Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 27 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 10

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 10 de Junio de 2015

SUMARIO                                              


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Veintitres comunicaciones de Diputados, por las que informan su reincorporación a sus funciones legislativas, en el mes de junio de 2015:

• Leobardo Alcalá Padilla, a partir del día 10.
• Carlos de Jesús Alejandro, a partir del día 8.
• Felipe de Jesús Almaguer Torres, a partir del día 9.
• Martha Berenice Álvarez Tovar, a partir del día 8.
• Alliet Mariana Bautista Bravo, a partir del día 9.
• Armando Contreras Ceballos, a partir del día 8.
• Antonio García Conejo, a partir del día 8.
• Verónica García Reyes, a partir del día 8.
• Valentín González Bautista, a partir del día 8.
• Víctor Manuel Jorrín Lozano, a partir del día 8.
• Marino Miranda Salgado, a partir del día 10.
• Carlos Augusto Morales López, a partir del día 10.
• José Luis Muñoz Soria, a partir del día 8.
• Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, a partir del día 9.
• Máximo Othón Zayas, a partir del día 10.
• Carla Guadalupe Reyes Montiel, a partir del día 8.
• Araceli Torres Flores, a partir del día 8.
• José Luis Valle Magaña, a partir del día 10.
• Ricardo Villarreal García, a partir del día 10.
• Alfredo Zamora García, a partir del día 9.
• Damián Zepeda Vidales, a partir del día 10.
• Fernando Bribiesca Sahagún, a partir del día 10
• Jorge Federico de la Vega Membrillo, a partir del día 8









































































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:35 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 32 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 10 de junio de 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar, también, la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
TRES DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y tres minutos del miércoles tres de junio de dos mil quince, con una asistencia de treinta y seis legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles veintisiete de mayo de dos mil quince.

Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20, 23 y 41 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Baja California, proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto al valor Agregado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Baja California, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Cámara de Senadores, el Informe de su participación, conjuntamente con la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, en la Segunda Reunión Interparlamentaria Argentina-México, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de mayo de 2015, en Buenos Aires, Argentina.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Diputada Juana Bonilla Jaime, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 8 de junio de 2015.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Alejandro Carbajal González, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de junio de 2015.- Sin discusión, fue aprobada en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, puntos de acuerdo alcanzados durante la reunión de trabajo llevada a cabo el 13 de mayo en San Quintín Baja California.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, oficio con el que remite los Informes Primero y Segundo de actividades.- Quedaron de enterado.

 

Se recibieron veinte oficios de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes.- Se realizó el escrutinio correspondiente y el Presidente de la Mesa Directiva realizó la declaratoria de aprobación. Se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Intervinieron los legisladores: Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, Diputada Lilia Aguilar Gil del PT y Senador Arturo Zamora Jiménez del PRI.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

(Iniciativas)

El Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, a nombre propio y de los Diputados Carmen Julieta Torres Lizárraga y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral III y se recorren los subsecuentes del artículo 2; y se reforman y adicionan los artículos 5, 32 y 130, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, a nombre propio y del Diputado Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 y se agrega un título décimo tercero a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de población desplazada.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte, en materia de contaminación por residuos en zonas federales.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Comisión Permanente, sobre la evaluación del servicio profesional docente.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda Franco del PANAL, Diputado Danner González Rodríguez del MC, Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM, Senador Armando Ríos Piter del PRD, Senador Juan Carlos Romero Hicks del PAN, Senador Javier Lozano Alarcón del PAN, Senador Daniel Amador Gaxiola del PRI, Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN, Diputado Alejandro Rangel Segovia del PRI, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Senador Roberto Gil Zuarth del PAN, Senador Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM y Diputada Amalia García Medina del PRD. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35 y 105 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acción ciudadana de inconstitucionalidad.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, Braulio Fernández Aguirre y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Luz María Beristáin Navarrete y Luciano Borreguín González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 470 bis a la Ley General de Salud, en materia de variación dolosa a los certificados prenupciales, de nacimiento, de defunción y muerte fetal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el "Día Nacional de la Esclerosis Múltiple".- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 4 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para conservar la Neutralidad del País, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de noviembre de 1939.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal realicen una verificación a la carpa denominada “Monreal te lleva el cine”, sobre los permisos necesarios para la proyección de películas, así como las medidas de protección civil adecuadas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a continuar con los procesos de ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción e investigue los hechos de violencia ocurridos en las semanas recientes en contra de candidatos y candidatas a puestos de elección popular de distintos partidos políticos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Policía Federal y al Mando Especial de Seguridad en Michoacán a llevar a cabo una reunión de trabajo ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión relativa a los acontecimientos ocurridos en el Rancho del Sol, en el estado de Michoacán.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar semestralmente al Congreso de la Unión respecto de la evolución del mercado de redes de disposición y cámaras de compensación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar las razones que motivaron la suspensión de la evaluación obligatoria de los docentes en servicio y para el ingreso.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo al presunto desvío de recursos públicos federales destinados para el desarrollo social, rural y cultural del municipio de Matamoros, Tamaulipas, encabezado por Norma Leticia Salazar Vázquez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos a llevar a cabo las acciones que permitan garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria petrolera se realicen en el marco de un protocolo de respeto y coordinación con los propietarios y titulares de tierras.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se une a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2015 e invita a todas las instituciones del gobierno mexicano y la sociedad en su conjunto a realizar acciones sustentables que generen un impacto positivo sobre los ecosistemas del país y los del planeta.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a actualizar los convenios U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en su modalidad de Educación Media Superior y Superior, y U023 Subsidios para Centros de Educación, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a rediseñar su estrategia de educación cívica.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Veracruz a considerar la información relativa al clima de violencia en contra de las mujeres en esa entidad y analizar la posibilidad de presentar una solicitud de alerta de violencia de género.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a realizar las investigaciones correspondientes para conocer y sancionar la posible comisión de delitos electorales por parte de Silvano Aureoles Conejo, candidato a gobernador de Michoacán por el PRD, PT y Nueva Alianza; Pascual Sigala Paez, candidato a diputado local plurinominal; Carlos Herrera Tello, candidato a presidente municipal de Zitácuaro; Norberto Antonio Martínez Soto, candidato a diputado federal por el distrito 06 de Hidalgo y Carlos Paredes Correa, candidato a diputado federal por el distrito 03 de Zitácuaro.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe del estado jurídico administrativo que guardan actualmente los anuncios espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de México, así como de las estrategias o programas de trabajo implementados para combatir la corrupción en la aplicación de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a comparecer ante la Comisión Permanente para que explique la suspensión de la evaluación del servicio profesional docente.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a garantizar una vigilancia y verificación más estricta del cumplimiento de la normatividad laboral por parte de las tiendas de autoservicio de las multinacionales minoristas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a investigar la adquisición de un predio ubicado en el fraccionamiento Vista Real, en San Carlos, Guaymas, Sonora, por parte del gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz a rendir un informe del cumplimiento de la orden de aprehensión derivada de la causa penal 26/2012-IV en contra de Manuel Bautista García y Marisela Hernández Cruz por los delitos de fraude, cometidos en agravio de miles de ahorradores de Veracruz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Comité para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a promover la realización de una cinta cinematográfica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora a informar por qué no ha dado inicio a la armonización legislativa relativa a la implementación del sistema de justicia penal; a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que investiguen la correcta aplicación de los recursos destinados a la implementación del sistema de justicia penal y la posible comisión de delitos electorales por parte de funcionarios estatales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Maki Ortiz Domínguez, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral a la administración del Registro Agrario Nacional, en relación a la celebración de contratos y/o convenios de colaboración suscritos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el desarrollo de diversos proyectos, en el período 2012-2014.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a dejar sin efecto la decisión de suspender indefinidamente las fechas del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, anunciadas el pasado viernes 29 de mayo de 2015.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice y audite los contratos de servicios que las dependencias y las entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, así como los fideicomisos privados que ejerzan recursos federales, de los que se hayan beneficiado las empresas: Comercializadora oficina Eolo S.A de C.V., Eolo Plus S.A de C.V., Maquinaria IGSA S.A de C.V., IGSA S.A de C.V., Grupo Industrial IGSA S.A de C.V., particularmente Petróleos Mexicanos, y sus filiales, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación; P.M.I. Comercio Internacional S.A de C.V., Compañía Mexicana de Exploraciones S.A de C.V. así como de la Comisión Federal de Electricidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre los alcances del proyecto de ampliación de la Línea 12 del Metro, así como el proyecto ejecutivo que lo sustenta.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diferentes autoridades a respetar los principios constitucionales y legales en materia electoral, así como los lineamientos del Instituto Nacional Electoral en materia de promoción del voto y la participación ciudadana.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación y la posible comisión de delitos de los magistrados y demás impartidores de justicia del Estado de México que conocieron y conocen de juicios en los que está involucrada la empresa OHL.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una investigación en relación al ejercicio de los recursos asignados para la expedición de la cédula de identificación durante el período 2009-2012, debido a la existencia de presuntas irregularidades.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio para determinar el daño en costas mexicanas del Golfo de México causado por la derrama de crudo de 2010 por la empresa British Petroleum.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Lic. Emilio Chuayffet Chemor en relación a la suspensión de la evaluación docente.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Martha Loera Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar y canalizar los recursos autorizados del FONDEN para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015, así como a las y los legisladores de la Cámara de Diputados, a fin de que donen un día de su dieta para la atención de las víctimas de esta tragedia.- Se turnó a la Primera Comisión el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados los dos siguientes.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina y Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe con los avances y pendientes por la implementación de los decretos de reformas constitucional y legales en materia de evaluación educativa.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Edith Avilés Cano y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a establecer un programa de difusión en el que se informe a la población de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en contra de la libertad y la dignidad de las personas, concluido el proceso electoral 2014-2015.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Desarrollo Rural, de Economía y de Salud a realizar las acciones necesarias para mejorar las condiciones del sector lechero nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Dolores Padierna Luna, Mario Delgado Carrillo, Alejandro Encinas Rodríguez y Javier Corral Jurado, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar, deslindar responsabilidades y, en su caso, iniciar los procedimientos sancionatorios a que haya lugar, respecto del presunto uso indebido de datos personales de menores de edad para el reparto de paquetes escolares, por parte del Partido Verde Ecologista de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el atentado cometido en contra de Bernardino Antelo Esper, candidato a diputado por el Distrito II del estado de Sinaloa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Lucrecia Arzola Godines, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre el avance físico y financiero de las obras del Programa de Fomento a la Urbanización Rural y del Programa Hábitat; asimismo, a revisar y, en su caso, continuar con las acciones de pavimentación a través de los Programas de Fomento a la Urbanización Rural y Hábitat en el estado de Baja California Sur.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a recibir a las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC, en el ánimo de resolver las demandas planteadas del pliego petitorio que hicieron en su momento.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México y al gobierno municipal de Villa Victoria, Estado de México, a detener el uso de la policía estatal y la policía municipal en el proceso electoral en curso.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre la implementación de programas para la prevención de derrames de hidrocarburos y de remediación para garantizar el resarcimiento de daños y perjuicios por el derrame en el Río de la Sierra y Grijalva en el estado de Tabasco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Manuel Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se reconoce a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos su respuesta ante la catástrofe de Ciudad Acuña y se exhorta a establecer medidas de atención a fin de reestablecer a la normalidad las condiciones de vida en dicha población.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán y de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de Yucatán a investigar el asesinato de dos jóvenes en el municipio de Peto; así como al Gobierno Federal para que garantice la seguridad y el desarrollo pacífico de los próximos comicios del 7 de junio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita información a dependencias del Gobierno Federal sobre la implementación de la reforma educativa y la comparecencia del Secretario de Educación Pública.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover ante la Organización Mundial de la Salud la declaratoria del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Claudia Rocío Villa Oñate, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las entidades federativas a tomar medidas pertinentes y realizar acciones, a efecto de garantizar la protección, defensa y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros de reclusión.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al gobierno del estado de Quintana Roo a fortalecer las acciones de combate de incendios forestales ante los devastadores incendios suscitados en dicho estado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a desarrollar un proyecto de organización de bancos comunitarios indígenas de semillas, con un plan de capacitación para sus miembros.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Claudia Rocío Villa Oñate y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para garantizar la atención, tratamiento efectivo, suficiente, de calidad e idóneo de todas las niñas, niños y adolescentes con cáncer, además de generar un trato digno y de acompañamiento emocional con los padres de familia, así como incrementar la infraestructura hospitalaria para este rubro.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se condenan los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa en contra del equipo de campaña del candidato a Jefe Delegacional, Luis Espinosa Cházaro y se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a informar los avances de la investigación; asimismo, se exhorta a la Delegación Cuajimalpa a garantizar la paz y legalidad en el proceso electoral.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a realizar una investigación en torno al probable desvío de recursos públicos y compra de votos en el municipio de Nezahualcóyotl, a cargo del gobierno municipal, para favorecer a candidatos del PRD.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María de Montserrat Baeza Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE y a los servicios de salud de los estados de la Federación y municipios, así como las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y a la SEP a implementar una campaña de personal odontológico en las guarderías y estancias infantiles, escuelas de educación inicial y preescolar para que contribuyan a la formación de un hábito del cuidado bucal.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a resolver las solicitudes de los permisos de nado y avistamiento de tiburón ballena que se han solicitado en el estado de Quintana Roo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales a investigar el presunto desvío de recursos a favor de la candidata Beatriz Mojica Morga por parte del gobernador Rogelio Ortega Martínez, así como de su Secretario de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales y del Director General de Adquisiciones, Humberto Chávez Millán y, en su caso, sean separados del cargo, aplicando las responsabilidades administrativas y penales para quien o quienes resulten responsables.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría del Gobierno del estado de Tamaulipas a realizar de manera conjunta los trabajos para la actualización del atlas de riesgo estatal, a fin de identificar y registrar las potenciales zonas de riego que comprometan la integridad de la población tamaulipeca.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, al Sistema de Administración Tributaria y a la Procuraduría General de la República a diseñar un plan de acción con actores de la sociedad y demás agentes involucrados para la erradicación del comercio ilícito de tabaco.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a iniciar una investigación en contra del candidato   del Partido de la Revolución  Democrática a la alcaldía de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, por su presunta relación con el crimen organizado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las diligencias necesarias y se solicite al gobierno de Estados Unidos de América la entrega de los recursos financieros sustraídos para su integración al erario del Gobierno de Coahuila, de suerte tal que puedan ser aplicadas para beneficio de los coahuilenses.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a informar sobre la metodología que aplican para sus cálculos de pronósticos de la tasa de crecimiento del producto interno bruto.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a presentar los resultados de las indagatorias sobre las demandas presentadas contra el candidato del Partido Acción Nacional al municipio de Sahuayo, Armando Tejeda Cid, por la presunta comisión de los delitos electorales que se le señalan; así como a investigar de oficio los posibles ilícitos electorales en los que presuntamente habrían incurrido el presidente municipal y el Oficial Mayor de Sahuayo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Yunes Márquez y Juan Carlos Romero Hicks y de los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional Electoral a no obstaculizar el acceso a la justicia y resolver imparcialmente las denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal y a la Contraloría Interna de la Delegación Benito Juárez a investigar los posibles actos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y uso indebido de los recursos públicos del delegado con licencia, Jorge Romero Herrera y de su equipo administrativo, en el otorgamiento de contratos a miembros pertenecientes a su partido político.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a dar cuenta de las acciones que ha realizado con respecto a los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas Lizbeth Rosas Montero y Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Poder Ejecutivo Federal atienda el caso del incendio en la guardería "ABC" de Hermosillo, Sonora, a seis años de la tragedia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los órganos de control interno de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación a investigar y, en su caso, fincar las responsabilidades conducentes, así como emitir las recomendaciones pertinentes, sobre el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la delegación Guanajuato-SEDATU.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a agilizar las investigaciones en relación a las denuncias presentadas en contra de diversos titulares de las delegacionales políticas del Distrito Federal por extorsión, abuso de autoridad y desvío de recursos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación analizar la posibilidad de realizar la declaratoria emergencia fitosanitaria por la plaga conocida como la roya naranja, la cual afecta a los productores del café.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar una campaña intensa de difusión de valores y actitudes que permitan la sana convivencia de las niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación a probables irregularidades y cobro de dádivas en la adquisición de bienes y contratación de obra pública suscritos durante la administración del Jefe Delegacional Jorge Romero Herrera en Benito Juárez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México un informe sobre la evolución de sus indicadores educativos y el estatus de la inserción laboral de los egresados desde su creación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nayarit a instruir al Secretario de Economía y Trabajo del estado, así como al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado, a efecto de que comparezcan y expliquen las razones, motivos y circunstancias del porqué de la negativa de otorgar la toma de nota al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y municipios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el natalicio de Francisco Villa.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día de la Marina Nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

Los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre la responsabilidad de las autoridades federales y de la autoridad electoral para brindar las garantías de seguridad pública y certeza jurídica para el adecuado desarrollo de la jornada electoral de próximo domingo 7 de junio y para que la ciudadanía cumpla con su obligación y ejerza su derecho al voto en libertad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con nueve minutos y citó para la siguiente sesión pública el día miércoles diez de junio, a las once horas.

Fin de la sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el informe del avance de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, conducidas por el Poder Ejecutivo Federal del gobierno de la República.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Queda de enterado. Remítase a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial; y a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores, ocho, de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio sobre los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al segundo bimestre del ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase dicha información a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Asimismo, se recibió un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el informe sobre las consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso, Post Mórtem, a los extintos Capitanes 2/os. de Infantería Sergio Gabriel Ugalde Cortés, Julián Daniel Palacios López; Fuerza Aérea Piloto Aviador Luis Alonso Lara Corral; Teniente de Infantería Rolando Cruz Pérez; Subteniente de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación Miguel Ángel Jarquín Robles; Sargentos 2/os. de Infantería Alberto Sánchez García, Diego Aarón Pedraza Pérez; de Fuerza Aérea de Armamento Aéreo Germán Zamora Cardoso; y Soldado Policía Militar Enoch Altunar Altunar.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase la documentación descrita a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos Senadores:

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, con la que remite su segundo informe de actividades legislativas.







 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, con la que remite su informe de actividades en el marco del Tercer Encuentro Parlamentario contra el Hambre de América Latina y El Caribe, llevado a cabo del 22 al 24 de abril del año en curso, en Cartagena de Indias, Colombia.







 

Y de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, con la que remite el Tercer Informe sobre el seguimiento a la situación de los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California.



La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Quisiera que fuera usted tan gentil de permitirme la palabra, para comentar sobre el Informe de San Quintín.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Con mucho gusto, Senadora.

Voy a dar el trámite, y una vez dado el trámite, podrá usted pasar a la tribuna a hacer uso de la palabra, en relación al Informe sobre el seguimiento a la situación de derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, que fue una comisión plural de todas las bancadas representadas en el Congreso.

La Asamblea ha quedado enterada, por lo que se refiere a estos dos Informes, de los que da cuenta la Secretaría. Y por tanto, se remiten a las comisiones respectivas y a los órganos de la Cámara de Senadores.

Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia.

Está en la Gaceta Parlamentaria el Tercer Informe que se rinde desde la Comisión de Derechos Humanos y la subcomisión, que aunque está integrada por Senadoras y Senadores, por diversas tareas no pudieron estar en la tercera reunión que realizamos en el Valle de San Quintín con diversas autoridades.

Es importante mencionar que en la reunión que antecedió a esta tercera, celebrada el 13 de mayo, quedamos de reunirnos justamente el día jueves 4, ahora en el Valle de San Quintín, para concretar, por cierto, el punto 13 de los acuerdos que prevalecieron el 13 de mayo, y tiene que ver principalmente con la definición del tema del salario.

Si ustedes me permiten, voy a leer, entrar rápidamente en materia, para que se conozca este acuerdo:

“Siendo las 18:00 horas del día 4 de junio de 2015, ubicados en el salón de eventos del restaurante Santa Isabel en el Valle de San Quintín, del municipio de Ensenada, en el kilómetro 189 de la carretera transpeninsular, estado de Baja California, se reunieron representantes de diversas dependencias del gobierno federal, del gobierno del estado de Baja California, del municipio de Ensenada, representantes de la Cámara de Senadores, de los Productores Agrícolas en el estado, del Consejo Agropecuario y representantes de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, integrados en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.

La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Agrícola de Baja California A.C. y la participación del gobierno del estado de Baja California, conforme a lo tratado en las reuniones de los días 24 de abril y 13 de mayo de 2015, y realizado el proceso de verificación en campo sobre las condiciones laborales de las y los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, y la actuación del IMSS.

Previa revisión y análisis de las propuestas e intervención de todos los convocados, se determina:

1. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia laboral en la región del Valle de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California. Las vigilancias e inspecciones que realice la STPS serán conjuntamente con una comisión que designe la alianza.

2. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), coadyuvará a vigilar el estricto cumplimiento del respeto de los derechos humanos, fomentando el bienestar de las comunidades indígenas asentadas en el Valle de San Quintín y participando en el ámbito de sus atribuciones en el mejoramiento de sus condiciones de vida.

3. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en coordinación con los productores agrícolas y jornaleros agrícolas, continuará en el ámbito de su competencia, con los procedimientos para otorgar las prestaciones de seguridad social de acuerdo a lo que la ley de la materia determine, debiendo realizar campañas de información para los jornaleros agrícolas.

4. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán en la difusión y aplicación de sus programas sociales y proyectos productivos con base en la normatividad establecida.

5. Conforme a sus atribuciones, el gobierno del estado de Baja California en coordinación con el gobierno municipal de Ensenada, proyectarán y conducirán las políticas públicas estratégicas que tiendan al desarrollo principalmente educacional, de salud y de servicios públicos que coadyuven al desarrollo integral de su población y a crear condiciones de crecimiento económico en la zona.

6. Se ratifican los acuerdos suscritos por las partes los días 13 y 14 de mayo del año en curso.

7. Se acuerda que en un máximo de 15 días hábiles se categorizarán y entrarán en vigor las empresas agrícolas de la zona en tres diferentes niveles, atendiendo a sus características y capacidad económica (tamaño, extensión territorial, producción, tecnología, número de empleados, esquemas de negocios, competencias, entre otros), para determinar el salario mínimo integrado diario base a pagar, retroactivo al 24 de mayo de 2015, una vez descontados los recursos aplicados por los productores agrícolas al pago de impuestos y de prestaciones de seguridad social que quedará de la siguiente manera:

Nivel de empresa “A”: $180 pesos

Nivel de empresa “B”: $165 pesos

Nivel de empresa “C”: $150 pesos

Adicionalmente, se pagará un bono de fin de año a cada trabajador equivalente a dos semanas de servicio, proporcional al tiempo trabajado, antes del 20 de diciembre de cada año.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Instituto Mexicano del Seguro Social y las autoridades competentes del gobierno del estado de Baja California, identificarán con base en la información disponible y la que presenten los productores agrícolas y la alianza, la categoría a la que pertenece cada una y el salario mínimo que les corresponde pagar; por lo que ninguna empresa y/o productor agrícola podrá opinar o intervenir en el nivel de salario asignado a cada una de ellas.

En ningún caso los salarios serán inferiores a los que actualmente vienen pagando; así mismo, el incremento en el salario no implicará aumento en la jornada laboral, respetando la equidad de género. La STPS vigilará el cumplimiento de estos compromisos.

Las partes que intervienen en el presente acuerdo, se reunirán la primera semana del mes de julio a fin de dar seguimiento a los compromisos aquí signados

Todas las partes que intervienen en el presente acuerdo se comprometen a privilegiar la vía del diálogo y la concertación, como instrumento para dirimir las controversias y evitar la afectación de terceros, ya que esto tiene un gran impacto en la paz social y orden público, así como en la economía del municipio de Ensenada, B.C.”

Es cuanto, señor Presidente, Senadoras y Senadores; Diputadas y Diputados.

Y suscribimos quienes estuvimos en esta comisión por parte del Congreso, y por supuesto también acompañados por el señor Senador de la entidad, Víctor Hermosillo.

Es cuanto.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: También estuvo la Senadora Hilaria, que no fue mencionada, por lo visto.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibieron 23 comunicaciones de ciudadanos Diputados, por los que informan su reincorporación a sus funciones legislativas en el mes de junio de 2015. Ellos son: Carlos de Jesús Alejandro; Felipe de Jesús Almaguer Torres; Martha Berenice Álvarez Tovar; Alliet Mariana Bautista Bravo; Fernando Bribiesca Sahagún; Armando Contreras Ceballos; Jorge Federico de la Vega Membrillo; Antonio García Conejo; Verónica García Reyes; Valentín González Bautista; Víctor Manuel Jorrín Lozano; Marino Miranda Salgado; Carlos Augusto Morales López; José Luis Muñoz Soria; Williams Oswaldo Ochoa Gallegos; Máximo Othón Sayas; Carla Guadalupe Reyes Montiel; Araceli Torres Flores; José Luis Valle Magaña; Ricardo Villarreal García; Alfredo Zamora García y Damián Zepeda Vidales, así como Leobardo Alcalá Padilla.



Es cuanto.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria. La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquense a la Cámara de Diputados de la reincorporación a sus labores constitucionales de los 23 ciudadanas y ciudadanos que ha mencionado.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió una comunicación de la Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 8 al 15 de junio del año en curso.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

“ÚNICO: Se concede licencia a la Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 8 al 15 de junio del año 2015.”

En virtud de que no hay orador u oradora registrados para intervenir en este asunto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaría Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se concede licencia a la Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 8 al 15 de junio del año en curso. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaría Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió una comunicación del Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del PT, por la que informa la sustitución del Diputado José Arturo López Cándido por la Diputada Lilia Aguilar Gil, como consejera suplente del Poder Legislativo de dicho grupo parlamentario, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

“Único. En cumplimiento de lo que establece el numeral 4 del artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Comisión Permanente designa a la Diputada Lilia Aguilar Gil, como Consejera Suplente del Poder Legislativo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

No habiendo orador u oradora interesados en tomar tribuna sobre este asunto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaría Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias. En consecuencia, con fundamento en el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, queda aprobada la designación de la Diputada Lilia Aguilar Gil, como Consejera Suplente del Poder Legislativo del grupo parlamentario del PT, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Comuníquese.





 

Compañeros legisladores: Informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para la recepción del Informe Anual de Labores 2014 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

ACUERDO DE LA Mesa Directiva

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Secretaria. Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo para la recepción del Informe Anual de Labores 2014 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Comuníquese.





 

Vamos a pasar al apartado de iniciativas.

Debo decirles que por acuerdo de los grupos parlamentarios, una vez que haya concluido el apartado de la presentación de iniciativas, daremos curso a un debate sobre el tema “Proceso Electoral 2015”.

Las reglas de ese debate las vamos a mencionar cuando se arranque, pero para que estén enterados del curso de esta sesión, una vez concluido el capítulo de presentación de iniciativas, se iniciará el debate sobre el Proceso Electoral 2015.

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro Rangel Segovia, para presentar, a nombre propio y del Diputado Roberto Ruiz Moronatti, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el Diputado Alejandro Rangel Segovia, a nombre propio y del Diputado Roberto Ruiz Moronatti, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Alejandro Rangel Segovia: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

En México, actualmente la deserción escolar en el nivel medio superior alcanza a un 14.4 por ciento del estudiantado. De acuerdo a datos de la Secretaría de Desarrollo Social, este índice, si bien representa dos puntos porcentuales menos respecto de la misma medición que se llevó a cabo en el año 2005, no significa todavía, de ninguna manera, un logro, debido a que miles de jóvenes se ven obligados a abandonar sus estudios para trabajar tempranamente, en el mejor de los casos.

Y en muchos otros casos, son orillados a delinquir, pues se van al ocio, primo hermano del vicio y, a su vez, eslabón que los une a la búsqueda de recursos fáciles para solventar sus nocivas necesidades, aceptando invitaciones delictivas.

La situación actual de miles de jóvenes mexicanos nos culmina a legislar responsablemente y propiciar mejores condiciones y oportunidades para su sano desarrollo.

Partiendo de la premisa de que la educación es la mejor herramienta de acceso al progreso social, de ahí que propongamos la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de establecer que sean prioritarios y de interés público, los programas de educación obligatoria y de atención a jóvenes, sin cobertura educativa en nivel medio superior, como una forma de protección a este numeroso grupo poblacional, que hoy se ve seriamente amenazado.

En medio de esto, es imprescindible crear instancias de registro del estatus que guarda la juventud hoy día.

Parece que el tema de lo que llegamos a denominar “Ninis”, aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, pasó de moda, pero lo que no ha pasado de ser una realidad, es que continúan de manera creciente los porcentajes de existencia de ellos, y es que cuando se sufre la deserción escolar súbitamente, hoy día no contamos con registros verosímiles, no hay un seguimiento de los responsables de la educación media superior, para saber el verdadero motivo que hace que un joven deje de ir de su casa al aula, y que continúe por esa vía, deteniendo sus estudios y su superación personal.

De tal suerte que necesitamos un control bajo convenios de todas las instituciones de educación media superior con las instituciones del Estado, para que las bajas que se sufran de los jóvenes, estas ausencias que súbitamente se dan, puedan ser reportadas en lo inmediato y las instancias gubernamentales puedan ir a darle seguimiento de cuál fue la causa, la raíz del problema que haya orillado al abandono de las aulas por parte de los jóvenes.

Eso es lo que trata la iniciativa.

Sin embargo, me atrevería a decir que este tipo de convenios podrían suceder también con todas las empresas, porque hay muchos jóvenes que dejan las aulas para irse a trabajar, en el mejor de los casos, lo dije, otros que ya están trabajando, pero que también súbitamente dejan de ir a laborar y no son las empresas quienes den seguimiento a cualquiera de los problemas que aquí enlisto como ejemplos:

Embarazos no deseados que hicieron que la joven deje de ir al aula o al trabajo.

El joven que habiendo embarazado a la novia deja, por tanto, de ir a atender sus estudios.

El hostigamiento que pueden estar sufriendo por parte de profesores, por parte de alumnos o por parte de directivos tanto en la institución educativa como probablemente en la instancia laboral en que se desempeñen.

El bullying es un tema también que puede orillar a tener efectos psicológicos mediante los cuales dejen los jóvenes de tener motivación para concurrir a las aulas.

El problema económico, que es latente, y que muchas veces la familia con el mejor de los esfuerzos no llega a tener para el autobús, para las tortas que debe comer el estudiante en las aulas, y deja, por esa razón, de concurrir, mientras los mejores esfuerzos del Estado pasan por hacer mediciones de mejores propios y, entonces, seguir abrazando aquellos casos que de alguna manera resultan exitosos, mientras que otros que tienen problemas severos de manera económica, no están concurriendo a las aulas por no tener los pesos necesarios para hacerlo.

Y la lista podría continuar, el asunto es que tengamos la posibilidad de tener los registros, las estadísticas, los convenios de seguimiento y que sea el Estado la instancia para concurrir a los domicilios de los jóvenes que desertan, y que ahí, bajo el seguimiento, se les dé solución al problema por el que están atravesando y, a la mayor brevedad, poderlos reincorporar a las aulas o al trabajo, según sea el caso.

La presente iniciativa, entonces, es una continuación del esfuerzo legislativo del grupo parlamentario del PRI, que se presentó con anterioridad por el Senador por el estado de Oaxaca, Adolfo Toledo Infanzón, y la cual lamentablemente antes no fue dictaminada favorablemente.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del PRI refrenda su compromiso con los jóvenes de México, convencidos de que es la educación la herramienta más eficaz para combatir las desigualdades y para construir de la mano nuestra juventud y, con ello, un mejor futuro para México.

Muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos, Diputado ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA y Dip. ROBERTO RUIZ MORONATTI, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, la deserción escolar en el nivel medio superior alcanza a un 14.4 del estudiantado, índice que si bien representa dos puntos porcentuales menos respecto de la misma medición hecha en 2005, no significa todavía un logro para echar las campanas al vuelo.1

Dicha cifra debería alarmarnos, sobre todo si consideramos que en otros países como Corea del Sur la cobertura universitaria es del 95%.2

Este drama se complementa con el hecho de que miles de jóvenes se ven obligados a trabajar tempranamente en el mejor de los casos, pues en otros optan por delinquir.

En este orden de consideraciones, la situación actual de miles de jóvenes mexicanos nos conmina a legislar responsablemente, y propiciar mejores condiciones y oportunidades para su sano desarrollo, partiendo de la premisa de que la educación es la mejor herramienta de acceso al progreso social. De ahí que propongamos la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de establecer que sean prioritarios y de interés público los programas de educación obligatoria y de atención a jóvenes sin cobertura educativa en nivel medio superior, como una forma de protección a este numeroso grupo poblacional que hoy se ve seriamente amenazado.

En otro momento nuestros legisladores han manifestado que es necesario que el Estado mexicano asuma su responsabilidad con aquel sector poblacional más vulnerable ante las nocivas consecuencias de la crisis económica-social por la que atraviesa el país, así como la de establecer las previsiones que sean necesarias a efecto de restablecer el tejido social que hoy, más que nunca, languidece ante las lamentables acciones criminales que socavan nuestra sociedad y sus instituciones en general, y para lo cual es menester atender el reclamo de nuestra juventud que no encuentra oportunidades de trabajo y estudio en el país, así como tampoco actividades de sano esparcimiento para su desarrollo.

Consideramos pertinente establecer la previsión anteriormente señalada, bajo la premisa fundamental de que, de no solucionar la realidad de los miles de jóvenes en esta situación será justamente ahí, en la juventud mexicana, donde radicará el principal caldo de cultivo que, eventualmente, habrá de nutrir las filas de la delincuencia organizada en México.

Debemos recordar que los jóvenes son el futuro de nuestro país y por muy difícil que se la situación actual de nuestro México es en ellos en quien debemos invertir nuestro tiempo y esfuerzo, toda vez que es nuestra responsabilidad brindarles los conocimientos y la educación adecuada, para que la transformación de la sociedad se logre.

La presente iniciativa es una continuación del esfuerzo legislativo desplegado durante la pasada legislatura por nuestro compañero, el senador por el estado de Oaxaca, Adolfo Toledo Infanzón, quien presentó una propuesta similar, la cual, lamentablemente, no fue dictaminada favorablemente.3

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 19.- Son prioritarios y de interés público:

I. Los programas de educación obligatoria y de atención a jóvenes sin cobertura educativa en nivel medio superior;

II.- (…) IX.- (…)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Dip. Roberto Ruiz Moronatti.- Dip. Alejandro Rangel Segovia.

1 Ver <http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Diagnostico_Sobre_Jovenes_En_Mexico.pdf>, consultado el 9 de junio de 2015.

2 Ver http://www.jornada.unam.mx/2010/08/05/politica/005n1pol

3 Ver <http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=31777>, consultado el 9 de junio de 2015, a las 12:14 horas.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MARTÍN ALONSO HEREDIA LIZÁRRAGA

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado Rangel Segovia. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario de PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, señor Presidente. Muy buenos días, señoras y señores legisladores, y público que nos acompaña.

La democracia se traduce como régimen de igualdad y de libertad en la que todos los ciudadanos se sientan representados, sin distinción de clase social, de religión, de raza o sexo. Por ende, la representación y la participación de los ciudadanos son componentes sustantivos de la democracia, y la forma más elemental de la participación ciudadana simple y sencillamente es el ejercicio del sufragio.

De ahí la relevancia de que la autoridad electoral, árbitro de la contienda electoral, establezca los mecanismos y acciones correspondientes para mantener informados a los electores, para facilitarles a los electores el conocimiento de las propuestas de cada uno de los aspirantes que participen en una elección, con la finalidad de que a la hora de elegir no lo hagan ni a tontas ni a ciegas, sino con pleno conocimiento de causa.

Un sistema electoral libre, justo y competitivo debe contar con ciudadanos informados.

La participación competente y responsable de la ciudadanía se basa en la reflexión y el conocimiento, ya que con ello se asegura, o por lo menos se encima el aseguramiento a la eficacia y la eficiencia del estado de derecho.

La aprobación de la reforma electoral de 2014, constituyó un esfuerzo titánico de los diversos actores políticos para incrementar la calidad de la democracia en nuestro país; sin embargo, hasta hoy vemos en la práctica los puntos finos que hay que retomar, y es explicable, ya que la norma sólo es susceptible de aplicarse hasta cuando se ve observada.

Acabamos de vivir un proceso eleccionario para elegir Diputados federales, pero también locales en algunas entidades federativas, y surge una inquietud con respecto al tema de los debates, en lo que queda de manifiesto la necesidad de que se realicen no nada más para cuando se elige Presidente de la República, sino también organizar debates obligatorios para los candidatos a Diputados federales y para los Senadores en su momento, ya que ellos, se supone que somos los representantes directos de los electores, y los Senadores de las entidades federativas. De ahí deriva la relevancia de que el electorado pueda conocer las propuestas de cada uno a efecto de ejercer su voto, como ya lo he dicho, de manera informada.

Y lo mismo debe aplicar para candidatos a Diputados locales, presidentes municipales, jefes delegacionales y otros casos de elección popular.

En la presente iniciativa, se propone también incluir la obligación a los consejos electorales responsables de fijar el lugar donde van a llevarse a cabo los debates, considerando las alternativas más idóneas para garantizar la mayor difusión del evento, ya que en la actualidad, alegando cuestiones de seguridad, se llevan a cabo en lugares cerrados, y eso me consta, a los que asistimos los de siempre: miembros de partidos políticos, organizaciones que tienen que ver con esto, pero que no trasciende a quien debe trascender, y probablemente por eso es tan grande la apatía y la indiferencia de los mexicanos.

Los debates no le importan a los mexicanos porque no estamos acostumbrados a tenerlos, pero me parece que ya es hora de darles la relevancia que tienen y, por ello, la autoridad juega un papel relevante, tendrá que elegir lugares públicos, para empezar, totalmente equipados, con elementos hasta como pantallas para que quien no pueda entrar los pueda escuchar y los pueda ver desde afuera.

Señoras y señores legisladores: No podemos seguir manteniendo un ejercicio democrático simulado, es necesario que las autoridades, encargadas de los procesos eleccionarios, y también incluyendo al Congreso de la Unión, dada nuestra facultad de legislar, dotemos a los electores de las mejores herramientas posibles que coadyuven a que a la hora de votar lo hagan como un ejercicio democrático, verdadero y responsable.

Derivado de lo anterior, propongo la modificación de los numerales 1, 4 y 5 del artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por su atención, muchísimas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, Diputada Federal ESTHER QUINTANA SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS NUMERALES 1, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Lo que hoy conocemos con el nombre de democracia, se parece muy poco a lo que significaba en épocas anteriores, hubo un tiempo en que la democracia se consideró como una forma lamentable de gobierno, por ejemplo, Aristóteles pensaba que se trataba de una mala desviación del régimen republicano: una desviación demagógica, puesta al lado de la oligarquía y de la tiranía como formas perversas de gobernar las ciudades.

Tiempo después, en 1795, Kant repitió casi exactamente las mismas palabras: "la democracia es necesariamente un despotismo", porque según él, las multitudes no estaban calificadas para gobernar con la razón sino con sus impulsos. Y todavía en el primer tercio de nuestro siglo, Ortega y Gasset se seguía quejando de la "rebelión de las masas" como un mal signo para el futuro.

Actualmente, la democracia se traduce como un régimen de igualdad y de libertad para que todos los ciudadanos estén representados en alguno de los órganos de gobierno, sin distinción de clase social, raza o sexo. La representación y participación de los ciudadanos son términos fundamentales para que se ejerza una democracia, a su vez, la verdadera representación no puede existir, en la democracia, sin el auxilio de la forma más elemental de la participación ciudadana: los votos del pueblo. Ninguna representación democrática puede darse sin la participación de los electores, del mismo modo en que no existe forma alguna de participación colectiva en que no haya un cierto criterio representativo.

Por lo anterior, es muy importante que las autoridades electorales establezcan los mecanismos y acciones necesarios para mantener informados a los electores respecto de las propuestas de cada uno de los candidatos que participan en una elección, a fin de que los primeros elijan a sus representantes o tomen decisiones sobre asuntos públicos, por lo que estoy convencida de que la participación eficaz, justa e informada de los electores es un factor esencial para la integridad electoral.

Un sistema electoral libre, justo y competitivo debe contar con ciudadanos informados, Los electores con sentido cívico para quienes el bienestar común está por encima de los intereses privados, puede ser la base para la verdadera integridad electoral y para que los procesos electorales y políticos funcionen con eficacia.

Los electores informados pueden hacer buen uso de su voto, ya que conocen las consecuencias de las diferentes opciones que se les ofrece en la boleta, estar bien informado significa que los electores tienen información adicional de quiénes son los candidatos que contienden, así como comprender las obligaciones y responsabilidades civiles y tener suficiente conocimiento sobre la elección y los candidatos, como para hacer una elección informada. La participación competente y responsable se basa en la reflexión y el conocimiento.

La aprobación de la reforma electoral de 2014 constituyó un esfuerzo titánico de los diversos actores políticos para incrementar la calidad de la democracia en nuestro país, sin embargo, hasta hoy vemos en la práctica los puntos finos que hay que retomar, a fin de que sea aún más perfecta esta reforma.

Actualmente, nos encontramos en el proceso electoral para elegir diputados locales y federales, por lo que después de analizar cómo se ha desarrollado el mismo, surge una inquietud respecto de los debates. El artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su numeral 1, establece como obligación del Consejo General el organizar dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y sólo promoverá, a través de los consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales, el punto a tratar es el siguiente, existe una necesidad que también se realicen por lo menos un debate para los candidatos para diputados federales y senadores, ya que ellos son los representantes directos de los electores y con la celebración de éste, pueden informarse más de las propuestas de cada uno de ellos y ejercer su derecho de voto de una manera más responsable, lo mismo aplica para los candidatos a diputados locales, presidentes municipales, Jefes Delegacionales y otros cargos de elección popular.

También, se pretende incluir un párrafo en el numeral 4 que radica esencialmente en que se obligue a los Consejos Electorales responsables a fijar el lugar de los debates, así como considerar las mejores alternativas para garantizar la mayor difusión posible del evento, ya que en la actualidad, se realiza por cuestiones de seguridad en un lugar cerrado, sin que la información que se desprende de este evento trascienda a la población, por lo que con la inclusión de este párrafo, la autoridad fijará algún lugar público totalmente equipado con elementos, como por ejemplo pantallas, para que los electores conozcan las propuestas de los candidatos y sigan el debate     correspondiente.

Por último, hago énfasis que no podemos seguir manteniendo un ejercicio democrático simulado como se había llevado por mucho tiempo, es necesario, que las autoridades involucradas en el mismo, incluyendo a este Congreso de la Unión, doten a los electores de la información que ayuden a un ejercicio democrático verdadero y responsable.

Derivado de lo anteriormente expuesto, propongo la modificación de los numerales 1, 4 y 5 del artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 218.

1. El Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y promoverá, a través de los consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales.

 

2. a 3. ...

4. En los términos que dispongan las leyes de las entidades federativas, los consejos generales de los Organismos Públicos Locales, organizarán debates entre todos los candidatos a Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y promoverán la celebración de debates entre candidatos a diputados locales, presidentes municipales, Jefes Delegacionales y otros cargos de elección popular, para lo cual las señales radiodifundidas que los Organismos Públicos Locales generen para este fin podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y televisión, así como por otros concesionarios de telecomunicaciones.

 

 

5. En el supuesto del párrafo anterior, los debates de los candidatos a Gobernador y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias locales de uso público, en la entidad federativa de que se trate. El Instituto promoverá la transmisión de los debates por parte de otros concesionarios de radiodifusión con cobertura en la entidad federativa que corresponda y de telecomunicaciones.

6.

a) a la c)

7. ...

Artículo 218.

1. El Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y promoverá a través de los consejos locales y distritales tendrán la obligación de celebrar debates entre candidatos a senadores y diputados federales.

2. a 3. ...

4. En los términos que dispongan las leyes de las entidades federativas, los consejos generales de los Organismos Públicos Locales organizarán debates entre todos los candidatos a Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y promoverán la celebración de debates entre candidatos a diputados locales, presidentes municipales, Jefes Delegacionales y otros cargos de elección popular, para lo cual las señales radiodifundidas que los Organismos Públicos Locales generen para este fin podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y televisión, así como por otros concesionarios de telecomunicaciones. La definición del lugar corresponderá a los Consejos Electorales responsables y deberán considerar las mejores alternativas para garantizar la mayor difusión posible del evento.

 

5. En el supuesto del párrafo anterior, Los debates de los candidatos a Gobernador y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias locales de uso público, en la entidad federativa de que se trate. El Instituto promoverá la transmisión de los debates por parte de otros concesionarios de radiodifusión con cobertura en la entidad federativa que corresponda y de telecomunicaciones.

6.

a) a la c)

7. ...

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 1, 4 y 5 del artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los numerales 1, 4 y 5 del artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 218.

1. El Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y a través de los consejos locales y distritales tendrán la obligación de celebrar debates entre candidatos a senadores y diputados federales.

2. a 3. ...

4. En los términos que dispongan las leyes de las entidades federativas, los consejos generales de los Organismos Públicos Locales organizarán debates entre todos los candidatos a Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal; diputados locales, presidentes municipales, Jefes Delegacionales y otros cargos de elección popular, para lo cual las señales radiodifundidas que los Organismos Públicos Locales generen para este fin podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y televisión, así como por otros concesionarios de telecomunicaciones. La definición del lugar corresponderá a los Consejos Electorales responsables y deberán considerar las mejores alternativas para garantizar la mayor difusión posible del evento.

5. Los debates de los candidatos deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias locales de uso público, en la entidad federativa de que se trate. El Instituto promoverá la transmisión de los debates por parte de otros concesionarios de radiodifusión con cobertura en la entidad federativa que corresponda y de telecomunicaciones.

6.

a) a la c)

7. ...

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Dip. Esther Quintana Salinas.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputada Esther Quintana. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Esta iniciativa que ponemos a su consideración, es para que sea turnada a las comisiones del Senado de la República, la suscribimos las Senadoras Pilar Ortega, del Partido Acción Nacional; y las Senadoras Diva Hadamira Gastélum y Lucero Saldaña, del Partido Revolucionario Institucional.

Es una iniciativa con proyecto de Decreto en el que reformamos diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

Es prácticamente una revisión, no diríamos que a priori, porque ya sabemos, más o menos, cómo van a quedar las elecciones. Hemos conocido las distintas dificultades que se han emprendido por diversas mujeres que han tenido que utilizar JDC’s para poder exigir sus derechos políticos y éstos puedan ser reconocidos de manera irrestricta por parte de los organismos electorales, particularmente el Instituto Nacional Electoral y la respectiva judicialización ante las diversas salas del Tribunal Electoral.

Hay un argumento muy importante que nosotras esgrimimos, que está fundado, en primer lugar, en el principio constitucional, la garantía inscrita desde el 17 de octubre de 1953 en el artículo 34, donde se establece como un derecho de las mujeres a ser votadas y a ejercer plenamente su voto.

Hay distintos tratados internacionales en el marco del derecho internacional, que también toman consideración de un principio fundamental que es la igualdad, a partir de que los Estados Parte los suscriban, como es la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, de Naciones Unidas, que somos parte desde 1981; de la propia Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres; la propia Convención Americana de Derechos Humanos o la Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Políticos a la Mujer.

Las iniciativas que estamos presentando tienen que ver, además, con los distintos preceptos que ya prácticamente constituyen tesis jurisprudenciales, inscritos desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde en los últimos días tuvieron que resolver sobre distintas iniciativas para garantizar, para definir criterios de paridad en las fórmulas de candidaturas tanto para diputaciones y de integrantes de los ayuntamientos, que en este caso fueron de los estados de Querétaro, Estado de México, Nuevo León, Guerrero y Sonora.

Aducían que aun cuando, efectivamente, se tiene que garantizar la igualdad sustantiva en estos procesos electorales que incluyen, por supuesto, también el tercer orden de gobierno, el de municipios y de la integración de regidurías y de sindicaturas, también se esgrimió que aun cuando había distintas violaciones recurrentes cometidas contra los derechos hacia las mujeres, se tuvo en varios de estos casos no concretar aduciendo lo avanzado del proceso electoral.

Me parece que hay una jurisprudencia que es importante destacar, que tiene que ver con la paridad de género y las dimensiones de su contenido en el orden municipal, interpuesta en este caso para lograr afirmar que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión, es decir, vertical y transversal.

Vamos a encontrar al final de esta jornada cómo aun cuando hemos avanzado en el artículo 41 para inscribir la igualdad sustantiva y su mecanismo la paridad, que hemos definido en el transitorio de esa importantísima reforma, que los organismos tenían que definir las reglas y las leyes de nueva creación, y se tenían que establecer las reglas para garantizar la paridad, vamos a encontrar que vamos a estar muy lejos todavía de lograr el 50 por ciento.

¿En dónde están los problemas? Los problemas están debidamente señalados, diría yo, si me permiten decir una forma muy coloquial, cantados desde que discutimos estas nuevas leyes. Incluso hicimos propuestas concretas, las distintas Senadoras de diversos partidos políticos, para señalar que había que definir reglas tan elementales como el que las circunscripciones tenían que estar encabezadas indistintamente por hombres y mujeres, y no como aconteció hoy, que prácticamente todas estuvieron encabezadas por hombres.

Entonces, al final de la jornada, a la hora del reparto de las diputaciones por representación proporcional, vemos una clarísima desventaja que siguen sufriendo las mujeres en las contiendas electorales, precisamente porque no estaban inscritas de manera equitativa, garantizando la igualdad sustantiva, a partir de que los nones no sean prácticamente circunscritos de facto a los candidatos hombres.

Entonces, ésa es una de las reformas importantes que esgrimimos, además de adelantar en la propia ley lo que ya forma parte de la jurisprudencia, en el sentido de también lograr que los municipios, que los ayuntamientos, que las regidurías y sindicaturas estén permeados por la igualdad sustantiva.

De tal manera que las reformas que presentamos a la Ley General de Partidos Políticos, así como a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, van inscritas en ese sentido. Y, por lo tanto, esperamos que estas reformas puedan dictaminarse para que sean aplicadas en la siguiente elección.

Es cuanto, y muchas gracias a todos ustedes por su atención.

Iniciativa

Las que suscriben, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, LUCERO SALDAÑA PÉREZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Senadoras de la República de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho de las mujeres a participar en el ámbito de la política es reconocido en la actualidad como un derecho humano fundamental, que tiene como resultado el respeto pleno a la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia.

El carácter universal, inalienable e indivisible de los derechos humanos ha posibilitado la definición de la participación equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito político como un tema importante en la agenda internacional de los derechos humanos. Sin embargo, habría que tener presente que la concepción de los derechos humanos ha variado históricamente de acuerdo con el sentido, valor o contenido que cada época y cada sociedad le han dado; por ello, el reconocimiento de la necesidad de garantizar la participación política equilibrada entre mujeres y hombres ha implicado una serie de procesos históricos de movilización social que ha tenido como protagonistas a las mujeres en su exigencia por lograr el reconocimiento pleno de su ciudadanía.

Este proceso es fundamental porque da cuenta de las situaciones y fenómenos socio‐históricos que han posibilitado traspasar del reconocimiento de “los Derechos del Hombre” al paradigma de los “Derechos Humanos”, tránsito que ha implicado la incorporación de las mujeres como género en lo humano, reconociéndose que son tan humanas como los hombres y, por tanto, la discriminación contra las mujeres, por su condición de género, es una violación a los derechos humanos.

En consecuencia, el derecho y las instancias internacionales en materia de derechos humanos han ido asumiendo paulatinamente, cada vez con mayor claridad, la necesidad de reconocer de manera específica y explícita los derechos de las mujeres en el marco de los derechos humanos.

El ámbito de atención inicial por parte de la comunidad internacional respecto a las violaciones a los derechos de las mujeres se centró en ciertos aspectos de los derechos civiles y políticos. Dicha preocupación se tradujo en la inclusión del derecho de las mujeres a participar en la vida política en algunos instrumentos de carácter internacional y regional, lo cual constituye un avance importante en el reconocimiento de los Estados a los derechos de las mujeres como derechos humanos.

Entre los instrumentos específicos en el ámbito internacional en los que se reconocen y salvaguardan los derechos políticos de las mujeres, se debe hacer mención de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer1, abierta a la firma por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 640 (VII) del 20 de diciembre de 1952, la cual fue ratificada por el Estado mexicano el 23 de marzo de 1981.

El artículo II de dicha convención señala que:

“Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna”.

El reconocimiento de este derecho se refuerza con lo establecido en el artículo III, que a la letra dice:

“Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna”.

La importancia de dicha Convención radica en el reconocimiento explícito que hace del derecho de las mujeres a ejercer el voto en cualquier proceso electoral en igualdad de términos que los hombres y sin ser objeto de discriminación.

Otro instrumento relevante lo constituye el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. La adhesión del Estado mexicano a dicho instrumento se realizó el 23 de marzo de 1981.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un instrumento importante porque reconoce y garantiza el disfrute de todos los derechos civiles y políticos de igual manera para las mujeres y los hombres, tal como se señala en su artículo 3, que establece:

“los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”.

El conjunto de derechos civiles y políticos reconocidos en dicho Pacto, que garantizan la igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de los mismos, ha sido reconocido hasta ahora por 160 países, incluyendo México.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer3, conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés, fue adoptada y abierta a su firma y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/180, el 18 de diciembre de 1979. Es considerada como la Carta internacional de los derechos humanos de las mujeres y consta de un preámbulo y 30 artículos, en los que define el concepto de discriminación contra la mujer y establece una agenda para la acción nacional con el objetivo de poner fin a tal discriminación. México ratificó la Convención el 23 de marzo de 1981, año en el que entró en vigor en nuestro país.

Hasta hoy, 187 países han ratificado la Convención, las aportaciones que este instrumento internacional ha hecho a los países han sido fundamentales. No obstante, como establece la propia CEDAW, no basta con la igualdad formal o de derecho; no es suficiente con que las leyes, las políticas públicas, los planes y las acciones gubernamentales aseguren la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los Estados están obligados a poner todos los medios a su alcance para alcanzar en los hechos la igualdad de género, la igualdad de resultados, la igualdad sustantiva. Las políticas en favor de la igualdad de género son fundamentales para alcanzar este fin. Sin embargo, para ser efectivas y acelerar su avance, éstas requieren de medidas temporales para eliminar las desigualdades, la discriminación y la violencia contra las mujeres, las cuales no implican discriminación alguna.

Adicionalmente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (cocedaw) ha recomendado a los Estados Partes hacer un mayor uso de las medidas especiales de carácter temporal como los sistemas de cupos para que las mujeres se integren a la política4, así como a adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública del país5.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos coexiste con los mecanismos de las Naciones Unidas. Las instituciones que protegen el cumplimiento de los derechos humanos en el Sistema Interamericano son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos6, Pacto de San José, 1969, instituyó los mecanismos para garantizar los derechos esenciales de mujeres y hombres, teniendo como fundamento los atributos de la persona, bajo los principios de igualdad y no discriminación.

La Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Políticos a la Mujer, adoptada el 2 de mayo de 1948 y ratificada por nuestro país el 24 de marzo de 1981, se establece que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo.

Cabe señalar que entre los distintos instrumentos del sistema interamericano destaca la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7, conocida también como la Convención de Belém do Pará adoptada en 1994. Reconoce el derecho de las mujeres a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones (artículo 4, j). Además, establece en su artículo 5: “Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos políticos y civiles […] y contará con la protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Asimismo reconoce que la violencia contra las mujeres impide y anula el ejercicio de esos derechos”.

Si bien no es un instrumento vinculante, es oportuno tener presentes los contenidos de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer8, en la que se abordó entre otros temas, la participación de las mujeres en el ámbito público, y se manifestó que la participación equitativa de las mujeres en este rubro resulta crucial en su proceso de adelanto.

En el marco de la Conferencia se plantearon diversos objetivos estratégicos como la adopción de medidas para garantizar a las mujeres igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones, en este punto, se subrayó el tema de alcanzar una representación paritaria.

Es oportuno recordar que en el marco de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe9, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador se analizaron temas como la participación política y la paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles. En ese sentido, se acordó instrumentar acciones positivas para incluir la paridad, adoptar medidas para prevenir y sancionar el acoso político que sufren las mujeres que acceden a cargos políticos, y el trabajo con medios de comunicación para el reconocimiento de la importancia de la participación paritaria de las mujeres en el proceso político.

Si bien es cierto que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación por motivos de sexo y garantizan la igualdad de todos los seres humanos, esto no ha sido suficiente para asegurarle a las mujeres la protección de sus derechos por parte de estos instrumentos y sus mecanismos de monitoreo.

A más de dos décadas de la adopción de las cuotas de género en América Latina aún no ha sido posible generar condiciones de igualdad real en la participación política entre mujeres y hombres. En este escenario la paridad política de género, entendida como una medida definitiva que reformula la concepción del poder político redefiniéndolo como un espacio que debe ser compartido igualitariamente entre mujeres y hombres, está cobrando relevancia en diversas regiones del mundo; en Latinoamérica los países que han adoptado este principio son: Ecuador (2008), Bolivia (2009), Costa Rica (2009), Nicaragua (2010), Honduras (2012) y México (2014).

Por las dificultades que las mujeres enfrentan para ejercer el derecho a ser votadas, acceder a puestos de elección y representación popular, se ha desarrollado acciones para generar mecanismos que transformen de manera estructural las condiciones de competencia desigual que impiden acceder a dichos espacios.

En nuestro país, la historia es muy reciente; en 1993 y gracias a la presión de un movimiento de mujeres, dentro y fuera de los partidos, muy activo en la demanda de mayor participación política logra la primera modificación en la materia. “Los partidos políticos promoverán, en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de su postulación a cargos de elección popular.”

A partir de 1994 se acelera el proceso para que más mujeres ejerzan el derecho a ser electas, gracias a la influencia de alcance internacional que tuvo la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas, celebrada en Beijing en 1995.

Por primera vez, en 2000 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció a favor de que las leyes electorales promovieran la igualdad entre los sexos, al considerar válidas las cuotas de género para la asignación de candidaturas a diputaciones plurinominales y regidurías municipales.

En 2002 se aprobaron las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales10 (Cofipe) que garantizaban la participación de la mujeres en la vida electoral con mayor precisión en lo relativo a cuotas, procedimientos y sanciones, artículos 4º, 38, 174 y 269, de este ordenamiento.

En el año de 2003, fue aprobada la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación11, que considera como una forma de discriminación la negativa o condicionamiento del derecho de participación política, de manera específica el derecho al sufragio, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos.

Otro de los avances más significativos, realizados desde el Poder Legislativo a beneficio de las mujeres es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres12, determina que la política nacional en materia de igualdad entre ambos sexos debe establecer las acciones para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito político.

Dispone que los Congresos de los Estados deberán expedir disposiciones legales en materia de igualdad entre mujeres y hombres; además señala que la política nacional deberá proponer los mecanismos operativos adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas, entre las acciones que plantea la referida ley se encuentran la de promover la participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres en las estructuras políticas, así como la evaluación de dicha participación.

En 2008 el Cofipe se modifica de nuevo y obliga a que los partidos políticos cumplan con cuatro mecanismos efectivos para fomentar la participación política de las mujeres:

1. Garantizar mayores espacios para la representación política de las mujeres, modificando la cuota de género en una porción 40 – 60;

2. La medida queda anunciada en forma alternada y por bloques de cinco candidaturas;

3. Como parte de este cambio se alentó la equidad e igualdad de oportunidades en la integración de mesas directivas de casillas, y

4. La obligación de los partidos políticos de designar el 2% de su financiamiento público para desarrollar actividades dirigidas al liderazgo de las mujeres.

Una de las acciones más importantes que se han sido tomadas en nuestro país a fin de dotar a las mujeres de su derecho innegable a participar libremente , como candidatas a cargos de elección popular, específicamente dentro de Poder Legislativo, se dio el 30 de noviembre de 2011, cuando la Sala Superior del Tribunal Electora del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dictó sentencia en los juicios para la protección de los derechos político‐electorales identificados con el número de expediente SUP‐JDC‐12624/2011 y acumulados, mediante los cuales se impugnaba el acuerdo CG327/2011 que emitiera el Consejo General del Instituto Federal Electoral con fecha 7 de octubre de 2011.

En la práctica, el TEPJF obligó a los partidos, coaliciones o alianzas a cumplir con la cuota de género, tanto en las candidaturas por la vía de mayoría como de representación proporcional, y decreta que de los 300 distritos uninominales, 120 tendrán que tener candidaturas del género subre presentado, mientras que para el Senado serán 26. Adicionalmente, precisa que en cada fórmula registrada dentro de la cuota de 40%, tanto el propietario como el suplente tendrán que ser del mismo género, se reitera que de cada bloque de cinco de los registros de las listas de candidaturas plurinominales, dos tendrán que ser de género distinto, ordenados de manera alternada, es decir, intercalando una mujer y un hombre.

Pese a ello y de acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en octubre de 2013, sólo 37 países en el mundo alcanzaron el piso mínimo de 30% de participación de mujeres en parlamentos. En el ámbito local, la participación de las mujeres sigue siendo muy limitada con apenas un 7% de las presidencias municipales en México.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su 52° período de sesiones, hizo una serie de recomendaciones en respuesta a los informes 7° y 8° presentados por nuestro país respecto al cumplimiento de la CEDAW. En lo que concierne a la participación de las mujeres en la vida política y pública, el Comité recomienda al Estado mexicano que:

a) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con los marcos jurídicos electorales en los planos federal y estatal, inclusive enmendando o derogando las disposiciones discriminatorias contra la mujer, como el párrafo 2 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales, y estableciendo sanciones en caso de incumplimiento de las cuotas de género;

b) Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, participen en la vida política de sus comunidades, inclusive realizando campañas de concienciación orientadas a ampliar la participación de la mujer en la vida política en los planos estatal y municipal; y

c) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar el 3% de los fondos públicos recaudados a la promoción del liderazgo político de las mujeres, en particular de las mujeres indígenas en el plano municipal.13

Otro de los avances, se manifiesta a través de la reforma constitucional publicada el 10 de febrero del 2014,en la que, se obliga a los partidos políticos a postular paritariamente a sus candidatos a los cargos dentro del poder legislativo, esta obligación aplica tanto las elecciones locales como las federales. Con anterioridad a la reforma política y constitucional en comento, la ley electoral vigente antes de la reforma incluía la cuota del género del 40% como medida de acción afirmativa.

La progresividad de esta medida es clara: No sólo se establece que la mitad de las candidaturas postuladas por los partidos políticos deben ser ocupadas por mujeres sino que, además, esta reforma, aunque todavía puede considerarse una medida que incide en el acceso, no en el resultado, sí tiene la vocación de influir en la conformación paritaria del poder legislativo.

De acuerdo a la Dra. Marcela Lagarde la “Diversidad y paridad son dos ejes equitativos en las acciones tendientes a modificar las relaciones entre mujeres y hombres, a resignificar a los géneros y a la humanidad. Con paridad, las mujeres tienen la posibilidad de empoderarse y significa un paso hacia la igualdad. Si de igualdad se trata, de igualdad con los hombres, hablemos de igualdad de derecho ante la ley, de acceso a recursos, a bienes materiales y simbólicos y de acceso al poder.”14

Muchas resistencias han surgido en la aplicación de las normas constitucionales y legales sobre paridad. La primera, son las presiones internas y externas que han recibido precandidatas de todos los partidos políticos para declinar candidaturas. Las presiones por dejar las candidaturas surgen antes del registro formal por parte de las autoridades locales competentes. La razón es una, las autoridades jurisdiccionales en el país tienen como obligación vigilar el cumplimiento irrestricto de la Constitución, Convenios y Tratados Internacionales que nuestro país haya suscrito.

La aplicación del principio paritario para la postulación de las candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del poder legislativo federal y el de las entidades federativas es claro.

En este contexto, ante la actuación de las autoridades respecto al cumplimiento de la paridad, los actores políticos creyeron encontrar en la presión y diversas formas de violencia política, la forma de desincentivar o amedrentar a las mujeres para participar en la vida política del país.

Está claro que pese a ello, no podemos bajar la voz ante situaciones como estas; mujeres han sido asesinadas y han sufrido atentados por tomar parte en la vida política del país. La sociedad mexicana será más democrática con la participación activa de las mujeres en los espacios de decisión pública.

En los últimos días, han sido confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sentencias mediante las cuales se aprobaron los criterios de paridad de género en las fórmulas de candidaturas para diputaciones e integrantes de los ayuntamientos de Querétaro, Estado de México, Guerrero, Nuevo León y Sonora para el proceso electoral 2014-2015, en su sesión del 29 de abril del presente, sin embargo y pese a que los proyectos reconocen el principio de paridad y su falta de aplicación a los casos concretos, las propuestas plantearon la irreparabilidad de las violaciones recurrentes cometidas contra los derechos de las mujeres, aduciendo como pretexto lo avanzado del proceso electoral.

El pasado 07 de mayo del presente se confirmó, por parte de la sala Superior del mismo Tribunal, la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa, que ordenó a los partidos políticos cumplir con la paridad de género, en el registro de las candidaturas a presidencias municipales y regidurías por el principio de mayoría relativa, en Tabasco.

La Jurisprudencia en comento establece:

PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL.—- La interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por los artículos 1°, 2, 4, 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; permite afirmar que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión. Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción de géneros; y por otra, desde de un enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado Estado. A través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Así con ambas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial se precisa que la paridad debe cumplirse no sólo en la postulación de las candidaturas al Congreso de la Unión y Legislaturas de los estados, sino en cualquier cargo de elección popular, por lo que la paridad mandata un criterio de actuación bajo el cual toda autoridad electoral debe regirse, al tener un reconocimiento constitucional y convencional.

Cabe mencionar que en el transcurso de la LXII Legislatura diversos Senadores han presentado diversas iniciativas y puntos de acuerdo sobre el tema:

1. El 22 de mayo de 2013, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5 y 27 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, en materia de igualdad, paridad y alternancia de género. Propone que entre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, sean la promoción de la igualdad, paridad y alternancia de género. Señala que la integración del Consejo Técnico Consultivo se deberá realizar de acuerdo a los principios de igualdad, paridad y alternancia de género.

2. El 17 de julio de 2013, la Senadora Lucero Saldaña Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 25, 41, 51, 57, 99,115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se establece que para garantizar la igualdad sustantiva, en la Constitución y en las leyes, se crearán acciones afirmativas de carácter temporal en favor de los grupos sociales en situación de discriminación, exclusión o vulnerabilidad, las cuales no se considerarán como medidas discriminatorias. Corresponderá a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona humana y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas para remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar su participación en la vida política, económica, cultural y social.

3. El 13 de febrero de 2014, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre los géneros en el Poder Judicial. Propone una reforma constitucional a través de la cual se introduzca el principio de la paridad entre los géneros en el Poder Judicial, como una medida para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y revertir la segregación horizontal hacia las mujeres.

4. El 08 de abril de 2014, las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Angélica de la Peña Gómez , presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 78, 218 y 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con esas reformas se plantea que los partidos políticos destinen anualmente el seis por cierto del financiamiento público ordinario del financiamiento público de sus actividades, para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.En materia de paridad de género en candidaturas a puestos de elección popular, se propone que las candidaturas a diputaciones a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las senadurías por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, deberán registrarse por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La aplicación de la legislación sobre derechos políticos electorales de las mujeres y el cumplimiento de la cuota de género en nuestro país, sentó un precedente fundamental que explica el incremento de mujeres electas en las pasadas elecciones de 2012.

Los alcances que este proceso ha tenido en la posición y condición de las mujeres se refleja en un importante incremento de mujeres diputadas; el número de curules pasó de 142 (28%) en 2009 a 184 (37%) en la actual legislatura; para el caso de las senadoras, de 30 (24%) se incrementó a 42 (33%). Pese a este aumento cuantitativo, el análisis de la participación política de las mujeres en espacios de decisión posee límites en su desarrollo, como en sus resultados.

Los límites culturales e institucionales a la participación política de las mujeres encuentran en los partidos políticos una de las principales fuentes de discriminación, con efectos multiplicadores a nivel del sistema político en su conjunto, y del Estado como entidad responsable de garantizar los derechos políticos electorales de toda la ciudadanía. La masculinización de la vida política hace que las reglas institucionales de competencia y participación política no tenga un efecto igualitario entre hombres y mujeres, siendo la desigualdad en representación de mujeres en cargos de elección popular su mejor ejemplo.

Con la reforma en comento se pretende modificar el numeral 3 del artículo 232; el numeral 1 del artículo 234 y adicionar un segundo párrafo al numeral 3 del artículo 232; los numerales 2 y 3 del artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que se establezca el principio de paridad vertical en todos los cargos de elección popular integrando por lo menos un cincuenta por ciento en las candidaturas a cargos de elección popular de las fórmulas de un mismo sexo.

Asimismo, se pretende que la paridad también llegue a los órganos de dirección de los partidos políticos, se trate de estructura administrativa, sectores o corrientes políticas con las que cuente cada partido.

Las practicas organizacionales y las dinámicas internas de ejercicio del poder en los partidos políticos se han desarrollado en función de reproducir y naturalizar ciertos patrones discriminatorios, que cobran relevancia tanto en los procesos de reclutamiento, la designación de determinados puestos, las representaciones sobre lo femenino y lo masculino en la política y más recientemente el impacto de los mandatos institucionales sobre legislación electoral en su organización interna.

La relación de las mujeres con la política no solo se remite a su militancia en los partidos políticos, somos especialistas en gestionar e incidir dentro de la comunidad. Por lo anterior es nuestro tránsito por la política partidaria se da en muchos casos de manera natural, como extensión de nuestro trabajo.

Es por eso que, es necesario y de vital importancia que los partidos políticos cumplan con la que se encuentra expresado en nuestra Constitución, en materia de paridad, así que a través de la nuestra propuesta se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos a fin de integrar a la práctica tanto la paridad horizontal y la paridad vertical.

Por lo antes expuesto, las suscritas, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONANDIVERSAS DISPOCISONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, para quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el numeral 3 del artículo 232; el numeral 1 del artículo 234. Se adiciona un segundo párrafo al numeral 3 del artículo 232; los numerales 2 y 3 del artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 232.

1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de esta Ley.

2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como en la elección de los municipios y regidurías.

4. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a una diputación federal o local como a una senaduría que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral, deberán integrarse con el cincuenta por ciento de las fórmulas de un mismo sexo.

En el caso de las elecciones locales ordinarias en las que se elijan integrantes de los municipios y regidurías en los estados de la República, los partidos políticos garantizarán la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión: a) la paridad vertical, postulando en igual proporción de géneros a candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales; y b)  la paridad horizontal que significa postular en por lo menos 50% de las presidencias municipales de la entidad, candidaturas de un mismo género. Con esta visión dual, se alcanza el efecto útil y material del principio de paridad.

5. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

6. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido político, el Secretario del Consejo General, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo General, en un término de cuarenta y ocho horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.

Artículo 234.

1. Las listas de representación proporcional de la elección federal o local se integrarán por fórmulas alternadas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo sexo, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista, de modo tal que dos fórmulas del mismo sexo no se encuentren en lugares consecutivos de la lista. La misma regla aplicará para la integración de las fórmulas de Senadores por el principio de representación proporcional.

2. La misma disposición se aplicará para los convenios de coalición para integrar, registrar y presentar las fórmulas de candidaturas de representación proporcional en elección federal o local.

3. Para el registro de fórmulas de candidaturas de representación proporcional de la elección federal los partidos políticos o coaliciones solicitarán su registro garantizando que un mismo género encabece al menos dos circunscripciones electorales, el Instituto Nacional Electoral tendrá la facultad para requerir al partido político o coalición un  plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el numeral 4 y se adicionan los numerales 5, 6 y 7 del artículo 3; se reforman los incisos r) y u) recorriéndose los subsecuentes del artículo 25, se adiciona el inciso e) del artículo 37 y el numeral III y se recorren los subsecuentes del inciso a) del artículo 44de la Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 3.

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público;

2. (…)

A) – c)

3. (…)

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales, locales, municipios y regidurías. Estos deberán de alcanzar un efecto útil y material del principio de paridad de géneros.

5. Para la asignación de la paridad en los distritos federales y locales, las direcciones de los partidos políticos garantizarán a través de sus disposiciones estatutarias, la inclusión en condiciones de igualdad a mujeres y hombres en los distritos ganadores para que ningún género quede sobrerrepresentado.

Para efectos de esta Ley se entiende por distritos con porcentajes de votación mayores aquellos en los que el partido político que los postule haya obtenido el triunfo distrital en la elección inmediata anterior, o bien haya quedado en un segundo lugar en una diferencia a cinco puntos porcentuales.

6. La misma disposición se aplicará para los convenios de coalición para integrar y registrar las fórmulas de candidaturas de mayoría relativa, tanto en elecciones locales como en elección federal.

7. En los procedimientos internos de los partidos políticos o los convenidos en coalición para la designación de candidaturas a Senadores por el principio de mayoría relativa, se establecerá una distribución igualitaria de candidaturas de fórmulas en las treinta y dos entidades federativas; de tal manera que las primeras fórmulas que postule un partido político o coalición al Senado no sea mayor a treinta dos de un mismo género.

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) – q) (…)

r) Garantizar un efecto útil y material del principio de paridad de géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular.

s) (…)

t) (…)

u) Contar con un organismo líder de mujeres dentro del partido, que cuente con el nivel operativo necesario y el reconocimiento estatutario debido, y

v) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

Artículo 37

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos:

A) – d) (…)

e) La obligación de garantizar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular.

Artículo 44.

1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con base en los lineamientos básicos siguientes:

A) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente:

I. (…)

II. (…)

III. El método de selección por el se garantizará la paridad de género en todas las candidaturas.

IV. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas

V. Documentación a ser entregada;

VI. Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro;

VII. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular, en los términos que establezca el Instituto;

VIII. Método de selección, para el caso de voto de los militantes, éste deberá ser libre y secreto;

IX. Fecha y lugar de la elección, y

X. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o de precampaña, en su caso.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.

1 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 1952. Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ratificada por México el 23 de 1981, publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 28 de abril de 1981.

2 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 20 de mayo de 1981.

3 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Asamblea General en su resolución 34/ 180, del 18 de diciembre de 1979. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 3 de septiembre de1981.

4 Recomendación General No. 5. Medidas especiales temporales (7° periodo de sesiones, 1988).

5 Recomendación General No. 23. Vida política y pública (16º período de sesiones, 1997).

6 Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1969. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 1981.

7 Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Ciudad de Belem Do Para, Brasil, 9 de junio de 1994.

8 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Beijing, China del 4 al 15 de septiembre de 1995.

9 Consenso de Quito. En el marco de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto del 2007.

10 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 15 de agosto de 1990.

11 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 11 de junio del 2003.

12 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 2 de agosto del 2006.

13 Participación Política de las Mujeres en México. A 60 años del reconocimiento del derecho al voto femenino. ONU- Mujeres, 2013.

14 Contigo aprendí. Una lección de democracia gracias a la sentencia 12624. Ortiz Ortega Adriana, Sherer Castillo, Clara. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México 2015.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Senadora De la peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores.





 

Tiene la palabra el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 3o. constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 3O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CULTURA DEL DERECHO Y LA JUSTICIA

(Presentada por el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Danner González Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea:

Con el desconocimiento de los derechos que le asisten, una gran parte de la población ignora la protección que la Constitución le otorga. También este desconocimiento le hace perder la oportunidad de defenderse de los abusos de autoridades gubernamentales o de los agentes privados, además de que se abandona la oportunidad de formar sujetos políticos plenos que se asuman como titulares de derechos y de obligaciones.

Esta es, consideramos nosotros, la única vía para abonar al desarrollo, a un clima de mayor seguridad y a la consolidación de un orden democrático.

De ahí la importancia de que a través de los planes y programas de estudio, a los niños y a los jóvenes se les inculque una cultura del derecho y la justicia, y se fortalezca, de esta manera, el conocimiento de los derechos constitucionales que tienen y las instancias ante quienes puede exigir el cumplimiento de éstas.

Este es precisamente el objetivo de la presente iniciativa.

La falta de información a las personas que enfrentan un conflicto de: a dónde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y a bajo costo; las asimetrías de información que afectan a los ciudadanos cuando enfrentan un conflicto; la mala calidad de los conocimientos y condiciones de intervención de los abogados, jueces, defensores de oficio y ministerios públicos; el diseño de procedimientos que suelen privilegiar la forma sobre el fondo y que tratan de igual manera conflictos de naturaleza muy diversa; y la mala calidad de leyes, reglamentos y normas en todo el país, son sólo algunos de los factores que han provocado el desencanto de la población mexicana hacia el sistema de impartición de justicia.

Así lo señala la reciente investigación sobre justicia cotidiana que dio a conocer el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Otras instituciones educativas de renombre, como la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, han presentado varias recomendaciones para optimizar el acceso a la justicia cotidiana de los ciudadanos. Entre estas, mención especial merece la de impulsar una cultura del derecho.

Las respuestas que los mexicanos dan en la encuesta sobre cultura constitucional son muy claras. Por un lado, no se tiene conocimiento de los derechos fundamentales que consagra la Constitución.

Por el otro, amplios sectores de la población suponen que los derechos son sacrificables o renunciables ante una situación de emergencia como la lucha contra el crimen.

Esto es pasmoso porque es preocupante cuando la gente considera que la violencia puede ser justificable para llegar a condiciones de paz y de seguridad.

La problemática se vuelve aún más crítica si consideramos que casi 60 millones de mexicanos viven en pobreza, y otros 11 millones en pobreza extrema. La marginación propicia la privatización sistemática y grave de los derechos humanos, y la carencia de éstos hace mucho más difícil aspirar a mejores condiciones de vida.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala: “…que las personas indígenas recluidas carecen de información sobre los derechos humanos que le asisten, desconocen los beneficios de libertad anticipada que pueden solicitar de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal o su derecho a ser auxiliados por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura…”.

Aproximadamente, 6 de cada 10 personas con alguna discapacidad en nuestro país no tienen las condiciones necesarias para desenvolverse plenamente en los espacios públicos; además, son muy pocos los que conocen sus derechos y las leyes que deben utilizar como fundamento para conseguir que el gobierno federal o los gobiernos locales realicen obras sociales que cubran sus necesidades, los hagan visibles y sean incluidos socialmente.

Señoras y señores legisladores: Está vigente la sentencia de Pitágoras, de que: “…si educamos a los niños, no será necesario castigar a los hombres…”.

Los momentos que vive nuestro país son cruciales y nos obligan a redefinir el rumbo que habrán de tomar las futuras generaciones.

Se necesita un país de personas que piensen por sí mismas.

Se necesita un país poblado por personas conscientes de sus derechos y dispuestos a contribuir para defenderlos.

Se necesita un país donde los ciudadanos alcen la voz para que la democracia no sea tan sólo el menor de sus males, sino una conquista sacrificable que vale la pena.

El desconocimiento de los derechos y la ausencia de una cultura de justicia en nuestro país, es tan grave que requiere tratarse en un primer plano.

Por eso la propuesta para incluir en la Constitución Política esta enseñanza de una cultura del derecho y la justicia entre niños y jóvenes.

Es cuanto, señor Presidente.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 3º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los procesos largos, costosos y poco flexibles; los numerosos obstáculos tanto para el acceso a la justicia como para que el resultado contribuya a solucionar efectivamente los problemas de los ciudadanos; la percepción en la ciudadanía de que la justicia es precaria; la falta de información a las personas que enfrentan un conflicto de a dónde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y a bajo costo; las asimetrías de información que afectan a los ciudadanos cuando enfrentan un conflicto; la mala calidad de los conocimientos y condiciones de intervención de los agentes (abogados, jueces, defensores, ministerios públicos, etc.); el diseño de los procedimientos que suelen privilegiar la forma sobre el fondo y que tratan igual conflictos de naturaleza muy diversa; la falta de capacidades institucionales y recursos de los sistemas de justicia de las entidades federativas; un diseño institucional que resiste la renovación y adaptación (en particular en materia de justicia laboral); y la mala calidad de las leyes, reglamentos y normas administrativas en todo el país, son algunos de los factores que han provocado el desencanto de la población mexicana hacia el sistema de impartición y procuración de justicia. Así lo señala la investigación sobre “Justicia Cotidiana”, que coordinó el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).1

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), entre otras instituciones académicas de renombre, han presentado varias recomendaciones para optimizar el acceso a la justicia cotidiana de los ciudadanos. Entre éstas, mención especial merece la de impulsar una cultura del derecho por medio de una estrategia de comunicación que informe a la sociedad sus derechos y sus obligaciones, pues la población tiene poco o nulo conocimiento de estos.2

En 2011, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó la segunda “Encuesta sobre Cultura Constitucional”. Algunos de sus resultados fueron que para el 59% de los mexicanos la obediencia y el respeto a la autoridad son los valores más importantes que un niño debe aprender, sin embargo, los encuestados olvidaron mencionar la relevancia que tiene el conocimiento y pleno ejercicio de derechos humanos y constitucionales de primer orden como la libertad, la igualdad, la justicia, entre otros.3

Con ese desconocimiento de los derechos que le asisten a un mexicano o mexicana, la población no sólo ignora la protección que la Constitución le otorga, sino que se pierde la oportunidad de formar sujetos políticos plenos, que se asuman como titulares de derechos y de obligaciones; única vía para abonar al desarrollo, a un clima social de mayor seguridad y a la consolidación de un orden democrático. De aquí deriva precisamente la importancia de inculcar en los niños y jóvenes los derechos constitucionales que tienen.

El planteamiento es muy sencillo, si se enseñan los derechos, tanto en el seno familiar, como en las instituciones educativas públicas y privadas, existiría un mayor respeto de las leyes, a la vez que se dotaría a la sociedad de conocimiento para que pueda defenderse  ante los abusos delas autoridades gubernamentales o de los propios agentes privados, y ello detonaría una convivencia social más armónica.

Los momentos que vive la Nación mexicana son cruciales y nos obligan a redefinir el rumbo que habrán de tomar las futuras generaciones.

Se necesita un país de personas que piensen por sí mismas. Se necesita un país poblado por personas conscientes de sus derechos y dispuestos a contribuir para defenderlos. Se necesita un país donde los ciudadanos alcen la voz para que la democracia no sea tan sólo el mal menor y una conquista sacrificable si de combatir el crimen se trata. La encuesta referida líneas arriba señala que 30% de los mexicanos cree que no se puede luchar contra la delincuencia sin violar los derechos, 39% está de acuerdo en que un toque de queda puede ayudar a reducir la inseguridad y el 32% está de acuerdo en que las autoridades torturen a cambio de obtener información.4

Las respuestas que los mexicanos dan en la “Encuesta sobre Cultura Constitucional” son claras: por un lado, no se tiene conocimiento de los derechos fundamentales que constitucionalmente amparan a los ciudadanos, por el otro lado, y más grave aún, es que los derechos carecen de importancia; en este caso, cuando se trata de la lucha contra el crimen, como si la violencia fuera el sendero más corto y redituable para llegar a la paz y a la seguridad.

Esta problemática se vuelve más crítica si consideramos que casi 60 millones de mexicanos viven en pobreza y otros 11 millones en pobreza extrema, ya que la marginación propicia la privatización sistemática y grave de los derechos humanos, y la falta de derechos hace mucho más difícil mejorar la calidad de vida, con lo que se genera un círculo vicioso.5

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que las personas indígenas recluidas carecen de información sobre los derechos humanos que les asisten, desconocen los beneficios de libertad anticipada que pueden solicitar de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, o su derecho a ser auxiliados por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.6

Aproximadamente 6 de cada 10 personas con alguna discapacidad en nuestro país, no tienen las condiciones necesarias para desenvolverse plenamente en los espacios públicos, además, pocos conocen sus derechos y las leyes que deben utilizar como fundamento para conseguir que el gobierno federal o los gobiernos locales realicen las obras sociales que cubran sus necesidades, los hagan visibles y sean incluidos socialmente.7

A pesar de que en el artículo 7, fracción VI, de la Ley General de Educación se pretende que una de las finalidades de la educación que imparte el Estado sea la de “promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto de los mismos”, lo cierto es que las instancias gubernamentales se pasan por alto los derechos de la población, muchas veces porque ésta misma no los sabe.

El desconocimiento de los derechos es tan grave que requiere tratarse en un primer plano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser el principal regulador de la vida nacional del país, debe contemplar la enseñanza de una cultura del derecho y la justicia entre los niños y jóvenes.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de Decreto por el que SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 3º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.-Se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o.

I. …

II. …

III. …

En la determinación y formulación de los planes y programas de estudio en la educación básica a los que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública Federal y sus homólogas locales, deberán  impulsar una cultura del Derecho y la Justicia en los educandos, a fin de que en la niñez y juventud del país se fortalezca el conocimiento de los derechos constitucionales que tienen y las instancias ante quiénes pueden exigir el cumplimiento de éstos.

Texto vigente.

Texto propuesto.

Artículo 3o.

I. …

II. …

III. …

Artículo 3o.

I. …

II. …

III. …

En la determinación y formulación de los planes y programas de estudio en la educación básica a los que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública Federal y sus homólogas locales, deberán  impulsar una cultura del Derecho y la Justicia en los educandos, a fin de que en la niñez y juventud del país se fortalezca el conocimiento de los derechos constitucionales que tienen y las instancias ante quiénes pueden exigir el cumplimiento de éstos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-  Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 10 de junio de 2015.

Dip. Danner González Rodríguez.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado Danner González. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Quisiera pedirle a todos los miembros de la Comisión Permanente, y a todos quienes están en galerías, pudiéramos darle más respeto a quienes están haciendo uso de la voz, pues es un salón muy pequeño, se concentra todo el ruido acá adelante, y quisiéramos pedirles, por favor, que sean más atentos, muchas gracias.

1 “Síntesis del informe y de las recomendaciones en material de justicia cotidiana”, CIDE, México, 2015, p. 15 y 16. Disponible en: http://justiciacotidiana.mx/work/models/JusticiaCotidiana/Resource/101/1/images/Sintesis_JusticiaCotidiana-version-final.pdf [Última consulta: 8 de junio de 2015]

2 Ibídem, p. 19.

3 Carbonell, Miguel. “Verborrea e incultura constitucional”, NEXOS, 1 de febrero de 2012. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=14673 [Última consulta: 8 de junio de 2015]

4 Ibídem.

5 Smith, Stephen y Castleman, Tony, “Derechos humanos y pobreza”, Letras Libres, abril 2006. Disponible en: http://www.letraslibres.com/revista/convivio/derechos-humanos-y-pobreza [Última consulta: 1 de junio de 2015]

6 Ibídem.

7 Parametría, “La discapacidad en México. Aptitudes y opiniones”. Disponible en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4441[Última consulta: 8 de junio de 2015]





 

Se concede el uso de la tribuna a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 132 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza)

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Buenas tardes a todas y a todos; con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Para Nueva Alianza la defensa de los derechos de los trabajadores es un tema toral en nuestra plataforma política, es por ello que hoy pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa que busca salvaguardar uno de los derechos más importantes de los trabajadores al servicio del Estado, como es el acceso a una jubilación o pensión digna.

En el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), se establece que la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado cubrirá como mínimo los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad, y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

En este orden de ideas, en un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consideró que el precepto referido no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también deriva el principio de la previsión social que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y trabajadoras, y sus familias, ante los riesgos a los que se encuentren expuestos, orientados necesariamente a procurar su mejoramiento en el nivel de vida.

Es decir, que en el caso de un trabajador que interpuso un juicio de amparo por una cuestión de pensión por viudez, la Corte decidió que una trabajadora podía recibir su pensión por viudez como consecuencia de la muerte del trabajador en activo, pensionado o jubilado, junto con la pensión que actualmente disfrutaba por sus años de servicio, ya que lo anterior constituye uno de los propósitos fundamentales del principio de la previsión social.

En congruencia con la percepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mi grupo parlamentario consideramos que tanto la pensión por viudez como el derecho a recibir una jubilación por los años de servicio, constituyen aspectos fundamentales del principio de la previsión social, y no deben de estar limitados por preceptos reglamentarios, ya que estos derechos no son antagónicos ni se excluyen entre sí.

Para abundar un poco más, el propio artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio por el que se expide la ley cuestionada, admite la compatibilidad de la pensión por jubilación con la de viudez.

El hecho de que se restrinja el derecho a percibir íntegramente ambas pensiones cuando la suma de ellas rebase los 10 salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización, es contraria al precepto constitucional que no establece limitante alguna como lo plantea el reglamento citado.

Para nuestro grupo parlamentario, la compatibilidad de las pensiones no está sujeta al tope fijado por el reglamento para su cuantificación, sino que constituye un derecho sustantivo que entra en la esfera de un trabajador, de tal suerte que el hecho de que se rebase el límite señalado por el reglamento, no quiere decir que ambas pensiones no son compatibles.

Esto ha traído muchos problemas en las trabajadoras o trabajadores y se han conjuntado las dos pensiones, y se le ha limitado a los 10 salarios mínimos, cuando son 2 pensiones completamente diferentes.

A fin de remediar esta discordancia, proponemos una adición al artículo 132 de la Ley del ISSSTE, que sea congruente con las afirmaciones hechas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que impida que se vulneren los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Para nosotros la protección de los derechos laborales es fundamental, y más cuando se trata de conservar la legítima retribución de años de servicios, sin que este beneficio se vea limitado por una norma reglamentaria que tiene una jerarquía inferior.

La adición, entonces, precisa que lo que proponemos en la presente iniciativa contribuirá a aclarar la redacción del artículo 132 de la Ley del ISSSTE vigente, estableciendo que: “…en el caso de que una persona esté disfrutando de una pensión por jubilación, no se verá limitado su derecho a recibir la pensión por viudez y viceversa, y cada una de las mismas tendrán como tope máximo 10 veces el salario mínimo…”, cada una de las mismas, no las dos compactadas.

De esta forma, pretendemos garantizar el derecho constitucional de los trabajadores y trabajadoras, quienes no son beneficiarios de la decisión de la Suprema Corte, ya que su resolución corresponde a un juicio de amparo que sólo surte efectos para el quejoso que lo inició.

Resulta, por lo tanto, indispensable que la ley resguarde los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras al mismo tiempo.

Con esta reforma pretendemos ser responsables en cuanto al manejo de las pensiones para no poner en riesgo el equilibrio financiero del mismo.

Como lo señaló la Segunda Sala de la Corte, los beneficios no se pueden contraponer, dado que provienen de esferas distintas: por un lado, la pensión por viudez se genera de un fondo perteneciente a una persona diferente a la de la pensión por jubilación, razón por la cual no pueden ser excluyentes.

Por lo tanto, la aplicación del artículo 12 del reglamento es ajena al fundamento constitucional, por lo que se hace indispensable armonizar esa ley con los principios que garantiza.

Por lo tanto, y ya para terminar, con este afán confiamos en que acompañen nuestra propuesta, a fin de que se ponga remedio a las injusticias que se cometen cotidianamente contra los trabajadores del ISSSTE, que no han tenido la forma de hacer valer sus derechos mediante un procedimiento de amparo.

En Nueva Alianza buscamos hacer accesibles los derechos de todos los trabajadores, con la misma amplitud con la que se encuentran consagrados en la Carta Magna, precisar esto en la ley del instituto nos parece fundamental y esperamos contar con su apoyo.

Muchas gracias por su atención y comprensión, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, Diputada Federal de la LXII Legislatura del honorable congreso de la unión, del grupo parlamentario nueva alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Y 55, FRACCIÓN II, 56, 85, 94 Y 179 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 21 de diciembre del año 2012, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Querétaro, Querétaro, un derechohabiente del ISSSTE, por su propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia Federal,  en contra de diversas autoridades por considerar violadas en su perjuicio las garantías constitucionales previstas en los artículos 14, 16 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 133 de la Ley Fundamental.

En dicho procedimiento legal, el derechohabiente se amparó en contra del artículo 132 de la Ley del ISSSTE y el artículo 12, segundo párrafo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve.

El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en apoyo al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, resolvió que carecía de competencia legal para conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por el derechohabiente quejoso, por lo que ordenó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución correspondiente.

El 8 de mayo de 2014, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por radicados los autos y por admitido el recurso de revisión interpuesto por el quejoso. Los preceptos legales ante los que se amparó el derechohabiente quejoso se transcriben a continuación:

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

“Artículo 132.-Los familiares derechohabientes del trabajador o pensionado fallecido, en el orden que establece la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen derecho a una pensión equivalente al cien por ciento de la que hubiese correspondido al trabajador por invalidez o  de la pensión que venía disfrutando el Pensionado, y a la misma gratificación anual a que tuviera derecho el pensionado. La cuantía de este beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces el salario mínimo”.

Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones del Régimen de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio por el que se expide la Ley del ISSSTE

Artículo 12. -Las pensiones son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo con lo siguiente:

(…)

II. La percepción de una pensión por viudez o concubinato con:

El disfrute de una pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, por cesantía en edad avanzada o por invalidez, derivada de derechos propios como trabajador;

(…)

En el caso de compatibilidad de las pensiones señaladas en las fracciones anteriores, la suma de las mismas no podrá exceder el monto equivalente a diez veces el salario mínimo.

(….)”

Después de una revisión exhaustiva de los preceptos impugnados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que “no existe justificación constitucional para que una persona que tiene derecho a recibir una pensión por viudez y además esté disfrutando de un pensión por jubilación, vea limitado el monto total de ambas al tope máximo de diez veces el salario mínimo referido en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio por el que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, porque tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes y, además, tienen autonomía financiera, debido a que las cuotas que las costean derivan de personas distintas, la pensión por viudez, de las que aportó la trabajadora o pensionada fallecida y, la pensión por jubilación, se sostiene con la cuotas del trabajador o pensionado viudo, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas “.

Partiendo de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento antes citado, por contravenir la garantía de seguridad social y el principio de la previsión social, contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI inciso a) de la Constitución Federal, al restringir el derecho a percibir íntegramente ambas pensiones (viudez y jubilación), cuando la suma de las dos pensiones rebase los diez salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización.

El amparo solicitado no tiene efectos generales, únicamente se concedió al quejoso para el efecto de que el artículo 12, segundo párrafo del Reglamento no se le aplique en el futuro. Sin embargo, dado el pronunciamiento realizado por nuestro Máximo Tribunal, en Nueva Alianza consideramos oportuno y conveniente que el Congreso de la Unión reforme el artículo 132 de la Ley de ISSSTE para efectos de eliminar cualquier posibilidad de que mediante normas secundarias como lo es un reglamento, se restrinja el derecho a percibir íntegramente las pensiones por jubilación y viudez cuando éstas concurran.

Así, la nueva redacción quedaría como a continuación se transcribe:

Dice

Debe decir

Artículo 132. Los Familiares Derechohabientes del Trabajador o Pensionado fallecido, en el orden que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen derecho a una Pensión equivalente al cien por ciento de la que hubiese correspondido al Trabajador por invalidez o de la Pensión que venía disfrutando el Pensionado, y a la misma gratificación anual a que tuviera derecho el Pensionado. La cuantía de este beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces el Salario Mínimo.”

Artículo 132. Los Familiares Derechohabientes del Trabajador o Pensionado fallecido, en el orden que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen derecho a una Pensión equivalente al cien por ciento de la que hubiese correspondido al Trabajador por invalidez o de la Pensión que venía disfrutando el Pensionado, y a la misma gratificación anual a que tuviera derecho el Pensionado. La cuantía de este beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces el Salario Mínimo.”

En el caso de que una persona esté disfrutando de una pensión por jubilación, no se verá limitado su derecho a recibir la pensión por viudez y viceversa  y cada una de las mismas tendrán como tope máximo diez veces el Salario Mínimo.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 132 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

ÚNICO: Se reforma el artículo 132 para quedar como sigue:

“Artículo 132.- Los Familiares Derechohabientes del Trabajador o Pensionado fallecido, en el orden que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen derecho a una Pensión equivalente al cien por ciento de la que hubiese correspondido al Trabajador por invalidez o de la Pensión que venía disfrutando el Pensionado, y a la misma gratificación anual a que tuviera derecho el Pensionado. La cuantía de este beneficio será hasta por un monto de diez veces el Salario Mínimo.

En el caso de que una persona esté disfrutando de una pensión por jubilación, no se verá limitado su derecho a recibir la pensión por viudez y viceversa  y cada una de las mismas tendrán como tope máximo diez veces el Salario Mínimo.”

Senado de la República, el 10 de junio de 2015.

Dip. María Sanjuana Cerda Franco.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputada María Sanjuana Cerda. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.





 

Como les fue anunciado, daremos paso a un debate sobre el proceso electoral del presente año 2015. Habrá una primera ronda de oradores de todos los grupos parlamentarios, por un tiempo de 5 minutos cada uno en orden creciente; posteriormente, daremos el uso de la palabra para rectificar hechos o para alusiones personales.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra, nuevamente, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza.

INTERVENCIONES

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores:

Para Nueva Alianza resulta alentador que las elecciones del pasado 7 de junio se hayan realizado, en lo general, con apego a la legalidad electoral que rige la competencia política en México.

La determinación de las ciudadanas y de los ciudadanos de México por ratificar por la vía democrática de las elecciones libres para designar gobernantes y representantes, se impuso a las pretensiones de grupos que apostaron a la violencia para descarrilar la vida institucional en nuestro país.

Si existe un ganador absoluto del proceso electoral, debemos atribuir ese honor a la ciudadanía que salió a votar en todo el país para registrar una mayor participación electoral en elecciones intermedias en lo que va de nuestro siglo. También, destaco el papel de las ciudadanas y los ciudadanos en la operación de las casillas electorales.

Más de 2 millones de mexicanas y mexicanos respondieron a la convocatoria cívica para recibir información, capacitación, instalar casillas, recibir la votación de sus vecinos y contar los sufragios.

Nuestro pleno reconocimiento a la ciudadanía mexicana por su aporte a las fiestas de la democracia, que son las elecciones.

Por otro lado, los partidos políticos debemos acusar recibo del mensaje recibido en las urnas.

De diversas formas, los electores expresaron su hartazgo respecto a las prácticas de exclusión, abuso y franca corrupción de partidos políticos y gobernantes de todos los colores.

La irrupción de la figura en los candidatos independientes representa una lección para todos los que tenemos aquí un mandato popular.

El mensaje es que los partidos políticos deben establecer vínculos más democráticos con la sociedad, impulsar una efectiva participación de la ciudadanía para darle voz a sus propuestas y aceptar candidaturas frescas y propositivas.

El mensaje de las urnas también implica un llamado a mejorar sustancialmente la representación nacional.

Quienes hoy somos legisladores, y quienes lo serán en breve, debemos hacer una profunda autocrítica para determinar si nuestras decisiones se apegan al sentir de la población y les reporta, a ella, beneficios sociales.

Hoy, más que nunca, debemos tomar nota de que las elecciones del 7 de junio estuvieron amenazadas por grupos antisistémicos, sí; pero también fueron cuestionadas por amplias franjas de la sociedad que exigen mayor compromiso de sus gobernantes y representantes con la honestidad, la legalidad y la eficiencia.

La sociedad quiere que nos pongamos a trabajar, a construir acuerdos para acabar con la corrupción y la impunidad, fortalecer el estado de derecho y generar crecimiento económico y empleos de calidad.

Tenemos que mejorar nuestro sistema político, democratizar más la representación nacional y acercar el ejercicio del poder a la gente.

Como legisladores y legisladoras debemos profundizar en la reflexión: ¿Hacia dónde queremos llegar y llevar a nuestro sistema en esta materia? Sin embargo, tenemos que reconocer que la ciudadanía es sabia.

El domingo pasado optó por la pluralidad, fragmentó su voto como una manera de expresar que ni el bipartidismo, ni mucho menos el unipartidismo, deben seguir vigentes en algunos casos.

Votó por la alternancia y castigó a los malos gobiernos, no podemos, por tanto, ser omisos ante estos mensajes.

Las reglas del juego tienen que revisarse con miras a incrementar la calidad y la profundidad de la participación ciudadana.

Si en el futuro inmediato se perfila una reforma electoral, debe ser para que las ciudadanas y los ciudadanos tengan mayores márgenes de influencia en la competencia política que hoy, casi, monopoliza los partidos políticos.

Serían muchos los aspectos de la normatividad electoral a revisar; pero Nueva Alianza considera que para fortalecer a la ciudadanía deben aprovecharse los tiempos del Estado en radio y televisión, para que partidos y candidatos den a conocer propuestas, programas y políticas, en lugar de la inaceptable espotización que sólo aturde a los electores y desalienta a la reflexión.

Que se mantenga la prohibición de comprar tiempo en radio y televisión, pero que se obligue a candidatos, candidatas y partidos a debatir, a presentar sus propuestas claramente, y que en libertad ejerzan también su crítica, en el tono que decidan, hacia sus adversarios, así se ofrecerá a los electores información útil para tomar sus decisiones.

Finalmente, el grupo parlamentario Nueva Alianza quiere expresar un especial agradecimiento y reconocimiento a ciudadanas y ciudadanos que votaron por nosotros.

Nuestro partido político se siente honrado por el mandato de las urnas que refrendan nuestra presencia como un actor responsable en el sistema de partidos y en la representación nacional depositada en el Congreso de la Unión.

Hoy, más que nunca, la viabilidad de proyectos político-partidistas dependen del respaldo ciudadano.

Nueva Alianza toma respectiva nota y se compromete a impulsar, aún más, la agenda que importa y que impacte a la ciudadanía mexicana.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputada María Sanjuana Cerda.

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Lilia Aguiar Gil, del grupo parlamentario del PT.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia de la Asamblea:

Violencia, compra de votos, viejas prácticas electorales en casi todos los partidos; manga ancha para operar de los gobernadores de casi todos los colores o de todos los colores; el hartazgo de la ciudadanía, el rechazo al sistema de partidos, en ejemplos claros como el del “Bronco” o como el de Cuauhtémoc Blanco, que aunque iba por un partido, representaba, en la realidad, el verdadero hartazgo de la ciudadanía; la violación sistemática a la ley del Partido Verde, como acto distractor permanente, casi como un acto ilusionista donde la modelo distrae, mientras el mago hace el truco, una contienda cerrada.

El 7 de junio pareciera que fue igual, cuando menos en la superficie, pero cómo iba a ser igual, compañeras y compañeros legisladores, ciudadanía en general, cuando inclusive la estructuración de esta elección es completamente desigual, pretendía, con la reforma política, que fue la base de esta elección, anular la pluralidad en este país.

Era muy evidente que no solamente la discrepancia en la asignación de recursos económicos de los tiempos en radio y televisión, de la cargada que pudiese haber de algunos gobiernos estatales, era muy evidente en la disparidad y que todos no estábamos saltando del mismo piso parejo.

Sin embargo, los artilugios que se presentaron en esta elección no fueron suficientes para que la gente viniera a hacer un acto de aprobación del gobierno.

Porque en efecto, aunque los votos dirán algo, pero no desvelarán los artilugios tramposos e ilegales de un sistema político que los tolera, porque todos los agentes se vuelven cómplices, el 7 de junio no fue un rechazo al gobierno, como muchos esperaban, pero tampoco fue un referéndum.

La realidad es que el voto de la ciudadanía demuestra que el sistema de partidos se está agotando, que la gente ya no cree en ningún color y que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para que el replanteamiento de todos y cada uno de los institutos políticos sea evidente.

No fueron las urnas, sino los 20 meses previos a la elección, cuando por primera vez se cruzó el nivel de aprobación con el de desaprobación del gobierno, y viene en picada el reconocimiento de éste como un gobernante que la ciudadanía le grita que necesita acciones efectivas.

Economía y seguridad son los temas que más preocupan a los mexicanos, y fueron éstas las promesas de campaña que solamente quedarán en esto, promesas.

Sin embargo, este 7 de junio, nos dice no solamente que el sistema electoral mexicano es desigual, que no trata a los iguales como iguales, que pareciera que los votos de un partido político minoritario frente a los votos de un partido político mayoritario tienen menor valor; que pareciera entonces que todo se vale, porque lo que vimos en la calle, los que estuvimos en la calle el 7 de junio, no solamente fue el hartazgo de la gente, sino la práctica descarada del cinismo de la política.

Todos nosotros, como parte del sistema político mexicano, debemos de hacer una reflexión; no vale venir aquí a decir y a cantar victoria de que este 7 de junio validó o no validó a algunos; no vale decir que si entonces el PAN se refrendó como oposición o si el PRI mantiene la mayoría junto con el Partido Verde en la Cámara. La verdad es que esta elección demostró que el sistema democrático mexicano se detiene con alfileres y que debemos de hacer un acto de análisis y un acto de autocrítica, quien no lo haga así, espera que la violencia que aparentemente en esta elección fue focalizada, que el hartazgo que aparentemente solamente se reflejó en algunos estados de este país, en tres años, se vuelva la nota central de las elecciones.

Entonces mi aprobación, mi referéndum, mi desaprobación, todos en la licuadora de la autocrítica.

Yo terminaré mi intervención, señor Presidente, para todos aquellos que estén todavía en la duda, y que estén todavía preguntándose qué es lo que pasará con el Partido del Trabajo, que mantenemos el registro, y mantendremos este movimiento crítico, respetuoso siempre, pero que no se verá ante las demandas y ante un sistema político que tiene que ser renovado.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputada Lilia Aguilar.

Para dar el posicionamiento de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz el Diputado Danner González Rodríguez.

El Diputado Danner González Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia.

Este ha sido, quizás, el proceso electoral más fiscalizado, quizás también el que ha gozado de la mayor transparencia y publicidad, pero hay que decirlo, el de la más rampante y descarada impunidad.

La lección de esta elección es el fracaso de una reforma político-electoral que ha mostrado una vez más que no basta con reformar leyes para darle sentido a los principios electorales.

Hemos visto cómo de manera sistemática se han violado los principios electorales y cómo la autoridad electoral ha mostrado tibieza y parcialidad, en este caso.

Habrá que hacer después los balances numéricos de aquellos que le apostaron a una propaganda ilegal y sistemática, y que hoy han visto que los resultados no han sido los que esperaban.

Hemos aprendido que contra todas aquellas voces que llamaron a anular el voto, sólo la participación activa de los ciudadanos puede modificar a golpe de votos lo que les duele y lo que les lastima.

Hemos aprendido, también, que esta es la hora de los ciudadanos formadores de ciudadanos, que hay asignaturas pendientes que la siguiente legislatura deberá atender, que es el caso de la revocación de mandato y del financiamiento público de los partidos políticos.

En Movimiento Ciudadano lo hemos dicho, es hora de que nos pongamos a examen.

Quienes no quieran entenderlo, los partidos tradicionales que sigan pensando que nada cambió después de este 7 de junio, tendrán que ponerse a examen.

Señor Presidente, le pido si tuviera la amabilidad de pedirle a la Asamblea un poco de atención a mis humildes, pero no tan grises palabras.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Le queremos pedir nuevamente a los integrantes de la Comisión Permanente, puedan poner atención al orador, sobre todo a los auxiliares que están en la sala.

El Diputado Danner González Rodríguez: Gracias, señor Presidente.

Tras las elecciones hará falta un nuevo pacto, pero no un pacto en el discurso ni para las fotos ni para el envanecimiento personal de los actores políticos, sino el actuar diario de todos nosotros.

Ya va siendo hora de que todos pensemos que por encima de los intereses de grupos está la grandeza de México.

Por eso, aunque los poderosos intereses del momento que han sido protegidos en esta elección por medios de comunicación parciales, por congresos que avasallan mediante la dictadura de las mayorías, por gobiernos que han amedrentado a quien disiente del ejercicio utilitario de la política, y por tribunales electorales que han actuado como cortes cortesanas, aunque nos intenten obstaculizar, vamos a seguir dando la batalla.

Esta ha sido la oportunidad de decirles a los ciudadanos, de decirles no más a los partidos tradicionales, de saber que sí hay otra forma de hacer las cosas, pero que la llave para el cambio de rumbo en el país, sólo pueden abrirla los ciudadanos libres ejerciendo su derecho.

En Movimiento Ciudadano consideramos justo hacer un reconocimiento a todos los funcionarios que han participado, tanto en las casillas, en las juntas locales, en las juntas distritales; a todos los ciudadanos que han participado con voluntad y compromiso en este proceso electoral, porque sin ellos no pudiéramos haber sacado adelante la elección. El suyo es un ejemplo cívico que no podemos soslayar.

Queremos agradecer también a todos los ciudadanos que se han volcado en las urnas para ejercer su derecho al voto con emoción, con alegría y con la decisión de transformar a México.

Nos parece que en este proceso gana la democracia, pero una vez más tendrá que ponerse a examen; una vez más tendrá que ponerse el sistema político electoral a debate.

Una cosa es clara: han ganado los ciudadanos contra la aristocracia que no puede imponer una agenda siempre, pero que cuando no lo hace le queda la facultad de bloquear el juego, de atajarlo.

Hoy los ciudadanos han dejado claro que no están dispuestos a seguir siendo gobernados por los partidos tradicionales.

Los triunfos de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, en Nuevo León; y de Enrique Alfaro, en Guadalajara, así lo confirman.

La reconfiguración del Congreso contra los que quieren decir hoy: “Que la izquierda está fragmentada”, creo que debe más bien llevarnos a la reflexión de que las fuerzas progresistas de este país han ejercido una nueva mayoría, y que tendremos que construir agendas responsables que permitan discutir el rediseño institucional del país, poniendo en el centro del debate público a los ciudadanos.

A la confianza depositada en las urnas, debemos corresponder con responsabilidad. Son muchas las asignaturas pendientes: la inseguridad, el desempleo, la pobreza, la marginación educativa y un futuro incierto para nuestros jóvenes; el abandono al campo, la corrupción y las políticas públicas que garanticen la equidad de mujeres y hombres.

Movimiento Ciudadano refrenda una vez más su compromiso para ser en el Congreso una voz reflexiva y plural que estará siempre del lado de las mejores causas de los ciudadanos.

A ellos, a todos ellos que han entendido esta como su primavera, muchas gracias.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputado González Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM, y flamante Secretario de esta Mesa Directiva.

El Diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente.

Yo, con la licencia de ustedes, y casi a manera de anécdota, comentaría, de que el día domingo pasado, ubicado o ubicados, con parte de mi familia, con un grupo de amigos en un lugar cercano al consejo de uno de los distritos, el de la capital del estado de mi origen, dicen algunos: “Con la amenaza del mal tiempo, de la lluvia intensa”.

Nosotros decimos a la tierra: “Con la bendición del buen tiempo y la posibilidad de la lluvia”.

Vale la pena comentarles que veía a integrantes de las directivas de casillas cargando con ellos, con un modesto hule, llevando ahí el paquete electoral, algunos en taxis, y viendo de su modestísimo bolsillo pagando el importe del transporte, del vehículo del servicio público, o modestas camionetas o trocas, decimos nosotros.

Y lo que obligó a decir con relación de las personas de ciudadanos, convencidos de lo que hacen, parecía que cargaban un pedazo, sólo un pedazo de lo que les toca de este México nuestro, del municipio, del distrito en el que uno vive.

Convencidos de que hay un camino para resolver el desencuentro, y a veces la confronta sin sentido, de lo que a veces los liderazgos y la clase política no podemos resolver, de que digan: “Estamos aquí los gobernados con la esperanza de que la política sea un instrumento para resolver y para colmar los anhelos de la mayoría de los mexicanos”.

Yo por eso sí se los digo totalmente convencido, es justo, porque justo es reconocer el principio de la participación ciudadana.

Fue ligeramente superior al proceso intermedio del 2003 o del 2009, pero finalmente se fueron al camino de emitir el sufragio.

Vaya nuestro reconocimiento a quien ejerció un derecho fundamental, que es el ejercicio del voto, y de que no hay otro camino.

México es plural, es pluricultural.

Hay historiadores con elementos que dicen: “Que el cuño de la nación mexicana no resulta sencillo”, por nuestra historia, por nuestra lengua, pero sin embargo poner por delante el sentimiento nacional de este país.

Nuestro reconocimiento a quien emitió el voto. Pero también hay que decirlo: nuestro reconocimiento, a quien reconociendo que la jornada electoral del domingo se daba en un contexto históricamente complejo ¡Eh!

Sí nos dimos una reforma político-electoral para este ejercicio, para este proceso que no ha concluido.

Nos dimos cambios de reglas que están ya jugando ¡Eh! y el árbitro tenía que interpretarlas, y hay jugadores más respetuosos de ellas, y otros no, pero finalmente, el mérito de haberlo hecho y llegar a la jornada electoral, hay que decirlo, al Instituto Nacional Electoral y a los órganos electorales que condujeron y que llevaron a la jornada del domingo pasado en 9 elecciones para renovar gubernaturas, y 17 de ayuntamientos y la composición local.

Pero también hay que señalarlo, parte de esa estructura electoral, a los miles y miles de ciudadanos que acudieron para integrar las mesas directivas de las casillas y recibir los votos, y para cargarlos en escenarios, que a veces no eran previsibles.

A los que no piensan, como los que pensamos: que el único camino que este país y las sociedades modernas conocen que no sea a través del voto, hay que también respetarlos, y hay que decirnos, que el camino, el único camino que nos queda es el de la vía de las instituciones y es el de la vía del diálogo, porque también en este foro, en el foro del Congreso y en otros, cuando se hace uso o cuando se recurre al uso de la fuerza legítima del Estado, anteponemos derechos políticos y derechos humanos.

De manera que nosotros estimamos que no es momento de triunfalismos, sino de diálogo político y de un esfuerzo; de que es momento de remarcar y de remontar diferencias y buscar encontrar coincidencias y actuar ante una realidad que tenemos ante nosotros y que debe ser atendido con urgencia.

Vayamos a recuperar la tranquilidad y la paz plena en la convivencia de nuestro país.

Vayamos a generar condiciones para la inversión productiva y para la generación del empleo, y para llamarnos, desde el servicio público donde estemos, a conductas leales, honestas.

Vienen temas de la mayor importancia, no les tocarán, cuando menos, a las legislaturas de la Cámara de Diputados, pero sí al Senado, y en una parte importantísima, como la construcción del nuevo paquete económico para el ejercicio fiscal del año siguiente.

Y habrá que decirlo con toda claridad, se cuestionan algunas reformas que se denominan estructurales. Habrá que replantearlas, pero también habrá que decir, que como la fiscal, con la caída del precio del petróleo, quién sabe si estuviéramos de rodillas ante unas circunstancias como la caída de lo que ha sido el ingreso más importante.

Concluyo, señor Presidente, y lo digo con absoluta responsabilidad, de que nos convoquemos, que convoquemos a todas las fuerzas políticas del país a superar las diferencias planteadas en el proceso electoral y encontrar las coincidencias existentes, en sus plataformas políticas, para traducirlas en grandes acuerdos nacionales y políticas públicas de largo plazo, en beneficio de todos los mexicanos, en beneficio de México.

Por su tolerancia, estimado Presidente, y la de ustedes, muchas gracias.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputado Tomás Torres Mercado.

Senador Armando Ríos Piter, tiene usted el uso de la palabra.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Sin duda alguna, la elección del pasado 7 de junio es una elección que deja luces y que deja sombras, o que deja sombras y que deja luces.

Cuando uno revisa todo el proceso, después de haber sido parte de una reforma política, nos podemos dar cuenta que el uso del dinero, la corrupción que está alrededor del uso del dinero privado, prevaleció en los procesos políticos.

Si queremos hacer un análisis real del proceso político, creo que difícilmente podríamos decir, que algún partido político se salvó, de que uno de sus candidatos a gobernador o gobernadora, presidentes municipales, Diputados locales, Diputados federales, no hizo uso de dinero distinto al del financiamiento público.

Parece que hay que empezar con esa reflexión, porque aquí hemos hablado mucho de corrupción, y este propio proceso político, habló mucho de corrupción. Rodrigo Medina, Padrés, qué ejemplos les gusta a ustedes.

Ahí estuvieron presentes en los diarios continuamente, como ejemplos del uso del dinero que se extrae del poder público y que a final de cuentas se convierte en escándalos de corrupción, y que en un proceso democrático salen a la luz pública, los medios los airean, los opositores los ponen al frente; el PRI criticando a Padrés o “El Bronco” criticando a Medina, o el ejemplo que ustedes les gusten, creo que todos compartimos eso, desde el más pequeño humilde de los presidentes municipales, hasta la más encumbrada de las gubernaturas.

Entonces, el uso del dinero sigue siendo el problema. Porque de ahí viene una de las fuentes más profundas de la corrupción.

Esta elección no cambió ese tema. O el tema de la falta de transparencia de los candidatos. Todos los partidos tuvieron problemas en transparentar, por qué y cómo nombraban a tal o cual candidato. O el tema de los spots, que tanto, tanto, tanto fue criticado por ciudadanos y ciudadanas, que terminó hartando a la gente, en un proceso electoral que parecía que iba a distanciar a los ciudadanos de salir a votar; un hartazgo donde un spot decía una cosa, otro tal, y la gente quedaba saturada.

O la violación de la ley por parte de un partido político que no tuvo llenadera, no encuentro otro palabra, porque el mismo día de la elección, ya fuera el “Piojo” Herrera, ya fueron artistas, estaba apoyando al Partido Verde, y no solamente con 600 millones de pesos que quedaban en la discusión del Instituto Nacional Electoral, sino el mismo día de la elección, la gente estaba recibiendo SMS, a decir de alguno de los medios que hoy leía, por 15 mil pesos pagados a los artistas.

Entonces, esas son las sombras de esta elección, compañeros y compañeras, y me parece que no partir de un análisis puntual de este tema, es equivocarnos en lo que los ciudadanos nos quisieron decir el pasado 7 de junio.

Porque las luces que tuvo esta elección, fue que frente al boicot, que muchos actores sociales en el país planteaban que iba haber, yo soy de Guerrero, escuchaban los compañeros en Oaxaca o en Chiapas, no se logró configurar ese boicot.

Aquellos agoreros del abstencionismo, pues se encontraron con que la elección, pues fue casi igual que la del 97. La gente salió a votar, tal vez no sale a votar tanto en las intermedias; pero la gente salió a votar, la gente salió a ejercer su derecho, e incluso, ahí adonde había miedo de que pudiera haber violencia y de que pudiera haber boicot.

En el caso de Guerrero, 53 por ciento de la gente salió a votar.

La gente salió, planteándole algo a los políticos y a la clase política. Cree que el voto es un instrumento para hablarle a esa clase política, y para darle instrumentos en decisiones, pero también para castigarle y darle información.

Cinco estados de la República tuvieron alternancia, eso hay que destacarlo. Hay que destacar que en cinco estados fueron reprobados los gobiernos que estaban, y hubo cambio de partido político.

Hay que también destacar dentro de esas luces, que en la apertura que tuvo la reforma política, hoy, hay independientes en las cámaras locales. Un joven que con 18 mil pesos logró hacer una campaña en Jalisco. Un presidente municipal en Morelia. Un gobernador un Nuevo León o un Diputado federal en Sinaloa; es decir, que parte de las luces las da que la participación ciudadana a través de la independencia que está planteada en esta reforma política, en participación, no partidista, les abre una nueva escena.

Entonces, compañeros y compañeras, me parece que hay que hacer un análisis muy puntual, porque los ciudadanos nos hablaron en la pasada elección a los políticos, y nos dijeron que creen en los votos. Nos dijeron que creen en la democracia electoral, pero nos dijeron que no creen en cómo estamos haciendo las cosas.

Porque ahí, compañeros, en esos votos, lo que se definió el pasado 7 de junio es: ¿cuál es el futuro para nuestro país? ¿Y cuál es el futuro para este nuevo Congreso? del cual seremos parte varios de los que estamos aquí.

Un futuro en el cual, hagamos como que no pasa nada. O un futuro en el cual escuchemos el mandato de las urnas.

¿Y cuál es el mandato de las urnas?

Castigar la corrupción. Allí donde los priístas ganaron en Sonora, ¿qué va haber con la gente del PAN?

¿Va haber un acuerdo político o va haber verdaderamente castigo donde hubo excesos y sean comprobables?

Allí, en Nuevo León, donde tanta información salió de un gobernador que se enriqueció o que su padre tenía enormes cuentas, ¿qué va haber? Va haber un acuerdo político con el nuevo gobierno, así sea independiente o que va haber, es verdaderamente ir en contra de la impunidad y castigar la corrupción, que tanto se airó en el proceso político.

O por hablar de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática.

¿Qué va haber en las delegaciones del Distrito Federal?

¿Va haber combate a la corrupción o va haber impunidad y va haber acuerdo político?

Compañeros, el futuro de este país, la batalla por el futuro de este país, arrancó el pasado 7 de junio, y quien no logre entenderlo, va estar condenado a la muerte política.

Eso es lo que nos quisieron decir los ciudadanos.

¿O va haber impunidad en el caso del Partido Verde? Porque hoy le resulta útil, indispensable al Partido Revolucionario Institucional, para mantener la presencia en la Cámara Baja, y para mantener una mayoría.

¿Esa es la señal que se le va a dar, frente a un político que violentó la ley, que no se cansó de hacerlo hasta el último día, por solamente tener una supervivencia y tener una mayoría?

Ahí donde está, compañeros y compañeras, el debate para los próximos meses.

Yo estoy convencido, como lo he dicho, el 7 de junio arrancó la batalla por el futuro del país.

Quienes sepan leer el mandato del pasado proceso electoral, sin duda alguna serán parte de la construcción o del país.

Yo espero que la izquierda, que hoy representa el 29 por ciento, si estuviéramos unidos, pueda dialogar y pueda construir un frente progresista, que combata la impunidad y que combata la corrupción.

Ahí es donde estaremos, y ahí es donde estaremos construyendo el México que los ciudadanos reclamaron el pasado 7 de junio.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senador Ríos Piter.

Diputado Fernando Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del PAN, tiene usted el uso de la palabra.

El Diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias, Diputado Presidente, con su venia.

Sin duda, hay muchos análisis que se pueden hacer de la jornada electoral, el pasado domingo, hay muchas lecturas que cada partido tiene que llevar a cabo.

Lo primero que quiero destacar, es la derrota de todos los que quisieron sabotear esta elección. De todos los violentos que pretendieron hasta el último momento chantajear al gobierno y que parecía que lo estaban consiguiendo; pero frente a la debilidad del gobierno, emergió una sociedad civil participativa, que fue a votar y que no permitió que los violentos echaran a perder el día de la jornada electoral.

Ahí también, por supuesto, hay que hacer un reconocimiento a la autoridad electoral, y por supuesto, ahí también el gobierno federal quedó en evidencia ante los chantajes a los que se estaba cediendo y que hacíamos alusión la sesión pasada respecto a la gente y otros grupos francamente subversivos.

Otro tema que también hay que señalar, y que ya se ha dicho también en esta tribuna, es que el domingo pudimos ser testigos de una emergencia, de nuevas formas de expresión ciudadana. Hay que analizar con mucho cuidado este fenómeno.

Según la última encuesta “Latinobarómetro” del año 2013, solamente el 21 por ciento de los ciudadanos en México se sienten satisfechos con la democracia, no es por lo tanto un fenómeno normal que en esas condiciones puedan surgir liderazgos que no están vinculados a la élite política tradicional, que no están vinculados a los partidos políticos clásicos y que en ese sentido han tenido un éxito electoral que hay que reconocerles, y que a nosotros los partidos políticos nos obligan a mejorar nuestros procesos internos, nos obligan a mejorar nuestros mensajes a la ciudadanía; por supuesto a desterrar cualquier tipo de corrupción de nuestras filas y de nuestros propios gobiernos.

Pero también tenemos que ser muy claros. En ningún país del mundo ha sido posible una democracia sin partidos políticos. Tenemos que transformar a los partidos políticos: no alinear a los partidos políticos; no podemos sustituir una democracia partidista por una democracia a favor de la coalición PRI-PVEM.

Es indispensable clarificar esos votos para que se pueda llevar a cabo entonces, un recuento voto por voto con la totalidad de los mismos.

Se han encontrado también boletas marcadas a favor del PAN, tiradas en el municipio de Río Verde. Ha habido también enormes irregularidades detectadas en el municipio de Tamasopo.

No nos queda duda y lo que remos dejar muy claro, los legisladores de Acción Nacional de esta Comisión Permanente que en cuanto se resuelvan esas irregularidades se va a confirmar el triunfo de Sonia Mendoza en la gubernatura de San Luis Potosí.

Exigimos a la autoridad local electoral que haga la clarificación necesaria para que verdaderamente se pueda llevar un conteo cierto de lo que los ciudadanos decidieron el domingo pasado.

Y en la misma línea está el tema de Colima. Enormes irregularidades se han detectado hasta el momento en ese estado, empezando por el propio día de la elección. Más de 60 panistas fueron detenidos el día de la elección por operativos de la policía estatal que nos hicieron recordar los antiguos tiempos de las elecciones de estado orquestadas por el PRI. Trataron de inhibir el voto y estuvieron persiguiendo a muchos ciudadanos que eran, como les decía, representantes de casilla del PAN.

De acuerdo con la suma de los votos que contienen las actas, no nos queda ninguna duda de que el triunfo se va a confirmar en favor del candidato del PAN Jorge Luis Preciado.

Estamos solicitando precisamente el recuento previsto en la ley porque de manera inexplicable el Instituto Electoral del Estado decidió suspender el programa de resultados electorales preliminares cuando se habían computado 841 de las 904 casillas instaladas, es decir, hay 63 casillas que restan por sumar en el PREP que casualmente son de los municipios donde el PAN ganó de forma más contundente.

Así que no quede ninguna duda, también esperamos y estamos convencidos de que en Colima se va a confirmar el triunfo del partido Acción Nacional.

Y quiero finalmente concluir, Diputado Presidente, señalando que para los legisladores de Acción Nacional nos parece una enorme imprudencia lo que hizo el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de felicitar al candidato priísta en Colima, cuando todavía no ha terminado el conteo de los votos y en una elección tan cerrada.

Desgraciadamente, el Presidente de la República una vez más perdió la oportunidad de comportarse como un estadista y se convirtió simplemente, como lo que ha sido siempre, “el líder del partido en el gobierno”.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputado Rodríguez Doval.

Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: El domingo pasado, México vivió un proceso electoral inédito, un proceso concurrido y en condiciones de paz en la inmensa mayoría del territorio nacional.

Se dice fácil, pero la realización de elecciones competitivas en un contexto de normalidad democrática es producto del esfuerzo de muchas generaciones de mexicanos y no podemos negarlo también, es producto del esfuerzo de todos los partidos políticos.

Los legisladores del PRI que integramos la Comisión Permanente dejamos patente nuestro más amplio reconocimiento a la ciudadanía, que sin duda alguna ha sido el principal protagonista de esta elección por su participación, no solamente en el momento de emitir su voto, sino también por su participación como funcionarios de casillas y sobre todo porque los ciudadanos mexicanos repudiaron con su actitud civilizada la violencia que unos cuantos pretenden enarbolar en el país.

Millones de mexicanos acudieron puntuales a su cita con el proceso electivo para elegir más de 2 mil cargos, entre ellos 500 Diputados federales, 16 congresos locales y 9 gubernaturas.

Tan sólo a nivel federal se registró la mayor participación electoral desde el año de 1997, con más de 36.6 millones de votantes que representan el 47 por ciento de la lista nominal.

Los mexicanos no sólo han expresado sus preferencias políticas sino su profunda convicción por vivir en un marco de institucionalidad democrática en el que nuestras diferencias son procesadas de manera pacífica indudablemente.

De esta forma los mexicanos han rechazado a la violencia y cualquier intento de imposición antidemocrática, como mexicanos demostramos que la pluralidad no significa conflicto, y que la paz y el estado de derecho siempre prevalecen.

En ese sentido quienes llamaron a la violencia, quienes llamaban al boicot, quienes llamaban a la abstención, quienes promovían el caos se equivocaron porque México ganó como nación en su conjunto.

Por eso expresamos nuestro reconocimiento al gobierno de la República que cumplió con garantizar las condiciones de seguridad y normalidad necesarias para la celebración de los comicios.

Este proceso electoral fue inédito porque constituyó, como ya lo han dicho algunos de los oradores que me han antecedido, una prueba muy importante a la nueva normatividad electoral que aprobamos recientemente en esta legislatura.

Las instituciones electorales estuvieron y están a la altura del reto que implica la organización de las elecciones y la calificación del resultado de la misma.

Por otro lado, quedó confirmado que la reciente reforma político-electoral abrió horizontes de participación política en el perfeccionamiento de nuestra democracia. Uno de estos horizontes, y que ha sido omitido por los oradores, es el avance contundente en la participación de las mujeres en el proceso electoral. La equidad de género es una nueva realidad, debido al resultado de este proceso electivo.

También por primera vez se garantizó la participación de candidatos independientes que son una realidad en el panorama político nacional y que tendrán espacios de gobierno a nivel estatal, federal y municipal. Por esa razón nosotros les damos la bienvenida a ellos y también le damos la bienvenida a la permanencia del Partido del Trabajo, como partido político en la revisión del proceso comicial.

Esa es la manera que como partido político también contribuimos a los procesos de normalidad, de comunicación, de entendimiento, de diálogo y de construcción.

Por esta oportunidad que de nueva cuenta los electores nos han dado como partido mayoritario, así como con las alianzas estratégicas con los partidos con los que venimos trabajando.

De tal manera, que el panorama político nacional, en efecto, sufre una conformación que nos lleva a todos a una reflexión.

Sin duda alguna, nos invita y nos exige que hagamos una reflexión, en algunos casos debemos tomar en consideración que la reflexión no debe ser complaciente, la reflexión debe ser objetiva, realista, critica, juiciosa, seria, pero sobre todo una reflexión en la que todos los partidos políticos en su fuero interno, tendrán que realizar para reconocer que el panorama nacional y la ciudadanía exige mejores condiciones en su representación política en los congresos, mejores representaciones en el ámbito estatal y en los ámbitos municipales; que finalmente son las legítimas demandas y los anhelos de los mexicanos en el combate a la pobreza y en el retorno a la normalidad.

Por esa razón, nosotros no debemos permitir que los conflictos electorales contaminen nuestro trabajo como legisladores, la calificación de las elecciones incluyendo Colima, está en manos de las autoridades, nosotros como legisladores sabemos que también somos servidores de la República. Allá hay un resultado en el cual las autoridades tendrán que dar su veredicto final, y nosotros como partido político expresamos clara y abiertamente el respeto a todos los resultados comiciales, respetaremos como hemos respetado todos los resultados comiciales, pero también pedimos y exigimos que se respeten los resultados a nuestro favor.

No debemos olvidar que contamos con instituciones que nos permiten, en ese sentido, resolver cualquier conflicto electoral durante el proceso en marcha y el proceso que está por concluir con la calificación; nuestro partido el PRI no recibió ninguna queja por uso de violencia, tampoco fuimos sancionados por violentar la Ley Electoral, no fuimos sancionados por incurrir en malas artes o en artimañas electorales en materia comicial.

Y por cierto, nosotros fuimos un partido que ha cumplido con puntualidad en el reporte de sus gastos de campaña, por eso dejamos claro y queda patente que somos el partido que respeta las leyes, que nos hemos dado, que gana elecciones y respeta los resultados pero también en el caso de las elecciones donde tenemos el triunfo, garantizaremos que así quede asentado.

En este sentido, manifestamos nuestro respaldo absoluto, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los Órganos Jurisdiccionales locales, como instancias que procesarán cualquier diferendo.

Estimadas y estimados legisladores:

Para los legisladores del PRI, quedó claro que la ciudadanía respalda el proyecto de nación del Presidente y del proceso transformador que implica los resultados preliminares; apuntan a que el PRI, junto con sus aliados, contaremos con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, lo que a su vez supone y nos obliga a que sigamos trabajando en la búsqueda de consensos, en la construcción de acuerdos, privilegiando el diálogo y la política, siempre en beneficio de la mayoría de los mexicanos.

A los nuevos actores políticos, que enriquecerán el trabajo del Congreso de la Unión en los gobiernos estatales y municipales, también les hacemos un llamado y una invitación a la conciliación, y a pasar a la siguiente etapa. No podemos permitir que las elecciones obstaculicen el trabajo de las instituciones y el desarrollo del país.

El pasado viernes 7 de junio, México venció a los violentos, venció a los anulistas del voto, México está por encima del abstencionismo, la gran mayoría de los mexicanos optamos por la vía de las urnas y por eso el voto que fue libre, permita decir que el ganador fue “México”.

En este sentido, refrendamos nuestra postura desde el Congreso de la Unión. El PRI seguirá construyendo puentes y soluciones para los mexicanos porque queremos seguir transformando a México.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senador Zamora Jiménez.

Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

El Diputado Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente.

Aquí mi paisano me está animando a ponerle sabor al caldo, y yo creo que sí lo necesita mi querido paisano, porque este caldo está muy aguado y absolutamente falso.

En primer término, sí quiero señalar para quienes están muy ansiosos sobre el tema, el PT conserva su registro, y suscribo todo lo dicho aquí por mi compañera Diputada en la primera intervención que hizo un planteamiento de la retahíla de violaciones que se pueden extraer hasta el día de hoy, falta mucho todavía, estamos apenas iniciando la sesión de cómputo distrital en todo el país.

Vamos a ver que nos da en lo que queda por abrir y lo que habrá que exigir que se abra y se conozca, falta mucho todavía.

En los medios, obviamente, señor Peña Nieto, presentan y aquí también, una elección color de rosa y no hay nada más ajeno a eso, es absolutamente falso que haya sido una elección democrática, que haya sido una elección que refleje el “sexteto” popular, nada de eso. Ha sido una profundización en la catástrofe democrática que existe en este país.

Un Presidente, Peña Nieto, absolutamente desprestigiado en México y en el extranjero, por su corrupción personal, familiar y por su incapacidad de conducir este país.

Él, el Jefe del Estado y del partido gobernante, no tiene ninguna capacidad para lograr una elección a su favor, ninguna. Una reclamación popular quedará abierta, que aquí se deja un poco “transfusil” cuando se dice: bueno estuvo bien, pero ahora hay que revisar cosas.

La sociedad mexicana, los ciudadanos han condenado brutalmente la partidocracia, los ciudadanos mexicanos han reprobado y repudiado a la clase política mexicana y, sin embargo, el PRI se mantiene ahí agarrado de las ramas; y no obstante que es claro que el Pacto por México hundió a los tres, reconocido aquí por el paisano que dice que hay que hacer algunos cambios por puntos en su partido.

Reconocimiento de que quienes se afiliaron al pacto en contra de México y ayudaron a Peña Nieto para imponer medidas absolutamente contarios a los intereses nacionales, la reforma energética, la educativa, la fiscal, son medidas que nunca se consultaron, que se impusieron en el Congreso a través del dominio de Peña Nieto, a través de ese pacto, pues obviamente recibieron el castigo merecido, paleado por el fraude, la manipulación y la simulación.

Hemos vivido un proceso cada vez más sínicamente manipulado por el poder, los medios de comunicación, y aquí se ha dicho el dinero, aquí lo tenemos que reconocer, hubo dinero a manos llenas como para ver votos, hubo silencio de los medios de comunicación frente a violaciones como el que cometieron con el Partido Verde, que la opinión pública ya lo juzgó, aunque vengan a decir que ganaron el voto, porque han hecho muchísimas medidas, impulsado muchísimas medidas verdes; ninguna, parte de un fraude.

Y los medios de comunicación ponen: “México transitó en la democracia, en condiciones muy difíciles”.

Bueno, las condiciones muy difíciles son éstas que digo yo: un Presidente desprestigiado, un gobierno desprestigiado, una trilogía de pactantes desprestigiados, una clase política en los sueldos. Eso no, es elección, no representa eso, y todos sabemos que eso es lo que está en la sociedad mexicana, esa es la verdad.

Entonces, ¿Por qué? ¿Cómo fue que al final de cuentas ahí se mantienen tambaleantes e inventan el PRI y sus aliados, Verde, Alianza, por ahí otro, mantienen la mayoría?

No; señores, no es así, la mayoría de Peña Nieto la mantuvo con el PAN y con el PRD.

No es la mayoría, ahorita le va a meter cuarenta Diputados apócrifos, verdad, con esa violación cínica de todas las leyes y de un tribunal al servicio de la trampa; hay un INE al servicio del silencio.

No, el problema no es el Verde, el problema es el pacto, el problema es que no tuvo oposición Peña Nieto en sus tradiciones a la patria, no hubo oposición.

Entonces, ahora lo único que no se dice es eso, no se dice que es una serie de eufemismos, no.

El pueblo votó contra el Pacto.

El pueblo votó contra Peña Nieto.

El pueblo votó contra un país que está cada vez más empobrecido.

El pueblo votó contra la oligarquía, esa oligarquía que no cesa en engordarse.

El pueblo votó con la corrupción fantástica ahora de la de miles de millones de pesos que van destinados al bolsillo a través del sistema corrupto bancario internacional y a comprar más votos; ahí están los grandes negocios en donde agarran con las manos en la masa a Peña Nieto, a su Secretario de Comunicaciones, al gobernador de Puebla, igualito a OHL, para hacer aparatos corruptos de compras de voluntades.

Como en los tiempos de Hank, ahora se trasladan esos tiempos a Puebla para hacer del dinero, de este dinero enorme, monstruoso de miles de millones, hacer un poder político oligárquico, corrupto y brutal en contra de la población mexicana. Esa elección no representa los números.

Y vamos a ver todavía lo que siente la población mexicana.

Y no se engañen si mantienen su pacto los que han sido defenestrados, y no lo suficiente porque se han apoyado unos a otros en pactos, en pactos en estados, en pactos en distritos, en pactos del silencio, eso es lo que ha hundido a este país.

Y por eso esta elección pintada de rosa, en donde el Presidente dice: “Grandes maravillas han ocurrido en esta elección”. Ahora usan a los triunfantes independientes.

¿Qué se quiere?

Bueno, el Bronco, por favor, yo no creo que aquí nadie se chupe el dedo, independientes de quién.

Ahora decía un escritor, un analista en Nuevo León, que vamos a pasar de un PRI-AN a un sub PRI-AN en Monterrey, en Nuevo León.

Esa es una farsa todo esto que estamos viviendo, una gran farsa.

Yo digo, lo único que sí, levanten las orejas, lo único que sí cambia es la irrupción de Morena ¿eh?, y es lo que no se menciona.

Morena, con sólo un año de candidatura de haber logrado el registro, ha obtenido enormes avances, pese a todo, pese a todo lo que aquí se ha descrito y a esa situación difícil, para no decir la verdad, ahí está Morena. Morena cambia la relación de fuerzas en el país.

Morena sí será oposición.

El PAN va a reaccionar, los veo muy contentos.

Va a reaccionar el PRD, como lo dice mi paisano, van a reaccionar.

Y si no lo hacen, de todas maneras este país va a cambiar, ahí está Morena.

Morena ¿eh?

Pongan las barbas a remojar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: A usted, Senador Bartlett Díaz.

Sí, adelante, Senador.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, por alusiones personales, dijo mi paisano.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Tiene usted el uso de la voz.

Además, si no le doy el uso de la voz, ya no me cede aquí el uso de la tribuna, tengo que corresponder.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Es interesante lo que está hablándose ya.

Parece que Roberto Gil ya se va a animar a intervenir de igual forma, y le agradezco la generosidad con la que se expresa de mí, don Manuel Bartlett, mi paisano.

A ver, este proceso electoral en curso, porque faltan diversas etapas de este proceso electoral, adoleció de los mismos vicios que otros procesos electorales a pesar de que fue regulado; está siendo regulado conforme a una reforma política constitucional, las reformas a la ley secundarias; pero hubo los mismos vicios: recursos públicos utilizados con fines electorales, y ahí se involucran los tres órdenes de gobierno de todos los partidos políticos: el federal, los estatales y los municipales de todos los partidos políticos.

Dinero privado en la política, que es dinero ilícito.

Si en la composición, en la mixtura del financiamiento, en los porcentajes hay más dinero privado del que autoriza la ley.

Programas sociales puestos a disposición de los destinos de las candidaturas.

Inducción al voto.

Propaganda disfrazada en medios electrónicos.

Y muchos otros de los vicios mismos que han tenido otros procesos electorales.

Es evidente el retroceso en los porcentajes de votación alcanzados por las principales tres fuerzas políticas.

El PRI, que pensaba tenía un mínimo de 33 y un máximo de 38, tuvo 29. Es decir, la maquinaria priísta, con todo y sus gobiernos y sus prácticas, tiene un 29 por ciento.

El PAN, que se movía entre 25 y 30 puntos, tuvo 20 puntos.

Y el PRD, que unos esperaban 15 puntos, la dirección hablaba de 20 puntos, finalmente tuvimos 10 puntos y fracción, casi 11 puntos.

Esa es la canasta electoral de los tres partidos políticos.

La irrupción de los candidatos independientes por el hartazgo de la ciudadanía, de la sociedad, cansada del modelo de partidos, ahí está presente y va a enriquecer la democracia a partir del 7 de junio o del siguiente al 7 de junio, el lunes 8 de junio.

Muchos políticos con partido se van a separar de su partido y van a irse a preparar su campaña como independientes para el 2018, o elecciones intermedias, otros ciudadanos ya no van a ir a buscar un partido, van a prepararse y organizarse para participar como candidatos independientes.

Destaquemos la opinión de sociedades más evolucionadas en su pensamiento político. Lo acreditó Jalisco, lo acreditó Nuevo León y sin duda que está en el Distrito Federal, sociedad informada y satisfecha, capaz de tomar decisiones más allá de los partidos políticos.

Y ahí la pregunta es si el pensamiento dogmático, si el pensamiento radical representa hoy al pensamiento crítico, vanguardista, moderno. No, don Manuel -y no hay réplica de la réplica, le recuerdo-, no es así. Un pensamiento dogmático no representa la modernidad.

El PRI tendrá que renovar sus estrategias en esta disminución electoral, pero sobre todo tendrá que modificar una que tiene que ver con no auspiciar, no cuidar, no proteger a un aliado político desde la evidente violación de la ley. Sí funcionó la estrategia para formar una mayoría.

El PAN tendrá que hacer lo propio y en el PRD tendremos que promover la gran transformación para volver a ser una alternativa frente a la nación.

La izquierda sumó 28 puntos: 10 puntos y fracción, casi 11, del PRD; 8 puntos y fracción de MORENA; 6 puntos de Movimiento Ciudadano; y un poquito de 3 y décimas del PT, su partido, don Manuel. Se lo recuerdo porque parece que es usted es de MORENA, y yo lo reveo como del PT.

La canasta electoral de la izquierda son 28 puntos. MORENA sin duda tuvo una participación destacada, más al volverse la primera fuerza política en el Distrito Federal, sin duda que sí.

Esos 8 puntos representan 8 puntos del 100 por ciento nacional; representan un 29 por ciento de los 28 puntos totales de la canasta electoral de los partidos de izquierda. Eso es lo que representa el tamaño de un hombre que se llama Andrés Manuel López Obrador.

Su tamaño socialmente electoral es de 8 puntos y fracción, sin duda con mucho potencial, sin duda que sí. Hoy son de 8 puntos y fracción. 8 puntos y fracción es el tamaño social electoral de MORENA y de su dirigente más importante respetado por mí, Andrés Manuel López Obrador. Eso es, don Manuel.

El despertar ciudadano no está esperando el regreso de Andrés Manuel López Obrador como el gran líder nacional sino está esperando un pensamiento moderno, crítico, vanguardista, pensamiento progresista.

Ahorita me refiero al pacto, don Manuel, para de una vez que queden claras las cosas entre usted y yo.

Mire, don Manuel, cada vez que podemos encontrar un momento de deliberación después de una elección, es de evaluación de resultados. Yo he escuchado opiniones delirantes de que cada vez que se quiere hacer una evaluación, siempre se traslada a eso.

La opinión social política de MORENA vale 8 puntos en la nación. Desde ahí se puede tener la visión de aspirar a ganar la Presidencia de la República, desde 8 puntos; pero le digo una cosa, la participación de los independientes es daño colateral para muchos y es para los que se sienten que van a representar nuevamente la forma de esperanza al país por una alternancia.

La participación de los independientes va a traer los pensamientos modernos. La visión política del no a todo es algo que ya no aplaude la sociedad en su conjunto, don Manuel. La reconoce menos del 8 por ciento del país.

Del otro lado de todas las fuerzas políticas no está un partido, está la sociedad. Hay que movernos hacia la sociedad los partidos, de verdad que sí, y hay que actuar con la sencillez necesaria para poder dialogar en todo momento y para construir acuerdos.

El PRD formó parte del pacto. Acá en el Senado formamos un grupo de opinión que nos dimos la libertad de opinar de manera libre, y a usted le consta, don Manuel, pero somos de los que sí formamos parte de una negociación, la avalamos con nuestro voto a favor, no de los que formamos parte de una negociación y después votamos siempre en contra.

Yo lo respeto mucho, don Manuel, y de verdad espero que ya pudiera haber un grupo de MORENA para empezar a hablar en nombre de MORENA.

El PT quedó muy desgastado a pesar de las posiciones públicas de personajes como usted, Coordinador de los Senadores del PT.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senador Barbosa Huerta

Tiene el uso de la palabra, también para rectificación de hechos, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Bueno, no le contestó el Senador Barbosa, Senador Bartlett, lo mencionó así, respecto del pacto, porque le quiero decir que la reforma energética no formó parte del Pacto por México. Usted lo repite, lo repite y lo repite, y lo va a repetir porque, bueno, está bien, pero no fue así, no formó parte y eso está totalmente en posibilidades de comprobarse porque es público cada uno de los puntos que formaron parte del Pacto por México.

Entonces sí lo quiero aclarar. El PRD no podía de ninguna manera estar a favor de esa reforma. Es más, estamos tan en contra que hay un proceso de judicialización en el ámbito interamericano contra las reformas que aquí se aprobaron.

Se tiende mucho al final de una elección, a recurrir a lugares comunes, pero la verdad, y espero que no sea un lugar común, es que seguimos, cuando menos yo, extrañando al Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral Presidido por José Woldenberg, que por cierto fue el primer Consejo ciudadano.

Me parece que hay en las instituciones, estas instituciones encargadas de la organización y de la vigilancia de las elecciones, una actitud con muchas dificultades.

Es verdad que hoy es una reflexión muy a priori porque ciertamente el proceso no ha concluido. No sabemos ciertamente cómo va a quedar, sobre todo en algunos casos donde hay serios cuestionamientos a sus resultados pero es indispensable que tengamos más adelante, ya con los datos precisos, con una información mucho más rigurosa y con una metodología formal, hacer el análisis que necesitamos de los resultados de esta elección, pero sobre todo del estreno de las nuevas leyes generales que se aplicaron en esta elección a partir también de un Instituto Nacional Electoral que se encargó de la organización de la elección en los tres órdenes de gobierno.

Hay una gran cantidad de problemas que no se pueden ocultar, y en ese sentido, claro que sí es necesario que revisemos las leyes porque los vacíos en algunos preceptos permitieron que no hubiera el tiempo preciso y oportuno para poder decidir una gran cantidad de problemas que se enfrentaron, desde el que no se inscribió adecuadamente la paridad y que llevó a retrasar las campañas en muchos de los distritos, en muchos de los estados, y que la autoridad tardó en responder, hasta el no lograr sancionar debidamente a quienes estaban haciendo campañas en la etapa de precampañas, incluso algunos promocionándose ya en una franca decisión de contender por la Presidencia de la República en el 2018.

Y los vemos por todas partes, y la autoridad no hizo absolutamente nada, como tampoco lo hizo, salvo ese llamado a misa del día de la elección pidiendo que los personajes, artistas, conductores de deportes, etcétera, estuviesen haciendo por todos los medios campaña a favor del Partido Verde.

Me parece que ese tipo de cuestiones son inaceptables y están contribuyendo a que los resultados tengan que ser necesariamente cuestionados porque no hay elecciones realmente transparentes que le den certidumbre, que le den legitimidad a los resultados.

Solamente quiero mencionar, por obvio del tiempo, que es indispensable, además de la revisión de la legislación que tenemos que seguir perfeccionando, llamar la atención respecto de los resultados, sobre todo de la primera minoría.

No me imagino que al país le vaya a ir bien si con menos de un curto de votos de los electores, que son menos de la mitad del padrón electoral vayan a decidir quién tiene que estar al frente de la Presidencia de la República. Me parece que debemos volver a discutir la segunda vuelta, y tener precisión sobre algunas cuestiones que ni son indispensables de tomar para que haya legitimidad en la conducción de las riendas del país.

Hoy el sistema de partidos, claro que tiene que ser refundado, claro que tiene que replantearse; y cada uno tendrá que hacerlo de manera particular; la crítica, la autocrítica, la reflexión tiene que ser inherente al resultado que obtuvimos. El PRD no es un partido que no lo vaya a hacer, ya lo hemos empezado a hacer, y por supuesto que así es esto. Se gana o se pierde.

Y creo que ninguno de los partidos que estamos aquí, estamos exentos de eso; así como han presidido el país, desde la Presidencia de la República, la han perdido. Me parece que lo mismo pasa con las gubernaturas.

Por cierto, en el caso de los independientes, francamente después de haber inscrito una reforma estructural tan importante como el permitir que haya independientes en las elecciones en nuestro país, los resultados que tenemos de los independientes que ganaron, francamente son escuetos.

Nosotros aquí decidimos abrir la puerta a que los independientes tuvieran todas las condiciones para su trabajo político; entonces, no nos debemos sorprender de que ganen porque para eso decidimos una reforma estructural reconociendo por fin que los independientes tuvieran condiciones legales para contender.

Entonces, eso no es sorpresivo; eso me parece que en todo caso lo que tenemos que discutir también es cómo logramos que gocen de mayor equidad en la contienda porque en algunos casos evidentemente no fue así.

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

¿Con qué objeto, Senador Bartlett?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Por alusiones personales explícitas y remarcadas por la Senadora.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Creo que no fue, a juicio de la Presidencia, una alusión en términos del tema de la Senadora, pero si gusta le puedo conceder, anotarlo nuevamente en la lista de rectificación de hechos, si usted me lo permite.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) ¿A qué hora?

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Al final, déjennos desahogar la lista de oradores, y con todo gusto, gracias.

Senador Roberto Gil Zuarth, tiene usted el uso de la palabra.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente; señores legisladores:

Sin lugar a dudas, cada partido político hará su propio balance sobre lo que pasó el pasado domingo. Cada partido valorará los triunfos, las derrotas; y cada partido decidirá hacia dónde va a llevar su propio destino.

Pero es inevitable, a la luz de los recientes acontecimientos hacer un análisis global sobre lo que le ha sucedido al sistema de partidos.

Por supuesto que vivimos y padecemos un proceso de deslegitimación del sistema de partidos, de los partidos políticos tradicionales, de la forma tradicional de hacer política y de competir por el poder público.

Ese es uno de los mensajes claros que hemos recibido de los ciudadanos el pasado domingo, y quizá el que tendremos que analizar con mayor detalle.

Y, en efecto, hay dos variables, dos causas de ese proceso de deslegitimación del sistema de partidos.

El primero, es que a pesar de un sinnúmero de reformas políticas y electorales, seguimos padeciendo y viviendo los mismos vicios cada tres años.

La influencia del dinero extralegal, la intervención de los gobiernos, de cualquier signo, las violaciones flagrantes a la ley en términos de compra y coacción del voto; todas aquellas cosas que han motivado recurrentemente reformas electorales; y quizá una primera reflexión que tenemos que hacer, es que no hay solución de reforma institucional que termine con esos vicios mientras no haya un cambio de comportamiento y de actitud de los partidos políticos y de los competidores.

Y eso es justamente lo que Acción Nacional está demandando en San Luis Potosí y está demandando en Colima: aplicación estricta de la ley; que se cumpla la ley que ordena que cuando el resultado está cerrado, cuando es menor al 1 por ciento, se proceda a un recuento total de votos de esa elección; el 1 por ciento en Colima, menos del 1 por ciento en Colima.

Y también estamos demandando, en el caso de San Luis Potosí que aquellas casillas, actas en las que hay claras inconsistencias por la duplicación de los votos hacia el candidato del PRI, se clarifiquen en el seno del órgano electoral; aplicación de la ley.

No vamos a cambiar la fisonomía a nuestra competencia si no hay un cambio de actitud y de aptitud de los competidores, sino nos sometemos todos al cumplimiento de la ley, sino nos sometemos todos a los designios de las instituciones.

Por más reformas terapéuticas que sigamos haciendo no vamos a cambiar estos vicios, a desterrarlos de manera definitiva mientras no exista un cambio, un cambio de actitud.

Y el otro elemento fundamental de la deslegitimación del sistema de partidos, de esta actual deslegitimación del sistema de partidos tiene que ver con la irrupción de las candidaturas independientes.

El sistema político cambió, y cambió diametralmente a partir de 2011, no se hicieron las candidaturas independientes en las reformas peñistas o las reformas del Pacto por México, eso no es cierto.

Las candidaturas independientes fueron discutidas y aprobadas en la reforma de 2011 y de 2012, ciertamente las regulamos hasta esta Legislatura, pero es una realidad vigente en otro momento de nuestra historia.

Decidimos abrir el sistema de partidos por una razón, porque había una demanda clara de los ciudadanos, un interés claro de abrir los cauces de participación política; y todo diseño institucional tiene un fundamento y tiene una historia.

La transición democrática mexicana fue posible porque hicimos partidos políticos fuertes, porque creamos un sistema de partidos robusto que le dio financiamiento público a los partidos políticos, en efecto, que generó reglas de competencia en términos de equidad, pero también porque le dimos a los partidos políticos el monopolio de la política.

En el modelo de la transición democrática la única posibilidad de participar en política era a través de partidos políticos.

Cambiamos ese diseño, le abrimos las candidaturas independientes, pero hoy tenemos que reflexionar sobre las consecuencias que ese modelo tiene.

¿Por qué decidimos cerrar a los ciudadanos consciente o inconscientemente su participación en política?

Puede haber explicaciones hasta del propio partido político. El PRI necesitaba, para garantizar la disciplina interna, controlar la movilidad política interna, y, en consecuencia, la mejor forma de hacerlo era cerrarse a los ciudadanos.

El PAN temía la intromisión de los gobiernos priístas en su propia dinámica interna y eso fue lo que pasó en nuestra decisión de cerrarlos a los ciudadanos. Y la izquierda encontró, en el monopolio de la política, la forma de ganar competitividad frente a la historia de pulverización de las expresiones de la izquierda.

Todos tuvimos razones internas para contribuir a ese diseño institucional. Abrimos la participación, abrimos el cauce de la entrada al sistema político de los ciudadanos sin reparar en las consecuencias.

La pregunta que hay que hacernos es: ¿Si las candidaturas independientes, como las estamos viendo el día de hoy, van a ser ese revulsivo que va a regenerar al sistema de partidos?, ¿si van a ser las nuevas fuentes de legitimación el sistema de partidos?

De entrada, con un mal diseño de fiscalización de los recursos pueden ser profundamente peligrosas para la democracia mexicana.

Lo primero que tenemos que revisar es si el sistema de fiscalización de esas nuevas experiencias de participación política es robusto para evitar que intereses económicos entren de manera espuria a la política a través de esta figura. Y eso es una reflexión obligada.

Si ustedes revisan las candidaturas independientes, que ganaron muchas de ellas, son escisiones de partidos políticos.

La candidatura exitosa de Nuevo León es una escisión de un partido político; la candidatura independiente exitosa en Morelia, Michoacán, es una escisión de partido político; la candidatura independiente exitosa en Sinaloa es una escisión de un partido político. También, por cierto, los partidos emergentes, porque Morena es también una escisión de un partido político.

Las candidaturas independientes son, fundamentalmente, un acicate para los partidos políticos para que no olvidemos que nos debemos a los ciudadanos, que debemos incluir a los ciudadanos y escoger a los candidatos y las causas que quieren los ciudadanos. A eso estamos obligados, señores legisladores, a cambiar nuestra forma de entender y de ser en la política, nos debemos a los ciudadanos, somos ciudadanos, venimos de ahí.

Pero en la medida en que entendamos que la política debe cambiar, que la forma en la que competimos debe cambiar y que tenemos que asumir con responsabilidad los valores, la decencia democrática, el cumplimiento de la ley, seguiremos teniendo el rechazo de quienes nos votaron.

Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senador Roberto Gil.

Senador David Penchyna Grub, tiene usted el uso de la palabra.

El Senador David Penchyna Grub: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados; Diputadas; Senadoras y Senadores:

Hemos vivido una jornada electoral que por cierto, no ha concluido; que está en una fase fundamental porque los ciudadanos, los organismos electorales están concluyendo un trabajo de cómputo de votos, y donde hay procesos que creo, particularmente en esta casa donde hacemos las leyes, debemos de ser más que respetuosos.

No obstante ello, creo que la evaluación, la autocrítica de este proceso que hemos vivido no puede dejarse de lado. Entiendo que hay quien venga a defender premisas a partir de su probable extinción o de sus propios fantasmas que los persiguen en lo personal o en lo institucional.

Pero lo que no podemos dejar de reconocer es que días antes, previos a la jornada electoral, tuvimos la ominosa realidad de poder caer en un proceso de violencia donde unos cuantos, frente al gran espectro ciudadano, le apostaron a que hubiera violencia para elevar otro tipo de demandas a la ingobernabilidad y a la confrontación de lo que es la jornada cívica por excelencia.

Creo que, en primer lugar, reiterar la felicitación a las y los ciudadanos del haber logrado esta gran organización electoral con una participación, por cierto ciudadana, mayor a la elección que es comparable, que es la intermedia de hace 6 años. Hoy participaron más ciudadanas y ciudadanos, y ese es un dato que no podemos dejar de señalar.

Y por el otro, la coordinación desde las fuerzas federales: el Ejército, la Marina, la Policía Federal, los gobiernos locales, los gobiernos municipales, que generaron la condición de algo que exigimos todas las fuerzas políticas aquí representadas, que era garantizar que el ciudadano pudiera ir en paz a poder emitir su sufragio.

Eso es algo que tampoco podemos dejar de reconocer y de recordar, porque fue en esta casa donde hubo diversos llamados de diferentes fuerzas políticas, y esa coordinación interinstitucional se logró.

He escuchado con atención muchas de las evaluaciones que, no hay por qué espantarse, tienen el característico sello de la fuerza política a la que uno representa, pero creo que hay una variable común en la que debemos de compartir, que es este análisis autocrítico del sistema de partidos políticos por una condición indispensable de la democracia, y ésta tiene que ver con las candidaturas independientes, que si bien no son creación de este sexenio, sí es en este sexenio, donde se consolida y se garantiza, incluso que cuando lo hicimos, se criticó que habíamos hecho una mala legislación para las candidaturas independientes, y la vida real nos ha demostrado que no es así.

Hoy se ha demostrado que con la fuerza del voto ciudadano, cuando así se decide, hay condiciones para la participación de los candidatos independientes aparte del sistema de partidos políticos.

¿Por qué debemos de hacer esa evaluación y esa autocrítica? Porque no existe la democracia sin partidos políticos.

Y en el acicate, que son y serán esas candidaturas independientes para lograr esa soñadora cambio de actitud que todos deseamos, pasamos a un escenario de realidades donde el sistema de autocrítica de partidos políticos que no quieran ver su realidad van a estar destinados a desaparecer, como ha habido esa tentación de algunas fuerzas que estuvieron en ese proceso.

La división de las fuerzas políticas en este tiempo no es algo que nos debe de espantar, nos debe de poner a trabajar, porque tener fuerzas políticas divididas no está fortaleciendo el sistema de partidos políticos que tiene muchos llamados de atención.

No se vale venir a exigir transparencia en algunos procesos sin ser autocrítico en la evaluación de todos los procesos políticos.

Hay candidaturas que hoy se están decidiendo por menos de un punto porcentual, y la ley manda una señal y ordena que haya una revisión integral de la misma, seguramente así ocurrirá. Pero, ¿por qué marcar con la misma premisa donde hay más de 3 puntos de ventaja de una diferencia, donde no se tiene la capacidad ni la madurez democrática de reconocer una derrota?

No se vale regresar al viejo discurso, de que cuando gano el proceso es limpio y transparente pero cuando pierdo acudo a la presión, a la marcha y a la exigencia de que estando en la ley las premisas que se deberán de cumplir en los plazos y tiempos oportunos nosotros mismos estaremos dispuestos a hacerlo.

Permitamos, compañeros y compañeras que el proceso transcurra, la ciudadanía nos ha dado una gran lección a todos, a cada quien le ha mandado su mensaje, desde aquellos que estuvieron a punto de desaparecer o se fragmentaron, hasta las fuerzas políticas que, en otro tiempo, tuvimos más aceptación social ejerciendo la autocrítica para ser mejores partidos políticos.

Apostar a la desaparición de los partidos políticos, en esencia, sería apostar a renunciar a la democracia.

Bienvenidas las candidaturas independientes; bienvenidas, también, al sistema de fiscalización para no caer en la ingenuidad de que esos procesos fueron financiados con el monto de recursos que se ha querido presumir, donde a todas luces es evidente que el gasto de los recursos públicos que se utilizaron en independientes y en no independientes tendrán que ser fiscalizados por la autoridad correspondiente para aplicar las sanciones trátese de quien se trate, ese es el sistema de partidos políticos al que debemos de abordar.

Hoy es un día importante para México, hemos demostrado que los pocos que apostaron a la violencia y a la destrucción de una jornada cívica son muy pocos frente a los que quisimos una jornada electoral.

La autocrítica estará basada en el éxito futuro de cada fuerza política, en la conformación de un acicate, que es el voto ciudadano, no las candidaturas independientes.

Demostrar que el ciudadano tiene el poder para poner y quitar gobernantes en un régimen democrático, es lo que todos debemos de celebrar.

En lugar de apostarle a ser Tribunal Electoral desde esta tribuna, apostémosle a que respetemos los términos del proceso, los términos de la ley donde se haya ganado, donde se haya perdido porque entonces sí vamos a demostrar nuestra capacidad democrática.

Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Diputada Amalia García Medina, del grupo parlamentario del PRD, tiene usted el uso de la tribuna.

La Diputada Amalia García Medina: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Es pertinente señalar que este momento de análisis sobre las elecciones, nos convoca a varias cuestiones:

Uno, no puede haber complacencia, no debe ni tiene por qué haber una actitud de complacencia y tampoco de soberbia.

Votaron alrededor de 47 por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos para poder ejercer ese derecho, y si revisamos lo que significa en términos precisos la participación, el partido en el gobierno de la República obtuvo del electorado, del que está inscrito, alrededor de 5 por ciento. Con ese porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que acudieron es con lo que tienen que contar.

Me parece fundamental, entonces, y hablo del partido en el gobierno de la República, porque tiene la responsabilidad principal, pero si lo revisamos en función del resto de los partidos políticos, el número de ciudadanas y ciudadanos es pequeñísimo, hay que hacerse cargo, entonces de a quién se está, a cuántos, a cuántas está representado.

Y por eso yo subrayo, no puede y no debe de haber, y aquí las intervenciones en general han sido en ese tono, no puede ser, en absoluto, como se ha coincidido, ni de soberbia, ni de complacencia, no puede ser, en absoluto.

Y yo diría, respecto de las candidaturas independientes, que yo personalmente me siento muy optimista por esa votación, porque si bien es cierto que el artículo 35 constitucional, estableció el derecho a las candidaturas independientes, en la ley secundaria se establecieron tal cantidad de requisitos, que era prácticamente imposible que alguien pudiera llegar, bueno, en política decir esas palabras no se puede, pero casi como un milagro, los requisitos para candidaturas independientes estaban diseñados para que no fueran posibles, para que nadie pudiera competir ni participar.

Es cierto que varios de los que se inscribieron pertenecieron a partidos políticos anteriormente pero la diferencia sustancial es que compitieron sin la estructura y sin el aparato que da una organización partidaria. Por eso me parece que las candidaturas independientes tienen un enorme valor, porque representan, en medio de esta preocupación que había de bloqueo y de imposibilidad de ir a las elecciones, una válvula de escape democrática hacia la ciudadanía y hacia el descontento, hay que verlo positivamente.

Me parece que quien critique las candidaturas independientes está perdiendo de vista que juegan un papel fundamental, ahí está el caso del Bronco, que además el porcentaje que obtuvo, es un porcentaje gigantesco frente a partidos políticos constituidos, 49 por ciento o en el caso de Clouthier, en Sinaloa o el joven Kumamoto, en Jalisco, y así podríamos seguir.

¿Qué es lo que tendría que reformarse en la ley electoral?

Sí hay que revisar el tema de los recursos a los candidatos independientes y candidatas independientes pero también hay que reconocer que son una vía de participación democrática, y que tendrían que modificarse los obstáculos para su participación.

Segundo, a pesar de que en la ley se ha intentado que haya una presencia a través de los medios de comunicación, los propios comentaristas y la ciudadanía, han calificado a esta presencia en medios de comunicación como los spots, ¿qué se puede transmitir de ideas? Que le den calidad a la democracia en 20 segundos.

Es verdaderamente lamentable la cantidad de recursos y de espacios en medios de comunicación a través de spots. No puede seguir, tienen que ponerse por delante las ideas.
Nada más señalemos, ¿qué temas sustanciales entraron en controversia sobre el rumbo del país en la elección? Bueno, se privilegió incluso el lenguaje fácil u ofensivo para llamar la atención. Eso quiere decir que la vía de la competencia a través de los spots en medios de comunicación está o debería estar agotada.

Y también las candidaturas independientes lo que mostraron fue algo más que lo que ganan no es sólo el dinero. ¿Cuántos recursos en prerrogativas tienen los partidos y cuánto tuvieron los partidos independientes de los partidos? Y lograron ganar, también habría que revalorar, cómo disminuir el costo económico hacia los partidos y darle más calidad, sin ninguna duda.

Por cierto, hace falta que revisemos cómo darle vida a esas reformas sobre consulta popular, ya están los candidatos independientes, la consulta popular no se ha podido practicar, está en la Constitución como letra muerta, y falta ir a la revocación de mandato.

Yo diría, por cierto, en el caso de elecciones, en las que el PRD tiene una presencia principalísima, como la de Guerrero, con una candidata extraordinaria, una mujer a la que yo valoré por su valor civil, a Beatriz Mojica, enorme valor civil y entereza, una mujer formal en la izquierda, que no pasó de un partido a otro, con una gran congruencia, ¿qué fue lo que la derrotó o qué la derrota? Yo digo, no es a ella, es al PRD, es una crítica de la ciudadanía.

¿Por qué un partido que nace en la defensa de los derechos humanos? Ahí tiene un señalamiento de la gente, y si no actuamos con una actitud autocrítica y no revisamos lo que son nuestros valores fundacionales y nuestra fortaleza, estaríamos mal.

Entonces la situación de Guerrero, por cierto, con el resultado que se da, tampoco lo veo muy alentador para esta entidad que merece tanto y que está tan lastimada, en cambio si vemos el caso de Michoacán, creo que lo que distinguió en el caso de Michoacán, la candidatura de Silvano Aureoles, fue que puso por delante la propuesta, la capacidad de conciliación de acuerdo.

Tiene un reto enorme, formidable, en una situación compleja, y diría, en el caso del Distrito Federal, una ciudad libertaria, con avances formidables en los derechos individuales y políticos de las personas, con una política social, con una imagen de una visión que se fue afianzando a lo largo de los años en derechos de los hombres y de las mujeres.

Pero, ¿cuál es el resultado de esta elección? Hay sin duda, un desgaste, también hay un voto crítico de la ciudadanía, y vale la pena decir, yo lo he dicho, esta es una ciudad progresista, con una ciudadanía progresista, el voto que pierde el PRD no se va al PRI, se va a la izquierda, el reto es cómo hacer que esta ciudad se mantenga con esa característica avanzada.

Y yo terminaría diciendo, efectivamente, la visión patrimonialista de los ciudadanos y ciudadanas no puede estar presente en la política, los ciudadanos y las ciudadanas deciden por sí mismos.

Sí creo, por supuesto, lo creo personalmente, que el Pacto por México le costó al PRD, especialmente en la ciudad de México, pero en otros lados, ¿por qué razón? Porque se anunció como un gran acuerdo que transformaría al país, que nos iba llevar al desarrollo, a la inversión, a la generación de empleos, a la paz, a la tranquilidad, y lo que tenemos hoy es un país lastimado, lastimado en el ámbito económico, con una situación económica que lesiona a la gente, con una grave crisis de inseguridad y plagado de corrupción.

Hay una crítica a lo que están haciendo, estamos haciendo, está haciendo la clase política, tiene que ser este un momento para reconsiderar el rumbo del país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias a usted, Diputada García Medina.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN.

La Diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, Diputado Presidente.

Yo he estado escuchando con mucha atención a todos los legisladores que me han precedido en el uso de la palabra.

Obviamente, aquí se vienen a verter los puntos de vista, todos muy respetables y enriquece cada una de estas participaciones el debate, el debate en donde se debe hacer, porque en mucho de lo que ocurre en este país tenemos una responsabilidad extraordinaria quienes hacemos las leyes.

Esta elección, definitivamente que nos tiene que dejar a los partidos políticos, que tenemos aquí curul, lecciones muy importantes. Que se necesita realmente ser soberbio, arrogante y tozudo para no reconocerlas.

Allá afuera, el electorado, los mexicanos, es cierto que votó un porcentaje importante: 47 por ciento, pero nos debe de preocupar a los partidos políticos los que no votaron, eso es fundamental.

Los mexicanos están decepcionados de la clase política, y vaya que entre todos, porque aquí no se vale venirse a darse baños de pureza, vaya que entre todos hemos contribuido para que los mexicanos tengan de nosotros la opinión que tienen.

En los partidos políticos, al fin organizaciones de personas, hay de todo, hay de todo, porque de por medio está la naturaleza humana.

¿Hay sinvergüenzas y pillos? ¡Sí, sí hay! Y un diablar, pero también hay gente honorable en todos los partidos.

La pregunta es: ¿Por qué pesan más los sinvergüenzas y los descastados, que quienes realmente sí quieren hacer algo a favor de su país y poner un granito de arena para que así suceda?

La política, mis estimados colegas legisladores, necesita adecentarse, necesita adecentarse, porque los mexicanos están hasta el copete de sinvergüenzas, de vividores, y los demás calificativos no los pronuncio, porque, ni siquiera vale la pena pronunciarlos, porque ya los conocemos todos, no los voy a decir, ustedes los conocen.

Esta elección que acabamos de vivir deja muchas áreas de oportunidad, muchas áreas de recapitulación para todos y cada uno de los partidos políticos.

La realidad es, y lo digo con todo respeto, que quienes han obtenido, prácticamente la mayoría, aunque esto no esté concluido porque falta todavía la calificación formal del órgano electoral, pues van a tener mayoría en la Cámara de Diputados, pero con un porcentaje muy bajo, muy bajo de votación, y eso es preocupante.

Por otro lado, y esto es lo que me preocupa más, y es en lo que quiero hacer énfasis, es que en esta elección, igual que en otras, pero me siento en ésta, se cometieron una serie de irregularidades que todos conocemos también: hubo acarreo, hubo compra de votos, hubo amenazas, hubo todo lo que ya sabemos.

Y yo, soñadora al fin, yo quisiera pensar que esta vez, esos malandros y sinvergüenzas no se van a quedar sin castigo, porque este partido, este país, no este partido, este país está enfermo de 2 cosas: está enfermo de corrupción y está podrido en impunidad.

Por eso, la opinión que les merecemos a los mexicanos es de lo peor, y por eso la FEPADE, que es la que va a nutrir al tribunal, y obviamente los partidos políticos también, que acabaremos en tribunales, de verdad yo espero que el tribunal actúe con estricto apego a la ley y que todos aquellos que violentaron para ganar una elección sean castigados porque eso puede ser una pequeña lucecita para la esperanza de muchos mexicanos, que ya no creen en esto, que nos tienen aborrecidos, y que nos tienen odiados, y por eso precisamente las candidaturas independientes hoy, pues ya empezaron a dar frutos.

Yo no voy a mencionar los nombres de quienes han llegado a un cargo público por esa vía, pero ahí están, ahí están, y obviamente yo no me atrevo a descalificar, porque yo creo en las candidaturas independientes pero quiero ver los hechos, quiero ver cómo va a ser el desempeño de esos candidatos independientes para que no toquemos, no echemos las campanas al vuelo.

Y yo, como no me chupo el dedo, en la campaña, y lo voy a decir, del señor que ganó la gubernatura del estado de Nuevo León, ni siquiera lo conozco ¡eh!, personalmente, no tengo nada en contra de él, pero todos sabemos aquí que las candidaturas se ganan con infraestructura. ¿O me equivoco?

¿De dónde sacó la infraestructura el señor que ganó la elección?

Por lo menos somos vecinos Nuevo León y Coahuila, y ahí detectamos a dos priístas de Coahuila operando: Noé Garza, priísta; y a quien fue el secretario particular de Humberto Moreira. Ahí están, cambiaron de jinete, pero en fin, no me quiero adelantar.

Yo quiero ver cómo va a actuar el señor que ganó la candidatura de Nuevo León.

Quiero también agradecer a todas las personas, a todos los mexicanos que tuvieron la responsabilidad de ir a votar por quien les dio su gana votar, pero fueron a votar; pero los que fueron por convicción.

Qué pena por los borregos y los acarreados. Ojalá, ojalá que un día cambie, yo creo que sí va a cambiar cuando la pobreza, ya termino, Diputado Presidente; cuando la pobreza y la marginación, no nada más la material, sino también la intelectual se resuelva en este país.

También felicitar a todos los que trabajaron como funcionarios de casilla y a quienes aceptaron ser representantes de partidos políticos, porque sin ellos, yo creo que más difícilmente hubiéramos podido tener esta elección.

Invitaría también al Instituto Nacional Electoral a que haga lo propio, a una serie de recapitulaciones, porque dejó mucho que desear, mucho que desear, como árbitro de la elección, su actuación.

Y ojalá que un día tengamos también, quienes vengan después al Parlamento, al Congreso, tengan los tamaños de generar un órgano, como es el Consejo General del INE donde verdaderamente sean ciudadanos los que estén sentados ahí, porque hasta ahora tienen un membrete aquí cada uno de los tres partidores, incluido el mío.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputada Esther Quintana.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: ¿Con qué objeto, Senador Zamora?

El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Señor Presidente; legisladores:

Para solicitarles muy atentamente un minuto de silencio por la memoria de un ex Senador de la República, jalisciense, que acaba de fallecer el día de hoy, don Héctor Pérez Plazola.

Don Héctor Pérez Plazola, un gran y distinguido militante del Partido Acción Nacional. Un hombre muy respetado, un hombre con una gran formación como maestro, como profesor, como abogado, como jurista, como legislador, como Presidente municipal, que lo fue de la ciudad capital de Guadalajara; como regidor, como Diputado local y un ciudadano realmente ejemplar.

Yo quisiera solicitarle, señor Presidente, que pudiésemos y nos autorizara poder guardar un minuto de silencio por la memoria, también, de un hombre que supo ser gran padre, un buen esposo, un buen hijo de familia, también, y una persona que durante toda su vida, en los espacios que tuvo de realización política, siempre mantuvo una magnífica comunicación y coordinación con todos los actores políticos.

Jalisco, con este deceso, tiene una gran pérdida. Y por esa razón, le pedimos, sea tan amable de autorizarnos un minuto de silencio.

Y por supuesto, desde aquí el mensaje, de solidaridad y de apoyo a sus familiares y a todos sus amigos.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Con todo gusto, esta Presidencia hace suya la petición del Senador Zamora Jiménez, y pide un minuto de silencio por la memoria del ex Senador Héctor Pérez Plazola.

Les pido a todos ponerse de pie, por favor.





 

MINUTO DE SILENCIO

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Pueden sentarse. Descanse en paz, Don Héctor Pérez Plazola.

Continuando con el curso de la sesión, tiene el uso de la palabra la Diputada y Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Graciela Saldaña Fraire, del PRD.





 

La Diputada Graciela Saldaña Fraire: Por ahí algunos compañeros del partido dicen que ocupamos, precisamente, después de un proceso electoral, para caer en una catarsis, culparnos o felicitarnos, cuando se gana; y cuando se pierde, nos enterramos.

Yo quisiera hacer algunos comentarios, de algunos de los compañeros, que también incluso ya hicieron, pero quisiera invitar a la reflexión.

Nosotros vivimos en un régimen de partidos políticos, es verdad; pero todos estos principios que nos rigen, son los principales que se han violentado. No hubo equidad en ninguna de las contiendas, no hay respeto en ninguna de las contiendas; en el máximo de expresar la palabra “respeto”.

No hay pluralidad, no hay diálogo, porque muchas de éstas se imponen. Y dentro de éstas, pues yo quisiera mencionar que mientras los partidos políticos, y no voy a excluir a ninguno, sean los que decidan, como en el caso del Presidente Peña Nieto, que es el que pone el candidato, lo palomea, y que los mismos militantes de los partidos no puedan ni alzar la voz y tomar una postura, en donde deba de ser, dentro de los mismos militantes; donde los mismos partidos, son los que ponen y quitan candidatos, castigan o no, porque también lo vemos reflejado en los resultados de esta elección, en algunos casos para candidatos a gobernadores y gobernadora.

En este sentido, yo les diría, ¿cuál sería la idea de podernos coaligar con algún partido político? Cuando en una reforma o las reformas políticas, castigamos realmente a la población.

La reflexión sería, ¿cómo coaligarse, cómo unirse a otro partido? cuando realmente hemos castigado.

Veamos la elección que viene en el caso de Chiapas. Seguramente, por lo que yo sé, es que se van a coaligar PRI con el Verde, pero esa ya es su coalición natural. El PRI seguramente con el PAN. El PRI seguramente o el Verde con el PRD. A mí, esa es la parte que nosotros decimos, ¿se vale, se vale hacer esto? cuando hemos traicionado a una población tan importante como es la mexicana.

Cuando hemos traicionado los principios, precisamente del régimen de partidos políticos. Y ésta es la autocrítica, no es caer en una catarsis, es realmente hacer los señalamientos que hemos agotado en un país como éste.

Ya se comentaba que tuvimos un 43 por ciento de participación. Entonces, el otro por ciento, como en otros estados, me parece Chihuahua, 70 por ciento de abstencionismo. En el caso de Quintana Roo, 60 por ciento de abstencionismo.

Nosotros no tenemos la capacidad de invitar a participar en la urna, donde un régimen de partidos políticos, donde un Instituto Nacional Electoral es el que también tiene que ver con el proceso y los resultados de una elección y que no podemos invitar a los ciudadanos a que voten porque no los convencemos.

La invitación a éste, es realmente grave. Compañeras y compañeros, ¿cómo es posible que el otro 70, 60, pues esté sentado o no lo podamos convencer o se vaya a las candidaturas independientes?, como ya lo comentaron; pero también en estados, donde las candidaturas independientes, también se han ocupado para dividir el voto.

Se ha invitado para poder dividir el voto, y después del término de la elección, pues no importa. Porque entonces el partido que está haciendo campaña, si algunos se prestan para las candidaturas independientes, lo que hacen es restar voto.

Como dijo la Diputada del PAN, veremos los resultados de la candidatura independiente de Nuevo León, está por supuesto que aprueba. No es que desapruebe las candidaturas independientes, sin embargo, está aprueba.

¿Qué pasa con el voto nulo? Tenemos un 4.88 por ciento en los votos nulos. Aquí la población también castigó, y no debemos desdeñar este resultado, porque es un porcentaje alto, son 1,788, mil 393 ciudadanos. Estos ciudadanos hicieron el voto nulo.

Por otro lado, la verdad es que la democracia, no podemos festejar, ni decir que todos hicieron una democracia buena, noble, cuando hubo un gasto desmedido, cuando un partido, como es el Verde Ecologista, en donde está Cámara ni siquiera se ha prestado a dictaminar un dictamen que se presentó desde el 20 de mayo, y no podemos dictaminarlo, porque entonces, como va con el PRI, pues no hay resultados.

Compañeras y compañeros: les pido respeto a la participación de su servidora. No podemos, de veras no podemos, compañeros del PRI, en donde ustedes están acompañados del Verde Ecologista, y donde los resultados fueron y que los del Verde se presten a este juego, en donde ellos asumen la responsabilidad del gasto desmedido, de los spots, del reparto de despensas, de medrar con una situación social, en donde hay una pobreza enorme de nuestro país, regalando mochilas, regalando despensas, y no paran y no paran, entonces ellos tienen multas y no pasa nada, 20, 200, 300, 500 millones y no pasa nada.

El PRD pidió la pérdida del registro del Verde Ecologista y el Instituto Nacional Electoral no hace nada.

El Tribunal Electoral no hace nada. Y aquí lo más grave, que ya comentaban, y con esto termino mi participación, Presidente, es, no merecemos un país con tanta violencia. El resultado en este proceso electoral, fueron 21 muertos, de diferentes partidos políticos, y lo único que se hace es, pedir un minuto de silencio.

No nos debemos tener resultados tan mediocres, como es ésta en una democracia. En la democracia, tenemos que participar y tenemos que dar respuestas y tenemos que respetar la voluntad del ciudadano. Si ellos nos castigan en las urnas, algo estamos haciendo mal, pero también hemos sido partícipes de estos resultados.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada Saldaña Fraire.

Tiene el uso de la voz, el Diputado José Antonio León Mendívil, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado José Antonio León Mendívil: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso, también, de esta Honorable Asamblea.

Es importante el punto de vista, que los análisis que hagamos o que hacemos tengan que ver con lo que está ocurriendo en nuestro país.

Yo veo así con mucha emoción, que nos hablan de que el sistema de partidos está ya prácticamente agotado, sistema de partidos realmente en nuestro país es nuevo, con la ruptura o irrupción de la participación ciudadana de 1988, hace unos cuántos años, hasta 1991 todavía había los procesos electorales organizados por los propios gobiernos de los estados y también de la República.

¿Dónde está agotado este sistema de partidos? No. Yo creo que estamos iniciando un proceso de sistema de partidos y que se va mejorando cada proceso electoral, que vamos avanzando.

Por supuesto en este proceso electoral estaba atravesado, como aquí ya se ha dicho, que había una sombra ominosa de que pudiera no haber elecciones en varios estados y que pudiéramos tener un proceso electoral en donde la integración de la Cámara de Diputados y de algunos congresos estatales pudiera tener algún problema de legitimidad.

No ocurrió afortunadamente esto, para quienes creemos y hemos defendido un proceso electoral en donde participen los ciudadanos y sean ellos quienes definan la integración de nuestra Cámara de Diputados, nuestra cámara federal y también la integración de las cámaras locales.

Irrumpe por supuesto y llama la atención las candidaturas independientes, por supuesto.

Compañeras, compañeros:

Que yo recuerdo, junto con ustedes lo hemos vivido, por supuesto, las rupturas en el PRI o en el PAN y hay que decirlo también, el PRD, han robustecido la democracia y la participación plural.

Yo comentaba la de 1988, pero ha habido otras también y que se han fortalecido con candidaturas digamos, como se ha dicho, prestadas para que hubiese una inclinación del voto de los ciudadanos a favor, y algunas han sido exitosas, otras no tanto, pero esa ha sido nuestra democracia electoral en nuestro país. Así que ahora va a haber candidatos independientes sin ruptura de ningún partido, pues ojalá se diera.

Yo creo que la reforma política que nosotros aprobamos, digo, porque yo voté a favor de ella, dan la posibilidad para que se diera esta situación. Es decir, las candidaturas independientes.

Somos observados a nivel internacional y no es mal visto este fenómeno que se da en nuestro país, yo no lo descalifico, a lo mejor hay que meter la lupa y ver quienes actuaron, quienes no actuaron, de otros partidos apoyando tal o cual candidatura pero tuvieron opción.

Yo creo que el principal derrotado fue el abstencionismo, por un lado, y por otro lado quienes fueron a anular su voto. Qué pena, porque en algunos casos la diferencia entre un candidato y otro de otro partido lo hubiese resuelto quienes se abstuvieron porque es mayor el número de votos nulos, que la diferencia entre los contendientes; tuvieron la oportunidad, la desecharon, pero a final de cuentas los electores que votaron por uno u otro candidato fueron los que salieron avantes, los que ganaron.

Por supuesto que pudiéramos decir que hay que echar campanas al vuelo en este tipo de democracia que tenemos, la democracia electoral, sin embargo, lamentablemente no es así, todavía hay lo que se llama ese fenómeno de querer ganar de todas, todas.

En el caso del Distrito Federal dijeron que había una elección de estado, y ahí están los resultados. El resultado es que el DF, es plural, todos ganaron algunas delegaciones y ganaron también distritos electorales.

Si algo pudiéramos decir de la ciudad de México, que no hubo una elección de estado y ahí están las pruebas sin embargo, otros estados que yo creo que hay que ponerle una lupa, como el estado de Chiapas. El estado de Chiapas es una elección casi zapato del 90 por ciento yo creo que tendríamos que analizar.

Curiosamente es un estado gobernado por el Verde Ecologista, y por cierto, nuestro compañero Senador del PRI, tiene razón. El PRI no se vio tan involucrado en asuntos de violación pero su aliado, por supuesto, que hizo todo lo que pudo y además sale premiado. Hay distritos en los cuales la diferencia electoral le ganamos en algunos casos y otros partidos le ganan al PRI, pero con su aliado, por supuesto que aparece ahí.

Esto tiene que ser revisado, a lo mejor no es la instancia, no somos Colegio Electoral, ni es una instancia para resolverlo, pero sí para reflexionar y llamar la atención.

Por último, compañeras y compañeros. Yo creo que los grandes problemas de país, como la violencia, la falta de empleo, de oportunidades, de educación, el mayor número de rechazados en las universidades y en la educación pública no la va a resolver un solo partido, ni un individuo que esté iluminado y nos diga por dónde caminar.

Lo vamos a resolver si tenemos la voluntad política y la capacidad, entre todos pero en un acuerdo público y político con las fuerzas sociales también que puedan estar inscritos en ella, y los procesos electorales yo creo que nos deben llevar a ello, tenemos esa oportunidad ahorita, vamos explorándola entre todos para sacar adelante a nuestro país, nadie, ningún grupo, ni ningún partido lo va a hacer sólo, lo vamos a hacer entre todos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputado León Mendivil.

Tiene el uso de la voz, la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del grupo parlamentario del PRD.

Pero antes, si me permiten, quisiera hacer un exhorto. Nos quedan tres oradores, es el tiempo, yo veo muy desesperada a la Asamblea. Si nos pudiéramos sujetar a los tiempos estrictos, les he estado dando mucha tolerancia, dos minutos más a todos. Les pediríamos que nos ayuden a cumplir con eso.

Gracias.

La Diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor Presidente.

En el proceso electoral que está por concluir, se puso a prueba la reciente reforma electoral cuyos ejes centrales fueron la creación del INE, el nuevo sistema de fiscalización y el nuevo sistema de competencias entre el orden federal y local. Sin embargo, éste nuevo andamiaje jurídico desafortunadamente no pasó la prueba más importante, que fue la preservación de la equidad electoral.

Felicito a todos los que valientemente salieron a votar y a los que promovieron el no voto, esto es lo que lograron, ganó el abstencionismo.

El presente proceso electoral se ha caracterizado, desafortunadamente, por el contexto de violencia generalizada en varias entidades del país que se viene arrastrando por la crisis de seguridad que padecemos cotidianamente y que mostró su rostro nuevamente semanas previas a la jornada electoral: en Jalisco, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Esta situación afectó en gran medida la atmósfera electoral de las campañas y desafortunadamente cobró la vida de candidatos de varios de los partidos políticos contendientes y atentó también en contra de la seguridad e integridad de los ciudadanos en varios estados del país, con casos de represión social y política.

Desde el inicio del proceso electoral en octubre del año pasado y hasta la fecha, 22 personas han sido asesinadas por motivos políticos.

Esta lista incluye a precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, coordinadores de campaña, funcionarios, militantes y familiares, y en el mismo contexto, también se registraron por lo menos 72 ataques de diversa naturaleza.

La movilización social de miles de maestros inconformes de organizaciones como la CNTE que siguieron su protesta en contra de la reforma educativa aprobada y cuya principal demanda es precisamente su suspensión definitiva, pero en particular en este periodo electoral fue el de la evaluación educativa, por lo que exigimos atención inmediata, solución a este problema.

El voto que les dio el triunfo, no es real; hay una mayoría descontenta con el resultado, no echemos las campanas al vuelo, mejor los hoy electos y nosotros mismos, hagamos un análisis de lo que le estamos dando a este país, reflexionemos y sirvamos a México.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada Bautista Cuevas.

Tiene el uso de la voz el Senador Manuel Bartlett Díaz, nuevamente.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias por su condescendencia democrática, señor Presidente.

No voy a mencionar a nadie en particular.

Una nota así nada más, sobre los candidatos independientes que se han convertido en el tema central de este país; una democracia, fíjense ustedes que gano el Bronco, ese es la gran esperanza y con eso disfrazan la elección.

Estoy de acuerdo con el Senador Gil, mientras no haya control del dinero, mientras no haya autoridades imparciales, mientras no esté Televisa y TV Azteca al servicio del poder, los candidatos independientes serán eso, dependientes de los poderes económicos, así es que no se la crean ni lo usen como gran resultado electoral.

Aquí puso nerviosos a algunos, poder decirle a todos cuando mencioné a MORENA, hasta la gallera se puso casi de pie, pero ese es el hecho, ahí está esa es la impulsión importante política en esta elección.

El que tenga el 8 por ciento, 9 por ciento; y el otro 11 y 4, no pinta, porque ni siquiera son reales, nada de esto es real, que hoy decimos que esa elección no es real, que represente al sentimiento de los mexicanos, no, es una elección ficticia, pero hay un tema importante sin mencionar al teórico de la izquierda moderna.

Existe en el mundo desde hace muchos años en la caída del Muro de Berlín y el desconcierto de las izquierdas, de verdad, la discusión entre cual es el camino de la izquierda si ello significa cambio, y sí ello significa usando a los empresarios italianos, el estar de lado de la igualdad.

La democracia, la social democracia, los partidos socialistas, la izquierda ha perdido en el mundo su naturaleza, y esa es la izquierda que han copiado aquí; es la izquierda progresista; la izquierda que negocia; la izquierda que llega a acuerdos, esa es la izquierda que ha fracasado en todo el mundo en Europa para empezar, es una izquierda de los ingleses.

El nuevo camino es la izquierda francesa, incluso, esas izquierdas son iguales que aquí en México, aquí los tres pactantes son lo mismo, y allá precisamente hay todo un movimiento que es importante. Hoy que todos prometen que vamos a revisar lo que paso, vamos a hacer un gran esfuerzo todos los partidos.

En España, ahí si, los partidos tradicionales son ese bipartidismo que se inventó en la salida del franquismo, ahí se corrompió en las últimas elecciones el dominio de dos partidos, ¿Y cuál fue el alegato constante de Podemos? El alegato constante de Podemos era que el bipartidismo éspañol, el partido socialista sobre uno de los más antiguos partidos socialistas de Europa y del partido de la derecha eran lo mismo, estaban vinculados en la corrupción, estaban vinculados en el conservadurismo absoluto, estaban en una situación que estaba siendo rechazada por la población de indignados al poder.

Es igual aquí, es exactamente igual aquí, por eso yo decía: es izquierda quien pactó con la derecha, esa izquierda que se sumó al pacto que nos hizo un daño brutal en ese país brutal, que permitió a Peña Nieto al servicio de los intereses extranjeros y la oligarquía nacional, dado un buen comunitario, una involución en la Constitución mexicana. Esa izquierda no existiese.

Yo les digo que reflexionen, son gentes de buena fe, pero esa no es izquierda, como no es izquierda empezó él, como no es izquierda del partido socialista francés, esa es la enfermedad que ha atacado en el mundo entero que se ha quedado sin oposición.

La izquierda que pacta, la izquierda moderna, la izquierda que llega a consensos, la gran palabra, el consenso es una izquierda centrista de derecho.

En consecuencia, sí hay un cambio importante en la política mexicana hoy, que es lo que yo decía, hay una incursión, lo menciono, perdóneme la gallera si le molestan la incursión de MORENA, y como se dice es dogmática, no negocia ninguno porque ese es el defecto de la izquierda a nivel mundial, esa izquierda ha traicionado a sus bases y esa es filosofía y es teoría política que hay que estudiar, del Verde sí ni me acuerdo, porque hoy si no hay nada que discutir, vamos discutir de las fuerzas reales en un país que es la derecha gobernante con su oligarquía vinculada y sometida a los intereses de Estados Unidos, que es lo que hizo Peña Nieto por nosotros, reformando la Constitución, metiendo hasta las policías armadas de los Estados Unidos a México. Esa fue apoyada por el Pacto y ese Pacto es el que ha rechazado la población.

Por eso el PRI, pese a trampas, pese al dinero, pese a los gobernadores, pese a todo, ahí se mantiene tambaleante. Por eso, los tres perdieron.

Igual el PAN, no ha sido oposición el PAN.

Necesita ser oposición, lo fue.

Los partidos pactantes se cayeron.

La izquierda real, la que no abandona los intereses de las clases populares, la que no abandona la lucha por la igualdad que es la esencia de esa posición, la que llega a acuerdos y consensos, la que es políticamente adecuada, esa es derecha.

Por eso les digo, con todo respeto a quienes van a revisar todo, revisen a fondo la asociación con la oligarquía nacional y los intereses extranjeros no es el camino.

Ahí está ya Morena y estamos en el PT también, ahí vamos a estar.

¿Verdad, Diputada, ahí vamos a estar?

Muchas gracias, señor Presidente.

Es usted muy condescendiente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias a usted, Senador Bartlett Díaz.

Para concluir la ronda de oradores, tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Armando Ríos Piter: Señor Presidente, muchas gracias.

Escuché con atención el fanatismo del Senador Bartlett sobre MORENA.

Y tal vez algunos de los compañeros ya no están interesados en un debate en la izquierda, pero yo lo quiero dar, porque me parece, Senador Bartlett, que usted comete grandes imprecisiones y comete excesos en su posicionamiento.

Usted viene a defender aquí a un partido político como la esperanza o el futuro de México, está bien que usted lo crea, pero yo no puedo aceptar, Senador Bartlett, que usted diga que yo soy parte de una izquierda que ha atentado contra el país, tengo ya un tiempo recorrido en esta la política como mi profesión y no hay un solo acto del que yo me apene, Senador Bartlett, se lo digo de frente, uno sólo no tengo en el que me apene como miembro de la izquierda, de las decisiones que he tomado, porque las he tomado de frente y las he tomado defendiendolas de la tribuna, y todas son públicas y todas son transparentes.

Y me parece que el exceso, porque no quiero caer en un pleito que termine siendo eso, yo creo verdaderamente que los 28 puntos que suman la izquierda hoy, ese 28 por ciento que significa MORENA, que significa el PRD, que significa el PT, y que significa el Movimiento Ciudadano, pues es lo que hemos sido en las últimas dos décadas y media de trabajo político desde la unificación de la izquierda.

Yo lo que no le acepto a Andrés Manuel López Obrador es que venga a querer dar cátedra de moral. Es que venga a querer decir que él es el único iluminado que sabe hacia dónde va el país, eso no.

Habemos muchos millones de hombres y mujeres, muchos que están en el partidismo, muchos que están en otros partidos políticos también, que queremos un país distinto.

Yo no acepto que ese 8 por ciento hoy me lo quiera venir a vender como el cambio que requiere la patria, no lo acepto.

Sí creo que el diálogo con MORENA y las otras fuerzas políticas de izquierda va a ser importante, trascendente.

Si nos seguimos viendo al ombligo y si seguimos diciendo que solamente Andrés Manuel López Obrador, o ahora MORENA, es el que tiene la verdad, la única verdad que vamos a tener es un terrible fracaso para transformar al país en el 2018, terrible fracaso.

Es cierto, tal vez esa sea la condena que tengamos que pagar en la izquierda por haber sufrido los últimos 12 años a alguien que sintiéndose iluminado hoy viene a querernos dar cátedra de que sea la única persona que sabe hacia dónde va el país, y yo creo en los pactos, Senador Bartlett.

El Pacto por México hoy tiene muchos cuestionamientos, pero yo soy Senador para hacer política, para escuchar en los otros partidos políticos posiciones, a veces no me gustan; luego me peleo con el Senador Lozano por Twitter, o aquí, pero estoy aquí para hacer política, eso es para lo que me paga la gente.

Y le reitero, no hay nada en mis hechos de lo que yo me arrepienta porque todo lo he hecho con transparencia frente al pueblo de México.

Entonces, si se trata de tener una izquierda que desde una posición de 8 puntos limitada, pequeñita, quiera venir a iluminar a México, es como recodar a Luis XIV, donde el Estado era él, ahora la izquierda solamente es MORENA. Pues no, ese no es el futuro que yo quiero para esta Nación.

Yo terminaría, y lo aludí precisamente para ver si podemos debatir, lo continuaremos haciendo en la franca amistad que yo tengo con usted y el aprecio que le tengo pero tome en cuenta lo que le decimos nosotros desde el Partido de la Revolución Democrática, hoy con sus problemas y con sus necesidad de revisarse hacia el fondo y hacia dentro, para transformarse y para entender los errores que ha tenido, la izquierda no tiene futuro y Andrés Manuel es un hombre del pasado.

Andrés Manuel es un hombre del pasado, así lo ve mi generación hoy.

Yo anduve con Andrés Manuel hace seis años, saqué más votos que él en el Estado de Guerrero, muchos más, varios miles más que él, creí en él en el 2006, y hoy no representa la opción de izquierda que necesitan mis hijos y que necesita el futuro de México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senador Ríos Piter.

Tengo que otorgarle el uso de la palabra al Senador Bartlett Díaz, por alusiones personales.

¿Desde su escaño, Senador?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Lo más breve.

Tengo, y lo dijo Ríos Piter, un gran aprecio.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Me permite, señor Senador. Le pido a la Asamblea guarden silencio para que pueda hacer su exposición el Senador por favor.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Tengo un gran aprecio por Armando Ríos Piter, le he comentado que tiene la edad de mi hijo, sin pretender ser su padre, desde luego.

Yo creo que no ha planteado bien las cosas con el asesoramiento del señor Presidente de la Mesa en esta ocasión, no ha planteado bien las cosas, y yo lo invito a que las planteemos bien.

Yo hice un análisis de la izquierda a nivel mundial de lo que está ocurriendo con las izquierdas pactantes, de lo que ha ocurrido en diversos países cuando a partir de años atrás con la caída del Muro de Berlín, la izquierda se convirtió en lo mismo que la derecha y el centro.

Esa es una discusión de fondo, a eso pretendía llegar, para decir, debe de haber una posición auténtica y no una posición pactante.

No podemos venir a decir ahora que el Pacto por México no le hizo un brutal daño al país.

¡Por favor! Entregaron las reservas nacionales de petróleo. Aunque votaron en contra, estuvieron en el Pacto.

Y todo lo que han hecho ha sido destruir a México, ha sido profundizar el modelo neoliberal, ha sido asociarnos con los Estados Unidos a un nivel de colonia y eso ha servido porque Peña Nieto ha tenido el apoyo de la izquierda, y de todo el mundo. Eso es lo que ha pasado en México y es lo que ha pasado en todo el mundo.

Esta izquierda pactante no es izquierda, verdad.

Lo que estoy provocando es un análisis a fondo histórico para que podamos encontrar lo que ha ocurrido en este país, lo mismo que en España.

En España empezó justo en la derecha.

Es acusado en España por ser lo mismo que el partido popular, y eso pasó aquí; los tres partidos entran a una elección habiendo estado unidos en un Pacto que históricamente será juzgado, pero haya sido juzgado por el electorado. Esa es la verdad.

Ahora eso provoca una gran furia, una gran irritación y un ataque personal a Andrés Manuel López Obrador que dicen que ya no da, que es del pasado, que ese 8 por ciento, bájenle poquito, súbanle un poquito.

Ese no era el tema, pero les causa gran escozor.

Les ganó el Distrito Federal con todo y todo, y ahí está, es un pasado muy presente y muy cercano ¿eh? Es un pasado presente, vivo, que les irrita.

Pero yo, insisto, lo que yo les decía es una definición filosófica, esa no es izquierda. Y ese es el problema en el mundo entero que ha hecho que los partidos social demócratas dejen de ser oposición y se conviertan en acompañantes de la derecha.

De manera que ése era el planteamiento al que yo los invitaba ahora que estamos todos reconociendo, unos más que otros, que hubo problemas y que la elección no representa el sentimiento de los ciudadanos. Bueno, pues es lo que hay que ver a fondo.

Por lo pronto yo creo que sí hay una posición radical consciente que ahí está, que ganó dos veces la Presidencia de la República y que hoy ganó el Distrito Federal, y está a un año de haberse formado en una oposición muy sólida.

Y eso no quita que yo sea del PT. Aquí estamos en el PT, que es el que me dio cobijo y al que le agradezco estar aquí para gran satisfacción de todos los que me escuchan hoy y en todos estos años en que hemos podido dialogar.

Muchas gracias señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Quiero que se me permita hacer una reflexión por alusiones.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Sí, adelante.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: El Senador Bartlett dijo que el Presidente de la Mesa Directiva asesoró mal al Senador Ríos Piter, y evidentemente se refería a mí.

Es evidente que la argumentación que los políticos profesionales hacen, es en función de sus propósitos.

El propósito de MORENA fue competir electoralmente con el PRD, no con el PRI o con el PAN, sino con el PRD, y lo está mostrando aquí don Manuel Bartlett desde que intervino fue para hechos. El no sitúa una crítica al PRI y al PAN, no, él se refiere a hechos de corrupción y menciona casos, pero no hace una reflexión y evaluación a la participación electoral del PRI y del PAN. Se refiere especialmente al PRD y salta a la vista. Saltó a la vista que ésa es la estrategia. ¿Y eso, saben cómo se llama? Fragmentación de la izquierda.

La izquierda en Europa no puede ser la misma que en América, por favor. Cualquiera que por primera vez tiene una lectura sobre esos temas, lo puede entender perfectamente, y la izquierda hoy tiene que ser una oposición ideológica que tienda a eliminar la inequidad o la desigualdad social.

Si una oposición política tiene esos propósitos, se acerca a ser de izquierda. Así se asume el PRD, capaz de construir acuerdos si desde su visión política tiene esos propósitos.

La demagogia es una forma muy fácil de hacer política, pero siempre queda al final evidenciado.

Andrés Manuel López Obrador fue nuestro candidato en dos ocasiones, y Andrés Manuel López Obrador no le puede reclamar nada al PRD. La lealtad del PRD para Andrés Manuel López Obrador fue absoluta.

Otros llegaron, venían de otro lugar y llegaron a asumir las posiciones de Andrés Manuel López Obrador como forma de hacer política. Perfectamente válido.

Para nosotros nuestro contrincante político es el PRI y el PAN, no es MORENA, pero para ellos sí. Para MORENA y para Andrés Manuel López Obrador es el PRD.

Así que quede perfectamente claro que se ha evidenciado que aquí la estrategia que sigue prevaleciendo de parte de MORENA es el combate al PRD y con ello la fragmentación de la izquierda. Es lo que está en el sustrato de esta discusión y es lo que ha dominado, porque que fácil volver esta reflexión y esta discusión de un debate entre la izquierda.

Hay que hacerlo, don Manuel, hay que hacerlo. Ya no tiene derecho a contestar porque es respuesta a una alusión. Hay que hacerlo, pero no aquí, eso tiene que ser en un proceso deliberativo ante la opinión pública para transitar en una disyuntiva rumbo al 2018: o izquierda fragmentada o izquierda unida.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Ya no procede la réplica. Les sugerimos nosotros que se tomen un buen café.





 

COMUNICACIÓN

Compañeros legisladores, les informo que recibimos un oficio suscrito por la Diputada Joaquina Navarrete Contreras, con el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del día 9 de junio de 2015. Se tiene por recibido y se comunicará a la Cámara de Diputados.







 

Hago de su conocimiento que las iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a comisiones. Los grupos parlamentarios informarán lo que deseen mantener, como lo permite el acuerdo. Los turnos del asunto se publicarán en la Gaceta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 350 BIS 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 350 BIS 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE UTILIZACIÓN DE CADÁVERES CON FINES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El uso de cadáveres con fines académicos es una práctica para las escuelas de medicina desde hace muchos años.

Así se prepara a los futuros médicos en la práctica quirúrgica y el conocimiento anatómico del cuerpo humano.

Alguna complicación quirúrgica en una persona puede obligar al cirujano a pinzar la arteria interna para evitar que muera, con eso se salvan muchas vidas, no se puede hacer en un domy, no se puede hacer en un simulador, se tiene que hacer en lo más cercano a un sujeto vivo que es un cadáver humano.

Los cadáveres al no ser identificados ni reclamados, el Servicio Médico Forense otorga el depósito de los cuerpos a las universidades.

Cuando llegan, se les registra en bitácoras electrónicas y escritas, se les realiza una ficha de identificación y se embalsaman.

Ya una vez terminado este proceso se depositan en unas tinas de conservación, están en inmersión en una sustancia que conserva por mucho más tiempo al cuerpo en perfectas condiciones, está muy bien hidratado y posteriormente conforme se van estableciendo el número de grupos de acuerdo a la programación que se hace por las autoridades del Instituto y de la Escuela, entonces se determina cuántos cuerpos van a disponer para trabajar a lo largo del semestre.

A los estudiantes de Anatomía Humana se les enseña la estructura ósea del cuerpo humano, incisiones en la piel, músculos, arterias, nervios, entre otros.

Es un plus el contar con un cuerpo humano, es lo más semejante a nosotros. Los modelos anatómicos también se parecen mucho, pero son de plástico o son de tejido que no son humanos, son tejidos artificiales, que por más que simulen el tacto que nos da tener músculo hidratado en un cuerpo humano, tenerlo aquí y que el alumno lo toque, sienta la consistencia de una arteria, un nervio, una vena, la profundidad, etc, no se compara con mucho el contar con este elemento.

El Tribunal Superior de Justica del Distrito Federal (TSJDF), mediante el Servicio Médico Forense (Semefo), firmó en marzo del 2011 un Convenio para la utilización de cadáveres de personas desconocidas con fines de docencia e investigación, con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La meta fundamental del convenio es lograr una mejor investigación científica sobre la muerte, y ampliar el conocimiento de la anatomía humana, la disección y la histología, y otras tantas disciplinas que ayudan a resolver mejor nuestras propias vidas.

La preparación de los jóvenes estudiantes de la ciencia y del arte médico en las diversas variantes de su compleja y fascinante especialidad profesional, es garantía para todos de que seguiremos contando con la mejor medicina de que podemos disponer los mexicanos. Para ello han de valerse de cadáveres humanos en los términos de la ley y sujetos a los mismos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 350 BIS 3.-

En ambos casos es indispensable la expedición previa del Certificado de Defunción o del Certificado de Nacido Muerto, según corresponda.

TRANSITORIO

Único: el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Atentamente

Sen. Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum.- Sen. Hilda Flores Escalera.- Sen. Lilia Merodio Reza.- Sen. Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Diputada Leticia López Landero, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, diputada LETICIA LÓPEZ LANDERO, del grupo parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 fracción II, del Reglamento Interior del Congreso me permito someter a esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo.

Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO estipulan las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación. Estos instrumentos promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión.

Corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como política, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias educativas.

La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad.1

Aunado a lo anterior, y toda vez que la educación es un derecho, tenemos que el Estado Mexicano los contempla en los siguientes ordenamientos tanto nacionales como internacionales.

De esta manera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

Artículo 3º.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

Párrafo reformado DOF 12-11-2002, 09-02-2012

Ahora bien, por lo que hace a la Ley General de Educación, este ordenamiento refrenda lo establecido constitucionalmente como se aprecia en la siguiente redacción:

Artículo 2º.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Párrafo reformado DOF 11-09-2013

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.
Párrafo reformado DOF 17-04-2009

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

Párrafo reformado DOF 17-04-2009, 17-04-2009, 28-01-2011

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;

Fracción reformada DOF 28-01-2011

II y III…

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

Fracción reformada DOF 17-06-2008, 28-01-2011

VII a XIV Bis…

XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.
Fracción adicionada DOF 17-04-2009

XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

En cuanto a los instrumentos internacionales tenemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece lo siguiente:

Artículo 26.

1. Toda persona tienen derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

Por otra parte, el abuso sexual se define y tipifica en el artículo 260 del Código Penal Federal como: "Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula”.

Esta conducta delictiva ha llegado a afectar mayormente a los menores de edad, algunas cifras resultan alarmantes, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Sin embargo, de las pocas cifras que se tienen al respecto, se puede confirmar que el principal riesgo se encuentra en el entorno familiar y posteriormente en aquellos espacios donde confluyen menores de edad, como los centros educativos, de ahí la importancia de que se establezcan medidas preventivas y así estar en posibilidad de evitar este flagelo que hoy en día suma miles de víctimas.

En efecto, las niñas, niños y adolescentes son el sector de la población que se encuentra mayormente expuesto a ser víctimas de abuso sexual por sus propias características y grado de desarrollo, es un gran grupo que se encuentra en alta vulnerabilidad frente al hábil modus operandi de los pederastas.

Es por ello que la falta de atención de las autoridades, la ausencia de campañas de sensibilización y prevención, principalmente en centros educativos, lo que hace necesario establecer mecanismos de comunicación dirigidos a los padres de familia y a los propios educandos para estar en posibilidad de sensibilizar y prevenir este delito que se ha convertido en un fenómeno alarmante en nuestro país.

Asimismo, otro tema de grave preocupación es el riesgo al que se encuentran expuestos los menores de edad que hacen uso de herramientas tecnológicas como el Internet.

Hoy en día el internet es una herramienta indispensable y de gran utilidad para la humanidad, las propias niñas, niños y adolescentes, a diferencia de las personas adultas, son una generación que nació dentro del mundo de la informática y utilizan esta herramienta diariamente, por lo que se encuentran plenamente familiarizados con su uso constante ya sea para obtener información para realizar tareas escolares, interactuar en redes sociales, chatear y demás actividades de esparcimiento.

El uso de Internet por menores sin supervisión y control por parte de un adulto o de los padres, representa una amenaza grave para las niñas, niños y adolescentes que sin saberlo pueden ser víctimas de delincuentes que aprovechan la facilidad de contacto que brinda la red para secuestrar, explotar o abusar sexualmente de ellos.

Como podemos apreciar, los riesgos en la falta de supervisión en el uso del Internet representan un caso preocupante, sobre todo porque el Internet se ha convertido en un medio de fácil acceso, en donde se pueden contactar miles de personas que en la vida real no se conocen y en donde la identidad puede ser fácilmente encubierta, situaciones que son aprovechadas por los delincuentes.

Asimismo, es menester resaltar que las niñas, niños y adolescentes olvidan que son responsables de sus acciones en la red o que pueden ser víctimas de acosadores, intimidadores o estafadores, y de información nociva, como la pornografía o la violencia.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que el niño tiene derecho a la igualdad frente a la ley y el derecho a la protección, así como la obligación del Estado a adoptar medidas legislativas para lograr dicha protección, en el caso que nos ocupa, contra toda forma de abuso sexual, así lo indica el artículo 19 y 34:

"Artículo 19. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo."

"Artículo 34. Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra toda forma de explotación y abuso sexuales.

En este sentido, las escuelas resultan el principal punto de contacto de menores, siendo el espacio propicio para que la autoridad pueda interactuar con los padres de familia y así poder implementar acciones de prevención y orientación respecto a estos graves problemas que actualmente ya suman miles de niñas, niños y adolescentes víctimas, y de esta manera, estar en posibilidad de reducir el riesgo de que nuestros niños sean presa de los pederastas en internet o en cualquier otro lugar.

Por lo anterior, la presente iniciativa pretende proteger a los menores de edad, así como dar cumplimiento a los instrumentos internacionales que en materia de niñas, niños y adolescentes, han sido suscritos y ratificados por México.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVBIS AL ARTICULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

Artículo Único.  Se adiciona una fracción XV Bis al artículo 33 de Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33.

I. a XV.-…

XV Bis. Promoverán mecanismos de orientación, comunicación y seguridad en materia de prevención del abuso sexual dirigido a los padres de familia o tutores y a los educandos.

XVI.- al XVII.-…

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Sede de la Comisión Permanente,
el 10 de junio de 2015.

Dip. Leticia López Landero.

1 http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT)

La suscrita, LILIA AGUILAR GIL, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGA EL ARTÍCULO 146 Y SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 331, UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 334, DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 337 Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 338 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SE REFORMANLOS ARTÍCULOS 49, FRACCIÓN IV,332, 333, 334,336, 338, 340, 342, 343 Y 998 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 13 Y 222 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En México existen alrededor de 2 millones 209 mil 821 trabajadoras y trabajadores al servicio del hogar,1 jurídicamente conocido como trabajador doméstico. Por razones históricas este grupo de trabajadores recibe un trato discriminatorio en la legislación laboral, es decir, diferenciado y no justificado, ya que la jurisprudencia y normativa especial les brinda menos derechos que a los trabajadores en general, a pesar de ser también “una persona física que presta a otra, física o moral un trabajo personal subordinado”, conforme a lo establecido en el artículo 8 y 20 de la Ley Federal del Trabajo.

El perfil socioeconómico de los y las trabajadoras del hogar refleja su situación de vulnerabilidad, al tratarse de un sector altamente feminizado, con baja educación y un nulo acceso a servicios médicos:

Nueve de cada diez personas que lo ejercen son mujeres;

Ocho de cada cien son personas analfabetas;

Sólo el 2.8 por ciento cuentan con seguridad social y fueron contratadas bajo un esquema de trabajo formal.

La situación de vulnerabilidad en que se encuentran las y los empleados al servicio del hogar se ve reforzado por la falta de acceso inmediato a redes de amigos y familiares; la discriminación a la que son objeto y su origen en estratos sociales medios y bajos.

Del análisis del fenómeno se desprende que el problema es la falta de regulación adecuada por parte del Estado. Sin embargo el servicio del hogar se genera en un contexto muy específico que dificulta la intervención gubernamental: se presta en el lugar de residencia de las personas, icono de la esfera privada de los ciudadanos; se rige por usos y costumbres; el empleador no es un ente productivo que genere utilidades y existe poco empoderamiento de los trabajadores del hogar que impulse un mayor conocimiento público del mismo y de la defensa de sus derechos.

La situación de vulnerabilidad, sumado a los factores señalados en el párrafo anterior, genera espacios propicios para que se cometan abusos y explotación laboral en contra de estos trabajadores, especialmente su derecho a un trabajo digno, integridad física y mental, a una vida libre de violencia, así como su derecho a la salud, a la vivienda y a la educación.

México no es un caso aislado, en el mundo existen al menos 53 millones de trabajadores domésticos, sin incluir a niños y niñas, donde se reproduce la informalidad laboral, falta de información sobre los alcances que tiene la prestación de servicios y ausencia de legislación que regule el trabajo doméstico.

En respuesta, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha impulsado desde el 16 de junio de 2011, la firma del Convenio número 189 y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, bajo la premisa de que “los trabajadores del hogar no son ni sirvientes, ni miembros de la familia, ni trabajadores de segunda clase”.

Así conforme al Convenio número 189, los Estados miembros deben adoptar las siguientes medidas:

Promover y proteger efectivamente los derechos humanos de los trabajadores domésticos.

Respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo (libertad de asociación y sindical, negociación colectiva, eliminación de trabajo forzoso e infantil).

Establecer una edad mínima para esta clase de trabajadores.

Erradicar toda forma de abuso, acoso y violencia.

Generar condiciones de empleo equitativo y decente que respete la privacidad. (Asegurar que los empleados puedan decidir si residir o no en el hogar en que trabajan, disponer de libertad para realizar las actividades deseadas en el periodo vacacional y de descanso).

Promover información sobre las condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia mediante contratos escritos con elementos mínimos.

Asegurar condiciones claras y seguras en el empleo internacional, antes de que se crucen las fronteras nacionales.

Asegurar la igualdad de trato entre trabajadores en general y los del hogar.

Brindar descanso semanal de 24 horas consecutivas.

Considerar como horas de trabajo los periodos en que los trabajadores domésticos deban permanecer disponibles para cualquier eventualidad.

Establecer un régimen de salario mínimo, sin discriminación por sexo.

Asegurar el pago del salario al menos una vez al mes, en efectivo, o en su caso alguna otra modalidad como transferencia bancaria o cheque bancario.

Brindar un entorno de trabajo seguro y saludable, dichas medidas podrán ser adoptadas de forma progresiva.

Condiciones de seguridad social, inclusive lo relativo a la maternidad, en igualdad de circunstancias que los trabajadores en general, dichas medidas podrán ser adoptadas de forma progresiva.

Regular adecuadamente el funcionamiento de las agencias de empleo privada que contraten o coloquen a trabajadores domésticos.

Asegurar la existencia de mecanismos y procedimientos adecuados para la investigación de quejas de las agencias de empleo privadas.

Propiciar la cooperación y colaboración entre países en el mercado laboral internacional de agencias de empleo privadas.

Asegurar que los trabajadores domésticos, ya sea en persona o por medio de un representante, tengan acceso efectivo a los tribunales o a otros mecanismos de resolución de conflictos en condiciones similares a las de los trabajadores en general.

Formular y poner en práctica medidas relativas a la inspección del trabajo, la aplicación de las normas y las sanciones.

Esta Convención aun no ha sido firmada por el Estado Mexicano, en abril de este año la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encuentra analizando la compatibilidad del acuerdo con las normas nacionales.2

Por lo que hace a estas últimas, en el sistema jurídico mexicano los principios y derechos que rigen el derecho laboral se encuentran previstos en los artículos 5° y123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se regulan en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. En estas últimas existen disposiciones que norman en específico el trabajo doméstico.

En nuestro país la Constitución brinda a toda persona el derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, por lo que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Los derechos laborales establecidos en la Constitución se dividen en dos tipos de trabajadores, los que tienen una relación con los Poderes de la Unión o con el Gobierno del Distrito Federal (Apartado B), y aquellos que tienen una relación con cualquier otro empleador (Apartado A).

Para el caso de los trabajadores en general, es decir los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y cualquier contrato de trabajo, se estipulan ciertos derechos mínimos que incluyen: la duración máxima de una jornada; el derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo; derecho a un salario mínimo, que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación de los hijos; edad mínima de quince años; pago doble de las horas extras; derecho a habitaciones cómodas e higiénicas –misma que se cumple a través de aportaciones al fondo nacional de la vivienda–; brindar capacitación o adiestramiento para el trabajo; responsabilidad por los accidentes de trabajo y de las enfermedades de los trabajadores –sufridas con motivo del trabajo que lleven a cabo– y el derecho a formar sindicatos o asociaciones gremiales. Asimismo establece que la Ley de Seguro Social es de utilidad pública y comprende los seguros de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, servicios de guardería, entre otros.

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 331 y 332, establece que el trabajador doméstico es aquel que presta servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia. No se incluye en esta categoría a las personas que prestan servicios de aseo, asistencia u otros semejantes en restaurantes, hospitales, sanatorios y otros establecimientos similares; ni a los porteros o veladores de los establecimientos anteriores o de edificios de departamentos y oficinas.

En los artículos subsiguientes del Capítulo XIII de la Ley Federal del Trabajo, se establecen los derechos que tienen los trabajadores domésticos en México:

Los trabajadores que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deben de disfrutar de al menos nueve horas de descanso nocturno consecutivas y de tres horas entre sus actividades matutinas.

La retribución comprende además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación, estos últimos se estimarán equivalentes al 50 por ciento del salario que se pague en efectivo.

Derecho a un salario mínimo fijado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Derecho a un descanso semanal de un día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo. Se podrá acumular el medio día cada dos semanas, pero en ningún caso podrá pasar una semana sin un descanso de un día completo.

Derecho a gastos de sepelio en caso de muerte.

En caso de enfermedad ajena al trabajo, derecho a recibir el salario correspondiente hasta por un mes.

En caso de enfermedad no crónica, proporcionar asistencia médica hasta la curación o que hasta que se cuente con un servicio asistencial.

En caso de enfermedades crónicas y si el trabajador ha prestado su servicio durante por lo menos seis meses, proporcionar asistencia médica hasta por tres meses, o hasta que se haga cargo del trabajador un servicio asistencial.

Asimismo, se establecen como obligaciones del empleador, y por tanto como derechos del trabajador:

Guardar consideración al trabajador doméstico.

Abstenerse de infligir malos tratos de palabra u obra.

Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud.

Cooperar para la instrucción general, y se encuentra compelido so pena de multa a que su trabajador complete los estudios de nivel primaria.

En cuanto a la recisión de la relación laboral, se estipula como causa justificada el incumplimiento de las obligaciones tanto del empleador como del trabajador; asimismo, el trabajador puede dar por terminada la relación laboral en cualquier momento con un aviso anticipado de ocho días; o bien el patrón puede darla por terminada sin responsabilidad si se encuentra dentro de los treinta días siguientes en que se iniciaron los servicios o en cualquier tiempo si paga la indemnización correspondiente. En caso de despido injustificado, los patrones no tienen obligación de reinstalar al trabajador, aunque si deben indemnizarlo, equiparando así a los trabajadores domésticos como trabajadores de confianza.

Finalmente, de conformidad con los artículos 136 y 146 de la Ley Federal del Trabajo se exime a los empleadores de la obligación de pagar las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda en el caso de los trabajadores del hogar.

Respecto a los derechos que se regulan de manera general en la Constitución y la Ley en la materia, y la existencia de normas especiales para el caso de los trabajadores en el hogar, i.e. las horas extras; la jurisprudencia ha tendido a hacer una interpretación sui generis al respecto, señalando que las normas de carácter general del derecho laboral no son aplicables de la misma forma que a los trabajadores en general, restringiendo en muchas ocasiones garantías laboral esa los empleados de hogar. En este sentido se señala:

De conformidad con el artículo 181 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajos denominados especiales, entre los que se encuentra el trabajo doméstico, se regulan por las disposiciones especiales del título VI de dicho ordenamiento y por las generales en cuanto no las contraríen. […]3

De los artículos 181, 331, 333, 60, 61 y 66 de la Ley Federal del Trabajo, deriva que la duración de la jornada laboral de los trabajadores domésticos se rige por las reglas generales, en tanto que en el capítulo especial no hay norma que las contraríen […].4

Dicha interpretación se ha dado sobre todo en los temas de horas extras, alimentación y vivienda. El problema es que la normativa del empleo del hogar se ha dado a partir de la aplicación del criterio de interpretación de especialidad “lexspecialisderogatlegigenerali” ante el conflicto de dos normas, una general y otra especial, prevalece la segunda.

No obstante esta forma de construir las normas del empleo doméstico ignora otras normas de interpretación. En primer lugar el criterio jerárquico en que la ley superior prevalece sobre la inferior, por lo que la aplicación de las normas para los trabajadores domésticos debe estar conforme a los criterios generales que se incluyen en la Constitución y son más garantistas en relación a los que regulan realmente al sector. En segundo lugar el principio pro persona, bajo el cual se debe de aplicar la norma que más beneficie a la persona.

De la descripción realizada hasta el momento se advierte que actualmente la legislación nacional protege algunos de los derechos laborales que las recientes normas internacionales buscan garantizar, entre ellos están:

Jornadas de descanso;

Salario mínimo;

Edad mínima;

Mecanismos para acudir ante los tribunales para defender los derechos consagrados en la Ley Federal;

Existen normas que buscan generar un ambiente seguro y saludable para el trabajador, como la obligación del patrón de asegurar la vivienda digna, alimentación adecuada y suficiente.

De un análisis cruzado entre el Convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley Federal del Trabajo se advierte que no existen las normas que garanticen o que propicien a los trabajadores domésticos o del hogar los siguientes derechos:

Libertad de asociación y de negociación colectiva;

Que las obligaciones y deberes laborales estén claramente establecidos en un contrato escrito, así como los términos y condiciones de trabajo;

Derecho a recibir un pago periódico;

Acceso a condiciones de seguridad social;

Normas que protejan el ámbito privado del trabajador doméstico;

Prohibición de cualquier forma de abuso, violencia o maltrato, no sólo como una mera procuración.

En cuanto a la libertad de asociación y negociación colectiva, la naturaleza de la relación de trabajo doméstico ha impedido el ejercicio efectivo de este derecho y son excepcionales las asociaciones con este objetivo. Existen antecedentes de sindicatos gremiales a nivel local, sobre todo en Baja California Sur, Chihuahua, el Distrito Federal, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz. No obstante hoy en día no existen sindicatos, principalmente porque los y las empleadas dejaron de afiliarse porque no se interiorizan como trabajadoras, sino como miembros de una familia; o el estigma de formar parte de un sindicato resultaba más perjudicial que benéfico.5

En cuanto el derecho a brindar una vivienda cómoda e higiénica que tienen todos los trabajadores, incluyendo los empleados domésticos, la Constitución señala que esta obligación se cumple mediante el pago al Fondo Nacional de la Vivienda. Pero la Ley Federal del Trabajo señala que dicha norma no es aplicable para los trabajadores domésticos, lo que sólo encuentra explicación bajo la lógica de que los empleados domésticos habitan en el hogar de sus patrones.

Lo anterior no toma en cuenta los distintos tipos de trabajadores domésticos que existen, como son los que viven fuera del lugar donde trabajan. Al no establecer una distinción de los distintos empleados domésticos que hay en la práctica, se vulnera el derecho a una vivienda cómoda e higiénica de aquellos que no habitan en el hogar de trabajo, que conforme a las estadísticas ya descritas corresponden al 95.6 por ciento, pues los empleadores no les brindan una vivienda cómoda e higiénica, ni se pagan aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para que los trabajadores tengan acceso a un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

En cuanto el acceso a servicios de seguridad social, si bien la Ley Federal de Trabajo busca brindar a los empleados domésticos algunos derechos básicos a la salud, como tener derecho al sueldo durante un mes en caso de enfermedad no laboral, derecho a que el empleador pague el tratamiento en caso de enfermedad no crónica o el derecho al pago de tres meses de sueldo en caso de enfermedad crónica; lo cierto es que el mismo no es equiparable a las prestaciones que reciben los trabajadores en general, a través del seguro social, que incluyen los seguros de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, servicios de guardería, entre otros.

En México, el acceso de los trabajadores a la seguridad social es un derecho. De conformidad con la Ley del Seguro Social, existe un régimen obligatorio, a cargo del patrón y el Estado principalmente y en menor medida del trabajador, y un régimen voluntario, a cargo del trabajador. En el artículo 13 de dicha Ley se prevé que el empleado doméstico puede ser sujeto de aseguramiento voluntario en el régimen obligatorio, lo que implica que sea sólo el patrón quien pueda ir a registrar al empleado y bajo un convenio restringido, por ejemplo la pensión sólo abarca un salario mínimo.

Ante las dificultades que implica para los patrones la inscripción al seguro social tienden a darles el dinero para que ellos adquieran el seguro popular o el seguro para la familia que da el IMSS que sólo les brinda acceso a servicio médico, por lo que trabajador es el que en caso de así desearlo puede inscribirse al seguro social y que él mismo sufragará las cuotas a menos que le dé el dinero su empleador.

En este último caso, es de considerar que en caso de inscripción, ésta no incluye el derecho de acumular semanas cotizadas, por lo que no genera derechos para recibir una pensión, riesgo por accidentes de trabajo, maternidad, entre otras.

Las razones de un trato diferenciado entre los trabajadores en general y los empleados domésticos se puede encontrar en que una de las bases del derecho laboral es la lucha entre clases, así los derechos laborales tienen una razón de ser en un contexto de defensa de los trabajadores frente a un empresario que se dedica a alguna actividad productiva y no hace partícipe a los obreros o trabajadores de la plusvalía que genera su trabajo. Lo anterior es posible advertirlo en la redacción del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde los vocablos patrón, patrono, empresario y empresa se utilizan indistintamente.

En consecuencia, el empleado doméstico trabaja no para una empresa productiva, sino para un particular, en el ámbito de su vida privada y por tanto existe una explicación histórica y económica para esta clase de distinción en la ley. No obstante, desde la segunda mitad del siglo XX se ha desarrollado una concepción más amplia de los derechos humanos, entre ellos los derechos laborales, que deben de interpretarse bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, mismos que se incorporaron en nuestra Constitución en 2011.

Bajo esta lógica, los derechos laborales deben de ser aplicados a todos aquellos que realicen una actividad remunerada de supra subordinación, atendiendo a las características del caso para logara garantizar efectivamente los mismos y evitar que queden en letra muerta.

Contenido de la iniciativa

En virtud de lo señalado, se considera necesario realizar las adecuaciones necesarias al marco jurídico que regula la actividad de prestación de servicios en el hogar para que estén acordes a las normas internacionales y así México pueda ratificar el Convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo con el fin de garantizar los derechos laborales en igualdad de circunstancias a los trabajadores domésticos. Especialmente en lo que hace a los horarios de trabajo, edades mínimas, jornadas de trabajo, existencia de contratos.

Aunado a lo anterior, y bajo una lógica de progresividad de los derechos sociales se propone que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y la Secretaría de Desarrollo Social, tenga la facultad específica de impulsar los derechos laborales entre los trabajadores del hogar a través de acciones y políticas tendientes a la formalización del sector, integración a la seguridad social en consideración del tipo de empleador, garantizar el derecho de acceso a una vivienda cómoda e higiénica, derecho a la educación, así como garantizar y promover la organización sindical.

En este sentido es importante señalar que el ejercicio efectivo del derecho a la asociación de este sector laboral puede ser una de las vías que permita garantizar que los trabajadores del hogar logren estándares mínimos de contratación, donde se fijen claramente sus derechos y obligaciones. Es menester recordar que conforme a los datos del INEGI ocho de cada diez empleados domésticos no tiene seguro médico, seis de cada diez no cuentan con vacaciones, aguinaldo, horas de descanso o jornadas laborales establecidas.

Bajo este contexto se proponen las siguientes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ley Federal del Trabajo

 Disposiciones actuales

Disposiciones propuestas

Artículo 49.- El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes:

I. al III.

IV. En el servicio doméstico; y

V.

Artículo 49.- El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes:

I. al III.

IV. En el servicio del hogar; y

V.

Artículo 146.- Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el Artículo 136 de esta Ley por lo que toca a los trabajadores domésticos.

Artículo 146.- Se deroga.

CAPITULO XIII
Trabajadores domésticos

CAPITULO XIII
Trabajadores del hogar

Artículo 331.- Trabajadores domésticos son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia.

Sin correlativo

 

 

 


Sin correlativo

 

 

Sin correlativo

Artículo 331.- Trabajadores del hogar son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia.

Los trabajadores del hogar podrán ser:

A) Los que vivan en el lugar donde prestan los servicios del hogar.

B) Los que acudan al lugar de trabajo, distinto a su residencia, con un solo patrón.

C) Los que acudan al lugar de trabajo, distinto a su residencia, con dos o más patrones.

El empleador doméstico se encuentra obligado a celebrar el contrato de la relación laboral donde se indique los derechos y obligaciones de las partes.

Para celebrar un contrato laboral en el supuesto a que hace referencia el inciso a) del párrafo segundo del presente artículo, el trabajador deberá contar con la mayoría de edad.

Artículo 332.- No son trabajadores domésticos y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones generales o particulares de esta Ley:

I. Las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos análogos; y

II. Los porteros y veladores de los establecimientos señalados en la fracción anterior y los de edificios de departamentos y oficinas.

Artículo 332.- No son trabajadores del hogar y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones generales o particulares de esta Ley:

I.

 

 

 

 

II.

Artículo 333. Los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Artículo 333. Los trabajadores del hogar que habitan en el lugar donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de cinco horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Artículo 334.- Salvo lo expresamente pactado, la retribución del doméstico comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo.

 

Sin correlativo

Artículo 334.- Salvo lo expresamente pactado, la retribución del servicio del hogar comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación, según sea el caso. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 25%, respectivamente, del salario que se pague en efectivo.

En ningún caso la retribución podrá constar sólo de los alimentos y/o la habitación que se proporcione al trabajador del hogar.

Artículo 336. Los trabajadores domésticos tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo.

Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana.

Artículo 336. Los trabajadores del hogar tienen derecho al menos a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo.

Artículo 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar consideración al trabajador doméstico, absteniéndose de todo mal trato de palabra o de obra;

Sin correlativo

 

II. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; y

 

III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador doméstico, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes.

Artículo 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar consideración y respeto al trabajador doméstico;

 

II. Queda prohibido el mal trato, físico o verbal o de cualquier otra forma;

III. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud, en caso de los empleados a que hace referencia el artículo 332, inciso a).

IV. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador doméstico, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes.

Artículo 338.- Además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, en los casos de enfermedad que no sea de trabajo, el patrón deberá:

I. Pagar al trabajador doméstico el salario que le corresponda hasta por un mes;

II. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica entre tanto se logra su curación o se hace cargo del trabajador algún servicio asistencial; y

III. Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus servicios durante seis meses por lo menos, proporcionarle asistencia médica hasta por tres meses, o antes si se hace cargo del trabajador algún asistencial.

 

Sin correlativo

Artículo 338.- Además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, en los casos de enfermedad que no sea de trabajo, el patrón deberá:

I. Pagar al trabajador doméstico el salario que le corresponda hasta por tres meses;

II. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica entre tanto se logra su curación o se hace cargo del trabajador algún servicio asistencial; y

III. Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus servicios durante seis meses por lo menos, proporcionarle asistencia médica hasta por seis meses y el pago de su sueldo, o antes si se hace cargo del trabajador algún asistencial.

Las obligaciones establecidas en las fracciones I y III del párrafo anterior se reducirán a la mitad en caso de que el patrón haya inscrito a su trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Artículo 340.- Los trabajadores domésticos tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar al patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar donde prestan sus servicios, consideración y respeto; y

II. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa.

Artículo 340.- Los trabajadores del hogar tienen las obligaciones especiales siguientes:

I.

 

 

II.

Artículo 342.- El trabajador doméstico podrá dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al patrón con ocho días de anticipación.

Artículo 342.- El trabajador del hogar podrá dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al patrón con tres días de anticipación.

Artículo 343.- El patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del servicio; y en cualquier tiempo, sin necesidad de comprobar la causa que tenga para ello, pagando la indemnización que corresponda de conformidad con los dispuesto en los artículos 49, fracción IV, y 50.

Artículo 343.- El patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del servicio; y en cualquier tiempo, sin necesidad de comprobar la causa que tenga para ello, pagando la indemnización que corresponda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, fracción IV, y 50.

Artículo 998. Al patrón que no facilite al trabajador doméstico que carezca de instrucción, la asistencia a una escuela primaria, se le impondrá multa por el equivalente de 50 a 250 veces el salario mínimo general.

Artículo 998. Al patrón que no facilite al trabajador del hogar, al que se hace referencia en el Artículo 331,  fracción I de esta Ley, que carezca de instrucción, la asistencia a una escuela primariay secundaria, se le impondrá multa por el equivalente de 50 a 250 veces el salario mínimo general.

Ley del Seguro Social

Disposiciones actuales

Disposiciones propuestas

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:

I.

II. Los trabajadores domésticos;

III. a V. …

Mediante convenio con el Instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo.

Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal.

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:

I.

II. Los trabajadores del hogar;

III. a V. …

 

 

Artículo 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo, se realizará por convenio y se sujetará a las siguientes modalidades:

I. Podrá efectuarse en forma individual o de grupo a solicitud, por escrito, del sujeto o sujetos interesados. En el caso de incorporación colectiva cada uno de los asegurados será responsable de sus obligaciones frente al Instituto;

 


II. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala este capítulo, comprende:

a)

b) Para los sujetos a que se refiere la fracción II del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones en especie de los seguros de riesgos de trabajo y de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en los términos de los capítulos respectivos;

Sin correlativo

 

 

c) al d) …

e) ...

Artículo 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo, se realizará por convenio y se sujetará a las siguientes modalidades:

I. Podrá efectuarse en forma individual o de grupo a solicitud, por escrito, del sujeto o sujetos interesados. Para los sujetos a que se refiere la fracción II del artículo 13 de esta Ley, la inscripción podrá realizarse por el patrón persona física o por el trabajador. En el caso de incorporación colectiva cada uno de los asegurados será responsable de sus obligaciones frente al Instituto;

II. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala este capítulo, comprende:

a)

b) Para los sujetos a que se refiere la fracción II del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo y las prestaciones en especie de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en los términos de los capítulos respectivos;

A solicitud de los interesados, el esquema de aseguramiento podrá comprender mayores derechos a los establecidos en el convenio, conforme a las normas que establezca el Instituto.

c) al d) …

e) ...

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

 Disposiciones actuales

 Disposiciones propuestas

Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XVIII. …

XIX. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

 

Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XVIII. …

XIX. Impulsar los derechos laborales entre los trabajadores del hogar a través de acciones y políticas tendientes a la formalización del sector, integración a la seguridad social, garantizar el derecho de acceso a una vivienda cómoda e higiénica, así como garantizar y promover la organización sindical. Lo anterior en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y la Secretaría de Desarrollo Social.

XX. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Diputada Lilia Aguilar Gil del Grupo Parlamentario del Trabajo presenta a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el se deroga el artículo 146 y se adicionan tres párrafos al artículo 331, un párrafo segundo al artículo 334, dos fracciones al artículo 337 y un párrafo segundo al artículo 338 de la Ley Federal del Trabajo, se reforman los artículos 49, fracción IV,332, 333, 334,336, 338, 340, 342, 343 y 998 de la Ley Federal del Trabajo, así como el artículo 13 y 222 de la Ley del Seguro Social y se adiciona una fracción al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

PRIMERO. Se deroga el artículo 146; se adicionan tres párrafos al artículo 331, un párrafo segundo al artículo 334, dos fracciones al artículo 337 y un párrafo segundo al artículo 338 y se reforman los artículos 49, fracción IV, 332, 333, 334, 336, 338, 340, 342, 343 y 998, todos de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 49.- El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes:

I. al III.

IV. En el servicio del hogar; y

V.

Artículo 146.- Se deroga.

CAPITULO XIII

Trabajadores del hogar

Artículo 331.- Trabajadores del hogar son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia.

Los trabajadores del hogar podrán ser:

A) Los que vivan en el lugar donde prestan los servicios del hogar.

B) Los que acudan al lugar de trabajo, distinto a su residencia, con un solo patrón.

C) Los que acudan al lugar de trabajo, distinto a su residencia, con dos o más patrones.

El empleador doméstico se encuentra obligado a celebrar el contrato de la relación laboral donde se indique los derechos y obligaciones de las partes.

Para celebrar un contrato laboral en el supuesto a que hace referencia el inciso a) del párrafo segundo del presente artículo, el trabajador deberá contar con la mayoría de edad.

Artículo 332.- No son trabajadores del hogar y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones generales o particulares de esta Ley:

I.

II.

Artículo 333. Los trabajadores del hogar que habitan en el lugar donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de cinco horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Artículo 334.- Salvo lo expresamente pactado, la retribución del servicio del hogar comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación, según sea el caso. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 25%, respectivamente, del salario que se pague en efectivo.

En ningún caso la retribución podrá constar sólo de los alimentos y/o la habitación que se proporcione al trabajador del hogar.

Artículo 336. Los trabajadores del hogar tienen derecho al menos a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo.

Artículo 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar consideración y respeto al trabajador doméstico;

II. Queda prohibido el mal trato, físico o verbal o de cualquier otra forma;

III. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud, en caso de los empleados a que hace referencia el artículo 332, inciso a).

IV. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador doméstico, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes.

Artículo 338.- Además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, en los casos de enfermedad que no sea de trabajo, el patrón deberá:

I. Pagar al trabajador doméstico el salario que le corresponda hasta por tres meses;

II. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica entre tanto se logra su curación o se hace cargo del trabajador algún servicio asistencial; y

III. Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus servicios durante seis meses por lo menos, proporcionarle asistencia médica hasta por seis meses y el pago de su sueldo, o antes si se hace cargo del trabajador algún asistencial.

Las obligaciones establecidas en las fracciones I y III del párrafo anterior se reducirán a la mitad en caso de que el patrón haya inscrito a su trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Artículo 340.- Los trabajadores del hogar tienen las obligaciones especiales siguientes:

I.

II.

Artículo 342.- El trabajador del hogar podrá dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al patrón con tres días de anticipación.

Artículo 343.- El patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del servicio; y en cualquier tiempo, sin necesidad de comprobar la causa que tenga para ello, pagando la indemnización que corresponda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, fracción IV, y 50.

Artículo 998. Al patrón que no facilite al trabajador del hogar, al que se hace referencia en el Artículo 331,  fracción I de esta Ley, que carezca de instrucción, la asistencia a una escuela primaria y secundaria, se le impondrá multa por el equivalente de 50 a 250 veces el salario mínimo general.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO. Se reforman los artículos 13 y 222 y se adiciona un segundo párrafo al inciso b) del artículo 222, todos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue.

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:

I.

II. Los trabajadores del hogar;

III. a V. …

Artículo 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo, se realizará por convenio y se sujetará a las siguientes modalidades:

I. Podrá efectuarse en forma individual o de grupo a solicitud, por escrito, del sujeto o sujetos interesados. Para los sujetos a que se refiere la fracción II del artículo 13 de esta Ley, la inscripción podrá realizarse por el patrón persona física o por el trabajador. En el caso de incorporación colectiva cada uno de los asegurados será responsable de sus obligaciones frente al Instituto;

II. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala este capítulo, comprende:

a)

b) Para los sujetos a que se refiere la fracción II del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo y las prestaciones en especie de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en los términos de los capítulos respectivos;

A solicitud de los interesados, el esquema de aseguramiento podrá comprender mayores derechos a los establecidos en el convenio, conforme a las normas que establezca el Instituto.

c) al d) …

e) ...

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor 180 días después de su publicación.

TERCERO. Se adiciona una fracción XIX al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XVIII. …

XIX. Impulsar los derechos laborales entre los trabajadores del hogar a través de acciones y políticas tendientes a la formalización del sector, integración a la seguridad social, garantizar el derecho de acceso a una vivienda cómoda e higiénica, así como garantizar y promover la organización sindical. Lo anterior en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

XX. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Dip. Lilia Aguilar Gil.

1 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), primer trimestre 2014.

2 Arellano García, César, “Análisis del convenio para la protección a empleadas domésticas, a fin de año: STPS”, en La Jornada, México, 16 de abril de 2015, p.16.

3 Jurisprudencia, Trabajadores domésticos denominados "de entrada por salida". Procedencia del pago de tiempo extraordinario, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, enero de 2012.

4 Tesis aislada, Trabajadores domésticos. Rige para ellos la jornada máxima de ocho horas, Tribunales Colegiados de Circuito, julio de 2011.

5 GoldsmithCorelly, Mary, “Sindicato de trabajadoras domésticas en México: (1920-1950), en Política y cultura, UAM-Xochimilco, No. 1, otoño 1992, pp. 81-85.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 Y 15 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO Y LOS ARTÍCULOS 2 Y 14 DE LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

(Presentada por la Senadora Mónica Tsazna Arriola Gordillo)

La que suscribe, MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República de la LXII legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 Y 15 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, Y 2 Y 14 DE LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción a la mente y agiliza la inteligencia. Además aumenta nuestra cultura, proporciona información, conocimientos y exige una participación activa.

Saber leer es uno de los pilares para la adquisición y la trasmisión del conocimiento en nuestra vida cotidiana, pero también en el ámbito educativo. Es importante por eso que los niños y niñas adquieran y se formen en esta habilidad desde que son pequeños, pues a medida que se va avanzando en el itinerario académico el nivel de exigencia se va incrementando, lo que demanda una mayor destreza lectora y escrita.

Es necesario, fomentar la lectura día a día, ya que por medio de esta, accederemos además a poseer buena escritura, y por ende a expresar mejor nuestras ideas, proyectos, pensamientos y argumentos a la hora de manifestar nuestras inquietudes.

Se sabe que los países más desarrollados cuentan con los índices más altos de lectura y, entonces, la riqueza de esas sociedades se configura desde un elevado umbral cultural. Por otra parte la costumbre de acercarse a los libros, es inculcada a los niños desde pequeños, integrando el mundo de las letras a la vida cotidiana.

Sobre la base de esa premisa, es de suma importancia fomentar en los niños el hacer de la lectura un hábito, ya que significará que en el futuro nos encontremos con personas más conocedoras de las distintas realidades y por ende más tolerantes y conscientes de la diversidad.

México ha sido culturalmente un país alejado de la lectura. Hace un siglo registraba aproximadamente82%de analfabetismo, y hoy esta cifra ha disminuido a 6.9%. Pero esto no ha empujado el consumo de lectura, y aún no hemos forjado este hábito. Justo cuando México se alfabetizaba, la televisión había permeado la vida recreativa de los mexicanos en dimensiones extremas: hoy, a pesar de que la mitad de la población vive en pobreza, 95% de los hogares tienen televisión. 

Según cifras de la UNESCO, México es el penúltimo lugar en consumo de lectura de 108 países, en promedio el mexicano consume menos de tres libros al año y dedica tres horas a la semana a la lectura extraescolar –en comparación con Alemania que lee alrededor de doce.

Números sobre la lectura en México:

Según la Encuesta Nacional de Lectura 2012, sólo 4 de cada 10 personas en México leen.

El promedio de libros leídos al año, por mexicano, es de 2.9.

A 60% de los jóvenes sus padres les inculcaron el hábito de la lectura, mientras que a 80% de los mayores de 56 años, no.

63.8% de los encuestados no tenían hábitos de lectura en su infancia.

48% de los jóvenes nunca han visitado una biblioteca.

42 % de la población dedica su tiempo libre a ver televisión y sólo 12 % prefiere leer.

43 % de la población requiere servicio optométrico.

Según el INEGI, aunque los mexicanos leen poco, sorprendentemente gastan el doble en libros que en bebidas alcohólicas.

En este contexto, las personas con discapacidad encuentran inmensas limitaciones en su acceso a la lectura y la información, dado que sólo un mínimo porcentaje de los libros que se publican, están disponibles en formatos accesibles, tales como audio, braille o macrotipos.

En América Latina se calcula que aún en los países con mejores estructuras, el porcentaje de libros accesibles, en relación a los libros publicados, apenas alcanza un 2%.

Uno de los obstáculos que impiden el crecimiento de la oferta de obras accesibles, son las excesivas barreras producidas por anticuadas leyes de derechos de autor. Como ejemplo, debemos mencionar que sólo un tercio de los países del mundo incluyen en sus legislaciones de derechos de autor, excepciones que permiten que una institución que atiende a personas con discapacidad visual, pueda realizar la transcripción de una obra, sin tener que solicitar dificultosos permisos o tener que pagar derechos para ponerla a disposición de lectores que no pueden acceder de otra forma a esa obra.

Otra limitación está dada por la imposibilidad de que una obra producida en un formato accesible en un país, pueda enviarse para ser utilizada por bibliotecas o personas con discapacidad de otros países, ya que, aún en los países en los que se cuenta con una excepción en favor de las personas con discapacidad visual, el marco legal actual impide esto. Y el intercambio de obras entre países es fundamental en nuestra región, en que compartimos un mismo idioma y se cuenta con escasos recursos dedicados a brindar acceso a la lectura a esta población.

La buena noticia es que gracias al liderazgo de los países de América Latina, se logró acordar el Tratado de Marrakech en junio de 2013 en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este histórico Tratado permitirá derribar las barreras que limitan la producción y circulación de obras accesibles, produciendo un cambio fundamental en el acceso a la información y a la lectura de las personas con discapacidad visual de todo el mundo.

Este Tratado debe aumentar el número de excepciones al derecho de autor para personas con discapacidad visual en las leyes nacionales. También debe permitir y fomentar el intercambio internacional de obras accesibles.

México suscribió el 27 de junio de 2014 el Tratado de Marrakech, lo que facilita a los invidentes y personas con discapacidad visual el acceso a obras publicadas, de esta manera, México reafirmó su política pública de igualdad y no discriminación, inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo y el programa Sectorial de Educación.

Los firmantes del Tratado de Marrakech se comprometen a adoptar o generar una legislación nacional que permita la reproducción, distribución y puesta a disposición de públicos especiales de obras publicadas en formatos que les resulten accesibles.

Asimismo armonizar las limitaciones y excepciones a los derechos de autor, previstas en las legislaciones nacionales, para favorecer el intercambio transfronterizo de obras en formatos accesibles en el caso de organizaciones de apoyo a personas con discapacidad visual.

Con la firma del tratado se espera beneficiar a más de un millón de mexicanos con dificultades para disponer de material de lectura, y ahora tendrán posibilidades de contar con más obras en lenguaje Braille, en audio y macrotipo de autores nacionales extranjeros.

Con la firma, México se convierte en el 68º país miembro del Tratado, que se adoptó el 27 de junio de 2013 en la Conferencia Diplomática de Marrakech, Marruecos.

La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo 285 millones de personas sufren algún grado de discapacidad visual. De ellas 39 millones son totalmente ciegas y 246 millones sufren enfermedades en distintos niveles.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen cinco millones de personas con algún tipo de discapacidad, de ellos 27.2% sufren discapacidad visual.

Sin duda como país estamos en el camino correcto, corresponde ahora que desde todos los poderes se promuevan las reformas correspondientes y las acciones necesarias para hacer realidad el derecho a la lectura de más de un millón de mexicanos y mexicanas. Ese es el objeto de la presente iniciativa.

Como sociedad es obligación de todos el impulsar acciones que hagan de la inclusión una política que llegue a todos los ámbitos, con el compromiso internacional, sin duda se avanza, sin embargo es necesario poner al alcance de todos, el acceso a la lectura en espacios públicos como lo son las bibliotecas, de ahí la propuesta de reforma a la Ley General de Bibliotecas.

Sólo con la participación de todas las instituciones se fortalecerán a nivel de infraestructura los espacios para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, así como la oferta educativa y cultural de los programas que están dirigidos a los diferentes grupos vulnerables de la sociedad.

Es por ello que en el marco de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro se propone la reforma al artículo 10 y 15, incorporando una fracción que mandata a la Secretaría de Educación Pública y al El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura la función de poner al alcance de las mexicanas y mexicanos que sufren discapacidad visual los medios para que tengan acceso al libro y a la lectura.

Considero que una sociedad democrática y equitativa debe tener como prioridad el fomentar la igualdad de oportunidades y la inclusión de todos, la discapacidad debe dejar de ser una causa de exclusión o discriminación, es obligación del Estado tomar las medidas pertinentes para que sin distinción todos los mexicanos y todas las mexicanas vivan en condiciones de igualdad y dignidad.

Con base en las consideraciones expuestas, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 10 y 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y los artículos 2 y 14 de la Ley General de Bibliotecas.

Primero. Se adiciona una fracción IX al artículo 10 y una fracción XVI al artículo 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

Artículo 10.

I…. VIII…

IX. Diseñar y producir los libros y materiales didácticos necesarios para que las personas con discapacidad puedan integrarse al sistema educativo nacional en igualdad de condiciones.

Artículo 15.

I….  XV…

XVI. Apoyar y fomentar la edición, producción y difusión de libros y materiales accesibles para personas con discapacidad.

Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 2 y se reforma el artículo 14, de la Ley General de Bibliotecas, para quedar como sigue:

Artículo 2o.

La biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática y sin discriminación el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber.

Artículo 14.

I.… VI.

VII. Adecuar progresivamente las instalaciones, los acervos y materiales para garantizar a las personas con discapacidad la accesibilidad y uso de las bibliotecas, salas de lectura y servicios de información pertenecientes al Sistema, y las demás que sea análogas a las anteriores que le permitan alcanzar sus propósitos.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, Diputado Federal JOSÉ LUIS OLIVEROS USABIAGA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos que exija gasto de energía de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud; de igual manera el National Heart, Lung and Blood Institute expone la existencia de distintos tipos de actividad física, dentro de los cuales destacan la actividad aeróbica, refiriéndose a actividades que ayudan al movimiento de músculos grandes como los brazos y piernas; las actividades para el fortalecimiento de los músculos los cuales se dedican al incremento de fuerza, potencia y resistencia; las actividades de fortalecimiento de huesos (actividades donde los pies, piernas y brazos sostienen el peso del cuerpo y los músculos ejercen fuerza contra los huesos) y los estiramientos dedicados al mejoramiento de la flexibilidad y la capacidad de movimiento.

Ante ello, la inactividad física pudiera entenderse como un estado de reposo prolongado y que requiere un gasto físico energético de nivel bajo. La inactividades considerada como el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial ya que el

6% de las muertes registradas en todo el mundo se deben en parte a la inactividad física1 siendo asociada directamente con la aparición y falta de control de diversas enfermedades crónicas como la obesidad, hipertensión, diabetes mellitus (27%), osteoporosis entre algunos tipos de cáncer2, principalmente cáncer de mama en un 21% del total mundial de casos registrados y cáncer de colon (25%). De igual modo la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que lamentablemente la inactividad física ha tenido un importante aumento en adultos del 14% en los últimos tres años a nivel mundial.3

El cambio generacional, así como el desarrollo de nuevos tipos de interacciones sociales, han desencadenado que las actividades laborales, el transporte y el tiempo libre se hayan convertido en actividades con muy baja demanda energética por lo que diversos estudios han reportado que las actividades sedentarias tienen una influencia directa con el metabolismo, la salud ósea y cardiovascular, señalando que mientras más prologando sea el tiempo de inactividad, mayor será el riesgo de alteraciones metabólicas.4

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 señala que el 58.6% de los niños y jóvenes entre 10 y 14 años expresan no haber realizado alguna actividad física en deportes durante los 12 meses previos a la encuesta, así mismo la Organización Mundial de la Salud, manifiesta que en México el 22.7% de los jóvenes entre 15 y 18 años de edad son inactivos, mientras que, el 56.2% de los adultos mexicanos no realizan ningún tipo de actividad física en relación a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Comisión Nacional de Cultura Física y

Deporte, siendo la falta de tiempo (57.9%) y el cansancio después de trabajar (16%) las excusas más comunes.

Como se señaló con anterioridad una de las principales consecuencias de la inactividad física es la obesidad, por lo que es importante mencionar que en nuestro país se tienen altos grados de esta enfermedad en diversos sectores de la sociedad, por ejemplo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, indican que uno de cada tres jóvenes de entre 12 y 19 años de edad presenta sobrepeso u obesidad, mientras que el 73% de los adultos presenta la misma problemática, por lo que se ha considerado como el sobrepeso y la obesidad como el principal factor de riesgo de discapacidad y muerte para los mexicanos5.

Así mismo, el Instituto Mexicano para la Competencia A.C. muestra que por lo menos 8.6 millones de mexicanos padecen de diabetes a causa del sobrepeso u obesidad, siendo que apenas el 48% de estas personas están diagnosticadas y reciben un tratamiento, por lo que, anualmente fallecen 59,083 personas a causa de dicha enfermedad. Los costos del sobrepeso y la obesidad que pudieran más tarde desarrollarse en diabetes mellitus tipo 2 deben ser tomados en cuenta, puesto que los costos sociales causados por la diabetes ascienden a más de 85 mil millones de pesos al año, de los cuales 73% es de tratamientos médicos, 15% perdidas monetarias por ausentismo laboral y 12% a pérdidas de ingresos por muerte prematura. Siendo así que la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informa que México gasta alrededor del 7% del presupuesto designado a salud sólo para atender problemas relacionados directamente con la obesidad.

Es por ello que en México la promoción de la actividad física ha sido aceptada ante el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA) en donde se señala como el primer objetivo de una política para la prevención y control del sobrepeso en el ámbito nacional.6 Ante dicha situación se ha promovido el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, el cual desemboca en diversas estrategias, programas y líneas de acción que desemboquen en la actividad física recurrente por parte de los mexicanos como medida de salud pública.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa pretende adicionar la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con la finalidad de que los contribuyentes puedan deducir de los ingresos obtenidos en el ejercicio para calcular el impuesto anual a su cargo, los pagos que efectúen por concepto de admisión y permanencia en instituciones dedicadas a la enseñanza, impartición, instrucción, realización y práctica de actividades físicas que tengan por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, tanto para si como para su cónyuge, concubina o concubinario, y sus descendientes en primer grado menores de edad, con el propósito de fomentar la actividad física y reconocer a quienes invierten de manera económica en las actividades físicas deportivas.

Lo anterior constituye una medida de política fiscal dirigida a promover la práctica de actividades de prevención y combate a la obesidad, lo cual puede redundar consecuentemente en la disminución de las enfermedades derivadas de la misma.

Es sabido que el ejercicio de la potestad tributaria del Estado es un instrumento para obtener recursos a fin de satisfacer las necesidades públicas, pero también para influir en determinadas circunstancias del conjunto económico y social. Esta es una tendencia observada en el derecho tributario mexicano y en el de otros países. En este sentido, la adición propuesta contribuirá desde el aspecto fiscal con otras medidas ya vigentes en diferentes ámbitos al aumento en la realización de actividades físicas que preserven y mejoren la salud de la población, permitiendo a los contribuyentes deducir los pagos por ingreso y permanencia en instituciones dedicadas al desarrollo de esas actividades que efectúen para sí, su cónyuge, concubina, concubinario, o sus hijos menores de edad.

En resumen, los contribuyentes podrán invertir las cantidades que puedan deducirse conforme al proyecto de iniciativa en su salud y la de las personas que conforman su núcleo familiar, en vez de destinarlas al pago de una obligación fiscal.

Es importante mencionar que el establecimiento de un monto máximo de deducción por el concepto propuesto constituye un mecanismo de control a fin de evitar la aplicación abusiva del beneficio planteado en perjuicio del fisco federal. En cuanto a los parámetros para la determinación de dicho monto se proponen el total de los ingresos del contribuyente en el ejercicio respectivo y la unidad de inversión del último mes comprendido en ese periodo. Se prescinde del salario mínimo toda vez que no podrá utilizarse en lo sucesivo como medida de referencia si se aprueba la reforma constitucional de desindexación.

Con base en los motivos aquí expuestos, pongo a consideración del pleno de ésta H. Cámara de Diputados la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ÚNICO: Se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a VIII. …

IX. Los pagos efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien vive en concubinato, y para sus descendientes en primer grado menores de dieciocho años, por concepto de admisión y permanencia en instituciones dedicadas a la enseñanza, impartición, instrucción, realización y práctica de actividades físicas que tengan por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, y el desarrollo social, ético e intelectual. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, en la parte que no exceda el equivalente a cinco mil unidades de inversión. Para estos efectos, se tomará como valor de la unidad de inversión el último que haya sido publicado en el ejercicio correspondiente.

TRANSITORIOS

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Dip. José Luis Oliveros Usabiaga.

1 http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ Constultada 23/04/2015  2:05 pm

2 1. Stevens G, Días R, Thomas K, Rivera J, Carvallo N, Barquera S, Hill K, Ezzati M. Characterizing the Epidemiological transition in Mexico: National and Subnational burden of disease, injuries, and risk factors. Plos Medicine. 2005;5(6):0900-10.

3 WHO. Prevalence of insufficient physical activity. Global Health Observatory (GHO). 2011

4 Ibidém.

5 http://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/ Consultada 23/04/2015 3:11 pm

6 Secretaría de Salud. Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. México DF: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. 2010





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INTERCULTURALIDAD

(Presentada por la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del grupo parlamentario del PRD)

GLORIA BAUTISTA CUEVAS, Diputada Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 78  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La inclusión de este concepto fundamental que  es parte del ejercicio de los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales es   imprescindible para participar en el desarrollo económico, social, cultural y político y  disfrutar de él.

Indudablemente, existen varios instrumentos jurídicos internacionales que fundamentan las razones de contar con una disposición constitucional como la que se propone en este proyecto de decreto, tanto en el marco de tratados internacionales, resoluciones y declaraciones del sistema de Naciones Unidas y Programas de Acción derivados de las grandes conferencias internacionales sobre desarrollo de la última década del siglo XX, en temas específicos como los derechos humanos, los derechos políticos y civiles, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos ambientales, la migración, la población, la diversidad cultural y el diálogo intercultural.

Por su parte, el tema vinculado con la pluriculturalidad y su enfoque intercultural se ha circunscrito únicamente al contexto de los pueblos indígenas y deja de lado otros sujetos sociales que también forman parte de este gran mosaico social, como lo son los afromexicanos, afrodescendientes, migrantes, comunidades de distinto origen     nacional, comunidades campesinas y urbanas, incluso la población monolingüe y monocultural.

La utilización de términos como la integración, asimilación, tolerancia y multiculturalismo están por sí rebasados de la dinámica actual frente al concepto de reconocimiento de la otredad, para lo cual es imprescindible incluirse en el marco constitucional de manera adecuada. De ahí que aspectos como la educación intercultural, la salud intercultural, la alimentación intercultural, la comunicación intercultural, el patrimonio intercultural y el fomento y promoción de todos estos aspectos no pueden permanecer ajenos en la construcción de la política pública y sus instrumentos de aplicación.

La falta de un marco constitucional referencial sobre este tema se convierte en una necesidad parlamentaria que debe considerarse para proteger el correcto ejercicio de todos los derechos humanos y garantías fundamentales.

ARGUMENTACIÓN

La interculturalidad infiere una coexistencia de las culturas en un plano de igualdad. El término interculturalidad es muy polisémico, tiene muchas interpretaciones; depende muchas veces del contexto de quién lo dice o quién lo usa.

La interculturalidad es una herramienta de emancipación de lucha por una igualdad real, o equidad real, en el sentido no sólo cultural muy superficial sino también material. Y lo vemos en la identidad de los pueblos indígenas que nunca se identifican solamente de manera de su origen sino también campesina y también obrera, entonces esas identidades son duales por lo menos en el sentido en el que unen lo de la clase y lo de la etnia.

La actual interculturalidad tiene que ver esa realidad con dos ojos; no sólo etnia, no sólo cultura, en el sentido de folclore sino también como clase y la interculturalidad crítica, además de intentar cambiar esos modelos que hasta poco se consideraban inmutables, únicos, también presenta de otra manera las culturas, no como entidades cerradas históricas que sólo pueden aportarnos tradiciones históricas culturales, raíces, sino a unas sociedades, pueblos, culturas, vivas que pueden aportar mucho, mucho más de lo folclórico a nuestras sociedades.

El concepto de interculturalidad surge un poco después del concepto de multiculturalidad y como una forma de complementarlo; el uso de ambos como categoría analítica de las realidades sociales y políticas se hace común y recurrente a finales del siglo XX.  Así, si la propuesta multicultural se refiere a la coexistencia de distintas culturas dentro de un mismo territorio e incluso compartiendo un mismo marco jurídico, la interculturalidad apela a la relación simétrica y dialógica entre culturas diversas en un intento de conocimiento y aceptación, trascendiendo la simple tolerancia.

Para el Consejo de Europa, el diálogo intercultural consiste en un intercambio de opiniones abierto y respetuoso, basado en el entendimiento mutuo, entre personas y grupos que tienen orígenes y un patrimonio étnico, cultural, religioso y lingüístico diferente. Contribuye a la integración política, social, cultural y económica, así como a la cohesión de sociedades culturalmente diversas. Fomenta la igualdad, la dignidad humana y el sentimiento de unos objetivos comunes. Tiene por objeto facilitar la comprensión de las diversas prácticas y visiones del mundo; reforzar la cooperación y la participación; permitir a las personas desarrollarse y transformarse, además de promover la tolerancia y el respecto por los demás.

Dicho lo anterior, cabe hacer mención de la existencia de dos dimensiones relacionadas con la interculturalidad, una desde la acepción funcional o neoliberal y otra desde la dimensión crítica. Resulta evidente que en el mundo existe un vacío sobre las ideologías derivado de los nacionalismos modernos quienes propician la cohesión social y construcción de identidades de forma tal que eclipsan la diversidad cultural y construyen identidades homogéneas a partir de la lengua y la cultura de la élite hegemónica. Ante la tendencia globalizadora al cosmopolitismo se produce el retorno a lo “étnico” como espacio de resistencia cultural y de construcción de nuevas identidades políticas.

La interculturalidad de estirpe funcional o neoliberal postula la necesidad del diálogo y el reconocimiento sin darle peso a la pobreza crónica y extrema en que se encuentra la población que pertenece a culturas subalternas de la sociedad. Su discurso invisibiliza las crecientes asimetrías sociales, los grandes desniveles culturales internos y todos aquellos problemas económicos y sociales dado que no cuestionan el sistema poscolonial vigente y facilita su reproducción.

Por el contrario, la interculturalidad crítica se presenta como una nueva tarea intelectual y práctica que cuestiona la teoría del reconocimiento y la igualdad social para evitar su dicotomía toda vez que los aspectos culturales son inherentes a lo económico y por tanto no pueden estar separados. Se requiere pues de una construcción de ciudadanía enraizada en la esencia de la gente, que incorpore los conceptos que los pueblos tienen sobre sus derechos y que sea culturalmente diferenciada. Ser intercultural implica asumir la identidad cultural que mejor convenga y no limitarse a reproducir en uno mismo ni la identidad heredada ni la identidad que la sociedad mayor nos fuerza a adoptar por todos los medios.

Dentro de las condiciones para que se pueda dar un diálogo intercultural se encuentran el respeto a los derechos humanos, democracia y estado de derecho; propiciar la igual dignidad y respeto mutuo, incluida la de género y superar las barreras que lo impiden.

La interculturalidad va acompañada de otros criterios que son la base para la ejecución y observancia de la política pública como son aquellos relacionados con la movilidad humana, la hospitalidad, la equidad social, la soberanía alimentaria, la economía solidaria, el buen vivir, el desarrollo sustentable y la propia interacción y convivencia intercultural.

En virtud de lo anterior y con base en las disposiciones legales anteriormente mencionadas que permito presentar ante esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE INTERCULTURALIDAD

Artículo Único.- Se adiciona el párrafo sexto al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 1º.- ………

……….

……….

……….

……….

El Estado propiciará la interculturalidad reflejada en la coexistencia de la diversidad cultural de la sociedad en un plano de igualdad, equidad real y dignidad humana, manifiesta en la salvaguarda, respeto y ejercicio de las libertades y derechos humanos de toda persona, pueblo, comunidad o colectivo social independientemente de su origen, reconocidos en esta Constitución y los Tratados Internacionales, que permite conservar y fortalecer sus características socioculturales y sus diferencias, haciendo posible la interacción permitiendo un intercambio abierto y respetuoso de ideas, saberes, conocimientos y opiniones basado en el entendimiento mutuo que facilitan la comprensión de las diversas prácticas y cosmovisiones, reforzando la cooperación y participación y permitiendo el desarrollo y transformación de las personas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Gloria Bautista Cuevas.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS

(Presentada por el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI)

ENRIQUE BURGOS GARCÍA, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República y en relación con lo previsto por la fracción III del artículo 78 de la propia Ley Fundamental de la República, a la luz de lo previsto por los artículos 8, párrafo 1, fracción I; 164, párrafos 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, por el digno conducto de esa H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito presentar la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS, solicitando se turne al estudio y dictamen de las Comisiones de Justicia, y de Estudios Legislativos que corresponda del H. Senado de la República, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Durante el pasado periodo de sesiones ordinarias, dentro de su función como parte del Órgano Revisor de la Constitución, el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas y de tortura. La Minuta de referencia está actualmente a la consideración de las HH. Legislaturas de los Estados.

De acuerdo con la Minuta de referencia, se busca que el Poder Legislativo de la Unión cuente con facultades para expedir, adicionalmente a las que tiene en materia de secuestro, trata de personas y delitos electorales, la de expedir las leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de desaparición forzada de personas; de otras formas de privación de libertad contrarias a la ley; y de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En el contexto del análisis y dictamen de las ocho iniciativas que llevaron a la propuesta del dictamen correspondiente al H. Pleno del Senado de la República se realizó un análisis específico de la figura de la desaparición forzada de personas y de la llamada desaparición involuntaria de personas, ambas en los términos de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (artículos 1 y 2). A su vez, se enriqueció el conocimiento de las mencionadas Comisiones dictaminadoras con diversa información sobre los fenómenos delictivos de la desaparición forzada de personas y de otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley.

En la Minuta con proyecto de Decreto que nos ocupa y a la luz de la modificación planteada, en el Artículo Segundo Transitorio se consideró establecer la obligación de que en la legislación derivada de las facultades que se adicionan al Poder Legislativo Federal, se regule el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

A la luz de la propuesta legislativa de reforma constitucional mencionada, pero con independencia de ella, la presente iniciativa de Decreto plantea, como elemento útil y pertinente para el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la integración y funcionamiento de una base nacional de datos genéticos para servir de instrumento en la localización de personas cuyo paradero –e incluso su suerte– se ignora por cualquier causa, reconociéndose que ésta puede deberse a que nos encontremos ante una desaparición forzada o ante una privación de la libertad contraria a la ley en términos de lo previsto por el artículo 3 de la citada Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Se recordará que el concepto de desaparición forzada contenido en el artículo 2 de ese instrumento internacional entraña “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

Asimismo, cabe recapitular que la denominada desaparición involuntaria o no forzada de personas –referida en el artículo 3 del Convenio que nos ocupa– se refiere a la situación de la privación de la libertad de una persona que es “obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, estando presente la negativa a reconocer esa privación de la libertad o el ocultamiento de la suerte o paradero de la misma.

Si bien en el primer concepto existe responsabilidad del Estado por la conducta de sus agentes o de personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, debiéndose investigar y sancionar conforme a la ley, en la segunda hipótesis no surge la responsabilidad del Estado, pero desde luego le corresponde investigar los hechos y sancionar a los responsables.

En el orden jurídico nacional vigente, en términos de la concurrencia de los órdenes de gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios en materia de seguridad pública, el Congreso de la Unión cuenta con la facultad para “expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios…, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución” (artículo 73, fracción XXIII constitucional).

Con base en dicha atribución legislativa, el Congreso de la Unión expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2009. En dicho ordenamiento, entre otros objetos, se distribuyen competencias y se establecen bases de coordinación en la materia para la Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los municipios. Se señala la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sus integrantes, entre los cuales destaca el Secretariado Ejecutivo del Sistema (artículo 10, fracción VII, y artículo 12 fracción IX de la Ley).

En el artículo 17 de este ordenamiento se dispone que dicho Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y que contará, entre otros Centros Nacionales, con el de Información. En el artículo 19 de dicha ley se señalan diversas atribuciones del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo, entre las cuales figura la de “Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los integrantes del Sistema.” (Fracción II)

A la luz de las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se sustentan en lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIII, de nuestra Constitución y con la perspectiva de las previsiones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el H. Congreso de la Unión aprobó y expidió la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 17 de abril de 2012. Este instrumento tiene, entre sus objetos, el de “organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas extraviadas o desaparecidas” (artículo 2). Se trata de un componente de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del Centro Nacional de Información de su Secretariado Ejecutivo.

Al considerar los problemas que se han producido en los lustros recientes en nuestro país por la privación de la libertad de un número importante de personas en forma absolutamente contraria a la ley por presuntos grupos de la delincuencia organizada, se estima necesario fortalecer el acervo informativo del citado Centro Nacional con una base de datos genéticos de personas cuyo paradero se ignore, con mayor razón si se presume la privación ilegal de su libertad, con objeto de servir de instrumento para su localización o su identificación, en la muy lamentable hipótesis de hallazgos de personas privadas de la vida y cuyos cuerpos carezcan de identificación o se haya pretendido disponer clandestinamente de los mismos.

Conforme a la información hoy disponible en la página web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública existe el registro de 26,567 personas cuyo paradero se ignora, de los cuales 557 corresponden a indagatorias del fuero federal y 25,293 a indagatorias del fuero común en las 32 entidades federativas.

Ante situaciones de hecho que generan enormes agravios a la sociedad y, en particular, afectan de manera gravísima a los integrantes de las familias que ignoran el paradero de alguno de sus miembros, produciéndose situaciones de angustia, desesperación e impotencia derivadas de la incertidumbre, sin demérito de las acciones de investigación y esclarecimiento de los hechos, así como –en su caso– de la imposición de las sanciones procedentes a los responsables, resulta pertinente fortalecer en la ley el uso de los avances tecnológicos para facilitar la identificación de restos humanos.

Hoy la aplicación de pruebas de ADN (Ácido Desoxirribonucleico) permite comparar los perfiles de personas con la misma carga genética de sus progenitores, constituyéndose en un instrumento muy valioso y confiable para la identificación de restos humanos.

Como es sabido, todas las personas tenemos un ADN único, que permanece constante a lo largo de nuestra vida, que sigue las leyes de la herencia; el ADN de una persona se forma a partir del ADN de sus padres. Conocer el ADN de la persona cuyo paradero se ignora, de sus padres, hermanos y otros ascendientes o colaterales, resulta un elemento de información relevante para establecer si los restos humanos que llegaren a localizarse pertenecen a dicha persona. Toda vez que el ADN es una molécula resistente y cuya degradación en los tejidos duros es muy lenta, es susceptible de recuperarse cuando las condiciones ambientales hayan sido favorables.

La genética forense y los bancos genéticos sujetos a protocolos garantes de la información que contienen, son herramientas que pueden contribuir a que las autoridades de investigación y procuración de justicia puedan cumplir con mayor eficacia sus tareas de investigar y esclarecer el paradero de personas que hubieren sido privadas ilegalmente de su libertad, ocultándose su paradero e incluso su suerte.

De conformidad con la información de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, hasta hace poco la identificación de los restos de personas desaparecidas se basaba principalmente en el método comparativo de la información ante-mortem y post-mortem, incluyendo la edad y la estatura, combinada con la evidencia de los artículos personales y las prendas de vestir que se encuentren de las víctimas. En algunos casos, esta forma de trabajar puede complementarse con el uso de la tecnología para analizar las huellas digitales y los registros odontológicos. Ahora bien, hoy la identificación de los restos humanos se realiza mejor si se utiliza el análisis del ADN, desde luego preferiblemente junto con cualesquiera otros registros disponibles.

La utilización del análisis del ADN tiene las ventajas de su objetividad, precisión científica y efectividad. En los casos de identificaciones basadas en el análisis del ADN, resulta indispensable la comparación del ADN obtenido de los restos humanos encontrados o recuperados, con el perfil genético extraído del ADN de quienes presuntamente son sus familiares.

En el 2011, el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que visitó nuestro país, formuló varias recomendaciones al Gobierno Mexicano. Entre otras, para efectos de esta iniciativa de Decreto, destaca la de:

“Crear una base de datos detallada y fiable de ámbito nacional sobre personas desaparecidas, que incorpore información sobre ADN, así como una base de datos de ámbito nacional sobre restos no identificados, de conformidad con las mejores prácticas internacionales sobre localización e identificación de víctimas de desaparición incluidos migrantes.”

Con relación al establecimiento de un banco de datos de perfiles genéticos para apoyar a la localización de personas cuyo paradero se ignore, es pertinente señalar que existen algunas experiencias internacionales en la materia.

Así, en los Estados Unidos de América se cuenta con un Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS), cuya misión es fomentar el intercambio y la comparación de las pruebas forenses de ADN, a partir de la investigación de delitos violentos. Se trata del término genérico utilizado para describir el programa del Buró Federal de Investigaciones (FBI en su acrónimo en inglés) de apoyo a las bases de datos criminales de ADN del Departamento de Justicia de ese país, así como para el programa de cómputo utilizado para la ejecución de esas bases de datos. El Sistema de Índice Nacional de ADN, está considerado como parte integrante del CODIS.

En la República de Costa Rica se encuentra vigente el Reglamento del Registro de Datos de Perfiles de ADN para Identificación Humana. Este ordenamiento define la base de datos de ADN y su objetivo en sus artículos 1 y 2, cuyos textos señalan lo siguiente:

“Artículo 1.- Definición de Base de Datos de ADN.

“Se entenderá como Base de Datos de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), el conjunto estructurado de Archivos de Perfiles Genéticos y de Datos Personales, almacenados de manera independiente, de tratamiento o procesamiento automatizado, con finalidad exclusiva de identificación humana.

“Artículo 2.- Objetivo de la Base de Datos de ADN.

“La creación de la Base de Datos de ADN tiene como objetivo registrar, mantener y comparar de manera codificada los perfiles genéticos, obtenidos a partir del análisis de ADN surgido como producto de una investigación penal, así como los perfiles genéticos que en forma voluntaria hayan sido aportados por familiares para identificación de cadáveres o personas desaparecidas.”

En la República Oriental del Uruguay se cuenta con el Banco de Muestras y Datos Genéticos de Familiares de Personas Desaparecidas, el cual se construye a partir de una muestra de sangre del familiar que la dona. Con base en esa muestra se establece el perfil genético que permitirá comparar con el que se extraiga de muestra óseas de personas que potencialmente puedan corresponder a los de una persona desaparecida. El estudio genético se realiza exclusivamente con fines de identificación de dicha persona. Resulta de interés señalar que una parte de las muestras que son depositadas en este Banco, también se integran al Banco de Datos Genéticos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con el previo y expreso consentimiento de cada familiar.

En España, la Universidad de Granada puso en operación un programa denominado DNA Prokids, cuyo objeto es combatir el tráfico de seres humanos mediante la identificación genética de las víctimas y sus familiares, especialmente de menores de edad. Su misión es identificar a las víctimas y reunificarlas con su familia, dificultar el tráfico de seres humanos incluyendo las adopciones ilegales, mediante la identificación de las víctimas, y obtener información sobre los orígenes, las rutas y los medios de comisión del delito, lo que resulta clave para el trabajo de las instituciones policiales y de impartición de justicia.

Como ya se ha adelantado, en nuestro país confrontamos un grave fenómeno de desaparición de personas en los términos del artículo 3° de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, correspondiéndole al Estado Mexicano realizar las investigaciones procedentes, procurar el establecimiento del paradero y la suerte de esas personas y el fincamiento de la responsabilidad que corresponda a los perpetradores del ilícito. En este sentido, cabe recapitular que en el artículo 19 de la Ley General de Víctimas en vigor, se establece que:

“Artículo 19. Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que los afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas desaparecidas, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.

“Toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades competentes inicien de manera eficaz y urgente las acciones para lograr su localización y, en su caso, su oportuno rescate.”

Por otro lado en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y a la cual se propone la adición contenida en esta iniciativa, sus artículos 1 y 2 se establecen el objeto del ordenamiento y la naturaleza y propósito, al tenor siguiente:

“Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional.

“Artículo 2.- El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas extraviadas o desaparecidas; así como de aquéllas que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación y de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización, o ubicación de su familia y lugar de residencia.

“La aplicación de esta Ley y la coordinación que de ella se derive se hará con respeto absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas.”

Sin demérito del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro de los programas especiales de protección y defensa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, destaca el Programa de Atención de Quejas Relacionadas con Personas Reportadas como Desaparecidas, cuyo objeto es investigar las quejas relacionadas con personas cuyo paradero se desconoce, cuando su desaparición involucra presuntamente la participación de algún servidor público federal. Para tal efecto, esa Comisión Nacional despliega actividades para la localización de las personas que, en esas circunstancias, hubieren desaparecido; en ese sentido, recaba información de instituciones públicas, recibe declaraciones de testigos de los hechos, efectúa visitas a centros de salud, centros de readaptación social y servicios médicos forenses, y realiza peritajes criminalísticos y antropológicos para perseguir el establecimiento del paradero de la persona desaparecida y si a su juicio existe responsabilidad de alguna autoridad o servidor público de la Federación. A partir de esas tareas la Comisión integra su propio Sistema Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas.

Con base en los elementos expuestos, esta iniciativa de Decreto tiene por objeto plantear la adición de un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente en vigor, sin demérito del desarrollo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que se prevé en el Artículo Segundo Transitorio de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional para que el Congreso de la Unión expida la legislación general en materia de desaparición forzada de personas, de otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley y de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Se reitera que sin demérito de la propuesta de reforma constitucional aludida y de la actuación del Congreso de la Unión para expedir la legislación general correspondiente, se estima pertinente que en el ordenamiento en vigor y, en particular, en la norma que rige la integración de dicho Registro con respecto a personas extraviadas o desaparecidas, se establezca la conformación, funcionamiento y utilización de una base de datos genéticos para auxiliar a la localización y establecimiento del paradero o destino de personas que hubieren desaparecido por la presunta comisión de un ilícito penal directamente en su afectación, daño y perjuicio.

En ese sentido, a través del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es factible integrar ese banco de datos genéticos a partir del momento mismo en que se conocen los elementos de la probable comisión del ilícito genérico de privación de la libertad y de la desaparición de la persona de que se trate.

Cabe señalar que una circunstancia de enorme dureza y traumatismo para el entorno familiar y social de la persona desaparecida es la incertidumbre sobre su paradero y su destino, lo que indudablemente se acrecienta con el paso del tiempo.

Por otro lado, existen casos muy lamentables en los cuales las investigaciones de las autoridades competentes conducen a la localización de cadáveres y restos humanos, en circunstancias que permiten afirmar que quienes los privaron de su libertad y de la vida pretendían mantener en la clandestinidad y en la secrecía tanto los hechos como la ubicación de los restos de quienes fueron privados de la vida. Ante situaciones de esta naturaleza, resulta también traumático para los familiares de la persona desaparecida que ese hallazgo motive la solicitud de muestras de ADN para la construcción del perfil genético necesario; aquí está presente la angustia de aportar elementos para esclarecer un hecho por demás doloroso y también la angustia de que esa aportación no conduzca a resultados y permanezca la incertidumbre.

Esta propuesta plantea que ante la posibilidad de presumir las circunstancias delictivas en que una persona ha sido privada de su libertad y por lo cual se le considera como desaparecida en términos de los instrumentos internacionales aplicables, se integren de manera inmediata los elementos necesarios para la incorporación de la información genética necesaria para enriquecer la base de datos que permita, ante cualquier hecho de localización de cadáveres o restos humanos, llevar a cabo un cotejo eficiente y por acción de oficio de la autoridad, sin recurrir en ese momento a solicitar a los posibles familiares de la víctima las muestras biológicas necesarias para elaborar el perfil genético.

Es indudable que la implementación de la modificación legal planteada requiere inversión pública y por tanto, tiene un impacto presupuestal. En tal virtud y a la luz de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 18 de la vigente Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su momento las Comisiones dictaminadoras deberán allegarse los elementos inherentes a la valoración del impacto presupuestal de esta propuesta.

Sin demérito de lo anterior, reconociéndose la inversión pública que se requiere en los ámbitos federal y de las entidades federativas para el establecimiento de la base de datos genéticos planteada en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en las disposiciones transitorias de la presente iniciativa de Decreto se plantea la previsión de que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las autoridades competentes de las entidades federativas, se realicen las tareas de planeación, programación y ejecución necesarias para el establecimiento y funcionamiento de la citada base de datos genéticos, dentro de un plazo que no exceda los tres ejercicios presupuestales anuales posteriores a la entrada en vigor del propio Decreto que nos ocupa.

En virtud de lo expuesto y fundado, me permito proponer el siguiente

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS.

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para quedar como sigue:

Artículo 4.- …

I. a III. …

IV. …

a) a g) …

El Registro Nacional integrará una base nacional de datos genéticos que sirva como instrumento de apoyo para la localización de personas extraviadas o desaparecidas cuya investigación esté a cargo de una autoridad de procuración de justicia, con base en los perfiles genéticos que en forma voluntaria aporten los familiares interesados para su identificación. La integración de los perfiles genéticos en esa base se realizará a partir del inicio de la investigación de la autoridad competente. El Secretariado Ejecutivo promoverá las formas y procedimientos de coordinación entre la autoridad federal y las autoridades de las entidades federativas para la conformación de esta base nacional de datos genéticos.

V. a IX.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública adoptará las medidas administrativas y alentará los mecanismos de coordinación necesarios para el establecimiento de la base de datos nacionales a que se refiere el presente Decreto, en un plazo que no excederá de seis meses a partir de la entrada en vigor del propio Decreto.

TERCERO.- De conformidad con la inversión pública necesaria para la integración de la base de datos genéticos a que se refiere el presente Decreto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública planeará y programará la asignación y ejercicio de los recursos presupuestales federales necesarios en un periodo que no exceda los tres ejercicios presupuestales posteriores al inicio de su vigencia. Las autoridades competentes de las entidades federativas adoptarán las determinaciones necesarias de inversión pública que deriven de sus relaciones de coordinación para la integración de la base de datos nacionales a que se refiere el presente Decreto, dentro de los tres ejercicios presupuestales posteriores al inicio de la vigencia del presente Decreto.

Muy atentamente

Sen. Enrique Burgos García.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, Diputado Federal José LUIS OLIVEROS USABIAGA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que se me confiere de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO VII DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 186 DE LA MISMA LEY, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establecida desde la Liga de las Naciones en 1919 donde México es miembro desde 1931, señala que el derecho a un trabajo digno es un derecho humano mediante el cual se desembocan otros derechos como el de vivienda, salud, educación y alimentación1.

A nivel mundial, la misma Organización expone que casi 75 millones de jóvenes en edad productiva se encuentran sin empleo o en algunos casos no han laborado a pesar de contar con los estudios y preparación necesaria, es así que más de seis millones de jóvenes han abandonado la búsqueda de empleo ante el panorama y negativa de los empleadores, motivo por el cual la creación de fuentes de trabajo para los jóvenes así como el mejoramiento de la calidad de los trabajos es una prioridad a nivel mundial.2 Esta problemática se hace más notoria en el ámbito internacional ya que en el año 2013 se calculó que aproximadamente 74.5 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han estado sin empleo, aumentando un 13.1% en comparación con el año anterior, valor que es tres veces superior a la tasa de desempleo de los adultos, según lo indican las Tendencias Mundiales de Empleo 2014 de la OIT.

Al respecto, México cuenta con una legislación en la cual se estipula el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, en el cual se promueve la creación de empleos, según lo establece el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual modo, el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, hace especial énfasis en el sector juvenil ya que señala que entre las funciones de la Secretaría de Desarrollo Social se encuentra el fortalecer el desarrollo, así como la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento de las políticas de atención a los derechos de la juventud. Por lo que refiere a la Ley Federal del Trabajo se establece que las personas mayores de 16 años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en la misma Ley. Así mismo el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 señala puntualmente que “es fundamental atender el creciente número de jóvenes que no estudian y no trabajan, además de diseñar intervenciones específicas de política pública enfocadas a mejorar su calidad de vida y sus oportunidades”3.

En México habitan casi 38.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad, cifra dada de acuerdo a las últimas cifras del Consejo Nacional de Población 2014, dicho sector poblacional representa a poco más de un tercio de la población total del país, además de ser considerado como un bono demográfico traducido como un factor importante de oportunidad para el desarrollo y progreso de la sociedad mexicana. De este sector, en 2014 una cuarta parte de los jóvenes entre15 y 29 años de edad se encontraba sin ocupación laboral4, por lo que el total de las personas que no obtuvieron trabajo fue de 4.1%, mientras que en el sector juvenil la cifra se elevó al 9.4%, colocando a México en la cuarta posición a nivel internacional en el desempleo juvenil.5

Por su parte, los datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, indican que la población económicamente activa en un rango de edad de 14 a 29 años, se divide en los que únicamente trabajan representando un 32.1% del total; 11.2% que estudia y trabaja y el 6.7% que busca trabajo o inicia un negocio; así pues la población no económicamente activa señala que el 32.7% estudia, el 13% se encuentra realizando exclusivamente labores domésticas y en el cuidado a la familia y apenas un 2.3% está inactivo o en otras actividades. Por su parte la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), menciona que en México, el 22% de los jóvenes no estudia ni trabaja; tendencia que se ha mantenido desde hace más de una década ya que en el año 2000 el porcentaje ascendía al 24.6 y 24.9 en el año 2005.

Históricamente, la tasa de desocupación entre jóvenes ha sido mayor a la tasa que corresponde al resto de los sectores poblacionales, esta situación refleja una importante disparidad de oportunidades para la población que se incorpora al mercado laboral. Así pues, para enero de 2015, el 58.88% de la población de 15 años y más en el país es económicamente activa, cifra que se encuentra por debajo al promedio del año anterior cuando se ubicaba con un 59.84%, del porcentaje de la población económicamente activa el 95.49% expresa haber estado ocupada; sin embargo al expresar su conformidad con el trabajo actual el 8.5% de dicha población expresó tener necesidad y disponibilidad de trabajar más horas para percibir mayores ingresos; de igual modo para enero del 2015 la Tasa de desocupación nacional alcanzó un 4.43% de la Población Económicamente Activa6.

Como se ha mencionado anteriormente, la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 expone la percepción de los jóvenes en una importante problemática de la inexperiencia laboral, problema cíclico, puesto que los jóvenes no encuentran empleo por falta de experiencia, y no obtienen la experiencia por la falta de oportunidades laborales. Más de la mitad de los jóvenes encuestados, considera que el estudio es lo más importante para conseguir trabajo (56.9%), por lo que esperan obtener de la educación un buen trabajo (53.5%), acompañado de un considerable desarrollo profesional (17.6%), poder generar los recursos monetarios que les permitan salir adelante (9.3%) y, en su mayoría, consideran que no tendrán problemas para conseguir un empleo una vez que concluyan sus estudios (48.8%)7.Sin embargo, lamentablemente existen indicadores que señalan que contar con estudios de nivel medio superior y superior no es garantía de la inserción laboral de todos los jóvenes8.

Es importante destacar que el mercado laboral genera mayor número de plazas para jóvenes con educación básica en comparación con el número de empleos generados para jóvenes con mayor nivel de estudios. Cabe añadir que las posiciones que ocupan las personas jóvenes con menor nivel educativo, suelen proporcionar remuneraciones salariales más bajas y menores prestaciones laborales. Así mismo la delicada situación del empleo señala que el sistema económico del país no cuenta con las condiciones ni la capacidad para generar oportunidades formales suficientes para satisfacer la oferta laboral. Las cifras correspondientes al primer trimestre de 2013, establecen una ocupación y relación laboral con la economía informal para más de 29 millones de mexicanos, así como mexicanos en condiciones críticas de trabajo para 5.96 millones, subocupación para 3.92 millones y desocupación para 2.5 millones. De igual modo, el número de mexicanos ocupados que no reciben ingreso (3.5 millones), que perciben un salario mínimo (6.2 millones), que ganan entre uno y dos salarios mínimos (11.7 millones), de las personas con ocupación pero que no tienen acceso a la seguridad social (30.4 millones) o de quienes no tienen contrato por escrito (15 millones) refleja un escenario altamente preocupante, mostrando el escaso avance en materia de creación de empleo en un contexto en el que además la mayor parte de la población ocupada enfrenta una condición de precariedad.

En 2007 el gobierno federal creó el Programa de Primer Empleo (PPE), que establecía un subsidio que oscilaba de un 100% de las cuotas obrero-patronales enteradas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y hasta un 10%, ya se tratara de un salario menor a 10 veces el salario mínimo vigente en la zona que corresponda a la ubicación geográfica del trabajador o a uno mayor a 20 veces el salario mínimo.9 Sin embargo, este programa no resultó atractivo para los empleadores por tratarse de un subsidio parcial; además, entrar al programa implicaría más beneficios para los empleadores, esto, sin dejar de mencionar que el empleador debía realizar la solicitud del subsidio, es decir, el estímulo tardaría en ser aplicado.

Por otra parte, en 2011 se reformó la entonces vigente Ley del Impuesto sobre la Renta que aprobó una deducción del Impuesto sobre la Renta (ISR) como fomento al primer empleo (como aquel trabajador que no tenga registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber prestado en forma permanente o eventual un servicio remunerado, personal y subordinado a un patrón).

Si bien se han aplicado ciertas medidas para contrarrestar esta problemática que afecta a la juventud mexicana, se deben tomar como referentes y antecedentes con el objetivo de impulsar este tipo de medidas o estímulos para erradicar el desempleo y generar mayor oportunidad a los jóvenes de este país, tomando en cuenta los acciones de otros países. Por ejemplo el gobierno chileno, aprobó un subsidio al empleo de los jóvenes en edad de 18 a 25 años provenientes de familias pobres. Se estima que este subsidio beneficiara a unos 300 mil jóvenes en el primer año, cifra de gran impacto si se considera la población total del país. Por ello, es urgente adoptar medidas pertinentes antes de que sigamos perdiendo terreno frente a otras economías emergentes.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Así, la presente iniciativa pretende reformar la denominación del Capítulo II del Título VII y adicionar un tercer párrafo al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer un estímulo fiscal a los contratantes de jóvenes que ingresen a su primer empleo.

De este modo, la presente iniciativa propone el estímulo fiscal a aquellos que contraten jóvenes, con un apoyo del 50% del salario efectivamente pagado a las personas entre 16 y 23 años de edad que no hayan sido registrados anteriormente en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y priorizando a aquellos que se encuentren estudiando en escuelas debidamente reconocidas por las autoridades educativas correspondientes. Para dichos efectos se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así mismo es importante mencionar que se considera que el estímulo fiscal se aplicará desde el momento de su contratación, hasta por un año laborado.

Con base en lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración del pleno de ésta H. Cámara de Diputados la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO VII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 186 DE LA MISMA LEY para quedar como sigue:

ÚNICO.- Se adiciona el Capítulo II perteneciente al Título VII de la Ley de Impuesto sobre la Renta y se adiciona un tercer párrafo al artículo 186 de la misma ley, para quedar como sigue:

CAPÍTULO II

DE LOS PATRONES QUE CONTRATEN A PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y JÓVENES QUE INGRESEN A SU PRIMER EMPLEO.

Artículo 186. …

Al patrón que emplee a jóvenes entre 16 y 23 años que no hayan sido registrados anteriormente en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que estén estudiando en escuelas debidamente reconocidas por las autoridades educativas, se les otorgará un estímulo fiscal equivalente al 50% del salario efectivamente pagado a dichos empleados desde su ingreso al trabajo y hasta que cumplan un año de servicios. Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Dip. José Luis Oliveros Usabiaga.

2 Resolución y conclusiones de la 101.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 2012. Disponible en el sitio web: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_187080.pdf

3 Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018). Disponible en el sitio web: http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND-Eje-2.pdf

4 Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, 2014.

5 Cámara de Diputados, boletín de prensa N°. 2898 Disponible en el sitio web: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Febrero/02/2898-Mexico-cuarto-lugar-en-desempleo-juvenil-en-el-mundo

6 INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Datos históricos (Enero, 2015).

7 Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 (ENVEJ 2012), Instituto Mexicano de la Juventud.

8 Panorama de la Educación 2014: Indicadores, Nota país México, Organización para Cooperación y Desarrollo Económico.

9 DOF: 23/01/2007, DECRETO que establece las directrices generales para dar cumplimiento al Programa Primer Empleo, en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4960022&fecha=23/01/2007





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA INTRODUCIR LA FIGURA DEL VOTO CONCURRENTE

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA INTRODUCIR LA FIGURA DEL VOTO CONCURRENTE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En toda democracia, el parlamento constituye la más alta tribuna desde donde se debaten los grandes temas nacionales, dándose voz a las distintas corrientes ideológicas ahí representadas.

Por esa razón no queda duda de que la composición de ambas Cámaras del Congreso de la Unión es expresión de la sana pluralidad de nuestro país.

Es precisamente la diversidad de ideas y opiniones lo que enriquece el trabajo parlamentario. El disenso no debe ser entendido como un obstáculo para la democracia, sino como un valioso contrapeso que impide que el sistema democrático devenga una dictadura de las mayorías.

Perfectamente consciente de ello, el Senado de la República expidió su Reglamento en 2010, previendo la figura del voto particular, como la expresión de las minorías parlamentarias en un sentido diverso al dictamen suscrito por la mayoría.

Y siguiendo la lógica de evitar la dictadura de las mayorías, el Reglamento prevé que todo voto particular que sea presentado respecto de la totalidad o de una parte de un dictamen, se exponga ante el Pleno y en su caso, se ponga a discusión, incluso antes de la discusión del dictamen en lo general.

Ahora bien, en el desarrollo del trabajo parlamentario al seno de las comisiones, se han presentado casos en que algunos legisladores hemos coincidido con el sentido del voto de la mayoría de sus integrantes respecto de un dictamen puesto a discusión, pero por razones y argumentos distintos a los plasmados en la correspondiente exposición de motivos.

Ello no es en realidad inusual ni extraño en el trabajo legislativo, pues a final de cuentas, toda reforma tiene como finalidad la adecuación de nuestras leyes a las circunstancias que la realidad le exige y desde luego, tales motivaciones no están exentas de consideraciones de carácter político.

Un ejemplo reciente ocurrió con la discusión y aprobación de reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En dicha discusión hubo legisladores que manifestaron su intención de apoyar el sentido de las modificaciones y adiciones propuestas, pero externaron su desacuerdo con la exposición de motivos del dictamen, toda vez que se sustentaba en una serie de consideraciones de carácter económico que a juicio de dichos legisladores, nada tenían que ver con el contenido de las reformas propuestas.

Ante una situación semejante, resulta de gran relevancia que los legisladores, como representantes populares, expliquen de cara a la ciudadanía las razones que motivan el sentido de su voto.

Es por ello que la presente iniciativa tiene como objetivo ampliar los mecanismos de análisis y debate parlamentario al seno del Senado de la República, mediante la introducción de la figura del voto concurrente en su Reglamento.

El voto concurrente, es una figura jurídica a través de la cual el integrante de un órgano colegiado, estando de acuerdo con el sentido de una resolución adoptada por la mayoría, manifiesta y explica su desacuerdo con las razones que sustentan, dicha resolución.

A pesar de que se trata de una figura muy poco estudiada por la doctrina jurídica en nuestro país, es comúnmente aplicada en órganos deliberativos y decisorios como el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso en el ámbito internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Existen pocas definiciones legales del voto concurrente, sin embargo, una muy ilustrativa es la contenida en el Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que en su artículo 26 señala: “En el caso que la discrepancia del Consejero Electoral se centre exclusivamente en la parte argumentativa pero exista coincidencia en el sentido de la decisión final, podrá formular un Voto Concurrente respecto de la parte del Acuerdo o Resolución que fue motivo de su disenso”.

De igual manera, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio en cuya explicación hace mención de que el voto concurrente es utilizado cuando algún Ministro comparte el sentido del fallo pero discrepa de las consideraciones que lo sustentan.

Dicha tesis es localizable con el siguiente rubro y antecedentes:

Época: Novena Época
Registro: 173417
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXV, Enero de 2007
Materia(s): Común
Tesis: P. LXII/2006
Página: 106

VOTOS PARTICULAR O CONCURRENTE. NO PUEDE FORMULARLOS EL MINISTRO QUE INTERVINO EN LA DISCUSIÓN DE UN ASUNTO, PERO NO PARTICIPÓ EN SU VOTACIÓN.

De los artículos 7o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 46, fracción VI, 64, fracciones I y VII, y 66 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que los Ministros pueden expresar su opinión acerca de un asunto en las sesiones que se realicen, y están obligados a emitir su voto a favor o en contra del proyecto de resolución, salvo que no hayan estado presentes en su discusión o no puedan, por impedimento, participar en ella. Por tanto, el derecho a formular voto particular por escrito, si disienten del sentido del fallo aprobado por la mayoría, o voto concurrente, si comparten el sentido pero discrepan de las consideraciones que lo sustentan, nace cuando materializan esa postura en sesión mediante su voto, como acto personal y definitivo; de lo contrario, aun en el supuesto de que hayan intervenido en la discusión del asunto, si no emitieron la decisión final, no podrán exponer por ese medio la inconformidad con su sentido o consideraciones, ya que esos votos forman parte de la resolución aprobada, en la que únicamente aparecen los Ministros que participaron en la votación. Lo anterior no implica que se restrinjan los derechos de los Ministros para participar con voz en la discusión de un asunto cuando se retiran antes de la votación final, pues conservan el derecho a solicitar que la opinión que hayan externado en la sesión respectiva o presentado en ésta por escrito, conste en la razón que elabora el Secretario General de Acuerdos, la cual se agrega al expediente, pero que a diferencia del voto particular o concurrente, no forma parte de la resolución aprobada por la mayoría.

Varios 1624/2006-PL. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 9 de octubre de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

El Tribunal Pleno, el treinta y uno de octubre en curso, aprobó, con el número LXII/2006, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta y uno de octubre de dos mil seis.

Con estos planteamientos, la presente iniciativa plantea el voto concurrente como el medio por el cual las Senadoras y Senadores, estando de acuerdo con el sentido de las reformas propuestas en un dictamen, expresan su disenso respecto de las consideraciones que las motivan.

Para la presentación del voto concurrente, se propone un mecanismo semejante al de la presentación del voto particular, es decir, se presentará por escrito ante la presidencia de la Comisión coordinadora correspondiente, para posteriormente ser expuesto ante el Pleno, previo a la discusión del dictamen en lo general.

Para tal efecto, deberá ser publicado con doce horas de antelación a la sesión correspondiente.

Así también, se propone que el voto concurrente cumpla con los mismos requisitos formales que el voto particular, los cuales se encuentran enumerados en el artículo 208 del Reglamento del Senado de la República.

Sin embargo, existen también diferencias sustanciales con respecto al voto particular, pues a diferencia de éste, el voto concurrente únicamente sería expuesto ante el Pleno, pero sin intención de ser sometido a discusión, es decir, el autor del voto concurrente únicamente haría uso de la Tribuna para explicar su disenso con los argumentos que sustentan el dictamen.

Ello en virtud de que resultaría ocioso someter a discusión un planteamiento que se encuentra acorde con el sentido del dictamen y que no tiene por objeto modificar el proyecto de decreto, sino únicamente exteriorizar el disenso con sus argumentos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforman la fracción III del párrafo 1 del artículo 8; los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 193; la fracción I del párrafo 1 del artículo 199; la fracción XIII del párrafo 3 del artículo 306; la fracción XIII del párrafo 1 del artículo 309; se adicionan los párrafos 5 y 6 al artículo 150; el párrafo 4 al artículo 188, todos del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 8

1. …

I. y II. …

III. Participar en las sesiones, reuniones, debates, discusiones, votaciones y cualquier otro evento o reunión para los que están facultados, que se realizan en el Pleno, las Comisiones, los Comités y los demás órganos del Senado; así como presentar excitativas, mociones, solicitudes, propuestas, votos particulares y votos concurrentes;

IV. a XIV. …

2. …

Artículo 150

1. a 4. …

5. Los Senadores pueden presentar voto concurrente cuando coinciden en el sentido del dictamen pero difieren de los argumentos que lo sustentan.

6. En la presentación del voto concurrente son aplicables las reglas establecidas en los artículos 207 párrafos 2 y 3, 208 y 209 de este Reglamento.

Artículo 188

1. a 3. ...

4. Si uno o más integrantes de las comisiones coinciden en el sentido del dictamen pero difieren de los argumentos que lo sustentan, pueden presentar voto concurrente en los términos de este Reglamento.

Artículo 193

1. …

2. Los votos particulares y los votos concurrentes se publican después de los dictámenes a que se refieren, cuando menos doce horas antes de la sesión.

3. Sin cumplir el requisito de publicación en la Gaceta, el Pleno no debate ni se pronuncia sobre dictamen, voto particular o voto concurrente alguno.

4. Las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras, en casos debidamente justificados, pueden solicitar al Presidente que proponga al Pleno la dispensa de la publicación de un dictamen, una opinión, un voto particular o un voto concurrente. En todo caso, previo al debate, se debe distribuir a los senadores copia del documento de que se trata.

5. El Presidente de la Mesa sólo ordena la publicación en la Gaceta de los dictámenes, opiniones, votos particulares y votos concurrentes que cumplen con las normas que regulan su formulación y presentación.

Artículo 199

1. …

I. Una vez leído o presentado el dictamen conforme lo señala el artículo 196 de este Reglamento, o bien se haya dispensado su lectura, si hay voto particular respecto de todos sus elementos o voto concurrente, su autor o uno de sus autores expone los motivos y el contenido del mismo;

II. a IX. …

Artículo 306

1. y 2. …

3. …

I. a XII. …

XIII. Los dictámenes de las comisiones, los votos particulares y los votos concurrentes;

XIV. a XIX. …

4. y 5. …

Artículo 309

1. …

I. a XII. …

XIII. Dictámenes, votos particulares y votos concurrentes; y

XIV. …

2. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República; así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Muchos son los beneficios que brindan los hidrocarburos para el país, sus habitantes, y para el mundo en general. Son la principal fuente de energía y la base para la creación de materiales de uso cotidiano e indispensables para la vida cotidiana; también traen beneficios en la economía del país -generan fuente de empleo, crecimiento económico, entre otros-.

Sin embargo, en todas las fases del ciclo de producción de hidrocarburos, desde la exploración hasta su distribución, existen afectaciones tanto directas como indirectas al medio ambiente, siendo de mayor gravedad unas que otras. Es decir, ninguna de las actividades del Sector Hidrocarburos mencionadas en la fracción XI del artículo 3º de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como son: el reconocimiento y exploración superficial, y la exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas natural, de petróleo y de petrolíferos; y, el transporte por ducto y el almacenamiento, que se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos producto del procesamiento del gas natural y de la refinación del petróleo; están exentos de impactar en alguna medida al medio ambiente. Y no solamente afectan los ecosistemas o la flora y fauna de algunos lugares, sino que finalmente también perjudican a los seres humanos que nos beneficiamos de ellos y de sus servicios.

Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma energética, el 20 de diciembre de 2013, se da una gran apertura a que particulares, además del Estado y a través de contratos, puedan explorar, y extraer petróleo, así como otros hidrocarburos; también, que particulares a través de permisos, puedan tratar y refinar el petróleo, o procesar el gas natural. Con esta reforma sin lugar a dudas aumentará en gran medida la actividad del Sector, y por ende también, el número y probabilidad de que ocurran afectaciones ambientales derivadas de estas actividades y los daños que por consecuencia se producen a otros sectores como los económicos, - pérdida de ecosistemas, daños a fauna y flora, afectación a las actividades económicas de algunos sectores primarios como la agricultura, silvicultura y pesquería, entre otros-.

Sobre accidentes por derrames de petróleo, por ejemplo, existen casos ya históricos en el País y que han dañado gravemente el medio ambiente. Como lo ocurrido en el Golfo de México, cuando reventó en junio de 1979 el pozo exploratorio de petróleo Ixtoc I, derramando 530,000 toneladas de crudo en el océano, y contaminando las costas de Campeche, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, así como Texas en Estados Unidos.

Los derrames de petróleo matan aves, peces y mamíferos, dañan la flora y alteran el ecosistema de los lugares donde ocurre el desastre o más allá de las zonas donde ocurre; más grave aún, los impactos pueden tener efectos a largo plazo. Una nota publicada por el periódico milenio, reporta que científicos y pescadores sospechan que a cinco años del derrame petrolero de DeepWaterHorizon, una marejada submarina de crudo ya llegó a costas mexicanas, afectando la reproducción de especies como camarón, jaiba y tiburón. Pescadores locales afirman que desde hace cinco años sacan chapopote; y que al abrir los guachinangos tienen adentro bolas de petróleo1.

Los derrames de crudo al mar y a otros sistemas acuáticos, pueden conducir según datos de organizaciones de la Sociedad Civil a: muerte de organismos por asfixia; destrucción de los organismos jóvenes o recién nacidos; disminución de la resistencia o aumento de infecciones en las especies, especialmente aves, por absorción de ciertas cantidades sub-letales de petróleo; efectos negativos sobre la reproducción y propagación a la fauna y flora marina; destrucción de las fuentes alimenticias de las especies superiores; incorporación de carcinógenos en la cadena alimenticia; entre otras afectaciones2.

Esto es sólo un pequeño ejemplo de los accidentes y los posibles impactos que las actividades del Sector podrían traer al medio ambiente. Sin embargo, no quiere decir que deban frenarse o no realizarse, pero sí deben manejarse con mayor cautela y regularse adecuadamente.

De la reforma energética, y del consiguiente paquete de legislación secundaria, -publicada el 11 de agosto del 2014- la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos, o la también conocida Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuya finalidad es la de regular y supervisar la seguridad industrial y operativa, las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones y, el control integral de los residuos y emisiones contaminantes; con el objeto de proteger a las personas, al medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos3.

Entre otras funciones, la Agencia está encargada de regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera4. Adicionalmente a estas funciones, y aunque ya este contenido de manera general en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental5, se propone fortalecer la atribución de la ASEA de realizar actos de inspección y vigilancia para verificar el pleno cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación o compensación señaladas en las manifestaciones de impacto ambiental de las obras o actividades autorizadas y relacionadas con las actividades del Sector, llevándola a la Ley.

Asimismo, la Agencia tiene la facultad de expedir, suspender o negar las licencias, autorizaciones, permisos y registros en materia ambiental6. Con ésta atribución, debe de ir de la mano, la función de realizar actos de consulta pública. La participación de los ciudadanos, principales afectados en la realización de ciertas obras o actividades, es fundamental y una obligación del Estado Mexicano. Es por esto que la propuesta remite a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que los actos de consulta pública se realicen de la misma manera en la que se establece en el artículo 34 de dicha Ley. También consideramos adicionar un párrafo, para que en caso de que la obra o actividad del sector hidrocarburos, pueda perjudicar un pueblo o se pretenda realizar en territorio indígena, las reuniones públicas de información se realicen de oficio.

Por último, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, establece que dicho órgano debe publicar en su página de internet el registro de cada audiencia que celebre con los interesados de los Regulados; así como, el reporte del cumplimiento de la misión y fines del fideicomiso público al cual se deberá aportar los remanentes de ingresos propios excedentes que obtenga la Agencia y de los recursos ejercidos para tal efecto. La presente iniciativa, propone agregar un Capítulo de Transparencia y Acceso a la Información, donde no solamente se publique lo ya establecido en la Ley, sino también el perfil de los integrantes de la Agencia, el programa de trabajo, las minutas de las reuniones, entre otras actividades que realiza la ASEA. Lo anterior con la finalidad de garantizar a toda persona el acceso a la información.

Por lo anteriormente expuesto someto a estas Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de Decreto:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 5º y se adiciona un Capítulo VI Transparencia y Acceso a la Información, al Título Segundo Atribuciones de la Agencia y Bases de Coordinación de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:

I. a II. …

III. Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera.

Con relación a la protección al medio ambiente, la Agencia, realizará los actos de inspección y vigilancia para verificar el pleno cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación o compensación señaladas en las manifestaciones de impacto ambiental de las obras o actividades autorizadas y relacionadas con las actividades del Sector. En caso de que el responsable de la obra o actividad no cumpla con las medidas establecidas en la manifestación de impacto ambiental, se hará acreedor de las sanciones correspondientes;

IV. a XXVIII. …

XXIX. Contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones técnicas, requeridos para sus actividades;

XXX. Realizar consultas públicas en coordinación con la Secretaría y de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Cuando una obra o actividad relacionada con las actividades del Sector pueda afectar un pueblo o comunidad indígena o se ubique en territorio indígena, la Agencia, deberán promover de oficio la celebración de reuniones públicas de información con el pueblo o comunidad indígena correspondiente, conforme a lo establecido por los acuerdos internacionales de los que México es parte. Los gastos generados por la celebración de esta reunión de pública de información previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas, correrá a cargo del promovente.

La reunión pública de información, así como la información proporcionada a los pueblos y comunidades indígenas afectados, deberán ser traducidas en la legua indígena correspondiente;

XXXI. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Capítulo VI

Transparencia y Acceso a la Información

Artículo 26 Bis. Toda persona tendrá derecho a que la Agencia ponga a su disposición la información que se le solicite en los términos previstos por las leyes.

Artículo 26 Bis1. La Agencia deberá contar con una página de Internet permanente para difundir los nombres, apellidos y currículos de los servidores públicos de la Agencia, e integrantes del Consejo Técnico y del Comité Consultivo; el código de conducta al que están sujetos los servidores públicos de la Agencia; el programa de trabajo, el informe anual de labores de la Agencia; las acciones, y minutas de las reuniones que se realicen; los registros de las audiencias; y, demás información prevista por esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de junio de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Ver nota completa, http://www.milenio.com/politica/Muere_industria_pesquera_tras_derrame_de_petroleo-pozo_Macondo-British_Petroleum_0_516548379.html

2 http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2012/1/impactos_ambientales_petroleo.pdf

3 Resumen del Artículo 1º de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

4 Fracción III del artículo 5º de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

5 Ver, Artículo 55 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental

6 Ver fracción XVIII artículo 5º de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor llevar a cabo una investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los servicios que ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe JUANA LETICIA HERRERA ALE, Senadora por el Estado de Durango e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES:

En la actualidad el servicio de telefonía celular y el uso de datos (Internet) representan una herramienta fundamental a la sociedad y las familias para comunicarse, por otra parte, el entorno de negocios a nivel mundial, no se podría entender sin los avances tecnológicos que al día de hoy permiten hacer grandes negocios desde cualquier parte del mundo, en la comodidad de una oficina con una conexión a Internet y/o desde un teléfono celular.

Por ello expongo el día de hoy ante ustedes, la necesidad de que este servicio de comunicación sea eficiente en todos los sentidos, ya que de su correcto funcionamiento depende el éxito o el fracaso de algunos negocios, ya que incide directamente en la productividad de las empresas. Y no sólo ello, muchas personas lo utilizamos como herramienta de trabajo, y las deficiencias en el servicio causan contratiempos en la vida de la gente

Para los ciudadanos que viajan frecuentemente, también es de vital importancia, toda vez que hoy se le da uso intensivo a las redes sociales, las cuales necesitan estar soportadas por un eficiente servicio de Internet, en cualquier parte de la república y del mundo.

Es común escuchar por parte de los usuarios quejas sobre el uso de datos y telefonía al intentar contar con estos servicios más allá de nuestras fronteras, en donde, sin importar que uno realice la solicitud previa respectiva y los trámites necesarios para contar con estos servicios. Por ello es necesario mencionar que la prestación de manera óptima de ambos servicios, debe de ser una garantía para los usuarios estipulada en los contratos de servicios, cuando se adquiere un equipo, ya sea con un plan de prepago o un plan de fichas, para abonar saldo.

El pasado 11 de junio del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones, mediante el cual se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo central es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes y tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso de los servicios mencionados, así como la facultad exclusiva en materia de competencia económica de tales sectores.

A raíz de este Decreto y de la publicación de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, se le asignaron nuevas atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la cual tiene la obligación de darle un seguimiento a las quejas interpuestas por los consumidores en contra de las empresas que ofrecen estos servicios, realizar las investigaciones pertinentes, y en su caso aplicar las sanciones correspondientes.

En nuestro país según la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en el mes de diciembre de 2014, señaló que durante ese año las empresas que tuvieron un mayor número de quejas fueron Nextel con 5 mil 900, Telcel con 4 mil 473, Iusacell con 4 mil 175 y Telmex con 2 mil 836.

Estas cifras son preocupantes toda vez que la misma PROFECO a mediados de 2014 emitió una recomendación a estas compañías para que cumplieran con lo establecido en sus contratos, el número de quejas se incrementó en el segundo semestre del año.

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece entre uno de los derechos de los usuarios, el Derecho a la Compensación. El cual si el proveedor de servicios no cumple con lo que promete, lo debe a uno compensar, ya sea devolviendo el dinero, reduciendo el precio del servicio o reanudando el servicio sin costo alguno, razón por la cual las empresas que prestan este servicio, están obligadas a cumplirle a sus clientes.

La PROFECO y el IFETEL signaron un convenio de colaboración y concertación de acciones, el cual busca coordinar las acciones que ambas instituciones tendrán que hacer en beneficio de los usuarios de telefonía celular.

En este convenio en el numeral cuarto se establece que:

“Considerando que los usuarios y las audiencias son el componente más importante en el entorno de las telecomunicaciones y radiodifusión, PROFECO e IFT se integran y coordinan para la realización de acciones encaminadas a garantizar un mejor servicio a los usuarios-consumidores; que aseguren el pleno acceso a mecanismos apropiados para exigir sus derechos y se les resarza proporcionalmente a los daños recibidos por prácticas desleales o abusivas, pero también para asegurar que desde los aspectos regulatorios hasta las acciones de verificación y aplicación de la Ley, se imprima un enfoque de derechos de los consumidores que los sitúe en el lugar que por importancia les corresponde con motivo de su aporte a la dinámica y al crecimiento de la economía nacional.”

Este numeral, sienta las bases para que los usuarios que han tenido problemas de incumplimiento por parte de las empresas que ofrecen este tipo de servicios, tengan el derecho para presentar sus quejas y en caso de proceder sean resarcidos en el daño que sufrieron como consumidores.

Por lo antes expuesto y fundamentado, señoras y señores legisladores, someto a consideración de ésta Honorable Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la unión, solicita respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que en virtud de sus atribuciones respectivas lleven a cabo una investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los servicios que ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos (internet), y en caso de no cumplirlos fijar las multas correspondientes conforme a la ley además de resarcir económicamente el daño a los usuarios.

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus facultades lleve a cabo una campaña nacional de información sobre el procedimiento para interponer las denuncias en contra de los prestadores de servicios de servicio de telefonía celular y del uso de datos.

TERCERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una investigación sobre las violaciones recurrentes de las compañías prestadoras del servicio de telefonía celular y del uso de datos, en contra de los consumidores, y fijar las penas que conforme a la ley procedan.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 03 de Junio de 2015.

Proponente

Sen. Juana Leticia Herrera Ale.





 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a que, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, lleven a cabo las medidas legislativas y de política pública para evitar la muerte materna y el embarazo adolescente. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES FEDERALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPALES Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES LLEVEN A CABO LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS Y DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EVITAR LA MUERTE MATERNA Y EL EMBARAZO ADOLESCENTE al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho a la salud es fundamental para generar el desarrollo pleno de todos los seres humanos. En este sentido, la salud materno-infantil y el acceso a la atención neonatal requieren del desarrollo de un sistema de salud eficiente que brinde atención médica de calidad en las diversas categorías para la prevención y atención oportuna de las complicaciones y patologías vinculadas con la salud de la mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio así como la atención del recién nacido en los primeros años de vida.

La promoción de la salud y la disminución de la mortalidad materna han sido temas claves en diversas cumbres y conferencias internacionales desde finales de la década de los ochenta. En 1948 la Organización Mundial de la Salud (oms) describe a la salud “como […] un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades…”. Este derecho ha sido plasmado en diferentes instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, por mencionar algunos, se aborda desde la perspectiva del bienestar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en el Cairo así como en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y en el año 2000 en la Cumbre del Milenio a través de los objetivos del milenio. En esta última México se comprometió entre otras cosas a reducir la mortalidad infantil y a mejorar la salud materna.

Datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa) en 2011, revelan que la mortalidad materna es la principal causa de muerte entre mujeres de edad reproductiva a nivel global y que más de 1500 mujeres y niñas mueren cada día a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio, lo cual, se traduce en cerca de 550 mil muertes anuales.

De acuerdo con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (unicef) la muerte materna obedece sobre todo a causas relacionadas con la hipertensión (26% de los casos); las hemorragias (20%) las complicaciones del puerperio (15%) y otras causas directas (17%).

Para el caso de México, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), señalan que en 1990, en nuestro país se registraron 2,190 casos de mujeres que murieron durante el embarazo, parto o puerperio, lo cual representa una razón de 89 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos. Para el año 2007 las mujeres fallecidas fueron 1,097 con una razón de 55.6% y en 2008, aumento a 1,115 con una razón de 57.2%. Para el 2010, la mortalidad materna fue de 53.5 muertes por cada 100,000 personas nacidas vivos.

A partir del año 2000, el gobierno mexicano consideró la mortalidad materna como un problema de salud pública y a partir de ahí se generaron diversos programas para la atención de salud materno-infantil. Sin embargo, en la actualidad seguimos lejos de alcanzar la meta planteada en la Cumbre del Milenio, que es una razón de 22.3% (417 defunciones maternas por año).

En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los resultados nacionales arrojaron que entre 2007 y 2012 se registraron un total de 8.4 millones de nacimientos, de los cuales 3.86 millones fueron por cesárea, cifra que rebasa y duplica la recomendación de la oms, que indica que ningún país debe rebasar del 10 al 15 por ciento de nacimientos por cesárea. Actualmente, el 45.2 por ciento de los nacimientos en México ocurren por cesárea.

Adicionalmente, el Observatorio de Mortalidad Materna (omm) identificó que de las 861 muertes maternas registradas en 2013, 57.6 por ciento ocurrieron en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud; 18.9 en instituciones de seguridad social, y 7.9 por ciento en una unidad privada.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con datos del unicef en 2009, México contaba con un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en 2009, de los cuales 6.3 son mujeres y 6.5 son hombres. El 55.2% de los adolescentes mexicanos son pobres, uno de cada 5 adolescentes tienen ingresos familiares y personales tan bajos que no les alcanza para alimentación mínima requerida. Además casi 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años no asistían a la escuela. Del total de niños y jóvenes que no asistían a la escuela, correspondían a este grupo de edad 48.6% hombres y 44.1% mujeres.

Existen diversas razones por las cuales las y los adolescentes dejan de ir a la escuela, entre ellas la baja calidad de la educación, la discriminación a la que se enfrentan, la falta de oportunidades y la necesidad de trabajar. No obstante, la falta de orientación se refleja en al alto número de embarazos prematuros, casi medio millón de mexicanas menores de 20 años dieron a luz en el año 2005 y de estos 144,670 fueron casos de adolescentes con un hijo o un primer embarazo entre los 12 y 18 años que no habían concluido sus educación de tipo básico.

Las cifras anteriormente descritas revelan que la atención oportuna para evitar las muertes maternas continúa siendo un rubro pendiente para garantizar el derecho de las mujeres a la salud, además de que la maternidad y la paternidad tempranas conducen a las y los adolescentes a enfrentarse a responsabilidades para las cuales aún no se encuentran preparados, con efectos desfavorables para su vida y la de sus hijos e hijas.

De igual manera, diversos estudios en salud1 han demostrado que los embarazos prematuros tienen consecuencias graves para la salud de las adolescentes y de sus bebes, además de consecuencias económicas y sociales. Por ejemplo en México ser una adolescente indígena, pobre, y con baja escolaridad, es igual a un alto riesgo de muerte por complicaciones del embarazo, parto y puerperio.

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el cual se originó el 28 de mayo de 1987 en el V Encuentro Internacional Mujeres y Salud, realizado en Costa Rica en mayo de ese año, se tuvo como objetivo reafirmar el acceso sin restricciones a la salud, como un derecho humano de las mujeres. Y, contribuir a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres tal y como lo establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw)2.

El Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2013-2018 en su objetivo 4 establece que el Estado mexicano deberá trabajar en “Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país”. En este sentido, uno de los retos más importantes en materia de salud de las mujeres es entre otros la eliminación del embarazo en la adolescencia.

En 2011, la oms junto con el unfpa publicó unas directrices sobre la prevención de los embarazos en adolescentes y la reducción de los resultados negativos para la reproducción. Las directrices contienen recomendaciones sobre las medidas que los países podrían adoptar con seis objetivos principales:

1. Reducir el número de matrimonios antes de los 18 años;

2. Fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 años;

3. Aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar el riesgo de embarazo involuntario;

4. Reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes;

5. Reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes;

6. Incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal por parte de las adolescentes.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación del Estado mexicano de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes entre ellos, el derecho a la salud, a la prioridad, a una vida libre de violencia, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, por mencionar algunos.

En este sentido, resulta prioritaria la atención oportuna de la problemática descrita y pertinente que el Gobierno mexicano fortalezca las acciones que contribuyan a eliminar la muerte materna por causas prevenibles, así como que establezca las medidas necesarias para su prevención.

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente, con estricto apego al principio de división de poderes exhorta respetuosamente a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para que en el ámbito de sus respectivas competencias y en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres lleven a cabo las medidas legislativas y de política pública que permitan:

1. Reconocer a las adolescentes como titulares de derechos;

2. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social que contribuyan a la sensibilización, difusión y prevención del embarazo adolescente;

3. Llevar a cabo las acciones tendientes e incrementar el uso de servicios especializados para garantizar la protección de la salud de las adolescentes embarazadas durante el embarazo, el parto y el puerperio;

4. Implementar medidas para reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes, la trata de personas menores de edad, el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes con o sin fines comerciales o cualquier otro tipo de conductas que impliquen violencia sexual su contra y;

5. Reducir el número de matrimonios antes de los 18 años

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de junio de 2015.

Sen. Martha Elena García Gómez.

1 OMS (2014), “El embarazo en la adolescencia”, disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/

2 CEDAW, disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm





 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a sancionar al Partido Verde Ecologista de México por violar abiertamente el periodo de veda electoral. Se turna a la Primera Comisión.

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los que abajo suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presentamos ante esta soberanía proposición con Punto de Acuerdo en materia electoral al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Partido Verde Ecologista de México volvió a violentar la ley electoral, esta vez incurriendo en una abierta violación al periodo de veda electoral, promoviendo a través de personajes del medio artístico y del deporte el voto a su favor en las redes sociales.

Estas personalidades del mundo del espectáculo y los deportes emitieron mensajes de apoyo al Partido Verde, ya sea refirieron sus propuestas, sus lemas de campaña, o usando alguna de las etiquetas creadas para promoción de ese partido, a raíz de esto el INE abrió una investigación sobre estos mensajes de personajes vinculados a Televisa y Azteca.

Aunado a esto existe la sospecha de que el PVEM realizó un pago o acuerdo con quienes lo promovieron, sin embargo algunas de estas personas ya borraron dichos mensajes en sus cuentas.

Las cuentas oficiales en Twitter del entrenador de la Selección Nacional de Futbol Miguel “el Piojo” Herrera, Inés Sainz (@inessainzg), Aleks Syntek (@syntekoficial), Julio César Chávez (@jcchavez115) Jan Cárdenas (@janmexico) y Gloria Trevi (@GloriaTrevi) entre otras, estuvieron promoviendo las promesas y acciones del Partido Verde bajo el hashtag #VamosVerdes.

Cabe recordar que desde el primer minuto del pasado jueves 4 de junio hasta el cierre de la jornada electoral de este domingo 7 de junio está prohibido celebrar actos de campaña o proselitismo y por lo menos 24 personalidades que dicen simpatizar con el partido, lo estuvieron haciendo posteriormente al final de la campaña.

Esta acción viene a reiterar la conducta sistemática cometida por este instituto político de violar los principios constitucionales y legales en materia electoral, con esta estrategia de campaña  que buscaba entre sus objetivos principales, conseguir votos a costa del rompimiento de la equidad.

Frente a estas condiciones inequitativas en la competencia, el grupo parlamentario del PRD, ha denunciado pública y reiteradamente ante el INE y encauzado legalmente tal situación ante el TEPJF, sin que hasta el momento sus resoluciones hayan incidido de manera alguna para restaurar la equidad en la contienda que ya concluyó.

Una vez más denunciamos que su estrategia tuvo un sustento económico que rebasó por mucho los límites fijados por la autoridad electoral para el financiamiento público y privado de campaña que le fue otorgado al PVEM, y que por estos conceptos fue de un monto de 444 millones 700 mil pesos, una cifra que resulta ridícula frente al gasto real que hizo este partido para ganar indebidamente sus votos.

El grupo parlamentario del PRD, considera de la mayor importancia que el INE ejerza sus facultades constitucionales y legales para revisar de manera íntegra y exhaustiva, los gastos de campaña del PVEM, tomando en cuenta el conjunto de medios de propaganda que usó en su campaña, incluyendo el posible pago que se haya hecho a estos twiteros famosos de la televisión y el deporte.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos a esta soberanía la siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral para que en ejercicio de sus facultades, sancione al PVEM, por haber violado el periodo de veda electoral, utilizando las redes sociales para llamar abiertamente a votar por su partido, inclusive el mismo día de la jornada electoral, con personajes del medio artístico y el deporte, así mismo se investigue el posible pago que se hizo a estas personas, y se sume a su gasto de campaña.

Suscriben

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015

Dip. Miguel Alonso Raya.- Dip. Antonio León Mendívil.- Dip. Lizbeth Rosas Montero.- Dip. Gloria Bautista Cuevas.- Dip. Amalia García Medina.- Dip. Fernando Belaunzarán Méndez.- Dip. Lourdes Amaya Reyes.- Dip. Graciela Saldaña Fraire.





 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a acelerar el proceso de publicación del Programa de Energías Limpias en la Administración Pública. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición, CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A ACELERAR EL PROCESO DE PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ENERGÍAS LIMPIAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La energía solar fotovoltaica está experimentando un rápido crecimiento a nivel global, durante los últimos cinco años ha aumentado 55% en promedio. Al cierre de 2013, este tipo de energía representó el 0.7% de la producción eléctrica mundial; sin embargo, fue la que tuvo mayor crecimiento anual, agregando más de 39 gigawatts (GW) para alcanzar un total de 139 GW.1

Alemania, China e Italia son los países con mayor capacidad instalada total de energía fotovoltaica; no obstante, China, Japón y Estados Unidos son los países con mayor capacidad nueva. Este tipo de energía está empezando a jugar un papel sustancial en la generación de electricidad en países europeos y está abriendo nuevos mercados en África, Asia y América Latina.

Aunque la inversión global en energía fotovoltaica cayó 22% en el último año, la capacidad instalada nueva creció en 32%. De este modo, los precios de los equipos se han estabilizado, los costos de producción han bajado y la eficiencia de las fotoceldas ha aumentado con firmeza. Como consecuencia, muchos fabricantes empezaron a expandir la capacidad de producción para satisfacer el crecimiento en la demanda.

La energía solar fotovoltaica está desarrollándose con pasos firmes en todo el mundo y se espera que juegue un papel mayor en los próximos años, por ello, ningún país debe pasar por alto su valor.

En el caso de México, la Estrategia Nacional de Energía reconoce que nuestro país dispone indiscutiblemente de un alto potencial renovable, con un amplio portafolio de recursos. Al año 2020 se ha identificado un potencial de 6 mil megawatts (MW) de energía solar, de los cuales el aprovechamiento actual es casi nulo, mientras que otras tecnologías como la geotérmica y eólica presentan un aprovechamiento de 10% y 5% del potencial disponible, respectivamente.2

En cuestión de políticas sobre energías renovables, el Gobierno Federal está reforzando actualmente las medidas y programas para el impulso a las energías limpias y renovables, incidiendo en los sectores con mayor consumo energético.

En este sentido, la recién publicada “Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios” indica que en los países desarrollados se ha definido a los edificios como importantes consumidores de energía, presentando grandes oportunidades de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero por la mejora en eficiencia energética y el aprovechamiento de energías renovables.3

Por ello, la Estrategia incluye entre las medidas recomendadas la “incorporación plena y cabal de procedimientos para la integración de tecnologías fotovoltaicas en la envolvente de las edificaciones en los reglamentos de construcción”.

En el mismo perfil de acciones gubernamentales sobresale el “Programa de Energías Limpias en la Administración Pública”,4 el cual busca proporcionar a los edificios de la Administración Pública Federal (APF) la capacidad de autoabastecimiento de energía eléctrica, a través del aprovechamiento de energías renovables y con ello obtener un ahorro sustancial en la operación y mantenimiento del sitio.

El objetivo general del Programa es promover y consolidar la reforma energética abatiendo costos de producción y transmisión de energía al generar una parte de la consumida, in situ.

Dentro de los objetivos particulares, se tiene:

● Proporcionar a los edificios de la APF la capacidad de autoabastecimiento de energía eléctrica, a través del aprovechamiento de energías renovables y con ello obtener un ahorro sustancial en la operación y mantenimiento del sitio.

● Alcanzar una capacidad instalada de hasta 2.4 MW pico y lograr una generación anual total de 3.5 gigawatts hora (GWh).5

● Reducir emisiones de 35 mil toneladas de CO2 equivalentes en 20 años.6

● Adquirir experiencia y conocimiento en la implementación de diferentes tecnologías de generación de electricidad a través de energía solar.

● Desarrollar, en etapas posteriores, un modelo replicable en otras entidades para el aprovechamiento de energías renovables.

● Reducir costos de facturación eléctrica.

● Fomentar la implementación de sistemas fotovoltaicos en otros edificios de la APF en México.

La Secretaría de Energía (SENER) manifiesta en su página electrónica que el Programa antes mencionado se encuentra en etapa de desarrollo, sin indicar mayores detalles. Por ello, este Grupo Parlamentario solicitó a la Secretaría de Energía a través del Sistema Infomex, con número de solicitud 0001800003015, información sobre el grado de avance del Programa, así como en las medidas de fomento a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios de la APF.

La repuesta de SENER fue que el Programa continúa en etapa de desarrollo, teniendo contemplada su terminación en este año 2015. En consecuencia, resulta prioritario acelerar la publicación de dicho Programa y en particular, las medidas de fomento a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios de la APF.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía a acelerar el proceso de publicación del Programa de Energías Limpias en la Administración Pública, así como a informar sobre los avances en el objetivo de fomento a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios de la Administración Pública Federal.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el10 de junio de 2015.

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.

1 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). Renewables 2014 Global Status Report.http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full%20report_low%20res.pdf

2 Secretaría de Energía. Estrategia Nacional de Energía 2013-2027. http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2013/ENE_2013-2027.pdf

3 ACUERDO por el que se expide la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, como parte integrante del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. Diario Oficial de la Federación, 19 de diciembre de 2014.

4 SENER. Programa de Energías Limpias en la Administración Pública. Página consultada en mayo de 2015. http://sener.gob.mx/portal/Default.aspx?id=2936

5 De manera comparativa, los aerogeneradores (torres eólicas) fabricados actualmente tienen una potencia de entre 2 y 5 MW, cada uno. Fuente: Gamesa, Catálogo de aerogeneradores (consultado en febrero 2015) http://www.gamesacorp.com/es/productos-servicios/aerogeneradores/catalogo/

6 De manera comparativa, la central fotovoltaica “Aurora Solar” en Baja California Sur cuenta con 32 mil paneles solares y permite evitar la emisión de 60 mil toneladas de CO2 al año. Fuente: Milenio. México generará energía más limpia y más barata: Peña. 26/03/2014 http://www.milenio.com/politica/Pena_Nieto-reforma_energetica-Central_Fotovoltaica-Baja_California_Sur-energia_limpia-ley_cambio_climatico-cambio_climatico_0_269373317.html





 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre los despidos en Petróleos Mexicanos. Se turna a la Tercera Comisión.

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A casi siete décadas de existencia, hablar de Petróleos Mexicanos (PEMEX) es hacer referencia al esfuerzo, sacrificio, dedicación pero también al desarrollo, éxito y progreso1 del país durante gran parte del siglo XX.

Lamentablemente la hoy empresa productiva del Estado atraviesa por uno de los momentos más difíciles desde su creación, esto a pesar de que el Gobierno Federal y la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión; conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PNA), pudieron concretar e implementar las reformas constitucionales y las leyes secundarias en materia energética.   

El desmantelamiento de sus funciones operativas, la carencia de infraestructura, la falta de integración al conjunto del sector energético, la deuda que al cierre del 2014 se ubicó en un billón 143 mil millones de pesos2 (producto de los oscuros esquemas de deuda encubierta llamados PIDIREGAS y por fideicomisos de los que poco se sabe) y la enorme corrupción, son actualmente los rasgos distintivos de PEMEX.

Desafortunadamente, y de manera injusta, las autoridades de PEMEX pretenden dar salida a esta situación con medidas erróneas y que afectarán a los trabajadores. El Director General de la ex paraestatal, Emilio Lozoya, hace poco más de dos meses señaló que por instrucciones del Consejo de Administración de PEMEX se decidió posponer proyectos de exploración en aguas profundas y aplicar recortes de personal.3Versión confirmada por el propio Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien además señaló que entre los despidos habrá no sólo personal de confianza sino también sindicalizados.4

“Y dicho y hecho”, el 15 de marzo en Coatzacoalcos, Veracruz, se despidieron a 400 trabajadores sindicalizados, que se suman a los más de 10 mil trabajadores contratados por outsourcing que dejaron de laborar desde el 1º enero de este año, pero eso no es todo, ya que se espera que otros 60 mil trabajadores sindicalizados sean despedidos en los próximos meses.5

A lo anterior hay que agregar la versión dada a conocer por el Frente Nacional Petrolero y la Gran Alianza Nacional Petrolera, en el sentido de que el despido masivo de trabajadores de PEMEX está pactado en un convenio y no es el único que ha acordado la actual dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) con la empresa, por lo mismo, el número de personal sindicalizado y de confianza ha descendido de manera considerable.6

Como es de conocimiento público, a PEMEX se le redujeron 62 mil millones de pesos este año como consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, los trabajadores no tienen por qué cargar con los errores del Gobierno Federal, porque los cálculos económicos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se han hecho alejados de la realidad, ya que los proyectos de egresos e ingresos de este 2015 se elaboraron bajo la perspectiva de un entorno económico externo en recuperación y sin considerar la fuerte caída del precio del petróleo que se viene dando desde hace tiempo, ni la volatilidad de los mercados financieros, mucho menos de la depreciación del tipo de cambio y de un menor dinamismo de la economía global.

Es por mandato constitucional la salvaguarda de los derechos de los trabajadores de PEMEX, de no hacerlo sería una contradicción muy seria del mismo Gobierno Federal, ya que él fue el principal promotor de la Reforma Energética, y precisamente en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicado el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, señala que:

“Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente Decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley”.

Habría que recordar que la declaración social de Querétaro de 1917 es el principio de la lucha de las clases populares por su redención. Es una verdad que artículos como el 3º, 27 y 123, sintetizaron las inquietudes sociales del pueblo mexicano, por lo que estos preceptos de la Carta Fundamental son el ser y el querer ser de la Nación, son el punto de partida y meta de las clases sociales que dan aliento y esperanza a este país.

Por lo que el trabajo, al ser un derecho humano y constitucional, no es un artículo de comercio, exige respeto para las libertades, dignidad y derechos de quienes lo prestan, no se puede ser incongruente en este asunto, ni decir una cosa y hacer otra.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de este H. Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-Se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, y al Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, a que respeten los derechos laborales de los trabajadores de la empresa, a que no se despida a ningún trabajador más y a que se reinstale a los trabajadores petroleros que han sido despedidos.

Segundo.- Se exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a que salvaguarde los derechos de los trabajadores del sector energético del país, poniendo especial énfasis en los trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Dip. Danner González Rodríguez.

1 “Historia de Petróleos Mexicanos”. Disponible en: http://www.pemex.com/acerca/historia/Paginas/default.aspx [Última consulta: 8 de junio de 2015]

2 “Deuda de PEMEX ya es histórica; aumentó 35.9%”, MILENIO, 16 de marzo de 2015. Disponible en: http://www.milenio.com/negocios/Deuda-Pemex-historica-aumento_0_482351775.html [Última consulta: 8 de junio de2015]

3 “Llegan los recortes a Pemex; pospone proyectos y anuncia despidos de personal”, PROCESO, 18 de febrero de 2015. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=396229 [Última consulta: 8 de junio de 2015]

4 “Sindicalizados, entre los despidos de PEMEX”, EL ECONOMISTA, 22 de febrero de 2015. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/22/sindicalizados-entre-despidos-pemex [Última consulta: 8 de junio de 2015]

5 “Inician despidos en PEMEX; liquidarán a 400 empleados del edificio inteligente de Coatza”, FOROCOATZA, 3 de marzo de 2015. Disponible en: http://www.forocoatza.com.mx/inician-despidos-en-pemex-liquidaran-a-400-empleados-del-edificio-inteligente-de-coatza/ [Última consulta: 8 de junio de 2015]

6 “Romero Deschamps ya pactó el despido masivo de empleados: gremio opositor”, LA JORNADA, 14 de abril de 2015.





 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a regular los servicios que prestan los organizadores de bodas, a través de contratos de adhesión. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL, Diputada Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), A REGULAR LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LOS ORGANIZADORES DE BODAS A TRAVÉS DE CONTRATOS DE ADHESIÓN, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

En la actualidad muchas parejas que tienen planeado contraer matrimonio recurren a los servicios de personas físicas o morales que ofrecen sus servicios como organizadores de bodas sin que exista entre las partes formalidad a través de un  contrato.

Los prestadores de este tipo de servicios por lo regular son personas improvisadas, intermediarios entre proveedores relacionados con banquetes, alquiler de haciendas, jardines, hoteles o cualquier otro tipo de inmuebles, floristas, grupos musicales, casas alquiladoras de vestuario para ceremonias nupciales y con un conjunto de proveedores de servicios indispensables para la realización de una boda de carácter civil o religiosa y los contrayentes.

Ante la falta de una regularización expresa de estos servicios, los futuros esposos pueden ser sorprendidos por personas que abusen de ellos en su condición de consumidores y se aprovechen de las emociones que se generan en torno a la solemnidad que reviste el matrimonio en nuestra sociedad.

Si bien cada evento tiene características propias, si se cuenta con un contrato modelo, en que se establezcan cláusulas específicas para establecer las obligaciones entre proveedores de servicios y los contrayentes, así como para afrontar las circunstancias fortuitas o de fuerza mayor que puedan presentarse, ambas partes podrán evitar incumplimientos y evitar la variación injustificada o quizás justificada que pudiera sufrir el presupuesto original aprobado por los contrayentes para la realización de su boda.

La Ley Federal de Protección al Consumidor, en su capítulo X, faculta a la Profeco para establecer contratos de adhesión en favor de la protección de los consumidores, con el propósito de que la prestación de un servicio se realice con estricto apego a la Ley de la materia, por tal motivo, ante la falta de regulación de los servicios de los organizadores de boda, es que se considera necesario el que la institución en uso de sus atribuciones, pueda proceder a regular este tipo de servicios.

Hay que tener presente que quienes contraen matrimonio son consumidores y que en un acontecimiento de tal relevancia se pueden presentar situaciones de último momento que tienen que resolverse, como lo podría ser el aumento de invitados a la boda o la cancelación anticipada del número de asistentes que se tenían considerados en un principio, lo cual representa un problema tanto para los novios como para quien organiza el evento por las repercusiones económicas que tiene, sin embargo, si se cuenta con un contrato de adhesión, que se apegue a lo que establecen los artículos 86 bis y 86 ter de la Ley Federal de Protección al Consumidores, la situación puede resolverse.

Ello es así ya que el primer artículo señalado establece que en los contratos de adhesión de prestación de servicios deben incluirse por escrito o por vía electrónica los servicios adicionales, especiales, o conexos, que pueda solicitar el consumidor de manera opcional (en este caso serían los novios), y se establece en el segundo párrafo que el proveedor (en la propuesta sería el organizador de bodas),  sólo podrá prestar un servicio adicional o conexo no previsto en el contrato original si cuenta con el consentimiento expreso del consumidor, ya sea por escrito o por vía electrónica.

El segundo artículo referido, establece en su fracción I, que el consumidor (los novios), gozarán de las prerrogativas de adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico; y, en su fracción II otorga la factibilidad de que en caso de adquirir los servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico se realicen con el proveedor de su elección.

Lo anterior representa para los contrayentes el beneficio de no estar sujetos a candados que les ponga el organizador de la boda; y la fracción tercera les concede la posibilidad de cancelar cualquier servicio adicional, especial o conexo al servicio básico, como lo podría ser, a manera de ejemplo, la contratación de una lona adicional por las circunstancias climatológicas que pueden variar, tan solo expresándolo al proveedor, es decir, al organizador de la boda, lo que de conformidad a la disposición normativa no implicaría que proceda la suspensión o la cancelación de la prestación del servicio básico, en este caso, de la boda.

La regularización que se propone daría seguridad jurídica tanto a los consumidores contrayentes como a los proveedores organizadores de  bodas.

Por lo anteriormente expuesto, esta legisladora eleva a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo:

Único.- la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a regular los servicios que prestan los organizadores de bodas a través de contratos de adhesión.

Recinto de la Comisión Permanente, el 10 junio de 2015.

Dip. Magdalena Núñez Monreal.





 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México a presentar un informe de las acciones y avances que dicha comisión ha alcanzado en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, del combate a la explotación laboral de los menores y de la protección de trabajadores adolescentes en edad permitida. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, Diputada MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES.

Desde el año  2002, por iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se celebra el 12 de junio como Día Internacional contra el Trabajo Infantil con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo, mediante la participación de los gobiernos, las empresas, los sindicatos, y la sociedad civil.

De acuerdo con cifras del Módulo sobre Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2013), en nuestro país  hay  más de 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad que están trabajando, de ese total, el 36% no asiste a la escuela, de los cuales, 71% son niños y 29% niñas.

Nuestro país ha signado un gran número de compromisos internacionales respecto a este tema, entre los cuales se encuentran el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil; la Declaración del Mileno de la Organización de Naciones Unidas, que incluye como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el combate a la pobreza y la cobertura total de los servicios educativos.

También, suscribió la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente, que incluye dos metas sobre trabajo infantil; a saber: La eliminación de las peores formas de trabajo infantil para el año 2015 y todo el trabajo infantil para el año 2020.

Así mismo en 2010, nuestro país se sumó a los compromisos establecidos en la Hoja de Ruta para lograr la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016, derivada  de la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil de La Haya 20105.

Uno de los principales motivos por los que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza se siente impelido a traer este tema a la  discusión, es que el trabajo infantil limita el ejercicio real de los derechos a la educación, a condiciones de vida adecuadas y a la libre participación en la vida cultural y artística de los niños y niñas del país.

Según lo establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como los artículos 1 y 2  de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en las decisiones y actuaciones del Estado debe prevalecer el principio del interés superior de la niñez, para garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de sus derechos fundamentales.

En este tenor, y a pesar de que reconocemos que se han hecho esfuerzos como elevar la edad laboral, de 14 a 15 años, para contrarrestar el incremento del trabajo infantil, nuestro país aún enfrenta múltiples retos; mismos que se incorporan en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, mediante el cual se estableció la Meta Nacional IV "México Próspero", conteniendo en su objetivo 4.3 "Promover el empleo de calidad",  la estrategia 4.3.2 consistente en promover el trabajo digno o decente, a través de diversas líneas de acción, entre las que destaca la encaminada a contribuir a la erradicación del trabajo infantil.

En el programa sectorial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2013- 2018, se establece en la estrategia 3.2 “Prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en edad permitida”,  acciones destinadas a cumplir con dicho fin.Por ese motivo, en el año 2013 el Ejecutivo Federal creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, cuyo objeto es la coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como para la protección del adolescente trabajador en edad permitida, con base en la normatividad aplicable.

La referida comisión dio a conocer hace un año que se otorgaría el distintivo, “México Libre de Trabajo Infantil” (MEXSTI) como  un galardón que entrega el Gobierno Federal a las instituciones y organizaciones de los sectores público, privado y social, así como a organizaciones sindicales, que cuenten con procesos, políticas, programas y acciones que contribuyan a la prevención y erradicación del trabajo infantil y a la protección de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida en México.

Si bien, dicho distintivo puede ser un instrumento para impulsar y fortalecer la cultura de responsabilidad social y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, la Comisión referida tiene alcances y facultades mucho más amplios, como se establece claramente en el Acuerdo de su creación, publicado el 12 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, mismo en el que se estipula que corresponde a la Comisión entre otras cosas:

Hacer las recomendaciones pertinentes para que las políticas, programas y acciones de las instituciones que la integran, se orienten a la promoción de una cultura social de prevención y erradicación del trabajo infantil; la corresponsabilidad social de patrones, agrupaciones gremiales y sindicatos en la prevención y erradicación del trabajo infantil, el fomento de la conciencia social sobre el impacto que tiene el desarrollo económico en la prevención y erradicación del trabajo infantil, la conveniencia de impulsar la educación, recreación y el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, entre otras;

Participar en el diseño de políticas, programas y acciones en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, el combate a la explotación laboral de los menores y la protección de trabajadores adolescentes en edad permitida, y coordinar su ejecución;

Promover que las acciones que realicen las dependencias y entidades que la integran, se encuentren alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas derivados de éste en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajador adolescente en edad permitida;

Impulsar esfuerzos tendientes a sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre los perjuicios del trabajo infantil;

Proponer la suscripción de acuerdos y convenios entre los representantes de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador en edad permitida;

Analizar y proponer mejoras para la vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable al trabajo de adolescentes en edad permitida;

Proponer y fomentar el desarrollo de programas encaminados a mejorar el acceso, promover la permanencia, evitar la deserción e incentivar la reintegración de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo nacional;

Analizar el marco normativo en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, el combate a la explotación laboral de los menores y la protección del trabajador adolescente en edad permitida y, en su caso, realizar las propuestas conducentes para su actualización o mejora.

A 2 años de su creación no se han dado a conocer los resultados de los  avances que dicha Comisión ha conseguido para que las instituciones que la integran establezcan políticas y acciones destinadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador en edad permitida. Aunado a lo anterior se requiere que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dé a conocer los avances alcanzados en las estrategias del Programa del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en edad permitida; motivos por los cuales ponemos a su consideración la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

PRIMERO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, a que presente un informe público y pormenorizado de las acciones y avances que dicha comisión ha alcanzado en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, del combate a la explotación laboral de los menores y de la protección de trabajadores adolescentes en edad permitida.

SEGUNDO: Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, así como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de acuerdo a sus respectivas competencias, para que informen a esta soberanía el avance en el cumplimiento de la meta de eliminar las peores formas de trabajo infantil, contenida en la Agenda Hemisférica para Generar Trabajo Decente y cuyo plazo se cumple en este año 2015; así como los logros de la estrategia 3.2 del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en edad permitida.

Salón de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Dip. María Sanjuana Cerda Franco.





 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar de los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos mediante la ratificación del Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. Se turna a la Segunda Comisión.







 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA ANTE COMISIONES DE LA PERMANENTE DE LA C. SYLVIA IRENE SCHMELKES DEL VALLE, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A partir de las reformas a la Constitución en materia educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013 y a las reformas a la Ley General de Educación; al Decreto que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente y del Decreto que expide la Ley de instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, en nuestro país se había iniciado una etapa importante para garantizar a todas y todos una educación de calidad.

Sin embargo y contrario a la voluntad que había mostrado el Gobierno Federal,  el pasado 29 de mayo la Secretaria de Educación Pública emitió el comunicado 129 en el que informa que con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización.

Al respecto, el pasado 3 de junio, esta Soberanía aprobó un punto de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente exige a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y a las instituciones de educación pública de las entidades federativas, que no suspendan el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior y que cumplan a cabalidad el mandato establecido en la Ley del Servicio Profesional Docente y con las fechas difundidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Sin embargo, consideramos que el problema de fondo subsiste y es que la SEP se arrogó de facultades que de acuerdo a nuestro marco constitucional y legal no le competen y que son propias del organismo dotado de autonomía constitucional como lo es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Cabe recordar que una de las finalidades para dotar al INEE de autonomía constitucional fue la de contar con un organismo que fuera la autoridad en materia de evaluación educativa a nivel nacional, dotándolo de las atribuciones necesarias para el cumplimiento de tal objeto, tales como expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden; diseñar, implementar y mantener actualizado un sistema de indicadores educativos y de información de resultados de las evaluaciones; diseñar e implementar evaluaciones que contribuyan a mejorar la calidad del aprendizaje de los educandos pertenecientes a los diversos grupos regionales del país y a quienes tienen algún tipo de discapacidad, y establecer mecanismos de interlocución con autoridades educativas y otros órganos para analizar los alcances e implicaciones de los resultados de las evaluaciones, así como las directrices que de ellos deriven, entre otras importantes atribuciones.

Por tanto, si bien ha ido importante el exhorto de esta Comisión Permanente a las autoridades educativas del país para no suspender el proceso de evaluación, no podemos ser omisos para no atender y escuchar la opinión del órgano facultado constitucionalmente para la evaluación profesional docente como lo es el INEE.

Por tanto y en mérito de lo expuesto propongo a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita la comparecencia de la C. Sylvia Irene Schmelkes del Valle Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México ante comisiones de la Permanente, a una reunión de trabajo a efecto de que informe sobre las afectaciones e impacto y de las medidas y acciones que el organismo autónomo que preside ha tomado o habrá de tomar respecto al comunicado de la Secretaria de Educación Pública sobre la suspensión del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, comunicado por la Secretaría de Educación Pública del pasado 29 de mayo de 2015.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.





 

Del Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se convoca a todas las fuerzas políticas del país a superar las diferencias planteadas en el pasado proceso electoral y a encontrar las coincidencias existentes en sus plataformas políticas para traducirlas en grandes acuerdos nacionales y políticas públicas de largo plazo, en beneficio de México y de sus habitantes. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Diputado Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El domingo pasado, México expresó su voluntad en las urnas. Y lo hizo con un nivel de participación ligeramente superior al registrado en las elecciones intermedias de 2003 y 2009, lo que desvaneció pronósticos que dibujaban una jornada electoral sombría.

Con ello gana el país en su conjunto y se da un paso más en la consolidación de nuestra institucionalidad democrática. Este fin de semana, de forma responsable y pacífica, los ciudadanos han trazado de nueva cuenta el rumbo de la república y le han dado a la nación el impulso para seguir avanzando.

Ahora toca a las fuerzas políticas del país materializar con trabajo y acuerdos la confianza que nos han otorgado en las urnas. Debemos construir desde la pluralidad soluciones concretas a los mexicanos, que den contenido al anhelo de una sociedad más próspera y justa. Todo ello, de forma eficaz y transparente.

No es momento de triunfalismos, sino de diálogo político y esfuerzo. No es momento de remarcar diferencias, sino de encontrar coincidencias y actuar. La realidad es que tenemos ante nosotros retos de enorme complejidad que deben ser atendidos con urgencia.

Han concluido las campañas electorales y es hora superar puntos de vista encontrados, saber escuchar y cumplir a cabalidad con la encomienda que nos han dado los ciudadanos que resuena como una sola voz: bienestar, justicia y paz social.

¿Cuál es nuestra aspiración? Debo decir que un presente y un futuro brillante para México y sus habitantes. Un presente y un futuro brillante por encima de las adversidades y por difícil que pueda resultar el camino.

Es hora de reivindicar a la política como el instrumento idóneo para alcanzar desarrollo y prosperidad incluyente. Tenemos la oportunidad de fortalecer nuestro sistema representativo. Sin embargo, como hemos señalado con anterioridad, nadie puede afirmar que la respuesta a nuestros problemas está en un solo hombre o en unos cuantos, en realidad depende de todos.

Una de las tareas más importantes que habrá de desarrollar la próxima legislatura será la construcción del presupuesto de egresos base cero, que permita hacer más con menos y potenciar las oportunidades de nuestra nación.

Por todo lo anterior, consideramos que es momento de hacer un llamado a todas las fuerzas políticas del país a superar diferencias y a encontrar las coincidencias existentes en nuestras plataformas para traducirlas en grandes acuerdos nacionales y políticas públicas de largo plazo, en beneficio de México.

Avancemos unidos, conquistemos nuestro presente y nuestro futuro. Sin lugar a duda, somos un pueblo decidido, solidario y tenaz.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a todas las fuerzas políticas del país a superar las diferencias planteadas en el pasado proceso electoral y a encontrar las coincidencias existentes en sus plataformas políticas para traducirlas en grandes acuerdos nacionales y políticas públicas de largo plazo, en beneficio de México y de sus habitantes.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Tomás Torres Mercado.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar los avances en la reactivación de la cédula de identidad personal. Se turna a la Primera Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 4° de la Constitución Política Mexicana establece en el párrafo octavo que “Toda persona tiene derecho a la identidad”; en este sentido, desde hace algunos años en México, el Registro Nacional de Población y los registros civiles de los estados han realizado esfuerzos encaminados a la mejora en la cobertura, oportunidad y calidad del registro de los mexicanos.

En este orden de ideas, en 2009, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, anunció la creación de un nuevo documento que fungiría como identificación a partir de los datos biométrica de los mexicanos.

Durante la Ceremonia de la Conmemoración del Sesquicentenario de las Leyes de Reforma, el ex Jefe del Ejecutivo Federal declaró:1

“Hoy anuncio que en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, el Gobierno a mi cargo expedirá, en este mismo año, la primera Cédula de Identidad Ciudadana, con el propósito de expedírsela a todos los mexicanos en el transcurso de esta Administración y completarla hacia el final de la misma.

La Cédula de Identidad Ciudadana contará con la plena identidad biométrica de cada mexicana  y de cada mexicano; será una garantía legal y práctica de la identidad y de la personalidad jurídica consagrada por la Legislación Liberal del Registro Civil, instaurada hace 150 años por Benito Juárez, y permitirá, a cada mexicana y a cada mexicano, tener precisamente una garantía de la unicidad y de la distinción plena que cada persona tiene respecto de los demás”.

La Administración Federal pasada justificó que la expedición de la Cédula en mención, tendría como objetivo garantizar el derecho a la identidad para facilitar a la población el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que, el proceso de expedición de la misma requeriría ligar la identidad jurídica con la información biométrica de cada persona, utilizando como llave la Clave Única del Registro de Población, “CURP”. Entonces, al integrarlas cada persona tendría un único registro y una única cédula que garantizarán su identidad.2 

El Gobierno Federal en ese periodo señaló también, que la cédula en mención, traería consigo importantes ventajas: el titular podía verificar de manera electrónica su identificación, abatir los delitos de fraude y robo de identidad, agilizar trámites, evitar la discriminación y duplicidades en el otorgamiento de beneficios sociales.3

Ante la polémica que se generó en torno a sustituir la credencial de elector como documento de identidad, se optó por iniciar con la tramitación de las cédulas con infantes.

El 9 de junio de 2011 fue la ceremonia oficial de los primeros registros de la Cédula de Identidad Personal a la que asistieron el ex presidente y el entonces Secretario de Gobernación, Francisco Blake, en la cual, anunciaron que la cédula contaría con información biométrica como huella digital y fotografía del iris, además de datos personales. Sin embargo durante los años 2011 y 2012 el Gobierno Federal recabó 6 millones 877 mil 352 registros de menores de edad, pero sólo se expidieron 3 millones 530 mil 260 cédulas, que representa el 51.3 por ciento de los casos, cuando la meta anunciada por la administración federal pasada era la de expedir 25.7 millones de cédulas.4

Lo anterior es preocupante, debido a que no se conoce el estado que guarda el registro y expedición de la Cédula de Identidad para menores de edad y las medidas que permiten garantizar la protección de los datos recabados del 48.7 por ciento de las personas de las cuales fueron tomados sus datos, pero no les fueron entregadas sus cédulas.

La problemática se agudiza debido a que el ex Subsecretario de Población de la Secretaria de Gobernación, informó en la Cámara de Diputados en el año 2009, que la Cédula de Identidad Ciudadania sería un programa que en cuatro años costaría 3 mil 104 millones de pesos.5

La expedición de las cédulas va más allá de controversias sobre el derecho a la identidad y seguridad en el tratamiento de datos personales, la historia de la cédula tiene un marcado signo de pesos: la pérdida de miles de millones por urgencias, torpezas, negligencias y corruptelas. Y una inevitable cara de impunidad.

Según datos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la contratación de personal no cumplía con la escolaridad necesaria ni el perfil requerido. La licitación para adquirir dos mil equipos especializados en la obtención de datos biométricos por casi 300 millones de pesos fue ganada por “Smartmatic”, empresa impugnada por fraudes e investigada por el FBI y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por evasión fiscal.

La cámara que debiera registrar el iris de los ojos salió defectuosa y las computadoras fallaron por tener una memoria RAM errónea. Para 2011, la ASF señaló que muchos equipos estaban embodegados y sin utilizar y al menos 16 habían sido robados. La pérdida, aún sin calcular todavía, habla de una suma no menor a dos mil millones de pesos.6

Asimismo, desde la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, la ASF detectó riesgos económicos y pidió a la SEGOB “establecer un programa con objetivos, estrategias, asignación de recursos, responsables y tiempos de ejecución en torno a la Cédula”. Pero nada se hizo. Y en 2011 recomendó incluso a la Cámara de Diputados suspender la asignación de recursos para el proyecto.7

Pese a lo anterior, el actual titular de la Secretaria de Gobernación, aseguró que “esta identificación nos sirve absolutamente para todo: para los planes de desarrollo, para los programas sociales, para dar transparencia, incluso para los procesos electorales.” Empero, precisó que el registro de las cédulas se encuentra detenido.8

Para darle seguimiento al programa en mención, el actual Gobierno Federal en octubre del año pasado informó que se tiene una propuesta de reforma a la Ley General de Población, en la que contempla la reactivación de esta cédula con otro nombre: Cédula Nacional de Identificación, y se prevé la creación del Registro Nacional de Ciudadanos.9

Si bien el programa en mención encadena pifias millonarias, ¿por qué la actual administración federal pretende darle seguimiento? O en peor de los escenarios, pretende olvidarlo e implementar un otro programa que nuevamente le cueste millones de pesos a los mexicanos.

En este sentido, lo ideal, sería sancionar a los responsables y reestructurar el programa para que realmente sean emitidas estas cédulas o en su caso, se implemente otro programa que presente mejoras reales para la ciudadanía.

Por lo anterior, es necesario que la Secretaría de Gobernación informe a esta Soberanía el estado que guarda el registro y expedición de la Cédula de Identidad para menores de edad y las medidas que implementa para garantizar la protección de los datos recabados, de los infantes a los que les fueron solicitados sus datos.

Por otro lado, es importante conocer los avances en la reactivación de la Cédula de Identidad Personal, con el fin de que se dé a conocer la información sobre el programa en mención, y estar al tanto de si continuará su implementación o se creará un nuevo programa.


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que:

A) Informe a esta Soberanía el estado que guarda el registro y expedición de la Cédula de Identidad para menores de edad y las medidas que permiten garantizar la protección de los datos recabados.

B) Informe a esta Soberanía los avances en la reactivación de la Cédula de Identidad Personal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de junio de 2015.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Presidencia de la República. “Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, durante la Ceremonia de Conmemoración del Sesquicentenario de las Leyes de Reforma, que tuvo lugar en esta ciudad” [en línea]. México. 2009. Disponible en: http://bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=662 [fecha de consulta 14 de mayo de 2015].

2 Secretaría de Gobernación. “Dará inicio el presente año la Cédula de Identidad Personal” [en línea]. Dirección General de Comunicación Social. SEGOB. México. 2009. Boletín Nº130/09. Disponible en: http://www.renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/prensa_boletin6 [consulta 15 de mayo de 2015].

3 García Ricci Diego. “La cédula de identidad ciudadana y el derecho a la privacidad” [en línea]. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 2011. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhumex/cont/18/art/art5.pdf [consulta 15 de mayo de 2015].

4 Herrera Rolando y Baranda Antonio. “Gastan en cédula ¡y nada!” [en línea]. El Reforma. México. 2014. Disponible en: http://www.reforma.com/libre/acceso/acceso.htm?urlredirect=/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=320249&v=2 [consulta 15 de mayo de 2015].

5 Arzivu Juan y Merlos Andrea. “Cédula de Identidad Ciudadana costará 3 mil 104 mdp” [en línea]. El Universal. México. 2009. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/636493.html [consulta 09 de junio de 2015].

6 Cremoux Raúl. “¿Le hace falta una cédula de identidad?” [en línea]. El Financiero. México. 2015. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/le-hace-falta-una-cedula-de-identidad.html [consulta 15 de mayo de 2015].

7 Blancas Madrigal Daniel. “Cédula de identidad encadena pifias millonarias, pese a que alertó la ASF” [en línea]. La Crónica. México. 2012. Disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2015/898185.html [consulta 15 de mayo de 2015].

8 Ibídem.

9 Ibídem.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar la aparición de boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, en el estado de Baja California y se le solicita reforzar su despliegue territorial en los estados de Baja California y Sonora, a efecto de prevenir, identificar y sancionar delitos electorales que pudieran afectar el desarrollo de los comicios en el estado de Sonora. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El proceso electoral de Sonora se ha desarrollado en condiciones preocupantes que ponen en riesgo principios fundamentales como la equidad y la ilegalidad que deben imperar en un Estado democrático de derecho.

El gobierno de la entidad no sólo se ha empeñado en hacer de estos comicios una auténtica elección de Estado1, sino que la autoridad electoral ha sido omisa en sus respuestas para evitar la injerencia indebida del gobernador, Guillermo Padrés Elías y su gabinete.

No existe confianza en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, al punto de que una comisión de consejeros del Instituto Nacional Electoral, tuvo que viajar a la entidad para verificar las condiciones bajos las cuales se desenvuelve el proceso electoral local2.

Los partidos políticos ante las autoridades electorales y diversos Senadores de la República hemos denunciado múltiples anomalías que amenazan a la democracia en Sonora, entre las que se encuentran el hostigamiento a la candidata Claudia Pavlovich Arellano, el espionaje político, el uso de recursos públicos con fines electorales y la guerra sucia.

A todas estas irregularidades, hoy se ha suma la aparición de documentación electoral alterada que beneficia al candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura, Javier Gándara Magaña, en prácticas deleznables que se habían considerado rebasadas, pero que muestran su plena vigencia.

El viernes 29 de mayo del año en curso fueron localizadas cerca de mil boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN, en un domicilio ubicado en la calle Monte Shanik no. 164, en Mexicali, Baja California. Así, este descubrimiento se da en una entidad que tiene colindancia inmediata con Sonora, y que es gobernada por el panista Francisco Vega de Lamadrid.

Como lo denunció el Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz3, algunas de las boletas estaban tiradas en el suelo y otras adentro de un auto incendiado en las inmediaciones del domicilio particular.

Lo anterior constituye un fragrante delito electoral que debe investigarse y sancionarse, sin importar quienes sean los responsables.

De acuerdo con el artículo 7º de la Ley General en Materia de Delitos Electorales:

Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

(…)

XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales.

Resulta preocupante que a menos de 10 días del día de la elección sucedan este tipo de fenómenos que minan la confianza en torno al ya de por sí cuestionado proceso electoral en Sonora.

En una entidad en donde mil votos equivalen un punto porcentual en la votación4, la aparición de un millar de boletas alteradas enrarecen el ambiente político cuando lo que necesitamos en Sonora son señales de confianza a la ciudadanía.

Peor aún, la aparición de estas boletas sugiere la operación de otro tipo de delitos en los que pudieran estar involucrados servidores públicos de Baja California, e incluso autoridades electorales.

Por ello, es indispensable que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República tome cartas en el asunto.

Si bien la PGR ya tomado previsiones en este caso, es necesario hacer un llamado desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para hacer valer la ley y castigar ejemplarmente las conductas que vulneran los procedimientos electorales.

Además, los senadores del PRI consideramos que es pertinente dirigir los esfuerzos institucionales a aquellas regiones en las que existen mayores riesgos para el desarrollo de las elecciones.

Bajo este tenor, cabe destacar que la FEPADE no cuenta con oficinas o representaciones en las entidades de la República, sino que implementa un operativo especial, denominado “despliegue ministerial”, el cual acerca la función del ministerio público especializado a la ciudadanía, previo, durante y posterior a la jornada electoral, con el fin de que aquella pueda recibir una atención expedita en las denuncias que presente, acerca de acciones que pudieran ser constitutivas de delitos electorales5.

En ese sentido, también exhortamos a la FEPADE para que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce su despliegue ministerial en los estados de Baja California y Sonora, con la intención de prevenir, identificar y sancionar los delitos electorales que pudieran afectar el desarrollo del proceso electoral en Sonora.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea los siguientes resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a investigar y sancionar la aparición de boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, en el estado de Baja California.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a reforzar su despliegue territorial en los estados de Caja California y Sonora, a efecto de prevenir, identificar y sancionar delitos electorales que pudieran afectar el desarrollo de los comicios en el estado de Sonora.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 10 de junio de 2015.

1 Cfr. “Acusa PRI a gobernador de Sonora que hay una elección de Estado”, W Radio, 6 de mayo de 2015, disponible en http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/acusa-pri-a-gobernador-de-sonora-que-hay-una-eleccion-de-estado/20150506/nota/2749670.aspx

2 Cfr. “Viajarán consejeros del INE a vigilar elección en Sonora”, El Economista, 21 de mayo de 2015.

3 Cfr. “Hallan boletas electorales marcadas a favor de Javier Gándara”, en El Universal, 29 de mayo de 2015.

4 Cfr. Artículo, Joaquín López Dóriga, “Las campañas manchan las elecciones”, en Milenio, 28 de mayo de 2015.

5 Cfr. www.blindajeelectoral.gob.mx





 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar el seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la conductora Laura Bozzo, a fin de que no pongan en peligro la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Diputada VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo  58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta H. Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestro país registra la historia de muchas y valiosas personas, hombres y mujeres que por circunstancias varias o por decisión propia han llegado a México y lo han adoptado como su patria de origen, volcándose a él con el cariño y aportaciones que muestran su arraigo e interés en el desarrollo del mismo.

También como contraparte, podemos hacer mención de historias negras y diametralmente opuestas a las mencionadas anteriormente, estas afortunadamente son las menos que no quisiéramos contar. Entre este tipo de historias destaca sin duda la de la conductora Laura Cecilia Bozzo Rotondo, mujer que llega a este país desde el año 2009, contratada por las cadenas televisoras y que es ampliamente reconocida por un programa cotidiano lleno de mediocridad, amarillismo, incitación a la violencia, falsedad, sin credibilidad y acciones humillantes y denigrantes para las personas que deciden participar en este programa televisivo y que es transmitido en un horario inapropiado, ya que nuestros niños y adolescentes también lo ven. Y no conforme con eso, el contenido de su programa televisivo no se considera ni remotamente cultural o expresa algún tipo de educación, análisis, denuncia, respeto o colaboración para remontar la problemática que enfrenta la franja social que participa o es el público a quien se dirige dicha emisión.

Es recordado por todas y todos que ante los daños ocasionados por el huracán Manuel en el estado de Guerrero, y en un exceso de protagonismo, Laura Bozzo se ha visto involucrada en la política interior de nuestro país al haber hecho uso indebido de los helicópteros propiedad del Gobierno del Estado de México, los cuales debían haber llevado víveres y otras provisiones pero nunca se supo su fin.

Así también, a la conductora peruana se le acusa de haber “armado” su llegada a la zona afectada, haciendo que los rescatistas realizaran movimientos extras, como volver a elevar la unidad para que ella lograra la grabación necesaria para la transmisión en su programa televisivo. Lo anterior genero fuertes críticas por su papel en las inundaciones, vía las redes sociales dando como resultado la campaña “Fuera Laura Bozzo de México”.

A ello se suma otra parte de la historia poco conocida de esta mujer es la vivida en su natal Perú, donde la justicia nacional intervino, según declaraciones del Procurador Anticorrupción de Perú, Julio Arbizu, quien informó que la conductora de televisión Laura Bozzo fue parte de una red criminal de corrupción en ese país, donde se desviaron alrededor de 3 millones de dólares y que los llevó a prisión. Indicó que Bozzo fue condenada de manera provisional para que no huyera del país y a 4 años de pena privativa, pero nunca piso prisión.1

También, es importante tomar en cuenta que de manera constante y flagrante vía los medios de comunicación, conocemos de una tras otra violación e interferencia en asuntos de escrupuloso carácter nacional, esto con el apoyo y protección de la empresa televisiva a la cual presta sus servicios, Televisa.

Muestra de lo anterior son entre otros hechos:

● La visita fraudulenta que hizo a Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, en un helicóptero oficial y uniformada de rescatista para las cámaras televisivas con vehículos y recursos del gobierno del estado de México.

● La presentación ante el Congreso de Chihuahua de una iniciativa de Ley en calidad de ciudadana que propone juzgar como adultos a menores de edad, en casos como el del homicidio del menor de seis años, Christopher Raymundo Márquez Mora.

● Sus declaraciones sobre el Caso: “Que pasa en Chihuahua los políticos corruptos tienen miedo que yo vaya que esconden yo no les tengo miedo menos a sus amenazas. Un niño de 6 años asesinado brutamente por cinco menores que ahora pretenden dejar sin castigo que mensaje les dan a los demás un ASCO. Si las leyes no sirven para hacer justicia deben cambiarlas porque de lo contrario la gente lo hará no vamos a permitir la impunidad BASTA”.2

● Ello sin contar con el número elevado de niñas y niños que son expuestos a que sean denigrados, agraviados y revictimizados en el programa que conduce Laura Bozzo, en el canal 2 de Televisa, lo cual es evidente que Laura Bozzo viola gravemente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De ahí que si desmenuzamos con detenimiento cada uno de los temas que se presentan en los programas de esta conductora, podemos observar que en su gran mayoría recurren a los calificativos antes señalados y que se resumen en una constante violación a los derechos humanos, incitación a la violencia escolar y la omisión al cumplimiento de las leyes nacionales, situación que no debe de pasar desapercibida para este gobierno federal en turno.

Con base en lo anterior, este no es el primer acto que llama a la observancia en el desarrollo del trabajo de la conductora, ya que en meses pasados, un grupo de mexicanos encabezados por Manuel Vázquez Flores, politólogo y maestro en Derecho, mostró a medios de comunicación la petición que llevó ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para expulsarla y sacar del aire su programa “Laura” transmitido por Televisa.

Entre los argumentos destacan: “La señora Bozzo se ha visto involucrada en la política interior de nuestro país al hacer uso indebido de los helicópteros propiedad del Gobierno del Estado de México para efecto de montar su show”, se lee en el texto entregado a la secretaría de Estado.

Así también, “El resultado de su programa tiene como como fin, objetivo y resultado de manera flagrante la incitación a la generación de violencia, la falsedad y humillación... generando bullying, de hecho hasta en las mismas escuelas, situación que no debe de pasar desapercibida para este gobierno en turno”, añade.

Cabe señalar que la presentadora de la cadena Televisa informó que tiene contrato para producir y presentar el programa “Laura” hasta 2015, pero “con posibilidad de extenderse hasta el 2020″, por otra parte ante el riesgo de que busque el otorgamiento de la nacionalidad mexicana, es necesario alertar a las autoridades correspondientes y la sociedad  en su conjunto para que este personaje sea monitoreado de manera puntual y exhaustiva en su trabajo, a fin de que cumpla con el marco jurídico que regula a todo personaje en nuestro país y que, de no ser así sea aplicado con rigurosidad lo que nuestras leyes manifiestan.

Por ello, consideramos que la Comisión Permanente de este H. Congreso no puede permanecer inmóvil, insensible e indiferente ante estos hechos que lastiman e indignan a las y los mexicanos. Es nuestra responsabilidad exigir que el Estado Mexicano debe iniciar el procedimiento administrativo para aplicarle a Laura Bozzo el artículo 33 constitucional, que a letra dice:

“Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución.

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la aprobación de la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que realice el seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la conductora Laura Bozzo, a fin de que no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en caso de que la conductora Laura Bozzo no cumpla con los requerimientos jurídicos establecidos para la emisión de los programas televisivos, a fin de que no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, se inicie el proceso administrativo para aplicar el artículo 33 constitucional.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el10 de junio de 2015.

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña.

1 Laura Bozzo fue parte de una red criminal de corrupción en Perú: Procurador en MVS, Octubre 1, de 2013

2 Laura Bozzo obtiene los derechos para “llevar el caso” del niño asesinado por otros en Chihuahua, Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo/El Diario)





 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar la agresión contra 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana, quienes resultaron lesionados el pasado 5 de junio. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, MANUEL RAFAEL HUERTA LADRON DE GUEVARA, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante de la Agrupación MORENA y senador MANUEL BARTLETT DÍAZ, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado viernes 5 de junio del año en curso, ocho estudiantes de la Facultad de Humanidades y activistas ambientales y de izquierda de la Universidad Veracruzana fueron atacados con machetes, palos con clavos y bates de béisbol por un grupo de 10 hombres encapuchados que portaban equipo táctico e irrumpieron en una de sus viviendas.

Los ocho estudiantes heridos, de entre 19 y 32 años militan en la organización ecologista “Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y el Territorio”, también han participado en las marchas a favor de los normalistas de Ayotzinapa y defendieron a los jóvenes aprendidos en una movilización efectuada el 20 de noviembre del 2014 en el Distrito Federal.

Ante este hecho, la Secretaría de Seguridad pública (SSP) a través de un comunicado, condena categóricamente los hechos, mientras que la Fiscalía General informó que ya investiga este acto, sin embargo, ambas dependencias niegan rotundamente ”tener participación” en el ataque que sufrieron los estudiantes. Después de tres días de que ocurrieron los hechos, no hay ninguna guardia policiaca, ningún Agente del Ministerio Publico en el lugar de los hechos.

Estudiantes y catedráticos de la UV responsabilizaron de la agresión al titular de la Secretaría de Seguridad Pública SSP, Arturo Bermúdez Zurita y al gobernador priista, Javier Duarte Ochoa de querer intimidar a los jóvenes universitarios en el marco del proceso electoral marcado por la incertidumbre y la violencia generada.

Tres días antes de la agresión, el Partido del Trabajo (PT) denunció que tuvieron acceso a un documento llamado “balance electoral 2015”donde la Secretaría de Seguridad pública (SSP) y la Secretaría de Gobierno Estatal (SEGOB) ponen en la mira a lo que ellos llaman “desestabilizadores de elecciones”.

El diputado local Fidel Robles mencionó que en dicho “diagnóstico gubernamental” la SSP identifica a diversos activistas, políticos de oposición, ambientalistas, pero también a catedráticos y estudiantes universitarios identificados con grupos de izquierda.

Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal del estado, aseguró que se investigará si la agresión está relacionada con el incendio a instalaciones de una junta distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), ocurrida el 1° de junio del año en curso.

El 1° de junio instalaciones del INE en las capitales de Veracruz, Puebla y Oaxaca fueron atacadas con bombas incendiarias. Tras la agresión a la junta distrital de Xalapa por encapuchados, circuló un correo electrónico donde se inculpa de la acción a estudiantes de la UV.

Estudiantes y académicos de la UV y del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano se manifestaron en el centro de Xalapa, para exigir justicia.

Frente al clima de violencia y agresión contra los jóvenes y catedráticos de la UV, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión está obligada a pronunciarse.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo de Urgente u obvia resolución, en los términos siguientes:
Punto de Acuerdo.

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones atraiga e investigue la agresión a ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana quienes resultaron lesionados el pasado 5 de junio.

Atentamente

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.- Sen. Manuel Bartlett Díaz.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado a investigar a la ciudadana Martha Lilia López Aguilera, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF-Tabasco por el posible delito de usurpación de atribuciones y al órgano superior de fiscalización de esa entidad a fiscalizar el origen, uso y destino de las aportaciones, donaciones y subsidios al organismo sistema DIF-Tabasco. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES:

Que la corrupción ha ido escalando entre las inquietudes de la población hasta que hoy en día la mayoría de las encuestas la sitúan entre los primeros lugares de preocupación. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 del INEGI la coloca en tercer lugar, con 48% de las menciones, sólo después de la inseguridad y el desempleo. La Gran Encuesta 2014 de Consulta Mitofsky la ubica en quinto lugar, después de la inseguridad, la crisis, el desempleo y la pobreza.

Que gobiernos y funcionarios de todos los niveles partidarios y de todos los niveles jerárquicos han estado inmiscuidos en denuncias públicas que involucran el uso y abuso del poder para beneficio privado1.

Que si bien, a nivel nacional, la percepción de la frecuencia de la corrupción es de 85 puntos, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 del INEGI, a nivel subnacional existen entidades que superan ampliamente este umbral: De acuerdo con esa metodología, el Distrito Federal, Morelos y Tabasco superan la media nacional y se encuentran entre los estados más corruptos.

Que diversos medios han hecho mención que en Tabasco, Martha Lilia López Aguilera, esposa del gobernador constitucional Arturo Núñez Jiménez, privilegia el nepotismo, el tráfico de influencias y la corrupción, dado que “pone y quita funcionarios, encabeza reuniones de gabinete, decide giras de trabajo, controla medios, hace negocios con sus parientes cercanos y coloca a sus familiares en puestos administrativos clave quienes controlan el acceso a todos los contratos de los proveedores del Gobierno del Estado2”;

Que la fracción XL del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco establece que “El Estado promoverá mediante leyes y políticas públicas que la práctica social y el desempeño de los servidores públicos se apeguen a códigos de conducta y valores éticos que combatan la corrupción”.

Que el artículo 15 de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Tabasco establece que “El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco será el organismo rector de la asistencia social, constituido como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios”;

Que según el artículo 20 de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Tabasco, “La vigilancia del Organismo Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia quedará a cargo de un comisario designado por la Junta de Gobierno a propuesta de la Secretaría de Contraloría”;

Que en conformidad con el artículo 21 “La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del Organismo Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia” y que es presidido por el Gobernador del Estado;

Que según se desprende del Diario de los Debates del día 9 de agosto de 2013 correspondiente a la Sesión Pública Extraordinaria del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, las Diputadas locales Dip. Mirella Zapata Hernández y Dip. Esther Alicia Dagdug y el Diputado José del Carmen Herrera Sánchez de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, argumentaron que su grupo parlamentario votaría en contra del dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Tabasco debido a violaciones al procedimiento parlamentario ya que no fue turnada para el análisis y dictamen de la Comisión de Salud Pública;

Que los legisladores priistas del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco también aducen que el dictamen contradecía otras normas federales y estatales y debilitan a la Secretaría de Salud. Además, ponía en riesgo a los trabajadores al servicio del Estado de Tabasco que serían transferidos al Organismo y no se presentó un análisis de impacto económico de convertir al Sistema DIF-Tabasco en organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y como entidad encargada de administrar y recibir el patrimonio de la beneficiencia pública;

Que según lo establece el artículo 4 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco son entes fiscalizables los organismos descentralizados y autónomos con personalidad jurídica y patrimonio propios y demás entidades paraestatales creadas conforme a la Constitución;

Que el artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco establece que el Organismo de Fiscalización Superior de Tabasco podrá realizar auditorías de desempeño, financiera, técnica, operacional, de normatividad y de resultados de programas;

Que según el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2015, al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia le fueron asignados 656 millones de pesos, 2.6 veces más que al Instituto de Cultura del Estado de Tabasco, 5.7 veces más que al Colegio de Educación Profesional Técnico, 5 veces más que al Instituto de Vivienda o 10 veces más que al Instituto de Formación para el Trabajo de esa entidad federativa;

Que según el artículo 19 de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social el patrimonio del Organismo Sistema DIF-Tabasco se integrará con “Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que las dependencias y entidades del gobierno federal y estatal le otorguen” y con “Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o morales”;

Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social el Organismo Sistema DIF-Tabasco tendrá la atribución de “Organizar, promover y operar el Centro de Información y Documentación sobre Asistencia Social” y que dicho Centro “Deberá contar con un padrón de beneficiarios que permita el seguimiento y detalle de los apoyos otorgados a las personas por parte del DIF-Tabasco”.

Que la reforma constitucional anticorrupción del pasado 27 de mayo de los presentes, constituye sin lugar a dudas un avance sin precedentes para el combate de este flagelo social ya que establece que “…Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción”.

Que si bien la reforma constitucional anticorrupción ya entró en vigor, sus Artículos Transitorios mencionan que en tanto se expiden las leyes generales que establecen las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción continuarán aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del Decreto.

Los Senadores del PRI, sensibles al clamor ciudadano, estamos comprometidos con el establecimiento y la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal, estatal y municipal. Estamos convencidos de que la participación de los sistemas locales permitirá el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos y de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado Libre y Soberano de Tabasco a iniciar y conducir una investigación por el probable delito de usurpación de atribuciones cometida por Martha Lilia López Aguilera, esposa del gobernador constitucional de esa entidad, Arturo Núñez Jiménez.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado Libre y Soberano de Tabasco a que dentro del ejercicio de sus atribuciones, realice una auditoría de normatividad y financiera del Organismo Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco para efectos de revisar si la entidad pública ha observado el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y si sus estados financieros cumplen con los Principios Generales de Contabilidad Gubernamental.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Organismo Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco a transparentar el origen, uso y destino de los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que las dependencias y entidades del gobierno federal le hayan transferido y de las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que las personas físicas y morales le hayan otorgado.

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Organismo Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco a aplicar el principio de máxima publicidad al padrón de beneficiarios tal que permita el seguimiento y detalle de los apoyos otorgados a las personas por parte del DIF-Tabasco.

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, a designar un comisario que vigile el funcionamiento del Organismo Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco que se conduzca con los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y honestidad.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 10 de junio de 2015.

1 Amparo Casar, María, (2015). México: Anatomía de la Corrupción, CIDE-IMCO; 64 pags.

2 http://m.eluniversal.com.mx/notas/columnistas/2014/01/105390.html





 

De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación patrimonial del gobernador de Nuevo León y miembros de su familia. Se turna a la Primera Comisión.

El Grupo Parlamentario del PAN en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno dela Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El ejercicio del gobierno y de la administración pública para fines exclusivamente personales y familiares, es una de las características de los gobiernos corruptos y autoritarios.

La función pública ha sido convertida por muchos funcionarios públicos en una palanca que mueve negocios personales y la información clasificada y de uso confidencial, así como el control político, el engaño, la mentira, el amedrentamiento y la construcción de una enorme red de complicidades corruptas, son herramientas de acumulación de riqueza no sólo al margen de la ley, sino incluso, en clara violación al marco normativo que rige el Estado de derecho.

La información conocida en las últimas semanas por la opinión pública en torno a la riqueza del gobernador del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina y de sus familiares, pone de relieve la forma de gobernar de este político.

Podríamos afirmar que existe un enriquecimiento inexplicable del gobernador y sus familiares, sin embargo, la información con que se cuenta muestra una clara explicación: el abuso del poder político, el ejercicio del mal gobierno, el aprovechamiento de información para engañar a la población y abusar, sobre todo, de la gente más humilde por parte de Rodrigo Medina y sus familiares aprovechando el puesto de gobernador.

Acción Nacional ha recibido denuncias de campesinos del estado de Nuevo León que fueron engañados por Rodrigo Medina y su familia para comprarles a precios de baratija sus propiedades. En el municipio de Mina, el pasado 12 de abril una ejidataria denunció la venta con engaños de 2 mil 430 hectáreas a un intermediario de Humberto Medina Ainslie, padre del gobernador de Nuevo León. Cinco días después la prensa nacional publicó que el padre del mandatario, su esposa, María Rebeca de la Cruz, así como sus hijos Alejandro y Humberto, obtuvieron en 2013 más de 200 hectáreas del Ejido Mina, donde se proyecta construir una Ciudad Judicial y un Parque Eólico, haciéndose pasar como "campesinos" y "avecindados".

El gobernador y su familia compraron las más de 2 mil hectáreas en 40 millones de pesos, y con esto el precio por metro cuadrado fue de un peso con 64 centavos, cuando hace siete años fue valuado en 4.80.La familia del gobernador se hizo pasar por campesinos para poder comprar terrenos ejidales, engañando a la comunidad del ejido de Abasolo. Esta extensión de terreno equivale a la mitad del territorio de San Nicolás o el casco de San Pedro.

Pero las operaciones fraudulentas de la familia Medina no quedan ahí. Desde la gubernatura han desarrollado acciones para comprar terrenos e inmuebles calculados en más de 300 millones de pesos. Humberto Medina Ainslie ha acumulado en este sexenio al menos seis propiedades en el Municipio de San Pedro.

De los siete inmuebles que hemos señalado de su propiedad, adquiridos entre 2012 y 2014 Medina Ainslie solicitó cambiar usos de suelo en cuatro, donde construyó oficinas y locales comerciales. Tres de las propiedades que hemos señalado se ubican en los números 205, 325 y 355 de la Calzada del Valle.

De acuerdo a la prensa nacional, el gobernador Medina y su familia actualmente poseen propiedades en seis municipios; en Mina es propietaria de terrenos ejidales, así como propiedades millonarias en San Pedro, Santiago y General Terán, Nuevo León, y en el extranjero tienen propiedades en San Antonio e Isla del Padre, en Texas.

Información pública de la Oficina de Impuestos del Condado de Bexar, señala que la última adquisición de los Medina en San Antonio es una residencia con valor de casi 737 mil dólares, unos 11.5 millones de pesos, comprada por Alejandro en 2013 en el exclusivo fraccionamiento The Dominion.

Por su parte, el Condado de Cameron revela que el papá del Gobernador es también propietario de un condominio en la Isla del Padre, en el complejo conocido como Sea Vista, valuado en más de 275 mil dólares, unos 4.3 millones de pesos al tipo de cambio actual. Humberto Medina Ainslie se desempeñó como asesor jurídico del Gobierno estatal durante el sexenio de Natividad González Parás, de 2003 a 2009, con un sueldo de 97 mil pesos mensuales, para un ingreso total de poco menos de 7 millones de pesos.

Datos del Registro Agrario Nacional (RAN) revelan que Humberto Medina Ainslie y Humberto Ricardo Medina de la Cruz, padre y hermano del Mandatario, respectivamente, solicitaron el reconocimiento de predios a su nombre en los ejidos Cerritos, en García, y Hualiches y Sartenejas, en Doctor González, Nuevo León. Las solicitudes de registro aparecen en la base de datos que el RAN pone a disposición de los usuarios en internet.

En el caso del terreno de García se precisa que la solicitud de registro inició el 20 de agosto de 2014, mientras que en Doctor González fue el 23 de abril del mismo año.

Lo anterior no ha sido todo. El pasado lunes 25 de mayo se dio a conocer información respecto a que la familia del gobernador de Nuevo León presumiblemente ha triangulado las ganancias de sus operaciones financieras a las Islas Caimán con el fin de aprovechar los beneficios de este paraíso fiscal, situación que debe ser investigada, con todo rigor, por las autoridades mexicanas.

Como se puede apreciar existe una clara relación entre el ejercicio del gobierno y el enriquecimiento ilegal desde el Poder, en el caso del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y su familia.

Bajo estas consideraciones, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación patrimonial del gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz y miembros de su familia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de sacar a la República de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SE CONGRATULA POR LA DECISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE SACAR A LA HERMANA REPÚBLICA DE CUBA DE LA LISTA DE ESTADOS PATROCINADORES DEL TERRORISMO, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

Como parte de la política imperialista y extraterritorial que imponen los Estados Unidos de América contra Estados soberanos que no acatan las disposiciones de Washington, en 1979 se creó la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, confeccionada por el Departamento de Estado, con el fin de desestabilizar a dichos estados e imponerles severas sanciones bajo disposiciones meramente arbitrarias y violatorias del Derecho Internacional.

En este sentido, en el año de 1982 Cuba fue incluida en tan lamentable lista bajo el argumento de que la isla había servido de refugio a miembros del grupo separatista vasco ETA y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de albergar a reconocidos fugitivos estadounidenses, con lo cual se intensificaron aún más las sanciones impuestas contra dicha nación caribeña.

Tras 33 años de la injusta incorporación de Cuba en dicha lista, el pasado 14 de abril, el Presidente norteamericano emitió ante el Departamento de Estado una “Recomendación para Rescindir la designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo” que dirigiera a John Kerry, Secretario de Estado, en la cual se asienta que “Como un componente crítico de establecer una nueva dirección para las relaciones entre Estados Unidos [de América] y Cuba, el Presidente dio instrucciones al Departamento de Estado para poner en marcha una revisión de la designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo [y] …de recomendar, en base a los hechos y la norma legal, que el Presidente Obama revoque la designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo…[Y] refleja la evaluación del Departamento de que Cuba cumple con los criterios establecidos por el Congreso de rescisión…Nuestra determinación, de conformidad con los hechos, incluyendo garantías concordantes recibidas del Gobierno de Cuba y la norma estatutaria, es que ha llegado el momento de dejar sin efecto la designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo.”1

Exactamente 45 días después del informe del Presidente Obama al Congreso de los Estados Unidos de América y, considerando que el período de pre notificación a dicho Congreso ha expirado, el gobierno federal estadounidense tomó la decisión de retirar la designación que desde hace 33 años tenía Cuba en la denominada “lista negra”, lo cual se oficializó el pasado 29 de mayo.2

Esta decisión abre la posibilidad del desmantelamiento del injusto bloqueo comercial y financiero que todavía pesa sobre Cuba y se abre un nuevo abanico de posibilidades a favor de Cuba en lo relativo a las transacciones financieras y  comerciales.

Aunque Cuba nunca debió formar parte de esa “lista negra” en tanto que no se pudo demostrar que fuera auspiciante de terrorismo, es claro que lo anterior tuvo a lo largo de estos años un costo sumamente alto. Así, con el retiro de dicha designación, significa un triunfo más del pueblo y gobierno de Cuba. Es claro ejemplo de que los principios, la firmeza y las políticas emanadas desde el triunfo de la gloriosa Revolución Cubana, han calado hondo por la inclaudicable dignidad del pueblo cubano.

Es igualmente, un triunfo de la solidaridad internacional, desde los pueblos y gobiernos democráticos, hasta organismos internacionales que todo el tiempo exigieron del gobierno de los Estados Unidos de América a que eliminara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cabe señalar que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobó el 3 de julio de 2013 un pronunciamiento en donde se rechazó “enérgicamente la práctica unilateral e intervencionista del Gobierno de los Estados Unidos al elaborar una lista de países que presuntamente auspician el terrorismo con implicaciones que exceden el de las propias instituciones norteamericanas.”3

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo.

Único. La Comisión Permanente se congratula por la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de América de sacar a la hermana República de Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, así como hace votos para que en un tiempo próximo, se ponga fin al bloqueo económico y financiero que aún persiste sobre la isla.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Recommendation to RescindCuba'sDesignation as a State Sponsor of Terrorism. Departamento de Estado, EUA. 14 de abril de 2015, disponible en:http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/04/240687.htm

2 Cuba sale de la lista de países que patrocinan el terrorismo: ¿qué significa para la isla?, BBC Mundo, disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/04/150408_cuba_eeuu_lista_terrorismo_men

3 Dictamen de la Segunda Comisión con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza enérgicamente la práctica unilateral e intervencionista del Gobierno de los Estados Unidos de América al elaborar una lista de países que presuntamente auspician el terrorismo con implicaciones que exceden el de las propias instituciones norteamericanas del 3 de julio de 2013, disponible en: http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=42214





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el abasto suficiente de medicamentos a nivel nacional y cubrir las necesidades de la población. Se turna a la Segunda Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social”.1

El derecho a la salud está reconocido como una garantía individual en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y garantiza el acceso de todos los mexicanos a este servicio fundamental.

La protección social en salud debe ser garantizada por el Estado de manera oportuna, de calidad y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, eliminando o reduciendo al máximo las desigualdades.

En México el gasto público en salud en el 2012, representó el 6.2% de su PIB, este porcentaje se encuentra entre los más bajos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sólo por encima de Estonia y Turquía.2

Asimismo, el 97.12% del gasto público en asistencia medica en el país, se destina a gasto corriente, el cual es para cubrir los sueldos, prestaciones de seguridad social y gastos de operación para que las organizaciones funcionen adecuadamente, como lo son la papelería y equipos de cómputo; subsidios que son las ayudas de carácter social, recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones; y solamente el 2.88% se asigna para el gasto de inversión, que es indispensable para la modernización y ampliación de las actividades que conforman esta función, como son la construcción de infraestructura en salud.3

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo del 2013-2018, establece como parte del eje relativo a la igualdad de oportunidades, orientada a impulsar que las instituciones públicas de salud cuenten con un abasto oportuno y eficiente de medicamentos a través de la implementación de una política integral que busca fortalecer la cadena de abasto de medicamentos; garantizando y promoviendo la participación del mercado de medicamentos genéricos; evitando precios excesivos de aquellos que contaban con patente vigente.4

De acuerdo a las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el 2013, el 21.5% de la población presenta carencia de acceso a servicios de salud.5

Asimismo, el 13 de febrero del año en curso, el diario el Mañana Nuevo Laredo dio a conocer una nota en la que directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social reconocieron el desabasto de medicamentos para pacientes con problemas crónico-degenerativos como hipertensión, diabetes, males renales, así como analgésicos y antigripales.

Es evidente la falta de medicamentos que padecen los servicios de salud en el país.

De acuerdo a la representante de personas con VIH/sida del Hospital General de Zona No. 32, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el año 2014 en el Distrito Federal no se pudieron surtir sus medicamentos mensuales para continuar con su terapia antirretroviral, necesaria para mantener un estado de salud óptimo.6

El día 18 de mayo del presente año, el coordinador de la jurisdicción 3 de los Servicios de Salud de Zacatecas Efrén Correa Magallanes, anunció que ya se había dotado de fármacos en los hospitales de la entidad; sin embargo, reconoció que en las 56 unidades móviles y fijas que le competen aún existe desbasto.7

El Estado Mexicano reconoce el derecho al acceso a medicamentos, y legalmente lo tutela a través de los artículos 27 y 29 de la Ley General de Salud, lo cual garantiza que estos son parte de la atención médica integral.

De manera que en la práctica, el derecho no ha logrado ser universal ni equitativo, se desprende una irresponsabilidad por parte del Estado, en la que no se hacen valer los derechos de la ciudadanía que están plasmados en la Constitución.

Además la insuficiencia de recursos materiales y financieros; la falta de infraestructura para atender a la población que demanda servicios y la tardía liberación de los recursos dificultan el ejercicio presupuestal, limitando el tiempo para la ejecución del gasto.

Una de las inquietudes primordiales de la población es el apoyo y la atención en la salud, que se cuente con servicios de salud permanente e integrales ya que es un derecho fundamental.

Los problemas de los apoyos gubernamentales destinados al sector salud radican generalmente en las compras directas de medicamento no incluido en el Cuadro Básico, el incumplimiento de los proveedores, el surtimiento en presentaciones y dosis distintas a las solicitadas sumándole que los recursos destinados cada vez son más insuficientes.

Es indignante que el problema se agudice debido a la falta de oportunidad en la asignación y disponibilidad de recursos financieros. La liberación de los recursos federales es muy tardía, lo cual ocasiona desabasto y a veces obliga a la utilización temporal de fondos de otros programas.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con sus homologas estatales garanticen el abasto suficiente de medicamentos en los hospitales, clínicas y centros de salud del país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de junio de 2015.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Análisis de Impacto en Salud, Dirección General de Promoción de la Salud, consultado 25/05/2015, [En línea] Disponible en: http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Analisis_de_Impacto_en_Salud_Marco_Conceptual_VERSION_1_0.pdf

2 Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014 México en comparación, consultado 26/05/2015, [En línea] Disponible en: http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-MEXICO-2014-in-Spanish.pdf

3 Presupuesto Público Federal para la Función 2013-2014, consultado 27/11/2014, [En línea] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-11-14.pdf

4 Programa Sectorial de Salud 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, consultado 26/05/2014, [En línea] Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013

5 Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, Sector Salud, consultado 26/05/2015, [En línea]  Disponle en: http://cdn.presidencia.gob.mx/pni/programa-nacional-de-infraestructura-2014-2018.pdf?v=1

6 Denuncian Desabasto de Medicamentos Antirretrovirales en IMSS, Notiese, Leonardo Bastida Aguilar, consultado 27/05/2015, [En línea] Disponle en : http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=7365

7 Existe Desbasto de Medicamentos en Fresnillo, NTR periodismo critico, consultado 26/05/2015, [En línea] Disponle en : http://ntrzacatecas.com/2015/05/21/existe-desabasto-de-medicamento-en-fresnillo/





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a agilizar la investigación sobre el enriquecimiento inexplicable y se sancione la compra y coacción del voto por parte del candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de Acuerdo de urgente resolución, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

La compra de votos, por sí misma, es una práctica ilegal y reprobable ya que viola la libertad de sufragio, es decir, no permite que el voto de los ciudadanos se emita con base en la reflexión sobre la oferta política que más conviene a la colectividad. Solicitar votos por paga, promesa de paga u otra contraprestación con recursos de origen inexplicable es ilegal, reprobable y totalmente deleznable.

La credibilidad en quienes pretenden arribar al poder político para ejercer acciones de gobierno, o para representar ante éste a los ciudadanos, es uno de los elementos esenciales de la transparencia y la rendición de cuentas.

Desafortunadamente la cultura de la confianza como sustrato de la credibilidad, no ha logrado arraigar, ni constituirse en eje alrededor del cual debieran girar las propuestas políticas de varios candidatos que, a través el actual proceso electoral, buscan verse favorecidos con el voto ciudadano para arribar a diferentes cargos de elección popular.

En efecto, hay algunos que ignorando o menospreciando la capacidad de acceso de la gente a los medios de comunicación pretenden desde la opacidad, o mediante la sola emisión de verdades a medias, simular lo que no son: presentarse ante la ciudadanía como candidatos impolutos, pretendiendo ganarse con engañifas la confianza ciudadana.

Un caso emblemático de esa situación, es el del candidato por el Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima quien, a lo largo de su campaña política ha cuidado mucho el no darse a conocer tal como realmente es, o sobre lo que constituyen realmente sus bienes patrimoniales. Se trata al parecer de un caso típico de enriquecimiento inexplicable, pues es una persona que prácticamente de la nada ha llegado a acumular en muy poco tempo, recursos y vastas propiedades inmobiliarias que, de ninguna manera, son consistentes con la breve trayectoria con que cuenta en el servicio público.

Lo más grave es que la sociedad se ha enterado de esa situación, antes que por el reconocimiento o por voz propia de ese candidato respecto a la posesión de bienes y propiedades, a partir precisamente de informaciones dadas a conocer por medios de comunicación, los que han acabado por demostrar la simulación con la que se conduce el candidato a gobernador por esa organización política1.

Él, por el contrario, ha manifestado en diferentes y contradictorias ocasiones, una posesión de bienes sin proporción alguna con lo que realmente ha sido posible detectar gracias a la labor investigadora de esos medios.

Se conocen al menos dos declaraciones de ese candidato respecto a su situación patrimonial: una ante la Contraloría del Senado de la República casi al inicio de la LXII Legislatura en octubre de 2012; y otra más ante la misma instancia hace solo dos meses, al solicitar licencia como legislador para contender por el gobierno de Colima.

Es de señalarse que entre una y otra existen disparidades e inconsistencias significativas, pues mientras que en la de su inicio como legislador habría manifestado poseer cinco bienes raíces, e inversiones, todo ello por un total equivalente a cinco millones de pesos, en la que presentó más recientemente, da cuenta de ser dueño de siete inmuebles (tres terrenos, una casa y tres lotes) por un valor de menos de dos millones de pesos, y dos cuentas bancarias por un total de cuatro y medio millones de pesos; en ambos casos, habiéndolo declarado el candidato, bajo protesta de decir verdad.

Lo real, sin embargo, conforme a la investigación realizada por el medio referido, es que una y otra declaraciones estarían muy lejos de la verdad, pues con base en consultas al Registro Público de la propiedad de Colima, fue posible detectar que el senador con licencia y actual candidato por el PAN tendría -tan solo en ese estado- once propiedades con un valor comercial de más de sesenta y dos millones de pesos.  

Es decir, que entre los cinco o los siete y medio millones de las primera y segunda declaraciones respectivamente, frente a los sesenta y dos millones del valor real comercial de sus bienes, media una diferencia que va de los 54.5 a los 57 millones de pesos, cantidad de la que el candidato no ha rendido cuentas, y que al parecer pretendía ocultar o mantener en completa opacidad.

Se trata de una riqueza inexplicable, pues no es de concebirse que, sin conocérsele otra actividad ajena a la de Senador o de diputado en su momento, haya logrado acumular con sus solas percepciones en esos cargos, una cantidad como a la que se hace referencia. 

Tal vez a ello se deba que en reiteradas ocasiones el hoy candidato a la gubernatura, pero aún antes, estando como senador, haya sido cuestionado de diversas maneras, en relación con el empleo de dinero para diferentes asuntos: reparto de tarjetas durante su campaña, al menos en dos municipios del estado, para el acceso a recursos materiales a cambio de proporcionar los datos de las credenciales de elector; o acusaciones diversas sobre una presunta compra de votos.

Y, lo más escandaloso quizás: la construcción de un hotel, “el Castillo de Montitlán” levantado en cuatro predios no manifestados, ampliamente documentado y denunciado en los medios desde agosto de 2014.

En todo caso, ya con antelación a su estatus como senador, obraba al menos una denuncia en su contra cuando siendo diputado federal, en mayo de 2012 se le acusó de haber desviado en el año de 2006, 55 millones de pesos de la SEDESOL para apoyar la campaña de su correligionario a la Presidencia de la República.

Como puede apreciarse, no han sido precisamente la credibilidad y la confianza las que han distinguido al candidato del PAN por la gubernatura de Colima, sino todo lo contrario: el ocultamiento de la mayor parte de su patrimonio, la opacidad y la simulación con las que pretende mediante evasivas, hacerse del apoyo de la gente para arribar al gobierno de esa entidad.

Tan solo en lo que toca a la cuestión patrimonial que es la esencia de este punto de acuerdo, y de ser comprobado el origen desconocido, inexplicable o incluso ilícito de su patrimonio, el hoy candidato debiera ser objeto de investigaciones, las cuales tendrían sustento en el Título Cuarto de la Constitución, referido a las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado.

Y, de manera más específica, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre los que se encuentran incluidos los senadores y los diputados, la cual prescribe en su artículo 6, entre otras de sus obligaciones, las de:

XIII.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI;

XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley;

Lo de la fracción XIII respecto a no obtener o pretender beneficios en el caso del candidato, pudiese bien ser objeto de investigación; en tanto que respecto de la XV, ahí sí no hay duda, pues el candidato habría incurrido en falta de veracidad al haber presentado sus declaraciones patrimoniales. Y si bien por el momento en virtud de su licencia, no es servidor público, lo cierto es que lo fue en el tiempo en el que pudiesen haberse cometido algunos de los ilícitos que se señalan, para lo cual aplicaría el artículo 13 del propio ordenamiento, que señala entre otras cosas que:

Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.

Es de señalarse que de acuerdo con el artículo 8, la falta de veracidad en la declaración patrimonial está tipificada como delito grave, pues en efecto según el artículo 36 se tiene la obligación de presentar la declaración bajo protesta de decir verdad. De hecho, de acuerdo con Código Penal Federal, se trataría en este caso, de una situación de enriquecimiento ilícito de llegar a comprobarse, según la siguiente disposición en la que se prescribe que:

Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Creemos que con lo que se ha señalado anteriormente hay elementos suficientes para que la Procuraduría General de la República, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral, emprendan en lo inmediato las indagatorias sobre el origen y aplicación de los recursos no manifestados por el candidato a Gobernador en sus declaraciones patrimoniales, por presuntas violaciones, no únicamente a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino también a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. A esta última, sobre todo por el asunto de las tarjetas, a cambio de los datos de credenciales de elector y por la presunta compra de votos.

Cabe destacar por último, que estos presuntos ilícitos ya fueron debidamente denunciados en el ámbito local por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional quien exigió al hacer la demanda, que el candidato PAN “… explique a la sociedad colimense, al pueblo de México en general y al Senado de la República en particular, cómo se hizo de tan cuantiosa cantidad, por qué ocultó el valor real de sus pertenencias y por qué no declaró la totalidad de ellas…”2

Al tiempo que pedía que la Unidad Técnica de Fiscalización, del INE revise el gasto erogado en su campaña electoral, pues “…para todos los colimenses ha sido evidente lo dispendiosa que ha sido. El pueblo de Colima merece conocer el origen de esos recursos…. si mintió al Senado de la República, en su declaración patrimonial, entonces habrá que desconfiar de que los informes financieros que Preciado entregue al INE sobre los gastos de su campaña sean fidedignos…”3

Estas inconformidades legítimas fueron ratificadas y ampliadas el 16 de mayo por el ex Procurador del estado de Colima, Gilberto García Nava, a partir de una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que con base en los artículos 222 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se investigue el presunto enriquecimiento inexplicable de Jorge Luis Preciado Rodríguez y también solicitó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores investigue si posee cuentas bancarias en el país o en el extranjero, además de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revise si Preciado Rodríguez ha realizado sus declaraciones fiscales4.

Más aún, el pasado 2 de junio de los presentes, aparecieron en un basurero de Tecomán, Colima, aproximadamente 30 mil listas con nombres y datos de ciudadanos de toda la entidad a quienes el PAN les entregó tarjetas del Programa “Vengan esos 5”. Hay que recordar que esas tarjetas son repartidas por brigadistas del PAN prometiéndoles a las personas que podrán intercambiarlas por apoyos económicos y en especie sólo si votan por Jorge Luis Preciado Rodríguez5.

Si bien esto motivó una queja del PRI ante el Instituto Electoral del Estado, que repercutió en la medida cautelar de ordenar la suspensión de la entrega de dichas tarjetas, el hallazgo de esa lista de ciudadanos puede constituir una nueva evidencia de que ese programa panista que busca coaccionar y comprar el voto aún se está implementando en Colima.

Cabe señalar que el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, señala que “Se impondrán de cincuenta a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”.

Por ello es urgente, a que días previos de que se realicen los comicios en Colima, se tengan de parte de las instancias en los ámbitos local y federal las resoluciones respectivas a esas denuncias y se sancione ejemplarmente la compra y coacción del voto por parte de Jorge Luis Preciado Rodríguez.

Con base en las consideraciones anteriores nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo de urgente resolución.

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, para que informe a ésta soberanía sobre la investigación correspondiente al presunto enriquecimiento ilícito del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y concluya las investigaciones a efecto de determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que investigue el origen de los recursos de la campaña política del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y para imponer en su caso las sanciones correspondientes.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que investigue la existencia de posibles cuentas bancarias en el extranjero del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima para efectos de proveer información a las autoridades judiciales, electorales y de fiscalización;

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que revise el estado de las declaraciones fiscales 2006-2015 del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima para efectos de proveer información a las autoridades judiciales, electorales y de fiscalización;

QUINTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales a que, a través del Ministerio Público, procedan de oficio con el inicio de las investigaciones y sanciones penales contra el candidato del PAN a la gubernatura de Colima por la coacción y compra del voto con las tarjetas del programa panista “Vengan esos 5”.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 10 de junio de 2015.

1 Preciado oculta riqueza; el candidato de PAN falsea datos. Excélsior, 5 de mayo de 2015. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/13/1023874#imagen-3. Fecha de consulta: 16 de mayo de2014

2 Demanda Federico Rangel al MP investigar riqueza de Preciado. Ocultó al Senado su situación patrimonial, afirma líder del PRI. En: Diario de Colima, Jueves 14 mayo 2015.http://www.diariodecolima.com/2015/05/14/demanda-federico-rangel-al-mp-investigar-riqueza-de-preciado/. Fecha d consulta: 16 de mayo de 2015

3 Idem.

4 http://www.elmundodesdecolima.mx/index.php/item/9914-g-garcia-nava-interpone-denuncia-contra-preciado

5 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/localizan-en-basurero-listas-de-tarjetas-del-pan-repartidas-en-colima.html





 

De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se invita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a una mesa de trabajo para abordar las razones por las cuales no se ha suspendido el trámite de ratificación del Convenio Bilateral rubricado el paso 21 de noviembre del 2014, sobre transportes aéreos por incumplimiento del gobierno norteamericano en una negociación ya cerrada. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos JUAN PABLO ADAME ALEMÁN y ROCÍO ESMERALDA REZA GALLEGOS, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, Articulo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Sexto del Acuerdo Parlamentario que establece los Criterios Generales para el Desarrollo de las Sesiones, la conformación del Orden del Día y los Debates que se realicen en la Comisión Permanente durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, tenemos a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE INVITA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A UNA REUNIÓN DE TRABAJO, PARA CONOCER LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE HA SUSPENDIDO EL TRÁMITE DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO BILATERAL SOBRE TRANSPORTES AÉREOS RUBRICADO EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014, TODA VEZ QUE LA DELEGACIÓN NORTEAMERICANA HA INCUMPLIDO CON EL COMPROMISO DE OTORGAR EXPLÍCITAMENTE Y MEDIANTE UN ACUERDO PÚBLICO, LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LAS AEROLÍNEAS NACIONALES PUEDAN HACER ALIANZAS PROFUNDAS CON SUS CONTRAPARTES NORTEAMERICANAS, COMO LO HA HECHO ESTADOS UNIDOS CON OTROS PAÍSES EN ACUERDOS SIMILARES, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Convenio Bilateral entre México y Estados Unidos forma parte de un proceso de integración regional entre México- Estados Unidos y Canadá.

Por tal razón el texto vigente fue sujeto a tres rondas de negociación entre la Delegación de México y Estados Unidos con el propósito de modificar aquellos elementos que permitan la integración y la promoción de un mayor dinamismo en materia aeronáutica para toda la región de Norteamérica.

Aumentar la conectividad en la región promueve el desarrollo nacional dado que facilita el intercambio de bienes, servicios y la transportación de personas para efectos de negocios, inversiones y turismo.

Una mayor conectividad también atrae y mantiene inversiones por la facilidad de la movilidad de bienes, productos, servicios y personas. Facilitar la movilidad y fortalecer la conectividad, incrementa la competitividad nacional y fortalece el mercado interno porque promueve las condiciones para reducir costos y ayuda a realizar negocios y procesos productivos con más rapidez y, en general, contribuye a un desarrollo económico más acelerado.

No obstante lo dicho, esta soberanía requiere del aseguramiento de que dicho desarrollo económico tenga contenido social y que el desarrollo económico además de acelerado sea equilibrado y beneficie sobre todo, los intereses nacionales.

De acuerdo a los datos del WATS 58th edition reportados a la IATA (International Air Transport Association) los TOP 6 (las primeras seis) aerolíneas en el mundo respecto al número de pasajeros transportados TOTALES son:

1. Delta

120 millones 636mil pasajeros anuales TOT

2. Southwest Airlines

115 millones 323 mil pasajeros anuales TOT

3. Southern Airlines

91 millones 504 mil pasajeros anuales TOT

4. United Airlines

90 millones 161 mil pasajeros anuales TOT

5. American Airlines

86 millones 823 mil pasajeros anuales TOT

6. Ryanair

81 millones 395 mil pasajeros anuales TOT

En contraste el total de pasajeros Transportados por aerolíneas Mexicanas en servicio NACIONAL según datos de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC)refleja:

1. ABC Aerolíneas (Interjet)

7millones 457 mil pasajeros anuales NAC

2. Aeroenlaces (Viva Aerobus)

3 millones 734 mil pasajeros anuales NAC

3. Aerovías de México (Aeroméxico)

5 millones 60 mil pasajeros anuales NAC

4. Vuela (Volaris)

a.millones 56 mil pasajeros anuales NAC

5. Aeromar

                 523 mil pasajeros anuales NAC

6. Aerolitoral

5 millones 835 mil pasajeros anuales NAC

Así mismo el total de pasajeros Transportados por aerolíneas nacionales en servicio INTERNACIONAL de acuerdo a los datos reportados públicamente por la DGAC arroja:

1. ABC Aerolíneas (Interjet)

935 mil pasajeros anuales INT

2. Aeroenlaces (Viva Aerobus)

56 mil pasajeros anuales INT

3. Aerovías de México (Aeromexico)

3 millones 653 mil pasajeros anuales INT

4. Vuela (Volaris)

a. millón  424 mil pasajeros anuales INT

5. Aeromar

14 mil pasajeros anuales INT

6. Aerolitoral

766 mil pasajeros anuales INT

Derivado de los comparativos e información anteriormente expuesta, se comprende porque, Según la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Transporte aéreo de pasajeros en el mundo ha venido creciendo de manera importante y en las rutas México-Estados Unidos se presenta un crecimiento importante. En este orden de ideas, las aerolíneas extranjeras con operaciones hacia/desde el territorio nacional crecieron el 275.63% ya que movilizaron un total de 23.89 millones de pasajeros comparado con los 6.35 millones de pasajeros que estas mismas aerolíneas extranjeras con operaciones en México movilizaron en 1991.

Vistos los datos públicos, los integrantes de ésta Comisión Permanente del Congreso de la Unión estamos a favor de la integración regional pero no a costa de la DEPREDACIÓN DEL MERCADO NACIONAL y en contra de los INTERESES NACIONALES.

A mayor abundamiento, nuestro interés por desahogar la reunión de trabajo de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES se atribuye al incumplimiento del compromiso por parte de la Delegación Norteamericana en una negociación ya concluida, al considerar que las Aerolíneas Mexicanas NO SON ELEGIBLES para el otorgamiento del “Anti-Trust Immunity” a fin de que las Aerolíneas de México estén en condiciones de hacer alianzas profundas con Aerolíneas de Estados Unidos.

La suspensión del trámite por parte del DOT el 8 de abril del 2015 y la notificación posterior del 30 de abril del 2015, no garantizan el otorgamiento de dicha salvaguarda, en virtud de que las razones que se alegan son de fondo al señalar que se suspendió el trámite por la razón de que el Convenio Bilateral modificado y suscrito el 21 de noviembre del 2014 no cuenta con las características de un CONVENIO DE CIELOS ABIERTOS.

Al desconocer los acuerdos alcanzados, negando el otorgamiento de las salvaguardas a las aerolíneas nacionales, la Delegación norteamericana está modificando las condiciones ya pactadas y el gobierno Federal debe tener una postura contundente y garantías para nuestros intereses nacionales.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de la Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita al Secretario de Comunicaciones y Transportes a una reunión de Trabajo, para conocer las razones por las que no se ha suspendido el trámite de ratificación del Convenio Bilateral sobre Transportes Aéreos rubricado el 21 de noviembre del 2014, toda vez que la delegación norteamericana ha incumplido con el compromiso de otorgar explícitamente y mediante un acuerdo público, la autorización para que las Aerolíneas Nacionales puedan hacer alianzas profundas con sus contrapartes norteamericanas, como lo ha hecho Estados Unidos con otros países en acuerdos similares.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Atentamente

Dip. Juan Pablo Adame Alemán.- Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos.





 

De los Senadores Armando Ríos Piter, Javier Corral Jurado, Benjamín Robles Montoya, Alejandro Encinas Rodríguez y Zoé Robledo Aburto y de los Diputados Juan Pablo Adame Alemán, Fernando Belaunzarán Méndez, Lilia Aguilar Gil, Danner González Rodríguez y Fernando Rodríguez Doval, con punto de Acuerdo por el que se solicita garantizar la integridad física y el pleno ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de la asociación de Borde Político. Se turna a la Primera Comisión.

Quienes suscriben, Sen. ARMANDO RÍOS PITER, Sen JAVIER CORRAL JURADO, Sen. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Dip. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN, Sen. ALEJANDRO ENCINAS, Dip. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ, Dip. LILIA AGUILAR GIL, Dip. DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Sen. ZOÉ ROBLEDO ABURTO y Dip. FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITAN GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FISICA Y EL PLENO EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE BORDE POLÍTICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Asociación Civil Borde Político es un espacio ciudadano que trabaja en crear formas de participación más allá de la democracia liberal representativa, es decir más allá del voto, con la ayuda de las tecnologías de la información; al igual que FUNDAR, México Evalúa y Transparencia Mexicana entre muchas otras organizaciones, construyen conciencia ciudadana y mejoran los mecanismos de rendición de cuenta entre quienes son responsables de los recursos públicos y los beneficiarios.

El papel de la sociedad civil organizada en los últimos años, se ha volcado hacia funciones de fiscalización sobre la clase política y la administración pública, es importante recordar que durante los trabajos de la LXII Legislatura, las organizaciones sociales se han convertido en portavoces de las principales críticas de los ciudadanos ante los excesos de la clase política, pero también activos actores en la construcción del nuevo andamiaje de transparencia y del sistema nacional anticorrupción.

Quienes suscribimos este punto de acuerdo, reconocemos el papel de las organizaciones civiles en la consolidación de una nueva cultura ciudadana dispuesta a ejercer plenamente sus derechos políticos ante sus representantes.

La Asociación Borde Político se ha esforzado desde hace dos años en impulsar el derecho de los ciudadanos de conocer el trabajo del Congreso Federal y promover la transparencia en los ámbitos Judicial y Legislativo.

En gran medida lo han hecho a través del programa de monitoreo legislativo que tanto reconocimiento les ha traído, y que los hizo acreedores al Premio a la Innovación en Transparencia otorgado por instituciones como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Banco Mundial, y la Secretaría de la Función Pública. Dicho programa permite a cualquier ciudadano revisar de manera online el rendimiento de su legislador y ver qué tanto ha trabajado en el Congreso de la Unión.

Sin embargo no es lo único que hacen. Desde hace algunos meses Borde se alió con dos instituciones de intachable historial: la Universidad de Harvard y la Universidad de Nueva York, para realizar una investigación del Fondo para Infraestructura Social Municipal, otorgado a los municipios por la Secretaría de Desarrollo Social .

El proyecto utiliza datos arrojados por la misma Auditoría Superior de la Federación que –como su nombre lo indica- audita la forma en que diversas instancias de gobierno utilizan los fondos que les son asignados, entre ellos éste que se supone debe ser utilizado en programas sociales, como el combate a la pobreza y el desarrollo de la infraestructura básica necesaria para hacerlo. El proyecto de Borde, Harvard y NYU, tiene el objetivo de difundir estos datos, que son por cierto públicos, ellos simplemente los difunden en material impreso y los reparten entre la población de diversos municipios alrededor del país, además de hacerlo en el sitio http://www.borde.mx/2015.

Esta labor en pro de la transparencia ha incomodado a algunos actores de la administración municipal, ya que desde que empezaron con su trabajo de campo repartiendo trípticos, el staff de Borde se ha visto intimidado y acosado, han recibido llamadas y muchos de sus colaboradores incluso han sido detenidos por el simple hecho de difundir información de carácter público.

Ante el incremento de actos de coacción de la libertad de expresión, el pasado viernes 29 de Mayo de 2015, la Asociación de Borde Político tuvo que dar constancia pública en la que denuncian que algunos partidos políticos se han comunicado con ellos, algunos tratando de que ataquen a sus opositores, y otros protestando la inexactitud de la información difundida basada en los datos de la Auditoria Superior de la Federación, que se transcriben textualmente a continuación:

“Viernes 22 de mayo:

Se recibieron diversas llamadas en BORDE de los partidos políticos, quienes se manifiestan molestos con la información distribuida, ya sea porque no los favorece o porque la consideran falsa.

Uno de ellos propuso pagarnos un tiraje para atacar a otro partido.

De mayor gravedad, en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, hubo inicialmente hostigamiento contra quienes repartían los trípticos por individuos no identificados y por parte de la policía local. Esta última sellevó a los coordinadores de campo a las autoridades locales quienes en particular el Presidente municipal y el Secretario municipal prohibieron que se continué con la distribución de la información.

Esto llevó a que nos comunicáramos con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, quien intervino para que no se viole nuestro derecho de libertad de expresión y que las autoridades municipales no impidan proceder con la distribución haciendo un abuso de su autoridad.

Sábado 23 de mayo:

Detuvieron a dos coordinadores de campo cuando intentaban repartir los trípticos en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, argumentando que para repartirlos se necesitaba tener un permiso municipal, mismo que fue solicitado en días posteriores para cumplir con la normatividad local pero fue denegado sin mayor razón. Sólo se indicó queen las próximassemanas recibiríamos un oficio.

Lunes 25 de mayo:

o En Aquismón, San Luis Potosí, el personal de campo fue interceptado por aparente personal de la policía local en camionetas con vidrios polarizados y amenazaron de no hacerse responsables con lo que le ocurriera al personal sise continuaban con las tareas de reparto de trípticos con información. El equipo se retiró, y las camionetas los siguieron hasta Ciudad Valles, San Luis Potosí.

Después de un nuevo evento de intimidación por la noche por personal no identificado, nuestro equipo partió de improvisto de San Luis Potosí por temor a su integridad.

Viernes 29 de mayo:

Se recibieron once llamadas de ciudadanos enojados por la distribución de folletos alterados en Cuautitlán Izcalli, Estado de México en las que se denunciaba el reparto de Trípticos a nombre de BORDE desprestigiando al Partido Acción Nacional, y vinculándolo con el Crimen organizado (particularmente con el Cartel de Jalisco Nueva Generación).

Por otra parte, la policía local detuvo a un coordinador de campo en Ixtapaluca, Estado de México, que estaba repartiendo los trípticos informativos de BORDE.

Por último, la policía local detuvo a un coordinador de campo que acababa de finalizar el reparto de volantes de BORDE en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, y se lo llevó ante el gobierno municipal. Las autoridades municipales solamente lo liberaron una vez que se proveyó de información sobre todas las localidades donde fueron distribuidos los volantes.

A su vez, el equipo en campo observó que todos los volantes que no se pudieron entregar en mano y se pegaron en las puertas exteriores de los distintos hogares fueron retirados por personal no identificado.”

Sábado 30 de mayo:

En el municipio de Villa Victoria, Estado de México, se impidió al equipo de campo trabajar por parte de las autoridades locales con el argumento de no contar con el permiso previo del municipio. Se presentaron todos los requisitos para el trámite, pero las autoridades le adelantaron al equipo que el permiso sería otorgado pasadas las elecciones.

Miércoles 3 de junio:

1. En Chimalhuacan no se le permitió trabajar a nuestro equipo. Una mujer le dijo a los miembros del equipo que no podían repartir información y llamó a unos antorchistas que rodearon al equipo y los amenazaron. El equipo se retiró, y no se trabajó más en esa sección.

2. En Atlacomulco unos antorchistas le dijeron al equipo que se retiraran porque no podían repartir más información. El equipo esperó un tiempo a que los antorchistas se retiraran y continuó repartiendo trítpicos en una zona diferente.

Estos hechos no pueden tomarse de manera aislada, sino como la clara evidencia de la violación sistemática y reiterada de los derechos constitucionales delos integrantes de Borde Político, estos hechos atentan en contra un proyecto internacional de investigación y divulgación de Borde Político, en conjunto con instituciones de prestigio internacional como la Universidad de Harvard y la Universidad de New York, atenta contra todas las organizaciones civiles que tienen como función social dotar los instrumentos de rendición de cuentas y de transparencia en contra de toda practica de opacidad y corrupción del sistema político mexicano.

La Comisión Permanente tiene la obligación de pronunciarse para salvaguardar la libertad de expresión, derecho ampliamente lacerado por las fuerzas retrogradas que intentan ante la consolidación de un régimen democrático sustentado con los pilares de las organizaciones sociales.

Desde el 10 de diciembre de 1948 cuando la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos quedó incorporado el derecho a la información como una prerrogativa fundamental:

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Posteriormente, el 16 de diciembre de 1966, esta libertad se ratifica mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece lo siguiente:

Artículo 19...

1. Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo dos de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para a) Asegurar el respeto a los derechos con la reputación de los demás; b)La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo sexto el derecho a la libertad de expresión en los siguientes términos:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Los hechos públicos presentados obligan al Congreso de la Unión a pronunciarse inmediatamente por el pleno respeto de la libertad de expresión, como una condición necesaria de la democracia, la participación de los ciudadanos en el espacio público contribuye a la generación de consensos y a la toma de decisiones, pero particularmente con la naturaleza jurídica de Borde Político, su actuación como organización social es dotar de evidencia sobre el manejo de los recursos públicos, uno de los temas torales dentro de la agenda del Congreso de la Unión, en relación con la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción y la agenda reglamentaria de fiscalización y rendición de cuentas, que abre una nueva era en la sociedad mexicana en términos de derechos y obligaciones de los funcionarios públicos y abre infinitas posibilidades de participación a los ciudadanos y sus organizaciones frente al Estado.

Quienes suscribimos el presente punto de acuerdo, consideramos que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión debe solicitar de manera inmediata a la Secretaría de Gobernación, realizar una investigación federal por violación al derecho constitucional de libertad de expresión, amenazas e intimidación contra los integrantes de la Asociación Civil Borde Político en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato; en los municipios de Ixtapalupa y Cuautitlán Izcalli del Estado de México y del municipio de Aquismón en San Luis Potosí; y fincar las responsabilidades penales y administrativas contra quien resulte responsable, así como la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para investigar las denuncias de intimidación de partidos políticos contra la Asociación Civil Borde Político.

Finalmente, el Congreso de la Unión está en la obligación de emitir un pronunciamiento público a toda la administración pública y a los partidos políticos que participan en este proceso electoral, a respetar y reconocer la importancia de las organizaciones sociales en la construcción de nuevo régimen de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, así como el respaldo a todo mecanismo de apoyo y cooperación de los organismos internacionales e instituciones de investigación que contribuyen a consolidar la vida democrática de nuestro país.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República, investigar los ataques al derecho constitucional de libertad de expresión, amenazas e intimidación contra los integrantes de la Asociación Civil Borde Político en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato; en los municipios de Ixtapa lupa y Cuautitlán Izcalli del Estado de México y del municipio de Aquismón en San Luis Potosí; y determinar si existen hechos constitutivos de delito.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita de manera inmediata la actuación por Oficio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para investigar las denuncias de intimidación de partidos políticos contra la Asociación Civil Borde Político.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce el papel de las organizaciones sociales en la construcción de nuevo régimen de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, así como el respaldo a todo mecanismo de apoyo y cooperación de los organismos internacionales e instituciones de investigación que contribuyen a consolidar la vida democrática de nuestro país.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se manifiesta por el pleno respeto a la libertad de expresión de las organizaciones civiles en el cumplimiento de sus funciones de divulgación, investigación y manifestación de ideas, así como el respaldo absoluto de toda acción de concientización a los ciudadanos en materia de sus derechos, rendición de cuentas de toda autoridad pública o solicitud de transparencia en la administración de los recursos públicos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 10 de junio de 2015.

Suscriben.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a auditar todas las obras que contrató el Gobierno Federal entre 2003 y 2012 con Grupo Tradeco y, en caso de acciones y omisiones, se proceda conforme a derecho. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

El aprovechamiento de los recursos disponibles bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia como mandata el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, significa más que una prescripción de nuestro máximo ordenamiento jurídico, la forma en cómo se gasta y administra el dinero de los mexicanos es prioritario para el desarrollo económico y social.

Desafortunadamente, no siempre ocurre así. Existen servidores públicos que actúan al margen de la ley para beneficiarse en lo particular, como fue el caso de lo evidenciado en diversos medios de comunicación de Grupo Tradeco.

En diversas publicaciones se ha ventilado que Grupo Tradeco fue beneficiado por el Gobierno Federal entre 2003 y 2012. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, le ha reclamado más de 400 millones de pesos en créditos fiscales.

Tradeco fue beneficiada bajo la figura de adjudicación directa, ejemplo de ello es el caso de la autopista Durango-Mazatlán1 y el Puente Baluarte2 Bicentenario. En este último, la Auditoria Superior de la Federación realizó múltiples observaciones por incumplimiento de normatividad, lo cual ocasionó que su costo pasará de los 8 mil 889 millones de pesos a los 22 mil 100 millones, en 2012. Sin embargo, la contratista permaneció activa.

El Puente Baluarte3, reconocido en el libro Guinness de los Récords del Mundo, debido a sus características atirantadas y por ser el más alto del mundo, también es identificado como uno de los más grandes monumentos a la opacidad, corrupción e impunidad, a propósito de múltiples “errores” entre estos…

“(…) un pago con exceso de 27 millones de pesos por el concepto “Habilitado y colocación de acero estructural GRADO 50 en superestructura por unidad de obra terminada piezas puente”, debido a que aplicó un precio unitario parcial de $16.97 pesos en lugar del precio unitario contratado de $24.24 a un volumen de 1,592,800.00 kg”4

A pesar de estas acciones, la empresa se privilegió de múltiples contratos con el gobierno federal. Tan solo entre 2003 y 2012 los proyectos adjudicados ascendieron a los 15 mil 143 millones de pesos5, cuya constante fue el sobrecosto y retrasos en las obras.

Resulta evidente el daño a la hacienda pública pues también en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, presentado por la Auditoria Superior de la Federación el 20 de febrero de 2014, se dio a conocer el sobrecosto generalizado en la construcción de autopistas durante todo el 2012, destacando el gasto en la autopista Durango-Mazatlán, cuyo dictamen negativo6 presentó 45 observaciones, de las cuales solo una fue solventada, lo que derivó en sobrecostos más allá del 30 por ciento de lo invertido.

Abunda el Informe que se determinaron recuperaciones por más de mil 615 millones de pesos, de los cuales, apenas 11 millones 511 mil pesos se regularizaron y el resto, mil 604.44 millones de pesos quedaron como recuperaciones probables7.

Asimismo, se desprende del análisis del órgano fiscalizador que las probables recuperaciones por casi mil 616 millones de pesos se debieron a errores en las diferencias de volúmenes; trabajos de mala calidad; errores en la integración de precios unitarios extraordinarios; variaciones de la tasa de interés; así como, por intereses de pagos anticipados, entre otros.

La Auditoría señaló que, no obstante, que el periodo de ejecución original de este proyecto era entre 2002 y 2010, su fecha de conclusión se modificó hasta el 2013, pasando de un monto de inversión original de 8 mil 889.9 millones de pesos a 22 mil 100.2 millones de pesos.

En suma, las irregularidades son abundantes y claras; se aprecia un claro desprecio por la conducta ética y apegada a derecho entre gobierno y contratistas, así como una franca omisión por parte del titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes8 para la recuperación de recursos mayoritaria.

El ejemplo de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses de Tradeco justifican sus altísimas ganancias. Vale la pena recordar que en el 2003 el fundador del Grupo se incorporó a PEMEX como director ejecutivo del Proyecto Cantarell -el pozo más productivo ene se momento- y benefició a una empresa dirigida por su hijo, con un contrato por 379 millones de pesos.

La historia no concluye aquí. Recientemente, diversos medios de comunicación, publicaron las irregularidades de las nuevas instalaciones del Colegio del Aire y la respectiva ampliación de la Base Aérea Militar en Zapopan, Jalisco, ambas a cargo y por adjudicación directa en el sexenio anterior a la empresa “Avance Concesionarias S.A.P.I. de C.V.”9 también propiedad del Grupo Tradeco.

Así, una empresa con absoluto desapego a la legalidad, evasora de impuestos, omisa en el cumplimiento de contratos en los términos pactados y desatenta con la normatividad ambiental -como lo denunció la PROFEPA respecto a la manifestación de impacto ambiental para el muelle de Manzanillo en Colima- permanece activa (sin rendir cuentas) en varias obras públicas, al amparo de la impunidad que, tal vez, en el servicio público de otras administraciones era la regla.

Al tenor de estos argumentos y con las evidencias expuestas, exhortamos a las autoridades que investiguen y procedan en contra de quien resulte responsable por los múltiples daños en perjuicio del patrimonio del Estado, cometidos tanto por particulares como por cualquiera de los servidores públicos enunciados en el artículo 108 constitucional.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES AUDITEN TODAS LAS OBRAS QUE CONTRATÓ EL GOBIERNO FEDERAL ENTRE 2003 Y 2012 CON GRUPO TRADECO, Y EN CASO DE ACCIONES Y OMISIONES SE PROCEDA CONFORME A DERECHO.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 10 de junio de 2015.

Atentamente.

1 Ver pág. 5 en http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo3/2009_0508_a.pdf

2 Además utilizaron agua del rio del mismo nombre sin la autorización de la Comisión Nacional del Agua como se lee en el mismo documento.

3 Destaca que cuenta con 152 piezas de tirantes de acero, según se lee en http://www.tradeco.com/proyectos/puenteBaluarte/

4 Cfr. Punto 16 de los Resultados en http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo3/2009_0508_a.pdf

5 Cfr. http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/la-favorita-de-calderon-constructora-bajo-la-lupa?page=3

6 Cfr. http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0067_a.pdf

7 Pág. 59 de http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0067_a.pdf

8 Ver Pág. 28 http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo3/2009_0508_a.pdf

9 Consultado el 17 de mayo de 2015 en http://www.estadomayor.mx/51777





 

Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a apoyar a la industria del acero nacional. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, Diputado JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A QUE APOYE DECIDIDAMENTE A LA INDUSTRIA DEL ACERO NACIONAL, REALIZANDO LOS AJUSTES DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL ASÍ COMO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIOS PARA APUNTALAR A LA INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACERO NACIONAL QUE SE ENFRENTA A COMPETENCIA DESLEAL A CAUSA DE LA IMPORTACIÓN DE OTROS PAÍSES CUYAS INDUSTRIAS ESTÁN FUERTEMENTE SUBSIDIADAS. SE EXHORTA AL SECRETARIO DE ECONOMÍA, IDELFONSO GUAJARDO VILLARREAL A QUE SE INFORME PERIÓDICAMENTE, DE FORMA BIMESTRAL, EL RESULTADO DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL DIRECTAMENTE A LOS PRODUCTORES DE LA INDUSTRIA DEL ACERO Y A LA OPINIÓN PÚBLICA.

Consideraciones

PRIMERA.- Las empresas de la industria del acero del país se encuentran en una fuerte crisis y en serio riesgo de cierre de operaciones. Ejemplo de ellas, es “Altos Hornos de México” (AHMSA), ubicada en el Municipio de Monclova Coahuila, compañía con un enorme arraigo en la región que proporciona fuente de empleo a 15 mil personas y a punto de hacer un recorte de 4 mil 500 empleados así como “De Acero” ubicada en los Estados de Guanajuato, Nuevo León y Coahuila con aproximadamente 8 mil empleados, entre otras en el país.

Las causas en las que se encuentra sumida en la crisis empresas como “Altos Hornos” es debido a la competencia desleal a la que se enfrentan con la importación china, ya que la industria del país oriental cuenta con costos de producción muy bajos debido a los subsidios a los que son objeto por parte de su gobierno como la energía eléctrica y tributarios, eso sin dejar de mencionar los bajos sueldos que en este país se pagan a los trabajadores.

Producto de lo anterior, el acero procedente de China puede ser colocado en el mercado con costo final de materia prima, lo que representa una enorme desventaja para la industria nacional que además ha sido enormemente golpeada por una reforma fiscal lesiva que ha generado mayores costos de producción para las empresas y sobre todo dificultad para mantener los empleos ya creados por lo que además les hace imposible crear nuevas fuentes de trabajo sin dejar de mencionar los altos costos de los servicios como electricidad, agua y gas en nuestro país.

En suma la competitividad de la industria nacional frente a dumpings como el de las importaciones chinas, están conduciendo a las acereras nacionales la quiebra.

SEGUNDA.- Dada la complicada situación, requiere medidas inmediatas y decididas por parte del Gobierno Federal, tales como detener de una vez por todas las importaciones ilegales de acero.

El Gobierno Federal debe responder, con apoyos e incentivos fiscales que le permitan a la industria del acero, como “Altos Hornos” (AHMSA) ser competitivos y generar utilidades. Es necesario que la administración federal, tome medidas emergentes en apoyo a los productores así como a los trabajadores que encuentran en las acereras su fuente de trabajo, ya que hasta hace unos años la tonelada de acero se ubicaba en el mercado en un precio de 950 dólares, hoy la industria se enfrenta a un precio que ronda los 390 a 400 dólares, que es el costo de la materia prima sin pasar por un proceso industrial de transformación.

De no darse las medidas decididas de forma pronta, estaremos ante el cierre de empresas que dan fuente de empleo e ingreso a miles de familias en nuestros municipios y que por lo tanto, producirá crisis económica peor en las localidades pues no habrá derrama económica ni recurso para que estas familias puedan consumir, pero lo que es peor subsistir dignamente.

TERCERA.- La Secretaría de economía debe estar cercana a los productores del acero para conocer de forma tangible los problemas de la industria. Sólo así, podrá liderar los ajustes necesarios a las previsiones presupuestales como a mejorar las políticas públicas que apuntalen a este sector económico hacia el crecimiento.

Para cumplir con estos objetivos, el titular de la Secretaría de economía Ildefonso Fajardo Villarreal, debe informar en forma periódica tanto a los productores como a la opinión pública lo resultados de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal en su conjunto.

Por lo expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

ÚNICO.-Se exhorta al Gobierno Federal a que apoye decididamente a la industria del acero, realizando los ajustes de previsión presupuestal así como de diseño e implementación de políticas públicas necesarios para apuntalar a la industria de producción, distribución y comercialización de acero nacional que se enfrenta a competencia desleal a causa de la importación de otros países cuyas industrias están fuertemente subsidiadas. Se exhorta al Secretario de economía, Idelfonso Guajardo Villarreal a que se informe periódicamente, de forma bimestral, el resultado de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal directamente a los productores de la industria del acero y a la opinión pública.

Salón de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Atentamente

Dip. José Guillermo Anaya Llamas.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo con relación a la transparencia de la Ronda Cero, producto de la reforma energética. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓNCON RELACIÓN A LA TRANSPARENCIA DE LA RONDA CERO PRODUCTO DE LA REFORMA ENERGÉTICA al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México atraviesa una complicada situación económica derivada de deficiencias estructurales, como el poco impulso al mercado interno, aunado a factores externos como un mercado energético cambiante. Los precios del petróleo han caído estrepitosamente en el último año y la producción petrolera atraviesa una reducción muy importante. Ambos aspectos han provocado un recorte del presupuesto para 2015 y ya se anunció otro sobre el gasto de 2016.

Las personas encargadas del sector hidrocarburos han demostrado su incapacidad para dirigir el sector en beneficio de las y los mexicanos y únicamente se han preocupado por mostrarla como un éxito para el sector privado. Una muestra de ello es el resultado de la llamada “Ronda Cero”, contemplada en el Artículo Sexto Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia energética, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

Un aspecto a resaltar es que la Ronda Cero ha estado rodeada de opacidad desde el primero momento. Toda vez que se delegó la decisión de los campos que solicitarían a la Secretaría de Energía al Comité de Adquisiciones de la entonces paraestatal, por lo que no existieron controles para garantizar que la solicitud cumpliera con los requisitos establecidos en la Constitución, ni que los mismos respondieran a la situación real de Pemex y así garantizar su existencia y la estabilidad de las finanzas públicas.

El 24 de marzo 2014, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) recibió una solicitud para que Pemex entregara “El reporte enviado a la SENER en donde se detallan los campos que decidirá quedarse como parte de la llamada Ronda Cero, de la reforma energética”. El IFAI decidió que esta información debería reservarse por un año, por lo que debía ser pública a partir del 24 de marzo de 2015. El 18 de diciembre de 2014, Pemex promovió un recurso de revisión por el que solicitó al IFAI ampliar el plazo de reserva un año más, con lo que la información estaría disponible hasta el 24 de marzo de 20161.

Después de este proceso,  conforme a la resolución del recurso de revisión RDA 1857/14 del Pleno del IFAI, la “Solicitud que Petróleos Mexicanos somete a consideración de la Secretaría de Energía para la adjudicación de áreas en exploración y campos en producción, a través de asignaciones en términos del Transitorio Sexto”, consta de 81 fojas y los siguientes apartados:

1. Marco Normativo

2. Transitoriedad y modelo de negocios de Petróleos Mexicanos. Definición de un portafolio diversificado de áreas exploratorias y campos en producción, para balancear riesgo y maximizar el valor económico de los recursos de hidrocarburos del país.

3. Áreas en exploración y campos en producción a someter a consideración de la Secretaría de Energía. Criterios de selección de áreas exploratorias y campos en producción, en diferentes ambientes geológicos y tipos de hidrocarburos.

4. Acreditación de capacidades. Definición de las capacidades técnicas, financieras y de ejecución de Petróleos Mexicanos, para desarrollar los proyectos asociados a las áreas exploratorias y campos en producción solicitados a la Secretaría de Energía.

5. Criterios de eficiencia y competitividad. Comparación de indicadores principales de eficiencia de Petróleos Mexicanos (estudio de mercado), frente a otras compañías petroleras internacionales.

6. Participación de terceros. Categorías de proyectos que pudieran ser desarrollados con participación de socios, para obtener tecnología o financiamiento de éstos.

7. Consideraciones finales. Resumen de las principales actividades realizadas por Petróleos Mexicanos, y resultados obtenidos de la jerarquización de las áreas y campos en producción a solicitar.

Anexo A: Relación de áreas en exploración y unidades a solicitar.

Anexo B: Relación de campos a solicitar.2

Cabe advertir que en la resolución de mérito, el IFAI resolvió que era procedente la reserva de esta información por causas de “secreto industrial”, “seguridad nacional” y por tratarse de un “proceso deliberativo en curso”. Señaló el Comisionado Ponente que la divulgación de esta información podría significar un “detrimento en las negociaciones que Pemex pudiera buscar para desarrollar una alianza estratégica”; “un fuerte interés de que los particulares concursen para la obtención de estos campos y pierdan interés por los campos restantes (…), o bien, ofrezcan un precio más bajo o un esquema contractual más ventajoso, generando un impacto negativo en la maximización de ingresos para el Estado…”3

El resultado de este proceso arrojó que la Secretaría de Energía asignara a Pemex el 92% del total de las reservas (3P) y el 68% de los recursos prospectivos que solicitó4. Es decir, reservas probadas que totalizaron 10,292 millones de barriles de petróleo crudo, condensados y los hidrocarburos licuables, y 10,859 miles de millones de pies cúbicos de gas seco (95.1% de las reservas probadas del país).

El informe anual 2014 de la empresa productiva del Estado advierte una caída de 3.7% de la producción de petróleo crudo entre 2013 y 2014, en razón de la disminución de la producción de los proyectos Cantarell, Aceite Terciario del Golfo, Delta del Grijalva, Crudo Ligero Marino e Ixtal Manik. Por su parte, la perforación pasó de 38 pozos exploratorios terminados en 2013 a 24, en 2014, una reducción del 36.8%. Por lo que hace a los pozos de desarrollo, los mismos pasaron de 785 en 2013 a 511 en 2014. 5

Por si fuera poco, Pemex en dicho informe reconoce que no cuenta con una capacidad plena para “explorar y extraer las reservas de las asignaciones adjudicadas, o a través de los derechos que se le adjudiquen en el futuro. Petróleos Mexicanos podría perder el derecho para la extracción de estas reservas si no cumple con el plan de exploración establecido.”6

Ante el panorama complicado, no sólo de Pemex, sino de las finanzas públicas, es necesario preguntarse respecto de la validez de las circunstancias planteadas por el entonces IFAI para la reserva de la información, es decir el riesgo de que se pierda la ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades. Esto en razón de que, una de las personas más importantes en este proceso, el entonces Director de Pemex Exploración y Producción (PEP) renunció a su cargo en febrero de 2014 para sumarse un año después a uno de los competidores, la recién creada Petrobal. Lo anterior con claro acceso respecto de las circunstancias en que Pemex afronta las asignaciones de la Ronda Cero, diluyendo la supuesta ventaja.

Por otra parte, con la publicación de los resultados del proceso de Ronda Cero por parte de la Secretaría de Energía, claramente terminó el proceso deliberativo que servía de causa para reservar la información.7Por ello y conforme al artículo 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información una vez que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, los documentos reservados serán públicos.

Cabe advertir que la información relacionada con los criterios que Pemex aplicó para su solicitud y los que a su vez aplicó la SENER para determinar las asignaciones a Pemex es importante toda vez que en las convocatorias 2 y 3 de la llamada Ronda Uno, se pretende licitar 9 campos en aguas someras y 26 campos terrestres, respectivamente, que Pemex ha explorado y en muchos casos explotado y que por lo tanto tiene la suficiente experiencia y capacidad para seguirlo haciendo. La SENER y la CNH no han explicado las razones por las cuales estos campos no fueron asignados a Pemex y tampoco se conoce el motivo por el que Pemex se abstuvo, en todo caso, de solicitar la asignación de estos campos.

Al respecto es de mencionar que por lo que hace a las aguas someras, la versión pública de la “Solicitud que Petróleos Mexicanos somete a consideración de la Secretaría de Energía para la adjudicación de áreas en exploración y campos en producción, a través de asignaciones en términos del Transitorio Sexto” advierte que Pemex “es un líder global en el desarrollo y explotación de campos en aguas someras de gas y petróleo. Tiene más de 35 años de experiencia en el desarrollo de campos y la explotación de yacimientos ubicados en aguas someras. Estos campos actualmente garantizan la producción de hidrocarburos y el envío de crudos ligeros y súper-ligeros para efectuar las mezclas y comercializar el crudo pesado. En aguas someras, se tienen yacimientos de crudos pesados, ligeros, súper –ligeros y gas- condensados con instalaciones de producción las cuales son estratégicas para garantizar los compromisos de producción. Pemex continuará operando la mayoría de estos campos solo. Se solicitarán todos aquellos campos con mayor rentabilidad en el portafolio de proyectos.”8

Por lo que hace a los campos terrestres, se menciona que se solicitarán principalmente campos que tengan un valor presente neto positivo después de impuestos, pero advierte también que los campos con limitada rentabilidad “se solicitarán por consideraciones estratégicas”.9

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos a difundir la “Solicitud que Petróleos Mexicanos somete a consideración de la Secretaría de Energía para la adjudicación de áreas en exploración y campos en producción, a través de asignaciones en términos del Transitorio Sexto”, en razón de haberse adjudicado ya las asignaciones resultado de la Ronda Cero; precisando las causas por las que decidió abstenerse de solicitar los 9 campos de aguas someras y 26 terrestres que son parte de las convocatorias 2 y 3 de la Ronda Uno. Asimismo, exhorta a que se envíe una copia del acta del Comité de Adquisiciones en el que se avaló la solicitud de campos como parte de la Ronda Cero.

Segundo.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía a presentar un informe detallado respecto del proceso de Ronda Cero, detallando los campos asignados a Pemex por tipos de reserva (1P, 2P y 3P) y ahondando en los criterios que se tuvieron para asignar los campos de exploración y explotación a la empresa, así como el informe proporcionado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre los criterios técnicos para resolver la solicitud de Pemex.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 PEMEX. Oficio CI-564/2014 del Comité de Información del 18 de diciembre de 2014.

2 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Recursos de Revisión, Expediente RDA 1857/14, Dependencia, Petróleos Mexicanos, Comisionado Ponente, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, p. 71, unanimidad.

3 Ibidem, p. 83

4 Datos tomados de Pemex, Oportunidades de Negocio, Enero de 2015.

5 Petróleos Mexicanos, Informe anual 2014, abril 2015, p. 48

6 Ibidem, p. 19

7 Secretaría de Energía, “Asigna Sener el total de las reservas 2p que solicitó Pemex en el marco de la Ronda Cero”, Boletín de Prensa 065, 13 de agosto de 2014, http://www.sener.gob.mx/portal/Default_blt.aspx?id=2921, consultado el 8 de junio de 2015

8 Petróleos Mexicanos, Solicitud que Petróleos Mexicanos somete a consideración de la Secretaría de Energía para la adjudicación de áreas en exploración y campos en producción, a través de asignaciones, en términos del Transitorio Sexto. Versión Ejecutiva. 21 de marzo de 2014, pp. 28 y 29, http://www.energia.gob.mx/webSener/rondacero/_doc/Solicitud_de_campos_y_areas_de_Pemex%206oTransitorio.pdf, consultado el 8 de junio de 2015

9 Ibidem, p. 27





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a informar sobre los protocolos que llevan a cabo en el sistema de drenaje profundo para prevenir las afectaciones producidas por precipitaciones pluviales. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

En 2011, el desbordamiento del Río de los Remedios, causo graves daños al patrimonio de miles de familias. Este hecho demostró la necesidad de lograr un manejo integrado y coordinado del sistema de drenaje, el cual por su complejidad no puede subdividirse en entidades. Ante esta problemática, en el año 2014, se creo la Comisión Metropolitana de Drenaje.

Esta Comisión es un mecanismo de control del sistema hidrológico para el desalojo de avenidas y corrientes pluviales en el Valle de México. En ella participan representantes de la Comisión Nacional del Agua, representantes de gobierno del Distrito Federal y del Estado de México. El objetivo de la Comisión es la de permitir la toma de decisiones coordinadas para la planeación, prevención, reacción, y atención de emergencias.

En 2014, se implementó un protocolo ante posibles precipitaciones pluviales severas que consistía en dos etapas: fase I, con una lluvia promedio de 8.0 mm y en donde se identifican las tendencias ascendentes en presas y ríos, mediante vigilancia hidrometeorológica; la fase II, que se implementa al caer una lluvia promedio de 11.0 mm. 

La temporada de huracanes en el Océano Pacífico inició el pasado 15 de mayo y se prevé que finalice el 30 de noviembre; en el Océano Atlántico comienza el 1 de junio y culmina el 30 de noviembre.

Al respecto, el Coordinador General del Sistema Meteorológico Nacional, dio a conocer que en el Océano Pacífico se espera la formación de 19 ciclones tropicales, de los cuales ocho alcanzarían la categoría de tormentas tropicales; siete huracanes corresponderían a las categorías 1 y 2 en la escala Saffir-Simpson y cuatro serían huracanes, categorías 3, 4 o 5.

En lo que se respecta al Océano Atlántico, se espera una actividad por debajo de lo normal, se prevén siete ciclones tropicales, de los cuales cuatro alcanzarían la categoría de tormenta tropical y tres de huracán.

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México(OCAVM), informó que el año 2014, los meses de mayo, junio, agosto y septiembre fueron los meses más lluviosos en la Ciudad de México superando  los pronósticos que había para ese año.

En 2015, se prevé que al igual que el año anterior se presente el fenómeno meteorológico conocido como “El niño”, con lo cual aumenta posibilidad de que se presenten precipitaciones pluviales fuertes, que pueden causar graves afectaciones en la Ciudad de México.

En este sentido, resulta necesario conocer, cuáles fueron los alcances de este protocolo y sí éstos podrán dar respuesta oportuna ante las posibles lluvias intensas que se prevén en la Zona del Valle de México, por el fenómeno de “El Niño”.

Sin duda, estos esfuerzos coordinados resultan cruciales para la prevención de inundaciones en la Zona del Valle de México, pero además, es necesario conocer las acciones que el SACMEX está llevando a cabo para asegurar el correcto funcionamiento su sistema de drenaje profundo, integrado por 165 kilómetros de túneles que utiliza para el desagüe pluvial.

Los legisladores del PRI, estamos comprometidos en garantizar la seguridad de las y los mexicanos, por ello nos manifestamos por una cultura de la prevención ante eventuales precipitaciones pluviales que pudieran afectar la integridad de las y los ciudadanos y su patrimonio.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Aguas de la ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, presenten ante esta Soberanía, un informe detallado sobre los protocolos que llevan a cabo en el sistema de drenaje profundo para prevenir las afectaciones producidas por precipitaciones pluviales.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el10 de junio de 2015.

Atentamente.





 

De la Diputada Leticia López Landero, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar módulos de prevención en materia del delito de trata de personas en los distintos ciclos escolares. Se turna a la Segunda Comisión.

La Suscrita, Diputada Federal del Estado de Veracruz, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

La trata de personas es un delito que viola los derechos humanos más fundamentales de todas las personas principalmente de mujeres y niños, ya que involucra factores de carácter económico, social, migratorio, discriminatorio, de delincuencia organizada y de corrupción, que hacen necesaria la creación de normas concretas que permita erradicar de manera efectiva este delito.

Es por ello que nuestro país publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012 la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos con el objeto de establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales.

Por otra parte, el Protocolo de Palermo que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de Noviembre del 2000, con la finalidad de prevenir y combatir la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y proteger a las víctimas, respetando sus derechos humanos.

La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo.

Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO estipulan las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación. Estos instrumentos promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión.

Corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como política, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias educativas.

En México, en términos absolutos, las estimaciones más conservadoras ubican el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual entre 16,000 y 20,000 según datos del INEGI, UNICEF, DIF.

Otros estudios calculan que la cifra de niños y niñas sujetos a explotación sexual en México asciende a 70,000, de los cuales 50,000 son explotados en las zonas fronterizas y 20,000 en el resto del país. Respecto del total de las víctimas, hay estimaciones que oscilan entre los 50,000 y 500,000 casos.

La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad.1

Aunado a lo anterior, y toda vez que la educación es un derecho, tenemos que el Estado Mexicano los contempla en los siguientes ordenamientos tanto nacionales como internacionales.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.
Párrafo reformado DOF 11-09-2013

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.
Párrafo reformado DOF 17-04-2009

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

Párrafo reformado DOF 17-04-2009, 17-04-2009, 28-01-2011

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;

Fracción reformada DOF 28-01-2011

II y III…

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

Fracción reformada DOF 17-06-2008, 28-01-2011

VII a XIV Bis…

XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.
Fracción adicionada DOF 17-04-2009

XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Por otra parte; en cuanto a instrumentos internacionales tenemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece lo siguiente:

Artículo 26.

1. Toda persona tienen derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

Asimismo la Declaración y Programa de Acción de Viena establece que “la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. Esto puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y cooperación internacional en esferas tales como el desarrollo económico y social, la educación, la atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social”.

Es por ello y por ser la educación un derecho que tiene todo individuo y al cual se puede acceder, por el cual se podría implementar la prevención en materia del delito de trata de personas

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Gobernación, a diseñar Módulos de Prevención en materia del delito de Trata de Personas en los distintos Ciclos Escolares.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Dip. Leticia López Landero.

1 http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/




 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Guerrero a cumplir con el pago de indemnización a las víctimas afectadas por las inundaciones y deslaves generados por los fenómenos meteorológicos "Ingrid" y "Manuel" ubicadas en la Zona Diamante. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Senador ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el Senado de la República LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: proposición con Punto de Acuerdo, POR LO QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, A FIN DE CUMPLA CON EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LAS VÍCTIMAS AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES Y DESLAVES GENERADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS “INGRID” Y “MANUEL” UBICADAS EN LA ZONA DIAMANTE, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES:

En septiembre del 2013, dos ciclones, Ingrid, en el océano Atlántico y Manuel, en el Pacífico, coincidieron causando numerosos daños por inundaciones y deslaves en varios estados costeros de la República Mexicana. La intensidad de ambos fenómenos dio como resultado una de las mayores afectaciones por fenómenos naturales que se haya presentado en la República Mexicana. La gran mayoría del territorio nacional se vio afectado de alguna manera por “Ingrid” y “Manuel”, aunque los impactos más significativos se encontraron en el Estado de Guerrero.

Según datos de Protección Civil tan solo en el estado de Guerrero se registraron 516 viviendas con algún tipo de daños desbordados, 85 árboles caídos, 42 viviendas colapsadas, 23 bardas caídas, 32 carreteras federales y estatales con daños en la infraestructura. Asimismo se reportaron 75 personas fallecidas en este mismo estado1.

Ante ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación declaro en emergencia a 56municipios del estado de Guerrero. Dentro los municipios más afectados se encontraron el del puerto de Acapulco, en donde las intensas lluvias desbordaron el río la Sabana que inundó miles de casas y 18 fraccionamientos causando daños materiales, de vivienda y estructurales. Entre las colonias afectadas se encontraron las localizadas en la zona oriente: Luis Donaldo Colosio Murrieta, Cesca, Rincondadas Villa Paraíso, Frente Nacional, Marian Diamante, Pirncess del Marquez, Gaviotas, La Marqueza.

De acuerdo con el dictamen de Protección Municipal se indicó que estos fraccionamientos no eran aptos para continuar habitándolos pues las inundaciones reblandecieron la estructura metálica y los materiales de construcción. Ante ello, el 9 de Octubre del 2013 el presidente Enrique Peña Nieto informó que serían reconstruidas las viviendas que se perdieron en todos los estados del país por los fenómenos climatológicos Ingrid y Manuel. Además, destacó 10 acciones ejercidas por el gobierno federal, con el objetivo de reactivar la economía en los estados afectados, ayudar a los damnificados y generar empleos2.

Sin embargo y a pesar de que la Secretaria de Desarrollo Social comenzó a realizar acciones para indemnizar a los afectados, los habitantes de estas de estas colonias no tuvieron respuesta alguna sobre su situación. Por otra parte el entonces titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld señalo que las inundaciones en estas colonias estuvieron relacionadas con los permisos de construcción que se dieron para edificar sobre cauces de ríos y drenes pluviales.

El 27 de septiembre del 2013, ante la magnitud del desastre y múltiples señalamientos de corrupción para autorizar los asentamientos humanos en la zona Diamante, los gobiernos federal y estatal de Guerrero asumieron el compromiso de elaborar un informe sobre los orígenes del desorden urbano en las zonas afectadas por Manuel en Acapulco a través de una revisión documental.

Derivado de lo anterior, se concluyo que desde su construcción en zona de humedales en 1995, la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio presento graves fallas permitidas por autoridades municipales y estatales. Al ser construida en un área considerada como "Indudable". De acuerdo con el Atlas de Peligros Naturales determinó con base en la microzonificación de riesgo por inundación, que la zona oriente, que es donde se ubica la zona Diamante, es la que presenta mayor riesgo por inundación en la ciudad de Acapulco.

El Atlas identifica con zonificación de riesgo alto a la mayor parte de los asentamientos ubicados en la zona Diamante como la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio y las áreas adyacentes a la Laguna Negra, que se encuentran dentro de la zona de influencia natural del cauce del río la Sabana. Sin embargo las administraciones locales y estatales autorizaron permisos a constructoras privadas para desarrollar conjuntos habitacionales3.

Ante tal situación los habitantes de las localidades contra de la Constructora Carabalí, al Instituto de Fondo Nacional afectas presentaron diversas denuncias ante el ministerio público en de Vivienda para los Trabajadores, a la Comisión Nacional del Agua del ayuntamiento de Acapulco.

Asimismo, el 12 de septiembre los habitantes interpusieron un queja ante la Comisión de Derechos Humanos al  considerar que se vulneraron sus derechos de seguridad jurídica, de  integridad y seguridad personal, de petición y de propiedad y posesión.

Sin embargo y a más de un año de los desastres ocasionados por Ingrid y Manuel los afectados de estas comunidades no han recibido respuesta por alguno de los distintos ordenes de gobiernos para resolver su situación a fin de ser indemnizados y reubicados

Por tal situación y considerando que la mayor parte delas población afectada vive en condiciones de pobreza, es necesario una inmediata intervención por parte de las autoridades a fin de que los afectados sean indemnizados y reubicados a fin de poder gozar una vivienda digna y decorosa

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Desarrollo Social del estado de Guerrero, a fin de cumpla con el pago de indemnización a las víctimas afectadas por las inundaciones y deslaves generados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” ubicadas en la zona diamante.

Segundo.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, a agilizar la investigación en contra de la Constructora Caribaliy las autoridades correspondientes, a fin de que se finquen responsabilidades y se sancione a quienes resulten responsables.

Suscribe

Sen. Isidro Pedraza Chávez.

1 Daños por los huracanes Ingrid y Manuel,25 de septiembre 2013. http://www.ern.com.mx/Boletines/InformesDanos/130925-H.pdf

2 El Gobierno ejerce 20% del Fonden, miércoles, 09 de octubre de 2013 a las 21:24 http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/10/09/gobiernos-ejercen-2730-mdp-del-fonden

3 Dr. Octavio Klimek Alcaraz México, D.F., 21 de octubre de 2014 http://www.pincc.unam.mx/4tocongreso/sedes_html/AutorioTlayolotl/Octavio_Klimek.pdf





 

De la Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a promover en los centros hospitalarios del país la práctica de los partos humanizados y reducir lo más posible la realización de cesáreas. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, Diputada Federal ESTHER QUINTANA SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 3 y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como artículo 3, numeral 1, fracción I, 6 fracción II, 62 numeral 3, 76 fracción IV y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD, DRA. MERCEDES JUAN LÓPEZ A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES PROMUEVA EN TODOS LOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAÍS LA PRÁCTICA DE LOS PARTOS HUMANIZADOS, Y REDUCIR LO MÁS POSIBLE LA REALIZACIÓN DE CESÁREAS, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

La existencia del ser humano en la tierra se debe a la procreación, esto ha permitido a través de los años la conservación de nuestra especie. La forma natural en que se da este proceso es por medio del embarazo.

El embarazo o también llamado gravidez, es el es el período de tiempo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero o fecundación, hasta el momento del parto, lo que ocurre en aproximadamente 40 semanas.

El parto es pues el proceso por el que la mujer o en su caso, la hembra de una especie vivípara expulsa el feto y la placenta al final de la gestación. Este proceso consta de tres fases: la fase de dilatación, la de expulsión y la placentaria o de alumbramiento.

Existen diversas formas de llegar al parto, estas son: parto natural o espontáneo; parto inducido provocado; cesárea; parto en agua y parto prematuro.

La cesárea es la intervención quirúrgica para terminar el embarazo, que consiste en acceder a la cavidad uterina a través del abdomen para extraer el feto y evitar el parto.

Las cesáreas eran ya conocidas y practicadas en la antigua Roma, tal y como se contemplaba en la Lex Caesarea una mujer que muriese durante el embarazo tardío debía ser sometida a esta intervención con la finalidad de salvar la vida del feto.

En México, la tasa de nacimiento en el año 2013 fue 19.0 nacimientos por cada 1000 habitantes, por lo que de acuerdo al INEGI, se dieron 2, 478, 889 nacimientos en dicho año. De los cuales la mayoría de esos nacimientos ocurrieron por la vía de la cesárea.

La práctica de cesáreas en los últimos años en México, de acuerdo con lo reportado por las mujeres que participaron en la ENSA 2000, ENSANUT 2006 y 2012, se incrementó un 50.3% de esta práctica en un período de doce años al pasar de 30.0 a 45.1%.

Por otro lado, la práctica de la cesárea por tipo de sector de realización también se incrementó de 2000 a 2012 en 33.7% en el sector público (de 30.6 a 40.9%) y en 60.4% en el privado (de 43.4 a 69.6%), con lo que se amplía la brecha entre los sectores a través del tiempo.

La información reportada por las mujeres de 2000 a 2012 sobre el lugar donde atendieron el parto de su último hijo nacido vivo, muestra un aumento en el número de cesáreas en todas las instituciones de salud, pero esto es más marcado para el ISSSTE/ISSSTE Estatal (43 y 68%, respectivamente) y el sector privado (hospitales, clínicas y consultorios) (43 y 70%, respectivamente). Adicionalmente, en 2012 la mayor proporción de cesáreas programadas se efectuaron en este último ámbito (39.6 vs. 15.6%).

Siguiendo con los datos que arroja la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, vemos que desde el año 2000 todas las entidades federativas (a excepción de Chiapas y Oaxaca) rebasan el límite máximo recomendado de esta práctica clínica; a doce años de distancia, 22 entidades del país duplican el número de cesáreas esperadas.

En el ámbito mundial se efectúan aproximadamente 18.5 millones de cesáreas anuales, de las cuales la mitad son consideradas como innecesarias y ocasionan un costo excesivo de aproximadamente 5.4 veces más que lo esperado para la atención del nacimiento.

En el comparativo mundial de práctica de cesáreas sin indicación médica, México se sitúa en el cuarto lugar (después de China, Brasil y EUA), con el mayor número de cesáreas innecesarias.

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, establece en el numeral 5.4.1.6 que toda unidad médica con atención obstétrica debe contar con lineamientos para la indicación de cesárea, cuyo índice idealmente se recomienda de 15% en los hospitales de segundo nivel y del 20% en los del tercer nivel en relación con el total de nacimientos, por lo que las unidades de atención médica deben aproximarse a estos valores.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada mujer tiene el derecho fundamental de recibir atención prenatal apropiada; que la mujer tiene un papel central en todos los aspectos de esta atención, incluso participar en la planeación, realización y evaluación de la atención; y que los factores sociales, emocionales y psicológicos son decisivos en la comprensión e instrumentación de la atención prenatal apropiada.

Para ello, se requiere impulsar la formación de médicos con un mayor apego a la atención de partos vaginales con pleno conocimiento de la normatividad actual y capacitar a los médicos en servicio para la atención del parto vaginal y bajo los lineamientos del parto humanizado, entendiéndolo como aquel en el que se respeta a los protagonistas y se los acompaña en la toma de decisiones seguras e informadas sobre este evento vital familiar.

Una práctica no violenta de atención del embarazo, parto y nacimiento, asegura el respeto de los derechos fundamentales de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, parejas y bebés reduciendo las complicaciones perinatales, la mortalidad materna y los costos de asistencia médica.

Se le conoce como parto humanizado al modelo que pretende tomar en cuenta de manera explícita y directa las opiniones, necesidades y valoraciones emocionales de la mujer y su familia en los procesos de atención del embarazo, parto y puerperio; teniendo como objetivo fundamental el que se viva la experiencia como un momento especial, placentero en condiciones de dignidad humana, donde la mujer sea sujeto y protagonista de su propio parto, reconociendo el derecho de libertad de las mujeres o las parejas para tomar decisiones sobre dónde, cómo y con quien parir, en uno de los momentos más conmovedores de su historia. 

El término de “nacimiento humanizado” abre a más elementos, dándole un peso muy importante al impacto que tiene esta atención en el bebé recién nacido y su desarrollo futuro considerando sus necesidades de recibir alimento y afecto de manera inmediata al nacimiento, en un contexto amoroso y no violento.

La disminución decisiva de la cesárea innecesaria en todas las instituciones de salud de México debe ser una acción prioritaria, ya que expone a las madres y a sus hijos a una mayor morbilidad y mortalidad. La estrategia más importante se debe dirigir a evitar la primera cesárea, no sólo por sus propias implicaciones, sino también por los riesgos en los embarazos y partos subsecuentes, así como por el gasto adicional que se utiliza para dicha práctica clínica, el cual debiera ser redirigido para solventar otros problemas de salud sexual y reproductiva urgentes en el país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, Dra. Mercedes Juan López, a que en el ámbito de sus facultades promueva en todos los centros hospitalarios del país la práctica de los partos humanizados, y reducir lo más posible la realización de cesáreas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Dip. Esther Quintana Salinas.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a informar los programas y medidas implementados que garanticen el desarrollo integral de la juventud mexicana, en el marco de los Objetivos del Milenio. Se turna a la Segunda Comisión.

El que suscribe, senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes:

CONSIDERACIONES

Las celebraciones establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tienen como objetivo contribuir, en todo el mundo, al cumplimiento de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y sensibilizar al público acerca de temas políticos, sociales, culturales, humanitarios, o relacionados con los derechos del hombre y la mujer. Son ocasiones para promover acciones nacionales e internacionales y despertar el interés público sobre los programas y actividades relacionadas con los temas ya citados1.

Siguiendo este procedimiento, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU, a través de las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, con el objetivo de que los Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales apliquen plenamente las directrices para la planificación y la adopción de medidas complementarias adecuadas en la esfera de la juventud, y en particular que faciliten las actividades de los mecanismos de la juventud establecidos por los jóvenes y por las organizaciones juveniles2.

Un estudio reciente señala que existen aproximadamente, en el mundo, 1.200 millones de personas de 15 a 24 años, eso significa el 18% de la de la población global mientras que el 19.8 % corresponden a niños de 5 a 14 años.

Cabe señalar que este sector de la población tiene la energía y la motivación necesarias para proponer soluciones innovadoras a los problemas del mundo, de sus países y localidades.

De acuerdo con la ONU, la finalidad del “Día internacional de la Juventud” es dar a conocer la contribución que los jóvenes aportan a la sociedad, ayudarles a resolver los problemas con que se enfrentan y alentarles a participar en iniciativas de desarrollo, comenzando por su entorno, es decir, su comunidad hasta alcanzar niveles mundiales.

El mundo de hoy tiene el mayor número de jóvenes jamás visto, pues casi la mitad de su población es menor de 25 años. Al mismo tiempo, para el año 2050, el número de personas de 60 años o más se habrá triplicado hasta llegar casi a 1.900 millones.

En todas partes del mundo, los jóvenes se están preparando para una vida productiva y útil en el trabajo, la sociedad y la familia. Para lograrlo, necesitan acceso a la educación y a la atención de la salud. Además, deben superar factores adversos como tales como las enfermedades transmisibles o no, el uso de drogas, la falta de oportunidades educativas, la delincuencia y el desempleo; factores que, está por demás señalar, frustran sus posibilidades en el momento más decisivo de sus vidas, cuando además, son más vulnerables.

Así pues, en el marco del “Día Internacional de la Juventud” es menester saber que en México, datos del INEGI arrojan que hay en el país 31.4 millones de jóvenes, es decir, el porcentaje con respecto a la población en general disminuyó de 29.4% en 1990 a 26.3% en 2014, lo anterior debido a un proceso de envejecimiento que se manifiesta en un aumento relativo de la población de mayor edad3.

Un estudio elaborado por el INEGI estima que para el año 2022, la tasa de crecimiento anual será negativa (-0.03% respecto a 2021) y su monto irá disminuyendo hasta alcanzar los 30.5 millones de jóvenes en 2050.

Aunado a lo anterior, se señalan las siguientes cifras4:

● En el primer trimestre de 2014, la tasa de desempleo de los adolescentes de 15 a 19 años y de los jóvenes de 20 a 24 años son de 9.8 y 9.2%, respectivamente.

● Durante 2012, 32.7% de la población de 15 a 29 años no está afiliada o inscrita a servicios médicos.

● En 2012 fallecieron aproximadamente 36 mil jóvenes, lo que en términos porcentuales representa 6.1% de las defunciones totales.

● De acuerdo a datos de la ENVIPE 2013, los temas que preocupan más a la población joven son la inseguridad y el desempleo (56.6 y 49.2%, respectivamente).

En este sentido, como legisladores y representantes de la sociedad, es nuestra obligación coadyuvar con el Gobierno Federal en la creación de mecanismos que generen mejores condiciones de vida para los jóvenes, más espacios y oportunidades para cultivar la participación cívica y permitir que los jóvenes intervengan para determinar su futuro, además de y vigilar la adecuada aplicación de dichos mecanismos. 2015 es justo el plazo fijado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por ello es más importante que nunca coadyuvar con los jóvenes a forjar un mundo más justo para todos.

Son muchos los retos que tenemos que enfrentar como sociedad, y los jóvenes en como sector para satisfacer, mínimamente, sus requerimientos, por citar algunos datos estadísticos, que nos ubican en nuestra realidad, el 17.7 por ciento de los y las jóvenes de entre 16 y 18 años no estudia ni trabaja y la asistencia a la escuela disminuye a partir de los 15 años.

En el nivel medio superior, 87 de cada cien hombres y 91 de cada cien mujeres dependen de sus familias para solventar sus estudios. En el ámbito nacional, la falta de recursos es la causa principal de que haya  deserción escolar. Aunado a las razones económicas y familiares, la deserción escolar está relacionada con la concepción de educación media superior en el país, la cual no plantea temas relevantes y mucho menos integra programas orientados a resolver problemas. Requieren aprender contenidos versátiles y saber cómo utilizarlos en cuestiones concretas5.

En México, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2014 es de 8.4%, es decir, casi el doble a la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 años y más (4.8 por ciento). Un análisis por edad, muestra que los adolescentes de 15 a 19 años (9.8%) y los jóvenes de 20 a 24 (9.2%) tienen el mayor nivel de desocupación. Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral: 18.7% de los jóvenes desocupados no cuenta con esta experiencia6.

Aunado a lo anterior, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), utiliza el acceso a los servicios de salud como un indicador de carencia social.7 Durante 2012, de acuerdo con la ENSANUT, 32.7% de la población de 15 a 29 años no está afiliada o inscrita a algún servicio médico y 33.7% tiene estos servicios por un programa social.

Así pues, con los tres factores arriba citados, tenemos en resumen que de la población de 15 a 29 años, 36.7% de los hombres y 28.7% de las mujeres no están afiliadas o inscritas a servicios médicos; 68.8% no asiste a la escuela; y 51.5% no trabaja. Conjuntando las tres condiciones, se observa que 9.3% de la población joven, durante 2012 declaró que no tiene protección en salud, no asiste a la escuela y no trabaja, situación que los sitúa en una gran desventaja social8.

En este sentido, el Senado de la República debe ser el principal promotor de los derechos de nuestros jóvenes y el instrumento para que el Estado aproveche adecuadamente el potencial que ofrecen los jóvenes para lograr el desarrollo y la paz que México requiere.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la República, para que a través del Instituto Mexicano de Juventud informe a esta Soberanía los programas y medidas implementados que garanticen el desarrollo integral de la juventud mexicana en el marco de los Objetivos del Milenio.

Atentamente

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya.

1 http://www.un.org/es/events/observances/

2 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/120

3  información de 1990 es censal, mientras que la de 2014 corresponde a cifras que proporciona el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Para más información consultar: CONAPO. Proyecciones de la población en México, 2010-2050. Recuperado el 23 de junio de 2014, de: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos.

4 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014.pdf

5 Encuesta Nacional de la Juventud 2010.

6 Op. Cit. Ver (4)

7 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]. (2014). Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2010-2012. México: UNICEF.

8  INSP (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Base de datos. Procesó INEGI.





 

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se condenan los hechos de violencia ocurridos en Oaxaca, así como la sustracción y destrucción de material electoral por parte de supuestos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA, Diputado Federal a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se condenan los hechos de violencia ocurridos en Oaxaca, así como la sustracción y destrucción de material electoral por parte de supuestos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

CONSIDERACIONES

El pasado 1° de junio, se informó sobre diversas protestas de maestros oaxaqueños ante las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), en las cuales se verificó la quema de 18 paquetes comiciales en la sede de Juchitán, en tanto que, según reportó el diario La Jornada, otros 23 paquetes le fueron sustraídos a un capacitador durante su traslado para la entrega a los funcionarios de casilla.

En posterior conferencia de prensa, los consejeros confirmaron que las afectaciones fueron en la sede de Juchitán, de la cual, un grupo sustrajo 18 paquetes correspondientes a la elección federal del municipio de San Dionisio del Mar.

Adicionalmente, refirieron la sustracción de las boletas correspondientes a 13 casillas del distrito 02, con cabecera en Teotitlán de Flores Magón. Comentaron que ya está en curso el proceso de reimpresión de documentos destruidos. Se estima que la afectación pudiera ser de entre 6 mil y 8 mil boletas.

El INE, en lo que se considera una medida prudencial, informó además, que se evitó la presencia militar, como parte de los protocolos tendentes a evitar cualquier tipo de enfrentamiento; a la vez que condenaba ‘‘todo acto violento en contra de las instalaciones electorales’’.

De acuerdo con los hechos que se narran en la nota periodística, después de una reunión para analizar distintos hechos de violencia en la región del Istmo, el presidente de las comisiones de Organización y Capacitación Electoral, Arturo Sánchez, refirió la condena categórica del INE condena con relación a la utilización de la violencia y llamó a conducir las diversas manifestaciones de todos los grupos en la zona por la vía pacífica.

Es el caso que, ante las diversas amenazas que han llevado a cabo ciertos grupos en la entidad, los propios consejeros electorales han sugerido cerrar las juntas local y distrital en Oaxaca, como una medida preventiva y provisional, pero advierten que se deberán contar con las medidas de seguridad para poder reanudar las actividades relacionadas con la preparación y la celebración de la jornada electoral.

Sobre estos hechos se advierte que no es posible precisar con exactitud el lugar dónde se interceptó al capacitador electoral y cuál fue el destino del material sustraído. El Consejero Marco Antonio Baños informó que se han iniciado las averiguaciones relacionadas con la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para determinar con precisión si fueron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes perpetraron dichos actos.

En ese contexto de constante inseguridad y amenazas, vemos que las autoridades electorales nacionales, han procurado enfrentar y resolver la situación. Sin embargo, no se aprecia la misma celeridad del gobierno estatal en Oaxaca, para garantizar, en el ejercicio de sus atribuciones, la seguridad de funcionarios electorales y del material electoral necesario para la jornada del próximo 7 de junio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena los hechos de violencia ocurridos en Oaxaca, así como la sustracción y destrucción de material electoral.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Estado de Oaxaca a garantizar, con el prudente ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, la realización exitosa de los comicios en la Entidad.

Dip. Abel Octavio Salgado Peña.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar la inspección en materia de tráfico de especies. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE PROFEPA Y SEMARNAT PARA QUE A TRAVÉS DEL PLENO RESPETO EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REFUERCEN LA INSPECCIÓN EN MATERIA DE TRÁFICO DE ESPECIES, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestro país forma parte de un selecto grupo de Estados considerados mega diversos. A lo largo de la historia, el hombre ha domesticado muchas especies de flora y fauna, que hasta la fecha tienen y mantienen preponderantemente una actividad económica, social y cultural. Sin embargo, desde hace muchos años se ha incrementado la adquisición de especies exóticas, es decir, son especies capaces de sobrevivir, adaptarse y capaces de hacer establecerse que se introducen a otros hábitats distintos de los que naturalmente se han desarrollado. De tal forma que en la actualidad y mediante el desarrollo tecnológico se aplican nuevas técnicas de manejo, mejorando las condiciones climáticas de forma artificial para la adaptación de especies introducidas, incluso se han creado diversos tipos de mecanismos para su convivencia muy cercana con el hombre.

Nuestra legislación en la materia, establece reglas para el aprovechamiento sustentable de especies o de alguna de sus partes, mediante una autorización, la finalidad es demostrar que las especies cuentan con el manejo correspondiente y constatar que cuentan con la legal procedencia. 

Ante estos mecanismos legales que permiten el aprovechamiento sustentable, desgraciadamente, también existen practicas que contravienen a estos principios, me refiero al tráfico ilegal de especies, el cual desafortunadamente se ha  incrementado de manera alarmante. Es importante señalar que esta actividad es una causa directa de la extinción de especies de flora y fauna en el mundo,  la poca sensibilidad de las personas que están cercanas en su entorno, así como la falta de conciencia y la omisión normativa de las autoridades o incluso la falta de estructura operativa en la inspección hacen que el tráfico aumente de forma considerada.

El tráfico de especies, ha sido tema de múltiples iniciativas en materia de protección de la flora y fauna silvestre, sin embargo, dada la poca aplicación de los recursos presupuestarios en materia, es necesario incluir la participación de otras entidades federales las cuales tienen una relación directa en la inspección sobre el comercio de mercancías. Pero también es importante fortalecer la divulgación de las causas que originan la adquisición de especies de vida silvestre, es importante que ante la cadena comercial se concientice al consumidor final sobre las afectaciones ambientales.

Sabemos, que al menos uno de cada cinco cargamentos de exportación de flora o fauna inspeccionados por la aduana de México es ilegal y desde 1995 a la fecha se decomisaron más de 150 mil ejemplares entre especies de plantas (particularmente cactus, helechos, palmas, orquídeas) y especies animales (monos, nutrias, loros, guacamayas, armadillos, mapaches, tortugas, iguanas, tarántulas, boas, serpientes, aves de presa, camaleones, ranas, tucanes) y muchas otras que, en su mayoría están en peligro de desaparecer.

Entre los distintos puntos de ingreso y de salida de mercancías dentro de la República Mexicana, los estados de Quintana Roo, Chiapas, Baja California, Campeche, Veracruz, tienen una deficiencia en cuanto a la inspección local, pero también en el ámbito internacional viajes de un continente a otro son un calvario para las especies (aves amarradas, contenedores muy reducidos -asfixia-, narcotizadas, calor extremo, entre otros maltratos), tres de cuatro animales no llegan a su destino. Esta parte, el maltrato animal, es un factor determinante en cuanto a la sobrevivencia de las especies ya sea de forma legal o ilegal, ellos como seres vivos tienen que tener las mínimas garantías de trato.

Otro factor determínate en el tráfico de especies es el mercado ilegal de de especies de fauna es su objeto o destino al ser adquiridos como mascotas. En los países en vías de desarrollo es común la venta de animales silvestres, tanto para el mercado local como el internacional. Ante este escenario, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA),  es la dependencia encargada de combatir el tráfico ilegal de vida silvestre, realiza operativos de inspección y vigilancia, en todos los eslabones de la cadena de tráfico ilegal (extracción, transporte, acopio y comercialización), esto en coordinación con diferentes instituciones como la Procuraduría General de la República, Policía Federal, Policía Federal Ministerial, Policías Estatales y Municipales. En los años 2013 - 2014, la PROFEPA ha realizado un total de 694 operativos, tendientes a combatir el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, lo cual permitió el aseguramiento precautorio de 5,774 ejemplares de vida silvestre, y se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a 94 personas, por la presunta comisión de delito ambiental.  Además, la PROFEPA difunde a la ciudadanía a no adquirir ejemplares de vida silvestre sin la documentación que acredite que provienen de aprovechamientos sustentables autorizados o que fueron legalmente importados, pero que a la fecha ha dejado de hacerlo mediante medios masivos.

A pesar de que se tienen tipificados delitos contra la biodiversidad, el tráfico ilegal de ejemplares, partes y derivados de flora y fauna silvestres, no dejan de efectuarse, el Código Penal Federal castiga con pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, y se aplica una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales. Pero no es justificante, cuando el bien jurídico son las especies, sin embargo, en muchos pueblos y comunidades indígenas aun realizan la casería especies con fines de subsistencia de acuerdo a sus usos y costumbres, actividades que deben contrarrestarse mediante la facilitación en la creación de Unidades de Manejo para la Vida Silvestre (UMA) en zonas donde la alimentación a partir de especies de vida silvestre es su principal fuente.

Ante este tipo de recomendaciones, la inquietud principal que origina esta proposición, es  fundamentalmente el tráfico ilegal,  en un lapso de tres años aumentó exponencialmente el aseguramiento de especies, lo que revela el aumento de una actividad que, de acuerdo con Agencias internacionales como la Policía Internacional (Interpol), es junto con el narcotráfico y la venta de armas, uno de las actividades ilícitas más lucrativas del mundo.

En México los aseguramientos de ejemplares ilegales pasaron en los últimos tres años (2012‐2014) de 2 mil 758 a 481 mil 101, según la PGR. Uno de los principales acervos de México es su riqueza biológica, posee 10% de todas las especies registradas en el planeta, por lo que las actividades que la pongan en riesgo son importantes de combatir. El tráfico de animales está extendido por el país, es por ello que para muchas especies amenazadas, raras o altamente vulnerables a cambios en su ambiente, puede ser un detonante para su desaparición.

Datos obtenidos vía Transparencia revelan que la PGR ha asegurado 510 mil 147 animales en siete años -2007/2014- en 21 entidades, mientras que en el caso de la Profepa fueron 95 mil 503 en el mismo lapso a nivel nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito de sus facultades considere la viabilidad de concretar un acuerdo de colaboración con la Administración General de Aduanas, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a definir una estrategia integral para contrarrestar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres, especialmente en puertos y puntos de ingreso terrestres del país.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a analice la viabilidad de elaborar un programa nacional de difusión para dar a conocer a la población las consecuencias que trae consigo la adquisición de especies de vida silvestres y los posibles daños a la biodiversidad.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a esta Soberanía, sobre la custodia y destino de las especies de fauna silvestre que han sido aseguradas durante el 2014 y lo que va del año 2015.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que resultaron beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente Punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 3 de diciembre del 2014 fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015,  mismo que establece la creación del fideicomiso denominado “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, destinado a los municipios con la finalidad de realizar obras en infraestructura que incrementen el activo del sector público.

Derivado de lo anterior, y como parte del Plan para el Desarrollo del Sur-sureste del país, anunciado por el Presidente de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó la convocatoria para acceder a los apoyos del “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad” dirigida a los Municipios de Alta y muy Alta Marginación de los Estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

En dicha convocatoria se contemplaba un total de1, 500 millones de pesos para beneficio de los 508 municipios de las tres entidades Federativas participantes, por lo que los tramites y gestión para acceder a este recurso se llevarían a cabo, exclusivamente, entre las autoridades de cada ayuntamiento y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario.

Las reglas de operación emitidas por la SHCP, estableciendo las bases para regular la actividad que se origina del uso, goce y aprovechamiento de los recursos con cargo al “Fondo en Infraestructura y Productividad”, para cada municipio beneficiado, estipulaban además que los municipios serían fiscalizados por la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura Local y la Contraloría del Ejecutivo Estatal, lo anterior de conformidad con la normatividad aplicable.

Es importante mencionar que dentro de la convocatoria para acceder al recurso del “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad” se incluyó un anexo con los conceptos económicos destinados para cada municipio beneficiado, de los Estados de  Chiapas, guerrero y Oaxaca. Se especificaba también, en las reglas de operación, que los municipios deberían de presentar un proyecto que justifique el uso y aprovechamiento de los recursos otorgados, aunque su recurso ya estuviera establecido en la convocatoria.

CONSIDERACIONES

Es preocupante saber que gran parte de los Municipios de Alta y Muy Alta Marginación, contemplados en la convocatoria para acceder al Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, no recibieron sus recursos, supuestamente por falta de algún requisito o inconsistencia en su proyecto de justificación.

Resulta imperativo señalar que la Unidad de Política y Control Presupuestario, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en ningún momento asesoró a los municipios involucrados. No sólo no se atendieron las dudas de las autoridades municipales, en el momento en que se ingresaban los documentos, sino que ni siquiera se les comunicó, después de la evaluación técnica, las supuestas fallas u omisiones de sus proyectos. No se les dio la oportunidad de subsanar dichas fallas u omisiones; no se les avisó que no serían beneficiados. Simplemente no se les dio el recurso. Sin derecho de audiencia, en absoluta opacidad.

Es en razón de lo anterior, y por el hecho de que varios de los municipios más pobres del país, que ya contaban con un recurso etiquetado y que sin explicación alguna se les ha negado, que exigimos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente la Unidad de Política y Control Presupuestario, haga públicos los resultados de dicha convocatoria. No sólo publicitando los municipios que resultaron beneficiados, así como los que no calificaron, sino además explicando los motivos por los que se les está negando este recurso a varios de los municipios más pobres del país.

Es  importante que las autoridades correspondientes otorguen la  información requerida, estipulando además en que fechas se hicieron los depósitos a las cuentas bancarias de los municipios que si recibieron el recurso, y aclarando que se hará con el dinero que no se ejerció.

El proceso de evaluación de documentos y proyectos de justificación por parte del Comité Técnico, encargado de la autorización de los recursos destinados para cada municipio, debe quedar fuera de toda duda, toda vez que hoy, ante la opacidad y discrecionalidad con la que se está ejerciendo este recurso, se da pie a todo tipo de especulaciones. Aún más cuando estamos a días de que haya terminado un proceso electoral federal.

Siendo esta una problemática de suma importancia, que puede desencadenar un conflicto social –algunos municipios que no fueron beneficiados están contemplando movilizaciones, ante la falta de explicaciones-,  es necesario que se haga presente la voluntad de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para aclarar de manera precisa y contundente cual es el verdadero destino de los recursos del “Fondo en Infraestructura y Productividad” que no fueron otorgados a los municipios beneficiados.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, particularmente a la Unidad de Política y Control Presupuestario, a que informe a esta soberanía los Municipios de Alta y Muy Alta Marginación, de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que resultaron beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, así como los municipios que no resultaron beneficiados.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, particularmente a la Unidad de Política y Control Presupuestario, a que informe a esta soberanía los motivos por los cuales ciertos Municipios de Alta y Muy Alta marginación de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas no fueron beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”.

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

De la Diputada Martha Loera Arámbula, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar y canalizar los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015. Se turna a la Primera Comisión.

MARTHA LOERA ARÁMBULA diputada en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta honorable Comisión una PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUELA DEPENDENCIA A SU CARGO, DE MANERA URGENTE, LIBERE Y CANALICE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA ATENDER LOS DAÑOS Y PÉRDIDAS CAUSADOS POR EL DESASTRE ACAECIDO EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA, CON MOTIVO DEL FENÓMENO METEOROLÓGICO ACONTECIDO EL 25 DE MAYO DE 2015, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy el pueblo de Coahuila de Zaragoza sufre la pérdida de algunas y algunos de sus hermanas y hermanos que ayer fallecieron con motivo del fenómeno meteorológico que azotó el municipio de Acuña.

Se suma también a ese dolor, el sufrimiento de cientos de familias que perdieron su patrimonio ante la devastación que aquel fenómeno causó a su paso por aquella ciudad fronteriza de nuestro país.

Fue entre las 05.30 y 06:00 horas de ayer 25 de mayo que después de llover durante veinte minutos, ese fenómeno natural dio paso a otro de magnitudes devastadoras. Un tornado de categoría entre F2 y F3 en la escala Fujita, habría de originarse de manera aislada al suroeste de la ciudad de Acuña,  a una velocidad de traslación de 50 kilómetros por hora y con rachas de viento que alcanzaron los 200 kilómetros por hora.

Ese tornado tan sólo duró unos cuantos segundos, pero éstos fueron suficientes para ocasionar un gran desastre por la severidad de su fuerza.

Ciertamente en los últimos quince años se han presentado en nuestro país 130 de esos fenómenos naturales, pero el ocurrido este lunes en Acuña, ha sido el que alcanzó la mayor magnitud y severidad.

La clasificación de un tornado se establece por las características de los daños que ocasionan tales como que se arranquen los tejados de casas sólidas, los cimientos se muevan, las casas sean destruidas, los árboles arrancados del suelo, los coches sean levantados o, se dañen grandes construcciones como centros comerciales o que algunos vehículos pesados sean arrojados a distancia.

En el caso del tornado que afecto a Acuña, más de mil casas sufrieron daños estructurales; más de 50 vehículos fueron levantados por la fuerza de los vientos y sufrieron de pérdida total, y lo más desafortunado, fue que privó de la vida a 10 personas-siete adultos y tres menores de edad- además de que un niño de siete años continúa desaparecido, aunado a ello, dejo decenas de personas heridas y damnificadas.

Por todo lo anterior, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió el mismo 25 de mayo de 2015,  la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, a fin de  activar los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y atender la emergencia acontecida en Acuña.

 A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada por aquél fenómeno meteorológico.

Esa declaratoria contribuirá a que se atiendan las principales carencias de los afectados por el tornado, pero los recursos en ocasiones tardan tiempo en llegar a los estados para atender con prontitud la emergencia, siendo que la necesidad es inmediata; además, estoy cierta de que la suma de esfuerzos multiplica los resultados, por lo que confió en que todas las dependencia del gobierno, tanto federal como estatal, deben avocarse de manera urgente a auxiliar a las personas damnificadas, así como a apoyar las tareas de atención, rehabilitación y reconstrucción dela infraestructura dañada por aquel fenómeno natural. 

Ya el Gobierno de la República, por conducto del Presidente Enrique Peña Nieto, así como del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ha dado muestra de su solidaridad con el pueblo de Acuña. Ambos  acudieron a esa ciudad y, junto al Gobernador Rubén Moreira Valdez, coordinaron las primeras tareas de atención. Su oportuna intervención fue definitiva para mitigar el sufrimiento de miles de acuñenses, así como para coordinar las tareas urgentes de atención.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, la dependencia a su cargo, de manera urgente, libere y canalice los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015

Atentamente

Dip. Martha Loera Arámbula.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a elaborar y actualizar los atlas de riesgos municipales. Se turna a la Primera Comisión.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La temporada de Huracanes inició oficialmente, los sismos son permanentes y al menos uno de escala mayor a 4 grados Richter es sentido cada año. Según información de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, aproximadamente el 40% del territorio mexicano y más de una cuarta parte de su población están expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones, además de estar considerado como uno de los países de mayor actividad sísmica.

En el mes de junio del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección Civil avalada por el Congreso y hasta mayo del 2014 se emitió el reglamento, lo cual evidencia el poco o nulo interés en un tema tan importante para el país, sobre todo en temporada de huracanes, ante un sistema de transporte que permite circular vehículos peligrosos por las carreteras, incluso  ante las manifestaciones del cambio climático.

Es evidente que muchos de los eventos naturales que afectan el territorio nacional no pueden evitarse y en algunos casos ni predecirse. Sus causas están ligadas al cambio climático global, consecuencia de las actividades antropogénicas, pero el Gobierno tiene la obligación de otorgar la protección y dar la seguridad a las poblaciones expuestas a estos fenómenos, en especial a los asentamientos humanos con mayores riesgos y con un elevado grado de vulnerabilidad. Ante la inminencia del aumento de frecuencia de la ocurrencia e intensidad de fenómenos naturales en nuestro país, es necesario que el Gobierno Federal y los distintos niveles de gobierno tomen medidas urgentes para evitar las pérdidas humanas y materiales a partir de acciones eficaces de prevención, atención y reparación de daños. Es urgente contar con un Atlas Nacional de Riesgos actualizado y completo a nivel estatal y municipal, lo que permitirá mejorar los esquemas de seguros catastróficos diversificando la cobertura de los riesgos.

Ello, nos permitirá que en caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos estatales y municipales a través de sus sistemas locales de protección civil, a elaborar y actualizar los atlas de riesgos municipales.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y los gobiernos del Distrito Federal y de los estados, a aplicar puntualmente la Ley General de Protección Civil y el Reglamento emitido para evitar improvisaciones y tragedias frente a fenómenos naturales.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 10 de junio de 2015.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Diputado Chris López Alvarado, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a vigilar el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado CHRIS LÓPEZ ALVARADO, legislador federal de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El reparto de utilidades es un derecho prescrito en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, a través del cual se garantiza que los trabajadores tengan la posibilidad de participar en las utilidades de las empresas donde laboran, esto conforme a la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta presentada ante las autoridades fiscales federales.

Tienen derecho a recibir esta prestación todos los trabajadores que laboren al servicio de un patrón, salvo aquellos señalados en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, los directores, socios, accionistas, administradores y gerentes generales de las empresas; los trabajadores domésticos; quienes presten sus servicios por honorarios y los demás trabajadores de confianza cuyo salario sea mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa.

El plazo para el pago de utilidades por parte de las empresas tiene verificativo entre el 1º de abril y el 30 de mayo, mientras que para las personas físicas corre del 1º de mayo al 30 de junio, lo que significa que estamos en plena temporada de pago de utilidades.

Sin embargo, para nadie es un secreto que numerosas empresas se valen de argucias legales para evadir el pago de esta prestación, lo que significa un revés a los derechos y a la economía de los trabajadores.

Baste señalar a manera de ejemplo que hasta el año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había detectado a 270 empresas trasnacionales que realizan planeaciones fiscales agresivas, que consisten en trasladar a otros países o jurisdicciones las utilidades generadas aquí, para pagar menos ISR o, incluso, no pagarlo.

Si bien es cierto esta cifra representaría menos de 2% de las 16,000 empresas consideradas grandes contribuyentes, el tamaño de tales transnacionales habría obligado a la realización  auditorías informales a siete empresas trasnacionales, para mandar un mensaje a aquellas empresas que no han sido detectadas por realizar planeaciones fiscales agresivas.1

De acuerdo con las centrales obreras, hasta 2012 venía disminuyendo el número de em­presas que otorgan el reparto de utilidades, toda vez que hace 20 años, por lo menos 80% de las empresas las otorgaban y en ese año únicamente lo hacía el 20%, esto debido a que los empresarios recurren a argucias legales para no pagarlas, pese a verse que tienen producción, crecimiento y generación de utilidades, las evaden al contratar a despachos contables con mucha experiencia.2

Otro fenómeno que inhibió el pago de utilidades fueron las empresas terciarias o de out­sourcing, las cuales evadían todas las prestaciones y derechos que tienen los trabajadores, situación que estaría en vías de ser solucionada tras la aprobación de la reforma laboral de 2012.3

En este sentido, las funciones de vigilancia de la autoridad resultan indispensables para asegurar el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de los trabajadores, evitando así que empresarios inescrupulosos se valgan de argucias para evadir sus responsabilidades.

Es por ello que a través del presente propongo a este Asamblea la aprobación de un exhorto dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que vigile el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que vigile el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Atentamente

Dip. Chris López Alvarado.

1 Ver <http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/01/14/sat-270-trasnacionales-evaden-impuestos-mexico>

2 Ver <http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2549516.htm>

3 Íbid.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a presentar un informe detallado sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos diez años. Se turna a la Segunda Comisión.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La migración afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo. A lo largo de la última década, los organismos y las agencias internacionales, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil se han implicado cada vez más en un diálogo sobre los niños y los adolescentes afectados por la migración, ya sea la suya o de la sus padres.

Estas instituciones han constatado la importancia y la complejidad del fenómeno, así como la gama de problemas a los que se enfrentan estos niños y adolescentes. Concluyen que existe una necesidad urgente de entender este fenómeno, especialmente en aquellas regiones o corredores con mayores tasas de migración infantil. Una de estas regiones es el corredor de América Central-México-Estados Unidos, en el que el número de niños migrantes se ha multiplicado casi por diez en los últimos años.

Los niños y los adolescentes afectados por la migración representan un desafío urgente de derechos humanos, desarrollo humano, refugiado y humanitario. El problema radica en los países de origen de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, donde la infancia se ha convertido en sinónimo de presenciar y sufrir violencia; experimentar violaciones de los derechos humanos y discriminación por diversos motivos; sufrir exclusión social; y verse privado de educación, oportunidades de empleo, servicios médicos e incluso alimentos. Estas condiciones fuerzan a los niños y a sus padres a migrar.

Los desafíos continúan durante el tránsito, especialmente en México, donde los actores gubernamentales y los carteles criminales acechan a los niños y sus familias con violaciones, secuestros, extorsiones o palizas, y donde las instituciones gubernamentales aplican políticas de control migratorio destinadas a castigar y disuadir la migración, en lugar de proteger a los niños y respetar sus derechos humanos.

El problema se mantiene en los países de destino de México y Estados Unidos, donde las políticas centradas en el control de la migración cobran prioridad sobre el interés superior y los derechos de los niños, lo que genera como demasiada frecuencia la repatriación de niños y adolescentes de regreso a las mismas condiciones de las que huyeron. También persiste en México y Estados Unidos para los niños migrantes y los niños en familias con diversas condiciones migratorias, que viven en las sombras y al margen de la sociedad, por temor a su propia deportación o la de sus familiares. En lugar de poder ejercer su derecho a desarrollarse, aprender y crecer, estos niños carecen de acceso a educación, atención sanitaria y otros servicios vitales, y acaban a menudo en condiciones de explotación laboral.

Los derechos de los niños a la familia y el desarrollo se ven vulnerados cuando los padres en situación irregular no pueden obtener la residencia en conexión con la situación migratoria regular de sus hijos, no tienen derecho a trabajar ni otros derechos fundamentales, y pueden ser deportados sin que se tenga en cuenta el interés superior del niño. Finalmente, se cierra el círculo de violación de derechos en los países de origen de los niños después de su regreso, ya que las causas fundamentales que les obligaron a migrar de su país de origen, exclusión social, pobreza y separación de la familia, permanecen inalteradas.

En el caso de nuestro país, los niños y los adolescentes que migran a Estados Unidos frecuentemente es con la idea de reunirse con sus familiares, en busca de oportunidades para desarrollarse y, cada vez más, huyendo de la violencia y la amenaza de violencia. Muchos niños y adolescentes mexicanos viven en hogares en los que uno o ambos progenitores han migrado a Estados Unidos; y la separación y desintegración familiar provocada por la migración fomenta que muchos niños mexicanos viajen a Estados Unidos. La privación de los derechos de los niños a sobrevivir y desarrollarse como consecuencia de la pobreza extrema, así como la escasez de oportunidades para estudiar y trabajar, provocan que los niños y los adolescentes mexicanos huyan del país.

Hasta hace poco, las políticas consulares de nuestro país prestaba muy poca atención a los derechos de los niños migrantes. No se había implementado ningún programa centrado en los niños hasta finales de 2014, cuando el Secretario de Relaciones Exteriores desarrolló un protocolo destinado a proteger los derechos de los niños migrantes en Estados Unidos a través de la asistencia consular.

El Instituto Nacional de Migración (INM) y los consulados mexicanos han firmado numerosos acuerdos bilaterales con Estados Unidos respecto a la repatriación de ciudadanos mexicanos. Aunque los acuerdos mencionan la repatriación de “migrantes vulnerables”, como los niños y los adolescentes no acompañados, se concentran en la logística de las devoluciones, en lugar de la protección, el bienestar y los derechos de los niños y los adolescentes.

Los funcionarios consulares mexicanos adscritos al sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  trabajan a lo largo de la frontera han empezado recientemente a entrevistar a los niños y los adolescentes no acompañados, con el objetivo de garantizar que no sean devueltos a una situación peligrosa, por lo que adoptan temporalmente la custodia de los niños y los adolescentes mexicanos repatriados y examinan sus casos para determinar si deben regresar con sus familiares. En el proceso de determinación del DIF participan trabajadores sociales y médicos, pero no se examinan los hogares antes de reunir a niños y adolescentes con familiares, y no se les ofrecen servicios de seguimiento.

Los niños y los adolescentes a la espera de ser reclamados por familiares permanecen en albergues estatales o albergues privados dirigidos por organizaciones de la sociedad civil. Los familiares tienen que mostrar documentos de identidad para poder sacar a niños y adolescentes de albergues, pero no se realiza ningún control adicional de los adultos. Algunos niños y adolescentes mexicanos salen “voluntariamente” de los albergues, por su cuenta y sin ningún adulto que los reclame. Algunos de estos niños y adolescentes intentan volver a cruzar la frontera, y algunos caen víctimas de organizaciones de tráfico de personas o drogas. No existen programas para promover la reintegración sostenible de los niños y los adolescentes en sus comunidades.

El DIF no ofrece capacitación profesional, asistencia financiera, servicios de salud mental ni orientación psicológica para los niños y sus familias.

De conformidad con el informe Niñez y Migración en Centro y Norte América, causas políticas, prácticas y desafíos1, las autoridades migratorias entrevistan a los niños y los adolescentes y deciden posteriormente cómo manejar sus casos en función de la información obtenida durante la entrevista; sin embargo, los niños y los adolescentes no tienen acceso a procedimientos legales para recurrir su detención, reclamar sus derechos o solicitar beneficios migratorios.

El INM deporta a más del 85% de los niños y los adolescentes migrantes no acompañados de América Central. Nuestro país de acuerdo con este informe, no acatado las reformas de 2011 de la Ley de Migración, entre ellas el requisito de desarrollar un procedimiento para realizar determinaciones del interés superior de los niños y los adolescentes migrantes antes de repatriarlos. En cambio, su principal respuesta a los niños y los adolescentes migrantes es detenerlos y deportarlos.

Este dilema humano complejo y con múltiples características requiere atención urgente y un cambio paradigmático fundamental. Esta situación solo se resolverá cuando las condiciones en los países de origen de los niños no obliguen a ellos o a sus padres a migrar; cuando existen más opciones para que los niños y las familias puedan migrar mediante vías regulares; y cuando las políticas a nivel regional, nacional y local adopten principios basados en derechos, en los que el interés superior del niño sea una norma esencial, y garanticen el acceso a protección internacional.

Se requiere revisar a fondo la situación de los niños migrantes mexicanos y extranjeros por lo que se requiere a la autoridad a conocer el número de menores que han sido deportados en los últimos años, los estados de origen, las causas que los orillaron a la migración y el manejo que se hace de los menores al regresar a territorio mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal a través del Instituto Nacional de Migración, a presentar un informe detallado sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos diez años.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.

1 Center for Gender & Refugee Studies, 2015.




 

Del Diputado Chris López Alvarado, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a elaborar un estudio sobre los efectos que causa el carbono negro en el medio ambiente y salud de las personas. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, CHRIS LÓPEZ ALVARADO, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La contaminación ambiental ha sido un tema que con el paso del tiempo ha adquirido una mayor trascendencia a nivel mundial, esto a raíz del cambio climático, el crecimiento de la población, el desmedido consumo de los recursos naturales de planeta, así como la contaminación que es generada por las grandes empresas y los vehículos automotores, lo que ha traído consigo que este fenómeno se vea incrementado paulatinamente, provocando grandes afectaciones al medio ambiente.

De igual forma, la degradación ambiental no sólo se manifiesta por la presencia de contaminantes como el Monóxido de Carbono (CO), el Dióxido de Carbono (CO2) o el Dióxido de Azufre, sino existen diversos contaminantes que no afectan tanto al medio ambiente, como a la salud de la población en general, siendo ejemplo de esto el Carbono Negro.

La presencia de esta sustancia se debe a la combustión incompleta de combustibles fósiles, biocombustibles y biomasa en vehículos motorizados, así como de la combustión generada en incendios, la quema de madera y cultivos, y de las chimeneas de las fábricas industriales.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) presentó en el 2013 un informe titulado “Emisiones de Carbono Negro en Partículas Atmosféricas Provenientes de la Quema  de la Caña de Azúcar”, en el cual como su nombre lo indica, resalta la presencia del carbono negro en la atmosfera, esto a consecuencia de la quema de la caña de azúcar, sustancia que de acuerdo con el INECC cuenta con un alto grado de toxicidad y susceptible a causar cáncer.

El carbono negro es un material que no se ha estudiado a fondo en el país, aunque su presencia en la atmósfera es más común de lo que se puede llegar a creer. En la actualidad a excepción del Distrito Federal, las Redes de Monitoreo Ambientales del país no miden los niveles de presencia de la sustancia en comento, impidiendo se logren desarrollar estrategias que permitan reducir o controlar su presencia en el medio ambiente.

Por lo anterior expuesto, proponemos se exhorte a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que de forma coordinada y en base a sus funciones realicen un estudio encaminado a la investigación de los efectos que genera el carbono negro en el medio ambiente, y en la salud de la población, así como para que se establezcan acciones y medidas de prevención aplicables en la Red de Monitoreo Ambiental que opera en el país.

Es de vital importancia evitar la presencia de contaminantes que dañen la salud de la población y los ecosistemas naturales, generadores de la disminución en la calidad del aire, y en el bienestar de la sociedad, es tiempo de proteger al medio ambiente, lo que representará un beneficio generalizado.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  exhorte a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que en base a sus funciones y de forma coordinada elaboren un estudio sobre los efectos generados a causa de la presencia de carbono negro en el medio ambiente, así como de la afectación que se genera en la salud de las personas.

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que de forma coordinada establezcan medidas de prevención, con la finalidad de disminuir las emisiones de carbono negro que afectan la atmosfera y la salud de la población.

TERCERO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que implementen en la Red de Monitoreo Ambiental que opera en el país, la obligación de llevar a cabo la medición de los niveles de presencia del carbono negro en el aire, con la finalidad de efectuar estrategias que permitan reducir o controlar su presencia en el medio ambiente.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Atentamente

Dip. Chris López Alvarado.





 

Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a fortalecer programas tendientes a erradicar la portación de arma de fuego para prevenir los delitos a causa del uso de las mismas. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, Diputado JESÚS VALDÉS PALAZUELOS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable asamblea proposición con punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Distrito Federal ha puesto en marcha diversos programas en materia de Seguridad y Justicia, tal es el caso de “Conduce sin Alcohol”, “Ciudad con conectividad y Tecnología” y “Por su familia, Desarme Voluntario”1. Este último ha tenido grandes expectativas ya que consta del canje de armas por ayudas económicas y/o en especie a los ciudadanos que acuden voluntariamente a entregarlas2, el cual tiene como principal objetivo el generar una conciencia cívica sobre el alto riesgo que implica tener armas en el domicilio y, a la vez, reducir el número de aquellas que están en poder de los ciudadanos3.

El programa “Por su familia, Desarme Voluntario” es la continuidad de otro denominado “Entrega Voluntaria de Arma de Fuego”, el cual comenzó a ser aplicado en el año 2007 y cuyos resultados de un año a otro han sido variados: durante el año 2008 se recuperaron 858 armas de fuego, en 2009 se obtuvieron mil 560 armas, en 2010 un total de mil 479 armas y en el año 2011 se recuperaron 1,536, lo que da un total de 5,433 armas de fuego recuperadas a través de este programa.

Durante el periodo de diciembre de 2012 a diciembre de 2013 se logró recuperar la cantidad de 9,654 armas de fuego4, por lo que del año 2008 a diciembre de 2013 el gobierno del Distrito Federal ha llegado a obtener a través de dicho programa 15,087 armas de fuego lo que representa un número alentador.

Si bien este programa ha arrojado buenos resultados, la realidad en el entorno social, respecto a los índices delictivos es otra, ya que los homicidios y lesiones por arma de fuego aún están lejos de llegar a niveles satisfactorios, tal como lo informó el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, Lic. Luis Wertman, quien afirmó que el delito de lesiones dolosas por disparo de arma pasó de 935 a mil 595.

En cuanto al aumento del delito de lesiones por disparo de arma de fuego, el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal aseguró que las causas principales fueron riñas, venganzas, celos, traiciones, deudas y narcomenudeo, reconociendo que es un delito en el que se tiene que trabajar todavía más6.

Desgraciadamente, este programa, a pesar de ser una herramienta indispensable para la disminución de este tipo de delitos, aún dista de ser tan eficaz como quisiéramos, ya que a pesar de que las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero registraron un desarme de 1372 y 1171, respectivamente, durante el año 2013, también se encontraron entre las demarcaciones con mayor número de lesiones por disparo de arma de fuego.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que fortalezca el programa “Por su familia, Desarme Voluntario” y en su caso ejerza las acciones necesarias con el fin de erradicar los delitos cometidos por disparo de arma de fuego.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

Atentamente

Dip. Jesús Valdés Palazuelos.

1 http://www.df.gob.mx/index.php/programas-sociales/77-programas-sociales/236-seguridad-y-justicia 7 de enero de 2014 18:38 horas

2 http://www.sds.df.gob.mx/sds_programa_desarme.php 7 de enero de 2014 18: 45 horas

3 http://www.ssp.df.gob.mx/notasnewsslider/Documents/Desarme_Vol.pdf 7 de enero de 2014 18:47 horas

4 Resultados Programa “Por su Familia, Desarme Voluntario”. Gobierno del Distrito Federal. Enero de 2014

5 http://www.cronica.com.mx/notas/2013/791500.html 7 de enero de 2014 19:03 horas

6 Grupo Reforma. Justicia, Sábado 4 de enero de 2014





 

De la Diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a promover y reforzar acciones específicas de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita LANDY MARGARITA BERZUNZA Novelo, Diputada Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 al 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y DE LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO, PARA QUE PROMUEVAN Y REFUERCEN ACCIONES ESPECÍFICAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA INHIBIR LA PESCA ILEGAL DEL PEPINO DE MAR, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Muchas son las acciones que los tres órdenes de gobierno en años recientes han realizado para inhibirla pesca furtiva de especies marinas a lo largo y ancho del territorio nacional, y para aumentar los periodos de veda de aquellas especies en peligro de extinción, o las que en su caso resultan importantes para el comercio ilegal, como es el caso de la especie “Pepino de mar”.

El Gobierno de la República a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y ésta a través de sus órganos, como es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca CONAPESCA, establece estrategias y periodos de captura y veda para especies marinas que por su importancia para la economía local y nacional, deben ser preservadas en los11 122 kilómetros de litorales con los que cuenta nuestro país.

El caso del Pepino de mar, ha sido un tema de constante lucha, demanda y debate entre los sectores pesqueros y los gobiernos en nuestro país, por la importancia que este recurso marítimo tiene y el alto valor económico que posee, de ahí la importancia de implementar medidas de ordenación para realizar una explotación sustentable de esta especie.

Los esfuerzos por preservar esta especie, son competencia también del legislativo, en donde el tema ha sido debatido y llevado a la agenda legislativa. Basta recordar que en el mes de abril de los corrientes, esta Cámara de Diputados aprobó una reforma que suscribí para modificar la fracción II Bis del Artículo 420 del Código Penal Federal, que busca sancionar con pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien de manera dolosa capture camarón, erizo de mar, almeja generosa y pepino de mar.

No obstante, los esfuerzos deben ser en conjunto con el Ejecutivo y sus dependencias, para que además de establecer sanciones en este tenor, se promuevan y refuercen acciones específicas de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar, en las principales entidades federativas donde se desarrolla su captura, como son las ubicadas en el sureste del territorio nacional, específicamente en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

De no realizar un exhorto a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Marina-Armada de México, para que en el ámbito de sus competencias realicen dichas acciones, se estará poniendo en peligro, además de esta especie inofensiva (que funciona como un filtro en el mar para el equilibrio ecológico), a la población y los pescadores que concentran sus actividades económicas en esta especie.

El comercio ilícito del pepino de mar, es un tema que ha confrontado a comunidades de los estados de Campeche y Yucatán, y que en últimas fechas, ha puesto en alerta la seguridad entre ambas entidades por la disputa por la captura ilegal de la especie.

En fechas recientes, periódicos locales y nacionales han puesto en evidencia las constantes problemáticas en las fronteras marítimas entre ambas entidades por el recurso tan valioso que por tonelada supera los 3 mil dólares.

Un ejemplo claro es el problema que por el tráfico de esta especie entre buzos, lancheros y pescadores ribereños del municipio de Celestún Yucatán y la localidad de Isla Arena, ubicada en el municipio de Calkiní en el estado de Campeche, se ha venido incrementando a través de conatos de violencia

Es conocido que la disputa no es reciente, pero se ha venido acrecentando en las últimas fechas, en donde han tenido que intervenir, además de los cuerpos policiales locales, marinos de la Secretaría de Marina – Armada de México, e inspectores de la CONAPESCA, para evitar la violencia en la frontera marítima entre ambas entidades.

De continuar la lucha entre pescadores legales e ilegales en la federación, aunado a que se sobre explote la especie, acarreará un incremento de problemáticas económicas e incluso pérdidas humanas en caso de que no se refuercen las acciones encaminadas en la materia. No omito manifestar que dichas acciones requieren de recursos extraordinarios que pueda destinar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para atender la problemática local y nacional.

Con este exhorto se busca procurar que se continúe con acciones para una pesca responsable, además de que se atienda un enfoque precautorio en aras de la sostenibilidad de la pesquería y la seguridad para los pescadores y sociedad civil que rodea a este recurso, y las actividades económicas que de desprenden de su aprovechamiento.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Marina-Armada de México, para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones, promuevan y refuercen acciones específicas de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar.

Dip. Landy Margarita Berzunza Novelo.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar y, en su caso, sancionar el ofrecimiento de sillas de ruedas y otros aparatos para la compra y coacción del voto en la delegación Iztapalapa. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado viernes 5 de junio, el noticiero conducido por Ciro Gómez Leyva y trasmitido por Radio Fórmula, dio a conocer una grabación en la que se evidencia a la candidata del PRD a la diputación local por el distrito XXI, Francis Pirín Cigarrero, ofreciendo sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos y andaderas para ancianos, en un acto de campaña celebrado dos días antes en el mercado Cuilapa, ubicado en las inmediaciones de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la delegación Iztapalapa.

De acuerdo con la grabación dada a conocer por el programa radiofónico, los aparatos para apoyar a personas con discapacidad, serían entregados directamente en el domicilio de los ‘beneficiarios’, previo registro con la credencial de elector de los interesados.

Por si fuera poco, la propia candidata afirma que los apoyos son financiados por el Gobierno del Distrito Federal; al dar la siguiente explicación del por qué debe de presentarse la credencial para votar:

"Tiene que ser de aquí porque se baja del gobierno de la ciudad el apoyo y obviamente el requisito es que vivan en la ciudad, ya olvídate de Iztapalapa, con que vivieran en la ciudad, en otra delegación…"

Este hecho, constituye un claro ejemplo de la compra y coacción del voto que ensució al proceso electoral en el Distrito Federal, prácticas que se aprovechan de las necesidades de la población y disminuyen la calidad democrática de los comicios. Por esto mismo, configuran uno de los delitos tipificados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que en su artículo 9 señala:

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que:

(…)

VIII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación.

Otro aspecto preocupante consiste en que esta irregularidad podría ser determinante en el resultado de la elección en el distrito XXI, pues de acuerdo con el Programa de Resultados Preliminares del Instituto Electoral del Distrito Federal, el PRD encabeza la intención de voto con 27.83%, seguido por MORENA, con 27.21%, es decir, a solo seis décimas de la candidata ganadora, la misma que ofreció aparatos por votos, a escasos 4 días del día de la elección.

Independientemente de los fallos que habrán de tomar las autoridades electorales, según sus competencias, consideramos que es necesario que la FEPADE investigue y sancione los delitos que en este caso, claramente vulneraron la equidad y la legalidad de la elección.

Además, le exigimos al Gobierno de Miguel Ángel Mancera que investigue el posible desvío de recursos que se desprende de los propios dichos de la candidata Francis Pirín Cigarrero, pues en caso de ser cierta la afirmación de que “el apoyo se baja del Gobierno del Distrito Federal”, se configurarían  sendas otro tipo de delitos, tipificados en el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, según el cual:

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo;

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores; Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o

V. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.

Como sociedad democrática, aspiramos al ejercicio libre e informado, por lo que este tipo de irregularidades deben ser sancionadas de manera ejemplar para inhibirlas y erradicarlas de nuestra cultura y sistema político.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea los siguientes resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a investigar y, en su caso, sancionar el ofrecimiento de sillas de ruedas y otros aparatos para la compra y coacción del voto en la delegación Iztapalapa, por parte de la candidata del PRD a diputada local por el distrito XXI, Francis Pirín Cigarrero.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal investigar el posible desvío de recursos para la compra y coacción del voto en el distrito XXI, derivado del ofrecimiento de apoyo a personas con discapacidad por parte de la candidata del PRD a diputada local, Francis Pirín Cigarrero.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 10 de junio de 2015.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral a los municipios de Áporo, Charapan, Chinicuila, Churintzio, Coalcomán, Coeneo, Epitacio Huerta, Indaparapeo, Jiquilpan, Lagunillas, Morelia, Numarán, Ocampo, Paracho, Sahuayo, Senguio, Susupuato, Tingambato, Tinguindin, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Zitácuaro, a fin de comprobar que los recursos federales asignados entre 2012 y 2014 fueron ejercidos conforme a las disposiciones aplicables. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones:

La transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio eficaz y eficiente de los recursos públicos, son elementos esenciales para el desarrollo y el fortalecimiento del régimen democrático.

Estos preceptos están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 y 134. Éste último señala que los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Lamentablemente, hay evidencia de que esto no sucedió con los recursos federales asignados entre 2012 y 2014 a los municipios de Áporo, Charapan, Chinicuila, Churintzio, Coalcomán, Coeneo, Epitacio Huerta, Indaparapeo, Jiquilpan, Lagunillas, Morelia, Numarán, Ocampo, Paracho, Sahuayo, Senguio, Susupuato, Tingambato, Tinguindin, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Citácuaro, ya que se presumen diversas irregularidades en su ejercicio.

En dicho ejercicio, fue una constante el sobrecosto en las obras ejecutadas, licitaciones que no cumplen con lo establecido por la Ley y obras inconclusas.

Entre las inconsistencias destaca el sobrecosto de las obras identificadas por la Auditoría Superior de la Federación realizadas en el municipio de Tuxpan, donde Silvano Aureoles gestionó fondos por 133 millones de pesos para obras y cuyo costo real fue de 87 millones de pesos.

Una de las empresas que mayor participación tuvo en la red de distribución de obras gestionadas por Silvano Aureoles en su calidad de legislador fue Ingeniería de Soluciones Estratégicas Pa&Nor S.A. de C.V. De acuerdo a la escritura pública 1683, inscrita en el volumen 37 de la notaría 132 a cargo de Jorge Guerrero Chávez, es propiedad de Pascual Sigala Páez y Norberto Antonio Martínez Soto.

Además para la construcción del Centro de Justicia para la Mujer la obra fue adjudicada a la empresa PA&NOR S.A DE C.V, propiedad de Sígala y Martínez Soto por 346 mil 57 pesos, sin que cumpliera con los requisitos de la licitación.

Gracias a la gestión del que fuera alcalde de Tuxpan y ex candidato del PRD para diputado por Zitácuaro, Carlos Alberto Paredes Correa, la empresa Ingeniería de Soluciones Estratégicas Pa&Nor S.A. de C.V., se adjudicó la construcción de un auditorio de usos múltiples, el que se designó bajo la licitación MTM/DOP/LIPFE-003-2014, que finalmente costó a la Federación 5 millones 170 mil 601.62 pesos, el doble del costo real de la obra.

Otra demarcación que presenta graves inconsistencias es el municipio de Turicato, ya que la Auditoría Superior de la Federación encontró que en 16 expedientes de obra no se dispone de la documentación comprobatoria y justificativa, por 10,606.0 miles de pesos.

Al municipio de Tacámbaro, se le entregó 1,227.6 miles de pesos al rubro de gastos indirectos, los cuales rebasan el límite permitido en la normativa por 303.5 miles de pesos; asimismo, se comprobó que 227.2 miles de pesos, ejercidos en este rubro no están relacionados de forma directa con la supervisión de las obras realizadas con recursos del fondo, además, carecen de soporte documental.

Al Municipio de Zitácuaro, se le destinó el 5.4% de los recursos pagados del Fondo para la Infraestructura Municipal 2013 en el financiamiento de tres obras y 17 acciones por 3,875.4 miles de pesos, que no se encuentran consideradas en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal. Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 4,039.9 miles pesos, más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica, a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Se constató que en tres obras, el convenio de concertación de obra integrado por los beneficiarios de las mismas no tiene fecha de elaboración, por lo que no se puede identificar si el comité se integró en tiempo y forma. La Contraloría Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CMZ/PA/05/2014, con lo que se solventa la observación.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideramos que la corrupción no puede seguir perneando la gestión pública. En ese sentido y ante estas irregularidades detectadas, solicitamos que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría integral y, en caso de acciones u omisiones, establezca las medidas que conforme a derecho procedan.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el marco de sus atribuciones realice una auditoría integral a los municipios de Áporo, Charapan, Chinicuila, Churintzio, Coalcomán, Coeneo, Epitacio Huerta, Indaparapeo, Jiquilpan, Lagunillas, Morelia, Numarán, Ocampo, Paracho, Sahuayo, Senguio, Susupuato, Tingambato, Tinguindin, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Citácuaro, a fin de comprobar que los recursos federales asignados entre 2012 y 2014 fueron ejercidos conforme a las disposiciones aplicables.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 10 de junio del año 2015.

Atentamente.





 

De la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a resolver de manera pronta y expedita las denuncias en materia electoral para dar certidumbre, legalidad y legitimidad al reciente proceso electoral. Se turna a la Primera Comisión.







 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a las instancias correspondientes de las entidades federativas a definir y homologar términos, funciones, modalidades, áreas de atención y procedimientos respecto de las diversas instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para las personas adultas mayores. Se turna a la Segunda Comisión.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ANABEL ACOSTA ISLAS y MAYELA QUIROGA TAMEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la actualidad hay alrededor de 700 millones de personas mayores de 60 años de edad, por lo que exhorta a tener más atención a las necesidades particulares de las personas adultas mayores, promoviendo su participación activa en la sociedad y el respeto integral de sus derechos humanos1.

En México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística señala que en 2014 el monto de personas de 60 años y más es de 11.7 millones, lo que representa 9.7% de la población total2.

Con ello queda de manifiesto que el proceso de envejecimiento es notorio, dado que el número de adultos mayores duplicó su monto en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014, con lo que cada vez se hace más notorio el cambio de la curva demográfica.

2.-En virtud de ese contexto y las diversas necesidades de las personas adultas mayores, resulta preponderante la existencia de centros e instituciones destinadas a brindar servicios de salud, cuidado, estancia y actividades culturales, así como deportivas y recreativas que estimulen su participación e integración social.

Asimismo, es oportuno que las familias que tienen a su cuidado a persona adultas mayores puedan contar con estos centros e instituciones para que estás puedan coadyuvar con ellos en el desarrollo familiar en los casos que las actividades cotidianas no permitan que los integrantes de la familia les brinden la atención adecuada en algún horario en particular, preponderando siempre la unificación familiar y un ambiente amigable dentro de este modelo social.

Lo anterior, con una visión a partir de la cual se promueva la integración familiar y se aleje la práctica de la institucionalización, ya que lamentablemente de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), alrededor del 60 por ciento de los residentes de las citadas instituciones no mantiene contacto con su familia y vive una situación de abandono.

Asimismo, es necesario que se fortalezcan y diseñen espacios destinados a la atención de la personas adultas mayores en situación de abandono, que por las condiciones propias de la edad, no pueden gozar de independencia y deben ser integrados a alguno de estos centros.

3.-En la actualidad, existe un gran números de albergues, casas hogar y demás instituciones, públicas y privadas, que brindan servicios a personas adultas mayores; sin embargo, no todas cuentan con especificaciones o estándares mínimas que permitan dar una atención integral e inclusive, algunas de ellas atentan en contra de los derechos fundamentales.

Esta situación se agrava, cuando en la actualidad no se cuenta con cifras oficiales precisas del número de albergues, casas hogar o instituciones hay en México, ni de las condiciones en las que operan o las necesidades básicas y retos que enfrentan, además de que muchos están rebasados en población y carecen de recursos; así como tampoco del número de personas adultas mayores que viven bajo esta condición.

En virtud de ello, el presente punto de acuerdo tiene como objetivo promover que el INAPAM y las instancias correspondientes de las Entidades Federativas homologuen términos, funciones, alcances y procedimientos de atención respecto de las diversas instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para las personas adultas mayores, con la finalidad de que sin importar su denominación actual, todas deban conducirse bajo criterios mínimos a favor de sus beneficiarios y dar certeza jurídica respecto de sus obligaciones y derechos.

Lo anterior, con la finalidad de privilegiar la unificación de criterios y, a su vez, dar un orden y clasificación a partir de los cuales se potencien las acciones para la supervisión y regulación de los Centros de Atención.

Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ya las instancias correspondientes de las Entidades Federativas, a definir y homologar términos, funciones, modalidades, áreas de atención y procedimientos respecto de las diversas instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para las personas adultas mayores.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de junio de 2015.

1 Visto en: http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/. Consultado el 4 de junio de 2015.

2 Visto en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf Consultado el 4 de junio de 2015.





 

Las efemérides y la agenda política se insertarán en el Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del Día Mundial de los Océanos.

CON MOTIVO DEL 8 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS VALDÉS PALAZUELOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Isaac Newton decía que “lo que sabemos es una gota de agua; mientras que lo que ignoramos es el océano”, frase que resulta muy acertada si consideramos que hasta la fecha únicamente se ha llevado a cabo la exploración de tan sólo 10 por ciento o menos de la extensión de los mares, lo que nos deja en claro que aún desconocemos los grandes enigmas que éstos contienen.

Los océanos abarcan más de tres cuartas partes de la superficie del planeta y desarrollan un importante papel en nuestras vidas, pues nos benefician dotándolo con su riqueza, la cual es aprovechada por el hombre y convertida en alimentos, medicamentos, producción de energía, agua potable y sal.

A pesar de esto, hemos generado una fuerte amenaza latente que azota a la conservación de los océanos, a consecuencia de la grave contaminación que generan principalmente la basura, los desechos químicos y los combustibles, los cuales no sólo afectan grandes cantidades de agua, sino a los animales y a las plantas que habitan en ellos.

Es por esto que en 2008, la Asamblea General de la Naciones Unidas, resolvió que a partir del año 2009 se conmemore el 8 de junio como “El Día Mundial de los Océanos”, con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia que tienen los océanos en el mundo.

Para este año se propuso el tema “Unos océanos sanos, un planeta sano”, bajo el cual se busca crear conciencia en los habitantes del planeta, principalmente enfocado al cuidado del medio ambiente y de los mares., ha que hagamos no sólo un día, sino que se convierta en una práctica c