a nivel federal el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, adscrito a la Secretaría de Gobernación, cuyo órgano administrativo es la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), que tiene la función de apoyar a los gobiernos federal y estatal en el proceso reformista. A su vez, cada estado del país dispone de un órgano homólogo local.

Po tanto, esta Comisión considera que, dado que la información debe ser pública y debe integrarse conforme a la normatividad en la materia, el poder legislativo federal puede solicitar un informe de manera oficial, asimismo, bajo los argumentos anteriores, es presumible que no se necesitará mayor tiempo para la integración de dicho documento, que deberá acompañarse con el desglose que se detalla en el resolutivo de este dictamen, por lo que se estima procedente el resolutivo segundo.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República que, por conducto de las áreas competentes, rinda un informe a esta soberanía sobre la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral. Dicho informe deberá rendirse en un plazo no mayor a 15 días hábiles, haciendo referencia al menos a los siguientes elementos:

● Mecanismos de coordinación establecidos con los órganos de procuración de justicia de las entidades federativas, para atender los delitos electorales.

● Número de entidades que ya se han concretado los mecanismos de coordinación y los términos en que se han realizado.

● Número de entidades que ya implementaron el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral, así como sus particularidades.

● Las estadísticas reportadas en materia de delitos electorales hasta el 10 de junio del presente año.

● La infraestructura material y financiera existencia para la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral.

● Los recursos humanos disponibles para la atención de dicho sistema de justicia.

● Los mecanismos de capacitación, así como la estrategia para avanzar en el programa correspondiente al sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral.

● En general, el avance en la implementación del Sistema Nacional de formación, actualización, capacitación y profesionalización de los servidores públicos que participen en los procesos de investigación y procuración de los delitos electorales.

● En general, el avance en el establecimiento de los protocolos estandarizados para la Federación y las entidades federativas en materia de investigación y persecución de los delitos electorales incluyendo el uso de la fuerza pública.

● En general, el avance en la formulación de políticas integrales sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias para el combate de las conductas delictivas en materia electoral.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 22 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Por el que se desecha la proposición que exhorta a respetar los principios constitucionales y legales en materia electoral.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo, presentada por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se que exhorta a diferentes autoridades a respetar los principios constitucionales y legales en materia electoral, así como los lineamientos del Instituto Nacional Electoral en materia de promoción del voto y la participación ciudadana.

Dicha proposición fue presentada el 3 de junio de 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 3 de junio del 2015, los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se que exhorta a diferentes autoridades a respetar los principios constitucionales y legales en materia electoral, así como los lineamientos del Instituto Nacional Electoral en materia de promoción del voto y la participación ciudadana.

B. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnadas a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio No. CP2R3A.-605.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los diputados proponentes manifiestan que el clientelismo electoral en sus modalidades de compra, coacción e inducción del voto así como la práctica negativa del condicionamiento de los programas sociales ha sido un fenómeno generalizado en las campañas electorales.

En ese sentido, aseguran que independientemente del medio con el que se ejerza presión sobre los ciudadanos, siempre está de por medio el uso partidista de recursos públicos a gran escala con una orientación patrimonialista.

Señalan que el clientelismo electoral se maneja en gran medida de la mano del dinero público y de los programas sociales que son reorientados con objetivos claramente electoreros (sic.)

El grupo parlamentario del PRD, observa con profunda preocupación que en el actual proceso electoral, las condiciones de equidad de la contienda han sido afectadas por acciones de diversas instancias.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que suspenda la aplicación los programas sociales en cumplimento de las normas constitucionales y legales en materia electoral, en particular, la entrega de televisiones en el estado de México y el Distrito Federal, programada para efectuarse en varias entidades del país, antes de las elecciones del 7 de junio.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al INE para que aplique a la brevedad los Lineamientos para la Promoción del Voto y la Participación Ciudadana por parte de Organizaciones Ciudadanas durante el Proceso Electoral 2014-2015 a los programas sociales federales y en particular, a la posible manipulación electoral del Programa de Televisión Digital Terrestre del gobierno federal previo a la jornada electoral del 7 de junio.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso exhorta a los gobiernos de la Entidades Federativas a que respeten el principio de equidad y se abstengan de violar las disposiciones del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral y de hacer uso electoral de programas sociales.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora coincide con los proponentes en que en un sistema político y de partidos como el nuestro, se esperan elecciones de alta competencia electoral, en el que exista equidad entre candidatos y partidos, que garanticen una competencia justa y que den certeza en los resultados.

Del mismo modo, se espera que los recursos públicos sean ejercidos con transparencia eficiencia, eficacia, economía y honradez, sin hacer mal uso de ellos y de los programas sociales para beneficiar a algún candidato.

Sin embargo, el pasado 7 de junio de 2015 se llevaron a cabo las elecciones, tanto federales para el caso de diputados al Congreso de la Unión, así como locales, para el caso de integrantes de los ayuntamientos, congresos locales y gubernaturas en 9 estados.

Por esta razón, esta dictaminadora observa que el punto de acuerdo de referencia ha quedado sin materia, razón por la cual se resuelve presentar dictamen en sentido negativo.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resuelven presentar dictamen negativo sobre la proposición de referencia, por lo que someten a la consideración de esta H. Asamblea  los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a diferentes autoridades a respetar los principios constitucionales y legales en materia electoral, así como los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, presentada por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por haber quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 22 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Por el que se desecha la proposición sobre los mecanismos de monitoreo en la temporada de lluvias y huracanes.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, dentro de la temporada de lluvias y huracanes, asegure la operación adecuada de los mecanismos de monitoreo y de alerta oportuna; la correcta actualización de los protocolos de respuesta institucional ante los posibles escenarios de contingencia; la coordinación dentro de los procedimientos de respuesta conjunta; y consolide conductos de información y comunicación con las organizaciones de la sociedad civil para la actuación conjunta; y para que se liberen oportunamente los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para atender las afectaciones que pudieran generarse por la temporada de lluvias y huracanes, presentada por la Senadora Mónica Arriola Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 17 de mayo del 2015, fue presentada la propuesta con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, dentro de la temporada de lluvias y huracanes, asegure la operación adecuada de los mecanismos de monitoreo y de alerta oportuna; la correcta actualización de los protocolos de respuesta institucional ante los posibles escenarios de contingencia; la coordinación dentro de los procedimientos de respuesta conjunta; y consolide conductos de información y comunicación con las organizaciones de la sociedad civil para la actuación conjunta; y para que se liberen oportunamente los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para atender las afectaciones que pudieran generarse por la temporada de lluvias y huracanes.

En el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos que a su letra dicen:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, dentro de la temporada de lluvias y huracanes, asegure la operación adecuada de los mecanismos de monitoreo y de alerta oportuna; la correcta actualización de los protocolos de respuesta institucional ante los posibles escenarios de contingencia; la coordinación dentro de los procedimientos de respuesta conjunta; y consolide conductos de información y comunicación con las organizaciones de la sociedad civil para la actuación conjunta.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que se liberen oportunamente los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para atender las afectaciones que pudieran generarse por la temporada de lluvias y huracanes.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-876.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta manifiesta la preocupación dela autora, en la cual menciona que los desastres naturales constituyen un riesgo para la población mexicana que cada año se ve directamente afectada por los desastres naturales.

Asimismo, la autora menciona que es necesario que en esta la temporada de lluvias y huracanes, se asegure la operación adecuada de los mecanismos de monitoreo y de alerta oportuna; la correcta actualización de los protocolos de respuesta institucional ante los posibles escenarios de contingencia; la coordinación dentro de los procedimientos de respuesta conjunta y consoliden los conductos de información y comunicación con las organizaciones de la sociedad civil para la actuación conjunta.

III. CONSIDERACIONES

La fuerza de la naturaleza se manifiesta a través de fenómenos perturbadores tales como sismos, volcanes, ciclones tropicales, inundaciones, etc., que por la energía con que se desarrollan, el tamaño del área en que influyen y la frecuencia con que ocurren, pueden afectar gravemente los asentamientos humanos. México se encuentra sujeto a una amplia variedad de fenómenos naturales con alto potencial destructivo, lo cual, combinado con altas concentraciones poblacionales, en las que se tienen elevados grados de vulnerabilidad física y social, propician un gran riesgo de desastre.

Por su ubicación geográfica, México está sujeto a la influencia frecuente de los ciclones tropicales que se generan en los océanos que lo rodean. De particular importancia son los efectos que el cambio climático tiene en los fenómenos hidrometeorológicos, tales como lluvias, vientos, mareas de tormenta, inundaciones, etc. Entre los grandes ciclones tropicales, resaltan el huracán Gilbert, en 1988, que devastó las playas de Cancún y provocó lluvias torrenciales en Nuevo León, así como el huracán Wilma, que en 2005 produjo daños importantes también en Cancún. Destacan, entre otros, las inundaciones ocurridas en Tabasco en 2007 y 2009, así como en Veracruz en 2010, con pérdidas de decenas de miles de millones de pesos en ambos casos. Finalmente, en 2013 se presentaron los ciclones tropicales "Manuel" e "Ingrid", los cuales interactuaron entre sí, propiciando lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en Guerrero.

Las abundantes lluvias, además de producir inundaciones, tienen influencia directa en la inestabilidad de laderas. Destacan los deslizamientos ocurridos en Teziutlán en 1999 y en la comunidad de Eloxochitlán en 2006, ambos en el estado de Puebla; así como el deslizamiento de Juan de Grijalva, Chiapas, ocurrido el 4 de noviembre de 2007, que obstruyó el flujo del río Grijalva y, más recientemente, en septiembre de 2013, el deslizamiento de La Pintada, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en el que perecieron 71 personas.

La exposición a estos fenómenos, los asentamientos humanos en zonas de peligro, el escaso ordenamiento del territorio, la vulnerabilidad física de la infraestructura expuesta, aunado a la fragilidad social de amplios sectores de la sociedad, provocan pérdidas materiales y humanas que representan un alto costo social y económico para el país.

De acuerdo con lo anterior, se requería en corto plazo la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas afectables y mitigar los efectos del sistema perturbador, mediante la formulación de mecanismos coordinados de acción social e interinstitucional que permitieran actuar sistematizadamente antes, durante y después de la presencia de una amenaza de esta naturaleza. Por ello, se implemento el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales que ofrece la posibilidad de consensuar, sistematizar y aplicar coordinadamente las acciones emergentes que permiten responder de forma inmediata a las necesidades urgentes de la población para la protección de la vida y la salud, alimentación, suministro de agua y albergue temporal, ante la inminencia de que ocurra un desastre natural o ante la ocurrencia del mismo.

El Gobierno Federal ha manifestado que a través de la CONAGUA, se han presentado como parte del programa de prevención, en sus redes sociales, volantes informativos para que la población esté prevenida ante las afectaciones por las lluvias de este año.

Asimismo, el Director Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que todas las oficinas a nivel local están trabajando en "acciones preventivas y de preparación" para la temporada de huracanes que se desarrolló a partir del 15 de mayo de este año. Indicó que todos los consejos estatales de protección civil ya se encuentran instalados, y que se tiene un programa activo de monitoreo de los niveles de agua y "eventualidades que puedan convertirse en un riesgo para la población”.

Por otra parte, Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades federales, así como de las entidades federativas; por lo tanto, es un complemento de las acciones que deben llevarse a cabo para la atención de desastres naturales.

A través de FONDEN se pretende proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un fenómeno natural perturbador. Por tal razón se espera que una vez que se han establecido los lineamientos para emitir la declaratoria de emergencia y que se ha establecido y emitido le dictamen por parte de las autoridades encargadas de valorar el daño ocasionado por algún agente perturbador, se libere oportunamente y sin demora los recursos del Fondo de Desastres Naturales, con la finalidad de apoyar a los ciudadanos victimas de los desastres naturales.

Esta comisión dictaminadora reconoce el esfuerzo del Gobierno Federal y la coordinación que existe con las entidades federativas, y se pronuncia para que se sigan creando y fortaleciendo mas campañas de prevención y protección a la población durante esta temporada de lluvias y huracanes, con el propósito de que la población este prevenida ante este tipo de fenómenos hidrológicos.

En virtud de lo anterior, esta Comisión dictaminadora ha expresado su preocupación en el tema, como prueba de ello se informa que el pasado 17 de junio del presente, en la Sesión de la Comisión Permanente fue aprobado un dictamen en el que se exhorta de manera respetuosa a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades de protección civil de las entidades federativas para que en forma coordinada establezcan líneas de acción y apliquen operaciones preventivas en los ámbitos de su competencia, para enfrentar los ciclones tropicales que ya se presentan en el territorio nacional.

En virtud de lo anterior, se considera que una vez analizados los argumentos y consideraciones contenidas en la proposición con punto de acuerdo, se que el asunto ha quedado sin materia, ya que el objeto del mismo fue atendido mediante el dictamen aprobado el pasado 17 de junio.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

Primero.- Se desecha la Proposición con punto de acuerdo que exhortaba respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, dentro de la temporada de lluvias y huracanes, asegure la operación adecuada de los mecanismos de monitoreo y de alerta oportuna; la correcta actualización de los protocolos de respuesta institucional ante los posibles escenarios de contingencia; la coordinación dentro de los procedimientos de respuesta conjunta; y consolide conductos de información y comunicación con las organizaciones de la sociedad civil para la actuación conjunta; y para que se liberen oportunamente los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para atender las afectaciones que pudieran generarse por la temporada de lluvias y huracanes, toda vez que ha quedado sin materia.

Segundo.- Archívese como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 22 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Y por el que se desecha la proposición que exhortaba al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a resolver el conflicto de las empresas Uber y Cabify.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a resolver el conflicto de las empresas “Uber y Cabify” con los taxis concesionados del Distrito Federal, presentado por los Diputados Alejandro Rangel Segovia y Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresa los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 17junio de 2015, se presentó ante el pleno de la Sesión Permanente, propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a resolver el conflicto de las empresas “Uber y Cabify” con los taxis concesionados del Distrito Federal. La Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-903.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo, se exhorta Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que resuelva el problema entre las empresas de “Uber y Cabify” con los taxis concesionados de la Ciudad de México, ya que existe inconformidad por parte de los segundos por los trámites que tienen que costear para poder trabajar conforme a la ley.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

UNICO. La Comisión Permanente exhorta al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a resolver a la brevedad, el conflicto de las empresas “Uber y Cabify”,  con los taxis concesionados del Distrito Federal.

III. CONSIDERACIONES

La problemática que dio origen a este punto de acuerdo, fue la entrada al campo laboral en el transporte público por parte de las empresas  “Uber” y “Cabify”, lo cual originó la inconformidad por parte de los operadores del servicio de taxis en el Distrito Federal, quienes argumentan la baja de trabajo debido a la entrada de las empresas ya mencionadas.

Los operadores del servicio de taxis, manifiestan que la entrada a su mercado laboral por parte de las empresas, no es justo ni equitativo, ya que ellos tiene que pagar placas oficiales, tarjeta de circulación, verificación, tenencia, licencia de conducir para poder prestar el servicio, la revista vehicular, contar con un seguro de responsabilidad civil para terceros y contar con un taxímetro oficial, y las empresas como “Uber” y “Cabify” no.

La Ley de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal, menciona que los usuarios tienen derecho a que el servicio público de transporte se preste en forma regular, continua, uniforme, permanente e ininterrumpida y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia, todo esto, para que el único beneficiado se el usuario que lo utiliza.

La Ley, contempla que es responsabilidad de la Administración Pública de Distrito Federal controlar, incentivar programas para mejorar los servicios de trasporte público de pasajeros a través de empresas de participación estatal o concesiones, con la finalidad de que los operadores del transporte público brinden un mejor servicio, que sea de calidad y seguridad.

La Ley, manifiesta que es responsabilidad de la Administración Pública asegurar, controlar, promover y vigilar que los servicios de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal, se efectúen con apego a la normatividad aplicable en la materia.

Asimismo, la Ley, sustenta que es de utilidad pública e interés general, la prestación de los servicios públicos de transporte en el Distrito Federal, cuya obligación de proporcionarlos corresponde originalmente a la Administración Pública, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos descentralizados, o bien, por conducto de personas físicas o morales a quienes mediante concesiones, el Gobierno del Distrito Federal encomiende la realización de dichas actividades.

Esta Comisión dictaminadora ha expresado su preocupación en el tema, como prueba de ello se informa que el pasado 17 de junio del presente, en la Sesión de la Comisión Permanente fue aprobado un dictamen en el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que, a través del Instituto de Verificación Administrativa (INVEADF) y de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), se realice un estudio técnico que permita valorar la incorporación de innovaciones tecnológicas para la prestación del Servicio de Transporte Público Individual; así como realizar un análisis técnico-jurídico que permita determinar la regulación de las empresas que operan bajo esta modalidad.

Ahora bien, en estos días se ha realizado debates de Tecnología y Movilidad y reuniones entre las empresas de taxis privados, los representantes de los taxis concesionados y autoridades responsables del Distrito Federal, con el objeto de llegar a un acuerdo en el cual todas las partes queden conformes y puedan trabajar sin problemas.

En virtud de lo anterior, se considera que una vez analizados los argumentos y consideraciones contenidas en la proposición con punto de acuerdo, se estima que el asunto ha quedado sin materia ya que el objeto del mismo fue atendido mediante el dictamen aprobado el pasado 17 de junio.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

Primero.- Se desecha la Proposición con punto de acuerdo que exhortaba al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a resolver a la brevedad, el conflicto de las empresas “Uber y Cabify”, con los taxis concesionados del Distrito Federal, toda vez que ha quedado sin materia.

Segundo.- Archívese como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 22 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Asimismo, tenemos veinte dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Que exhorta a conformar un consejo para la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, presentada por  el Diputado Danner González Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 3 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“Una alternativa que no es nueva, pero que sí resulta eficiente y hasta el momento ha sido poco aprovechada y no ha sido impulsada adecuadamente por los diferentes niveles de gobierno es el apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES).”

“Desde luego que hay intentos por incentivar y fortalecer a estas unidades económicas, por ejemplo está el fondo PyME y la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, por mencionar algunos, pero no son suficientes.

Basta decir que el ordenamiento jurídico referido, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2002, señala en su artículo 23 que: “En cada Entidad Federativa y en el Distrito Federal se podrá conformar un Consejo Estatal para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que estudiará y propondrá en el ámbito regional, estatal y municipal, medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las MIPyMES a través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los Sectores.

A pesar de lo anterior, el referido Consejo Estatal en muchos estados no se ha conformado, por lo que pareciera que esta disposición legal fuera un llamado a misa, pese a la emergencia nacional en materia económica. Lo más dramático es que también con esta situación se ha dejado pasar la oportunidad de que estos consejos incentiven una apertura rápida de las MIPyMES y propicien su desarrollo.”

“Otra problemática que hay que puntualizar y a la que actualmente se enfrentar las MIPyMES en el país, consistente en el desplome del 83.8% del presupuesto destinado al “Programa Compras del Gobierno”, que fue creado en 2009 por el gobierno federal como medida para reactivar el mercado interno y con lo cual las dependencias federales se comprometieron a asignar una parte de sus recursos para adquirir productos y contratar servicios a las MIPyMES.

Lo más dramático es que actualmente hay, 80 dependencias (que equivalen al 33.6% de las 238 dependencias) que aparecen en ceros en cuanto a recursos ejercidos para MIPyMES, es decir, no compraron nada.”

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

Primero.- Se exhorta, respetuosamente, a los congresos y a los ejecutivos estatales para que en el ámbito de sus atribuciones legales y atendiendo lo preceptuado en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, consideren la viabilidad de conformar un Consejo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en sus respectivas entidades federativas, a fin de incentivar, apoyar y procurar el desarrollo de estas unidades económicas.

Segundo.- Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que el presupuesto asignado al Programa Compras del Gobierno para el ejercicio fiscal 2016 aumente con respecto al año en curso, a fin de incentivar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del país.

Tercero.-Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a las dependencias de la Administración Pública Federal a que ejerzan más recursos en el Programa Compras del Gobierno para el próximo año, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del país.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

La que dictamina coincide con el proponente que las MIPyMES, son un elemento fundamental en el desarrollo económico del país y constituyen la columna vertebral de la economía nacional, esto es así por su alto impacto en la generación de empleos.

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micros, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.

De acuerdo a lo establecido en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el Consejo Estatal tendrá por objeto: Evaluar y proponer medidas de apoyo para promover la competitividad de las Cadenas Productivas y de las MIPYMES; promover mecanismos para el cumplimiento de los objetivos de dicha Ley, y finalmente discutir y analizar las propuestas que realicen los Municipios, y en el caso del Distrito Federal sus delegaciones, y los Sectores para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la Ley anteriormente citada.

Derivado de la reforma fiscal aprobada en 2013, a partir del 1 de enero de 2014 entró en vigor la Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta que desaparece el Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedio (REPECOS) y dio entrada al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Se ha atribuido al RIF  el cierre de pequeños negocios por las nuevas obligaciones que este representa, generando desempleo dejando sin ingreso a miles de familias.

Con datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano, en el 2014, año en que entró en vigor el RIF desaparecieron 46,905 empresas. Toda vez que, en 2013 existían un total de 789,760 empresas; mientras que en 2014 se contabilizaron 742,855 empresas.

El artículo segundo de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa establece:

Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría de Economía quien, en el ámbito de su competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre las Autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y Municipales, para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada Entidad Federativa, del Distrito Federal y de los Municipios, en congruencia con la planeación nacional.

La Secretaría de Economía en el ámbito de su competencia, podrá convenir con particulares para concertar las acciones necesarias para la coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa.

El presupuesto de egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior.

La que dictamina coincide que es necesario que las dependencias de la Administración Pública Federal, ejerzan más recursos en el Programa Compras del Gobierno para el próximo año, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

En razón de lo anterior, los integrantes de esta Comisión coinciden que es necesario fortalecer los apoyos a las MIPyMES, para fomentar el desarrollo económico del país que se encuentra estancado, generando empleos para incentivar el consumo interno y así fortalecer la economía del país que ha mostrado un débil crecimiento recientemente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos y a los gobiernos estatales para que en el ámbito de sus atribuciones legales y atendiendo lo preceptuado en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, consideren la viabilidad de conformar un Consejo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en sus respectivas entidades federativas, a fin de incentivar, apoyar y procurar el desarrollo de estas unidades económicas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que el presupuesto asignado al Programa Compras del Gobierno para el ejercicio fiscal 2016 aumente con respecto al año en curso, a fin de incentivar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del país, de conformidad con la normatividad aplicable.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las dependencias de la Administración Pública Federal a que en el Programa Compras del Gobierno para el próximo año, ejerzan más recursos de conformidad con los incentivos previstos en la normatividad aplicable, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del país.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

 





 

Que exhorta a garantizar que las actividades de la industria petrolera se realicen con respeto a los derechos de los propietarios y titulares de las tierras.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo presentado por el Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos a llevar a cabo las acciones que permitan garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria petrolera se realicen en el marco de un protocolo de respeto y coordinación con los propietarios y titulares de tierras.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de junio de 2015, se presentó el siguiente punto de acuerdo:

A. Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos a llevar a cabo las acciones que permitan garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria petrolera se realicen en el marco de un protocolo de respeto y coordinación con los propietarios y titulares de tierras.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

El proponente señala la importancia de fortalecer e impulsar la industria petrolera en nuestro país, la cual resulta fundamental para el desarrollo nacional.

Establece que la expedición de las leyes secundarias de la reforma energética, como lo es la Ley de Hidrocarburos, tuvo por objeto regular el reconocimiento y exploración superficial, y la exploración y extracción de Hidrocarburos.

Destaca que, advirtiendo que dichas actividades necesariamente habrían de afectar, de cierta medida, las tierras de propiedad social o privadas en manos de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, se previó un marco jurídico que protegiera los derechos de los titulares de dichas tierras.

Para ello, se incorporó un capítulo denominado “Del Uso y Ocupación Superficial”, en el que se determinaron los principios que deben regir la negociación entre los titulares de los terrenos y los asignatarios o contratistas, a efecto de determinar la contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de las tierras, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades en materia de hidrocarburos.

Dentro de ellas, se estableció la obligación del asignatario o contratista de abstenerse de realizar, directa o indirectamente conductas o prácticas abusivas, discriminatorias o que busquen influir indebidamente en la decisión de los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos, durante las negociaciones.

No obstante, el proponente manifiesta que en estados como Tamaulipas, agricultores y ganaderos han expresado su preocupación por la forma en la que personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ingresa y ha ingresado a sus tierras, violentando sus derechos e incumpliendo lo previsto por la ley.

Por ello, el proponente considera que, dada la importancia que representa PEMEX en las actividades de la industria petrolera, y teniendo en cuenta que las conductas señaladas constituyen una práctica generalizada en todo el país, es necesario aprovechar la experiencia de dicha empresa para plantear un protocolo que defina el procedimiento por el cual su personal deba conducirse en la colaboración con los propietarios y titulares de tierras, por las que deban transitar para llevar a cabo sus labores cotidianas.

Asimismo, siendo la Comisión Nacional de Hidrocarburos uno de los órganos reguladores del sector, el proponente estima la pertinencia de promover su coordinación con PEMEX para la implementación de programas que involucren la participación de las entidades competentes de la Administración Pública Federal, en aras de salvaguardar el respeto de los derechos de los tenedores de la tierra en los que se desarrollen actividades de exploración o extracción de hidrocarburos.

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señalan:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos para que en el ámbito de su competencia y con la participación de las Entidades de la Administración Pública Federal que correspondan, lleven a cabo las acciones que permitan garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria petrolera, se lleven a cabo bajo el marco de un protocolo de respeto y coordinación con los propietarios y titulares de tierras.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que con la participación de las Entidades de la Administración Pública Federal que correspondan elabore y difunda por los medios de comunicación a su alcance, protocolos mínimos de actuación que contengan las medidas y la forma en que deba proceder el personal contratado por los Asignatarios o Contratistas para el uso o tránsito de tierras en las que convivan con otras actividades productivas, con especial atención de agricultores y ganaderos.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia del sector energético como área fundamental de la economía, para generar un mayor bienestar social, con beneficios hacia la población, en términos de competitividad, de una mejor regulación del mercado de hidrocarburos que impulse la generación de empleos y haga más accesibles los insumos esenciales de la industria, siempre bajo un marco de respeto de los derechos de las personas.

Asimismo, la Comisión advierte que, como lo señala el proponente, un tema fundamental durante el proceso legislativo de las leyes secundarias de la reforma energética, consistió en el uso y ocupación superficial de las tierras destinadas a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, en torno al cual, se conjugan los intereses de los propietarios de la tierra con los de los asignatarios y contratistas.

De esta forma, con la expedición de la Ley de Hidrocarburos se tuvo por objeto, fortalecer un procedimiento por virtud del cual el Estado asegurara la ejecución de proyectos para la obtención de mayores ingresos por la extracción de petróleo y gas, beneficiando y garantizando la protección de los derechos de los dueños o poseedores de los terrenos, por permitir que esos trabajos de extracción o de exploración se lleven a cabo.

Así se previó no sólo impedir que los titulares de los terrenos fueran expulsados de sus comunidades; o se les evitara realizar otras actividades en sus tierras; sino que además se estableció como un derecho, el pago de contraprestaciones por la ocupación o afectación superficial a fin de permitir, por una parte, dar protección a grupos que pudieran estar en condiciones de desventaja y, por otra, dar certeza jurídica a las partes sobre el cumplimiento de acuerdos que se alcanzaran respecto de la adquisición, uso, goce o afectación de sus bienes.

La propia ley, dispuso la prohibición para Asignatarios y Contratistas de realizar, directa o indirectamente, conductas o prácticas abusivas, en contra de los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos, durante las negociaciones y los procedimientos referidos, previendo como sanción en caso de acreditarse una práctica reiterada de estas conductas, la revocación de la asignación, permisos o autorizaciones, o la recisión del contrato de Exploración y Extracción de hidrocarburos.

Por lo anterior, se coincide con el proponente sobre la relevancia de velar porque las empresas productivas del Estado, los órganos reguladores en materia de energía, y las entidades de la administración pública federal que intervengan en este tipo de procedimientos, garanticen el respeto a los derechos de los titulares de las tierras; y cumplan debidamente con todas y cada una de las obligaciones y preceptos previstos por la ley.

En este orden de ideas, es preciso señalar que Petróleos Mexicanos tiene como fin el desarrollo de las actividades previamente mencionadas, las cuales debe desempeñar en un marco de transparencia, honestidad, eficiencia, sentido de equidad y responsabilidad social. Para ello, la empresa debe llevar a cabo sus funciones, en los términos de las leyes que le resulten aplicables, de forma tal, que está obligado a respetar los derechos de los propietarios de las tierras destinadas a la exploración y extracción de hidrocarburos.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se constituye como uno de los órganos reguladores del sector, al cual le compete asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, se realicen con apego a los principios de transparencia, honradez, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia; así como supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia.

Por lo anterior, se conviene en la oportunidad de exhortar a la implementación de acciones y medidas que contribuyan a garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria petrolera se realicen bajo un marco de pleno respeto a los derechos de los propietarios y titulares de las tierras, evitando que existan prácticas abusivas por parte del personal que labora para los asignatarios o contratistas que habrán de ocupar las tierras destinadas para dichas actividades.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos para que en el ámbito de su competencia y en coordinación con las entidades de la Administración Pública Federal que correspondan, lleven a cabo las acciones que permitan garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria petrolera, se realicen con pleno respeto a los derechos de los propietarios y titulares de las tierras.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que en coordinación con las entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, elabore y difunda protocolos mínimos de actuación que contengan las medidas y la forma en que deba proceder el personal contratado por los Asignatarios o Contratistas para el uso o tránsito de tierras en las que convivan con otras actividades productivas, con especial atención de agricultores y ganaderos.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a realizar vigilancia en tiendas de autoservicio del comercio minorista para verificar que operan con estricto apego a la normatividad laboral.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que garantice una vigilancia y verificación más estricta del cumplimiento de la normatividad laboral por parte de las tiendas de autoservicio de las multinacionales minoristas, de la Diputada María Sanjuana Cerda Franco del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 3 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social vigile el cumplimiento de la normatividad laboral, en especial la que se origina con la relación laboral de las tiendas de autoservicio multinacionales como lo son Walmart, Mc Donald´s, Burger King, BBVA Bancomer y Domino´s Pizza por mencionar algunas.

La propuesta en estudio señala que la protección a los derechos laborales consagrados en la Ley Federal del Trabajo y en los Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado Mexicano se ha visto vulnerada por las tiendas de autoservicio multinacionales y por ende agravia a las y los mexicanos que pretenden trabajar o trabajan en las mismas.

Entre otras causas que dieron origen a la preocupación de la proponente está el estudio periodístico realizado por El Universal; de donde se desprenden varias afectaciones y violaciones de los derechos laborales que son:

- Salarios bajos que contrastan desmesuradamente con las ganancias que las trasnacionales obtienen en el país.

- Cuestionamientos discriminatorios por salud y género en las entrevistas de trabajo.

- La firma de la renuncia por parte del aspirante para poder obtener el empleo, esto como práctica desleal de las trasnacionales para evadir responsabilidades laborales.

- Falta de Seguro Social e inseguridad en el empleo.

La proponente expone que es de fundamental importancia destacar, vigilar y evitar dichas violaciones ya que en México las multinacionales como Walmart, McDonald´s, BBVA Bancomer y Domino´s Pizza generan ventas anuales hasta por 370 mil millones de pesos y dejan utilidades que ascienden a los 30 mil millones de pesos. Sin embargo, esta bonanza económica que estas grandes empresas transnacionales obtienen en el mercado mexicano, no se refleja en los sueldos que otorgan a sus empleados.

Por último la proponente precisa también que “todas estas multinacionales se caracterizan por ofrecer a sus empleados en México: bajos salarios, inseguridad del empleo, falta de seguro social, discriminación sexual y por condición de salud en el acceso al empleo, entre otros actos de discriminación”

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

Único.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que a través de sus dependencias competentes, realice una mayor y mejor vigilancia en las tiendas de autoservicio de las multinacionales del comercio minoristas que se encuentran el territorio nacional, para verificar que estas operan con estricto apego a la normatividad laboral, sin discriminación y en el pleno respeto de los derechos laborales y humanos de sus trabajadores.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

México ha implementado medidas de protección a los derechos laborales tales como la ratificación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros. Sin embargo, los acontecimientos que dio a conocer El Universal en su edición del 26 de mayo del presente año, señala serias violaciones a la Ley Federal del Trabajo y a los diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano en materia de derechos laborales.

En ese sentido como ya se ha señalado, la necesidad de recuperar y fortalecer la seguridad y certeza laboral en este sector es menester del Estado mexicano ya que si la normatividad laboral encargada de regular dichas situaciones es sometida a la inobservancia de las autoridades encargadas de vigilar su aplicación, el Estado mexicano incurriría en violación directa a nuestro texto constitucional y a los instrumentos internacionales que han sido ratificados por el mismo.

Con motivo de lo anterior, la proponente señaló como fundamental el actuar de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que en el ámbito de su competencia y en apego al texto normativo de la materia laboral vigile el cabal cumplimiento del mismo en las relaciones laborales que surjan de estas tiendas multinacionales.

Esta comisión dictaminadora coincide con la intención de la Diputada proponente en vigilar y aplicarla normatividad que regule las relaciones laborales indistintamente que se trate de la normatividad interna o los instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. Es por ello, que se considera necesario hacer mención de la regulación omitida en su aplicación por parte de las trasnacionales y de la o las autoridades con injerencia en dicha actividad.

1) Por lo que establece el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos existen disposiciones aplicables que a la letra dicen:

Artículo 1°

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 3°

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

2) La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer por su parte establece:

Artículo 11.

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

b) a e)…

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

3) De igual manera la Convención Americana sobre Derechos Humanosestablece:

Artículo 1.

Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

4) Asimismo, el Convenio 111 de la Organización Internacional del trabajo establece que :

Artículo 1

A los efectos de este convenio, el término "discriminación" comprende:

a…

b. cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.

5) Por otra parte, el Derecho Interno del país invoca a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece en su texto:

Artículo 123.

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.

VIII. a XXV…

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante.

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato:

a)…

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

c) a f)…

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra.

6) Por último la Ley Federal del Trabajo, regulatoria del artículo 123 constitucional establece en su texto lo siguiente:

Artículo 3o.-

El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio.

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

Artículo 538.

El Servicio Nacional de Empleo estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de las unidades administrativas de la misma, a las que competan las funciones correspondientes, en los términos de su Reglamento Interior.

Artículo 540.

La Inspección del Trabajo tiene las funciones siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo;

II. Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo;

III. Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que observe en las empresas y establecimientos;

IV. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones; y

V. Las demás que le confieran las leyes;

De acuerdo  lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera adecuado solicitar que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el desarrollo de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para vigilar, proteger y brindar seguridad laboral a los trabajadores de las empresas multinacionales antes mencionadas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que a través de sus dependencias competentes, realice una mayor y mejor vigilancia en las tiendas de autoservicio de las  multinacionales del comercio minorista que se encuentran en el territorio nacional, para verificar que estas operan con estricto apego a la normatividad laboral, sin discriminación y en el pleno respeto de los derechos laborales y humanos de sus trabajadores.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Por el que se solicita al Poder Judicial del Estado de México, un informe sobre las investigaciones en los que se encuentra involucrada la empresa OHL.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura revise la actuación y posible comisión de delitos de los magistrados y demás impartidores de justicia del estado de México, que conocieron y conocen de juicios en los que está involucrada la OHL, del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y el Senador Manuel Bartlett Díaz.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 3 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que se indague y aclare la situación actual de los litigios en los que se encuentra involucrada la empresa OHL, esto por posibles anomalías e imparcialidades por parte de los magistrados y demás impartidores de justicia del Estado de México.

La propuesta en estudio señala que hace un par de semanas se dio a conocer la grabación de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México que pusieron al descubierto hechos de corrupción y posibles conflictos de interés cometidos por la filial de la constructora española y funcionarios del Estado de México, para incrementar los precios de peaje en el Viaducto Bicentenario de dicha entidad, cuya concesión fue otorgada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Aquellas grabaciones generaron indignación y un reclamo generalizado de ir a fondo con las indagatorias por sumarse a la cadena de corrupción de gobiernos del PRI. A la fecha sólo han renunciado Pablo Wallentin, director de relaciones públicas de OHL y Apolinar Mena Vargas, Secretario de Comunicaciones Transportes del gobierno de Eruviel Ávila Villegas, quien además tendrá que cubrir una sanción irrisoria por haber aceptado del primero el pago de sus vacaciones en un lujoso hotel del Caribe mexicano.

Empero nuevas grabaciones difundidas la semana pasada, ponen en tela de juicio ahora al propio Poder Judicial en la posible comisión de sobornos por parte de directivos de la empresa OHL. En estas revelaciones, aparece otra vez Pablo Vallentin en conversación telefónica sostenida con Gerardo Fernández, director jurídico de OHL México, en la que se deduce la posible entrega de dinero a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para agilizar y resolver favorablemente el trámite de juicios que lleva la empresa española.”

Los proponentes exponen que es de fundamental importancia la implementación de acciones inmediatas por el Consejo de la Judicatura pues dada la gravedad del suceso y el clima de desconfianza que se tiene a las instituciones gubernamentales no favorecen a la impartición de justicia en nuestro país.

Por último precisan también que “El artículo 106 de la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de México, dispone que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la entidad, por lo que los posibles sobornos en los que pudieran estar involucrados los magistrados referidos caen en el ámbito de su competencia. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, señala que el Consejo de la Judicatura tiene como atribución velar por la autonomía y la independencia de los miembros del Poder Judicial y evitar que se afecte su imparcialidad y libertad de juzgar. También indica que este órgano conoce de los actos de indisciplina, mala conducta, faltas graves o cuando ocurran en la comisión de un delito en el desempeño de las funciones de los juzgadores.”

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a investigar la posible comisión de cohecho y otros delitos tipificados por la ley, en los casos que se ventilan en los tribunales de la entidad en los que participa o haya participado la empresa OHL, e informar a esta Soberanía del resultado de sus investigaciones.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, vigile que en los casos que se ventilan en los tribunales federales, y particularmente en los que participa o haya participado la empresa OHL, se ajusten a los principios de libertad e imparcialidad que deben regir la impartición de justicia.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

En México  actualmente se vive un clima de desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades gubernamentales, esto derivado de la mala actuación de las mismas y la corrupción que se ha hecho presente en todos los niveles de gobierno, si a esto se le suma las nuevas evidencias de corrupción que surgieron, el malestar social es evidente y la credibilidad de las instituciones podría estar en juego.

En ese sentido como ya se ha señalado, los proponentes en sus consideraciones exponen la necesidad de que el Consejo de la Judicatura investigue y sanciones a los probables responsables de los actos de corrupción que se han mencionado ya que el Poder Judicial se ha visto envuelto en estos asuntos.

Con motivo de lo anterior, la proponente señaló como fundamento para la actuación del Consejo de la Judicatura la Constitución Política del Estado libre y Soberano de México que establece:

Artículo 106.

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura del Estado de México, conforme a las bases que señala esta Constitución y las leyes respectivas.

Por otro lado, también cita a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México que en su cuerpo normativo menciona:

Artículo 52.-

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura conforme a las bases que señala la Constitución Política del Estado y esta ley

Artículo 63.-

Son facultades del Consejo de la Judicatura:

I. Velar por la autonomía y la independencia de los miembros del Poder Judicial y evitar que se afecte su imparcialidad y libertad para juzgar;

II. a IV…

V. Solicitar a la Legislatura del Estado la destitución del magistrado que haya cometido delitos o faltas u omisiones graves en el desempeño de sus funciones por mala conducta, o su separación porque esté imposibilitado física o mentalmente.

Para este efecto el Consejo de la Judicatura allegará los elementos que fundamenten y motiven su petición;

VI…

VII. Imponer a los servidores públicos judiciales, previa la garantía de audiencia y defensa, las sanciones que procedan conforme a la ley y que no estén encomendadas expresamente a otras autoridades;

VIII…

IX. Suspender o destituir en el ejercicio de sus cargos a los jueces, secretarios, ejecutores y demás servidores judiciales, previa la garantía de audiencia y defensa, cuando a su juicio y comprobación de los hechos, hayan realizado actos de indisciplina, mala conducta, faltas graves o cuando incurran en la comisión de delito en el desempeño de sus funciones, denunciando, en su caso, los hechos al Ministerio Público;

X. a XXI…

XXII. Cuidar el cumplimiento y efectividad de la carrera judicial;

XXIII…

XXIV. Llevar el registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos judiciales conforme a la ley de la materia;

XXV…

XXVI. Supervisar el funcionamiento de las salas y los juzgados;

XXVII…

XXVIII. Solicitar de los magistrados del pleno del Tribunal Superior de Justicia su colaboración para el mejor desempeño de sus funciones de vigilancia; y

En base a lo anterior, esta Comisión determina que previo a un pronunciamiento sobre la actuación que está llevando a cabo el Consejo de la Judicatura de esa entidad, es conveniente solicitar información para estar en posibilidades de saber con precisión si dichas investigaciones no se están llevando a cabo aún.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, solicita respetuosamente al Poder Judicial del Estado de México, para que a través de su Consejo de la Judicatura, remita un informe a esta Soberanía sobre las investigaciones que se llevan a cabo en torno a la probable comisión de irregularidades y otros delitos tipificados por la ley, por parte de jueces o magistrados adscritos a ese Poder en relación a los juicios en los que se encuentra involucrada la empresa OHL.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a realizar un estudio para determinar el daño causado por la derrama de crudo en 2010, por la empresa British Petroleum.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio para determinar el daño en costas mexicanas del Golfo de México causado por la derrama de crudo de 2010 por la empresa British Petroleum.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de junio del 2015, la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio para determinar el daño en costas mexicanas del Golfo de México causado por la derrama de crudo de 2010 por la empresa British Petroleum.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto realizar un estudio para determinar el daño en costas de Golfo de México causado por el derrame de crudo, establecer zonas de reserva para la protección de la biodiversidad marina y solicitar información del estatus de las acciones legales contra British Petroleoum, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

La senadora proponente expone que en el 2010 se registró la fuga de petróleo crudo en el Golfo de México, concretamente en el pozo Macondo de la empresa British Petroleum.  Derivado de lo anterior, en el 2012 un juez la declaró culpable de 11 cargos de negligencia relacionados con la muerte de 11 trabajadores, otros dos relacionados con los daños al medio ambiente y uno más por obstrucción al Congreso.

Señala que a cinco años de este daño ambiental, científicos y pescadores sospecharon que una marejada submarina de crudo ya llegó a costas mexicanas, estos supuestos han puesto en alerta a comunidades de Tamaulipas hasta Yucatán, por la afectación en la reproducción pesquera de especies como el camarón, la jaiba y el tiburón.

En este sentido resalta que la pesca de jaiba en Tamaulipas se colapsó 61.8 por ciento; la de robalo en Campeche, 37.2; la captura de lebráncha Veracruzana descendió 42.5 por ciento y el rubio de Yucatán, 22 por ciento.

La proponente manifiesta que la petrolera británica ya aceptó pagar 13 mil millones de dólares a un grupo de pescadores, pero hasta ahora, la Corte Federal estadounidense no ha impartido justica a los intereses mexicanos, ya que en diversos litigios desechó una demanda interpuesta por Tamaulipas, Veracruz y Campeche, cuyos gobiernos sostenían que sus respectivas industrias pesqueras habían sido seriamente afectadas.

Precisa que la Corte estadounidense actualmente mantiene las demandas de 20 mil pescadores y del gobierno federal de nuestro país, que buscan indemnizaciones.

Añade que, recientemente un equipo de científicos norteamericanos de la Administración Nacional para el Océano y la Atmosfera afirmaron que existe un vínculo concreto entre el masivo derrame de petróleo de la compañía British Petroleum en 2010, con la muerte de delfines nariz de botella a lo largo de la parte norte del Golfo de México. Las causas de muerte de los delfines son por lesiones pulmonares y suprarrenales, causadas por nadar en aguas contaminadas de crudo.

Ante ello, considera pertinente que la SEMARNAT, realice un estudio minucioso e íntegro para poder analizar los posibles daños que pudiera generarse en costas mexicanas del Golfo de México y si nuestra fauna marina está en riesgo. Contempla la participación de instituciones de investigación públicas como el Instituto Nacional de Pesca INAPESCA o del Instituto Nacional de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

Primero. La Comisión Permanente, del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realicen un estudio para determinar el daño en costas mexicanas del Golfo de México causado por la derrama de crudo en 2010 por la empresa British Petroleum.

Segundo. La Comisión Permanente, del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito de sus competencias, determinen zonas de reserva para la biodiversidad marina, con la finalidad de establecer medidas de protección para la recuperación y repoblación de especies afectadas en zonas de jurisdicción nacional del Gofo de México.

Tercero. La Comisión Permanente, del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que de conformidad con sus atribuciones y facultades, informe a esta soberanía sobre el estatus que guardan las demandas, interpuestas por pescadores nacionales y del Gobierno Federal Mexicano en contra de la empresa British Petroleum, por el derrame de crudo de 2010 que han afectado la actividad pesquera nacional en las costas mexicanas.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones:

El petróleo ha sido parte fundamental en la economía del mundo, ha contribuido al desarrollo socio-económico y tecnológico de muchos países. Sin embargo el petróleo se encuentra sectorizado y es necesario extraerlo mediante complicadas excavaciones principalmente las realizadas en el mar, lo que genera riesgos de un derrame.

Un derrame de petróleo en el mar, también conocido como marea negra es un vertido de este hidrocarburo que se produce debido a un accidente o una inadecuada extracción, que contamina el medio ambiente, afectando catastróficamente los ecosistemas.

El daño colateral que provoca este tipo de eventos es de enormes proporciones considerando además su persistencia en el tiempo. Algunas de las consecuencias provocadas por un derrame de crudo son:

● Se afecta gravemente la fauna marina y las actividades relacionadas con esta, como la pesca.

● Los peces pueden incorporar contaminantes orgánicos persistentes y los depredadores que los consumen transmiten el envenenamiento provocado por el hidrocarburo de un animal a otro por la cadena alimenticia, poniendo en riesgo incluso la seguridad en la alimentación humana.

● Las aves al no poder volar por el petróleo en sus plumas se quedan en la playa y terminan muriendo de frío o de hambre.

● Derivado de la marea negra, la superficie del mar queda con una capa oscura que obstruye el paso de la luz afectando el proceso de la fotosíntesis de muchos de los organismos.

● El petróleo queda impregnado en los sedimentos de las costas y el suelo impidiendo la regeneración del ecosistema costero ya que no pueden crecer y habitar plantas y otros organismos ahí.

● Las playas son forzadas a cerrar por cuestiones de salud pública.

● Dejan sin trabajo a marineros y pescadores.

En consideración de lo anterior, esta comisión dictaminadora es consciente de la importancia que implica el atender y controlar el deterioro ambiental en México tanto en tierra como en el mar, la protección de sus ecosistemas y el cuidado de los recursos naturales.

La propuesta en dictamen solicita la intervención de la SEMARNAT, la PROFEPA y la SAGARPA para el estudio y protección y en su caso recuperación por los probables daños al ecosistema marino de nuestro país, en tal sentido, se considera adecuado precisar las facultades que en la materia tienen dichas autoridades.

Conforme a lo que dispone la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se coordinaran para llevar acabo las acciones en materia de preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, particularmente en los siguientes aspectos:

● Fomentar, promover áreas de protección, restauración, rehabilitación y conservación de los ecosistemas costeros.

● Dictar las medidas tendientes a la protección de los quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas sujetas a un estado especial de protección y determinarlas, asimismo, establecer las vedas, totales o parciales, referentes a estas especies.

En lo particular y de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la SAGARPA corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:

● Establecer las medidas administrativas y de control a que deban sujetarse las actividades de pesca y acuacultura.

● Expedir los decretos para establecer y modificar o suprimir y fijar las épocas y zonas de veda.

● Así como regular las zonas de refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran, y establecerá las épocas y zonas de veda.

● La coordinación con INAPESCA, como organismo público descentralizado responsable de la investigación científica y tecnológica del sector pesquero y de acuacultura nacional.

Con el mismo fundamento que la anterior, a la SEMARNAT corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

● Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.

● Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas naturales protegidas, y promover para su administración y vigilancia, la participación de autoridades federales o locales, y de universidades, centros de investigación y particulares.

● Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y demás dependencias y entidades de la administración pública federal.

Por su parte la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, tiene a su cargo:

● Atender emergencias ambientales en materia de derrames de hidrocarburos, fuga de gases tóxicos, emisiones tóxicas a la atmosfera.

● Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal.

● Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales, así como brindarle asesoría en asuntos de protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales competencia de la Secretaria.

De acuerdo a lo anterior se considera adecuada la intervención de las autoridades citadas, para que de acuerdo a sus respectivas atribuciones realicen un estudio para determinar el daño en costas del Golfo de México causado por el derrame de crudo, se valore la propuesta de establecer zonas de reserva para la protección de la biodiversidad marina y solicitar información del estatus de las acciones legales contra British Petroleoum.

Ante ello, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos de especial atención el reafirmar los compromisos de preservación de la biodiversidad marina, con especial atención a los posibles daños provocados por derrames de petróleo, es por ello que, aprobamos la propuesta en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realicen un estudio para determinar el daño en costas mexicanas del Golfo de México causado por la derrama de crudo en 2010 por la empresa British Petroleum.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito de sus competencias, determinen zonas de reserva para la biodiversidad marina, con la finalidad de establecer medidas de protección para la recuperación y repoblación de especies afectadas en zonas de jurisdicción nacional del Gofo de México.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que de conformidad con sus atribuciones y facultades, en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta soberanía un informe detallado sobre el estatus que guardan las demandas interpuestas por pescadores nacionales y del Gobierno Federal mexicano en contra de la empresa British Petroleum, por el derrame de crudo de 2010 que han afectado la actividad pesquera nacional en las costas mexicanas.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Por el que se solicita evaluar la pertinencia de implementar esquemas arancelarios a las importaciones de leche y sus derivados.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y de Salud a realizar las acciones necesarias para mejorar las condiciones del sector lechero nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de junio del 2015, los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y de Salud a realizar las acciones necesarias para mejorar las condiciones del sector lechero nacional.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar la intervención de diversas autoridades en beneficio de los productores del sector lechero nacional, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Los Senadores proponentes señalan que los precios de leche a nivel internacional están cayendo y las afectaciones a los productores de todo el país comienzan ya a verse reflejados en la industria.

Precisan que la producción nacional de leche ha tenido un crecimiento acumulado del 80% en los últimos 24 años y representa el tercer lugar en la industria alimentaria nacional, solo después del maíz y la carne. La competencia con otros productos similares, como la leche en polvo y la soya, y los topes puestos a los precios por las empresas que adquieren grandes volúmenes de productos lácteos, son causa del déficit de la producción nacional que ha disminuido hasta en 20% en 2015.

Señalan que la comercialización de los productos lácteos representa unos de los principales obstáculos para detonar el sector, pues diversas dependencias tales como Liconsa han disminuido la compra de leche nacional ya que utiliza sustitutos de menor precio y calidad o incluso, recurre a la compra de leche importada.

Exponen que el precio que paga Liconsa por litro de leche es de 6.20 pesos a los productores nacionales, mientras que el pago que realiza por litro de leche importada es de hasta 8.00 peso, destacando además que, México es el principal importador de leche a nivel mundial.

Manifiestan la necesidad de analizar las políticas de importación de los productos lácteos y estudiar la viabilidad de homologar precios, para no incurrir en prácticas desleales de comercialización y sobre todo, no afectar al sector nacional, quien es el más vulnerable ante esta desigualdad de precios y tecnología.

Adicionalmente señalan que dentro de las áreas de mejora del sector lechero se encuentra el tema de la calidad, el contar con precios competitivos, infraestructura adecuada y técnicas de producción eficientes para cumplir los requisitos que el sector demanda permitía incrementar los canales de comercialización, incluso dejar de ser un país importador y experimentar la exportación de productos.

Añaden que debe considerarse la transferencia tecnológica, la innovación e industrialización en los procesos de producción, pues mucho del equipo existente es obsoleto y ocasiona altos costos de producción y falta de calidad que ocasiona que los productos no puedan acceder a mercados más especializados, para lo cual, SAGARPA deberá promover programas de apoyo para el sector lechero, incrementar la oferta de recursos para proyectos productivos y de capacitación, así como coordinar ferias de comercialización y exportación con el objetivo de apoyar a los productores nacionales.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Economía a analizar la propuesta de imponer un arancel a las importaciones de leche y sus derivados con la finalidad de reactivar al sector lechero nacional, así como también se considere reducir el número de importaciones que se realizan para tener menos dependencia en el sector lechero.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Economía a elaborar una NOM oficial para especificar las medidas de comercialización de los productos lácteos nacionales e internacionales.

ARTÍCULO TERCERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a intensificar las acciones relacionadas con la transferencia tecnológica, la innovación e industrialización en los procesos de producción lecheros con el objetivo de que los productores pueda acceder a mercados más especializados.

ARTÍCULO CUARTO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incrementar la oferta de recursos para proyectos productivos y de capacitación, así como coordinar ferias de comercialización y exportación con el objetivo de apoyar a los productores nacionales.

ARTÍCULO QUINTO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y al Titular de la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) refuercen las acciones de supervisión y aprobación del etiquetado de los productos lácteos, se especifique correctamente la cantidad y porcentaje de cada ingrediente con el objetivo de que el consumidor cuente con los elementos suficientes para confiar que está adquiriendo un producto lácteo o derivado, y no se trate de fórmulas sustitutas.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

La leche ha sido uno de los alimentos básicos para el ser humano, ya que proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. La leche o sus productos desempeñan un papel importante en la dieta de los niños en poblaciones con bajo nivel de ingestión de grasas y acceso limitado a otros alimentos de origen animal, contribuye además con la ingestión necesaria de nutrientes como el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico.

Adicionalmente, el desarrollo del sector lechero tiene otros beneficios, tales como el crecimiento económico, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza ya que es una fuente regular de empleos y de ingresos.

Cabe señalar que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el primero de junio de cada año se conmemora en muchos países el “Día Mundial de la Leche” con la intención de enfocar la atención en el sector lechero, publicitando sus actividades conexas, promover el consumo de lácteos y difundir los beneficios que este grupo alimenticio proporciona al organismo.

Con la intención de apoyar al sector lechero nacional, los proponentes solicitan la intervención de las secretarías de Economía, de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en tal sentido, se considera adecuado precisar las facultades que en la materia tienen dichas autoridades.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Economía corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:

● Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal;

● Regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios;

● Establecer la Política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes;

● Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones para los Artículos de importación y exportación, y participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior;

● Estudiar y determinar mediante reglas generales, conforme a los montos globales establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio interior y exterior y el abasto, incluyendo los subsidios sobre impuestos de importación, y administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados;

● Participar con las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;

● Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la actividad comercial; así como las normas y especificaciones industriales;

● Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial y comercial;

● Promover y, en su caso, organizar la investigación técnico-industrial.

Con el mismo fundamento que la anterior, corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:

● Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales;

● Vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal; fomentar los programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal y vegetal; atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así como otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su competencia;

● Formular dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la capacitación de los productores rurales;

● Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en coordinación con la Secretaría de Economía;

● Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y comercio exterior agropecuarios;

● Organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y concursos agrícolas y pecuarios, así como de otras actividades que se desarrollen principalmente en el medio rural;

● Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento de la producción rural, así como evaluar sus resultados.

Ahora bien, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, orientado a realizar acciones de orden sanitario para proteger los recursos agrícolas, acuícolas, y pecuarios de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica, así como regular y promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de éstos, para facilitar el comercio nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal.

Por otra parte y de conformidad con la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) como órgano desconcentrado con autonomía administrativa, técnica y operativa.

En coincidencia con los proponentes, esta comisión dictaminadora considera de especial atención el impulso al sector lechero nacional, destacando el tema de calidad, precios competitivos, infraestructura adecuada, técnicas de producción eficientes y la incorporación del aspecto de innovación tecnológica, es por ello que, realizando las precisiones correspondientes aprobamos la propuesta en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Economía para que de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, evalúe la pertinencia de implementar esquemas arancelarios a las importaciones de leche y sus derivados con la finalidad de fortalecer al sector lechero nacional, así como también se considere reducir el número de importaciones que se realizan para tener menos dependencia en el sector.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a valorar la pertinencia de realizar cambios en las normas oficiales y/o en su caso elaborar una nueva, que permitan mejorar condiciones de competitividad de los productos lácteos mexicanos en relación con los importados.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a intensificar las acciones relacionadas con la transferencia tecnológica, la innovación e industrialización en los procesos de producción lecheros con el objetivo de que los productores pueda acceder a mercados más especializados.

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incrementar la oferta de recursos para proyectos productivos y de capacitación, así como coordinar ferias de comercialización y exportación con el objetivo de apoyar a los productores nacionales.

QUINTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) refuercen las acciones de supervisión y aprobación del etiquetado de los productos lácteos, se especifique correctamente la cantidad y porcentaje de cada ingrediente con el objetivo de que el consumidor cuente con los elementos suficientes para confiar que está adquiriendo un producto lácteo o derivado, y no se trate de fórmulas sustitutas.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Por el que se solicita una investigación sobre el cumplimiento de los servicios de telefonía celular y de uso de datos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

A. Punto de Acuerdo presentado por la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor llevar a cabo una investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los servicios que ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de junio de 2015, se presentó el siguiente punto de acuerdo:

A. De la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor llevar a cabo una investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los servicios que ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

La proponente señala la importancia que representan los servicios de telefonía celular y uso de datos para las actividades diarias de las familias y empresas mexicanas.

Advierte que, en razón de lo anterior, la falta de eficiencia y de un correcto funcionamiento de este servicio de comunicación, repercute en la vida de las personas e incide de forma directa en la productividad de las empresas.

Manifiesta que es común tener conocimiento de quejas por parte de múltiples usuarios, a través de las cuales lamentan una mala prestación del servicio, a pesar de los términos estipulados en los contratos de servicios.

Por lo que, atendiendo a lo dispuesto por la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones publicada el 11 de junio de 2013, y a las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) previstas en la ley, dentro de las que se encuentra la de darle seguimiento a las quejas interpuestas por los consumidores en contra de las empresas que ofrecen estos servicios, realizar las investigaciones pertinentes, y en su caso, aplicar las sanciones correspondientes, estima pertinente exhortar a dicho órgano a ejercer dicha atribución.

Asimismo, señala que el elevado número de quejas, coincide con las cifras advertidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la cual emitió una recomendación en 2014, con el fin de exhortar a ciertas compañías para que cumplieran con lo establecido en sus contratos.

Refiere que la PROFECO e IFETEL signaron un convenio de colaboración y concertación de acciones, el cual busca coordinar las acciones que ambas instituciones tendrán que hacer en beneficio de los usuarios de telefonía celular; y en el que se establecieron las bases para que éstos tengan el derecho de presentar sus quejas contra el incumplimiento por parte de las empresas.

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señalan:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que en virtud de sus atribuciones respectivas lleven a cabo una investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los servicios que ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos (internet), y en caso de no cumplirlos fijar las multas correspondientes conforma a la ley además de resarcir económicamente el daño a los usuarios.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus facultades lleve a cabo una campaña nacional de información sobre el procedimiento para interponer las denuncias en contra de los prestadores de servicios de servicio de telefonía celular y del uso de datos.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una investigación sobre las violaciones recurrentes de las compa 2013, y a las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) de telecomunicaciones publicada el 11 de junio deñías prestadoras del servicio de telefonía celular y del uso de datos, en contra de los consumidores, y fijar las penas que conforme a la ley procedan.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de atender la problemática que plantea la proponente y en la pertinencia de exhortar a los órganos que señalan para que actúen, en el ámbito de sus atribuciones, con la finalidad de proteger los derechos de los usuarios en el sector de las telecomunicaciones.

Asimismo, se conviene en que atender la inquietud planteada es fundamental debido al papel central de las telecomunicaciones en el fortalecimiento de los derechos de los mexicanos y en el impulso al desarrollo de nuestro país. Lo cual coincide con el espíritu de la reforma constitucional en la materia, publicada el 11 de junio de 2013, al promover acciones que contribuyen a respaldar lo estipulado en la fracción II, apartado B, del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Precepto que establece que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

Por lo anterior, los concesionarios están obligados a prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas con los usuarios, por lo que esta Comisión considera que la adecuada supervisión y sanción de las irregularidades presentadas en la contratación de servicios de telecomunicaciones representan medidas que permiten la aplicación de lo estipulado en el texto constitucional previamente citado.

La verificación del cumplimiento de los términos estipulados en los contratos de adhesión resulta fundamental para asegurar los derechos de los consumidores y los beneficios de las telecomunicaciones en nuestro país.

Como la proponente lo señala se considera que tanto la Procuraduría Federal del Consumidor como el Instituto Federal de Telecomunicaciones cuentan con facultades, para implementar acciones que contribuyan a salvaguardar los derechos de los usuarios. El primero de ellos, de conformidad con lo estipulado en la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene atribuciones para promover y proteger los derechos del consumidor; aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; y vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley.

De igual forma, al Instituto Federal de Telecomunicaciones corresponde vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y ejercer facultades de supervisión y verificación, a fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice con apego a la Ley y a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, a los títulos de concesión y a las resoluciones expedidas por el propio Instituto.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que en virtud de sus atribuciones respectivas lleven a cabo una investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los servicios que ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos, y en caso de no cumplirlos fijar las multas correspondientes conforma a la ley, además de resarcir económicamente el daño a los usuarios.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo una campaña nacional de información sobre el procedimiento para interponer las denuncias en contra de los prestadores de servicios de telefonía celular y uso de datos.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una investigación sobre las violaciones recurrentes de las compañías prestadoras del servicio de telefonía celular y del uso de datos, en contra de los consumidores, y fijar las penas que conforme a la ley procedan.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a desarrollar un proyecto de organización de bancos comunitarios indígenas de semillas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a desarrollar un proyecto de organización de bancos comunitarios indígenas de semillas, con un plan de capacitación para sus miembros, presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 3 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación desarrolle un proyecto de organización de bancos comunitarios indígenas de semillas con un plan de capacitación para sus miembros.

El Senador proponente señala que la seguridad alimentaria es un concepto que ha evolucionado a lo largo del tiempo. En los años 70 se identificaba con el manejo de los inventarios de alimentos. En los años 80, el concepto se concentraba a la autosuficiencia; y es en la década de los 90 cuando se reconoce que el problema no debe reducirse a la disponibilidad de alimentos: el acceso a los alimentos se convierte en el tema central y en la actualidad se utiliza un concepto más amplio de seguridad alimentaria.

El tema de la seguridad alimentaria saltó a la primera página de las agendas políticas mundiales a raíz de los acontecimientos que se desencadenaron tras la aparición de la crisis financiera energética y alimentaria de 2008. En el periodo 2005-2008 la población subalimentada en los países en desarrollo disminuyó 33 millones de personas (de 885 a 852 millones), sin embargo en el periodo 2008-2012 la población con subalimentación permaneció invariable.

Adicionalmente, de acuerdo a la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.

El proponente señala que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.”

Por otra parte, se señala que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los índices de carencia alimentaria aumentaron de 21.7 a 24.9% de la población entre 2008 y 2010. Sus estadísticas también muestran que en 40% de los municipios del país el porcentaje de la población en situación de pobreza es mayor al 75%. Destaca que la mayoría de éstos son municipios pequeños, en localidades rurales y con altos porcentajes de población indígena [PND 2013-2018].

En México hay 68 pueblos indígenas cuyas comunidades tienen rasgos culturales comunes como el uso de lenguas originarias y formas propias de organización.

El grupo de personas pertenecientes a los pueblos originarios del país (indígenas) tuvo en 2010 y en 2012 los niveles de pobreza más altos en el país (74.8 y 72.3% en cada año, respectivamente). Casi tres de cada cuatro indígenas eran pobres (8.5 millones en 2010 y 8.2 millones en 2012), mientras entre la población no indígena esta proporción fue en 2010 de 42.9 y de 42.6% en 2012. Además, el promedio de carencias sociales entre las personas en pobreza de este grupo de población fue de 3.0 carencias en 2012, en tanto entre la población no indígena pobre de 2.2, lo que significó que la población indígena en pobreza padecía más carencias sociales.

No obstante, la disminución estadísticamente significativa de la pobreza extrema entre indígenas (de 37.8 a 30.6%) y la población no indígena (de 8.4 a 7.6 %), la diferencia sigue siendo cuatro veces mayor.

Ante esta problemática el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 plantea como una de sus estrategias “el asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los individuos en condición de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa”.

En atención a los pueblos indígenas este Plan tiene contemplado fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas a través de la estrategia 2.2.3. “fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”, a través de varias líneas de acción entre las que destacan:”

● Promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas, a través de la implementación de acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la comercialización de los productos generados que vaya en línea con su cultura y valores.

● Impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales existentes en las regiones indígenas y para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, aprovechando sus conocimientos tradicionales.

Por otro lado, desde la perspectiva del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (PSDAP) 2013-2018 el concepto de seguridad alimentaria incluye también el criterio de un coeficiente aceptable de la producción nacional de granos básicos y oleaginosas, planteando como meta para el 2018 el producir el 75% de la oferta total de granos básicos y oleaginosas (maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz y soya), ya que la tierra cultivable como factor estratégico de producción asciende a alrededor de 26 millones de hectáreas, donde anualmente se cultivan en promedio 22 millones.

En el campo existe una alta dependencia en algunos insumos como los fertilizantes, de los cuales importamos casi cuatro quintas partes del consumo (77%), frenando la integración de insumos estratégicos nacionales en la cadena productiva. Por lo que respecta a las semillas, las y los productores no tienen disponibilidad adecuada de semillas de calidad (criollas, mejoradas, sintéticas) que permitan aumentar la productividad de sus tierras.

Una de las actividades que desarrollan las comunidades indígenas como pequeños productores es la agricultura, sin embargo en muchas ocasiones el abasto de los insumos para su desarrollo no es suficiente, problemática que se incrementa por los problemas de pobreza y alimentación que tienen estos pueblos entre otras más carencias sociales.

Un pequeño productor de tres hectáreas no tiene la misma capacidad que 100 productores asociados para optimizar las compras de insumos estratégicos (semillas y fertilizantes), para introducir maquinaria y equipo (tractores y cosechadoras, entre otros), almacenar, empacar y comercializar los productos.

Al igual que el agua, las semillas y el uso de los fertilizantes agrícolas, son componentes esenciales que contribuyen a mejorar la productividad de los cultivos, al proveer el insumo y los nutrientes necesarios para el desarrollo productivo, que permite hacer frente a la demanda de alimentos. Desafortunadamente, en cuanto a estos insumos de la producción los agricultores principalmente los pequeños tienen el problema de la carencia de semillas para cultivar.

Las semillas son el insumo agrícola más importante, así como un prerrequisito para la mayor parte de la producción mundial de alimentos. Proporcionan la base para el mejoramiento de cultivos, permitiendo a agricultores y fitomejoradores desarrollar cultivares con altos niveles de adaptación. El manejo de semillas es, por lo tanto, un tema fundamental para los agricultores y un elemento clave para enfrentar los retos que plantean las diferentes necesidades y preferencias, así como el aumento de la producción y el logro de la seguridad alimentaria.

En México existe desabasto de granos y semillas para siembra, así como la falta de inventarios, y aspectos que ocasionan aumentos constantes de precios en los productos básicos. En 2014 había un déficit de 4 mil 500 toneladas de semillas.

Una de las limitantes para los pequeños agricultores indígenas de granos básicos es el acceso a semilla certificada, por no estar disponible en cantidades suficientes en el mercado o por no tener recursos económicos para la compra de ésta, razón por la cual dejan de producir o utilizan grano de consumo como semilla que carece de mantenimiento genético y fitosanitario.

Una alternativa mediante la cual se puede contribuir al abastecimiento de semilla y a la sustentabilidad alimentaria en las comunidades indígenas, es la organización de Bancos Comunitarios Indígenas de Semilla (BCIS) que sean conducidos por los comunitarios, de manera que se produzca semilla de las variedades que las familias productoras utilizan y que han identificado que se adaptan a las condiciones ambientales de la zona donde viven.

Un BCIS podría desarrollarse como un modelo de organización de las comunidades indígenas que permita impulsar el proceso de producción, almacenamiento y comercialización de semilla apta para uno o más cultivos. Lo que implicaría el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, administrativas y productivas de los agricultores indígenas con el fin de lograr el autoabastecimiento coadyuvando a la producción y sobre todo a la autosuficiencia alimentaria.

En la conformación de los BCIS se considerarían aspectos de género y agricultura amigable con el medio ambiente de cada comunidad que contribuyan a mejorar la seguridad y sustentabilidad alimentaria.

Finalmente, el proponente señala que los beneficios esperados de los BCIS serán los siguientes:

● Sostenibilidad organizativa, económica, social y ambiental;

● Promover acciones participativas para la organización y toma de decisiones de grupos;

● Solidaridad de grupo ante la escasez de semilla con un enfoque estratégico y emprendedor.

● La creación de vínculos de colaboración y alianzas entre comunidades indígenas y actores locales.

● Propiciar una visión empresarial con carácter social que genere la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades indígenas.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación con el apoyo de sus Delegaciones en los Estados, a desarrollar un proyecto de organización de Bancos Comunitarios Indígenas de Semillas (BCIS), con un Plan de Capacitación para sus miembros, así como al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), para que conjuntamente colabore con identificar la problemática y necesidades en materia de semillas de cada comunidad indígena.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

D. Los miembros de esta comisión dictaminadora coincidimos plenamente con las ideas propuestas por el Senador proponente. La seguridad alimentaria, como se ha plasmado en el cuerpo de la proposición que se dictamina, es uno de los temas más importantes de este país, y como legisladores, tenemos la encomienda de velar porque en este país ningún mexicano tenga carencia por acceso a la alimentación, por lo que expresamos nuestro beneplácito ante semejante propuesta.

Esta Comisión dictaminadora es consciente de la problemática que enfrentan los indígenas de este país, que como lo expone el proponente y con cifras del CONEVAL, la población indígena es la más vulnerable.

Por otra parte, es importante señalar que la propuesta en comento se encuentra alineada con lo establecido en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (PSDAP) 2013-2018 en el concepto de seguridad alimentaria, lo que significa que desde el Congreso de la Unión se plantean alternativas que el Gobierno Federal no ha planteado, situación que representa un notable esfuerzo del Poder Legislativo para dar cauce a los grandes problemas del país.

En otro orden de ideas, los miembros de esta Comisión dictaminadora estamos conscientes de la problemática que prevalece en el campo mexicano en donde existe una alta dependencia en algunos insumos como los fertilizantes, de los cuales importamos casi cuatro quintas partes del consumo (77%), frenando la integración de insumos estratégicos nacionales en la cadena productiva.

Esta Comisión coincide con el proponente en cuanto que hay que ayudar a incrementar la productividad de las tierras cultivables, por lo que contar con una adecuada disponibilidad de semillas de calidad se convierte en una premisa esencial para el desarrollo agrario nacional.

En ese sentido, y en línea con los argumentos expuestos por el Senador proponente, nuestra población indígena, que en su extensa mayoría se encuentra integrada por pequeños productores, comúnmente enfrentan desabasto en los insumos para su desarrollo, por lo que se vuelve complicado que ellos puedan superar su condición de pobreza.

Los legisladores miembros de esta Tercera Comisión coincidimos con los argumentos planteados, sobre todo en lo referente a la creación de los bancos de semillas, pues tal y como se plantea, permitirán el impulso en el proceso de producción, almacenamiento y comercialización de las semillas aptas para uno o más cultivos. Lo que implicaría el fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas y productivas de los agricultores indígenas con el fin de lograr el autoabastecimiento coadyuvando a la producción y sobre todo a la autosuficiencia alimentaria.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación con el apoyo de sus Delegaciones en los Estados, a desarrollar un proyecto de organización de Bancos Comunitarios Indígenas de Semillas (BCIS), con un Plan de Capacitación para sus miembros, así como al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), para que conjuntamente colabore con identificar la problemática y necesidades en materia de semillas de cada comunidad indígena, de manera que se proteja el patrimonio agroalimentario de los pueblos y se evite la contaminación de semillas transgénicas, mediante programas específicos que formule dicha Secretaría.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 26 de mayo de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Por el que se solicita un informe sobre las acciones que se han llevado a cabo respecto al programa de atención a jornaleros agrícolas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

A. Punto de Acuerdo presentado por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a dar cuenta de las acciones que ha realizado con respecto a los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de junio de 2015, se presentó el siguiente punto de acuerdo:

B. Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a dar cuenta de las acciones que ha realizado con respecto a los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

El proponente manifiesta que las condiciones laborales en las que se encuentran las y los jornaleros en nuestro país son muy lamentables.

Señala que las reiteradas ocasiones en las que dichos trabajadores ven vulnerados sus derechos humanos, los ha colocado en una situación de vulnerabilidad que debe ser atendida por el Estado Mexicano.

A este respecto, establece que con fecha 27 de diciembre de 2014, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2015, el cual se destinaría a la población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, rezago y de marginación, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo; protección social y programas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establecido por la ley.

Sin embargo, considera que ante la situación que se vive actualmente en el Valle de San Quintín en el municipio de Ensenada, Baja California, la Secretaría de Desarrollo Social ha sido omisa en implementar y ejecutar programas que permitan erradicar las desigualdades sociales que existen respecto de las y los jornaleros del país.

Por ello, estima necesario exhortar a dicha dependencia, a efecto de que de cuenta de las acciones que ha realizado en dicha zona, respecto del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, señalando para ello las características de los programas de atención que lo comprenden, dentro de las que se encuentran: estímulos para la asistencia y permanencia escolar; acciones de protección social y participación comunitaria; acciones para potenciar el desarrollo; apoyos alimenticios a las niñas y niños; entre otros.

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señalan:

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera urgente a la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que de cuenta de las acciones que ha realizado con respecto al “PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS” en el Valle de San Quintín en el municipio de Ensenada Baja California.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de llevar a cabo acciones que permitan atender las condiciones de rezago y desigualdad que padecen los jornaleros agrícolas en nuestro país.

Al respecto, esta Comisión advierte que las precarias condiciones de trabajo y de vida; la carencia de servicios e infraestructura básica y las insuficientes opciones laborales en los lugares de origen de los trabajadores; se ha traducido en el gran tránsito migratorio de este sector de la población y en la alta vulnerabilidad de las familias jornaleras que frecuentemente sufren la violación de sus derechos humanos.

Frente a ello, la adopción de las políticas destinadas a mejorar la seguridad de los medios de subsistencia y las condiciones laborales en las que los trabajadores prestan sus servicios, se vuelven imprescindibles para garantizar el respeto a sus derechos humanos, contrarrestar las altas tasas de pobreza, inseguridad alimentaria, accidentes y enfermedades, e incidencias que afectan a los trabajadores agrícolas mexicanos.

En este sentido, se coincide con la obligación del Estado mexicano, de generar oportunidades de trabajo decente, estable y productivo en la agricultura, con salarios adecuados, que permitan a estos trabajadores garantizar la satisfacción de sus necesidades diarias y las de sus familias; mejorar sus medios de vida; respetar sus derechos humanos; garantizar condiciones seguras de trabajo; eliminar las formas de trabajo infantil que atentan contra el bienestar y el desarrollo de los niños; así como reforzar las acciones que contribuyan al desarrollo humano de quienes trabajan en los campos.

Esta Comisión advierte, que como lo señala el proponente, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, cuyas reglas de operación para el presente ejercicio fueron publicadas en diciembre de 2014, pretende consignar los objetivos anteriormente descritos.

De esta forma, el programa está orientado a la reducción de la vulnerabilidad y exclusión social de la población jornalera agrícola, mediante acciones y apoyos para la protección social, en materia de alimentación, educación, promoción del ejercicio de los derechos humanos y servicios básicos; y la disminución de las condiciones de precariedad de la población jornalera.

Por lo anterior, y considerando que recientemente han sido denunciadas las condiciones desfavorables que padecen los jornales de ciertas regiones de nuestro país, se conviene en la necesidad de velar porque los órganos del Estado garanticen la implementación de acciones que contribuyan a erradicar este grave problema.

En este sentido, es preciso señalar que la Ley General de Desarrollo Social establece el carácter prioritario que deben tener los programas de esta naturaleza, dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, como vertientes de la Política Nacional de Desarrollo Social deben ser objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con la Ley; con la finalidad de alcanzar las metas que permitan atender las zonas, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de sus derechos.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, que en un término no mayor a quince días naturales, remita un informe a esta Soberanía sobre las acciones que se han llevado a cabo respecto al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, particularmente en el Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada Baja California.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a revisar el manejo de los recursos ejercidos por la SEDATU en el estado de Guanajuato.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los órganos de control interno de la Secretaría de desarrollo Agrario Territorial y Urbano correspondientes, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior de la federación, a que en el ámbito de sus competencias y atribuciones, investiguen y en su caso finquen las responsabilidades conducentes, así como emitan las recomendaciones pertinentes, sobre el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la delegación Guanajuato SEDATU, de la Diputada Lizbeth Rosas Montero del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 3 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que se realice una investigación por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación coordinadamente para que se aclaren las anomalías presentadas por denuncia anónima respecto del desvió de recursos federales de SEDATU hacia cuentas y gastos meramente personales.

La propuesta en estudio señala que la proponente recibió una denuncia anónima por el desvío de recursos federales por parte de servidores públicos de SEDATU, en la cual se exhiben relación de cargos de la Secretaría en las que las erogaciones no cumplen con ningún gasto de programas implementados por SEDATU y sólo se reflejan gastos de índole personal ascendiendo a un aproximado de $ 123, 655.72 pesos.

“Cabe hacer mención, que al desglosarse la clase de gastos de la cantidad antes citada, imperan altos costos de pagos de productos alimenticios en tiendas comerciales que en corto tiempo presumiblemente se erogaron con cargo a los recursos presupuestados de la Unidad Responsable que nos ocupa, en las partidas presupuestales con claves 22103, 22104 y 22106. Además, del erario público federal autorizado en el capítulo de gasto 3700 servicios de traslado y viáticos usados exclusivamente para fines personales y no para el cumplimiento del desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, ni para actos y ceremonias oficiales realizadas, ni gastos de representación, al encuadrarse dichos gastos al concepto textual de tales partidas de acuerdo al Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal, es totalmente adverso a lo establecido en tal instrumento normativo.”

La proponente expone que es de fundamental importancia que se implementen acciones inmediatas por parte de los titulares de los órganos de control interno de SEDATU la Lic. Judit Aracely Gómez Molano titular del órgano de control interno y Lic. Carlos Guillermo Coronado Baas titular del área de quejas ambos de la Secretaría antes mencionada, así como por parte de la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaria de la Función Pública.

Por último la proponente precisa también que “No debe olvidarse, que la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el segundo párrafo de su artículo 1, cita que los ejecutores de gasto deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. El hecho denunciado será contundentemente probado al efectuarse una auditoría financiera y administrativa de los gastos relacionados en los Anexos 1, 2, y 3, a efecto de que se verifique si efectivamente fueron registrados y pagados con cargo al gasto público federal que nos atañe.”

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Lic. Judith Aracely Gómez Molano, Titular del órgano de control Interno de la SEDATU y al Lic. Carlos Guillermo Coronado Baas, Titular del área de quejas de la SEDATU, a que en el ámbito de sus respectivas competencias investiguen lo denunciado en el presente punto de acuerdo, y en su caso determinen el inicio del procedimiento disciplinario sancionador en contra de quien resulte responsable.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a los titulares de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública a que en el marco de sus facultades y atribuciones conozcan de la presente denuncia y le den seguimiento a la misma hasta sus últimas consecuencias.

TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente solicita a los servidores públicos exhortados a que brinden un informe inicial por escrito de lo actuado y del respectivo avance de la investigación, a esta soberanía en un término de no más de 10 días, después de aprobado el presente punto de acuerdo, y posteriormente informes mensuales del avance.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Actualmente se vive un clima de desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades gubernamentales del país derivado de la corrupción que se ha hecho presente en todos los niveles de gobierno. Evidentemente el descontento de la ciudadanía es general y por ello es necesario combatir los indicios de corrupción en las instituciones gubernamentales para obtener la confianza ciudadana y fortalecer el Estado de Derecho.

En ese sentido como ya se ha señalado, la proponente en sus consideraciones expone la necesidad de que se realicen investigaciones a los servidores públicos que prestan sus servicios en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, esto derivado de una denuncia anónima que señala erogaciones superfluas y personales de dicha Secretaría con delegación en Guanajuato.

Con motivo de lo anterior, la proponente señaló como fundamento para realización de dichas investigaciones en numeral primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la letra dice:

Artículo 1.

La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Por otro lado, la que dictamina considera necesario hacer mención de las autoridades citadas y su ámbito competencial para que actúen conforme a la presente solicitud, de esta manera la SFP y SEDATU se encargaran de investigar respecto de las siguientes atribuciones:

1) La Secretaria de la Función Pública en observancia de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 106. (LPRH)

Los ejecutores de gasto, en el manejo de los recursos públicos federales, deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En la recaudación y el endeudamiento público del Gobierno Federal, la Secretaría y las entidades estarán obligadas a proporcionar a la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de las disposiciones aplicables, la información que éstas requieran legalmente.

ARTICULO 10. (LFRASP)

En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público.

La Secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia

ARTICULO 18. (LFRASP)

Cuando por la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones la Secretaría estime que ella debe instruir el procedimiento disciplinario, requerirá al contralor interno, al titular del área de responsabilidades o al titular del área de quejas el envío del expediente respectivo, e impondrá, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes.

2) En cuanto a la SEDATU, esta se rige bajo si reglamento interno que a la letra dice:

Artículo 33.

Al frente del Órgano Interno de Control habrá un Titular designado en los términos de la legislación aplicable. De igual manera, con sujeción al presupuesto autorizado, el Registro Agrario Nacional contará con un Órgano Interno de Control.

La Secretaría y el Registro Agrario Nacional proporcionarán a los respectivos Titulares de la Unidad, los recursos humanos y materiales que requieran para la atención de los asuntos a su cargo.

Los servidores públicos de la Secretaría y del Registro Agrario Nacional están obligados a proporcionar el auxilio que requieran los titulares de los órganos Internos de Control respectivos, para el ejercicio de sus facultades.

- Tramitar y resolver quejas y denuncias en contra de servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

- Auditar a las unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

- Investigar y resolver las inconformidades en los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas llevadas a cabo por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

- Realizar revisiones de control a las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

- Resolver los procedimientos administrativos de responsabilidades en contra de servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En este tenor, las facultades y atribuciones de las autoridades antes mencionadas resultan, aplicables al caso concreto debido a su propia naturaleza, por lo cual es recomendable abarcar a todas las autoridades con injerencia en el tema para depurar los posibles casos de corrupción que se actualicen en la dependencia con delegación en Guanajuato.

Por lo que esta Comisión dictaminadora considera conveniente incluir a la Secretaría de la Función Pública y a la SEDATU en el exhorto que esta soberanía dirija a las autoridades de correspondientes para que actúen en coordinación y garanticen la transparencia, seguridad, honestidad y credibilidad de las instituciones gubernamentales de la entidad, en específico de la SEDATU.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el marco de sus atribuciones, revisen el manejo de los recursos ejercidos por la SEDATU en el estado de Guanajuato en el ejercicio fiscal 2014, para que en caso de existir alguna irregularidad en el ejercicio de los recursos, se realicen las investigaciones conducentes y se impongan las sanciones que por ley procedan; asimismo, se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita un informe detallado sobre los recursos ejercidos por la dependencia en el estado de Guanajuato en el ejercicio fiscal 2014.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta al gobierno del estado de Nayarit a informar sobre la elección del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nayarit a instruir al Secretario de Economía y Trabajo del estado, así como al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado, a efecto de que comparezcan y expliquen las razones, motivos y circunstancias del porqué de la negativa de otorgar la toma de nota al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y municipios, presentada por el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 3 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“El Estado de Nayarit como cualquier otra entidad federativa, incluso el propio gobierno federal, necesita para prestar y otorgar de manera oportuna y eficaz, a sus trabajadores y trabajadoras que día a día atienden la problemática y la demanda de los ciudadanos, generando o encausando las soluciones, en tal virtud el Estado de Nayarit tiene una relación de contratación colectiva con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del estado y municipio SUTSEM, sindicato que fue formado por la voluntad democrática y en el ejercicio de su libertad sindical por los trabajadores, según consta en el registro 01-1978 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit.

El referido organismo sindical convoco a elecciones para renovar su Comité Ejecutivo Estatal, cuya fecha electiva se señaló para el día 29 de noviembre del año 2014, teniendo como fecha límite de registro de planillas el día 21 de noviembre de ese mismo año, atentos a lo anterior y de acuerdo a la documentación con la cual se cuenta, solo se registró una planilla que fue encabezada por la señora AGUEDA GALICIA JIMÉNEZ, y el día de la elección fue respaldada por el voto de 8700 trabajadores, de un total de 9524 que equivale al 91% de la membresía del sindicato, cumplidas las normas estatutarias se acude al Tribunal de Conciliación y Arbitraje a efecto de que expida la toma de nota, entendida esta, como la posibilidad jurídica de la autoridad administrativa para tan solo cotejar las actas de elección con las disposiciones estatutarias, es decir, como un trámite formal de protocolo normativo, mas no como la oportunidad perversa del estado para violentar la vida de las organizaciones sindicales, socavar y conculcar el derecho humano de los trabajadores al ejercicio pleno de su libertad sindical.

En días posteriores a la fecha de elección, del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato, los Nayaritas vimos con sorpresa que el tribunal de conciliación y arbitraje en el estado de Nayarit, organismo que depende de la Secretaria del Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado, negó la toma de nota, sorpresa que paso a preocupación, en cuanto se conocen las denuncias de que tanto el Gobierno del Estado, así como diversos Ayuntamiento Municipales, le adeudan a los trabajadores diferentes prestaciones legales y contractuales, lo que origina una grave omisión a la obligación de pago, los cuales se pueden enumerar, en falta de pago de aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, resoluciones jurídicas pendientes de pago, así como porciones económicas que no han sido enteradas a terceros institucionales como son el fondo de mutualidad, el fondo de ahorro, la omisión de depositar lo que corresponde a la parte patronal, al fondo de pensiones y jubilaciones, así como se acentúa la gravedad al retener las cuotas sindicales que los trabajadores aportan como socios y miembros de su sindicato.

Por estos elementos existe la preocupación, de que se estén utilizando las instituciones del poder público como instrumento de intervencionistas, para lesionar a un organismo sindical y con ello violentar los derechos humanos de los trabajadores, al trabajo, a la libertad sindical y a su derecho de organización.”

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO. La Comisión Permanente hace un respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, para que por su conducto, se instruya al Secretario de Economía y Trabajo del Estado, así como al Presidente del Tribual de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a efecto de que comparezcan ante esta Soberanía y expliquen, las razones, motivos y circunstancias del porqué de la negativa de otorgar la toma de nota, al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios “SUTSEM” de las elecciones sindicales realizadas el día 29 de noviembre del año 2014.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

La que dictamina coincide con el proponente que la libertad sindical es un derecho humano, que el constituyente reconoce a los mexicanos, para que se organicen en defensa de sus intereses laborales y gremiales.

El artículo 123 Constitucional apartado “B” fracción X  establece:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

A. …

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

I. a IX. …

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra;

XI. a XIV. …

F. Dentro de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional  establece que los sindicatos son las asociaciones de trabajadores que laboran en una misma dependencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.

En cuanto al registro y representación de los sindicatos el artículo 72 y 77 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional  estipulan lo siguiente:

Artículo 72.- Los sindicatos serán registrados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a cuyo efecto remitirán a éste, por duplicado, los siguientes documentos.

I.- El acta de la asamblea constitutiva o copia de ella autorizada por la directiva de la agrupación;

II.- Los estatutos del sindicato.

III.- El acta de la sesión en que se haya designado la directiva o copia autorizada de aquella, y

IV.- Una lista de los miembros de que se componga el sindicato, con expresión de nombres, de cada uno, estado civil, edad, empleo que desempeña, sueldo que perciba y relación pormenorizada de sus antecedentes como trabajador.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios que estime más prácticos y eficaces, que no existe otra asociación sindical dentro de la dependencia de que se trate y que la peticionaria cuenta con la mayoría de los trabajadores de esa unidad, para proceder, en su caso, al registro.

Artículo 77.- Son obligaciones de los sindicatos:

I.- …

II.- Comunicar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro de los diez días siguientes a cada elección, los cambios que ocurrieren en su directiva o en su comité ejecutivo, las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que sufran los Estatutos;

III. a IV. …

H. De acuerdo al decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit publicado el 24 de octubre de 2014 en el periódico oficial del estado de Nayarit se fusionan la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría del Trabajo y se crea la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico.

I. Las fracciones XXXVI y XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit establece:

Artículo 39. A la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico le corresponden las siguientes atribuciones:

I. a XXXV. …

XXXVI. Coadyuvar con las autoridades federales a la aplicación y vigilancia de las normas de trabajo y poner a su disposición la información que soliciten para el cumplimiento de sus funciones;

XXXVII. Coordinar el funcionamiento de la Junta Local y las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero patronal y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como vigilar el funcionamiento de los mismos;

En razón de lo anterior, los integrantes de esta Comisión coinciden en que al ser un sindicato la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses es necesario garantizar este derecho humano consagrado en la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nayarit, para que a través de la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico del Estado, informe a esta soberanía en un término no mayor a 15 días naturales, el estado que guarda la elección del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y  Municipios “SUTSEM” de las elecciones sindicales realizadas el día 29 de noviembre del año 2014.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios de la Administración Pública Federal.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Energía a acelerar el proceso de publicación del programa de energías limpias en la Administración Pública.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 10 de junio del 2015, el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a acelerar el proceso de publicación del programa de energías limpias en la Administración Pública.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar a las autoridades que publiquen el programa de energías limpias en la Administración Pública, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

El proponente expone que la energía solar fotovoltaica está experimentando un rápido crecimiento a nivel global (55% en promedio de los últimos cinco años), añade que este tipo de energía está empezando a jugar un papel sustancial en la generación de electricidad en países europeos y está abriendo nuevos mercados en África, Asia y América Latina.

Precisa que en México la Estrategia Nacional de Energía reconoce que nuestro país dispone indiscutiblemente de un alto potencial renovable, con un amplio portafolio de recursos, identificando un potencial al año 2020, de 6 mil megawatts de energía solar, de los cuales el aprovechamiento actual es casi nulo.

Señala que, en cuanto a políticas gubernamentales sobre energías renovables destaca el “Programa de Energías Limpias en la Administración Pública”, el cual busca proporcionar a los edificios de la Administración Pública Federal la capacidad de autoabastecimiento de energía eléctrica, a través del aprovechamiento de energías renovables y con ello obtener un ahorro sustancial en la operación y mantenimiento.

En ese sentido indica que la Secretaría de Energía manifiesta en su página electrónica que el Programa antes mencionado se encuentra en etapa de desarrollo, sin indicar mayores detalles.

Por último señala que se solicitó a dicha secretaría información sobre el grado de avance del Programa, así como en las medidas de fomento a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios de la APF y su repuesta fue que el Programa continúa en etapa de desarrollo, teniendo contemplada su terminación en este año 2015.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía a acelerar el proceso de publicación del Programa de Energías Limpias en la Administración Pública, así como a informar sobre los avances en el objetivo de fomento a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios de la Administración Pública Federal.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

El sector de la Energía Renovable, a pesar de ser una industria que inicia en México, ha crecido favorablemente en los últimos años, principalmente en temas de energía eólica y solar.

Las “energías limpias” constituyen un sistema de producción de energía que no genera residuos ya que utiliza fuentes naturales. Las fuentes de energía limpia más comúnmente utilizadas son la energía geotérmica, la eólica, la hidroeléctrica y la solar.

La Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética cuyo objeto es regular el aprovechamiento de este tipo de energías y tecnologías limpias, así como establecer la estrategia nacional para la transición energética, establece que el estado mexicano promoverá la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.

En este sentido, la ley establece que la Secretaría de Energía elaborará y coordinará la ejecución del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables. Dicho programa fue publicado en el DOF el 28 de abril de 2014 y dentro de los objetivos del “Programa Sectorial de Energía” concretamente en el objetivo cinco, se encuentra previsto el ampliar la utilización de fuentes de energía limpia y renovable, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.

Ahora bien, la citada ley, contempla también la implementación de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, estableciendo que el Estado mexicano impulsará las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.

En este orden de ideas y como lo ha expuesto el proponente en sus consideraciones, la Secretaría de Energía, mediante su portal web señala que para incrementar y acelerar la utilización de éstas tecnologías, contribuyendo al mismo tiempo a mantener la seguridad energética y la sustentabilidad ambiental, ha implementado diversas acciones, entre las cuales destacan, el fomento a las energías renovables por medio de la implementación de programas y proyectos, destacando entre estos el “Programa de Energías Limpias en la Administración Pública” en etapa de desarrollo de acuerdo a la misma fuente.

De acuerdo a lo anterior y en congruencia con la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, con la Estrategia Nacional para la Transición Energética, así como el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, esta comisión dictaminadora coindice con el proponente, en promover una mayor y más pronta integración de tecnologías para el aprovechamiento de energías limpias por parte de las dependencias gubernamentales.

Ante ello, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos de especial atención el adecuado aprovechamiento de los recursos renovables de nuestro país y la generación de energías limpias es por ello que, realizando las precisiones correspondientes aprobamos la propuesta en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía a acelerar la publicación e implementación del Programa de Energías Limpias en la Administración Pública; asimismo, se solicita que en un término no mayor a 15 días naturales, se remita a esta soberanía un informe sobre los avances en el objetivo de fomento a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios de la Administración Pública Federal.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Por el que solicita a PEMEX un informe sobre la situación de derechos laborales de los trabajadores.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director de Petróleos Mexicanos, al Secretario de Energía y al Secretario del Trabajo  respecto de los derechos laborales y despidos de los trabajadores de PEMEX; presentada por el Diputado Danner González Rodríguez, integrante del del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 10 de junio de 2015.

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta al Director de PEMEX, al Secretario de Energía y al Secretario del Trabajo  respecto de los derechos laborales y despidos de los trabajadores de PEMEX. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

(I) El trabajo es un derecho constitucional por el que debe velarse.

(II) PEMEX atraviesa por uno de los momentos más difíciles desde su creación, a pesar de la aprobación de las reformas energéticas.

(III) En febrero de 2015, el Director General  de PEMEX dio a conocer que habría despidos de personal de confianza y sindicalizados.

(IV) El 15 de marzo, en Coatzacoalcos, Veracruz, se despidieron a 400 trabajadores sindicalizados, lo que suma más de 10 mil que ya no trabajan desde el 10 de enero de este año.

(V) Se espera el despido de 60 mil trabajadores sindicalizados como consecuencia de la reducción del presupuesto de PEMEX en más de 62 mil millones de pesos.

(VI) Fue un error del gobierno federal el déficit en el presupuesto de PEMEX.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

“Primero.-Se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, y al Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, a que respeten los derechos laborales de los trabajadores de la empresa, a que no se despida a ningún trabajador más y a que se reinstale a los trabajadores petroleros que han sido despedidos.

Segundo.- Se exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a que salvaguarde los derechos de los trabajadores del sector energético del país, poniendo especial énfasis en los trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX)”.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación del proponente ante los múltiples despidos que ha realizado PEMEX en los últimos meses.

Durante 2013 y 2014, se realizarón una serie de foros y análisis sobre las reformas constitucionales de la Reforma Energética. En ese entonces y ahora, el Gobierno Federal sostuvo que a través de esa reforma se tendría, entre otros beneficios, “500,000 empleos adicionales en 2018 y 2.5 millones de empleos adicionales en 2025”; es decir, el “1% adicional de crecimiento del PIB en 2018 y 2% adicional en 2025”. Sin embargo, como lo refiere el punto de acuerdo, a partir del recorte presupuestal a PEMEX de $62 mil millones de pesos en su presupuesto para este año - equivalente al 11.5 por ciento del total del gasto anual de la empresa- se han anunciado una serie de medidas que implican el despido de trabajadores.

Tan sólo, el 15 de marzo en Coatzacoalcos, Veracruz, se despidieron a 400 trabajadores sindicalizados, que se suman a los más de 10 mil trabajadores contratados por outsourcing que dejaron de laborar desde el 1º enero de este año y se espera que otros 60 mil trabajadores sindicalizados sean despedidos en los próximos meses. Actualmente,  el número de personal sindicalizado y de confianza ha descendido de manera considerable.

Esta Comisión, consciente de lo que implica la reducción en los ingresos de PEMEX, considera de vital importancia que todas las decisiones que sean tomadas en esa empresa tengan el menor impacto en términos de despido de los trabajadores y que, en su caso, ésta se realice en el marco normativo, respetando en todo momento los derechos laborales de los mismos.

PEMEX, cuenta actualmente con un aproximado de 150 mil trabajadores de los cuales aproximadamente 100 mil son sindicalizados y casi 50 mil son de confianza o eventuales; conforme al Decreto de 20 de diciembre de 2013, que reforma la Constitución General, se estableció en el transitorio Segundo:

“Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente Decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley”.

En el mismo sentido, la expedición de la Ley de Petróleos Mexicanos, en el transitorio Noveno, se dispuso:

“La modificación de la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y filiales, a que se refiere el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, así como la presente Ley, no deberá afectar en forma alguna los derechos de sus trabajadores en activo ni los de sus jubilados y pensionados”.

Finalmente, se considera que en una interpretación de la fracción VIII del artículo 46 de la Ley antes citada, los derechos de los trabajadores de la empresa petrolera deberán ser regulados por lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo.

F. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a Petróleos Mexicanos, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe con respecto a la situación de derechos laborales de los trabajadores de la empresa, en particular de los ajustes de la plantilla laboral que como consecuencia de los recortes presupuestales haya hecho o tenga pensado hacer.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que salvaguarde los derechos de los trabajadores del sector energético del país.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

Ver más en http://www.presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!landing





 

Que exhorta a regular los servicios que prestan las organizadoras de eventos sociales.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a regular los servicios que presten los organizadores de bodas, a través de contratos de adhesión.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 10 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que se realice una supervisión por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor de los derechos del consumidor, respecto de los organizadores de bodas, esto por la incertidumbre jurídica que se presenta en las circunstancias propias del matrimonio.

La propuesta en estudio señala que se vulneran los derechos del consumidor cotidianamente y los próximos esposos contratantes de este tipo de servicio no son ajenos a los agravios ya que no cuentan con certeza jurídica en el  momento de contratar y menos en el momento de ejecutar lo pactado con el organizador de bodas.

“Hay que tener presente que quienes contraen matrimonio son consumidores y que en un acontecimiento de tal relevancia se pueden presentar situaciones de último momento que tienen que resolverse, como lo podría ser el aumento de invitados a la boda o la cancelación anticipada del número de asistentes que se tenían considerados en un principio, lo cual representa un problema tanto para los novios como para quien organiza el evento por las repercusiones económicas que tiene…”

La proponente expone que es de fundamental importancia que se implemente un contrato de adhesión que se apegue en su mayor medida a la legalidad, en específico a los artículos 86 BIS, 86 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Por último la proponente precisa también que “La regularización que se propone daría seguridad jurídica tanto a los consumidores contrayentes como a los proveedores organizadores de bodas.”

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a regular los servicios que prestan los organizadores de bodas a través de contratos de adhesión.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Actualmente en México existe una carencia de normatividad que proteja de forma certera y contundente al consumidor, es por ello que existen diversas anomalías en las prestaciones de los servicios de cualquier índole, sin embargo las bodas conllevan una serie de emociones que pueden ser un factor sensible en su esfera jurídica al verse afectada por la mala prestación de un servicio indispensable para los esposos o cualquier otro consumidor de este tipo de servicios.

Dentro de los problemas más comunes en la organización de este tipo de eventos se encuentran; la organización desmedida del lugar que se rentó para celebrar el evento, la confirmación de la asistencia por parte de los familiares y la asistencia inesperada de personas que no cuentan con los tickets suficientes para acceder al lugar. Derivado de estos problemas, aquel que se encargó de organizar el evento ya sea persona física o moral, tiende a resolverlos causando una afectación económica a sus consumidores bajo el argumento de que este tipo de circunstancias no se contemplaban en el acuerdo inicial y es por ello que les generará un costo adicional. Es evidente, que ante las circunstancias los consumidores aceptarán las condiciones con tal de que se solucione el inconveniente, aceptando tarifas o cobros adicionales notoriamente abusivos.

En ese sentido como ya se ha señalado, la proponente en sus consideraciones expone la necesidad de que se realicen acciones para regular a los organizadores de bodas que prestan sus servicios en un tenor de incertidumbre jurídica que puede prestarse a abusos por parte de éstos hacia los consumidores y vulnerar la esfera jurídica de éstos últimos.

Con motivo de lo anterior, la proponente señaló como fundamento para realización de dichas regulaciones la Ley Federal de Protección al Consumidor que a la letra   establece:

ARTÍCULO 85.- Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme. Además, no podrá  implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley.

ARTÍCULO 86.- La Secretaría, mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar contratos de adhesión a registro previo ante la Procuraduría cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento. Las normas podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones, excepto precio. Los contratos de adhesión sujetos a registro deberán contener una cláusula en la que se determine que la Procuraduría será competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de los mismos. Asimismo, deberán señalar el número de registro otorgado por la Procuraduría.

ARTÍCULO 86 BIS.- En los contratos de adhesión de prestación de servicios deben incluirse por escrito o por vía electrónica los servicios adicionales, especiales, o conexos, que pueda solicitar el consumidor de forma opcional por conducto y medio del servicio básico. El proveedor sólo podrá prestar un servicio adicional o conexo no previsto en el contrato original si cuenta con el consentimiento expreso del consumidor, ya sea por escrito o por vía electrónica.

ARTÍCULO 86 TER.- En los contratos de adhesión de prestación de servicios, el consumidor gozará de las siguientes prerrogativas:

I. Adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico;

II. Contratar la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos con el proveedor que elija;

III. Dar por terminada la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico en el momento que lo manifieste de manera expresa al proveedor, sin que ello implique que proceda la suspensión o la cancelación de la prestación del servicio básico. El consumidor sólo podrá hacer uso de esta prerrogativa si se encontrare al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y se hubiese vencido el plazo mínimo pactado; y

IV. Las demás prerrogativas que señalen ésta y otras leyes o reglamentos.

El consumidor gozará de las anteriores prerrogativas aun cuando no hubieren sido incluidas de manera expresa en el clausulado del contrato de adhesión de que se trate.

Esta comisión dictaminadora coincide con la intención de la Diputada proponente de asegurar y proteger los intereses de los consumidores de servicios para eventos matrimoniales o de otro tipo, por esto considera importante mencionar las atribuciones de la autoridad en la materia para encausar el exhorto correspondiente, de esta forma se cita a la Ley Federal de Protección al Consumidor que menciona:

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

II. a VIII…

IX bis.- Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y uso de códigos de ética, por parte de proveedores, que incorporen los principios previstos por esta Ley respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología;

X. Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios y elaborar estudios relativos;

XI. a XIV…

XV. Registrar los contratos de adhesión que lo requieran, cuando cumplan la normatividad aplicable, y organizar y llevar el Registro Público de contratos de adhesión;

Resulta importante mencionar que dentro de las atribuciones mencionadas en la Ley, la Procuraduría Federal del Consumidor, puede coordinarse con otras dependencias gubernamentales con injerencia en la materia para lograr el resguardo y protección de los derechos del consumidor. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones, supervise y regule los servicios que prestan las personas físicas o morales organizadoras de eventos sociales a través de contratos de adhesión.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 26 de mayo de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a establecer apoyos a la industria del acero nacional.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

A. Punto de Acuerdo presentado por el Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a apoyar a la industria del acero nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de junio de 2015, se presentó el siguiente punto de acuerdo:

A. Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a apoyar a la industria del acero nacional.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

El proponente manifiesta que las empresas de la industria del acero del país enfrentan una fuerte crisis, ante la sobreproducción de la industria siderúrgica China que ha elevado sus niveles de importación, a precios por debajo de los costos reales de producción.

Advierte, que aunado a ello, las medidas aprobadas con la más reciente reforma fiscal, han colocado en desventaja a la industria nacional, lo que ha repercutido en la dificultad para mantenerse como fuentes generadoras de empleo.

Por lo anterior, establece que es preciso que el Gobierno Federal adopte medidas emergentes en apoyo tanto a productores como a trabajadores de la industria, a fin de evitar un daño irreversible a las localidades que dependen de esta actividad económica.

Considera necesario que la Secretaría de Economía tenga conocimiento de la dimensión del problema, para que realice los ajustes necesarios a las previsiones presupuestales, que permitan implementar políticas públicas que fomenten el crecimiento de tan importante sector económico.

Asimismo, estima conveniente exhortar a dicha dependencia, para que informe de manera periódica sobre los resultados de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal en su conjunto, para atender esta situación que enfrenta la industria nacional.

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señalan:

Único.- Se exhorta al Gobierno Federal a que apoye decididamente a la industria del acero, realizando los ajustes de previsión presupuestal así como de diseño e implementación de políticas públicas necesarios para apuntalar a la industria de producción, distribución y comercialización de acero nacional que se enfrenta a competencia desleal a causa de la importación de otros países cuyas industrias están fuertemente subsidiadas. Se exhorta al Secretario de economía, Idelfonso Guajardo Villarreal a que se informe periódicamente, de forma bimestral, el resultado de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal directamente a los productores de la industria del acero y a la opinión pública.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de establecer mecanismos que permitan garantizar el crecimiento del sector siderúrgico dentro de la actividad económica de nuestro país.

Al respecto, esta Comisión considera preciso señalar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), tan sólo en 2013, dicha actividad económica representó una participación de 2.2% respecto del PIB Nacional, contribuyendo con un 6.4% del PIB Industrial.

De esta forma, la industria siderúrgica se constituye como uno de los sectores económicos más importantes de México, por ser ésta donde se fabrican materiales que han sido imprescindibles en la construcción y modernidad del país. Asimismo, la industria tiene presencia prácticamente en todo el territorio nacional, destacando en estados como: Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz, cuya producción combinada representa 82.1% del total nacional.

Aunado a ello, la contribución que este sector representa al empleo es superior a los 31 mil 500 empleos directos. Se estima que por cada empleo generado en la industria acerera, se generan 11.6 empleos indirectos en el resto de la economía, esto es, en la economía total más de 365 mil 400 empleos están ligados al desempeño del sector siderúrgico.

A nivel mundial, en la última década, México ha tenido una tasa de crecimiento promedio de 1.47%, por arriba del resto del mundo, que ha crecido a tasas de 1.16%. Por ello, se encuentra dentro de los países con mayor producción de acero, con 1.13 % del total de la producción global.

En materia de consumo, la Asociación Mundial del Acero ha advertido que México rebasará a Brasil en 2015 como el mayor consumidor de acero para productos terminados de América Latina. Registrará un uso aparente de acero en productos terminados de 23.1 millones de toneladas, un alza de 2.6%; mientras que volumen correspondiente de Brasil será de 22.7 millones de toneladas, una baja de 7.8%, a tasas interanuales.

Con esa prospectiva, México se ubicaría en la novena posición y Brasil en la décima entre los mayores consumidores en esta clasificación de acero a nivel global.

No obstante, el abastecimiento en nuestro país ha tenido una mayor alza en las importaciones frente a la producción local. Así, de acuerdo a cifras oficiales, en el primer cuatrimestre de este año, la producción siderúrgica ha disminuido 6.6% en relación al año anterior, mientras las importaciones crecieron 15.2%.

Lo anterior, se explica a partir de la sobreproducción de países como China que han elevado sus niveles de importación con muy bajos costos de producción, en virtud de los subsidios con los que cuentan en su origen, aunado a los bajos sueldos que se pagan a los trabajadores de la industria oriental. Ello ha llevado a los productores externos a aprovechar la apertura de la economía mexicana, mientras la industria nacional se deteriora y se ve limitada para exportar.

Esta situación también fue advertida en la reciente reunión del Comité del Acero de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en la cual se hizo un llamado a los gobiernos a tomar acciones contra la nueva política siderúrgica de China y la sobrecapacidad, ante el incremento de las importaciones en condiciones desleales de comercio que todas las regiones están padeciendo.

En este sentido, diversas organizaciones de nuestro país, como la CANACERO, han manifestado que si bien el gobierno federal ha activado las investigaciones antidumping y aplicado medidas arancelarias en casos específicos, por su lentitud, estos procedimientos resultan insuficientes frente a la velocidad del actual fenómeno económico, y los apoyos de compras nacionales han sido anulados por las crecientes importaciones a precios dumping de todo tipo de productos de acero.

Asimismo, han señalado que países como Estados Unidos han reaccionado con acciones en defensa de su industria, contando ya con alrededor de 108 resoluciones antidumping, mientras que México sólo cuenta con un aproximado de 18 resoluciones.

Por lo anterior, se coincide con el proponente en la relevancia de solicitar a la Secretaría de Economía, como la dependencia facultada para promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional; así como para estudiar y determinar los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, que implemente los mecanismos que sean necesarios para garantizar el equilibrio en la industria, que fomente la participación justa de todos los actores, y un ambiente de sana competencia que contribuya al incremento en el grado de integración nacional.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que intensifique la instrumentación e implementación de políticas públicas y de apoyos institucionales a la industria de producción, distribución y comercialización de acero nacional con el fin de impedir prácticas desleales frente a las industrias de otros países fuertemente subsidiadas; asimismo, se solicita a la Secretaría de Economía, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe detallado sobre las medidas que se han implementado o implementarán para garantizar mayor competitividad a la industria siderúrgica nacional.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a contrarrestar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar la inspección en materia de tráfico de especies.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 10 de junio del 2015, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar la inspección en materia de tráfico de especies.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar a la as autoridades ambientales, una mayor participación contra el tráfico de especies en el país, así como solicitar información sobre el destino de especies que han sido aseguradas, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

La proponente expone que, si bien la legislación en la materia, establece reglas para el aprovechamiento sustentable de especies mediante una autorización, desde hace muchos años se ha incrementado la adquisición de especies exóticas.

Señala que existen prácticas como el tráfico ilegal de especies, el cual se ha  incrementado de manera alarmante. En un lapso de tres años aumentó exponencialmente el aseguramiento de especies, lo que revela el aumento de una actividad que, de acuerdo con Agencias internacionales como la Policía Internacional (Interpol), es junto con el narcotráfico y la venta de armas, uno de las actividades ilícitas más lucrativas del mundo.

Precisa que esta actividad es una causa directa de la extinción de especies de flora y fauna en el mundo, la poca sensibilidad de las personas que están cercanas en su entorno, así como la falta de conciencia y la omisión normativa de las autoridades o incluso la falta de estructura operativa en la inspección hacen que el tráfico aumente de forma considerada.

Señala también que al menos uno de cada cinco cargamentos de exportación de flora o fauna inspeccionados por la aduana de México es ilegal y desde 1995 a la fecha se decomisaron más de 150 mil ejemplares entre especies de plantas y animales que en su mayoría están en peligro de desaparecer.

Comenta que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la dependencia encargada de combatir el tráfico ilegal de vida silvestre, realiza operativos de inspección y vigilancia, en coordinación con otras autoridades. En los años 2013 - 2014, la PROFEPA realizó un total de 694 operativos, tendientes a combatir el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, lo cual permitió el aseguramiento precautorio de 5,774 ejemplares de vida silvestre.

Por último señala que la PGR ha asegurado 510 mil 147 animales en siete años -2007/2014- en 21 entidades, mientras que en el caso de la PROFEPA fueron 95 mil 503 en el mismo lapso a nivel nacional.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito de sus facultades considere la viabilidad de concretar un acuerdo de colaboración con la Administración General de Aduanas, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a definir una estrategia integral para contrarrestar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres, especialmente en puertos y puntos de ingreso terrestres del país.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a analice la viabilidad de elaborar un programa nacional de difusión para dar a conocer a la población las consecuencias que trae consigo la adquisición de especies de vida silvestres y los posibles daños a la biodiversidad.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a esta Soberanía, sobre la custodia y destino de las especies de fauna silvestre que han sido aseguradas durante el 2014 y lo que va del año 2015.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones:

México ocupa el primer lugar en biodiversidad de reptiles, el segundo en mamíferos, el tercero en anfibios y el cuarto en flora, de estas existen alrededor de 600 especies que se usan para reforestación, 4000 especies con propiedades medicinales registradas y decenas de miles con potencial biotecnológico. México es también considerado el segundo país en el mundo en ecosistemas y el cuarto en total de especies.

Aproximadamente 2500 especies están protegidas por nuestra legislación ya que hoy en día la vida silvestre y su comercialización se ha convertido en un producto rentable.

Además de ser representativos del país, la flora y fauna de México presta servicios ambientales de gran importancia, en este sentido los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos de gran importancia y prioritario proteger y conservar las diversas especies de flora y de fauna que hoy enfrentan una severa explotación a grado tal que algunas están en peligro de extinción.

Cabe precisar que, de acuerdo a nuestra legislación es posible el aprovechamiento comercial de algunas especies cuando es controlado, constantemente monitoreado y con posibilidad de idear medidas compensatorias como el repoblamiento o reforestación.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la encargada de impulsar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales de México. Por su parte la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, tiene la responsabilidad de impedir el tráfico de plantas y animales peligro de extinción.

Ante ello, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos de especial atención la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna de nuestro país es por ello que, realizando las precisiones correspondientes aprobamos la propuesta en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito de sus facultades considere la viabilidad de concretar un acuerdo de colaboración con la Administración General de Aduanas, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para definir una estrategia integral para contrarrestar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres, especialmente en puertos y puntos de ingreso terrestres del país.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que analice la viabilidad de elaborar un programa nacional de difusión para dar a conocer a la población las consecuencias que trae consigo la adquisición de especies de vida silvestre y los posibles daños a la biodiversidad.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe sobre la custodia y destino de las especies de fauna silvestre que han sido aseguradas durante el 2014 y lo que va del 2015.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a informar sobre la exclusión de municipios considerados como de muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que resultaron beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 10 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que los resolutivos Segundo y Tercero de proposición citada, se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, particularmente a la Unidad de Política y Control Presupuestario, a informar a esta soberanía sobre los municipios de alta y muy alta marginación, de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que resultaron beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”.

El proponente señala como antecedentes los siguientes:

El pasado 3 de diciembre del 2014 fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015,  mismo que establece la creación del fideicomiso denominado “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, destinado a los municipios con la finalidad de realizar obras en infraestructura que incrementen el activo del sector público.

Derivado de lo anterior, y como parte del Plan para el Desarrollo del Sur-sureste del país, anunciado por el Presidente de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó la convocatoria para acceder a los apoyos del “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad” dirigida a los Municipios de Alta y muy Alta Marginación de los Estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

En dicha convocatoria se contemplaba un total de 1, 500 millones de pesos para beneficio de los 508 municipios de las tres entidades Federativas participantes, por lo que los tramites y gestión para acceder a este recurso se llevarían a cabo, exclusivamente, entre las autoridades de cada ayuntamiento y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario.

Las reglas de operación emitidas por la SHCP, estableciendo las bases para regular la actividad que se origina del uso, goce y aprovechamiento de los recursos con cargo al “Fondo en Infraestructura y Productividad”, para cada municipio beneficiado, estipulaban además que los municipios serían fiscalizados por la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura Local y la Contraloría del Ejecutivo Estatal, lo anterior de conformidad con la normatividad aplicable.

Es importante mencionar que dentro de la convocatoria para acceder al recurso del “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad” se incluyó un anexo con los conceptos económicos destinados para cada municipio beneficiado, de los Estados de  Chiapas, guerrero y Oaxaca. Se especificaba también, en las reglas de operación, que los municipios deberían de presentar un proyecto que justifique el uso y aprovechamiento de los recursos otorgados, aunque su recurso ya estuviera establecido en la convocatoria.

Por lo anterior, el Senador proponente argumenta que la Unidad de Política y Control Presupuestario, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en ningún momento asesoró a los municipios involucrados, e indica que no sólo no se atendieron las dudas de las autoridades municipales en el momento en que se ingresaban los documentos, sino que ni siquiera se les comunicó, después de la evaluación técnica, las supuestas fallas u omisiones de sus proyectos, además no se les dio la oportunidad de subsanar dichas fallas u omisiones; no se les avisó que no serían beneficiados y simplemente no se les dio el recurso. Por lo que a juicio del proponente se realizó sin derecho de audiencia y en absoluta opacidad.

En razón de lo anterior, y por el hecho de que varios de los municipios más pobres del país, que ya contaban con un recurso etiquetado y que sin explicación alguna se les ha negado, el Senador Robles Montoya exige que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente la Unidad de Política y Control Presupuestario, haga públicos los resultados de dicha convocatoria. No sólo publicitando los municipios que resultaron beneficiados, así como los que no calificaron, sino además explicando los motivos por los que se les está negando este recurso a varios de los municipios más pobres del país.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, particularmente a la Unidad de Política y Control Presupuestario, a que informe a esta soberanía los Municipios de Alta y Muy Alta Marginación, de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que resultaron beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, así como los municipios que no resultaron beneficiados.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, particularmente a la Unidad de Política y Control Presupuestario, a que informe a esta soberanía los motivos por los cuales ciertos Municipios de Alta y Muy Alta marginación de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas no fueron beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Los miembros de esta comisión dictaminadora coincidimos en que es de vital importancia que el Estado ayude a los municipios más pobres del país mediante la asignación de recursos encaminados a la construcción de la infraestructura necesaria para que los habitantes de dichas regiones puedan superar las condiciones en las que viven actualmente.

En ese sentido, y de acuerdo con los señalamientos que expone el proponente, se considera preocupante que los recursos asignados por el Congreso de la Unión como parte del Plan para el Desarrollo del Sur-sureste del país no se hayan ejercido por cuestiones de carácter administrativo.

Esta Comisión manifiesta su preocupación por los argumentos vertidos por el Senador proponente en cuanto a la falta de información hacia los municipios participantes y a los que les fueron negados dichos recursos, por lo que se considera oportuno realizar el exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que remita un informe detallado en donde se aclare lo sucedido en este caso.

En el mismo sentido, esta Comisión dictaminadora coincide con el Senador proponente en cuanto a que es importante que las autoridades correspondientes otorguen la información requerida, estipulando las fechas en las que se hicieron los depósitos a las cuentas bancarias de los municipios que efectivamente recibieron los recursos en comento, y que se aclare el destino de los recursos que no fueron ejercidos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, particularmente a la Unidad de Política y Control Presupuestario, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe en el que se especifiquen los Municipios de Alta y Muy Alta Marginación, de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que resultaron beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, así como los motivos por los cuales otros municipios con la misma categorización fueron excluidos de los beneficios de dicho Fondo.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a elaborar un estudio sobre los efectos generados a causa de la presencia de carbono negro.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a elaborar un estudio sobre los efectos que causa el carbono negro en el medio ambiente y salud de las personas, presentada por el Diputado Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 10 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que los resolutivos Segundo y Tercero de proposición citada, se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que en base a sus funciones y de forma coordinada elaboren un estudio sobre los efectos generados a causa de la presencia de carbono negro en el medio ambiente, así como de la afectación que se genera en la salud de las personas, así mismo, se establezcan medidas de prevención con la finalidad de disminuir las emisiones de carbono negro que afectan la atmosfera y la salud de la población, y se implemente en la Red de Monitoreo Ambiental que opera en el país, la obligación de llevar a cabo la medición de los niveles de presencia del carbono negro en el aire, con la finalidad de efectuar estrategias que permitan reducir o controlar su presencia en el medio ambiente.

El Diputado proponente argumenta en su exposición de motivos que la degradación ambiental no sólo se manifiesta por la presencia de contaminantes como el Monóxido de Carbono (CO), el Dióxido de Carbono (CO2) o el Dióxido de Azufre, sino que existen diversos contaminantes que no afectan tanto al medio ambiente, como a la salud de la población en general, siendo ejemplo de esto el Carbono Negro.

La presencia de esta sustancia se debe a la combustión incompleta de combustibles fósiles, biocombustibles y biomasa en vehículos motorizados, así como de la combustión generada en incendios, la quema de madera y cultivos, y de las chimeneas de las fábricas industriales.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) presentó en el 2013 un informe titulado “Emisiones de Carbono Negro en Partículas Atmosféricas Provenientes de la Quema  de la Caña de Azúcar”, en el cual como su nombre lo indica, resalta la presencia del carbono negro en la atmosfera, esto a consecuencia de la quema de la caña de azúcar, sustancia que de acuerdo con el INECC cuenta con un alto grado de toxicidad y susceptible a causar cáncer.

El proponente señala que el carbono negro es un material que no se ha estudiado a fondo en el país, aunque su presencia en la atmósfera es más común de lo que se puede llegar a creer. En la actualidad a excepción del Distrito Federal, las Redes de Monitoreo Ambientales del país no miden los niveles de presencia de la sustancia en comento, impidiendo se logren desarrollar estrategias que permitan reducir o controlar su presencia en el medio ambiente.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  exhorte a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que en base a sus funciones y de forma coordinada elaboren un estudio sobre los efectos generados a causa de la presencia de carbono negro en el medio ambiente, así como de la afectación que se genera en la salud de las personas.

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que de forma coordinada establezcan medidas de prevención, con la finalidad de disminuir las emisiones de carbono negro que afectan la atmosfera y la salud de la población.

TERCERO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que implementen en la Red de Monitoreo Ambiental que opera en el país, la obligación de llevar a cabo la medición de los niveles de presencia del carbono negro en el aire, con la finalidad de efectuar estrategias que permitan reducir o controlar su presencia en el medio ambiente.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Los miembros de esta comisión dictaminadora coincidimos plenamente con los planteamientos del Diputado proponente en cuanto al daño que representa el carbono negro en la atmósfera.

Considerando que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las atribuciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y que en el artículo 32 Bis, fracción XIV se menciona como una de sus tareas la de:

“Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción federal, y los inventarios de recursos naturales y de población de fauna silvestre, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, las instituciones de investigación y educación superior, y las dependencias y entidades que correspondan”

Esta Comisión considera pertinente realizar los exhortos propuestos, de tal manera que la SEMARNAT en conjunto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático realicen un estudio sobre los efectos generados a causa de la presencia de carbono negro en el medio ambiente, y que se establezcan las medidas de prevención adecuadas para disminuir dichas emisiones.

En el mismo sentido, los legisladores integrantes de esta Comisión Dictaminadora, coincidimos en hacer un llamado a las citadas dependencias, para que implementen en la Red de Monitoreo Ambiental, las mediciones de presencia de carbono negro en el aire, que permitan diseñar mecanismos para el control y disminución de su presencia en el medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que en base a sus funciones y de forma coordinada elaboren un estudio sobre los efectos generados a causa de la presencia de carbono negro en el medio ambiente, así como de la afectación que se genera en la salud de las personas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que de forma coordinada establezcan medidas de prevención, con la finalidad de disminuir las emisiones de carbono negro que afectan la atmósfera y la salud de la población.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que implementen en la Red de Monitoreo Ambiental que opera en el país, la obligación de llevar a cabo la medición de los niveles de presencia del carbono negro en el aire, con la finalidad de efectuar estrategias que permitan reducir o controlar su presencia en el medio ambiente.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a inhibir la pesca ilegal del pepino de mar.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Marina-Armada de México para que promuevan y refuercen acciones de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar; presentada por la Diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, integrante del del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 10 de junio de 2015.

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Marina-Armada de México para que promuevan y refuercen acciones de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

(I) Los tres órdenes de gobierno se han preocupado por el cuidado y protección a las especies en peligro de extinción o en peligro, como es el caso del pepino de mar.

(II) CONAPESCA establece estrategias y periodos de captura para especies mariana de acuerdo a su importancia en la economía nacional.

(III) La pesca del  pepino de mar ha causado confrontaciones entre los sectores pesqueros y el gobierno del país por su alto costo económico, más de 3 mil dólares por tonelada.

(IV) Las principales entidades de captura del pepino de mar son Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

(V) El comercio del pepino de mar es un tema que ha confrontado a varias comunidades de Campeche y Yucatán. Una de los principales causas es el tráfico entre buzos, lancheros y pescadores de los municipios de Celestún Yucatán y la Isla Arena, Campeche.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Marina-Armada de México, para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones, promuevan y refuercen acciones específicas de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar”.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación del proponente ante los hechos de violencia sucitados entorno a la pesca ilegal de la especie pepino de mar en los estados de Yucatán y Campeche.

El pepino de mar es un recurso que se captura en México para fines de exportación a países asiáticos en donde se comercializa para consumo humano. En algunas regiones costeras de México, la pesquería de pepino de mar es una actividad económica importante ya que el recurso tiene presencia para su aprovechamiento controlado, su distribución geográfica es favorable y tiene un alto valor comercial.

Para realizar la captura de pepino de mar es necesario cumplir con los requisitos         que establece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables como contar con     los términos y condiciones del permiso de pesca vigente y otras disposiciones regulatorias.

El comercio ilícito del pepino de mar, es un tema que ha confrontado a comunidades de los estados de Campeche y Yucatán, y que en últimas fechas, ha puesto en alerta la seguridad entre ambas entidades por la disputa por la captura ilegal de la especie. Un ejemplo claro es el problema que “por el tráfico de esta especie entre buzos, lancheros y pescadores ribereños del municipio de Celestún Yucatán y la localidad de Isla Arena, ubicada en el municipio de Calkiní en el estado de Campeche, se ha venido incrementando a través de conatos de violencia”.

Es conocido que la disputa no es reciente, pero se ha venido acrecentando en las últimas fechas, en donde han tenido que intervenir, además de los cuerpos policiales locales, marinos de la Secretaría de Marina – Armada de México, e inspectores de la CONAPESCA, para evitar la violencia en la frontera marítima entre ambas entidades.

De continuar la lucha entre pescadores legales e ilegales en la federación, aunado a que se sobre explote la especie, acarreará un incremento de problemáticas económicas e incluso pérdidas humanas en caso de que no se refuercen las acciones encaminadas en la materia.

Esta Comisión es consciente de la importancia de proteger el desarrollo y la existencia del pepino de mar, así como de propiciar su pesca sustentable y evitar la sobreexplotación de la especie y garantizar la permanencia de las fuentes de empleo de pescadores y procesadores del pepino de mar.

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables contempla entre sus principales objetivos el establecimiento de las bases necesarias para realizar acciones de inspección y vigilancia con el propósito de verificar sus disposiciones. Asimismo, se faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para coordinar a los tres órdenes de gobierno respecto de los trabajos de inspección, verificación y vigilancia.

F. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones, promuevan y refuercen acciones específicas de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Y uno más en materia de protección de los usuarios de los medios electrónicos de pago.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar semestralmente al Congreso de la Unión respecto de la evolución del mercado de redes de disposición y cámaras de compensación, a cargo de la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 3 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informen semestralmente al Congreso de la Unión sobre la evolución del mercado de redes de disposición y cámaras de compensación, detallando en cada uno de los casos, el progreso en materia de competencia y los porcentajes de participación de cada uno de los proveedores de servicios, así como que el Banco de México informe semestralmente al Congreso de la Unión sobre las medidas que está adoptando para la protección de los usuarios de los medios electrónicos de pago, especificando las acciones en materia de atracción de nuevas tecnologías que permitan una mayor detección y prevención de fraude.

La proponente señala que derivado de la Reforma Financiera se expidió, entre otros ordenamientos, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, que estableció en sus disposiciones transitorias la fracción VII del artículo quinto que a la letra de la ley dice:

“ARTÍCULO QUINTO.- En relación con las modificaciones a que se refieren los Artículos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de este Decreto, se estará a lo siguiente:

VII.   La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, de manera conjunta, emitirán las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 4 Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros dentro de los sesenta días naturales siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Al vencimiento de dicho plazo el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Gobernador del Banco de México, comparecerán conjuntamente ante la Cámara de Diputados para informar acerca del ejercicio de esta atribución, y deberán comparecer además a los seis y doce meses siguientes para informar respecto de la evolución del mercado de redes de disposición y respecto de la aplicación de las disposiciones antes referidas.”

Por lo que se instauró una doble obligación tanto al Banco de México como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por un lado la expedición de las disposiciones de carácter general relativas a las redes de medios de disposición y por otro, se regulo a través de las disposiciones transitorias de una ley, la obligación de citar a comparecer a los servidores públicos relacionados con el tema a efecto de rendir cuentas de la aplicación de dichas disposiciones.

La proponente destaca que Con fecha 11 de marzo de 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió las disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición, a través de las cuales se busca dar cumplimiento a lo establecido en la reforma financiera, así como promoverlos principios de “fomento de la competencia; “ampliación de infraestructura y reducción de cobros y comisiones”; “libre acceso”; “no discriminación” y “protección de los intereses de los usuarios” en beneficio de los usuarios de medios de disposición.

Por parte del Banco de México, en la misma fecha se emitió la circular 4/2014, relativa a las Reglas aplicables a las cámaras de compensación para pagos con tarjetas, con el objetivo de fomentar una competencia más vigorosa en el mercado de cámaras de compensación para pagos con tarjetas y con ello lograr un mayor desarrollo del mercado bajo las siguientes directrices:

Evitar barreras a la entrada y problemas de información que redunden en políticas discriminatorias a potenciales competidores, a través de requerir para la autorización de cámaras de compensación para pagos con tarjetas que: i) cuenten con reglas y procedimientos operativos claros y accesibles y ii) definan los términos en los que se deberá realizar el enlace entre sus sistemas de procesamiento y los de las cámaras de compensación para pagos con tarjetas;

Evitar distorsiones de precios al prohibir prácticas de cobros poco competitivas como el empaquetamiento forzoso de productos o los descuentos en función de características individuales de los clientes; Facilitar la innovación, eliminando barreras al desarrollo que dificulten la incorporación de mejoras en la infraestructura y operación, y

Fortalecer la seguridad y el manejo de riesgos de la red a través de lineamientos para los esquemas de continuidad de negocio y seguridad de los participantes.

Se hace hincapié en las declaraciones del Gobernador del Banco de México y del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las comparecencias ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el 26 de marzo de 2014, el 7 de octubre de 2014 y finalmente el 8 de abril del año en curso. En dichas reunión ambos funcionarios establecieron sustancialmente las siguientes características en el mercado de medios de pagos:

● Se observa un crecimiento sostenido en el número de tarjetas de débito y crédito, el número de TPVs y el volumen de transacciones con tarjeta.

● Sin embargo, México se compara desfavorablemente con otros países en cuanto al número de tarjetas y número de TPVs por cada 100 mil habitantes.

● A pesar de ser el país con la mayor tasa de crecimiento en tarjetas de débito, México se encuentra entre los países con las tasas de crecimiento más bajas para la red de TPVs.

● Lo anterior hace evidente el espacio para mejorar la eficiencia en el mercado, que de atenderse podría resultar en un impacto positivo para el desarrollo económico del país.

Finalmente y tomando en cuenta la experiencia exitosa que fue citar a comparecer a los funcionarios tanto de la administración pública como de los órganos autónomos a un tema en particular a través de ley, y considerando que los funcionarios ya dieron cumplimento al artículo transitorio y que el tema es de suma relevancia, se propone que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitan al Congreso de la Unión un informe semestral respecto de la evolución del mercado de redes de disposición y cámaras de compensación.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar semestralmente al Congreso de la Unión respecto de la evolución del mercado de redes de disposición y cámaras de compensación, detallando en cada uno de los casos, el progreso en materia de competencia y los porcentajes de participación de cada uno de los proveedores de servicios.

SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Banco de México a informar semestralmente al Congreso de la Unión sobre las medidas que está adoptando para la protección de los usuarios de los medios electrónicos de pago, especificando las acciones en materia de atracción de nuevas tecnologías que permitan una mayor detección y prevención de fraude.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Los miembros de esta Comisión dictaminadora coincidimos en que la Reforma Financiera es uno de los instrumentos más importantes con que cuenta la actual administración del Presidente de la República.

Por otra parte, esta Comisión Dictaminadora considera de suma relevancia los argumentos expuestos por la Diputada proponente en cuanto a que el Banco de México, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deben informar a la ciudadanía, así como a esta Soberanía sobre lo estipulado por el artículo 4 Bis 3 de la Ley referida, y así vigilar el cumplimiento de los principios de fomento a la competencia, libre acceso, no discriminación y protección de los intereses de los usuarios, respecto de las redes de medios de disposición.

De igual forma, los integrantes de esta Tercera Comisión, coincidimos con la preocupación de la Diputada proponente, en cuanto a las declaraciones del Gobernador del Banco de México y del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en sus respectivas comparecencias ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados en los meses de octubre de 2014 y abril del presente año, en la cual expresaron que el mercado de medios de pago se caracteriza por lo siguiente:

● Se observa un crecimiento sostenido en el número de tarjetas de débito y crédito, el número de TPVs y el volumen de transacciones con tarjeta.

● Sin embargo, México se compara desfavorablemente con otros países en cuanto al número de tarjetas y número de TPVs por cada 100 mil habitantes.

● A pesar de ser el país con la mayor tasa de crecimiento en tarjetas de débito, México se encuentra entre los países con las tasas de crecimiento más bajas para la red de TPVs.

● Lo anterior hace evidente el espacio para mejorar la eficiencia en el mercado, que de atenderse podría resultar en un impacto positivo para el desarrollo económico del país.
Finalmente, esta Comisión coincide con la reflexión que realiza la diputada proponente en cuanto a la importancia de fortalecer a los órganos reguladores del Sistema Financiero Mexicano, y dotar al Estado de los elementos jurídicos necesarios para implementar y obtener los resultados de las reformas estructurales que le han sido aprobadas, en este caso, la Reforma Financiera, así como proteger los intereses y derechos de los usuarios del sistema financiero.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que en los respectivos informes anuales que se remiten al Congreso de la Unión, sobre el ejercicio de las respectivas atribuciones que les confiere la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, se detalle respecto de la evolución del mercado de redes de disposición y cámaras de compensación, el progreso en materia de competencia y los porcentajes de participación de cada uno de los proveedores de servicios, así como las medidas que se estén adoptando para la protección de los usuarios de los medios electrónicos de pago, especificando las acciones en materia de atracción de nuevas tecnologías que permitan una mayor detección y prevención de fraude.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015

TERCERA COMISIÓN.

Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría, debido a que los dictámenes no reservados se encuentran publicados en la Gaceta de este día, y así se hacen del conocimiento de la Asamblea.

Adelante, Diputada Lilia Aguilar.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: En referencia al dictamen sobre OHL que teníamos entendido que estaba reservado, lo ha leído como sin reserva, solamente para confirmar, y si no, se lo podemos reservar en este momento.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Hay dos dictámenes de OHL, de la cual usted está comentándonos, perdón, está reservado.

Debido a que los dictámenes no reservados se encuentran publicados en la Gaceta de este día, y así se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea en votación económica, si se aprueban los dictámenes que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Pasamos a la discusión de dictámenes reservados.





 

Tenemos la discusión del dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, a redoblar esfuerzos para certificar a su plantilla de elementos policíacos. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo sobre el proceso de certificación de policías en el estado de Veracruz”, presentada por el Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015, el Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo sobre el proceso de certificación de policías en el estado de Veracruz”, presentada por el

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-873.

II. CONTENIDO

El diputado se refiere a la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expedida el 2 de enero de 2009. Destaca de su contenido lo relativo al proceso de certificación, evaluación y control de confianza a los que deben ser sometidos los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

Señala que el artículo 88 de la Ley en comento dispone que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el encargado de aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y aplicar dichas evaluaciones a las instituciones policiales bajo estándares homologados.

Asimismo, expone que el artículo 39, apartado B, fracciones III y X de la Ley, señala quelos Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la carrera policial y a la profesionalización, así como establecer centros de evaluación y control de confianza, conforme a los lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

El diputado considera que pese a que se han destinado numerosos recursos económicos, materiales y humanos para lograr la certificación y la profesionalización de los cuerpos de seguridad en el país, esto no se ha logrado hasta el día de hoy y apunta al Estado de Veracruz como un caso aleccionador, dado que el Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que hasta el 30 de octubre de 2014, la entidad tenía 6 mil 765 policías certificados; de los cuales 2 mil 4 pertenecen al ámbito municipal y 4 mil 761 al ámbito estatal, asimismo, indica que son 5 mil 818 policías no aprobados; de los cuales mil 545 pertenecen al ámbito municipal y 4 mil 273 al ámbito estatal. 

Por tanto, indica el diputado, solamente el 54% del personal está acreditado, lo que convierte a Veracruz en el Estado con el mayor porcentaje de plantilla policial reprobada a nivel nacional.

Explica que la evaluación y control de confianza de los cuerpos de seguridad en Veracruz es parte de un sistema integral de profesionalización, ya que se incluyen exámenes antidoping, pruebas de polígrafo, socioeconómicas, psicológicas y médicas.

Considera, además, que el no tener garantizados los estándares de confianza mínimos por parte de las fuerzas del orden, deja en una situación de vulnerabilidad a la ciudadanía frente al fenómeno de la corrupción y de la delincuencia por lo que urge a las de Veracruz, estatales y municipales, a acelerar el paso en lo que se refiere al proceso de certificación en sus corporaciones de seguridad.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta a las autoridades estatal y municipales del Estado de Veracruz para que, en el ámbito de sus atribuciones legales, redoblen esfuerzos a fin de que certifiquen totalmente a su plantilla de elementos policiacos y con ello brinden un ambiente de mayor tranquilidad y confianza entre la población.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de estudio de la proposición referida, señala que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios; que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos y que las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el cual tiene entre sus bases mínimas la de regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de os integrantes de las instituciones de seguridad pública.

En consecuencia, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla en el artículo 16 que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano máximo del Sistema, estará integrado por una Comisión de Certificación y Acreditación, que, de acuerdo con el artículo 21 del mismo ordenamiento, será el responsable de la certificación, la acreditación y el control de confianza de los integrantes del sistema policial, por lo que le corresponde verificar los centros de evaluación y control de confianza de la federación, Estados y Distrito Federal.

Ahora bien, el certificado que extenderán los Centros de evaluación y control de confianza de las instituciones de Procuración de Justicia, de acuerdo con el artículo 66 de la multicitada Ley, tendrán como objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las instituciones de Procuración de Justicia, y que cuentan con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.

En ese sentido, el artículo 74 de la Ley de Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que los integrantes de las Instituciones policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, por lo que el no contar con un certificado es motivo para permanecer en el cargo.

Al respecto, el artículo tercero transitorio, como bien los señala el diputado, establece que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en un plazo de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario serán separados del Servicio.

La evaluación tiene como propósito el ingreso y la permanencia del personal, este último consiste en procesos de evaluación, sistemáticos y periódicos del personal en activo, para contribuir a verificar que actúen dentro del marco de conducta que dictan el código de ética y la normatividad institucional, en ese sentido, el Centro de Evaluación y Control de Confianza de Veracruz señala que las evaluaciones que se llevan a cabo son médicas, toxicológicas, psicológicas, del entorno social y situación patrimonial y la evaluación poligráfica.

Acorde a lo anterior, en noviembre de 2014 el Secretariado Ejecutivo del SNSP publicó un informe en el que se detalla que los 31 estados y el Distrito Federal llevaron a cabo al 100% la evaluación  de control de confianza y certificación al personal de servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública, de él se desprende que Veracruz, como lo señala el diputado, es el estado con el mayor porcentaje de personal en depuración, es decir, que no aprobaron la evaluación y, por tanto, no están certificados para realizar sus funciones1.

De conformidad con este informe, en Veracruz se evaluaron 12,595 integrantes de las instituciones de seguridad pública, es una de las entidades con más efectivos sólo debajo del Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Chiapas y Guanajuato, no obstante, de ellos más de la mitad están en depuración, es decir, 6,765, equivalente al 58%, no aprobaron la evaluación.

Del total de policías evaluados, a nivel estatal 4,761 elementos aprobaron, mientras que 4,273 están en proceso de depuración; a nivel municipal 2,004 policías aprobaron y 1,545 se encuentran en depuración.

De conformidad con la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, son requisitos de permanencia para los Agentes del Ministerio Público, Oficiales, Secretarios, policías Ministeriales de la Agencia Veracruzana de Investigaciones y Peritos, entre otros, aprobar las evaluaciones que se les practiquen y contar con la certificación correspondiente.

Lo anterior supone que la entidad cuente con sólo 6,765 para salvaguardar los objetivos de la seguridad pública, situación que puede generar que se vulnere el derecho a la seguridad de los ciudadanos de Veracruz.

Al respecto, el Centro de Evaluación y Confianza de Veracruz señala en su portal que tiene como compromiso nacional, someter a los procesos de evaluación y control de confianza a un total de 24,613 elementos tanto operativos como administrativos que conforman el Sistema Estatal de Seguridad Pública.  Señalan que tienen un avance considerable en este proceso al tener ya evaluados a un total de 15,139 elementos de las distintas corporaciones policiales, siendo el cuarto Estado a nivel nacional con mayor número de evaluaciones practicadas de acuerdo a las cifras publicadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública2, no obstante, no se mencionan los resultados ni la estrategia que se adoptará para resolver la depuración del personal.

En tanto, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en el artículo 61, 62  98 un Programa Rector de Profesionalización, el cual será el instrumento en el que se establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la Profesionalización del personal de las Instituciones de Procuración de Justicia. Dicho Programa establece como fin, contribuir a la consolidación de la Carrera Policial y la Profesionalización de los elementos de las instituciones de Seguridad Pública que integran el Sistema.

Por tanto, esta Comisión considera el exhorto en análisis procedente en virtud de que se debe capacitar y brindar herramientas al personal para lograr su profesionalización a través de evaluaciones de control de confianza y, por consiguiente, su certificación, dado que el objetivo es contar con personal que pueda dar respuesta a las necesidades que enfrentan las entidades, particularmente en un escenario de desconfianza e inseguridad.

Veracruz cuenta con un Consejo Estatal de Seguridad Pública, el cual es la instancia superior encargada de la coordinación, planeación y supervisión de las labores del Sistema Estatal en correspondencia con el Sistema Nacional, y está integrado por el Gobernador del Estado, el Secretario de Seguridad pública, el Secretario de Gobierno, el Procurador General de Justicia del Estado, el Secretario de Finanzas y Planeación, el Contralor General y los Presidentes Municipales de la entidad, por tanto esta Comisión estima que es a esta instancia a quien se debe exhortar con el propósito que el diputado señala.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz  para que, en el ámbito de sus atribuciones legales, redoblen esfuerzos a fin de certificar totalmente a su plantilla de elementos policiacos y con ello brinden un ambiente de mayor tranquilidad y confianza entre la población.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN

1 http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/certifiacion_acreditacion/PRESENTACION_07112014.pdf

2 http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/centro-de-evaluacion-y-confianza/

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro Montano Guzmán, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado José Alejandro Montano Guzmán: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

Para hablar a favor del dictamen, decir que desde el inicio de su gobierno, el señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó seis líneas de acción en materia de seguridad pública, entre las cuales destaca la evaluación y la coordinación con el Distrito Federal, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales.

El Ejecutivo Federal llamó a los tres órdenes de gobierno a trabajar en estrecha coordinación para lograr mayores resultados en beneficio de la sociedad mexicana.

De esta manera, bajo la tónica de la evaluación y la coordinación, pero también a través de mecanismos de planeación, prevención, profesionalización y transformación institucional, hoy tenemos un México más seguro.

Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional siempre hemos respaldado las acciones dirigidas a fortalecer nuestro Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los Diputados federales y Senadores del PRI, acordes con nuestra responsabilidad y sensibilidad social, hemos trabajado desde nuestros estados y desde el Congreso de la Unión para que la evaluación y certificación de los cuerpos policíacos sea una realidad.

En el caso del estado de Veracruz no ha sido la excepción, por el contrario, hemos encontrado un gobierno abierto, sensible y comprometido con los procesos de mejora de la seguridad pública. El sistema de seguridad pública del estado de Veracruz está conformado por 21 mil policías; de los cuales, 7 mil 403 son estatales y ya fueron certificados en su totalidad; 6 mil 500 son municipales, 6 mil auxiliares y 2 mil agentes de seguridad privada, lo que convierte a esta entidad como uno de los estados con más elementos del orden.

La certificación se ha realizado dando cumplimiento a los acuerdos emanados del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Veracruz es la única entidad del país que cuenta con tres centros de evaluación y control de confianza del estado, avalados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que reafirma el compromiso de ésta entidad con la certificación de sus elementos, dando la certeza a la ciudadanía que cuentan con los mejores elementos para garantizar su seguridad. Reconocemos el esfuerzo del estado de Veracruz en materia de seguridad.

En concordancia con la postura que siempre hemos asumido, nos manifestamos a favor del exhorto que se realiza al Consejo Estatal de Seguridad Pública de Veracruz, para que en el ámbito de sus atribuciones legales redoble esfuerzos a fin de certificar totalmente a su plantilla de elementos policiacos y con ello, brinden un ambiente de mayor tranquilidad y confianza a la población.

Es menester informar que el estado de Veracruz ha implantado mandos únicos en diez ciudades importantes, y ha apoyado también a la policía de Marina en dos ciudades, como el Puerto de Veracruz y Coatzacoalcos.

Compañeras y compañeros legisladores, considero importante el cabal cumplimiento de los procesos de evaluación y certificación de los elementos policiacos en todo el país, a fin de que los mexicanos vivamos con mayor confianza y tranquilidad.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputado Montano Guzmán. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.





 

Tenemos ahora la discusión del dictamen con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe sobre las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe sobre las denuncias por irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como las acciones que han llevado a cabo para prevenir y sancionar estos hechos.”, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe sobre las denuncias por irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como las acciones que han llevado a cabo para prevenir y sancionar estos hechos. Dicha proposición fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-878.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los senadores promoventes expresan que el Distrito Federal es una ciudad que se enfrenta a una serie de situaciones complejas, tales como el servicio ineficiente de transporte, el desabasto de agua, así como el desarrollo irregular inmobiliario, sólo por nombrar algunas.

Los proponentes señalan que tomando en cuenta información de instituciones como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial en el Distrito Federal, el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Programa de Monitoreo de Desempeño Gubernamental del Gobierno del Distrito Federal, así como de diversos medios de comunicación  se encuentran que el desarrollo inmobiliario no responde con las necesidades de la población y no se ajusta a lo que establece el marco normativo para su edificación.

Indican que el crecimiento urbano y su relación con la vivienda es una variable que precisa de ser atendida; destacan que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, durante el 2013 recibió más de 3 mil denuncias por diversas irregularidades.

Destacan que de 2002 a 2014, las categorías más denunciadas fueron la violación al uso de suelo urbano con un 32%; el ruido y las vibraciones, con 19%; y las afectaciones a áreas verdes en suelo urbano.

Los proponentes señalan que históricamente las delegaciones con mayor número de denuncias e investigaciones de oficio sobre uso de suelo son Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán. Indican que basta recordar el episodio protagonizado por el ex Delgado de Coyoacán Mauricio Toledo, precisamente en el año 2013, cuando dicho mandatario extorsionó a la Inmobiliaria “EGZN Arquitectura” por la cantidad de 800 mil pesos a cambio de no clausurar una obra realizada por dicha empresa.

Por otro lado, manifiestan que en el 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 12/2014 la cual indica que en las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, se violentaron los derechos de los habitantes, pues del 2007 al 2013 las demarcaciones permitieron construcciones irregulares.

La Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 12/2014 dirigida a diversas autoridades delegacionales por la falta de actuación diligente y oportuna respecto al desarrollo de obras civiles para vivienda en suelo urbano del Distrito Federal.

En la proposición se ejemplifica que en la Delegación Magdalena Contreras, en la calle Minatitlán de la Colonia San Jerónimo Aculco se empezó a construir en el 2012 una obra que supuestamente sería de dos niveles, sin embargo, con el paso del tiempo y bajo el amparo de la Norma 26 con base en un certificado de uso de suelo expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dicha construcción se amplió a 4 niveles.

De la misma manera, señalan que en el año 2010, la Delegación Xochimilco tuvo una cifra record en la denuncia de construcciones irregulares en zonas de conservación, que van desde relleno de los canales con cascajo hasta la creación de lotes en áreas protegidas de Topilejo, entre otras denuncias hechas ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Destacan que en lo que va del 2015, el 80% de las denuncias de ciudadanos ante la procuraduría fueron por estas causas.

Expresan que la situación de Xochimilco es muy relevante pues no se debe olvidar que en 1987 recibió el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura por su importancia histórica, belleza y preservación de usos y costumbres, el cual se encuentra en riesgo debido a los permisos que se han otorgado para diversas construcciones que presumiblemente no responden a los intereses de los habitantes.

Indican que para el grupo parlamentario del PRI les parece delicado, que durante los últimos años existan miles de denuncias, que los responsables de construcciones se amparen bajo la Norma 26 y que aun contando con Institutos de reciente creación como es el caso del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, no haya resultados tangibles y efectivos para prevenir estas irregularidades.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado sobre las denuncias presentadas por irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como las acciones que ha llevado a cabo para prevenir y sancionar estos hechos.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran que la demanda de suelo para vivienda, la ocupación irregular de la tierra y el crecimiento desmesurado y anárquico de los asentamientos humanos, son algunos de los principales ejes problemáticos del desarrollo urbano y de la tenencia de la tierra la solución de estos problemas representa una de las fuertes demandas permanentes de la sociedad y una de las preocupaciones prioritarias de las instancias de Gobierno.

El crecimiento concentrado de la población en el Distrito Federal ha causado diversos problemas, como son la falta de capacidad para el abasto de servicios, viviendas precarias, hacinamientos, crecimiento anárquico y desmesurado de la mancha urbana, entre otros, y han hecho inoperantes las normatividades y programas de gobierno para regular el crecimiento urbano.

En la Ley de Vivienda del Distrito Federal se señala en su artículo 3 que todos los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a una vivienda digna y decorosa, entendida como lugar seguro, salubre y habitable que permita el disfrute de la intimidad, la integración y desarrollo personal, familiar y comunitario, así como la inclusión a la dinámica social y urbana con base en el respeto a la diversidad cultural, sin discriminación para acceder a ella sea por su condición económica, social, origen étnico o nacional, lengua, dialecto, edad, género, situación migratoria, creencias políticas o religiosas.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F. es un organismo público descentralizado de la Administración Pública, que tiene como objeto la defensa de los derechos de los habitantes del Distrito Federal a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) es la dependencia del Gobierno del Distrito Federal encargada de diseñar, coordinar y aplicar la política urbana de la Ciudad de México.

La planeación urbana de la ciudad de México incluye la orientación de su crecimiento, recuperación de espacios públicos, reactivación de zonas en desuso, protección y conservación del paisaje urbano y la promoción de la construcción de vivienda social autosustentable. Estas tareas buscan el desarrollo competitivo de la ciudad, así como fomentar proyectos que tengan un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.

De la misma manera, el  Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEADF) tiene la atribución de verificación administrativa, de realizar vistas en materia de desarrollo urbano y uso del suelo.

Para esta comisión dictaminadora es importante resaltar que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 12/2014 dirigida a diversas autoridades delegacionales por la falta de actuación diligente y oportuna respecto al desarrollo de obras civiles para vivienda en suelo urbano del Distrito Federal, se destaca que el pasado 24 de marzo en el marco del informe anual 2014 de la CDHDF y de conformidad con lo establecido en el Artículo 145 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se determinó calificar la recomendación como no aceptada por algunas delegaciones.

De acuerdo a la información de su portal web, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, durante el 2014 recibió 3425 denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio, en lo que va del 2015 se han registrado 1795 de las cuales 671 se refieren al uso de suelo urbano.

Derivado de lo anterior, esta dictaminadora considera que es importante transitar a una cultura de la urbanización más transparente para eliminar las irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y fortalecer las acciones orientadas a prevenir, evitar, minimizar, mitigar, restaurar, remediar y compensar los daños al ambiente, a los recursos naturales o impactos en el ordenamiento territorial del Distrito Federal, es por ello que es necesario atender la propuesta para conocer las acciones que ha llevado a cabo para prevenir y sancionar estos hechos.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, que presente ante esta soberanía un informe sobre las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como sobre las acciones desarrolladas para prevenir y sancionar estos hechos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que lleve a cabo un análisis cuidadoso y transparente de los 41 cambios de uso de suelo previstos para ser discutidos próximamente, respetando el resultado de las consultas vecinales y salvaguardando el marco normativo vigente.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal un informe sobre esta materia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del PAN.

El Diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias señor Presidente. Con su venia.

El día de ayer aprobábamos este punto de Acuerdo en esta Primera Comisión y hoy lo haremos en este Pleno, que es de la máxima importancia para quienes vivimos en la Ciudad de México.

Como seguramente algunos ya han escuchado a través de los medios de comunicación, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene la intención de llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones, antes de que concluya el periodo o el mandato de la VI Legislatura, para modificar 41 usos de suelo de diferentes predios.

La Asamblea es la instancia, es la autoridad que tiene la competencia para ello.

Sin embargo, hay muchos grupos vecinales de varias delegaciones, como pueden ser la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Azcapotzalco, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Iztacalco, Xochimilco y Tlalpan, que es donde están esos 41 predios, han mostrado ya su inquietud de que esta modificación aparentemente rápida, repentina, precipitada, quizás, de los usos de suelo, pueda ocasionar los males que acarrea un mal desarrollo urbano o un desarrollo urbano no planificado correctamente que todos los conocemos, es la ausencia de agua, la ausencia de energía eléctrica, que aumenta el tráfico, que haya un negativo impacto ambiental, entre otros.

Por lo tanto, es que nosotros estamos en este segundo resolutivo que ponemos a consideración de este Pleno, solicitando a los compañeros Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que pudieran tener el mayor cuidado a la hora de hacer el análisis acerca de estos cambios de uso de suelo, que escuchen a los vecinos que, por supuesto, cumplan con todo el procedimiento establecido en la norma, para que no se genere ninguna suspicacia, porque también es cierto que ya se ha escuchado por ahí, que esta intención responde al inminente cambio de la configuración aritmética parlamentaria que sufrirá la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a partir del próximo mes de septiembre, cuando el Partido que hasta ahora ha sido hegemónico en el Distrito Federal, dejará de tener mayoría absoluta en ese órgano.

Por lo tanto, lo que estamos solicitando, y por eso pido el voto a favor de este resolutivo de este punto de Acuerdo, es simple y sencillamente que se hagan las cosas bien, que no se hagan cosas buenas que parezcan malas o que puedan generar suspicacias, precisamente ante la premura con la que se quieren o se pretenden aprobar estos cambios de suelo, y ante, insisto, la inminente terminación de esta VI Legislatura en la Asamblea Legislativa.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: La Ciudad de México, antigua Ciudad de los Palacios, se encuentra inmersa en un proceso de modernización continúa, donde las autopistas urbanas, los segundos pisos, la construcción de grandes plazas comerciales y nuevos desarrollos inmobiliarios son parte del escenario cotidiano.

En este contexto, vemos barrios, colonias tradicionales que empiezan a cambiar paulatinamente de rostro, a veces con la oposición de sus comités de vecinos o de organizaciones de colonos, por lo que las afectaciones a sus viviendas, a su patrimonio y al entorno ecológico son irreparables.

Casos por mencionar sobran: la Línea 12 del Metro; las afectaciones a cientos de viviendas en la Delegación Tláhuac; el pueblo de Xoco, en el sur de la capital, donde hay edificios de hasta 20 pisos de corporativos, de empresas que han provocado graves problemas, que también generan escasez en el abastecimiento de agua para los antiguos pobladores de estas zonas y por supuesto, un cambio radical en sus costumbres y su rol de vida.

Toda esta dinámica tiene como punto sensible y determinante los llamados usos de suelo. Los usos de suelo en la Ciudad de México, en donde las casas del estilo y tiempo del Porfiriato de pronto se convierten solamente en la fachada de grandes edificios, se respeta solamente la fachada, es de cantera, de herrería antigua, pero tras de esa fachada se destruye toda la edificación y se construyen grandes edificios.

Esta dinámica, efectivamente, la vemos con gran frecuencia en la capital del país, y vemos cómo se derrumban residencias, cómo se construyen comercios, cómo en algunos momentos colonias como la Del Valle, Roma, Narvarte, entre otras colonias, dan paso a la construcción de grandes edificios, lo cual también ha venido generando grandes problemas de movilidad urbana.

Todo esto en medio de la polémica, del malestar de los ciudadanos, de las organizaciones ciudadanas o los riesgos que implica en materia de seguridad urbana una serie de modificaciones a los usos de suelo que conllevan cierto desorden.

Es un tema muy importante, por eso el día de ayer dictaminamos en esta Primera Comisión, por unanimidad, precisamente, llevar a cabo un par de exhortaciones, una al gobierno del Distrito Federal y otra a la Asamblea.

En 2014, se presentaron un total de 3 mil 425 denuncias, que se recibieron en diferentes instancias, como son: la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; así como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Urbano del Distrito Federal. Hay voces, entonces, que han estado planteando este tema.

Por supuesto que también es importante, que recientemente se ha informado que la Asamblea del Distrito Federal tiene entre sus pendientes, decidir la aprobación de otros 41 cambios de uso de suelo en zonas del Distrito Federal; por supuesto, la bancada del PRI respalda este dictamen, que el día de ayer se procesó en la Primera Comisión, por supuesto, con el respeto a las autoridades capitalinas y el respeto debido a la Asamblea Legislativa.

Es importante que hagamos una reflexión, sobre todo para que pensemos que lo más importante en materia de desarrollo urbano, lo más importante en cambios de uso de suelo es el usuario, la persona, el ciudadano, el ser humano que vive y convive todos los días aquí en la Capital del país; esa es la razón por la que finalmente estamos solicitando a varias instancias, entre ellas, a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, que se hagan informes sobre esta materia para los efectos de que se pueda normar el criterio en las futuras decisiones que se realicen en materia de cambios de uso de suelo.

Por esa razón, estaremos votando a favor del presente dictamen.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Con su venia.

Hablar de lo que acontece en materia de desarrollo urbano en las grandes metrópolis es un tema sumamente complejo, es un problema nacional y que enfrentan prácticamente todos los países que están en vías de desarrollo, como el nuestro, sobre todo por la gran concentración urbana de municipios, no solamente alrededor de las capitales de muchos de nuestros estados, sino por la necesaria búsqueda de trabajo, de mejores condiciones de vida por parte de las zonas rurales, que siempre buscan estas condiciones en las grandes ciudades.

Este problema tiene mucho tiempo, es un problema, por supuesto, de una gran preocupación y tiene que ver con la legislación que permanente se está perfeccionando en la materia de desarrollo urbano y vivienda, tiene que ver también con la revisión permanente de la legislación que debe de regular el cambio de uso de suelo rural, la granja, lo urbano, qué sé yo.

Por supuesto que los debates alrededor de estos temas son muy complejos y son de una gran atención por parte de legisladoras y legisladores, no solamente en la Comisión Permanente, no solamente en las Cámaras del Congreso de la Unión, no solamente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sino en todos los congresos locales, fundamentalmente en todos los congresos del ámbito local.

¿Qué acontece en el Distrito Federal?

Ya me parece, y si me permiten opinar sobre este punto de Acuerdo, que se discutió en la Primera Comisión, me parece que los tres puntos están debidamente consensados, son puntos que, por supuesto, tenemos que aprobarlos, signarlos, fueron construidos, insisto, en consenso para que pudiera la autoridad, en este caso, del Distrito Federal, pues informar sobre algunas denuncias, no estamos prejuiciando, sino que debemos tener una información formal respecto a las denuncias que tienen que ver con presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México.

¿Qué dice la Secretaría? ¿Cuál es el procedimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal?

En primer lugar, hay que mencionar que el Distrito Federal tiene una organización vecinal muy importante, no nueva, pero sí muy novedosa, porque no la encontramos, por cierto, en otras zonas metropolitanas del país.

En el caso del Distrito Federal, además de que existe desde hace mucho tiempo, es muy participativa, hay un comité técnico que está integrado precisamente con los y las vecinas organizadas debidamente, que junto con las autoridades delegacionales, y por supuesto las distintas dependencias que tienen que ver con cada una de estas solicitudes que pueden presentar cualquier particular, así lo dice la ley, pero que en la revisión de éste comité técnico, se verifica si ha lugar o no, a la pretensión del cambio de uso de suelo.

Es lo que pasa en el Distrito Federal, ahí este primer paso que tome en consideración de manera concreta y particular lo que opinan también las y los vecinos de esa demarcación de ese territorio, inmediatamente pasa a la Asamblea Legislativa, quien finalmente, en función de lo que establece la ley, determina si se autoriza o no se autoriza determinada solicitud. Ese es el procedimiento.

Ahora bien, me parece que es muy importante destacar que en esta discusión, no es una discusión solamente que la autoridad que está inscrita en el Poder Legislativo, que en este caso es la Asamblea Legislativa, lo decida de motu proprio, como pasa en otros congresos locales, por cierto del país; aquí no hay un procedimiento en donde participa la autoridad delegacional, la demarcación territorial y participan además, también distintas autoridades para ver los impactos y de por supuesto, también vecinas y vecinos.

De tal manera que me parece que es muy pertinente cómo la Primera Comisión decide estos tres puntos de Acuerdo para darle causa a la solicitud, a la inquietud presentada aquí por distintas legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Permanente.

Entonces, simplemente, señor Presidente, legisladoras, legisladores de la Comisión Permanente, quiero dejar constancia de que me parece que, como está inscrita la preocupación en estos puntos de Acuerdo, permiten ciertamente tener una información no prejuiciada, una información formal debidamente sustentada, justamente en esta oficialidad de las dependencias y de las estructuras y los procedimientos planteados en la propia normatividad del Distrito Federal, que nos permitirán seguramente tener las condiciones para conocer cómo va el procedimiento.

Finalmente, el que las y los legisladores en determinado congreso o en la propia Asamblea Legislativa decidan hasta el último día convocarse para reunirse en sus plenos, ese es un tema muy interesante, porque, por cierto, acontece en todos los 31 congresos locales del país, acontece igualmente en las propias Cámaras del Congreso de la Unión y mientras que no exista una norma expresa en contrario, pues siempre estarán en funciones las y los legisladores, como es el caso de la Asamblea Legislativa, para reunirse en tiempo y forma como lo señala la Constitución.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Senadora De la peña Gómez. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.





 

Tenemos la discusión del dictamen que exhorta a implementar las medidas necesarias para garantizar la protección y un trato digno a los refugiados que ingresan a nuestro país. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentario.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la "Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los tres niveles de gobierno a brindar protección y un trato digno a los miles de refugiados que ingresan a nuestro país buscando seguridad y mejores condiciones de vida", presentada por el Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015, el Diputado. Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometió a consideración de la Asamblea la "Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los tres niveles de gobierno a brindar protección y un trato digno a los miles de refugiados que ingresan a nuestro país buscando seguridad y mejores condiciones de vida".

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-892.

II. CONTENIDO

El diputado señala que el 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado en conmemoración a la fuerza y resiliencia de aproximadamente 51 millones de personas que se vieron forzadas a abandonar su tierra debido a la guerra, persecución o desastres naturales.

Explica que la protección de los refugiados se hizo el mandato principal de la agencia de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas, la cual, señala, fue creada para ocuparse de los refugiados, especialmente de los que esperaban regresar a casa al final de la Segunda Guerra Mundial.

Refiere que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 14, establece que en caso de persecución, toda persona tiene derecho de buscar asilo, y a disfrutar de él en cualquier país e indica que, bajo este principio, se creó la Convención de Refugiados de 1951, que es el mandato principal del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el principal objetivo de proporcionar protección internacional a los refugiados y buscar soluciones permanente a sus problemas.

Expone que, de acuerdo con la Convención, un refugiado es aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país.

El diputado da cifras de Tendencias Globales 2014, en el que, cita, en lo referente a los países que más acogen está Pakistán, que alberga el mayor número de refugiados en todo el mundo (1.6 millones), seguido de Líbano (1.1 millones), Irán (1 millón) y Turquía (800 mil).Indica que más de la mitad de los refugiados del mundo (55%) procedía de cinco países: Siria, Afganistán, Somalia, Sudan y Sudan del Sur, esto indica que la guerra sigue siendo la causa principal del desplazamiento forzado.

Por lo tanto, apunta que en 2013 había 51 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo derivado de la persecución, los conflictos, la violencia generalizada y las violaciones de derechos humanos, de los cuales, señala, unos 17 millones eran refugiados; la cifra total incluía a 33 millones de desplazados internos y 1.2 millones de solicitantes de asilo.

El diputado considera que la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de nuestro país, promulgada en 2011,significó un gran avance en materia de derechos humanos, sin embargo, apunta que nuestro país enfrenta nuevos desafíos en la protección de los refugiados, con los denominados "flujos migratorios mixtos", que, de acuerdo con el diputado, se caracteriza por un reducido número de solicitantes de asilo y refugiados viajan inmersos dentro de una numerosa migración económica indocumentada.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno afin de implementar las medidas necesarias para garantizar la protección yun trato digno a los miles de refugiados que ingresan a nuestro país en búsqueda de seguridad y mejores condiciones de vida.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de estudio de la proposición referida, considera necesario señalar que, a nivel internacional, el refugio es considerado fundamental en tanto que es parte integral del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario. Por lo que está consagrado en un instrumento multilateral de carácter vinculante con múltiples obligaciones para los Estados como lo es la Convención de Ginebra de 1951.

El refugio es un derecho humano consagrado en Tratados Internacionales mediante los cuales se establecen múltiples obligaciones al Estado receptor, dado que "el Estado debe proveer ciertas garantías que le permitan a la persona acudir ante las autoridades para el pleno goce y ejercicio de este derecho, incluyendo las garantías del debido proceso legal durante el procedimiento de determinación de esta condición"

En México tuvo lugar la reforma en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011, que tuvo un impacto notable en la organización jurídica de nuestro país al insertar el principio pro persona al artículo primero constitucional y por el reconocimiento de los derechos humanos.

Derivado de este proceso reformatorio, el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "En caso de persecución por motivos de orden político, toda persona tiene derecho a solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones".

No obstante, nuestro país ya contaba con una Ley denominada Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, misma que fue reformada el 30 de octubre de 2014 para incluir el asilo político dentro de su ámbito de observancia.

Lo anterior colocó nuevamente a nuestro país como un referente en materia de derechos humanos y en el respeto a los derechos inherentes al ser humano. Particularmente en materia de refugiados, México se ha distinguido por contar con una política internacional tradicionalmente humanitaria, y es considerado como un receptor natural de refugiados. En ese tenor, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR) contabilizó para 2012 cerca de 1,700 refugiados en México, sin considerar el número de solicitantes en ese momento, lo que representa una cifra relevante a nivel regional.

Al respecto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), indica que tan solo entre 2002 y 2013 se recibieron 6 mil 926 solicitudes de refugio y protección complementaria de todo el mundo, proyectando al territorio mexicano como un destino atractivo para quienes buscan una nueva vida.

No obstante los esfuerzos de nuestro país el fenómeno migratorio se ha complejizado a nivel mundial, y en México no es la excepción nuevos factores representan amenazas y suponen nuevos retos para garantizar la seguridad humana de los migrantes.

En ese sentido, los estudios el ACNUR señala que el mayor número de refugiados en nuestro país provienen de países americanos, de los cuales El Salvador encabeza la lista de mayores solicitudes, con mil 78 solicitudes, seguido de Honduras, Colombia, Cuba, Guatemala y Nicaragua, además de la India.

Para atender cabalmente a los refugiados en México, se han tomado acciones necesarias, como la expedición de una ley en la materia, la inclusión de ello en la Constitución y el diseño de estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

De igual manera, con la reforma en materia de derechos humanos, los refugiados en México gozan de los derechos humanos consagrados por nuestra Carta Magna, de conformidad con el artículo primero, que a la letra dice:

Artículo 1º "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Por los argumentos anteriores, esta Comisión considera que el gobierno federal y la autoridades responsables cuentan con un marco legal que se ha reformado para atender las necesidades y los nuevos retos que exige un fenómeno tan complejo como lo es el flujo migratorio de personas, y que, conforme a la reforma de junio de 2011, los derechos humanos consagrados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México es parte, deben ser observados en cualquier actuación de la autoridad.

Si bien es cierto que aún existen ajustes que deben ser precisados conforme la implementación de las reformas lo exija, también es necesario puntualizar que los esfuerzos del Congreso de la Unión en materia humanitaria son incesantes y que se atenderán con la mayor oportunidad, sin embargo, se confía en que actualmente el marco legal que nos rige permite la protección integral de las personas refugiadas, el respeto pleno a sus derechos y a su dignidad humana, por lo que esta Comisión estima necesario que se exhorte al Gobierno Federal, a las autoridades estatales y municipales a actuar en esta materia con estricto apego a la normatividad vigente.

Lo anterior es necesario dado que diversas organizaciones entre las que destaca Sin Fronteras IAP, señalan que los refugiados en México se enfrentan a problemas cotidianos tales como diferencia en el idioma para aquellos que no hablan español, la discriminación laboral, la falta de reconocimiento de la validez de los documentos de residencia por instituciones privadas y públicas así como la falta de oportunidades para acceder a la educación o a la vivienda, retos que sea necesario puntualizar en la Ley, no obstante, el Capítulo IV denominado "De la Asistencia Institucional" señala las atribuciones de la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo las acciones necesarias en este ámbito.

Esta Comisión estima positivas las reformas recientes en materia de refugio y asilo en nuestro país, así como los avances reconocidos por organismos internacionales en la materia.

Estas acciones reflejan que es del mayor interés para el poder legislativo privilegiar el respeto a los derechos humanos y brindar oportunidades de desarrollo a quienes se encuentren amparados por nuestras leyes y los Tratados Internacionales en la materia y, por tanto, considera procedente el exhorto en virtud de que las autoridades deben redoblar esfuerzos para que los refugiados en nuestro país gocen plenamente de sus derechos.

RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de implementar las medidas necesarias para garantizar la protección y un trato digno a los refugiados que ingresan a nuestro país en búsqueda de seguridad y mejores condiciones de vida.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor Presidente; con su permiso, compañeras y compañeros legisladores:

Referido a este dictamen derivado de la reforma constitucional, en materia de derechos humanos, nuestro país dio la necesaria preponderancia a este tema.

Con ello también se incorporó el principio de que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarían de conformidad no solo con la propia Constitución, sino con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Los puntos de Acuerdo que ha aprobado la Primera Comisión son congruentes con este principio, y por ello, en Nueva Alianza queremos manifestar nuestra anuencia en dichos exhortos.

El 20 de junio se celebró el Día Mundial de los Refugiados.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, este tema ha alcanzado enormes proporciones.

De acuerdo con las estadísticas más recientes de este Alto Comisionado, alrededor de 6 millones de personas, sin incluir el caso de los refugiados palestinos, han estado viviendo en el exilio durante al menos 5 años.

De acuerdo con nuestro artículo 11 constitucional, toda persona tiene derecho a solicitar asilo en caso de persecución, por motivo de orden político; y por razones de carácter humanitario, recibiría refugio.

La tradición en nuestro país como destino de asilo es conocida a nivel internacional, por ello existe un marco normativo adecuado para ese tema.

Asimismo, se cuenta con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, cuyas cifras al mes de noviembre de 2013, señalaba que en nuestro país había 1,674 personas refugiadas provenientes principalmente de Centroamérica.

A pesar de ello, como lo refiere el punto de Acuerdo, los refugiados en nuestro país se enfrentan a una diversidad de problemas cotidianos que van desde la barrera del idioma, la discriminación laboral o el desconocimiento de sus documentos de residencia, situaciones que dificultan su adecuada integración a nuestra sociedad.

De este modo, en Nueva Alianza coincidimos plenamente con el exhorto promovido por el Diputado Enrique Aubry, a fin de que se pongan en práctica medidas necesarias para garantizar la protección y un trato digno a los refugiados que ingresan a nuestro país.

Es decir, que garanticemos a los que ingresan por nuestra frontera sur, lo que exigimos y nos duele, que no se respeta en nuestra frontera norte.

Ya que la protección de los derechos humanos, principalmente en sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es uno de los pilares de nuestra agenda legislativa, y en esa tesitura se ubica, sin duda, la infancia, un grupo al cual se le debe garantizar un desarrollo armónico adecuado.

En diciembre de 2014 se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dicho ordenamiento prevé en sus artículos transitorios diversas obligaciones, entre ellas las de las legislaturas de las entidades federativas para realizar las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en la ley, otorgándose un plazo de 180 días naturales posterior a su entrada en vigor.

Del mismo modo, el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto señala que el Sistema Nacional de Protección Integral deberá quedar instalado dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del Decreto, plazo que se cumplió el pasado 6 de junio.

La trascendencia de la edad referida no es menor para Nueva Alianza, ya que se crea el Sistema Nacional de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, cuyo propósito radica en integrar a los representantes de las instituciones de los diferentes sectores y niveles de aplicación de la política nacional de protección integral de la niñez y adolescencia, para garantizar el pleno goce de sus derechos, motivo por el cual es apremiante que las entidades federativas que aún no realizan armonización a sus leyes locales con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cumplan con esta obligación, destacando también la importancia de que se instale el Sistema Nacional de Protección Integral.

Por ello, coincidimos con el exhorto que promovió la Diputada Verónica Juárez, en ese sentido.

Las entidades que hasta ahorita no han cumplido son: Baja California Sur, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

Para mi grupo parlamentario, lo esencial es garantizar a cabalidad los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de los grupos más desprotegidos de nuestra sociedad. A ello nos hemos comprometido, y por eso hoy nos reunimos exclusivamente a apoyar este exhorto promovido por los Diputados promoventes.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada María Sanjuana.

Para hablar también sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Amalia García.

La Diputada Amalia Dolores García Medina: Gracias, señor Presidente.

Es el tema de emigrantes, y tiene que ver con el refugio.

Efectivamente, México es un país que tiene una gran tradición de, no solamente garantizar asilo, sino también refugio a miles de personas.

El siglo XX fue característico porque ante el riesgo que tenían miles y miles de niños en la Segunda Guerra Mundial, desde España fueron trasladados y recibidos en nuestro país.

Esta es una nación, que México le dio no sólo respeto, sino generó un enorme respaldo a nuestra nación y coincidencia con nuestra tradición y nuestra historia.

También, a finales del siglo pasado, México se distinguió porque ante gobiernos militares y ante dictaduras abrió las puertas a aquellos que deseaban salvar su vida.

El refugio y el asilo son dos tradiciones con las cuales México ha estado comprometido a lo largo de los años.

Efectivamente, el asilo es una figura que está tipificada para aquellos que tienen riesgo político, son perseguidas, perseguidos políticos.

En el caso del refugio, es una figura que se ha diseñado para abrir las puertas a quienes corren riesgo, no necesariamente por razones políticas.

Y en el caso de Centroamérica, si algo caracteriza hoy la migración de miles y miles de personas, especialmente jóvenes, y yo destacaría el caso de Honduras, que es uno de los países con más alto índice de asesinatos por armas de fuego de jóvenes, y es un país que está siendo vaciado por aquellos miles que huyen de la violencia.

Lo que encontramos es la pertinencia, la necesidad de que salven sus vidas, y llegan muchos de ellos a México.

Me parece, pertinente que efectivamente esta gran tradición de México de asilo y de refugio, que además está no solamente respaldada en nuestra historia, sino en el compromiso de México y en sus leyes y en instrumentos internacionales, se abra mucho más en estos días, y lo digo porque, revisando las cifras de las deportaciones de México hacia Centroamérica, en los últimos 6 meses, han sido deportados más de 90 mil centroamericanos y centroamericanas, muchos de ellos menores de 18 años, niñas y niños no acompañados.

Es pertinente, es urgente que efectivamente la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se abra para que puedan ser recibidos, junto con sus familias, aquellos que son perseguidos, y también los adultos, y que junto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugio, se diseñen mecanismos para su protección.

Hoy, sin embargo, no se está protegiendo, desde el punto de vista de quienes hemos analizado la situación de los migrantes centroamericanos en México, su seguridad, ni su integridad.

La política prioritaria que se está siguiendo por México es la deportación fastrack, sin considerar, en el caso de niñas y niños, su interés superior, que debería significar un alto en el camino para ver si la deportación no va a significar un riesgo altísimo para su vida. Esto tendría que considerarse, y me parece que estamos en el momento preciso y justo, después de que se ha hecho esta celebración por el Día Mundial del Refugiado, para revisar lo que está pasando en México.

Que en México se abra la posibilidad del refugio, que se ponga por delante el reconocimiento de que los migrantes tienen derechos, y que dejar su lugar de origen no significa la pérdida de esos derechos, y que la prioridad a la hora de atender a los migrantes es el concepto, no de seguridad nacional, sino el concepto de seguridad humana. Eso es lo que tiene que estar por delante.

Y, por supuesto, espero que las voces en esta Comisión Permanente permitan que México dé un paso para esta protección y no para la deportación en caliente, sino atendiendo a las causas de esa migración; ser, con esa tradición y con esos instrumentos internacionales que tiene México, solidario con quienes buscan una protección.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada García Medina.

La Diputada Hilaria Domínguez Arvizu: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.





 

Tenemos la discusión del dictamen por el que la Comisión Permanente reconoce la actuación de los elementos de seguridad involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de este año. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a otorgar reconocimientos y apoyos a favor de dos elementos de seguridad involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015”, presentada por los Diputados Adriana Fuentes Téllez y Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a otorgar reconocimientos y apoyos a favor de dos elementos de seguridad involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015.”,. Dicha proposición fue presentada por los Diputados Adriana Fuentes Téllez y Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-900.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los diputados proponentes señalan que según información dada a conocer por el diario “Reforma”, el 10 de junio, justo cuando intentaba asaltar a un conductor, un delincuente fue baleado por un policía de investigación en Avenida Constituyentes, en la Colonia Daniel Garza, Delegación Miguel Hidalgo. Indican que sus cómplices lograron huir, pero el detenido fue identificado como Jorge Eduardo Damasco García, de 28 años de edad, quien, al parecer, tiene un largo historial delictivo por robo de vehículo, relojes y hasta secuestro.

Se narra en la proposición que cerca de las 10:00 horas, las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública captaron a por lo menos tres individuos que amagaron al conductor del vehículo en Constituyentes casi esquina con Camino de los Toros, y metros detrás del vehículo de la víctima circulaba un supuesto policía de investigación que con su arma de cargo disparó contra los asaltantes.

Señalan que dos escaparon, pero Damasco García cayó herido con un impacto en la espalda del lado derecho, lo que le provocó la pérdida permanente del movimiento en las piernas. Al lugar llegaron paramédicos, que trasladaron al presunto delincuente en calidad de detenido a la Cruz Roja, mientras que la víctima fue canalizada al Ministerio Público para iniciar su denuncia, y el policía de investigación fue llevado a declarar.

Los promoventes indican que según informes de la Procuraduría General de Justicia del DF, el detenido tiene dos órdenes de aprehensión pendientes por robo de auto y está relacionado con tres averiguaciones previas por robo de relojes de lujo.

Señalan que el nombre del agente que accionó su arma a favor de la víctima permanece hasta el momento sin darse a conocer.

Por otra parte, manifiestan que pasado 12 de junio un vigilante fue baleado en el estacionamiento de un centro comercial ubicado al sur de la ciudad de México, cuando intentó frustrar el asalto contra un cuentahabiente.

Señala que, de acuerdo con reportes de la Policía capitalina, cerca de las 13:00 horas, un hombre que había retirado 35 mil pesos de un banco fue interceptado por dos ladrones, cuando la víctima pretendía abordar un auto compacto, los sujetos lo amenazaron y el elemento de seguridad se aproximó para evitar el ilícito; sin embargo, los asaltantes le dieron un balazo en el pecho y huyeron a bordo de una motoneta amarilla. Los proponentes indican que minutos después, paramédicos de una ambulancia de Urgencias Médicas brindaron primeros auxilios al lesionado, identificado como Édgar García Becerril, de 42 años, quien requirió ser trasladado a un hospital privado.

Se señala que los policías adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana Universidad, coordinaron un operativo de vigilancia en la zona para ubicar a los agresores, sin embargo, éstos no fueron ubicados.

Los diputados promoventes, indican que de resultar completamente ciertas las versiones sobre estos dos hechos, estarían hablando de dos elementos de seguridad que no dudaron en auxiliar a personas inermes que estaban siendo amenazadas de muerte por peligrosos delincuentes.

Expresan que se refieren a dos probables guardianes del orden cuyo cumplimiento del deber les llevó a realizar actos heroicos en aras de proteger la seguridad de otros sin esperar nada a cambio. Señalan que ambos son ejemplo de lo que debe ser un funcionario dedicado a proteger a la población y es por ello que su labor debe ser reconocida con las más altas condecoraciones previstas por las leyes de la capital del país.

Destacan que por razones que no viene al caso mencionar, las instituciones policiacas no gozan de la estima ni del prestigio de buena parte de la opinión pública, pero así como diariamente se exige castigo para aquellos que no saben portar honorablemente sus uniformes, también debemos procurar el reconocimiento de quienes, como en los dos casos antes señalados, habrían hecho un ejercicio responsable de las funciones para las cuales fueron asignados.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que otorgue reconocimientos y apoyos a favor de los elementos de seguridad involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Como hacen del conocimiento los diputados proponentes del Punto de Acuerdo materia de este dictamen, y derivado de las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre los hechos ocurridos el pasado 10 de junio y 12 de junio en la Ciudad de México, en donde dos elementos de seguridad (uno policía de investigación de la PGJDF) no dudaron en auxiliar a personas inermes que estaban siendo amenazadas de muerte y en cumplimiento de su deber les llevó a realizar actos heroicos en aras de proteger a la seguridad.

Es importante destacar que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal dentro de sus funciones está la de realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

El objetivo de la proposición es exhortar al Gobierno del Distrito Federal para que de acuerdo a la normatividad aplicable se otorgue reconocimientos y apoyos a favor de los elementos de seguridad involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015.

Es importante destacar que la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal en su Capítulo III denominado “Condecoraciones, Estímulos y Recompensas” establece que los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública tendrán derecho a distintas condecoraciones, como es la condecoración al Valor Policial, que consistente en medalla y diploma, se conferirá a quienes salven la vida de una o varias personas o realicen las funciones encomendadas por la Ley con grave riesgo para su vida o su salud. Es importante destacar que se otorgará un estímulo económico adicional, ajustándose a las disponibilidades presupuestales.

En casos excepcionales, el Jefe del Departamento o el Procurador, según sea el caso, a propuesta del Consejo de Honor y Justicia y en atención a la respectiva hoja de servicios, determinará la promoción del elemento policial a la jerarquía inmediata superior.

De la misma manera en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, señala que la Policía de investigación, con el propósito de lograr una pronta, expedita y debida procuración de justicia, y ajustarse a las exigencias de legalidad, objetividad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos en el desempeño de su función, tendrán las obligación entre otras, la de actuar con apego al orden jurídico y respeto a los Derechos Humanos, brindar a la población un trato amable, respetuoso, profesional y de calidad humana en el servicio y proporcionar auxilio a las personas que hayan sido ofendidos o víctimas del delito, así como brindar o gestionar protección para su persona, bienes y derechos, cuando resulte procedente.

De la misma manera, en cumplimiento de sus funciones los Agentes del Ministerio Público podrán ser sujetos a reconocimientos por méritos o estímulos.

Esta dictaminadora reconoce que el Jefe del Gobierno del Distrito Federal y las autoridades en materia de seguridad están facultadas para motivar e incentivar este tipo de actos y sin invadir las facultades, nos permitimos realizar un respetuoso exhorto y una vez valorada la pertenencia de los elementos de seguridad a los cuerpos policiacos y respetando los protocolos de secrecía, se reconozca la labor de dichos elementos como un ejemplo de la actuación y cada día la ciudadanía confié en sus autoridades.

En este sentido, es importante destacar la labor de la policía de la Ciudad de México que ha cumplido con su deber con lealtad, como son los dos casos antes señalados, por ello esta Comisión dictaminadora considera viable la propuesta de los diputados para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que valore de acuerdo a la normatividad aplicable, se les otorgue un reconocimiento a favor de los elementos de seguridad involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce la actuación de los elementos de seguridad involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015, que en el cumplimiento de su deber, garantizan la seguridad y bienes de los ciudadanos.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que otorgue las distinciones y apoyos que sean procedentes conforme al marco legal aplicable, en favor de los elementos de seguridad involucrados en las acciones de protección a la ciudadanía acontecidos los días 10 y 12 de junio de 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 22 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado Abel Octavio Salgado Peña: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Las y los legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos de que son más quienes se dedican al servicio público de manera honesta, que aquellos que tuercen el camino y violentan la función para la que fueron designados.

Nuestra convicción parte de hechos palpables y no de buenos deseos. Ahí están como muestra los llamados Ángeles Verdes, quienes gozan de merecida fama mundial por apoyar amablemente a los conductores cuyos vehículos sufren averías en carreteras.

Los bomberos, en todas las entidades federativas, a quienes poco importa su vida en el noble afán de rescatar a las víctimas de incendios y conflagraciones diversas.

Los paramédicos, que proporcionan primeros auxilios a gente que se encuentra muchas veces en peligro de muerte.

Los médicos del sector salud, que luchan por reestablecer la salud de millones de mexicanos afectados por padecimientos de muy diversa índole.

Lamentablemente y por diversas circunstancias, que son de todos conocidas, la imagen de nuestros elementos de policía no es la que debiera corresponder a la de un país en el que impere el estado de derecho.

Muchas y graves son las acusaciones que diariamente se dan a conocer en contra de los agentes de la seguridad.

La situación ha llegado a un nivel de gravedad tal, que el propio Presidente de la República propuso una serie de medidas a efecto de recobrar la confianza y operatividad de los cuerpos policiacos de las entidades del país.

Sin embargo, tampoco es difícil encontrarnos con guardianes del orden que prestan su auxilio a la población cuando ésta lo necesita, tal situación dista de ser extraña.

Lo que ocurre es que los errores y excesos ocupan más espacios en la opinión pública que las buenas acciones.

Lo anterior se menciona toda vez que el dictamen que nos ocupa tiene como objetivo reconocer a dos elementos de policía involucrados en hechos que significaron la protección de la ciudadanía, nos referimos a lo ocurrido el 10 de junio, cuando Jorge Eduardo Damasco García, quien al parecer tiene un largo historial delictivo por robo de vehículo, relojes y hasta secuestro, intentó asaltar a un conductor, siendo baleado por un Policía de Investigación en la Avenida Constituyentes de la ciudad de México, lo que provocó inmovilidad permanente en sus piernas.

Hoy sabemos que el agente que accionó su arma, a favor de un ciudadano, responde al nombre de Ricardo López Lara, y que ha recibido un reconocimiento por parte del Gobierno del Distrito Federal.

También nos referimos a lo acontecido el 12 de junio, cuando un vigilante fue herido en un centro comercial, ubicado al sur de la ciudad de México, al intentar frustrar un asalto en contra de un cuentahabiente, que había retirado 35 mil pesos de un banco. Hablamos de Edgar García Becerril, quien fue baleado y por ello trasladado a un hospital para su atención.

En ambos casos, estamos hablando de elementos de seguridad que no dudaron en auxiliar a personas inermes que estaban siendo amenazadas de muerte por peligrosos delincuentes. Nos referimos a hechos heroicos realizados en aras de proteger la seguridad de otros, sin esperar nada a cambio.

Uno y otro elemento de seguridad, son ejemplo de lo que debe ser un funcionario dedicado a proteger a la población, y es por ello que su labor debe ser reconocida con la más alta de las condecoraciones previstas por las leyes de la capital del país.

Por eso nos unimos al contenido de la presente proposición con punto de Acuerdo, toda vez que consideramos que es importante destacar la labor de la policía de la ciudad de México, que ha cumplido con su deber, con lealtad, como son los dos elementos que ya hemos mencionado.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputado Salgado Peña. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.





 

Pasamos a la discusión del dictamen que exhorta a las Procuradurías de Justicia de los estados de Guanajuato y de Sinaloa, a investigar y resolver los homicidios de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, respectivamente. El dictamen está publicado en la Gaceta.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías de los estados de Guanajuato y Sinaloa a esclarecer los asesinatos de profesionales de la salud y al Consejo Nacional de Seguridad Pública a presentar una estrategia para la protección de dichos trabajadores que desempeñan sus servicios en comunidades donde prevalecen condiciones de inseguridad”, presentada por los Diputados Miguel Alonso Raya y Antonio Sansores Sastré, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III.CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015, los Diputados Miguel Alonso Raya y Antonio Sansores Sastré, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometieron a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías de los estados de Guanajuato y Sinaloa a esclarecer los asesinatos de profesionales de la salud y al Consejo Nacional de Seguridad Pública a presentar una estrategia para la protección de dichos trabajadores que desempeñan sus servicios en comunidades donde prevalecen condiciones de inseguridad”.

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-905.

II. CONTENIDO

Los diputados señalan que los trabajadores de la salud son profesionistas que deben acudir a prestar sus servicios a pesar de las situaciones de inseguridad que afectan a la población en general.

Exponen que la falta de recursos para que la población más desfavorecida acceda a los servicios básicos de salud se ha cubierto con pasantes y prestadores de servicio social que, explican, además de padecer carencias propias de su estancia, están sometidos a las condiciones de inseguridad, acoso del crimen organizado y la violencia que azota diversas regiones de nuestro país.

Refieren que desde 1935, Gustavo Baz Prada, director de la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM lanzó el proyecto de la realización del servicio social por los estudiantes de medicina y estableció como requisito indispensable para poder presentar el examen de médico cirujano una estancia práctica de 5 meses en alguna población sin profesionistas legalmente titulados.

Asimismo, explican que el servicio social, específicamente en medicina, implica un año de prácticas, de preferencia en centros médicos rurales, con el fin de fortalecer la atención primaria y la aplicación de principios de salud pública en estas comunidades.

Indican que el 75 por ciento de los centros médicos rurales están cubiertos por pasantes y que existe una mínima supervisión del trabajo de los pasantes lo que, consideran, ha dado lugar a problemas en la atención con calidad de los pacientes que acuden a los servicios de salud.

Apuntan que la inseguridad es uno de los problemas más recurrentes y graves a los que se enfrentan los pasantes pues indican que, de acuerdo con una encuesta realizada en nueve entidades del país, el 75% de los médicos encuestados han tenido un incidente de inseguridad, siendo las primeras causas, la extorsión telefónica, el asalto a mano armada y el robo de vehículo.

De esta forma, señalan  que María Teresa Adona Ponce, residente de medicina de la Universidad de Autónoma de Guadalajara, daba su servicio social en la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (Umaps), en el municipio de Romita, en la comunidad de Cruz de Aguilar y que el pasado 14 de junio, fue encontrada muerta en la salida al municipio de Cuerámaro.

En sus consideraciones, relatan que la última ocasión que María Teresa fue vista con vida, fue el viernes 12 de junio, luego de salir de la Umaps y que ya había denunciado un intento de allanamiento previamente, el cual habría sido ignorado, tanto por las autoridades como por los responsables de la Secretaría de Salud.

Puntualizan que ni las autoridades de la Región A ni de la Región B, han realizado ningún pronunciamiento, a pesar de que, por medio de un comunicado oficial, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, confirmó el fallecimiento de la pasante.

Los diputados explican que, de confirmarse este caso, sería el segundo caso en ocho meses, en el que una estudiante de medicina es asesinada en Guanajuato, luego de salir de la unidad donde realizaba sus pasantías.

Para dar soporte a la aseveración anterior, los diputados refieren que el pasado 26 de octubre del 2014, Paulina Méndez, estudiante de la especialidad en Traumatología en el Hospital General Regional en León, fue asesinada en un asalto, luego de resistirse a ser despojada de su computadora portátil por un sujeto, quien le clavó un objeto punzocortante en el pecho.

Igualmente, señalan que Luis Oswaldo Duarte Jiménez, pediatra neumólogo del hospital Ángeles, fue interceptado por sujetos armados cuando salía de trabajar y, posteriormente, se le encontró asesinado por el camino de terracería que conduce de la carretera Internacional México 15 al rancho Las Brisas, al norte de Culiacán, Sinaloa.

Consideran que los homicidios relatados deben esclarecerse y que la Comisión Permanente debe pedir a las autoridades las condiciones para que se garantice la integridad y la seguridad de estos profesionistas de la salud.

Bajo esa línea argumental, proponen lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa el pronto esclarecimiento de los asesinatos de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, respectivamente.

SEGUNDO. Así mismo, exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a abordar la problemática de la prestación del servicio de salud en comunidades donde prevalecen condiciones de inseguridad y riesgo, para elaborar y presentar una estrategia que garantice la integridad de los trabajadores de la salud.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de estudio de la proposición referida, considera necesario señalar que la formación profesional de los egresados de la carrera de medicina exige que el último año de estudios corresponde a la prestación del Servicio Social, el cual es un requisito obligatorio para la titulación, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º constitucional y la Ley General de Salud.

Los objetivos de establecer esta práctica como requisito esta relacionada con contribuir a la conservación de la salud de la población del país, proporcionando servicios de calidad profesional y humanística; colaborar al desarrollo de la comunidad especialmente en poblaciones rurales, zonas marginadas urbanas y aquellas con mayor carencia de servicios de salud, favoreciendo la realización de actividades de promoción para la salud, prevención, asistencia directa, educación e investigación para la salud y coadyuvar con las instituciones de Educación Superior para consolidar la formación del médico, fortaleciéndole una conciencia de solidaridad y compromiso social.

De esta forma, los estudiantes que estén por terminar los estudios en la carrera de medicina son asignados a distintas unidades para desarrollar sus conocimientos y prestar servicios a comunidades rurales y marginadas, principalmente. Se estima que cerca del 40% de los pasantes de medicina prestan su servicio social en unidades Médicas Primarias, no obstante, durante los últimos años se han presentado diversas quejas y denuncias respecto a las condiciones de seguridad que se ofrece a los pasantes.

Como instancia rectora del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud tiene la atribución para establecer las bases para implementar y conducir la política nacional que eleve la calidad de los servicios y de manera simultánea, apoyar la formación de recursos humanos para la salud que den respuesta efectiva a las necesidades de la población en la materia.

Considerar la seguridad de los profesionales de la salud es fundamental, toda vez que para desarrollar sus labores son asignados a comunidades distintas a las de su domicilio que requieren de la prestación de servicios de salud, ya sea por su localización o por su marginación, lo que resulta grave dadas las condiciones de violencia focalizada que vive nuestro país en algunas regiones.

Lo anterior provoca que los médicos pasantes enfrenten, además de sus labores, la de encontrarse en una situación de violencia que se traducen en agresiones directas a profesionales de la salud, quienes se encuentran en una situación más vulnerable debido a la función que desempeñan.

En 2012, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMPFEM) se pronunció al respecto ante una ola de violencia en contra de los profesionales de la salud, y reportó que, en un semestre de ese año, al menos 71 médicos pasantes fueron amenazados, agredidos,  secuestrados  o asesinados en diversas entidades del país, sin que la Secretaría de Salud y las autoridades proporcionaran condiciones de seguridad de forma oportuna.

En el mismo año, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó un estudio denominado “Condiciones de trabajo de los médicos pasantes mexicanos durante el servicio social”, en el que se señala que la ausencia de seguridad en la prestación del servicio social fue patente en el universo de estudiantes consultado.

El estudio refiere que, la inseguridad percibida por el grupo estudiado se agrupó en tres aspectos:

a) Como afectación en la persona del médico:37.4 por ciento de los pasantes no se sintió seguro en los poblados, rancherías, barrios y cabeceras municipales de los nueve estados donde trabajaron; uno de cada cuatro (26.7 por ciento)advirtió que su vida corrió peligro en algún momento. Inseguridad y peligro mortal conformaron la afectación.

b) Como intento y consumación de delitos sobre los pasantes: 35.9 por ciento mencionó intentos de irrupción sin consentimiento en el centro de salud, y en16.8 por ciento de los casos se logró este propósito. Uno de cada diez pasantes señaló tentativa de acoso o abuso sexual. Les robaron objetos de valor a18.7 por ciento de los mismos, en tanto que 1.5 por ciento dijo haber sido víctima de secuestro o intento del mismo. Habitar en un medio donde