Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 16 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: diciembre 2017
Última revisión: diciembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 11



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 17 de Junio de 2015

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APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:13 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Señoras legisladoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 27 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 17 de junio del año 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y cinco minutos del miércoles diez de junio de dos mil quince, con una asistencia de treinta y dos legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles tres de junio de dos mil quince.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe del avance de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, conducidas por el Poder Ejecutivo Federal del Gobierno de la República.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial; y a todas las de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al segundo bimestre del ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Informe sobre las consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso Post Mórtem a los extintos Capitanes 2/os. de Infantería Sergio Gabriel Ugalde Cortés, Julián Daniel Palacios López; Fuerza Aérea Piloto Aviador Luis Alonso Lara Corral; Teniente de Infantería Rolando Cruz Pérez; Subteniente de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación Miguel Ángel Jarquín Robles; Sargentos 2/os. de Infantería Alberto Sánchez García, Diego Aarón Pedraza Pérez; de Fuerza Aérea de Armamento Aéreo Germán Zamora Cardoso; y Soldado Policía Militar Enoch Altunar Altunar.- Se remitió a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Senador Isidro Pedraza Chávez, Segundo Informe de actividades legislativas.- Quedó de enterado. Se remitió a la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Informe de actividades en el marco del Tercer Encuentro Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, llevado a cabo del 22 al 24 de abril de 2015, en Cartagena de Indias, Colombia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, tercer Informe sobre el Seguimiento a la situación de los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California.- Quedó de enterado. Se remitió a la Cámara de Senadores. Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

 

Se recibieron veinticuatro comunicaciones de Diputados, por las que informan de su reincorporación a sus funciones legislativas, en el mes de junio de 2015:

• Carlos de Jesús Alejandro, a partir del día 8.

• Felipe de Jesús Almaguer Torres, a partir del día 9.

• Martha Berenice Álvarez Tovar, a partir del día 8.

• Alliet Mariana Bautista Bravo, a partir del día 9.

• Armando Contreras Ceballos, a partir del día 8.

• Antonio García Conejo, a partir del día 8.

• Verónica García Reyes, a partir del día 8.

• Valentín González Bautista, a partir del día 8.

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, a partir del día 8.

• Marino Miranda Salgado, a partir del día 10.

• Carlos Augusto Morales López, a partir del día 10.

• José Luis Muñoz Soria, a partir del día 8.

• Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, a partir del día 9.

• Máximo Othón Zayas, a partir del día 10.

• Carla Guadalupe Reyes Montiel, a partir del día 8.

• Araceli Torres Flores, a partir del día 8.

• José Luis Valle Magaña, a partir del día 10.

• Ricardo Villarreal García, a partir del día 10.

• Alfredo Zamora García, a partir del día 9.

• Damián Zepeda Vidales, a partir del día 10.

• Jorge Federico de la Vega Membrillo, a partir del día 8.

• Fernando Bribiesca Sahagún, a partir del día 10.

• Leobardo Alcalá Padilla, a partir del día 10.

• Joaquina Navarrete Contreras, a partir del día 9.

Quedaron de enterado. Se comunicaron a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas del 8 al 15 de junio de 2015.- Fue aprobada en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, oficio por el que informa la sustitución del Diputado José Arturo López Cándido por la Diputada Lilia Aguilar Gil, como Consejera Suplente del Poder Legislativo de dicho Grupo Parlamentario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Fue aprobado en votación económica. Se comunicó al Instituto Nacional Electoral.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para la recepción del Informe Anual de Labores 2014 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
MARTIN ALONSO HEREDIA LIZARRAGA

(Iniciativas)

El Diputado Alejandro Rangel Segovia, a nombre propio y del Diputado Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cultura del derecho y la justicia.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 132 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

 

Por Acuerdo de los grupos parlamentarios, se dio paso a un debate para referirse al Proceso Electoral 2015.- Intervinieron los legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda Franco del PANAL, Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Diputado Danner González Rodríguez del MC, Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM, Senador Armando Ríos Piter del PRD, Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN, Senador Arturo Zamora Jiménez del PRI, Senador Manuel Bartlett Díaz del PT, Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD, Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, Senador Roberto Gil Zuarth del PAN, Senador David Penchyna Grub del PRI, Diputada Amalia Dolores García Medina del PRD, Diputada Esther Quintana Salinas del PAN, Diputada Graciela Saldaña Fraire del PRD, Diputado José Antonio León Mendívil del PRD y Diputada Gloria Bautista Cuevas del PRD.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del ex Senador Héctor Pérez Plazola.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 350 BIS 3 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y los artículos 2 y 14 de la Ley General de Bibliotecas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo sexto al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de interculturalidad.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 4° de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, para introducir la figura del voto concurrente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor llevar a cabo una investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los servicios que ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a que, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, lleven a cabo las medidas legislativas y de política pública para evitar la muerte materna y el embarazo adolescente.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a sancionar al Partido Verde Ecologista de México por violar abiertamente el periodo de veda electoral.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a acelerar el proceso de publicación del programa de energías limpias en la Administración Pública.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre los despidos en Petróleos Mexicanos.- Se turnó a Tercera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a regular los servicios que prestan los organizadores de bodas, a través de contratos de adhesión.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México a presentar un informe de las acciones y avances que dicha comisión ha alcanzado en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, del combate a la explotación laboral de los menores y de la protección de trabajadores adolescentes en edad permitida.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar de los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos mediante la ratificación del Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se convoca a todas las fuerzas políticas del país a superar las diferencias planteadas en el pasado proceso electoral y a encontrar las coincidencias existentes en sus plataformas políticas para traducirlas en grandes acuerdos nacionales y políticas públicas de largo plazo, en beneficio de México y de sus habitantes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar los avances en la reactivación de la cédula de identidad personal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar la aparición de boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, en el estado de Baja California y se le solicita reforzar su despliegue territorial en los estados de Baja California y Sonora, a efecto de prevenir, identificar y sancionar delitos electorales que pudieran afectar el desarrollo de los comicios en el estado de Sonora.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar el seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la conductora Laura Bozzo, a fin de que no pongan en peligro la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar la agresión contra 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana, quienes resultaron lesionados el pasado 5 de junio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado a investigar a la ciudadana Martha Lilia López Aguilera, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF-Tabasco por el posible delito de usurpación de atribuciones y al órgano superior de fiscalización de esa entidad a fiscalizar el origen, uso y destino de las aportaciones, donaciones y subsidios al organismo sistema DIF-Tabasco.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación patrimonial del gobernador de Nuevo León y miembros de su familia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senador Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de sacar a la República de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el abasto suficiente de medicamentos a nivel nacional y cubrir las necesidades de la población.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a agilizar la investigación sobre el enriquecimiento inexplicable y se sancione la compra y coacción del voto por parte del candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se invita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a una mesa de trabajo para abordar las razones por las cuales no se ha suspendido el trámite de ratificación del Convenio Bilateral rubricado el paso 21 de noviembre del 2014, sobre transportes aéreos por incumplimiento del gobierno norteamericano en una negociación ya cerrada.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Armando Ríos Piter, Javier Corral Jurado, Benjamín Robles Montoya, Alejandro Encinas Rodríguez y Zoé Robledo Aburto y de los Diputados Juan Pablo Adame Alemán, Fernando Belaunzarán Méndez, Lilia Aguilar Gil, Danner González Rodríguez y Fernando Rodríguez Doval, con punto de acuerdo por el que se solicita garantizar la integridad física y el pleno ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de la asociación de Borde Político.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a auditar todas las obras que contrató el Gobierno Federal entre 2003 y 2012 con Grupo Tradeco y, en caso de acciones y omisiones, se proceda conforme a derecho.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a apoyar a la industria del acero nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo con relación a la transparencia de la Ronda Cero, producto de la reforma energética.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a informar sobre los protocolos que llevan a cabo en el sistema de drenaje profundo para prevenir las afectaciones producidas por precipitaciones pluviales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar módulos de prevención en materia del delito de trata de personas en los distintos ciclos escolares.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Guerrero a cumplir con el pago de indemnización a las víctimas afectadas por las inundaciones y deslaves generados por los fenómenos meteorológicos "Ingrid" y "Manuel" ubicadas en la Zona Diamante.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a promover en los centros hospitalarios del país la práctica de los partos humanizados y reducir lo más posible la realización de cesáreas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a informar los programas y medidas implementados que garanticen el desarrollo integral de la juventud mexicana, en el marco de los Objetivos del Milenio.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se condenan los hechos de violencia ocurridos en Oaxaca, así como la sustracción y destrucción de material electoral por parte de supuestos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar la inspección en materia de tráfico de especies.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que resultaron beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Martha Loera Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar y canalizar los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a elaborar y actualizar los atlas de riesgos municipales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a vigilar el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a presentar un informe detallado sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos diez años.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a elaborar un estudio sobre los efectos que causa el carbono negro en el medio ambiente y salud de las personas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a fortalecer programas tendientes a erradicar la portación de arma de fuego para prevenir los delitos a causa del uso de las mismas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a promover y reforzar acciones específicas de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a resolver de manera pronta y expedita las denuncias en materia electoral para dar certidumbre, legalidad y legitimidad al reciente proceso electoral.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a las instancias correspondientes de las entidades federativas a definir y homologar términos, funciones, modalidades, áreas de atención y procedimientos respecto de las diversas instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para las personas adultas mayores.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar y, en su caso, sancionar el ofrecimiento de sillas de ruedas y otros aparatos para la compra y coacción del voto en la delegación Iztapalapa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral a los municipios de Áporo, Charapan, Chinicuila, Churintzio, Coalcomán, Coeneo, Epitacio Huerta, Indaparapeo, Jiquilpan, Lagunillas, Morelia, Numarán, Ocampo, Paracho, Sahuayo, Senguio, Susupuato, Tingambato, Tinguindin, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Zitácuaro, a fin de comprobar que los recursos federales asignados entre 2012 y 2014 fueron ejercidos conforme a las disposiciones aplicables.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

El Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Mundial de los Océanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride con motivo del Día Mundial de los Océanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride con motivo del Día Mundial de los Océanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre los 800 años de la Carta Magna.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención en relación con el 25 aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con veintidós minutos y citó para la siguiente sesión pública el día miércoles diecisiete de junio, a las once horas.

Fin de la Sesión".


El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Secretaria.

Compañeros legisladores, a partir de la aprobación del Acuerdo el pasado 10 de junio, recibiremos a la doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien hará la presentación del informe anual de dicho Instituto, correspondiente al año 2014.

A fin de introducir a este salón de sesiones a la doctora Ximena Puente de la Mora y a los demás comisionados del instituto, esta Presidencia designa a los ciudadanos legisladores: Senador Daniel Amador Gaxiola, Diputado Fernando Rodríguez Doval, Senador Zoé Robledo Aburto, Senador Gerardo Flores Ramírez, Senador Luis Armando Melgar, Diputada María Sanjuana Cerda Franco y Senadora Dolores Padierna Luna.

Compañeros legisladores, les solicito cumplir con su encargo.

(La comisión cumple)

En tanto, hacemos un receso.

(Receso)






PRESENTACION DEL INFORME DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Compañeras legisladoras y legisladores, les pido tomemos asiento en nuestros escaños, para dar paso a recibir el informe que rinde a esta Comisión Permanente la Presidenta del INAI.

Les solicito a los fotógrafos que tomen sus placas y que nos permitan recuperar el orden en el Pleno.

Gracias.

Saludo la presencia de la doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Asimismo, saludo la visita de los Comisionados del INAI: Francisco Javier Acuña Llamas, bienvenido; Areli Cano Guadiana, bienvenida; Oscar Mauricio Guerra Ford, bienvenido; María Patricia Kurczyn Villalobos, bienvenida; Monterrey Chepov, bienvenido; y Joel Salas Juárez, bienvenido.

Bienvenidos todos quienes acuden ante esta Soberanía con la finalidad de cumplir con la entrega del informe 2014.

La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión recibe este informe, para lo cual, en cumplimiento al Acuerdo aprobado para recibirlo, tiene la palabra la doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para cumplir con la obligación de rendir el informe anual al Congreso de la Unión, sobre el acceso a la información, como lo establece el artículo 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Les solicito a los Senadores y a los Diputados, podamos ocupar nuestros escaños; el personal de apoyo que por favor deje libres los pasillos, les pido ese favor, que ocupemos un lugar adecuado para que no se dé la impresión de desorden, les ruego, para poder escuchar la comparecencia de la doctora Ximena Puente de la Mora.

Adelante, doctora.

La Doctora Ximena Puente de la Mora: Con su venia, señor Presidente.

Muy buenos días, señoras y señores Senadores y Diputados integrantes de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Unión.

Saludo con respeto y aprecio al Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión.

Saludo también a los Diputados Manuel Añorve y Martín Alonso Heredia, en su calidad de Vicepresidentes de esta Mesa Directiva. Así como a las Diputadas Rocío Esmeralda Reza, Cristina Ruiz y al Diputado Tomás Torres, en su carácter de Secretarios.

Igualmente, saludo con afecto y un gran respeto a mis compañeras Comisionadas y Comisionados que integramos el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI: Comisionada Areli Cano Guadiana, Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado Eugenio Monterrey Chepov y Comisionado Joel Salas Suárez.

Es un gran honor estar aquí en esta Comisión Permanente, hablando a nombre del pleno.

Saludo con mucho gusto a los integrantes de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, Javier Rascado Pérez, en su calidad de Presidente; y los coordinadores de las regiones de esta conferencia, Fernando Aguilera, Andrés Miranda, David Mondragón y Jesús Ramón Velázquez. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Aprecio y agradezco esta anfitrionía parlamentaria.

En la honrosa representación de mis compañeras Comisionadas y Comisionados que integramos el pleno del INAI, acudo en cumplimiento a lo establecido por el artículo 6o., Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como a lo establecido en el artículo 39, tanto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, como de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para hacer entrega del informe de labores del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora conocido como INAI, correspondientes al ejercicio 2014.

Este informe que hoy presentamos resulta emblemático porque refleja un importante cambio en el paradigma de la transparencia en nuestro país, mediante el otorgamiento de autonomía constitucional al Instituto y la prevalencia del principio de máxima publicidad. Pero también refleja el inicio de un nuevo ciclo, derivado de esta gran reforma constitucional, al interior del organismo garante de transparencia, un ciclo que significó el pasar de ser un organismo garante, circunscrito al ámbito federal, a un organismo de alcance nacional autónomo, con atribuciones y competencias sobre todos los niveles y poderes de gobierno.

En lo que respecta al rubro de acceso a la información, les informamos que durante 2014, el número de solicitudes de información ingresadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, fue de 114 mil 727 solicitudes de información, 4.9 por ciento más que en 2013, las cuales fueron atendidas en un tiempo promedio de respuesta de 12.8 días hábiles, plazo menor al establecido en la ley.

Destaca que derivado del creciente interés de las y los mexicanos por vigilar el curso de los asuntos públicos del país, las tres instituciones que registraron mayor número de solicitudes de información fueron: el IMSS, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE.

Esta manifestación de interés por escrutar los quehaceres públicos, se constata en el número de visitas del portal de obligaciones de transparencia, el cual fue consultado 44 millones 095 mil 692 ocasiones durante 2014, siendo el directorio de servidores públicos el rubro más visitado.

Asimismo, en cumplimiento de nuestras obligaciones, como máximo órgano garante de la transparencia, durante 2014 resolvimos 5 mil 691 recursos de acceso a la información pública.

Referente al proceso de mejora de gestión, en este mismo año 2014 obtuvimos un índice de recurrencia, entendido como el número de solicitudes que por cada 100 se convirtieron en recurso de revisión, de 4.9 por ciento, lo que refleja una disminución de .6 por ciento por el porcentaje señalado en el año anterior. Esto, aunado a la disminución de las inconformidades, es indicativo de que se ha mejorado la calidad de las respuestas otorgadas a los ciudadanos.

Asimismo, respecto a la evaluación de la información de oficio publicada en los portales de Internet durante el ejercicio 2014, el cumplimiento promedio de la Administración Pública Federal fue de 90.14 por ciento, superior al promedio observado en el 2013.

Por otro lado, es importante mencionar los casos relevantes resueltos por el pleno de este Instituto durante 2014.

Las condonaciones de créditos fiscales son de carácter público, es improcedente invocar el secreto fiscal cuando se trata de sujetos obligados; las resoluciones en materia de violaciones graves de los derechos humanos, como lo han sido los casos de San Fernando y Tlatlaya; la entrega de bases de datos sobre el caso de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial; la consulta a los pueblos indígenas sobre obras de infraestructura que afectan a sus comunidades; el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro; y en materia de datos personales, el acceso a sus titulares en los expedientes laborales, semanas de cotización y datos sobre sus empleos.

Junto con el crecimiento en el número de solicitudes de información, el 2014 fue un año caracterizado por el nivel de cumplimiento de las resoluciones emitidas por este Instituto, sin precedentes, por parte de los sujetos obligados, siendo el 98.8 por ciento de cumplimiento y solo 22 casos de incumplimiento a resoluciones de este Instituto.

Para realizar el acceso a la información durante el periodo en gestión, el Instituto emprendió un proceso de evaluación de los portales de transparencia de las 246 dependencias de la Administración Pública Federal, el cual muestra un nivel promedio de cumplimiento de 90.1 por ciento.

Ahora bien, respecto a nuestra responsabilidad como encargados de tutelar el derecho de protección de datos personales, procurando siempre el balance necesario entre el acceso a la información y la privacidad, informamos a esta Soberanía que lo referente al ejercicio de este derecho en el sector público durante 2014, se recibieron 29 mil 191 solicitudes de acceso y corrección de datos.

Destaca que entre las instituciones del sector público que recibieron un mayor número de solicitudes de información en esta materia, datos personales, fue el IMSS, el ISSSTE y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

En lo referente en la tutela del derecho de protección de datos en el sector privado durante este año, y que se informa, el Instituto desahogó en total de 131 solicitudes de protección de datos, durante el mismo periodo se atendieron 30 expedientes por el procedimiento de imposición de sanciones y, en los casos que así lo ameritaron, se impusieron multas por un total de 42.5 millones de pesos.

Igualmente es importante destacar que las y los ciudadanos, cada vez se acercan más al Instituto para hacer valer el derecho de protección de datos personales, como lo es posible apreciar al comparar 2 mil 490 recursos de revisión ingresados en 2014, con los 8 mil 714 recursos de revisión recibidos desde nuestra creación, lo que representa casi una quinta parte del total de los recursos acumulados desde el 2003, máximo histórico de resoluciones de este tipo de medios de impugnación.

En lo que respecta a acciones emprendidas para promover la protección de datos personales entre particulares, destaca la colaboración del Instituto con la Secretaría de Economía, para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los nuevos parámetros de autorregulación, en materia de protección de datos personales.

Todo esto participando como integrantes de este gran sistema e impulsando la materia de protección de datos personales.

Se realizó, también, el concurso de carteles de avisos de privacidad para personas migrantes, con diversos temas dirigidos a elevar los niveles de cumplimiento y disminuir el costo de implementación de la normatividad vigente.

Informamos, también, que en 2014 se generaron 21 mil 402 avisos de privacidad, utilizando la herramienta gratuita disponible en nuestra página para este efecto.

Asimismo, consciente de que no pueda asegurarse el ejercicio de un derecho de acceso a la información sin una buena administración de archivos, se realizó el Segundo Seminario Internacional sobre Gestión de la Información y Transparencia en colaboración con el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto Mexicano de la Administración de Conocimiento.

Además, convencidos de la necesidad de aprovechar las Tecnologías de la Información, promovimos la creación de un modelo de gestión documental, cuya primera versión presentamos en el marco de la red de transparencia y acceso a la información.

Todo esto participando como integrantes del Sistema Nacional de Archivos, colaborando estrechamente con el Archivo General de la Nación.

En el año que se informa, pusimos en marcha diversas acciones dirigidas a coadyuvar al cumplimiento de lo dispuesto en nuestra Carta Magna, siendo una de las más importantes, definitivamente, el tema de capacitación.

Derivado de ello, durante 2014 capacitamos 41 mil 116 servidores públicos, 81.1 por ciento en línea y 18.9 por ciento en modalidad presencial, a través de 169 acciones de capacitación, a las que asistieron 7 mil 757 participantes provenientes de 206 sujetos obligados.

Adicionalmente, y gracias al trabajo de capacitación realizado, los instructores formaron, en los talleres que impartimos capacitación, a mil 323 servidores públicos adicionales al interior de sus dependencias, propiciando así la difusión del conocimiento y el fortalecimiento de los derechos que tutelamos, en un sector cada vez más amplio de la población.

Objetivo que creemos cumplido, gracias al Centro Virtual de Formación, CEVIFAI, recursos electrónicos que nos han permitido ampliar la cobertura, homogenizar los contenidos y capacitar a 33 mil 359 servidores públicos en todo el país.

Garantizar el derecho de acceso mediante la existencia de normas que lo regulan, no es suficiente. Parafraseando a Kofi Annan, ejercer realmente un derecho humano, como son los derechos que tutelamos, implica tomarlo, defenderlo, promoverlo y entenderlo, en pocas palabras: darle vida.

En este sentido, durante 2014 promovimos una intensa campaña de vinculación con la sociedad, a partir de la cual conseguimos brindar 84 capacitaciones presenciales y 8 asesorías personalizadas en diversas entidades de la República.

Capacitamos a 791 ejecutivos del sector privado, en talleres especializados en materia de protección de datos personales; proporcionamos 795 asesorías en nuestro módulo de atención y recibimos 501 consultas en materia de protección de datos personales.

En lo que respecta a la promoción de la cultura de la transparencia, impulsamos la publicación de tres nuevos títulos de la ya clásica serie: Cuadernos de Transparencia.

La edición del libro: La Transparencia y el Acceso a la Información en Expedientes Judiciales, en colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y participamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así como en la Feria de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en colaboración con el Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Además generamos, y esto es muy importante, spots informativos en nueve lenguas indígenas, que se difundieron a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas y junto con la INALI apoyamos a la Organización del Cuarto Concurso Nacional de Spots de Radio.

Durante la Semana Nacional de Transparencia 2014, este Instituto entregó de manera siempre muy respetuosa, a este Honorable Congreso de la Unión, una propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual sirvió de base para que nuestros legisladores aprobaran dicha ley, mandatada en la reforma constitucional de 2014.

Asimismo, se entregó la propuesta de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que de igual manera es punto de referencia por el que el Poder Legislativo podrá generar esta nueva ley general.

Finalmente, lo correspondiente en la participación del Instituto en el plano internacional, el 2014 fue un año de consolidación de nuestra posición como un importante referente mundial en el ámbito de acceso a la información y protección de datos personales.

Ejemplo de ello es el hecho por el cual, por segunda ocasión y por unanimidad, el Instituto fue electo para ocupar la Presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales para el periodo 2015-2016, durante el Décimo Segundo Encuentro de esta organización, iniciativa que agrupa a 22 países.

Y desde la Presidencia de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, impulsamos la creación del vínculo electrónico para fungir como plataforma que permita realizar debates temáticos, para la creación de conocimiento y el intercambio de experiencia.

Se participó en 7 foros de debate sobre las experiencias en la construcción de mediciones, indicadores, transparencia proactiva y gobierno abierto.

Asimismo, derivado de los encuentros entre miembros de la Sociedad de Transparencia y Acceso a la Información, se impulsó el apoyo con la Organización de Estados Americanos, del concurso de cortometrajes para jóvenes estudiantes de los países miembros de la RTA.

Además, desde octubre de 2014 a la fecha en que México asumiera la Presidencia a nivel internacional de la Alianza para el Gobierno Abierto, el Instituto, como parte del Secretariado técnico tripartita, ha impulsado la adopción de los principios de gobierno abierto en nuestro país, a través del seguimiento de los compromisos del Plan de Acción Ampliado 2013-2015.

A través de iniciativas como la del Parlamento Abierto y la definición en conjunto con la COMELIT de una ruta para avanzar en la puesta en marcha de ejercicios locales de este modelo durante este año.

Distinguidas legisladoras y legisladores, compañeras Comisionadas y Comisionados, señoras y señores:

El 2014 fue un año de consolidación de la autonomía constitucional y el inicio de la transformación del Instituto.

La reforma constitucional del artículo 6o., mediante la cual nos convertimos en el primer organismo constitucional autónomo garante de la transparencia y datos personales a nivel mundial, trajo consigo nuevos compromisos y responsabilidades que demandaron al pleno de este Instituto, pusiera en marcha un proceso de reestructuración interna que nos permitiera estar preparados para hacer frente a los retos que esta nueva etapa nos plantea para la rendición de cuentas en nuestro país.

Para lograr este objetivo, en diciembre de 2014 iniciamos un ejercicio inédito en materia de planeación estratégica, que derivó en la publicación de la nueva visión, misión y objetivos estratégicos con los que habremos de enfrentar ya no sólo los retos derivados de la reforma constitucional, sino también los retos que nos plantea la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada el 4 de mayo pasado, una ley útil que por primera vez permitirá transparentar el uso de los recursos a los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos; una ley que representa un logro de la sociedad y para la sociedad, pero sobre todo, una ley que nos permitirá dar paso a la construcción del Sistema Nacional de Transparencia, cuyo consejo instalaremos el próximo 23 de junio, el cual se convertirá en una herramienta fundamental para impulsar la consolidación de la democratización de nuestro país.

Norberto Bobbio señaló que una de las razones de la superioridad de este sistema respecto a los estados absolutos, está basada en la convicción de que el gobierno democrático pudiese finalmente dar vida a la transparencia del poder, al poder sin máscaras.

El INAI está cumpliendo con seriedad, pero además con responsabilidad, su compromiso con la sociedad mexicana, de consolidar el derecho de acceso a la información como el medio ideal para garantizar a los ciudadanos la posibilidad de verificar el desempeño de sus autoridades mediante información clara y abierta, así como para impulsar la transparencia como una práctica inherente a la función gubernamental.

Por lo anterior, a nombre de mis compañeras Comisionadas y Comisionados que integramos el pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hacemos entrega de este informe de labores correspondiente al 2014 de este Instituto, al Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Senado de la República y de la Comisión Permanente.

Muchas gracias a todos por su amable atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, doctora Ximena Puente.

El Informe que usted ha presentado en cumplimiento del artículo 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se remitirá para su conocimiento a las Cámaras del Congreso de la Unión, las cuales, en el uso de sus facultades, harán el análisis y evaluación, y de ser necesario, convocarán a la Comisionada Presidenta para que se amplíe la información contenida en el documento presentado.

Yo quiero referir que los Senadores, Senadoras, Diputados y Diputadas que integramos la LXII Legislatura, nos congratulamos por haber concretado la reforma constitucional en materia de transparencia, y por haber aprobado una Ley General de Transparencia que robustece la garantía del derecho de acceso a la información pública y que permite conocer la información de los sujetos obligados, de los nuevos sujetos obligados: sindicatos, partidos políticos, legisladores, grupos parlamentarios, órganos autónomos del Estado y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos.

Se trata, como todos ustedes lo saben, de un logro compartido en el que hemos participado los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los representantes de los sectores interesados, los organismos autónomos y la sociedad civil.

El marco constitucional y legal que regula la transparencia y el acceso a la información, constituyen una de las conquistas más importantes de la sociedad y sus gobernantes en los últimos años.

México cuenta ahora con una estructura legal robusta y garantista del derecho de acceso a la información pública plasmada en la reforma constitucional y en la ley general, lo cual representa un gran avance en el fortalecimiento de la calidad democrática del Estado mexicano, posibilitando con ello un cambio profundo en las relaciones entre la sociedad civil y los gobiernos.

Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, materializan un derecho moderno, nuevo e irrenunciable para todos los mexicanos.

Gracias a la Presidenta, doctora Ximena Puente de la Mora.

Gracias por la presencia de los Comisionados integrantes del Instituto.

Valoramos los integrantes de la Comisión Permanente este informe que hemos recibido y les damos las gracias.

Agradecemos esta vinculación institucional entre el Congreso de la Unión y el Instituto que ustedes integran.

Gracias a todos ustedes.

Gracias, Presidenta.

Aplausos, por favor.

(Aplausos)

La comisión designada se servirá acompañar a nuestros invitados hasta las puertas de este recinto, y una vez que eso ocurra, pasaremos a despachar los asuntos de nuestra sesión ordinaria.

Gracias.

Les solicito reestablezcamos la atención al desahogo de nuestra sesión.

Las muestras de apoyo a los destapados, que se sigan dando al terminar la sesión, por favor.






LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS

Informo a la Asamblea que se han recibido diversos votos aprobatorios de los congresos estatales al proyecto de Decreto de reformas constitucionales, en materia de desaparición forzada.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con la recepción de los votos recibidos.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se va a realizar el escrutinio de los votos recibidos, señor Presidente.

(Se realiza escrutinio)

Señor Presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los Estados de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, al proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 19 votos aprobatorios del proyecto de Decreto de referencia.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Les solicito ponerse de pie para la declaratoria de aprobación.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente.

Favor de tomar asiento.

Legisladores de esta Comisión Permanente han solicitado hacer uso de la palabra sobre esta declaratoria.

Tiene la tribuna, para ejercer su derecho de voz, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 5 minutos.

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, señor Presidente. Con la venia de usted, y mis compañeras y compañeros legisladores:

Recibimos con beneplácito los votos de los congresos estatales que aprobaron la modificación al inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada, haciendo énfasis en que esta es la última reforma constitucional que concluye su proceso en la actual legislatura, cerrando así el ciclo de reformas estructurales en la que todos participamos.

Sin duda, la aprobación de esta enmienda constitucional permitirá al Estado mexicano atender a cabalidad los tratados internacionales en la materia, pero, sobre todo, cumplir con el compromiso de garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos.

Tocará, entonces, a la próxima legislatura diseñar y aprobar una ley general en materia de desaparición forzada de personas y otras formas de privación de libertad, la cual debe ser producto de una amplia consulta a la sociedad, organizaciones sociales, instancias que protegen los derechos humanos, representantes populares y autoridades de los tres órdenes de gobierno; sólo de esta forma se atenderá la demanda social de miles de familias en todo el país que han perdido a un familiar y aún no saben dónde se encuentra.

Hasta el mes de marzo pasado, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contabilizó oficialmente a 25 mil 821 personas como no localizadas, dato sumamente significativo y de relevancia a la reforma que hoy estamos mencionando.

Si bien nuestra Carta Magna establece, en su artículo 29, la prohibición expresa de la desaparición forzada, y que dicha conducta está tipificada en el Código Penal Federal, el tipo penal no concentra todos los elementos de dicha conducta, los cuales se encuentran establecidos en los diversos instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte, por lo tanto, ese deberá ser el eje articulador de la nueva ley que expida el Congreso de la Unión.

En Nueva Alianza refrendamos nuestro compromiso de legislar para erradicar ese delito que lacera y rompe el tejido social, y, más aún, consideramos un imperativo categórico que estas normas se apliquen a cabalidad.

Ante la desaparición forzada no debe, ni puede haber lugar hacia la impunidad, por lo tanto, nuestro beneplácito por esta nueva reforma que hoy estamos aquí proclamando.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada María Sanjuana.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM.

El Diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente.

En realidad, a nombre de mi grupo parlamentario, y de convicción propia diré poco.

Lo que ha hecho la Presidencia es hacer una declaratoria, virtud a que se trata de una reforma constitucional que precisa de la aprobación del 50 por ciento más 1 de las legislaturas de los estados que conforman la Federación mexicana.

Miren, además de un compromiso y de requerimientos internacionales, compromiso porque México forma parte de los mismos, y virtud a la modificación al reconocimiento de los derechos humanos del artículo 1o. de la Constitución Política de este país, y al deber del control de la convencionalidad, pues es necesario que México haga los ajustes que en instrumentos internacionales, de los que México forma parte, deba adecuar su legislación.

En realidad, este tema que aborda no solamente desaparición forzada, que es una adición al artículo 73 de la Constitución Política, establece que el Congreso mexicano tendrá facultad para expedir leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como en materia electoral; pero en la parte específica de desaparición forzada es sencillamente una reflexión permanente y necesaria.

Hay un interés muy sentido de la Asamblea, hasta de la Presidencia, estoy escuchando la charla muy amena, por cierto, pero voy a concluir diciéndoles: La aspiración de los gobernados es que quien les gobierna, lo haga respetando la ley, generando condiciones de tranquilidad y de paz para el armónico desarrollo y para la vida en la comunidad.

Pero qué puede ser más grave, el que en contra de la voluntad y violando la ley sean sustraídas personas…

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Diputado Tomás Torres, permítame usted, por favor.

Voy a rogar a los Senadores y a los Diputados, al Diputado Bueno Torio, que desde la mañana viene muy intenso, que pongamos atención al orador, está disertando profundamente sobre el tema, está disertando bien el Diputado Tomás Torres.

Adelante, Diputado Tomás Torres.

El Diputado Tomás Torres Mercado: Seguramente el interés ya disminuido es por virtud de que el tema ya fue en realidad discutido en ambas Cámaras, se trata de una formal declaratoria de mayoría, de una reforma constitucional, que fue acompañada por la aprobación de las legislaturas locales, necesaria para darle curso y vida para que el Congreso General emita leyes reglamentarias en materia de desaparición forzada.

Por último, cuando se reivindique la confianza de los gobernados en que la autoridad respete la ley para ellos, esto avanzará mejor.

¡Enhorabuena!

Mis respetos, señor Presidente, lo atenderemos siempre.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Torres Mercado.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia; compañeros y compañeras legisladoras:

Creo que quizá lo que está pasando en esta sesión de la Comisión Permanente, es un poco el reflejo de lo que estamos legislando, porque haber legislado sobre desaparición forzada en México no es una victoria de los políticos, no es una victoria de quienes rechazaron durante muchos años que ese delito se estuviera cometiendo en nuestro país, es la victoria de muchas voces de la sociedad civil, es la victoria de las víctimas, es la victoria de organizaciones, es la victoria del caso Radilla, del caso Cabrera García y Montiel Flores, del caso Rosendo Cantú, del caso Fernández Ortega, que ante la cerrazón, ante los oídos sordos y, muchas veces, ceguera del gobierno y sus representantes, también legislativos, no se había logrado reconocer que estos delitos ocurren y ocurren de manera sistemática en nuestro país.

¡Enhorabuena!, sin duda, que tengamos ya la facultad y que en septiembre, de manera muy seria, pero también muy diligente, empecemos a legislar en las leyes secundarias que refiere esta reforma al artículo 73 constitucional.

Pero déjenme decirles que además del tema de desaparición forzada, hay otros asuntos que esta reforma al artículo 73 nos permitirá legislar.

¿Cuáles temas?

Bueno, una de las grandes herencias de los compañeros del PAN, que qué bueno que están ahí todos bien puestos para la selfie, porque una de las herencias de nuestros amigos del PAN, de cuando fueron gobierno, fue el desplazamiento interno forzado en México, el desplazamiento que a la fecha, con esas enormes sonrisas, han decidido no reconocer; no reconocer un fenómeno que puede alcanzar a cerca de 250 mil mexicanos, 250 mil mexicanos que también son víctimas y que han tenido que dejar su lugar de origen, producto de la estrategia de combate al crimen organizado que fracasó, y que solamente nos dejó, como uno de sus productos asociados, este fenómeno de desplazamiento forzado interno en México.

La reforma al artículo 73 incorpora otras formas de privación de la libertad, y dentro de esas otras formas de privación de la libertad está, sin duda, el asunto del desplazamiento forzado en México.

También tendremos, en septiembre, la obligación de legislar en materia de ejecuciones arbitrarias, de ejecuciones sumarias, de ejecuciones extrajudiciales que se están presentando por todo el país también de manera sistemática, ahí están los casos de San Fernando, en Tamaulipas; ahí están los casos de Cadereyta; sin duda de Tlatlaya, de Ayotzinapa, por supuesto, más recientemente de Apatzingán, también será materia gracias a este fraseo de otras formas de privación de la libertad que legislemos en materia de ejecuciones arbitrarias.

Hace algunos días, la propia PGR estaba informando de cuántos casos de desaparición forzada habían sido cometidos por funcionarios públicos.

Quizá cuando escuchen los nombres de sus estados pongan un poco de atención: los 19 de Coahuila, los 9 de Chihuahua, los 22 de Tamaulipas, los 5 de Nuevo León, el de Sinaloa, 12 casos en el Distrito Federal, 7 en Colima, 7 en Jalisco, todos estos casos deberían de estarnos preocupando, porque son autoridades que están cometiendo delitos en contra de la población.

¡Enhorabuena por esta declaratoria!, reconozcamos que no es una victoria nuestra y pongámonos a trabajar en septiembre en lo que nos incumbe, y no solamente en materia de desapariciones y tortura, también desplazamiento y ejecuciones sumarias.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, esta declaratoria de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas y otras formas de privación de libertad contrarias a la ley, tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, constituye un gran avance para afianzar los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y, por ende, fortalecer las acciones a favor de la dignidad humana.

Pero es un motivo doble de celebración, porque justamente fue el Partido Acción Nacional y el grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República, quien puso en la mesa y puso en la discusión esta iniciativa, a través de nuestro compañero Senador Roberto Gil Zuarth. Es por ello que, en este sentido, señalamos y destacamos la tradición democrática del Partido Acción Nacional y el compromiso con el cumplimiento cabal de los derechos humanos en nuestro país.

Y esta declaratoria que hoy se da en el Pleno de esta Comisión Permanente, es trascendente y es relevante para la vida de nuestro país en materia, sobre todo, de respeto a los derechos humanos, porque de acuerdo a la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1992, se señalan un conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, y se considera que producen desapariciones forzadas cuando se dan los siguientes elementos: cuando se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que estas resulten privadas en su libertad de alguna u otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúen a nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o consentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas, o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley.

Esta declaratoria es relevante, también, porque de acuerdo con esta declaración, todo acto de desaparición forzada constituye una violación de las normas del derecho internacional, que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, y el derecho a no ser sometido a tortura ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Esta declaratoria que hoy se da en el seno de la Comisión Permanente es relevante, porque es necesario recordar que nuestra legislación penal federal contempla el delito de desaparición forzada, pero que este tipo penal está muy lejos de contemplar todos los elementos típicos que están contenidos en los instrumentos internacionales; elementos tales como: la privación de la libertad de una o más personas cualquiera que fuera su forma cometida por agentes del Estado; autorización, apoyo o asistencia del Estado cuando es cometida por particulares; negativa a la información o no reconocimiento de la privación de libertad y el paradero de la persona; imposibilidad de ejercer los recursos legales y garantías procesales; penas adecuadas a la gravedad de la conducta; consideración como delito continuado o permanente mientras no se localice a la persona; posibilidad de establecer atenuantes para aquellos que colaboren al establecimiento de la desaparición; no aplicabilidad de la prescripción o en su defecto igual habla al del delito con mayor término en la legislación nacional.

Además, este tipo penal que hoy contempla nuestra legislación penal está lejos de contemplar todos los elementos típicos de este delito, y además de ello señalar que a nivel nacional 22 entidades federativas han tipificado el delito de desaparición forzada de las personas, de las cuales 20 lo han hecho en sus respectivos códigos penales; y 2 han emitido leyes específicas para prevenir y castigar este ilícito. Es decir, hay una dispersión normativa a nivel local.

Además de esto, nos enfrentamos a un problema mayor, la ausencia casi total de investigación en la mayoría de los casos de desaparición forzada, lo que impide que contemos con un verdadero número de datos, un verdadero número cierto de desapariciones forzadas, con las que hay funcionarios públicos implicados.

Debemos recordar y es necesario también atender el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se señalan tres elementos, o tres observaciones o tres recomendaciones importantes.

La primera, se refiere a que México no cuenta con un registro nacional sobre desapariciones forzadas.

La segunda, se refiere a que nuestro país debe redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de migrantes que cruzan el territorio hacia los Estados Unidos.

Y la tercera, se centra en serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos, y en particular la búsqueda de personas desaparecidas, no siempre se inicia de forma inmediata.

La credibilidad internacional en México en materia de derechos humanos debe construirse sobre la base de una política coherente que garantice el respeto a los derechos humanos dentro de su territorio. Es decir, los compromisos adquiridos deben reflejarse en las medidas implementadas en el ámbito local, y es por ello que hoy con la aprobación, con el anuncio de esta declaratoria, damos un paso más al largo camino que aún falta por recorrer en materia de derechos humanos.

Es por ello que resulta de gran relevancia la inclusión en nuestro máximo ordenamiento legal de la facultad que nos permitirá realizar una ley general que prevenga este tipo de delitos, que no solamente vulneran a la persona a la que se ha sometido, sino a la sociedad misma.

Compañeras y compañeros legisladores: Con esta declaratoria, y en nuestro carácter de legisladores, estamos ahora frente a la gran responsabilidad de trabajar en el diseño y elaboración de las leyes generales en la materia que garanticen una adecuada tipificación de estas violaciones graves a derechos humanos, siempre acorde a los instrumentos internacionales, además de realizar las predicciones procesales legales que permiten llevar a cabo investigaciones efectivas que finalmente fortalezcan nuestro sistema de justicia y que fortalezcan el régimen de derechos humanos y, por ende, fortalezcan nuestra democracia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Pilar Ortega.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.

En los años recientes, sin duda alguna, esta LXII Legislatura ha hecho un trabajo muy importante, y ha sido debido a los acuerdos de todas las fuerzas políticas lo que ha permitido crear normas que están haciendo más efectiva la tutela efectiva de los derechos de todos los mexicanos.

Ésta no es la excepción, el día 1º de diciembre de 2014, el titular del Poder Ejecutivo envió una iniciativa, precisamente, para que se legislara en materia de desaparición forzada de personas. Es un tema que también abordaron diversos legisladores, en ambas Cámaras, de diferentes grupos legislativos, también, con la finalidad de prevenir, de sancionar, de castigar de manera efectiva este tipo de delitos.

El 29 de abril de este año, la Cámara de Senadores aprobó esta reforma constitucional, misma que también fue aprobada al día siguiente por la Cámara de Diputados, o sea, el 30 de abril.

El Congreso de la Unión, a partir de esta reforma que cobra carta de naturaleza con la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas como poder reformador de la Constitución, en ese sentido permite que, a partir de ello, este Poder Legislativo tenga la capacidad para expedir leyes generales en materia de desaparición forzada.

Esto significa que estaremos entrando a un proceso legislativo intenso pero muy importante.

Por primera vez en el panorama nacional tendremos la oportunidad de crear los tipos penales que tutelen de manera efectiva y cierta, derechos como son la vida, la libertad y la dignidad de las personas, en algunos casos, incluso, el patrimonio.

Por primera ocasión tendremos, a partir de esta reforma, la posibilidad de abordar normas procesales que sean asequibles y que permitan, sin duda alguna, lograr trabajos de investigación sobre el paradero de personas que han sido sujetas a actividades de desaparición forzada, ya sea por una actividad del Estado, por una actividad de un particular con la colaboración del Estado o de, incluso también, por actividades de particulares atentando contra estos derechos a los que nos hemos referido.

Sin duda alguna, esta reforma también nos invita a nosotros los legisladores a fijar claramente los bienes jurídicos que debemos tutelar de manera más intensa. Nos invitará también a llevar a cabo el proceso legislativo para cumplir con el derecho convencional a partir del principio pacta sunt servanda, en donde nosotros como país estamos obligados a legislar ahora en leyes secundarias, lo que de manera constitucional nos estamos otorgando como una responsabilidad.

Este trabajo también ha sido fruto de opiniones de organizaciones civiles que, sin duda alguna, también han aportado para normar el criterio de todos los legisladores.

Por esta razón, es importante referir que asumimos una gran responsabilidad para establecer en el camino de esta ley en el iter legislativo, en la ley del futuro, los modelos que permitan dar certidumbre en la interpretación, interpretación para todas las autoridades en los tres niveles de gobierno y los Poderes del Estado mexicano.

A partir de esto, creando una ley general para tutelar estos derechos y estas libertades, se convertirá en una ley que aplicará de manera general en todas las esferas de competencia del Estado mexicano, y tendremos que aplicar una ley que determine claramente las formas de autoría y participación en delitos de esta naturaleza.

Me parece que aquí está un punto muy importante que no debemos soslayar en el análisis y en la capacidad de legislar: las formas de autoridad y participación en la comisión de delitos; la forma de imputar delitos de manera temporal, por su vigencia, por su intermitencia; y también los elementos tan importantes en delitos tan graves como éstos en el tema de la prescripción o la no prescripción de los mismos.

Es importante abundar, finalmente, que hoy hemos dado carta de naturaleza con la aprobación de 19 entidades federativas a través de sus legislaturas, de esta reforma al artículo 73 constitucional, pero además nos permitirá darnos la gran oportunidad de que trabajemos en las leyes secundarias para llevar a cabo de manera mucho muy intensa la tutela efectiva de las víctimas de los delitos y de los familiares de las víctimas de los delitos de la desaparición forzada.

En el caso de servidores públicos, sus derechos sociales y sus derechos laborales adquiridos; y en el caso de particulares, también, todos los derechos sociales, los derechos a sucesión, los derechos a la tutela de los beneficios que deben tener las víctimas secundarias de este tipo de delito.

Por eso, estimadas y estimados legisladores, el compromiso del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es continuar trabajando con estas leyes secundarias que hagan efectiva, por un lado, la disuasión del delito de la desaparición forzada, y por otro, en el caso de que este delito se cometa, se lleve a cabo los procesos de judicialización que generen, en consecuencia, las responsabilidades a servidores públicos y a aquellos que actúan como civiles en compañía y en contubernio con servidores públicos y, sobre todo, que tutelemos de manera muy efectiva los derechos de las víctimas secundarias de este tipo de delito.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Arturo Zamora.

Compañeros legisladores, informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita de los Reyes de España.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy lectura, señor Presidente.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Secretaria. Está a discusión el anterior Acuerdo. Por no haber oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho Acuerdo.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita de los Reyes de España, el próximo martes 30 de junio. Comuníquese.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de mayo de 2015, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2014.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de Educación Pública, con los que remite la información del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, correspondiente al cuarto trimestre de 2014, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, e información correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior del primer trimestre de 2015.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase la documentación descrita a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió del Congreso del Estado de Baja California, un proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración.



 

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: También del Congreso del Estado de Baja California, se recibió un proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

 






COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Tres de la Senadora Lizette Clavel Sánchez, con las que remite los informes de sus participaciones en:

Reuniones de la Red de Mujeres Parlamentarias y de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Confederación Parlamentaria de las Américas, celebradas los días 15 al 17 de abril de 2015, en San Juan de Puerto Rico,



La Edición 25 de la Cumbre Global de Mujeres, que se llevó a cabo los días 14 al 16 de mayo de 2015, en San Paulo, Brasil, y



El IX Seminario de la Red del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados en el Desarrollo, celebrado los días 4 y 5 de junio de 2015 en Bogotá, Colombia.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: De la Senadora Margarita Flores Sánchez, con la que remite el informe de su participación en la XXX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 15 y 16 de mayo de 2015, en Panamá.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Esta Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió también una comunicación suscrita por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de junio.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibieron 27 comunicaciones de ciudadanos Diputados, por las que informan su reincorporación a sus funciones legislativas, en el mes de junio de 2015:

Brenda Alvarado Sánchez, a partir del día 15.
Xavier Azuara Zúñiga, a partir del día 12.
Laura Barrera Fortoul, a partir del día 11.
Víctor Manuel Bautista López, a partir del día 9.
Óscar Bautista Villegas, a partir del día 11.
Ángel Cedillo Hernández, a partir del día 8.
María del Rocío Corona Nakamura, a partir del día 18.
Claudia Delgadillo González, a partir del día 9.
Alberto Díaz Trujillo, a partir del día 12.
Catalino Duarte Ortuño, a partir del día 11.
Enrique Alejandro Flores Flores, a partir del día 12.
Cuauhtémoc Galindo Delgado, a partir del día 15.
Rafael González Reséndiz, a partir del día 8.
Leticia Mejía García, a partir del día 17.
Esther Angélica Martínez Cárdenas, a partir del día 9.
Ma. Leticia Mendoza Curiel, a partir del día 8.
Ma. Guadalupe Mondragón González, a partir del día 16.
Ramón Montalvo Hernández, a partir del día 12.
José Everardo Nava Gómez, a partir del día 9.
Ernesto Núñez Aguilar, a partir del día 17.
Socorro de la Luz Quintana León, a partir del día 12.
Luis Miguel Ramírez Romero, a partir del día 9.
José Enrique Reina Lizárraga, a partir del día 16.
Miguel Sámano Peralta, a partir del día 16.
María Rebeca Terán Guevara, a partir del día 9.
Juan Carlos Uribe Padilla, a partir del día 16.
Francisco Alberto Zepeda González, a partir del día 8.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió una comunicación de la Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 16 de junio al 5 de julio de 2015.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

“Único. Se concede licencia a la Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 16 de junio al 5 de julio de 2015.”

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: En consecuencia, se concede licencia a la Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 16 de junio al 5 de julio del año en curso. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió también una comunicación suscrita por el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación con el punto de Acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, presentado el 20 de mayo de 2015.

“El suscrito Diputado, con fundamento en lo establecido en los artículos 67 numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 21 fracciones III y XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el octavo del acuerdo parlamentario aprobado el 6 de mayo del año 2015 donde se establecen los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, le solicito respetuosamente, formule la excitativa con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS.

1. Con fecha 20 de mayo de 2015, presenté proposición con punto de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión.

2. Los temas propuestos para que sean discutidos en la Cámara de Diputados  son: la Reforma Política del Distrito Federal; La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; y La Ley General de Propaganda Gubernamental. Mientras que en la Cámara de Senadores se propone deliberar sobre: el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; la Ley de la Pensión Universal y las Leyes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y Federal del Trabajo [referentes a dotar de pensión universal a los adultos mayores y para establecer el seguro de desempleo]; la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas; y la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

3. Con fecha del 20 de mayo de 2015 se dio cuenta de que la proposición referida fue turnada para su dictaminación a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.

4. Que ha transcurrido el plazo previsto en la Ley y el Reglamento para que laPrimera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, emita el dictamen correspondiente.

Por lo antes expuesto solicito a usted, C. Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, lo siguiente:

PRIMERO.-Formule excitativa a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente, para que emitan dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión.

SEGUNDO.-Que dentro de los temas propuestos en el punto de acuerdo para dictaminar en la Cámara de Senadores, sea incluido el referente al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 17 días del mes de junio de 2015.

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN”.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase a la Primera Comisión para sus efectos.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Enrique Cárdenas del Avellano, para presentar a nombre de la Diputada Julieta Torres Lizárraga, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 87 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 78, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 122 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 127 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Presentada por el Diputado Enrique Cárdenas del Avellano, a nombre de la Diputada Julieta Torres Lizárraga, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Gracias, señor Presidente.

Es obligación del Estado mexicano velar y cumplir con los principios del interés superior de la niñez, garantizar de manera plena los derechos de las niñas y de los niños, satisfaciendo sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, la cual fue suscrita y ratificada por México, se incorpora a la legislación mexicana como norma suprema, siempre y cuando no establezca principios contrarios a los señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, la Convención señalada es vinculante para el Estado mexicano.

Los Estados Parte de la Convención se comprometieron a adoptar medidas para proteger el interés superior del niño como una consideración primordial, y para lograrlo se comprometieron a reformar sus leyes para lograr el sano desarrollo de los menores, a efecto de cumplir con la obligación del Estado mexicano de procurar el interés superior del menor en todas sus decisiones y reflejar lo pactado en la Convención de los Derechos de los Niños.

Se propone que en aras de dichas obligaciones, se prohíba el ingreso a menores de edad a los espectáculos taurinos, y en general a todos los espectáculos que por su grado de violencia, les produce un daño emocional o psicológico severo; así como sucede en otros espectáculos considerados violentos como son las películas de clasificación reservada para adultos.

Sí existe una restricción explícita para el ingreso de menores a espectáculos como los taurinos, en donde se le clavan diversos instrumentos a un animal, y posteriormente es muerto enfrente de ellos, en ocasiones de manera terriblemente violenta, resulta un espectáculo no menos nocivo a los menores, de lo que es la exposición como una película con alto grado de contenido de violencia.

Es importante precisar que el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Declaración de los Derechos del Niño, efectuará una evaluación al Estado mexicano en el 2015 sobre el cumplimiento de la señalada Convención. Dicha evaluación comprenderá muchos aspectos que inciden sobre el correcto desarrollo de los niños mexicanos, tales como acceso a educación, a una sana alimentación y el derecho a no presenciar espectáculos que les perjudiquen emocional y psicológicamente.

El Comité señalado efectuó una evaluación a Portugal y Colombia el año pasado, y una de sus conclusiones fue pedir a dichos países que alejaran a los menores de los espectáculos taurinos debido a que los mismos les generan daños emocionales y psicológicos muy fuertes.

Es por lo anterior que se propone que el Estado mexicano dé un paso importante y trascendente en la defensa de los menores, colocándose como la punta de lanza en la creación de un entorno que no permita que los menores sean expuestos a espectáculos que les generen un severo daño emocional y psicológico.

Aunado a lo anterior, tal como sucedió con la prohibición de animales en los circos a nivel federal, la presente prohibición en cuanto al ingreso de menores de 18 años a espectáculos taurinos obedece a una demanda ciudadana que se evidencia en todas las encuestas sobre el tema, en donde la mayoría de los mexicanos consideran que los eventos taurinos son violentos y por ello es urgente adaptar las regulaciones legales para proteger a la niñez mexicana.

Es momento de legislar considerando al interés del menor por encima de los usos personales.

Como legisladores tenemos una encomienda clara derivada de nuestros votantes: Hacer de México un país mejor, un país ejemplar y en paz, estamos hartos de la violencia y está en nuestras manos eliminar uno de los factores que la generan.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, JULIETA TORRES LIZÁRRAGA, diputada a la LXII legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  someto a  consideración del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 87 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 78, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 122 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 127 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estado Mexicano tiene cómo una de sus principales obligaciones el lograr que los niños y niñas puedan desarrollarse en un medio ambiente sano, alejados de actividades que les causen un daño emocional, físico o psicológico. En ese contexto el Estado se obliga a coadyuvar para lograr un desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes y proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo físico y psíquico.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 4° que el “Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”, y que “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”, asimismo señala que  “Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”, por lo que el principio de interés superior del menor adquiere una gran relevancia al momento de establecer políticas públicas que busquen desarrollar al máximo el bienestar de nuestra niñez.

El artículo anterior mencionado, señala que el Estado Mexicano debe siempre procurar lo mejor para los menores de edad, contemplando en todas sus acciones el interés superior del menor, al ser este el habitante más vulnerable de la sociedad.

La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, la cual fue suscrita y ratificada por México, se incorpora a la legislación mexicana como norma suprema, siempre y cuando no establezca principios contarios a los señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior la Convención señalada es vinculante para el Estado Mexicano.

La Convención señalada obliga a los Estados que la firmaron y ratificaron a asegurar al niño, entendiendo por niño a los menores de 18 años, la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, obligando al Estado Mexicano a adecuar sus leyes para lograr dicho fin.

Los Estados parte de la Convención se comprometieron a adoptar medidas para proteger el interés superior del niño como una consideración primordial, y para lograrlo se comprometieron a reformar sus leyes para lograr el sano desarrollo de los menores.

Una vez establecido que el Estado Mexicano tiene la obligación de procurar el interés superior del menor en todas sus decisiones y reflejar lo pactado en la Convención del Derecho del Niño, se propone que en aras de cumplir con dichas obligaciones se prohíbe el ingreso de menores de edad a los espectáculos taurinos y en general a todo espectáculo que por su grado de violencia les produzca un daño emocional y/o psicológico severo.

Es importante precisar que, como sucede con otros espectáculos considerados violentos como lo son películas con clasificación reservada para adultos, si existe una restricción explícita para el ingreso de menores, por lo que tendríamos que preguntarnos si la exposición de los menores a espectáculos como los taurinos, en donde se le clavan diversos instrumentos a un animal y posteriormente es muerto enfrente de ellos en ocasiones de manera terriblemente violenta resulta un espectáculo menos nocivo para la psique de un menor que lo que es la exposición a una película con alto contenido de violencia. Cabe resaltar que en las películas la violencia es ficticia mientras que la muerte de los animales en espectáculos taurinos es real y cercana.

Es importante precisar que el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Declaración de los Derechos del Niño, efectuará una evaluación al Estado Mexicano en el 2015 sobre el cumplimiento de la señalada Convención. Dicha evaluación comprenderá muchos aspectos que inciden sobre el correcto desarrollo de los niños mexicanos, tales como acceso a educación, a una sana alimentación y el derecho a no presenciar espectáculos que les perjudiquen emocional y psicológicamente.

El Comité señalado efectuó una evaluación a Portugal y Colombia el año pasado, y una de sus conclusiones fue pedir a dichos países que alejaran a los menores de los espectáculos taurinos debido a que los mismos les generan daños emocionales y psicológicos muy fuertes, lo anterior hasta en tanto no se prohíba definitiva dicha práctica arcaica y cruel.

En México, a diferencia de Portugal en donde a los animales no se les mata en presencia de público, a los toros, becerros y vaquillas se les mata en el ruedo, en tientas privadas, de manera clandestina o en simples fiestas, la única restricción que existe en nuestro país es la establecida por el Municipio de León, Guanajuato, quien haciendo eco de la recomendación de la ONU, prohibió el ingreso de menores de 14 años a los espectáculos taurinos, además de los Municipios donde la tauromaquia se encuentra prohibida.

Si a Portugal, que no permite que se mate a los animales en el ruedo, la ONU le recomendó alejar a los menores de la tauromaquia, a México, que permite la muerte y asesinato a plena vista de cualquier espectador, sin importar su edad, ¿qué le recomendará?  1

Es por lo anterior que se propone que el Estado Mexicano de un paso importante y trascendente en la defensa de los menores, colocándose como la punta de lanza en la creación de un entorno que no permita que los menores sean expuestos espectáculos que les generen un severo daño emocional y psicológico.

En relación a lo anterior, es importante precisar que el Congreso de la Unión, de conformidad con la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con la facultad de expedir leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, cumpliendo con los tratados internacionales de los que México sea parte. Se señala igualmente que la presente iniciativa no invade competencias de otros niveles de Gobierno, ya que a nivel Federal se encomienda la regulación de los animales silvestres y de consumo, por lo que al no ser el toro de lidia, vaquillas y becerros animales de compañía, su regulación corresponde a la Federación.

Aunado a lo expuesto, el Congreso de la Unión ha mostrado sensibilidad respecto a los temas en donde se involucra el maltrato a los animales, como sucedió con la prohibición de animales en los circos de nuestro país, por lo que en aras de continuar siendo coherentes con nuestras propuestas, se hace un llamado a los legisladores para que se unan a esta iniciativa que pretende proteger a la niñez mexicana y a la vez dejar claro que los espectáculos taurinos se basan en el sufrimiento animal y como cualquier tradición que no es ética debe desaparecer paulatinamente.

Aunado a lo anterior, tal como sucedió con la prohibición de animales en los circos a nivel Federal, la presente prohibición en cuanto al ingreso de menores de 18 años a espectáculos taurinos obedece a una demanda ciudadana que se evidencia en todas las encuestas sobre el tema, en donde la mayoría de los mexicanos consideran que los eventos taurinos son violentos y por ello es urgente adaptar las regulaciones legales para proteger a la niñez mexicana.

Es momento de legislar considerando el interés del menor y no por gustos personales o por intereses de grupúsculos que viven de espectáculos donde se torturan animales. Como legisladores tenemos una encomienda clara derivada de nuestros votantes: Hacer de México un país mejor, un país ejemplar y en paz, estamos hartos de la violencia y está en nuestras manos eliminar uno de los factores que la generan.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  someto a  consideración del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 87, BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 78, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 122 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 127 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE.

Primero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 87 bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

ARTÍCULO 87 BIS 2.- …

Corresponde al Gobierno Federal, a los Gobiernos Estatales, del Distrito Federal y a los Municipios, en sus respectivas competencias, vigilar que no ingresen menores de 18 años a cualquier espectáculo taurino, entendiendo por ellos cualquier espectáculo público o privado en donde se lidien, con o sin dar muerte, toros, novillos, becerros, vaquillas o cualquier otro animal, incluyendo por supuesto las corridas de toros, novilladas, vaquilladas, tientas, becerradas, encierros, o cualquier otra actividad en donde se lidien animales.

Segundo. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 78, se adiciona una fracción xxv al artículo 122 y se reforma la fracción II del artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre para quedar como sigue:

Artículo 78.- …

Queda prohibido el ingreso de menores de 18 años a cualquier espectáculo taurino, entendiendo por ellos cualquier espectáculo público o privado en donde se lidien, con o sin dar muerte, toros, novillos, becerros, vaquillas o cualquier otro animal, incluyendo por supuesto las corridas de toros, novilladas, vaquilladas, tientas, becerradas, encierros, o cualquier otra actividad en donde se lidien animales.

Artículo 122.- …

XXV.- Permitir el ingreso de menores de edad a espectáculos taurinos, en relación con lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 78 de la presente Ley.

Artículo 127.- …

II. Con el equivalente de 50 a 50000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV y XXV del artículo 122 de la presente Ley.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Carmen Julieta Torres Lizárraga.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputado Cárdenas del Avellano.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

1 Consultado en “ONU evaluara a México: tauromaquia genera daños emocionales a menores”,  Anima Naturalis, nota del 28 de mayo de 2014, http://www.animanaturalis.org/n/43804/onu_evaluara_a_mexico_tauromaquia_genera_danos_emocionales_a_menores>






Tiene el uso de la palabra el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA REGULAR EL CULTIVO DE AMAPOLA CON FINES MEDICINALES

(Presentada por el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, señor Presidente.

Presento una iniciativa que, creo, tiene una gran importancia para el país y que tiene que ver con varios asuntos.

Tenemos un problema humanitario en los hospitales de gran calado, es la ausencia de medicamentos contra el dolor, básicamente de los opioides. Hay una escasez tremenda, la morfina es un artículo de lujo, el 92 por ciento de la morfina a nivel mundial se concentra en donde vive el 17 por ciento de la población, que básicamente son los países ricos en el Norte de América, de Europa y Japón, básicamente donde está el 92 por ciento de la morfina.

Y fíjense la paradoja, en nuestros hospitales, la morfina es un artículo de lujo, la COFEPRIS acaba de tomar medidas aceptando este problema, habla Alejandro Mohar, que es nuestro representante en la JIFE, en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, afirma que el 60 por ciento de los pacientes mexicanos no tiene acceso a medicamento para el dolor.

Los opiáceos, insisto, están totalmente escasos, y acaba la COFEPRIS de meter medidas para tratar de que no sea burocrático, de que sea más fácil, algo que Human Rights Watch acaba de ver con buenos ojos, pero es absolutamente insuficiente por una cuestión, no hay suficiente morfina, hay una crisis en el mundo.

Tres cuartas partes de la población mundial no tienen acceso a medicamentos eficaces para el dolor, prácticamente, según la misma triple, que por cierto es parte del problema, porque es el esquema prohibicionista.

¿Qué estoy proponiendo? Pues quitemos la absurda prohibición del cultivo de la amapola en México.

Hay 18 países que ya cultivan legalmente la amapola, incluso, para exportación, y aquí México es el segundo productor de amapola en el mundo, y sin embargo nuestra gente agoniza con dolor en un problema humanitario fuerte.

Aquí a los enfermos de cáncer terminal, se les dan panadoles para tratar de palear su dolor. Ese es un problema humanitario de gran calado, y ha crecido el cultivo de amapola en México. ¿Por qué? Porque ha crecido la demanda de heroína mexicana en Estados Unidos, que ha aumentado, por un lado, su demanda, y ha disminuido la que recibían de Asia.

¿Cómo vamos a resolver este aumento del cultivo de la amapola en México? ¿Con soldados, con militares, etcétera?

Llevamos décadas oyendo que todo el peso del Estado, toda la fuerza del Estado contra estas organizaciones criminales, y después de 3 décadas, queridos colegas, esas organizaciones criminales son hoy más fuertes que hace 3 décadas, que hace 2 décadas, que hace 10 años.

La guerra contra las drogas es un absoluto fracaso. Y si ya probamos que esto no se arregla con balas, cañones, tanques, etcétera, pues qué esperamos tener, mejor seamos más inteligentes y demos la posibilidad de que haya un cultivo legal de amapola, que por cierto, sería regulación internacional.

Lo que estoy proponiendo en esta iniciativa es que cumplamos plenamente la legislación internacional para el cultivo de amapola y poder aprovechar el opio, incluso para exportación, y esto explica una fiscalización no sólo nacional, tiene que crearse un consejo nacional de fiscalización, y lo estamos proponiendo en la ley, sino que además tiene que haber una fiscalización internacional por parte de la JIFE.

Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es eso, sometámonos a la regulación internacional y podamos producir amapola, porque somos el segundo productor, pero todo ilegal.

Miren, si hubiera un barco lleno de alimentos en África y dijeran: “Saben qué, como vino y se importó ilegalmente, vamos tirar al agua todos los alimentos”. Algo parecido sucede, porque nuestra gente agoniza con dolor en los hospitales.

Y, ¿qué hace el Ejército cuando encuentra un campo de amapola? Pues simplemente lo quema, eso pudiera ser para la industria farmacéutica.

¿Cuál es la propuesta? Que en lugar de cultivar amapola, como ahorita sucede, para el narcotráfico, y la heroína hacia Estados Unidos, cultivemos amapola para la industria farmacéutica y para tener morfina y otros opiáceos, que la verdad es que, además como hay una escasez mundial, dicho por la misma Naciones Unidas, es una ventana de oportunidad de desarrollo para esos pueblos.

Porque lo que se les dice a los campesinos es: No, ya no cultives amapola o marihuana, cultiva frijol, maíz, en zonas, por cierto, de muy difícil cultivo. Pero si pudiera ser esto, claro que sería rentable, porque para la industria farmacéutica, con la escasez mundial que existe, sería una industria rentable.

Seamos más inteligentes, tenemos que avanzar, por supuesto, también la regulación de la marihuana es inevitable. Ojalá quitemos ya los prejuicios, dejemos a un lado los cuatismos y abrámonos, por lo menos a los beneficios medicinales en un primer momento.

Y segunda, la regulación que ya va a ser inevitable. El próximo año, en California se vota el referéndum para la marihuana recreativa, y nadie duda que se va a ganar, entonces la vamos a tener en la frontera, y aquí estamos verdaderamente sin poder dar un paso.

Y termino diciendo una cosa, ¿qué sucede con nuestros enfermos, con los que tienen padecimientos terminales?

El Estado mexicano los condena en los hechos a padecer, a agonizar con dolor hasta el último aliento de su vida, porque no tienen medicamentos eficaces contra el dolor. Insisto, la morfina es artículo de lujo, y hablar de eutanasia, imposible. ¡No! Es otro de los prejuicios morales.

A pesar de que somos un Estado laico, nadie se atreve a aceptar que la vida es de quien la experimenta, y entonces, no tienen la oportunidad de la eutanasia, no tienen medicamentos eficaces contra el dolor, los estamos condenando a una tortura institucional por indolencia, estamos condenándolos a padecer y sufrir hasta el último suspiro de su vida.

Ojalá sea bien recogida esta iniciativa y la podamos promover, y que México pueda cultivar, ya no ilegalmente, sino legalmente, amapola para la industria farmacéutica.

Una forma más inteligente de enfrentar el problema del narcotráfico, y además atendemos un problema humanitario y ganamos como país, porque insisto, la guerra contra las drogas es un absoluto fracaso.

Que alguien me diga, ¿cuál es el éxito?

Hoy hay más consumo, hoy hay más producción, hoy tenemos un Estado debilitado, policías cooptadas y una violencia desbordada.

Seamos más inteligentes, cambiemos este modelo desastroso de política de droga.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA REGULAR EL CULTIVO DE AMAPOLA CON FINES MEDICINALES, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, LXII LEGISLATURA

Planteamiento del Problema

En México el prohibicionismo y la guerra contra las drogas han arrojado un saldo de más de 100 mil muertos y mas de 23 mil personas desaparecidas. Pese a los millonarios recursos que se han invertido para erradicar el mercado de drogas ilícitas, no se ha logrado evitar que nuestro país aumente cada vez más su producción ilegal de drogas hasta convertirse en uno de los mayores productores mundiales.

De manera contraria a los objetivos que se ha planteado originalmente, ésta política ha tenido efectos adversos que han colocado a México en uno de los principales líderes mundiales de producción de metanfetamina, de opio y en el primer productor de heroína de toda América.

Paradójicamente, nuestro país experimenta una severa crisis de dolor debido a la escasez de analgésicos opioides que son indispensables para aliviar el sufrimiento de pacientes con enfermedades terminales.

En este sentido, cabe señalar que la propia Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU (JIFE), ha expresado recientemente su preocupación respecto a la baja disponibilidad y a la escasez de medicamentos contra el dolor en México, situación que afecta a los pacientes que tienen necesidades terapéuticas legítimas.

Argumentos

De acuerdo con las cifras publicadas en el Informe 2014 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, tres cuartas partes de la población mundial (5,500 millones de personas) no tienen acceso a medicamentos contra el dolor.

En contraste, dicho informe señala que el 92% de la morfina que se produce en el mundo la consume solo el 17% de la población mundial focalizada  principalmente en América del Norte, Oceanía y Europa occidental.

En el informe, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha emitido la siguiente recomendación a México respecto a la situación de escasez y de falta de disponibilidad  de estupefacientes para fines médicos:

“El nivel de consumo de opioides y analgésicos en México sigue siendo muy bajo. Como los procedimientos administrativos para obtener acceso a esos medicamentos siguen siendo costosos, su disponibilidad aún es limitada, muchos profesionales de la salud siguen sin tener acceso a formación sobre prácticas de prescripción responsables y los farmacéuticos suelen ser reacios a almacenar y dispensar estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Aunque la Junta es consciente de que el Gobierno de México ha adoptado algunas medidas para hacer frente al problema, alienta al Gobierno a que adopte otras para asegurar que se logren progresos en esa esfera”.

El Dr. Alejandro Mohar, quien fue director del Instituto Nacional de Cancerología y que actualmente es miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, ha señalado que en México el 60 por ciento de los pacientes que necesitan medicamentos para mitigar el dolor, no tienen acceso a ellos.

Es lamentable que la población mexicana, además de padecer esta oleada de violencia y del horror de las masacres como consecuencia de la guerra contra las drogas, también tenga que ser rehén de la ineficacia administrativa del gobierno que no ha tenido la capacidad de poner a disposición de los pacientes en fase terminal, los estupefacientes para el dolor que son indispensables para que al menos puedan esperar la muerte en paz, porque de eutanasia, ni hablar.

Es importante poner en contexto que de la producción mundial de opio, la mitad se produce de manera legal. En teoría, cualquier país que se lo proponga, podría cultivar amapola legalmente para la elaboración de medicamentos derivados de opiáceos. Sin embargo, los países que cultivan amapola de manera legal en el mundo son muy pocos, debido a que cada país debe asumir la responsabilidad de cumplir con los estrictos controles internacionales y con las disposiciones que establecen la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la Convención de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de 1988 Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, así como acceder a ser fiscalizados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Todo lo anterior explica porque solamente producen amapola legal países como Australia, España, Inglaterra, Francia, Hungría, Alemania, Austria, China, India, Turquía, Eslovaquia, Japón, Macedonia, Nueva Zelanda, Holanda, Ucrania, Polonia y Rumania.

El régimen internacional mantiene controles muy rigurosos para la exportación de opiáceos con fines medicinales. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes tiene la facultad de monitorear y controlar los volúmenes de producción de cada país en concordancia con la demanda mundial de medicamentos.

Los principales países del mundo que exportan medicamentos derivados de opiáceos son Australia, España, Francia, India y Turquía. No obstante, ningún país tiene derecho a decidir de manera unilateral y arbitraria la cantidad de amapola que va a producir, ya que las autoridades internacionales son las únicas que tienen la facultad de garantizar que haya un equilibrio entre la producción y la demanda de medicamentos.

En México, la producción de amapola no está legalmente permitida, tal como lo establecen los artículos 235 y 236 de la Ley General de Salud, que de manera explícita establecen la prohibición de sembrar, cultivar o cosechar en todo el territorio nacional papaver somniferum o adormidera y papaver bactreaum en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Por tal motivo, lo que planteo en primer lugar en esta iniciativa es suprimir la prohibición de cultivar, procesar y producir amapola y posteriormente propongo la regulación del cultivo y la producción de amapola para que puedan producirse medicamentos a base de opiáceos para mitigar el dolor en las personas que tienen enfermedades en fase terminal.

Planteo que nuestro país, observe rigurosamente lo establecido por las Convenciones Internacionales de Estupefacientes y en ese sentido propongo crear un organismo que dependa directamente de la Secretaría de Salud para que sea el responsable del control y la fiscalización del cultivo, procesamiento y comercialización de los medicamentos a base de opiáceos.

Finalmente quisiera expresar que el régimen internacional que controla los estupefacientes encarna el prohibicionismo a nivel mundial. A pesar de no estar de acuerdo con este sistema, estoy consciente que debemos acatar las convenciones internacionales porque ese es el marco jurídico que existe, sin embargo, esperemos que en un futuro muy próximo ese régimen se transforme y se acabe de una vez por todas la nefasta guerra contra las drogas.

Fundamento

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ÚNICO. Se reforman los artículos 237 y 243 y se adicionan los artículos 243 bis 1, 243 bis 2, 243 bis 3, 243 bis 4, 243 bis 5, 243 bis 6 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

(…)

Artículo 243.- El cultivo en el territorio nacional de papaver somniferum o adormidera, queda sujeto a las disposiciones que establecen esta Ley y las Convenciones Internacionales de Estupefacientes signadas por México; por lo tanto será sometido tanto a la fiscalización nacional como a la fiscalización de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

Los preparados que contengan acetildihidrocodeína, codeína, destropropoxifeno, dihidrocodeína, etilmorfina, folcodina, nicocodina, corcodeína y propiram, que formen parte de la composición de especialidades farmacéuticas, estarán sujetos, para los fines de su  preparación, prescripción y venta o suministro al público, a los requisitos que sobre su formulación establezca la Secretaría de Salud.

Artículo 243 bis 1.- La Secretaría de Salud, tal y como lo establece la Convención Única de Estupefaciente y entregará anualmente a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU la siguiente información sistematizada:

1.-  La cantidad de estupefacientes a base de opiáceos que será consumida con fines médicos.

2.- La superficie de terreno (en hectáreas) que se destinará al cultivo de la adormidera

3.- La cantidad de adormidera papaver somiferum que se cultivará

4.- Las cantidades de medicamentos a base de opiáceos que procesarán los laboratorios farmacéuticos.

5.- Las demás disposiciones que establezcan ésta Ley y las Convenciones Internacionales de Estupefacientes.

Artículo 243 bis 2.- Compete a la Secretaría de Salud el control sanitario, fiscalización  y vigilancia de los cultivos de adormidera, así como la inspección del procesamiento, producción y comercialización de medicamentos por conducto del órgano desconcentrado denominado Consejo Nacional de Fiscalización de Adormidera.

Artículo 243 bis 3.- El Consejo Nacional de Fiscalización de Adormidera se encargará de designar las zonas y parcelas de terreno en el que se realizará el cultivo de la adormidera.

Artículo 243 bis 4.- El Consejo Nacional de Fiscalización de Adormidera será la autoridad encargada de expedir las licencias y certificar a los cultivadores de adormidera, especificando la superficie en la que tendrán derecho a cultivar.

Artículo 243 bis 5.- El Consejo Nacional de Fiscalización de Adormidera exigirá a los cultivadores de adormidera que le entreguen la totalidad de las cosechas en el plazo que éste establezca.

Artículo 243 bis 6.- El Consejo Nacional de Fiscalización de Adormidera establecerá un sistema permanente de inspección en los laboratorios y farmacéuticas que procesen y comercialicen medicamentos a base de opiáceos.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Fernando Belaunzarán Méndez.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputado Belaunzarán Mendez. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la tribuna al Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM)

El Diputado Tomás Torres Mercado: También traigo a la consideración de la Asamblea, aunque no traigo el texto, pero la propuesta se haga llegar, le pido al señor Presidente, se incorpore al Diario de los Debates.

Es una propuesta muy simple, y sin embargo no requiere mayor convencimiento, ni elementos técnicos para hacer el esfuerzo de convencerlos a ustedes, cuando menos a los señores Senadores, porque seguramente será de la próxima legislatura.

Miren, es una propuesta muy simple. ¿Qué vemos en los lugares de los señores legisladores en este momento, al frente? Si no es el marco legal, siempre una botella de agua.

En México, la función pública se inicia presentando una botella de agua en el lugar donde alguien se sienta.

Debo recordar que hay un derecho humano consagrado en la Constitución Política que es justamente el acceso al agua. Pero también debo recordarles que este país, que México sigue siendo el primer consumidor en el mundo de bebidas carbonatadas gaseosas, el primer lugar, vergonzoso, en el mundo de obesidad infantil.

Pero no es solamente eso. Si consultamos los presupuestos en los ramos de enfermedad y de atención médica de organismos de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, y de los servicios de salud, aquellos que no forman parte del IMSS o del ISSSTE, traemos un déficit presupuestario, escúchenlo, de más del 35 por ciento, es decir, la cuota que se paga para la atención médica, trae un terrible déficit para atender este ramo de aseguramiento.

La propuesta es muy sencilla. Ahora, el que está muy atento y que respeto su atención es el Senador Lozano Alarcón, usted también, amigo Belaunzarán Mendez. Tenemos que despertar la atención en los temas, porque si no, se turnan a las comisiones y se van al horrendo abandono de la soledad, de eso que le llaman congeladora.

Pero lo que les estoy proponiendo es muy simple. Adicionar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que ningún ente público, léase, dependencia o entidad u organismo constitucional autónomo, destine el dinero para comprar agua embotellada.

Fíjese nada más el ejercicio, Diputada Sanjuana, más de 5 millones de pesos, alrededor de 10 millones de pesos, el Senado de la República y la Cámara de Diputados gastan en esto.

El Verde lo que está planteando es una cosa, pues, muy práctica. Destinémoslo a los bebederos de las escuelas, y empecemos a ser posible el derecho humano al acceso a un agua potabilizada.

Hay razones suficientes para decir que debemos cambiar la práctica irracional del consumismo y debemos dar el ejemplo.

La propuesta es simplemente que en el gasto nacional, municipios, estados, Federación o entes públicos con autonomía constitucional, no gasten ya más dinero en esto. Y que vayamos poniendo filtros y bebederos para que pongamos el ejemplo y vayamos revirtiendo una práctica irracional y debemos ser el menor de los ejemplos.

Señor Presidente, aunque no lo anote, aunque le pido que no se anote en el Diario de los Debates, dígale al área administrativa que ya no me envíe agua embotellada, por favor.

Iniciativa

Quien suscribe, TÓMAS TORRES MERCADO, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, presento ante esta Comisión Permanente para que se le dé trámite legislativo en la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 16, EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51; Y SE ADICIONA EL INCISO D) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 5, UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6 Y LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 61, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El consumo de agua embotellada en México podría considerarse posterior a dos grandes sucesos: el sismo de 1985 y la epidemia del Cólera en 1991, desde entonces se ha tenido un incremento potencial del vital líquido en toda la sociedad mexicana, lo cual también ha provocado una desatención por parte de los gobiernos federales, estatales y municipales a los sistemas públicos para el acceso al agua.

Es importante evaluar los efectos negativos en materia ambiental, en la economía familiar y en el gasto superfluo que erogan las diversas instituciones públicas, al consumir agua embotellada.

De acuerdo al Banco Mundial, la industria de agua embotellada genera ganancia anuales por más de 13 mil millones de dólares; de un mercado de mil millones de litros en 1970 pasó a comercializar 84 mil millones de litros en todo el mundo en el año 2000.

Datos más recientes señalan que en el año 2010 en América Latina la comercialización del vital líquido llegó a los 37.6 mil millones de litros, cuando en el año 2005 era de 29.3 mil millones.

Cabe puntualizar que México ocupa el primer lugar de consumo de agua embotellada en América Latina, con el 46% de la distribución total en la región, seguido de Brasil con 31%, Argentina con 8%, Colombia con 3% y Venezuela con 1%.

Un reporte de la Beverage Marketing Corporation, señala que el consumo por persona de agua embotellada en México es de 234 litros al año.

Una encuesta realizada por Scotiabank en el año 2014 refiere que los mexicanos gastan $53 pesos a la semana en la compra de agua embotellada. El Banco Interamericano de Desarrollo refiere que el gasto promedio en agua embotellada en las familias mexicanas es de $1,600 pesos anuales.

En materia ambiental sobresale el hecho de desperdicio de agua en la producción de las botellas, ya que por cada litro de agua para beber se desperdician de 7 a 10 litros más. El índice de contaminación generado en este proceso es del 38% y las entidades más afectadas en términos de contaminantes son: Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. Los contaminantes incluyen desde arsénico, fluoruros, plaguicidas, hidrocarburos, metales pesados, sólidos disueltos totales y otros químicos lesivos para la salud.

En lo que respecta a la cantidad de energía y de emisiones de gases invernaderos que se producen para embotellar y transportar desde el lugar de la producción hasta su distribución a las tiendas, el costo de contaminación ambiental es muy elevado, más si agregamos que en México se estima que sólo el 15% de los desechos de PET se recicla, el resto va a los basureros y su proceso de degradación dura hasta 100 años.

Sin lugar a dudas se han hecho grandes esfuerzos gubernamentales que se han concretado en políticas públicas y modificaciones legales para facilitar el acceso al agua potable, sobre todo en las instituciones educativas del país, tal como las reformas aprobadas a la Ley General de Infraestructura Física Educativa, que en su artículo 7 establece que “la infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–.

En tanto que el artículo 11 del mismo ordenamiento jurídico refiere que “en la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la Infraestructura Física Educativa deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población”.

Y el artículo 19  fracción XII señala la obligación de las autoridades para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar la Infraestructura Física Educativa de las instituciones educativas públicas. 

A pesar de estos esfuerzos en el plano legislativo, es necesario robustecer las políticas públicas en materia de cuidado al medio ambiente, a fin de lograr un consumo racional de este vital líquido, garantizar el acceso al agua potable para la población y aplicar una racionalidad administrativa con enfoque de austeridad en las instituciones públicas a la hora de adquirir agua embotellada y cuyos recursos deberían ir destinados a otros rubros como educación, salud, vivienda, entre otros.

Los gastos superfluos en las instituciones públicas son evidentes en el alto consumo de botellas de 330 mililitros, principalmente en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, donde al día se consumen en ambos recintos legislativos mil 972, a la semana 13 mil 808, al mes 59 mil 160, trimestralmente 117 mil 480, cada 6 meses 354 mil 960 y al año 709 mil 920 botellas de PET desechables.

Desde el inicio de esta LXII Legislatura y hasta noviembre del 2014, la Cámara de Diputados erogó $ 4 millones 511 mil 709 pesos en la compra de agua potable en diferentes presentaciones. La Dirección General de Materiales y Servicios, señala que el gasto diario en la compra de agua potable en el periodo referido fue de $5 mil 502 pesos. Estos recursos bien podrían emplearse para equipar 90 escuelas con sistemas de cinco bebederos de agua potable, tomando como base una inversión de $50 mil pesos por escuela, lo cual beneficiaría a miles de alumnos.

En los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Transparencia Presupuestaria para la Gestión Legislativa de la Cámara de Diputados 2014, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2014, establecen en el artículo cuarto fracción IV la existencia de un acuerdo entre los Órganos de Gobierno y la Dirección de la Cámara a fin de que “los gastos operativos se limitarán a los mínimos indispensables, sin afectar el trabajo parlamentario”, aunque dicho documento no establece nada especifico sobre la compra de bebidas y alimentos, es necesario puntualizar que los gastos superfluos como la compra de botellas de agua, bebidas carbonatas o edulcoradas, deberán ser reemplazado por alternativas más sustentables y económicas como la instalación de un sistema potabilizador de agua y/o envases de uso permanente o sustituible (tales como el vidrio).

Esta situación de despilfarro de recursos económicos para comprar agua embotellada y de irracionalidad con el cuidado al medio ambiente que se da en el Congreso de la Unión, contrasta con la posición asumida en otras latitudes del mundo como Reino Unido o Nueva York, donde se prohíbe la utilización de recursos públicos para la adquisición de botellas de agua o refrescos, y en lugar de ello alientan el uso de grifos o la instalación de sistemas potabilizadores de agua.

Para sensibilizar a la sociedad mexicana en materia de cuidado al medio ambiente, es necesario que el gobierno mexicano predique con el ejemplo. No se puede ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Las instituciones públicas deben generar estrategias legales que permitan trabajar en la legislación para prohibir el gasto presupuestario superfluo en la adquisición de estos insumos.

La presente iniciativa tiene por objeto prohibir el gasto presupuestario para adquirir cualquier bebida embotellada, sea agua purificada, bebidas carbonatadas o edulcoradas, y exhortar al ejecutante del gasto a implementar medidas alternativas para el consumo de bienes tales como: plantas potabilizadoras de agua y envases de uso permanente o sustituible como el vidrio o reciclables que no sean envases.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 16, EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51; Y SE ADICIONA EL INCISO D) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 5, UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6 Y LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 61, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, para quedar como sigue:

Artículo 5.- …

I.…

a) …

b) …

c) …

d) Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes, quedando impedidas para adquirir el suministro de bebidas embotelladas, sean agua purificada, bebidas carbonatadas o edulcoradas.

e) …

f) …

II. …

a) …

b) …

c) …

d) …

III. …

a) …

b) …

c) …

d) Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía presupuestaria deberán sujetarse a lo previsto en esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas en las leyes de su creación, sujetándose al margen de autonomía establecido en el presente artículo. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán exclusivamente a lo dispuesto en sus respectivas leyes. Con el objeto de racionalizar el gasto, quedará prohibida la adquisición del suministro de bebidas embotelladas, sean agua purificada, bebidas carbonatadas o edulcoradas

Artículo 6.- …

Con el objeto de racionalizar el gasto, quedara prohibida la adquisición del suministro de bebidas embotelladas, sean agua purificada, bebidas carbonatadas o edulcoradas en el gasto público correspondiente a las dependencias y entidades, así como en los Poderes Legislativo y Judicial y en los entes autónomos. 

Artículo 16.- …

I. a V. …

VI. … El límite máximo del gasto corriente estructural para el ejercicio fiscal, así como proyecciones de este límite para un periodo de 5 años adicionales. En las erogaciones que se hagan por gasto corriente, quedará prohibida la adquisición del suministro de bebidas embotelladas, sean agua purificada, bebidas carbonatadas o edulcoradas por parte de las dependencias y entidades, así como en los Poderes Legislativo y Judicial y en los entes autónomos. 

Artículo 51.- …

La ministración de los recursos atenderá primordialmente el principio de oportunidad y respeto a los calendarios de gasto que se elaborarán con base en las prioridades y requerimientos de las dependencias y entidades, con el objeto de lograr una mayor eficacia en el uso de los recursos públicos, para una mayor racionalidad en el ejercicio del gasto quedará excluida la adquisición del suministro de bebidas embotelladas, sean agua purificada, bebidas carbonatadas o edulcoradas.

Artículo 61.- …

I. a VIII. …

IX.Establecer criterios que impidan la adquisición del suministro de bebidas embotelladas, sean agua purificada, bebidas carbonatadas o edulcoradas, con el objeto de racionalizar el gasto público federal y contribuir al cuidado del medio ambiente.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Ejecutivo Federal y sus dependencias, los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos y demás sujetos obligados de la presente Ley, implementar medidas alternativas para la instalación de plantas potabilizadoras de agua y envases de uso permanente o sustituible como el vidrio o reciclables que no sean envases de platico.

Tercero.- Los recursos que se utilizaban para la adquisición de bebidas embotelladas, fueran agua purificada, bebidas carbonatadas o edulcoradas, se destinarán a programas sociales, educativos y de cuidado al medio ambiente.

Dado en el edificio del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 17 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Tomás Torres Mercado.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputado Torres Mercado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

El siguiente apartado del Orden del Día, es la aprobación de dictámenes que presentan las comisiones y sobre los cuales no hay reserva para discusión.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Doy cuenta con los dictámenes.






Tenemos 31 dictámenes de la Primera Comisión.

Uno, que solicita un informe con relación a las investigaciones en el patio de maniobras de la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que informen sobre los hechos acontecidos durante las primeras horas del día 10 de mayo del año en curso relativos, en síntesis, al descubrimiento de 11 bolsas con presuntos restos humanos en la colonia Santa Catarina, Delegación Azcapotzalco y la fuga de un miembro de la delincuencia organizada, acontecido al interior de una agencia del Ministerio Público de la Federación, localizada en la colonia Obrera de la Delegación Cuauhtémoc, ambos hechos ocurridos en el Distrito Federal.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En la sesión del miércoles 13 de mayo de 2015 la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que informen sobre los hechos acontecidos durante las primeras horas del día 10 de mayo del año en curso relativos, en síntesis, al descubrimiento de 11 bolsas con presuntos restos humanos en la colonia Santa Catarina, Delegación Azcapotzalco y la fuga de un miembro de la delincuencia organizada, acontecido al interior de una agencia del Ministerio Público de la Federación, localizada en la colonia Obrera de la Delegación Cuauhtémoc, ambos hechos ocurridos en el Distrito Federal.”

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-148.

II. CONTENIDO

La diputada refiere que en las primeras horas del 10 de mayo de 2015 se presentaron eventos violentos en el área de aduanas de la zona ferroviaria ubicada en Avenida de las Granjas, Azcapotzalco, así como al interior de la Agencia del Ministerio Público ubicada en Chimalpopoca número 100, que derivó en una balacera en las calles de la Colonia Aragón Inguarán.

El primero de estos hechos tuvo lugar a las 04:10 del 10 de mayo, cuando elementos de una empresa de seguridad privada encontraron 11 bolsas con restos humanos localizados en los enlaces de los vagones de dos trenes recién llegados de los estados de Michoacán y Colima, mismos que estaban ubicados en el predio que ocupa la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V. Dicho hallazgo fue reportado ante las autoridades locales, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes acudieron al lugar; posteriormente, personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se sumó a las investigaciones donde los servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes para el retiro de las bolsas con partes humanas.

Así, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada de Azcapotzalco dio inicio a la averiguación previa FAZC/AZC-1/T1/649/15-05 bajo el rubro de homicidio doloso, hecho que la diputada considera debió ser investigado por el Ministerio Público de la Federación debido a la posible participación de miembros de la delincuencia organizada.

Al respecto, refiere que las autoridades investigadoras deben dar cuenta a la sociedad sobre los hechos ocurridos, asimismo, considera que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe informar los términos y condiciones en que opera el área de aduanas del predio utilizado por la Empresa Ferrocarril y terminal del valle de México S.A. de C.V.

El segundo evento, relacionado la balacera al interior de la Agencia Ministerial Federal ubicada en Chimalpopoca No. 100, en la Colonia Obrera, evidencia la falta aplicación de protocolos que garanticen la seguridad intramuros, de acuerdo con la promovente, pues estos hechos tenían como propósito el rescate de un individuo que se encontraba sujeto a investigación y que, presuntamente, guarda cercanos vínculos con importantes miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Derivado de estos hechos, se desató una balacera en las calles de la Colonia Aragón Inguarán, en la Delegación Gustavo A. Madero, que tuvo como resultado un delincuente sin vida y dos policías ministeriales heridos.

Por estos hechos, considera que se pone en grave riesgo la seguridad social y la integridad física de quienes labora o acuerden al interior de las instalaciones de una representación social federal.

Bajo esa línea argumental, propone los siguientes resolutivos:

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de la Procuraduría General de la República, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias informen de las acciones y medidas que se llevarán a cabo para robustecer la vigilancia y seguridad de instalaciones federales en atención a lo establecido por el artículo 21 de nuestra Carta Magna y con la finalidad de garantizar la integridad física de todos aquellos que laboran o visitan, o circulan en las inmediaciones de las mencionadas instalaciones.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe a esta soberanía los términos y condiciones en que opera la concesión otorgada a la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. en el predio referido con antelación, debiendo además indicar cuáles son las acciones de supervisión y verificación que ha realizado esa Secretaria en las instalaciones objeto de la Concesión.

TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita se informe por escrito a esta Soberanía, lo especificado en los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO; en un término no mayor a 5 días hábiles después de la aprobación del presente.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora estima que cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos, así como cualquier hecho que involucre la comisión de un delito requiere de la atención profesional, oportuna y responsable de las autoridades.

En ese sentido, la investigación del hallazgo de 11 costales y 3 bolsas con restos humanos en la zona ferroviaria de Azcapotzalco ha sido atraída por la Procuraduría General de la República en atención al artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, es necesario manifestar que, eventos como este, requieren de la coordinación de las autoridades a fin de prevenir que ocurran nuevamente hechos similares, en ese sentido, esta Comisión considera procedente solicitar información a las autoridades encargadas de investigar estos hechos, a fin de conocer puntualmente las circunstancias en que se presentaron y poder determinar las medidas de seguridad procedentes así como las autoridades encargadas de implementarlas.

En lo que se refiere al asalto de las instalaciones del Ministerio Público Federal ubicado en la calle Chimalpopoca No. 100, Colonia Obrera, que tuvo como móvil el intento de fuga de un indiciado apoyado por dos cómplices que llegaron al lugar a amagar a los presentes y que derivó en una balacera en las calles de la Colonia Aragón Inguarán, esta Comisión coincide con la promovente sobre el riesgo al que se expusieron los trabajadores las personas se encontraban en estas instalaciones federales, así como quienes transitaban por la colonia Aragón Inguarán.

Por estas razones, se estima necesario conocer qué ocurrió ese día, así como conocer las medidas y acciones que han de implementarse para robustecer los protocolos de seguridad con los que actúa la autoridad cotidianamente y frente a estos hechos, con el fin de reforzar la seguridad de estas instalaciones.

No debe perderse de vista lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del Distrito Federal, los Estados y los Municipios; asimismo, señala que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por tanto, se considera procedente solicitar a las autoridades la información que permita a esta soberanía analizar los protocolos de actuación y la seguridad en las instalaciones federales.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República, remita a esta soberanía, en un plazo no mayor a 30 días y dentro de su marco legal de actuación, un informe con relación a los avances de las investigaciones que se realizan con motivo del hallazgo ocurrido el pasado 10 de mayo, en el patio de maniobras del predio que ocupa la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V., así como sobre los sucesos ocurridos el pasado 10 de mayo, al interior de la Agencia Ministerial Federal que se localiza en la calle de Chimalpopoca número 100, en la colonia Obrera de la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal. Asimismo, se solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal que informe a esta soberanía sobre las medidas y acciones que implementará para reforzar la seguridad en las inmediaciones de las instalaciones señaladas.

Segundo. Se turna la proposición con punto de acuerdo a la Mesa Directiva a efecto de que valore el turno a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas para que conozca del resolutivo segundo por el que se solicita al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe a esta soberanía los términos y condiciones en que opera la concesión otorgada a la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. en el predio referido con antelación, debiendo además indicar cuáles son las acciones de supervisión y verificación que ha realizado esa Secretaria en las instalaciones objeto de la Concesión.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de mayo de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Otro, que exhorta a llevar a cabo las investigaciones por el delito de abigeato.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en coordinación con sus homólogas estatales y en el ámbito de sus facultades y atribuciones, de manera rápida, expedita y contundente las investigaciones correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresa los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 20mayo de 2015, se presentó ante el pleno de la Sesión Permanente, la propuesta con punto de acuerdo, en la cual se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones, y en coordinación con sus homólogas estatales realice de manera rápida, expedita y contundente las investigaciones correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato.

En esa misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-263.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta manifiesta que el delito de abigeato consiste en el hurto de ganado que se halla en el campo, ya que dicho flagelo ha perjudicado severamente a los ganaderos a nivel nacional, sin que realmente se hayan llevado a cabo elque se erradiquen o traten de minimizar esta práctica.

El titular, manifiesta que actualmente en el Estado de Zacatecas se ha incrementado en este año el delito en un 100 % en comparación con otros años, y que por tal razón el Gobierno estatal de Zacatecas implementará a partir del próximo 23 de julio un programa para prevenir el abigeato.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

1.- Propuesta presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en coordinación con sus homólogas estatales y en el ámbito de sus facultades y atribuciones, realicen de manera rápida, expedita y contundente las investigaciones correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en coordinación con sus homólogas estatales diseñen e implemente a nivel nacional un programa eficaz y eficiente que prevenga el delito de abigeato.

III. CONSIDERACIONES

El abigeato es el delito consistente en el robo de animales de cría, o cuatrerismo, es una conducta delictiva común del campo por lo que esta figura jurídica protege principalmente el patrimonio delos productores ganaderos. Dentro de estos animales se distingue el ganado mayor, que comprende el ganado bovino mular y equino; y el menor, que es el porcino, caprino u ovino.

Objeto Material, es el ganado; y debe entenderse por "ganado", como un término genérico con el cual se hace referencia a determinadas especies de animales mansos, particularmente útiles parael hombre como factores de producción o como instrumentos de trabajo.

Objeto Jurídico, es el patrimonio, el cual puede ser el de una persona física o una persona moral.

Ahora bien, el titular de la propuesta con punto de acuerdo manifiesta el interés por el que la Procuraduría General de la República (PGR) realice, junto con las Procuradurías de los Estados, investigaciones tendientes a esclarecer el los delitos cometidos por el robo de ganado; no obstante, los que dictaminan manifiestan que el delito de abigeato, solo es competencia del fuero local, y que dicho delito no entra en el catalogo de delitos federales que persigue la Procuraduría General de la República, por lo tanto, no se le puede pedir ó solicitar de manera respetuosa a la PGR que investigue dicho delito; pero si podríamos solicitar que las Procuradurías y fiscalías locales, que de manera rápida, expedita y contundente realicen las investigaciones correspondientes en caso de existir denuncias sobre el delito de abigeato y se sancione a los responsables.

Por otra parte, el titular de la propuesta propone que la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación(SAGARPA), en coordinación con sus homólogas estatales diseñen e implementen programas eficaces y eficientes que ayuden a prevenir el delito de abigeato. Esta dictaminadora manifiesta que dentro de la recopilación de datos e investigación de los programas que pudiesen ayudar a combatir el delito, encontró que la    SAGARPA expedirá Norma Oficial para hacer obligatoria la implantación de aretes de identificación en ganado, esto con la finalidad de prevenir y atacar el abigeato y brindar certeza a productores, comercializadores y consumidores respecto a la procedencia del ganado.

La Norma Oficial Mexicana, que será expedida por la SAGARPA en este año 2015, hará el uso obligatorio de aretes de identificación para el hato ganadero. En algunos Estados como Yucatán y Sonora, el areteo ya es obligatorio, por lo cual  se manifiesta que no se está partiendo de cero en la implementación de esta medida. Los aretes de identificación se entregarán de manera gratuita por medio de las uniones ganaderas, como parte de la estrategia incluyente. Lo único que tendrían que pagar los beneficiados es la colocación en los animales. La SAGARPA, aseveró que este procedimiento permitirá conocer con certeza el volumen del hato ganadero nacional y cómo se mueve a través del territorio.

Por esta razón, esta dictaminadora manifiesta que lo que solicita el titular de la propuesta está siendo atendido por el gobierno federal y lo han empezado a implementar o ya lo habían implementado algunas entidades federativas por su parte.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, se lleven a cabo las investigaciones que correspondan como consecuencia de las denuncias que se presenten por el delito de abigeato, a fin de que se sancione a quienes resulten responsables.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de mayo de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Otro, por el que se solicita al Ejecutivo Federal reforzar los mecanismos de reinserción de los menores infractores.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la "Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas ejercitar acciones para velar por la correcta y sana reinserción de los menores infractores del fuero común y federal.", presentada por la Diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015 se presentó el punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas ejercitar acciones para velar por la correcta y sana reinserción de los menores infractores del fuero común y federal. Dicha proposición fue presentada por la Diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-271.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La diputada proponente expresa que el estado de los menores infractores es producto de una larga historia de múltiples factores, este grupo etario, catalogado como conflictivo, se ha constituido en un serio problema social. De manera particular, durante los últimos años en México se ha profundizado el problema, sumándose a los conflictos de la seguridad pública y, en sentido más amplio, a la problemática nacional.

Señala que esta cuestión no sólo se encuentra como resultado y reto de la sociedad civil, sino también pueden verse sus efectos y por supuesto algunas de sus causas en los sistemas administrativos que se encargan de atender a los menores infractores. Los reincidentes constituyen la mayor evidencia de la escasa adaptación del menor infractor en las instituciones actuales que se encargan de ellos.

En la propuesta, se indica que a nivel mundial, los jóvenes representan 18% de la población, es decir, mil 200 millones de personas y 87% de ellos viven en países en desarrollo. Señala que el país es de jóvenes: los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) demuestran que hay alrededor de 43 millones 542 mil jóvenes menores de 19 años y que la mitad de la población tiene 26 años o menos.

Sin embargo, expresa que la cantidad numérica que este sector representa, las políticas, campañas, presupuestos y oportunidades que le son destinados no son proporcionales, por lo que la problemática a la que se enfrenta el sector juvenil está relacionada con el limitado acceso a un empleo digno y bien remunerado, educación, salud, vivienda, oportunidades de desarrollo y participación en la vida pública.

La proponente señala que entre el 2008 y el 2014, 10 mil 939 adolescentes han sido sometidos a medidas de sanción correctivas, de los cuales, 10 mil 583 jóvenes ingresaron a centros de readaptación social en 2012, de ellos 9 mil 888 eran hombres y 695 mujeres, expresando que, aunque se carece de estudios rigurosos, se calcula que fue reincidente el 21% del total de los adolescentes que ingresaron en 2012 a un Centro Reformatorio de Menores por cometer algún ilícito.

La diputada indica que Sonora, Jalisco, Baja California, Nuevo León y el Distrito Federal son los estados con más casos de adolescentes internos en centros de readaptación social. Mientras que Campeche, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Yucatán registraron menos ingresos a nivel nacional y el Distrito Federal, Tamaulipas, Sonora y Coahuila son las entidades con más Centros Reformatorios para Menores.

Se describe en la proposición que el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) de la Procuraduría General de la República (PGR) registró que el número de menores detenidos por delitos federales aumentó de 1,337 casos en 2009 a 1,658 casos en 2011, los robos a casa habitación, a transeúnte y de vehículo son los ilícitos más frecuentes entre los adolescentes.

Hace mención a que no hay cifras oficiales respecto de cuántos jóvenes han sido reclutados por el crimen organizado pero, de acuerdo a la Red por la Protección de los Derechos de los Niños, se calcula que en México hay más de 30 mil menores que trabajan para organizaciones de la delincuencia organizada, los cuales son sometidos sin capacidad para resistir esa presión para ser miembros de los carteles de la droga.

La proponente indica que se requiere un cambio en la visión asistencialista y criminalizadora con la que se pretende apoyar a los menores de 18 años. Este sector representa el principal activo de una sociedad, antes de ser tipificados como delincuentes, es obligación del Estado brindarles oportunidades de desarrollo corresponsable y espacios de participación democrática.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

Primero: Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que presenten iniciativas de reformas a las legislaciones locales en materia de menores infractores, con el fin de que se agregue un apartado donde se exija a las autoridades competentes una inspección semestral que tenga por objeto constatar la condición de los menores infractores dentro de los Centros Reformatorios a fin de garantizar sus derechos humanos y dar seguimiento a los menores que terminan su estancia para llevar una estadística y calcular la reincidencia de los menores infractores en los mismos centros o la tendencia que pueda haber para que conviertan en adultos infractores de la ley.

Segundo: Se solicita al Ejecutivo Federal coordinar a nivel nacional una estrategia que impulse a los menores infractores a continuar con su formación académica por medio de apoyos económicos o de estancias dentro de las instituciones de educación media superior y superior.

Tercero: Se solicita al Ejecutivo Federal la creación de un programa de apoyo económico para la creación de Pymes por parte de los menores infractores al finalizar su estancia en los Centros Reformatorios, con el objetivo de que pongan en práctica los oficios aprendidos durante el cumplimiento de su condena y así evitar el desempleo de este sector.

III. CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 párrafo cuarto establece que la Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

Es por ello, que se debe Instrumentar la política penitenciaria a nivel nacional para prevenir la comisión del delito, readaptar a los sentenciados y dar tratamiento a los menores infractores, mediante sistemas idóneos que permitan su readaptación a la sociedad, con la participación de los diversos sectores sociales y los tres órdenes de gobierno, con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, para consolidar las libertades, el orden y la paz pública, así como la preservación del estado de derecho y prevención del delito.

Respecto a las irregularidades que operan en los Centros de Tratamiento para Adolescentes, la legislación internacional en la materia establece la observancia al interés superior de la niñez en todo acto del Estado que involucre a este sector de la población.

Bajo esa premisa, el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la ONU el 20 de noviembre de 1959, señala que "[…] un niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad" y que"… gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño."

En ese sentido, el artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU el 20 de noviembre de 1989 y vigente en México desde el 25 de enero de 1991, establece que: "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

En ese tenor, el artículo 37, inciso c), de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ordena a los Estados parte velar por que: "Todo niño privado de la libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad"; particularmente, las "Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad", en los artículos 12, 31, 32, 33 y 34, subrayan que: "La privación de la libertad debe efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos humanos.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde el 5 de diciembre de 2014, establece en el artículo 1, fracción II, que dicho instrumento tiene por objeto "Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte" y define como niño o niña a los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Asimismo, el artículo 3 dispone que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.

Esta comisión estima importante mencionar que nuestro país cuenta con una Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que entrará en vigor a más tardar el 18 de junio de 2016. Esta Ley tiene como objeto crear un Sistema Federal de Justicia para adolescentes y se aplicará a personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad a quienes se les atribuya o compruebe la realización de una o varias conductas tipificadas como delito.

El artículo 4 de esta ley como principio rector del Sistema el interés superior del adolescente se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los adolescentes, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances previstos en los instrumentos internacionales, garantizando que toda medida que el Estado tome frente a ellos, cuando realizan conductas tipificadas como delito en las leyes federales, deba interpretarse y aplicarse siempre en el sentido de maximizar los derechos de los adolescentes y de restringir los efectos negativos de su sujeción a un Sistema que en esencia tiene un carácter sancionatorio.

Respecto a la propuesta de la diputada el primer resolutivo se encuentra atendido con el dictamen aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del 20 de mayo de 2015, por el que se exhorta a los poderes ejecutivos de la federación y de las entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, busquen solución inmediata a la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se retomen y apliquen las propuestas señaladas con el fin de solucionar la problemática y carencias detectadas en dichos centros.

Lo anterior, respecto al "Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales que depende de los gobiernos estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana"1, presentado ante el Congreso de la Unión el 3 de marzo de 2015; dicho documento tiene como antecedente "Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de los menores de edad internos en los centros de tratamiento de la República Mexicana", publicado el 8 de julio de 2003 derivado del cual se hizo un llamado a la Federación y a los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal para que, dentro de sus ámbitos de competencia y facultades, realizaran las acciones necesarias para garantizar el respeto pleno de sus derechos humanos.

Relativo a la solicitud al Ejecutivo Federal para que coordine a nivel nacional una estrategia que impulse a los menores infractores a continuar con su formación académica por medio de apoyos económicos o de estancias dentro de las instituciones de educación media superior y superior y la creación de un programa de apoyo económico para que al finalizar su estancia en los Centros Reformatorios, pongan en práctica los oficios aprendidos durante el cumplimiento de su condena y así evitar el desempleo de este sector, es de suma conveniencia y esta Comisión dictaminadora considera que debe atender a las necesidades específicas y situación jurídica de los menores.

Los Centros Reformatorios enfrentan diversos retos; por una parte, atraviesa por situaciones difíciles derivadas de la sobrepoblación y del limitado número de profesionistas abocados a las actividades terapéuticas; por la otra, las características de los menores infractores han modificado; para ello, es necesario implementar estrategias acordes a la constitución de un espacio para la enseñanza, así como para ofertar trabajo, manteniendo un enfoque terapéutico que permita al interno considerar el hábito y el valor del trabajo, como el único medio lícito para alcanzar una subsistencia digna.

Es importante reforzar las acciones implementadas por el Ejecutivo Federal y los Gobiernos de los Estados para generar un mecanismo de intervención para los jóvenes en conflicto con la ley que les permita reintegrarse a la sociedad y que además los prevenga de volver a incurrir en conductas delictivas ya cometidas o bien nuevas conductas tipificadas como delito, permitiéndoles contar con un apoyo económico, educativo y capacitación para su desarrollo profesional, atendiendo a sus condiciones especiales, que les permita poner en práctica los oficios aprendidos durante el cumplimiento de su condena.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de las instancias correspondientes, reforzar a nivel nacional los mecanismos de reinserción social de los menores infractores, brindando apoyo educativo y de capacitación para su desarrollo profesional y que les permita reintegrarse a la sociedad a través de los oficios aprendidos y que además los prevenga de volver a incurrir en conductas delictivas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de mayo de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.








Otro, por el que solicita realizar un diagnóstico sobre la centralización en las dependencias, organismos y entidades del gobierno federal.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Consejo de la Judicatura Federal a impulsar una descentralización integral de oficinas”, presentada por el Diputado Tomás Torres Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Consejo de la Judicatura Federal a impulsar una descentralización integral de oficinas”, presentada el Diputado Tomás Torres Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-275.

II. CONTENIDO

El diputado expone que el federalismo ha sido uno de los proyectos políticos más importantes de México como nación independiente, asimismo, este precepto ha moldeado la historia de nuestro país a través de procesos históricos como la independencia, la reforma y la revolución, así como los textos constitucionales de 1824, 1857 y 1917, los cuales no podrían entenderse sin el anhelo federalista.

Sin embargo, considera que a pesar de que nuestro país es hoy una república representativa y federal, perduran resabios de un centralismo que no tiene cabida en la realidad política, económica y social de estos días, replicada, sobre todo, en la excesiva concentración de oficinas de dependencias, organismos y entidades públicas en el Distrito Federal, que si bien es por disposición constitucional la sede de los poderes de la Unión,  ellono significa que deba ser el lugar donde se centralicen todas las decisiones fundamentales en unas cuantas oficinas o personas.

El diputado señala que esta situación limita la capacidad del Estado Mexicano para reaccionar con oportunidad y efectividad, asimismo, esto genera obstáculos a los ciudadanos en la solución de quejas y controversias e incrementa costos y tiempo, lo cual  contribuye al atraso y bajo desarrollo de algunos estados y regiones y detienen el crecimiento del país en su conjunto.

De igual manera, explica que ese centralismo también se manifiesta en la justicia, lo que genera también sobrecargas y rezagos en detrimento de los derechos de los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a realizar un diagnóstico del grado de centralización administrativa que existe en las dependencias, organismos y entidades del gobierno federal, a partir del cual pueda diseñar, proponer e implementar un acuerdo de descentralización integral que permita eliminar la concentración de oficinas de dichos entes públicos en el Distrito Federal y distribuirlas en las entidades federativas del país.

SEGUNDO.-Asimismo, se invita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a establecer un acuerdo de colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal que permita, con absoluto respeto a la esfera constitucional de competencias de los poderes, impulsar la descentralización de la justicia en México.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de análisis y discusión, estima necesario realizar una revisión al marco legal sobre la organización de la Administración Pública Federal, asimismo, se definirá la competencia de la Secretaría de la Función Pública y del Consejo de la Judicatura Federal a fin de determinar si es procedente, o no, la solicitud del promovente.

Como primer punto de análisis, se debe considerar el término de descentralización administrativa, la cual tiene como objeto transferir  de un determinado centro de toma decisiones, un conjunto de atribuciones, funciones, facultades, actividades y recursos en favor de entes, órganos, instituciones o regiones que se hallan en una situación de cierta subordinación, más no de una relación de jerarquía respecto al centro1.

En este orden de ideas, la descentralización administrativa es una tendencia organizativa de la administración pública, conforme a la cual se confiere personalidad jurídica propia a ciertos entes a los que se les otorga autonomía orgánica relativa respecto al órgano central.2

Ahora bien, cabe señalar que la administración pública forma parte del Poder Ejecutivo y su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 90 de la Carta Magna, en el que se establece que será centralizada y paraestatal y se encargará de distribuir los negocios del orden administrativo de la federación y estará a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

De este artículo se desprende la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece las bases de su organización y su integración, en ella, se cuentan las Secretarías de Estado, mismas que coordinarán las acciones que permitan dar cumplimiento a los acuerdos y órdenes del Presidente.

En el artículo 17 de este ordenamiento las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a los previsto en sus reglamentos, contarán con delegaciones en las entidades federativas o en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos.

Más adelante, el artículo 26 dispone que el Poder Ejecutivo contará con 13 Secretarías:

1. Secretaría de Gobernación Secretaría de Relaciones Exteriores;

2. Secretaría de la Defensa Nacional;

3. Secretaría de Marina Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

4. Secretaría de Desarrollo Social;

5. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

6. Secretaría de Energía;

7. Secretaría de Economía;

8. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

9. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

10. Secretaría de Educación Pública;

11. Secretaría de Salud Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

12. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

13. Secretaría de Turismo; y

14. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Respecto a la Secretaría de la Función Pública, el 13 de diciembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se dispone la desaparición de esta dependencia una vez que entre en funciones el órgano constitucional autónomo en materia de anticorrupción, en tanto, se regirá con las atribuciones conferidas hasta esa fecha, mismas que de conformidad con el  artículo 37, fracción VI, vigente hasta a entrada en vigor del decreto referido, incluye:

I. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la Administración Pública Federal;

Por tanto, esta comisión estima procedente la solicitud que el diputado expone en su primer resolutivo, en el que propone llevar a cabo un diagnóstico sobre el grado de centralización administrativa que existe en las dependencias, organismos y entidades del gobierno federal y con ello, implementar un acuerdo de descentralización integral con el fin de solventar los asuntos y necesidades de los ciudadanos y ofrecer servicios integrales, de calidad y de forma expedita.

Respecto a la organización del Poder Judicial, este encuentra su fundamento legal en el Capítulo IV Constitucional, en el que se establece que la administración, vigilancia y disciplina de sus por órganos están a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece, en el Título Sexto denominado “De los Órganos Administrativos del Poder Judicial de la Federación”, que el Consejo de la Judicatura determinará el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República; la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos; el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; Cambiar la residencia de los tribunales de circuito y la de los juzgados de distrito; coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal.

Cabe mencionar que la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de amparo supuso una descentralización de los órganos jurisdiccionales, pues para la protección de los derechos fundamentales, se amplió la procedencia del amparo respecto a cualquier norma general que, con la reforma al artículo 94 constitucional, derivó en la creación de los Plenos de Circuito, a los cuales se les dota de la facultad para establecer jurisprudencia obligatoria.

Los Plenos de Circuito de reciente creación, son órganos constituidos mediante acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal de acuerdo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada circuito y se encargan de resolver las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de un mismo circuito, los Plenos de Circuito de distintos circuitos o los Plenos de Circuito especializados de un mismo circuito, facultad ejercida anteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior supone un desahogo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la creación de estos órganos supone una descentralización de funciones que hacen más eficiente el trabajo del Poder Judicial.

Con base en lo anterior, estima procedente solicitar, un informe sobre la reorganización del Poder Judicial de la Federación y la implementación de los Plenos de Circuito, así como su impacto en la atención de los asuntos a su cargo.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, realizar un diagnóstico del grado de centralización administrativa que existe en las dependencias, organismos y entidades del gobierno federal, a partir del cual pueda diseñar, proponer e implementar un acuerdo de descentralización integral que permita eliminar la concentración de oficinas de dichos entes públicos en el Distrito Federal y distribuirlas en las entidades federativas.

SEGUNDO.-Asimismo, se invita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a establecer un acuerdo de colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal que permita, con absoluto respeto a la esfera constitucional de competencias de los poderes, impulsar la descentralización de la justicia en México.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de mayo de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1920/6.pdf

2 Ídem.






Uno más, que exhorta a fortalecer las campañas de prevención de desastres y de protección a la población durante la temporada de lluvias.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a fortalecer las medidas de protección civil, así como las campañas de comunicación para la protección de la población durante la temporada de lluvias y huracanes. Presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 20 de mayo del 2015 fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a fortalecer las medidas de protección civil, así como las campañas de comunicación para la protección de la población durante la temporada de lluvias y huracanes.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnaran a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio número CP2R3A.-297.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta manifiesta la preocupación del titular de la propuesta, por los desastres naturales que constituyen un riesgo para la población que cada año se ve directamente afectada por los desastres naturales. Asimismo, solicita dentro de sus líneas que se fortalezcan las medidas de protección civil y se implementen campañas de comunicación masiva, que sirvan para alertar y proteger a la población durante la temporada de lluvias y huracanes.

En el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que fue presentada por los Senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que a su letra dice:

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que en coordinación con las entidades federativas y en el marco de sus atribuciones fortalezcan las medidas de protección civil, así como las campañas de comunicación para la protección de la población durante la temporada de lluvias y huracanes.

III. CONSIDERACIONES

Los desastres naturales constituyen una fuente significativa de riesgo en países altamente expuestos a catástrofes naturales, presentando así pasivos contingentes de considerable magnitud para los Gobiernos de dichos países.

La ausencia de mecanismos eficientes de preparación y atención de emergencias y de una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres puede crear dificultades y demoras en la respuesta, lo que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas. En estado de emergencia por desastres naturales, los Gobiernos pueden verse obligados a utilizar fondos que habían sido previamente destinados a proyectos fundamentales de desarrollo económico, y esto, en el largo plazo, puede impactar negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los países.

Los Gobiernos son cada vez más conscientes que el riesgo derivado de desastres naturales no puede ser ignorado. El importante crecimiento económico en algunos países en desarrollo hace que éstos se enfrenten con pérdidas económicas cada vez más importantes. Al mismo tiempo, aunque la exposición de la población y de los activos físicos a los desastres sigue en crecimiento, poca atención se dirige a la construcción de una sociedad resiliente ante fenómenos naturales adversos. Incrementos en la frecuencia y magnitud de fenómenos climatológicos extremos que se prevén debido al cambio climático puede potencialmente agravar la tendencia creciente en las pérdidas económicas causadas por desastres.

En este contexto, es de suma importancia que se le dé un mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de desastres que incluya medidas de protección ante desastres para poder hacer frente a estas tendencias disruptivas.

Cabe mencionar que México está altamente expuesto a una gran variedad de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. En este sentido, el país está catalogado como uno de los de mayor actividad sísmica en el mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos con una magnitud de 4 o más en la escala de Richter. Aproximadamente el cuarenta por ciento del territorio Mexicano y más de una cuarta parte de su población están expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones.

Ahora bien, el Servicio Meteorológico Nacional prevé la formación de 19ciclones tropicales en el Océano Pacífico y 7en el Atlántico debido a la persistencia, desde el otoño del 2014, de valores  por  arriba del promedio en la temperatura superficial del mar enel Océano Pacífico central, diversas organizaciones meteorológicas internacionales y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaran la presencia del fenómeno de “El Niño” en 2015. Como resultado del este fenómeno natural se pronosticó que en el transcurso del verano se registrará una temporada con un número de ciclones tropicales por arriba del promedio histórico, en el noroeste del Océano Pacífico.

Por otra parte, durante la Reunión Nacional de Protección Civil para la temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2015, el Gobierno Federal, refirió que este año se prevé que haya al menos 26 ciclones tropicales, por tal razón, llamó a los tres órdenes de gobierno, a las instituciones y a la sociedad a trabajar unidos para hacer frente a fenómenos que puedan poner en riesgo la vida y el patrimonio de los mexicanos, especialmente en la temporada de ciclones y lluvias que ya inició.

En la Reunión Nacional de Protección Civil para la temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2015, se ratificó que México nuevamente tendrá la presencia del fenómeno “El Niño”, a lo cual se suma el efecto conocido como Mar de Fondo que actualmente genera patrones atípicos de oleaje en diferentes puntos de la costa del Pacífico.

El Gobierno Federal ha manifestado que a través de la CONAGUA, se ha presentado como parte del programa de prevención, en sus redes sociales, volantes informativos para que la población esté prevenida ante las afectaciones por las lluvias.

El Director nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que todas las oficinas a nivel local están trabajando en "acciones preventivas y de preparación" para la temporada de huracanes que se ha desarrollado a partir de este 15 de mayo. Indicó que todos los consejos estatales de protección civil ya se encuentran instalados, y que se tiene un programa activo de monitoreo de los niveles de agua y "eventualidades que puedan convertirse en un riesgo" para la población.

Por tales razones, esta comisión dictaminadora reconoce el esfuerzo del Gobierno Federal y la coordinación que existe con las entidades federativas, y se pronuncia para que se sigan creando y fortaleciendo mas campañas de prevención y protección a la población durante esta temporada de lluvias y huracanes, con el propósito de que la población este prevenida ante este tipo de fenómenos hidrológicos.

Los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que en coordinación con las autoridades de las entidades federativas, se fortalezcan las campañas de prevención de desastres y de protección a la población, durante la temporada de lluvias y huracanes.

PRIMERA COMISIÓN.






Otro, por el que se solicita un informe sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva, a entidades federativas, municipios y Distrito Federal.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento del Subsidio para la Seguridad en los Municipios.”, presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015 se presentó el punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento del Subsidio para la Seguridad en los Municipios. Dicha proposición fue presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-308.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El senador promovente indica que el tema de la Seguridad Pública, en nuestro país, es uno de los grandes pendientes, a pesar de todas las acciones que se han implementado por parte del gobierno federal, cada vez más surgen “nuevos” focos rojos que ponen en evidencia la ineficacia de tales acciones.

Señala que el gobierno recibe cada año recursos federales encaminados a fortalecer sus cuerpos de seguridad pública mediante el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).

El Subsidio en alusión encuentra su fundamento legal en el artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señala la facultad delEjecutivo Federal de autorizar la ministración de subsidios, mismos que deberán ser aprobados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal respectivo.

Asimismo, indica el senador del Grupo Parlamentario del PRD que la disposición en mención señala que estos recursos tendrán como propósito fundamental, y según lo establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios; mejorar la infraestructura de las corporaciones; así como, la aplicación de políticas públicas para el desarrollo de la prevención social del delito.

Indica que el 15 de enero del año en curso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que se da a conocer la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del SUBSEMUN, destacando que solo 280 municipios del país fueron considerados para el obtención de estas contribuciones, bajo tres criterios de elegibilidad, a saber:

• Población

• Incidencia Delictiva

• Cobertura a Municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados, así como a grupos de municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por municipios o demarcaciones territoriales por la alta incidencia delictiva

Del mismo modo, expresa que la ponderación de estos tres criterios se determina a partir de la totalidad de los municipios del país y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, estableciendo los siguientes porcentajes:

• Cuarenta por ciento para el criterio de Población;

• Treinta y cinco por ciento para el criterio de Incidencia Delictiva.

• Veinticinco por ciento para el criterio de Cobertura a Municipios.

Y detalla que el acuerdo referido en su numeral tercero instituye una fórmula de elegibilidad mediante la cual se determinó que los municipios susceptibles del subsidio de mérito serían 280 considerando, para tales efectos lo fijado en el artículo 8º del Presupuesto de Egresos 2015.

Resalta, que sin bien es cierto el artículo 8º del Presupuesto en cita, determina los tres criterios de elegibilidad, también es cierto que el texto de la disposición no señala que son los únicos criterios que se deben observar para el otorgamiento del Subsidio motivo de la presente Proposición.

Realiza una comparación del recurso otorgado para los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y el vigente, a efecto de observar el sentido de las variaciones del mismo:

EJERCICIO FISCAL

CANTIDAD

2012

$4,453’900,000.00

2013

$4,559’800,000.00

2014

$4,733’026,525.00

2015

$4,893’949,427.00

Fuente:; PEF 2012, Artículo 11, D.O.F. 12-12-2011; PEF 2013, Artículo 9, D.O.F. 27-12-2012; PEF 2014, Artículo 9, D.O.F. 03-12-2013; PEF 2014, Artículo 8, D.O.F. 03-12-2014.

El senador promovente indica que el presupuesto destinado para el SUBSEMUN ha incrementado como supone lógica fundamental. Sin embargo, dice que es necesario que estas contribuciones no se limiten a tan pocos municipio en razón de los criterios estudiados.

Manifiesta que la situación de inseguridad que permea en gran parte del territorio nacional y que se recrudece en muchos municipios obliga a seguir haciendo esfuerzos encaminados a solucionar este grave flagelo.

El promovente señala que estas aportaciones federales tienen que alinearse a los Programas con Prioridad Nacional, del siguiente tenor:

• Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.

• Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.

• Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.

• Red Nacional de Telecomunicaciones.

• Sistema Nacional de Información (Bases de Datos).

• Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.

En este sentido, indica en la propuesta que los conceptos a los que se destina el SUBSEMUN abarcan entre otros, los citados a continuación:

• Accesorios, municiones y armamento.

• Protección personal (chalecos y cascos balísticos, máscaras antigás, escudos balísticos, etc.).

• Transporte terrestre.

• Infraestructura (centros de seguridad pública municipal, instalaciones de profesionalización, instalaciones de seguridad pública municipal, etc.).

• Profesionalización (capacitación continua, actualización, alta dirección, seguimiento y control del servicio profesional de carrera y de mando policial, especialización, evaluaciones de habilidades, etc.).

• Mejora de las condiciones laborales (apoyos económicos, construcción y adquisición de vivienda, fondos de retiro, becas a familiares, atención médica, seguros de gastos médicos, vales de despensa, etc.).

Lo anterior sólo por mencionar algunos conceptos.

El promovente, señala que hay un evidente rezago en materia de seguridad pública municipal y solo tienen que leer los diarios o ver los noticiarios para darse cuenta el problema que representa la ausencia de acciones eficaces para enfrentar el problema.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

Único.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación a informar a esta Soberanía sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento del Subsidio para la Seguridad en los Municipios correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015.

III. CONSIDERACIONES

Esta comisión dictaminadora considera que es legítima la preocupación del senador promovente, ya que se debe seguir avanzando en la canalización y aplicación de recursos financieros a los municipios para incrementar su capacidad de respuesta ante la inseguridad, empezar a construir las bases para garantizar la paz y en congruencia con los esfuerzos del gobierno federal y los estatales, y sobre todo, proporcionar un espacio de estabilidad y gobernabilidad para los habitantes de los municipios, que les permita desarrollar sus capacidades, ampliar las oportunidades de empleo y se recobre la cohesión social.

El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) es el recurso federal que se le ministra a municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que resultan beneficiados a través de la fórmula de elegibilidad,  y que el objeto de dichos recursos es el que se destine de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la profesionalización, equipamiento de los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito.

Los objetivos generales del SUBSEMUN son:

● Fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad pública, ejerzan los municipios y, en su caso, los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

● Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables, así como para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito.

● Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las instituciones de seguridad pública, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas.

● Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde se desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, desde antes que ocurran los eventos que las detonan.

● Alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención social del delito, que vincule el quehacer institucional con la participación de la sociedad civil organizada, así como de la ciudadanía que no cuenta con mecanismos de asociación que garanticen su derecho a ser partícipes en los actos de gobierno que los involucran.

Con el SUBSEMUN; se da  cobertura a municipios con destinos turísticos, fronterizos, conurbados; de igual forma, se da cobertura a grupos de municipios que por su proximidad geográfica, se ven afectados por municipios o demarcaciones territoriales por la alta incidencia delictiva.

Y con el propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad en el combate del fenómeno delictivo, entre los municipios elegibles, se considerar al menos tres de cada entidad federativa.

El Subsidio en alusión encuentra su fundamento legal en el artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señala la facultad del Ejecutivo Federal de autorizar la ministración de subsidios, mismos que deberán ser aprobados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal respectivo.

En tal sentido el artículo 8º del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, a la letra estipula:

El presente Presupuesto incluye la cantidad de $4,893’949,427, para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, con objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Esta comisión dictaminadora destaca que el 15 de enero del año en curso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que se da a conocer la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del SUBSEMUN, destacando que solo 280 municipios del país fueron considerados para el obtención de estas contribuciones, bajo tres criterios de elegibilidad, a saber:

•Población

•Incidencia Delictiva

•Cobertura a Municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados, así como a grupos de municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por municipios o demarcaciones territoriales por la alta incidencia delictiva

Del mismo modo, y como lo indica en la proposición el Senador promovente la ponderación de estos tres criterios se determina a partir de la totalidad de los municipios del país y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, estableciendo los siguientes porcentajes:

•Cuarenta por ciento para el criterio de Población;

•Treinta y cinco por ciento para el criterio de Incidencia Delictiva

•Veinticinco por ciento para el criterio de Cobertura a Municipios.

Es importante destacar que se realiza una evaluación del SUBSEMUN y está orientada a conocer, a través del análisis de resultados, el grado de desempeño en la aplicación de los recursos, así como el cumplimiento e impacto en el logro de las metas y objetivos establecidos en los Anexos Técnicos celebrados con los beneficiarios del SUBSEMUN.

Los beneficiarios deberán entregar un informe descriptivo del impacto generado por el grado de cumplimiento de las metas físico financieras de las acciones establecidas en el Anexo Técnico para cada Programa con Prioridad Nacional. Este informe deberá contener entre otros elementos, la descripción de los aspectos que han quedado cubiertos con los bienes, infraestructura y servicios adquiridos o contratados con los recursos del SUBSEMUN y de Coparticipación, conforme a lo establecido en el reporte de avance físico financiero.

El subsidio es una de las herramientas de la Federación para construir mejores condiciones institucionales destinadas a fortalecer no solo la capacidad de respuesta ante la delincuencia, sino también para mejorar las condiciones generales de las personas que forman parte de las policías locales.

Asimismo, la federación destina recursos por medio de otros fondos para el fortalecimiento de las tareas de la seguridad pública de las entidades federativas y municipios que también representan un impacto en los índices delictivos, tales como los Subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP),por lo que esta Comisión dictaminadora considera que el informe debe abarcar también los recursos que se canalizan por conducto de los mismos.

En virtud de lo anterior, esta comisión considera relevante conocer la forma en que su diseño, su consistencia y sus componentes funcionan en conjunto sobre los procesos internos de las instituciones de seguridad de los municipios seleccionados y conocer el análisis acerca de cómo han sido utilizados los recursos del subsidio para atender una problemática de gran envergadura para la nación en los últimos años, como ha sido la seguridad pública.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, remitir a esta Soberanía un informe sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento de los Subsidios en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y Distrito Federal, Subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial y FASP correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de mayo de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Uno más, por el que se desecha la proposición que exhortaba a nombrar al titular de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones nombre a la brevedad al titular de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Fue presentada por los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo y Arturo Zamora Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 13 de mayo de 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del  Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del 2015, los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo y Arturo Zamora Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones nombre a la brevedad al titular de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

B. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-155, de fecha 13 de mayo de 2015.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Que el pasado 3 de marzo de 2015 en el Senado de la República, se ratificó el nombramiento de la nueva Procuradora General de la República y en sus primeras labores de trabajo, tomaron protesta de ley tres Subprocuradores, el Oficial Mayor y el visitador general de la dependencia federal y se ratificó en su cargo al Director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

Sobre la titularidad de esta última Subprocuraduría es de vital importancia su nombramiento, pues se requiere a una persona que se conduzca como titular de la misma para dar certidumbre a sus actos y decisiones, en virtud de que desempeña funciones cruciales para el Estado. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La ausencia de titularidad en la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad no puede ser inadvertida por esta Soberanía Nacional, sobre todo cuando esta situación prevalece desde el pasado 28 de mayo del 2014 después de la renuncia de Ricardo García Cervantes.

Además de la disposición expresa en la que se establece que la titular de la Procuraduría General de la República debe hacer propuesta correspondiente, es importante precisar que conforme a lo establecido en el artículo 14, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece que las Subprocuradurías serán las encargadas de fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, atendiendo a las normas aplicables y políticas institucionales, conforme a los lineamientos que emita el Procurador.

En este sentido, resulta crucial que la Procuraduría General de la República se desempeñe con sus estructuras completas, en busca de dar los mejores resultados a la ciudadanía y de cumplir con lo establecido en su propia Ley Orgánica y las atribuciones que tiene como abogado de la Nación.

Por lo anterior se propuso el siguiente resolutivo:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones nombre a la brevedad al titular de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora coincide con los promoventes ya que resulta crucial que la Procuraduría General de la República se desempeñe con sus estructuras completas, en busca de dar los mejores resultados a la ciudadanía y de cumplir con lo establecido en su propia Ley Orgánica y las atribuciones que tiene como abogado de la Nación.

Es importante precisar que conforme a lo establecido en el artículo 14, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece que las Subprocuradurías serán las encargadas de fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, atendiendo a las normas aplicables y políticas institucionales, conforme a los lineamientos que emita el Procurador.

Esta Primera Comisión, considera que ya fue atendido el objeto del punto de acuerdo materia de este dictamen, ya que el día 19 de mayo del presente, la Procuradora  General de la República, Mtra. Arely Gómez González, designó a Eber Omar Betanzos Torres como nuevo titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDDHPDSC), en sustitución de Eliana García  Laguna.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que Eber Omar Betanzos Torres se desempeñaba como titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO.-Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones, nombrara a la brevedad al titular de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, toda vez que ha quedado sin materia.

SEGUNDO.-Archívese el presente asunto como definitivamente atendido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de mayo de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Otro, por el que se desecha la proposición que exhortaba llevar a cabo una campaña informativa sobre los peligros del Mar de Fondo.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a cabo una campaña informativa tendiente a prevenir los peligros del Mar de fondo entre la población que se encuentra asentada el litoral del océano Pacífico”, presentada por el Diputado Samuel Gurrión Matías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015,se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Oaxaca a llevar a cabo una campaña informativa tendiente a prevenir los peligros del Mar de fondo entre la población que se encuentra asentada el litoral del océano Pacífico.”, presentada por el Diputado José Luis Esquivel Zalpa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-300.

II. CONTENIDO

El Diputado promovente señala que durante los días 2, 3 y 4 de mayo de 2015 tuvieron verificativo diversas inundaciones costeras que se presentaron por vientos intensos, de forma tal, que el agua de mar penetró tierra adentro en los municipios de Santiago Pinotepa Nacional, San Pedro Pochutla, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santa María Tonameca, San Pedro Mixtepec y Salina Cruz, en el estado de Oaxaca.

Refiere que un censo realizado por el Gobierno del Estado registró afectaciones en ocho de las localidades, donde se contabilizaron 363 negociones con daños en infraestructura (equivalente al 55 por ciento), fundamentalmente en palapas, instalaciones, pisos, puertas y ventanas en los negocios con frente de playa.

Derivado de lo anterior, el día 7 de mayo de 2015, la Coordinación Nacional de Protección Civil declaró en emergencia a los municipios antes mencionados, con lo que se activaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, y a partir de esa Declaratoria las autoridades pudieron contar con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

La referida Declaratoria fue publicada el día 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con el artículo 61 de la Ley General de Protección Civil. Los productos autorizados por esta declaratoria de emergencia para dichos municipios fueron despensas, cobertores “B”, colchonetas, juegos de aseo personal y de limpieza, impermeables, botas, costales, carretillas, palas y agua.

Por esa razón, el  17 de mayo la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación dio a conocer el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia esto en virtud de que la situación anormal generada por el fenómeno natural disminuyó a niveles aceptables y la capacidad de respuesta del Gobierno estatal se vio reforzada con los apoyos proporcionados por el Gobierno de la República, brindando así una oportuna atención a la población ante los efectos de la emergencia.

Considera que las autoridades federales respondieron con prontitud a la emergencia generada por el mar de fondo en el estado de Oaxaca, lo que permitió una adecuada coordinación entre los tres niveles de gobierno a fin de atender a la población damnificada, sin embargo, el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, pidió el día 13 no confiarse y atender las recomendaciones por el fenómeno conocido como mar de fondo que ocurre en costas del Pacífico.

Por el hecho de que el fenómeno puede presentarse de nueva cuenta, manifiesta necesaria la emisión de una intensa campaña que difunda los peligros de este fenómeno e informe sobre las alternativas para ponerse a salvo y resguardar los bienes materiales que se

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente resolutivo:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Oaxaca, a efecto de que lleven a cabo una campaña informativa tendiente a prevenir los peligros del mar de fondo entre la población que se encuentra asentada el litoral del Océano Pacífico.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora coincide con el promovente en el sentido de que los fenómenos que puedan afectar la vida de las comunidades y habitantes de nuestro país deben ser prevenidos y atendidos con oportunidad por las autoridades competentes y, sobre todo, se debe llevar a cabo la difusión necesaria para alertar sobre los peligros que involucran.

En ese sentido, el Mar de fondo es un fenómeno natural caracterizado por un fuerte oleaje largo y continuo generado por el aumento del nivel del mar y, en consecuencia, provoca la reducción de la playa y puede generar severos daños a las construcciones que, en muchos casos, están asentadas en las playas y constituyen el patrimonio de familias, así como pérdidas humanas.

Ante tales acontecimientos el día 6 de mayo del 2015 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó de urgente resolución el exhorto a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que procediera a emitir una declaratoria de emergencia como consecuencia de los daños ocasionados por el fenómeno conocido como “Mar de fondo”, en los Estados de Guerrero, Oaxaca y Sinaloa.

Al respecto, en la declaratoria con numero de oficio CNPC/588/2015, de fecha 6 de mayo de 2015, la CNPC solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la opinión técnica correspondiente para que, en su caso, la propia CNPC estuviera en posibilidad de emitir la Declaratoria de Emergencia para los municipios del Estado de Oaxaca solicitados en el oficio SEGEGO/CEPCO/0170/2015 referido con anterioridad ante lo cual la CONAGUA emitió opinión técnica corroborando el fenómeno de inundación costera del 2 al 4 de mayo de 2015, para los municipios de San Pedro Pochutla, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santa María Tonameca y San Pedro Mixtepec Dto. 22- del Estado de Oaxaca y el día 7 de mayo de 2015 se emitió el Boletín de Prensa número 293, mediante el cual se dio a conocer que la SEGOB por conducto de la CNPC declaró en emergencia a los municipios de San Pedro Pochutla, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santa María Tonameca y San Pedro Mixtepec Dto. 22- del Estado de Oaxaca, por la presencia de inundación costera ocurrida del 2 al 4 de mayo de 2015, con lo que se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, y a partir de esa Declaratoria las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Ahora bien, la Ley General de Protección Civil en su artículo 41, establece que corresponde a las autoridades en los tres niveles de gobierno, fomentar la cultura en materia de protección civil entre la población, mediante su participación individual y colectiva, y que la población vulnerablemente expuesta al peligro, tiene derecho a estar informada de ello, así como contar con las vías adecuadas de opinión y participación en la gestión de riesgo.

En el mismo sentido, el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil establece que dentro las obligaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil es le Fomentar en la población una cultura de protección civil que le brinde herramientas que en un momento dado le permitan salvaguardar su vida, sus posesiones y su entorno frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales y humanos.

Bajo estas premisas, el 20 de mayo de 2015 la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión aprobó el punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhortaba respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de las atribuciones y facultades de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se instrumentaran programas tendientes al fomento de una cultura en materia de protección civil en los Estados afectados por el fenómeno “Mar de fondo”.

Con este exhorto, procuró que los habitantes de las zonas costeras conocieran el fenómeno del “Mar de fondo” y estuvieran en posibilidades de proteger su integridad, así como de prevenir posibles daños causados por esta situación, de tal forma que esta Comisión estima que la preocupación del diputado promovente fue atendida, por lo que el punto de acuerdo queda sin materia.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión estima que la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Oaxaca a llevar a cabo una campaña informativa tendiente a prevenir los peligros del Mar de fondo entre la población que se encuentra asentada el litoral del océano Pacífico” ha quedado sin materia por haber sido atendido mediante el dictamen aprobado con fecha 20 de mayo de 2015.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de mayo de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Uno más, que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a considerar la asignación de recursos para la entrada en operación de la totalidad de los Juzgados Familiares de Proceso Oral del Distrito Federal.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal a instruir lo necesario a efecto de que los juzgados familiares de proceso oral del Distrito Federal conozcan de las controversias que se susciten en materia de pensión alimenticia de menores en el tiempo establecido en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal del 9 de junio de 2014.”, presentada por la Diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015,la Diputada Lucila Garfias Gutiérrez presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal a instruir lo necesario a efecto de que los juzgados familiares de proceso oral del Distrito Federal conozcan de las controversias que se susciten en materia de pensión alimenticia de menores en el tiempo establecido en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal del 9 de junio de 2014”.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-277.

II. CONTENIDO

La diputada señala que el mes de noviembre de 2014 el titular del Ejecutivo Federal anunció un paquete de 10 acciones inmediatas en materia de seguridad y justicia en el país. En su discurso explicó que urgen reformas tendientes a fortalecer el Estado de Derecho para hacer efectiva la llamada justicia cotidiana.

Por ello, y como parte de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, considera necesario reflexionar sobre los instrumentos con los que cuenta la sociedad para solucionar los conflictos cotidianos propios a la convivencia social en un entorno que pretende ser democrático, por tanto, los conflictos familiares y los problemas de custodia de menores y pensiones alimenticias son un claro ejemplo de problemáticas sociales que deben ser atendidas y resueltas con prontitud y eficiencia en todo el país.

Refiere que el Tribunal Superior de Justicia del D.F. indica que en los últimos años las pensiones alimenticias, custodias de hijos, pérdida de la patria potestad y divorcios se han multiplicado hasta en un 37.2 por ciento y van a la alza, asimismo, señala que en el DF sólo hay 42 juzgados y 5 salas, lo que impide la agilidad en las resoluciones por pensión alimenticia.

Esta situación genera la imposibilidad de las partes en conflicto para acceder a la justicia, lo que propicia que la corrupción y el abuso resulten la única salida para miles de personas que acuden a estas instancias. En ese sentido, afirma que los juicios orales se presentan como una posible solución a este problema pues el desarrollo de la audiencia es continuo hasta el dictado de la resolución, con lo que se busca reducir sustancialmente los tiempos de duración de los procesos y el juez busca la conciliación entre las partes para que lleguen a un acuerdo previo que les permita resolver la controversia en menor tiempo y costo. 

En virtud de lo anterior, manifiesta que el 9 de junio de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal diversas reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles para efectos de dar vida al nuevo Juicio Oral en Materia Familiar, en el cual se ordena que toda controversia relacionada con alimentos, así como la modificación de las resoluciones definitivas dictadas en dichos asuntos, se tramite a través de juicios orales. No obstante lo anterior, en el artículo CUARTO TRANSITORIO del Decreto se pospuso la atención y trámite de esos asuntos en vía de juicio oral por un año (trescientos sesenta y cinco días naturales) plazo que vence el 9 de junio próximo.

La diputada argumenta que, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Decreto de reformas antes mencionado, a partir de la fecha señalada, los nuevos Juzgados Orales deberán conocer de todas las demandas de pensiones alimenticias que se presenten en el Distrito Federal, y continua su exposición enunciando que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera indispensable que dicho plazo no se posponga, pues las autoridades del Distrito Federal están obligadas a prever las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de su deber de garantizar los derechos alimentarios de los menores de edad en nuestro país.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Se exhorta al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal para que instruya lo necesario a efecto de que los Juzgados Familiares de Proceso Oral del Distrito Federal conozcan de las controversias  que se susciten en materia de pensión alimenticia de menores en el tiempo establecido en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de junio de 2014.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, en el análisis del punto de acuerdo, estima que es menester que  todos los órganos del Estado garanticen, en el ámbito de sus atribuciones y con estricto apego a derecho, la protección de los derechos humanos, el respeto a la integridad y la dignidad de la persona y sobre todo, deben proteger e impulsar el derecho de las personas a ser parte de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional hasta obtener una decisión judicial, así como establecer los mecanismos necesarios para lograr la impartición la justicia de forma pronta y expedita.

En ese sentido, el artículo 17 constitucional se refiere al derecho subjetivo público de acceso a la justicia, por lo que todo procedimiento llevado ante el tribunal competente para su debida impartición de justicia debe estar libre de obstáculos innecesarios, evitando formalismos que retrasen o impidan su debida resolución.

De acuerdo con la página del Tribunal Superior del Distrito Federal, hay 42 juzgados en materia familiar y 5 salas que hay en el Distrito Federal, mismas son insuficientes para resolver todos los juicios que se interponen, dado que son los que concentran mayor número de expedientes con un promedio de 2,400 por juzgado al año; asimismo, de ese total sólo se emiten sentencias al 20.9%1.Debe señalarse que el 4 de septiembre de 2014 se inauguraron 6 Salas para desahogar los juicios orales del ámbito familiar en el Distrito Federal, las cuales tuvieron un costo de 400 millones de pesos.

Al respecto, el  Jefe de Gobierno capitalino declaró que el objetivo de esas salas es desahogar hasta 200 juicios por mes en casos de adopciones nacionales, interdicción contenciosa, rectificación de actas, nulidad de matrimonio, reasignación de identidad sexo genérica, patria potestad y filiación. Lo anterior equivale a que las salas recién inauguradas sólo tienen capacidad para resolver el 3% de los juicios familiares, pues, de acuerdo al reporte mensual de casos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, correspondiente a noviembre de 20142, el número de expedientes ingresados en juzgados en materia familiar en 2013 ascendió a 102,735, mientras que, de enero a noviembre de 2014 fueron cerca de 98,655.3

Ello supone que la infraestructura existente hasta el día de hoy, de mantenerse esa tendencia, son insuficientes para atender los casos que cotidianamente se presentan. Entre ellos, la diputada destaca los juicios interpuestos por divorcios, que suman un total de 45 mil casos, de los cuales cerca de la mitad entablaron una demanda por pensión alimenticia.

En concordancia con el artículo constitucional 17, citado anteriormente, el Estado está obligado a llevar a cabo una simplificación en los procedimientos de impartición de justicia para cumplir con los tiempos y plazos establecidos por la ley, situación que podría solucionarse con la inmediatez procesal, entendida esta como la capacidad de percatarse de los sucesos a través de los sentidos, lo cual está estrechamente ligado con el proceso de oralidad. Por estas razones, esta Comisión dictaminadora estima necesario llevar a cabo la adopción de los juicios orales para lograr este objetivo.

La materia familiar, particularmente los divorcios con demanda por pensión alimenticia, están normados por el Código Civil del Distrito Federal, que señala en su artículo 308 que los alimentos comprenden:

I.- La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto;

II.- Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales;

III.- Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo.

Asimismo, el artículo 309 establece que el obligado a proporcionar alimentos cumple su obligación, asignando una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a la familia. En caso de conflicto para la integración, corresponde al Juez de lo Familiar fijar la manera de ministrar los alimentos, según las circunstancias.

Ahora bien, el artículo 4º constitucional establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y que el Estado lo garantizará; en ese sentido, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes señala que los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica y recreación. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever los procedimientos y la orientación jurídica necesaria así como las medidas de apoyo para asegurar el cumplimiento del deber de garantizar los derechos alimentarios.

Así, la garantía de la pensión alimenticia debe ser atendida prioritariamente para garantizar los derechos del menor, de igual forma, dado que la capacidad de respuesta de las autoridades en los juicios de esta naturaleza pueden durar entre cinco y seis meses, y en casos extremos hasta cinco años, se debe buscar una solución para ofrecer respuestas en menor tiempo.

Al respecto, el Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de junio de 2014 y tuvo como objetivo reformar el Capítulo III BIS de la Ley para establecer los Juicios Orales en materia familiar, con el fin de garantizar un menor tiempo en la resolución de estos asuntos.

Por tanto, es menester que el Consejo de la Judicatura Federal lleve a cabo las adecuaciones y obras pertinentes a fin de cumplir con lo señalado en el artículo cuarto transitorio que a la letra dice:

Artículo Cuarto.- Los demás procedimientos previstos en el artículo 1019 del Código de Procedimientos Civiles, entrarán en vigor a los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Es necesario puntualizar que el artículo 1019 al que se refiere la cita anterior dispone en  su párrafo segundo, lo siguiente:

Los procedimientos de jurisdicción voluntaria; divorcio; pérdida de patria potestad de menores acogidos por una institución pública o privada de asistencia social; de levantamiento de acta de reasignación para la concordancia sexo genérica; y adopción nacional, se tramitarán conforme a sus reglas generales, ajustándose en lo conducente al procedimiento oral y sus principios. Solo en caso de pago de alimentos se podrá presentar la demanda y contestación por escrito o comparecencia personal.

El plazo establecido originalmente por el Decreto publicado el 9 de junio de 2014 para la entrada en vigor de estos ordenamientos era de trescientos sesenta y cinco días y tenía como motivo garantizar la impartición de justicia de forma simplificada, ágil y expedita, con el fin de solucionar controversias, particularmente aquello que se refiere a las demandas por pensión alimenticia que obligan al Estado a llevar a cabo acciones que permitan garantizar el interés superior de la niñez y los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, particularmente aquellos relacionados con la alimentación, la educación, el vestido y la vivienda.

Esta Comisión considera fundamental que el Poder Judicial del Distrito Federal cuente con instalaciones modernas que permitan una impartición de justicia funcional y adecuada a nuestra realidad, por ello, la reforma para permitir el establecimiento de juzgados y salas de audiencia adecuadamente equipadas entraña la obligación de dar cumplimiento a esta disposición por parte del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal por los artículos 1º y 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Distrito Federal, cuyo Presidente lo es también del Tribunal Superior de Justicia de esa demarcación.

En ese tenor, el Proyecto de Egresos del presupuesto asignado al Tribunal Superior del Distrito Federal en 2015 contempla la inversión de $905,321,351.30 pesos para la implementación de la modalidad oral en materia familiar, mismos que serán destinados a la creación de 127 juzgados familiares orales.

Conforme las premisas señaladas, esta Comisión dictaminadora estima necesario puntualizar en el resolutivo la importancia de contar con las condiciones, personal e infraestructura necesarias para que los casos ingresados a los juzgados en materia familiar sean atendidos mediante juicios orales.

No obstante lo anterior, se tiene conocimiento de que con fecha 2 de junio del presente se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por  el  que  se  reforman  diversas  disposiciones  de  la  Ley  Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el artículo cuarto transitorio del decreto publicado el 9 de junio del 2014 en la Gaceta Oficial del  Distrito  Federal  relativo  al  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el Distrito Federal.

Se reformaron los artículos 63 Bis, 63 Quáter, 63 Quintus y 188  de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con referencia a los procesos de oralidad en materia familiar. Asimismo, el artículo segundo del decreto reforma el Artículo Cuarto Transitorio  del decreto publicado el 9 de junio del 2014 a fin de determinar que por lo que toca a los demás procedimientos previstos en el artículo 1019, entrarán en vigor a más tardar el 1 de junio del 2016. El Consejo de la Judicatura del  Distrito  Federal  durante  ese  periodo  establecerá  los  plazos  de  implementación  de  acuerdo  con  la  organización  y funcionamiento de los juzgados y salas de la materia, y proveerá lo necesario para el desarrollo e implementación progresiva  de los mismos.

De tal suerte, se advierte que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya ha establecido una disposición expresa que atiende a las inquietudes manifestadas en la proposición. Asimismo, se tiene conocimiento de que el Tribunal Superior de Justicia del DF ha anunciado 17 acciones que pasaran del procedimiento tradicional a la oralidad, para lo cual habrá 20 jueces capacitados para atender estos juicios, que representan la mayor demanda que registra el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

No obstante lo anterior, la instrumentación de dichas acciones requiere de suficiencia presupuestaria para implementarse en su totalidad, por lo que esta Comisión dictaminadora considera procedente hacer un exhorto respetuoso a la Asamblea legislativa del Distrito Federal, a fin de que en el presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016 se asignen recursos suficientes que permitan contar con los recursos materiales y humanos adecuados para su implementación.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2016 considere la asignación de recursos suficientes para la entrada en operación de la totalidad de los Juzgados Familiares de Proceso Oral del Distrito Federal.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 19 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.


1 Cfr. http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Transparencia/IPO/Art14/Fr24/2014-T04/3_3%20EXPOSICION%20DE%20MOTIVOS_Relatoria.pdf

2 Último reporte publicado a la fecha de consulta.

3http://estadistica.tsjdf.gob.mx/portal/docs/reporteMensual/ReporteMensual_Noviembre_2014_PUBLICACION.pdf






Otro, que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a reforzar las acciones que garanticen la aplicación de la Ley de Cultura Cívica y del Reglamento de Transporte del Distrito Federal.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Transporte del Distrito Federal, en lo que a su ámbito de competencia corresponde.”, presentada por los Diputados Roberto Ruíz Moronatti, Alejandro Rangel Segovia y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015 se presentó el Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Transporte del Distrito Federal, en lo que a su ámbito de competencia corresponde. Dicha proposición fue presentada por los Diputados Roberto Ruíz Moronatti, Alejandro Rangel Segovia y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-294.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los proponentes indican que las instalaciones del Metro son utilizadas como verdaderos tianguis por los comerciantes informales, ya que se han apropiado de pasillos y andenes para instalar sus puestos y ofrecer diversas mercancías, aunque esto signifique restar espacio para el desplazamiento de usuarios.

Destacan que dicha situación se presenta en diversas estaciones como Guerrero y Zapata, de la Línea 3; Bellas Artes, de la Línea 8, y Tacubaya, de la Línea 1. Y amanera de ejemplo, señalan que, de acuerdo con un reportaje publicado en el diario Reforma, en la estación Guerrero los comerciantes se instalan en el andén y roban espacio a la de por sí ya reducida estación de correspondencia entre las Línea 3 y B. Indican que el problema se agrava ya que dicha estación no fue construida como correspondencia, por lo que sus andenes son angostos y fácilmente se saturan; pese a lo cual, los policías asignados a la zona permiten la operación de los ambulantes.

Expresan que en la estación Hidalgo, que es correspondencia entre las Línea 2 y 3, los vendedores utilizan las escaleras eléctricas para ofrecer sus productos. Manifiestan que recientemente, el Sistema de Transporte Colectivo Metro recuperó 80 locales comerciales en dicha estación, con el argumento de que robaban espacio a los usuarios y producían calor, esto a pesar de que pagaban renta. Sin embargo, a los comerciantes irregulares se les tolera impunemente.

Destacan que en la estación Zapata, en el pasillo de correspondencia entre las líneas 12 y 3, operan los comerciantes. Esto a pesar de que las autoridades prometieron que en la Línea Dorada no se desenvolvería el ambulantaje. Estos vendedores se instalan en el pasillo de correspondencia oriente y en el nuevo acceso que se construyó para conectar ambas líneas.

De la misma manera, señalan que la Línea 1 se encuentra infestada de vagoneros y comerciantes en pasillos, a pesar de la promesa del STC Metro de que liberaría de ambulantes a cambio del incremento de 3 a 5 pesos la tarifa.

Asimismo, señalan que en los vagones y andenes del Metro se ejerce la prostitución (esto en las estaciones terrestres de la calzada de Tlalpan), y se consumen drogas y bebidas alcohólicas a la vista de los guardianes de las instalaciones, sin que en la mayoría de los casos se haga algo al respecto.

Los promoventes indican que todo esto ocurre a pesar de que, por una parte, uno de los compromisos de la actual administración del Metro fue mejorar la calidad del servicio a cambio de subir en dos pesos la tarifa que paga el público, y por la otra, que el Reglamento de Transporte del Distrito Federal estipula en su artículo 13 que se prohíben a los usuarios del servicio público de transporte masivo de pasajeros las siguientes conductas:

● Hacer funcionar dentro de los carros o en las estaciones aparatos de radio u otros objetos sonoros o que produzcan molestias a las personas;

● Hacer uso de las estaciones o de los carros cuando se encuentre en estado de intoxicación por alcohol o por cualquier otra sustancia tóxica; y

● Ejercer el comercio ambulante, en las estaciones y sus zonas de acceso.

Lo anterior sin perjuicio de que la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal establece en su artículo 24 fracción VII que es una infracción contra la tranquilidad de las personas invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio, contravención que se comete de acuerdo con el artículo 5º cuando la conducta tiene lugar en inmuebles, espacios y vehículos destinados al servicio público de transporte.

Es por ello que proponen a través del presente punto de acuerdo exhortar al Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal, a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Transporte del Distrito Federal en lo que a su ámbito de competencia corresponde, en perjuicio de quienes realizan actividades ilícitas en sus instalaciones, a efecto de preservar la tranquilidad de los usuarios y mejorar el servicio que presta dicho organismo descentralizado.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhortar al Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal, a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Transporte del Distrito Federal en lo que a su ámbito de competencia corresponde, en perjuicio de quienes realizan actividades ilícitas en sus instalaciones, a efecto de preservar la tranquilidad de los usuarios y mejorar el servicio que presta dicho organismo descentralizado.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Para esta dictaminadora es fundamental que el Sistema de Transporte Colectivo Metro cumpla con la misión de proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.

El pasado 7 de diciembre del año 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el “Acuerdo por el que se emite resolución que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte Colectivo (Metro)”, mediante el cual se hace del conocimiento público que la tarifa se incrementaría de tres a cinco pesos; en el     acuerdo citado se señala que los recursos que se obtengan del incremento de la tarifa,  se destinarían para llevar a cabo, entre otras la de incorporar mil doscientos policías   para fortalecer la seguridad en el Metro, evitando el comercio informal en sus instalaciones.

Tal y como lo refieren los promoventes, el Gobierno del Distrito Federal ha implementado una serie de medidas dirigidas a evitar la presencia del comercio informal en los vagones de los trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, entre ellos destaca el Acuerdo por el que se instruye a las Secretarías de Gobierno, de Desarrollo Económico y al Sistema de Transporte Colectivo (Metro) para implementar las acciones estratégicas necesarias a fin de generar la integración a la economía formal de los comerciantes al interior del Sistema de Transporte Colectivo, publicado el 6 de marzo de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Dicha estrategia consiste en el otorgamiento de 2 mil pesos mensuales, mientras toman (hasta por seis meses) un curso de capacitación para integrarse a la economía formal. Datos de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) revelan que de los 2 mil 432 que obtuvieron su primer pago, se tuvo que suspender el apoyo a mil 885 (77.5%) que participaron en el programa Reintegración a la Economía Formal de los Comerciantes al Interior del Metro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya que no concluyeron su capacitación.

Es importante destacar que el STC realizó la recuperación administrativa de 80 locales y espacios comerciales de la estación Hidalgo, Líneas 2 y 3, en la que el personal del STC encontró irregularidades.

Sin embargo, cabe señalar que en el sistema aún hay presencia de estas personas y en el artículo 5 fracción IV, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal dispone que se comete infracción, cuando la conducta tenga lugar en inmuebles, espacios y vehículos destinados al servicio público de transporte. Tal es el caso del ejercicio de comercio en instalaciones del Sistema de Transporte Público Metro. Del mismo modo se sancionará por otras conductas, como ya se ha dado a conocer.

El punto de acuerdo, tiene la finalidad de exhortar al Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal, a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Transporte del Distrito Federal en lo que a su ámbito de competencia corresponde, en perjuicio de quienes realizan actividades ilícitas en sus instalaciones, a efecto de preservar la tranquilidad de los usuarios y mejorar el servicio que presta dicho organismo descentralizado.

Es importante mencionar la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal tiene por objeto establecer reglas mínimas de comportamiento cívico, garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados y regular el funcionamiento de la Administración Pública del Distrito Federal en su preservación, y determinar las acciones para su cumplimento.

De este modo, la Dictaminadora estima que si bien el Gobierno del Distrito Federal se encuentra realizando un esfuerzo por evitar el comercio informal dentro de la Red de este importante sistema de transporte, lo cual es plausible por ser en beneficio de los usuarios y de la eficiencia del servicio, así como para incorporar a la economía formal a las personas que mediante este tipo de comercio han encontrado el sustento de sus familias; dichas acciones se pueden reforzando la aplicación de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y el Reglamento de Transporte del Distrito Federal con la finalidad de garantizar un servicio de calidad.

En su artículo 7 señala que la aplicación de esta Ley corresponde a el Jefe de Gobierno, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Salud del Distrito Federal, Jefes delegacionales, Dirección de Justicia Cívica y Juzgado Cívico; por lo tanto esta dictaminadora considera que el exhorto debe estar dirigido al Jefe de Gobierno y no al Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal.

Por otra parte, el Reglamento de Transporte del Distrito Federal tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley de Transporte del Distrito Federal en materia de prestación de los servicios públicos y especializados de transporte de pasajeros, así como de sus servicios auxiliares en el Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, para que se refuercen las acciones necesarias que garanticen la aplicación de la Ley de Cultura Cívica y del Reglamento de Transporte del Distrito Federal, a fin de prevenir y sancionar la realización de actividades ilícitas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, a efecto de preservar la tranquilidad de los usuarios y mejorar el servicio.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Otro, que exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México a analizar y presentar alternativas de solución a la problemática que aqueja a los núcleos de población, localizados en los límites territoriales entre ambas entidades.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a revisar y emitir las recomendaciones pertinentes tanto a los gobiernos del Estado de México, como al del Distrito Federal, por el caso relativo a los límites territoriales entre ambas entidades, específicamente entre los Municipios de Valle de Chalco Solidaridad y la Delegación Tláhuac, que afecta a los pobladores de la Colonia Ampliación Santa Catarina Segunda Sección. Suscrito por el Diputado Federal Alejandro Sánchez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las Propuestas con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente el 20 de mayo del 2015, se presentó la Propuesta con Punto de Acuerdo en la cual se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a revisar y emitir las recomendaciones pertinentes tanto a los gobiernos del Estado de México, como al del Distrito Federal, por el caso relativo a los límites territoriales entre ambas entidades, específicamente entre los Municipios de Valle de Chalco Solidaridad y la Delegación Tláhuac, que afecta a los pobladores de la Colonia Ampliación Santa Catarina Segunda Sección

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio No. CP2R3A.-329.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

En el contenido de la propuesta se manifiesta que con la formación del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, los límites territoriales entre el Estado de México y el Distrito Federal se ven afectados. Esto debido a la segregación de varios kilómetros de tierra de los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz y Chicoloapan.

El titular menciona que en hechos, se ve involucrada la delegación Tlahuac a través de una franja de tierra perteneciente a los pueblos de Santa Catarina Yecahuizotl, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco y San Andrés Mixquic; la cual ha quedado en la total incertidumbre y sin reconocimiento por parte de ninguno de los gobiernos señalados.

Ante los planteamientos analizados en el Punto de Acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

Único.- la Comisión Permanente exhorta a la comisión Nacional de Derechos Humanos a revisar y emitir las recomendaciones pertinentes tanto a los gobiernos del Estado de México, como al  del Distrito Federal, por el caso relativo a los limites territoriales entre ambas entidades, específicamente entre los Municipios de Valle de Chalco Solidaridad y la Delegación Tláhuac, que afecta a los pobladores de la colonia Ampliación Santa Catarina segunda sección.

III. CONSIDERACIONES

El Estado de México y el Departamento del Distrito Federal definieron sus límites territoriales mediante los convenios celebrados por ambas entidades federativas en diciembre de 1898, mismos que fueron aprobados por el H. Congreso de la Unión, de conformidad con el contenido de las actas números del 1 al 19, de fechas 9, 16 y 30 de diciembre de 1896; 13 de enero; 3, 10 y 24 de febrero; 30 de marzo; 13 y 27 de abril; 18 de mayo; 16 de junio; 7 de septiembre; 3 y 23 de noviembre y 23 de diciembre, todas éstas del año 1897; 12 de enero, 21 de julio y 17 de agosto de 1898, atendiendo al plano levantado por el ingeniero Antonio Linares, en el año de 1897.

La Constitución General de la República de 1917, en el Capítulo II de su Título Primero, que se denomina "De las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional" ratifica tácitamente los convenios a los que se alude en el antecedente anterior, al determinar el artículo 44 que el "Distrito Federal se compondrá del territorio que actualmente tiene", y el artículo 45, que "los estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos".

Frente al acelerado crecimiento urbano en los límites de ambas entidades, se consideró en aquel entonces la revisión de los límites establecidos en el decreto del 15 de diciembre de 1898 por los gobiernos del Estado de México y el Departamento del Distrito Federal.

El Estado de México y el Departamento del Distrito Federal celebraron un convenio con fecha 2 de mayo de 1968 para crear la Comisión de Límites entre el Distrito Federal y el Estado de México, cuyas funciones se establecieron en dicho instrumento para los trabajos, que consistieron en la precisión de los límites a que se refería el convenio de 1898.

El 18 de diciembre de 1989, el estado de México y el Departamento del Distrito Federal emitieron un comunicado para reactivar una vez más la Comisión de Límites, y el 1 de marzo de 1990 suscribieron un acuerdo con el propósito de dar bases e instrucciones a la Comisión de Límites para la realización de sus trabajos correspondientes.

En aquel entonces, los gobiernos del Estado de México y el Distrito Federal precisaron y reconocieron el contenido de las actas y el trazo del plano que elaboró el ingeniero Antonio Linares, conocida como la Línea Linares. Tal situación que concluyó con la firma del Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de sus límites territoriales el 24 de agosto de 1993, el cual fue aprobado por el honorable Congreso de la Unión el 11 de julio de 1994 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de ese mismo año.

En 1994 la LII Legislatura del Estado de México segrega varios kilómetros de los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz y Chicoloapan, pertenecientes al estado de México para conformar el municipio denominado Valle de Chalco Solidaridad. En este mismo año, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal aprueba en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, los límites geográficos fijados en 1898 y 1994 expedidos por el Congreso de la Unión.

En el decreto del 9 de noviembre de 1994, por medio del cual se segregan los municipios antes mencionados para formar el municipio de Valle de Chalco, no se mencionaron los pueblos de Santa Catarina Yecahuítzotl, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco y San Andrés Míxquic, como se establece en los planos de 1898 y el convenio de 1993.

Esta dictaminadora en el análisis e investigación del punto de acuerdo, piensa que los problemas que se dan por la incertidumbre, que provoca el desconocimiento de los límites territoriales, origina, en algunos casos, que las autoridades de los Estados no puedan ejercer plenamente su potestad en áreas de conflicto; y que a los habitantes les impide cumplir con sus obligaciones fiscales, administrativas, electorales y de otra índole, al desconocer el Estado al que deban recurrir.

En virtud de ello, resulta necesario que las autoridades del Distrito Federal y Estado México de manera conjunta analicen la problemática que aqueja a dichas comunidades y presenten alternativas de solución que garanticen el respeto a los derechos humanos de los habitantes de las comunidades afectadas por esta problemática de los Municipios de Valle de Chalco Solidaridad y la Delegación Tláhuac.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, Los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea los  siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, para que se analice y se presenten alternativas de solución a la problemática que aqueja a los núcleos de población localizados en los límites territoriales entre ambas entidades.

SEGUNDO.- Se exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México,  para que se brinden alternativas de solución inmediatas a la ciudadanía en esta zona, particularmente en materia de seguridad pública y de desarrollo social, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue los hechos y, en su caso, emita las recomendaciones pertinentes.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 9 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Uno más, que exhorta a establecer líneas de acción y aplicar a operaciones preventivas para enfrentar los ciclos tropicales.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal y de los Estados a establecer líneas de acción y apliquen operaciones preventivas para enfrentar los ciclones tropicales que están por comenzar a manifestarse en el territorio nacional. Presentado por el Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 27 de mayo del 2015 fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de Ejecutivo Federal y de los Estados a establecer líneas de acción y apliquen operaciones preventivas para enfrentar los ciclones tropicales que están por comenzar a manifestarse en el territorio nacional.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnaran a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-433.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta manifiesta la preocupación del titular de la propuesta, por los desastres naturales que constituyen un riesgo para la población que cada año se ve directamente afectada por los desastres naturales. Asimismo, solicita dentro de sus líneas que se fortalezcan y apliquen operaciones preventivas en protección civil y se implementen líneas de  acción que sirvan para alertar y proteger a la población durante la temporada de lluvias y huracanes.

En el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que fue presentada por los Senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que a su letra dice:

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de los Estados, para que por conducto del titular de la Comisión Nacional del Agua, del Sistema Nacional de Protección Civil y de las Autoridades de protección civil de las entidades, respectivamente, establezcan líneas de acción y apliquen operaciones preventivas en los ámbitos de su competencia y respectivas atribuciones, para enfrentar los ciclones tropicales que están por comenzar a manifestarse en el territorio nacional, y así también informen e instruyan a la población sobre las medidas preventivas que deben de instrumentar para recibir dichos fenómenos meteorológicos.

III. CONSIDERACIONES

En estado de emergencia por desastres naturales, los Gobiernos pueden verse obligados a utilizar fondos que habían sido previamente destinados a proyectos fundamentales de desarrollo económico, y esto, en el largo plazo, puede impactar negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los países.

Los Gobiernos son cada vez más conscientes que el riesgo derivado de desastres naturales no puede ser ignorado. El importante crecimiento económico en algunos países en desarrollo hace que éstos se enfrenten con pérdidas económicas cada vez más importantes. Al mismo tiempo, aunque la exposición de la población y de los activos físicos a los desastres sigue en crecimiento, poca atención se dirige a la construcción de una sociedad resiliente ante fenómenos naturales adversos. Incrementos en la frecuencia y magnitud de fenómenos climatológicos extremos que se prevén debido al cambio climático puede potencialmente agravar la tendencia creciente en las pérdidas económicas causadas por desastres. En este contexto, es de suma importancia que se le dé un mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de desastres que incluya medidas o líneas de protección ante desastres para poder hacer frente a estas tendencias disruptivas.

Cabe mencionar que México está altamente expuesto a una gran variedad de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. En este sentido, el país está catalogado como uno de los de mayor actividad sísmica en el mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos con una magnitud de 4 o más en la escala de Richter. Aproximadamente el cuarenta por ciento del territorio Mexicano y más de una cuarta parte de su población están expuestos a tormentas, huracanes, inundaciones y ahora tornados.

Ahora bien, el Servicio Meteorológico Nacional prevé la formación de 19ciclones tropicales en el Océano Pacífico y 7en el Atlántico debido a la persistencia, desde el otoño  del 2014, de  valores  por  arriba del promedio en la temperatura superficial del mar en el Océano  Pacífico central, diversas organizaciones meteorológicas internacionales y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaran la presencia del fenómeno de “El Niño” en 2015. Como resultado del este fenómeno natural se pronosticó que en el transcurso del verano se registrará una temporada con un número de ciclones tropicales por arriba del promedio histórico, en el noroeste del Océano Pacífico.

Por otra parte, durante la Reunión Nacional de Protección Civil para la temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2015, el Gobierno Federal, refirió que este año se prevé que haya al menos 26 ciclones tropicales, por tal razón, llamó a los tres órdenes de gobierno, a las instituciones y a la sociedad a trabajar unidos para hacer frente a fenómenos que puedan poner en riesgo la vida y el patrimonio de los mexicanos, especialmente en la temporada de ciclones y lluvias que ya inició.

En la Reunión Nacional de Protección Civil para la temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2015, se ratificó que México nuevamente tendrá la presencia del fenómeno “El Niño”, a lo cual se suma el efecto conocido como Mar de Fondo que actualmente genera patrones atípicos de oleaje en diferentes puntos de la costa del Pacífico.

El Gobierno Federal ha manifestado que a través de la CONAGUA, se ha presentado como parte del programa de prevención, en sus redes sociales, volantes informativos para que la población esté prevenida ante las afectaciones por las lluvias.

El Director nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que todas las oficinas a nivel local están trabajando en "acciones preventivas y de preparación" para la temporada de huracanes que se desarrolló a partir de este 15 de mayo. Indicó que todos los consejos estatales de protección civil ya se encuentran instalados, y que se tiene un programa activo de monitoreo de los niveles de agua y "eventualidades que puedan convertirse en un riesgo" para la población.

Por tales razones, esta comisión dictaminadora reconoce el esfuerzo del Gobierno Federal y la coordinación que existe con las entidades federativas, y se pronuncia para que se sigan creando y fortaleciendo mas campañas de prevención y protección a la población durante esta temporada de lluvias y huracanes, con el propósito de que la población este prevenida ante este tipo de fenómenos hidrológicos.

Los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades de protección civil de las entidades federativas para que en forma coordinada establezcan líneas de acción y apliquen operaciones preventivas en los ámbitos de su competencia, para enfrentar los ciclones tropicales que ya se presentan en el territorio nacional.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 09 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Uno más, que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a analizar la viabilidad de implementar un programa de frigoríficos sociales en dicha entidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal a promover la instalación de frigoríficos sociales en las Jefaturas Delegacionales. Presentada por la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 27 de mayo del 2015 fue presentada la proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal a promover la instalación de frigoríficos sociales en las Jefaturas Delegacionales.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-445.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta manifiesta la preocupación de la titular de la propuesta, por la falta de recursos económicos de las personas que viven en extrema pobreza y no cuentan con apoyo para obtener sus alimentos. La autora manifiesta que es necesario que se implementen en el Distrito Federal, frigoríficos sociales en cada una de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal con la finalidad de que las personas surtan o rellenen los frigoríficos con comida y las personas que no cuenten con recursos para solventar sus necesidades alimenticias tomen los que necesiten de estos.

En el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que fue presentada por la Diputada Magdalena Núñez Monreal.

Único: la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal a promover la instalación de frigoríficos sociales en las jefaturas delegacionales.

III. CONSIDERACIONES

La titular de la propuesta con punto de acuerdo, pone como ejemplo a la ciudad de Berlín, en la que la asociación alemana Lebensmittelretter, fundada por Raphael Fellmer, ha promovido la instalación de frigoríficos, los cuales tienen como objetivo ayudar a los que no tienen la capacidad económica de comprar sus alimentos.

Estos frigoríficos tienen ser llenados con alimentos sobrantes de las familias alemanas o de establecimientos alimentarios y restaurantes, estos alimentos tienen que estar en buen estado para que las personas puedan tomarlos y consumirlos.

Esta campaña, no fue implementada por el gobierno Alemán, sino por un particular que tenia la preocupación del desperdicio de la comida que se genera por las familias y los establecimientos. Basta decir que se calcula que cerca de un 40% de la comida que se produce globalmente en el mundo acaba en la basura.

A veces, por razones tan peregrinas como el no cumplir con ciertos estándares estéticos, es decir, condiciones de tamaño, forma o color que en nada afectan a las cualidades nutricionales del producto, son desechados. Según estimaciones de la Comisión Europea, este año se desperdiciarán más de 100 millones de toneladas de alimentos sólo en la UE, y se espera que esa cifra crezca hasta los 126 millones de toneladas de aquí a 2020.

La titular, solicita que el Gobierno del Distrito Federal implemente un programa en el cual se instalen los frigoríficos en las Delegaciones políticas del D.F., con la misma intención de que las personas ayuden con la recaudación de alimentos para las personas que no tienen la solvencia económica para adquirirlo.

Se puede comentar que el Gobierno del Distrito Federal a través de su Secretaría de Desarrollo Social cuanta con un programa denominado “Programa Comedores Comunitarios”, el cual consiste en apoyar la instalación de comedores comunitarios, para fortalecer, consolidar y ampliar los procesos de organización, participación y construcción de ciudadanía en el ejercicio del Derecho a la Alimentación.
Este programa tiene como objetivos:

El apoyar la economía familiar de las personas que asisten a los comedores comunitarios posibilitando el acceso a una alimentación con calidad e higiene a costos accesibles y  promover una cultura de la alimentación adecuada, saludable e inocua, para mejorar los hábitos alimentarios.

El programa va dirigido a las organizaciones sociales, civiles, comunitarias y/o grupos de vecinos interesados en participar en el ejercicio comunitario del Derecho a la Alimentación, preferentemente en las unidades territoriales clasificadas como de media, alta y muy alta marginación, así como en las zonas que tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social en el Distrito Federal.

Por otra parte, podemos poner otro ejemplo de ayuda comunitaria, en la cual el Gobierno Federal implemento el Programa Nacional México sin Hambre, que se creo para las personas en situación de pobreza extrema de alimentación, esto es, personas cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar mínimo que cuentan con tres carencias o más, incluyendo la alimentaria.

El hambre, se considera tanto el ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo, que representa el costo de una canasta de alimentos mínimos necesarios para tener una nutrición adecuada, así como la carencia de  acceso a la alimentación, que se basa en el concepto de inseguridad alimentaria

Ahora bien, la solicitud de la autora del Punto de acuerdo puede ser atendida como una recomendación o una nueva idea para ayudar a fortalecer los programas que ya existen,  debido a que, en México existen familias que no cuentan ingresos para adquirir los alimentos. El programa su finalidad es para tratar de ayudar a las personas que no cuentan con la economía suficiente para solventar sus necesidades alimentarias.

Por tal razón, los dictaminadores consideran conveniente el que las autoridades del Gobierno del D.F. analicen si es viable la propuesta de la Diputada, todo con la finalidad de apoyar a los que menos tienen.

Por lo anterior, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que, a través de su Secretaría de Desarrollo Social, se analice la viabilidad de implementar un programa de frigoríficos sociales en dicha entidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Otro, sobre los problemas relacionados con el transporte público de la ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas dos proposiciones con punto de acuerdo referentes al transporte público en el Distrito Federal, presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y otra por Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 27 de mayo de 2015 se presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar diversas acciones que contribuyan a mejorar el autotransporte público concesionario o permisionario “microbuses” en el Distrito Federal. Dicha proposición fue presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

B. En la misma sesión fue presentada la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a resolver y atender de forma inmediata los graves problemas de transporte de la Ciudad de México. Presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Las proposiciones fueron turnadas por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio de los oficios CP2R3A.-451 y CP2R3A.-476.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓNES

1. La Senadora promovente indica que el 11 de julio del 2012, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, entregó más de cien unidades de transporte público (microbuses) con la finalidad de modernizarlo y ofrecer así un servicio eficaz de calidad. Dentro la flotilla de nuevos camiones se modernizó parte de la “Ruta 25” que corre de Barranca del Muerto y Mixcoac a Iztapalapa, cuyos camiones han tenido gran aceptación por parte de los usuarios, pues utilizan gas natural, cuentan con cámaras de video (cuatro internas y dos externas) que monitorean en tiempo real, además cuentan con una máquina de autocobro con posibilidad de utilizar tarjeta, los operadores de estas unidades reciben capacitación por parte de la empresa que presta dicho servicio, lo que marca una diferencia con los operadores de las antiguas unidades.

Manifiesta en la proposición que el 26 de marzo de 2013, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el aumento de la tarifa del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Colectivo concesionado y permisionado, bajo el argumento que era necesario mejorar el transporte público colectivo y propiciar un cambio y renovación del parque vehicular.

Indica la promovente que de acuerdo con la encuesta realizada por la asociación civil “Presencia Ciudadana”, el 60 por ciento de los viajes que realizan los usuarios del Distrito Federal en el transporte público es en microbús, los cuales en su mayoría son unidades de principios de la década de los noventa y el 95 por ciento ha cumplido ya su vida útil; estas unidades están en uso continuo a lo largo de 106 rutas y mil 163 ramales, sin embargo el número de rutas y sus ramales es inexacto debido a la clandestinidad.

Asimismo, se manifiesta que se reportó que de las principales inconformidades de los usuarios, el 38 por ciento se queja de la inseguridad, el 11 por ciento de falta de cultura cívica, el 6 por ciento de incomodidad, el 2 por ciento de contaminación, el 2 por ciento de embotellamientos y el 41 por ciento de otros factores. Por otro lado, las quejas de las personas con automóvil propio son: el 38 por ciento por inseguridad, el 28 por ciento por lentitud del tránsito, el 17 por ciento por falta de respeto, el 10 por contaminación y el otro 7 por ciento por otros factores.

La senadora destaca que durante la presentación del “Programa de Transformación del Transporte Público Concesionario”, por autoridades del Gobierno del Distrito Federal, se señaló que existen 28 mil unidades de transporte público tipo microbús, sin embargo otras fuentes señalan un número menor con tan sólo 21 mil unidades, la anterior irregularidad se debe a la clandestinidad con la que operan dichas unidades, así mismo se han otorgado 2 mil 239 créditos a microbuses para modernizar y mejorar el servicio lo cual ha sido insuficiente debido que es difícil que un operador obtenga un crédito.

Informa que datos del Departamento de Estadística del Servicio Médico Forense, revelan que la causa más común por muertes es por accidentes de tránsito, ocasionados por violaciones al Reglamento en la materia, así como la falta de mantenimiento de las unidades de microbuses y taxis que circulan en esta ciudad.

La senadora promovente señala que en los últimos años, se han documento los accidentes más significativos relacionados con la falta de prudencia de los conductores de microbuses:

● Tlalpan (2011). Seis muertos, veinte heridos. Camión de Ruta 1 por exceso de velocidad.

● San Juan Xalpa (2012). Un adulto y un niño fallecieron. Microbús sin frenos.

● Xochimilco (2012). Diez heridos. Microbús sin frenos.

● Av. del Imán (2013). Dos muertos y cuatro heridos. Imprudencia del operador.

Glorieta de Vaqueritos (2014). Un muerto y dos heridos. Imprudencia del operador.

● Av. Marina Nacional (marzo 2015) seis lesionados. Por dos microbuses a falta de pericia.

Se indica en la proposición que de acuerdo con los datos del Registro de Accidentes de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, en 2012 fueron impuestas 51 sanciones por los 78 accidentes registrados por microbuses en la ciudad, los cuales provocaron la muerte a 42 personas y lesiones en 23 personas. En tanto que en 2013 las sanciones impuestas llegaron a 154 con 175 accidentes con un saldo de 118 muertos y más de 180 lesionados y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó que en el 2014 ocurrieron 963 accidentes en donde 18 personas perdieron la vida.

De la misma manera, se informa que la Dirección General de Política y Estadística Criminal dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, informó que en junio del 2014 se realizaron 2 mil 796 averiguaciones previas por la comisión de delitos, entre los que se destaca el robo a pasajeros de microbuses.

Considera importante señalar que dentro de los requisitos para adquirir o renovar la licencia-tarjetón para conducir vehículos destinados al transporte colectivo de pasajeros en el Distrito Federal están:

● Constancia de acreditación del Curso de Capacitación. Para la licencia tarjetón tipos “C”, “D” y “E”, el curso tendrá una duración de 14 horas, para solicitantes de primera vez, dicha constancia tendrá vigencia dentro del año fiscal de su expedición.

● Acreditación de la evaluación de Conocimiento y Desempeño. Los interesados en obtener la licencia tarjetón tipos “C”, “D” y “E”, realizarán la evaluación de conocimientos y desempeño que determine la Secretaría de Transporte y Vialidad, cuyo costo se cubrirá directamente con el prestador de este servicio, el cual incluye el examen y dos oportunidades más, en caso de no ser acreditado, en un lapso de 60 días naturales. A excepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y del Distrito Federal.

Menciona que en comparación, los requisitos que se necesitan para tramitar una licencia de transporte a nivel federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicita:

● Constancia de actitud psicofísica la cual se expide por clínicas autorizadas por la misma Secretaría donde se realizan los siguientes exámenes:

● Examen físico y médico. Historial Clínico, Exploración Física (Agudeza Visual y Auditiva, Exploración Cardio-Pulmonar con Electrocardiograma y Tele de Torax, Exploración Neurológica).

● Examen toxicológico. Recolección de Muestra de Orina con formato de cadena de custodia con medición de 5 reactivos (Cocaína, Marihuana, Anfetaminas, PCP y Derivados del Opio).

● Exámenes de laboratorio. Química Sanguínea, Biometría Hemática, Pruebas de Funcionamiento Hepático, Examen General de Orina.

● Examen psicológico. Pruebas de Inteligencia, Percepción Visomotriz y Rasgos de Personalidad.

● Constancia de capacitación.

● Acta de nacimiento.

● Comprobante de domicilio.

Finalmente, la senadora promovente señala que el 19 de junio del 2014, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal anunció la puesta en marcha el nuevo Programa “Hoy No Circula Sabatino” con el objetivo de “prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles”, con lo que se retiró de circulación a muchos automóviles particulares y de servicio público, particularmente los días sábados, orillando a los usuarios a utilizar el poco transporte público con el que se cuenta y el cual, al menos en su mayoría, se encuentra en pésimas condiciones. Incluso muchos ciudadanos se han visto obligados a cambiar su vehículo por uno más reciente o nuevo sin que ello signifique una reducción en los automóviles que circulan la ciudad, lo que se traduce en horarios cada vez con más tráfico y por lo tanto niveles elevados de contaminación. Si no hay un transporte eficiente, la gente opta por adquirir un vehículo propio.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo de la senadora proponente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que se apliquen de manera irrestricta las revisiones de control vehicular al autotransporte, concesionarios o permisionarios del transporte público denominado “microbuses” que establece la ley de la materia, con la finalidad de brindar un transporte eficiente y seguro a los capitalinos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, a dar continuidad para reforzar los programas de renovación de unidades de transporte público.

2.- En la propuesta de los Diputados del Partido Acción Nacional destacan que desde hace varios años, los ciudadanos del Distrito Federal se han visto violentados en su derecho humano a la movilidad debido a que los gobiernos capitalinos no han sido capaces de diseñar políticas públicas adecuadas o acordes con las demandas de una gran metrópoli, en aras de garantizar un transporte eficiente, limpio, seguro, sustentable y profesional para la movilidad.

Los proponentes se cuestionan, ¿Cómo se transportan los ciudadanos en esta ciudad capital cuando una línea del metro, considerada como “dorada”, hoy se encuentra en más del 50% detenida por negligencia en su proceso de licitación, construcción y posterior equipamiento, afectando a miles de personas en su vida cotidiana?

Manifiestan que el Gobierno del Distrito Federal es indiferente, indolente y negligente frente a las necesidades de mantenimiento mayor de la red integral del Sistema de Transporte Colectivo Metro y que por ello estos trenes urbanos colisionan y no se les ha dado el mantenimiento requerido para brindar seguridad y tranquilidad a los usuarios.

Indican que los trabajadores del Sistema Colectivo Metro han denunciado una y otra vez, desde hace tiempo, que para los gobiernos perredistas en el Distrito Federal, el Metro de la Ciudad de México no es prioritario para ellos y no han destinado los recursos necesarios y urgentes para hacer las obras de remodelación y optimización de sus instalaciones, sistema de señalamiento, seguridad, capacitación en casos de contingencias, pero sí, con un costo más elevado del boleto a costa del bolsillo de los ciudadanos.

Indican que el gobierno impone a sus habitantes un programa agresivo y sin sentido, al restringirles su derecho a la movilidad, al aplicarles un doble y hasta triple no circula, argumentando que es para la protección del ambiente.

Los promoventes señalan que la red de transporte automotriz concesionado es muy perjudicial al ser inseguro, contaminante, sucio, ineficiente, caro, con serios problemas de corrupción a la hora de verificarlo y ver las condiciones deplorables en las que se encuentran dichas unidades.

Los diputados en la proposición indican que las limitaciones al uso del automóvil particular, un sistema de Metro limitado inseguro y caro, microbuses y camiones sin las mínimas condiciones de seguridad, pugnas entre los servicios de taxis, movilizaciones de éstos, paros, son problemas que enfrentan a diario miles de ciudadanos que conviven y trabajan en el Distrito Federal, por lo tanto los capitalinos buscan desesperadamente opciones dignas de movilidad.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo de los proponentes:
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a resolver y atender de forma inmediata los graves problemas de transporte de la Ciudad de México.

III. CONSIDERACIONES

Esta dictaminadora consideró pertinente resolver las dos proposiciones en un solo acto, considerando que abordan problemáticas muy similares y en aplicación del principio de economía procesal.

El Distrito Federal cuenta con un amplio sistema de transporte y está dividido en transporte gubernamental y concesionado. Dentro del primero se encuentran el Sistema de Transporte Colectivo Metro; el Servicio de Transportes Eléctricos; la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Metrobús. El concesionado está compuesto por transporte Colectivo (autobuses y microbuses) e individual (taxis).

De acuerdo a la información publicada en su sitio Web de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, los autobuses y microbuses son los que acaparan el mayor número de viajes que se realizan en el DF. El transporte concesionado colectivo de pasajeros atiende a casi el 60% de la demanda, transportando por día hábil a más de 12 millones de pasajeros y opera en 106 rutas de transporte y 1 mil 163 recorridos y existen 28 mil 508 concesionarios individuales y 10 empresas de transporte.

La movilidad se refiere tanto a la demanda de viajes que requiere una población creciente y con empleos, viviendas y accesos a educación, cultura y comercio, cada vez más distanciados entre sí, y por otro lado, a la oferta de infraestructura vial de avenidas y calles; los problemas en la movilidad que son generadores de molestias cotidianas y masivas, son un síntoma de un malestar más profundo, por la falta de calidad de los servicios del transporte concesionado, principalmente.

Es importante destacar que para renovar las unidades de transporte concesionado de pasajeros; mejorar la calidad del servicio de transporte de la ciudad; asegurar la vigencia de las concesiones cumpliendo con las normas para la prestación del servicio, ofrecer seguridad al público usuario y reducir los índices de contaminación, el Gobierno del Distrito Federal otorga a los concesionarios un apoyo financiero, con el Programa de Sustitución de Microbuses por Autobuses Nuevos y son sujetos de este programa, los concesionarios cuyos microbuses son modelo 1995 o anteriores y otorga 100 mil pesos como apoyo para la adquisición de tu nuevo vehículo.

Conforme al artículo 101 primer párrafo de la Ley de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal, los usuarios tienen derecho a que el servicio público de transporte se preste en forma regular, continua, uniforme, permanente e ininterrumpida y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia.

De acuerdo al artículo 1 segundo párrafo y el artículo3 primer párrafo de la Ley de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal, es responsabilidad de la Administración Pública de Distrito Federal controlar e incentivar programas para mejorar los servicios de trasporte público de pasajeros a través de empresas de participación estatal o concesiones.

Que conforme al artículo 7 fracciones I y III de la Ley de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal la Secretaría de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal tiene la facultad de impulsar el desarrollo del trasporte en el Distrito Federal así como llevar acciones para una mayor eficacia y seguridad de los usuarios.

De la misma manera, como lo señala el artículo 262 de la Ley Federal del Trabajo, los operadores tienen la obligación de tratar cortésmente a los pasajeros.

Conforme al artículo 37 del Reglamento de Trasporte del Distrito Federal, los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros serán evaluados cuando la Secretaría de Trasporte y Vialidad lo determine; en caso necesario tomarán los cursos de actualización y se someterán a la evaluación médica integral.

Con base en las consideraciones anteriores, esta dictaminadora considera que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal debe fortalecer los mecanismos para estudiar y resolver en forma coordinada, integrada y complementaria los problemas relacionados con el transporte público; por lo tanto, considera que la propuesta en análisis es de aprobarse, toda vez que el servicio de transporte público en el Distrito Federal debe de adoptar medidas que permite garantizar las condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia, para los usuarios.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer los mecanismos tendentes a solucionar los problemas relacionados con el transporte público en la Ciudad de México, considerando las revisiones de control vehicular así como los programas de renovación de unidades de transporte, con la finalidad de brindar un servicio eficiente y seguro a los capitalinos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 9 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Otro, que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al gobierno del estado de Tamaulipas, a realizar los trabajos de actualización del Atlas de Riesgo de dicho estado.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Gobierno del estado de Tamaulipas, a través de sus respectivas Coordinaciones de Protección Civil, para que realicen de manera conjunta los trabajos para la actualización del Atlas de Riesgo estatal, a fin de identificar y registrar las potenciales zonas de riesgo que comprometan la integridad de la población tamaulipeca. Fue presentada por el Diputado Carlos Alberto García González, integrante  del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, el 3 de junio de 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 3 de junio del 2015, el Diputado Carlos Alberto García González, integrante  del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Gobierno del estado de Tamaulipas, a través de sus respectivas Coordinaciones de Protección Civil, para que realicen de manera conjunta los trabajos para la actualización del Atlas de Riesgo estatal, a fin de identificar y registrar las potenciales zonas de riesgo que comprometan la integridad de la población tamaulipeca.

B. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-636, de fecha 3 de junio de2015.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones que el pasado 24 de mayo se registró una fuerte lluvia en el municipio de Matamoros del Estado de Tamaulipas la cual ocasionó inundaciones importantes, alcanzando los 50 centímetros en algunas colonias, afectando a cientos de familias en sus hogares y negocios. El municipio es susceptible de inundaciones cuando se presentan fenómenos hidrometeorológicos relevantes, ya sea por el desbordamiento de los canales o por el encharcamiento de las colonias y avenidas por la insuficiencia del drenaje público.

Indica que históricamente Matamoros ha sido golpeado por los fenómenos climáticos. En marzo de 2007 sufrió de fuertes lluvias que afectaron a 56 colonias por las inundaciones causadas por el desbordamiento de los canales. Y en julio de 2008, el Huracán Dolly provocó daños en 111 colonias y a la infraestructura hidráulica, urbana, eléctrica, de comunicaciones y transportes del municipio.

Por lo que el Gobierno de Tamaulipas, en diciembre de 2011, expidió el Atlas de Riesgo del estado, donde se detallan los peligros por los fenómenos naturales geológicos e hidrometeorológicos, así como los antropogénicos: sanitario-ambientales, químico-tecnológicos y socio-organizativos que pudieran afectar a la población tamaulipeca.

Asimismo señala que en días pasados el Servicio Meteorológico Nacional, anunció que se prevén lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas, granizo y vientos en Tamaulipas para las próximas semanas. Asimismo, en junio dio inicio la temporada de Huracanes y se espera que concluya en noviembre.

Por lo anterior, los legisladores del Partido de Acción Nacional consideran que debido a los cambios demográficos y de infraestructura que se han presentado en los últimos años en el Estado, es urgente que el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno Federal inicien los trabajos para actualizar el Atlas de Riesgo del estado, a fin de orientar de manera efectiva las políticas públicas para disminuir los riesgos y, por lo tanto, los desastres, así como para concientizar a la población sobre los riesgos a los que están expuestos.

Por lo anterior se propuso el  siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de sus respectivas Coordinaciones de Protección Civil, para que realicen de manera conjunta los trabajos para la actualización del Atlas de Riesgo estatal, a fin de identificar y registrar las potenciales zonas de riesgo que comprometan la integridad de la población tamaulipeca.

III. CONSIDERACIONES

Los legisladores que integramos esta Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente consideramos conveniente mencionar que de acuerdo a la Ley General de Protección Civil, en su Capítulo XVII de la Detección de Zonas de Riesgo, contiene las disposiciones para que el Gobierno Federal, con la participación de las Entidades Federativas, elabore los Atlas de Riesgos a nivel nacional, estatal y municipal, a fin de que se identifiquen y registren las zonas de riesgo para la población por los fenómenos que pudieran presentarse en las distintas zonas del país.

Es de destacar que el Atlas de Riesgos es un sistema integral de información, compuesto por bases de datos distribuidas, que permiten realizar análisis de peligro, de la vulnerabilidad y del riesgo ante desastres a escala nacional, regional, estatal y municipal, con objeto de contar con información de calidad, con dicho sistema se está en posibilidad de simular escenarios de desastres, emitir recomendaciones para la oportuna toma de decisiones y establecer efectivas medidas de prevención y mitigación.

Como antecedente, es oportuno señalar que se ha documentado que el estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México 2013, da a conocer que desde la publicación del Atlas Nacional de Riesgos en 1991 y de la versión actualizada en 2001, en México se han hecho grandes avances para realizar evaluaciones de riesgos. El Atlas Nacional de Riesgos no se concibe como una evaluación nacional de riesgos desarrollada por muchos países de la OCDE en la que los principales escenarios de peligros y amenazas son evaluados según criterios comunes (en términos de su probabilidad e impacto) para clasificarlos con el fin de informar de la toma de decisiones sobre las inversiones en la planificación de capacidades.

Asimismo, dicho estudio señala que entre 1993 y 2004, solo nueve de los 32 estados (incluidos el Distrito Federal) habían desarrollado un Atlas de Riesgos; pero de 2004 a 2009, se elaboraron 17 atlas de riesgos estatales, lo que muestra la eficiencia de los incentivos federales para apoyar la elaboración de estos atlas.

El Gobierno de Tamaulipas, en diciembre de 2011, expidió el Atlas de Riesgo del estado, el cual pretende actualizar el conocimiento sobre los diferentes peligros y riesgos a los que se encuentra expuesta la ciudadanía a fin de que se tenga conciencia plena de éstos; también pretende que se caracterice el territorio estatal con los niveles de información concernientes a los diversos peligros a través de mapas de manera que se facilite su identificación y, con ello, se programen acciones de prevención y mitigación de riesgos.

Esta Comisión coincide con la preocupación del promovente ya que debido a los cambios demográficos y de infraestructura que se han presentado en los últimos años en el Estado, es urgente que el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno Federal inicien los trabajos para actualizar el Atlas de Riesgo del estado, a fin de orientar de manera efectiva las políticas públicas para disminuir los riesgos y, por lo tanto, los desastres, así como para concientizar a la población sobre los riesgos a los que están expuestos.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al Gobierno del Estado de Tamaulipas, para que realicen de manera conjunta los trabajos de actualización del Atlas de Riesgo de dicho estado, a fin de identificar y registrar las potenciales zonas de riesgo que comprometan la integridad de la población tamaulipeca.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Otro, que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar un estudio para la prestación del servicio de transporte público individual.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a al Gobierno del Distrito Federal para que diseñe e implemente una plataforma que permita al servicio de transporte público individual de pasajeros “Taxis”, brindar un servicio más eficiente y seguro a la ciudadanía; así mismo realizar un análisis técnico jurídico que permita determinar el tipo de servicio que prestan los vehículos a través de empresas como “Uber” o Cabify y sobre una posible regulación. Presentado por Mariana Gómez del Campo Gurza, Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresa los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 27 mayo de 2015, se presentó ante el pleno de la Sesión Permanente, punto de acuerdo en el cual se exhorta respetuosamente a al Gobierno del Distrito Federal para que diseñe e implemente una plataforma que permita al servicio de transporte público individual de pasajeros “Taxis”, brindar un servicio más eficiente y seguro a la ciudadanía; así mismo realizar un análisis técnico jurídico que permita determinar el tipo de servicio que prestan los vehículos a través de empresas como “Uber” o Cabify y sobre una posible regulación

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-506.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La proposición con punto de acuerdo, muestra la preocupación por parte de los operadores de transporte público “Taxi”, por el servicio que prestan empresas como “Uber” y “Cabify”, por que manifiestan, según palabras de los operadores, “que se trata de una competencia ruinosa, ya que estos vehículos particulares no pagan nada”, “no tienen la carga fiscal del taxista concesionado”, “ya que ellos deben pagar un tarjetón de 1,500 pesos, ir a un curso, pagar la concesión de 30 mil pesos o más, y un seguro especial que resulta 30 por ciento más caro que un seguro tradicional”.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que diseñe e implemente una plataforma que permita al Servicio de Transporte Público Individual denominado “Taxis” brindar un servicio más eficiente y seguro a la ciudadanía.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, a realizar un análisis técnico-jurídico que permita determinar el tipo de servicio que prestan los vehículos particulares a través de plataformas de empresas como las de “Uber” o “Cabify” y sobre una posible regulación.

III. CONSIDERACIONES

La problemática que dio origen a este punto de acuerdo, fue la entrada al campo laboral en el transporte público por parte de las empresas  “Uber” y “Cabify”, lo cual originó la inconformidad por parte de los operadores del servicio de taxis en el Distrito Federal, quienes argumentan la baja de trabajo debido a la entrada de las empresas ya mencionadas.

Los operadores del servicio de taxis, manifiestan que la entrada a su mercado laboral por parte de las empresas, no es justo ni equitativo, ya que ellos tiene que pagar placas oficiales, tarjeta de circulación, verificación, tenencia, licencia de conducir para poder prestar el servicio, la revista vehicular, contar con un seguro de responsabilidad civil para terceros y contar con un taxímetro oficial, y las empresas como “Uber” y “Cabify” no.

Asimismo, se solicitan a los taxis otros requisitos para poder tener sitios, radio taxis, sitios de hotel y de aeropuerto, en comparación con las empresas que estas no tienen que pagar y cumplir con nada de esto.

Si bien, existe una aceptación por parte de la ciudadanía para contratar servicios a cualquiera de las dos compañías, manifestando que es por la mala calidad del servicio de muchos taxis (mantenimiento y conducción), el abuso en los cobros de tarifas nocturnas cuando hay pocos taxis en circulación (en la noche o fuera de grandes eventos como conciertos masivos), en zonas con monopolios geográficos (sitios de taxi dominan alguna zona) o en viajes largos que no cualquier taxi tomaría por el riesgo de regresar vacío sin mayor pasaje. En otras palabras, cuando se crea una situación de escasez artificial que le da mucho poder al taxista de imponer tarifas fuera de la oficial.

Si bien “Uber” y “Cabify” dan la sensación a la ciudadanía de prevenir y eliminar los actos criminales por parte de conductores, éstos no cuentan con seguros de daños a terceros al ofrecer un servicio no regulado. Por otra parte, la Ley de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal, menciona que los usuarios tienen derecho a que el servicio público de transporte se preste en forma regular, continua, uniforme, permanente e ininterrumpida y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia, todo esto, para que el único beneficiado se el usuario que lo utiliza.

La Ley, contempla que es responsabilidad de la Administración Pública de Distrito Federal controlar, incentivar programas para mejorar los servicios de trasporte público de pasajeros a través de empresas de participación estatal o concesiones, con la finalidad de que los operadores del transporte público brinden un mejor servicio, que sea de calidad y seguridad.

La Ley, manifiesta que es responsabilidad de la Administración Pública asegurar, controlar, promover y vigilar que los servicios de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal, se efectúen con apego a la normatividad aplicable en la materia.

La Ley, sustenta que es de utilidad pública e interés general, la prestación de los servicios públicos de transporte en el Distrito Federal, cuya obligación de proporcionarlos corresponde originalmente a la Administración Pública, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos descentralizados, o bien, por conducto de personas físicas o morales a quienes mediante concesiones, el Gobierno del Distrito Federal encomiende la realización de dichas actividades.

La Ley, expresa que la Secretaría de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal, tiene la facultad de impulsar dos acciones:

1.-  Llevar acciones para una mayor eficacia y seguridad de los usuarios;

2.- Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo del transporte público en el Distrito Federal.

Se puede argumentar que en México, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a trabajo que le acomode siendo lícito y honrado. En “Uber” y “Cabify” las personas no tienen impedimento alguno para realizar trabajo en el territorio nacional, sin embargo se puede hacer un llamado a la autoridad, para que a través de las instancias competentes, realice un estudio técnico-jurídico que permita encuadrarlos de la legalidad de los servicios concesionados de transporte. “Uber” y “Cabify” son sujetos que pueden entrar en la regulación de la ley.

Se puede decir que es factible el uso de la tecnología (apps en teléfonos inteligentes), ya que esta puede ayudar a implementar lo que le marca la Ley a la autoridad, la implementación de programas que ayuden a mejorar el servicio de los operadores de taxis en D.F., facilitando a la ciudadanía contratar el servicio, y sentir la misma seguridad que sienten con las empresas; esto es, lo que debe fomentar el gobierno a sus operadores de transporte público, con ayuda de la tecnología.

El Distrito Federal, tiene todo dentro de su ordenamiento legal para garantizar que el transporte público brinde un mejor servicio a los usuarios, tiene una Ley que le permite crear programas, o llevar líneas de acción directa para que el trasporte sea eficiente y seguro, y tiene la capacidad de regular a las empresas que brindad servicio de transporte.

Esta dictaminadora, considera que es necesario que se implementen o creen mejores formas de prestar servicio por parte de todos los operadores del servicio de transporte público sea privado o particular, ya que tanto se benefician los trabajadores como la ciudadanía con un mejor servicio. Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que, a través del Instituto de Verificación Administrativa (INVEADF) y de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), se realice un estudio técnico que permita valorar la incorporación de innovaciones tecnológicas para la prestación del Servicio de Transporte Público Individual; así como realizar un análisis técnico-jurídico que permita determinar la regulación de las empresas que operan bajo esta modalidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Uno más, que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre los anuncios espectaculares.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe del estado jurídico administrativo que guardan actualmente los anuncios espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de México, así como de las estrategias o programas de trabajo implementados para combatir la corrupción en la aplicación de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal”, presentada por el Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 3 de junio de 2015 se presentó Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe del estado jurídico administrativo que guardan actualmente los anuncios espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de México, así como de las estrategias o programas de trabajo implementados para combatir la corrupción en la aplicación de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. Dicha proposición fue presentada por el Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-592.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El proponente señala que a cinco años de la vigencia de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, prevalece la corrupción en la publicidad de espectaculares, por lo que la Ciudad de México enfrenta una problemática interrelacionada con derechos humanos.

Manifiesta que las empresas de publicidad utilizan la ciudad de forma deplorable que genera contaminación visual y daña salud pública debido a que las autoridades no cumplen cabalmente con la aplicación de la Ley; indica que el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA) no hace una verificación correcta y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) dejó que creciera esta publicidad, destacando que las autoridades del gobierno capitalino encargadas de reordenar los espectaculares han hecho caso omiso a la Ley de Publicidad Exterior.

El promovente señala que en la actualidad existen más de diez mil anuncios espectaculares que saturan la imagen urbana, de los cuales, solo el 30 % están regulados y el 70% es ilegal, indica que existe un padrón total de 4,454 espectaculares que presuntamente están regulados y que se aprecian en las principales avenidas de la ciudad.

El diputado expresa que la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), ha reconocido que pese al debido empadronamiento de los anuncios, la ilegalidad y la corrupción sobre pasa los alcances legales. Según la institución local son cerca de siete mil espectaculares irregulares de empresas privadas y de publicidad que supuestamente se niegan a ingresar al programa de reordenamiento.

Se expresa que lo anterior demuestra que a cinco años de la vigencia de la norma regulatoria, las acciones y programas implementados por el Gobierno del Distrito Federal son ineficientes y fomentan corrupción.

En la propuesta se señala que los empresarios del ramo denuncian que los lineamientos para las medidas y lugares donde pueden instalarse los distintos tipos de publicidad exterior no son respetados, toda vez que a pesar de que sus anuncios están debidamente regulados a través del padrón, el INVEA está suspendiendo sus actividades, lo que significa que los intereses de la institución y del Gobierno del Distrito Federal obedecen a circunstancias muy diversas y ajenas al debido cumplimiento de las disposiciones vigentes. Lo cual explica que sin motivo, ni argumento alguno, de manera repentina dicha autoridad ha clausurado 7000 anuncios, incluidos los que están regularizados.

Señala el promovente que con independencia del tipo de empresas, así como el contenido de los espectaculares, el Gobierno del Distrito Federal de forma arbitraria ha retirado sin previo aviso alguno a los afectados, todo tipo de espectaculares, sin importar el contenido de los mismos y su proceso de regularización. Tal es el caso de los anuncios con propaganda electoral, que por obvias razones se encuentran debidamente regulados por una legislación federal y que cumplen con todos los requisitos administrativos para su establecimiento, y que sin mayor explicación las autoridades del Distrito Federal han suspendido o clausurado, vulnerando los principios rectores del proceso electoral, y generando innumerables conflictos por incumplimiento de contratos de publicidad diversa.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que dentro del término de diez días hábiles, rinda un informe pormenorizado del estado jurídico administrativo que guardan actualmente los anuncios espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de México, así como de las estrategias o programas de trabajo implementados para combatir la corrupción en la aplicación de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal.

III. CONSIDERACIONES

La Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal tiene por objeto regularla instalación de publicidad exterior para garantizar la protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano del Distrito Federal.

Cabe mencionar que dicha publicidad exterior es una actividad que ayuda a fomentar el desarrollo económico de la ciudad, pero además debe de ser armónico con el paisaje urbano; por lo cual debe ser regulada en beneficio del interés general,

La publicidad exterior desordenada y la saturación publicitaria, provocan contaminación visual; entendiéndose por esta como la alteración del paisaje urbano provocada por factores de impacto negativo que distorsionan la percepción visual del entorno e impiden su contemplación y disfrute armónico en detrimento de la calidad de vida de las personas.

Como parte importante podemos destacar que queda prohibida la instalación de todo tipo de anuncios en camellones, plazas y demás espacios públicos destinados al tránsito vehicular o a la recreación, salvo los que determine expresamente la ley.

Con ese propósito se otorgó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) la facultad de otorgar:

● Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en los nodos publicitarios mediante los cuales se confiere el uso y aprovechamiento de un bien inmueble del dominio del Distrito Federa para la comercialización de propaganda comercial, y en su caso, de información cívica y cultural;

● Licencias para la instalación de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias, así como para anuncios autosoportados unipolares en corredores publicitarios;

● Autorizaciones temporales para la instalación de anuncios en tapiales en vías primarias y en nodos publicitarios, así como para la instalación de anuncios de información cívica y cultural;

● Permisos Administrativos Temporales Revocables, licencias y, en su caso, autorizaciones temporales para la instalación de anuncios en las Áreas de Conservación Patrimonial y demás elementos del patrimonio cultural urbano.

Adicionalmente, la SEDUVI tiene la facultad de solicitar al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal la práctica de visitas de verificación, la imposición de medidas de seguridad y, en su caso, la aplicación de sanciones por infracciones a la normatividad.

En el Artículo 62 se establece que la Secretaría deberá conservar en forma ordenada y sistemática toda la documentación de los Permisos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Archivos del Distrito Federal; asimismo, deberá publicar en su página de internet un listado de los permisos otorgados que incluya fecha de expedición y vigencia del permiso, ubicación del anuncio para cuya instalación fue expedido, nombre o razón social del permisionario, número de folio y monto del recibo de pago de derechos correspondiente, destacando que actualmente no se cuenta con dicha información.

Esta comisión destaca, que en el boletín de prensaSIID-035-2015 publicado el pasado 28 de mayo en la página Web de la SEDUVI, se expresa que ante el grave problema de contaminación visual que padece la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México trabaja en el reordenamiento de la publicidad que contribuya a mejorar el entorno de esta capital.

Se indica que, a raíz de esta situación, la Ciudad de México se ha acercado con todos los integrantes de esa industria para llevar a cabo el reordenamiento de la publicidad exterior basado en un consenso y una política pública acorde a los tiempos actuales.

Es así que, a iniciativa del Gobierno capitalino se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), la Autoridad del Espacio Público (AEP) y el Instituto de Verificación Administrativa del DF (INVEADF).

En esta reunión fueron aprobados por todos los participantes, que en su conjunto representan el 80 por ciento del mercado de publicidad exterior, los Lineamientos de Acción para el Reordenamiento de la Publicidad Exterior, cuyas líneas fueron aprobadas esta misma semana en el Consejo de Publicidad Exterior y se hicieron extensivas en la reunión, y que en términos generales consideran lo siguiente:

Compromiso de la SEDUVI:

Proporcionar, en un plazo de cuatro meses, el padrón de anuncios que cuenten con licencia, permiso administrativo y/o autorización temporal, o bien se encuentren reconocidos por dicha Secretaría en el Programa de Reordenamiento.

Compromiso de los publicistas:

a) Colocar en sus anuncios, en un plazo de 20 días hábiles, las placas que identifiquen el elemento publicitario en términos de los artículos 11, párrafo segundo, de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y del artículo 5 de su Reglamento, placas en que se dé cuenta de la existencia de licencia, permiso administrativo, autorización o encontrarse inscrito en el Programa de Reordenamiento de la SEDUVI.

b) En caso de no contar con el permiso, licencia y/o autorización, ni esté incorporado el anuncio al Programa de Reordenamiento, retirarán los elementos propagandísticos una vez transcurridos los 20 días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo que tenían para colocar sus placas, de lo contrario el INVEADF iniciará los procedimientos de verificación, medidas cautelares y retiros respectivos.

Compromiso del INVEADF:

a) Se abstendrá de realizar visitas de verificación en los 20 días hábiles posteriores a la emisión del citado acuerdo del Consejo de Publicidad Exterior, en dicho plazo deberán colocar la placa respectiva, de lo contrario iniciará los procedimientos de verificación.

b) Este beneficio no aplicará para continuar con los retiros que a la fecha de la emisión del acuerdo que ya hayan sido ordenados y pendientes de ejecutar, ni tampoco para los que no coloquen sus placas en el plazo indicado o que contengan información falsa.

Así mismo, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal ha hecho pública, a través de su página de internet, los dispositivos para el mejoramiento del paisaje urbano y el respeto a la legalidad en materia de anuncios publicitarios en el que se señala que ya se han realizado un total de 864 acciones desde enero hasta el 5 de marzo del presente año.

Esta comisión dictaminadora reconoce la acciones implementadas para combatir el grave problema de contaminación visual que padece la Ciudad de México y que están encaminadas al reordenamiento de la publicidad y contribuirá mejorar el entorno de esta capital y será necesario observar su aplicación, por lo que el exhorto abarcará conocer un informe del estado jurídico administrativo que guardan actualmente los anuncios espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de México y se de cumplimiento a lo establecido en la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal; de tal manera que la transparencia en esta materia no sólo evitará especulaciones, también legitimará las acciones que adopten las autoridades encaminadas a garantizar la protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

 

RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe a esta soberanía sobre el estado jurídico administrativo que guardan actualmente los anuncios espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de México, así como de las acciones tendientes a verificar el cumplimiento de la normatividad en la materia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Otro, por el que se solicita informar sobre el impacto de la Ley de Propiedad de Condominio e Inmuebles para el Distrito Federal.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a expedir el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal”, presentada por la Diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 27 de mayo de 2015, la Diputada Magdalena Núñez Monreal presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a expedir el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal”.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-449.

II. CONTENIDO

La Diputada aduce las reformas a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, impulsadas por el Partido del Trabajo,  fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el 13 de enero pasado, mismas que consistieron en incorporar al texto legal la suplencia de la queja para todas aquellas controversias que, siendo competencia de la Procuraduría Social, se presenten entre condóminos, poseedores, administradores o comités de vigilancia.

Asimismo, explica que se establece que las asambleas generales de condóminos deberán llevarse a cabo trimestralmente; se faculta a las asambleas a auditar, mediante terceros, los estados financieros presentados por el administrador cuando existan elementos para suponer que hay malos manejos de su parte, así como también se prevé la posibilidad de que aquellos condóminos morosos que acrediten estar en situación de insolvencia, puedan cubrir las cuotas de mantenimiento ordinarias y extraordinarias determinadas por los condóminos en asambleas realizando trabajos para beneficio del condominio; se establece un tope de 9 por ciento de interés anual que puede ser aplicado a la morosidad y se otorgan mayores facultades a los administradores de los condominios para dirimir controversias entre vecinos y reducir así la carga de trabajo existente en la Procuraduría Social (Prosoc) y sus órganos desconcentrados y de esta manera fomentar una nueva cultura condominal.

Destaca que algunas reformas han generado polémica, fundamentalmente entre los administradores inmobiliarios, quienes han presentado diversos recursos impugnando fundamentalmente el artículo 38 en lo que se refiere a la expedición por parte de la PROSOC del registro de administrador vigente y el artículo 42 que a la letra dice:

Artículo 42. El Administrador durará en su cargo un año, siempre que a consideración del Comité de Vigilancia se haya cumplido en sus términos el contrato y en caso de que la Asamblea General determine su reelección se atenderá a lo siguiente:

I. El Administrador condómino o profesional, podrá ser reelecto en dos períodos consecutivos más y posteriormente en otros períodos no consecutivos.

II. El Administrador profesional reelecto, deberá renovar el contrato y la fianza correspondiente.

Ante ello, la diputada informa que los condóminos y los administradores profesionales opinan que dicho precepto restringe su libertad de reelegir, si así lo determina la Asamblea General, a los administradores que han desempeñado el cargo con eficiencia y que la sustitución del pago de las cuotas de mantenimiento por trabajo comunitario fomenta la morosidad.

La diputada considera que es necesario que a la brevedad se expida el Reglamento de la Ley, dado que el vigente ya no corresponde con las modificaciones a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal publicadas a inicios de esta año; lo anterior dado que ello contribuirá a precisar los alcances de las modificaciones efectuadas y evitará conflictos entre los propios condóminos y las autoridades.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente punto de acuerdo:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a expedir el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar una revisión al marco jurídico en la materia, así como conocer la postura de los administradores profesionales y condóminos.

Al respecto, es necesario señalar que el artículo 122 constitucional dispone que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad. En ese sentido, la Base segunda de ese mismo artículo establece sus atribuciones, entre las que se encuentra promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos.

Ahora bien, respecto a las reformas a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmueble para el Distrito Federal, publicadas el 13 de enero de 2015, el Instituto de Administradores de Inmuebles para el Distrito Federal declaró que estas modificaciones actúan en contra de los condóminos responsables y favorece a los incumplidos, lo que provoca que las reglas de convivencia creen conflictos entre vecinos, situación ante la cual han decidido ampararse.

En un boletín publicado en su portal de internet, señalan que Federico Sobrino, Director de este Instituto, considera que el artículo 38 de la Ley “”resta valor y pone en entredicho la capacidad del órgano supremo del condominio: La Asamblea General de Condóminos”, lo anterior dado que se “anula su derecho de nombrar  al administrador que más le convenga y al condicionar la validez del administrador a un registro ante la Procuraduría Social, organismo que debido a la falta de capacidad y personal puede tardar 3 meses o más en dicho trámite por lo que durante este lapso de tiempo se quita la representatividad al administrador, dejando al condominio en estado de indefensión frente a terceros y autoridades.”1

Respecto al artículo 42, el mismo documento señala que aún cuando los propios condóminos estén a favor de su desempeño este artículo “obliga a la renovación del Administrador cada dos años, atentando contra la libertad y los derechos constitucionales que tienen los condóminos, a través de la Asamblea General de Condóminos.” En el mismo sentido, el diario La Jornada señala que, hasta marzo de 2015, se habían interpuesto 22 recursos de amparo contra los artículos 38 y 42 de la Ley2.

Por otro lado, de acuerdo con cifras de la Prosoc, se interpusieron cinco mil 109 quejas condominales en contra de los administradores profesionales en el periodo de enero a septiembre de 2014, mismas que sumaron el 19% del total de quejas interpuestas ante dicho organismo y constituyen la segunda causa de problemas atendidos por esta entidad.

La cifra anterior refleja la importancia de contar con un marco jurídico que permita resolver de forma rápida y eficaz las quejas de los condóminos, en tanto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ampara el derecho de los mexicanos a una vivienda digna, que no solo hace referencia al derecho de toda persona de disponer de cuatro paredes y un techo, sino que implica a acceder a un hogar y una comunidad seguras en las que pueda vivir en paz.

Es menester señalar que el régimen transitorio de la reforma publicada el 13 de enero de 2015 no establece un plazo para la armonización del Reglamento con las nuevas disposiciones en la materia, sin embargo esta Comisión dictaminadora estima importante señalar que esta Ley impacta en la vida de las familias que habitan en las más de 7 mil unidades habitacionales que existen en la Ciudad de México.

Por todo lo anterior, esta Comisión considera pertinente solicitar al Gobierno del Distrito Federal un informe sobre el impacto de la implementación de la Ley, así como que informe a esta Soberanía sobre el avance en la adecuación del Reglamento correspondiente, con el fin de que conocer los detalles y los alcances de la reforma y se permita generar un ánimo de convivencia sana entre los condóminos, dado que ese, y no otro, es el motivo de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, informe a esta Soberanía sobre el impacto de la implementación de las reformas contenidas en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, así como sobre del avance en la expedición del Reglamento correspondiente.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://www.iai.org.mx/imagenes/noticias/Comunicado%20de%20prensa%20Ley%20(1).pdf

2http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/11/en-riesgo-patrimonio-de-4-5-millones-de-personas-por-reforma-a-ley-de-condominios-iai-6196.html






Otro, sobre la Comisión de Delitos en Contra de la Libertad y la Dignidad de las Personas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a establecer un programa de difusión en el que se informe a la población de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en contra de la libertad y la dignidad de las personas, concluido el proceso electoral 2014-2015”, presentada por los Diputados Edith Avilés Cano y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 3 de junio de 2015 se presentó Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a establecer un programa de difusión en el que se informe a la población de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en contra de la libertad y la dignidad de las personas, concluido el proceso electoral 2014-2015. Dicha proposición fue presentada por los Diputados Edith Avilés Cano y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-614.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la propuesta se expresa que en nuestro país, históricamente, se han establecido diversos ordenamientos que han tenido por objeto eliminar y sancionar la esclavitud de las personas, y menciona que el día 6 de diciembre de 1810 en la Ciudad de Guadalajara, Nueva Galicia, hoy Estado de Jalisco, Don Miguel Hidalgo y Costilla emitió el Decreto Contra la Esclavitud, las Gabelas y el Papel Sellado. En él se declaró por primera vez en el continente americano la abolición de la esclavitud. Del texto original, cita de manera textual:

[…] Que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad, dentro del término de diez días, so pena de muerte, la que se le aplicará por transgresión de este artículo […] [*]

Los promoventes indican que de lo transcrito se puede apreciar que el Padre de la Patria plasmó en el decreto citado los principales ideales acerca de la relevancia que tiene la libertad de las personas, a pesar de que él nació en la Hacienda de Corralejo en la que había personas en calidad de esclavos. Por otra parte, atendiendo a la realidad de finales e inicios del siglo XIX.

Se manifiesta que desde el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana o Constitución de Apatzingán de 1814, hasta la promulgación del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente con sus correspondientes reformas, particularmente en los artículos 2°, y luego 1°; se ha proscrito la esclavitud para todas las personas, ya que incluso, todas aquellas que tengan esa calidad, por el sólo hecho de ingresar al territorio nacional, alcanzarán la libertad y la protección de las leyes.

Indican que México, además de consagrar en su Ley Fundamental la prohibición de la esclavitud, en ejercicio de su soberanía, ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales en los que manifiesta su compromiso por erradicar esta práctica tan ancestral como atentadora de las libertades fundamentales; la Convención Relativa a la Esclavitud de 1935; la Suplementaria Sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Practicas Análogas a la Esclavitud de 1960; así como el Protocolo que enmienda la Convención Relativa a la Esclavitud, firmada en Ginebra, Suiza; establecieron los primeros esfuerzos del Estado Mexicano para contribuir en la eliminación de la Esclavitud.

En la propuesta, se indica que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales establecen a sus signantes la obligación de garantizar a todas las personas la libertad y seguridad personal, nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas con anterioridad por la legislación de los Estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas, o ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

Por tal razón, señalan que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos, y la trata de personas está prohibida en todas sus formas.

Destacan que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, ha sido establecido el principio de “máxima protección”, entendida ésta como la obligación de cualquier autoridad de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos previstos, e incluye, entre otros, el de debida diligencia que se encuentra concebida como la obligación de los servidores públicos de dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la reparación del daño de los delitos previstos por esta Ley, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

En la propuesta, se expresa que durante la presente legislatura, el Poder revisor de la Constitución ha aprobado la reforma a la fracción XXI, inciso a) del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se faculta al máximo órgano de representación política para expedir las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral; indican que con ésta modificación que seguramente las Legislaturas de los Estados habrán de aprobar en próximas fechas, se estará fortaleciendo el sistema jurídico que favorecerá a todas las personas.

En la propuesta se señala que en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, por lo que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Los promoventes indican que a pesar de todos los esfuerzos realizados y medidas implementadas, lo cierto es que en nuestro país no hemos podido erradicar las prácticas que privan del derecho humano fundamental de la libertad; de acuerdo con el Índice Global de Esclavitud 2013, publicado por la Fundación Walk Free, 29.8 millones de personas en el mundo son víctimas de esclavitud.

Manifiestan que el estudio citado, presenta un ranking de 162 países sobre la base de una combinación de tres factores: prevalencia estimada de esclavitud moderna por población, nivel de matrimonio infantil y nivel de trata de personas hacia dentro y hacia fuera del país. Desafortunadamente, nuestro país aparece ubicado en el lugar número 107 con una medida ponderada de 5.57. Destacan que es en razón de que somos un país de tránsito importante para los sudamericanos y centroamericanos que intentan entrar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Indican que recientemente, en el territorio mexicano se han conocido algunos casos alarmantes de esclavitud y citan algunos ejemplos como: en el mes de abril una joven escapó del cautiverio en el que la tenían en la Ciudad de México; estaba encadenada por el cuello y era obligada a planchar ropa durante largas jornadas, siendo sometida a tratos crueles y degradantes. Por su parte, en el estado de Veracruz, los medios de comunicación dieron a conocer que tres niños de 12, 6 y 3 años de edad, fueron rescatados por tratos crueles y mala alimentación, los padres tenían encadenado al mayor por uno de los tobillos, ello con el pretexto de que debía “cuidar y alimentar” a sus hermanos menores. Señalan que pueden citar otros casos vergonzosos como la explotación de trabajadores agrícolas pertenecientes a comunidades indígenas de la que el Congreso de la Unión se ha pronunciado; sin embargo, los referidos constituyen elementos suficientes para solicitar respetuosamente a la Procuraduría General de la República que, una vez que haya concluido el proceso electoral en curso, establezca, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, una campaña de difusión masiva en la que se informe a la población de las conductas que pueden generar la comisión de delitos en contra de la libertad y dignidad humana.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, y a través de los medios de comunicación masiva, como la radio, televisión e internet, establezca un programa de difusión en el que se informe a la población de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en contra de la libertad y la dignidad de las personas de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e Instrumentos Internacionales, concluido el proceso electoral 2014-2015.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

La consolidación de un Estado democrático en México debe tener como uno de sus componentes el pleno respeto y garantía de los derechos humanos. Es fundamental reconocer el reto de impulsar esfuerzos encaminados a establecer el sistema de procuración de justicia federal que proteja, respete, promueva y garantice los derechos humanos.

Es importante para esta dictaminadora destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º, párrafo tercero y cuarto, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezcan la ley y señala que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos y que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Con la integración de México en la dinámica internacional de protección de los derechos humanos, la aceptación de la competencia, observancia y cumplimiento cabal de las sentencias y recomendaciones de los sistemas de derechos humanos de Naciones Unidas y el Interamericano de la Organización de Estados Americanos, se gestan nuevas esperanzas y retos para hacer de México un país donde se respeten plenamente los derechos.

El Gobierno de México en la línea de vanguardia en el combate contra la esclavitud moderna: la trata de personas desde el año 2000 México forma parte del Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional pues el gobierno ha puesto todo empeño en asumir dichos compromisos para reflejarlos en la legislación nacional y crear las instituciones adecuadas para combatir este terrible flagelo, en estrecha colaboración con el Congreso de la Unión.

Muestra de lo anterior, con la reforma a la fracción XXI, inciso a) del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Congreso para expedir las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, lo que permitirá fortalecer el sistema jurídico.

De la misma manera y de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, uno de los objetivos del Estado es lograr una política en derechos humanos que garantice que todas las autoridades asuman el respeto, promoción y defensa de los derechos humanos como una práctica cotidiana para alcanzar un México en Paz.

Es importante destacar que es recurrente y preocupante esta práctica a pesar de los avances en el marco jurídico en la materia, ante la realidad de que existen serias violaciones por parte de personas que actúan de manera arbitraria, es importante destacar que acompañamos la preocupación de los promoventes, toda vez que sería de gran utilidad contar con una estrategia de comunicación para todos los habitantes del territorio nacional que enfatice los derechos humanos de las personas.

Para esta Comisión dictaminadora es indispensable el alentar acciones que promuevan la construcción de la ciudadanía como un eje de la relación entre el Estado y la sociedad y difundir campañas que contribuyan al fortalecimiento de los valores y principios democráticos con los diversos sectores de la sociedad y los medios de comunicación para informar a la población de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en contra de la libertad y la dignidad de las personas, por lo que consideran viable realizar un exhorto a la Procuraduría General de la República para que emprenda dichas acciones.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que analice la viabilidad de, a través de los medios de comunicación masiva, establecer un programa de difusión en el que se informe a la población de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en contra de la libertad y la dignidad de las personas de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e instrumentos internacionales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Uno más, por el que se reconoce el esfuerzo realizado ante los acontecimientos derivados del tornado que azotó en Ciudad Acuña, Coahuila.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo por el que se reconoce a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos su respuesta ante la catástrofe de Ciudad Acuña y se exhorta a establecer medidas de atención a fin de restablecer a la normalidad las condiciones de vida en dicha población.”, presentada por los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Manuel Fernández Aguirre, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 3 de junio de 2015 se presentó Proposición con punto de acuerdo por el que se reconoce a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos su respuesta ante la catástrofe de Ciudad Acuña y se exhorta a establecer medidas de atención a fin de restablecer a la normalidad las condiciones de vida en dicha población.”, presentada por los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Manuel Fernández Aguirre, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-623.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los senadores proponentes manifiestan que el pasado 25 de mayo se presentó en Ciudad Acuña, Coahuila un tornado con 6 segundos de duración de consecuencias catastróficas afectando las colonias Altos de Santa Teresa, Las Aves y Santa Rosa. Este fenómeno hidro-meteorológico lamentablemente causó la pérdida de 13 vidas humanas y un total de 229 personas heridas. Dentro de los daños materiales se tiene que 247 casas se declararon pérdida total.

Se indica que, ante la magnitud de la catástrofe, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto acudió personalmente a coordinar los trabajos de reconstrucción de la ciudad, la Secretaría de Gobernación emitió la Declaratoria de Emergencia; esta Comisión Permanente aprobó varios exhortos para que la ayuda se entregue sin demora alguna. Destacando que con estas acciones, la primera fase de la emergencia ha quedado atendida, salvaguardar la seguridad y salud de la población, y preparar las tareas para la reconstrucción de la ciudad.

Señalan que también acudieron a apoyo de las tareas de reconstrucción los titulares de las Secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Salud y los Directores Generales de la Comisión Federal de Electricidad y del INFONAVIT.

Los promoventes, indican que el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, acudió inmediatamente a la zona de desastre, coordinó y supervisó la entrega de apoyos e instruyó a los integrantes de su gabinete a instalarse en Ciudad Acuña hasta en tanto las actividades retornen a la normalidad. Asimismo el Presidente Municipal, Lenin Pérez, instruyó las primeras tareas de rescate y se mantuvo al pendiente de la población afectada.

Los senadores promoventes, señalan que la coordinación de los tres órdenes de gobierno ha llevado a superar la fase de emergencia y hoy Acuña se levanta gracias a la solidaridad y pronta respuesta de las y los mexicanos.

Hacen un amplio reconocimiento a todas las autoridades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que atienden a la población con el fin de restablecer las condiciones de normalidad en Ciudad Acuña.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, reconoce el esfuerzo, labor y coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos por su pronta y eficaz respuesta ante el tornado del pasado 25 de mayo en Ciudad Acuña, Coahuila.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Esta comisión dictaminadora considera que es ineludible y prioritario que se hayan canalizado inmediatamente los recursos materiales y económicos que permitan atender a los habitantes afectados por un tornado con 6 segundos de duración del pasado 25 de mayo, y que se presentó en Ciudad Acuña, Coahuila con consecuencias catastróficas afectando las colonias Altos de Santa Teresa, Las Aves y Santa Rosa.

Se destaca que la situación anormal generada por este fenómeno natural ha disminuido a niveles aceptables y la capacidad de respuesta del Gobierno estatal y municipal se ha reforzado con los apoyos proporcionados por el Gobierno de la República, brindando así una oportuna atención a la población ante los efectos de la emergencia.

Se indica que, ante la magnitud de la catástrofe, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto acudió personalmente a coordinar los trabajos de reconstrucción de la ciudad.
Con el boletín de prensa 346 la Secretaria de Gobernación informó que el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente Espinosa, y el gobernador del Estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, encabezaron el pasado 1 de junio una Reunión de Seguimiento y Evaluación de las Acciones en Atención a la Población, tras el impacto del tornado en Ciudad Acuña, Coahuila.

En el encuentro en el que también participaron delegados federales de las dependencias del Gobierno de la República y autoridades estatales, se levantó la etapa de emergencia en Cd. Acuña y permanece la de reconstrucción, la cual se lleva a cabo con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

Es importante destacar que durante la reunión se presentó el siguiente informe:

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

• Se cubrió con el 100 por ciento de registro del Programa Empleo Temporal (PET), siendo un total de 750 beneficiarios que inician actividades a partir del día de la reunión.

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

• En el caso de esta dependencia, el Programa Empleo Temporal arranca con 1,065 beneficiarios.

Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU)

• Se realizó la estimación de remoción de escombro, limpieza de vialidades y verificación de daños en infraestructura de seis vialidades con un recurso total solicitado al sector vial urbano que asciende a más de 16 millones de pesos, que incluyen apoyos parciales inmediatos, gastos de operación y supervisión extra.

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)

• Se dispusieron entre 300 y 500 personas para actividades de limpieza.

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

• Se registra el 100 por ciento de la cobertura eléctrica, así como el cambio de infraestructura de las zonas afectadas.

• Posterior a la contingencia, se mantiene instalado un módulo de atención y patrullaje para detectar fallas posteriores.

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

• En Coordinación con autoridades estatales se llevará a cabo la rehabilitación del cauces mediante la limpieza y desazolve del tramo indicados.

Secretaría de Salud (SS)

• Se han otorgado 1,881 consultas médicas. Hasta el momento ocho pacientes permanecen hospitalizados.

• Se han aplicado un total de 4,758 dosis de vacunas.

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE)

• Mantienen Módulos de Atención.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

• 200 préstamos por un monto de seis millones de pesos y préstamos especiales que van hasta $126,000.00 cada uno, según el sueldo básico cotizable con una amortización desde 72 hasta 120 quincenas según capacidad de pago del solicitante.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

• Se encuentra trabajando actualmente en la zona.

Secretaría de Economía (SE)

• Se encuentran censados 44 negocios siniestrados, señalados todos como microempresas. Este censo se enviará al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) en breve y se realizará la entrega de apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas con un monto de $7,500.00 para impulsar la reactivación económica del Municipio.

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

• Apoyo con ocho brigadistas de CONAFOR para labores de limpieza.

Secretaría de Educación Pública (SEP)

• Tres escuelas presentaron daños considerables por lo que se habilitaron 10 aulas móviles, además de módulos de atención para reposición de documentos escolares oficiales y se cuenta con contratistas para el trabajo de reconstrucción.

Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)

• La Coordinación Nacional participó a través de una Misión de Enlace y Coordinación (ECO), inmediatamente después del paso del tornado.

• La Declaratoria de Emergencia que autorizó la Secretaría de Gobernación, a través del FONDEN, liberó 57,204 insumos entre despensas, cobertores, cobijas, agua embotellada, kits de limpieza y aseo personal.

• El martes 26 de mayo se instaló el Comité de Evaluación de Daños y contempló los Subcomités Educativo, Hidráulico, Salud, Vivienda, Vial Urbano y Residuos Sólidos para la reconstrucción de infraestructura afectada.

• Se destaca a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina por su atención permanente y coordinar la evacuación preventiva a los refugios temporales de la población que se encontraba en la zona afectada los días 28 y 30 de mayo; de igual modo su ayuda para remoción de escombro, limpieza de áreas verdes, entrega de despensas y apoyos.

Gobierno del Estado de Coahuila

• Se registra que 395 personas, con maquinaria pesada (95), apoyaron trabajos de limpieza, atendieron 25 calles y recolectaron más de 24 mil toneladas en tres días teniendo a la fecha un avance del 80 por ciento de limpieza de escombro.

• Se contempla una segunda etapa con un barrido adicional a fraccionamientos afectados.

Se destaca que el 2 de junio del presente se realizó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de Emergencia por la presencia de tornado ocurrido el día 25 de mayo de 2015, en el Municipio de Acuña del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Esta Comisión dictaminadora destaca que con estas acciones, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, refrendan el compromiso de salvaguardar la integridad y salud, así como el correcto funcionamiento de las actividades económicas y sociales de la población afectada por fenómenos naturales perturbadores, por lo que se les hace un reconocimiento por su labor, su pronta y eficaz respuesta.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, reconoce el esfuerzo, la labor y la coordinación del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado de Coahuila, de las autoridades municipales de Ciudad Acuña; así como de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos, por su pronta y eficaz respuesta ante los acontecimientos derivados del tornado que azotó en Ciudad Acuña, Coahuila, el pasado 25 de mayo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Otro, por el que se desecha la proposición que exhortaba a canalizar los recursos autorizados del FONDEN, para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que la dependencia a su cargo, de manera urgente, libere y canalice los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015, así como a las y los legisladores de la Cámara de Diputados, a fin de que donen un día de su dieta para la atención de las víctimas de esta tragedia. Presentado por la Diputada Martha Loera Arámbula del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 3 junio de 2015, se presentó ante el pleno el punto de acuerdo en referencia. La Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-610.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta con punto de acuerdo, plasman dentro de sus líneas la gran preocupación debido al fenómeno meteorológico que se presentó en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, el cual dejo grandes pérdidas de patrimonio de los ciudadanos y lo más grave, pérdidas humanas.

La titular de la propuesta, solicita que se liberen y canalicen los recursos del Fondo de Desastres Naturales para que se atiendan los daños causados por el fenómeno natural el día 25 de mayo de 2015.

Por otra parte, solicita que los legisladores de la Cámara de Diputados donen un día de su dieta para el apoyo de las víctimas del municipio de Acuña, Estado de Coahuila.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen:

Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, la dependencia a su cargo, de manera urgente, libere y canalice los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a las y a los legisladores integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que donen de manera individual y voluntaria un día de su dieta para apoyar a las víctimas y damnificados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del tornado que aconteció en esa ciudad el 25 de mayo de 2015.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que lleve a cabo, por conducto de su área administrativa correspondiente, las acciones y procedimientos necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo, así como también para que el monto total de los recursos económicos que se obtengan por las donaciones a que se refiere este acuerdo, sea canalizado única y exclusivamente para la atención de las víctimas y damnificados por el tornado acontecido el 25 de mayo de 2015 en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, por medio de las autoridades locales competentes.

III. CONSIDERACIONES

El 25 de mayo de 2015 la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez, solicitó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Comisión Nacional de Protección Civil, la emisión de la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Acuña de dicha Entidad Federativa, por la presencia de tornado, ocurrido el día 25 de mayo de 2015; ello, con el propósito de acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN.

Mediante oficio número CNPC/664/2015, de fecha 25 de mayo de 2015, la CNPC solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) el dictamen técnico correspondiente para que, en su caso, la propia CNPC estuviera en posibilidad de emitir la Declaratoria de Emergencia para el municipio del Estado de Coahuila de Zaragoza solicitado en el oficio sin número referido con anterioridad.

El 25 de mayo de 2015, la CONAGUA emitió un dictamen técnico corroborando el fenómeno de tornado el día 25 de mayo de 2015, para el municipio de Acuña del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En la misma fecha, se emitió el Boletín de Prensa número 326, mediante el cual se dio a conocer que la Secretaría de Gobernación por conducto de la CNPC declaró en emergencia el día 2 de junio de 2015 al municipio de Acuña del Estado de Coahuila de Zaragoza por la presencia de tornado ocurrido, con lo que se activaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, y a partir de esa Declaratoria las autoridades contaron con recursos que atendieron las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Con base en lo anterior se consideró procedente emitir la declaratoria de emergencia por la presencia de tornado ocurrido el día 2 de junio de 2015, en el municipio de Acuña del estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 1o.- Se declaró en emergencia al municipio de Acuña del Estado de Coahuila de Zaragoza, por la presencia de tornado ocurrido el día 25 de mayo de 2015.

Artículo 2o.- La presente se expide para que el Estado de Coahuila de Zaragoza pueda acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 3o.- La determinación de los apoyos a otorgar se hará en los términos de los lineamientos y con base en las necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud.

Artículo 4o.- La presente Declaratoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con el artículo 61 de la Ley General de Protección Civil y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10, fracción IV de los lineamientos.

Ahora bien, esta dictaminadora manifiesta que una vez que fue publicada la declaratoria de emergencia en el municipio de Acuña, Coahuila, las autoridades encargadas de proporcionar el apoyo a las personas afectadas, cumplieron con el cometido de brindar ayuda y seguridad a todas las personas que perdieron o sufrieron daños en su patrimonio o su vida.

Esta dictaminadora, reconoce las acciones que las autoridades llevaron a cabo para brindar la ayuda necesaria a las víctimas del fenómeno natural, mencionando que los esfuerzos que se realizaron brindaron un poco de tranquilidad a las familias afectadas.

Por las razones con antelación expuestas, el Coordinador Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Luis Felipe Puente Espinosa, anunció que se superó la emergencia derivada del tornado que impactó cuatro colonias del municipio de Acuña, Coahuila. El Coordinador Nacional de Protección Civil dijo que empieza la etapa de reconstrucción de mil 266 casas del INFONAVIT afectadas, de las cuales 201 serán derrumbadas porque sufrieron pérdida total.

Destacó que la Coordinación de Protección Civil a su cargo, sirvió de enlace para apoyar la declaratoria de emergencia de la SEGOB, lo que permitió que el FONDEN liberara más de 57 mil insumos en despensas, agua embotellada, cobijas, cobertores, colchonetas, kits de limpieza y aseo personal.

Por tales manifestaciones, esta dictaminadora considera que la pretensión en la cual solicita el exhorto de la Comisión Permanente al de la titular de la Secretaría de Hacienda, en el cual solicitaba se agilizara y canalizaran los recursos del FONDEN, ha quedado suficientemente atendida.

Por otro lado, los resolutivos Segundo y Tercero de la propuesta en estudio, corresponde a la Cámara Diputados su atención.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a canalizar los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila, toda vez que ha quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Uno más, que exhorta al Instituto Nacional Electoral a desarrollar una estrategia de comunicación que promueva el respeto a la equidad de género.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo, en materia de violencia política, igualdad y no discriminación contra las mujeres en el proceso electoral. Presentado por las Diputadas Martha Lucia Mícher Camarena y Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que las componen y se transcriben textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el miércoles 20 de mayo del 2015,las Diputadas Martha Lucia Mícher Camarena y Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron propuesta con punto de acuerdo en materia de violencia política, igualdad y no discriminación contra las mujeres en el proceso electoral.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-325.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Una de las preocupaciones que manifiestan las autoras del punto de acuerdo, es la violencia y discriminación de género, ya que denominan a este tipo de violencia y discriminación como un problema social, una violencia específica que reciben las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, asimismo, relacionan las autoras del punto de acuerdo, un origen concreto que establece las características de género diferenciadas, y a las que otorgan, distinta importancia según la jerarquía de valores que otorga la superioridad al género masculino sobre el femenino.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen:

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Instituto Nacional Electoral a que con carácter urgente haga un llamado a todas las personas contendientes en el actual proceso electoral a no ejercer prácticas de violencia política y para que durante las campañas electorales se abstengan del uso de lenguaje sexista y discriminatorio, así como de las referencias al cuerpo de las mujeres como recurso para hacer más explícitas sus declaraciones.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión considera que la mejor forma de expresar nuestra concepción del mundo y de reflejar cómo es nuestra sociedad, es a través del uso del lenguaje. Éste puede ser un instrumento de cambio, de transferencia de conocimiento y cultura, pero también puede ser una de las expresiones más importantes de desigualdad, ya que manifiesta por medio de la palabra la forma de pensar de la sociedad y cómo en ésta se invisibiliza toda forma femenina. El uso del lenguaje sexista de ninguna manera puede ser intrascendente, ya que mientras se siga utilizando no podremos conformar una sociedad igualitaria.

En la actualidad existen serios esfuerzos por lograr que en las sociedades en el mundo, mujeres y hombres reciban un trato equitativo, la realidad muestra una discriminación generalizada hacia las primeras en todos los ámbitos de la sociedad. Esta discriminación, sustentada únicamente en el hecho de haber nacido con un determinado sexo (mujer), atraviesa categorías sociales como el nivel socioeconómico, la edad o la etnia a la que se pertenezca y se transmite a través de formas más o menos sutiles que impregnan nuestra vida.

Una de las formas más sutiles de transmitir esta discriminación es a través de la lengua, ya que ésta no es más que el reflejo de los valores, del pensamiento, de la sociedad que la crea y utiliza. Nada de lo que decimos en cada momento de nuestra vida es neutro: todas las palabras tienen una lectura de género. Así, la lengua no sólo refleja, también transmite y refuerza los estereotipos y roles considerados adecuados para mujeres y hombres en una sociedad.

Ahora bien, la Primera Comisión, está de acuerdo con los motivos que se expresan en la Propuesta con punto de acuerdo que se analiza, en virtud de que los índices de violencia y discriminación de género en México durante las pasadas campañas es un flagelo al que hay que combatir, y esta situación no disminuirá en tanto las autoridades encargadas de velar por la igualdad de género entre la población no apliquen estrategias que ayuden en tratar de que se termine este problema.

Asimismo, esta Comisión dictaminadora, destaca el trabajo legislativo que ha llevado a cabo esta LXII Legislatura con la emisión de las leyes generales para la igualdad entre Mujeres y Hombres, así como la de Acceso de las Mujeres a una VidaLibre de Violencia, y de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos; la incorporación de la perspectiva de género a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria y en la Ley de Planeación; las reformas al Código Penal Federal, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para tipificar y sancionar la discriminación; y la modificación de 15 figuras jurídicas con el objetivo de garantizar a las mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia.

Los dictaminadores coincidimos en manifestar que la violencia y discriminación de género en todo acto electoral cometido contra el sexo femenino es reprobable, ya que existen diferentes formas de llevar a cabo una campaña electoral sin denigrar a las mujeres y que pudiera tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico; es decir, la discriminación contra la mujer es toda acción que recibe por el simple hecho de serlo, dañándola ya sea física o emocionalmente. La violencia contra la mujer es un problema de salud pública y es considerado un delito.

Esta Comisión, está de acuerdo en que se tienen que combatir ciertas conductas que se ejercen contra las mujeres en campaña electoral en el país, y que se tiene que exigir mayor esfuerzo a las autoridades encargadas de la procuración de justicia del país, ya que a nivel nacional, se subraya el hecho de que todas las entidades federativas cuentan con una legislación específica sobre violencia y discriminación contra las mujeres, y los 31 estados con un sistema de coordinación interinstitucional.

Todo este cúmulo de normatividades, debe servir para modificar favorablemente la condición de quienes representan el 52 por ciento de la población en el país; se tiene que profundizar en una mejor estrategia que elimine la violencia y discriminación contra la mujer durante campañas electorales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones en el país, así como coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.

Asimismo, cuenta con los mecanismos de difusión por medio de los cuales puede cuidar o diseñar una estrategia de comunicación, haciendo un llamado a los diversos actores político-electorales y a la ciudadanía en general, para que contribuyan a lograr el respeto a las mujeres. Si bien es cierto que el proceso electoral se encuentra en su fase final, es conveniente que el INE intervenga de manera contundente, a fin de fortalecer la equidad de género como un pilar de la educación cívica.

Los integrantes de la Comisión, estamos plenamente de acuerdo con el propósito al que se orienta el punto de acuerdo que serviría para que el Instituto Nacional Electoral tome las medidas conducentes, y se realice un esfuerzo mayor en la prevención de estas conductas, en todas las entidades federativas, y así, las mujeres que habitan este país vivan plenas y tranquilas.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarlo, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

UNICO.- La Comisión Peramente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, para que desarrolle una estrategia de comunicación dirigida a los diversos actores político-electorales y a la ciudadanía en general, a través de la cual se promueva el respeto a la equidad de género, e invite a abstenerse de ejercer prácticas de violencia política contra las mujeres, así como del uso de lenguaje sexista y discriminatorio.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Otro, que exhorta realizar una investigación en torno a la actuación de las autoridades del gobierno de Puebla, respecto a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a abstenerse de realizar acciones que pudieran violentar los derechos humanos de las personas que integran la organización denominada Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 26 de mayo de 2015,la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a abstenerse de realizar acciones que pudieran violentar los derechos humanos de las personas que integran la organización denominada Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”.

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-438.

II. CONTENIDO

La senadora expone que desde abril de 2014 en el estado de Puebla han tenido lugar una serie de detenciones y encarcelamientos en los cuales se ha privado de la libertad a un número importante de activistas sociales y defensores de derechos humanos quienes en el ejercicio de sus tareas han tenido que enfrentar denuncias y procesos judiciales fraudulentos basados en acusaciones infundadas.

Al respecto, señala que el Congreso de la Unión ya ha tenido conocimiento de algunos casos e incluso se ha exhortado al gobierno de Puebla a que genere los canales de comunicación y diálogo para evitar que las y los defensores de derechos humanos enfrenten procesos judiciales arbitrarios y así garantizar en el Estado un pleno respeto a los derechos humanos y sobre todo, evitar que se criminalice la protesta social.

En ese sentido, señala que la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” (UPVA “28 de Octubre”) es una asociación de comerciantes ambulantes creada desde 1973, y que cuenta actualmente con cerca de 3,000 personas afiliadas, cuya finalidad primordial es la defensa de sus espacios de trabajo y la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus integrantes.

Expone que las exigencias de esta agrupación en distintos momentos de la historia reciente han incomodado e incluso disgustado a los gobiernos estatales y municipales, por lo que se le ha calificado como una organización “beligerante” y “radical”, con lo que, afirma, se ha generado una estigmatización social y un clima de persecución en su contra.

Asimismo, enlista las acciones desplegadas por distintas entidades del gobierno del Estado de Puebla y del gobierno municipal de la capital de esa entidad en contra de las y los integrantes de la UPVA “28 de Octubre”, mismas que se reproducen a continuación:

● El 19 de diciembre de 2014 es aprehendido Rubén Sarabia Sánchez, principal dirigente de la agrupación, utilizando una ilegal revocación de sus beneficios de pre-liberación por un proceso penal del año 1989, privándolo de su libertad injustamente pues los argumentos expresados por la autoridad para volver a detenerlo son infundados y desproporcionados.

● El 23 de diciembre de 2014 es detenido Atltonatihu Rubén Sarabia Reyna, hijo del líder Rubén Sarabia, cuando se encontraba en la Ciudad de México realizando una protesta por la detención de su padre. Al momento de ser detenido por agentes policiales del estado de Puebla, se le golpeó y amenazó, además de que nunca se le mostró la orden de aprehensión o de detención otorgada en su contra.

● El 23 de enero de 2015 les es notificado tanto a Rubén Sarabia padre, como a su hijo, un nuevo auto de formal prisión del proceso penal 530/2014 tramitado ante el Juzgado de Cholula, por el supuesto delito de narcomenudeo en su modalidad de suministro.

● Desde el mes de noviembre del año 2014, se han orquestado diversos operativos policiales en el Mercado Hidalgo de la Ciudad de Puebla, con la finalidad de intimidar y acosar a los integrantes de la UPVA “28 de Octubre”. En algunos de esos operativos ha habido uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

● El 11 de abril de 2015, fueron retenidos de manera arbitraria 18 taxis pertenecientes a la organización, quienes cumplen con todos los permisos y requisitos legales para su operación, pero que a pesar de ello, fueron retenidos por varios días por las autoridades de tránsito alegando supuestas faltas al reglamento, impidiendo con ello que los choferes ejercieran su trabajo durante varios días.

● Según los abogados de la organización, existen en contra de las y los dirigentes de la UPVA cuando menos 21 averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría de Justicia de Puebla, por la presunta comisión de diversos delitos en los meses recientes, por lo que consideran que en cualquier momento podrían detener de manera arbitraria a más personas de esta agrupación.

● El hecho más reciente de intimidación y agresión se dio el 15 de mayo cuando grupos de golpeadores ingresaron al mercado Hidalgo, principal centro de trabajo de los comerciantes de la UPVA para amenazar y agredir a los locatarios, provocando que varias personas resultaran lesionadas.

Manifiesta que el ejercicio del trabajo, incluso en su carácter informal, así como el ejercicio de la protesta social, están amparados y protegidos por la Constitución, y que por ello, no pueden estar sujetos a escrutinios, restricciones o limitaciones más allá de lo dispuesto por la propia ley.

Por ello, considera que no se puede permitir que una organización popular y social como la UPVA “28 de Octubre” siga sufriendo actos de encarcelamientos injustos, persecución policial, criminalización y actos de intimidación, presuntamente dirigidos a que se desmovilicen y a que dejen de exigir sus derechos y la libertad de sus compañeros encarcelados,

Bajo esa línea argumental, propone los siguientes resolutivos:

Primero.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Puebla y al del municipio de Puebla, para que en el ámbito de sus facultades se abstengan de realizar cualquier acción que pudiera trasgredir los derechos de asociación, expresión, trabajo, protesta, reunión y libre tránsito de las personas que integran la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”.

Segundo.-Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla para que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho al debido proceso de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, especialmente garantice una defensa adecuada de Rubén Sarabia Sánchez y Atltonatihu Rubén Sarabia Reyna, permitiendo que sus abogados participen de la revisión de las acusaciones que obran en su contra.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, en el análisis del punto de acuerdo expuesto líneas arriba, coincide con la preocupación de la promovente en el sentido de que deben respetarse los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social; para este propósito, el Estado debe contar con los mecanismos, las instituciones y el personal adecuado para cumplir lo mandatado por la Carta Magna.

En principio, se considera importante analizar el caso de Rubén Sarabia Sánchez, alias “Simitrio”, desde sus antecedentes hasta los hechos más recientes.

Al respecto, es necesario señalar que Rubén Sarabia Sánchez fue líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de octubre”, organización surgida en el año de 1972 por vendedores ambulantes del Centro Histórico que aglutinó, además, taxistas y familias de vecindades y a la que Rubén Sarabia se afilió cuando era estudiante. De esta forma, durante el desalojo de comerciantes ambulantes en el centro de la capital,  ocurrido en 1986, “Simitrio” se convirtió en el líder de la UPVA y, desde entonces, fue perseguido por las autoridades.

La recomendación 7/91 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos remitida al Gobernador del Estado de Puebla, señala que el 22 de octubre de 1990 se interpuso un escrito de queja por parte de los licenciados José Sánchez Rugeiro, José Roldán Xopa, Judith Camacho Quintana, Rafael Cruz de la Paz, Alberto Hernández Rojas, Leonardo Gámez Octaviano, Nohemí Leticia Ánimas Vargas, Jorge Montoya Jiménez, Víctor Ruíz Rodríguez, Manuel Flores Sombrerero y Aristeo Salazar presentaron una queja por la violación de derechos humanos a varias personas dirigentes de la UPVA, particularmente al C. Rubén Sarabia Sánchez.

En el oficio señalaron que el 4 de junio de 1989, alrededor de las 13:00 horas, “Simitrio” fue detenido en la Ciudad de México por agentes de la Policía Judicial del Estado de Puebla, quienes de acuerdo con la fuente consultada, operaban a las órdenes del comandante Roberto Sánchez Armenta, quien fungía como Coordinador de la Policía Judicial.

Se refiere que a las 21 horas de ese mismo día “Simitrio” fue llevado a la ciudad de México para entregarlo a la guardia de Agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal, quienes lo pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común bajo los delitos de posesión de mariguana y portación de arma de fuego sin licencia, para, posteriormente, declararse incompetentes y remitirlo a la Procuraduría General de la República donde fue interrogado y, en días posteriores, enviado al Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en Puebla, quien ya había girado una orden de aprehensión en su contra. Los quejosos señalan que en el Centro de Readaptación Social, “Simitrio” permaneció aislado de los demás internos y fue ubicado en la celda número dos del área de visita íntima y bajo vigilancia de un custodio.

Las evidencias con las que contó la CNDH para emitir la recomendación son la narración que contiene el escrito de queja, mismas que coinciden con las publicaciones de diversos periódicos, mismos que dieron cuenta de la detención como del temor de la UPVA por la integridad física de su dirigente.

Al respecto, la CNDH tomó declaraciones de Simitrio en el Cereso, donde Simitrio expresó que se encontraba totalmente segregado y confinado en una celda pequeña sin permitírsele la saluda ni comunicación con los otros internos, con visitas restringidas y con limitaciones en el trato con sus defensores, además de recibir castigos frecuentes e injustificados, amenazas de muerte en su propia celda que un celador le propuso fugarse sin que “Simitrio” aceptara pues podía tratarse de un plan maquinado y, en virtud de lo anterior, solicitó a la CNDH un trato igual al de los otros internos y se le procuraran las seguridades necesarias para salvaguardar su vida.

Por otro lado, la declaración del Procurador General de Justicia del Estado de ese entonces, Humberto Fernández de Lara Ruíz manifestó que la determinación en contra de Rubén Sarabia se sustentó en diversos procesos del fuero común y del fuero federal que obraron en su contra bajo la causa penal 337/785, radicada en el Juzgado Segundo de Defensa Social se sustentaba en los delitos de robo, daño en propiedad ajena y lesiones; la causa penal 507/986 en el Juzgado Segundo de Defensa Social por delitos de golpes, asociación delictuosa y otros;  la causa penal 156/989, radicada en el Juzgado Séptimo de Defensa Social por el delito de robo de vehículo;  la causa penal 249/989, del Juzgado Sexto de Defensa Social, por el delito de homicidio calificado; que la causa penal 141/988, del Juzgado Octavo, por el delito de daño en propiedad ajena; que el delito 113/989 por el delito de privación ilegal de la libertad.

De igual forma, el Juzgado Cuarto de Distrito de Puebla tiene la causa 9/989 en la que se sigue un proceso en contra de “Simitrio” por posesión de marihuana y acopio de armas, en el Juzgado Quinto del Distrito Federal se le persigue, bajo la causa 135/989 por el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

Lo anterior propició que Rubén Sarabia fuera sentenciado 80 años de prisión y que la CNDH realizara las siguientes recomendaciones:

Primera.- Que el Ciudadano Secretario de Gobierno instruya al C Director del Centro de Readaptación Social de esa ciudad y al C. Director o Jefe de Seguridad del mismo para que instrumente las acciones necesarias a efecto de que cese de inmediato la situación de aislamiento e incomunicación en que ha sido colocado y mantenido el interno Rubén Sarabia Sánchez, “Simitrio”, situación que lo segrega en forma injusta de su relación con sus familiares, abogados defensores, visitantes y compañeros de reclusión.

Segunda.- Que de igual manera el señor Secretario de Gobierno ordene a los directores y funcionarios mencionados, se abstengan de realizar, por sí o a través de sus subalternos, actos que impliquen molestia en la persona, familia, papeles o posesiones del mismo interno, si tales acciones o son debidamente fundadas y motivadas.

Tercera.- Que sin perjuicio de la seguridad personal del señor Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, le sea retirado el servicio de custodia que en vez de ser garantía de esa seguridad constituye una forma de hostigamiento instrumentado por el Director del Centro de Readaptación Social y el Director o Jefe de Seguridad aludidos.

Cuarta.- Que en su oportunidad se informe a esta Comisión del cumplimiento de esta Recomendación. 1

No obstante, la Gaceta 113 de la CNDH, donde se informa del estado que guardan las Recomendaciones emitidas por la CNDH de junio de 1990 a noviembre de 1999, se puede observar que la recomendación 7/91, remitida al Gobernador del Estado de Puebla no fue aceptada.

Rubén Sarabia estuvo privado de su libertad hasta abril de 2002, año en el que fue beneficiado con la preliberación  bajo el acuerdo de que no regresara a Puebla, de acuerdo con el propio Sarabia. No obstante, “Simitrio” fue visto en un acto público en 2013, cuando acudió por invitación de  la Secretaría de Gobierno del Municipio de Puebla, a la toma de protesta de Eduardo Rivera Pérez como edil.

Ahora bien, el pasado 19 de diciembre, aproximadamente a las 11:15, Rubén Sarabia, fue detenido cuando asistía a una reunión concertada con el Secretario de Gobernación del Estado de Puebla,  José Guillermo Aréchiga Santamaría, para tratar el asunto del desalojo de trabajadores informales de la plaza Los Gallos, ejecutado el 18 de diciembre. Lo anterior fue realizado por un grupo de 10 a 12 hombres y 2 a 3 mujeres que realizaron la detención sin orden de aprehensión y de forma violenta.

Posteriormente, diversos medios citados al calce de este documento refieren que se vertieron amenazas en contra de la esposa, hija e hijo de Sarabia Sánchez y, en los días subsecuentes, específicamente el 22 de diciembre, a las 22:05 horas aproximadamente, Atl Rubén Sarabia Reyna, hijo de Simitrio, fue detenido por elementos de la policía ministerial de Puebla en las inmediaciones del Ángel de Independencia, en el Distrito Federal.

Atl Rubén Sarabia se encontraba en compañía de sus hermanos, quienes apoyaban movilizaciones sociales que tuvieron como motivo la liberación de su padre. Ellos indicaron que cerca de 20 hombres armados montados en vehículos con placas de Puebla, rompieron los cristales del auto donde viajaban y detuvieron a Atl Sarabia, sin orden de aprehensión.

Cabe destacar que el 11 de diciembre, la cuarta visitadora de la cuarta visitaduría general de la CNDH, Yolanda Leticia Escandón Carrillo, dirigió el oficio V4/73505 a Luis Maldonado Venegas, Secretario general de Gobierno del estado de Puebla, a quien se le solicitó instruir a quien corresponda a efecto de que se tomen las acciones necesarias tendientes a salvaguardar la integridad y seguridad personal de Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, Atl Tonatiuh Rubén Sarabia Reyna, Xihuel Sarabia Reyna, Ehecatl Tonatiuh Sarabia Amador y las mujeres Alejandra López Reyna e Irma Reyna Martínez, con el propósito de evitar daños de difícil o imposible reparación.

Dichas medidas cautelares también fueron solicitadas por la CNDH para los opositores al Parque de las Siete Culturas en Cholula, Adán Xicale, Paul Xicale, Primo Tlachi, Albino Tlachi y Alfredo Portillo, y para los presidentes auxiliares de San Miguel Canoa y La Resurrección, Raúl Pérez Velázquez y Leonardo Báez Serrano, respectivamente, actualmente presos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla.2

Por declaraciones del joven, se tiene conocimiento de que actualmente existen 21 averiguaciones previas contra Rita Amador, su madre, y que la Procuraduría General de Justicia ha solicitado orden de aprehensión al juez penal. No obstante la indagatoria de diversos medios, la oficina de prensa de la delegación de la Procuraduría General de la República en Puebla dijo no poseer información del caso pues aseguró que no intervino en la detención de estas personas. Bajo el mismo tenor, voceros de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) indicaron que por parte de ellos no se ejecutó ninguna detención de ese tipo por lo que no tuvieron injerencia en el tema. 

Con las reformas constitucionales, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Es por estas razones que esta Comisión dictaminadora estima procedentes los puntos de acuerdo propuestos por la Senadora, sin embargo, se sugiere que, al ser la CNDH el órgano competente para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, el primer resolutivo sea dirigido a esta instancia para que determine si existen o no violaciones y, con base en ello, se emitan las recomendaciones adecuadas a las autoridades correspondientes.3

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que realice una investigación en torno a la actuación de las autoridades del gobierno de Puebla, respecto a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, a fin de determinar la posible violación a los derechos humanos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Puebla, para que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos de los integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”.

Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la autoridad jurisdiccional correspondiente, para que en los términos de la legislación aplicable, garantice el derecho al debido proceso y que los representantes legales de la referida organización, así como de Rubén Sarabia Sánchez y Atl Rubén Sarabia Reyna, tengan el acceso a la información necesaria que procure su adecuada defensa.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Gacetas/8.pdf

2 http://issuu.com/lajornadadeoriente/docs/puebla_ff3f1fd85dbdbd

3 http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n3623469.htm
http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=9574:simi&Itemid=126
http://comitecerezo.org/spip.php?article2009






Otro, que exhorta a diseñar e implementar estrategias en materia de seguridad pública y prevención del delito para el estado de Guerrero.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo en el que se exhorta respetuosamente al gabinete de seguridad nacional, para que en coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia del Estado libre y soberano de guerrero, y con la participación de la sociedad civil diseñen e implementen políticas públicas, programas, estrategias u acciones en materia de seguridad pública que realmente prevengan investiguen, sancionen y erradiquen los delitos suscitados en dicha entidad federativa; el cual fue presentado por el Senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 27 mayo de 2015, se presentó ante el pleno el punto de acuerdo en referencia, mismo que la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-461.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las propuestas con punto de acuerdo, plasman dentro de sus líneas la gran preocupación por parte del autor de la propuesta, debido a la creciente violencia que impera en el municipio de Chilapa de Álvarez, Estado de Guerrero.

El legislador menciona que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala; y que si se cumpliera lo anterior, México no estaría sufriendo por la inseguridad, no sólo en Guerrero sino en todo el territorio nacional.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que a su letra dicen:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gabinete de Seguridad Nacional, para que en coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia de Guerrero y con la participación de la sociedad civil, diseñen e implementen políticas públicas, programas, estrategias y acciones en materia de seguridad pública que realmente prevengan, investiguen, sancionen y erradiquen los delitos suscitados en dicha entidad federativa.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones inicie las investigaciones correspondientes, de manera expedita sobre la desaparición de 30 personas del Municipio de Chilapa de Álvarez, por un grupo civil armado, ocurrida entre el 9 y el 14 de mayo de 2015.

III. CONSIDERACIONES

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. Ante la realidad de un Estado que no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos.

La vigencia del Estado de Derecho depende, fundamentalmente, de la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable una actuación íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan, en todo momento, con instituciones que garantizarán el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley. Es también obligación del Estado promover la adecuación del marco legal para que éste sea justo y responda a la realidad nacional, de manera tal que la ciudadanía esté convencida de que su interés está mejor protegido dentro de la legalidad que al margen de ella.

En lo referente a nuestro Derecho Positivo encontramos el fundamento primario del régimen jurídico de la seguridad pública en el artículo 21 de nuestra Ley Fundamental, que a partir de la reforma de diciembre 31 de 1994 establece que: “la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Asi parte de un principio orgánico de coordinación e integración, lo cual en forma alguna implica una derogación del principio de división de poderes y autonomía de los Estados, pues lejos de convertir a la función de seguridad pública en materia federal la voluntad del legislador fue establecer canales permanentes de articulación institucional, que permitan una mayor eficacia operacional, tal y como el referido precepto constitucional lo señala, al establecer que “la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en las respectivas competencias que esta Constitución señala”

Ahora bien, esta dictaminadora en el análisis de la información que presenta el autor del punto de acuerdo, y en el estudio de la problemática que existe en el Estado de Guerrero, manifiesta que la Procuraduría General de la República en el ámbito de sus atribuciones y facultades, presento la “Estrategia de intervención psicosocial y jurídica integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para la atención a las víctimas de desaparición en Guerrero”, con la finalidad de tener un canal de atención y asistencia a los familiares que presenten las denuncias sobre los presuntos desaparecidos.

En el mismo sentido, como parte de los trabajos de investigación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Secretaría de Gobernación, instaló mesas de trabajo, dos de las cuales dieron a conocer a los familiares, las acciones de búsqueda y localización que realizan las autoridades federales.

Esta dictaminadora manifiesta que el encuentro con familiares, es parte de la suma de esfuerzos de las autoridades federales y estatales para desarrollar acciones coordinadas que garanticen la atención oportuna de estos casos y de las organizaciones de la sociedad civil, así como su acceso a la ayuda prevista en la Ley General de Víctimas, que reconoce los derechos de las víctimas directas, indirectas, potenciales y colectivas, donde el ordenamiento normativo especifica el momento en que se adquiere la calidad en cualquiera de los tipos.

La sociedad quiere un México en el que haya leyes claras y sencillas que normen de manera efectiva todos los ámbitos de la vida nacional, y que la ley se cumpla y se haga cumplir. Asimismo, la sociedad plantea que es necesario que el sistema jurídico responda a las realidades sociales del país. En particular, se requiere fortalecer la persecución del delito y la impartición de justicia.

Esta Comisión rechaza todo índice de violencia en México y afirma que la vida es el valor supremo de todo ser humano y, por tanto, el primero y principal valor que debe ser objeto de una adecuada protección jurídica y material por parte del Estado. Además, para que los individuos tengan la posibilidad de desarrollar sus potencialidades dentro del conglomerado social es imprescindible una especial protección a su integridad física.

La Primera Comisión, considera necesario que las autoridades en materia de seguridad pública del país y del Estado de Guerrero, con la participación de la sociedad civil, diseñen, creen o implementen políticas públicas, programas, estrategias y acciones en materia de seguridad pública y prevención del delito, que atiendan a las necesidades y condiciones particulares de esa entidad.

Los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Comisión Nacional de Seguridad y a las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia del Gobierno del Estado de Guerrero, para que en coordinación con la sociedad civil, diseñen e implementen estrategias, acciones y programas en materia de seguridad pública y prevención del delito para dicha entidad federativa.

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República, para que refuerce las investigaciones tendentes a deslindar responsabilidades y poner a disposición de las autoridades jurisdiccionales a quienes resulten responsables de la presunta desaparición de 30 personas, ocurrida entre el 9 y 14 de mayo del presente año en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Uno más, que exhorta al Instituto Nacional Electoral a diseñar e implementar un programa y una estrategia de educación cívica novedosas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la "Proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a rediseñar su estrategia de educación cívica", presentada por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 3 de junio de 2015,el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la "Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a rediseñar su estrategia de educación cívica".

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-587.

II. CONTENIDO

El senador señala que la ciudadanía siente un profundo malestar derivado de la falta de transparencia y de resultados en la política y por parte de los partidos políticos; por tanto, considera que las instituciones electorales y los institutos políticos deben recobrar la confianza de la ciudadanía en la democracia.

Refiere que el "Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México", elaborado por el ahora extinto Instituto Federal Electoral, arrojó como resultados que más de la mitad de los jóvenes en México no se identifican con ningún partido político; 50 por ciento de las personas que participaron en alguna actividad política electoral mencionó que ésta no tuvo el resultado deseado; y que 49 por ciento de los mexicanos cree que los políticos no se preocupan por gente como ellos [*].

Ante este escenario, señala que en 2013 el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia político-electoral con el único objeto de fortalecer el régimen democrático; explica que esta reforma contenía una serie de cambios dentro de los cuales destaca la reelección legislativa; la desaparición del Instituto Federal Electoral, y la creación del Instituto Nacional Electoral; el aumento en el número de consejeros pasando de 9 a 11; el aumento en el porcentaje para mantener el registro de un partido político; la paridad entre hombres y mujeres en el Congreso; y la legalización de los gobiernos de coalición.

No obstante, manifiesta que la reforma no consideró establecer mecanismos eficaces para aumentar la participación ciudadana y fortalecer la credibilidad de los partidos políticos entre la ciudadanía, con el objeto de elevar la participación en las elecciones intermedias, dado que bajo el análisis del registro histórico de los últimos 24 años, las elecciones en las que se elige al representante del Ejecutivo Federal existe una mayor afluencia de electores a las urnas, no así en elecciones de representantes populares, particularmente en la integración de la Cámara de Diputados y de los congresos locales.

Sin embargo, afirma que aun en los procesos de elección de renovación de la presidencia de la República, existe una baja participación. Asimismo, se refiere a la inseguridad que ha caracterizado el proceso electoral de este año, donde al menos 3 candidatos que aspiraban a cargos de elección han sido asesinados y se han presentado casos de agresiones tanto a candidatos como a simpatizantes, e incluso, prácticas de espionaje e intimidación.

Lo anterior representa para el senador, la necesidad urgente de comenzar a establecer una educación cívica que realmente incida en los niveles de participación ciudadana, que demuestre la viabilidad de la democracia como forma de gobierno , a fin de brindar oportunidades para todos los ciudadanos, y sobre todo que garantice un Estado de derecho.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a implementar una nueva estrategia de educación cívica que tenga por objeto elevar los niveles de participación ciudadana en las elecciones de los tres órdenes de gobierno, así como revertir las percepciones negativas que tiene la ciudadanía respecto de los partidos políticos.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión estima necesario conocer los niveles de participación ciudadana en nuestro país y determinar las atribuciones del Instituto Nacional Electoral con el fin de ponderar si es procedente la solicitud del proponente.

Bajo esta premisa, es necesario señalar que la participación ciudadana es un concepto estrechamente relacionado con los regímenes democráticos, en el que la participación de la sociedad no se limita sólo a los procesos electorales, sino que introduce nuevos derechos y una nueva relación entre los ciudadanos y el gobierno; al respecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Democracia reafirmó, en 2005, que "la democracia es un valor universal basado en la libertad libremente expresada del pueblo para determinar sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y su plena participación en todos los aspectos de su vida."1

Nuestro país ha contemplado la participación ciudadana y los preceptos anteriormente citados desde 1984, año en el que se realizó el plebiscito para incorporar a Chiapas a la Federación; posteriormente la Constitución Política de 1917 estableció el concepto de derechos políticos en su artículo 5º y se hizo referencia, por primera vez, al derecho a votar y ser votados; en 1953 las mujeres mayores de edad adquirieron el carácter de ciudadanas y con ello, el derecho a votar y en 1954 se reformó la Ley Electoral Federal para introducir a toda forma el derecho de la mujer a votar y ser votada; en 1970 se introdujo el concepto de "participación ciudadana" en la Ley Orgánica del Distrito Federal y, en 1977 el Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles pronunció un discurso en el que se ampliaban las opciones de representación política de la ciudadanía.

Sin embargo, un parteaguas en la historia de la participación ciudadana en nuestro país fue el terremoto de 1985, pues la ciudadanía se movilizó para auxiliar en todos los ámbitos a los afectados y rebasó la respuesta de las autoridades, lo que derivó en una participación muy activa en las elecciones de 1988, donde diversas organizaciones exigieron "lugares en el espacio de lo público, maneras de resolver las problemáticas cotidianas y derechos políticos".2

Posteriormente, en 1990 se creó el Instituto Federal Electoral con la finalidad de que se constituyera como una institución que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales; este órgano logró su autonomía en 1996 y se le otorgó la facultad de promover la cultura democrática en México3; este Instituto estuvo vigente hasta la reforma político-electoral de 2014, en la que se reformaron sus funciones y se le otorgó el nombre de Instituto Nacional Electoral, que es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos y que, de conformidad con el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene las siguientes atribuciones:

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;

c) Integrar el Registro Federal de Electores;

d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;

e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos electorales locales;

f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, y

h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.

En ese sentido, el INE cuenta con una Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática (ENEC) 2011-2015, misma que tiene como objetivo diseñar e implementar una serie de proyectos y acciones dirigidos a la construcción de una ciudadanía democrática y a la creación de condiciones para el ejercicio integral de los derechos de las y los mexicanos.

El trabajo del Instituto se orienta en tres líneas estratégicas:

● La implementación de prácticas y políticas públicas orientadas a la construcción de ciudadanía.

● Generación y socialización de información sobre prácticas y condiciones determinantes para la construcción de ciudadanía.

● Desarrollo e implementación de procesos educativos que promuevan el aprecio por lo público y contribuyan a generar capacidad de agencia de las y los ciudadanos.

Asimismo, esta Estrategia se compone de cinco programas que integran 12 proyectos para lograr su objetivo, no obstante, la temporalidad de la estrategia termina en este año, por lo que el exhorto del Senador David Monreal es procedente para el diseño de la estrategia del quinquenio siguiente.

En cuanto a la participación ciudadana en México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala que "la confianza en el gobierno es esencial para la cohesión y el bienestar sociales. Una participación electoral alta es un parámetro para medir la confianza pública en el gobierno y la participación ciudadana en el proceso político."

De esta manera, considera que México tiene un sentido moderado de comunidad y un moderado nivel de compromiso cívico: el 77% de las personas creen conocer a alguien en quien pueden confiar cuando lo necesiten, en cuanto a la participación electoral, una medida de la participación ciudadana en el proceso político de 2012, fue del 63% durante elecciones recientes, cifra menor que el promedio de la OCDE de 68%.

El mismo estudio señala que la condición social y económica puede afectar los niveles de votación, sin embargo, en México existe poca diferencia en los niveles de la sociedad; la participación electoral entre el 20% que ocupa el nivel superior de la escala de ingresos se estima en 63%, mientras que para el 20% que ocupa el nivel inferior se estima en 61%, esta diferencia de 2 puntos porcentuales es mucho menor que la diferencia promedio de la OCDE de 13 puntos porcentuales, lo cual sugiere que hay una amplia inclusión social en las instituciones democráticas mexicanas.4

Por otro lado, el entonces instituto Federal Electoral presentó el Estudio Censal de Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 2012, documento en el que se informa que la participación ciudadana en 2012 alcanzó un porcentaje de 62.08%, lo que representa un repunte del 3.58% respecto a las elecciones de 2006 pero está por debajo del promedio de las últimas cuatro elecciones presidenciales (65.44%), así como del máximo histórico registrado en 1944.

De igual forma, el IFE señala que "la falta de confianza del ciudadano en sus instituciones, había sido un factor importante en el declive que venía presentando la participación ciudadana en México, por ello, el repunte alcanzado en 2012 representa una buena noticia para la vida democrática del país."5

En cuanto a la preocupación del senador por la disminución de la participación en las elecciones intermedias, Parametría, empresa encargada de análisis de opinión del mercado, señala que todos los sistemas democráticos cuentan con mayor participación en las elecciones donde se elige al ejecutivo, dada la relevancia del cargo.

La misma fuente considera que nuestro país cuenta con un porcentaje aceptable de votantes en las elecciones, situación que cobra relevancia ya que el voto en México no es obligatorio, además, de acuerdo con Parametría, el porcentaje de participación indica que la ciudadanía sigue confiando en los canales institucionales democráticos para expresarse.6

En concordancia con lo anterior, esta Comisión dictaminadora estima procedente la propuesta del senador David Monreal, en virtud de que corresponde al INE contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática y toda vez que este organismo se encuentra en tiempo de formular una nueva Estrategia Nacional de Educación Cívica que contribuirá a la construcción de una ciudadanía corresponsable y de instituciones fuertes que cuenten con la transparencia, la rendición de cuentas y la integración de la sociedad como integrantes fundamentales en la toma de decisiones que les competan.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, para que diseñe e implemente un programa y una estrategia de educación cívica novedosos, cuyo principal objetivo sea concientizar a la ciudadanía sobre la relevancia de la participación ciudadana en los diversos procesos democráticos e incrementar los niveles de participación en los ejercicios democráticos a través de los cuales se integran los diversos órganos de poder en los tres órdenes de gobierno, así como revertir la percepción negativa que existe respecto de las autoridades electorales y de los institutos políticos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1http://www.un.org/es/events/democracyday/pdf/presskit.pdf

2http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/2_pciudadana.htm

3http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/menuitem.cdd858023b32d5b7787e6910d08600a0/

4http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/mexico-es/

5http://www2.ine.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-EstudiosInvestigaciones/InvestigacionIFE/Estudio_Censal_Participacion_Ciudadana_2012.pdf

6http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4722






Otro, por el que se solicita información del estado que guarda el registro y la expedición de la cédula de identidad para menores de edad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que se Exhorta a la Secretaría de Gobernación para que informe a esta Soberanía los avances en la reactivación de la cédula de identidad personal, presentado por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta del resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 10 junio de 2015, se presentó ante el Pleno el punto de acuerdo en referencia. La Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente. Mediante e oficio CP2R3A.-747.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta con punto de acuerdo, plasma dentro de sus líneas que la expedición de la cédula de identificación, tiene como objeto garantizar el derecho a la identidad de las personas con la finalidad de facilitar a la población el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que, el proceso de expedición de la misma requería ligar la identidad jurídica con la información biométrica de cada persona, utilizando como llave la Clave Única del Registro de Población.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que:

1.- Informe a esta Soberanía el estado que guarda el registro y expedición de la Cédula de Identidad para menores de edad y las medidas que permiten garantizar la protección de los datos recabados.

2.- Informe a esta Soberanía los avances en la reactivación de la Cédula de Identidad Personal.

III. CONSIDERACIONES

La cedula de identificación, es un documento de identidad, que mediante la huella dactilar y el iris de una persona permitirá identificarla, lo cual al incorporar datos biométricos a los registros de población ya existentes, brindaría la certeza de que no haya duplicidad de registros ni identidades falsas. La cédula contribuye a la protección efectiva del derecho humano a la identidad personal consagrado en el artículo 4º octavo párrafo de la Constitución, el cual a la letra señala:

“Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”.

Asimismo, la Ley General de Población desde el año de 1990 mencionaba en sus artículos 97 y 98, que el Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, son servicios de interés público que presta el Estado a través de la Secretaría de Gobernación, y que los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana.

El tema de la cédula de identidad está en el Pacto por México, es el compromiso   número 33 y está dentro de las pláticas que están teniendo los tres partidos políticos. El texto del Pacto por México en su compromiso 33 señala que: “Con el objetivo de garantizar el derecho a la entidad ciudadana, se analizará la necesidad de establecer los cambios jurídicos e institucionales para crear la cédula de identidad Ciudadana y el Registro Nacional de Población, asegurando que no se utilice con motivos políticos o electorales”.

No solo los motivos políticos o electorales son los que detienen la creación de la cédula de identificación ciudadana, sino que también el extinto Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, ha manifestado que es necesario que la credencial de elector con fotografía sea tomada en cuenta como documento oficial de identificación de los ciudadanos mexicanos.

La emisión de la cédula, en primer término, se debieron incluir niños, niñas y adolescentes, a fin de que con verificar su huella digital e iris y con el apoyo de recursos tecnológicos y mediante el uso de una credencial, se protegería ampliamente la identidad y el interés superior de la infancia. Medidas como ésta permitirán evitar la sustracción de infantes del territorio nacional, la separación indebida de sus padres, así como la usurpación de su identidad.

Algunas ventajas de la Cédula de Identidad Personal, son el contar con un registro de población confiable, se podrán unificar las bases de datos del Registro Civil y la Clave Única de Registro de Población, incorporando a éstas las características biométricas de las personas, con lo cual se eliminaría la posible duplicidad de identidades y sistemas de registro obsoletos.

Asimismo, la Identificación inmediata de víctimas en accidentes, el uso de la cédula permitiría realizar cruces de información con registros de salud, para brindar la atención médica necesaria oportunamente.

En materia de seguridad a través del uso de la Cédula de identidad, se optimizarían los procesos de investigación a partir de registros de actividad a través de la Cédula de Identidad, aportando elementos de convicción en procesos judiciales, así como poder identificar fielmente a las personas detenidas, permitiendo realizar el cruce de información respectivo para conocer sus antecedentes penales. Sería una herramienta vital para la localización de personas extraviadas y sus familiares.

Esta dictaminadora podría seguir enumerando algunas ventajas de contar con la cédula, sin embargo, no basta con enunciar sus bondades, sino que se pueda llevar a cabo la creación de la Cédula de Identidad en México para todos los ciudadanos.

Por tales manifestaciones, esta dictaminadora considera que la pretensión en la cual se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre los avances en la reactivación del programa de la cédula de identidad, es viable, para saber en estado se encuentra el programa.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, informe a esta Soberanía el estado que guarda el registro y la expedición de la cédula de identidad para menores de edad; sobre las medidas que permitan garantizar la protección de los datos recabados, así como con relación a los avances en la reactivación del programa de la "Cédula de Identidad Personal".

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Otro, por el que se solicita información sobre el estado que guardan las investigaciones que se realizan para esclarecer los hechos en los que resultaron heridos ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar la agresión contra 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana, quienes resultaron lesionados el pasado 5 de junio”, presentada por el Diputado Manuel Rafael Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Barttlet Díaz, integrantes del Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 10 de junio de 2015, el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y el Senador Manuel Barttlet Díaz sometieron a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar la agresión contra 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana, quienes resultaron lesionados el pasado 5 de junio.”

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-751.

II. CONTENIDO

Los proponentes refieren que el pasado viernes 5 de junio del año en curso, ocho estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV) fueron atacados con machetes, palos con clavos y bates de béisbol por un grupo de 10 hombres encapuchados que portaban equipo táctico en una vivienda.

Señalan que los ocho estudiantes heridos, de entre 19 y 32 años, militan en la organización ecologista “Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y el Territorio” y que han participado en las marchas a favor de los normalistas de Ayotzinapa, de igual forma apuntan que los agredidos defendieron a los jóvenes aprehendidos en una movilización efectuada el 20 de noviembre del 2014 en el Distrito Federal.

Respecto al tema, indican que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) emitió un comunicado en el que se  condenan categóricamente los hechos, mientras que la Fiscalía General informó que ya investiga este acto, sin embargo, explican que ambas dependencias niegan rotundamente ”tener participación” en el ataque que sufrieron los estudiantes. Después de tres días de que ocurrieron los hechos, no hay ninguna guardia policiaca, ningún Agente del Ministerio Publico en el lugar de los hechos.

No obstante, puntualizan que estudiantes y catedráticos de la UV responsabilizaron de la agresión al titular de la Secretaría de Seguridad Pública SSP, Arturo Bermúdez Zurita y al gobernador priista, Javier Duarte Ochoa de querer intimidar a los jóvenes universitarios en el marco del proceso electoral marcado por la incertidumbre y la violencia generada.

Asimismo, en sus consideraciones exponen que el Partido del Trabajo (PT) denunció que tuvieron acceso a un documento llamado “balance electoral 2015” donde la Secretaría de Seguridad pública (SSP) y la Secretaría de Gobierno Estatal (SEGOB) ponen en la mira a lo que ellos llaman “desestabilizadores de elecciones”.

En ese sentido, señalan que Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal del estado, aseguró que se investigará si la agresión está relacionada con el incendio a instalaciones de una junta distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), ocurrida el 1° de junio del año en curso.

Bajo esa línea argumental, los proponentes sometes a consideración de la Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo.

Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones atraiga e investigue la agresión a ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana quienes resultaron lesionados el pasado 5 de junio.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora estima necesario conocer los hechos a los que se refieren los proponentes y realizar una revisión al marco jurídico en cuanto a las facultades de la Procuraduría General de la República, autoridad que se exhorta en la proposición.

De acuerdo con declaraciones de Julián Ramírez y Edith Escalona, estudiantes de la Universidad Veracruzana y compañeros de los jóvenes agredidos, el domicilio ubicado en la avenida Ruíz Cortines, en el municipio de Xalapa, fue allanado un grupo de cerca de 10 hombres encapuchados que portaban equipo táctico, chalecos policiales, armas largas, machetes y palos, quienes agredieron a ocho estudiantes que se encontraban en la vivienda; los jóvenes denunciaron que, como saldo de estos hechos tres de los  estudiantes agredidos presentan lesiones en la cara provocadas por machetes, heridas de arma punzocortante, fracturas en las manos, contusiones múltiples y que uno de ellos registra una fractura de cráneo que lo mantiene en estado grave.1

Al respecto, el 5 de junio la Secretaría de Seguridad Pública publicó un comunicado de prensa en el que negó rotundamente haber participado en el ataque en contra de los estudiantes de la Universidad Veracruzana y condenó categóricamente los hechos; asimismo, refieren que la notificación de los hechos se realizó a través de la línea del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) y que, apenas se recibió, se acudió de manera inmediata para atender a las víctimas e implementar la búsqueda de los responsables, quienes, señala, viajaban a bordo de dos vehículos.

El comunicado informa, además, que la Fiscalía General del Estado se encuentra investigando las agresiones que denunciaron los estudiantes y señalan que “en días pasados, un grupo de jóvenes participaron en hechos vandálicos agrediendo las instalaciones del instituto Nacional Electoral (INE). Se investiga si los hechos de anoche tienen relación con esta agresión a las instalaciones de dicho organismo”2.

En lo referente a la salud de las víctimas, el comunicado informa que se valoró el estado de salud de las víctimas por parte de personal de la Cruz Roja Mexicana, que determinó que presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo, no obstante, los heridos se negaron a ser trasladados a los hospitales cercanos.

Esta Comisión considera necesario apuntar que los hechos vandálicos a los que la Fiscalía del estado vincula esta agresión consistieron en la quema de un módulo del INE en Xalapa.

Ahora bien, el día 7 de junio estudiantes y académicos de la Facultad de Humanidades de la UV realizaron una marcha en protesta por la agresión ocurrida el 5 de junio, en dicho acto, el académico Alejandro Saldaña leyó un comunicado a nombre de la comunidad universitaria, en la que se señaló que la agresión fue realizada por un comando paramilitar o parapoliciaco3.

La Universidad Veracruzana también se pronunció sobre los hechos a través de un  Comunicado publicado en su página de internet, en el que informaron que las autoridades de la UV, encabezadas por el Abogado General, acudieron al Centro de Especialidades Médicas (CEM) para ofrecer apoyo de la institución a los tres jóvenes internados.

Las autoridades de la institución educativa señalan que, de acuerdo con las autoridades del CEM, los tres jóvenes, de los cuales uno está inscrito en la UV, están fuera de peligro y no presentan lesiones internas, sin embargo, se les mantendrá en observación; asimismo, ofrecieron apoyo a los familiares, especialmente en materia legal. La Universidad lamentó los hechos, exigió su esclarecimiento e indicó que “confía en que las autoridades llevarán a cabo las investigaciones pertinentes con toda diligencia”, de igual forma exhortó a la comunidad universitaria a informarse responsablemente respecto al asunto4.

Ante estos eventos, Julián Ramírez y Edith Escalona, también integrantes de la organización denominada Defensoría y Estrategias Integrales para la Protección de los Derechos Humanos (DESIDE), improvisaron una conferencia de prensa afuera del CEM el 9 de junio del presente, en el que dieron a conocer un boletín a nombre de los familiares de los estudiantes hospitalizados, mismo que señala que la Universidad Veracruzana ha reconocido que las ocho personas agredidas son estudiantes de la institución, rectificando el comunicado publicado, por ello, DESIDE solicitó  que la Universidad sea quien pague gastos de hospitalización y atención médica.

Los jóvenes de DESIDE  informaron que las familias de los internos del hospital Rafael Lucio, dependiente de la Secretaría de Salud, están en la incertidumbre por las diversas versiones sobre el estado de salud de los universitarios y denunciaron que no se cuenta con ningún documento que acredite el parte médico, así como tampoco se ha permitido la valoración de un médico externo, por tales anomalías han decidido trasladar a los jóvenes a hospitales privados5.

Ante estos hechos, el punto de acuerdo propone que la Procuraduría General de la República atraiga e investigue la agresión a los ocho estudiantes; al respecto es necesario señalar que el artículo 73, fracción XXI inciso c) establece que “Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instituciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de impresión e imprenta.”

Por otra parte, el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone que el Ministerio Público Federal será competente para conocer los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales y que los jueces tendrán asimismo, competencia para juzgarlos.

Al respecto, la conducta considerada del orden común debe calificarse y sancionarse en términos del ordenamiento local, toda vez que de lo expuesto se desprende que no se cuenta con elementos suficientes para que la PGR conozca del caso, al no colmarse ninguno de los supuestos jurídicos que permiten el ejercicio de la facultad de atracción y, por tanto, esta Comisión estima que las autoridades locales deben continuar conociendo e investigando los delitos de los que fueron objeto los jóvenes agredidos, a fin de que se sancione a los responsables y  se garantice la seguridad de las víctimas.

No obstante lo anterior, se estima conveniente que esta soberanía sea informada de las acciones realizadas por las autoridades locales para el esclarecimiento de los hechos, así como de las medidas adoptadas para la atención y protección de  la integridad de las víctimas, por lo que esta dictaminadora estima necesario solicitar a las autoridades locales que rindan un informe, que permita hacer una adecuada valoración de los hechos denunciados así como de la debida actuación de la propia autoridad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, informe a esta soberanía sobre el estado que guardan las investigaciones que se realizan para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 5 de junio, en los que resultaron heridos ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana; asimismo se le exhorta a que se tomen las medidas necesarias a fin de garantizar su seguridad.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en caso de que resulte de su competencia, investigue las posibles violaciones a los derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1http://www.milenio.com/estados/agresion_a_estudiantes-irrumpen_en_casa_estudiantil-estudiantes_agredidos_0_530946987.html

2 http://www.veracruz.gob.mx/blog/2015/06/05/condena-ssp-ataque-a-estudiantes/

3 http://plumaslibres.com.mx/2015/06/08/fue-el-estado-gritan-marchistas-en-xalapa-en-protesta-por-agresion-a-estudiantes-de-uv/

4 https://www.uv.mx/noticias/2015/06/05/uv-apoya-a-jovenes-agredidos/

5 http://www.noticiasveracruz.com/noticias/ponen-salvo-estudiantes-de-la-uv-en-hospitales-privados
http://www.laizquierdadiario.cl/Declaracion-a-5-dias-de-la-agresion-contra-estudiantes-de-Veracruz






Otro, que exhorta al estado de Guerrero a cumplir con el pago de indemnización a las víctimas de los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Guerrero a cumplir con el pago de indemnización a las víctimas afectadas por las inundaciones y deslaves generados por los fenómenos meteorológicos "Ingrid" y "Manuel" ubicadas en la Zona Diamante, presentado por el Senador Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 10 junio de 2015, se presentó ante el pleno el punto de acuerdo en referencia, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que el punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-764.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta con punto de acuerdo, plasma dentro de sus líneas la gran preocupación que tiene el titular de la proposición, con relación a lo ocurrido en septiembre del 2013, cuando los ciclones, Ingrid, en el océano Atlántico y Manuel, en el Pacífico, coincidieron al mismo tiempo causando numerosos daños por inundaciones y deslaves en varios estados costeros de la República Mexicana.

La intensidad de ambos fenómenos dio como resultado una de las mayores afectaciones por fenómenos naturales que se hayan presentado en el país. La mayor parte del territorio nacional se vio afectada de alguna manera por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, aunque los impactos más significativos según el titular de la propuesta, se encontraron en el Estado de Guerrero.

Ante ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación declaro en emergencia a 56 municipios del Estado de Guerrero; dentro los municipios más afectados se encontraron el del Puerto de Acapulco, en donde las intensas lluvias desbordaron el río la Sabana que inundó miles de casas y 18 fraccionamientos causando bastantes daños materiales.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Guerrero, a fin de cumpla con el pago de indemnización a las víctimas afectadas por las inundaciones y deslaves generados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” ubicadas en la zona diamante.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, a agilizar la investigación en contra de la Constructora Caribaliy las autoridades correspondientes, a fin de que se finquen responsabilidades y se sancione a quienes resulten responsables.

III. CONSIDERACIONES

La fuerza de la naturaleza se manifiesta a través de fenómenos perturbadores tales como sismos, volcanes, ciclones tropicales, inundaciones, etc., que por la energía con que se desarrollan, el tamaño del área en que influyen y la frecuencia con que ocurren, pueden afectar gravemente los asentamientos humanos. México se encuentra sujeto a una amplia variedad de fenómenos naturales con alto potencial destructivo, lo cual, combinado con altas concentraciones poblacionales, en las que se tienen elevados grados de vulnerabilidad física y social, propician un gran riesgo de desastre.

Por su ubicación geográfica, México está sujeto a la influencia frecuente de los ciclones tropicales que se generan en los océanos que lo rodean. De particular importancia son los efectos que el cambio climático tiene en los fenómenos hidrometeorológicos, tales como lluvias, vientos, mareas de tormenta, inundaciones, etc. Entre los grandes ciclones tropicales, resaltan el huracán Gilbert, en 1988, que devastó las playas de Cancún y provocó lluvias torrenciales en Nuevo León, así como el huracán Wilma, que en 2005 produjo daños importantes también en Cancún. Destacan, entre otros, las inundaciones ocurridas en Tabasco en 2007 y 2009, así como en Veracruz en 2010, con pérdidas de decenas de miles de millones de pesos en ambos casos.

Finalmente, en 2013 se presentaron los ciclones tropicales "Manuel" e "Ingrid", los cuales interactuaron entre sí, propiciando lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en Guerrero.

Las abundantes lluvias, además de producir inundaciones, tienen influencia directa en la inestabilidad de laderas. Destacan los deslizamientos ocurridos en Teziutlán en 1999 y en la comunidad de Eloxochitlán en 2006, ambos en el Estado de Puebla; así como el deslizamiento de Juan de Grijalva, Chiapas, ocurrido el 4 de noviembre de 2007, que obstruyó el flujo del río Grijalva y, más recientemente, en septiembre de 2013, el deslizamiento de La Pintada, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en el que perecieron 71 personas.

La exposición a estos fenómenos, los asentamientos humanos en zonas de peligro, el escaso ordenamiento del territorio, la vulnerabilidad física de la infraestructura expuesta, aunado a la fragilidad social de amplios sectores de la sociedad, provocan pérdidas materiales y humanas que representan un alto costo social y económico para el país.

Por otra parte, la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, en términos del artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, debe tender a mejorar el nivel de vida de la población urbana y rural, mediante la prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población; el desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la interrelación de las ciudades y el campo, entre otras.

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo social y nacional. Sus características como la calidad, el espacio y el acceso a servicios básicos, son consideradas como indicadores para la definición, identificación y medición de la pobreza, de conformidad con la Ley General de Desarrollo Social. Estas facultades en materia agraria, de vivienda y de ordenamiento territorial, deben aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda.

Ahora bien, los razonamientos que se plasman con anterioridad son en función de que a mas de un año del paso de la tormenta tropical “Manuel” y el Huracán “Ingrid”, todavía falta mas ayuda a los damnificados que perdieron sus propiedades a causa de la mala planeación para construir en zonas de riesgo, en las que si se hubiera realizado un verdadero estudio técnico del uso de suelo, nunca se abrían autorizado permisos de construcción de vivienda.

Ante tales hechos, ninguna autoridad local o federal se ha señalado como responsable en el reporte de daños que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) tras las inundaciones de 2013 que provocaron los ciclones Manuel e Ingrid en Acapulco, Guerrero.

El 27 de septiembre de 2013, el Ejecutivo Federal solicitó a SEDATU un informe de responsabilidad por los daños ocurridos en la zona vinculados a las obras que impidieron el escurrimiento de las lluvias registradas entre el 13 y 24 de septiembre de ese año.

Un año y medio después SEDATU entregó el “Análisis de zonas afectadas a causa de los Ciclones Tropicales Manuel e Ingrid en Acapulco, Guerrero”, pero el documento no menciona nada sobre los probables responsables de la construcción de obras hidráulicas, puentes vehiculares y otros asentamientos identificados que obstruyeron el cauce del agua.

El reporte que la SEDATU elaboró indica que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) determinó que la infraestructura hidráulica de la zona “fue insuficiente” y que existen cuatro descargas de aguas residuales no autorizadas en la zona, además, se identificaron siete puentes vehiculares que obstruyeron los cauces: “Puente del Viaducto Diamante en el cruce con el río La Sabana, Puente la Marquesita en el Canal Meándrico, Puente Tudzimgo (sic) en el río La Sabana, Puente de la carretera escénica sobre el río Papagayo, Puente sobre el Boulevard de las Naciones en acceso a Puerto Marqués, Puente Punta Diamante en el fraccionamiento Real Diamante, Puente Barra Vieja en la Laguna de Tres Palos”.

El reporte, indica que existen asentamientos en la zona federal del Canal Meándrico y concesiones de ocupación en la zona federal del Río Papagayo, del río La Sabana y de la Laguna de Tres Palos; así como 29 conjuntos habitacionales afectados por las lluvias de septiembre de 2013 con diferente nivel de riesgo a nuevas inundaciones.

En el reporte, no se incluyen alternativas para evitar una nueva inundación en la región y detalla que la finalidad de éste “es determinar las características de la inundación provocada por las tormentas tropicales “Manuel e Ingrid”, por lo que se iniciaron modelos de lluvia-escurrimiento del río La Sabana y sus afluentes y según el reporte, se trató de inferir el caudal a partir de las huellas dejadas por la creciente originada; así como un modelo hidráulico bidimensional que permitió establecer la forma en que se desarrolló la inundación”.

Por otra parte, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero manifestó que la expedición de permisos a constructoras de vivienda en zonas de humedales, fue lo que provocó que las lluvias de septiembre pasado, inundaran y dañaran miles de viviendas en zona Diamante.

La Procuraduría General de Guerrero, ha solicitado información a las distintas autoridades federales, estatales y municipales, relacionadas con la expedición y otorgamiento de permisos para construcción y cambios de uso de suelo en las distintas partes de Acapulco.

La Procuraduría dijo, “que si se encontraban elementos jurídicos en estos hechos, habría una responsabilidad en contra de los servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, así como también se fincaría reponsabilidad a las empresas que construyeron unidades habitacionales y plazas comerciales en la Zona Diamante de Acapulco”.

Por tales manifestaciones, esta dictaminadora considera que la pretensión en la cual se solicita el exhorto de la Comisión Permanente al de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero, es con la finalidad de que se cumpla o se siga aportando la ayuda a las victimas de las inundaciones y deslaves generados por los fenómenos meteorológicos del año 2013 en el Estado de Guerrero, es procedente.

Asimismo, se puede exhortar a la Procuraduría del Estado de Guerrero a que refuerce las investigaciones y en caso de encontrar responsables se finquen las sanciones correspondientes.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero, a fin de que cumpla con el pago de indemnización a las víctimas afectadas por las inundaciones y deslaves generados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” ubicadas en la zona diamante.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General del Estado de Guerrero, a reforzar las investigaciones sobre la expedición y otorgamiento de permisos para construcción de vivienda y cambio de uso de suelo en Acapulco, Guerrero, así como de las constructoras de las viviendas que fueron dañadas por las lluvias, para que en caso de existir responsabilidades sean sancionadas conforme a la ley, y en el momento procesal oportuno y sin violar la secrecía de las investigaciones, rinda un informe a esta Soberanía sobre los avances de éstas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Uno más, por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal, reforzar los programas tendientes a la prevención de las inundaciones en la ciudad de México, en la temporada de lluvias 2015.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, presenten ante esta soberanía, un informe detallado sobre los protocolos que llevan a cabo en el sistema de drenaje profundo para prevenir las afectaciones producidas por precipitaciones pluviales, presentado por Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 10 de junio del 2015 fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que informe a esta Soberanía Nacional sobre los protocolos que llevarán a cabo en el sistema de drenaje profundo para prevenir las afectaciones producidas por precipitaciones pluviales. La Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que el punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-762.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta con punto de acuerdo solicita al Gobierno del Distrito Federal a que envíe a esta Soberanía un informe sobre las acciones o programas que se están implementado para prevenir las inundaciones producidas por las precipitaciones pluviales que se originarán en esta temporada de huracanes que inicio el 15 de mayo y se prevé que finalice el 30 de noviembre de este año.

Asimismo el punto de acuerdo manifiesta que se prevé que al igual que el año anterior se presente el fenómeno meteorológico conocido como “El Niño”, con lo cual aumenta la posibilidad de que se presenten precipitaciones pluviales fuertes, que pueden causar graves afectaciones en la Ciudad de México.

III. CONSIDERACIONES

Cada temporada de lluvias representa diversos beneficios para la Ciudad de México, ya que sus zonas verdes y rurales se riegan, el suelo de conservación de la capital se robustece y se contrarrestan los estragos de la temporada de estiaje que llegan a afectar al Distrito Federal. Sin embargo, los malos hábitos de la población de arrojar la basura en la calle, provoca que con la lluvia lleguen también los encharcamientos y las inundaciones que pueden afectar la salud o vivienda de las personas.

El Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Obras y Servicios está enfocado en el mantenimiento de la Ciudad, con la iniciativa de mejorar los servicios (alumbrado, bacheo, limpia y recolección, señalización), y el continuo crecimiento de la red de transporte público con técnicas constructivas que disminuyan el impacto en la ciudadanía.

El Gobierno del D.F. debe poner especial atención a las principales vías de circulación de la ciudad, tratando de dar mantenimiento de forma constante y evitar que ocurran severos encharcamientos en algunas partes de la ciudad a través de sus programas de mantenimiento al drenaje y atención a los encharcamientos e inundaciones, así como el implementar otros mecanismos que atiendan de manera pronta las emergencias en materia de inundación.

Ahora bien, el Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, por instrucciones del Jefe de Gobierno del D.F., creó en el año de 2007 la “Unidad Tormenta”, la cual integra en un solo programa a las dependencias e instituciones que atienden las emergencias en materia de inundaciones en la capital, los cuales son coordinados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. El objetivo de la “Unidad Tormenta”, es disminuir los tiempos de solución y de atención a los encharcamientos e inundaciones por las fuertes lluvias, así como atender con prontitud los efectos sobre el funcionamiento de la infraestructura. La “Unidad Tormenta”, se implementa como un eje de respuesta inmediata, y que aplica los recursos necesarios para minimizar las afecciones en vialidades y viviendas.

La “Unidad Tormenta”, para obtener resultados positivos, el Gobierno de la Ciudad ha reforzado e incorporado con otra estrategia que consiste en un programa de mantenimiento a instalaciones, estructuras, plantas de bombeo, compuertas y cárcamos; así como, el desazolve de presas y lagunas, el desazolve de redes y accesorios del drenaje. Asimismo, el Gobierno del D.F., establece el Protocolo de Operación Conjunta de la Infraestructura Hidráulica del Valle de México (CONAGUA-CAEM-SACMEX), programa de obras que tratar de prevenir futuras inundaciones.

Además, se han desplegado alrededor de 4 mil personas que atenderán los problemas de encharcamientos y/o inundaciones durante la actual temporada de lluvias, ya que se tienen identificados 42 puntos donde se registran estas afectaciones, de los cuales 11 se concentran en las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

El Gobierno del Distrito Federal ha manifestado se trabaja con 92 plantas para atender una red de 12 mil kilómetros de drenaje; además se desarrollan cuatro proyectos que estarán listos en julio:

El primero incluye un colector de drenaje, una estación de bombeo y una laguna de regulación, obras que apuntan a abordar los problemas de inundaciones en los barrios Vicente Guerrero y Santa Marta Acatitla en el distrito de Iztapalapa.

El Segundo abarca la construcción e instalación de una estación de bombeo y un colector en El Molino, también en Iztapalapa, en el sur de la ciudad.

El tercer proyecto se lleva a cabo en varias fases y contempla la construcción de pozos de absorción en Picacho-Ajusco y en el distrito de Tlalpan, asimismo, se construye una estación de bombeo en el área. Esta última iniciativa incluye la construcción de un colector de drenaje a fin de garantizar que el segundo nivel de la circunvalación Periférico, en su intersección con la avenida Reforma, no se vuelva a inundar.

Esta dictaminadora considera que el Gobierno del Distrito Federal con la experiencia de años atrás, está trabajando en la prevención de inundaciones en la Ciudad de México, con la implementación de los programas mencionados, por lo tanto es aceptable que se exhorte a las autoridades correspondientes, a fin de que se refuercen las medidas de prevención en esta temporada de lluvias en la ciudad de México, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado universalmente: la vida.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al Gobierno del Distrito Federal para que a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce los programas tendientes a la prevención de las inundaciones en la Ciudad de México en la temporada de lluvias 2015, asimismo, en el momento oportuno, envíen a esta Soberanía un informe sobre los resultados de los protocolos que se implementaron para prevenir las afectaciones producidas por precipitaciones pluviales en el Distrito.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Otro, que exhorta a elaborar y actualizar los Atlas de Riesgo municipales.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a elaborar y actualizar los atlas de riesgos municipales, presentado por el Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrollóel trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 10 de junio del 2015 fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a elaborar y actualizar los Atlas de Riesgos Municipales.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-772.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta, manifiesta la preocupación del titular por los daños que ocasionan los desastres naturales y que constituyen un riesgo para la población que cada año se ve directamente afectada por los desastres naturales. Asimismo, solicita dentro de sus líneas que se elaboren y actualicen los Atlas de Riesgo Municipal, con la finalidad de proteger a la población ante los agentes perturbadores que genera la naturaleza, ya que manifiesta que el Gobierno tiene la obligación de otorgar la protección y dar la seguridad a las poblaciones expuestas a estos fenómenos, en especial a los asentamientos humanos con mayores riesgos y con un elevado grado de vulnerabilidad.

En el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta, que a su letra dicen:

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos estatales y municipales a través de sus sistemas locales de protección civil, a elaborar y actualizar los atlas de riesgos municipales.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y los gobiernos del Distrito Federal y de los estados, a aplicar puntualmente la Ley General de Protección Civil y el Reglamento emitido para evitar improvisaciones y tragedias frente a fenómenos naturales.

III. CONSIDERACIONES

Los desastres naturales constituyen una fuente significativa de riesgo en países altamente expuestos a catástrofes naturales, presentando así pasivos contingentes de considerable magnitud para los Gobiernos de dichos países.

La ausencia de mecanismos eficientes de preparación y atención de emergencias y de una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres naturales puede crear dificultades y demoras en la respuesta, lo que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas. En estado de emergencia ocasionada por desastres naturales, los Gobiernos pueden verse obligados a utilizar fondos que habían sido previamente destinados a proyectos fundamentales de desarrollo económico, y esto, en el largo plazo, puede impactar negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los países.

Los Gobiernos son cada vez más conscientes que el riesgo derivado de desastres naturales no puede ser ignorado. El importante crecimiento económico en algunos países en desarrollo hace que éstos se enfrenten con pérdidas económicas cada vez más importantes; al mismo tiempo, aunque la exposición de la población y de los activos físicos a los desastres sigue en crecimiento, poca atención se dirige a la construcción de una sociedad adecuada ante fenómenos naturales adversos. Incrementos en la frecuencia y magnitud de fenómenos climatológicos extremos que se prevén debido al cambio climático puede potencialmente agravar la tendencia creciente en las pérdidas económicas causadas por desastres. En este contexto, es de suma importancia que se le dé un mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de desastres que incluya medidas de protección ante desastres para poder hacer frente a estas tendencias disruptivas.

Cabe mencionar que México está altamente expuesto a una gran variedad de  fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. En este sentido, el país está catalogado como uno de los de mayor actividad sísmica en el mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos con una magnitud de 4 o más en la escala de  Richter. Aproximadamente el cuarenta por ciento del territorio Mexicano y más de una cuarta parte de su población están expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones.

El Gobierno Federal, refirió que este año se prevé que haya al menos 26 ciclones tropicales, por tal razón, llamó a los tres órdenes de gobierno, a las instituciones y a la sociedad a trabajar unidos para hacer frente a fenómenos que puedan poner en riesgo la vida y el patrimonio de los mexicanos, especialmente en la temporada de ciclones y lluvias que ya inició.

El Director nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que todas las oficinas a nivel local están trabajando en "acciones preventivas y de preparación" para la temporada de huracanes que se ha desarrollado a partir de este 15 de mayo. Indicó que todos los consejos estatales de protección civil ya se encuentran instalados, y que se tiene un programa activo de monitoreo de los niveles de agua y "eventualidades que puedan convertirse en un riesgo" para la población.

El Congreso de la Unión ha dotado de una Ley General de Protección Civil en la que se establece la premisa de que la integralidad en la gestión de los riesgos debe ser el eje toral para establecer una política nacional en la materia.

El Atlas Nacional de Riesgos es el sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables.

Asimismo, los Atlas de Riesgos municipales constituyen uno de los instrumentos que el Gobierno Federal mexicano ha privilegiado en los últimos años, con la finalidad de apoyar el ordenamiento de los asentamientos humanos. El objetivo de estos documentos es identificar los distintos tipos de riesgo asociados a peligros naturales y que se conviertan en herramientas útiles para implementar medidas de reducción de vulnerabilidad y mitigación de dichas amenazas. Sin embargo, la elaboración de un Atlas para todos y cada uno de los municipios de México constituye una empresa de gran envergadura que debe remontar grandes dificultades metodológicas, conceptuales, pero también institucionales y, sobre todo, económicas para su financiamiento.

En México, el municipio es el principal nivel de atención a la regulación territorial y en el que se concretan las políticas de ordenamiento territorial, dada sus atribuciones de zonificación, del uso de suelo y jurisdicción sobre el otorgamiento de servicios públicos básicos e infraestructura. En ese sentido, el municipio es también el otorgante primario de los servicios de protección civil y por lo tanto, el primer responsable en términos de estructura gubernamental de prevenir, gestionar y mitigar los riesgos ante los peligros naturales y antropogénicos. Sin embargo, las tareas asociadas a la protección civil municipal se dan en el marco de un entramado legal, institucional y financiero aún incompleto, que en muchas ocasiones sobrepasa las capacidades de respuesta de los gobiernos locales.

Ante esta situación, organismos del Gobierno Federal mexicano como el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) han emprendido esfuerzos importantes para atender diferentes facetas de la gestión de riesgos.

En este tenor, los Atlas de Riesgos municipales constituyen uno de los instrumentos que se han privilegiado recientemente para apoyar el ordenamiento de los asentamientos humanos. Si bien los Atlas municipales elaborados en los últimos años han seguido un conjunto de normas formalmente establecidas, las dificultades propias del tema en el manejo de la información, junto con los retos técnicos y conceptuales para la generación de los productos cartográficos, así como la diversidad en los perfiles profesionales de los equipos de trabajo encargados de su realización, han derivado en productos de muy distinta índole y aplicabilidad que es necesario evaluar para convertirlos en instrumentos que realmente sean de utilidad práctica, con el fin de incidir de mejor manera en la política territorial y la gestión de riesgos.

Esta revisión resulta de crucial importancia para la vida pública nacional, puesto que los Atlas de Riesgo están oficialmente reconocidos dentro del marco legal como instrumentos de ordenamiento territorial y de prevención de desastres en México, particularmente a nivel de los gobiernos locales, en el contexto de una descentralización parcial del esquema de protección civil en el país.

Por tal razón la dictaminadora concluye que es viable el punto acuerdo en que se propone una revisión de los Atlas de Riesgos Municipales como un componente clave del desarrollo de la política de protección civil en México.

Asimismo, esta dictaminadora manifiesta que si bien ha habido una evolución innegable en cuanto al contenido y alcances de los atlas, existe también una evidente disociación entre el contenido conceptual y normativo de estos documentos, y sus efectos territoriales reales en cuanto a la disminución de la vulnerabilidad o la prevención efectiva del riesgo de desastres.

Esta comisión dictaminadora, reconoce el esfuerzo del Gobierno Federal y la coordinación que existe con las entidades federativas, y se pronuncia para que se sigan fortaleciendo los Atlas de Riesgo en los tres niveles de gobierno, con la intención de proteger a la población.

Por las razones que se expusieron, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea los siguientes:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como a los gobiernos estatales y municipales, a través de sus sistemas locales de protección civil, a elaborar y actualizar los Atlas de Riesgos Municipales; asimismo, se les exhorta a garantizar la aplicación puntual de la Ley General de Protección Civil y del Reglamento emitido para evitar improvisaciones y tragedias frente a fenómenos naturales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Y uno más, que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer el Programa Por Tu Familia, Desarme Voluntario.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a fortalecer programas tendientes a erradicar la portación de arma de fuego para prevenir los delitos a causa del uso de las mismas.”, presentada por el Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 10 de junio de 2015, el Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a fortalecer programas tendientes a erradicar la portación de arma de fuego para prevenir los delitos a causa del uso de las mismas.”

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-776.

II. CONTENIDO

El proponente señala que el Distrito Federal ha puesto en marcha diversos programas en materia de Seguridad y Justicia, sin embargo, destaca el programa “Por su familia, desarme voluntario” que tiene como finalidad el canje de armas por ayudas económicas y/o en especie a los ciudadanos que acuden voluntariamente a entregarlas y cuyo objetivo es  generar una conciencia cívica sobre el alto riesgo que implica tener armas en el domicilio y, a la vez, reducir el número de aquellas que están en poder de los ciudadanos.

Indica que este programa es continuidad de otro denominado “Entrega Voluntaria de Arma de Fuego”, mismo que, de acuerdo con las consideraciones del proponente, inició su aplicación en 2007 y cuyos resultados de un año a otro han sido variados: durante el año 2008 se recuperaron 858 armas de fuego, en 2009 se obtuvieron mil 560 armas, en 2010 un total de mil 479 armas y en el año 2011 se recuperaron 1,536, lo que da un total de 5,433 armas de fuego recuperadas a través de este programa.

Expone que durante el periodo de diciembre de 2012 a diciembre de 2013 se logró recuperar la cantidad de 9,654 armas de fuego, por lo que, afirma,  del año 2008 a diciembre de 2013 el Gobierno del Distrito Federal ha llegado a obtener a través de dicho programa 15,087 armas de fuego lo que representa un número alentador.

No obstante lo anterior, el Diputado explica que los homicidios y lesiones por arma de fuego aún están lejos de llegar a niveles satisfactorios, por lo que considera que el programa aún dista de ser tan eficaz como se propone, dado que delegaciones como Iztapalapa y Gustavo A. Madero registraron un desarme de 1,372 y 1,171, respectivamente, durante el año 2013, sin embargo fueron las demarcaciones con mayor número de lesiones por disparo de arma de fuego.

Bajo esa línea argumental, el diputado propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que fortalezca el programa “Por su familia, Desarme Voluntario” y en su caso ejerza las acciones necesarias con el fin de erradicar los delitos  cometidos por disparo de arma de fuego.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de estudio de la proposición referida, encontró que el 4 de marzo de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el “Acuerdo por el que se autoriza la entrega de ayudas económicas y/o en especie a los ciudadanos que se adhieran al programa denominado “Por tu familia, desarme voluntario”, documento, signado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

En sus considerandos, el acuerdo señala que la Seguridad Pública es una función del Estado que representa la demanda más sentida de la sociedad mexicana y, en consecuencia, la actividad más apremiante en todos los niveles de gobierno y señala que dicha demanda se traduce en una de las prioridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuyas acciones serán fortalecidas con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social y de la población.

El programa  “Por tu familia, desarme voluntario” tiene como propósito generar conciencia cívica sobre el alto riesgo que implica tener armas en el domicilio y, a la vez, reducir el número de armas de fuego en poder de los ciudadanos; asimismo, informa que este programa se lleva a cabo en coordinación con autoridades del Gobierno Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública también del Distrito Federal, con el fin de garantizar la no detención de la ciudadanía en el momento que acuda a realizar la entrega.

Cabe destacar que la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia también participan en el programa “Por tu familia, desarme voluntario” a través de acciones de difusión y de acciones para mejorar el tejido social.

Durante el 2015 el Programa de Desarme en el Distrito Federal se ha implementado en las delegaciones Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Xochimilco y Venustiano Carranza; en dichos eventos, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, Rosa Icela Rodríguez, ha declarado que, como resultado de las cuatro etapas anteriores, se han canjeado 11 mil 813 armas de fuego cortas, 3 mil 537 largas, mil 105 granadas, además de un cargador, 2 proyectiles y 98 mil 314 cartuchos, para lo cual se destinaron 40 millones 929 mil 600 pesos, 7 mil 386 despensas, 343 bicicletas, 4 mil 57 tabletas electrónicas, 39 lap tops y mil 230 electrodomésticos y electrónicos1.

En cuanto a los resultados que ha tenido el programa para prevenir el uso de estas armas en la comisión de delitos, el último reporte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal indica que el rubro de lesiones dolosas por armas de fuego que en marzo del 2014 registró una cifra de 121 casos y en mismo mes de este año descendió a 97, mientras que en homicidios dolosos, durante ese mismo lapso del año pasado, ocurrieron 47, contra 30 en 20152 lo que es una cifra positiva que se atribuye a la implementación de programas de este tipo.

Lo anterior da cuenta que los programas para prevenir el delito y la promoción de la cultura cívica son instrumentos que inciden positivamente en la seguridad pública y, por tanto, en la vida de las personas. En ese sentido, esta Comisión reconoce que la implementación del programa “Por tu familia, desarme voluntario” en el Distrito Federal ha mostrado su eficacia, por lo que considera conveniente exhortarle respetuosamente a fortalecer este programa y aquellos destinados a la prevención del delito, así como para fortalecer aquellas acciones necesarias a fin de disminuir los índices de delitos cometidos con armas de fuego.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer el programa “Por tu familia, desarme voluntario”, así como aquellas acciones destinadas a prevenir y combatir la comisión de delitos con arma de fuego.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://www.milenio.com/df/desarme_voluntario_DF-por_tu_familia_desarme_voluntario-desarme_df_0_461354066.html

2http://www.ssp.df.gob.mx/Prensa/Boletines/110515%200436%20Canje%20de%20armas%20en%20Milpa%20Alta.pdf






Tenemos también 20 dictámenes de la Segunda Comisión.

Uno, que exhorta a generar mayores oportunidades laborales a jóvenes estudiantes de carreras técnicas y profesionales.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública y al Instituto Mexicano de la Juventud a coordinarse para celebrar convenios que permitan abrir plazas laborales a jóvenes estudiantes mexicanos de carreras técnicas y profesionales que concluyan sus estudios con un desempeño de excelencia.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de mayo de 2015, el Diputado Tomás Torres Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“México no sólo es un país rico en recursos naturales o cultura. Sin duda, su mayor riqueza radica en su gente. Y parte fundamental de esa riqueza son nuestros jóvenes.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México habitan 36.2 millones de jóvenes (50.8% hombres y 49.2% mujeres), ubicados en un rango de edad que va de los 12 a los 29 años.

Esto representa un bono demográfico que bien aprovechado puede impulsar nuestro desarrollo y permitirnos alcanzar mayores niveles de bienestar y paz social. Dicho bono es una ventana de oportunidad para acumular capital humano y social, lo que sumado a un incremento de la inversión, la productividad y el consumo, nos colocaría en la ruta de la prosperidad.

Sin embargo, nuestro bono demográfico tiene fecha de caducidad y si no generamos oportunidades de desarrollo para nuestros jóvenes lo perderemos irremediablemente, con consecuencias lamentables y perdurables. Lo cierto es que el bono sólo puede hacerse efectivo si potenciamos las habilidades de nuestros jóvenes y les proporcionamos un entorno educativo y laboral que propicie el desarrollo de nuevas ideas, productos y procesos. En resumen: sólo con educación, trabajo y capacitación lograremos desmantelar el círculo vicioso de la pobreza, la desesperanza y la violencia al que muchos mexicanos se encuentran atados.

Desafortunadamente, dicho sector de la población es el que ha resentido con mayor fuerza el débil crecimiento de la economía en las décadas pasadas.

Basta señalar que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, con cifras al primer trimestre de 2015, 52.4% del total de la población desocupada del país se compone de jóvenes entre los 15 y los 29 años.

Este escenario es aún más preocupante si consideramos que, de acuerdo con diversos estudios, más de la mitad de los jóvenes que si se encuentran ocupados en el mercado de trabajo lo hacen en condiciones de informalidad, es decir con salarios precarios y sin acceso a la seguridad social.

Incluso muchos jóvenes que terminan sus estudios profesionales con calificaciones de excelencia encuentran dificultades para ingresar al mercado laboral, lo que representa un serio desperdicio de talento.

Sin duda, la presente administración federal ha realizado acciones significativas en favor de la juventud de nuestro país. Pero debemos redoblar esfuerzos. Para que dicha tarea de frutos será necesaria la participación de todas las fuerzas políticas.

Conscientes de la problemática que enfrenta este sector de la población, desde nuestra responsabilidad en las cámaras del Congreso hemos impulsado diversas reformas y acciones destinadas a garantizar nuevas oportunidades para la juventud mexicana. En este contexto reformamos la Ley Federal del Trabajo para que el Servicio Nacional de Empleo tenga entre sus facultades el diseño, conducción y evaluación de programas específicos de empleo para jóvenes. Asimismo, propusimos el establecimiento de mecanismos que permitieran que los empleos generados a partir de la reforma energética se destinaran de manera preferente a dicho grupo poblacional.

El presente punto de acuerdo busca contribuir al amplio debate público sobre la urgente necesidad de impulsar y aprovechar el talento de nuestra juventud. Asimismo, busca materializar la reforma constitucional y legal en materia laboral y ajustarla a los contratos colectivos de trabajo, en beneficio de dicho sector poblacional. Concretamente, proponemos que los jóvenes estudiantes que concluyan sus estudios con un desempeño de excelencia, tengan la posibilidad de contar con una plaza de trabajo en alguna de las empresas productivas del Estado, organismos públicos descentralizados o dependencias de la administración pública federal”.

En mérito de lo anterior, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Mexicano de la Juventud a coordinarse para celebrar convenios con empresas productivas del Estado, organismos públicos descentralizados y dependencias de la administración pública federal, que permitan abrir plazas laborales en dichos entes públicos a jóvenes estudiantes de carreras técnicas y profesionales que concluyan sus estudios con un promedio de calificaciones de excelencia, de conformidad con las disposiciones que se emitan para regular dicho procedimiento”.

CONSIDERACIONES

I.- Los integrantes de esta Comisión dictaminadora comparten la preocupación externada por el proponente, con relación a la falta de oportunidades laborales que miles de jóvenes enfrentan en nuestro país al concluir sus estudios. Anualmente de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo ingresan más de un millón de jóvenes al mercado de trabajo.

Alrededor de 60 por ciento de jóvenes profesionistas mexicanos no tienen trabajo, 46 por ciento se apoyan económicamente en sus padres y 20 por ciento en sus parejas, además de que uno de cada dos invierte tiempo diariamente en busca de un empleo, de acuerdo a la Consultora Internacional OCCMundial y que es ratificado por

Se trata de una problemática que aqueja a la población joven de nuestro país desde hace ya varios años y que de ninguna manera debe ser soslayada, en razón de que se trata de un sector estratégico para el desarrollo nacional, tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que a la letra señala:

“Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra”.

En esta materia resultan de interés los datos del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, que señala que 53.5% de las y los jóvenes mexicanos esperan que la educación sea la puerta de acceso para un buen trabajo; de igual manera 17.6% esperan que dicho acceso vaya acompañado de un considerable desarrollo profesional, y 9.3% esperan poder generar los recursos económicos que les permitan subsistir.

Sin embargo, el propio Programa reconoce que la inserción de las y los jóvenes al mercado laboral es en los hechos compleja. El dato que aporta resulta por demás ilustrativo: apenas el 27% de los jóvenes encuestados consideró que lo aprendido en la escuela le sería útil para conseguir un empleo, mientras que el 23.5% consideró que fue de poca ayuda.

II.-En años recientes ha llamado la atención de la opinión pública el problema de los jóvenes que no se encuentran estudiando ni cuentan con un empleo, el problema de los llamados “ninis”, que en medio del contexto de criminalidad, así como de la falta de oportunidades y perspectivas de desarrollo, constituían un caldo de cultivo para engrosar las filas de la delincuencia organizada.

Desde entonces se ha venido llamando la atención sobre la urgente necesidad de garantizar para estos jóvenes el acceso a más y mejores oportunidades de educación y empleo formal, que les brindaran mayores perspectivas de desarrollo.

Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dadas a conocer en su informe Panorama de la Educación 2015, en México un 22.3% de los jóvenes entre los 21 y los 29 años de edad no estudian ni trabajan, por lo que nuestro país se sitúa en el quinto lugar de entre los países de la Organización con mayor porcentaje de ninis. Ciertamente estas cifras representan una disminución de 2.7% con relación al estimado de la propia Organización en el año 2013, sin embargo, los avances siguen siendo insuficientes.

Un dato que debe llamar la atención, es que según el informe, las tasas de desempleo en México aumentan a medida que aumentan los niveles de educación, es decir, la tasa de desempleo es mayor entre quienes cuentan con una educación terciaria (superior), que entre quienes cuentan con educación media superior. De igual manera se señala que contar con estudios de nivel medio superior y superior no garantiza la inserción laboral.

Ante tales datos resulta evidente que el Estado debe encaminar importantes esfuerzos para garantizar un panorama más promisorio para aquellos jóvenes que concluyen la educación superior.

Son muchos los jóvenes que se pierden en virtud de que el Estado no invierte en ellos, o no lo hace de manera eficiente; por ello es necesario que el Estado proporcione incentivos para los estudiantes, de manera que la juventud decida apostar por la formación académica como el medio más eficaz para lograr el acceso a un empleo digno y mejor remunerado.

III.- La proposición que se analiza plantea que el Estado mismo, a través de sus propias instituciones, genere oportunidades laborales para aquellos jóvenes que hayan concluido su formación técnica o profesional con calificaciones de excelencia.

En ese sentido, los integrantes de esta Comisión dictaminadora comparten el espíritu de la proposición de mérito, coincidiendo además en la pertinencia de exhortar a los órganos e instancias del Estado mexicano a generar espacios que propicien y faciliten a los jóvenes insertarse en el mercado laboral, lo que sin duda se traducirá en más y mejores expectativas de desarrollo que previsiblemente contribuirá al crecimiento económico de nuestro país.

De igual manera, esta dictaminadora estima pertinente el exhorto que se plantea, en la lógica de que resulta necesario que los órganos e instituciones del Estado asuman un verdadero compromiso con la juventud del país, que se traduzca en hechos y acciones en su beneficio y no sólo en un reconocimiento enunciativo de la problemática que enfrentan.

Para las y los legisladores integrantes de esta Comisión no hay duda que invertir en la juventud mexicana, es invertir en un futuro más promisorio para nuestro país. De ahí la necesidad de impulsar toda acción tendiente a brindarles más y mejores perspectivas de desarrollo profesional.

Por lo anteriormente expuesto, las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Mexicano de la Juventud a evaluar la viabilidad para celebrar convenios en conjunto con empresas productivas del Estado, organismos públicos descentralizados y dependencias de la administración pública federal, que permitan generar mayores oportunidades laborales en dichos entes públicos a jóvenes estudiantes de carreras técnicas y profesionales que concluyan sus estudios con un promedio de calificaciones de excelencia, de conformidad con las disposiciones que se emitan para regular dicho procedimiento.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 17 de junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Otro, por el que se solicita información sobre los reportes trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los reportes trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar ante esa instancia, con relación a la administración y ejecución de los recursos federales que se les han ministrado, así como la evaluación de las acciones y resultados del programa escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 20de Mayo 2015, el Sen. René Juárez Cisneros integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“El Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, tiene por objetivo emprender acciones que contribuyan a la disminución del rezago de las condiciones físicas en las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión, para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad.

Este programa fue publicado en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el 18 de junio de 2014, con el propósito de enfocarse a las escuelas que de acuerdo a los datos que arrojó el Censo de Escuelas Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), presenten carencias en infraestructura y equipamiento que afecten la prestación de los servicios educativos y, por lo tanto, impacten el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la que realiza la selección de las escuelas. Si la escuela fue seleccionada, deberá firmar una carta en la que se comprometa a participar y cumplir con las actividades que marca el programa. Además, tendrá que diseñar el plan de mejora escolar de manera coordinada entre directores y padres de familia, en donde se detallen las acciones de mejora a realizar: construir aulas, poner baños, pisos de cemento, instalación eléctrica y de agua, entre otras muchas.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) se reconoce la necesidad de crear verdaderos ambientes de aprendizaje en espacios educativos con infraestructura, servicios básicos y equipamientos fortalecidos.

Por su parte, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, señala en su Objetivo 1. “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de población”, y como estrategias se han determinado las siguientes: 1.1. “Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir sus fines”; 1.2. “Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, para el logro de los aprendizajes”; 1.5. “Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información y la comunicación para favorecer los aprendizajes”, así mismo se establecen entre sus líneas de acción, las siguientes: trabajar con los estados para asegurar que las escuelas queden ubicadas en el centro del Sistema Educativo; fortalecer el liderazgo de directores y supervisores, así como el compromiso del equipo docente, en su ámbito de competencia, para asegurar la normalidad mínima; coordinar programas y otorgar apoyos a los estados para que las escuelas cuenten con los espacios físicos y el equipamiento básico requeridos, y priorizar apoyos para que las escuelas cuenten con agua potable e instalaciones hidrosanitarias funcionales para mujeres y hombres.

La eficiencia terminal es un grave problema en nuestro sistema educativo, ya que sólo 76 de cada 100 niños que ingresan a primaria, concluyen la secundaria en tiempo y forma, y los resultados en el logro de los aprendizajes están por debajo de lo que debiera esperarse de acuerdo con las mediciones nacionales e internacionales.

El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), identifica que uno de los problemas que provoca el abandono escolar, tiene que ver con que las escuelas no cuentan con condiciones de infraestructura, mobiliario y equipamiento adecuados que le permitan desarrollar con éxito su misión.

De igual forma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), plantea que para mejorar el desempeño de los estudiantes, un punto clave es poner la infraestructura y el equipamiento de las escuelas en el centro del diseño de las políticas educativas.

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 reconoce que una debilidad del sistema educativo es el estado que guarda la infraestructura física educativa. A las carencias tradicionales se suma la falta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Un problema especialmente serio es la falta de luz, agua potable y de instalaciones hidrosanitarias funcionales para mujeres y hombres. Estas carencias crean condiciones poco favorables para el aprendizaje de los alumnos y el trabajo de los maestros, de ahí que se haga necesario dignificar a las escuelas y dotarlas de esos recursos.

La escuela es un espacio fundamental de socialización donde los estudiantes pasan buena parte del tiempo entre semana, por lo que es necesario contar con espacios que les den la posibilidad de desarrollar sus capacidades intelectuales, físicas, sociales y emotivas.

Del mantenimiento y conservación de la infraestructura escolar, depende en parte la existencia de espacios seguros y confortables para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga lugar en mejores condiciones.

Los espacios físicos, el equipamiento y mantenimiento con que cuentan las escuelas de nivel básico y medio superior, deben ser considerados elementos fundamentales para poder elevar la calidad de la educación que se imparte en el sistema educativo en su conjunto.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 240,000 escuelas en la República Mexicana y, de ellas, 20 mil no cuentan con agua y baños. Por su parte, el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, debería estar incidiendo de manera concreta para abatir este tipo de rezagos, sin embrago, y de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), no existe información clara respecto al destino de los recursos etiquetados para este fin, y muy pocas escuelas en condiciones de una infraestructura deficiente, muestran algún tipo de avance.

En este sentido, el documento publicado por el IMCO destaca que:

De las 32 solicitudes de información que se enviaron, hasta el 31 de marzo del presente año, contestaron un total de 27 entidades. Las cinco entidades que no respondieron son: Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y Veracruz.

De las 27 entidades que respondieron, el reporte entregado no se realizó conforme a las reglas de operación que el Programa señala y, por lo tanto, el estudio del IMCO no ha podido incluirlas en un análisis más detallado, estas entidades federativas son: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Campeche, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Oaxaca.

Lo anterior, contrasta con lo que establecen el ACUERDO número 05/06/14 por el que se emiten los lineamientos de operación del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de junio de 2014; así como el ACUERDO número 28/12/14 por el que se modifican los Lineamientos de Operación del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, emitidos mediante diverso número 05/06/14, publicado el 18 de junio de 2014, que fue publicado el 26 de diciembre de 20143; en los que se destaca la obligación de las autoridades educativas locales de suscribir con la SEP, a más tardar treinta días hábiles posteriores a la publicación de los Lineamientos de Operación, el Convenio de Coordinación o en su caso, los Lineamientos Internos de Coordinación para la operación e implementación del Programa, en el cual se establece el compromiso de la autoridad educativa local de realizar la evaluación de las acciones y resultados del mismo e informar trimestralmente a la SEP, por conducto de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, de los avances físicos y financieros correspondientes.

Es momento de que el Estado mexicano se fije el propósito de brindar mejores condiciones de infraestructura en las escuelas, como un compromiso de justicia social para mejorar la calidad de la educación que reciben las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Una infraestructura escolar adecuada puede influir de manera muy positiva en la sensación de seguridad de los alumnos, elevar su autoestima, potenciar su aprendizaje y estimular el deseo de permanecer dentro del sistema educativo.

Es a partir de lo anterior, que las autoridades federales, estatales y municipales, tienen la obligación de garantizar que los planteles sean lugares dignos para el desarrollo de las actividades académicas.

Dentro de las responsabilidades de las autoridades educativas locales que suscribieron el Convenio de Coordinación del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, están el de informar trimestralmente al Comité Técnico del Fideicomiso, y éste a la SEP, sobre la administración y ejecución de los recursos federales que se le ministren, así como sobre el cumplimiento de los objetivos de los Lineamientos de Operación y del Convenio de Coordinación o Lineamientos Internos de Coordinación del Programa.

No obstante lo anterior, solo una tercera parte de las autoridades educativas locales han cumplido con este mandato.

De ahí la necesidad de implementar controles más estrictos para auditar y vigilar los recursos etiquetados para este propósito, al tiempo de incluir mecanismos de control y transparencia, que nos permitan definir instrumentos de medición con la idea de que todos los órdenes de gobierno cumplan con sus responsabilidades.

Por su parte, la SEP dio a conocer que el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo (PEEARE), incorpora alrededor de 20 mil escuelas públicas de educación básica, a partir de septiembre de 2014.

El Programa se opera a través de un Fideicomiso Público a cargo del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI).

La dependencia precisó que actualmente el 98% de las escuelas incorporadas al Programa cuentan con su tarjeta bancaria, y de éstas 92% han venido ejerciendo sus recursos y emprendiendo diversas acciones de construcción, equipamiento o adquisición de bienes y servicios.

Asimismo, se aseguró que los lineamientos del Programa establecen que las escuelas podrán recibir desde 350 mil hasta 829 mil 282 pesos, y que los Centros Comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo y las Escuelas de Educación Preescolar hasta 50 mil pesos. En tal virtud, el Programa prevé mantener en los próximos ciclos escolares a aquellas escuelas que en el presente ciclo escolar no han podido resolver completamente sus carencias.

La dependencia dio a conocer que la difusión de los avances del Programa se dará a través de los mecanismos establecidos para tal efecto, una vez que concluya el proceso electoral en marcha, y de conformidad con lo que establece la Ley en la materia.

En este sentido, creemos que es necesario que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, a informar a esta Soberanía sobre los reportes trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar ante esa instancia.”

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la solicitud de información del proponente, ya que dentro de las facultades de fiscalización del ejerciciode los recursos públicos parte del Congreso de la Unión o  como solicitud de información, cuenta el legislador proponente con fundamento legal establecido en la párrafo cuarto del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción”.

II.- Esta Dictaminadora  considera que la proposición en análisis se fundamenta obliga a la Secretaria de Educación, a los Estados y el Distrito Federal a proporcionar la información y evaluación solicitada, con fundamento en el numeral I, del Apartado A del artículo 6to. Constitucional que establece para el ejercicio de derecho a la información que:

“A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”

III.- En la fracción IX del artículo séptimo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece para los sujetos obligados la obligación de poner a disposición disposición del público y actualizar, en los términos del reglamento y los lineamientos que expida el Instituto toda la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto.

IV.- Para esta Comisión Dictaminadora, es vital citar que dentro de los trabajos de la LXII Legislatura en materia educativa, transparencia y fiscalización, el Congreso de la Unión ha establecido como prioridad garantizar el fehaciente cumplimiento de plazos y metas para mejorar las condiciones de operación del sistema educativo, y a opinión de los integrantes de esta Comisión, la transparencia y la evaluación del ejercicio de los recursos públicos en tiempo y forma por cada uno de sus responsables es un obligación sujeta a las distintas disposiciones del ejercicio del presupuesto, pero particularmente con las metas y plazos del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, independientemente si son recursos de carácter federal o estatal.

V.- Esta Comisión Dictaminadora considera procedente conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en pleno respeto entre el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite al titular de la Secretaría de Educación Pública, Lic. Emilio Chuayffet Chemor instruya a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, enviar un informe a esta Soberanía sobre los reportes trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar ante esa instancia, en un plazo no mayor a quince días naturales.

Y de conformidad con el Artículo 40 de la Carta Magna, se considera procedente el segundo resolutivo de la proposición en análisis, con el objeto de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en pleno respeto de la autonomía de las entidades federativas, exhorte a las autoridades educativas locales, a enviar y actualizar en su caso, sus reportes respecto a la administración y ejecución de los recursos federales que se les han asignado a través del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, conforme a las reglas de operación establecidas para dicho programa.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Educación Pública instruya a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, enviar un informe a esta Soberanía sobre los reportes trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar ante esa instancia, en un plazo no mayor a quince días naturales.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en pleno respeto de la autonomía de las entidades federativas, exhorta a las autoridades educativas locales, a enviar y actualizar en su caso, sus reportes respecto a la administración y ejecución de los recursos federales que se les han asignado a través del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, conforme a las reglas de operación establecidas para dicho programa.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 09 de junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Otro, en solidaridad con la demanda internacional de excarcelación inmediata para el luchador independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia Resolución, por el que la Comisión Permanente exhorta al Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, para que otorgue el indulto a Oscar López Rivera, prisionero político puertorriqueño, suscrito por la Senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de mayo de 2015, la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

A. El próximo 29 de mayo de 2015, se cumplen 34 años de prisión de Oscar López Rivera, condenado por la causa de la libertad de Puerto Rico.

B. La proponente refiere una serie de datos informativos en los que basa su proposición entre los que destacan los siguientes:

A) Oscar López Rivera, es el prisionero político más antiguo del Hemisferio, purga dos sentencias que en su conjunto suman 70 años de cárcel, una sentencia desproporcionada al compararse a las impuestas a delincuentes que han cometido los crímenes de mayor gravedad.

B) Fue acusado de conspiración sediciosa, un delito por el cual el gobierno de los Estados Unidos de América impone sentencias máximas de 20 años, sin que se le haya comprobado delito alguno.

C) El ex Presidente Bill Clinton brindó el indulto a la mayoría de los prisioneros políticos puertorriqueños pero López Rivera rechazó la oferta por solidaridad a sus compañeros Carlos Alberto Torres y Haydee Beltrán, quienes no recibieron la oferta de indulto. En 2009 y 2010 estos últimos, salieron de prisión por libertad bajo palabra.

D) Pese a ser un veterano de guerra, condecorado por su servicio militar a los Estados Unidos de América durante la Guerra de Vietnam y sobre todo, no haberse comprobado nada en su contra, Oscar López continua preso.

E) De acuerdo con el Protocolo I de la Convención de Ginebra de 1949, la protección de dicho Convenio Internacional reconoce a los prisioneros de guerra y a aquellos otros que participan de luchas por la libre determinación de sus pueblos. Por lo tanto un prisionero de guerra no puede ser juzgado como un criminal común, mucho menos si la causa de tal procedimiento descansa en actos relacionados con su participación en una lucha anticolonial y, en ese orden de ideas, múltiples Resoluciones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas han demandado del gobierno de Estados Unidos de América, la excarcelación de los prisioneros políticos puertorriqueños.

F) Las Resoluciones de los Tribunales Especiales convocados desde la sociedad civil (Tribunal Permanente de los Pueblos, en enero de 1989 y del Tribunal Especial Internacional sobre Derechos Humanos de los Prisioneros Políticos y Prisioneros de Guerra en Prisiones y Cárceles de Estados Unidos, en diciembre de 1990), han demandado la excarcelación y denunciado específicamente las condiciones bajo las cuales se les ha mantiene encarcelados.

G) El pasado 6 de mayo de 2015, en un escrito dado a conocer por el portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, el Sr. Eduardo Villanueva Muñoz y basado en el patriotismo latinoamericano y la solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo, se expuso la exigencia al gobierno estadounidense a que dé la orden de excarcelación de Oscar López Rivera.

C. Concluye la proponente al señalar que:

Debemos solidarizarnos con la demanda internacional de excarcelación inmediata para el luchador independentista puertorriqueño, además de exhortar al Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, a fin de que conceda el indulto al Sr. Oscar López Rivera, injustamente preso en cárceles de los Estados Unidos de América.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente se solidariza con la demanda internacional de excarcelación inmediata para el luchador independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente respetuosamente hace un Exhorto al Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, a fin de que conceda el indulto al Sr. Oscar López Rivera, injustamente preso en cárceles de los Estados Unidos de América.

TERCERO.- Remítase el presente Acuerdo a través de la Cancillería mexicana al gobierno federal de los Estados Unidos de América.

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito.

II.- Esta Dictaminadora considera pertinente lo propuesto por la Senadora Dolores Padierna Luna en cuanto a lo justa e importante que es la excarcelación de Oscar López Rivera, puesto que las demás personas que fueron acusadas y encarceladas bajo las mismas condiciones que él, han sido excarceladas, ya sea por la vía del indulto presidencial, o bajo palabra.

III. Que como bien señala la proponente, Oscar López Rivera cumplió el pasado 29 de mayo 34 años preso en una cárcel de Estados Unidos, purgando una condena de 55 años por los delitos de conspiración, a los cuales se le sumaron 15 años más bajo el argumento de un supuesto caso de intento de fuga, convirtiéndose su condena en 70 años de cárcel.

IV. Desde 2011, López Rivera sometió su petición de clemencia al Presidente Obama, después de que la Comisión de Libertad Bajo Palabra le denegara la posibilidad de ser excarcelado a corto plazo. Bajo los procesos rutinarios, la liberación de López Rivera no ocurriría hasta junio de 2023, cuando tendría 80 años. Actualmente tiene la edad de 74 años.

V. Que la libertad es un derecho inalienable, así estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principalmente en sus Artículos 1, 2 y 3, en donde se señala expresamente que a ningún ser humano se le puede conculcar su derecho a la libertad por raza, credo, religión, opinión política o de cualquier otra índole. En suma, como seres humanos todas y todos tenemos derecho a la vida y a la libertad.

VI.-Que el gobierno de EE.UU. ignoró consistentemente las expresiones delComité de Descolonización de las Naciones Unidas el cualha ratificado diversas resoluciones en la que reafirma el derecho de la Isla a su libre determinación e independencia y asimismo reclama, entre otras cosas, la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera.

VII.-Durante la más reciente Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)2015,el presidente Castroreafirmó que seguirá activo internacionalmente en el caso boricua, mencionando que será invariable su apoyo al pueblo latinoamericano y caribeño de Puerto Rico en su empeño por alcanzar la autodeterminación e independencia.

VIII.- En ese mismo tenor, el ex presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, escribió al Presidente Obama que “La liberación de Oscar López Rivera, luchador independentista… es una de las ’amplias avenidas’ que pueden conducir ’a un proceso de paz, entendimiento, progreso y bienestar para todos los pueblos que habitan aquella zona crucial de nuestra América… La razón ineludible, es humanitaria.’”

IX.- Que al reclamo por la excarcelación de Oscar López Rivera se ha sumado básicamente la totalidad del pueblo puertorriqueño, incluyendo muchos representantes de la sociedad civil puertorriqueña, quienes demandan su excarcelación. Igual ha ocurrido en amplios sectores de la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos, así como otros importantes reclamos desde la comunidad internacional.

X.-El grupo del Caucus Hispano del Congreso  de los Estados Unidos de América (CHC), ha dado también su respaldo a la excarcelación del prisionero político puertorriqueño. Ampliando la voz de los legisladores federales demócratas boricuas e impulsando asuntos de gran importancia para la comunidad hispana, la presidenta del CHC, Linda Sánchez, envió una carta al presidente Barack Obama, con copia a la secretaria de Justicia, Loretta Lynch, a favor de que el Presidente ejercite su poder constitucional y se conmute la sentencia de López Rivera.

XI. Que como parte de las campañas internacionales de solidaridad con Oscar López Rivera, las páginas de peticiones por internet, Moveon.org y Change.org, tiene una serie de 14 mil 945 y 2 mil 125 firmas, respectivamente, donde se solicita al Presidente Barack Obama que firme el indulto presidencial con el cual López Rivera podría recuperar su libertad.

XII. Que como parte del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, se decidió excarcelar a los ciudadanos cubanos que continuaban presos desde 1998 condenados por el delito de espionaje. Cabe señalar que durante años la comunidad internacional abogó por el excarcelamientode dichos ciudadanos cubanos, puesto que se sostenía que Estados Unidos los mantenía presos como presión al Gobierno Cubano, donde se presentaron también peticiones de indulto a los Presidentes Bush y Obama.

XIII. Que esta Soberanía se ha expresado en ocasiones anteriores a favor de la liberación de presos políticos encarcelados en Estados Unidos, como lo demuestran los acuerdos del Senado de la República por los que  “se manifiesta a favor de que las autoridades ejecutivas y judiciales estadounidenses tomen en cuenta la opinión No. 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de acuerdo con la cual la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso” fechados el 10 de noviembre de 2011 y el 22 de noviembre de 2012, respectivamente.

XIV. La Segunda Comisión reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos, el derecho a la libertad política y a la justicia social. Asimismo, se considera que cualquier petición directa al jefe del Poder Ejecutivo de un Estado Soberano puede ser interpretada como una intromisión en los asuntos internos de ese país, para hacerlos acordes con los principios del derecho internacional contendidos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Por lo que en pleno respeto de estos principios y de las facultades que goza el Congreso de la Unión con el Ejecutivo Federal en materia de política exterior, esta Dictaminadora considera que la Comisión Permanente debe pronunciarse con la demanda internacional de excarcelación inmediata e indulto para el luchador independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente se solidariza con la demanda internacional de excarcelación inmediata para el luchador independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera.

SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente por los canales diplomáticos correspondientes al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, a fin de que valore obsequiar el indulto al Sr. Oscar López Rivera, preso en cárceles de los Estados Unidos de América.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 17 de junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Otro, por el que lamenta la decisión del Gran Jurado del Condado Tarrant, Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, quien disparó y privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén García Villalpando.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión del gran jurado del condado de Tarrant, Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, oficial del departamento de policía de Grapevine, quien disparó y privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén García Villalpando, cuando éste se encontraba con las manos arriba y desarmado al momento de su detención.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de mayo de 2015, los Diputados Lourdes Quiñones Canales, Adriana Fuentes Téllez, Chris López Alvarado y Jesús Valdés Palazuelos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus consideraciones:

Rubén García Villalpando, ciudadano mexicano de 31 años de edad y originario del estado de Durango, fue muerto a balazos por un policía de la ciudad de Grapevine, en el condado de Tarrant, Texas, Estados Unidos, el viernes 20 de febrero.

El gobierno mexicano condenó la muerte de García Villalpando y a través de un comunicado afirmó que estas muertes "son muestra reiterada de un uso de la fuerza letal de modo desproporcionado que conduce a la pérdida innecesaria de vidas, erosionando la confianza que debe existir hacia las autoridades en las comunidades en las que actúan".

El cónsul general de México en Dallas, José Octavio Tripp Villanueva, envió una carta al Fiscal de Distrito del Condado de Tarrant, en la que solicitó se realice una investigación exhaustiva que deslinde, en su caso, la responsabilidad legal sobre este lamentable incidente.

La SRE afirmó que también fue enviada una misiva de protesta al jefe de Policía de Grapevine para expresar una condena y solicitar la investigación de los sucesos. Otra carta se mandó al jefe de Policía de la localidad de Euless, ya que la muerte del mexicano ocurrió en los límites de esa ciudad.

Aunado a lo anterior, la cancillería expresó que brindaría la coadyuvancia y acompañamiento a los representantes legales que la familia del connacional contratar, a efecto de asegurar que se analizaran las opciones legales del caso.

Sin embargo, el día 18 de mayo se dio a conocer que un gran jurado del condado texano de Tarrant decidió eximir de cargos criminales a Robert Clarck, agente de la policía de Grapevine, que disparó y mató a García Villalpando, esto en virtud de que las pruebas contra el policía eran insuficientes para incriminarlo por lo que resolvió que no deberá enfrentar cargos relacionados con la muerte de nuestro compatriota.

Sobre este particular, la cancillería lamentó la decisión del Gran Jurado del Condado de Tarrant, Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra del oficial del Departamento de Policía de Grapevine, pese a lo cual expresó su respeto hacia el proceso judicial estadounidense, reiterando su firme llamado a que se revisen los protocolos del uso de la fuerza letal por las agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos ante los repetidos incidentes fatales que se han presentado en los últimos meses en perjuicio de ciudadanos mexicanos.

Relaciones Exteriores señaló que se ha instruido a nuestra embajada que se reúna a la brevedad con las autoridades del área de Derechos Civiles del Departamento de Justicia para abordar este tema, así como también que el gobierno de México, a través del Consulado General en Dallas, continuará brindando asistencia jurídica y acompañamiento a la familia del fallecido en el curso de la demanda que se ha presentado por la vía civil ante tribunales estadounidenses, en relación con la probable responsabilidad por su muerte.

Con relación a lo anterior, los suscritos nos unimos a la preocupación existente sobre el uso de la fuerza letal por agentes de diversos condados de los Estados Unidos de América en contra de nuestros connacionales, pues ello ha derivado en la muerte de varios de ellos.

De igual forma, aunque respetuosos de los procesos judiciales que se ventilan en otros países, lamentamos el fallo emitido por el Gran Jurado de Tarrant, pues hasta donde los abogados de la familia de García Villalpando lo han hecho saber, existen pruebas que podrían acreditar que nuestro compatriota se encontraba desarmado y sin realizar actitudes sospechosas cuando fue ultimado por el agente de policía Clarck, por lo que el fallo judicial podría abrir las puertas a la impunidad y sentar un peligroso precedente en perjuicio de la comunidad mexicoamericana.

Es por esto que aprovechamos la presente oportunidad para unirnos a la postura expresada por la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el caso que nos ocupa y así lamentar la decisión del Gran Jurado del Condado de Tarrant, Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, oficial del Departamento de Policía de Grapevine, quien disparó y privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén García Villalpando, cuando éste se encontraba con las manos arriba y desarmado al momento de su detención.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión lamenta la decisión del Gran Jurado del Condado de Tarrant, Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, oficial del Departamento de Policía de Grapevine, quien disparó y privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén García Villalpando, cuando éste se encontraba con las manos arriba y desarmado al momento de su detención.

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente nos unimos al sentimiento de preocupación e indignación que embarga a los proponentes ante la determinación del Gran Jurado del Condado de Tarrant, Texas, por la que se niega a acusar al Oficial Robert W. Clark por el homicidio del ciudadano mexicano Rubén García Villalpando.

La muerte del connacional se suma a la serie de incidentes con perfil racial de civiles desarmados relacionados con el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las autoridades policiales estadounidenses, que en los últimos meses han puesto de manifiesto una innegable y profunda crisis en el sistema policial estadunidense. Confirmando los diversos pronunciamientos del Senado de la República realizados en el pasado a ese país para adoptar nuevos protocolos sobre uso de la fuerza letal, reduciendo el umbral permisible para el uso de la violencia contra civiles y estableciendo estándares más estrictos de respeto a los derechos civiles de todas las personas en territorio estadounidense.

Para efectos de discusión del presente dictamen, los conceptos “justifiable death for reasonable fear of imminent great bodily harmor death” (muerte justificada por temor fundado de daño corporal grave e inminente o de muerte del agente policial) y "fleeingfelon rule" (regla del delincuente fugitivo), se han traducido en un manto de protección e impunidad frente a los abusos policiales, pues son recurrentemente usados como las causales excluyentes de responsabilidad por el sistema judicial en los casos de uso desproporcionado de la fuerza, aun cuando no exista evidencia objetiva, suficiente y convincente de la existencia de una amenaza que dé fundamento a tal temor y sí se adviertan elementos que hagan suponer una discriminación por motivo racial. Ahora bien, aunque la regla del delincuente fugitivo autoriza a los oficiales de policía a hacer uso inclusive de la fuerza letal contra aquellos individuos sospechosos de haber cometido un delito grave, requiere que el sospechoso continúe en huida, regla con lo que se pretendía, al menos doctrinariamente, disuadir al sospechoso a rendirse pacíficamente.

El caso que nos ocupa no fue la excepción; observando la que ha sido considerada la prueba prima del caso, el archivo de video -que incluye las grabaciones de las cámaras de vigilancia en la vía pública y la de la patrulla del oficial- se advierte claramente que si bien el sospechoso intentó en un momento extraerse de la justicia, después se detiene y da señales claras de haberse rendido y entregado, siendo ese el momento en que es ultimado, por el mero hecho de intentar, con las manos en alto y desarmado, acercarse al oficial de policía, hecho que según resolvió el mencionado jurado, configuró la grave e inminente amenaza a la vida del oficial que lo justificó para tirar a matar contra el fenecido conciudadano.

En un caso similar que sentó precedente en los Estados Unidos (Graham v. Connor) se estableció que los oficiales policiales no pueden hacer uso de la fuerza letal más que en el caso de que exista una amenaza grave e inmediata hacia la vida de los civiles o del oficial, atendiendo la naturaleza de la ofensa (sospecha de delito menor o grave), la naturaleza de la amenaza(identificación de armas) y la conducta del sospechoso (conducta agresiva, sumisa o rendición pacífica) y que ésta constituye, dentro de las reglas de contacto con los sospechosos el último recurso de disuasión. Bajo estos estándares, no se justificaría la exoneración que motiva a los proponentes a buscar un pronunciamiento formal de la Comisión Permanente al respecto.

II.- En cuanto a la actuación de las autoridades estaduonidenses, encontramos que previo a la determinación del órgano jurisdiccional mencionado, otras autoridades excusaron al oficial involucrado. La investigación fue conducida por el Departamento de Policía del Condado de Euless, población donde ocurrieron los hechos, sin que se hubiere detenido al oficial de policía responsable de los disparos, lo que según denuncian los defensores de la familia de la víctima, implicó un trato preferencial, dicha investigación presentó conclusiones no acusatorias; posteriormente elFiscal de Distrito del Condado de Tarrant,Sharen Wilson,revisó el caso y decidió no emitir una recomendación señalando que el Estado no lo hace en tiroteos con intervención policial. Fue finalmente el Gran Jurado del condado de Tarrant el que descargó en definitiva de responsabilidad al oficial Robert Clark, resolviendo que sus acciones se apegaron a la ley de Texas en lo concerniente al uso de la fuerza letal.

Ante estos hechos, que se sumaron a otros dos lamentables casos en los mexicanos desarmados perdieron la vida a manos de la policía en un lapso de un mes (Antonio Zambrano Montes, 10 de febrero de 2015 y Ernesto Javier Canepa Díaz, 27 de febrero de 2015), la Cancillería Mexicana externó su preocupación por la vía diplomática, enviando, como bien se señala en la proposición de referencia, una serie de misivas haciendo un enérgico llamado a que se revisen los protocolos del uso de la fuerza letal por las agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos ante los repetidos incidentes fatales que se han presentado en los últimos meses en perjuicio de ciudadanos mexicanos, advirtiendo su “profunda preocupación por el efecto de fractura de confianza entre la comunidad hispana y las fuerzas policiacas que pudiera derivar de estos hechos” y señalando que en estos tres lamentables casos el Gobierno de México hará uso de todos los recursos disponibles para velar por el interés de las familias de las víctimas con el fin de que tengan pleno acceso a la justicia.

En este sentido, debe traerse a la memoria que en los últimos 10 años, 75 mexicanos han sido asesinados por policías de los Estados Unidos; 56 de estos casos han sido resueltos, pero en sólo nueve se han resarcido los daños a los familiares de las víctimas.

III. Esta Dictaminadora considera acertada la actuación de la cancillería mexicana que al enterarse de la absolución del citado oficial de policía emitió el comunicado 270, intitulado “Autoridades de Tarrant, Texas, declinan presentar cargos por la muerte de connacional” que en su parte relevante señala: “El gobierno de México lamenta la decisión del Gran Jurado del Condado de Tarrant, Texas (…) reitera su firme llamado a que se revisen los protocolos del uso de la fuerza letal por las agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos ante los repetidos incidentes fatales que se han presentado en los últimos meses en perjuicio de ciudadanos mexicanos (…)”.

Así mismo, nos sumamos a la preocupación de que ocurra un quebranto en la confianza de la comunidad latina frente a los cuerpos policiales que desemboque en una situación similar a la ocurrida por los hechos de Ferguson; advertimos la grave invisibilidad que sufre la comunidad latina en los Estados Unidos, como el factor que ha permitido que hechos como el que nos ocupa, permanezcan impunes. La presencia mediática de la comunidad latina es mayormente negativa, lo que hace a sus miembros poco susceptibles de la empatía social y más vulnerables a los abusos policiales, como ejemplo, baste citar que una encuesta levantada en 20141 señaló que 68% de los latinos teme que la policía haría uso excesivo de la fuerza si se vieran involucrados en cualquier hecho que motive su intervención.

Es ante esta preocupación, que los que suscribimos, miembros de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, consideramos necesario que la representación soberana del Congreso de la Unión externe su lamentación y extrañamiento ante una absolución que agrava la vulnerabilidad de la comunidad latina y especialmente, la mexicana, en la unión americana.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta la decisión del Gran Jurado del Condado de Tarrant, Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, oficial del Departamento de Policía de Grapevine, quien disparó y privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén García Villalpando, cuando éste se encontraba con las manos arriba y desarmado al momento de su detención.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 17 de junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.

1 Tomado de: PLANAS, Roque; Why The Media PaysLessAttention To PoliceKillings Of Latinos; en The Huffington Post , 24 de febrero de 2015, Estados Unidos; consultado el 22 de mayo de 2015 en http://www.huffingtonpost.com/2015/02/24/police-killings-latinos_n_6739448.html






Otro, por el que se congratula por la renovación del mandato de José Ángel Gurría Treviño, como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se congratula por la renovación del mandato de José Ángel Gurría Treviño, como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de mayo 2015, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Que los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) decidieron el 26 de mayo pasado conceder un tercer mandato a José Ángel Gurría Treviño como Secretario General de la Organización. La decisión unánime se dio, de acuerdo con el Embajador Marten Kokk de Estonia, decano de los representantes permanentes ante la OCDE, en reconocimiento a su trabajo para transformar profundamente a la Organización y convertirla en una de las más relevantes, abiertas e influyentes que trabajan en la agenda del desarrollo.

Continua señalando la Senadora que, José Ángel Gurría permanecerá al frente de la OCDE hasta 2021, organización en la que fue electo por primera vez Secretario General en 2006. Gracias en buena medida a las iniciativas de Gurría, la OCDE es reconocida como la organización por excelencia para la recomendación de políticas sobre los más importantes desafíos económicos, sociales, ambientales y de gobernabilidad. Para México representa una organización prioritaria, desde su ingreso en 1994, para el impulso a una agenda de transformaciones relevantes de la administración pública, la economía y los sectores financiero, educativo, social, fiscal, de transparencia y rendición de cuentas en nuestro país.

Finaliza mencionando que, es de la mayor relevancia, reconocer el esfuerzo que se ha puesto, bajo el liderazgo del actual Secretario General, para que la OCDE incorpore preocupaciones concernientes con la distribución del ingreso, la equidad social y protección el medio ambiente a la agenda de productividad y competitividad. Este fue un elemento toral de la gestión de José Ángel Gurría al frente de la OCDE en la conformación de la iniciativa sobre “Nuevos Enfoques a los Retos Económicos” (New Approaches to Economic Challenges) y se mantendrá como una prioridad destacada durante un tercer mandato.
Por lo que propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la renovación del mandato de José Ángel Gurría Treviño, como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito; al respecto, consideramos conveniente mencionar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Los temas que aborda la OCDE son Administración Pública, Agricultura y Alimentación, Asuntos Sociales, Migración y Salud, Ciencia y Tecnología, Comercio, Desarrollo, Desarrollo Urbano, Rural y Regional, Economía, Educación, Empleo, Energía, Energía Nuclear, Finanzas e Inversión Impuestos, Industria y Servicios, Medio Ambiente y Transporte.

Es de destacar que el Centro de la OCDE en México para América Latina, es ejemplo de la importancia estratégica que tiene América Latina para la Organización; y su principal finalidad consiste en aumentar la visibilidad de la OCDE en la región y, durante más de una década, se ha dedicado a promover el trabajo y las actividades de la OCDE al establecer contacto con creadores de políticas, expertos, líderes empresariales, universidades y representantes de la sociedad civil. Uno de los principales logros del Centro de México ha sido el aumento en traducciones y las ediciones locales, facilitando la participación de expertos de la OCDE en seminarios y eventos que se realizan en la región.

Como antecedente, es oportuno señalar que el 18 de mayo de 1994, México se convirtió en el miembro número 25 de la OCDE; el "Decreto de promulgación de la Declaración del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la aceptación de sus obligaciones como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos" fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio del mismo año. En un plano de igualdad, México analiza las políticas públicas de los países miembros.

Algunos de los beneficios específicos del ingreso de México a la OCDE han sido:

● El que las políticas públicas en los distintos ámbitos son contrastadas con la experiencia de las mejores prácticas en el ámbito internacional.

● Que la administración pública en México se ha visto fortalecida.

● Que distintos sectores del país también pueden hacer uso de análisis de información relevante.

Sin duda alguna, la participación en la OCDE ha permitido a nuestro país aprovechar las experiencias de otras naciones y a la vez dar a conocer mejor la economía mexicana ante los demás países miembros. Asimismo, México ha servido como puente de comunicación entre los países industrializados y los países en desarrollo, sobre todo de la región latinoamericana.

Por otra parte, consideramos de la mayor relevancia, destacar algunos aspectos de José Ángel Gurría Treviño, quien es licenciado en Economía por la UNAM, con maestría en Economía por la Universidad de Leeds (Reino Unido). Habla español, francés, inglés, portugués, italiano y algo de alemán. Llegó a la OCDE después de una distinguida carrera en el servicio público, incluyendo los relevantes cargos de Secretario de Hacienda y Crédito Público y Secretario de Relaciones Exteriores.

Como Secretario General de la OCDE, desde junio de 2006, y ya bajo su Conducción, esa Organización ha ampliado su composición para incluir a Chile, Estonia, Israel y Eslovenia; así como las negociaciones de adhesión abiertas con Rusia. También se han fortalecido sus vínculos con otras grandes economías emergentes, como Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica, con miras a una posible adhesión.

Por otra parte, es de resaltar que lanzó los "Nuevos enfoques de retos económicos", un proceso de reflexión de la OCDE sobre las lecciones de la crisis con el objetivo de actualizar los marcos analíticos de la OCDE y desarrollar una agenda integral para el crecimiento sostenible e integrador; ha participado en diversos organismos internacionales sin fines de lucro, incluido el Consejo de Población, con sede en Nueva York, y el Centro para el Desarrollo Global, con sede en Washington. Presidió el Grupo de Trabajo Internacional sobre Financiamiento del Agua para Todos, miembro de la Junta Asesora de Secretario General de las Naciones Unidas (UNSGAB) y del Consejo de la Agenda Global del Foro Económico Mundial sobre la Seguridad del Agua, miembro del Consejo Asesor Internacional de Administración del Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional, Asesor para el Foro Global de Crecimiento Verde (3GF), organizado conjuntamente por Corea y Dinamarca, y fue nombrado como un miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Ha sido colaborador habitual de algunos de los principales periódicos y revistas del mundo; ha recibido varios premios y condecoraciones de más de 25 países, y títulos honorarios de las universidades de Leeds, Haifa y Bratislava. Fue distinguido por el Presidente de Corea, con la Medalla Gwangwhapara el Servicio Diplomático, y también recibió un reconocimiento a su contribución de muchos años con el desarrollo de la administración pública en México, la Medalla al Mérito Administrativo Internacional "Gustavo Martínez Cabañas", galardonado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).En 2007, fue el primer galardonado con el globalista de la concesión del año del Consejo Internacional de Canadá para honrar a sus esfuerzos como un ciudadano global para promover transnacionalismo, la inclusión y una conciencia global.

Por todo lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la renovación del mandato de José Ángel Gurría Treviño, como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 17 de junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Otro, por el que la Comisión Permanente felicita al nuevo Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo,por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión felicita al Embajador Luis Leonardo Almagro Lemes, por su toma de protesta como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de mayode 2015, la Senadora, Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Que la Organización de los Estados Americanos (OEA) es considerada el organismo regional más antiguo del mundo. Conformada a partir de la suscripción de la Carta de la OEA, en Bogotá, Colombia, en 1948, la membrecía del organismo está compuesta todos los países independientes de América y el Caribe-salvo Cuba que fue suspendida del Sistema Interamericano en 1962- coaligados en torno a una agenda de fortalecimiento de la democracia, fomento a la seguridad multidimensional y al bienestar con justificación e inclusión social de los pueblos de las Américas.

Señala que ante estas múltiples necesidades y desafíos que enfrenta el Organismo, el Secretario General Almagro ha declarado que trabajará con todos los países de la región “sin excepción” y expresó su convicción de que “llegó la hora de ponerle fin a fragmentaciones innecesarias”. También, el Secretario General ha mencionado ante diversos medios de comunicación los siguientes puntos: que no buscará la reacción en 2020 para que la OEA se renueve constantemente en el mediano plazo (los Secretarios Generales pueden reelegirse solamente una vez), ajustar el presupuesto  las áreas prioritarias, crear un fondo de asistencia para desastres naturales en Centroamérica y el Caribe, conformar una Escuela de Gobierno sobre la transparencia y la rendición de cuentas para el sector público y la sociedad civil, propiciar la reinserción de Cuba al Sistema Interamericano, y buscar instancias de coordinación periódicas con otros organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), entre otras.

Expresa que con miras a la reestructuración del organismo, bajo el liderazgo del nuevo Secretario General deberán implementarse los nuevos lineamientos político-administrativos para la reforma interna a la misma aprobados el 12 de septiembre pasado, en el contexto del cuadragésimo séptimo periodo extraordinario de sesiones, por la Asamblea General mediante la resolución sobre las “Orientaciones y Objetivos de la Visión Estratégica de la Organización de los Estados Americanos”. El trabajo de adaptación del organismo a los retos del siglo XXI se guiará, en buena medida, por esos lineamientos cuyo trabajo de conformación y negociación estuvo a cargo de un Grupo de Trabajo del Consejo Permanente encabezado por México.

Finalmente, menciona que el Secretario General saliente, el ex canciller chileno, José Miguel Insulza, estuvo al frente del organismo regional por diez años, de mayo de 2005 a mayo 2015. El 26 de mayo de 2015 terminó oficialmente su período e inició el de su sucesor, Luis Almagro, de nacionalidad uruguaya y, al igual que su predecesor, ex canciller de su país, tomando protesta en el cargo en el marco de la Sesión Protocolar del Consejo Permanente de la organización en el Salón de las Américas de su sede ubicada en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

Por lo que propone el siguiente Punto de Acuerdo:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión felicita al nuevo Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Leonardo Almagro Lemes, y le desea un exitoso período, al frente del organismo internacional, que ayude a recobrar la importancia que tiene en el desarrollo de temas vitales para el hemisferio.

CONSIDERACIONES

I.- Los integrantes de esta Segunda Comisión coincidimos en que la política exterior, es un tema de la mayor relevancia para el Congreso de la Unión, y en particular, para el Senado de la República, quién tiene la facultad exclusiva del análisis de la misma, desarrollada por el Ejecutivo de la Unión. Compartimos la idea de que la política exterior de México debe promover la prosperidad de los mexicanos, impulsar el desarrollo incluyente y sostenible del país; fortalecer el Estado de derecho y contribuir la construcción de un entorno de paz y seguridad.

Sin duda alguna, existen muchos retos que ponen a prueba la capacidad de la comunidad internacional para mantener la paz, la estabilidad y el desarrollo.  Por ello, el entorno de nuestra política exterior se debe desarrollar en dos ejes complementarios: el de nuestras relaciones bilaterales en que buscamos convertir las ventajas de nuestra geografía, historia y cultura en opciones de prosperidad, desarrollo y seguridad; y el de los foros multilaterales, basando nuestra actuación en los principios consagrados en nuestra Constitución y en las normas del derecho internacional.

Compartimos la idea de que en cada foro multilateral, se debe desplegar una política exterior activa y constructiva, para transformar nuestras pertenencias geográficas, económicas y multilaterales en oportunidades concretas de desarrollo.

Por ello, nuestra pertenencia a Organización de los Estados Americanos, resulta de la mayor importancia, ya que es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión, se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como “sistema interamericano”, el más antiguo sistema institucional internacional. La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente, la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, que entró en vigencia en febrero de 1970; por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985, que entró en vigencia en noviembre de 1988; por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 1996, y por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, que entró en vigor en septiembre de 1997.

La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia".

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de Observador Permanente a 69 Estados, así como a la Unión Europea  (UE).

Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales pilares que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo.

En el caso de México, nuestra representación ante la Organización de los Estados Americanos, como lo define la propia Cancillería, tiene como propósito estrechar las buenas relaciones de amistad, solidaridad y cooperación entre los gobiernos y los pueblos, de acuerdo con los objetivos de política exterior que fije para tal fin el Gobierno de México.  Su visión es ser una representación diplomática eficiente en el cumplimiento de los objetivos de la política exterior de México a través de acciones en los distintos ámbitos político, económico, social, cultural, jurídico y de cooperación internacional.  Es por ello que México ha participado de manera activa y comprometida en cada uno de los momentos clave de la gestación y construcción del sistema interamericano, a partir de la Primera Conferencia Internacional Americana en 1889-1890 y el surgimiento de la Unión Panamericana en 1910.

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz y la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, realizada en México en 1945, marcó un hito fundamental en el aporte del panamericanismo regional al multilateralismo global y al establecimiento de las Naciones Unidas.  De igual manera, con el concurso de México, la Novena Conferencia Internacional Americana constituyó la Organización de los Estados Americanos y adoptó su Carta en 1948. La Novena Conferencia también proclamó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, meses antes de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

México mantiene una Representación Permanente ante la Organización de Estados Americanos desde su fundación.

La positiva contribución de México al cumplimiento de los propósitos de la OEA se sustenta en nuestros principios de política exterior y en el peso que nuestro país ha tenido en la historia del continente americano. La protección de los derechos humanos; la promoción y el fortalecimiento de la democracia; la lucha conjunta contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción; la cooperación para el desarrollo integral y la lucha contra la pobreza; así como el fortalecimiento de la seguridad hemisférica, son algunos de los temas a los que México otorga la más alta importancia y en los que ha impreso con mayor relieve su sello particular a la Organización.

Por otra parte, nos resulta de la mayor relevancia mencionar algunos datos curriculares de Luis Leonardo Almagro Lemes, quien es un político, abogado y diplomático uruguayo nacido en 1963 en Paysandú.En sus más de 50 años de vida y más de 20 en carrera política, fungió como primer secretario y encargado de negocios en la embajada de Uruguay en la República Islámica de Irán entre 1991 y 1996.  Del mismo modo, fue representante de Uruguay ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1998.

En su país, Almagro ejerció como director de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y como asesor del entonces ministro de esa cartera, José Mujica. En el año 2007 fue embajador de Uruguay en China. En 2010, Almagro pasó a ser canciller, posteriormente en las elecciones uruguayas de 2014, Almagro fue candidato a la cámara alta, y resultó electo senador para el período 2015-2020.

Por todo lo anteriormente expuesto, y al compartir los señalamientos expresados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, nos congratulamos por el nombramiento de Luis Leonardo Almagro Lemes, como  Secretario General de la Organización de los Estados Americanos,  esperando,  como el mismo lo ha señalado que trabaje con todos los países de la región sin excepción. En tal virtud,  los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión felicita, al nuevo Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Leonardo Almagro Lemes, y le desea un exitoso período, al frente del organismo internacional, que ayude a recobrar la importancia que tiene en el desarrollo de temas vitales para el hemisferio.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 17 de junio de 2015.






Otro, que exhorta a explorar la viabilidad e incrementar los estímulos y beneficios a las organizaciones de la sociedad civil del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que implemente mayores estímulos y beneficios a las Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de acceso y permanencia en los diferentes niveles educativos, así como para fortalecer la interculturalidad y establecer estrategias paralelas para disminuir los riesgos a la salud y mejorar los estados nutricionales de niños, niñas y jóvenes indígenas, suscrita por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha20de Mayo de 2015, la senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Que el Gobierno debe plantear una estrategia que contemple la suma de esfuerzos de la sociedad civil y la administración pública, ya que las enormes carencias que existen actualmente en el rubro educativo para las comunidades indígenas merecen la voluntad y la energía de la totalidad de nuestra sociedad.

B. El proponente refiere una serie de datos en los que basa su proposición entre los que destacan los siguientes:

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo segundo apartado B que: "La Federación, los Estados y los Municipios […] establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos."

2. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 buscan fomentar al bienestar de los pueblos y comunidades indígenas fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico. Dentro del Programa destacan las siguientes acciones, que buscan apoyar la permanencia de los indígenas en el sistema educativo, acciones que se impulsan a través de la participación complementaria a la acción pública de organizaciones de la sociedad civil:

A. La Casa del Niño Indígena. Con acciones de alimentación y hospedaje hacia las comunidades que no cuentan con centros educativos.

B. El Comedor del Niño Indígena. Beneficia a localidades en el lugar donde está el centro educativo en alimentación y actividades complementarias.

C. La Casa o Comedor Comunitario del Niño indígena. Opera espacios comunitarios para brindar servicio de alimentación y material de higiene a estudiantes indígenas.

D. Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación, para estudiantes indígenas que cursen sus estudios de nivel licenciatura.

E. C. Concluye el proponente al señalar que:

Se debe exhortar a la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que implemente mayores estímulos y beneficios a las Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de acceso y permanencia en los diferentes niveles educativos, así como para fortalecer la interculturalidad y establecer estrategias paralelas para disminuir los riesgos a la salud y mejorar los estados nutricionales de niños, niñas y jóvenes indígenas

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Único.- Se exhorta a la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que implemente mayores estímulos y beneficios a las Organizaciones de la Sociedad Civil, relacionadas con el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, a efecto de aumentar la participación de las mismas, y de esta manera dar respuesta a las demandas de la población indígena relacionadas con el acceso y permanencia en los diferentes niveles educativos, así como para fortalecer la interculturalidad y establecer estrategias paralelas para disminuir los riesgos a la salud y mejorar los estados nutricionales de niños, niñas y jóvenes indígenas.

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito y reitera su compromiso con el impulso a políticas públicas de impulso de comunidades indígenas, así como su acceso y permanencia a la educación.

II.- Esta Dictaminadora coincide en términos generales con los argumentos de la legisladora, senadora Mónica T. Arriola Gordillo, tomamos en cuenta para el presente dictamen el Reporte del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación (2010)1.El relator hace énfasis en algunos puntos destacados de la educación indígena:

1. La falta de presupuesto educativo afecta con profundidad a las zonas rurales y a las comunidades indígenas.

2. En las zonas rurales y las comunidades indígenas se ofrece un servicio educativo en manos de promotores e instructores que no cuentan con formación pedagógica, ni disfrutan de estabilidad laboral y quienes, además, deben atender a grupos de estudiantes en escuelas multigrados, unidocentes o bidocentes.

3. El servicio educativo está condicionada por la concentración poblacional, sin tomar en cuenta que alrededor del 70% de las comunidades rurales tienen apenas cerca de 100 habitantes. Ese sistema de organización deja a estas comunidades sin oportunidades educativas o bien a cargo de facilitadores o promotores contratados o becados por CONAFE, quienes imparten clase en escuelas multigrado, muchas veces en instalaciones en muy mal estado y sin servicios de saneamiento adecuados.

Finalmente, el relator destaca que "las poblaciones pobres reciben una educación pobre", lo que indudablemente conlleva a que la educación indígena es una educación en promedio de baja calidad, debido a los argumentos anteriores y en este sentido recomienda que "Las asimetrías sociales no se pueden resolver de manera incidental ni se puede pretender que los programas de compensación y los subsidios resuelvan un problema estructural, que tiene que ver con la falta de una política pública articulada, sistémica, que no cambie cada seis años y que atienda los problemas de discriminación y exclusión social de las poblaciones indígenas, los pobladores de zonas rurales, las familias de jornaleros y las personas con discapacidad

III.-Evaluación de la Educación. Además de las acciones realizadas por el gobierno federal, en 2013 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación inició un proceso de diálogo y consulta con pueblos y comunidades indígenas sobre la evaluación educativa2, como punto de partida para la formulación de lineamientos de evaluación en contextos indígenas y la emisión de directrices de mejora de la calidad de la educación que reciben. En esta iniciativa participan junto con el INEE la Universidad Pedagógica Nacional, UNICEF, Foro para el Desarrollo Sustentable y CAÑUELA, Sociedad Civil. Por otra parte en la publicación de "Breve Panorama Educativo de la Población Indígena3" señala que:

1. Los alumnos de escuelas indígenas cuentan en sus hogares con menores recursos de apoyo a su trayectoria escolar, respecto de sus pares que concurren a otro tipo de escuelas.

2. Entre los docentes de escuelas primarias indígenas públicas, una mayor proporción atiende funciones directivas y tienen menores oportunidades de mejorar sus ingresos a través del programa de carrera magisterial que sus pares de escuelas generales del sector público.

3. Los directores de escuelas primarias indígenas son los menos experimentados y los que, en menor medida, pueden mejorar sus ingresos laborales o dedicarse exclusivamente a sus funciones comparados con sus pares de escuelas primarias generales públicas.

4. Las escuelas indígenas tiene un menor acceso a computadoras e Internet para uso educativo que las escuelas generales.

IV.-Mandato Constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el Artículo 2o., en su apartado B señala que: "La Federación, los Estados y los Municipios […] establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos".

V.- Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su Estrategia 2.2.3. "Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos", entre cuyas líneas de acción se encuentra: Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica.

VI.- Ley General de Educación. La ley establece en su artículo 7 como fines de la educación, adicionales a los establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que "Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas…Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español" (fracción IV). Adicionalmente, el artículo 13 (atribuciones de las autoridades educativas locales) en su fracción I como "Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros". De manera complementaria, el artículo 32 establece que "Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos" y el artículo 33 "Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas o comunidades indígenas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad, para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades;

II.- Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar;

III.- Promoverán centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje y el aprovechamiento de los alumnos;

IV.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres;

IV Bis.- Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad;

V.- Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos;

VI.- Establecerán y fortalecerán los sistemas de educación a distancia;

VII.- Realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación comunitaria;

VIII.- Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación;

IX.- Impulsarán programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, que les permitan dar mejor atención a sus hijos para lo cual se aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y días en que no se presten los servicios educativos ordinarios;

X.- Otorgarán estímulos a las organizaciones de la sociedad civil y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza;

XI. Promoverán mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los particulares al financiamiento y a las actividades a que se refiere este capítulo;

XII. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en el artículo anterior;

XIII. Proporcionarán materiales educativos en las lenguas indígenas que correspondan en las escuelas en donde asista mayoritariamente población indígena;

XIV.- Realizarán las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior;

XV.- Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros;

XVI.- Establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural, y

XVII.- Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria.

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos."

VII.- Programas Educación Indígena. La Dirección General de Educación Indígena es la responsable de que las entidades federativas ofrezcan a la población indígena una educación inicial y básica de calidad con equidad en el marco de la diversidad. Esta dirección tiene a su cargo

La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe tiene por objeto promover y evaluar la política educativa en materia de equidad, desarrollo intercultural y participación social en todos los tipos y modalidades educativos, en coordinación con las diferentes instancias del Sistema Educativo Nacional. Para ello debe desarrollar modelos curriculares que atiendan a la diversidad, formar personal docente, técnico y directivo especializado en la materia, desarrollar y difundir las lenguas indígenas, realizar investigaciones educativas y desarrollar formas alternativas de gestión escolar educativa con la participación de la comunidad.

Ambas instituciones se ciñen a lo establecido en el Programa Especial de Pueblos Indígenas (ya citado) y el Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018, el cual establece entre sus líneas de acción:

I.1.3 Incrementar la atención de localidades rurales e indígenas

I.5.Fortalecer y ampliar la atención educativa en lengua materna para reducir el índice de analfabetismo en población indígena.

I.5.1 Garantizar suficiencia de materiales en lengua materna a fin de atender al mayor número de grupos étnicos y sus variantes.

I.5.2 Incorporar un número creciente de comunidades indígenas para reducir drásticamente el índice de analfabetismo en estas comunidades.

I.5.3 Impulsar la creación de ambientes letrados en lengua madre en las comunidades indígenas, como mecanismo para incentivar la alfabetización.

I.5.4 Convenir con la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, esquemas de atención para ampliar la cobertura en localidades indígenas.

I.5.5 Impulsar esquemas innovadores que brinden apoyos monetarios u otros incentivos, a los educandos de lenguas indígenas.

I.6. Promover el acompañamiento de instituciones académicas y organismos internacionales en la Campaña para aprovechar su experiencia.

III.2 Incentivar la participación de las mujeres indígenas en los servicios educativos ofertados por el INEA.

II.3.5 Consolidar el Banco de Reactivos para construir los exámenes en Lengua Indígena.

II.3.9 Fortalecer el sistema automatizado que da seguimiento a la población indígena.

IV.3 Diseñar y elaborar materiales educativos para la educación básica de poblaciones indígenas, en sus lenguas maternas y español.

IV.3.1 Continuar la coordinación para la elaboración de módulos y materiales educativos para poblaciones indígenas con Institutos estatales y Delegaciones.

IV.3.2 Fortalecer las metodologías de trabajo educativo con lenguas maternas indígenas y español como segunda lengua.

IV.3.3 Desarrollar los contenidos de la primaria en lenguas indígenas en las regiones con los grupos mayoritarios de hablantes de lenguas indígenas.

IV.3.4 Desarrollar un modelo educativo y de atención para hablantes de lengua indígena en zonas urbanas.

Por otra parte, el mismo programa contempla un "Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)", que es un sistema de registro nacional y control de la incorporación, acreditación, avance académico y certificación de adultos, además del registro de las figuras operativas y la generación y control de apoyos económicos de las figuras solidarias.

Los programas derivados de esta estrategia son:

Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural (ACUERDO número 679). Que tiene como objetivo general contribuir a mejorar el nivel de logro educativo de las niñas y los niños que asisten a escuelas de Educación Primaria Indígena, mediante la atención educativa a la diversidad con pertinencia lingüística y cultural.

Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (ACUERDO número 675). Con el objetivo de proporcionar atención educativa en los niveles de inicial y básica a la niñez en situación y contexto de migración, desde un enfoque educativo que atienda la diversidad social, cultural y lingüística.

Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (ACUERDO número 672). Cuyo objetivo es contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad.

VIII.- Organizaciones de la Sociedad Civil. La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil establece en su artículo 5 que las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son, entre otras, las de Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas (fracción V); promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico (fracción XIII).

IX.- Programas SEDESOL. Los programas de la SEDESOL apoyan de manera transversal a la población indígena, puesto que entra en la mayor parte de los supuestos de cada uno de los programas. De manera especial el PROGRAMA DE Desarrollo Humano Oportunidades, que otorga apoyo de becas educativas: entrega una cantidad según el grado escolar que cursen las hijas e hijos:

Primaria: entre 165 y 330 pesos mensuales; Secundaria: entre 480 y 535 pesos mensuales a los hombres y de 510 a 620 pesos mensuales a las mujeres. Mientras que a las familias beneficiarias cuyos niñas, niños y adolescentes sean atendidos en escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) de la SEP en primaria y secundaria podrán reciben un paquete de útiles escolares en lugar de dinero. De igual manera se puede encontrar atención a la población indígena en programas como el de Apoyo Alimentario, Pensión para Adultos Mayores, Abasto Rural, entre otros.

X.-.Programas de la CDI. Dentro de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se tienen las siguientes políticas públicas:

1. Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena. Que tiene como objetivo general consolidar proyectos productivos de la población indígena, organizada en grupos y sociedades, y que habita en localidades con 40% o más de población indígena, para contribuir a mejorar sus ingresos monetarios y no monetarios y que contempla entre otras cosas "esquemas de coordinación o concertación con gobiernos locales, instituciones públicas de educación superior u organizaciones de la sociedad civil".

2. Programa de Infraestructura Indígena. Que pretende contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y vivienda y contempla obras de infraestructura básica, las que beneficien a localidades donde sus escuelas de educación básica no tienen servicios de agua potable, electrificación, drenaje y saneamiento o bien se encuentren aisladas por falta de comunicación terrestre,

3. Programa de Apoyo a la Educación Indígena. Con el objetivo de apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes indígenas, inscritos en escuelas públicas, a través de diferentes modalidades de atención, priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad y con objetivos específicos de:

Brindar servicio de hospedaje a los beneficiarios que lo requieran, a través de las Casas del Niño Indígena, verificando que éstos se mantengan en condiciones de habitabilidad, equipamiento y uso adecuado.

Brindar servicios de alimentación a los beneficiarios de las casas y comedores del niño indígena para contribuir a su sano crecimiento y desarrollo, procurando que se tengan las condiciones de equipamiento e infraestructura adecuada.

Favorecer la atención a la salud de los beneficiarios de las Casas y comedores del Niño Indígena mediante la gestión ante las instancias de salud correspondientes.

Favorecer el desarrollo de los beneficiarios de la Casa y Comedor del Niño Indígena a través de la implementación de actividades extraescolares y apoyos complementarios.

Propiciar la corresponsabilidad de los padres de familia para que participen a través de los Comités de Apoyo de las casas y comedores del niño indígena, en las actividades de la Casa o Comedor del Niño y en el seguimiento de la atención de sus hijos.

Apoyar con alimentación y artículos de higiene personal, a estudiantes indígenas que se encuentren integrados en espacios operados por instancias Estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil, que su función sea el de promover o facilitar la permanencia en la escuela, de niños y jóvenes indígenas.

Fomentar la permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la formación educativa profesional de los jóvenes indígenas.

X.- Programa de Derechos Indígenas. Tiene como objetivo contribuir a la construcción de un México Incluyente, mediante el apoyo y el fortalecimiento de la población indígena para el ejercicio de sus derechos de acceso a la justicia, culturales, de comunicación, de género y de acceso a la salud.

XI.- El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). En su programa menciona como antecedentes en materia educativa que la educación y pueblos indígenas:

1. Las políticas lingüísticas y educativas del siglo XX se caracterizaron por la castellanización, la prohibición del uso de las lenguas indígenas en el ámbito educativo y el rechazo de los conocimientos culturales de la población indígena en la formación escolar de los ciudadanos. Esto ocurrió con la instauración de un currículo único, planes y programas nacionales que difícilmente incorporaban los diversos sistemas de conocimiento de la población indígena. De esta forma, las políticas lingüísticas en el ámbito educativo contribuyeron al desplazamiento lingüístico de las lenguas indígenas en favor del español, a la fragmentación de la identidad y a la ruptura en la transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas y los sistemas de conocimiento de esta población. En los centros escolares dichas políticas se tradujeron en prácticas monolingües que obligaban a transitar de la lengua indígena al español y en la alfabetización en español de la población monolingüe en lengua indígena. En los casos en los que se intentó incorporar la lengua indígena al aula, prevaleció el uso estigmatizado de la lengua indígena en la comunicación oral y la preferencia por el uso oral y escrito del español para el trabajo escolar. Los avances en el marco jurídico de la educación y el reconocimiento de las causas de la escasa atención a la educación de la población indígena no han considerado suficientemente el carácter multilingüe y pluricultural de la nación, por lo que no se ha reflejado adecuadamente en las leyes estatales respectivas. Asimismo, es necesario continuar trabajando en la incorporación de acciones afirmativas para hacer valer los derechos de la población indígena a la educación, así como ahondar en el conocimiento, reconocimiento, valoración y promoción de la riqueza multicultural y multilingüe que nos caracteriza, aparte de avanzar en la alfabetización, el aumento en la escolaridad de los niños indígenas y la producción de libros de texto en lenguas indígenas. Así, atiéndase podrá solventar la gran deuda que tiene México con los pueblos indígenas, al obligarlos a usar el castellano en lugar de sus lenguas.

2. Y, sobre los educadores interculturales propiamente se menciona que los objetivos, contenidos, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, metodologías, recursos didácticos y formas de evaluación constituyen la estructura dinámica que sustenta y articula los procesos didácticos en las instituciones educativas, misma que debe establecerse con pertinencia cultural y lingüística. Al respecto, prácticas que se requiere modificar son que en adelante los currículos del sistema educativo se diseñen con base en una perspectiva multilingüe y pluricultural, que los contenidos y estrategias de enseñanza y aprendizaje vinculen las prácticas escolares con la vida cotidiana de los hablantes de lenguas indígenas, que las metodologías de enseñanza para la educación indígena se adecuen a la situación cultural y lingüística de los pueblos indígenas, que la planeación didáctica, así como el diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de recursos didácticos para la enseñanza de lenguas indígenas, tenga un enfoque intercultural y plurilingüe.

Ante este escenario, el INALI trabaja, a partir de 2012, en la elaboración de programas de enseñanza de lenguas indígenas como segundas lenguas y en el impulso a acciones para encaminadas a revitalizar las lenguas en extremo riesgo de desaparición. Lo anterior se complementa con las diversas iniciativas tanto para la formación de maestros de lenguas indígenas como para la construcción de programas de enseñanza en universidades públicas y privadas.

XII.-. Resultados observados en la materia de ejecución de los programas por parte de Consejo Nacional para la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).Según el CONEVAL4 en 2013 hubo un ejercicio de 6,757.91 millones de pesos en favor de la población indígena. Asimismo, el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social establece que uno de los objetivos de Política Nacional de Desarrollo Social es la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación.

En este sentido da facultades al CONEVAL para medir la pobreza en términos del rezago educativo (artículo 36) y evaluar cada uno de los programas (artículo 72), en esta materia, de manera particular se destaca5:

● El porcentaje de población hablante de lengua indígena (HLI) que se encontraba en pobreza en 2012 casi duplicaba al de la población no hablante (76.8 frente a 43.0 por ciento) y el de población en pobreza extrema fue casi cinco veces mayor (38.0 frente a 7.9 por ciento). A ello contribuye que seis de cada diez HLI tienen al menos tres carencias sociales, mientras que esta situación se reduce a la tercera parte entre las personas no hablantes. Por otro lado, la mitad de la población hablante tiene ingresos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria, contrario a 17.9 por ciento de población no hablante en la misma condición.

● Ser indígena en México, de alguna o varias maneras, implica una alta probabilidad de ser pobre y, con ello, ver vulnerado de modo sistemático el ejercicio de derechos sociales fundamentales.

XIII.-Adicionalmente es del conocimiento de esta Comisión Dictaminadora la publicación del Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2015, con fecha 24 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

En dicho acuerdo se establece que el Programa de Apoyo a la Educación Indígena es para dar respuesta a las demandas de la población indígena relacionadas con el acceso y permanencia en los diferentes niveles educativos, así como para fortalecer la interculturalidad y establecer estrategias paralelas para disminuir los riesgos a la salud y mejorar los estados nutricionales de niños, niñas y jóvenes indígenas. Este programa complementa las acciones que otros programas sociales que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Administración Pública Federal instrumentan, y se enfoca a beneficiar a la población indígena que no cuenta con servicios educativos en sus comunidades y que se ubica en las localidades cercanas a las Casas del Niño Indígena; para su operación, se coordina con la Secretaría de Educación Pública mediante el Convenio de Colaboración SEP- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas firmado el 8 de agosto del 2012.

El Programa brinda hospedaje y alimentación, promueve el fortalecimiento de la identidad cultural y fomenta actividades de recreación y esparcimiento. Con esto, contribuye a mejorar las oportunidades de los niños, niñas y jóvenes indígenas con miras a conformar el capital humano necesario para superar el círculo vicioso de la pobreza e inequidad.

El Programa considera, principalmente, las siguientes modalidades de atención:

● Casa del Niño Indígena. Brinda alimentación, hospedaje y actividades complementarias a la población beneficiaria, atendiendo preferentemente aquella que proviene de localidades que no cuentan con servicios de educación.

● Comedor del Niño Indígena. Brinda alimentación y actividades complementarias a la población beneficiaria que vive en la localidad donde se ubica el centro educativo al que asisten.

● Casa o Comedor Comunitario del Niño indígena. El programa otorga apoyo a través de instancias estatales, municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil que operan espacios comunitarios para brindar servicio de alimentación y material de higiene a estudiantes indígenas.

● Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación, para estudiantes indígenas que cursen sus estudios de nivel licenciatura.

XIV. Es del conocimiento de esta Comisión, que la promovente hizo del conocimiento de la Secretaría Técnica que el punto de acuerdo en análisis tiene por objeto ampliar la asignación de incentivos económicos del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a las organizaciones de la sociedad civil para garantizar el acceso y permanencia de las comunidades indígenas a los distintos niveles educativos, en los rubros destinados al Equipamiento que actualmente se destina un monto de 4% y de Acciones de Mejoramiento que destinará por lo menos un 15% del presupuesto original, y que de acuerdo a la promovente es necesario ampliar dichos porcentajes.

XV.-Esta Comisión reconoce en este dictamen la problemática de los derechos de los pueblos indígenas que se remonta a la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizada el 5 de junio de 1957, en la que se suscribió el convenio 107 Sobre Poblaciones Indígenas y Tribales (OIT, 1957). El artículo 21 de este Convenio insta a los gobiernos a adoptar medidas para que los indígenas puedan adquirir educación en todos los grados y en igualdad de condiciones que el resto de la población (OIT, 1957).Los derechos de los pueblos indígenas a una educación básica y superior han cobrado mayor fuerza en el Convenio 169 de la OIT y declara que los países miembro adopten una educación para todos los niveles, especialmente dirigido a los pueblos indígenas. Se insta a los Estados a crear mecanismos de acceso e igualdad de oportunidades escolares y a tener sus propias instituciones y medios de educación de los pueblos originarios (1989).En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 29 de junio de 2006, se reconoce que los indígenas como pueblos y como individuos son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas en el mundo, y tienen la facultad de ejercer todos sus derechos, en particular el fundado en la identidad indígena. En el artículo 14, se encuentra una relación de equivalencia con el Convenio 169, ya que señala que los indígenas tienen el derecho a la enseñanza en sus propios idiomas, además de establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes y enfatiza que pueden recibir educación en todos los niveles y formas sin discriminación (ONU, 2008).

En el contexto nacional mexicano la discusión sobre el tema de los derechos de los pueblos indígenas se fue construyendo con el reclamo de ser reconocidos sus derechos en la Constitución Política, cobró auge a partir de la suscripción de México del Convenio 169 el 18 de septiembre de 1990.

El Estado mexicano está en la obligación con los pueblos indígenas en materia educativa a garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, así como la definición y desarrollo de programas educativos para la incorporación de contenidos regionales con características culturales de los pueblos en cuestión.

XVI.-Adicionalmente, esta dictaminadora se pronuncia por reconocer el papel de las organizaciones de la sociedad civil que participan en la atención e integración de los pueblos indígenas, así como en el contenido de la proposición que busca la implementación de mayores estímulos y beneficios a través del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

XVII.-Finalmente, las legisladoras y legisladores que integran esta Comisión, consideramos que a partir de las observaciones del Reporte del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación de 2010 y de los resultados observados en la materia de ejecución de los programas por parte de Consejo Nacional para la Política de Desarrollo Social en 2013, los integrantes de esta Segunda Comisión consideramos necesario un exhorto al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a considerar las evaluaciones y diagnósticos elaborados por el Consejo Nacional para la Política de Desarrollo Social, con el objeto de modificar las reglas de operación de todos los programas de la administración pública que emanan del Plan Nacional de Desarrollo, con el objeto de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas públicas en las condiciones de vida de la población indígena.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a través de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que se explore la viabilidad de incrementarlos estímulos de estímulos y beneficios a las Organizaciones de la Sociedad Civil, del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a través de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a considerar las evaluaciones y diagnósticos formulados por el Consejo Nacional para la Política de Desarrollo Social, a fin de modificar las reglas de operación de los programas que emanan del Plan Nacional de Desarrollo destinados a la población indígena, con el objeto de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas públicas en las condiciones de vida de dicha población.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 17 de Junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.

1 Información disponible en: http://observatoriopoliticasocial.org/sitioAnterior/images/stories/biblioteca/pdf/documentos-sistema-naciones unidas/Informes_relatores_especiales/Informes_educacion/
2010_mexico_informe_del_relator_especial_sobre_el_derecho_a_la_educacion.pdf

2 http://www.inee.edu.mx/index.php/proyectos/consulta-previa-libre-a-pueblos-indigenas

3 http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P3/B/101/P3B101.pdf

4 Presentación y Análisis del Inventario 2013-2014, en: http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/IPFE/Documents/Presentacion_Analisis/Presentacion_y_analisis_2013-2014.zip

5www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf






Y otro, por el que se desecha la proposición que exhortaba al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cubrir las primas de sus trabajadores jubilados y pensionados.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, referente al pago a los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social del monto completo de la prima de antigüedad, de conformidad a lo dispuesto en el presupuesto de egresos de la federación 2015.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha  20 de mayo de 2015, la Diputada Socorro Ceseñas Chapa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

 “Durante la revisión del contrato colectivo de los trabajadores del IMSS en 1970, se estableció una cláusula tercera transitoria, que  otorgó 50 días de salario por prima de antigüedad por cada año de servicio, para los casos de jubilación, reajuste, indemnización, incapacidad, y muerte de los trabajadores de este instituto.

Sin embargo, en la revisión del contrato colectivo del año de 1993 a 1994, de manera clandestina, sin la aprobación del Congreso Sindical, se insertó una cláusula 59 Bis, en virtud de la cual se reducía la prima de antigüedad para los jubilados de 50 a 12 días de salario por año, en franco desconocimiento de los derechos adquiridos de parte de los trabajadores.

En tal virtud, todos los trabajadores que se han jubilado a partir de esta fecha, sólo han recibido 12 días por año por pago de la prima de antigüedad, por lo que el IMSS les deben 38 días de prima por año, más los rendimientos.

Sin duda, esta retención se convirtió en un doble agravio para los trabajadores del Instituto por ser una población despojada y son, en su mayoría, personas sin posibilidad de dedicarse a otra actividad económica.

Sería muy importante dilucidar el destino de los recursos retenidos, los cuales, puntualmente entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al IMSSS y no son adjudicados a los trabajadores. Debo recordarles que el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó para el ejercicio fiscal 2015 recursos suficientes para cubrir este compromiso y adeudo. Las autoridades del Instituto debieran ahora cumplir este mandato.

La lucha por este justo pago la ha sostenido la organización Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, AC, Siglo XX y Siglo XXI, con integrantes en todo México, los cuales señalan que el IMSS a la fecha, pese a múltiples trámites prolongados a lo largo de los años no le ha dado solución a esta problemática.

El instituto ha señalado que financieramente atraviesa por una situación muy complicada. Sin embargo, los recursos que no son entregados a los jubilados, son una cantidad muy grande y no es reportada.  Hoy nos manifestamos a favor de cumplir con este adeudo histórico y reprobable. Es inaceptable que se mantenga esta situación.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social para que de inmediato se proceda a cubrir los 38 días de prima de antigüedad, más rendimientos, que se les deben a sus trabajadores jubilados y pensionados, a partir de la indebida inserción de la cláusula 59 Bis en el contrato colectivo de trabajo.”

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a constituir de inmediato para estos efectos, una mesa de diálogo con los trabajadores jubilados y pensionados que integran la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, AC, Siglo XX Siglo XXI.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la importancia de la proposición de mérito teniendo en cuenta que el Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución tripartita que ha sido pilar de la seguridad social en el país por más de 70 años. Y que en su proceso de transformación a requerido de la fortaleza y compromiso de los actores que en él confluyen, como son el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, los trabajadores, los patrones, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y la ciudadanía en general.

El Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), es un plan para el retiro de la vida laboral a través de una jubilación por años de servicio o de una pensión por invalidez, incapacidad permanente o muerte por riesgo de trabajo o enfermedad general. Dicho plan fue pactado entre las autoridades institucionales y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

En este sentido es importante destacar que el pasivo laboral a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de patrón, derivado del pago de los beneficios estipulados en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de sus trabajadores se establece en las cláusulas contractuales de prima de antigüedad y conforme a la cláusula 59 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores, dicha prima de antigüedad es una prestación que se cubre en razón al tiempo de duración de la relación laboral que debe cubrirse con base en doce días de salario por cada año efectivo de labores, situación pactada con los mismos trabajadores, ya que la naturaleza de los contratos colectivos de trabajo es la de un acuerdo de voluntades y, en dado caso es a ambos a quienes tiene que exigírseles rindan cuentas de estos posibles actos que lesionan los intereses de los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al respecto se cita la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial Federal:

Novena Época. Registro 181586. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Tesis: Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004. Materia Laboral. Tesis: I.9o.T.170 L, Pagina 1759

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. SI LAS PARTES CELEBRANTES LO DAN POR CONCLUIDO A TRAVÉS DE UN CONVENIO, YA NO EXISTE OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PACTADAS, AUN CUANDO CON POSTERIORIDAD SE CELEBRE UNA NUEVA RELACIÓN DE DISTINTA NATURALEZA.

El contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre el sindicato y el patrón con el objeto de establecer, en cláusulas generales y abstractas, las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo, y cuando las relaciones laborales terminan por mutuo acuerdo, y con posterioridad a esa fecha se celebra un contrato de prestación de servicios entre un trabajador y ese patrón ya no existe obligación de cumplir con las condiciones generales de trabajo pactadas, porque los únicos obligados eran las partes contratantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 401 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, con la terminación colectiva de las relaciones obrero-patronales desaparece la fuente de actividades y las partes deben estar a lo estipulado en el convenio y, por tanto, ya no tienen aplicación las condiciones generales de trabajo, pues su vigencia se dio hasta que se pactó el convenio en el que se dieron por terminadas las relaciones de trabajo de la patronal y su personal, ya que para tomar en cuenta las disposiciones contenidas en dichas condiciones, éstas deben estar vigentes, por ello es que la acción que se respalde en ellas carece de sustento jurídico porque ya no tienen eficacia.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo directo 999/2004. Roberto Ramos Bustos. 3 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González Santander. Secretaria: Adriana de la Torre Meza.

II.- Esta Dictaminadora considera que no tiene las atribuciones legales para exhortar al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social para establezca una mesa de diálogo con la “Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, AC, Siglo XX Siglo XXI”, ya que esa es una atribución propia per se del mismo funcionario, ya que el artículo 268 de la Ley del Seguro Social establece, en su fracción II que dicho funcionario deberá representar legalmente al Instituto, con todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y las especiales que requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal o cualesquiera otra ley, así como ante todas las autoridades, así como lo señalado en la fracción IX de ese mismo numeral, donde se señala que éste deberá realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con los fines del Instituto.

III.- La Segunda Comisión considera que la proposición en estudio resulta improcedente esto, derivado del análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, donde se desprende en su artículo 6 el gasto programable del Instituto Mexicano de Seguro Social, el cual se fundamenta tanto el Duodécimo Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, así como en lo dispuesto en los artículos 141, 172 y 172 A de dicha Ley en los cuales no se advierte que de los recursos destinados para el Instituto exista algún rubro o fondo particular para cumplir con la obligación a la que hace alusión la proponente, por lo tanto desecha la proposición con punto de acuerdo en virtud del respeto a la división de poderes y a las facultades expresamente conferidas en los ordenamientos legales.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dictamina en sentido negativo la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social para que de inmediato se proceda a cubrir los 38 días de prima de antigüedad, más rendimientos, que se les deben a sus trabajadores jubilados y pensionados, a partir de la indebida inserción de la cláusula 59 Bis en el contrato colectivo de trabajo.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 17 de junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Otro, que exhorta al Gobierno de la República a remitir un informe sobre los programas y medidas que se han implementado para garantizar el desarrollo integral de la juventud mexicana.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a informar los programas y medidas implementados que garanticen el desarrollo integral de la juventud mexicana, en el marco de los Objetivos del Milenio.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de junio de 2015, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Las celebraciones establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tienen como objetivo contribuir, en todo el mundo, al cumplimiento de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y sensibilizar al público acerca de temas políticos, sociales, culturales, humanitarios, o relacionados con los derechos del hombre y la mujer. Son ocasiones para promover acciones nacionales e internacionales y despertar el interés público sobre los programas y actividades relacionadas con los temas ya citados. 

Siguiendo este procedimiento, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU, a través de las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, con el objetivo de que los Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales apliquen plenamente las directrices para la planificación y la adopción de medidas complementarias adecuadas en la esfera de la juventud, y en particular que faciliten las actividades de los mecanismos de la juventud establecidos por los jóvenes y por las organizaciones juveniles.  

Un estudio reciente señala que existen aproximadamente, en el mundo, 1.200 millones de personas de 15 a 24 años, eso significa el 18% de la de la población global mientras que el 19.8 % corresponden a niños de 5 a 14 años.

Cabe señalar que este sector de la población tiene la energía y la motivación necesarias para proponer soluciones innovadoras a los problemas del mundo, de sus países y localidades.

De acuerdo con la ONU, la finalidad del “Día internacional de la Juventud” es dar a conocer la contribución que los jóvenes aportan a la sociedad, ayudarles a resolver los problemas con que se enfrentan y alentarles a participar en iniciativas de desarrollo, comenzando por su entorno, es decir, su comunidad hasta alcanzar niveles mundiales.

El mundo de hoy tiene el mayor número de jóvenes jamás visto, pues casi la mitad de su población es menor de 25 años. Al mismo tiempo, para el año 2050, el número de personas de 60 años o más se habrá triplicado hasta llegar casi a 1.900 millones.

En todas partes del mundo, los jóvenes se están preparando para una vida productiva y útil en el trabajo, la sociedad y la familia. Para lograrlo, necesitan acceso a la educación y a la atención de la salud. Además, deben superar factores adversos como tales como las enfermedades transmisibles o no, el uso de drogas, la falta de oportunidades educativas, la delincuencia y el desempleo; factores que, está por demás señalar, frustran sus posibilidades en el momento más decisivo de sus vidas, cuando además, son más vulnerables.

Así pues, en el marco del ‘Día Internacional de la Juventud’ es menester saber que en México, datos del INEGI arrojan que hay en el país 31.4 millones de jóvenes, es decir, el porcentaje con respecto a la población en general disminuyó de 29.4% en 1990 a 26.3% en 2014, lo anterior debido a un proceso de envejecimiento que se manifiesta en un aumento relativo de la población de mayor edad.

Un estudio elaborado por el INEGI estima que para el año 2022, la tasa de crecimiento anual será negativa (-0.03% respecto a 2021) y su monto irá disminuyendo hasta alcanzar los 30.5 millones de jóvenes en 2050.

Aunado a lo anterior, se señalan las siguientes cifras:

● En el primer trimestre de 2014, la tasa de desempleo de los adolescentes de 15 a 19 años y de los jóvenes de 20 a 24 años son de 9.8 y 9.2%, respectivamente.  

● Durante 2012, 32.7% de la población de 15 a 29 años no está afiliada o inscrita a servicios médicos. 

● En 2012 fallecieron aproximadamente 36 mil jóvenes, lo que en términos porcentuales representa 6.1% de las defunciones totales. 

● De acuerdo a datos de la ENVIPE 2013, los temas que preocupan más a la población joven son la inseguridad y el desempleo (56.6 y 49.2%, respectivamente). 

En este sentido, como legisladores y representantes de la sociedad, es nuestra obligación coadyuvar con el Gobierno Federal en la creación de mecanismos que generen mejores condiciones de vida para los jóvenes, más espacios y oportunidades para cultivar la participación cívica y permitir que los jóvenes intervengan para determinar su futuro, además de y vigilar la adecuada aplicación de dichos mecanismos. 2015 es justo el plazo fijado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por ello es más importante que nunca coadyuvar con los jóvenes a forjar un mundo más justo para todos.

Son muchos los retos que tenemos que enfrentar como sociedad, y los jóvenes en como sector para satisfacer, mínimamente, sus requerimientos, por citar algunos datos estadísticos, que nos ubican en nuestra realidad, el 17.7 por ciento de los y las jóvenes de entre 16 y 18 años no estudia ni trabaja y la asistencia a la escuela disminuye a partir de los 15 años.

En el nivel medio superior, 87 de cada cien hombres y 91 de cada cien mujeres dependen de sus familias para solventar sus estudios. En el ámbito nacional, la falta de recursos es la causa principal de que haya deserción escolar. Aunado a las razones económicas y familiares, la deserción escolar está relacionada con la concepción de educación media superior en el país, la cual no plantea temas relevantes y mucho menos integra programas orientados a resolver problemas. Requieren aprender contenidos versátiles y saber cómo utilizarlos en cuestiones concretas.

En México, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2014 es de 8.4%, es decir, casi el doble a la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 años y más (4.8 por ciento). Un análisis por edad, muestra que los adolescentes de 15 a 19 años (9.8%) y los jóvenes de 20 a 24 (9.2%) tienen el mayor nivel de desocupación. Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral: 18.7% de los jóvenes desocupados no cuenta con esta experiencia.

Aunado a lo anterior, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), utiliza el acceso a los servicios de salud como un indicador de carencia social.  Durante 2012, de acuerdo con la ENSANUT, 32.7% de la población de 15 a 29 años no está afiliada o inscrita a algún servicio médico y 33.7% tiene estos servicios por un programa social.

Así pues, con los tres factores arriba citados, tenemos en resumen que de la población de 15 a 29 años, 36.7% de los hombres y 28.7% de las mujeres no están afiliadas o inscritas a servicios médicos; 68.8% no asiste a la escuela; y 51.5% no trabaja. Conjuntando las tres condiciones, se observa que 9.3% de la población joven, durante 2012 declaró que no tiene protección en salud, no asiste a la escuela y no trabaja, situación que los sitúa en una gran desventaja social.

En este sentido, el Senado de la República debe ser el principal promotor de los derechos de nuestros jóvenes y el instrumento para que el Estado aproveche adecuadamente el potencial que ofrecen los jóvenes para lograr el desarrollo y la paz que México requiere”.

En mérito de lo anterior, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la República, para que a través del Instituto Mexicano de Juventud informe a esta Soberanía los programas y medidas implementados que garanticen el desarrollo integral de la juventud mexicana en el marco de los Objetivos del Milenio”.

CONSIDERACIONES

I.- Tal y como ha quedado de manifiesto en el análisis de proposiciones anteriores, para las y los legisladores integrantes de esta Comisión el desarrollo de la juventud mexicana es un tema de especial relevancia por tratarse de un sector estratégico para el desarrollo del país.

En ese sentido es claro que invertir en la juventud mexicana, es invertir en un futuro más promisorio para nuestro país y de ahí la necesidad de impulsar toda acción tendiente a brindarles más y mejores perspectivas de desarrollo personal, profesional y económico.

La proposición que se analiza, plantea una reflexión sobre los grandes retos que enfrenta la juventud no solamente en nuestro país, sino a nivel global, Así también  aporta datos que ilustran el contexto actual de nuestro país en este rubro.

Para esta Comisión dictaminadora, además de los datos aportados por el proponente, resultan de especial interés los expuestos en el Programa Nacional de Juventud 2014-2018.

En materia de educación, reconoce que solamente el 15% de la población joven llega a la educación superior, por lo que señala que “es preciso establecer mecanismos y acciones que permitan incrementar el acceso a todos los niveles educativos, pero, sobre todo, al nivel superior”.

En el rubro de empleo, el Programa señala que históricamente, la tasa de desocupación entre jóvenes es mayor a la tasa que corresponde al resto de la población, subrayando que para el cuarto trimestre de 2013, la tasa de desocupación en población abierta fue de 4.6%, mientras que para la población de entre 14 y 29 años fue de 7.7%.

En lo que respecta a su independencia económica, según el Programa para el año 2012 el 62.8% de la población joven residía en hogares nucleares, mientras que el 55.2% de quienes vivían solos salieron del hogar paterno antes de cumplir los 20 años. Por otro lado, el 49.1% de los jóvenes que se encontraban trabajando tenía acceso a la seguridad social-

II. Conviene recordar que el Estado mexicano, a través del Poder Legislativo, ha reconocido al sector juvenil de la población como estratégico para el desarrollo del país, carácter que ha quedado asentado en nuestra legislación, en particular en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud que en su artículo 2 establece:

Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra”.

Consecuente con tal concepción, se creó el Programa Nacional de Juventud, como el instrumento mediante el cual se establecen las bases y orientación de la política nacional en materia de juventud, mismo al que se le atribuyó el carácter de obligatoriedad para todas las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, además de orientar las acciones de los estados y los municipios. 

Un aspecto importante es que el Programa Nacional de Juventud, según la fracción I del artículo 4 de la señalada Ley, debe ser elaborado en consonancia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, lo que confirma la relevancia que el sector juvenil tiene para el desarrollo de nuestro país.

En esa tesitura, esta Comisión de trabajo comparte el interés del proponente por conocer el contenido de los programas y acciones tendientes a garantizar el desarrollo integral de los jóvenes; sin embargo, con relación al texto del punto de acuerdo planteado, estima necesario que la redacción del exhorto no se constriña únicamente a solicitar la información sobre los programas, sino que adicionalmente se informe sobre resultados que han arrojado, toda vez que de esa manera se podrá contar con información más amplia sobre la efectividad de las acciones emprendidas e identificar los retos a enfrentar.

III. Ahora bien, los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron firmados por 147 países durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas que tuvo lugar en el mes de septiembre del año 2000, estableciendo ocho objetivos y 21 metas a alcanzar para el año 2015. Tales metas son 1) erradicar la pobreza extrema, 2) lograr la enseñanza primaria universal, 3) promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, 4) reducir la mortalidad infantil, 5) mejorar la salud materna, 6) combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Si bien pudiera considerarse a simple vista que ninguno de los objetivos se encamina de manera específica a los jóvenes, también es innegable que varios de los objetivos se orientan a atender problemáticas que contemplan o incluso impactan directamente en los jóvenes.

Por otro lado, en el mes de diciembre de 2013, el Gobierno de México presentó el Informe de Avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2013, en el que a pesar de que se mostraban avances en la mayoría de los objetivos, también se reconocía que éstos eran insuficientes y existía riesgo de que algunos no se cumplieran.

En tal lógica, esta Comisión estima pertinente la proposición de mérito, virtud a la relevancia que reiteradamente se ha señalado sobre la necesidad de atender los problemas que impactan negativamente en el desarrollo integral de la juventud en nuestro país.

De igual forma estima necesario conocer a mayor detalle la visión con la que el Estado mexicano ha insertado al sector juvenil en la planeación e implementación de acciones, programas y políticas públicas tendientes al cumplimiento de los Objetivos del Milenio, así como los avances logrados y aquellos que se encuentren pendientes de cumplir, máxime en la conciencia de que este año se cumple el plazo fijado por los países firmantes para la consecución de dichos objetivos.
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la República, para que a través del Instituto Mexicano de la Juventud, remita a esta Soberanía un informe sobre los programas y medidas que se han implementado para garantizar el desarrollo integral de la juventud mexicana en el marco de los Objetivos del Milenio y los resultados que han arrojado.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 17 de junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Uno más, que exhorta a los derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y los gobiernos de los estados del país para que implementen programas y políticas públicas para la atención de las niñas y niños hijas e hijos de mujeres reclusas que cubran sus necesidades fundamentales en sus primeros años de vida, al tiempo que se hace efectivo el cumplimiento de la pena de prisión impuesta a sus madres, así como la diversa Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos de las entidades federativas a tomar medidas pertinentes y realizar acciones, a efecto de garantizar la protección, defensa y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros de reclusión.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de mayo de 2015, la Diputada Verónica Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y los gobiernos de los estados del país para que implementen programas y políticas públicas para la atención de las niñas y niños hijas e hijos de mujeres reclusas que cubran sus necesidades fundamentales en sus primeros años de vida, al tiempo que se hace efectivo el cumplimiento de la pena de prisión impuesta a sus madres.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

3. Con fecha 3 de junio de 2015, la Diputada Claudia Rocío Villa Oñate, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos de las entidades federativas a tomar medidas pertinentes y realizar acciones, a efecto de garantizar la protección, defensa y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros de reclusión.

4. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1. En la primera de las proposiciones objeto del presente dictamen, señalada en el numeral 1 del apartado anterior, la legisladora proponente establece entre sus consideraciones más importantes:

“En México existen un total de 420 centros penitenciarios, de los cuales 15 son de carácter federal, 11 del Distrito Federal, 303 son estatales y 91 son municipales. De estos, sólo 2 son centros federales y 10 estatales especiales para mujeres reclusas, así como 68 penales que realizaron adaptaciones para la estancia de mujeres.

En el año 2013, el número de mujeres en reclusión registraba que existía un total de 11 mil 641 mujeres, representando el 4.80 por ciento del total de la población penitenciaria, cuya cifra ha experimentado un fuerte crecimiento hasta duplicar las cifras que había hace dos décadas”.

“La tendencia general es que estas mujeres residan en pequeñas unidades dentro de las prisiones de hombres porque los Centros de Reinserción Social (CERESOS) exclusivos para mujeres que existen son insuficientes. Obviamente, este internamiento se traduce en una menor disponibilidad de espacios y recursos para organizar la respuesta educativa de acuerdo a sus necesidades y características.

“Conocer el perfil de las internas permite diagnosticar correctamente los problemas a los que se enfrenta el sistema penitenciario mexicano y de esta manera poder diseñar las estrategias más adecuadas para afrontar con eficacia la rehabilitación y reincorporación a la sociedad de estas mujeres y particularmente el apoyo a quienes son madres con hijas e hijos en prisión, ya que más allá del impacto diferencial del encierro en la población penitenciaria femenina, la situación de las mujeres embarazadas o con hijas o hijos merece un tratamiento especial”.

“La Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados en su artículo tercero contempla el derecho de las madres reclusas a mantener a sus hijos e hijas con ellas hasta que cumplan los seis años, quienes dispondrán de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación, salud y educación, cuando así lo determine el personal capacitado, con opinión de la madre y considerando el interés superior de la infancia. Debe señalarse que estas niñas y niños conviven en prisión con sus madres en una etapa de la vida en la que se perfila su personalidad y su inteligencia”.

“Asimismo, el artículo 11, párrafo tercero de este mismo ordenamiento establece que: ‘Los hijos de las mujeres recluidas, en caso de que permanezcan dentro de la institución, recibirán atención pediátrica, educación inicial y preescolar hasta la edad de 6 años’ ”.

“Sin embargo, el Centro de Reinserción Social no es ni será el lugar más adecuado para que las niñas y niños pasen sus primeros años de vida. A ello se suma que el encierro de la madre en prisión generalmente obliga a que sus hijas e hijos mayores de seis años deban mudarse con parientes, amistades y vecinos, que en muchos de los casos presentan situaciones de abuso físico y sexual. Ello sin contar con el número elevado de niñas y niños que, ante la falta de opciones válidas de contención, son institucionalizados en los Centros de Asistencia Social públicos y privados”.

“De ahí que las niñas y niños deben enfrentar las mismas dificultades que sus madres en cuanto al aseguramiento de sus derechos en materia de educación, salud y vínculos con el exterior, pero con un mayor grado de vulnerabilidad. Un escenario especialmente difícil se da cuando las niñas o niños cumplen la edad límite para la permanencia en el establecimiento penitenciario pues en ese momento deben afrontar la separación de su progenitora y la inserción en ámbitos desconocidos”.

“Por ello, para dar respuesta a este problema, es importante que el gobierno federal y los gobiernos de los estados del país implementen programas y políticas públicas para la atención de las niñas y niños de mujeres reclusas que cubran sus necesidades fundamentales en sus primeros años, al tiempo que se hace efectivo el cumplimiento de la pena de prisión impuesta a las madres”.

“Con la costumbre histórica de permitir la estancia de las niñas y niños con sus madres se ha tratado de conjugar una doble exigencia social. Por un lado, la necesidad de garantizar la seguridad pública, cuando exige el internamiento de la madre. Por otro, satisfacer plenamente el interés superior de la niñez que, a priori, tienen todas las niñas y niños de pasar los primeros años de vida junto a su madre”.

“Por ello, es importante garantizar la crianza en los primeros años, ya que a esa edad se crea un efecto profundo en el potencial de la niña o el niño y el vínculo con la madre y su entorno es indispensable para el desarrollo cognoscitivo. Al carecer de estimulación necesaria en los primeros años, los vínculos afectivos y los circuitos neuronales no se desarrollarán debidamente, lo que producirá individuos con coeficientes intelectual limitados, aptitudes emocionales, verbales, motrices mediocres, problemas de conducta y, probablemente, trastornos de personalidad en la edad adulta”.

“Así pues, el 4 de diciembre de 2014, el ejecutivo promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual en su artículo 3 indica que: ‘La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales’ ”.

“Dentro de la misma norma el artículo 15, perteneciente al capítulo primero ‘Del Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo’ señala que: ‘Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral’ ”.

“Prevé también que todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia atendiendo al interés superior del niño, en particular, cuando se permita a las madres reclusas vivir con ellos en prisión, deberán tomarse disposiciones para organizar estancias infantiles con personal calificado que serán el lugar, donde estarán las niñas y los niños cuando no estén siendo atendidos por sus madres”.

“Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que ratificó el Estado mexicano en mil novecientos noventa, en ella se contemplan un cúmulo de derechos dirigidos a la protección de niñas, niños y adolescentes, en referencia, el artículo 3 numeral dos establece que: ‘Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas’ ”;

“Igualmente en su artículo 27, refiere que: ‘los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda’ ”.

“En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en conjunto con la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal formó un equipo especializado para la realización del documento denominado ‘Desarrollo infantil en prisión. El caso de la Ciudad de México’, en el cual concluyeron que, con las niñas y niños que viven con sus madres al interior del centro femenil, el Estado tiene la labor en cuanto a garantizarles un espacio y estadía de calidad, ya que son los órganos de gobierno quienes tienen bajo su resguardo a las personas privadas de libertad”.

“Para ello, se sugiere que se implementen medidas de salud, seguridad y educación que les sean proporcionadas y garantizadas a las hijas e hijos, en las mismas condiciones en que la tendría una niña o niño que vive habitualmente en libertad”.

“Por ultimo detalló que, las instituciones encargadas de velar por los derechos de la infancia en el país, en específico el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Educación (SEP), Secretaría de Salud (SS), entre otras, deben hacerse presentes al interior de los reclusorios en el tema de infancia y otorgar así, los cuidados que las niñas y niños requieren. Para ello, hace falta reglamentar su campo de interacción y puntualizar cada una de sus obligaciones”.

“Sin perjuicio de lo antes expuesto, es importante tomar en cuenta las condiciones de acompañamiento de las niñas y niños que actualmente no llegan a ser adecuadas. Por ello es necesario que los Centros de Reinserción Social federales y estatales que albergan a mujeres con hijas e hijos instrumenten Programas de Desarrollo Infantil que fortalezcan el vínculo con la madre y promuevan sus capacidades físicas, motrices y emocionales, a efecto de mitigar las condiciones de reclusión y contribuir al desarrollo integral que cualquier niño o niña tendría en condiciones normales, para cuando llegue el momento de ser separado o después de ser separado de su progenitora”.

2.- En la segunda de las proposiciones objeto del presente dictamen, señalada en el numeral 3 del apartado anterior, la legisladora proponente establece entre sus consideraciones más importantes:

“Según información del Gobierno Federal, en México, las instituciones carcelarias exclusivas para el género femenino son evidentemente inferiores en número respecto de los varoniles; del total de 418 centros de reclusión del país, diez establecimientos dependientes de los gobiernos de los estados son exclusivos para albergar la población femenil,”.

“En otro orden de ideas, de acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, correspondiente al mes de abril de 2013, la población femenil recluida en los establecimientos penitenciarios de la República Mexicana, fue de 11,901 mujeres, de las cuales 8,839 son del fuero común, es decir el 74.27%; de este número, 4,532 son procesadas y 4,307 han sido sentenciadas, mientras que de las 3,062 internas del fuero federal, las cuales representan el 25.72% con respecto al total de la población de mujeres en el país; 1,728 se encuentran bajo proceso y 1,334 son sentenciadas”.

“Sin embargo del total de la población femenil, solamente 4,189 se encuentran recluidas en los señalados centros específicos para mujeres, lo cual representa 35.19%, mientras que 7,712 es decir 64.80% se alberga en centros mixtos”.

“Al ser la población femenina del 4.87% de la población total recluida, la infraestructura, la organización y el funcionamiento de los establecimientos de reclusión han girado en torno a las necesidades de los hombres”.

“Adicionalmente, es importante señalar, que de los registros con los que cuenta este Organismo Nacional, se desprende que al mes de noviembre de 2012, en los diversos establecimientos penitenciarios donde se alojan mujeres, existe una población de 377 menores de edad viviendo con sus madres en prisión y 48 internas se encontraban en estado de gravidez”.

“En 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el Informe especial sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana, como resultado de este trabajo de investigación, se observó la existencia de hechos que contravienen normas nacionales e internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, relativos a la reinserción social, a la igualdad, al trato digno, a la protección de la salud, a la legalidad y seguridad jurídica”.

“El Informe Especial de la Comisión de Derechos Humanos concluye que, es evidente la discriminación en razón de género en el sistema penitenciario, que va desde la regulación normativa interna, pasa por la estructura de las cárceles, la clasificación de la población, hasta la operación y funcionamiento de los centros de reclusión. Esta discriminación también se manifiesta en la falta de presupuesto y en la no atención específica relacionada con el internamiento de las mujeres”.

“El Estado en general y las autoridades penitenciarias en específico están obligados a proteger y garantizar los derechos humanos a la vida, dignidad, a la salud, alimentación, integridad personal, así como al desarrollo de los hijos que las acompañan, de todas las mujeres reclusas, para esto se debe reconocer y respetar las condiciones psicofísicas propias del género”.

“Las mujeres reclusas tienen el derecho a contar con instalaciones que reúnan las condiciones que garanticen una estancia digna y segura, así como de realizar las acciones necesarias para mantenerlas en buenas condiciones, en cuanto a su infraestructura, y servicios, para que realmente puedan cumplir con el objetivo de reinserción social”.

 

CONSIDERACIONES

I.- Conscientes de la complejidad que representa el problema planteado por las proponentes, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora comparten la preocupación y reconocen la necesidad de que el Estado garantice las mejores condiciones posibles para las niñas y niños que se encuentran al interior de establecimientos penitenciarios por virtud de la privación de la libertad de su madre.

Se trata sin duda de un tema que si bien no representa un fenómeno desbordado, sí tiene implicaciones relevantes que el Estado no debe pasar por alto, en tanto que inciden de manera decisiva en la formación y por ende en el futuro de los niños que se encuentran en tal situación.

El tema de fondo ha sido motivo de atención en el ámbito internacional. Basta con recordar la resolución 58/183 adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2003, en la que invitó a gobiernos, órganos internacionales y regionales, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales a que prestasen mayor atención a la cuestión de las mujeres en prisión, incluidos los hijos que se encontraban con ellas, a fin de identificar los problemas fundamentales y los modos de abordarlos.

En la misma tónica, su resolución 63/241 del 24 de diciembre de 2008 exhorta a los Estados a tener en cuenta los efectos que la detención y encarcelamiento de los padres en los niños, así como determinar y promover buenas prácticas en relación con las necesidades y el desarrollo físico, emocional, social y psicológico de los bebés y los niños afectados por la detención y encarcelamiento de los padres.

Dando seguimiento a la preocupación planteada en ambas resoluciones, el 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General aprobó las reglas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, conocidas como las Reglas de Bangkok. De manera particular las Reglas 49 a la 52 se refieren a los niños que se encuentran con sus madres privadas de la libertad, señalándose que no deberán ser tratados como reclusos y que dispondrán de servicios permanentes de atención de su salud, con énfasis en la supervisión de su desarrollo por parte de especialistas y de los servicios sanitarios de la comunidad.

Se aclara también que la permanencia de los niños en los establecimientos penitenciarios, en la atención y cuidado que para ellos debe observarse, así como en la separación de su madre, llegado el caso, se deberá observar en todo momento el principio del interés superior del niño.

En lo que se refiere a las y los hijos de madres privadas de su libertad, pero que no se encuentran con ellas en los centros penitenciarios, las propias Reglas de Bangkok establecen que la separación de la madre deberá darse únicamente previa comprobación de que se han adoptado disposiciones alternativas para su cuidado, brindándose las mayores posibilidades y servicios para reunirse con sus hijos cuando éstos queden bajo el cuidado de familiares u otras personas, así como de servicios de atención; siempre en observancia del principio de interés superior de la niñez.

Con todo ello queda de manifiesto la preocupación de la comunidad internacional por la situación de las niñas y niños que se encuentran con su madre en reclusión.

II.- Desafortunadamente tal preocupación no ha sido atendida plenamente por el Estado mexicano, tal y como lo evidencian los datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013 elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en sus resultados señala que uno de los rubros que obtuvieron menor promedio es precisamente el de la atención médica y la alimentación de los hijos de internas que viven en los centros penitenciarios de nuestro país.

De igual manera, el pasado mes de marzo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer su Informe Especial sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana.

Los datos que aporta el informe son por demás reveladores e ilustran con contundencia la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres privadas de su libertad en los establecimientos penitenciarios del país y consecuentemente las niñas y niños que se encuentran con sus madres al interior de dichos centros. 

Según el Informe, al mes de febrero de 2014, la población penitenciaria nacional ascendía a 249,912 personas de la cuales 12,690 (5.08%) eran mujeres. Aun cuando pudiera alegarse que la cantidad de mujeres privadas de su libertad es substancialmente menor que la de los hombres, el propio informe reconoce que “…durante los últimos años el número de mujeres en prisión se ha incrementado, sin que exista un cambio sustancial en las políticas públicas en la materia, a efecto de proporcionar mejores medios para garantizarles condiciones de estancia digna”. Esta ausencia de condiciones dignas se debe en gran medida a la ausencia de una perspectiva de género en el sistema penitenciario nacional por lo que “la infraestructura, organización y el funcionamiento de los establecimientos de reclusión gira preponderantemente, alrededor de las necesidades de los varones”.

El personal de la CNDH constató la presencia de menores de edad en 51 centros penitenciarios en los que no se proporciona alimentación especial para los niños que viven con sus madres internas; incluso en algunos se restringe el acceso de fruta, frascos de alimento para bebés e incluso leche en lata (fórmula) la cual únicamente puede ingresar en bolsas de plástico, por lo que se echa a perder en pocos días.

Por otro lado, en 53 establecimientos penitenciarios en los que se permite la estancia de menores de edad con sus madres, no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería y de educación básica.

También de manera destacada existen graves omisiones en lo que se refiere al cuidado de la salud de las niñas y niños que se encuentran con sus madres privadas de la libertad. Según el informe de la CNDH “la mayoría de los establecimientos visitados carece de atención médica especializada para los padecimientos propios de las mujeres, así como de los menores que viven con ellas, quienes en el mejor de los casos son atendidos por médicos generales cuando lo requieren”.

Estas son sin duda algunas de las circunstancias que colocan a las mujeres privadas de su libertad y sus hijos, se encuentran o no con ellas, en una especial condición de vulnerabilidad que agudiza la vulnerabilidad intrínseca derivada de su privación de libertad, circunstancia de por sí reconocida como condición de vulnerabilidad en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, elaboradas al seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

III.- Como ya se señaló al principio del presente apartado, las y los integrantes de esta Comisión consideran que si bien no se trata de una problemática alarmante en cuanto a la cantidad de niñas y niños que se encuentran en establecimientos penitenciarios del país, lo que sí resulta alarmante son las condiciones en que se encuentran, con graves carencias en el cuidado de su salud física y sicológica así como de una adecuada alimentación y en el acceso a la educación, en las mejores condiciones posibles.

A juicio de esta Comisión, el problema que se presenta en los establecimientos penitenciarios del país que tienen presencia de niñas y niños, no tiene que ver tanto con las limitaciones naturales impuestas por la propia naturaleza sancionatoria de los centros de reclusión, sino con una omisión de las autoridades penitenciarias competentes, desde los directores de dichos centros hasta las autoridades administrativas rectoras.

Reconociendo la ya de por sí inherente complejidad así como las potenciales consecuencias que para su desarrollo integral representa encontrarse en un establecimiento penitenciario, resultan inadmisibles las graves carencias que en éstos se registran para el debido cuidado y atención de las y los menores.

Y precisamente por no tratarse de un fenómeno cuantitativamente desbordado, con mayor razón resulta viable la exigencia a las autoridades competentes de todos los niveles de gobierno para garantizar el pleno respeto a los derechos de las y los niños que se encuentran en tal situación, pues de no hacerlo se violenta el artículo 4° de nuestra Constitución y se incumple con los compromisos asumidos por nuestro país en la materia, en el plano internacional.

Las y los integrantes de esta Comisión consideran de especial urgencia garantizar la observancia de los derechos de las niñas y los niños que se encuentran con sus madres en los centros penitenciarios del país, así como de aquellos que siendo hijas e hijos de mujeres en reclusión, se encuentran al cuidado de familiares u otras personas, o bien en centros de asistencia social públicos o privados.

Teniendo en cuenta el contexto de violencia y criminalidad que vive nuestro país, es necesario que el Estado invierta recursos y esfuerzos en garantizar que las y los niños de hoy tengan acceso a las condiciones que les permitan un desarrollo integral, de manera que en el futuro el camino de la delincuencia no sea una alternativa para ellos.

IV.- Por lo que toca a las condiciones en que las mujeres privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios deben compurgar su condena o bien cumplir con la prisión preventiva, los integrantes de esta Comisión reconocen la imperiosa necesidad de incorporar una perspectiva de género al sistema penitenciario nacional, a fin de garantizar para ellas una estancia digna que no implique agravamientos indebidos a la sanción penal que les fue impuesta.

En esa lógica, resulta necesario que las autoridades competentes, en sus respectivos ámbitos de atribuciones, realicen las acciones necesarias para proporcionar condiciones dignas y adecuadas a la población penitenciara femenil; acciones que además no deben ser coyunturales, sino que deben ser incorporadas como parte de la política penitenciaria, en tanto que coadyuvan al efectivo cumplimiento de la reinserción social en los términos del artículo 18 de nuestra Ley Suprema, que organiza al sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas a tomar las medidas pertinentes y realizar las acciones necesarias a efecto de garantizar la protección, defensa y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios que se encuentran bajo su jurisdicción.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas para que fortalezcan los programas y políticas públicas para la atención de las hijas e hijos de mujeres privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios que cubran sus necesidades fundamentales en sus primeros años de vida, al tiempo que se hace efectivo el cumplimiento de la pena de prisión impuesta a sus madres.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a implementar programas y políticas públicas para la atención de niñas y niños hijas e hijos mayores de seis años de edad de mujeres privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios que, ante la falta de opciones válidas de contención, son institucionalizados en los Centros de Asistencia Social públicos y privados, así como aquellos que se encuentran con parientes, amistades y vecinos.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 17 de junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Otro, que exhorta a incluir en el catálogo de enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a la esclerosis múltiple.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover ante la organización Mundial de la Salud para que se declare el día mundial de la esclerosis múltiple, suscrito por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, y María Elena Barrera Tapia.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de junio de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las legisladoras proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus consideraciones:

I. El día mundial de la esclerosis múltiple se conmemora anualmente desde 2009, en el último miércoles de cada mayo. Fue declarado por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple con la finalidad de reunir a la comunidad internacional de esclerosis múltiple con el fin de compartir experiencias, concienciar y hacer campaña con y para todos aquellos afectados.

II. La referida Federación Internacional señala que, desde su lanzamiento, el Día Mundial de la esclerosis múltiple ha crecido y se ha fortalecido cada vez más, alcanzando a cientos de miles de personas en más de 78 países en todo el mundo.

III. Se trata de un gran esfuerzo encabezado por una red de organizaciones no gubernamentales constituidas alrededor del mundo con el fin de concientizar y promover apoyo a las personas que viven con esta enfermedad

IV. que el pasado 27 de mayo de 2015, se llevó a cabo en el Senado de la República el Foro del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple donde participaron diversas asociaciones enfocadas a promover una mejor calidad de vida y la atención integral para las personas que viven con esclerosis múltiple en nuestro país, al igual que todas las actividades realizadas alrededor del mundo con motivo de esta conmemoración.

Concluyen las proponentes al señalar que:

Los sectores privado, público y social, debemos seguir fomentando estos espacios de reflexión y solidaridad. Por ello, consideramos oportuno solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores promueva ante la Organización Mundial de la Salud se emita la declaratoria de Día Mundial de la Esclerosis Múltiple el último miércoles del mes de mayo de cada año.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover ante la Organización Mundial de la Salud se declare el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple el último miércoles del mes de mayo de cada año.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en cuanto a que es necesario implementar políticas sociales enfocadas a concientizar a las personas sobre la esclerosis múltiple, además de generar apoyos para las personas que viven con esta enfermedad.

II.- Según los especialistas en la materia, la esclerosis múltiple es una de las enfermedades crónicas del sistema nervioso más común que causa discapacidad en adultos jóvenes, puesto que generalmente es diagnosticada entre personas de 25 a 31 años de edad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Esclerosis Múltiple no es siempre fácil de detectar o diagnosticar, puesto que los síntomas tempranos pueden ser inespecíficos, porque otras enfermedades del Sistema Nervioso Central tienen algunos síntomas similares o porque aún no se cuenta con una prueba neurológica o de laboratorio definitiva que pueda confirmar o descartar dicha enfermedad.

III. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esclerosis múltiple afecta alrededor de 2.5 millones de habitantes y en el caso de México, se calcula que existen entre 12 mil y 15 mil personas viviendo con esta condición.

IV. Como bien mencionan las Senadoras proponentes, el movimiento de la Esclerosis Múltiple (EM) constituye todas las asociaciones, profesionales del cuidado de la salud, instituciones y personas afectadas por la EM, que trabajan para crear un mundo libre de EM, y para hacer la vida mejor a personas con EM mientras tanto.1

Dicho movimiento se creó con el fin de que cualquier individuo, grupo o asociación trabaje conjuntamente y concienciar a propósito de la EM.2

V. Se estima que en México sólo 40 por ciento de las personas que padecen esclerosis múltiple cuenta con seguridad social para su tratamiento, el cual implica un gasto mínimo de 240 mil a 480 mil pesos al año por paciente, y mientras el diagnóstico sea más tardío los costos para su atención aumentan.

VI. Que debido a que la Esclerosis Múltiple es una enfermedad que por su costo y los gastos que se derivan de tratamientos y medicamentos que tienen es muy alto debido a su grado de complejidad o especialidad y la baja frecuencia con que ocurre, debería ser incita en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

VII. Que derivado de la investigación realizada por esta Comisión Dictaminadora, el Pleno del Senado de la República ha aprobado en senadas ocasiones, exhortos tanto a la Secretaría de Salud, como a la Cámara de Diputados con el fin de que sea integrada la Esclerosis Múltiple al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, sin que hasta     la fecha dichas recomendaciones hayan sido atendidas por las autoridades antes referidas.

VIII. La fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos faculta al Presidente de la República a:

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

IX. Por su parte, la fracción I del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a:

I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte;

X. Por lo anterior, los integrantes de la Segunda Comisión coincidimos plenamente con lo expuesto en el punto de mérito, pero consideramos que el exhorto se debe realizar directamente al Ejecutivo Federal, quien es el encargado de dirigir la política exterior que encabeza el Estado Mexicano, haciendo lo anterior a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual es la dependencia facultada conducir la política exterior del Estado Mexicano.

XI. Esta Dictaminadora considera pertinente incluir al resolutivo de la proposición de mérito, un exhorto a la Secretaría de Salud a fin de que analice la posibilidad de incluir la Esclerosis Múltiple en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, además de exhortar a las dependencias de salud de los Estados y del Distrito Federal para que promuevan campañas de difusión acerca de los síntomas, diagnóstico y tratamiento de dicha enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que analice la posibilidad de incluir en el catálogo de enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos la enfermedad de la Esclerosis Múltiple, y así coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que actualmente viven con dicha enfermedad.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las dependencias de salud de los Estados y del Distrito Federal para que promuevan campañas de difusión acerca de los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la Esclerosis Múltiple, teniendo como prioridad el correcto y oportuno diagnóstico.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, promueva ante la Organización Mundial de la Salud que se declare el día mundial de la esclerosis múltiple el último miércoles del mes de mayo de cada año.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 17 de junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.

1 Sobre el Movimiento de la EM, Día Mundial de la EM, disponible en: http://www.worldmsday.org/es/about-world-ms-day/

2 Ídem.






Uno más, por el que se solicita un informe a los avances para dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de acuerdo que solicita del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe de los avances del Estado mexicano para dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de mayo de 2015, la senadora Angélica De la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

I. La senadora señala que el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas examina cada cinco años a los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, a fin de supervisar sus avances en la aplicación de dicho tratado así como de sus tres Protocolos Facultativos referentes a la participación de niños en conflictos armados; sobre la venta de niños; y sobre un mecanismo de comunicaciones. La finalidad de dicho informe es generar un análisis público de las políticas de gobierno en el tema y proveer a las organizaciones de la sociedad civil herramientas para incidir en la agenda nacional para plantear y resolver los problemas de la infancia.

II. En esta tesitura, refiere que el Cuarto y Quinto Informe del Estado mexicano presentados frente al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas los días 19 y 20 de mayo en la Ciudad de Ginebra Suiza demostraron la falta de conocimiento y trabajo que se tiene respecto al tema por parte de la representación mexicana, la cual no respondió a la mitad de los cuestionamientos.

III. Se destaca que el Comité cuestionó diversas situaciones de nuestro país, que van desde el caso “mamá Rosa”, la existencia del Teletón, la falta de inclusión de los menores que tienen algún tipo de discapacidad en el sistema educativo y el incremento en las deportaciones de menores desde nuestro país. Así mismo, el Comité destacó que “la pobreza en México tiene el rostro de niño” e hizo referencia a los datos que señalan que 53 por ciento de las niñas y niños del país son pobres.

IV. Detalla que durante la conferencia de prensa, representantes de organizaciones de defensa de los derechos de la niñez expresaron que desde 1990 México ha recibido 295 recomendaciones de instancias internacionales relacionadas con los derechos de la niñez, sin embargo, 70 por ciento de ellas no han sido atendidas por el Estado.

V. Adicionalmente refiere, que el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dicho ordenamiento significa un cambio de paradigma, ya que reconoce a niñas, niños y adolescentes como personas autónomas, titulares de derechos.

Dicha reforma establece los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos. Permitiendo así el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano encargada de proteger los derechos de niñas, niños y adolescente ya existentes y la implementación de reformas y mecanismos fundamentales para que la niñez de nuestro país cuente con instituciones fundamentales en la protección de dichos derechos.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita del titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, un informe pormenorizado a esta Soberanía de los avances del Estado mexicano para dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 31 Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a implementar las reformas legislativas correspondientes conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a la división de poderes exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a establecer los mecanismos que permitan establecer el Sistema Nacional de Protección Integral, como la instancia que permita implementar instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de la niñez, previstos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito.

II.- Esta Dictaminadora coincide en términos generales con los argumentos de la legisladora Angélica De la Peña Gómez, en cuanto a que es necesario fortalecer las acciones tendientes a garantizar un sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así mismo, consideramos necesario que el Estado mexicano continúe emprendido reformas legales e institucionales con la finalidad de cumplir con los compromisos derivados de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez en aras de garantizar su efectiva aplicación.

III.- La Segunda Comisión considera oportuno dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas las cuales pretenden contribuir a disponer de diagnósticos más precisos y mejorar la focalización e impacto de las políticas públicas para este grupo de la población, sin el cual es imposible alcanzar mejores estadios de desarrollo económico, cohesión social y consolidación democrática.

III. Sin duda, la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, representa un avance trascendental para la garantía de los derechos de la infancia en nuestro país. Por ello, la coordinación de esfuerzos y la actuación en conjunto de los distintos órdenes de gobierno debe continuar siendo un objetivo primordial para implementar las faltantes reformas legislativas que sienten bases firmes y congruentes para la consolidación del Sistema Nacional de Protección Integral.

IV. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, es importante en nuestro país, en donde 10 de cada 12 menores es pobre o vulnerable, según lo mencionado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

V. En México, 21.2 millones de niños y adolescentes (53.8 por ciento del total) se encuentran en situación de pobreza, haciendo imposible que puedan satisfacer al menos uno de sus derechos sociales –vivienda, educación, salud, entre otros-; y 4.7 millones (12.1 por ciento) padece pobreza extrema, lo que implica que sus ingresos no permiten satisfacer sus necesidades alimentarias, según datos del informe “Pobreza y Derechos Sociales de Niños, Niñas y Adolescentes en México, 2010-2012” de la UNICEF.

VI. Según datos de la propia UNICEF, en nuestro país:

● 6.1 millones de niños entre 3 y 17 años que no asisten a la escuela, a pesar de que la cobertura en educación básica y el promedio de escolaridad han aumentado. La tasa de mortalidad en menores de 5 años (por cada mil nacidos vivos) sigue siendo alta en estados como Guerrero (19.4), Chiapas (19.5), Puebla (19.7) y Oaxaca (20), a pesar de que la tasa nacional ha disminuido considerablemente (de 41 en 1990 a 16 en 2012) por cada mil nacidos vivos.

● Seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes, han vivido directamente alguna forma de violencia en su casa o en la escuela.

● En 2013 fueron repatriados de Estados Unidos a México, 15,561 niños, niñas y adolescentes que migraban solos, expuestos a toda clase de peligros y violaciones a sus derechos.

● 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan, a pesar de los esfuerzos en los últimos años por reducir la tasa de trabajo infantil.

VI. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión destacamos y reconocemos que con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se creará el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Procuraduría Federal de Protección, y del Sistema Nacional de Información sobre Infancia, además de que se contará con la obligación de la asignación presupuestal suficiente para el cumplimiento de la Ley, pero reconocemos que todavía existen temas pendientes por discutir y analizar.

VII. Conscientes de lo anterior y confiados en que la ley establece las bases generales para la participación de los sectores privados y sociales en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración, creemos que la correcta aplicación de las medidas y el cumplimiento de los convenios y protocolos internacionales a los que México se ha suscrito permitirá que las generaciones contemporáneas superen las carencias y desarrollen todo su potencial, beneficiando el provenir de nuestro país, por lo cual estimamos pertinente aprobar el punto de mérito en sus términos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, un informe pormenorizado a esta Soberanía de los avances del Estado mexicano para dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en un plazo no mayor a quince días naturales.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 31 Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a implementar las reformas legislativas correspondientes conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a la división de poderes exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar los mecanismos que permitan establecer el Sistema Nacional de Protección Integral, como la instancia que permita implementar instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de la niñez, previstos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 17 de junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Otro, que exhorta a garantizar la reparación integral de las víctimas en el caso del incendio de la Guardería ABC.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas proposiciones con punto de acuerdo con relación al caso del incendio en la guardería “ABC” de Hermosillo, Sonora, a seis años de la tragedia.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de junio del 2015, las Diputadas Lizbeth Rosas Montero y Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una proposición con punto de acuerdo que solicita al Poder Ejecutivo Federal atienda el caso del incendio en la guardería "ABC" de Hermosillo, Sonora, a seis años de la tragedia.

2. Con fecha 3 de junio del 2015, la Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a recibir a las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC, en el ánimo de resolver las demandas planteadas del pliego petitorio que hicieron en su momento.

6. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que las proposiciones listadas con anterioridad fueran turnadas para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el presente Dictamen, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1. Las diputadas Lizbeth Rosas Montero y Gloria Bautista Cuevas, proponentes del punto de acuerdo que se relaciona en el numeral 1 del apartado de antecedentes, establecen expresamente en sus consideraciones:

“En el marco de su campaña presidencial, el ahora presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión con padres y madres de niños fallecidos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC, esto en su paso por Ciudad Obregón, Sonora. En esa misma reunión, el entonces candidato de la coalición Compromiso por México se comprometió a resolver las demandas de los padres y madres de las víctimas del incendio.

En esa misma reunión, los padres entregaron Enrique Peña Nieto un documento en el que le piden, que en caso de ganar la presidencia de la República, durante los primeros cien días de gobierno resolviera total y definitivamente el caso del siniestro ocurrido el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, y que cobró la vida de 49 menores.

Por su parte, el entonces candidato se comprometió además a mantener vigente el decreto del 20 de julio de 2010, que establece la atención vitalicia a los niños y niñas con lesiones por parte del IMSS. Así como a atender la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de indemnizar a los padres de los menores que perdieron la vida hace tres años en la tragedia de la guardería ABC.

En una carta publicada en el diario EL UNIVERSAL el 5 de junio de 2014, firmada por los padres y madres de niños fallecidos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC, integrantes del Grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, los mismos se dirigen al Presidente de la República Enrique Peña Nieto cuestionando: ¿Qué espera su Gobierno para actuar?

A lo largo de 6 largos años, tan solo se ha aprehendido a una persona. En junio del año pasado Roberto Copado Gutiérrez, ex director de la Unidad de Protección Civil Municipal de Hermosillo, fue detenido por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) en ese municipio bajo la causa penal 182/2009 donde se le culpa de los delitos de homicidio y lesiones culposas.

En tiempos más reciente, debemos reconocer que ha habido un nuevo acercamiento por parte de las autoridades. El pasado 26 de mayo del presente, la titular de la PGR se reunió con padres, familiares y representantes de las víctimas de la Guardería ABC. En dicha reunión la Procuradora Arely Gómez reiteró que la institución a su cargo está determinada y comprometida con la investigación de este caso. A pesar de que el acercamiento es atinado, no se puede olvidar que han pasado 6 años desde aquella tragedia y tres de ellos corresponden a la actual administración; y a la fecha no se ha logrado llevar ante la justicia a todos los responsables, no existe incluso certeza sobre los hechos, sino sólo peritajes contradictorios.

Con base en los antecedentes y tomando en cuenta los compromisos que Enrique Peña Nieto hizo con los padres y madres de niños fallecidos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC, en el marco de su campaña presidencial, nos encontramos ante un escenario donde la impartición de justicia no ha sido eficaz ni satisfactoria. Esto se hace patente ya que a pesar de haber responsables señalados solamente una persona ha sido detenida. Además, la tragedia de la Guardería ABC se ha reducido a un simple asunto de repercusión política en el que no se está procurando la impartición de justicia, por lo que se vuelve necesario llamar la atención de las autoridades competentes sobre el asunto.

Las acciones hasta hoy emprendidas no han sido suficientes para esclarecer los hechos suscitados ni para resarcir el daño a los afectados. Los padres de familia de las víctimas lamentan que sólo uno de los responsables haya sido detenido, sobre todo cuando hay al menos 16 funcionarios federales, estatales y municipales identificados por los mismos padres de familia como responsables de homicidio y lesiones culposas.

Es así que surge la necesidad de atender este asunto a través de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el fin de reiterar la exigencia de proporcionar el consuelo de lograr la justicia a los padres de familia de las víctimas y a las víctimas mismas, para que las consecuencias de las omisiones de la administración estatal y federal no queden impunes, para que en el tratamiento de este doloroso acontecimiento no se siga privilegiando la estrategia política y electoral, sino de cero impunidad al amparo de la impartición de justicia; pues como ya hace un año se precisó en los medios de comunicación y que ahora sigue siendo vigente: “El dolor persiste y la justicia no llega”.

Ahora, a seis años de la tragedia, el Congreso de la Unión debe unirse una vez más al llamado de justicia para las víctimas de esta tragedia y sus familias. La espera ha sido demasiado larga, no se puede permitir que pase más tiempo sin que la justicia llegue a Sonora.”

En función de los argumentos antes transcritos, las proponentes someten a la consideración de la Comisión Permanente los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que atienda de forma integral el caso del incendio de la Guardería “ABC” en Hermosillo, Sonora, el 5 junio del año 2009; para que se esclarezcan los hechos y se finquen responsabilidades a seis años de la tragedia.

SEGUNDO. Se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregue un informe del seguimiento y atención que han brindado a los familiares y a las víctimas del incendio de la Guardería ‘ABC’.”

2. La diputada Verónica Juárez Piña, proponente del punto de acuerdo que se relaciona en el numeral 2 del apartado de antecedentes, establece expresamente en sus consideraciones:

A seis años de impunidad de la peor tragedia que involucra a la niñez mexicana, el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que tuvo como resultado la muerte de 25 niñas y 24 niños, así como alrededor de 24 niñas y niños afectados por quemaduras y 80 más por la exposición y/o inhalación del humo toxico, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha consignado a los verdaderos culpables que provocaron el fatídico incendio, quienes siguen gozando de impunidad, como si nada hubiera pasado.

Han transcurrido 6 años en que la PGR atrajo la investigación y hasta el momento, la dependencia únicamente ha podido consignar a delincuentes menores, según consta en las indagatorias y el Poder Judicial no ha podido hacer nada si el Ministerio Público de la Federación no actúa y no pone en sus manos una averiguación previa con los suficientes elementos para castigar a los verdaderos culpables.

Por lo que de nueva cuenta, este caso al igual que otros, dan vida a la dolorosa memoria que se caracteriza por la impunidad y el desinterés de las autoridades federales y estatales en hacer justicia de las conductas de acción u omisión de los funcionarios que trascendieron a las consecuencias del accidente.

La historia de esta tragedia se ha destacado por estar envuelta no sólo en el dolor de la pérdida de vidas inocentes, sino también por él sufrimiento, el daño y el reclamo de justicia de las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC.

Las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC han recomendado al gobierno mexicano garantizar una investigación eficaz para que los verdaderos responsables sean procesados debidamente. Sin embargo, hasta la fecha esto todavía no ha sido implementada, a pesar de que en 2010 el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reconoció que había la existencia de 19 funcionarios involucrados en los hechos por negligencia y omisión.

Además es importante recordar que la investigación especial del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea acerca de lo acontecido en la guardería ABC no es una alternativa a la justicia penal, sino un mecanismo para reforzar los esfuerzos para esclarecer los hechos.

Por lo tanto, no debería ser razón para paralizar la acción penal contra los responsables ni otras acciones apremiantes, puesto que el reclamo social para que se castigue a los culpables del incendio de la guardería ABC, será permanente, ya que se ha demostrado con el paso del tiempo que hubo una serie de complicidades y corrupción de autoridades locales y federales que dieron origen al incendio.

Por ello, las investigaciones ministeriales sobre la tragedia que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) no pueden considerarse cerradas hasta que se agoten todas las líneas de investigación, ya que la demanda de las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC por la justicia de sus hijas e hijos, es un reclamo a la reparación del daño que el Estado debería de asumir con urgencia.

Si añadimos a lo anterior, que el pasado 4 de junio de 2014, se formó el Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a las Investigaciones de la Guardería ABC del Estado de Sonora, el cual tuvo por objeto, dar seguimiento a las investigaciones, demandar el esclarecimiento del origen del incendio en la guardería, solicitar la identificación plena de las y los responsables directos e indirectos de la tragedia, dar seguimiento a la reparación del daño a las víctimas y a los familiares de los sucesos del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora y por último, presentar iniciativas de ley para mejorar el funcionamiento de las estancias infantiles, donde se incluya la prevención de siniestros.

Es así que el 30 de abril de 2015, el Grupo de Trabajo concluyó que los trabajos realizados se vieron frenados por la falta de disposición de las autoridades federales y estatales encargadas de la investigación. Esto significó que a pesar de que los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, sigue inconcluso al no determinarse culpables definitivos de la administración estatal y federal que tienen relación directa e indirecta respecto al fatídico incendio.

Por lo tanto, podemos encontrar que en nuestro país se percibe vivir entre la injusticia, la impunidad y el oprobio por lo que es necesario demandar con energía lo que por derecho nos corresponde a todas y todos los mexicanos; justicia y respeto a nuestros derechos humanos, particularmente en el caso de estas niñas y niños que no debieron morir, ni permanecer afectados por quemaduras durante el resto de sus vidas.

Mientras no haya justicia para las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC, en México seguiremos padeciendo de la práctica sistemática de la impunidad.

En función de los argumentos antes transcritos, las proponentes someten a la consideración de la Comisión Permanente los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que reciba en los Pinos a las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC, en el ánimo de resolver las demandas planteadas del pliego petitorio que hicieron en su momento las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR)a realizar una investigación veraz y efectiva que resuelva a la mayor brevedad la averiguación previa para castigar a los verdaderos culpables de la peor tragedia que involucra a la niñez mexicana, el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente refrendamos nuestra solidaridad con las niñas, los niños y las familias víctimas de la tragedia sucedida en la guardaría ABC, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009. Así mismo, reiteramos nuestro deseo de que todas las víctimas de los lamentables sucesos puedan sobreponerse de la forma más completa posible a las graves secuelas que genera una desgracia semejante y confirmamos nuestra firme convicción de que el Estado Mexicano debe apoyar con determinación a las familias hasta cumplir ese objetivo.

En ese sentido, nos congratulamos por los significativos logros que, a base de un gran esfuerzo cotidiano personal, propio y de sus familias, han conseguido las niñas y los niños que sobrevivieron a la tragedia del 5 de junio.

II. De todos son conocidos los hechos que configuran la tragedia de la guardería ABC. También son públicos y notorios los hechos que sucedieron a la desgracia y que han configurado una complicada trama social, jurídica e, incluso, política que no termina por develar una verdad histórica indispensable para sanar la herida abierta desde entonces en la cada vez más diezmada confianza ciudadana respecto de las autoridades del Estado mexicano.

Somos conscientes de que en la sociedad hay claros visos de insatisfacción ante los resultados que hasta ahora han arrojado las investigaciones, sobre todo, porque las familias afectadas, encabezadas por las madres y los padres de las niñas y niños que perdieron la vida o resultaron lesionados, han elevado su voz desde diversos foros y ante distintas instancias para inconformarse por las deficiencias que han observado las distintas autoridades involucradas en la atención de una tragedia que consternó a la sociedad mexicana y la volcó en la exigencia de justicia.

Nos manifestamos conscientes también de que en los años transcurridos se han hecho públicos elementos que acusan negligencia de autoridades diversas e, incluso, hasta complicidad en posibles ilícitos que van más allá de las graves omisiones, incluyendo datos que someten a duda la involuntariedad del incendio que consumió tanto a la guardería como a la bodega contigua en aquél fatídico 5 de junio.

Si bien, entendemos que escapa enteramente a esta Soberanía la potestad de valorar los elementos históricos y los datos científicos que resultan de las averiguaciones, así como discernir los hechos y deslindar las responsabilidades, sí asumimos como encargo, en tanto que nuestra labor es guiada por el carácter de representación popular, el velar por el esclarecimiento de que aquellos hechos en los que el Estado tenga participación, ya sea por la acción o por la omisión de las autoridades, que generen un detrimento en la tranquilidad, la vida, la integridad o el patrimonio de los ciudadanos, así como por una eficaz impartición de justicia respecto de los mismos y la total reparación a las víctimas y a sus familias. Más apremiante aún es ese compromiso, cuando se trata de hechos que ocasionaron el sensible deceso de 49 menores e infligieron lesiones trascendentes a otros 25.

III. Los integrantes de esta dictaminadora que avalamos el presente instrumento valoramos las diversas acciones emprendidas por diversas autoridades del Estado mexicano para dar atención integral a la tragedia, especialmente tras el reconocimiento de que en la misma fueron vulneradas de manera grave las garantías de los niños y las niñas que sufrieron los hechos.

En efecto, en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 16 de junio de 2010, en el expediente 1/2009 “FACULTAD DE INVESTIGACIÓN PARA AVERIGUAR LA VIOLACIÓN GRAVE DE GARANTÍAS INDIVIDUALES, CASO GUARDERÍA ABC”, se definió expresamente que “en la conflagración acaecida en la Guardería ABC en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 niños y decenas más resultaron lesionados, algunos de manera importante, se verificó la violación grave de garantías individuales”, resultando vulneradas las siguientes:

1. Los derechos del niño y principio de interés superior;

2. El derecho a la protección de la vida;

3. El derecho a la integridad física;

4. Derecho a la seguridad social, y

5. Derecho a la salud.

Además, de determinó la responsabilidad en los hechos de diversos funcionarios federales, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como estatales.

Y por último, se enunciaron acciones mínimas a realizar por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno del país, con la finalidad de prevenir y evitar que volvieran a suceder casos semejantes al de la Guardería ABC.

Como parte de las medidas de reparación implementadas por el Estado mexicano, el 20 de julio de 2010 el Ejecutivo Federal emitió el “DECRETO por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, Sociedad Civil , en la ciudad de Hermosillo, Sonora”, mismo que otorga una ayuda extraordinaria para los menores de edad que resultaron lesionados, las madres de los menores fallecidos, las madres de los menores lesionados y las maestras y otros adultos que resultaron lesionados en el incidente ocurrido el 5 de junio de 2009 en la “Guardería ABC, Sociedad Civil”, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La ayuda extraordinaria, según establece el Artículo Primero del Decreto, comprendería los siguientes conceptos:

“I. Ayuda para la educación de los menores que resultaron lesionados en el incidente señalado en el primer párrafo de este artículo para los niveles educativos de primaria, secundaria, media superior y superior, en cualquier institución educativa pública o privada en la República Mexicana;

II. Ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores que fallecieron en el incidente señalado en el primer párrafo de este artículo;

III. Ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores que resultaron lesionados en el incidente señalado en el primer párrafo de este artículo;

IV. Ayuda vitalicia por solidaridad para las maestras y otros adultos que resultaron lesionados en el incidente señalado en el primer párrafo de este artículo;

V. Ayuda para el pago del consumo de la energía eléctrica que se genere en el domicilio en el que residan los menores y los adultos que resultaron lesionados en el incidente señalado en el primer párrafo del presente artículo, durante el tiempo que por prescripción médica requieran del uso de equipos para el debido cuidado de su salud, y

VI. Ayuda para la atención médica vitalicia de los padres de los menores fallecidos y lesionados por quemaduras, a través del Seguro de Salud para la Familia, en caso de que dejen de ser sujetos de aseguramiento en el Régimen Obligatorio del Seguro Social. Este beneficio será aplicable a los padres de los menores a que se refiere el artículo segundo de este Decreto.”

Otro mecanismo de reparación, mediante el cual se pretendió otorgar la garantía de no repetición, fue la emisión por el Congreso de la Unión de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la denominada “Ley 5 de Junio” para mantener presente que su principal objetivo era evitar que una desgracia semejante se repitiera en nuestro país. La Ley ordenó la prestación de los servicios de guardería, regulando en forma estricta tanto la que realizan las autoridades de los tres órdenes de gobierno, como aquella en que pueden participar los particulares: estableció los derechos de las niñas y los niños en este rubro; creó una política pública nacional en la materia; distribuye con claridad competencias entre autoridades de los tres órdenes de gobierno; establece un Consejo Nacional de Planeación, así como un Registro Nacional de Centros de Atención y ordena registros estatales; dispone una serie de medidas estrictas de seguridad y protección civil, y fija un régimen de autorizaciones para Centros de Atención, bajo estrictos requisitos.

IV. Quienes suscribimos el presente dictamen consideramos que son loables los esfuerzos emprendidos por diversas instancias del Estado mexicano para dar una atención integral al problema que evidenció la tragedia del 5 de junio, tanto para garantizar la no repetición de hechos semejantes, orientados por el principio de interés superior del niño, como para sustanciar la reparación integral de las víctimas y de sus familias; sin embargo, creemos que no están satisfechos los factores que permiten considerar que sea ha realizado la reparación integral de las víctimas de esos hechos de violación grave a los derechos humanos, factores que son, según define el artículo 1 de la Ley General de Víctimas: “las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.”

En el sentido de lo expuesto, consideramos de suma trascendencia el balance general que sobre los hechos realizan las proponentes de los puntos de acuerdo en revisión: en suma, tras 6 años de investigaciones y a pesar de que el máximo tribunal del Estado mexicano encontró responsabilidades de diversa índole y en distintas personas, en una resolución no jurisdiccional pero sí indicativa, la impartición de justicia no se ha hecho realidad. Es decir, las víctimas no han podido hacer efectivo su derecho a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso, un elemento sustancial para la efectiva reparación integral según establece la fracción III del artículo 2 de la Ley General de Víctimas.

Por lo tanto, es aún inconclusa la reparación integral que el Estado debe proporcionar a las víctimas y a sus familias, si bien, reconocemos que se han tenido avances en esa dirección y que las investigaciones y la atención a los afectados no se han dado por concluidas.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a mantener y reforzar desde el ámbito de su competencia los mecanismos necesarios para garantizar la reparación integral de las víctimas en el caso del incendio de la Guardería “ABC” en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, especialmente en lo que toca a las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos y el fincamiento de las responsabilidades, manteniendo abierto un canal de diálogo permanente con las víctimas y sus familias.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas un informe del seguimiento y atención que han brindado a los familiares y a las víctimas del incendio de la Guardería ‘ABC’.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República a reforzar los trabajos de investigación a efecto de esclarecer de manera veraz y efectiva los hechos, deslindar las responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan como resultado de la tragedia del 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 17 de junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Otro, que exhorta a contrarrestar las expresiones de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H.ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar acciones que contrarresten las expresiones de discriminación de los servidores públicos hacia las personas de comunidades indígenas.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de mayo de 2015, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“La cronología de los hechos es bien conocida. El debate sigue vigente. Propios y extraños han emitido sus opiniones, todas valiosas, respetables.

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral fue expuesto de manera ilegal, de eso no hay duda alguna, en una desafortunada y cuestionable platica telefónica. El pillaje desató una andanada de opiniones que van desde las que reprochan el acto ilegal del que fue objeto el titular del INE, así como las que repudian la conversación como un claro ejemplo de un acto discriminatorio que cobra mayor relevancia por el cargo público que ostenta el personaje pillado.

Los pronunciamientos no se hicieron esperar. Existe un consenso generalizado acerca de la condena a un acto ilegal que debe de investigarse y castigarse. Sin duda, la autoridad debe de tomar cartas en el asunto, ya que no es un caso aislado, para terminar con esas prácticas ilegales que lo único que buscan es desprestigiar la imagen.

Empero, dejando de lado el tema de la ilegalidad no por ser menos importante, sino porque he estado dando una lucha firme y convencida en contra de la discriminación de nuestros pueblos y comunidades indígenas.

Como todos sabemos, mi estado, Oaxaca, tiene un importante número de habitantes indígenas, por lo tanto es para mí una seria preocupación que el titular de nuestro máximo órgano electoral se haya referido de esta manera hacia un indígena.

He dado una batalla, incansable, para reivindicar a nuestros pueblos originarios; he realizado un sinfín de propuestas legislativas y de otra índole para dotar a este grupo de la población mexicana de mecanismos que logren incorporarlos de forma integral a la mecánica social vigente, que los ha dejado fuera de los principales procesos de generación de oportunidades.

No me da miedo escuchar este tipo de expresiones, que sin duda, muchos querrán justificar con el argumento del derecho de todos a ejercer la libre manifestación de ideas o posiciones acerca de temas que van desde lo social, político y económico hasta los que solo pretenden entretener usando cualquier cantidad de ingenio humorístico, esto viene a colación porque la plática del titular del INE puede tomarse una conversación privada en un contexto específico, una plática de “cuates”.

Todas y todos, tenemos el derecho de expresarnos como mejor nos parezca y con mayor razón en el marco de una conversación privada.

Pero, y esto lo digo a título personal, cuando se trate de una afectación a nuestras comunidades indígenas, cualquiera que sea, voy a levantar la mano en señal de protesta.

Porque no es en vano la lucha que muchos hacemos para conseguir que en todo el territorio nacional se respeten a nuestros pueblos originarios, pero sobre todo, para que se deje de discriminarlos, y esto lo sabe el Consejero Presidente.

Lo grave de esta conversación, desde mi punto de vista, desde luego, es que no creo que un servidor de ese nivel y con tal responsabilidad en nuestra incipiente democracia se exprese así en privado de cualquier integrante de un grupo vulnerable.

No pretendo satanizar o atacar a un servidor público ni a la institución que encabeza, al contrario, hago votos para que funjan como el árbitro electoral que demanda el país en este tan complejo procesos electoral.

Mi intención, es la de seguir alzando la voz ante cualquier acto que denote una conducta discriminatoria hacia nuestras comunidades indígenas,

Nuestro marco jurídico respeta y defiende el derecho de cualquier mexicano a expresarse sin ningún tipo de censura, situación que celebramos y reconocemos cabalmente.

Sin embargo, nunca vamos a defender o reconocer que este ingenio humorístico sea una manifestación que lastime y denigre a una comunidad que ha sido objeto de un constante y lacerante abandono social.

Es importante dejar claro que la importancia de nuestras comunidades indígenas va más allá de reconocerlas como un grupo social más dentro del crisol cultural que conforma nuestra nación; los pueblos y comunidades indígenas son fundamentales para entender México.

El cimiento en el que descansa este país, tiene como una de sus principales bases a este grupo social que, como todos sabemos, descienden directamente de los primeros habitantes del territorio nacional.

Empero, esta condición ha transitado históricamente por un camino lleno de escollos y dificultades.

Hemos sido pocos los que nos comprometimos profundamente para limpiar el tránsito de los pueblos indígenas en la vida nacional, con el único objetivo de reivindicarlos, ya que somos conscientes de lo esencial que resultan para el país nuestras comunidades originarias.

En tal sentido, no resulta casual que nuestro Máximo precepto jurídico dedique una de sus principales disposiciones para establecer de manera clara la importancia de este grupo social.

El artículo 2º constitucional nos permite identificar dicha relevancia, al tenor de lo siguiente:

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país…

Asimismo, el apartado B de la disposición en cita estipula:

La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Lo anterior, nos permite identificar claramente la relevancia del grupo social de referencia y en consecuencia la responsabilidad que tenemos para luchar por la defensa de sus derechos.

Es por tales motivos, que desde nuestra posición en el H. Congreso de la Unión y comprometidos con nuestras queridas comunidades y pueblos indígenas exhortamos a la autoridad federal, que en el ámbito de sus responsabilidades impulse las medidas necesarias para contrarrestar este tipo de campañas de discriminación en redes sociales.

Necesitamos acciones permanentes por parte de la autoridad competente, orientadas a generar una conciencia en la sociedad acerca del papel que nuestros pueblos y comunidades indígenas representan para la nación para que rechacen el surgimiento de este tipo de expresiones que no sólo dañan a un grupo social en específico, sino que laceran una parte esencial de nuestro país”.

En mérito de lo anterior, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a emitir un pronunciamiento acerca del caso en el que se vio involucrado el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral para determinar si incurrió o no, en una clara conducta discriminatoria.

SEGUNDDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a incrementar acciones encaminadas a contrarrestar el auge de expresiones de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas dirigidas a servidores públicos en los tres niveles de gobierno.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a implementar campañas permanentes para concientizar a la sociedad del valor de los pueblos y comunidades indígenas con el fin de rechazar cualquier expresión de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas”.

CONSIDERACIONES

I.- Los integrantes de esta Comisión dictaminadora reconocen y comparten la preocupación plasmada por el promovente de la proposición que se analiza, por la discriminación de que continúan siendo objeto los indígenas en nuestro país, circunstancia que los coloca como uno de los principales grupos en situación de vulnerabilidad.

Ello se corrobora con los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, que revelan que el principal problema que perciben contra sí las minorías étnicas es precisamente la discriminación.

Casi cuatro de cada diez miembros de un grupo étnico consideran que no tienen las mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo, mientras que tres de cada diez consideran que no tienen las mismas oportunidades para recibir apoyos del gobierno. Por otro lado, uno de cada cuatro dijo no tener las mismas oportunidades para acceder a servicios de salud o educación

Es por ello que los integrantes de esta Comisión comparten también el rechazo a toda forma de discriminación ejercida en contra de los grupos indígenas y las minorías étnicas, al tiempo que reconocen la necesidad de fortalecer la legislación, así como las acciones y políticas públicas encaminadas a garantizar la inclusión, la igualdad y el ejercicio pleno de sus derechos.

No obstante lo anterior, en lo que se refiere específicamente al contenido de la proposición, esta Comisión dictaminadora estima conveniente realizar un análisis por separado de cada uno de sus puntos resolutivos, a fin de analizar la viabilidad de los exhortos que propone.

II.- En su primer resolutivo, la proposición que se analiza plantea que la Comisión Permanente emita un exhorto al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), a fin de que se pronuncie públicamente sobre el contenido de la grabación dada a conocer en diversos medios de comunicación, en la que se escucha al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Dr. Lorenzo Córdova Vianello, sosteniendo una conversación en la que hace escarnio de representantes de una comunidad indígena con quienes acababa de reunirse. Ello con el fin de que el CONAPRED determine si tales expresiones constituyen conductas discriminatorias.

En ese sentido vale la pena recordar que la fracción XXXIV del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece la facultad del CONAPRED para elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas relacionados con la no discriminación que sean de interés público.

De igual manera, la fracción XLIV del mismo precepto establece su facultad de conocer e investigar los presuntos casos de discriminación, cometidos por servidores públicos o poderes públicos federales o particulares.

Sin embargo por encima de ambos preceptos legales, es necesario tener presente lo estatuido por el artículo 16 constitucional, que en su decimosegundo párrafo consagra la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en los siguientes términos:

“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley”.

En el caso particular que nos ocupa, el Consejero Presidente del INE dio a conocer que interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable, por el espionaje telefónico de que fue objeto, por lo que resulta lógico suponer que la comunicación no fue dada a conocer por el Consejero Presidente. Así también, de la información que se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación, relativa a la postura de los representantes indígenas sobre el caso, se desprenden elementos que hacen suponer que la comunicación no fue aportada por ellos.

Por consiguiente, ante la falta de elementos que demuestren la aportación voluntaria de la comunicación privada por parte de alguno de sus participantes, es viable concluir que dicha grabación viola el deber de confidencialidad que consagra el párrafo decimosegundo del artículo 16 de nuestra Carta Magna y en consecuencia no puede constituirse como un elemento de prueba a partir del cual se dé inicio a una investigación de carácter penal, civil o administrativo.

Precisamente en ese sentido, el CONAPRED dio a conocer en el comunicado de prensa 045/2015, fechado el 19 de mayo de 2015, que se encuentra legalmente impedido para abrir un procedimiento de queja sobre la conversación privada del Consejero Presidente del INE, presumiblemente obtenida y exhibida de manera ilegal, resaltando además que ya el Consejero Presidente había ofrecido una disculpa expresa por el contenido de la grabación.

En conclusión, tanto por la ilicitud que reviste la intromisión y difusión de la conversación privada, como por lo externado públicamente por el CONAPRED con relación al asunto, esta Comisión dictaminadora estima improcedente emitir el exhorto planteado por el proponente en el Punto Primero de su proposición.

III.- Por lo que toca al punto Segundo de la proposición que se analiza, el autor plantea que la Comisión Permanente emita un exhorto al titular del CONAPRED para que se incrementen las acciones encaminadas a contrarrestar el auge de expresiones de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas dirigidas a servidores públicos en los tres niveles de gobierno.

En el mismo tenor, el tercer punto plantea exhortar al mismo destinatario para que se implementen campañas permanentes para concientizar a la sociedad del valor de los pueblos y comunidades indígenas con el fin de rechazar cualquier expresión de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas.

Por tratarse de exhortos perfectamente complementarios en su contenido, así como coincidentes en el destinatario, esta Comisión estima conveniente analizarlos de manera conjunta.

De acuerdo la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, particularmente en la fracción XX de su artículo 20, el CONAPRED tiene la facultad de generar y promover políticas, programas, proyectos o acciones cuyo objetivo o resultado esté encaminado a la prevención y eliminación de la discriminación.

Se trata de una facultad de suma trascendencia en virtud de que implícitamente conlleva acciones cuyo destinatario directo es la sociedad, para inculcar en ella una cultura de la no discriminación.

Por su parte, la fracción XXXVI le faculta para establecer una estrategia que permita a instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos.

Así también, la fracción XL le faculta para sensibilizar, capacitar y formar a servidores públicos en materia de no discriminación.

De lo anterior se colige con certeza que el CONAPRED cuenta con facultades de prevención, capacitación y difusión, que lo mismo van dirigidas al ámbito público que a los particulares.

En este punto vale la pena evocar nuevamente el comunicado de prensa 045/2015 del CONAPRED, en el que expresamente: “reitera la obligación de toda y todo servidor público a garantizar la protección de la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad, y de los grupos más vulnerados, con medidas especiales, como lo estipula la Constitución Política y la normatividad internacional suscrita por el Estado mexicano”.

También vale la pena subrayar que aun cuando el CONAPRED cuenta con facultades de investigación respecto de casos de discriminación cometidos por servidores públicos únicamente del ámbito federal, la propia Ley le faculta para celebrar convenios de colaboración con Poderes Públicos estatales, municipales y del Distrito Federal, por lo que a juicio de esta Comisión, la propuesta de incrementar acciones dirigidas a servidores públicos de los tres niveles de gobierno no resulta contraria a la norma. 

En consonancia con lo anterior y reiterando su coincidencia con la preocupación del proponente, esta Comisión estima viables y oportunos los exhortos a que se refieren los puntos segundo y tercero de la proposición, que promueven la realización de actos cuyos destinatarios son por un lado servidores públicos y por otro la sociedad en general, sin que para ello sea obstáculo que impliquen acciones que se encuentran ya contempladas dentro de las facultades que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación le confiere al CONAPRED.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las acciones dirigidas a servidores públicos en los tres niveles de gobierno, encaminadas a contrarrestar el auge de expresiones de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a implementar campañas permanentes para concientizar a la sociedad sobre el valor de los pueblos y comunidades indígenas con el fin de rechazar cualquier expresión de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 17 de junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Uno más, que exhorta a orientar la población sobre el Síndrome de la Fatiga Crónica.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta, a la Secretaría de Salud, a orientar a la población con relación a la enfermedad denominada síndrome de la Fatiga Crónica.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de mayo 2015, la Diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Que el síndrome de la fatiga crónica, es un padecimiento que ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud desde 1992, por lo que cada día 12 de mayo es celebrado como el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica; que la fibromialgia es una enfermedad reumática crónica que se presenta fundamentalmente en mujeres, mientras que el síndrome de la fatiga crónica es un trastorno asociado a la falta de fuerza, cansancio o fatiga que se prolonga con el paso del tiempo; y que el síndrome de la fatiga crónica se analiza como una enfermedad, y se ha caracterizado por una fatiga intensa, física y mental, que reduce significativamente las actividades de las personas que lo padecen, no se alivia con el descanso y no se provoca por algún otro padecimiento.

Señala que los síntomas con mayor énfasis a este padecimiento es el cansancio extremo, que aparece a pesar de haber dormido lo necesario, otros síntomas son, falta de memoria, dificultad para concentrarse, dolor de cabeza, irritabilidad, fiebre alrededor de 38.8° C o menos, confusión, dolores musculares, dolor de garganta y sensibilidad en los ganglios linfáticos del cuello o la axila.

Finalmente, argumenta que las personas que sufren de este síndrome no son asociados con algunos otros padecimientos tales como, autoinmunitario o inmunitarios, infecciones, enfermedades musculares o neurológicas o endocrinas, depresión o tumores, ni alguna otra enfermedad como cardiopatías, nefropatías o hepatopatías. En virtud que el síndrome de la fatiga crónica puede ser con el paso del tiempo devastador, se considera necesario que la Secretaria de Salud oriente a la población para prevenir y tomar medidas para este padecimiento deterioro.

Por lo que propone lo siguiente:

Único.- la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a orientar a la población con relación a la enfermedad denominada síndrome de la fatiga crónica.

CONSIDERACIONES

Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, consideramos oportuno mencionar que en el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución.

Para esta Dictaminadora, resulta pertinente señalar que la salud en México se encuentra a cargo de diversas instituciones como la Secretaria de Salud que atiende al sector público, el Instituto Mexicano del Seguro Social que brinda servicios al sector privado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado atiende las necesidades sociales y cuidados a la salud de aquellos empleados por el estado. Sin dejar de contar con la Secretaria de la Defensa Nacional que cuenta con su propio sistema de atención a su personal; asimismo, existen otras dependencias como Pemex que cuenta con su propio sistema de salud. Los ciudadanos que no cuentan con afiliación en servicios de salud se registran al Seguro Popular,

Consideramos conveniente mencionar que el síndrome de fatiga crónica (SFC) también conocido como EM/SFC (encefalopatía miálgica/síndrome de fatiga crónica) o encefalomielitis miálgica, es una enfermedad clasificada por la Organización Mundial de la Salud con el número G 93.3. en el CIE-10, dentro de las enfermedades neurológicas; la OMS la considera como una enfermedad neurológica grave y aparece en la lista americana de enfermedades infecciosas nuevas, recurrentes y resistentes a los medicamentos.

Es oportuno señalar que aunque se desconocen las causas de la enfermedad, se tiene conocimiento que se han realizado innumerables estudios sin llegar a descubrir la causa y la cura; habiéndose propuesto, diversas hipótesis pero ninguna ha sido confirmada científicamente, ni aceptada por la mayor parte de la comunidad médica.

Se estima que la enfermedad afecta alrededor de un 0.5 por ciento de la población mundial y que la proporción por género es de nueve mujeres por cada hombre, el síndrome de la fatiga crónica se puede manifestar de formas leves hasta exageradamente graves, aunque no se considera una enfermedad mortal, es probable que exista un número elevado de decesos debidos a ella, las causas de la muerte de estos enfermos suelen estar ligados a fallo cardíaco, cáncer o suicidio, por lo que es difícil reconocerlas en su origen.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideramos conveniente compartir la propuesta presentada y hacer nuestra la inquietud de la Diputada proponente, a efecto de tomar medidas para que la población tenga un mayor conocimiento al respecto, por lo que sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud, a orientar a la población con relación a la enfermedad denominada síndrome de la fatiga crónica.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 16 de junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.








Uno más, que exhorta a garantizar la atención de todas las niñas, niños y adolescentes con cáncer.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta, a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para garantizar la atención, tratamiento efectivo, suficiente, de calidad e idóneo de todas las niñas, niños y adolescentes con cáncer, además de generar un trato digno y de acompañamiento emocional con los padres de familia, así como incrementar la infraestructura hospitalaria para este rubro.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 03 de Junio 2015, los Diputados Claudia Rocío Villa Oñate y Juan Pablo Adame Alemán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus consideraciones:

Que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2014 en nuestro país, el monto de población infantil de 0 a 17 años, ascendió a 40.2 millones de personas: 19.7 millones de niñas y 20.5 millones de niños.

Uno de los temas más importantes para este sector de la población es la Salud. Para dar cuenta de ello, uno de los indicadores internacionalmente utilizado para medir el avance en esta materia es el de la mortalidad infantil, indicador que evidencia el grado en que una sociedad tiene y ejerce el derecho humano más fundamental a la vida y a la salud.

Señalan que en nuestro país el 56% sobrevive al diagnóstico, sin embargo, sigue siendo muy alto el nivel de decesos. Indican además, que la incidencia de casos de cáncer es de 9 por 100 mil menores de edad para la población no derechohabiente, es decir, quienes no cuentan con servicios como IMSS, ISSSTE u otros servicios de salud, por ello es preocupante que nuestro país tenga estadísticas altas de 2, 150 muertes por cáncer infantil en la última década, siendo la principal causa de muerte por enfermedad entre niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 14 años, de acuerdo a datos preliminares 2013 del Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones.

El rezago socio-económico que sufre gran parte de la población de nuestro país es factor determinante para que dos terceras partes de los niños con leucemia no cuenten con un diagnóstico oportuno o un tratamiento eficaz, un diagnóstico oportuno y certero salvaría la vida del 90% de los niños.

Por lo que proponen el  siguiente Punto de Acuerdo:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias en el ámbito de su competencia para garantizar la atención, el tratamiento efectivo, suficiente, de calidad e idóneo de todas las niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Segundo.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a incrementar la infraestructura hospitalaria para este rubro.

Tercero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una campaña a nivel nacional para prevenir, diagnosticar y concientizar sobre el cáncer infantil.

CONSIDERACIONES

Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, consideramos oportuno mencionar que, en el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución.

Por otra parte, en la Ley General de Salud, en su artículo 1 Bis, menciona que, se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

En el mismo ordenamiento jurídico en su artículo 6, referente al sistema nacional de salud, señala que éste tiene, entre otros objetivos: proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la proporción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; contribuir al desarrollo demográfico armónico del país; colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social; y  dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez.

Para nosotros, resulta importante hacer mención a lo dispuesto en el artículo 77 Bis 1, de esa misma norma jurídica, en donde se dispone que, todos los mexicanos que tengan derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. Asimismo, dispone que la protección social en la salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Tomando lo anterior como antecedente, para esta Dictaminadora, resulta pertinente señalar que el cáncer es una enfermedad que se presenta por la alteración que sufren las células, en algún lugar del organismo.  Las células enfermas al crecer sin control, adquieren tamaños y formas anormales, destruyendo las células sanas e invadiendo otros órganos y tejidos. A medida que el cáncer se extiende, consume los nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar, consume su energía y debilita las defensas contra otras enfermedades. Puede aparecer a cualquier edad y los tipos de tumores que surgen en la infancia son distintos de los que padecen los adultos.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana.  Se prevé que, a nivel mundial, la mortalidad por cáncer aumentará un 45% hacia el 2030 (pasará a 11,5 millones de defunciones), debido en parte al crecimiento demográfico y al envejecimiento de la población.

El cáncer puede afectar a personas de todas las edades, incluso a fetos, pero el riesgo de sufrir los más comunes se incrementa con la edad. El cáncer causa cerca del 13% de todas las muertes.

Se estima que existen 3 principales tipos de tratamientos: Cirugía: operación en la que el tumor es retirado del cuerpo, aunque no siempre es posible esto, ya que quitarlo por completo depende del tamaño del tumor, del lugar donde se encuentra y si está en contacto con órganos vitales o vasos sanguíneos importantes. Quimioterapia: es la utilización de diferentes medicamentos que son capaces de destruir células malignas o que pueden detener su multiplicación. Radioterapia: es la aplicación de rayos de alta energía capaces de destruir células cancerosas.

Sin duda alguna, es especialmente difícil comprender y aceptar cuando un infante es diagnosticado con cáncer, así como para las familias sobrellevar la enfermedad, por ello, se considera de vital importancia que cuenten de manera integral con un acompañamiento emocional brindado por personas capacitadas, para el manejo y la facilitación de la expresión de sentimientos y emociones; antes, durante y después del diagnostico como ya se hace con otros tipos de cáncer. Muchos padres de familia se encuentran solos, fuera de sus lugares de origen, sin recursos, sin un lugar en donde quedarse ya que sus hijos tienen que pasar días o meses dentro del hospital, mientras ellos duermen en salas de espera o banquetas, sufriendo las inclemencias del tiempo.

Se tiene conocimiento que en el caso de México el cáncer es la segunda causa de muerte en la población de entre cinco y catorce años, no obstante, un gran número de los niños y jóvenes que padecen esta enfermedad son diagnosticados en fase avanzada, lo que disminuye la posibilidad de un tratamiento exitoso. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es un problema de salud pública desde 1990, ya que a nivel mundial se estima que cada año se diagnostican 15 casos de cáncer infantil por cada 100.000 niños menores de 15 años.

Consideramos conveniente mencionar que el cáncer aparece con mayor frecuencia en el primer y cuarto año de vida y afecta a más niños que a niñas. Surge de manera espontánea no hay responsables, ni se puede prevenir, pero si detectar a tiempo para evitar la muerte. No es una enfermedad infecciosa, ni contagiosa. Considerando todos los grupos de edad, los canceres más frecuentes en la infancia son la leucemia, el linfoma y el cáncer cerebral. A partir de los diez años, hay más casos de cáncer de huesos.

Por lo anteriormente expuesto, y al compartir los señalamientos expresados por los Diputados Claudia Rocío Villa Oñate y Juan Pablo Adame Alemán, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideramos conveniente compartir la propuesta presentada y hacer nuestra la inquietud que los Diputados proponentes, a efecto de tomar medidas para que la población tenga un mayor conocimiento al respecto, por lo que sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, a la Secretaría de Salud, a realizar las acciones necesarias en el ámbito de su competencia para garantizar la atención, el tratamiento efectivo, suficiente, de calidad e idóneo de todas las niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Segundo.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, a la Secretaría de Salud, a fortalecer la infraestructura hospitalaria para este rubro.

Tercero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, a la Secretaría de Salud, a realizar una campaña a nivel nacional para prevenir, diagnosticar y concientizar sobre el cáncer infantil.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 16 de junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Otro, que exhorta a realizar una cinta cinematográfica realizada con el Comité para la Conmemoración del Centenario de nuestra Constitución Política.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente, exhorta al Comité para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a promover la realización de una cinta cinematográfica.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de junio de 2015, la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Comité para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a promover la realización de una cinta cinematográfica.

2. Recibida la proposición de mérito, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso su turno para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, consigna  expresamente en sus consideraciones, sustancialmente:

Que a unos cuantos meses de que la República conmemore el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (febrero de 2017), resulta indispensable llevar a efecto desde ahora los trámites necesarios para la filmación de una cinta cinematográfica que contribuya a destacar tan importante acontecimiento de la vida nacional.

Que la propuesta que se plantea conlleva el interés de que las y los mexicanos a quienes corresponda vivir tan significativa fecha, mantengan vigentes los principios e ideales que motivaron al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, para convocar al Congreso Constituyente de Querétaro 1916-1917.

Que la difusión en el siglo XXI de los hechos que impulsaron la trascendental convocatoria, la difusión de los debates que se suscitaron en la discusión del contenido de los preceptos de nuestra Carta Magna, y la particular alusión a la vida de algunos de sus principales protagonistas, aprovechando los recursos cinematográficos con que se cuenta en la actualidad, permitirá con toda certeza la producción de una película de la más alta calidad, dado el talento existente en la industria del cine, que caracteriza a nuestro país.

Que la necesidad del exhorto que se invoca al Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, integrado por los titulares de los tres poderes de la unión, para la realización de una cinta cinematográfica, se justifica en la naturaleza del cine como el medio masivo por antonomasia para difundir tan importante evento de la historia de México que culminó con la concepción de nuestra Ley Fundamental.

Que el conocimiento de la Ley Suprema y el respeto a sus preceptos, debe ser la más alta aspiración para celebrar su centenario. Luego, la realización de la película que se propone es una oportunidad para presentarla en los principales festivales de cine internacionales, circunstancia que, es dable contribuya a difusión de nuestra cultura y aliente el interés de los extranjeros por visitar nuestro país.

Así, apoyándose en los argumentos que se han expuesto, la proponente del punto de acuerdo que se examina, solicita se libre un exhorto en los términos que en seguida se detallan:

Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a promover la realización de una cinta cinematográfica.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, queremos señalar como antecedente que, con fecha 6 de febrero de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el “ACUERDO AL QUE CONCURREN LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN PARA LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. En el mismo, se mencionaban, entre otras consideraciones: Que la vigencia efectiva del Estado Constitucional y Democrático de Derecho es requisito indispensable para la consecución de los grandes cambios que México se ha propuesto alcanzar en todos los órdenes; que los principios y valores que desde su promulgación y hasta el día de hoy han dado sustento a nuestra Nación, han permitido garantizar las libertades fundamentales y han puesto en manos de los ciudadanos el poder para exigir una protección eficaz de sus derechos;  que los anhelos revolucionarios del pueblo de México se concretan de manera permanente en el enriquecimiento de los derechos inherentes al ser humano, en la modernización de sus instituciones fundamentales y en la adaptación a las necesidades y exigencias de una Nación que evoluciona constantemente en el concierto internacional, y que el reconocimiento de la obra del Constituyente de 1917 así como el conocimiento de los acontecimientos históricos que dieron lugar a nuestra Constitución General, son necesarios para reafirmar los valores que hoy sustentan nuestro orden jurídico y social.

En tal virtud, se acordó, por parte de los Poderes de la Unión, la creación del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer en forma coordinada los eventos, celebraciones, homenajes, expresiones y demás acciones que serán llevados a cabo a partir de esta fecha y hasta el 5 de febrero de 2017. Para el cumplimiento de su objeto deberá propiciarse la participación de los sectores público, social y privado.

En el citado Acuerdo se dispone que el Comité estará integrado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por los Presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Dicho Comité deberá velar porque las acciones tendientes a la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se realicen bajo los principios de transparencia y austeridad republicana, y se orienten primordialmente a: difundir su contenido y concientizar sobre la importancia del cumplimiento cabal de sus postulados; recordar su importancia histórica y su contribución al desarrollo económico, político y social del país; y reflexionar sobre los mejores mecanismos para hacer efectivos los derechos fundamentales en ella consagrados.

Asimismo, se establece que para el cumplimiento de su objeto el Comité deberá: determinar los eventos, celebraciones, homenajes, expresiones y demás acciones que serán llevados a cabo por los Poderes de la Unión; promover la participación de los sectores público, social y privado en acciones conmemorativas del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; proponer acciones conmemorativas específicas a las entidades federativas y municipios, así como a instituciones educativas y culturales y a organismos de la sociedad civil; promover exposiciones, estudios, obras e investigaciones que fomenten el conocimiento de la Constitución, sus principios y valores,  e impulsar mecanismos de participación ciudadana en las actividades relacionadas con su objeto.

Por lo anteriormente expuesto es que consideramos atendible el propósito que impulsa la proposición planteada; ya que ciertamente, la importancia del cine como instrumento de difusión masiva de mensajes en el contexto específico de uno de los acontecimientos más relevantes de nuestra historia, que dio lugar al cimiento jurídico prócer que legitima la estructura y vigencia permanente del Estado Mexicano, es incuestionable. Luego, el uso de este medio para presentar a la ciudadanía la interpretación histórica de los factores reales de poder, los principios e ideales que incidieron en la concepción de la Norma cúspide del derecho positivo nacional, y la alusión a la vida de algunos de sus principales protagonistas, es inestimable por el valor que implica su contenido.

El 5 de febrero de 1917, fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el Presidente constitucionalista Venustiano Carranza, como producto de los movimientos revolucionarios de 1910. Así, este pacto federal mexicano surgió a la vida en momentos angustiosos como lábaro de paz y fuerte lazo de cohesión entre los mexicanos, para defender a la patria constantemente amenazada por agresiones diplomáticas, debido a la condición inorgánica del Estado.

II.- Sustentada en el escenario que precede, esta Dictaminadora considera atendible la propuesta que se analiza. Propuesta, que es conteste con el interés que a todos los mexicanos debe generar el conocimiento escénico de las circunstancias que rodearon el nacimiento de una obra cumbre que vino a reivindicar un orden legal interrumpido bruscamente por la usurpación militar que, quebrantando la unidad del ejército del pueblo, puso en peligro la consumación de los ideales revolucionarios. Luego, el papel del cine en el proceso de difusión de nuestra historia constitucional es inestimable, al tratarse de un espacio capaz de proyectar ideas, valores, conductas y reflexiones de un orden político que se integró con todo tipo de ideologías y cimentó su legitimidad en la estructura de una Ley fundamental que al ser expedida se manifestó como la realización práctica de los ideales de las revoluciones de 1910 y 1913, consolidando jurídicamente las aspiraciones sociales del pueblo mexicano.

III.- La Segunda Comisión reitera la importancia que implica la aprobación del exhorto que se demanda, cuyo sentido y alcance, se orienta al establecimiento de la representación en el cine de un acontecimiento histórico nacional que puede convertirse en un espacio de reflexión social y en una herramienta de enseñanza para  los mexicanos. La sola circunstancia que conlleva la posibilidad de cubrir una de las etapas históricas más importantes en la vida de México, es suficiente título para hacerla merecedora de su eterno recuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a considerar la realización de una cinta cinematográfica, relacionada con tan simbólico acontecimiento histórico nacional.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 16 de junio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Otro, que exhorta a llevar a cabo una campaña de presencia continua de personal odontológico en las guarderías, estancias infantiles y escuelas de educación inicial.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE y a los servicios de salud de los estados de la Federación y municipios, así como las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y a la SEP a implementar una campaña de personal odontológico en las guarderías y estancias infantiles, escuelas de educación inicial y preescolar para que contribuyan a la formación de un hábito del cuidado bucal.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de junio 2015, la Diputada María de Montserrat Baeza Vallejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las enfermedades bucales de mayor prevalencia son la caries dental y la enfermedad periodontal que afectan a más de 90 % de la población mexicana.

Que las enfermedades bucales constituyen uno de los problemas de salud pública que se presentan con mayor frecuencia en toda la población, sin distinción de edad o nivel socio-económico, se manifiestan desde los primeros años de vida, sus secuelas producen efectos incapacitantes de orden funcional, sistémico y estético por el resto de vida de los individuos afectados.

Por lo que los problemas más prevalentes con respecto a la salud bucal en los niños en edad preescolar son las alteraciones en el crecimiento y desarrollo bucodental y la caries. El primer problema generalmente se relaciona con hábitos orales incorrectos, patrones alimentarios inadecuados y/o una adquisición tardía dela masticación, que propicia el desarrollo de mal oclusiones. El segundo problema, la caries, es actualmente la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y presenta graves repercusiones en la salud general del niño, como dolor intenso, infecciones faciales, hospitalizaciones y visitas a urgencias.

Asimismo, señala que  la herramienta clave para disminuir la prevalencia de la caries en los niños es la educación de la población, que debe empezar precozmente. Para que los padres reciban una información común de todos los profesionales, creemos indispensable la elaboración de una guía integral sobre la salud bucal en la primera infancia con el fin de uniformar los criterios y las orientaciones, y no generar conflictos de información.

Las enfermedades bucales se encuentran entre las cinco de mayor demanda de atención en los servicios de salud del país, situación que condiciona el incremento en el ausentismo escolar y laboral. A la Salud Bucal no se le había considerado como parte integral de la Salud General, sin embargo esta situación se ha venido modificando ya que en la actualidad la evidencia científica demuestra la importancia de la salud bucal para conservar, recuperar y/o controlar otras enfermedades del organismo.

Que la normatividad de la prevención para la práctica odontológica, pública, social y privada en el ámbito nacional, ha sido la estrategia de acción más efectiva para mejorar el estado actual de salud bucal de la población mexicana. Estas acciones tienen como propósito general reforzar las medidas básicas más importantes como la higiene bucal, la alimentación adecuada y la eliminación de hábitos nocivos, como parte del mejoramiento de los estilos de vida y de los patrones de consumo.

Por lo que propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  a las Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, de Educación Pública del gobierno federal, para que en coordinación con los Servicios de Salud de las entidades federativas, y del Distrito Federal así como sus demarcaciones territoriales, llevar a cabo una campaña de presencia continua de personal odontológico en las Guarderías, Estancias Infantiles, y Escuelas de Educación Inicial y Preescolar; con el fin de  que prevengan la incidencia  de caries y enfermedades periodontales.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito; al respecto, consideramos conveniente mencionar que entre otros graves problemas de salud en nuestro país, se encuentran las enfermedades bucales tanto en niños, como en los adultos mayores que son los grupos poblacionales más afectados.

Es de destacar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las caries afectan entre un 60% y un 90% de la población escolar, que por diversas razones no pueden seguir una profilaxis dentaria adecuada para prevenir infecciones de esa naturaleza. Los niños son los más vulnerables debido a que se encuentran en una etapa temprana de aprendizaje, por lo que es necesario inculcarles buenos hábitos de higiene y alimentación, ya que la caries es consecuencia de la alta ingesta de azucares y carbohidratos que hacen que las bacterias proliferen y así esto sea consecuencia de enfermedades.

Como antecedente, es oportuno señalar que en México se ha documentado que la producción de caries dental se encuentra entre el 70% y el 85% de dentición secundaria  la edad de 12 años, además de que existe una mayor incidencia de la caries dental y enfermedades bucales en los niños de zonas rurales comparados con los centros urbanos, así como en los niños que viven en zonas de nivel socioeconómico más bajo. Para la OMS la salud bucodental puede definirse como la ausencia de dolor oro facial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales (de las encías), caries dental y perdida de dientes, y otras enfermedades y trastornos que afectan la boca y la cavidad bucal.

Por otra parte, consideramos de la mayor relevancia, mencionar que las afecciones bucales constituyen un importante problema de salud pública y que por su alta relevancia se encuentra entre los cinco de mayor demanda de atención en los servicios de salud de México: la higiene bucal ha desarrollado su concepto y ha generado diversas perspectivas a lo largo del tiempo, por lo que ahora es considerada una parte fundamental para mantener homeostasis del organismo.

Sin duda alguna, esta Comisión Dictaminadora hace referencia al Derecho a