Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 22 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 9

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 03 de Junio de 2015

SUMARIO                                              


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Del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de Acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice y audite los contratos de servicios que las dependencias y las entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, así como los fideicomisos privados que ejerzan recursos federales, de los que se hayan beneficiado las empresas: Comercializadora oficina Eolo S.A de C.V., Eolo Plus S.A de C.V., Maquinaria IGSA S.A de C.V., IGSA S.A de C.V., Grupo Industrial IGSA S.A de C.V., particularmente Petróleos Mexicanos, y sus filiales, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación; P.M.I. Comercio Internacional S.A de C.V., Compañía Mexicana de Exploraciones S.A de C.V. así como de la Comisión Federal de Electricidad. Se turna a la Tercera Comisión.


















































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:43 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Señoras legisladoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 36 ciudadanos legisladores. Hay quórum.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 3 de junio de 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar, también, la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con veintitrés minutos del miércoles veintisiete de mayo de dos mil quince, con una asistencia de treinta legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles veinte de mayo de dos mil quince.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Informe sobre las consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso Post Mórtem a los extintos Teniente de Infantería Orlando Velasco Villegas, Sargento 2/o. de Fuerza Aérea Fusilero Paracaidista José Luis Basilio Pérez, Cabo de Caballería Ignacio Amador Cruz y Soldado de Caballería Mario Flores Patricio.- Se remitió a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 9 al 15 de junio de 2015 con el objeto de atender la invitación del Presidente del Consejo Europeo y del Presidente de la Comisión Europea para participar en la II Cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe-Unión Europea, que se llevará a cabo en Bruselas, Bélgica y celebrar la VII Cumbre México-UE. El Presidente también realizará una visita oficial a la República Italiana.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Se recibió del Banco de México, su Informe trimestral, correspondiente a enero-marzo de 2015.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con la que remite informe de la II Reunión Interparlamentaria México-Argentina, celebrada el 4 y 5 de mayo del año en curso en Buenos Aires, Argentina.- Quedó de enterado.

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del señor Juan Francisco Molinar Horcasitas.

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del señor Sebastián Lerdo De Tejada Covarrubias.

(Iniciativas)

El Diputado Javier Filiberto Guevara González, a nombre propio y de los Diputados Celia Isabel Gauna y Marco Barba Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley General de Asentamientos Humanos y se adiciona un artículo a la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

La Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La Diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho al desarrollo.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 81 y se derogan el segundo párrafo del artículo 81 y el artículo 92 de la Ley de Migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Por acuerdo de la Mesa Directiva, los Grupos Parlamentarios, presentaron diversas proposiciones con punto de acuerdo en torno a los daños ocasionados por el tornado que azotó ciudad Acuña, Coahuila.- Para presentar los puntos de acuerdo intervinieron los legisladores: Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández del PRI; Diputada Esther Quintana Salinas del PAN; Diputada María de Lourdes Amaya Reyes del PRD; Senador Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; y Diputado Danner González Rodríguez de MC. Considerados de urgente resolución, sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea seis dictámenes de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo:

1) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud implementar una nueva estrategia para contener el brote de las enfermedades de chikungunya y dengue a nivel nacional, así como desplegar una campaña con las autoridades locales para coordinar esfuerzos con la población con el objeto de contribuir con las acciones de prevención y atención a los afectados.- Intervino la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI.

2) Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a llevar a cabo programas de difusión dirigidos a los menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las diversas medidas de prevenirlo, así como del uso responsable de las redes sociales.- Intervinieron los legisladores: Senador Arquímedes Oramas Vargas del PRI y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN.

3) Por el que la Comisión Permanente manifiesta su solidaridad con las familias afectadas por los lamentables acontecimientos registrados en las comunidades de La Pimienta, San José y San Antonio del Monte, del municipio de Simojovel, Chiapas, que ocasionaron el deceso de dos infantes y la hospitalización de 29 más tras la aplicación de diversas vacunas.- Intervino el Diputado José Antonio León Mendívil del PRD.

4) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud coordinar la integración de un informe relativo a las acciones que se realizan para fomentar la lactancia materna en los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil y, en su caso, se realicen las acciones conducentes para promover la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida de las niñas y los niños.

5) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instrumentar políticas públicas transversales destinadas a la prevención del suicidio y su tratamiento como problema de salud pública.- Intervino el Diputado José Alejandro Montano Guzmán del PRI.

6) Que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo programas de difusión y combate al estrés laboral.- Intervino el Diputado Alejandro Rangel Segovia del PRI.

Los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en la elaboración e integración que realice del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere incrementar el monto destinado a fin de lograr el correcto cumplimiento del Programa Nacional de Becas o, en su defecto, mantenga el monto que fue presupuestado para este ejercicio fiscal de 2015.- Intervinieron los legisladores: Diputada Cristina Ruíz Sandoval del PRI, Diputado Danner González Rodríguez del MC

2) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar llevar a cabo las medidas y acciones conducentes para la ampliación y modernización del Puerto de Salina Cruz del estado de Oaxaca.

3) Por el que se solicita al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un informe sobre el contenido, procedimientos y tiempos de la revisión de los mecanismos de justicia laboral, especialmente de las juntas de conciliación y arbitraje, conforme a las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal del 1º de mayo del presente año, en el marco de la celebración del Día del Trabajo.-Intervinieron los legisladores: Diputado Alejandro Rangel Segovia del PRI y Diputada Gloria Bautista Cuevas del PRD.

Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se modifica la integración de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió proposición con punto de acuerdo para solicitar al Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas y de Protección a sus Ahorradores información sobre las acciones emprendidas para evitar que los ahorradores de “ACREMEX” pierdan sus ahorros.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

Del Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 2 y se adiciona una fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

De los Diputados Edith Avilés Cano y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

Del Senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del Apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a investigar, denunciar y, en su caso, proceder en contra de quien resulte responsable, derivado de las irregularidades evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2003-2012 en las obras contratadas con grupo Tradeco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a declarar como zona de desastre natural al municipio de Acuña, Coahuila.- Considerado de urgente resolución fue aprobado en votación económica.

De los Diputados Juan Ignacio Samperio Montaño, José Francisco Coronato Rodríguez y Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a respetar los principios de equidad y proporcionalidad respecto del pago de impuestos de los contribuyentes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a intervenir ante el gobernador y presidentes municipales de Baja California para levantar el boicot que ilegítima e ilegalmente pesa sobre los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada.- Se turnó a la Primera Comisión.

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir las reglas de operación que establezcan la conformación del comité de educación financiera.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y a la Policía Federal a remitir un informe de los hechos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, el día 22 de mayo de 2015.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a presentar un informe sobre los avances en las investigaciones de las 21 denuncias presentadas en contra de diversos titulares de las delegacionales por extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos en actos públicos y proselitismo electoral.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Diputados José González Morfín y Marcelo Torres Cofiño, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a autoridades federales a informar a la opinión pública el estado que guardan diversas investigaciones en los estados de Chihuahua y Sonora.- Se turnó a la Primera Comisión.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar el cumplimiento de diversos ordenamientos de la Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a la Tercera Comisión.

Del Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su total solidaridad y apoyo con los habitantes de Ciudad Acuña, Coahuila por los hechos lamentables acaecidos el día 25 de mayo de 2015, consistentes en un tornado categoría cuatro.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre las tres zonas económicas especiales anunciadas por el Ejecutivo Federal el 27 de noviembre de 2014.- Se turnó a la Tercera Comisión.

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar la posible comisión de un delito electoral por Mariano García González, portador de 5 millones de pesos que le fueron encontrados en el Aeropuerto Internacional de Toluca y que podrían ser destinados a las campañas electorales del PRI y del PVEM.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a presentar un informe sobre las características, aspectos y materiales de fabricación de las más de 6 mil láminas compradas a la empresa “Saabsa Aceros S.A. de C.V.”, destinadas al mejoramiento de vivienda en zonas de escasos recursos de la entidad, a fin de determinar si debido a su contenido de plomo representan un peligro para la salud de los beneficiarios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil y a agilizar la liberación de los fondos de desastres naturales para iniciar la reconstrucción del municipio de Acuña, estado de Coahuila.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire, Fernando Belaunzarán Méndez y José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la integración de un grupo de trabajo para coadyuvar y dar seguimiento a las investigaciones de los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 22 de mayo, en el municipio de Tanhuato, Michoacán.- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Contraloría General del Distrito Federal a investigar los presuntos actos de corrupción existentes en la asignación de contratos en la Delegación Benito Juárez durante la administración de Jorge Romero Herrera.-Se turnó a la Primera Comisión.

Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de los estados a establecer líneas de acción y apliquen operaciones preventivas para enfrentar los ciclones tropicales que están por comenzar a manifestarse en el territorio nacional.- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo que exhorta al instituto Nacional Electoral a garantizar en todo el territorio nacional la celebración de elecciones libres y auténticas y actuar y contribuir para detener la violencia política que ha caracterizado el actual proceso electoral.- Se turnó a la Primera Comisión.

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar políticas y programas de prevención de delincuencia infantil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a realizar y agilizar las indagatorias sobre los bienes patrimoniales del  candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima y para que, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes por presunto enriquecimiento inexplicable.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública para que informe sobre el estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo HIGA y el gobierno federal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a abstenerse de realizar acciones que pudieran violentar los derechos humanos de las personas que integran la organización denominada Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”.- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones necesarias para fiscalizar posibles rebases en el tope de los gastos de campaña del ciudadano Ricardo Monreal Ávila, candidato a Jefe Delegacional por Cuauhtémoc por el partido político MORENA.- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a tomar medidas urgentes y realicen investigaciones exhaustivas, con la finalidad de determinar y, en su caso, fincar responsabilidad a los servidores públicos o funcionarios involucrados con el ingreso ilegal de armas de origen Alemán a territorio Mexicano.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a investigar y, en su caso, sancionar a los funcionarios públicos responsables de manipular la intención del voto de los capitalinos en el presente proceso electoral, a cambio de la entrega de despensas y/o cualquier beneficio relacionado con los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adherirse al Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.- Se turnó a la Segunda Comisión.

De los Diputados Miguel Alonso Raya, María de Lourdes Amaya Reyes, Amalia García Medina, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que cita a comparecer al gobernador del Banco de México, con el fin de que explique las consecuencias de la devaluación del peso y la persistente caída de las expectativas de crecimiento económico de la economía mexicana para 2015.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal a promover la instalación de frigoríficos sociales en las jefaturas delegacionales.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública y del Servicio de Administración Tributaria a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer la posible existencia de delitos en el presunto enriquecimiento inexplicable del candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, así como en las omisiones o faltas administrativas en las que ha incurrido por el falseo en sus declaraciones patrimoniales.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación patrimonial del gobernador de Nuevo León y miembros de su familia.- Se turnó a la Primera Comisión.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe de los avances del Estado mexicano para dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a expedir el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar el presunto financiamiento ilegal del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Querétaro.- Se turnó a la Primera Comisión.

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a realizar diversas acciones que contribuyan a mejorar el autotransporte público concesionario o permisionario “microbuses” en el Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre el diagnóstico y las medidas que la dependencia a su cargo está implementando para garantizar la seguridad de los candidatos, los electores y sobre todo de la ciudadanía en general en las 32 entidades del país, en el marco del proceso electoral que se verificará el próximo 7 de junio.- Se turnó a la Primera Comisión.

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a orientar a la población con relación a la enfermedad denominada síndrome de la fatiga crónica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

De los Senadores Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República para que realice una investigación integral, pronta y expedita sobre la presunta red de corrupción del candidato del PRD al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social por presuntas violaciones a la ley general en materia de delitos electorales durante el proceso electoral 2015, a través del programa “Cruzada Nacional contra el Hambre”.- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública y a sus homólogas estatales a implementar acciones y programas que permitan aminorar la escasez del agua mediante el aprovechamiento y uso adecuado de los recursos hídricos del estado de Zacatecas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia para el municipio de Acuña Coahuila, y se active la aplicación inmediata de recursos del FONDEN, así como a diversas autoridades a emprender acciones para auxiliar a la población afectada.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar las medidas necesarias para atender a la población de ciudad Acuña, de Coahuila de Zaragoza.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

De las Diputadas Socorro Ceseñas Chapa y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita atender la emergencia de infraestructura, económica, alimentaria y sanitaria en el municipio de Ciudad Acuña, Coahuila.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al gabinete de seguridad nacional a que, en coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia del estado de Guerrero, diseñen e implementen políticas públicas, programas, estrategias y acciones en materia de seguridad pública que realmente prevengan, investiguen, sancionen y erradiquen los delitos suscitados en dicha entidad federativa.- Se turnó a la Primera Comisión.

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo en materia de diagnóstico, orientación y tratamiento de personas con esclerosis múltiple.- Se turnó a la Segunda Comisión.

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los acontecimientos sucedidos el 22 de mayo del año en curso en el municipio de Tanhuato, estado de Michoacán.- Se turnó a la Primera Comisión.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a emitir un punto de acuerdo expresando su desacuerdo y el del Senado sobre la falta de información y las omisiones realizadas por la Secretaría de Economía en torno al informe sobre las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica.-Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores el primer resolutivo y a la Tercera Comisión los siguientes.

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas y ayuntamientos de los municipios respecto de la convivencia y cultura de la paz en favor de niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

De la Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a dar cumplimiento a los laudos emitidos por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje federal, donde se reconoce favorablemente la antigüedad a cierto grupo de trabajadores de dicho Instituto que interpuso una demanda laboral contra la Institución.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a redoblar sus esfuerzos institucionales en la fiscalización de los gastos de campaña del Partido Verde Ecologista de México, tomando en cuenta las violaciones a la Ley Electoral cometidas hasta el momento por este instituto político, en relación al origen y destino de estos recursos, así como en relación a los topes de gastos de campaña fijados por la autoridad electoral.- Se turnó a la Primera Comisión.

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza,  Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a asignar presupuesto en el Fondo de Protección contra Gastos Catastrófico para atender la esclerosis múltiple.- Se turnó a la Segunda Comisión.

Del Diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir declaratoria de emergencia fitosanitaria por la roya del café en Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados Unidos de América a otorgar el indulto al Sr. Óscar López Rivera, prisionero político puertorriqueño.- Se turnó a la Segunda Comisión.

Del Diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta diversas dependencias a realizar las acciones conducentes a efecto de que los pescadores del Puerto de San Felipe sean integrados al padrón de beneficiarios del programa de compensación social.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Diputada Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe sobre las diversas circunstancias que envuelven la fallida puesta en órbita del satélite "Centenario".- Se turnó a la Tercera Comisión.

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a resolver y atender de forma inmediata los graves problemas de transporte de la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con punto de acuerdo sobre la violencia política hacia las mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión.

Del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud Federal y del estado de Tamaulipas a realizar acciones y medidas para prevenir y combatir la presencia del mosquito transmisor del dengue en las zonas rurales del estado y, de manera especial, en el municipio de Matamoros.- Se turnó a la Segunda Comisión.

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita un informe sobre el recorte al presupuesto público 2015 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a garantizar la integralidad y concurrencia en el diseño y ejecución de la política estatal de desarrollo social y humano en la entidad, en relación con los acontecimientos que terminaron con la vida del niño Christopher Raymundo Márquez Moray.- Se turnó a la Segunda Comisión.

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revisar el permiso que otorgó en Cancún, Quintana Roo, a la empresa SIMSA para la construcción de un gasoducto.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destinar una partida especial para la iniciativa “Escuela Verde” en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y los gobiernos de los estados a implementar programas y políticas públicas para la atención de los hijos de mujeres reclusas que cubran sus necesidades fundamentales en sus primeros años de vida.- Se turnó a la Segunda Comisión.

De la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a concluir con el trámite de permuta de terrenos entre Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación y los ejidos de Agua Nueva y La Trinidad, del municipio de Saltillo, en el estado de Coahuila.- Se turnó a la Tercera Comisión.

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar de forma urgente y prioritaria los operativos y medidas necesarias de atención biológica y renovación de plantaciones para la erradicación de la plaga de roya en los cafetales del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a presentar un informe sobre las posibilidades de implementación de las reglas Mandela al sistema carcelario en México.- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes a efecto de que informe a detalle sobre el avance de las obras de infraestructura vial en el estado de Tabasco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita al Embajador Luis Leonardo Almagro Lemes por su toma de protesta como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.-Se turnó a la Segunda Comisión.

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a informar sobre la atención a las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer al Estado Mexicano.- Se turnó a la Segunda Comisión.

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la renovación del mandato a José Ángel Gurría Treviño como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar acciones que contrarresten las expresiones de discriminación de los servidores públicos hacia las personas de comunidades indígenas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe con los posicionamientos, discursos, pronunciamientos oficiales y votos razonados de México en organismos internacionales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo que cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que rinda cuenta sobre los criterios para definir el calendario de entrega de equipos del Programa de trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre publicado el 13 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y de los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a diseñar e implementar una plataforma que permita al servicio de transporte público individual de pasajeros “taxis”, brindar un servicio más eficiente y seguro a la ciudadanía.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa sus más sentidas condolencias con los familiares de las víctimas que dejó el tornado ocurrido el día 25 de mayo en Ciudad Acuña, Coahuila.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

De los Senadores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova y Vianey Montes Colunga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que solicita se investigue el posible enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses del ciudadano Juan Manuel Carreras López.- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a poner a disposición recursos del Fondo de Desastres Naturales para mitigar los efectos ocasionados por el tornado que azotó ciudad Acuña, Coahuila.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar acciones que agilicen los procesos de revisión migratoria en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Baja California Sur, a efecto de incentivar el turismo internacional en este destino.- Se turnó a la Tercera Comisión.

Del Senador René Juárez Cisneros y el Dip. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, a la Secretaría de la Función Pública, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a investigar el probable desvío de recursos por parte del gobierno del estado de Guerrero a la campaña de Beatriz Mojica Morga, candidata del PRD-PT, a la gubernatura del estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que solicita al gobierno y al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del estado de Yucatán a conducirse con apego a derecho en torno a la demanda por el posible enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses del ciudadano Juan Manuel Carreras López.- Se turnó a la Primera Comisión.

De las Diputadas Cristina Ruíz Sandoval y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar diversas acciones encaminadas a esclarecer los hechos acaecidos el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC y a apoyar a las víctimas de esta tragedia.- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Sonora a acelerar la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal, a fin de cumplir con el mandato emitido por el Constituyente Permanente, mediante la reforma constitucional de junio de 2008, en materia de justicia penal.- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones por la probable responsabilidad de Guillermo Padrés Elías y el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Sonora, Javier Gándara Magaña, en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Diputado Gerardo Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal a revisar los programas de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro a fin de evitar accidentes como el registrado el pasado 4 de mayo de 2015, en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro en esta ciudad.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Diputados Zita Beatriz Pazzi Maza y Jesús Antonio Valdez Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar un estudio que determine la viabilidad de promover un paquete de política arancelaria de mayor impacto a la importación a los granos y semillas oleaginosas provenientes de países que no cuenten con Tratado de Libre Comercio con México y en razón de ello aplique las acciones ejecutivas necesarias.- Se turnó a la Tercera Comisión.

Del Diputado Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la FEPADE y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a realizar una investigación derivada de la llamada telefónica donde supuestamente se escucha a Ricardo Monreal, candidato a la Delegación Cuauhtémoc por el Partido Morena, sobre supuestos contratos simulados en materia de propaganda electoral.- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre el seguimiento a la denuncia presentada en contra del ciudadano Edgar Olvera Higuera, candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Naucalpan, Estado de México, por el posible delito de usurpación de profesión.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza el uso de lenguaje sexista y discriminatorio en contra de las mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar un informe sobre las condiciones mediante las cuales se establecieron los contratos para la fabricación, lanzamiento y aseguramiento del Satélite Centenario.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la FEPADE a realizar una investigación en torno al probable desvío de recursos públicos y compra de votos en el municipio de Nezahualcóyotl, a cargo del gobierno municipal, para favorecer a candidatos del PRD.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral a investigar la posible utilización de recursos públicos del gobierno del estado de Guerrero en la campaña de la candidata a gobernadora de esa entidad por el PRD, Beatriz Mojica Morga.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el “Día Mundial sin Tabaco”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el "Día Mundial sin Tabaco".- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención con motivo de la visita de la Presidenta de la República Federativa de Brasil a nuestro país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre el quebranto al principio de la equidad en la contienda electoral con la campaña ilegal que ha hecho el Partido Verde Ecologista de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención con motivo del fallecimiento de Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias.- Se insertó en el Diario de los Debates.

Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención en relación con el fortalecimiento de las relaciones México-Brasil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con veintiocho minutos y citó para la siguiente sesión pública el día miércoles tres de junio, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua, un proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 20, 23 y 41 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió del Congreso del Estado de Baja California, un proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: También del Congreso del Estado de Baja California, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Cámara de Senadores, con la que remite el informe de su participación, conjuntamente con la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, en la Segunda Reunión Interparlamentaria Argentina-México, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de mayo del año en curso, en Buenos Aires, Argentina.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió una comunicación de la Diputada Juana Bonilla Jaime, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 8 de junio de 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha sido enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió una comunicación del Diputado Alejandro Carbajal González, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1º de junio de 2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Único.- Se concede licencia al Diputado Alejandro Carbajal González, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1º de junio del año 2015.”

Al no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Alejandro Carbajal González para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de junio del año en curso.

Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibieron dos comunicaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, con las que remite puntos de Acuerdo alcanzados durante la reunión de trabajo llevada a cabo el 13 de mayo en San Quintín, Baja California; y sus informes, primero y segundo, de actividades.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

LEGISLATURAS

Informo a la Asamblea que se han recibido diversos votos aprobatorios de los congresos estatales al proyecto de Decreto de reformas constitucionales, en materia de justicia para adolescentes.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con la recepción de los votos recibidos.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se va a realizar el escrutinio de votos recibidos, señor Presidente.

(Se realiza escrutinio)

Señor Presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, al proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, en materia de justicia para adolescentes.



En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de los 19 votos aprobatorios del proyecto de Decreto de referencia.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Les solicito ponerse de pie para la declaratoria de aprobación.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el Decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su aplicación.

La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente.

Favor de tomar asiento.

Aun cuando no está previsto en el Reglamento, esta Mesa Directiva considera que deberán intervenir, ante el interés de algunos grupos parlamentarios, hasta un orador u oradora por cada grupo parlamentario en orden descendente. ¿Les parece?

¿El grupo parlamentario del PRI tiene interés en participar?

¿A cargo de quién?

Don Daniel Amador Gaxiola, de bombero. Adelante, don Daniel.

Justicia para adolescentes, en orden descendente.

No, bueno, pero aquí el grupo parlamentario posiciona primero y así ya lo determiné.

El siguiente.

¿El grupo parlamentario del PAN tiene interés en participar?

Adelante, Senador Juan Carlos Romero Hicks.

¿El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática?

Adelante, Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenas tardes, señoras y señores.

Creo que iniciamos esta sesión de manera muy honrosa, hemos dado un paso importante en el Congreso Permanente que hoy se constata a partir de la declaratoria, en términos del artículo 135 constitucional, de una reforma muy importante para la adolescencia de nuestro país.

El lograr que el inciso c), de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, sea reformado y adicionado para que el Congreso de la Unión tenga la facultad para legislar, en una ley nacional, para crear el Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes Infractores, es realmente trascendental.

Tendremos que trabajar durante estas semanas, meses, para que en el próximo periodo ordinario de sesiones de la próxima legislatura, garanticemos una ley nacional que unifique en una sola ley, en un solo Decreto, un sistema que hoy tenemos disperso, un sistema que tenemos, también hay que decirlo, en muchos estados de la República contradictorio con el artículo 18 constitucional, que regresa en muchos aspectos al sistema tutelarista o al sistema mixto, y no va acorde a garantizar el debido proceso legal para adolescentes que se presume han infringido las leyes penales.

México dio un avance muy importante en 2006 al reformar el artículo 18 constitucional; sin embargo, en ese entonces no se pudo lograr unificar en un solo sistema para que derogara de manera estructural, de manera radical, el sistema tutelarista que imperaba, entonces, irregular, violatorio de los derechos humanos, violatorio de la Convención sobre los Derechos del Niño, y me parece que el gran salto que se da en la Constitución, en ese entonces, como un primer paso a lograr, es un sistema garantista en el sistema penal, en este caso para adolescentes infractores. Un sistema especializado más benigno, puntualmente, mucho más acorde a la edad, tomando consideración de la reinserción social, el que tiene que gozar de todos sus derechos humanos y, sobre todo, la responsabilidad del Estado para que esto se pueda lograr.

Crear un nuevo sistema significa tener autoridades especializadas en cada una de las etapas, desde la procuración de justicia, desde el Ministerio Público o la Fiscalía Especializada y, por supuesto, también en los lugares en donde tienen que estar, como dice la Constitución en su artículo 18, solamente como último recurso cuando se ha comprobado que están involucrados, que han cometido una infracción de manera grave a los ordenamientos penales.

Hoy tenemos que lograr, con esta ley, que se inicie el camino para su discusión y su próxima promulgación, con la declaratoria de esta reforma constitucional, necesariamente también unificar cómo deben ser las sanciones de privación de libertad, cuáles deben ser las medidas alternativas a la privación de libertad y cuál tiene que ser la responsabilidad de la asistencia social en el caso de quienes son personas menores de 12 años y quiénes tendrían qué recibir un tratamiento distinto a la privación de libertad de adolescentes entre 12 y menos de 14 años de edad.

Nos parece que vamos a poder discutir, de manera puntual, cómo tiene que trabajar el Estado mexicano para resarcir los derechos, sobre todo de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de riesgo, como lo hemos constatado con muchos hechos deleznables, en donde se ven involucrados como víctimas, pero también como victimarios, personas menores de 18 años de edad.

Creo que el paso que estamos hoy determinando en esta sesión de la Comisión Permanente al hacer esta declaratoria, necesariamente, y lo tengo que decir de manera puntual, también significa un éxito compartido de todos los grupos parlamentarios.

La discusión que dimos en el Senado de la República, particularmente quiero reconocer el trabajo del Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, al Senador Burgos García, que con toda diligencia garantizó que estos trabajos culminaran en esta reforma constitucional, que después con el aval puntual, pertinente, siempre comprometido de la Cámara de Diputados, y se inició el proceso hacia lograr lo que hoy ya es del conocimiento público, 19 congresos locales han aprobado esta reforma constitucional y hoy se hace la declaratoria en términos, insisto, del artículo 135 constitucional.

El mejor mensaje que podemos dar para adolescentes que infringen las leyes penales, es justamente ahora instalar los trabajos que permitan que distintas organizaciones especializadas y defensoras de derechos humanos, distintos funcionarios y funcionarias que son especialistas en el Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores: jueces, magistrados, defensores, etcétera, puedan ser consultados para que retomemos de ellos también las mejores experiencias y podamos concretar esta ley nacional.

Es cuanto, muchas gracias.

¡Y enhorabuena para el país y para los derechos de las y los adolescentes en México!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

¿El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista tiene interés en participar?

No, adelante.

¿El grupo parlamentario del Partido del Trabajo?

Adelante, Diputada Aguilar Gil.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente.

Cuando cerca del 2003 se empiezan a discutir, o probablemente en el 2002, las reformas especiales de justicia para niños y adolescentes, había un gran debate entre aquellos sistemas que se centran en la tutela, en el cuidado y la sobreprotección de los niños, y que la vieja escuela de las políticas públicas consideraba que no existía un fenómeno criminal entre los adolescentes.

Para aquellos que nos atrevimos a hablar de un sistema especial de justicia para adolescentes, se nos trataba como abusadores de niños, abusadores de adolescentes, y bueno, ya hasta por ser de izquierda, hasta de comeniños.

La realidad es que el día de hoy, en esta declaratoria que nos permite expedir la ley nacional de justicia para adolescentes, y que tiene como objetivo la creación de autoridades especializadas en materia de niños y adolescentes para su procesamiento en el tema de la impartición de justicia, la verdad es que tiene como fondo el fortalecimiento de un sistema jurídico que respete los derechos humanos de los adolescentes y los niños menores de edad, conocidos en situaciones de conflicto, y que finalmente tiene un reconocimiento: que hay un fenómeno criminal entre los adolescentes, pero que es un fenómeno criminal distinto.

En efecto, los niños y adolescentes en este país requieren tutela, pero también requieren un sistema jurídico especializado para ser tratados cuando cometan infracciones o delitos.

Como muchos de ustedes recuerdan, ha sucedido en mi estado, en Chihuahua, donde un grupo de niños y adolescentes jugando al secuestro deciden segar la vida de uno de estos niños, y que, finalmente, hoy la sociedad no solamente chihuahuense, sino en el país, sale a clamar para que haya castigo a estos niños que son malos.

El tema es: ¿quién decide quién es malo y quién es bueno? El tema es: ¿quién decide y quién estudia el fenómeno criminal de los adolescentes que tiene que ver no solamente con problemas socioeconómicos, sino que también tiene que ver con problemas sociales y del desgaste del tejido social de este país?

¿Quién da respuesta a estos adolescentes para poderlos llevar por el buen camino, si ustedes quieren ponerlo en esa frase, o para rehabilitarlos en un sistema de justicia que no los lleve a escuelas del crimen?

Yo recuerdo que en los inicios de esta discusión se decía que los tribunales para menores no eran más que eso, escuelas del crimen, donde los jóvenes iban y aprendían todas las mañas, para que dada su situación económica, su situación social, iban a salir inmediatamente a delinquir.

Parecía, entonces, que todos estos jóvenes y adolescentes que estaban marcados solamente por el nacimiento, solamente por la pobreza y solamente por este círculo vicioso, donde parecía que el sistema los expulsaba por falta de educación y por falta de oportunidades, estaban destinados a la delincuencia y al fracaso.

Esta reforma constitucional viene a acabar con esta creencia. Y acabar con esta creencia en la idea de que, en efecto, hay que tratar jurídicamente los asuntos de delitos de adolescentes y jóvenes, pero que también es posible, con el respeto a los derechos humanos y sin tutela, haciendo a los niños y a los adolescentes responsables por sus actos, en un proceso también educativo y de formación que no tendría que llevar a cabo el Estado, pero que así lo hará, que hay una salida alterna y que éste, el fenómeno criminal de los adolescentes, puede ser atendido.

Hay una ley que se ha discutido en ambas Cámaras, esta ley tiene todavía deficiencias para tratar el tema criminal de los adolescentes; pero nos congratulamos de esta reforma a los artículos 18 y 73 de la Carta Magna, que nos permitirá, finalmente, poder abrir a discusión y reconocer que entonces sí en estos pequeños detalles, y debo de coincidir, estamos avanzando a la modernidad.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada Aguilar Gil.

Se concede el uso de la palabra al Senador Arturo Zamora, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Distinguidas y distinguidos legisladores:

Este tema que hoy se ha compartido, de acuerdo a los comentarios de la Senadora Angélica de la Peña y de la Diputada Lilia Aguilar, son temas muy sensibles porque, precisamente, se refieren a una de las partes fundamentales de nuestra sociedad, que son la niñez y la juventud de los mexicanos.

Es una parte muy importante el hecho de que se haya construido en las comisiones de ambas Cámaras, donde participaron las comisiones correspondientes, para elaborar un proyecto que pudiese armonizar un tema que venía postergándose desde hace muchos años.

Seguramente que muchos de nosotros cuando éramos jóvenes y adolescentes, y cuando incluso tuvimos la oportunidad de acceder a las aulas, estábamos en ese tiempo en el debate de la llamada imputabilidad o inimputabilidad en razón de la edad de las personas que entraban en conflicto con la norma.

Recordamos, nosotros, aquellos principios de Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, que establecía la proporcionalidad de las penas, y así una evolución muy importante en el ámbito de la criminología que aportó, siempre, pues una serie de disposiciones legales que fueron aplicadas, muchas de estas veces, transgrediendo de manera irremediable los derechos elementales, los derechos fundamentales, los derechos esenciales y, por tanto, los derechos humanos de muchos niños y de muchos jóvenes, de acuerdo a la perspectiva de esas legislaciones, que apenas se estaba construyendo un modelo que pudiera tener una respuesta ante la ofensa social de comportamiento, que muchos de ellos se podían dar de manera directa, y otros en los que, desafortunadamente, participaban de manera indirecta, los menores de edad.

La dinámica de la sociedad que hoy nos lleva y nos ha llevado al análisis permanente del andamiaje jurídico penal, en las reformas que se han hecho dotando al Poder Ejecutivo de mejores y mayores instrumentos, tenía un pendiente, y el pendiente era, precisamente, lo que hoy constituye esta declaratoria de constitucionalidad, de lo que el Constituyente Permanente ha venido avalando por mayoría de 19 legislaturas, dando carta de naturaleza a lo que disponen los artículos 18 y 73 de la Constitución General de la República, lo cual dará paso, precisamente, para que todas las entidades de la República, en su oportunidad, lleven a cabo el proceso de armonización de normas que tienen, precisamente, los límites que se han venido construyendo debido a los esfuerzos que se han realizado en el ámbito convencional y en el ámbito constitucional de nuestro país.

Por esa razón es muy afortunado el hecho de que se lleve a cabo ese proceso de abrogación a una ley federal de justicia que sancionaba de manera intensa a los jóvenes que estaban en conflicto con la norma, para entrar en una etapa completamente diferente que permita, precisamente, que haya tratamientos de prevención, que haya tratamientos que bajo la óptica del trabajo social, bajo la óptica sociológica, bajo la óptica de la familia, de lo que la sociedad requiere en sus futuras generaciones, se tenga un planteamiento jurídico donde tanto las entidades federativas, el Distrito Federal y la propia Federación den el tratamiento más adecuado a todas y cada una de las personas que entren, precisamente, en conflicto con la sociedad.

Nosotros consideramos que es muy importante ahora la parte complementaria. Viene un trabajo secundario, hay 180 días a partir de lo que se establece en la propia ley, en los artículos transitorios, para construir, precisamente, bajo una óptica, con los límites de los parámetros que nos ofrece el respeto a los derechos humanos, pero también bajo la óptica de: qué tipo de justicia queremos tener hacia el futuro para que se garanticen los derechos de todos los mexicanos, que son los valores que están también tutelados en la propia norma penal.

Estos valores, que son, entre otros, la vida, la libertad y el patrimonio, no son otra cosa que bienes jurídicos que tenemos que proteger como Estado mexicano, pero que también cuando estos derechos han sido transgredidos a través de conductas, de acciones o de comisiones imprudentes o intencionales de jóvenes que entran en conflicto con la ley, tenemos que estar conscientes que la prioridad es que el tratamiento jurídico y el tratamiento psicológico, sociológico y de otra naturaleza que se incorporan en esta reforma, sean los adecuados para que se evite la reincidencia o la reiteración, dicho de una manera más técnica, y el respeto a los derechos de los menores en conflicto con la ley.

En suma, de lo que se trata es que tengamos leyes meramente preventivas que eviten, por un lado, el daño a la sociedad por la comisión de delitos y que garanticen, por otro lado, la incorporación de los jóvenes en conflicto con la ley a todo lo que le ofrece nuestra sociedad.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Senador Zamora Jiménez.

Antes de pasar al siguiente tema, informo a la Asamblea que se recibió el voto aprobatorio del Congreso del Estado de Puebla, al Decreto que reforma diversas disposiciones del artículo 73 constitucional, en materia justicia para adolescentes, cuya declaratoria y aprobación acabamos de concluir, con ese voto se reúnen 20 aprobaciones.





 

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, para presentar, a nombre de los Diputados Alejandro Rangel Segovia y Carmen Julieta Torres Lizárraga, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL NUMERAL III Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 2; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5, 32 Y 130 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por el Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, a nombre de los Diputados Carmen Julieta Torres Lizárraga y Alejandro Rangel Segovia, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Fernando de las Fuentes Hernández: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores:

En años recientes, se han incrementado de manera considerable los reclamos y existencias de millones de consumidores mexicanos frente a la creciente actividad productiva y empresarial y los procesos de apertura de nuestra economía, condición que obliga a la necesidad de contar con una normatividad que impidan lagunas jurídicas que provocan inequidad y agravios en perjuicio de la población. De ahí la necesidad de ajustar la legislación en materia de consumo y de derechos de los consumidores, tomando como base la experiencia y resultados de la declaración vigente.

En este contexto, la presente iniciativa propone disposiciones que, con base en la experiencia y particularidades en el comportamiento del mercado, regulen aquellos aspectos que afectan los intereses y derechos de la población consumidora, sobre todo la que se ubica dentro de segmentos de mayor vulnerabilidad social.

Dentro de las causas que más frecuentemente agravian a los consumidores destacan las relativas a: restricción del concepto de “proveedor”; vulnerabilidad de las previsiones relativas a información comercial y publicidad engañosa; inconsistencia del concepto y definición de “casas de empeño” e inconsistencia en el concepto de reincidencia en la violación de los derechos de la población consumidora.

Sin duda, una de las causas de indefensión que más agravia a millones de consumidores se deriva de la interpretación errónea de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que dispone: “Quedan exceptuadas de las disposiciones de esta ley, los servicios que se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo, los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil y los servicios que presten las sociedades de información crediticia”.

Lo anterior ha generado la interpretación de que los servicios que se prestan en consultorios médicos o de otra naturaleza como pueden ser de ingeniería, arquitectura, contabilidad, etc., quedan excluidos del ámbito protector de la ley, lo que ha generado la impunidad en la mala práctica de dichos servicios, en cuyos casos, se condena a millones de consumidores agraviados a intentar vías jurisdiccionales para las que no tienen capacidad de respuesta.

En tal virtud, se propone reformar el artículo 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el fin de evitar que las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor sean aplicables a quienes prestan cualquiera de los servicios indicados, independientemente de las acciones legales adicionales que sean conducentes.

Otra de las prácticas más nocivas y depredadoras en las relaciones de consumo, se refiere a la información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

La presente iniciativa propone que los productos y servicios que ofrecen al consumidor se acrediten mediante una certificación correspondiente, que son ciertas o veraces.

Por ello, se propone reformar el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objeto de garantizar a los consumidores, que la información comercial o publicidad con que se comercializan los productos a que se refiere el presente apartado, son veraces, con lo mismo, se evita que sean objeto de agravios económicos y la vulnerabilidad de su salud.

En lo que respecta a la protección de los derechos de los consumidores que realizan actos de consumo con las casas de empeño, constituidas como instituciones de asistencia privada, se ha dicho que la intención del legislador respecto a la actual definición de casas de empeño constituidas como instituciones de asistencia privada no persiguen lucro, lo que es totalmente erróneo, a partir del concepto de lucro, que no significa otra cosa más que utilidad, la cual tienen con creces, pues de otra manera no contarían con capacidad de respuesta para dirigir sus utilidades a distintos fines.

Por ello se propone reformar el artículo 65 Bis, para evitar la restricción o suspensión de los derechos de los consumidores que celebran actos de consumo con casas de empeño constituidas como instituciones de asistencia privada.

Por último, sobre el tema de la reincidencia, implica la reiteración de la intervención de violentar la norma, y en consecuencia, el discernimiento de su calificación temporal, lo que es indebidamente aprovechado por quienes reinciden usufructuando la temporalidad establecida por la ley.

Se ha encontrado que muchos reincidentes acaban por trasmutar su naturaleza comercial o de plano recurren a su extinción una vez que, con su reincidencia, obtienen enriquecimientos indebidos en perjuicio de los consumidores.

Bajo esa premisa, se propone reformar el artículo 130 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el fin de frenar la reiteración de la intención de violentar la norma en perjuicio de la población consumidora.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos, CARMEN JULIETA TORRES LIZÁRRAGAY y ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA, diputados a la LXII legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL NUMERAL IIIY SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 2; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5, 32 Y 130, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Derechos Sociales en México, emanan de la visión y perspectivas del Constituyente de 1917. Son preceptos imperativos e irrenunciables, más allá de la teoría de la autonomía de la voluntad de los particulares que frecuentemente se expresa sobre motivaciones de vulnerabilidad o injusticia.

Es facultad del Estado hacer cumplir de manera imperativa las normas tutelares que ha concebido para alcanzar la justicia como valor social. Para ello, está obligado a perfeccionar su propio régimen jurídico con el fin de aportar a sus instituciones de atribuciones y facultades que les permitan obtener ese valor.

De ahí pues, consideramos la necesidad de ajustar la legislación en Materia de Consumo y Derechos de los Consumidores, tomando como base las experiencias y resultados de la legislación vigente para contar con capacidad de respuesta a los reclamos y exigencias de millones de consumidores mexicanos frente a la creciente actividad productiva y empresarial y los procesos de desregulación y apertura de nuestra economía; condiciones que obliga a la necesidad de contar con una normatividad que impida lagunas jurídicas que provocan inequidad y agravios en perjuicio de esa población.

Bajo esa premisa, la presente iniciativa propone disposiciones que, con base en la experiencia y particularidades en el comportamiento del mercado regulen aquellos aspectos que afectan los intereses y derechos de la población consumidora; sobre todo, la que se ubica dentro de segmentos de mayor vulnerabilidad social.

Conforme al diagnóstico del comportamiento del mercado y de las relaciones de consumo, dentro de las causas que más frecuentemente agravian a los consumidores destacan las relativas a: restricción del concepto de “proveedor”; vulnerabilidad de las previsiones relativas a información comercial y publicidad engañosa; inconsistencia del concepto y definición de “casas de empeño” e inconsistencia en el concepto de reincidencia en la violación de los derechos de la población consumidora.

CONCEPTO DE PROVEEDOR

Sin duda, una de las causas de indefensión que más agravia a millones de consumidores se deriva de la interpretación errónea de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que dispone: “Quedan exceptuadas de la disposiciones de esta ley, los servicios que se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo, los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil y los servicios que presten las sociedades de información crediticia”.

Los preceptos: “servicios que se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo” y “los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil”, han generado la interpretación o conclusión de que los servicios que se prestan en consultorios médicos o de otra naturaleza como pueden ser de ingeniería, arquitectura, contabilidad etc., quedan excluidos del ámbito protector de la ley lo que ha generado la impunidad en la mala práctica de dichos servicios, en cuyos casos, se condena a millones de consumidores agraviados a intentar vías jurisdiccionales para las que no tienen capacidad de respuesta.

En términos jurídicos y objetivos, los servicios que se prestan en consultorios, bufetes o despachos, no emanan de una relación o contrato de trabajo en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone:

“Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le de origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos”.

Conforme a lo previsto por el artículo anterior, los servicios privados que prestan los profesionales de la medicina, “estética”, “embellecimiento” ingeniería o cualquier otra profesión, no generan ni producen ninguna subordinación del proveedor del servicio con el consumidor del mismo y, menos aún, el pago de un salario.

Habría que señalar que “subordinación”, significa la dependencia de una persona o una cosa respecto de otra o de otras, por las que está regida o a las que está sometida. En las relaciones de trabajo, la subordinación se tiene frente a un jefe.

Salario, significa la cantidad de dinero que debe recibir como mínimo cualquier persona por desempeñar un trabajo en jornada laboral completa.

Por cuanto hace al precepto: “servicios profesionales que no sean de carácter mercantil”, no resulta excluyente para la normatividad de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que, atendiendo a su factor y elemento objetivo, los actos son calificados como mercantiles en virtud de sus caracteres intrínsecos, cualquiera que sea el sujeto que los realice. Esto es, sin considerar a la persona que los lleva a cabo.

Respecto a que esa clase de servicios no se consideren como actos de comercio, habría que señalar que el sistema que adopta el Código de Comercio para definir los mismos es predominantemente objetivo determinando que se entiende como tales, a los de carácter lucrativo y, aún más, en su artículo 75 dispone que:

“La ley reputa como actos de comercio:

XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este Código, como son los considerados en la fracción

VI.- Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados”.

Adicionalmente, habría que señalar que la Ley Federal de Protección al Consumidor es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual cuenta con autonomía normativa respecto a la legislación en materia civil o mercantil.

En tal virtud, se propone reformar el artículo 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el fin de evitar que las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor sean aplicables a quienes prestan cualquiera de los servicios indicados, independientemente de las acciones legales adicionales que sean conducentes.

INFORMACIÓN COMERCIAL Y PUBLICIDAD ENGAÑOSA

Sin duda, una de las prácticas más nocivas y depredadoras en las relaciones de consumo se refiere a la información comercial y publicidad engañosa que emplean múltiples proveedores de bienes y servicios para engañar, defraudar o robar a millones de consumidores.

Al respecto, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone:

“Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior.

La Procuraduría Federal del Consumidor podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado”.

A pesar de ello, frecuente y sistemáticamente se puede observar, en forma directa y a través de los medios de comunicación decenas de casos relativos a productos y servicios que se comercializan mediante información comercial y publicidad inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa con la perversa intención de que los consumidores caigan en la confusión, error o engaño.

Desde luego, dentro de ese tipo de información y publicidad destacan las relativas a los llamados “productos milagro” que son aquellos que se presentan como la panacea para resolver problemas de salud, sexuales o de autoestima a través de pastillas, cremas, geles, fajas, jabones, shampoos y aparatos varios a los que se les atribuyen efectos para modificar el contorno corporal, perfeccionar funciones, recuperar el cabello, obtener belleza, impedir el envejecimiento, y, peor aún, para combatir o curar enfermedades terminales o la diabetes, osteoporosis, gastritis, obesidad, reumatismo, disfuncionalidad sexual, insomnio etc. etc. etc. Incluso el cáncer y la prestación de servicios para modificar y perfeccionar malformaciones corporales, problemas de drogas o alcoholismo y la disfunción eréctil.

Dichos productos se promueven a través de publicidad o infomerciales (algunos producidos en el extranjero) con escenarios paradisíacos que se trasmiten a través de anuncios, spots y barras televisivas; transmisiones radiofónicas y prensa.

Como estrategia, los fabricantes, distribuidores o comercializadores de esa clase de productos, regularmente se asocian y comparten negocios y riesgos con alguna empresa de tele mercadeo para ventas a través de números telefónicos.

Lo mismo sucede con muchos “productos milagro” que solo pueden adquirirse mediante llamadas telefónicas o a través de módulos móviles en centros comerciales o en locales exclusivamente para la venta de sus productos; locales que fácilmente desaparecen para evitar acciones legales.

Las consecuencias de dichos productos no se limitan a lo económico. Se extienden a la provocación de serios riesgos contra la salud.

La información comercial o publicidad engañosa no se circunscribe a “productos milagro”. En efecto, se extiende respecto a productos alimenticios, “medicamentos”, cosméticos, aparatos eléctricos y electrónicos, servicios automotrices, lotes de automóviles usados, telefonía (fija y móvil) tiempos compartidos, autofinanciamiento, “paquetes” de viajes” o de fiestas, líneas aéreas, talleres mecánicos, casas de empeño, funerarias, bebidas alcohólicas, servicios médicos, promociones y ofertas, gasolina y diesel, gas LP y natural, centros educativos, hoteles restaurantes, etc., etc., etc.

Baste al respecto señalar que, por cuanto hace al consumo de energéticos, en las gasolineras se sigue informando, engañosamente, que se despachan litros completos. Algunas, como forma de atracción anuncian o informan que “allí, si se despachan litros completos”. PROFECO ha declarado al respecto que, derivado de operativos de verificación ha encontrado que cuatro de cada cinco gasolineras revisadas han sido sancionadas por despachar litros incompletos.

Por cuanto hace a gas LP, la información comercial (taras) con que se venden miles de cilindros portátiles son falsos, en algunos casos, de manera escandalosa.

Respecto a bebidas alcohólicas, la Secretaria de Salud ha declarado que entre 40 y 50% de las que se consumen en México son de origen ilegal y clandestino y que 25 millones no cumplen con la normatividad en lo que se refiere a la información comercial contenida en sus etiquetas, por engañosa.

Al respecto, existe la percepción equivocada de que la adulteración de dichas bebidas se refiere a la incorporación o adición de sustancias ajenas a la presentación original, lo que es erróneo, ya que, conforme a lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley General de Salud, también se considera como bebidas alcohólicas adulteradas aquellas cuya composición no corresponde a la información comercial con que se comercializan. Es decir, cuando dentro de la etiqueta con que se expenden a los consumidores se informe de características, ingredientes, denominaciones genéricas o calidad que no sean veraces.

La preocupación y ocupación sobre la información comercial y publicidad ha sido evidente desde la promulgación de la primera Ley en la Materia, en cuya Exposición de Motivos se consideró como de gran relevancia en y para la regulación del mercado “porque se convierte en una herramienta natural e imprescindible para su ordenamiento. A través de ella es posible hacer del conocimiento público la calidad, precio y mejores condiciones de compra de los bienes y servicios ampliando y mejorando de este modo su oferta”, pero, sobre todo, para que los consumidores conozcan y decidan sobre aquellos que satisfagan sus necesidades.

Consideró el Legislador, que la información comercial “puede convertirse también en un instrumento privilegiado para hacer efectivo el traslado de los signos positivos de la gestión macroeconómica a la economía familiar, encaminándose a modificar hábitos y prácticas de consumo de la población que no se limiten a la búsqueda de mejores precios, sino que incluyen, también, criterios sobre utilidad y calidad de los productos. Esto puede facilitarse a través de una serie de disposiciones de índole legal que favorezcan una política informativa de profundidad, orientada a fortalecer, ampliar y diversificar las organizaciones de consumidores”.

Respecto a la información o publicidad comercial engañosa, desde entonces, se propuso “otorgar a la PROFECO la facultad expresa para ordenar la suspensión de la que pretendiera confundir o engañar a los consumidores. Esta facultad, se ejercería sin perjuicio de la intervención que otras disposiciones legales asignen a distintas dependencias o entidades públicas”.

Precisamente, por su naturaleza y relevancia, uno de los sectores en los que más se ha fijado el desarrollo de la protección jurídica del consumidor, es el combate contra la información y publicidad engañosa que provoca el consumismo artificial y afecta la libertad de contratación al inducir al consumidor a adquirir bienes o servicios que carecen de las características anunciadas o no producen la satisfacción de necesidades reales.

En ese sentido, habría que señalar que la regulación sobre información comercial y publicidad engañosa no se agota con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor. En efecto, la legislación en materia de radio y televisión y salud, también contiene disposiciones para evitarla. A esta última, se deben agregar las normas oficiales mexicanas que, como principio, ordenan que deba ser veraz y comprobable. Empero, la incidencia y prevalencia de la misma es evidente y sigue siendo una de las principales causas de agravios a millones de consumidores.

Conforme al diagnóstico y experiencias derivadas de la vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la legislación señalada, se ha encontrado que la incidencia y prevalencia de la información y publicidad comercial engañosa deriva de que la autoridad responsable sigue teniendo la responsabilidad de la “carga de la prueba” sobre el engaño o fraude de la misma, lo que, ante la gran cobertura material en la que se produce, implica la incapacidad de respuesta inmediata, generándose espacios de vacío que acaban por perjudicar y lesionar los derechos de los consumidores a nivel nacional.

Carga de la prueba que implica procedimientos de verificación, incluyendo pruebas de laboratorio que ante la magnitud del mercado nacional tienen resultados muy limitados y, en consecuencia, los agravios en contra de los consumidores prevalecen.

Si bien es cierto, la autoridad responsable tiene la obligación de acreditar las violaciones a lo previsto por la ley, también es cierto que los proveedores la tienen de que la información comercial y publicidad que utilizan para atraer a los consumidores sea, en términos de la ley, veraz y comprobable. Es decir, el deber y obligación primaria de los proveedores es la de acreditar que las características, ingredientes, efectos y hasta precios que anuncian, sea cierta y exacta.

Resulta incorrecto y hasta doloso, que haya proveedores que, ante el conocimiento de las limitaciones naturales y materiales de la autoridad, lo aprovechen para incurrir en información y publicidad engañosa, situación que, para cuando la autoridad interviene, ya se produjeron y efectuaron miles de operaciones de consumo irregulares. En muchos casos, cuando eso sucede, a muchos proveedores les basta extinguir sus negocios para que quede impune su conducta.

Adicionalmente, se debe hacer notar que los presupuestos que aplica la autoridad para comprobar la falsedad de la información y publicidad engañosa, son cuantiosos, con los resultados ya anotados.

La presente iniciativa pretende y propone que por elemental equidad y justicia, quienes atribuyen a los productos o servicios que ofrecen a los consumidores, composiciones, características, datos, prescripciones y efectos a través de la información comercial o publicidad que aplican para atraer a los consumidores, distribuir o comercializar los mismos, sean los que acrediten, mediante la certificación correspondiente, que son ciertas o veraces las mismas.

Sin duda, la propuesta significa un factor para garantizar los derechos de los consumidores y coadyuvar con las atribuciones y funciones de vigilancia y verificación de la autoridad competente, lo que permitiría que los recursos hoy aplicados, con los resultados señalados, puedan ser más efectivamente canalizados para el cumplimiento de los objetos de la ley y de la misma autoridad.

Con base en lo anterior, se propone que el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con el objeto de garantizar a los consumidores, que la información comercial o publicidad con que se comercializan los productos a que se refiere el presente apartado, son veraces, con lo mismo, se evita que sean objeto de agravios económicos y la vulnerabilidad de su salud.

CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE CASAS DE EMPEÑO

Con fecha 16 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, entre otros, el artículo 65 Bis de la Ley federal de Protección al Consumidor, el cual en su primer párrafo dice:

“ARTÍCULO 65 Bis.- Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, serán casas de empeño los proveedores personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes y autoridades financieras que en forma habitual o profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.”

Con la redacción antes indicada, prácticamente se excluyó del ámbito de la normatividad de la ley en materia de casas de empeño, a las que operan y funcionan como instituciones de asistencia privada, por más que las mismas también celebran contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, generándose con lo mismo la vulneración de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo Primero con relación al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Adicionalmente, la exclusión de la protección de los derechos de los consumidores que realizan actos de consumo con las casas de empeño constituidas como instituciones de asistencia privada significa violentar el principio de igualdad que establece y define el Derecho Mexicano en la Materia. En efecto, el artículo Primero de nuestra Carta Magna ordena que “todas las personas gozaran de los Derechos Humanos…., cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece”.

En consecuencia, resulta injustificado restringir o suspender los derechos de los consumidores que celebran actos de consumo con dichas instituciones.

Aún más, con el concepto o definición actual, contenida en el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se ha generado una seria contradicción con lo dispuesto por la fracción II del artículo 2 de la misma Ley, la cual define lo que es un proveedor, dentro de la cual encuadra exactamente dicha calidad de las casas de empeño, por lo que resulta inconsistente e injustificable que en el primer artículo se excluyan del ámbito del ordenamiento indicado.

No se puede olvidar o soslayar que la Ley Federal de Protección al Consumidor es Reglamentaria del Artículo 28 Constitucional y forma parte del Derecho Social, por lo que sus prescripciones son autónomas y no admiten limitaciones o restricciones frente a los derechos humanos de los consumidores.

A pesar de la restricción señalada, el Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas Tesis Jurisprudenciales, a través de las cuales determina que a las Instituciones de asistencia privada les resulta aplicable la Ley Federal de Protección al Consumidor y, por ende, es competente para supervisarlas y, en su caso, sancionarlas cuando tengan como actividad preponderante la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria.

La propuesta de reformar el artículo mencionado para cancelar la restricción que contiene actualmente no es caprichosa u obedece únicamente a un purismo legal o constitucional. Por el contrario, conforme al diagnóstico de las casas de empeño que operan como instituciones de asistencia privada, obedece a los siguientes factores:

I.- Se considera que alrededor del 50% de los consumidores - pignoratarios acuden a ellas. Porcentaje que representa alrededor de 9 millones de familias a nivel nacional. Es decir, conservadoramente, se trata de una cobertura de alrededor de 36 millones de personas;

II.- Las tasas de interés y costos anuales totales que, al menos dos de las tres que operan con esa naturaleza, se elevan hasta 128% anual. Es decir, al igual que las llamadas “mercantiles” incurren en inequidad y usura;

III.- Además de sus tasas de interés, incurren en diferentes irregularidades en perjuicio de los consumidores. Entre ellas, incumplen con la información que elementalmente se debe proporcionar a los consumidores dejándolos en estado de indefensión. Al respecto, dentro de los proveedores con más quejas respecto a casas de empeño, precisamente, se encuentra alguna institución de asistencia privada.

Se ha dicho que la intención del Legislador respecto a la actual definición de casas de empeño encontró su justificación en que las casas de empeño constituidas como instituciones de asistencia privada, no persiguen fines de lucro, lo que es totalmente erróneo a partir del concepto de “lucro” que no significa más que “utilidad”, la cual tienen con creces, pues de otra manera no contarían con capacidad de respuesta para dirigir sus utilidades a distintos fines. Entre otros, el sostenimiento de sus estructuras administrativas.

Con base en lo anterior, se propone la reforma del artículo 65 Bis para evitar la restricción o suspensión de los derechos de los consumidores que celebran actos de consumo con instituciones constituidas como de asistencia privada

REINCIDENCIA

El artículo 130 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone:

“ARTÍCULO 130.- Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un año, contado a partir del día en que se cometió la primera infracción”.

En materia de consumo, el periodo de un año que contempla actualmente la ley resulta excesivo frente a las consecuencias derivadas del incumplimiento de las prescripciones establecidas por la ley. Baste en este sentido señalar que en los casos de que un proveedor de gasolina incurra en la alteración de sus sistemas de medición en perjuicio de miles de consumidores, para convertirse en reincidente como agravante para la aplicación de sanciones, puede, teóricamente, seguir cometiendo el mismo agravio por 364 días seguidos para no convertirse en reincidente.

Lo mismo ocurre en materia de información comercial o publicidad engañosa, en donde, algunos proveedores pueden cometer la misma de manera continuada sin incurrir en reincidencia, hasta después de un año de venir cometiendo la violación.

Las consecuencias de esa continuidad son altamente graves y perniciosas por el impacto de la replicación de la violación. En efecto, la información o publicidad engañosa que utilice algún proveedor respecto bebidas alcohólicas repercute en cientos de tiendas o giros comerciales en todo el territorio nacional en perjuicio de millones de consumidores.

En realidad, la reincidencia representa la intención reiterada, tanto intelectual como material de proveedores que, a sabiendas, hacen de la violación un medio de enriquecimiento indebido e ilegal en perjuicio de la población consumidora.

La reincidencia, como agravante, implica la reiteración de la intención de violentar la norma y, en consecuencia, el discernimiento de su calificación temporal, lo que es indebidamente aprovechado por quienes reinciden usufructuando la temporalidad establecida por la ley.

Aunado a lo anterior, derivado de los casos sobre reincidencia en materia de consumo, se ha encontrado que muchos “reincidentes” acaban por trasmutar su naturaleza comercial o de plano recurren a su extinción una vez que, con su reincidencia, obtienen enriquecimientos indebidos en perjuicio de los consumidores.

Bajo esa premisa, se propone reformar el artículo 130 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con el fin de frenar la reiteración de la intención de violentar la norma en perjuicio de la población consumidora.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUEREFORMA EL NUMERAL III Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 2; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5, 32 Y 130, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Primero. Se reforman y adicionan a los artículos 2, 5, 32 y 130 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I.- (…)

(…)

II.- (…)

III.- Equidad, la proporcionalidad que debe existir en las relaciones de consumo respecto al valor real, legal, usual, común y ético sobre los precios, tarifas, tasas de interés o costos anuales totales que se cobra a los consumidores con relación a los productos o servicios que adquieren.

IV.- (…)

V.- (…)

ARTÍCULO 5.- Quedan exceptuadas de las disposiciones de esta ley, los servicios que se presten en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo y los servicios que presten las sociedades de información crediticia.

(…)

ARTÍCULO 32.-(…)

(…)

(…)

Para los efectos del presente artículo, los proveedores de bienes o servicios a los que se les atribuyan propiedades o efectos curativos, de modificación al entorno corporal, de freno del envejecimiento o de la recuperación de la juventud, bebidas alcohólicas y tabaco, para su comercialización, deberán contar con certificación de organismo acreditado para lo mismo que acredite la veracidad de la información comercial o publicidad que de los mismos se haga para su comercialización.

(…)

ARTÍCULO 65 Bis.-Para los efectos de lo dispuesto en la presente ley, serán casas de empeño los proveedores, personas físicas o morales no reguladas por leyes y autoridades financieras que en forma habitual o profesional realicen y oferten al público contrataciones y operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

(…)

(…)

(…)

(…)

ARTÍCULO 130.- Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de cinco años, contados a partir del día en que se cometió la primera infracción.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Julieta Torres Lizárraga.- Dip. Alejandro Rangel Segovia

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Rocío Reza Gallegos, a nombre del Diputado Guillermo Anaya Llamas, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 Y SE AGREGA UN TÍTULO DÉCIMO TERCERO A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por la Diputada Rocío Reza Gallegos, a nombre del Diputado Guillermo Anaya Llamas, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Rocío Reza Gallegos: Con la venia de la Presidencia. Señoras y señores legisladores:

A nombre de mi compañero, el Diputado José Guillermo Anaya Llamas, presento a consideración del Congreso de la Unión esta iniciativa para regular el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado mexicano.

El uso de la fuerza como medio para alcanzar la seguridad y la justicia, es un monopolio exclusivo del Estado que en México, está establecido el artículo 17 de nuestra Carta Magna, que tácitamente expresa: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

A ello corresponde esta facultad exclusiva de las fuerzas del Estado. El uso de la fuerza por parte de las instancias competentes de la Federación, estados y municipios, no es señal de ninguna manera de un Estado autoritario; en realidad, es una de las bases de un país democrático que pretende preservar el orden y proteger a las personas.

En el plano internacional, este hecho es claramente expuesto por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en la Sentencia del caso “Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador”, observa que:

“…la amenaza delincuencial, subversiva o terrorista invocada por el Estado como justificación de las acciones desarrolladas puede, ciertamente, constituir una razón legítima para que un Estado despliegue sus fuerzas de seguridad en casos concretos. Sin embargo, la lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar, tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos…”

Por nuestra parte, en un caso tan emblemático como el de Atenco en 2006, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pusieron atención en el particular. El máximo órgano jurisdiccional, en ejercicio de su hoy derogada facultad investigativa, se pronunció de forma unánime por “emitirse criterios que direccionen a futuro la actuación de las autoridades en cuanto al uso de la fuerza pública”.

Y en ese particular, el ombudsman nacional en su Recomendación General 12 del 26 de enero de 2006, exhortó a diversos funcionarios para que existiera capacitación, evaluación y equipamiento necesarios para el uso de la fuerza, así como la necesidad de una investigación seria cuando existan lesiones graves o pérdida de la vida derivadas del mismo, pero fundamentalmente, de que se “Tomen las medidas necesarias para que se incorporen en las leyes y los reglamentos respectivos, el Código de Conducta y los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego”.

Por nuestra parte, en un caso tan emblemático como el de Atenco en 2006, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pusieron atención en el particular. El máximo órgano jurisdiccional, en ejercicio de su hoy derogada facultad investigativa, se pronunció de forma unánime por “emitirse criterios que direccionen a futuro la actuación de las autoridades en cuanto al uso de la fuerza pública”.

Y en ese particular, el ombudsman nacional en su Recomendación General 12 del 26 de enero de 2006, exhortó a diversos funcionarios para que existiera capacitación, evaluación y equipamiento necesarios para el uso de la fuerza, así como la necesidad de una investigación seria cuando existan lesiones graves o pérdida de la vida derivadas del mismo, pero fundamentalmente, de que se “Tomen las medidas necesarias para que se incorporen en las leyes y los reglamentos respectivos, el Código de Conducta y los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego”.

Por un lado, la falta de homogeneidad en los criterios, y por otro, la jerarquía jurídica reducida y su bajo grado de publicidad hacen que el bien jurídico que pretende tutelar el derecho del uso de la fuerza carezca de positividad, y mientras hay corporaciones que cuentan con estándares de excelencia, hay otras que son más laxas, o inclusive, no cuentan con esos criterios. En el derecho a la seguridad, no pueden existir policías de primera, segunda o tercera, así como no hay ciudadanos de primera, segunda o tercera.

En la legislación secundaria federal, y en concreto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal, existen apenas un par de dispositivos que tocan el tema del uso de la fuerza, abriendo la posibilidad de que municipios y estados en el ámbito legislativo, y los tres niveles de gobierno en lo administrativo, regulen esta materia con amplia discrecionalidad.

¿Para qué se necesita una regulación uniforme del uso de la fuerza en México?

Fundamentalmente, se persiguen los siguientes objetivos:

Primero. Proteger la dignidad humana de las personas.

Segundo. Asegurar y fomentar el papel de los agentes del Estado autorizados para el uso de la fuerza.

Tercero. Respetar la autonomía de estados y municipios, así como el Poder Ejecutivo de la Federación al establecer estándares mínimos no limitativos.

Cuarto. Cumplir con la obligación implícita de la suscripción de un instrumento internacional, de incorporarlo a la legislación y a la actuación gubernamental internas.

Señoras y señores legisladores: Acción Nacional considera necesario brindar a las fuerzas del orden un marco jurídico adecuado, nítido y eficaz para que cumplan con su cometido, en aras de resguardar la seguridad e integridad de las personas, y que también proteja los derechos fundamentales de la sociedad en general, y en caso necesario, propiciar que el Estado pueda ejercer su potestad de hacer el uso de la fuerza pública en forma legítima y sin abusos, con el propósito también de resguardar el orden y la paz públicas, ya que la democracia no está peleado con el orden.

Esta iniciativa que hoy se presenta para su posterior dictamen, cumple con este objetivo primordial, que es perfeccionar nuestro marco legal secundario para el uso legítimo de la fuerza pública por parte del Estado mexicano, y preservar las libertades fundamentales de todos los mexicanos frente a posibles amenazas de regresión y de autoritarismo.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS, Diputado de la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General De Los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 Y SE AGREGA UN TÍTULO DÉCIMO TERCERO A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

El uso de la fuerza como medio para alcanzarla seguridad y la justicia es un monopolio del Estado. Por virtud del artículo 17 de nuestra Carta Magna, los particulares no pueden hacer justicia por sí mismos, ni ejercer la violencia para reclamar su derecho.

A ello, corresponde esta facultad exclusiva de las fuerzas del Estado. El uso de la fuerza por parte de las instancias competentes de la Federación, Estados y Municipios, no es señal de ninguna manera de un Estado autoritario; en realidad, es una de las bases de un país democrático que pretende preservar el orden y proteger a las personas.

En el plano internacional, este hecho es claramente expuesto por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en la Sentencia del caso “Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador”, observa que:

“…la amenaza delincuencial, subversiva o terrorista invocada por el Estado como justificación de las acciones desarrolladas puede, ciertamente, constituir una razón legítima para que un Estado despliegue sus fuerzas de seguridad en casos concretos. Sin embargo, la lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar, tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos…”

Por nuestra parte, en un caso tan emblemático como el de Atenco en 2006, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pusieron atención en el particular. El máximo órgano jurisdiccional, en ejercicio de su hoy derogada facultad investigativa, se pronunció de forma unánime por “emitirse criterios que direccionen a futuro la actuación de las autoridades en cuanto al uso de la fuerza pública”.

Y en ese particular, el ombudsman nacional en su Recomendación General 12 del 26 de enero de 2006, exhortó a diversos funcionarios para que existiera capacitación, evaluación y equipamiento necesarios para el uso de la fuerza, así como la necesidad de una investigación seria cuando existan lesiones graves o pérdida de la vida derivadas del mismo, pero fundamentalmente, de que se “Tomen las medidas necesarias para que se incorporen en las leyes y los reglamentos respectivos, el Código de Conducta y los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego”.

La condición para que el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado tenga un lugar en democracia, es que este sea legítimo. Legítimo en sus medios, oportunidad y fines. Por ello, existe la necesidad de que existan instrumentos jurídicos que acoten la actividad a aquellas metas de interés del Estado.

En México, existe una pluralidad de normas de carácter general o especial que regulan el uso de la fuerza. Protocolos, manuales, circulares y demás directivas son la principal fuente reguladora de esa materia, con algunas entidades como Morelos o el Distrito Federal que cuentan con una Ley para su ámbito territorial de aplicación; esto, sin descuidar que la graduación en el uso de la fuerza en la mayor parte de las corporaciones atiende a usos y costumbres en el ejercicio de la función de seguridad pública.

Por un lado, la falta de homogeneidad en los criterios, y por otro, la jerarquía jurídica reducida y su bajo grado de publicidad hacen que el bien jurídico que pretende tutelar el derecho del uso de la fuerza carezca de positividad, y mientras hay corporaciones que cuentan con estándares de excelencia, hay otras que son más laxas, o inclusive, no cuentan con esos criterios. En el derecho a la seguridad, no pueden existir policías de primera, segunda o tercera, así como no hay ciudadanos de primera, segunda o tercera.

En la Legislación Secundaria Federal, y en concreto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal, existen apenas un par de dispositivos que tocan el tema del uso de la fuerza, abriendo la posibilidad de que Municipios y Estados en el ámbito legislativo, y los tres niveles de gobierno en lo administrativo, regulen esta materia con amplia discrecionalidad.

La problemática parte entonces de dos vertientes: la falta de publicidad y uniformidad en los criterios de uso de la fuerza – o en ocasiones su ausencia absoluta – y la falta de homologación de los criterios existentes con el Marco Internacional de los Derechos Humanos, que tiene observancia en nuestro País por ministerio Constitucional.

Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 7 de septiembre de 1990, representan un esfuerzo de dicho organismo internacional para dar un marco básico de disposiciones y procedimientos en este tema.

Estos principios, tienen la función de “asegurar y fomentar el papel que corresponde a los funcionarios”, y no de limitarlos; y “deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus respectivas legislaciones y prácticas nacionales”, así como “señalarse a la atención de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”. Sin embargo, no existe un acogimiento unánime de este marco de referencia para construir ordenamientos internos en México.

¿Para qué se necesita una regulación uniforme del uso de la fuerza en México? Fundamentalmente, se persiguen los siguientes objetivos:

• Proteger la dignidad humana de las personas, al circunscribir la actuación en empleo de la fuerza de la autoridad a principios, situaciones específicas, procedimientos y niveles graduales; atendiendo a las disposiciones constitucionales de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos.

• Asegurar y fomentar el papel de los agentes del Estado autorizados para el uso de la fuerza, ya que desarrollar en los mismos un criterio de actuación que elimine el proceso de deliberación y agilice sus acciones en situaciones que, generalmente, requieren de su acción decidida en segundos, protege su integridad y la de las personas y bienes que son objeto de su tutela.

• Respetar la autonomía de Estados y Municipios, así como del Poder Ejecutivo de la Federación, al establecer estándares mínimos no limitativos, a partir de los cuáles pueden construirse esquemas institucionales que abunden sobre el tema, pero conservando una base irreductible de disposiciones que uniforme el actuar de los cuerpos de seguridad.

• Cumplir con la obligación implícita de la suscripción de un instrumento internacional, de incorporarlo a la Legislación y a la actuación gubernamental internas, además de lo que ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis “FUERZA PÚBLICA. SU EJERCICIO DEBE SER OBJETO DE DESARROLLO NORMATIVO A NIVEL LEGAL, REGLAMENTARIO Y PROTOCOLARIO, PERO AUN ANTE IMPREVISIÓN U OMISIÓN DE ESE DESARROLLO ES VERIFICABLE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE SU EJERCICIO” Y “SEGURIDAD PÚBLICA. NO BASTA LA PREVISIÓN DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIJAN LA FUERZA PÚBLICA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS PARA NORMAR SU ACTIVIDAD, SINO QUE SU USO DEBE SER OBJETO DE DESARROLLO NORMATIVO A NIVEL LEGAL, REGLAMENTARIO Y PROTOCOLARIO”, y aún más importante lo que señala la tesis “SEGURIDAD PÚBLICA, FUERZA PÚBLICA Y ACTOS DE POLICÍA. LAS OMISIONES LEGISLATIVAS EN ESAS MATERIAS PROPICIAN POR SÍ MISMAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS”, que a la letra dice:

“La existencia de omisiones legislativas y reglamentarias en materia de actos de policía, fuerza pública y seguridad pública, propician por sí mismas condiciones de vulnerabilidad de los derechos humanos, particularmente del derecho a la protección de la vida y de la integridad personal (física y psicológica)… la ausencia de estas medidas normativas permite que la fuerza pública se ejerza irresponsablemente, lastrando el avance hacia una cultura policial democrática”

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Se reforma el último párrafo del artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que no exista un conflicto con la regulación propuesta como Título Décimo Tercero del mismo cuerpo normativo, requiriéndose a los integrantes de las instituciones policiales un uso de la fuerza acorde al mismo.

La propuesta de un apartado específico y detallado sobre uso de la fuerza, se divide en cuatro capítulos: Aspectos generales, Límites al uso de la fuerza letal, Casos específicos del uso de la fuerza, y Obligaciones y responsabilidad de las instituciones y de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el uso de la fuerza.

En el primer capítulo, se establecen los principios, circunstancias y niveles del uso de la fuerza, de acuerdo a los estándares internacionales y de la legislación comparada en la materia. La doctrina y la jurisprudencia han variado en cuanto al número y sustancia de los principios para el uso legítimo de la fuerza, siendo incorporados para efectos de esta Ley los que cuentan con mayor consenso y se considera tienen mayor implicación práctica: la racionalidad, la necesidad y la proporcionalidad.

Aunados a ellos, se agregan los principios de legalidad y responsabilidad, que están en el centro del actuar público de las fuerzas de seguridad en cualquier País que se considere como democrático y respetuoso del Estado de Derecho y la rendición de cuentas.

Estos principios deben observarse para el uso de la fuerza, cuyas circunstancias se encuentran limitadas y deben entenderse de una forma restrictiva en vez de enunciativa; y jerarquizando dentro de ellos el de la protección de los derechos fundamentales de las personas.

En cuanto a los niveles en el uso de la fuerza, donde se remarca la flexibilidad con la que deben contar los agentes del Estado, encumbrada en el aspecto diferenciado del uso de la fuerza; pero a su vez, restringida por la exigencia de progresividad y correlatividad a la amenaza enfrentada.

En el siguiente capítulo, se exponen también las circunstancias, procedimiento y condiciones para el uso de la fuerza letal. Reiterando que el uso de la fuerza en general es la última razón de la autoridad, el uso de la fuerza letal es una opción aún más restringida. Todo lo relativo al uso de la fuerza letal, debe interpretarse de forma restrictiva sin excepción.

El tercer capítulo habla de situaciones especiales donde puede usarse la fuerza por los agentes del Estado, enlistando las hipótesis en las reuniones públicas de personas, en detenciones o en los centros de reinserción social, donde el marco internacional de los derechos humanos ha señalado formas de proceder especiales.

El principio de responsabilidad en el uso de la fuerza se contiene en el último capítulo del Título propuesto, y a su vez se desdobla en tres aspectos de la responsabilidad: el de las instituciones, el de los individuos, y el de la obligación de dejar constancia del uso de la fuerza, sus motivos y circunstancias y la responsabilidad por su abuso.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, se propone la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 Y SE AGREGA UN TÍTULO DÉCIMO TERCERO A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Único. Se reforma el último párrafo del artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se agrega a la misma un Título Décimo Tercero, para quedar como sigue:

Artículo 41.- …

I. a XI.

Siempre que se use la fuerza pública deberá apegarse al Título Décimo Tercero de esta Ley, a las disposiciones normativas y administrativas aplicables expedidas de conformidad con esta Ley.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DEL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES DEL USO DE LA FUERZA

Artículo 153.- Siempre que se use la fuerza, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán hacerlo conforme a los siguientes principios:

I. Legalidad. El uso de la fuerza debe tener por objeto cumplir con los fines de la seguridad pública, establecidos en la Constitución, y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

II. Racionalidad. La intensidad, la oportunidad y los medios en el uso de la fuerza debe ser resultado de una decisión que tome en cuenta de manera diferenciada en cada caso el objetivo legítimo que se persigue y las circunstancias del caso, del sujeto a controlar, de los terceros y del policía.

III. Necesidad. El uso de la fuerza debe darse únicamente cuando es estrictamente necesario para el objetivo legítimo que se persigue y las circunstancias del caso, del sujeto a controlar, de los terceros y del policía.

IV. Proporcionalidad. El uso de la fuerza debe aplicarse a través de los medios y con la intensidad que correspondan a la magnitud y duración de la amenaza o resistencia que se busca controlar.

V. Responsabilidad. El uso de la fuerza de manera indebida será injustificable, y en todo caso será evaluado y revisado para determinar responsabilidades civiles, administrativas y penales tanto de quien lo ejecuta como de quien lo ordena.

El orden establecido en la numeración de estos principios no debe interpretarse como una jerarquía de valores. La actuación del agente del Estado debe realizarse en función de todos ellos.

Artículo 154.- El uso de la fuerza se llevará a cabo siempre que no haya otros medios más eficaces para garantizar el logro del objetivo legítimo de las Instituciones de Seguridad Pública, y podrá emplearse únicamente en las siguientes circunstancias:

I. Protección de los derechos humanos de las personas;

II. Preservación del orden y la paz públicos;

III. Prevención de la violencia y la delincuencia;

IV. Control, repelencia o neutralización de la resistencia opuesta por un sujeto; y

V. Legítima defensa, de acuerdo a su regulación por la Legislación Penal.

No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna, los desastres naturales o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el uso de la fuerza ni la violación de los principios que deben observarse.

Artículo 155.- El uso de la fuerza deberá hacerse de una forma diferenciada, al tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y persona; y progresiva, incrementándose o disminuyéndose en correspondencia a la amenaza o resistencia opuesta.

Los niveles en el uso de la fuerza son:

I. Presencia disuasiva;

II. Órdenes no amenazantes al sujeto que presenta resistencia o amenaza de que desista de la misma;

III. Control físico del sujeto que presenta resistencia o amenaza por medio de acciones corporales;

IV. Control físico del sujeto que presenta resistencia o amenaza por medios complementarios de limitación de movimientos;

V. Utilización de fuerza no letal; y

VI. Utilización de fuerza letal.

La progresión en los niveles en el uso de la fuerza será responsabilidad del integrante de las Instituciones de Seguridad Pública, y no será obligatoria siempre y cuando la escalada o disminución de la resistencia o amenaza sea superior a la gradualidad propuesta, y se haya privilegiado la disuasión por presencia u órdenes verbales.

Salvo en los casos previstos en las fracciones I y II de este artículo, deberá darse advertencia clara y entendible de que, de continuar la resistencia o amenaza por parte del sujeto, el integrante de las Instituciones de Seguridad Pública procederá al uso del nivel de fuerza correspondiente, así como ordenará al sujeto que desista de su actuar, dándole un espacio de tiempo razonable para que entienda las consecuencias de su negativa a cumplir.

CAPÍTULO II
LÍMITES AL USO DE LA FUERZA LETAL

Artículo 156.- El uso de fuerza letal es todo medio empleado para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia o amenaza de una o varias personas, cuya naturaleza implica que su utilización hace probable que se cause un daño severo o la muerte de una persona.

El uso de la fuerza letal solamente podrá ocurrir siempre que no existan medios menos extremos que sean suficientes para:

I. Efectuar legítima defensa propia o de terceros, siempre que exista peligro inminente de muerte o lesiones graves;

II. Evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una grave amenaza para la vida; o

III. Detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga.

Artículo 157.- La utilización de la fuerza letal debe darse cuando es inevitable. Al llevarse a cabo, los agentes del Estado deberán observar lo siguiente:

I. Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;

II. Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;

III. Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;

IV. Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o personas allegadas de las personas heridas o afectadas, así como la ubicación del sujeto herido o afectado; y

V. En caso de lesiones o muerte, se comunicará el hecho inmediatamente a los superiores jerárquicos, para que se inicie la investigación y determinación de responsabilidades correspondiente.

CAPÍTULO III
CASOS ESPECÍFICOS DEL USO DE LA FUERZA

Artículo 158.- Las Instituciones de Seguridad Pública en todo caso respetarán el derecho de libre reunión pacífica de las personas. La presencia de sus integrantes en las reuniones pacíficas, será reducida y con el único objeto de proteger este derecho.

Artículo 159.- El uso de la fuerza en reuniones públicas únicamente será admisible cuando:

I. Las personas reunidas porten armas;

II. Las personas reunidas hagan uso de amenazas de violencia inminente;

III. Las personas reunidas cometan algún delito o perturben la paz pública; o

IV. Las personas reunidas pongan en riesgo la vida, seguridad o integridad de las mismas, o de terceros.

El objetivo del uso de la fuerza en estos casos solamente será el de disolver las reuniones públicas, en los términos del artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En caso que se tenga conocimiento previo de reuniones públicas que entren en las hipótesis previstas en el presente artículo, las Instituciones de Seguridad Pública planearán los operativos necesarios para garantizar los derechos humanos de las personas reunidas y de terceros, y previendo, de ser posible, alternativas distintas al uso de la fuerza para controlar, repeler o neutralizar los actos de amenaza o resistencia de las personas reunidas.

Artículo 160.- En la detención de personas, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública solo podrán usar la fuerza si la persona a ser detenida se rehúsa a acompañar voluntariamente al integrante a presentarlo ante la autoridad correspondiente, y con previa identificación del elemento en su calidad de integrante de las Instituciones de Seguridad Pública, e información al sujeto de las razones por las que se le detiene.

Si la persona a ser detenida no está armada, se buscará usar medios distintos al uso de la fuerza física en la medida de lo posible, y se minimizará el daño que se pueda causar a la persona a ser detenida y a terceros.

En caso que la persona a ser detenida esté armada o ejerza violencia contra el integrante de las Instituciones de Seguridad Pública o de terceros, se procederá de la manera siguiente:

I. Se tomará en cuenta la integridad propia y de terceros potencialmente afectados en la situación;

II. Se intentará disuadir a la persona de reducir su nivel de amenaza;

III. De no ser disuadido, se le ordenará desprenderse y alejarse del arma, para luego inmovilizar y someter a la persona;

IV. Se remitirá tanto a la persona como al arma que esta portaba a la autoridad correspondiente en el menor tiempo posible; y

El hecho de que la persona a ser detenida esté armada no implica necesariamente el uso de la fuerza letal. Bajo el criterio de racionalidad, el agente del Estado solamente hará uso de ese tipo de medios en los casos señalados en los artículos 156 y 157 de esta Ley.

Artículo 161.- Los mecanismos de inmovilización de manos o pies en detenciones se utilizarán únicamente si existe resistencia agresiva del sujeto o posibilidad de fuga.

La presión utilizada en los mismos, así como la duración en que se emplee, será únicamente la indispensable para que los mecanismos de inmovilización cumplan con su objetivo, causando el menor daño posible a la integridad del sujeto detenido.

En caso de lesiones supervinientes causadas por estos mecanismos, se practicarán diligencias objetivas para determinar si existe responsabilidad del integrante de las Instituciones de Seguridad Pública, o si fueron infringidas por el propio sujeto detenido.

Artículo 162.- En la prisión preventiva o ejecución de penas, el uso de la fuerza será justificable únicamente en las hipótesis previstas en esta Ley, así como para mantener la seguridad y el orden dentro de la institución, así como para garantizar la seguridad personal de las personas dentro del mismo.

CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES Y DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL USO DE LA FUERZA

Artículo 163.- Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en esta Ley, en materia de uso de la fuerza serán obligaciones de:

Las Instituciones de Seguridad Pública:

a. Expedir y aplicar normas de carácter general sobre el uso de la fuerza y su evaluación, así como protocolos, manuales y demás normas de carácter específico que faciliten su implementación;

b. Dotar a sus integrantes de la cantidad más amplia posible de equipamiento de protección, armamento y métodos distintos a los medios de uso de la fuerza letal, de modo que puedan hacer un uso racional y proporcional de la fuerza;

c. Coordinarse con otras autoridades, en caso de operativos conjuntos, para prever los niveles y medios de uso de la fuerza para el cumplimiento del objetivo legítimo perseguido;

d. Abstenerse de sancionar a sus integrantes por oponerse a una orden de hacer uso de la fuerza de forma contraria a la establecida en esta Ley;

e. Formar y capacitar a sus integrantes, tanto en la fase inicial como en la continua, en el uso de la fuerza, con el objetivo de generar un criterio práctico en los mismos, así como en el uso de medios no violentos para el control de situaciones y para la solución de conflictos;

f. Orientar y asesorar a sus integrantes cuando hayan usado la fuerza, y requieran de dicho apoyo para el manejo psicológico de la situación;

g. Garantizar que las personas contra las que se haya usado la fuerza accedan, en su caso, a un recurso legal e indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el uso de la fuerza;

h. Proporcionar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o a los órganos protectores de los Derechos Humanos de los Estados y Municipios, la información sobre el uso de la fuerza en los casos que solicite, y

i. Evaluar de forma periódica a sus integrantes para determinar su aptitud para el uso de la fuerza; y en los casos específicos en que un integrante haya usado la fuerza letal.

Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública:

a. Oponerse a las órdenes superiores cuando impliquen el uso de la fuerza de manera contraria a la establecida en esta Ley;

b. De ser superior jerárquico, abstenerse de ordenar o permitir el uso de la fuerza de manera contraria a la establecida en esta Ley;

c. Informar ante las instancias correspondientes del uso de la fuerza de manera contraria a la establecida en esta Ley;

d. Garantizar que las personas contra los que se haya usado la fuerza, reciban primeros auxilios y atención médica de ser necesario;

e. Informar a su superior jerárquico si existió en el cumplimiento de su deber uso de la fuerza, y registrar este hecho en el Informe Policial Homologado; y

f. De ser superior jerárquico, corroborar los hechos informados y, en su caso, iniciar los procedimientos de investigación respecto a la legitimidad en el uso de la fuerza ante las autoridades correspondientes.

Artículo 164.- En el informe referido en el inciso d de la fracción II del artículo anterior, deberán constar al menos los siguientes datos:

I. Datos que identifican al agente del Estado y su cargo;

II. Circunstancias que justificaron el uso de la fuerza;

III. Nivel de uso de la fuerza ejercido y su medio;

IV. En su caso, si existió afectación personal o material derivada del uso de la fuerza, y su justificación; y

V. En su caso, identificar el arma o técnica de fuerza letal utilizada y la cantidad de veces que se utilizó.

Artículo 165.- El integrante de las Instituciones de Seguridad Pública, que ejerza, ordene, autorice, permita o no informe a las autoridades competentes del uso de la fuerza de manera contraria a la establecida en esta Ley, será sujeto de responsabilidad civil, administrativa y penal.

En todo procedimiento, el integrante de las Instituciones de Seguridad Pública que esté sujeto al mismo, gozará de las garantías sustantivas y procesales previstas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que sea parte el Estado mexicano.

La orden, autorización, permiso o falta de informe a la autoridad competente en caso del uso de la fuerza de manera contraria a la establecida en esta Ley, por parte de una autoridad política, se encontrará sujeta en los mismos términos a las responsabilidades señaladas en el presente artículo.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Poderes Legislativos locales adecuarán su legislación a lo dispuesto en el presente Decreto, en un plazo no mayor a seis meses a partir de su entrada en vigor.

Tercero. Las Instituciones de Seguridad Pública, expedirán las disposiciones administrativas conformes a lo dispuesto en el presente Decreto para su aplicación, en un plazo no mayor a un año a partir de su entrada en vigor.

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Comisión Permanente, el 3 de junio del 2015.

Dip. José Guillermo Anaya Llamas.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada Reza Gallegos. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Amalia García Medina, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 11 constitucional, en materia de población desplazada.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE POBLACIÓN DESPLAZADA

(Presentada por la Diputada Amalia García Medina, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Amalia García Medina: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Quiero recordar que hace unos cuantos días recibimos en una sesión especial al Presidente de Colombia, hicimos no solamente una gran recepción, un gran reconocimiento al Presidente Santos, sino que aquí se aplaudió con un gran entusiasmo el informe que él dio y que quiso compartirnos sobre lo que han hecho en Colombia, con un reto gigantesco que han afrontado en relación con los desplazados.

Y aquí nos dio a conocer lo que hoy ya es una ley, la Ley de Reparación del Daño a Víctimas de la Violencia del Narcotráfico, pero esta ley está dirigida específicamente a atender a los desplazados.

¿Qué nos dijo el Presidente Santos?

Y aquí, insisto, lo aplaudimos, le reconocimos además que han afrontado retos y nos vimos en el espejo de Colombia, y nos hemos visto no solamente en su problemática, sino también en las respuestas que han ido construyendo.

Lo que dijo es que, a partir de esta ley y la decisión del Estado colombiano, se ha hecho justicia a 500,000 desplazados, medio millón de desplazados; pero además, señaló que las víctimas, puesto que él subrayaba que los derechos de las víctimas implicaban que tenía que garantizárseles su derecho a la verdad; que tenía que garantizárseles la reparación del daño, y que además tenían derecho a la justicia.

Él señalaba que esa acción hacia 500,000 personas, hombres y mujeres colombianos, familias colombianas, era apenas el inicio, porque él reconoció que las víctimas de desplazamiento en Colombia eran de 6 millones de personas, una cifra impresionante, 6 millones de personas, pero la decisión fue afrontar esto, asumirlo y reconocerlo.

En el caso de nuestro país, ya existe un enorme compromiso porque hemos firmado como nación, como país, como gobierno, distintos instrumentos internacionales.

Qué dice, por ejemplo, el párrafo dos de los Principios Rectores del Representante del Secretario General de la ONU para Desplazados Internos, dice: “Son desplazados internos aquellas personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

Es decir, está hablando de desplazados internos, las Naciones Unidas, y no se trata, hay que subrayarlo aquí, de refugiados; porque los refugiados son aquellos que cruzan una frontera; en el caso de los desplazados internos, se trata de aquellos que se mueven, que tienen que salir forzados por las circunstancias dentro del propio territorio nacional.

¿Y qué significa para los gobiernos este desplazamiento?

Significa ni más ni menos que puesto que no han cruzado una frontera, les asisten todos los derechos a ellos, pero también al gobierno todas las obligaciones para darles protección y asistencia, y el gobierno está obligado a brindarles protección, asistencia, tal como lo está haciendo el gobierno colombiano, y como lo han hecho otros. No solamente el gobierno mexicano está obligado a brindar protección y asistencia a los desplazados, sino que se han firmado instrumentos internacionales que obligan al gobierno mexicano, ahí están los Convenios de Ginebra, los protocolos facultativos, la Declaración de Cartagena, y yo subrayaría la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, agrega personas desplazadas que son, insisto, aquellos que están aquí.

Ya desde 2002, imagínense, hace 13 años, por invitación del propio gobierno mexicano, estuvo aquí un representante especial para desplazados internos de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, realizó una visita a nuestro país, hace 13 años, el 28 de agosto de 2002, y observó las causas de desplazados aquí en nuestro país.

En ese momento el gran tema de debate era los desplazados en Chiapas, por distintas causas, por conflictos internos, también hemos tenido desplazados como lo señaló este propio representante especial de desplazados de Naciones Unidas, por disputas por la tierra, por intolerancia religiosa y, por supuesto, por tráfico de drogas, ya lo señalaba desde 2002.

De tal manera, que a 13 años lo que hoy tenemos es una situación extremadamente compleja, difícil, pero obligaciones del Estado mexicano.

Yo quiero señalar que hace poco, en un estudio que se acaba de dar a conocer por el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos que tiene su sede en Ginebra, sobre México, señalaba que en México existían, documentado por este Centro, y señalaban que no eran cifras definitivas, al menos 281 mil desplazados internos debido a la violencia ligada al tráfico de drogas, a la violencia por los grupos del crimen organizado, pero que era fundamental que el gobierno mexicano reconociera este desplazamiento interno.

Es por ello que requerimos asumir este gran problema, también hay que subrayar que en este informe se señalaba, se trata de las peores cifras de desplazamientos forzados en una generación, lo que pone de manifiesto nuestro fracaso absoluto para proteger a civiles inocentes.

A finales de 2014, también se señalaba, en informes que han hecho expertos, que habían alrededor de 7 millones de desplazados internos en el Continente Americano, 7 millones de desplazados internos y esto iba a la alza, por supuesto quien lo ha documentado plenamente es Colombia, nosotros no solo debemos documentarlo, sino que debemos reconocerlo, se debe reconocer y visibilizar a quienes son víctimas, pero al mismo tiempo tienen derechos y debe existir la obligación del gobierno mexicano de brindarles protección y asistencia.

El artículo 1o. de la Constitución, que es un artículo que mencionamos con frecuencia y del cual nos sentimos muy orgullosos, orgullosas, porque pone en el centro la obligación de respetar los derechos humanos, nos tiene que llevar a un siguiente paso.

Y por eso, por lo tanto, propongo una adición al artículo 11 constitucional, que es un artículo que trata de la movilidad, del derecho a entrar y salir de la República Mexicana, que nos asiste a todas y todos los mexicanos del derecho a viajar por nuestro territorio, y de mudar de residencia, pero habla aquí del derecho, no por causas forzadas.

Y por eso creo que en el artículo 11 constitucional, tenemos que agregar como parte de esta movilidad, también aquella que se da forzada por las circunstancias.

De tal manera que la propuesta de adición es la siguiente:

El Estado, con la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y en los términos que disponga la ley en la materia, garantizará la seguridad y restitución de sus derechos a las personas que por los efectos de, o para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, sean desplazadas de su lugar de residencia dentro del país.

De tal manera que en nuestra Constitución demos un paso adicional, una Constitución Garantista, nuestra Carta Magna, para que tal como se está haciendo en otros países en nuestro propio continente, los desplazados sean visibilizados y en nuestra propia Ley Suprema tengan establecido el derecho a contar con respaldo y asistencia por parte del Estado mexicano.

Es cuanto.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Iniciativa

La suscrita, Diputada AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55, 176, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto de Reforma Constitucional.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La problemática del desplazamiento forzado interno es un fenómeno que cada día se profundiza en muchos países del mundo.

La Organización de las Naciones Unidas en el párrafo 2 de los Principios Rectores del Representante del Secretario General de la ONU para Desplazados Internos, de 11 de febrero de 1998, establece que por desplazados internos debe entenderse“…personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

Son pues personas cuya situación, a diferencia del caso de las personas refugiadas, si bien igual se han visto forzadas a abandonar sus hogares, no han cruzado una frontera internacional, por lo que el gobierno tiene la responsabilidad de satisfacer sus necesidades de protección y asistencia, al menos en los términos que se señalan en los Principios, que establecen normas aplicables que van desde acciones preventivas para evitar el desplazamiento, la situación del desplazamiento cuando ya ha ocurrido y normas para su regreso y reintegración a su lugar de origen.

Hay que destacar que estos Principios, que provienen del ámbito del derecho internacional humanitario, son declaraciones moralmente vinculantes que representan el mínimo de normas aplicables como estándares reconocidos que los gobiernos deben reconocer para la armonización de las legislaciones nacionales, y se relacionan con instrumentos internacionales como los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Facultativos de 1977; la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, de 1984; la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, de 1994, entre otros, y consecuentemente son norma constitucional en los términos del Artículo primero de nuestra Carta Magna.

Ante la magnitud del problema que este fenómeno ya significaba para México a principios de siglo, por invitación del Gobierno mexicano el Representante Especial para los Desplazados Internos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU realizó una visita al país del 18 al 28 de agosto de 2002.

En el informe final de su visita, el Representante señala que observó como causas del desplazamiento forzoso el conflicto de Chiapas, disputas por tierras, el tráfico de drogas, intolerancia religiosa, proyectos de desarrollo y diversos desastres naturales; hizo hincapié en que no existían estadísticas oficiales sobre su número ni datos sobre su ubicación, necesidades y, consecuentemente, ni posibles respuestas institucionales, indicando que“…es urgente que estas autoridades aceleren el enunciado, la adopción y la aplicación de políticas sobre los desplazados internos… vinculadas a otros planes, políticas y programas de derechos humanos… (para procurar) cubrir… necesidades de protección y ayuda y plantearse las posibilidades de un retorno voluntario, el reasentamiento o la integración local de los desplazados de un modo seguro y digno”, destacando también la falta de coordinación entre autoridades para abordar el problema y la necesidad de ampliar la coordinación de éstas con organizaciones civiles.

Desde entonces el problema no sólo no se ha atendido, sino que se ha agudizado por los problemas de seguridad y violencia generalizada en vastas regiones del país desde el inicio del anterior sexenio y hasta ahora, con graves consecuencias para cientos de miles de familias, a quienes se les violentan no solo sus derechos humanos fundamentales, sino también sus derechos económicos, sociales y culturales. Diversos organismos internacionales, organizaciones civiles e instituciones académicas, han llegado a considerarlo como auténticas crisis humanitarias en las regiones donde ocurre en los diferentes estados de la República, que de ninguna manera son pocas.

A pesar de lo anterior y de lo que se dispone en el Artículo Primero de nuestra Constitución a partir de la Reforma de 2011, no contamos con una legislación que reconozca a estas familias su condición de desplazados, y en consecuencia no se tienen políticas para atenderles y responder a sus necesidades de asistencia, protección, reasentamiento o reintegración, resarcimiento y restitución de sus derechos como personas que han sido forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia, para evitar los efectos de las situaciones de violencia generalizada, violaciones de sus derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.

El problema se ha agudizado por la aparición de nuevas causas de desplazamiento, relacionadas sobre todo con la violencia y el surgimiento de nuevas formas de crimen organizado, que han impactado en las familias, sobre todo, a los jóvenes, que carecen de oportunidades laborales y educativas.

Al respecto, el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos, con sede en Ginebra, desde hace años ha venido haciendo estudios y emitiendo alertas sobre el alarmante incremento del desplazamiento en nuestro país, y de las cada vez más graves consecuencias que le acompañan. El último de ellos, de 2014, hecho público la semana pasada y destacado en las primeras planas de algunos periódicos nacionales, señala que “… En México existen un total de 281 mil 400desplazadosinternos, debido a la violencia ligada al tráfico de droga; sin embargo, el gobierno ‘no reconoce oficialmente el desplazamiento interno’… La mayor causa… en México y el triángulo norteño centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras) es la violencia criminal vinculada al tráfico de droga y a las actividades de pandillas urbanas (maras)… y (junto con Colombia) tienen 19 de las 50 ciudades con el mayor índice de criminalidad del mundo" En México, prosigue, “…la violencia criminal ha causado el desplazamiento de al menos 9 mil personas en 2014, en 10 estados del país… Los traficantes de drogas y otros grupos criminales en México son responsables de miles de muertes y secuestros de civiles, aterrorizando a las poblaciones locales… (a pesar de lo cual México)no reconoce oficialmente el desplazamiento interno, y las respuestas dadas son fragmentarias e insuficientes…”

Continúa el informe señalando que "Se trata de las peores cifras de desplazamientos forzados en una generación, lo que pone de manifiesto nuestro fracaso absoluto para proteger a civiles inocentes… A fines de 2014, había al menos 7 millones de desplazados internos en todas las Américas, en alza de 12% respecto a 2013. Colombia tiene el récord de desplazados  internos, con 6,04 millones de personas a fin de 2014, cerca del 12% de su población total.”

Y aunque que no es una cuestión de números, sino de verdaderas tragedias humanitarias, es necesario señalar que México, a diferencia de otros países --destacadamente Colombia que recientemente ha dado una contundente respuesta legislativa a este fenómeno emitiendo una Ley en la materia que incluye el resarcimiento a los desplazados que reconoce como víctimas de la violencia y actuado en consecuencia a favor de cientos de miles de familias afectadas—en México seguimos siendo omisos ya no digamos en atender, sino en voltear a ver el fenómeno: no tenemos un marco jurídico en la materia, no contamos, al menos públicamente, con cifras confiables ni datos de ubicación ni necesidades, y consecuentemente, con políticas adecuadas.

Para el Grupo Parlamentario del PRD el desplazamiento forzado y el narcotráfico se generan en la medida en que el Estado falla, en su responsabilidad de garantizar a los ciudadanos seguridad y protección los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la población.

Es de recordar que a pesar de que en la Cámara de Diputados se encuentran presentadas desde hace 15 años, el 23 de abril de 1998, se propuso en la Cámara de Diputados una primera iniciativa de Ley General para Personas Desplazadas Internamente, y desde entonces se han propuesto al menos otra tres para establecer el número de desplazados en el país, reconocer la figura de desplazado interno y brindarle la debida atención, mismas que, por diversas razones, hasta ahora no han sido adecuadamente atendidas.

En todas esas iniciativas se reconoce se reconoce, y en la presente se comparte ese criterio, que resulta urgente dar los pasos necesarios garantizar seguridad y un conjunto mínimo de derechos a las personas que han sido desplazadas, es decir, forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada o violaciones de sus derechos humanos, o por catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, así como la restitución de derechos.

La presente Iniciativa tiene como base la presentada sobre esta materia por el Dip. Israel Moreno Rivera el 15 de noviembre de 2012, acompañada de Proyecto de decreto por el cual se propone reformar el Artículo 4º Constitucional adicionando un párrafo, que sería 14.

En la presente iniciativa, se ha considerado conveniente recoger la propuesta de adición del Dip. Moreno Rivera, trasladándola al Artículo 11 de nuestra Carta Magna como párrafo tercero, en virtud de que es precisamente en este artículo en el que nuestra Constitución reconoce el derecho humano fundamental a la libertad para entrar, salir y establecerse en territorio nacional, y de las personas extranjeras a solicitar asilo y recibir refugio por razones humanitarias, en los siguientes términos:

“Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.”

Siendo la materia de este artículo el derecho a la movilidad y la residencia, se considera que debe ser el espacio en que nuestra Ley Suprema reconozca la condición de desplazados a quienes por cualquier razón se han visto forzadas a dejar su lugar de residencia, y establecer la obligación del Estado mexicano a asistirlos y apoyarlos en la restitución de sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en uso de las prerrogativas que la Constitución y la Ley me confieren en mi calidad de Diputada Federal, es que pongo a consideración de esta Asamblea, reformar el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ÚNICO. Se adiciona un párrafo al Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 11…

El Estado, con la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y en los términos que disponga la Ley en la materia, garantizará la seguridad y restitución de sus derechos a las personas que por los efectos de, o para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, sean desplazadas de su lugar de residencia dentro del país.

TRANSITORIO

Único. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 3 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Amalia Dolores García Medina.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada García Medina. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.





 

Tiene la palabra el Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte, en materia de contaminación por residuos en zonas federales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE, EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS EN ZONAS FEDERALES

(Presentada por el Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM)

El Diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente.

Traigo a la consideración de esta Asamblea, estimados colegas, una iniciativa que seguramente no pudiera ser evaluada en mayor calado, de mayor transcendencia.

Sin embargo, encuentro más de dos razones para su justificación:

La primera, como cada año, el día 5 de junio, y derivado de una resolución de la Asamblea General de la ONU, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, pero quizás esto pudiera tener un efecto más protocolario y de recuerdo, pero de poca conciencia.

La propuesta que yo les traigo es un aspecto con un sentido práctico cotidiano.

Miren, el Congreso da oportunidades, muchas, y seguramente para algunos también, el de la información educativa o cultural de otros lugares.

Yo he tenido oportunidad de ver como en Brasil, o en Costa Rica, o en Chile, hay una conciencia ya en progreso de respeto al entorno y al medio ambiente, definitivamente incorporándose a la cultura cotidiana de las personas.

Y para algunos quienes transiten por vías de comunicación terrestre, por carretera, es penoso ver en el derecho de vía los basureros que tenemos, pero no solo eso, los cauces y los ríos en zonas urbanas son auténticos muladares. Denme licencia de decirlo así, son auténticos basureros.

El Congreso modificó algunas disposiciones de la Ley de Ingresos, para dar oportunidad a la inversión en infraestructura hidráulica, esto es extracción de aguas del subsuelo, compensar los derechos generados por la disposición de aguas nacionales o las descargas de residuos en vaso receptores de la nación, diciendo: No me pagues el derecho, pero invierte en infraestructura.

La propuesta que yo les traigo es bastante sencilla, pero quisiera que dejaran en su mente, si pueden tener un sentido de futuro en esta disposición.

Cuando la ley es administrativa sin limitación, no funciona nuestro medio cultural, se va yendo a medios punitivos, es decir, te doy como autoridad y como Estado, te impongo el deber de tutelar los derechos de los menores de la familia, etcétera, pero sin el marco del derecho familiar y tu convencimiento propio no te da, tengo que castigarte por la inobservancia de esa regla.

La realidad que les comento, está cotidianamente a la vista, tenemos las carreteras nacionales hechas auténticos basureros; y los cauces, ríos y arroyos de igual manera.

Este es un pendiente que no nos van a cobrar en el futuro, se está cobrando ya, es penoso, por eso la propuesta es adicionar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, pero también las de Aguas Nacionales y la de Caminos, Puentes y Autotransporte, para empezar a castigar, el que no aventemos las latas en la carretera, empecemos con la sanción pecuniaria, y a pelo digo un aspecto cultural, porque al cruzar la línea fronteriza hacia el norte, no veo que se tire una colilla de cigarro, o una lata de cerveza o el envase de una fritura.

Esa es la propuesta, así de simple, pero para no trascender al terreno competencial de la autoridad municipal o de la autoridad estatal, bueno, lo que sí es competencia del Congreso Federal son: vías generales de comunicación, aguas nacionales y también está Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, esa es la propuesta.

Cuando menos coloquemos el asunto en el debate, si no llega la fortuna de las lluvias, en temporada de lluvias, pasamos por auténticos basureros en los ríos y en los arroyos, que va a ser del patrimonio que podemos transferirles, de auténtico valor, a nuestros hijos.

Por su atención, muchas gracias.

Incorpore, señor Presidente, el texto de la propuesta íntegra al Diario de los Debates, en virtud a que no la he desarrollado en sus términos.

Gracias.



PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Torres Mercado. Como lo solicita, que se incorpore el documento al Diario de los Debates. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.





 

Vamos a hacer una pausa, sin que se paren de sus escaños, sobre el contenido de un acuerdo que están construyendo los grupos parlamentarios.

Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva acordó realizar un debate pactado en relación al tema de la evaluación del Servicio Profesional Docente.

El tema se abordará con la lectura de un Acuerdo que suscriben los grupos parlamentarios, se hará un debate en el que hablarán los grupos parlamentarios en orden progresivo. Los oradores que deseen rectificar hechos o referirse a alusiones, tendrán el uso de la palabra en los términos del Acuerdo para normar estas sesiones y del Reglamento del Congreso.

Las proposiciones inscritas en la sesión de hoy sobre este asunto, se turnarán a la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente.

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Doy lectura al Acuerdo.



Es el Acuerdo que alcanzaron los grupos parlamentarios con este asunto.

Vamos a abrir el debate en orden progresivo. Vamos a respetar las reglas del debate del Acuerdo que nos dimos en esta Comisión Permanente, para poder regular el proceso legislativo, el proceso parlamentario y las reglas que prevé nuestro Reglamento del Congreso.

No es un debate pactado limitativo, es amplio, se habla de que es debate pactado, porque ya acordamos el contenido de un Acuerdo.

Las proposiciones con punto de Acuerdo que de manera abundante se presentaron sobre este tema por los grupos parlamentarios, serán turnadas a la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente para su desahogo, de acuerdo a nuestra norma y de conformidad con el Acuerdo.

¿Quedó perfectamente claro, verdad?

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Secretaria Diputada.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En Nueva Alianza hemos sido congruentes con nuestra vocación primordial de defender la calidad de la educación, así lo hemos manifestado y del mismo modo hemos actuado.

Promovimos y acompañamos la reforma educativa con el propósito de lograr una educación de calidad con equidad, velando por el interés superior de la niñez y respetando en todo momento los derechos de los trabajadores de la educación.

En ese sentido, y en congruencia con el Acuerdo ya señalado, consideramos que las razones por las cuales la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente decidió posponer el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior, debemos acompañarlo, no solamente con este Acuerdo en donde la exigencia se expresa por todos los grupos parlamentarios, sino que debe ampliarse la información de todas las autoridades competentes.

Ahondar en la explicación dará certeza a la ciudadanía de que la reforma educativa está en marcha, y a quienes deseen ingresar u obtener alguna promoción, también deberán ser debidamente informados. Transparencia y legalidad son principios indisociables a la toma de decisiones en un gobierno democrático.

En mi grupo parlamentario hemos sostenido que la evaluación es un medio, no el fin de la reforma educativa. Por ello hemos reiterado continuamente la necesidad de que se otorguen a los maestros y maestras, información amplia y suficiente en torno a los alcances, criterios, herramientas metodológicas e instrumentos que habrían de utilizarse en las evaluaciones.

Y sin menoscabo de este Acuerdo, quiero precisar una fecha, fue apenas el 20 de mayo pasado cuando la Coordinación General del Servicio Profesional Docente y la SEP pusieron a disposición de los candidatos a docentes de educación básica y educación media superior, el sitio web Evaluación Docente, en el que se incluyen recursos de apoyo a los sustentantes en los procesos de evaluación que habrían de realizarse a nivel nacional durante los meses de junio y julio de 2015.

Por lo tanto, el Acuerdo que aquí hemos aprobado tiene que llevarse a cabo, pero acompañado de esa información más precisa a los docentes, porque pugnamos por una evaluación integral y no punitiva que considere todos los componentes del sistema educativo nacional y otorgue a los docentes los elementos necesarios para enfrentar con éxito los procesos de evaluación.

Si bien las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior son un factor importante para la concreción de los objetivos de la reforma educativa, lo es también la autonomía en la gestión escolar de las escuelas, la adecuada infraestructura de los centros educativos, la atención prioritaria en las escuelas normales, así como un sistema de formación continua y profesionalización docente.

Para lograr estos fines planteados en la reforma educativa, es primordial tener en cuenta todos estos factores, ya que sólo mediante la conjunción de los mismos es como podremos conseguir los resultados que nos está exigiendo la sociedad.

Si bien es cierto que el comunicado en mención generó confusión, consideramos indispensable se haga pública toda la información pertinente no solamente a la ciudadanía, sino a los maestros y maestras en particular, con la finalidad de que el proceso de recalendarización o cumplimiento en el calendario de las mismas, se desarrolle bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad.

Es indispensable, por lo tanto, que la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, propicien esas condiciones para generar certeza y confianza tanto en los destinatarios de las evaluaciones como entre la sociedad.

En el artículo 3o. constitucional, se establecen claramente las atribuciones que se confieren al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con relación al diseño y realización de las mediciones que corresponden a componentes, procesos o resultados del Sistema Nacional de Evaluación, así como para generar y difundir información, y con base en los resultados de la evaluación, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad en la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

En nuestra calidad de representantes populares, hacemos un llamado respetuoso para que todos recordemos cuál es el objetivo primordial de la reforma educativa: elevar la calidad de la educación de los niños mexicanos. Por lo tanto, la evaluación deberá darse en las fechas en que fueron establecidas.

Y reiteramos, la reforma educativa va, y va con un compromiso reiterado acompañado de ese compromiso de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos sumamos obviamente a este Acuerdo y respetamos lo que en él se establece, pero exhortamos a todas las autoridades a que informen adecuadamente a los maestros y a las maestras al momento del proceso de la evaluación. Solamente así tendremos la certeza y la confianza de que lo que estamos haciendo corresponde a aquello que aprobamos todos en la reforma educativa.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Sanjuana Cerda Franco.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

El Diputado Danner González Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia

En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Carlos Marx escribió: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se repiten, para decirlo de alguna manera, dos veces”.

Pero se le olvidó agregar: la primera como tragedia, la segunda como farsa.

En este gobierno de Enrique Peña Nieto, se concretó el segundo ciclo de las llamadas reformas estructurales que comprenden la energética, la de telecomunicaciones, laboral, hacendaria, fiscal y educativa, que complementaron al primer ciclo de estas reformas que iniciaron en los años 80’s del siglo pasado.

Si en el gobierno de Miguel de la Madrid la serie de modificaciones calaron en la estructura económica, social, política y jurídica del Estado mexicano, ocasionando tragedia, rezago, ingobernabilidad y desdicha, hoy las reformas estructurales no son más que farsa, simulación y mentira. Estas reformas han hecho agua.

Con el comunicado del viernes pasado, por parte de la Secretaría de Educación, para suspender indefinidamente las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior, en términos cuantitativos no se aplicarán exámenes a 150 mil maestros para ver si son dignos de estar frente al aula o no. Y también se cancelan las pruebas a 300 mil profesores que se tenían previstas para febrero y marzo del próximo año.

Pero los agravios y las agravantes en términos cualitativos son aún mayores. La Secretaría de Educación Pública no hace su tarea, tal vez porque no hay un auténtico modelo educativo, los estándares no existen. ¿Se podría entonces evaluar a un profesor en abstracto?

Por si fuera poco, la reforma educativa tampoco ha cumplido con el objetivo del artículo 25 constitucional, en razón de que no se ha alineado con una adecuada planeación democrática del Estado.

Se incumple con el mandato de evaluar a los docentes. Se muestra con ello el grado de incongruencia de un gobierno federal que ha pregonado sus reformas estructurales, pero que al momento de aplicarlas da marcha atrás de manera sustancial en ésta que ha sido la joya de la corona de la reforma educativa: la evaluación a los profesores.

La credibilidad está por los suelos. Cuánta falta hace al frente de la Secretaría de Educación Pública un hombre de la talla de don Jaime Torres Bodet, cuyo legado y pensamiento era claro, y cito: “No sólo de pan vive el hombre, y no sólo con aulas prefabricadas se forma la educación de un pueblo. Más importante que el aula es el profesor”.

En Movimiento Ciudadano nos unimos al reclamo de que se evalúe a los docentes para garantizar una calidad educativa en los educandos, pero también expresamos la necesidad de que en la Secretaría de Educación Pública haya una mujer o un hombre que conozca los entresijos de la educación, no solamente los entresijos políticos, sino los académicos.

A este país, compañeras y compañeros, le hace falta una refundación. Esta administración federal necesita un golpe de timón.

Los Secretarios de Estado cometen faltas, son incapaces en sus labores, incurren en actos de conflicto de intereses y nadie les pide la renuncia.

El mismo Presidente ha sido señalado por conflictos de interés y no pasa nada, es pura simulación. Bien haría el titular el Ejecutivo Federal en esta hora crítica del país, en pedir la renuncia a todo su Gabinete, como sucedió recientemente en Chile, y llamar a un gobierno de reconstrucción nacional en donde mexicanos de primera, que los hay desde luego en la academia, entiendan que sobre todas las cosas debe estar la grandeza de México.

Bien harían también los partidos que en el seno del Pacto por México construyeron en complicidad con el partido en el gobierno, en sumarse al llamado que hemos hecho para construir un periodo extraordinario y en apoyar temas que los ciudadanos demandan en las sociedades democráticas, como es la revocación de mandato. Ese es el tema de fondo.

Se medra con la educación de los mexicanos porque no pasa nada si se compromete el futuro de los niños y de los jóvenes.

Se da al traste con la reforma educativa que los partidos tradicionales construyeron porque nadie les exige cuentas ni les pasa factura de sus actos.

Vamos entrándole al tema de fondo, compañeras y compañeros legisladores, sometamos a todo el gobierno federal a examen y que los ciudadanos manden. Démosles a los ciudadanos la posibilidad de revocar el mandato a alcaldes, gobernadores y al mismo Presidente de la República.

Pongámonos a los Diputados y Senadores también a examen. No nos vayamos a casa hasta concluir las tareas. No construyamos encendidas demandas que se convierten en farisaicas, pero que a la hora de convocar a los grandes temas nacionales en este Congreso, se vuelven farisaicos porque se diluyen los temas o porque se hace una discusión como ésta, sólo por tratarse del fragor de un proceso electoral, cuando todos los días vemos con pesar, con mucho pesar, cómo se les desploman sus magnas reformas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Danner González.

Tiene el uso de la palabra, a nombre del grupo parlamentario del PT, la Diputada Lilia Aguilar Gil.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia de la Asamblea.

Pareciera esta una comedia de equivocación. El problema es que todos los que se han equivocado están del mismo lado.

El Comunicado 129, que por cierto tiene esta extensión, así nada más de cortito, es el que ha iniciado todo este debate.

El Comunicado 129 que dice solamente: “Que la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública informa, con motivo de nuevos elementos a considerar, de los cuales no se menciona ninguno, en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”. Así nada más.

Esto evidentemente ha traído una voraz imagen de críticas, y luego, además la comedia de equivocaciones donde viene a participar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que a través del comunicado ha dicho que no está de acuerdo, que no está de acuerdo y que se están violentando los derechos de 400 mil aspirantes que ya estaban registrados; pero más aún, que se están violentando los derechos de los niños y las niñas que en este tema van a salir perjudicados, porque estos son los números de la educación en este país: 6 de cada 10 aspirantes a convertirse en profesor no son aptos para enseñar; 7 de cada 10 jóvenes mexicanos leen un texto sin comprenderlo; 7 de cada 10 jóvenes realizan operaciones de matemáticas que no saben aplicar en la vida cotidiana, y 1 de cada 10 alumnos, con el mejor aprovechamiento en México, no supera al 10 por cierto peor de Canadá. Esta es la realidad.

Y entonces vienen las preguntas:

¿A qué obedece tan explicativo Comunicado 129?

¿Es que estamos haciendo caso a grupos de poder o a grupos de choque?

¿Es que está secuestrado, entonces, el Estado mexicano, el Presidente, en sus grandes reformas? Que ayer tuvo que salir a decir que las reformas iban, porque esto, en efecto, pone en duda sobre en qué se aplicarán o no las reformas que él ha llamado necesarias y transformadoras.

Entonces, a pesar de que sale a decir que las reformas van, cuando le solicitan que hable sobre ésta, la suspensión del Sistema Nacional de Evaluación, dice que “Emilio Chuayffet es quien dará las respuestas a este tema”.

El Acuerdo al que ha llegado esta Comisión Permanente, es casi decir que se apliquen las leyes que nosotros mismos hemos emitido. Es un llamado para el cumplimiento al estado de derecho.

Lo que yo diría es que debimos de haber sido más contundentes y haber hecho un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que se reestablezca la evaluación.

Es decir, si estamos evadiendo el tema, si creemos que no cae en las atribuciones del Secretario de Educación, si tenemos dudas de la naturaleza de la suspensión, si creemos que debemos ampliar la información y llamar al INEE, todo esto puede suceder al mismo tiempo; pero esta Comisión Permanente no puede actuar timoratamente, por decir lo menos.

Nosotros tenemos que enfrentar y debatir los problemas nacionales, y este es uno de ellos. Quiere decir, entonces, que los grupos de poder o de choque, o que no sabemos quién ha determinado que ésta, la gran reforma del Presidente Peña Nieto, ya no va, porque la suspensión indefinida no habla ni del proceso electoral, no habla absolutamente de las motivaciones y no habla de los porqués.

La coordinación nacional que ha emitido este Comunicado 129, por cierto, del cual no tenemos certeza de que pueda suspender ni parcial, ni de manera definitiva la evaluación, rompe con el artículo 7o. de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que determina: “Que en materia de servicio para la educación básica y media superior, corresponde al instituto definir los procesos de evaluación”.

Es por eso que el instituto nacional ha dicho que ellos han cumplido con absolutamente todas las condiciones y características que deberían de cumplir.

Durante la aprobación de esta reforma en la Cámara de Diputados, el PT, y con esto termino, defendió los derechos laborales del magisterio, porque dijimos con mucha claridad, que esto más que una reforma educativa, parecía una reforma laboral para crearles un régimen especial a los maestros.

Sin embargo, reconocimos que el sistema de evaluación era uno de los pocos elementos salvables de esta reforma.

Hoy hacemos un llamado al restablecimiento de la evaluación, porque no podemos ir en contra, ni del interés superior de los niños y las niñas, ni tampoco del interés de México, que debe de estar basado, si no en todo, en mucho, en el sistema de educación y en una educación de calidad.

Entonces, que sirva este no como un discurso para discutir, sino para ponernos de acuerdo en que tenemos que llamar al restablecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Aguilar Gil.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM.

El Diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente, con su venia; con la venia de la Asamblea:

Miren, en este tema, un servidor ha expresado reiteradamente, y seguramente coincidimos, de los derechos humanos que recoge la Constitución Política de nuestro país, instrumentos internacionales de los que forma parte nuestro país. El derecho humano, seguramente más democrático, sin duda es el de la educación.

Las libertades son posibles a partir de tener una concepción de la vida y del mundo.

De los que estamos aquí, muchos, y pudiera en ello, aunque no sea mi práctica, sí jactarme que sin la educación, sin haber acudido a la Primaria J. Jesús González Ortega, liberal, federalista, de pronto pasado por las plumas de los que hacen en los documentos de la historia de este país, no estaría aquí, como no estarían muchos.

No va a haber otro instrumento en el tema de la desigualdad y de la violencia, de la inseguridad, y no habrá mejor inversión, a mediano y a largo plazo, que el de la educación.

Por eso en el Partido Verde celebramos y nos sumamos a este Acuerdo político reflejado, precisamente, en el resolutivo, en el que con cuidado, con puntualidad, y como siempre lo hace bien el señor Presidente de esta Comisión Permanente y del Senado, para hacer una exhortativa, para hacer una exhortativa: Apliquemos la ley.

La ley tiene 2 dimensiones, ¡eh!, y tampoco sin ingenuidad para nadie: una es la parte formal y legislativa, que le toca a estos cuerpos que hacen leyes; pero la otra, es la del mundo fáctico, la de la realidad, la de la aplicación.

El asunto es como de justicia penal o de seguridad pública. Todos los instrumentos que el Estado mexicano pida, pero hay una parte que no tiene alcance, si no es el debate, en la parte operativa, no lo tiene el Congreso.

Entonces, miren, todos tenemos experiencia política y por eso estamos aquí. Algunos más, menos, también en la administración pública, no hay un ejercicio político ni administrativo plano, sin obstáculos.

Quien ha leído sobre la posibilidad de la ley y su aplicación, también conoce que hay principio de oportunidad.

Por eso, en esta modificación de marco, como el de justicia penal, y en este caso educativa, que hay que decirlo, la primera iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal al que se antepuso una, en materia laboral, en ejercicio de facultad preferente, quien presidía el Ejecutivo Federal. La primera iniciativa del Presidente de la República.

Pero hay que también mencionarlo, fue enviada en el marco de un entendimiento político nacional. Si no, no hubiera pasado, y ahí fueron las fuerzas políticas más importantes representadas en el Congreso.

Yo creo que hay aquí una postura unánime, que vamos a compartir y compartimos plenamente. Hay que hacer, hay que hacer ese exhorto. Hay principios de oportunidad. Fue un conjunto de leyes en materia educativa, no fue la única, ésta es la que mide el Servicio Profesional Docente, y tiene como propósito, justamente se dijo aquí bien, regular los verbos sustantivos de esta reforma: ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente.

De manera que, por lo que toca al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, reconocemos la decisión política, de la exhortativa que debe ser, ni más ni menos que la que establece un principio de legalidad, para el presidente municipal, de allá de Valparaíso, Zacatecas, o para el Congreso mexicano, hacer solo lo que la ley le permite u ordena.

Pero también vale la pena, y es para los actores, decía la Diputada Lilia Aguilar, y se lo plagio, pero no lo registre como alusión, en todo caso me desisto de ella, señor Presidente, de que hay que hacer un llamado a la civilidad y al respeto a la ley.

El gobernado si no atiende al principio de legalidad, no debe hacer lo que la ley le prohíbe. Y ahí tenemos que hacernos un llamado.

Concluyo, señor Senador Presidente de esta Comisión Permanente, diciendo que la circunstancia electoral puede ser circunstancia de oportunidad para la aplicación, pero no circunstancia para el demérito del liderazgo nacional, ni tampoco del titular de la Secretaría de Educación Pública.

En todo caso, que nos dé margen al debate, pero con una adición, en el que debemos proponer y entender todos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Torres Mercado.

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Qué bueno que esta Comisión Permanente se ha manifestado en favor de algo que no deberíamos tener necesidad de hacer, que es pedir como cuerpo colegiado que se respete la ley.

Especialmente una ley en la cual, por lo menos los que estamos aquí, participamos tanto en el cambio constitucional como en las leyes reglamentarias. Algunos votamos en contra de varios de estos temas, pero sin duda alguna, ya es una ley que está en firme y es una ley que, como tal, debiera de cumplirse, sin mayores dudas ni mayores preocupaciones.

Desafortunadamente, el Comunicado 129, ya lo mostraba la Diputada, un comunicado de no más de cinco líneas, el Comunicado 129 que emitiera un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con esta redacción que leeré a ustedes: “La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y la Secretaría de Educación Pública informa, y es el comunicado, con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de educación básica y media superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.

Y esto, pues nos enteramos el pasado 29 de mayo. Con estas cinco líneas, el gobierno de la República, a través de este órgano desencontrado, pues echa para atrás de manera indefinida uno de los temas, yo creo que más importantes y más trascendentes, no solo que ha hecho este Congreso, sino algo que tanto venía cacareando en los últimos tres años, desde el Presidente de la República hasta todo el gobierno federal: la reforma educativa. Por el gran consenso que tuvo, por saber que tenemos un gravísimo problema en términos de calidad de la educación.

Y me parece que especialmente cuando hablamos del tema de evaluación, no me tocó escuchar a nadie en los debates o en campo, en Guerrero, de los padres de familia, o incluso de los maestros, decir que no eran buenas las evaluaciones.

La verdad es que ese tema tuvo tan alto consenso que, cuando hicimos la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, todos los que hoy la conforman pasaron por unanimidad. Y esa ley reglamentaria fue votada con la mayor cantidad de votos por parte de todos los integrantes, tanto de la Cámara de Diputados como por el Senado de la República.

Entonces la pregunta es: ¿Qué pasó?

Por qué de buenas a primeras, después de estos avances, después de tanto cacareo, después de tanta fanfarria que se le había echado a este tema, de pronto, de buenas a primeras, un órgano desconcentrado nos manda un comunicado, del cual no sabemos nada adicional. Pues un comunicado que pareciera ser, un elemento de esos etéreos que generan grandes irrupciones en el proceso político; pero no se sabe si es la posición firme, oficial, definitiva de parte del titular de la Secretaría. No se sabe siquiera si es la posición del Presidente de la República. Porque lo que dijo ayer en la entrevista fue, “pregúntenle al Secretario”. En lugar de él tener una posición puntual sobre este tema.

Entonces, compañeros, que bueno que estemos de acuerdo en pedir que se cumpla con la ley; pero me parece que lo que estamos obligados es exigirle al Secretario de Educación Pública que se presente en las comisiones de este cuerpo colegiado de la Comisión Permanente, para que nos explique cuál es la posición.

Si esto es indefinido, porque si es indefinido, compañeros y compañeras, esto afecta a 13 millones 500 mil alumnos en toda la República. Poco más de, son 90 mil 500 escuelas primarias; 400 mil personas que estarían inscritos para este proceso de evaluación y que no se puede patear la lata, compañeros y compañeras, pidiendo información y pensando que esto va pasar el tiempo.

El 14 de junio, domingo de la semana que viene, es la fecha que está estableciendo el calendario electoral y lo mínimo que tendríamos que estar exigiendo es que ese calendario se mantenga, que se restablezca ese calendario.

De tal manera, compañeros y compañeras, que los planteamientos que nosotros estamos poniendo como posición del Partido de la Revolución Democrática, y que son, pues la columna vertebral de los distintos puntos de Acuerdo que hemos planteado, son que se restablezca el punto de Acuerdo; que venga el Secretario de Educación, Emilio Chuayffet; y que no solamente se quede como una posición de escondidas, de no dar la cara, y en un tema en el que pareciera ser solamente brincar el proceso electoral.

Y también, precisamente porque el proceso electoral no podemos ignorar que está en medio, sería importante que viniera el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.

Lo que es terrible, compañeros y compañeras, es que se negocie la ley. Y pareciera ser que la ley, es lo que hoy se ve en este país, se puede negociar al libre arbitrio del gobierno federal y, obviamente, en este caso, en detrimento de la calidad de educación de muchos millones de niños y niñas mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Rios Piter, por su casi puntualidad en el tiempo otorgado.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romeros Hicks, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con la venia de la Presidencia. Distinguidos legisladores:

“El miedo congela a las sociedades; es enemigo de las libertades”

Y hoy lo que tenemos, es una medida donde el gobierno ha sucumbido para no respetar el estado de derecho, diría Gabriel Zaid: “para tener estado de chueco”.

Cuando un funcionario protesta al cargo, empeña su palabra, su dignidad y su oficio para cumplir y hacer cumplir la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen; hoy estamos frente a un escenario muy lamentable de un intento de contra reforma educativa.

El gobierno federal ha sucumbido al chantaje y a la extorsión, y no es garante de la legalidad.

Estos procesos confunden la dignidad de la política; confunden la sensatez con la flaqueza, y la prudencia con la debilidad.

Repasemos el camino.

2 de diciembre, se anuncia el Pacto por México.

10 de diciembre, se turna la primera gran reforma en la parte educativa a San Lázaro.

19 de diciembre, llega a la Cámara de Senadores.

El 20, se aprueba con correcciones.

El 21, regresa a San Lázaro.

Pasa al Constituyente Permanente.

26 de febrero de 2013, se promulga la reforma.

Y después, hasta el 11 de septiembre, trabajamos en leyes reglamentarias: La Ley General del Servicio Profesional Docente; la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y los cambios a la Ley General de Educación.

Y luego el año pasado llegamos al 5 de diciembre, con la promulgación de una gran cantidad de personas de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.

Incorporamos contribuciones: El derecho a la educación de calidad que hoy lo quieren desdeñar; el que la evaluación fuera obligatoria y tuviera consecuencias; el que pudieran los padres de familia y los maestros tener participación en el ámbito educativo; y un Sistema Nacional de Evaluación, dándole autonomía al INEE.

Construimos, entonces, una reforma o un principio de reforma.

Y aquí quiero hacer un paréntesis para reconocer a la enorme cantidad de maestros, la parte principal, la que con polvo, sudor y lágrimas todos los días se levanta temprano, llega a clase, construye el proyecto educativo, se involucra en procesos de formación continua, y que hoy tenemos que reconocer el monumento a todos ellos.

Pero la semana pasada, a pesar de que el Presidente Peña había reconocido el 15 de mayo que esta era la gran reforma, porque además fue la primera que le dio la vuelta completa de Constitución a leyes secundarias, un comunicado de un párrafo de 33 palabras, sin fundar y motivar, atenta contra la reforma.

Claro, es nula al pleno derecho, estamos dándole importancia, es un boletín.

En el diálogo en la reforma platicamos que esto no podía ser un desconcentrado, debería ser un descentralizado.

Pregunta: ¿Fue consultado algún gobernador? No.

¿Algún Secretario de Educación del Estado de cualquiera de las entidades? Tampoco.

¿Fue informado algún liderazgo del Congreso de la Unión? Tampoco.

Nos enteramos por el periódico.

No es posible que frente a esto y después de ese momento, el gobierno lo único que ha hecho es el autismo.

No ha habido una sola palabra verbal o escrita en torno a este asunto.

Al día siguiente, el sábado en la tarde, el órgano autónomo constitucional corrige el tema y les informa que se han equivocado, que es contra la Constitución, contra las leyes secundarias.

Hay una invasión de atribuciones y hay unas consecuencias lamentables: 400 mil personas para seis concursos ya convocados para primer ingreso y promoción laboral.

¿Dónde está el respeto a estas personas?

El daño está hecho, se atenta contra el estado de derecho, se ofende a la niñez, a los maestros que sí están con la reforma, a los padres de familia, a los directores; y quieren una contrarreforma educativa.

No lo vamos a permitir.

El propio gobierno demerita su tarea y la imagen internacional está por los suelos, lo habíamos presumido y no estamos cumpliendo.

Leamos el New York Times, cualquier medio internacional.

Estamos frente, entonces, a un gobierno asustado, pasmado, debilitado, burlado, cerca de la ilegalidad, con falta de sensibilidad académica y falta laboral.

¿Y por qué se asusta?

Son unas personas respetables que han inventado que vamos contra derechos laborales.

No hay un derecho laboral conculcado y hay un criterio patrimonialista en donde se quiere dar a entender que la persona que ocupa una plaza es el dueño de la plaza.

Ese concepto es denunciar política del siglo pasado, la persona ocupa la plaza con dignidad y está sujeta a una evaluación.

En Oaxaca, por ejemplo, el año anterior había 70 mil personas en la Sección 22, este año abrieron con 81 mil 300, porque la Secretaría de Gobernación les concedió, fuera de la norma, 11 mil 300 plazas.

Y en estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, han impedido estas evaluaciones, impidieron el censo para conocer y verificar la información educativa y se estima que en esos estados tenemos decenas de miles de comisionados de personas que no están cumpliendo, este es el contraste, la parte menor que no se ha venido atendiendo.

Y bloquean carreteras, toman gasolineras, hoy tomaron el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca.

Y ahora en un acto terrorista, asaltan las oficinas del Instituto Nacional Electoral y se roban 13 mil boletas.

Federico Reyes Heroles ayer escribía sobre estos hechos.

Se violenta el mandato constitucional; se lanza una señal clarísima a nivel nacional en contra del estado de derecho; se premia a la violencia y se ratifica la extorsión.

Nada hay en el país que se salve de esta fórmula degradada y degradante en un régimen de convivencia: las minorías violentas son intocables.

Se premia a una cloaca donde los dineros públicos son manejados, ya no digamos por la opacidad, sino por ilegalidad, etcétera.

Junto con esto, también hay que reconocer que para que esto sea una reforma educativa, necesitamos no solamente cumplir la ley, necesitamos avanzar en una segunda generación de reformas, y pido que nos escuche el gobierno y todos los partidos:

Revisar el modelo educativo.

Revisar el modelo educación normal.

Darle participación a la propia sociedad.

Infraestructura, financiamiento y tocar el tema de educación superior.

Nosotros venimos no ha comentar, venimos a exigir que se cumpla el calendario, que se restablezca el estado de derecho.

Y este pronunciamiento, en el que estamos de acuerdo, es claramente insuficiente, implican que vengan los funcionarios a rendir cuentas y que el gobierno no se niegue a esa rendición.

Y tiene que ser el Secretario de Educación Pública y el Secretario de Gobernación, y que le demos oportunidad a la Junta de Gobierno del INEE para que haga también sus propias consideraciones.

El señor Secretario de Educación Pública no quiere venir porque no puede o porque no quiere aparecer, pues que el Presidente de la República tome nota y haga las decisiones conducentes, y lo mismo con la Secretaría de Gobernación.

Aquí estuvo el Subsecretario Miranda, y el 24 de marzo, en las comisiones del Senado, se comprometió a acatar la ley.

Nosotros creemos que en política se puede escuchar todo, pero tiene dos límites: uno, principios; y dos, legalidad.

Hoy queremos un gobierno fuerte, no queremos un gobierno timorato, no queremos un gobierno autista.

Si ya nos clavaron la reforma fiscal, no vamos a permitir que nos entierren la reforma educativa.

Y aquí hay Senadores como Javier Lozano, y hay legisladores que han tenido el arrojo y el valor para entender que en este país la ley nos protege a todos, no nos restringe.

Hoy lo que queremos es apostar a la siguiente generación.

Venimos a exigir que se cumpla el calendario, que se acate el estado de derecho, que comparezcan los funcionarios, que tratemos a los maestros con dignidad y que no sacrifiquemos principio alguno.

Ese es el tamaño del país que queremos.

Ese es el tamaño de los sueños.

Es cuanto.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Con qué propósito, Senador Lozano?

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente, para alusiones personales, si es tan amable.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, Senador, el Senador que acaba de exponer dijo que usted actuó con arrojo, salvo que quiera aclararnos que no actuó así.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Más bien para precisar a qué se refiere con ese arrojo.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Adelante, Senador Lozano, para alusiones personales.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos.

Miren, sí quiero hacer un comentario muy puntual sobre lo que implica esta decisión unilateral, cobarde, ingenua, de parte de la Secretaría de Educación Pública al suspender indefinidamente la evaluación magisterial.

Cuando aprobamos aquí todas las reformas estructurales, cuando emprendimos el camino de las reformas estructurales, sabíamos que íbamos a enfrentar una gran cantidad de resistencias antes, durante y después de las reformas; sabíamos que íbamos a romper inercias.

Sabíamos que había factores reales de poder, grupos de poder muy fuertes que se opondrían a todas estas iniciativas, muchas de ellas largamente postergadas por falta de voluntad política, muchas otras por la mezquindad política de no querer acompañar a un Presidente que las habría presentado en otro momento para no darle un trofeo, pensando entonces en la próxima elección.

Ya hubiera querido Felipe Calderón una oposición tan responsable en el Congreso, como la que tiene hoy Enrique Peña Nieto. Y no nos arrepentimos de haber actuado con esa seriedad porque México necesita esas reformas, insisto, sabíamos que íbamos a enfrentar estas resistencias.

¿Acaso es novedad la forma de actuar de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? En serio, ¿salieron de la nada repentinamente?

¿No llevan décadas chantajeando, extorsionando, presionando, actuando con absoluta impunidad, saliéndose con la suya? Es un modus operandi, y me atrevo a decir, un modus vivendi.

¿Dónde está la novedad?

Que esa es una minoría, porque bien lo dijo mi compañero Romero Hicks.

Mi reconocimiento y mi respeto a la enorme mayoría de buenos maestros que hay en México y que dedican su vida a la enseñanza, y que están en las aulas y no en las calles.

Pero esa minoría, es una minoría de más violenta, que pisotea la ley todos los días con absoluta impunidad.

Y esa minoría es la que ahora viene a ponerle condiciones al Estado mexicano, no digo al gobierno, al Estado mexicano, porque aquí nos está desafiando a todos. Es el colmo.

Y en lugar de ponerlos en su lugar se están doblegando ante ellos, eso no se vale.

Y se están doblegando de la manera más cobarde, no solamente dando dinero, que es de los mexicanos, se están doblegando entregando la más importante de nuestras reformas estructurales, que es la reforma educativa, y que en el corazón de esa reforma educativa está, precisamente, la calidad de la misma.

Y para hablar de calidad necesitamos hablar de una evaluación para ingresar al sistema, para crecer en el sistema, para mantenerse.

Cómo es posible que este chantaje llegue al grado de decir: “Se suspende esa evaluación”. Y luego, no contentos con el oscuro aviso que dan en viernes por la tarde, pensando además a la antigüita: “Suelta el boletín en la tarde, una cosa muy escueta se pierde con el fin de semana, ya ves que son bien brutos todos”.

Yo nunca había visto la unanimidad que estoy advirtiendo, no solamente en el Congreso, en la sociedad y su conjunto, por una medida tan torpe como ésta.

Claro que exigimos, no exhortamos, no es un llamado a misa, no es discrecional, exigimos que den marcha atrás a esa unilateralidad de decisión, de suspender la evaluación de la educación.

Claro que se tiene que mantener, claro que tiene que venir el Secretario de Educación Pública, o lo que queda de él, a este Congreso, a esta Comisión Permanente, a explicar qué demonios quiso hacer con esa decisión.

Si hay que salvar las elecciones el próximo domingo, el proceso, yo estoy de acuerdo. Hagamos lo necesario para que se transcurra en términos de civilidad y orden, de paz pública, pero no entregando así el equipo, eso no se vale.

Así como acompañamos al Presidente en sus iniciativas para sacar adelante las reformas, lo vamos a acompañar para enfrentar a estos cobardes grupos de poder.

Porque ya están pidiendo ahora, después de los desmanes de ayer, después de que les entregaron todo; están pidiendo ahora que se cancele completamente la reforma educativa, que se abrogue completamente esta reforma e incluso que se libere a 4, que dicen, son presos políticos.

Son unos malditos secuestradores de niños inocentes, sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, que los tuvieron ahí en cautiverio en las condiciones más inhumanas que se puede uno imaginar.

Presos políticos, mangos, vulgares delincuentes.

Termino simplemente diciendo: Felicito a esta Comisión Permanente por la posición tan fuerte que estamos tomando, de exigir al gobierno que no dé marcha atrás en la evaluación de la educación.

Créanme, esto no es de política, no es de elecciones, esto es por nuestro país.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Javier Lozano.

Sonido en el escaño del Senador Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Lo apunto, y una vez que concluyan las intervenciones de los grupos. Ya hay una lista para hechos que daré a conocer y en ese momento tendrá usted su derecho de intervenir, siempre y cuando me sitúe cuál hecho quiere rectificar, no ahorita, porque eso de para hechos es la fórmula para entender por cualquier motivo, pero hay que precisar qué hechos se quiere rectificar o qué dicho, debiera ser así.

En uso de la palabra el Senador Daniel Amador Gaxiola.

El Senador Daniel Amador Gaxiola: Gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario del PRI ratifica su compromiso con la implementación de la reforma educativa para garantizar el derecho a una educación de calidad de todos los niños y jóvenes.

Los Senadores del PRI estamos a favor de hacer de la educación la fuerza transformadora que mejore el bienestar de los mexicanos.

La determinación de la SEP de suspender indefinidamente el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes en la educación básica y media superior, no significa claudicar en la implementación de la reforma educativa. La suspensión no es la cancelación de la evaluación.

Lo más fácil en estos momentos sería descalificar al gobierno por tomar una decisión que, sin lugar a dudas, resulta compleja.

Como legisladores de la República, la decisión de la SEP nos preocupa y nos ocupa; pero más que pedir renuncias o escenarios para el linchamiento, los Senadores del PRI nos pronunciamos por pedir mayor información de los elementos que fueron tomados en cuenta.

No nos queda la menor duda del compromiso del gobierno federal por implementar la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión.

Mientras entidades como Oaxaca y Sonora eran omisas en realizar las adecuaciones legislativas que ordenaba la reforma educativa, el gobierno de la República se esforzó por concretar la reforma.

De hecho, en abril del 2014, el gobierno federal interpuso controversias constitucionales contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo de diversas entidades, entre ellas Oaxaca y Sonora, precisamente porque iban en contra del espíritu de la reforma educativa.

En este debate hay quienes carecen de autoridad moral para cuestionar las decisiones del gobierno.

Algunos de los que hoy se escandalizan con la suspensión de la evaluación formaron parte o apoyaron a un gobierno anterior que instrumentó de rodillas la política educativa del país. Otros votaron en contra de las leyes secundarias defendiendo intereses políticos y gremiales.

El PRD votó en contra de las leyes secundarias porque, según ellos, atentaban contra los derechos laborales de los maestros.

Independientemente de las causas que motivaron al gobierno a suspender la evaluación, este hecho confirma que la complejidad en la instrumentación de la reforma educativa es un proceso de largo alcance y trascendencia, en el que deben de considerarse una inmensa gama de factores.

La implementación de la reforma educativa no se da en el vacío sino que se encuentra relacionada con otros elementos políticos y sociales.

Por lo anterior, estamos a favor de solicitar a la SEP un informe en el que nos explique sus razones.

Por otro lado, también hay que decir que la reforma educativa ha tenido avances importantes que no debemos soslayar.

La evaluación, si bien es una parte importante de la reforma, no es la única. A través del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial realizado por el INEGI, se han identificado las carencias, los retos y los problemas de casi 240 mil escuelas, 24 millones de alumnos y 1.8 millones de trabajadores de la educación.

La operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Educativo mejorará el destino y transparencia de los 307 mil millones de pesos que se destinan al rubro de servicios personales.

Hoy existen 3.5 veces más escuelas de tiempo completo que cuando comenzó la administración: de 6 mil escuelas de este tipo, pasamos a más de 23 mil, además, la mitad de nuestras escuelas de tiempo completo ofrecen alimentación gratuita.

Se han entregado gratuitamente más de 6 millones de paquetes de útiles a estudiantes con severas carencias.

Por primera vez en nuestra historia, concursaron más de 160 mil personas por el ingreso a la docencia, así como para ejercer cargo de director en planteles de tipo medio superior.

Con el propósito de reducir la brecha digital entre familias y comunidades del país con mayores carencias, se entregaron en 2013, 240 mil equipos de cómputo portátiles para alumnos de 5º y 6º de primaria en Colima, Sonora y Tabasco; y en el ciclo actual, 709 mil tabletas para alumnos del mismo grado en las tres entidades mencionadas, más el Estado de México, Puebla y el Distrito Federal.

Así como el Diputado Rangel, en la reforma educativa todos coincidimos en mejorar la calidad de la educación, y para esto, necesariamente se tiene que mejorar al magisterio nacional, las condiciones de su formación, ingreso, promoción, permanencia, así como la evaluación de las realidades que circundan su desempeño.

En síntesis, en corto tiempo, el Estado ha recuperado la rectoría de la política educativa, una cuestión fundamental que había sido olvidada en el pasado.

Los Senadores del PRI estamos convencidos de que la función docente debe reunir las cualidades personales y competencias profesionales que permitan promover el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

No tengamos la menor duda que la implementación de la reforma educativa va a continuar con el concurso de todos los actores involucrados, y que al final logrará su objetivo de mejorar la calidad de la educación con equidad.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Amador Gaxiola.

Voy a leer los nombres de los legisladores de esta Comisión Permanente que han pedido intervenir para rectificación de hechos: Angélica de la Peña Gómez, Fernando Rodríguez Doval, Alejandro Rangel Segovia, Juan Gerardo Flores Ramírez, Lilia Aguilar Gil, Fernando Belaunzarán Méndez, Armando Ríos Piter, Roberto Gil Zuarth y Amalia García Medina.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Entiendo que la Permanente el día de hoy ha hecho un trabajo importante, en donde se han expresado las voluntades políticas de todos los grupos parlamentarios para presentarnos un punto de Acuerdo con dos puntos claramente consensuados; para darle una salida a un problema, a una discusión, a un debate, a un reclamo, ni más ni menos provocado por el Comunicado 129, del 29 de mayo de este año, de la Secretaría de Educación Pública, ya comentada.

Nos parece que está bien que logremos el consenso con estos dos puntos, con este resolutivo, pero me parece que nos quedamos cortos.

Estamos, y hay que decirlo, y deberíamos decirlo con toda puntualidad, sin eufemismos, que estamos frente a una violación a la Constitución, no solamente en las leyes reglamentarias.

Lo que hizo la Secretaría de Educación pública fue violentar, a través de ese Comunicado 129, violentar la Constitución, y permítanme decirlo, eso es gravísimo.

Yo no veo, y con todo respeto, que pueda entender, es algo que se da, siempre protege a las instituciones por parte de los grupos que forman parte en su militancia partidaria de esas instituciones, puedo entender eso, pero me parece que hay que decir las cosas como son.

Y además, ¿qué curioso?, son reformas a la Constitución, reformas a leyes y diseños de otras, justamente emprendidas en esta Legislatura, y como Cámara de Origen en el Senado, estos que estamos aquí, incluyéndome a mí, votamos por esas leyes, votamos por esa reforma constitucional que discutimos nosotros, que trabajamos muchísimo, sin que finalmente modifique el artículo 3o. de nuestra Constitución, y que hoy no podemos quedarnos callados como que no pasa nada.

Porque además, otra de las funciones del Congreso de la Unión, de los parlamentos, además de revisar las leyes, de diseñar las leyes, también es garantizar y exigir que se cumplan las leyes.

Somos el vigilante de que las leyes que emanan del Parlamento se cumplan, son los dos puntos un consenso, pero se quedan cortos.

Ahora bien, qué es lo que observo, y me permito decirlo con mucha puntualidad, ¿qué hay de tras? Ya dije, hay una ilegalidad, hay inconstitucionalidad, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre sus potestades tendría que estar ahorita presentando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente una solicitud de inconstitucionalidad, una revisión de la violación a la Constitución en la que ha incurrido la Secretaría de Educación Pública, de manera particular.

Por supuesto el gobierno federal en lo general, pero además con toda la envestidura de ser ni más ni menos que el responsable de que como Estado mexicano se garanticen los tratados internacionales que México ha aprobado, y aquí también se está violentando un tratado internacional que es la Convención sobre Derechos de la Niñez, que además establece como uno de sus principios rectores, de sus derechos humanos el interés superior de la niñez, que debe de estar por encima de cualquier otro interés, por más legítimo que sea, hoy vemos que no es así.

Entonces estamos frente a un asunto de ilegalidad.

No hay transparencia en lo que se decidió, quedó, efectivamente como aquí mencionamos, en un fin de semana, medio oculto, todos nos sorprendimos, y entonces no sabemos por qué motivo se decide suspender, todo mundo especula, que es por una presión de la CNTE, y hay que decirlo de manera puntual, y entonces el gobierno debería de decirnos qué fue lo que motivó que se suspendieran los procesos de la calendarización acordada con la Secretaría de Educación Pública con toda la pertinencia y con todo el tiempo posible para poder concretar este calendario.

No hay objetividad, no; ¿cuál es la razón?, ¿a qué se debe?

No tenemos absolutamente ninguna información, y por supuesto nos preocupa, y con esto termino, y muchas gracias por la paciencia, señor Presidente; termino mencionando que lo que tenemos que hacer efectivamente es, y estoy de acuerdo con la propuesta de que vengan las autoridades y nos digan, ya sé, va a pasar la elección, y resulta que el lunes, van a decir, no, bueno, sí, va otra vez; pero, qué barbaridad, qué cosa; el gobierno federal sea rehén de quienes parecen ser motivados por otros intereses, pero menos por el que deberían ser motivados cuando están frente a una profesión como es la docencia.

Es cuanto, y muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Fernando Rodríguez Doval, del PAN.

El Diputado Fernando Rodríguez Doval: Gracias, Senador Presidente.

No quiero que mis palabras se interpreten como un agravio personal contra nadie. Sin embargo, la honestidad intelectual me obliga a decir las cosas con toda claridad.

Me parece un enorme cinismo que el PRI venga a esta tribuna a decir, y cito textualmente: “que el Estado ha recuperado la rectoría en materia educativa”.

Eso era lo que queríamos precisamente con la reforma educativa que se aprobó en diciembre del año 2012.

La primera gran reforma de este sexenio, la primera gran reforma del tan traído y llevado “Pacto por México” que justamente, entre otras cosas, incluía la evaluación obligatoria, ya se ha dicho, para el ingreso, permanencia y promoción en el servicio público docente.

Hoy vemos que eso que se convirtió en un mandato constitucional, este gobierno, violando la Constitución y las leyes lo ha convertido en una decisión opcional de política pública.

Es decir, ahora resulta que el Secretario de Educación Pública toma decisiones que la ley no le permite; es decir, está violando el principio de legalidad.

Sólo por eso el Secretario de Educación Pública ya merecería no solamente la renuncia, sino que le hiciéramos un juicio político por violar la Constitución y tomar decisiones que la ley no le faculta.

Esta ominosa decisión de suspender las evaluaciones obligatorias a los maestros de este país supone una capitulación del gobierno del Presidente Peña Nieto frente a los violentos, frente a este grupo de chantajistas que toda su vida han vivido precisamente violando la ley, llenando de miedo a la autoridad, y al mismo tiempo, manteniendo esos privilegios y esas prebendas a costa del futuro de los niños de México. Y ya se ha dicho también en esta tribuna, nadie ha salido, nadie por parte del gobierno federal ha salido a darnos una explicación. Ayer el Presidente tuvo un evento en el Estado de México diciendo que se han llevado a cabo grandes reformas en este sexenio.

Bueno, pues la primera gran reforma ya está suspendida por ese mismo gobierno, y ni siquiera el Presidente nos dio una explicación, porque además, lo primero que habría que preguntarnos es, a cambio de qué se tomó esta decisión; uno podría inferir que se hizo para que hubiera una paz social, para que hubiera tranquilidad, para que los violentos de la CNTE nos dejaran llevar a cabo, graciosamente, nos concedieran el favor de llevar a cabo las elecciones; bueno, ni siquiera eso está garantizado.

Hoy vemos, según declaraciones del Presidente del Instituto Nacional Electoral, que hay 12,000 secciones electorales en riesgo en este país, la gran mayoría de ellas por amenazas de grupos como la CNTE o la CETEG, hoy vemos que el aeropuerto de Oaxaca está tomado por la CNTE.

Es decir, esta decisión de suspender las evaluaciones no solamente fue una decisión absurda, no solamente fue una decisión ilegal e inconstitucional, sino además, fue una decisión de una enorme torpeza política porque ni siquiera consiguió el objetivo que el propio gobierno se había planteado, felicidades al PRI y al gobierno por esta gran decisión. Ahora vemos que lo único que está generando es mayor indignación por parte de los padres de familia, mayor indignación por parte de los grupos organizados de la sociedad civil, mayor indignación por parte de los ciudadanos, y además, lo que únicamente vemos también, es que se hayan empoderado y fortalecido a esos grupos violentos, que después de esta decisión no solamente ha garantizado paz social, sino que se han hecho fuertes, y hoy siguen llevando a cabo estos actos violentos y estos actos de chantaje.

Termino, señor Presidente, diciendo que casualmente los tres estados que presentan en todos los índices educativos peor desempeño: Michoacán, Guerrero y Oaxaca, son los tres estados en donde la CNTE, ante la cual el gobierno capitula, es más fuerte.

Es decir, seguirle dando la razón y seguirle dando privilegios y prebendas a la CNTE significa seguir condenando a los jóvenes de Guerrero, Michoacán y Oaxaca a un futuro de empleos mal pagados, es seguirlos condenando a la inmigración a Estados Unidos, es seguirlos condenando a que no tengan oportunidades de desarrollo; eso, eso es lo que está logrando este gobierno al capitular de esta manera ante los chantajes de los violentos de las CNTE.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Rodríguez Doval, tiene usted un grupo de Senadores que simpatizan con usted.

En uso de la palabra el Diputado Alejandro Rangel Segovia, del PRI.

El Diputado Alejandro Rangel Segovia: Gracias, señor Presidente.

Nadie en su sano juicio habría de suponer o de esperar que la reforma educativa sería un proceso sencillo, como tampoco nadie en su sano juicio y en su buen entender, debería estar elevando la voz y estigmatizando por una parte del proceso que tiene una integralidad tan grande como ya la ha explicado el Senador de mi partido que me antecedió en el uso de la voz, pero a lo cual habría que agregar otros significativos avances que esta reforma educativa ha podido llevar a cabo. Es verdad, todos debemos celebrar que el Presidente Enrique Peña Nieto haya tenido la paciencia, la sapiencia y la habilidad de sentar a todas las expresiones políticas de antemano para ser el gran listado que este país necesitaba, habida cuenta de la reformas que otros antes no pudieron llevar a una mesa de análisis de discusión y de puestas de acuerdos.

Ese fue el inicio, ese es el primer avance que tenemos que registrar cuando se hace un alto en el camino para verificar la estrategia más contundente, para verificar si los pasos y las técnicas que se están llevando a cabo para las evaluaciones, en este caso, son las correctas; para saber si lo censos que ya se hicieron son también los que nos deben seguir marcando la ruta que se sigue.

Una pausa en el camino siempre será una medida también inteligente, también que nos brinde un espacio de promoción y de mejor pensamiento.

No tengamos ninguna duda, los procesos de ingreso, promoción y de permanencia en educación básica y media superior seguirán adelante por mandato constitucional, y de las leyes correlativas: la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Condenamos los hechos violentos, y que ya se han referido aquí con insistencia, y valoramos a todos aquellos profesores, decenas de miles de ellos que ya estaban adecuadamente preparándose para sus evaluaciones, y que están a la espera, que exigen su evaluación para ellos y para quienes no han querido prepararse.

Veamos la integralidad y los avances de la reforma educativa, antes de estos lances quijotescos, lapidarios e inquisidores.

Se estableció la negociación única entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, otros no habían podido hacerlo.

La transformación educativa ha implicado 18 foros regionales y 3 nacionales, recibiéndose 15 mil propuestas para la reforma del modelo educativo. Sí, si estamos revisando el modelo educativo.

El Programa de Escuelas Dignas en los dos años precedentes, ha beneficiado a casi 11 mil centros de enseñanza, con un presupuesto de 8 mil millones de pesos.

El programa de la reforma educativa que ideó el Presidente de la República, inicio operaciones en este ciclo escolar, con un presupuesto de más de 7 mil 500 millones de pesos, para poner directamente en manos de los directores y padres de familia, el manejo de los recursos que fortalezcan la autogestión escolar, atendiendo a 20 mil planteles.

De las más de 6 mil escuelas, se han entregado 3 mil dispositivos electrónicos periféricos para alumnos con capacidades diferentes, 8 y medio millones de libros de texto gratuitos y materiales de nueva generación, han sido proporcionados.

Se diseñó, como ya he dicho, una política educativa nacional para la consolidación de la formación cívica y ética, que sexenios anteriores le habían arrebatado a las aulas y a los planteles de este país.

Con la participación de los padres de familia que ahora son legalmente reconocidos como agentes educativos, se ha instalado el Consejo Nacional de Participación Social y los respectivos en estados y planteles.

En estos últimos, tenemos ya 200 mil de los 240 mil consejos escolares, y podría seguir la larga lista de avances concretos, registrados por los profesores y padres de familia y sociedad en general, de lo cual deberíamos hablar y sentirnos orgullosos también.

La reforma educativa no está cancelada, es un todo, es un proceso, si urge que aceleremos el paso y quien diga que está cancelada, que se está faltando a la Constitución, no solo miente, obra de mala fe y pretende confundir a la población, a unos días del proceso electoral.

Basándose en una sola pausa de sus partes, los grupos parlamentarios del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados, seguimos convencidos de la necesidad de la reforma, pues la aprobamos en su momento, con mucha decisión, sin titubeos, que otros sí tuvieron, con la integridad y la integralidad necesarias, con la administración eficiente del tiempo necesario pues hay partidos que nos acompañaron en esa votación pero que su compromiso con la calidad educativa, ha decaído.

No podemos presumir la misma convicción de otras expresiones, que ahora si vienen a exigir que se lleve a cabo ese proceso de evaluación, cuando lo habían desdeñado en sus intervenciones, cuando aprobamos la propia reforma educativa.

Hoy aquí han pasado voces de partidos que acusan al gobierno federal de abandonar su compromiso por la reforma educativa, primero: deberían voltear hacia sus propias administraciones, como en Oaxaca y Guerrero, donde han claudicado a favor de los poderes facticos, concluyo señor Presidente, o peor aún, se han colocado en tela de duda sobre su verdadera actuación en las movilizaciones por todos conocidas.

Les dijera Sor Juana Inés de la Cruz: “Hombres y partidos necios que acusáis, sin razón, sin ver que son la ocasión de lo mismo que culpáis”.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esa décima es muy nueva.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT, para ratificar hechos, ojala nos sitúe de qué hechos.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Y rectificaré algunos, señor Presidente.

Primero, iniciaré con lo que ha dicho un Senador del PRI en esta tribuna, dice: que esta suspensión indefinida, no significa claudicar. ¿Entonces qué significa? Recular, echarse para atrás, ceder a las presiones de sabrá Dios quién, que nos explique.

Se ha dicho en esta tribuna que necesitamos pedir más información, hablando de comunicados, yo le recomendaría a los legisladores que lean el comunicado número 20 del INEE donde viene explicado, no solamente por que esta suspensión violenta la Constitución y la ley sino además dice porque también violenta los derechos de todos aquellos ciudadanos que ya eran parte de este proceso de evaluación.

Más aun, yo hago una alusión a quien me antecedió en la palabra, Diputado del PRI, que ha dicho que está medida no violenta la Constitución, que venga y nos explique cómo no la violenta, porque el mismo INEE, ha dicho: que sí, que la violenta, no solamente la reforma educativa, sino también las mismas atribuciones que tiene el propio Secretario, dicen: hay que pedir información y luego vemos, a ver si viene el Secretario de Educación, es decir, la República se nos está viniendo abajo, y nosotros espéreme tranquilos, despacio, porque entonces necesitamos primero analizar la situación en la que estamos.

La verdad es que esa no es la actitud que debiese de tomar está Comisión y creo que nunca me imaginé que iba a coincidir con el Senador Lozano, pero en efecto, se está violentando el bienestar de los mexicanos como una moneda de cambio Senador, tiene usted razón, quedan golpeados dos elementos básicos:

Primero. El elemento que camina, el único elemento que camina hacia una calidad de educación de esta reforma, porque yo lo digo y lo sostengo, está fue una reforma laboral, en el tema magisterial y tenía como elementos salvables, esta, la evaluación.

Segundo. Evidentemente queda el sospechosísimo del que todo mundo ha hablado aquí, ¿se está cediendo ante la CNTE, o se está acordando con el SNTE?, y entonces aquí la gran pregunta que parece pertinente es: ¿está cediendo este gobierno de la República a grupos de choque y de violencia?, que aquellos que están en la calle tratando de expresar algo, no pueden resolverlo con política y lo hacen deteniendo las reformas que tanto han cacareado. Que la política resuelva la política, ¿pero no pueden detener las pocas cosas que han hecho, ni la paz, ni la tranquilidad que se esperaba con este comunicado escueto del que ya todo mundo hemos hablado?

El día de ayer se tomaron las instalaciones del INE en varios estados, se robaron o se despojó de papelería electoral, entonces qué es lo que está sucediendo ¿No les funciono el trato? Esas son las cosas ¿que deberían de estar respondiendo los priistas en esta tribuna?

El Secretario de Educación Pública, de un plumazo, violó no solamente un principio de legalidad de derecho, sino también la Constitución; nosotros hemos dicho, que este Sistema de Evaluación debe de ser transparente, democrático, basado en el mérito, sin tintes políticos, que evalúen capacidades y no compadrazgos. Sabemos que también hay disgusto en algunos maestros democráticos o que no pertenecen a los sindicatos porque muchos gobernadores, y lo han dicho diversos Diputados, han utilizado este sistema de evaluación y la propia reforma para ir tras maestros que no coincidan con gobernadores de todos los tintes políticos, eso es lo que la reforma debería de arreglar.

Termino con una reflexión: aquí se habla de todo lo bueno que se ha hecho en el tema educativo, se dice que se han hecho 18 foros, que se han repartido algunas tabletas, que se dan materiales de texto gratuito. ¿No es esa la obligación del estado? ¿No es? ¿Entonces qué demonios está haciendo el Secretario de Educación?

Lo que ésta reforma educativa debería hacer, es acabar con los terribles números que tenemos frente al mundo.

Según el Foro Económico Mundial, México se ubica en el sitio 102 de 124 en eficiencia de educación primaria, los estudiantes mexicanos, y con esto termino, se ubican en el rango 63 de mejores oportunidades de crecimiento sobre 102 y la calidad educativa en este país no ha mejorado en este sexenio, se encuentra en el 102 de 124.

No vengan aquí a echarse culpas, es responsabilidad de todos, PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, así que no vengamos a echarnos la bolita, ni a defender lo indefendible.

Que nos expliquen por qué se detuvo la evaluación, que se vuelva a aplicar esta evaluación y que nos diga la verdad. ¿Está tomado o no está tomado este país? Y que venga y lo hable el Secretario, porque para eso sirven las comparecencias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Aguilar Gil.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los integrantes del “Congreso de Partidos Verdes en América, Casos de Éxito”, invitados por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ambas Cámaras del Congreso mexicano, los Senadores Puente Salas y Flores Ramírez y del Diputado Tomás Torres Mercado.

Quiero expresar un saludo a los excelentísimos:

Adamou Garba. Presidente del Partido Verde de Niger.

Papa Meissa. Presidente de la Federación Democrática de los Ecologistas de Senegal.

Horacio Enrique Rivero y Marcelo Enrique López. Integrantes de la Iniciativa Verde por Buenos Aires.

André Moreira Fraga. Vicepresidente del Partido Verde en Salvador de Bahía, Brasil.

Fabiano Lima da Silva Carnevale. Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Verde de Brasil;

Jean Cloutier Chairman. Amigos de la Tierra en Quebec. “Friends of the Earth in Quebec”;

Alejandro Iván San Martín Bravo. Consejero General del Partido Ecologista Verde de Chile.

Antonio Navarro. Senador del Partido Alianza Verde de Colombia.

Carlos Ramón González Merchan. Integrante del Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Verde de Colombia.

Fernando Salazar Riveros. Miembro de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde de Colombia.

José Antolin Polanco Rosa. Presidente del Partido Socialista Verde de la República Dominicana;

Minerva Altagracia Gómez Rodríguez. Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Verde de la República Dominicana.

Matilde Bajan. Coordinadora del Movimiento Verde por Guatemala;

Alex González Castillo. Presidente del Partido Alternativa Verde del Perú.

Flor María Hurtado Valdez. Secretaria General del Partido Alternativa Verde del Perú.

Alejandro Aguilera. Secretario General Adjunto del Movimiento Ecológico de Venezuela.

Manuel Joel Díaz Capdevilla. Secretario General Nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela.

Agradecemos su presencia, nuestro reconocimiento a ustedes. Les deseamos éxito en los trabajos del Congreso. Felicidades, señores.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, señor Presidente.

Bueno, por fin, el Gobierno del Enrique Peña Nieto pudo unir a la sociedad, lástima que haya sido en su contra, hasta el PRI y el Partido Verde le están pidiendo al gobierno que dé marcha atrás en esta medida desastrosa, confesión de parte de su fracaso en la interrupción política con la disidencia. Un acto además ingenuo porque en lugar de resolver el problema, nada más complicó más las cosas.

Fue un acto de logofagia, el gobierno de la República se tragó sus palabras, presumía las reformas y ésta que es la reforma más noble, la reforma educativa, ésta es a la que da marcha atrás. Se tragó sus palabras. ¿Qué tiene ahora qué presumir? ¿Quién les cree, ya no sólo el “Mexican Moment”, etcétera, el “Saving Mexico”? Está aniquilando lo que decían que era su legado, de una manera, además, insisto, por demás desastrosa, con rectoría lamentable.

Porque además la verdad es que la educación pública es evidentemente el tema doble. ¿Por qué? Porque tenemos un tremendo problema de calidad educativa, en un país con las desigualdades que tiene México, con más de la mitad de la población en la pobreza, la educación pública es un instrumento fundamental irremplazable, esencial de la equidad social; es el elemento que iguala, es la posibilidad para la gente con menos recursos que puedan escalar socialmente, es el derecho de los niños de escasos recursos a tener educación de calidad, eso es lo que estamos peleando.

Porque una educación de calidad mediocre a quien más perjudica es a los que menos tienen, éste es su elemento de movilidad social, eso es fundamental, éste es el proyecto. Por eso, para los que somos de izquierda esto es irrenunciable.

Hay quienes prefieren quedar bien con la clientela, yo prefiero defender el proyecto, defender la posibilidad de un proyecto de equidad social que tenga la educación pública como un motor de movilidad para que la gente que tiene escasos recursos tenga instrumentos para salir adelante en una situación adversa.

Por eso la claudicación de Peña Nieto, por eso la claudicación de este gobierno es absolutamente lamentable, reprobable, y qué bueno que al menos en eso estemos todos de acuerdo, incluso los del partido del Presidente, para que esto no pase.

Pero, ¿para qué estamos aquí? Veamos el centro, entremos al tema de fondo. Aquí tenemos un acto de suicidio asistido para el Secretario de Educación Pública, ya Emilio Chuayffet es un zombi, es un Secretario zombi, lo mataron en la reforma más importante, lo dejaron fuera, en algo que hay que decirlo, él no era el que operaba políticamente la reforma educativa, ese tema lo tomó la Secretaría de Gobernación y son conocidas las reuniones de Luis Miranda con la disidencia, y la verdad es que Luis Miranda los trató, no sé si pensando que los iba a afiliar al PRI o pensando que él iba a ser el próximo Secretario de la Sección 22 o no sé qué.

Pero en lugar de resolver el problema, Luis Miranda y la Secretaría de Gobernación engordaron el problema y ahora estamos en un verdadero conflicto, porque la verdad es que les dio todo, efectivamente ya se dieron los datos, hay más plazas que no entraron por concurso y la reforma educativa obligaba a que hubiera concurso para nuevas plazas, para que hubiera al menos un pequeño requisito académico, ése tampoco se cumplió, les dio dinero, les dio plazas, etcétera. Y hoy nos tenemos amenazando abierta y explícitamente el proceso electoral, que yo voy a decir, los mexicanos tienen la libertad de decidir si votan, si se abstienen o anulan su voto, esa es la libertad que tenemos que decidir.

Lo que no podemos permitir es que alguien por la fuerza le impida a cualquier mexicano ejercer ese mismo derecho, abstenerse a votar o anular su voto. Eso es lo que no podemos admitir, y eso es lo que está en la discusión.

Y entonces, la verdad es que voy a votar a favor de este punto de Acuerdo, pero nos quedamos cortos, debemos pedir la comparecencia de Chuayffet si es que quiere venir todavía, por su amigo el que ya es prácticamente muerto en vida, a que venga a definir cómo es que tiró la parte fundamental de la reforma educativa, pero también el que engordó el problema, porque seguramente la decisión política se tomó en otro lado.

Que venga el Secretario de Gobernación a hacerse cargo de la desastrosa actuación de Luis Miranda en este problema, porque seguramente la decisión política se tomó en otro lado.

Yo me acuerdo, una vez que estaban en reforma, que estaban diciendo: “no los vayan a tocar, déjenlos ahí porque estamos negociando y acordando”, etcétera.

Y cada vez han sido más fuertes y han engordado, insisto, el problema. Defendamos la reforma educativa, que además hay que decirlo: miren, la reforma constitucional fue extraordinaria, muy buena reforma constitucional.

En la reforma a las leyes secundarias más o menos porque se hicieron concesiones, más de cien cambios a la Ley General del Servicio Profesional Docente, más de cien cambios que fueron acordados con los disidentes, que luego los disidentes los desconocieron.

Y ahí se hizo un paso atrás dándoles la operación de la evaluación a los gobernadores, a las Secretarías de Educación Pública de los estados, cosa así.

Pero a pesar de eso, de que bajó el nivel de la constitucional a la secundaria era importante apoyar porque se buscaba una evaluación no punitiva, y así quedó, no punitiva, al grado de que hay tres evaluaciones. Después de la evaluación hay formación además gratuita para que, si el maestro falla en algún aspecto, en ese aspecto sea formado y pueda pasar su examen; y si en tres evaluaciones reprueba, va a ser re adscrito, es decir, no va a haber sanción a nadie y a nadie se le va a correr.

Y termino con esto. La verdad es que la reforma educativa no le ha tocado un pelo a nadie, no ha corrido a nadie, no ha despedido a nadie y quedó una evaluación no punitiva, sino de diagnóstico y de superación.

Así quedó, pero ha servido de bandera para sacarle y para chantajear, y han tenido éxito porque se han topado con un gobierno débil, un gobierno que no ha puesto la educación de los mexicanos en los más pobres al principio; y la verdad es que es vergonzosa esa actitud porque en lugar de resolver el problema lo hicieron más grande, están envalentonados y ahora tenemos este problema desastroso.

Que vengan a comparecer. Votaré por esto. Es una resolución light, fue el acuerdo posible. Vamos por más, tienen que dar la cara.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Belaunzarán.

En uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Los hechos o los dichos a los que quiero referirme, que primero motivaron mi intervención, fueron los dichos del Senador Javier Lozano, que me parece que abren la necesidad de algunas consideraciones y que, después de escuchar a otros compañeros legisladores, me parece que nos llevan a una reflexión profunda.

Decía el Senador Lozano: la CNTE es la causante de esto.

Yo quiero fijar mi posición. Sin duda alguna han evidenciado miembros de la CNTE, especialmente en el caso de Guerrero con la CETEG, que en esta intención de boicotear las elecciones están cayendo en actos de violencia que de ninguna manera se pueden apoyar, de ninguna manera podríamos respaldar que alguien quiere impedir especialmente el derecho de que se realicen las elecciones.

Es decir, se tiene que aplicar la ley a la CNTE, sin duda alguna, o por lo menos de aquellos actores que están incurriendo en actos violentos.

Dicho eso, y ésa es la posición que tengo en lo personal, pues me parece que quedarnos con la idea de que esto tiene que ver solamente con la CNTE, es pecar de miopía, pero peor aún, sería avalar implícitamente algo que me parece que tiene más trasfondo.

Y una vez que escuché a los compañeros legisladores del PRI, pues me parece que hay que hacernos algunas preguntas:

¿Por qué el Presidente Peña Nieto, por qué el gobierno federal después de venir cacareando la reforma educativa tantas veces, tantos meses, tantos años como uno de los grandes éxitos, de pronto con este pequeño párrafo de cinco líneas, decide enfrentar un enorme costo político en su imagen?

Porque ésa es la verdad. Esto significa algo que cuestiona no solamente la reforma educativa por parte de la opinión nacional o incluso internacional sino pone en duda qué tanto el gobierno federal quiere realmente implementar la de telecomunicaciones, la reforma en materia de competencia, etcétera.

Otra pregunta que tendríamos que hacernos, y por eso creo que no hay que pecar de ingenuidad; hay que exigir que venga el titular de Gobernación, no solamente el de Educación Pública, es el por qué esta apuesta del gobierno federal a cinco días de que se lleve a cabo el proceso electoral, o a una semana.

Compañeras y compañeros, ¿porque el problema de la educación, y así lo debatimos cuando hicimos las reformas, no es solamente la CNTE, es la relación de la autoridad con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación?

¿O acaso solamente la CNTE vendía plazas? ¿O acaso solamente la CNTE era la que avaló esta relación clientelar con el poder a nivel de los gobiernos de los estados?

No, compañeros, el problema es la relación de la CNTE y el SNTE con el gobierno. Por eso cuando escuché a mi compañero de Comisión y Secretario de la Comisión que presido, Senador Daniel Amador Gaxiola, cuando dice que el Estado ha recuperado la rectoría del sector educativo, aguas con esa declaración compañeros, porque tal vez lo que está diciendo el compañero Gaxiola es que el gobierno quiere recuperar la relación con el Magisterio.

Y ése es un problema superior porque lo que puede haber en medio de esta decisión son votos del sindicato para el PRI. Es una recuperación de una relación que fue distorsionándose durante décadas para dejarnos en la peor condición como sistema educativo.

Y ahí, compañeros y compañeras, pues yo creo que no hay que tragarnos un anzuelo fácil. Sí hay que condenar la violencia sin duda alguna, sí hay que condenar a aquéllos que quieren boicotear el proceso electoral, pero no hay que dejar pasar que el PRI venga aquí a apoyar un punto de Acuerdo en el cual se convoque algo, y que de pronto lo que esté ocultando es una negociación política a cambio de votos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Por eso queremos que venga el Secretario de Educación Pública. Por eso queremos que venga el Secretario de Gobernación.

Compañeros y compañeras, éste es uno de los temas más preocupantes de la historia reciente, pareciera ser menor y tal vez por eso se quiso ocultar solamente en ese párrafo.

Posiblemente la decisión del gobierno a unos días de enfrentar el proceso electoral sea: le apostamos a las reformas, le apostamos a una reforma educativa.

Pareciera ser que es demasiado difícil implementarla. Regresemos al modelo tradicional que inventamos. Y que también, dicho sea de paso, el panismo mantuvo durante doce años.

La relación clientelar, la relación corrupta, la relación en que las plazas se dan al compadre, se dan al amigo, se dan al cuate político, en lugar de dárselas al que por meritocracia mejor puede dar la educación a los niños y a las niñas.

Por eso, compañeros y compañeras, exigiremos que la semana que viene no solamente venga el Secretario de Educación Pública sino que esté presente el Secretario de Gobernación.

Si en medio de este tema, compañeros y compañeras, está la política electoral, eso saldrá a la luz pública. Pero habremos de exigirnos, compañeros y compañeras, que por tratarse de la educación de los niños y las niñas de México, haya renuncias en el Gabinete que medie en este tema.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ríos Piter.

En uso de la palabra el Senador Roberto Gil Zuarth.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

Es una triste metáfora que se reviva a Sor Juana Inés de la Cruz, una de las más destacadas escritoras del siglo de oro de la literatura en español. para justificar la sepultura de la reforma educativa, para justificar el atropello a los derechos de millones de educandos a saber, conocer y aprender.

Es una triste metáfora que se invoque la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz para justificar este atropello.

Ya se le ha hecho recurrente, ya es una práctica recurrente del PRI, un pretexto, una coartada, echarles la culpa a los gobiernos anteriores; decir que el gobierno anterior, los gobiernos del PAN no hicieron o no quisieron.

Llevan ya 3 años, la mitad de la administración, con los ojos puestos en el espejo retrovisor, pero, ¿saben qué pasa cuando un conductor va con los ojos puestos en el espejo retrovisor? Que es incapaz de ver los obstáculos del camino, y es incapaz de ver hacia dónde va.

Ya llevan la mitad de la administración, señores legisladores del PRI, ya no vale ese pretexto, ya no vale esa coartada.

La responsabilidad de la conducción del país, por mandato popular, es de ustedes. Ya no pueden encontrar justificación o consuelo en lo que hicieron otras administraciones.

Pero déjenme refrescarles la memoria. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue creado en una administración de Acción Nacional, en el año de 2002.

Los procesos de evaluación y el principio de calidad fueron introducidos por un gobierno del PAN, el gobierno anterior, vía administrativa en efecto, porque ustedes, las bancadas del PRI, nunca pusieron aptitud y disposición a construir una reforma de Estado, como sí lo hizo Acción Nacional en esta legislatura.

Ustedes cuestionaron la alianza por la educación, la cuestionaron en cientos de puntos de Acuerdo en el Congreso de la Unión, y en consecuencia, no le pueden echar la culpa a las administraciones anteriores.

De hecho, les quiero recordar que en 2012, la OCDE celebró los avances en materia de evaluación y calidad educativa. La OCDE, en un informe decía: “Que era el camino correcto, pero que faltaban las reformas legales, reformas legales constitucionales”, que Acción Nacional les dio en esta legislatura sin pretextar absolutamente nada.

En consecuencia, los esfuerzos por la calidad educativa empezaron en administraciones panistas, a pesar, y muy a pesar de ustedes.

Nosotros, como gobierno, tomamos determinaciones responsables. Y déjenme traer a la memoria el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro porque eso los pinta con total, con total claridad.

Cuando Acción Nacional, cuando el gobierno del Presidente Felipe Calderón toma la determinación de Luz y Fuerza del Centro, vinieron presiones, vinieron chantajes, vinieron condicionamientos, manifestaciones e intentos de colapsar el orden público.

¿Qué hizo el gobierno de la República? Mantenerse firme en su decisión.

¿Qué hacían las bancadas del PRI? Recibían, entre aplausos, en el Congreso de la Unión, al líder del Sindicato Mexicano de los Electricistas.

Es como si nosotros ahorita estuviéramos celebrando la oposición de los sindicatos, y específicamente de la coordinadora, la reforma educativa. Nosotros no hacemos eso, porque pensamos por el bien del país; nosotros resistimos, aplicamos la ley, y esa es una gran diferencia entre la forma de conducción política entre ustedes y nosotros.

Aquí dicen, aquí dicen que no se suspende o no se cancela la evaluación educativa, simplemente dicen que se pospone, y con eso quieren justificar la legalidad de su decisión.

Quiero recordarles que la reforma que aprobamos deposita en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la responsabilidad de conducir los procesos de evaluación, no en la SEP.

Y la ley dice claramente. “Que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el que establece los lineamientos y las fechas de los concursos”.

Lo único que tiene que hacer la SEP, conforme a la ley, es aplicar los lineamientos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En consecuencia, no puede disponer de la fecha que estableció el INEE.

No es facultad de la Secretaría de Educación Pública determinar la fecha de realización de los procesos de evaluación sino que esa es una facultad legalmente establecida a favor del INEE.

Acaban ustedes de aceptar la franca violación a la Constitución y a la ley. Como decimos los abogados: “Frente a confesión de parte, relevo de pruebas”.

Pero no solamente pecan de ilegalidad, ahora también pecan de ingenuidad, señor Presidente, y con esto termino.

Se está diciendo por ahí que esto es una táctica estratégica del gobierno de la República para sortear las elecciones, para que vayamos a un domingo electoral sin sobresaltos.

Es ingenuo, porque si ese es, si ese fue el acuerdo que motivó la posposición del proceso de evaluación, les vieron la cara.

Como lo ha dicho el Diputado, es absolutamente claro, que no le cumplieron la palabra, y en consecuencia, la intención de sabotear las elecciones sigue vigente; pero no solamente eso. Déjenme hacerles 3 preguntas.

¿Qué les hace pensar que después del domingo la coordinadora va a cambiar su actitud frente a la reforma educativa?

¿No se dan cuenta de que ya mostraron debilidad, y lo más probable es que los chantajistas doblen su apuesta?

¿Qué les hace pensar que van a poder mostrar autoridad después de que se doblegaron frente al chantaje?

Un gobierno, concluyo, señor Presidente, un gobierno con autoridad no es aquel que usa más la fuerza, sino aquel que usa la razón para gobernar, la razón de la ley; la razón de la ley que no se negocia, la razón de la ley que no se somete a chantaje alguno.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Gil Zuarth.

En el uso de la palabra el Senador Gerardo Flores, del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo, al igual que todos mis colegas, Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados que me han antecedido en el uso de la palabra en esta tribuna, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, también como ya lo hizo mi colega el Diputado Tomás Torres, celebramos el consenso construido esta mañana, o este mediodía, en esta Comisión Permanente, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de las entidades federativas para que no suspendan el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los entes en la educación básica y media superior, y que se cumpla a cabalidad con el mandato establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente, y con las fechas difundidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Celebro también la vehemencia con la que han venido a expresar sus reflexiones los distintos compañeros y compañeras, porque se trata, sin duda alguna, de un tema de la vital importancia para nuestro país, el de la educación con calidad.

Algunos compañeros que me antecedieron aquí hablaron, por ejemplo, incluso hicieron referencia a indicadores; yo quiero citar muy brevemente algunos que son los que nos preocupan al grupo parlamentario del Partido Verde, y es ese problema que se muestra en las evaluaciones internacionales. Por ejemplo, en las evaluaciones hechas o las llevadas a cabo por la OCDE, en la que, de manera, yo diría desafortunada, nuestros estudiantes, nuestras niñas, niños y jóvenes están teniendo resultados todavía poco favorables. Muy concretamente me refiero al caso, en el caso de matemáticas, donde el 55 por ciento de nuestros estudiantes no alcanzan el nivel de competencia básico; en comprensión de lectura, estamos hablando del 41 por ciento de nuestros estudiantes que no alcanzan el nivel de competencia básica, y en ciencias, es el 47 por ciento.

Entonces, tenemos que celebrar que todos los grupos parlamentarios, este día, estén de acuerdo con la importancia de seguir adelante en esta reforma que construimos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores; se trata de un tema que va a ayudar a México a salir adelante, a alcanzar mejores niveles de desarrollo.

También celebro la vehemencia, y quiero hacer referencia a que celebro, más bien, esa rectificación de posturas, que también he venido escuchando esta mañana, porque hoy aquí ha habido quienes se han expresado a favor de la evaluación educativa, e incluso hubo quien dijo: “Que no recuerda quién se haya opuesto al tema de la evaluación educativa”.

Yo recuerdo que hubo compañeros que tristemente trataban de frenar esta discusión en el Senado de la República.

Yo recuerdo, y no me dejará mentir el Presidente de la Comisión de Educación, cuando en una madrugada, en el Centro Banamex hubo algunos colegas que afanosamente trataban de poner obstáculos a la discusión, en el Pleno del Senado de la República, de esta muy importante reforma educativa.

Estamos de acuerdo en que hay que exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de las entidades federativas, para que sigamos adelante con este importante elemento de la reforma educativa, que es la evaluación del servicio profesional docente.

Con esa misma vehemencia que han venido a expresar aquí, yo le pediría a todos los actores de los grupos parlamentarios, que también se dirijan a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados para que no importando el color del partido del cual emanen esos titulares, le pongan todos los kilos, como se dice coloquialmente, para impedir que un grupúsculo de delincuentes traten de hacer encallar esta importante reforma. Para que ese grupúsculo, que en su momento algunos apoyaron, que en su momento nos invitaron a sentarnos a discutir con ellos, porque deben recordar también, todos los grupos parlamentarios, que este Senado de la República acordó, en algún momento, que nos sentáramos a platicar con los maestros, un momento bastante complicado, en el cual tuve no sé si decir el privilegio de conducir esas reuniones con los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, unas pláticas, que lamentablemente no nos llevaron a ningún lado y que sí acreditaron las malsanas intenciones de estas gentes, para hacernos encallar este importante esfuerzo.

Yo le pido, a quienes en su momento los han apoyado, a quienes en su momento incluso los han traído a este Senado de la República, a que hoy miren para adelante, y con esa firmeza que expresaron hoy aquí a favor de la evaluación educativa, lo hagan aquí, en sus estados y por todos los rincones del país.

Es lo que México necesita.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Gerardo Flores.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Amalia García Medina.

La Diputada Amalia García Medina: Me dice aquí, mi muy querido y estimado amigo Fernando Belaunzarán: Duro, Amalia.

Bueno, yo lo quiero hacer, es una reflexión; sobre todo porque ante esta decisión que ha tomado el gobierno de la República, es una decisión. Estamos ante una situación de hechos, no es algo que se dará a futuro.

Ya se suspendió la evaluación, para el ingreso, promoción y permanencia de trescientos y tantos mil docentes.

Creo que es pertinente, que tomando; y yo lo tomaría textualmente, ese comunicado del gobierno de la República, donde señala que: “se suspende indefinidamente esta evaluación, por la existencia de nuevos elementos a considerar en el proceso”

Por lo menos desde mi muy personal y particular punto de vista, creo que, más allá del momento electoral, es un momento, por supuesto importante.

También me parece que sería pertinente, que tomáramos esta decisión, que ya se tomó, para ir mucho más allá. Para ir más lejos.

¿Y a qué me refiero?

Creo que no es de ninguna manera aceptable, que cuando se habla de la evaluación y el proceso de evaluación, prácticamente todas las intervenciones, y son las que aquí yo he escuchado y escuché en el pasado, se refieran a los docentes. Me parece que eso no es ni lo justo, que en eso podríamos tener diferencias, pero no es lo adecuado.

Y mi pregunta es: ¿Si se va hacer la evaluación, en qué momento se está planteando hacer la evaluación de las condiciones de formación, de los propios docentes? No estoy hablando de los niños, de los jóvenes, estoy hablando de las condiciones de formación de los docentes.

¿En qué condiciones están las escuelas normales?

¿Qué respaldo se está dando, para que cuando hablemos del proceso de evaluación, evaluemos como están las escuelas normales?

¿Cómo están las escuelas normales rurales?

¿Cómo está y que apoyo hay, por ejemplo, para la Universidad Pedagógica Nacional?

Tendríamos que partir, de hacer una evaluación en su conjunto, de todo el sistema educativo del país. No es, y yo no acepto, y por eso mi voto, y lo quiero decir con toda claridad, en la discusión muy intensa que se dio sobre estas reformas, fue un voto considerando que no podíamos poner en el centro de la calidad educativa, sobre la cual yo estoy absolutamente de acuerdo, tiene que haber calidad educativa, el centrarnos exclusivamente en evaluar a los docentes, sin evaluar las condiciones de formación de esos docentes; tenemos que ir al fondo.

Y lo digo con toda responsabilidad. Igual que varios de mis colegas aquí, fui gobernadora, y sabemos las deficiencias, los requerimientos y la exigencia que hay, y la necesidad de recursos para la preparación de los maestros.

Si tomamos la decisión solo al final de esa ruta, evaluamos y decimos que fallan, y que reprobaron; pero no evaluamos que pasa antes, quienes estamos fallando somos nosotros. No es la manera acertada de ir a tomar una decisión.

Y yo pongo solamente algunas consideraciones, algunos temas aquí.

Por ejemplo, ¿en qué condiciones está la infraestructura, los apoyos materiales para el desempeño de la labor docente? ¿En qué condiciones están?, si hay escuelas que no tienen laboratorios, carecen de los laboratorios; bueno, ya no hablemos de la infraestructura, de necesidad de sanitarios, de que haya piso de cemento y no de tierra. Solamente para señalar eso.

Pero para la formación de los docentes, una vez que ya egresaron, creo que la evaluación no puede ser, ni debe ser, evaluar que reprueban sino cuanto se está invirtiendo para la formación continua.

Y yo les quiero dar el dato. ¿Saben cuánto se está invirtiendo para la formación continua de cada docente de educación básica?, 363 pesos por cada docente.

¿Esto habla de congruencia con la calidad educativa? Es inaceptable. Para tener formación continua y de calidad, la decisión no es: a los que reprueben vamos a correrlos, y ya no habrá promoción y habrá permanencia, sino cuanto se está destinando a su formación.

Eso es un asunto sustancial y esencial, y creo que tendríamos que ir entonces, al fondo del problema. Me preocupa y lo digo con toda claridad.

Y voy a concluir, acercarme a concluir.

Que en los recortes que se han hecho este año, pues se le recortaron más de 9 mil millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública.

¿Ésta es la prioridad que le damos a la educación? Un recorte de más de 9 mil millones de pesos. No es así como se respalda la educación de ninguna manera.

Y reitero las visitas, muy honorables que hemos tenido aquí. Tuvimos al Presidente de Finlandia, donde toda la educación de todos los niveles, absolutamente toda la educación, es pública y es gratuita. Pero se le da en el presupuesto la prioridad que se requiere, para la formación de los docentes, desde las escuelas normales, hasta la formación profesional, lo que equivaldría a la Universidad Pedagógica Nacional y a la formación continua y a la actualización, es decir, se le da la prioridad.

Y creo que poner en el centro, solamente señalar a los docentes y si no vemos el contexto integral en el que se da, es inadecuado.

Termino, señalando lo siguiente: es pertinente que se haga una evaluación integral y que se cumpla con lo que ya se señala en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que dice: que esa evaluación debe ser integral, obligatoria y periódica, evaluando y considerando el contexto social, material, los recursos financieros destinados para esto, los procesos de formación y actualización continua; y la Ley General del Servicio Profesional Docente, también establece la necesidad de ver los sistemas de formación, actualización y desarrollo profesional.

La pregunta es: ¿en estos casi dos años de reformas, en este ámbito, en este contexto integral, qué se ha hecho desde el gobierno de la República y qué se ha hecho desde el Congreso de la Unión y la propia Cámara de Diputados en la votación del presupuesto?

También nosotros tenemos que ser evaluados, y tenemos que ponernos en un contexto integra, para que la educación sea de gran calidad, pero viendo no solamente a los docentes; que en todo caso son producto, de la gran deficiencia que hay en la formación de los propios docentes y tenemos que empezar por el principio.

Por eso, a lo que llamamos es, a que eso sea lo que revisemos, y que a la Secretaría de Educación Pública, se la llame a que nos informe qué ha hecho, para tomar las medidas, integrales para garantizar calidad educativa que requiere este país, calidad educativa de la educación pública que debe seguir existiendo en nuestro país.

Muchas gracias señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Amalia García.

Finalmente, el Diputado Danner González, del Partido Movimiento Ciudadano.

El Diputado Danner González Rodríguez: Gracias, señor Presidente.

Hemos escuchado un debate profuso con cifras de la nobleza de la reforma educativa y de lo grande que es la Secretaría de Educación Pública a la hora de ejercer sus recursos.

Yo digo han de vivir en otro país porque en el país en el que yo vivo los resultados de la fiscalización superior de la cuenca pública 2013, que implementó la Auditoria Superior de la Federación, señala lo siguiente:

La Secretaría de Educación Pública gastó 839 millones en 240 mil laptops que, por cierto, unas no funcionan y otras se entregaron en planteles que no tienen acceso a Internet.

Gastó de forma irregular 312 millones de pesos en cuatro contratos para digitalizar y ordenar documentos.

Incurrió en irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, que pagó durante todo 2013 a maestros adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la Sección 23, aunque en la página de transparencia dichas comisiones aparecen sin goce de sueldo; el monto erogado fue de 43 millones 139 mil pesos.

En el programa de escuelas de tiempo completo, del que aquí se ha hablado en 2013, hubo un subejercicio de 65.6 del importe asignado, es decir, que más de la mitad del dinero transferido a los estados, bajo este concepto, no fue ejercido de manera correcta en dicho programa que ha sido uno de los programas más publicitados, y que hay que decirlo, si se ejercieran los recursos de manera adecuada, sería uno de los programas más nobles de cualquier gobierno.

Parece, entonces, que en este país se tiene el síndrome del Peter Pan, es el país del nunca jamás, porque nunca jamás pasa nada.

Venimos aquí y hablamos de someter a evaluación a los maestros y no va a pasar nada porque es en medio del proceso electoral.

Yo hablé hace rato de someternos todos a evaluación, y de que abramos un nuevo periodo extraordinario, y que pongamos a discusión el tema de la revocación de mandato, que le entremos todos, no pasa nada.

El problema de este país es que las mayorías que se asumen como mayorías monolíticas e imperturbables, no están dispuestas a cambiar una coma de lo que hacen y construyen juntos en este Congreso.

Hoy hemos visto cómo el PRI y el PAN se debaten y discuten entre lo que hicieron o no hicieron, cuando durante los dos últimos años fueron capaces de construir consensos sobre estas reformas estructurales y caminaron juntos, no aceptaron contrapesos.

Hemos escuchado aquí, por ejemplo, llamados para respetar el estado de derecho.

A qué nivel hemos llegado de postración en este país ante los poderes fácticos que la Comisión Permanente del Congreso debe llamar para respetar el estado de derecho.

Hemos escuchado hablar del autismo del gobierno, de los logros de las escuelas de tiempo completo cuando se tienen cinco promociones de responsabilidad administrativa, sancionatoria, contra la SEP.

Andan hoy muy adjetivadores, muy constructores de epítetos por todos lados, pero se desvían del tema; no diluyamos este debate.

Por supuesto, yo también pido que comparezca y estoy de acuerdo que comparezca el Secretario de Educación Pública, el Secretario de Gobernación, pero tenemos que poner a toda la administración pública a examen, incluidos nosotros los Senadores y los Diputados.

Es el colmo del cinismo que este debate se vaya a quedar en un mero derecho de pataleo.

Miren, ayer los panistas empezaron, escuchaba yo en los medios, pidiendo la renuncia del Secretario de Educación Pública.

Hoy, en medio de que la política es el arte de lo posible, se ha quedado en pedir que comparezca; pasando el 7 de junio se les va a olvidar.

Vamos a pensar en México.

Yo he escuchado aquí al Senador Javier Lozano, que dijo que habían acompañado al Presidente de la República en sus reformas pero que ante la actitud que han tomado no pueden seguirlo acompañando, hoy ya no son amiguitos.

¡Qué creen! Se los chamaquearon.

Seguramente pasando las elecciones se van a volver a juntar porque es lo que hacen siempre, construir mayorías monolíticas en el Congreso.

Y les adelanto, se los van a volver a chamaquear. Allá ustedes.

“Cancelar o suspender no significa claudicar”, dicen acá, son verbos poderosos, precisamente eso es lo que no debemos hacer, claudicar; no podemos claudicar en aras de intereses de grupo, cuando la prioridad es México.

No podemos claudicar cuando lo que está pasando es que se está hipotecando el futuro de los niños y los jóvenes de México.

Hace ya varios años se decía que nuestro país tenía un bono demográfico, pues hoy el bono demográfico se está convirtiendo en pagaré, y es un pagaré que vamos a pagar durante varias generaciones y, sobre todo, lo harán nuestros hijos y nuestros nietos, lo van a hacer porque la población económicamente activa se ha estancado ya sus índices de educación básica, media y superior.

Vamos a convertir este bono demográfico en un pagaré si no somos capaces de que en nuestras escuelas haya más que laptops donde no hay Internet.

Que haya maestros que no van a dar clase y, sobre todo, que haya Senadores y Diputados, funcionarios de administraciones públicas federales y locales que no están dispuestos, al igual que los maestros, que algunos maestros, a someternos a examen.

Vamos todos a someternos a examen.

Esa es la propuesta y el llamado en el que tenemos que pensar el día de hoy.

Hagámoslo por México.

Hagámoslo por el futuro de los niños y los jóvenes.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado González Rodríguez.

Senador Lozano, sonido en su escaño, ¿con qué propósito, Senador?

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Por alusiones personales, Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Por qué no lo hace desde su escaño? Adelante.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Desde aquí lo voy a hacer.

Mire, lo que ocurre es que quien me antecede en el uso de la palabra aludió a una expresión que yo hice en cuanto a que habíamos acompañado los Diputados y Senadores de Acción Nacional las iniciativas del Presidente Peña Nieto, por considerar que eran importantes, relevantes y trascendentes, necesarias para el país, y que ya hubiéramos querido que Felipe Calderón tuviese una oposición como la que hoy tiene Enrique Peña Nieto en este Congreso, porque han sido posibles estas reformas.

Y dijimos que así como lo acompañamos para aprobar las reformas, no podíamos acompañarlo para violar esas mismas reformas.

La verdad es que no, no, sí tuvo capacidad, nos encontramos con una oposición mezquina que ustedes encabezaron indiferente, frívola, así o más claro.

Y quien quiso chamaquear a las autoridades electorales fue Movimiento Ciudadano al querer imponer una candidatura como la de Marcelo Ebrard sin fundamento legal.

Que no hablemos aquí de chamaquear a nadie, estamos hablando con absoluta seriedad un tema verdaderamente crítico.

Y qué bueno que la Comisión Permanente, por unanimidad, está haciendo este llamado.

No es un exhorto, esta exigencia al gobierno de la República que continúe conforme al calendario y lineamientos del INEE con la evaluación magisterial.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Lozano.

No habiendo orador u oradora pendientes de hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra concluido.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Dado que fue un debate largo, voy a dar lectura al Acuerdo antes de someterlo a votación.

Acuerdo de la Comisión Permanente en relación con el anuncio de la Secretaría de Educación Pública, de suspender indefinidamente el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en la educación básica y media superior.

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia por el pleno respeto al estado de derecho en nuestro país, para cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por velar que todas las instituciones del Estado mexicano cumplan con su responsabilidad.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exige a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y a las instituciones de educación pública de las entidades federativas, que no suspendan el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en educación básica y media superior, y a que cumplan a cabalidad el mandato establecido en la Ley del Servicio Profesional Docente y con las fechas difundidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Salón de la Comisión Permanente, a 3 de junio del año 2015”.

Es el contenido del Acuerdo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo del cual se dio lectura.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Como se informó al inicio, las propuestas sobre este tema, hablo de las proposiciones con punto de Acuerdo, se turnarán a la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con dichas proposiciones.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy cuenta con las proposiciones:

De los Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a continuar con los procesos de ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Congreso de la Unión, atendiendo a la necesidad de los mexicanos para obtener una educación de calidad legisló para modificar el artículo 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue promulgada por el Ejecutivo Federal el 26 de febrero de 2013.

Al respecto cabe destacar, que en la pasada Reforma Constitucional en materia de educación, se contempló como eje principal, implementar el servicio profesional docente, con el espíritu de establecer a nivel nacional las bases de ingreso, promoción y permanencia de los docentes en el servicio educativo; estableciéndose como elemento primordial la evaluación en dicha actividad, a fin de contribuir a incentivar el desarrollo profesional del mismo, y así poder alcanzar una educación de calidad en el país. Puesto que justamente es la calidad educativa lo que la sociedad añora para las nuevas generaciones.

Es decir, la Constitución establece que el sistema educativo evalúe los conocimientos y las aptitudes del docente activo o del aspirante, estableciéndose bajo el sistema de valoración las promociones en función del conocimiento, aptitudes y antigüedad que reconozcan la labor de los encargados de la enseñanza de nuestros niños y jóvenes.

En la Carta Magna se dio origen al servicio profesional docente, mecanismo de vanguardia para dotar de transparencia el ingreso, la promoción y la permanencia de los docentes en servicios, así como la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que tiene entre sus fines garantizar la prestación de servicios educativos de calidad1  con fundamento en el interés superior de la niñez2 , a través de ceñir su operación a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión,3  lo cual se complementó con la posterior publicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y con la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE). 

En el proceso de ingreso, promoción y permanencia tienen participación las autoridades educativas federal y locales y el INEE, a través de los siguientes componentes:

a El INEE define los procesos de evaluación (fracción I del artículo 7 de la LGSPD) y, en coordinación con las Autoridades Educativas competentes, los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación (fracción II), así como expedir los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades Educativas, así como los Organismos Descentralizados que imparten educación media superior, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia (fracción III), así como supervisar los procesos de evaluación (fracción V), entre otras.

b Las autoridades educativas locales tienen las atribuciones de convocar los concursos de oposición para el Ingreso a la función docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión, y participar en su ejecución de conformidad con los lineamientos que el Instituto determine (fracción IV del artículo 8 de la LGSPD), así como participar en los procesos de evaluación del desempeño docente (fracción V) y calificar tales procesos (fracción VI), entre otras.

c La Secretaría tiene como atribuciones, además de la elaboración del programa anual junto con el INEE (artículo 10, fracción I de la LSPD), así como aprobar las convocatorias de ingreso y promoción (fracción V).

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente a partir del 4 de diciembre de 2014, establece en su artículo 13 el derecho de la niñez a la educación; y el artículo 57, congruente con el resto del marco normativo, menciona que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Asimismo, el principio rector del interés superior de la niñez está desplegado en esta disposición, concretamente en el artículo 2 se despliega el mecanismo de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para lo cual las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la Ley, a través de establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia (fracción III), así como de considerar el interés superior de la niñez de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes y cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cabe mencionar que esta estructura institucional tiene como finalidad asegurar que quienes desempeñen tareas de docentes reúnan “las cualidades personales y competencias profesionales para que dentro de los distintos contextos sociales y culturales promuevan el máximo logro de aprendizaje de los educandos, conforme a los perfiles, parámetros e indicadores que garanticen la idoneidad de los conocimientos, aptitudes y capacidades que correspondan” (artículo 12 de la LSPD).

Con fundamento en lo anterior, el INEE emitió criterios y lineamientos para la operación del Servicio Profesional Docente4 , acordó junto con la SEP el calendario de actividades de evaluación, que incluye, entre otras:

a Concurso para la promoción a cargos con funciones de Dirección y de Supervisión y el Concurso para la promoción a funciones de Asesoría Técnica Pedagógica (15 al 30 junio para educación básica y 4 al 19 de julio para educación media superior).
b Evaluación al personal de nuevo ingreso al término del primer año escolar (4 al 19 de julio para Básica al 25 de julio para Media Superior).

c Concursos para el Ingreso al Servicio Profesional Docente Educación (4 al 19 de julio).

d Reconocimiento en el Servicio a Docentes y Técnico Docentes que se desempeñarán como Asesores Técnico Pedagógicos Educación Básica y Media Superior 2015-2016 (Fecha límite: 30 de julio para Básica y 7 de agosto para Media Superior).

e Reconocimiento en el Servicio a Directores que realizarán Asesoría Técnica en apoyo a actividades de Dirección a otras escuelas Educación Básica y Media Superior 2015-2016 (Fecha Límite: 30 de julio para Básica 7 de agosto para Media Superior).

f Evaluación del Desempeño Educación Básica y Media Superior 2015-2016 (Fecha Límite: 9 de septiembre al 30 de noviembre de 2015 para Educación Básica y Educación Media Superior 1er Grupo y 1 de febrero al 31 de mayo de 2016 para EB y EMS 2do Grupo).

Adicionalmente, las 32 entidades federativas y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tienen vigentes convocatorias públicas y abiertas de acuerdo con los tiempos estipulados en el calendario citado.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública decidió de manera unilateral emitir el Comunicado 129 del viernes 29 de mayo del presente año, en el que informa que: “con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.

Al respecto, el INEE, en apego a sus facultades, emitió su comunicado de prensa número 20, en el que la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) manifiesta:

1 Que esta decisión atenta contra el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias, así como de los lineamientos para regular los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente (SPD), del Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del SPD 2015-2020 y del Calendario de Evaluaciones 2015 que, en el ámbito de sus atribuciones, ha publicado el Instituto para dar transparencia, legalidad, objetividad e imparcialidad a la implementación de los procesos de evaluación en el marco del SPD.

2 Que de acuerdo con lo previsto en la Constitución y las leyes de la materia, así como los lineamientos y criterios técnicos establecidos, el INEE ha revisado y aprobado todos los elementos de evaluación que son necesarios para la realización adecuada de los procesos de ingreso, promoción y permanencia del SPD, por lo que no tiene fundamento la razón esgrimida por la SEP como causa de la suspensión a la que alude el comunicado referido. La medida anunciada es una invasión a la competencia del INEE y vulnera su autonomía constitucional.

3 Que esta decisión es contraria al interés superior de la niñez mexicana, al no garantizar el derecho a una educación de calidad, que no solo está establecido en nuestro ordenamiento constitucional, sino también en los distintos tratados y convenios internacionales que ha celebrado el Estado mexicano.

4 Que las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación obligatoria de nuestro país no podrían iniciar el próximo ciclo escolar con los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que establece la ley, y que son indispensables para un ejercicio profesional responsable y de calidad, razón por la cual la suspensión “indefinida” anunciada por la Secretaría de Educación Pública no solo vulnera la legalidad de la Reforma, sino que afectaría de manera severa el funcionamiento normal del servicio educativo en el ciclo escolar 2015-2016.

5 Que las fechas establecidas en el calendario para la realización de los procesos de ingreso, promoción y permanencia fueron cuidadosamente consultadas y acordadas explícitamente con las Autoridades Educativas competentes, a efecto de no entorpecer las jornadas cívicas propias de la vida pública nacional, por lo que no existe razón alguna de esta naturaleza que justifique dicha suspensión.

6 Que se atenta contra el derecho de casi 400,000 mexicanos, entre aspirantes a ingresar al servicio público educativo, docentes en servicio que buscan legítimamente una promoción (como director, supervisor o asesor técnico-pedagógico), así como docentes interesados en ser evaluados en su desempeño, tanto para reconocer sus áreas de mejora como para acceder a incentivos que reconozcan su mérito.

En virtud de lo anterior, el INEE “conmina al Gobierno de la República para que deje sin efectos la decisión de ‘suspensión indefinida’ anunciada, y observe los mandatos que la ley establece para llevar a cabo los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente, de acuerdo con el calendario establecido.”

La medida anunciada por la Secretaría de Educación Pública es incongruente con el discurso que sostiene el Titular del Ejecutivo Federal, el cual consideró la reforma educativa como “un paso decisivo para hacer realidad el derecho humano a la educación de calidad de los mexicanos… un cambio de fondo, que marcará para bien el rumbo de México en las siguientes décadas”, etcétera; términos que carecen de sentido a la luz del reciente mensaje de la autoridad educativa.

Por otra parte, el incumplimiento de la Ley implica responsabilidades tanto para la autoridad educativa como para el Titular del Ejecutivo Federal en caso de que no lleven a cabo las citadas evaluaciones, pues contradicen el mandato constitucional que recibió al rendir protesta.

Por otra parte, resulta inaceptable que la formación de la niñez y la juventud mexicanas sean rehenes de las presiones de grupos a los que, en la práctica, poco importa la educación y obedecen a intereses políticos que pretenden desestabilizar el país e imponer agendas facciosas.

Las presiones políticas derivadas del proceso electoral y las amenazas que se han enfrentado de distintos actores respecto a impedir la realización de los comicios son puntos a atender en materia de gobierno y que, ante la evidente importancia de las elecciones, se debe asegurar su correcta realización sin comprometer el cumplimiento de la ley. Existe una falacia evidente en el argumento de considerar que el cumplimiento de la Ley puede ser una moneda de cambio para administrar las presiones políticas que ciertos grupos están tratando de imponer. Esto implicaría poner en entredicho el valor de la democracia con sus instituciones mediadoras y dejar a merced de grupos interesados en imponer su agenda la posibilidad de boicotear las elecciones como medida efectiva de negociación. Lo previsible, de ceder esta vez en la aplicación de la Ley, es que se ceda en el futuro, y que nuevos grupos se incorporen a esta forma de secuestrar el ejercicio de la Ley.

Por otra parte, hay que poner en perspectiva que frente a grupos que defienden sus intereses, canonjías y privilegios, están millones de mexicanos, incluyendo docentes y organizaciones sindicales, estudiantes, padres de familia y autoridades que en el quehacer diario están haciendo cumplir la ley y que, al no encontrar una actitud firme de la autoridad educativa federal, acabarán por volver a usos que entendíamos que estaban por superarse con la ejecución de la Ley vigente.

En el pasado y de manera concreta en materia de política educativa, los responsables de ésta privilegiaron en muchas ocasiones el acuerdo político con cúpulas dirigentes, en lugar de la ejecución de procesos transparentes, que permitieran darle certidumbre a los empleados docentes sobre el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia; sistema, el anterior, característico de regímenes con baja participación social.  El servicio profesional docente permitiría trascender dicha práctica, que compromete la viabilidad de la educación pública, sustituyéndolo por un sistema de méritos en el que la sociedad tiene asegurada su participación activa. 

Resulta más que evidente que la decisión de no cumplir con el calendario de evaluaciones  persigue fines políticos, pues justo se da una semana antes de las elecciones; y que indiscutiblemente, cede al chantaje de la CNTE, que días antes amenazó con boicotear las elecciones; asimismo se deja ver el interés del Ejecutivo Federal de hacerse de votos a través de decisiones irresponsables, que por favorecer a un pequeño sector de este gremio, perjudican a la sociedad en general.  Lamentablemente, esta irresponsabilidad, de concretarse, irá en contra de los derechos de los niños y de la educación en México.

En este tenor, como legisladores y representantes de la sociedad, reprobamos esta indignante decisión y exigimos al Presidente Enrique Peña Nieto que instruya a no cancelar la evaluación de los docentes en el Sistema Educativo Nacional; asimismo debemos demandar la destitución de Emilio Chuayffet de su cargo, pues es evidente que el servidor público que el incumplimiento de la Ley viola los principios de legalidad que sostienen su cargo y que, por ir en contra del interés superior de la niñez, no debe ni puede seguir al mando de la Secretaría de Educación Pública.

Evidentemente esta forma de actuar del PRI-Gobierno confirma que su prioridad no son los ciudadanos, sino la ventaja política que pueden obtener, como en este caso, de la disidencia del gremio de maestros.

Es por ello que no podemos permitir que por intereses políticos y de decisiones proselitistas, se pierda el espíritu de la reforma educativa, el cual apuesta por una educación de calidad para la niñez y juventud mexicana, que inminentemente se debe reflejar en la calidad de vida de la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaria de Educación Pública, cumpla con el calendario para la realización de los procesos de ingreso, promoción y permanencia, definidos por esa Secretaría en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Segundo. Se exhorta a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que en el ejercicio a su autonomía constitucional establezca una estrategia para que, vía los mecanismos institucionales y jurídicos contemplados en la Ley, se haga cumplir a la autoridad educativa federal con los calendarios de los procesos de ingreso, promoción y permanencia.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a destituir al Titular de la Secretaria de Educación Pública de su cargo, por anteponer intereses políticos electorales, al interés superior de la niñez, eliminando de posibilidad de que ejerzan su derecho a una educación de calidad.

Cuarto. Se cita a comparecer al Lic. Ramiro Álvarez Retana, titular de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Lic. Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a fin de que expliquen los mecanismos que van a llevar a cabo para cumplir con el calendario de evaluaciones que se establecieron entre la Secretaría y el Instituto, así como para aclarar la forma en que se están tratando, a nivel de la política interior, los conflictos vinculados con el magisterio.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

1  Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2  Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3  Artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
4  ENLACE





 

De la Senadora Mónica Tsazna Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar las razones que motivaron la suspensión de la evaluación obligatoria de los docentes en servicio y para el ingreso. Se turna a la Segunda Comisión.







 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a comparecer ante la Comisión Permanente para que explique la suspensión de la evaluación del Servicio Profesional Docente. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, LILIA AGUILAR GIL, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado viernes 29 de mayo la Secretaría de Educación Pública, a través de un comunicado, suspendió de forma indefinida el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior de los profesores. Esto a pesar de que las cifras son preocupantes, ya que sabemos que seis de cada 10 aspirantes obtienen calificaciones reprobatorias, lo que los clasifica como no aptos para enseñar a nuestros estudiantes.

La decisión de suspender la evaluación magisterial sucedió un día después de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amenazara con la realización de un paro de labores nacional el 1° de junio y boicotear el proceso electoral a celebrarse el próximo 7 de junio.

Por su parte la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)  manifestó que con esa medida se estaba atentando contra lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas que regulan la evaluación de Servicio Profesional Docente. Asimismo el INEE señaló que no está justificada la decisión de la Secretaría de Educación Pública bajo el argumento de que “con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”; lo anterior, ya que el INEE ha revisado y aprobado todos los elementos de evaluación que son necesarios para la realización adecuada de los procesos de ingreso, promoción y permanencia.

El INEE considera la decisión como una invasión de competencias del Instituto; vulnerando su autonomía constitucional. Cabe destacar que en el artículo 3°, fracción IX de la Carta Magna se establece que el INEE es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al cual le corresponde evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Por lo que es urgente conocer los argumentos de la Secretaría de Educación Pública por lo que ha tomado esta decisión de manera discrecional que pareciera alejarse del verdadero objetivo que es el de la Evaluación Educativa y confirmar que el verdadero motivo de la Reforma Educativa era tener el control del magisterio ante una reforma con tintes laborales.

Por su parte, en el artículo 7° de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se establece que en materia de servicio docente, para la educación básica y media superior, corresponden al Instituto: definir los procesos de evaluación, y en coordinación con las autoridades educativas competentes, los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación.

No sobra decir que el INEE y la Secretaría de Educación Pública ya habían aprobado y publicado un calendario de evaluaciones para el 2015.1 Mismo que requerimos conocer qué fin tendrá.

Por el tema tan delicado del que se trata, como es la Educación de los niños y jóvenes de éste país es que consideramos de gran importancia atender a las demandas de la Sociedad Civil que ya se han manifestado en contra de ésta decisión tomada por la Secretaría de Educación Pública, al considerar que el Estado está sometido a las presiones de un sector de la CNTE. No se puede negociar la educación ni se puede usar como moneda de cambio electoral. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor del siguiente:

RESOLUTIVO.

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayfett Chemor a comparecer ante esta Soberanía para dar cuenta de la decisión de suspender de forma indefinida el proceso de evaluación del Servicio Profesional Docente; a pesar de que con ello se incumple lo señalado en las fracciones III y IX del artículo 3° Constitucional así como en el artículo 7° de la Ley General del Servicio Profesional Docente; lo anterior dado a conocer el pasado 29 de mayo de 2015.

Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Dip. Lilia Aguilar Gil.

1 Cfr. Definir, en coordinación con las Autoridades Educativas competentes, los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a dejar sin efecto la decisión de suspender indefinidamente las fechas del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, anunciadas el pasado viernes 29 de mayo de 2015. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE EVALAUACIÓN PARA EL INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado viernes 29 de mayo la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el comunicado 129 informó que: “con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.

Dicha medida es contraria a las reformas tanto a la reforma Constitucional en materia educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013 y a las reformas a la Ley General de Educación; al Decreto que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente y del Decreto que expide la Ley de instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013.

Pero adicionalmente, viene a afectar el interés superior de la niñez y a los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente; al Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del Servicio Profesional Docente para los años 2015-2020 y del Calendario de Evaluaciones 2015 que, en el ámbito de sus atribuciones ha implementado el Instituto Nacional parta la Evaluación de la Educación (INEE), para dar transparencia, legalidad, objetividad e imparcialidad a la implementación de los procesos de evaluación en el marco del propio Servicio Profesional Docente.

Al respecto, nuestra Constitución señala en su artículo 3º fracción IX, que: ”El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Por tanto, de acuerdo a nuestra Constitución, es atribución del INEE –no de la SEP- expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, así como generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

De acuerdo con lo previsto en la Constitución y a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General de Educación; ha sido el INEE en su calidad de organismo constitucionalmente autónomo el que ha analizado y aprobado todos los elementos de evaluación que son necesarios para la realización adecuada de los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente, por lo que la SEP carece de facultades para la suspender de manera unilateral dicho proceso de evaluación. Se trata de una invasión de facultades y competencias del INEE, vulnerando así su autonomía constitucional.

Una de las razones para la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue la de contar con un organismo constitucional autónomo como la autoridad en materia de evaluación educativa a nivel nacional, dotándolo de las atribuciones necesarias para el cumplimiento de tal objeto, tales como expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden; diseñar, implementar y mantener actualizado un sistema de indicadores educativos y de información de resultados de las evaluaciones; diseñar e implementar evaluaciones que contribuyan a mejorar la calidad del aprendizaje de los educandos pertenecientes a los diversos grupos regionales del país y a quienes tienen algún tipo de discapacidad, y establecer mecanismos de interlocución con autoridades educativas y otros órganos para analizar los alcances e implicaciones de los resultados de las evaluaciones, así como las directrices que de ellos deriven, entre otras.

En materia de servicio profesional docente para la evaluación de los maestros y personal con funciones de dirección y supervisión de la educación básica y media superior que imparte el Estado se aprobaron las atribuciones siguientes:

a) En materia de planeación y programación, se otorga al INEE la facultad de definir, en coordinación con las respectivas autoridades educativas, los programas anuales y de mediano plazo para la educación básica y media superior, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación, así como para obtener de dichas autoridades información actualizada para realizar la programación de los procesos de evaluación obligatorios.

b) Como órgano normativo nacional, corresponderá al Instituto expedir los lineamientos a los que habrán de sujetarse las autoridades educativas para: realizar las funciones de evaluación que les corresponden; llevar a cabo la selección y capacitación de los evaluadores; autorizar a los aplicadores, así como llevar a cabo la aplicación y calificación de los procesos de evaluación

c) Se facultó al INEE determinar los niveles mínimos para el ejercicio dela docencia y para los cargos con funciones de dirección y de supervisión, así como para autorizar los parámetros e indicadores, de conformidad con los perfiles aprobados por las autoridades educativas, para el ingreso, la promoción, la permanencia y, en su caso, el reconocimiento; las etapas, aspectos y métodos que comprenderán los procesos de evaluación, y los instrumentos para la evaluación y los perfiles de los evaluadores.

d) El INEE debe por tanto efectuar pruebas de validación que aseguren la idoneidad delos parámetros e indicadores, de conformidad con los perfiles aprobados por las autoridades educativas, en relación con la función correspondiente en los distintos niveles de la educación básica y media superior, para diferentes tipos de entornos; evaluar y certificar a los evaluadores, y determinar la vigencia de dicha certificación, así como vigilar la aplicación de los procesos de evaluación por las autoridades educativas

De hecho el INEE ha señalado los riesgos de esta medida al considerar que la misma atenta contra principio del interés superior de la niñez, ya que no garantiza su derecho a la educación de calidad. De continuar esta medida niñas, niños y adolescentes de nuestro país no podrían iniciar el próximo ciclo escolar con los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que establece la ley, y que son indispensables para un ejercicio profesional responsable y de calidad, razón por la cual la suspensión “indefinida” anunciada por la Secretaría de Educación Pública no solo vulnera la legalidad de la Reforma, sino que afectaría de manera severa el funcionamiento normal del servicio educativo en el ciclo escolar 2015-2016.

Recientemente esta Cámara de Senadores, al aprobar reformas a los artículos 3, 4, 8, 11, 78 y 79 de la Ley General de Educación se ha pronunciado que, atendiendo principio superior de la niñez ningún interés gremial, particular o de grupo podrá estar por encima del derecho a la educación de niñas, niños y adolescente que les impida el acceso a los servicios educativos, instalaciones e infraestructura para recibir educación en días escolares.

Por tanto, cuando las autoridades educativas tomen alguna determinación o resolución que afecte a los educandos menores de 18 años de edad, deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar el interés superior de la Niñez, lo cual no sucedió con la determinación de la SEP del pasado viernes.

Por tanto, el derecho a la educación de la niñez debe ser de calidad, que fomente el respeto a la dignidad humana, impulse las capacidades, desarrolle sus potencialidades y los prepare para la consecución de su proyecto de vida, en apego de los principios de democracia, paz, respeto y ejercicio de los derechos humanos.

No se puede hablar de una reforma educativa, si el interés superior de la niñez no es el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de educar a la niñez de nuestro país.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al C. Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de Educación Pública, a dejar sin efecto la decisión de suspender indefinidamente las fechas del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, anunciadas el pasado viernes 29 de mayo de 2015.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un llamado al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para que en el caso de que la Secretaría de Educación Pública insista en mantener su negativa a dejar sin efecto el proceso de evaluación, proceda a agotar los medios legales que la Constitución y las leyes le confieren como organismo constitucional autónomo.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.





 

De los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del licenciado Emilio Chuayffet Chemor en relación a la suspensión de la evaluación docente. Se turna a la Segunda Comisión.

Quienes suscriben, ARMANDO RIOS PITER, ZOE ROBLEDO ABURTO, integrantes de la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR EN RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El tema más importante de las familias mexicanas gira alrededor del futuro educativo de sus hijos, de la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida a partir del esfuerzo y la preparación.

El debate de la calidad educativa es un tema que va más allá de las posiciones ideológicas de los partidos políticos, la educación de nuestros hijos es uno de los pilares del pacto social alcanzado por el Constituyente de 1917, solicitado por la clase trabajadora y asumido como una prioridad por José Vasconcelos, como una condición fundamental para el tejido social de la República.

México puede sentirse orgulloso de lo que logró el sistema educativo nacional a lo largo del siglo XX con sus campañas de alfabetización, la educación gratuita, la cobertura nacional y el desarrollo intelectual que cimentó las bases hacia una sociedad urbana y con mejores condiciones de vida previos a la Revolución Mexicana. En ese proceso es innegable el papel de magisterio con políticas nacionales que permitieron la consolidación del sistema como un modelo de referencia mundial.

Solamente la educación básica cuenta con 90,446 primarias públicas donde se educan 13,304,734 de niñas y niños, es decir uno de cada diez mexicanos. Su formación y futuro depende de las políticas públicas del presente.

En las últimas décadas, la responsabilidad del Estado en materia educativa no estaba cumpliendo las expectativas de las familias mexicanas ni los nuevos desafíos de un mundo globalizado. El debate sobre el futuro del Sistema Nacional de Educación, al inicio de la LXII Legislatura, significó uno de los momentos de mayor intensidad legislativa sobre el futuro de la nación. Independientemente de la votación de la reforma educativa, el Congreso de la Unión estableció como una prioridad para el Estado la evaluación docente, hoy en controversia.

El Constituyente estableció la obligatoriedad de la evaluación a los maestros, estableció la creación del Servicio Profesional Docente, creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación -organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios-. Uno de los avances de la reforma era recuperar el espíritu original del sistema nacional educativo de proveer a nuestros maestros incentivos en función de sus capacidades y conocimientos a través del servicio profesional docente, para que el ingreso al servicio docente y la promoción a funciones directivas o de supervisión en la educación básica y media superior sea mediante concursos de oposición.

La modificación a la fracción III del artículo 3° constitucional estableció la obligatoriedad de la evaluación para los profesores:

"La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley…".

En la fracción IX del mismo artículo, se estableció también la responsabilidad dentro del Sistema Nacional de Evaluación Educativa la prestación de servicios de calidad, en los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, donde el responsable de evaluar es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como se cita a continuación:

“Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.”

Finalmente el artículo quinto transitorio en su fracción segunda, instruye a las autoridades a utilizar estas evaluaciones para concretar el servicio profesional docente:

"El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional docente. La evaluación de los maestros debe tener, como primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional. El sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades".

Sin embargo, con este fundamento constitucional  y a pesar de lo estipulado en la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Docente emitidas por el Congreso de la Unión, el pasado 29 de Mayo de 2015, la Secretaría de Educación Pública, de manera inesperada, y a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, anunció en el comunicado 129 la suspensión indefinida de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en la Educación Básica y Media Superior por tener “nuevos elementos a considerar en el proceso”, comunicación que hasta la fecha no ha sido desmentido o ratificado por el titular de la Secretaría de Educación Pública, y que para esta Comisión Permanente se desconoce el fundamento jurídico de la suspensión.

Ante la suspensión indefinida y unilateral por parte de la Secretaría de Educación Pública, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ha declarado que la medida es una invasión a sus facultades, vulnera su autonomía y afecta al sistema de evaluación docente en su conjunto.

Para quienes proponemos el presente punto de acuerdo, la suspensión de la evaluación por parte de la autoridad federal no tiene justificación clara ni objetiva, es una decisión que ha opinión de la leyes que debió ser consultada y acordada con la Junta de Gobierno del INEE.

Es importante que el Pleno de la Comisión Permanente considere sean consideradas tres implicaciones inmediatas de la suspensión: la primera, es contraria al interés superior de la niñez mexicana, al no garantizar el derecho a una educación de calidad, que no solo está establecido en nuestro ordenamiento constitucional, sino también en los todos tratados y convenios internacionales en materia educativa que ha celebrado el Estado mexicano; la segunda, la decisión afectará las primeras evaluaciones del 9 de septiembre al 30 de noviembre, 1 de febrero y hasta el 31 de mayo de 2016;  y el tercero, al menos 400,000 ciudadanos -entre aspirantes a ingresar al servicio público educativo y docentes en servicio- se les violenta su derecho de acceder o ser ascendidos en el Sistema Profesional Docente, con lo que jurídicamente pueden exigir ante las instancias judiciales el respeto de sus derechos.

De acuerdo con el INEE, y es una opinión compartida por los suscritos, la suspensión en comento justifica la inmediata comparecencia del Titular de la SEP, en los siguientes términos:

a) La decisión de la SEP es inconstitucional: Se viola lo establecido en el artículo 3ro. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias. Se incumple con los lineamientos para regular los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente (SPD), del Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del SPD 2015-2020 y del Calendario de Evaluaciones 2015 que, en el ámbito de sus atribuciones, ha publicado el INEE para dar transparencia, legalidad, objetividad e imparcialidad a la implementación de los procesos de evaluación en el marco del SPD.

b) Opacidad y discrecionalidad de la Autoridad. La decisión de la SEP invade las facultades del INEE al emitir una resolución sin fundamento jurídico ni consultar ante un órgano autónomo dicha decisión. El argumento presentado el 29 de Mayo de 2015 sobre “nuevos elementos a considerar en el proceso”, no es respaldado por el INEE dentro de los elementos de evaluación que son necesarios para la realización adecuada de los procesos de ingreso, promoción y permanencia del SPD.

La decisión por la SEP, no tardó en detonar opiniones de diferentes organizaciones al respecto:

La presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Consuelo Mendoza García, lamentó la decisión de la Secretaría de Educación Pública de suspender la Evaluación Docente y pidió que cumpla con los acuerdos que ya son ley:

"Con esta decisión se daña gravemente la Reforma Educativa, que tanto tiempo y esfuerzo ha costado y es una burla para toda la sociedad que había apostado por un cambio en materia educativa……

La organización Mexicanos Primero, informó que están en pláticas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para debatir sobre la evaluación educativa contemplada en la reforma en el sector:

“Mexicanos Primero, propone que la agenda de asuntos a tratar incorpore los aspectos de máximo impacto sobre la vida de niños y jóvenes, de la dinámica de las escuelas y de la problemática a la que se enfrentan los maestros frente a grupo”.

Los objetivos de la evaluación persiguen un ciclo positivo, pues se tiene que hacer de la mano con los maestros, autoridades y padres de familia. La ley obliga a la Secretaria de Educación  a tomar en consideración las opiniones de los integrantes del sistema de educación, con el propósito de mejorar la calidad en la educación de esta y futuras generaciones de estudiantes.

Por lo anteriormente expuesto consideramos, este asunto como prioritario para la Comisión Permanente, por lo que proponemos tres pronunciamientos por parte del Congreso de la Unión:

a) Solicitar la inmediata comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, con el objeto de explicar las razones de la suspensión del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en la educación básica y media superior, la naturaleza jurídica del acto de autoridad mediante el cual suspendió la evaluación docente; además de informar los avances de la reforma educativa, en sesión pública con la comisión responsable del tema educativo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en un formato que permita el diálogo con los representantes populares que la integran.

b) La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia por el pleno respeto de la Ley como una condición indispensable del Estado de Derecho, y solicita a todas la autoridades educativas y personal docente del sistema educativo nacional, en su carácter de instituciones públicas, sociedad civil o magisterio responder a las expectativas de la sociedad mexicano para garantizar el derecho a una educación de calidad y la protección del intereses superior de las niñas y los niños.

Es importante dejar sentado, por parte de quienes suscribimos el presente punto de acuerdo, la posibilidad de que dependiendo de los resultados de la comparecencia del Titular de la SEP, y priorizando el interés superior de los niños y las niñas en el  Sistema Educativo Nacional, la  Comisión Permanente del Congreso de la Unión puede solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iniciar un proceso de controversia constitucional por la suspensión de la evaluación docente, y en su caso, instruir al Poder Ejecutivo Federal, con fundamento a la fracción III y IX del artículo 3ro. Constitucional en lo relativo al ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado, con el objeto de quedar sin efecto la suspensión “indefinida” de los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente, del comunicado oficial de la Secretaria de Educación Pública el pasado 29 de Mayo de 2015.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, con el objeto de explicar las razones de la suspensión del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en la educación básica y media superior y los avances de la reforma educativa, en sesión pública con la comisión responsable del tema educativo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en un formato que permita el diálogo con los representantes populares que la integran.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de la Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Sylvia Irene Schmelkes del Valle, con el objeto de informar los avances de la implementación de la reforma educativa.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita el restablecimiento inmediato del Calendario de Evaluaciones 2015 del Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del Servicio Profesional Docente 2015-2020.

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia por el pleno respeto de la Ley como una condición indispensable del Estado de Derecho, y solicita a todas la autoridades educativas y personal docente del sistema educativo nacional, en su carácter de instituciones públicas, sociedad civil o magisterio responder a las expectativas de la sociedad mexicano para garantizar el derecho a una educación de calidad y la protección del intereses superior de las niñas y los niños.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 3 de junio de  2015.

Suscriben

Armando Ríos Piter
Senador por el Estado de Guerrero

Zoé Robledo Aburto
Senador por el Estado de Chiapas.





 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina y Lourdes Amaya Reyes, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe con los avances y pendientes por la implementación de los decretos de reformas constitucional y legales en materia de evaluación educativa. Se turna a la Segunda Comisión.

Las y los suscritos, Diputados y Diputadas del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Tercero del Acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE ENTREGUE UN INFORME PORMENORIZADO CON LOS AVANCES Y PENDIENTES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DECRETOS: QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3º Y 73  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 26 DE FEBRERO DE 2013; QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; QUE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El pasado viernes 29 de mayo, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, anunció que se suspendía indefinidamente el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en la educación básica y media superior. La razón que se expuso escuetamente fue la existencia de nuevos elementos a considerar en el proceso, sin precisar cuáles.

La suspensión afecta la evaluación de desempeño que se aplicaría a más de 350 mil profesores y directivos del país en el ciclo 2015-2016: 50 mil educadores serían valorados del 9 de septiembre al 30 de noviembre de este año, mientras que otros 200 mil realizarían la prueba entre el primero de febrero y el 31 de mayo de 2016.

Éste último acontecimiento revela una vez más la falta de capacidad del gobierno para conducir institucionalmente los cambios educativos acordados, con muchos esfuerzos en el Congreso. Recordemos que los ejes principales de la reforma constitucional en materia educativa, en vigor desde febrero de 2013 consistieron en establecer a nivel nacional un servicio profesional docente, que regulará el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en la educación básica y media superior impartida por el Estado.

Asimismo, se estableció que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como organismo constitucional autónomo, asumiera las atribuciones de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de la Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior, siendo dotado de las facultades para diseñar y realizar las mediciones de los componentes, procesos y resultados del sistema y emitir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federales y locales, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden y generar directrices para el funcionamiento educativo y la equidad.

La legislación secundaria en la materia, en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013, desarrolló los preceptos de la reforma constitucional. El Legislativo comprendió que una educación pública de calidad no se alcanza con evaluaciones punitivas que pretendan culpar a los docentes del creciente deterioro educativo. La evaluación educativa debe servir para localizar problemas y deficiencias en el sistema educativo en su conjunto para así poder prescribir las mejores políticas que lleven al mejor logro educativo, tomar medidas, mejorar lo que se necesite y reproducir las mejores prácticas. Desde un principio, en el proceso de reforma nos opusimos a una evaluación enfocada únicamente en los maestros, que buscara denigrarlos o que buscara quitarles su trabajo.

Por eso, la reforma aprobada tuvo como objeto fortalecer a la escuela pública. Varios de los problemas que padece el sistema educativo nacional se deben a que el Estado sigue sin garantizar las condiciones más adecuadas para la prestación del servicio educativo. De las escuelas públicas censadas en 2014, sólo 51.6% cuenta con drenaje, 69% con disponibilidad de agua potable, 87.2% con sanitarios y 88.8% con energía eléctrica.

Hay desigualdades desde el acceso a la escuela en nivel preescolar, sobre todo para los niños de 3 años y para la población de 13 a 17, y en todos los niveles educativos la población indígena se encuentra en desventaja.

La deserción afecta a 20% de una generación de secundaria y a 40% de una de media superior. Uno de cada tres niños de 15 años se encuentra fuera de la cobertura escolar, y una quinta parte de los jóvenes entre 18 y 24 no termina la secundaria.

Durante los cuatro años posteriores a la escolaridad obligatoria, más de dos terceras partes de los jóvenes han abandonado el sistema educativo por completo; cerca del 66.1% de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no estaban en la educación y el 24.7% no estaban ni empleados ni en educación o formación.

De acuerdo al Informe 2015 Los Docentes en México del INEE, es necesario transformar a mediano plazo las 484 normales del país –279 públicas– para convertirlas en instituciones de educación superior, pero también revisar a fondo el currículum de la educación normal y de los formadores de docentes. Los recursos para la formación continua de docentes de educación básica son escasos, puesto que sólo se canalizan en promedio 363 pesos con 91 centavos anuales por persona, mientras que en educación media superior los recursos destinados a cada profesor equivalen a 10 mil pesos.

Tampoco se ha atendido la problemática institucional de las escuelas normales: no existen programas de actualización de la educación normal ni existen una planta docente adecuada al nivel licenciatura al que está la acreditación de la educación normal; hay competencia o duplicidad de funciones entre los formadores de maestros (normales, UPN, Centros de Actualización) y entre los normalistas egresados de normales públicas, con los de normales privadas y con otros profesionistas que ven a la docencia como una actividad complementaria o residual; sigue sin revisarse el mapa curricular y los perfiles de los formadores en este nivel educativo.

Los docentes no pueden ser culpables de las deficiencias educativas que se han gestado por la relación de complicidad entre el poder público y el sindicato, que ha generado vicios y corrupción e impactado negativamente los resultados del presupuesto público que se ha invertido en el sector y de las reformas y los esfuerzos para mejorar la calidad educativa del país. Tampoco pueden ser responsables por la existencia de una burocracia que ha sido inoperante para instrumentar una educación pública con las aspiraciones contenidas en el artículo 3º constitucional.

A las y los profesores hay que revalorarlos en su justa dimensión, a partir de las condiciones del entorno en que vienen desempeñando sus labores. Lo que los maestros necesitan es que funcione adecuadamente el sistema educativo nacional, que las escuelas cuenten con servicios básicos, la infraestructura y los materiales pertinentes y que de manera sistemática tengan los apoyos y las oportunidades para actualizarse, de tal manera que puedan cumplir mejor con lo que les corresponde.

Una educación de calidad no se puede alcanzar sin compromisos del estado y sin una política educativa acorde con la reforma constitucional y legal que se aprobó. Por eso, se establecieron en la Ley General de Educación medidas como defensa de la escuela pública gratuita, prohibiendo el pago de cuotas para condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de exámenes o la entrega de documentos; autonomía de gestión de las escuelas; escuelas de tiempo completo; prohibición de alimentos que no favorezcan la salud de los educandos; revisión del modelo educativo y el compromiso del gobierno federal a destinar recursos crecientes para el rescate de la educación normal y para programas que mejoren la equidad.

En la Ley del INEE se estableció de manera explícita que la evaluación educativa será sistemática, integral, obligatoria y periódica y considerará los contextos demográfico, social y económico de los agentes del Sistema Educativo Nacional, así como los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a éste; que la evaluación no será punitiva por lo que el tránsito de alumnos de grado, nivel o tipo educativo, la certificación de egresados y el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes será competencia de las autoridades educativas, no del INEE; que este instituto  contribuya a la evaluación de los procesos de formación, actualización, capacitación y superación profesional de los docentes y que las directrices que resulten de la evaluación educativa serán obligatorias para las autoridades y orientarán las políticas educativas y la asignación del gasto público.

En la Ley General del Servicio Profesional Docente, se mandató establecer un sistema de formación, actualización y desarrollo profesional de los maestros, con cursos gratuitos, pertinentes y congruentes para su desempeño en el aula; otorgar incentivos al docente en escuelas que atiendan estudiantes que provengan de hogares pobres o en zonas alejadas de centros urbanos y un compromiso explícito para revisar y reestructurar el sistema de normales públicas, destinando recursos para ello.

A casi dos años de la entrada en vigor de estas reformas legales, la SEP no ha realizado acciones para enfrentar los problemas de insuficiencia en la formación y actualización docente y se ha mantenido pasiva ante los grandes rezagos de nuestro sistema educativo

Por estas razones, se propone solicitar un informe pormenorizado a la SEP de los avances que se han tenido con motivo de estas reformas. Reducir el problema educativo a linchar mediáticamente a los trabajadores de la educación no conducirá a un estado mejor de cosas. Frente a los aviesos empeños de algunos grupos en cuestionar la labor docente, vale la pena recordar que sin escuela pública no hay República y sin la participación de maestros y maestras no se alcanzará una verdadera reforma educativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los suscritos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública que entregue un informe pormenorizado con los avances y pendientes por la implementación de los siguientes Decretos: que reforma y adiciona los artículos 3º y 73  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de febrero de 2013; que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación; que expide la Ley del Instituto Nacional para el Evaluación de la Educación y que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Suscriben

Dip. Agustín Miguel Alonso Raya.- Dip. Amalia Dolores García Medina.- Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero.- Dip. María de Lourdes Amaya Reyes.





 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que solicita información a dependencias del Gobierno Federal sobre la implementación de la reforma educativa y la comparecencia del Secretario de Educación Pública. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, Diputado FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos ante esta soberanía Proposición con Punto de Acuerdo en materia  de educación al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que la reforma educativa tuvo entre sus principales objetivos la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y del Servicio Profesional Docente, y  para la coordinación de dicho sistema se creó  una nueva institución  que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio al que corresponde evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Este instituto será el encargado de diseñar y realizar las mediciones que correspondan a  los  componentes, procesos  y resultados del sistema, así como expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, a la vez que generará y difundirá tal información y, con base en ésta, emitirá las directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

Sin embargo, estos preceptos constitucionales y legales  que  son los pilares fundamentales de la reforma educativa emprendida por Enrique Peña Nieto, con el apoyo incondicional del PRI y el PVEM y PANAL en alianza con el PAN, han quedado anuladas en los hechos debido a la incapacidad del gobierno para implementar en su conjunto la reforma educativa, en particular, lo que tiene que ver con el sistema de evaluación docente y la aplicación en tiempo y forma de las evaluaciones al magisterio nacional.

Con esta reforma la SEP perdió un conjunto de facultades a favor de otras instancias como el INEE, ya que éste fijará los criterios de evaluación y no la Secretaría, y por otro lado, será también quien diseñe, implemente y mantenga actualizado al sistema de indicadores para la evaluación y no la SEP.

Esta reforma educativa generó una serie de escenarios adversos para el gobierno federal al que puso en la necesidad de  negociar con el Sindicato de Maestros y a su disidencia,  las formas, tiempos y recursos para aterrizarla en cada una de las entidades federativas del país, y de manera específica, se establecieron  determinadas condiciones para poder avanzar en el tema de la evaluación educativa para sobrellevar las grandes resistencias que provocó.

Cabe recordar que para enfrentar tales resistencias en particular, de la CNTE y la CETEG, fue la Secretaría de Gobernación y no la SEP, que se autoexcluyó de participar, por conducto del subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, quién llevó estas negociaciones que incluyeron el pago de salarios y las prestaciones laborales de los maestros.

Ahora el gobierno federal, a través de la SEP, informó la suspensión indefinida de la evaluación de los docentes, sin mediar explicación valida alguna, salvo un escueto comunicado de prensa en internet y que poco tiempo después fue borrado.

Esta situación nos parece preocupante a quienes integramos el grupo parlamentario del PRD, ya que no solamente queda en entredicho la capacidad del gobierno federal para dar una solución de fondo a los planteamientos del magisterio nacional, sino también sobre el uso de los recursos públicos que  fueron materia de estas arduas negociaciones y que a ciencia cierta no sabemos cuál fue su destino final, por lo que le exigimos al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y de la SEP, que hagan un verdadero ejercicio de rendición de cuentas informando a esta soberanía como se ha implementado el programa de evaluación y cómo se han utilizado  los recursos destinados para este fin  y para el pago de salarios y las prestaciones laborales de los maestros.

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Secretario de Gobernación y al Subsecretario Luis Enrique Miranda Nava informe a esta soberanía sobre  las mesas de trabajo que ha sostenido con el Magisterio Nacional en cuanto a sus prestaciones laborales y la implementación de la reforma educativa.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al INE para que investigue el posible desvío de recursos públicos destinados al pago de prestaciones para los agremiados del SNTE y de la CNTE y programas de educación pública con fines político-electorales.

Tercero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia del Secretario de Educación Emilio Chuayffet Chemor para que explique a esta soberanía la implementación de la evaluación educativa y el ejercicio de recursos públicos para este propósito.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Fernando Belaunzarán Méndez.

Son todas las proposiciones, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Secretaria.

Esta Presidencia reitera su turno a la Segunda Comisión.





 

Compañeras legisladoras y legisladores, las iniciativas y proposiciones de la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Los grupos parlamentarios informarán lo que deseen mantener, como lo permite el Acuerdo. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROPAGANDA

(Presentada por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ocupa esta Tribuna en uso de mis facultades y atribuciones conferidas en el artículo 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO A TRAVÉS DEL CUAL SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROPAGANDA; para ello expreso la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Diario Oficial de la Federación publicó el pasado diez de febrero del año dos mil catorce las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral, mismas que en su Transitorio Tercero, señaló lo siguiente:

TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.”

Los artículos 65 y 66 de la misma Constitución General, señala los lapsos de los periodos ordinarios de sesiones que deberá verificar el Congreso de la Unión, en la siguiente literalidad:

“Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.

En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.”

En esta tesitura el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año legislativo a que alude el Transitorio Tercero antes citado, inició el pasado primero de febrero y culminó el treinta de abril del año dos mil catorce; sin embargo hasta esta fecha no se ha legislado para regular la Propaganda Gubernamental, en la cual está incluida la propaganda que difunde el Gobierno Federal, el Estatal, el del Distrito Federal y los Municipios.

Ante la necesidad de que la materia de propaganda gubernamental, política y electoral sea regulada, hoy se propone la presente iniciativa para expedir la Ley General de Propaganda, misma que se estructura en tres Libros. El Libro Primero constituye disposiciones generales. En el Libro Segundo se expone la clasificación de la propaganda en tres Títulos, el primero define y regula la propaganda gubernamental, el segundo define y regula la propaganda política y el tercero define y regula la propaganda electoral, particularmente propone reducir la entrega de utilitarios al uno por ciento del gasto autorizado, ello a fin de evitar el ofensivo dispendio en campañas electorales, privilegiándose las campañas informativas, de propuestas y de debates. En el Libro Tercero se propone la instrumentación de dos registros, uno denominado Registro Nacional de Proveedores de Servicios de Publicidad y Propaganda, mismo que permitirá transparencia en el gasto público por concepto de propaganda, evitará la discrecionalidad en la difusión de la propaganda gubernamental con regulación de los actos de quienes intentan posicionarse políticamente a través de su constante aparición en los medios de comunicación so pretexto de la difusión del acceso a los programas sociales y la entrega de obra pública, así como su constante paralelismo de mensajes con colores y emblemas registrados por los partidos políticos y certeza para efectos de fiscalización en materia de propaganda, intrínsecamente también permitirá la captación de contribuyentes que en muchos de los casos transitan en el anonimato y por ende evaden impuestos a pesar de prestar servicios tan lucrativos como la difusión de propaganda. El segundo, denominado Registro Único de Difusión de Propaganda en Unidades de Transporte Público de Pasajeros, mismo que permitirá conocer cuántos y quiénes son los concesionarios del transporte que portan propaganda gubernamental, política o electoral a fin de que lo hagan bajo un esquema de regulación que genere certeza en la fiscalización, seguridad en el usuario e imagen en el servicio de transporte.

Por lo expuesto y en congruencia con el compromiso adquirido con los Mexicanos, someto a su consideración el presente proyecto de Decreto, mismo que de estimarlo procedente, solicito se apruebe en sus términos.

RESPETUOSAMENTE

Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño.

COORINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MOVIMIENTO CIUDADANO
LXII LEGISLATURA FEDERAL

DECRETO por el que se expide la Ley General de Propaganda.

DECRETO

“EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA “LEY GENERAL DE PROPAGANDA” en los siguientes términos:

LEY GENERAL DE PROPAGANDA
LIBRO PRIMERO

TÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y es vinculante para los ciudadanos que promuevan propaganda política o electoral de partidos políticos o candidatos mexicanos, en territorio extranjero.

Artículo 2.- Las disposiciones de esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a:

a).- Propaganda Gubernamental;

b).- Propaganda Política;

c).- Propaganda Electoral de Partidos Políticos y Candidatos Independientes.

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entiende por:

a).- Candidato Independiente: El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido con los requisitos que para tal efecto establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

b).- Ciudadanos: Las personas que teniendo la calidad de mexicanos, reúnan los requisitos determinados en el artículo 34 de la Constitución;

c).- Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d).- Etapa ulterior a la jornada electoral: Lapso de siete días naturales posteriores al día de la jornada electoral;

e).- Instituto: Instituto Nacional Electoral

f).- Ley General de Instituciones: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

g).- Organismos Electorales: Los Organismos Públicos Electorales de las Entidades Federativas;

h).- Registro Único: El Registro Único de Difusión de Propaganda en Unidades del Transporte Público de Pasajeros.

i).- Registro Nacional: El Registro Nacional de Proveedores de Servicios de Publicidad y Propaganda.

j).- Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o local centralizada, organismos locales, organizaciones y sociedades asimiladas a estas, fideicomisos públicos federales o locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los poderes judiciales federal o locales o Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales o locales, así como en los organismos a los que la Constitución, las Constituciones Locales o el estatuto del Gobierno del Distrito Federal otorguen autonomía, así como a los funcionarios o empleados de la administración pública municipal y delegacional.

k).- Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el Tribunal Electoral de las Entidades Federativas.

Artículo 4.- La aplicación de esta Ley, corresponde en sus respectivos ámbitos de competencia, al Instituto, al Tribunal Electoral, a los Organismos Electorales y a las autoridades jurisdiccionales.

Artículo 5.- La interpretación de esta Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución y a los Tratados internacionales.

Artículo 6.- Bajo ninguna circunstancia se podrá pintar, adherir, fijar o colocar propaganda gubernamental, política o electoral en elementos de equipamiento urbano, elementos naturales, edificios públicos, monumentos o elementos de identidad histórica.

LIBRO SEGUNDO
DE LA CLASIFICACIÓN DE LA PROPAGANDA

TÍTULO I
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL
CAPÍTULO I
Concepto y Generalidades

Artículo 7.- La propaganda gubernamental es el acervo de mensajes relacionados con la actividad constitucional y legal de los respectivos ámbitos de gobierno, difundidos bajo cualquier modalidad de comunicación social.

Artículo 8.- En la difusión de la propaganda gubernamental queda prohibido el uso de emblemas, frases, símbolos o colores relacionados o vinculados con los partidos políticos, incluidos aquellos de los que emane el gobierno en turno.

Artículo 9.- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, de acuerdo a la elección de que se trate.

Artículo 10.- En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Artículo 11.- Los informes de gobierno sólo podrán difundirse dentro del término y ámbito espacial legalmente autorizados en el presupuesto de egresos del año que les corresponda.

Sección Primera
De su carácter institucional

Artículo 12.- La propaganda gubernamental, tendrá carácter institucional cuando en su contenido se difunda la actividad ordinaria y excepcionalmente extraordinaria de las instituciones que lo conforman, de acuerdo a su ámbito de competencia y fines sociales para los que fueron creadas.

Queda comprendida en este rubro la propaganda destinada a cumplir con disposiciones generales relativas a empadronamientos oficiales, censos de población y vivienda, comerciales o empresariales y reclutamiento para el servicio público e insaculaciones electorales.

Sección Segunda
De sus fines informativos

Artículo 13.- La propaganda gubernamental que se difunda durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, será estrictamente informativa y orientadora en materia de seguridad pública, protección civil y casos de emergencia surgidos por conductas antropogénicas ofenómenos naturales.

Sección Tercera
De sus fines educativos

Artículo 14.- Los fines educativos de la propaganda gubernamental se circunscribirán a la difusión de la gratuidad, laicidad y obligatoriedad de la educación, la promoción de valores, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, el fomento al ahorro, prevención de la salud y la conciencia de solidaridad internacional.

Sección Cuarta
De su orientación social

Artículo 15.- Además de los fines a que se refiere el presente capítulo, se difundirá propaganda gubernamental que oriente a la población sobre las disposiciones legales adoptadas en materia de acceso a la justicia, reconocimiento derechos humanos, información pública y acceso, temporalidad y restricciones de programas sociales.

Artículo 16.- La propaganda gubernamental de orientación social deberá contener datos de contacto que amplíen el acceso a la información difundida.

Artículo 17.- Para el fortalecimiento de la orientación social, en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se empleará en el sistema de televisión abierta, la transmisión de los canales del Congreso y del Canal Judicial con cobertura nacional.

CAPÍTULO II
De la Papelería Oficial

Artículo 18.- La papelería empleada por los servidores públicos para oficializar los actos de su competencia contendrá el membrete y formatos de seguridad autorizados para la institución a la que corresponda.

Artículo 19.- La papelería oficial se autorizará con un esquema de color o colores neutros y ajenos a emblemas, frases y colores empleados por los partidos políticos.

CAPÍTULO III
De los Colores en Uniformes Oficiales

Artículo 20.- Los uniformes que se autoricen para los servidores públicos que por disposición o acuerdo general deban portarlos para el desempeño de sus funciones y atribuciones serán de color o colores neutros y ajenos a emblemas, frases y colores registrados por los partidos políticos.

Artículo 21.- Los uniformes, insignias y condecoraciones de las corporaciones policiales se sujetarán a la reglamentación correspondiente, y serán de color o colores ajenos a los registrados por los partidos políticos.

CAPÍTULO IV
De los Colores en la Pinta del Equipamiento Urbano

Artículo 22.-Para la pinta del equipamiento urbano se deberán observar las disposiciones relativas para emplear sólo los colores y tonalidades que correspondan a la simbología universal.

Artículo 23.- Bajo ninguna circunstancia se podrá pintar o adherir en el equipamiento urbano emblemas, frases o colores registrados por los partidos políticos.

CAPÍTULO V
De la Transparencia de Gastos por Propaganda Gubernamental

Artículo 24.- Los gastos de propaganda gubernamental a que se refiere la presente Ley se sujetarán al rubro específico del presupuesto de egresos aprobado para el año que corresponda.

Artículo 25.- De manera extraordinaria y sólo para mitigar riesgos en la población, podrá ampliarse la partida presupuestal para propaganda gubernamental cuyo contenido sea exclusivamente de fines informativos.

Artículo 26.- Los gastos de propaganda gubernamental constituyen información pública, por lo que su transparencia se sujetará a los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento.

TÍTULO II
PROPAGANDA POLÍTICA

CAPÍTULO ÚNICO
Concepto y Generalidades

Artículo 27.- Para los efectos de esta Ley, la propaganda política es el conjunto de mensajes difundidos por los partidos políticos bajo cualquier modalidad de comunicación social para posicionar su emblema, ideología, actividades ordinarias y plataforma electoral entre la ciudanía.

Artículo 28.- La propaganda política que se difunda en radio y televisión se ajustará a lo dispuesto porel artículo 41 de la Constitución, la Ley General de Instituciones, la Ley General de Partidos Políticos y las disposiciones que para el efecto apruebe el Instituto.

Artículo 29.- La propaganda política será difundida desvinculándola de los objetivos y metas alcanzados por los entes gubernamentales, aun cuando éstos emanen del partido político que la difunda.

Artículo 30.- Toda propaganda política que contenga mensajes de calumnia será inmediatamente retirada de su difusión, instrumentándose, incluso de oficio, los procedimientos sancionadores previstos por la Ley General de Instituciones.

Artículo 31.- Los partidos políticos deberán presentar para su aprobación ante el órgano electoral correspondiente, un plan de reciclaje para la propaganda impresa que difundan.

Artículo 32.- La propaganda política impresa deberá ser reciclable, fabricada en materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, en términos de las normas oficiales mexicanas.

Artículo 33.- El Instituto y los Organismos Electorales, en forma aleatoria seleccionarán cundo menos diez ejemplares de propaganda política impresa por cada partido político y los remitirán para su análisis a laboratorios de ciencias químico biológicas adscritos a la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional o sus equivalentes en las entidades federativas, para que por su conducto se dictamine sobre el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior, en un término no mayor a diez días hábiles siguientes al en que reciban las muestras.

Artículo 34.- El incumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo será sancionado en términos de lo dispuesto por los artículos 41 y 134 de la Constitución, la Ley General de Instituciones, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Delitos Electorales y, en su caso, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que corresponda.

TÍTULO III
PROPAGANDA ELECTORAL

CAPÍTULO I
Concepto

Artículo 35.- Será propaganda electoral, el conjunto de mensajes difundidos por los partidos políticos y los candidatos, en cualquier modalidad de comunicación social, a través de imágenes, colores, signos, emblemas, audio y expresiones que tengan por objeto dar a conocer las propuestas del partido político, coalición o candidatos en contienda electoral.

CAPÍTULO II
Generalidades

Artículo 36.- La propaganda electoral en radio y televisión, para su difusión se sujetará a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución, a la Ley General de Instituciones y a la Ley General de Partidos Políticos, y las disposiciones que para el efecto apruebe el Instituto.

Artículo 37.- La propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada en materiales biodegradables, libres de sustancias tóxicas.

Artículo 38.- Los artículos promocionales utilitarios que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas de los partidos políticos, coaliciones o candidatos, sólo podrán ser elaborados con material textil.

Artículo 39.- Los partidos políticos y los candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña electoral.

1.-El plan de reciclaje de la propaganda electoral para la elección de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, será presentado por los partidos políticos dentro de los primeros quince días del mes de noviembre del año anterior al del día de la elección, ante el Instituto.

2.- Los candidatos independientes presentarán su plan de reciclaje dentro de los cinco días posteriores a la obtención formal de su registro.

3.- Para las elecciones de las entidades federativas y del Distrito Federal, los partidos políticos deberán presentar su plan de reciclaje entre el día décimo quinto y el día vigésimo posteriores al día en que inicio el proceso electoral, ante los Organismos Electorales que les corresponda.

4.- En todos los casos el plan de reciclaje se acompañará con la evidencia de un ejemplar de cada uno de los tipos de propaganda impresa y artículos promocionales utilitarios, así como su reporte técnico de especificaciones de los materiales que se emplearán para su elaboración.

Artículo 40.- El Instituto y los Organismos Electorales que corresponda, resolverán sobre la aprobación de los planes de reciclaje que les sean presentados, motivando su resolución con la opinión favorable de un laboratorio de ciencias químico biológicas adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional o sus equivalentes en las entidades federativas, en un términos no mayor de treinta días posteriores a la presentación del plan y sus evidencias.

Artículo 41.- El Instituto y los Organismos Electorales celebrarán convenios de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional o sus equivalentes en cada una de las Entidades Federativas a fin de que por su conducto se realicen los análisis, dictámenes, opiniones y estudios técnicos necesarios para corroborar que la propaganda política y electoral impresa cumple con las disposiciones establecidas por la Constitución, la Ley General de Instituciones, la Ley General de Partidos Políticos y la presente Ley.

Capítulo III
De sus Restricciones

Artículo 42.- La propaganda electoral, en todas sus modalidades, podrá difundirse sólo dentro del periodo establecido para precampañas y campañas electorales, respectivamente.

Artículo 43.- Queda prohibido a los partidos políticos y a los candidatos, la difusión de propaganda que infiera calumnia a otro u otros partidos políticos o candidatos. La propaganda que se publique bajo esta circunstancia será inmediatamente retirada de su difusión, por los medios más eficaces que dispongan el Instituto y los Organismos Públicos Locales Electorales.

Se entenderá como calumnia, para efectos de la presente Ley, toda acusación falsa hecha contra los partidos políticos o candidatos para dañar su honor o su reputación.

Artículo 44.- Está estrictamente prohibido para los servidores públicos, partidos políticos, candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona, que contenga o no propaganda política o electoral. Cualquier conducta señalada en el presente artículo se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto.

Artículo 45.- Ningún tipo de propaganda electoral contendrá expresiones o alusiones a programas sociales, estadísticas oficiales, logros o metas gubernamentales alcanzadas.

Artículo 46.- La entrega de artículos promocionales utilitarios no deberá rebasar el uno por ciento del total gastos autorizados para precampaña de partidos políticos que sostengan procesos internos de selección de candidatos.

Artículo 47.- La entrega de artículos promocionales utilitarios no deberá rebasar el uno por ciento del total del financiamiento para gastos de campaña autorizados para cada partido político. En términos de la Constitución y la Ley General de Instituciones, se privilegiarán la promoción y difusión de los debates públicos de candidatos y las campañas de voto razonado cien por ciento compatibles con la biodiversidad.

Artículo 48.- La propaganda electoral podrá ser difundida a través de unidades del transporte público siempre que éstas en lo individual cuenten con el registro oficial de la autoridad competente que les autorice la portación de publicidad o propaganda.

La autorización para portar publicidad o propaganda deberá estar vigente y deberá señalar el domo o apartado reservado para la portación de publicidad o propaganda, sus características de seguridad y el número de Registro.

La propaganda política o electoral que se difunda en las unidades del transporte público, cualquiera que sea su modalidad, deberá contener visible el número de Registro.

Artículo 49.- La falta de autorización para portar propaganda política o electoral, independiente de las sanciones administrativas y de vialidad a que haya lugar, será causa para proceder al retiro inmediato de dicha propaganda por conducto del Instituto o de los Organismos Electorales que corresponda quienes se auxiliarán en todo momento de la fuerza pública para su cumplimiento.

LIBRO TERCERO
DE LOS REGISTROS EN MATERIA DE PROPAGANDA

TÍTULO PRIMERO
DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Artículo 50.- Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, el Instituto y los Organismos Electorales dispondrán del Registro Nacional.

Artículo 51.- Con el Registro Nacional se conocerá a las personas físicas o empresas que cuentan con autorización de la autoridad competente para prestar servicios de publicidad en vía pública y en inmuebles de propiedad privada y será elaborado, resguardado y actualizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 52.- Para efectos de transparencia por propaganda gubernamental y de fiscalización por propaganda política o electoral, sólo se podrá contratar a las personas físicas o empresas publicistas que cuenten con el Registro Nacional.

Artículo 53.- El Registro Nacional, será público y en él se asentarán cuando menos, el nombre o razón social del prestador del servicio, el tipo de servicio, la ubicación de las mamparas, espectaculares y dispositivos luminosos o electrónicos autorizados para la prestación del servicio de publicidad y propaganda y, el precio unitario por la prestación del servicio.

Artículo 54.- En cada unidad de mamparas, espectaculares y dispositivos luminosos o electrónicos autorizados para la prestación del servicio de publicidad y propaganda, aparecerá visible el número del Registro Nacional.

TÍTULO SEGUNDO

DEL REGISTRO ÚNICO DE DIFUSIÓN DE PROPAGANDA EN UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

Artículo 55.-El Registro Único es el instrumento público con que contarán el Instituto y los Organismos Electorales para regular la propaganda difundida a través de las unidades del transporte público de pasajeros.

Artículo 56.- Para efectos de transparencia por propaganda gubernamental, y de fiscalización por propaganda política o electoral, sólo se podrá publicitar propaganda gubernamental, política o electoral, en las unidades de transporte público de pasajeros que cuenten con el Registro Único.

Artículo 57.- Por cada unidad del servicio público de transporte de pasajeros se asignará un número de Registro Único, que podrá ser otorgado por la autoridad del transporte público de cada Entidad Federativa o del Distrito Federal según corresponda, en los términos y condiciones que para el efecto se determinen en la normatividad correspondiente.

Artículo 58.- Para la difusión de propaganda gubernamental la dependencia encargada de los egresos públicos que corresponda deberá publicar el concentrado con los datos y el Registro Único de cada unidad del transporte público de pasajeros que se haya empleado para dicho fin.

Artículo 59.- Los partidos políticos y los candidatos deberán remitir al órgano de fiscalización correspondiente, el concentrado con los datos y el Registro Único de cada unidad del transporte público de pasajeros que se haya empleado para difundir su propaganda política o electoral, en los términos señalados para presentar informes de fiscalización de recursos por financiamiento público ordinario, extraordinario y por campañas electorales.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO: Las Legislaturas de las Entidades Federativas contarán con un término de treinta días a partir de la publicación del presente Decreto para realizar las adecuaciones a su normatividad interna a fin de que pueda tener vigencia el Registro Único de Difusión de Propaganda en Unidades del Transporte Público de Pasajeros a más tardar dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes coordinará los trabajos necesarios y emitirá los lineamientos para la asignación de las claves para la operación del Registro Único de Difusión de Propaganda en Unidades del Transporte Público de Pasajeros por cada Entidad Federativa y del Distrito Federal para efectos del otorgamiento de las autorizaciones correspondientes.

CUARTO: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá los lineamientos para la instrumentación y operación del Registro Nacional de Proveedores de Servicios de Publicidad y Propaganda, dentro del término de treinta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, a fin de que por su conducto se asigne la clave correspondiente a cada prestador de servicios de publicidad y propaganda.

QUINTO: El Instituto y los Organismos Electorales celebrarán convenios de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional o sus equivalentes en cada una de las Entidades Federativas a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo II del Libro Segundo de la presente Ley.

México, D.F., el 3 de junio de 2015.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, Braulio Fernández Aguirre y María Elena Barrera Tapia)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  LILIA GUADALUPE MERODIO REZA,  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ANABEL ACOSTA ISLAS Y MAYELA QUIROGA TAMEZ, BRAULIO FERNÁNDÉZ AGUIRRE SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, SENADORA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEYDE VIVIENDA ,de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vivienda es el centro de convivencia y descanso de la unidad social, la familia. Es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal. Para el artista Friedensreich Hundertwasser la vivienda constituye la tercera piel del ser. La vivienda brinda seguridad y certeza en sus posesiones materiales a sus habitantes por lo que debe contar con los elementos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes como es la alimentación la higiene personal, y el descanso.

La madrugada del pasado 25 de mayo en Ciudad Acuña, se presentó un tornado de 6 segundos de duración. Este fenómeno hidro-meteorológico que lamentablemente causó la pérdida de 14 vidas humanas y un total de 229 personas heridas. Dentro de los daños materiales se tiene que 247 casas se declararon pérdida total.

Una vez recorrida la zona de desastre, quedó de manifiesto que la resistencia de de los materiales fue insuficiente para contener los efectos del tornado, en gran parte por la deficiente calidad de los mismos.

Ahora bien, es importante considerar que el Plan Nacional de Desarrollo establece que si bien en materia de vivienda e infraestructura social básica, se ha avanzado de manera importante en los últimos 20 años, los avances en este rubro no han sido uniformes para todas las regiones y localidades del país. Se estima que en los próximos 20 años se demandarán 10.8 millones de soluciones de vivienda debido a la creación de nuevos hogares. Esta demanda debe ser satisfecha y debe garantizarse que sean construidas con los mejores materiales a fin de que sea una vivienda digna y segura para sus moradores y su patrimonio.

Por su parte, estadísticas del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 nos revela que de las viviendas en México, el 86.3% cuenta con material durable en paredes, el 71.6% material durable en paredes y el 93.8% en pisos. Sin embargo material durable no significa que se asegure la mayor calidad para su construcción.

Si bien el artículo 71 y 72 y varios artículos relacionados en el texto de la Ley de Vivienda establecen que se debe garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados, así como eficientes y ambientalmente amigables estos no deben de dejar de lado la calidad y resistencia en atención a la seguridad de los habitantes.

En ese orden de ideas resulta pertinente atender lo establecido por el artículo 81 de la Ley en comento el cual señala:

ARTÍCULO 81.- El Gobierno Federal fomentará la utilización de insumos básicos para la construcción de vivienda, que cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas.”

Al respecto, resaltamos la obligación del Gobierno Federal por “fomentar” que la utilización de insumos básicos para la construcción de vivienda, que cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas.

Si bien el cuerpo normativo en su conjunto permite ver que el espíritu del legislador es que la vivienda se encuentre adaptada a su entorno y construida con materiales sustentables resulta pertinente establecer en el articulado que sea responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivas competencias que se garantice la utilización de materiales de calidad adecuada en la construcción de vivienda a fin de evitar una nueva tragedia, cualquiera que sea su causa.

Por todo lo anterior someto a consideración de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA DE REFORMA CON PROYECTO DE DECRETO:

ÚNICO.- Se reforma el Artículo 81 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 81.-La autoridades de los tres órdenes de gobierno en sus respectivas competencias garantizarán la utilización de insumos básicos para la construcción de vivienda, los cuales deberán ser de calidad óptima y cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 3 de junio de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Mayela Quiroga Tamez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Braulio Manuel Fernándéz Aguirre.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

(Presentada por los Senadores Benjamín Robles Montoya, Luz María Beristain Navarrete y Luciano Borreguín González, del grupo parlamentario del PRD)

Los suscritos, Senadores de la República BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, LUZ MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE y LUCIANO BORREGUÍN GONZÁLEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 26 de febrero del año 2013, el Diario Oficial de la Federación público el Decreto por el que se reforman los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se llamó la Reforma Educativa, donde uno de sus fines fue establecer la creación del Servicio Profesional Docente, como una vía regular el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes frente a grupo y en funciones de Dirección y Supervisión, como una forma de garantizar la calidad de la educación y el máximo logro académicos.

En el transitorio quinto del Decreto citado, se estableció que para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3° y 73, fracción XXV de dicha Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes harían las adecuaciones normativas conducentes en materia de profesionalización docente,  creando para ello las disposiciones legislativas reglamentarias, que no solo regularan el ingreso de los docentes al sistema educativa nacional, sino que establecieran fundamentalmente los procesos, sobre los cuales la evaluación de su desempeño fuera una obligación para la obtención de beneficios y reconocimiento laboral, bajo un enfoque de derechos, es decir respetando sus derechos laborales establecidos en la propia Constitución.

Con fecha 11 de septiembre de 2013, se público la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y reformas a la Ley General de Educación.

Uno de los ejes fundamentales sobre los que se justificó la reforma constitucional es mejorar en el sentido más amplio de la palabra, la transformación de la Educación que hoy tenemos en México, fortalecer nuestro derecho constitucional a recibir una formación integral que transforme la realidad de nuestro país.

La escuela de calidad, según diversos investigadores y teóricos del tema “es la que promueve el progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados”. 

Los actuales ejercicios de evaluación han mostrado una escasa relación en su diseño y aplicación con los programas, planes y proyectos supuestamente destinados a mejorar la gestión escolar y el desempeño de los estándares y los niveles de aprendizaje pretendidos [*].  

Existen distintos tipos de evaluación [*]:

1. Según su finalidad y función, esta se clasifica en:

a) Función formativa: la evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. Es la más apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es formativa la evaluación de productos educativos, siempre que sus resultados se empleen para la mejora de los mismos. Suele identificarse con la evaluación continua.

b) Función sumativa: suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir,  de procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables.

2. Según su extensión, se clasifica en:

a) Evaluación global: se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de los alumnos, del centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una totalidad interactuada, en la que cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero no siempre es necesaria o posible.

b) Evaluación parcial: pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento para los alumnos.

3. Según los agentes evaluadores, se clasifica en:

a) Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro o programa educativo.

A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación.

AUTOEVALUACIÓN: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles de evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas.

HETEROEVALUACIÓN: evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a las personas evaluadas.

COEVALUACIÓN: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente (alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y viceversa).

b) Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros de la Administración, investigadores, equipos de apoyo a la escuela. Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan mutuamente.

4. Según el momento de aplicación, la evaluación se clasifica en:

a) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico, de la implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al final de un proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios.

b) Evaluación procesal: consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la consecución de unas metas u objetivos. La evaluación procesal es de gran importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha.

c) Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la consecución de unos objetivos.

En consecuencia, la evaluación debe conformar una base de información que conduzca a los distintos actores involucrados en el proceso educativo a diseñar las políticas y líneas de acción para el mejoramiento de los procesos formativos,  además de que es importante que los instrumentos en las que se evalúen a los involucrados en la educación (padres de familia, profesores, alumnos, personal administrativo), sean elaboradas, aplicadas y evaluadas, por profesionales vinculados con la materia educativa, es decir, por docentes e investigadores especialistas en cada una de las materias que se imparten en los distintos niveles educativos, esto con la única finalidad de conformar y diseñar programas que eleven el nivel profesional, a través de la formación inicial, actualización, profesionalización y seguimiento, así como las condiciones de trabajo adecuadas.

Es importante precisar que los resultados de las evaluaciones deben ser aprovechados en su justa medida, sin sobredimensionarla, ni convertirla en un fin en sí misma, sino ponerla al servicio del objetivo fundamental, que es encontrar las soluciones ante los problemas que impiden la mejora continua de la educación del país.

En la actualidad, y de acuerdo con la UNESCO, el objetivo primordial de la evaluación es ayudar al docente a mejorar su desempeño, identificando sus logros y detectando sus problemas, perspectiva que coincidiría con la evaluación formativa para el desarrollo profesional, como la primera vía para su profesionalización.

En un sistema educativo el papel que juega el docente y el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debiera tener el OBJETIVO de formar individuos capaces de ser críticos, analíticos y problematizar a través de la argumentación y el discurso, que lleven a la solución de problemas y fenómenos reales PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD DE SU CONTEXTO Y ABONAR AL DESARROLLO DE MÉXICO.

De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, la Carrera Magisterial a la fecha, tiene como objetivos generales y específicos los siguientes:

OBJETIVOS GENERALES.

• Coadyuvar a elevar la calidad de la educación nacional por medio del reconocimiento e impulso a la profesionalización del magisterio.

• Estimular PARA QUE  los profesores de educación básica OBTENGAN mejores logros en su desempeño PROFESIONAL.

• Mejorar las condiciones de vida, laborales y sociales de los docentes de educación básica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Valorar la actividad docente fortaleciendo el aprecio por la función social del profesor.

• Motivar a los profesores para que logren un mejor aprovechamiento en sus alumnos.

• Promover el arraigo profesional y laboral de los docentes. 

• Reconocer y estimular a los profesores que prestan sus servicios en escuelas ubicadas en comunidades de bajo desarrollo y escasa atención educativa, así como a los que trabajan con alumnos que requieren mayor atención.

• Reforzar el interés por la actualización, capacitación y superación profesionales del magisterio, así como la acreditación de cursos de mejoramiento académico.

Durante todo el proceso de discusión de la reforma educativa, se señaló el tema de la evaluación docente como uno de sus puntos centrales, que representaba un avance tendiente al mejoramiento de la educación de nuestro país.

Sin embargo, la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal se inscribía en una reforma que más que educativa, constituía una reforma laboral del ámbito educativo que en muy poco contribuía al incremento sustancial del nivel de la educación.

Desde que el Congreso de la Unión discutió las modificaciones constitucionales correspondientes a la reforma educativa, advertimos con preocupación que en el tema de la evaluación de los docentes la reforma asumía una postura sumamente inquisitiva.

Ello en virtud de la permanente reticencia del Gobierno Federal de asumir su responsabilidad en el deterioro de la educación en nuestro país y pretender atribuírsela a los maestros, acusándolos de ser los grandes culpables de los males que aquejan al Sistema Educativo Nacional.

A lo largo de las discusiones señalamos con convicción, que si un maestro no está bien preparado para impartir clases y si la educación que se imparte en México no es de buen nivel, el Estado es el principal responsable al no darle la preparación adecuada a los docentes, al incumplir en modernizar los planes de estudio, e incluso al suministrar libros de texto plagados de todo tipo de errores, incluyendo errores ortográficos.

Reconociendo las limitaciones en la preparación de los maestros, sostuvimos, como lo hacemos, que la solución no pasaba por privar de su fuente de empleo a los docentes como sanción por su falta de preparación, por la que, insistimos, el Estado tiene responsabilidad.

Lo que se necesita es garantizarles una adecuada preparación, no sólo como una obligación para ellos, sino también como un derecho, que a la larga los es también de los estudiantes que integran el sistema educativo nacional.

No obstante las argumentaciones emitidas por los suscritos, el Gobierno Federal ha optado por implementar desde septiembre del año 2013 la Reforma Educativa, atropellando los derechos laborales adquiridos por los maestros antes de la reforma educativa, consistente en la aplicación retroactiva en su perjuicio, del nuevo esquema de evaluación previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente, mediante el cual la autoridad educativa puede privar al docente de su plaza laboral sin absolutamente ninguna responsabilidad, a través de una evaluación estandarizada que no toma en consideración los diferentes contextos económicos, sociales, demográficos y demás aspectos que inciden en los procesos educativos.

A partir de entonces, se inició una importante movilización magisterial en todo el país y principalmente en  los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, en rechazo a esa reforma educativa y su evaluación punitiva.

Nuestra principal argumentación consiste en que dicho sistema educativo nacional no puede ser homogéneo en todo el país; toda vez que los Estados del Sur-Sureste mantienen marcadas diferencias de desigualdad y por ende, para alcanzar el desarrollo en materia educativa, primero hay que generar las condiciones mínimas de bienestar y así garantizar que todas las niñas y niños del país se encuentren en las mismas condiciones para recibir la educación pública.  

Los Estados del Sur Sureste, necesitan de una política de educación con acentuados matices específicos en virtud de la cultura, de la infraestructura, de los recursos de medio ambiente con que se cuenta.  

En los Estados del Sur Sureste se localizan importantes asentamientos de pueblos y comunidades indígenas; por lo tanto en la construcción de un nuevo sistema educativo, se deben diseñar programas específicos para proporcionar una educación acorde a las características de los  grupos indígenas, impulsando formación de docentes en educación indígena con opciones abiertas y escolarizadas.  

La necesidad de contar con una evaluación diferenciada fue enarbolada desde el principio por Sylvia Schmelkes, Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, incluso desde antes de la publicación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en septiembre de 2013.  

Aunado a lo anterior, el pasado 29 de mayo, la Secretaría de Educación Pública informó en un escueto comunicado de prensa, que el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, quedaba suspendido indefinidamente “con motivo de nuevos elementos a considerar”sin especificar cuáles serían esos elementos.

A pesar de que dicha suspensión generó un rechazó por parte de diversos sectores y actores políticos, lo cierto es que más allá de la invasión del Secretario de Educación Pública a las atribuciones del INEE y de las reacciones que se suscitaron, queda en evidencia la necesidad de revisar a profundidad la regulación de las evaluaciones docentes a fin de garantizar que éstas se constituyan como un mecanismo idóneo para diagnosticar las fortalezas y debilidades de los docentes, pero también de planes y programas de estudio y a partir de ahí encaminar los esfuerzos necesarios para fortalecer la educación, revirtiendo así el esquema actual que contempla las evaluaciones como un mecanismo inquisitivo.

Mecanismo que, por lo demás, sólo garantiza la privación de plazas laborales a quien no cumpla los requisitos, pero de ninguna manera está diseñado para garantizar un constante mejoramiento en su capacitación.

Por lo tanto, si en México se desea plantear un sistema educativo moderno; debemos incluir las aportaciones de todos los sectores que tienen injerencia en este tema y reconciliar los diversos puntos de operación y de academia logrando así que la niñez y la juventud cuenten con educación de calidad, planteles acorde a los microclimas regionales; se cuente con el uso de tecnologías alternativas, se impulse la plena la formación profesional, se evite la deserción escolar por motivos económicos, se tenga atención de salud, y que la pedagogía sea acorde a los rasgos comunitarios de convivencia.

En ese sentido, es importante señalar que el actual artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente obliga al universo de los docentes del sistema educativo nacional ha someterse a una evaluación, y cuyos resultados tendrán responsabilidades vinculantes a su entorno laboral, tal como se cita a continuación:

Artículo 53. Cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente.

El personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior, tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo.

De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses.

En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda.

Los suscritos aseguran que constreñir el resultado de una evaluación al desempeño docente sin considerar las condiciones socioeconómicas y orográficas en que fue aplicada la examinación, es contraria al principio de progresividad y pluralidad previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya observancia se encuentra las profesoras y los profesores de México.

Máxime que dicha evaluación no debe ser utilizada como método sine qua non para la estabilidad laboral y permanencia de los docentes, sino como un examen diagnóstico que indique el dominio de los temas que se exploran a fin de enfocar políticas públicas de acuerdo con los resultados.

Los resultados de dichas pruebas muéstrales deberán proveer información útil a las autoridades, pero para los docentes y sociedad en general estos resultados sólo tienen un valor estadístico. 

Hoy en día, nos encontramos bajo un proceso de restructuración, modernización y transparencia del sistema educativo mexicano; estamos conscientes de que en esta fase de consolidación de las reformas educativas se deben sin lugar a dudas converger las aportaciones que los docentes de las diferentes regiones del país han hecho valer a través de su derecho legitimo a la manifestación.

Resultaría por falto de sentido común, no escuchar para la implementación de una política educativa, precisamente a aquellos que son los encargados, en los hechos, de implementarla, los docentes.  

Por eso, insistimos, estamos convencidos de que cualquier reforma debe ser, es y será con los maestros y nunca en contra de ellos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 52; 53; y se derogan los artículos 54; Octavo y Noveno Transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para quedar como sigue:

Artículo 1 a 51. …

Artículo 52. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado.

La evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria. El Instituto determinará su periodicidad, considerando la evaluación conforme los criterios socioeconómicos y regionales del lugar de la aplicación.

La evaluación será de diagnóstico, y para ella se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de Permanencia sean definidos y autorizados conforme a esta Ley.

Los Evaluadores que participen en la evaluación del desempeño deberán estar evaluados y certificados por el Instituto.

Artículo 53. La evaluación de diagnóstico tendrá como finalidad verificar el nivel de manejo y dominio de las herramientas educativas.

En ningún caso, dicha evaluación tendrá efectos coercitivos o vinculantes a su Nombramiento correspondiente.
Artículo 54. Se deroga.

Artículo 55 a 83. …

TRANSITORIOS

Primero a Séptimo. …

Octavo. Se deroga.

Noveno. Se deroga.

Décimo a Vigésimo Segundo. …

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la comisión permanente a los 3 días del mes de junio de 2015.

Sen. Benjamín Robles Montoya.-  Sen. Luciano Borreguín González.- Sen. Luz María Beristaín Navarrete .





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 470 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE VARIACIÓN DOLOSA A LOS CERTIFICADOS PRENUPCIALES, DE NACIMIENTO, DE DEFUNCIÓN Y MUERTE FETAL

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA,  LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 470 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE VARIACIÓN DOLOSA A LOS CERTIFICADOS: PRENUPCIALES; DE NACIMIENTO; DE DEFUNCIÓN Y DE MUERTE FETAL, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La delincuencia hoy en día, realiza sus actividades ilegales utilizando artimañas que le permitan dañar la esfera jurídica de las víctimas dejando de lado el uso de la fuerza excesiva para evitar enfrentamientos directos y utilizar el beneficio de la tecnología, ya que el beneficio de ésta permite perpetrar en la intimidad de cualquier persona, conducta que se puede convertir en una suplantación de identidad.

Cabe mencionar que cualquier ciudadano nacido como mexicano adquiere derechos y obligaciones dentro del país, y uno de los derechos otorgados por el gobierno es la de identificarlo legalmente, y para ello se le otorga una acta de nacimiento expedida por el Registro del Estado Civil de cualquier Estado donde haya nacido, es por ello que dicho reconocimiento natural se otorga sin distinción alguna.

La identidad y la identificación son términos que tienen diferente o igual significado, estas apreciaciones se realizan con base a las ciencias o disciplinas que intervienen para darle construcción teórica, como el caso muy específico de la Medicina, la Psicología, el Derecho o lo Forense.

Como parte fundamental de la suplantación de la identidad se encuentra la falsificación y alteración de documentos de tipo físico, donde se detectan algunas anomalías en los documentos, siendo estos raspados de impresiones, lavado de documentos mediante la utilización de solventes químicos o elementos como gomas que desprenden el trazo, la impresión de tintas o la mecanografía.

Una de las actividades más comunes por los delincuentes, es la falsificación de documentos, misma que se desarrolla sin mayor complejidad, esta acción es definida por la Real Academia de la lengua Española como “acción y efecto de falsificar”, haciendo uso nuevamente de esta consagración, falsificar se define del siguiente modo “falsear o adulterar algo”.

Una segunda concepción del término de falsificación es precisamente la siguiente: “Copia o imitación de una cosa que se quiere hacer pasar por verdadera o auténtica”, específicamente realizar una falsificación es contrario a la ley, por lo tanto está considerada como un delito.

De manera específica esta actividad está relacionada con los documentos en general, y por falsificación de documentos se entiende como “el proceso a través del cual una o varias personas alteran y/o transforman la información original que poseía un documento de cualquier índole. La falsificación puede ser material como también ideológica, en esta última podemos encontrarnos con un documento cuyo soporte corresponde a la fórmula virgen y por ende auténtica. Pero, en cambio, sus datos y/o contenidos son fraudulentos”, esta actividad se proclama en contra de las normas sociales así como de la misma ley.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2014, el artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

La Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada.

En el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina la responsabilidad por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, por el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales a gobernadores, diputados, magistrados, miembros de los consejos de la judicaturas locales, de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía.

Por otra parte, los certificados de defunción, muerte fetal y nacimiento, se advierten diversas conductas encaminadas al uso irregular que se pudiera dar a los mismos, en las que la población resulta afectada al requerir hacer diversos trámites.

Se advierte que en algunas entidades federativas, la emisión de cualquiera de estos certificados está condicionada al pago que se realice por su emisión. Asimismo, se conocen casos, no probados, en los que se presume que los certificados de nacimiento son vendidos, sobre todo en los Estados que se localizan al sur del país.

Por lo que respecta al certificado de defunción, se han conocido situaciones en las que se considera que son llenados y emitidos con información falsa.

Con fundamento en los artículos 389 fracción I Bis, 389 Bis y artículo 389 Bis 1, el certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado el hecho. El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente, asimismo, el certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las disposiciones generales aplicables.

De conformidad con el artículo 391 de la Ley General de Salud, los certificados de defunción y de muerte fetal serán expedidos, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas, por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente.

El artículo 392 del mismo ordenamiento legal indica que los certificados a que se refiere este título, (nacimiento, defunción, muerte fetal, entre otros) se extenderán en los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las normas oficiales mexicanas que la misma emita. Dichos modelos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Las autoridades juridiciales o administrativas sólo admitirán como válidos los certificados que se ajusten a lo dispuesto en el párrafo anterior.

La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y los Servicios Estatales de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normatividad que se expida para tal efecto, llevarán a cabo acciones necesarias para la implementación de los certificados, incluyendo las relacionadas con la captura, generación e intercambio de la información relacionada con la expedición de dichos certificados.

La distribución primaria de los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal a que hace mención el artículo 389 de esta Ley estará a cargo de la Secretaría de Salud.

La NOM-023-SSA3-2012 en materia de Información en Salud establece en su numeral 12.2.10 que cualquier variación dolosa entre los hechos ocurridos y lo asentado en un certificado de defunción o de muerte fetal, será objeto de sanción conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Dicha norma indica para estos tres certificados que los Servicios Estatales de Salud son responsables ante la Secretaría a través de la Dirección General de Información en Salud del estricto control y uso adecuado de los folios proporcionados por la misma.

En ese sentido, con la finalidad de proteger y evitar el mal uso de los certificados, se pretende tipificar tal situación, complementando lo establecido en la norma en cita, lo cual apoyará la calidad de la información en salud que integra esta Secretaría.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 470 Bis.- A quien haga uso indebido de los certificados referidos en las fracciones I Bis, II y III del artículo 389 de esta Ley, se castigará con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos que resulten.

Si quien realiza una de las conductas enunciadas en el párrafo anterior es un profesional de la salud, servidor público o alguna de las personas autorizadas para su expedición, la pena de que se trate aumentará hasta en una mitad más.

TRANSITORIO

Único: el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2 Y 41 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la Diputada Amalia García Medina, del grupo parlamentario del PRD)

Amalia Dolores García Medina, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en los artículos 71, fracción II Y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 176, 179  y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno  Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El fenómeno migratorio en nuestro país es harto complejo, somos un país de origen, de destino, de tránsito y de retorno de migrantes; a más de un país con migración interna. Esta realidad hace que México sea, dentro del continente americano, el país que refleja de forma más clara el carácter pluridimensional de la migración internacional, como reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esa comisión observa que, “como consecuencia de las marcadas desigualdades económicas y de oportunidades entre los principales países de origen y países de destino de migrantes en la región, la pobreza y las dificultades para acceder a condiciones de vida digna, la violencia ocasionada por la delincuencia organizada y común, las violaciones a los derechos humanos, la discriminación en contra de ciertos grupos vulnerables de población, las necesidades de reunificación familiar, los desastres naturales, así como la posición geográfica de México plantean para el Estado mexicano grandes desafíos respecto a cómo gestionar desde un enfoque de derechos humanos la afluencia de flujos migratorios mixtos” (Informe Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México 2014).

México es en la actualidad el segundo país de emigración, con un estimado de 13 millones de migrantes internacionales, lo cual significa que más de 10 por ciento de la población del país vive fuera del territorio mexicano.

De acuerdo con datos de la División de Población de las Naciones Unidas, de los 46 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos en la actualidad, se estima que cerca de 13 millones de estos migrantes provienen de México, lo cual significa que uno de cada tres migrantes en Estados Unidos es mexicano.

Es de especial preocupación el dato de las estimaciones del PEW Hispanic Center de que en marzo de 2010 había 11.2 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos, de los cuales 6.5 millones eran mexicanos, es decir, los mexicanos representan el mayor grupo de migrantes en situación irregular en Estados Unidos, con 58 por ciento del total.

Los migrantes mexicanos generan grandes beneficios en términos de remesas para México. Para 2012, México seguía siendo el principal receptor de remesas en el continente americano y el cuarto mayor receptor de remesas a escala mundial, después de India, China y Filipinas, con un estimado de 23 billones de dólares para ese año.

En términos relativos, las remesas representan para el PIB de México la segunda fuente de ingresos externos después de los ingresos que perciben por las exportaciones de petróleo (The World Bank, Migration and development brief 20. Washington, DC, 2013, página 2).

La migración económica de mexicanos representa, además, una importante válvula de escape al conflicto social en nuestra país.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Migración, anualmente ingresan en México alrededor de 140 mil migrantes en situación irregular, la mayoría proveniente de Centroamérica. Esta cifra no incluye los movimientos locales entre las riberas del río Suchiate, en Chiapas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informa que organizaciones de la sociedad civil estiman que la cifra de migrantes en situación irregular podría situarse en aproximadamente 400 mil migrantes al año. La mayoría de estos migrantes irregulares pretenden llegar a Estados Unidos o a Canadá.

México es también un país de destino para miles de migrantes, en especial centroamericanos, que se dirigen, principalmente, a estados fronterizos para trabajar como jornaleros en labores agrícolas o como trabajadoras domésticas en las principales ciudades de la frontera sur.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010 México contaba con 961 mil 121 migrantes internacionales.

Con cifras del INM, entre 2008 y 2012 se llevaron a cabo 2 millones 423 mil 399 eventos de repatriaciones (deportaciones) de mexicanos desde Estados Unidos. Sólo en 2012 se llevaron a cabo 369 mil 492 eventos de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos.

Las autoridades migratorias estadounidenses informan que del año fiscal 2009 a 2011 llevaron a cabo 1 millón 878 mil 293 eventos de deportación de migrantes mexicanos. El retorno de migrantes mexicanos representa un gran reto para el Estado mexicano que tiene que encontrar soluciones que permitan la protección y la integración social y económica de esos connacionales.

El gobierno de México tiene además el deber de atender a sus connacionales en el extranjero, de generar condiciones económicas y sociales que eviten la emigración obligada de millones de mexicanos, y el de garantizar una estancia y paso seguro para migrantes extranjeros en nuestro territorio, siempre garantizando la protección de sus derechos humanos.

El presidente Enrique Peña Nieto, desde su campaña se comprometió a velar por los intereses de los migrantes, y el 2 de diciembre de 2012, en uno de sus primeros actos de gobierno, firmó con los dirigentes de los principales partidos políticos el Pacto por México, el cual comprende 95 compromisos, el compromiso 30 se refiere a los migrantes, y a la letra dice:

• Derechos de los migrantes. Se ejecutará una política migratoria que defienda la decisión de migrar como un derecho humano. Por lo tanto, se defenderán los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando en contra de su criminalización, y se implementará la misma política para los migrantes extranjeros en nuestro país.

La atención de un fenómeno tan complejo requiere la coordinación de numerosas instancias oficiales y la asignación de presupuestos de diversas dependencias, así lo reconocen diversas manifestaciones y documentos oficiales:

- La Secretaría de Relaciones Exteriores, en el documento de 2013 México frente al fenómeno migratorio: una visión para el siglo XXI, reafirma su compromiso con un modelo atención centrado en la persona, reconociendo a los migrantes como sujetos de derechos y aliados para el desarrollo, y en él establece que “es indispensable instaurar políticas que consideren de manera integral la relación estrecha entre las dimensiones humana, social y económica del fenómeno y su repercusión en el desarrollo” y de manera más específica señala “el Programa Especial de Migración (PEM), representa la oportunidad para crear una política migratoria con el nuevo enfoque de respeto a los derechos humanos, desarrollo sustentable, género, interculturalidad y seguridad; con acciones transversales que involucren a todas las dependencias y niveles de gobierno, así como entidades de la sociedad civil”.

- De igual manera, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce la necesidad de que el problema migratorio se atendido a través de un programa de carácter transversal e intersectorial, así lo dispone la estrategia 5.4.4 del objetivo 5.4 (objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional):

Estrategia 5.4.4. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria.

Esta estrategia, como todas las del plan, se desglosa en líneas de acción, veamos la primera, de la presente estrategia:

• Elaborar un programa en materia de migración de carácter transversal e intersectorial, como el instrumento programático para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política y la gestión migratoria..

- El  8 de julio del 2014, el presidente Enrique Peña Nieto presentó en Chiapas los cinco ejes de su nueva política migratoria para la frontera sur del país. En ese evento mencionó la necesidad de una coordinación interinstitucional para atender ese fenómeno sociológico y anunció la creación de la Coordinación de Atención Integral a la Migración en la Frontera Sur. Esto, para dar atención, ayuda humanitaria y garantizar el respeto de los derechos humanos.

Como vemos, el gobierno federal reconoce la necesidad de acciones transversales para atender la migración, en todas sus expresiones; y el Plan Nacional de Desarrollo dispone que se debe “elaborar un programa en materia de migración de carácter transversal e intersectorial, como el instrumento programático para el diseño, la implantación, el seguimiento y la evaluación de la política y la gestión migratorias”.

Para cumplir cabalmente la obligación establecida en el Plan Nacional de Desarrollo en materia migratoria, y cumplir los objetivos institucionales en el tema, debe establecerse en el Presupuesto de Egresos de la Federación un anexo transversal para atender institucionalmente, y de manera coordinada por múltiples dependencias el fenómeno migratorio.

La necesidad de que haya un anexo presupuestal transversal se da en razón de que en el presupuesto federal existen aproximadamente 80 programas, de diversas dependencias, que tienen relación con el fenómeno migratorio, y un anexo especial permitiría garantizar una mejor evaluación de la aplicación de esos recursos.

Anexos similares hay en la ley para otros programas que igualmente involucran a múltiples dependencias, como igualdad entre mujeres y hombres; atención de niños, niñas y adolescentes; desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas; y desarrollo de los jóvenes.

En atención de lo expresado, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 41 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Único. Se adiciona la fracción III Bis del artículo 2 y se anexa un inciso w) a la fracción II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por

...

...

...

III Bis. Anexos transversales: anexos del Presupuesto donde concurren programas presupuestarios, componentes de éstos o unidades responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático, y los Recursos para la Atención del Fenómeno Migratorio ;

Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá

I. ...

II. El proyecto de decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán

...

...

...

...

w). Las previsiones de gasto que correspondan a la Atención del Fenómeno Migratorio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Amalia Dolores García Medina.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL ÚLTIMO MIÉRCOLES DEL MES DE MAYO DE CADA AÑO COMO EL "DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE"

(Presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ANABEL ACOSTA ISLAS y MAYELA QUIROGA TAMEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL ÚLTIMO MIÉRCOLES DEL MES DE MAYO DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE”, de conformidad con la siguiente:

CONSIDERACIONES

1.- De acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad del Sistema Nervioso Central, desmielinizante y crónica, de la cual aún se desconoce su causa, afectando la vaina de mielina que envuelve al nervio que transmite las sensaciones al cerebro y a la médula espinal, en donde los impulsos nerviosos que pasan por esos sitios se interrumpen y en ocasiones quedan totalmente bloqueados1.

El Instituto menciona que las personas que presentan EM suelen presentar diversos síntomas, frecuentemente aparecen en forma simultánea y pueden ser leves,   moderados o severos como cansancio, hormigueo, trastornos en la sensibilidad, alteraciones del equilibrio, temblor involuntario, rigidez, espasticidad, debilidad en las extremidades, alteraciones en la vista o en el funcionamiento de la vejiga o intestinos; ocasionalmente pueden presentarse cambios en las funciones mentales como olvidos o confusión.

Asimismo, la citada Institución señala que la EM se observa con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres; al igual que en las personas de raza blanca más que en las personas afrodescendientes u orientales. De igual manera, tiene mayor incidencia en personas que viven en climas fríos, situación sin respuesta aún por el área científica, aunque los mayores avances señalan que el lugar de nacimiento y el lugar donde se vivió los primeros 15 años son los factores de predisposición más    importantes.

2.- El señalado Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía establece que una de las mayores complicaciones de la EM es hacer el adecuado diagnóstico, ya sea porque los síntomas tempranos pueden ser inespecíficos, en virtud de que otras enfermedades del Sistema Nervioso Central tienen algunos síntomas similares, así como porque aún no se cuenta con una prueba neurológica o de laboratorio definitiva que pueda confirmar o descartar la enfermedad2.

Sin embargo, señala el Instituto especialista, los avances recientes en imagenología del cerebro están ayudando a clarificar el diagnóstico, el cual debe cumplir con lo siguiente:

A. Evidencia de múltiples placas de tejido cicatricial en diferentes partes del Sistema Nervioso Central.

B. Presencia de al menos dos brotes (exacerbaciones) separados de la enfermedad. Pueden pasar meses o hasta años antes de obtener un diagnóstico   preciso.

En cuanto al tratamiento de la Enfermedad, la Institución señala que la EM puede manejarse de forma sintomática a partir del uso de medicamentos para los brotes agudos como para las formas crónicas de la enfermedad, ya que los relajantes musculares ayudan a reducir los espasmos, mientras que las demás características de la EM como tensión, los problemas urinarios y de vejiga, así como el dolor, se pueden manejar mediante el uso supervisado de medicamentos.

Uno de los principales puntos que menciona el Instituto, radica en que actualmente no se puede predecir cuándo la enfermedad se van a presentar, situación que se hace más compleja debido a que los síntomas varían de persona a persona y de momento a momento, aún en la misma persona, teniendo como una de las mayores incidencias los períodos activos de la enfermedad llamados exacerbaciones y períodos libres de síntomas, llamados remisiones.

Finalmente y debido a la complejidad que lo señalado representa para tener datos precisos, existen estadísticas que demuestran que de cada tres personas que viven con EM, dos son independientes. Asimismo, que en México aunque es una zona catalogada como de “bajo riesgo”, la incidencia de EM la presentan de 12 a 15 personas por cada 100 mil habitantes (15 mil personas con EM), ante lo cual es necesario realizar las acciones pertinentes que sumen a favor de las personas con esta condición y sus familias.

Por su parte, de acuerdo con la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, este padecimiento es uno de los trastornos neurológicos más comunes en el mundo, así como una de las causas más frecuentes de discapacidad en adultos jóvenes. Se trata de un padecimiento progresivo del sistema nervioso central, para el cual aún no existe cura pero que puede ser tratado exitosamente.

Actualmente alrededor de 2.3 millones de personas viven con esclerosis múltiple en el mundo, aunque es muy probable que cientos de miles más sigan sin diagnosticar.

3.- Debido a las características e incidencia de la EM, en el año 2009 se lanzó por iniciativa de las Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel internacional, el Día Mundial de la EM, a partir de campañas de concientización  sobre las características de la enfermedad y cómo incide en la vida de las personas que la viven.

Asimismo, la Conmemoración de este Día reúne a la comunidad internacional de EM con el fin de compartir experiencias y hacer campaña con y para todos aquellos afectados por la EM, centrando cada año sus mensajes en temas de interés: empleo y Esclerosis Múltiple, las 1000 caras de la enfermedad, jóvenes con EM, accesibilidad, etc.

El Día Mundial de la EM es la única campaña de concientización de la EM a nivel global. Cada año, el movimiento de la EM se une para proporcionar al público información sobre la EM y para generar concientización sobre cómo afecta la vida de más de dos millones de personas en todo el mundo, estableciendo el último miércoles del mes de mayo de cada año, como el día para la celebración.

La aceptación de la Conmemoración de este día ha sido tal que en 2013 se llevaron a cabo actividades en más de 68 países de todo el mundo, alcanzando a más de 300,000 personas.

4.- En virtud de las características de la EM, sus causas, consecuencias y la necesidad de promover y concientizar sobre la enfermedad y los retos a los que se enfrentan quienes la viven y sus familias, es necesario que desde el Congreso de la Unión apoyemos todas las iniciativas que tengan como finalidad promover en favor de la atención de la EM y la difusión de las características del padecimiento.

Lo anterior, con la finalidad de poner el tema en la Agenda Nacional y sensibilizar a la sociedad, así como una gestión que vendrá a sumar a todas aquellas acciones necesarias para hacer frente, de manera integral, a la Esclerosis Múltiple y su universo de particularidades.

Es por lo anteriormente expuesto, que se presenta esta Iniciativa con el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Mayela Quiroga Tamez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Visto en: http://www.innn.salud.gob.mx/interior/atencionapacientes/padecimientos/esclerosis.html, Consultado el 1 de junio de 2015.

2 Ibídem.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

(Presentada por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA CONSERVAR LA NEUTRALIDAD DEL PAÍS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1939

(Presentada por el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI)

ENRIQUE BURGOS GARCÍA, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 y la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a la luz de lo previsto por los artículos 8, párrafo 1, fracción I; 164, párrafos 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, por el digno conducto de esa H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito presentar la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA CONSERVAR LA NEUTRALIDAD DEL PAÍS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1939, solicitando se turne al estudio y dictamen de las Comisiones de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos que corresponda del H. Senado de la República, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Sin demérito de la dinámica natural de la sociedad y del orden jurídico que emana de los órganos legitimados para su expedición, que indica la apreciación de las normas dictadas en un determinado momento a la luz de las condiciones y circunstancias de momentos futuros, es pertinente que el Poder Legislativo de la Unión, de tiempo en tiempo realice la revisión de los ordenamientos jurídicos en vigor y reflexione sobre la pertinencia de que los mismos continúen vigentes.

En la relación del corpus legum de nuestro país que mantiene en línea la H. Cámara de Diputados, entre los 290 ordenamientos vigentes derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra la Ley para Conservar la Neutralidad del País, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de noviembre de 1939, que a la fecha no ha sido objeto de ninguna modificación, y cuya emisión se produjo específicamente en el contexto del surgimiento de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de ese año.

Al analizar el contenido del ordenamiento referido y con objeto de sustentar ante el Poder Legislativo Federal la pertinencia de su abrogación, en la presente iniciativa se recopilan sus antecedentes históricos y legislativos; los antecedentes relativos a los Decretos de 1942 sobre la declaración del estado de guerra de nuestro país con las entonces Potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) y la suspensión de algunas garantías constitucionales; los referentes históricos y legislativos del término de dicha Guerra; los antecedentes legislativos para reformar o abrogar el ordenamiento; el concepto de neutralidad en el Derecho Internacional Público y la suscripción de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas; así como los razonamientos por los cuales se propone la abrogación de la citada Ley para Conservar la Neutralidad del País de 1939.

I. La emisión de la Ley para Conservar la Neutralidad de País de 1939.

En el Diario Oficial de la Federación de 10 de noviembre de 1939, luego del proceso legislativo que tuvo como cámara de origen a la H. Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión aprobó el ordenamiento antes referido, que contiene cuatro artículos que a la letra señalan lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO.- No serán admitidos ni podrán permanecer en puertos, fondeaderos o aguas territoriales mexicanos, los submarinos de potencias beligerantes equipados para usos de guerra.

“ARTÍCULO SEGUNDO.- No será admitido ni podrá permanecer en puertos, fondeaderos o aguas territoriales mexicanos, ningún barco destinado o armado para guerra de corzo.

“ARTÍCULO TERCERO.- No será admitido sobre territorio mexicano, ni podrá permanecer en el mismo o sobre las aguas territoriales, ningún aeroplano o nave aérea militares de país beligerante.

“ARTÍCULO CUARTO.-  No se permitirá que los aeroplanos que se encuentren a bordo de los barcos beligerantes se separen de los mismos mientras dichos barcos permanezcan en puertos, fondeaderos, o aguas territoriales mexicanos.”

Es pertinente señalar que la aprobación de dichos preceptos tuvo como sustento las consideraciones establecidas en la iniciativa suscrita por el Gral. Lázaro Cárdenas del Río, entonces titular de la Presidencia de la República, en el sentido de que “el estado de guerra que prevalece entre algunas naciones europeas obliga a México a dictar medidas legislativas que tiendan a mantener la observancia y conservación de la neutralidad del país…; que la neutralidad es una situación jurídica del Estado que lo constriñe a determinar reglas de orden jurídico, de acuerdo con las prácticas del Derecho Internacional y con las conveniencias de la seguridad interna…, (y) que algunas de las prácticas adoptadas en la guerra moderna se han hecho en tal forma reprobables, que se justifica el declararlas ilícitas, se estima indispensable establecer las prohibiciones que más adelante se mencionan… “, mismas que se constriñen al proyecto de articulado que –como se ha transcrito– aprobó el H. Congreso de la Unión.

Es del ilustrado conocimiento de esa H. Asamblea Senatorial que durante los últimos años de la década de los treinta, la Alemania Nazi efectuó diversos actos de agresión y ocupación de otros países europeos: la ocupación Reihnland bajo la tutela de Gran Bretaña y de Francia conforme al Tratado de Versalles de 1919, la pretendida anexión de Austria, la ocupación del Occidente de Checoeslovaquia, la invasión de Polonia y posteriormente la invasión de Holanda, Bélgica y Luxemburgo en agosto de 1939, que condujo a la declaración del estado de guerra entre Gran Bretaña y Francia con la Alemania Nazi, el 1° de septiembre de ese año.

En ese contexto, nuestro país, en términos del intenso diálogo de las Repúblicas del Continente Americano sobre la situación en Europa, con base en la Declaración General de Neutralidad de las Repúblicas Americanas, adoptada en la Ciudad de Panamá el 3 de octubre de 1939, y en el marco de la suscripción y vigencia para nuestro país de la Convención relativa a los derechos y a los deberes de las potencias y de las personas neutrales en caso de guerra terrestre y de la Convención relativa a los derechos y a los deberes de la potencias neutrales en la guerra marítima, acordadas en La Haya, Holanda, el 18 de octubre de 1907, y publicadas respectivamente en el Diario Oficial de la Federación del 11, 12 y 14 de febrero de 1910 (la primera) y del 23 a 26 y 28 a 30 de marzo de 1910 (la segunda), adoptó la postura de declarar formalmente su condición de neutralidad frente a la conflagración europea.

Dicha declaratoria implicaba, desde luego, mantenerse al margen de la connotación de país beligerante, establecer una condición ajena a la realización de cualquier acción de apoyo o en detrimento de los estados beligerantes y reclamar en términos del Derecho de Gentes el respeto a un país neutral por parte de los países beligerantes.

En ese sentido, la Ley para Conservar la Neutralidad del País estableció con nitidez la condición neutral del Estado Mexicano frente a las hostilidades que en 1939 implicaban al Reino Unido de la Gran Bretaña, a la República Francesa y a la Alemania Nazi.

Debe señalarse que no obstante las modificaciones que a lo largo de más de un siglo han ocurrido en la esfera del derecho convencional entre los estados de la comunidad de naciones, se mantienen vigentes las Convenciones de la Haya sobre neutralidad en casos de guerra terrestre y de guerra marítima. Sin embargo, el alcance de sus disposiciones debe analizarse a la luz de la negociación, suscripción y vigencia de otros tratados y convenios internacionales, destacadamente la Carta de las Naciones Unidas de 1945.

II. Los Decretos de 1942 para declarar el estado de guerra entre México y Alemania, Italia y Japón, de suspensión de algunas garantías individuales y para otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República, y su terminación.

Como se ha referido y no obstante la declaración de neutralidad del Estado Mexicano ante los hechos y actos de hostilidades bélicas en Europa y, posteriormente en el pacífico asiático, nuestro país fue objeto de la violación a su condición de Estado neutral por parte de la Alemania Nazi. Se recordará que el 13 y el 20 mayo de 1942, respectivamente, dos buques mercantes con bandera mexicana, el “Potrero del Llano” y el “Faja de Oro” fueron agredidos y hundidos por la acción de submarinos de esa llamada Potencia del Eje.

Esos graves hechos motivaron al entonces Presidente de la República, Gral. Manuel Ávila Camacho, a promover la celebración de un periodo extraordinario del Congreso para conocer, deliberar y votar sendas iniciativas con proyecto de Ley por el que se declara que existe un estado de guerra entre los Estados Unidos Mexicanos y Alemania, Italia y Japón, y con proyecto de Decreto por el que se suspenden algunas garantías constitucionales y se faculta al Ejecutivo para imponer las modificaciones que fueran indispensables en los distintos ramos de la administración pública.

Con base en el proceso legislativo correspondiente, la Cámara de Diputados otorgó su aprobación a las propuestas referidas el 29 de mayo de 1942, mismas que habían sido presentadas personalmente el día anterior por el titular del Ejecutivo Federal ante el H. Congreso de la Unión en la apertura misma de dicho periodo extraordinario, al tiempo que el Senado de la República otorgó su acuerdo favorable a los términos planteados por el Ejecutivo y aprobados por la Cámara de Diputados en su sesión del 30 de mayo de 1942.

En tal virtud, en el Diario Oficial de la Federación del 2 de junio de 1942 se publicaron los siguientes instrumentos legales:

“Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para declarar el estado de guerra entre México y Alemania, Italia y Japón.

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara que a partir del día veintidós de mayo de mil novecientos cuarenta y dos, existe un estado de guerra entre los Estados Unidos Mexicanos y Alemania, Italia y Japón.

“ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presidente de la República hará la declaración correspondiente y las notificaciones internacionales que procedan.

“TRANSITORIOS:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de su publicación en el “Diario Oficial”.

“ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Ley será dada a conocer en la República por medio de bando solemne.”

“Decreto que aprueba la suspensión de las garantías individuales consignadas en varios artículos constitucionales.

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

“ARTÍCULO 1°.- Se aprueba la suspensión de las garantías individuales consignadas en los artículos 4°, párrafo I del 5°, 6°, 7°, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, párrafo III del 22 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que acordó el C. Presidente de la República previa conformidad del Consejo de Ministros, para todo el territorio y todos los habitantes de la República.

“ARTÍCULO 2°.- La suspensión a que se refiere el artículo anterior, durará todo el tiempo que México permanezca en estado de guerra con Alemania, Italia y el Japón, o con cualquiera de estos países, y será susceptible de prorrogarse, a juicio del Ejecutivo, hasta treinta días después de la fecha de cesación de las hostilidades.

“ARTÍCULO 3°.- Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para dictar las prevenciones generales que reglamenten los términos de la suspensión de garantías individuales a que se contraen los dos artículos precedentes.

“ARTÍCULO 4°.- Se faculta, asimismo, al Ejecutivo de la Unión, para imponer en los distintos Ramos de la Administración Pública, todas las modificaciones que fueren indispensables para la eficaz defensa del territorio nacional, de su soberanía y dignidad y para el mantenimiento de nuestras instituciones fundamentales.

“ARTÍCULO 5°.- Se autoriza, igualmente, al Ejecutivo de la Unión para legislar en los distintos Ramos de la Administración Pública, con sujeción a lo preceptuado en el artículo precedente; y

“ARTÍCULO 6°.- Al iniciarse cada periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, el Ejecutivo dará cuenta del uso que hay hecho de las facultades que se le otorgan en virtud del presente decreto.

“TRANSITORIOS:

“ARTÍCULO 1°.- El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.

“ARTÍCULO 2°.- En esa misma fecha empezará a surtir sus efectos en todo el país y para todos sus habitantes, la suspensión de garantías, materia del presente decreto, sin que se requiera la reglamentación a que se contrae el artículo 3°.”

Al analizar el proceso legislativo de dichos ordenamientos, a partir mismo del discurso pronunciado por el Presidente Ávila Camacho en la sesión de Congreso General para la apertura del periodo extraordinario referido, puede establecerse sin lugar a duda que en virtud de la agresión recibida, la propuesta y las deliberaciones realizadas, así como las resoluciones con carácter de normas generales adoptadas por el Poder Legislativo Federal, cambiaron la situación de la declaratoria de neutralidad de 1939 por la del establecimiento del estado de guerra entre nuestro país y las denominadas entonces Potencias del Eje.

Tan sólo baste citar el señalamiento del Presidente Ávila Camacho en el sentido de que: “El estado de guerra es la guerra. Sí, la guerra con todas sus consecuencias; la guerra que México hubiera querido proscribir para siempre de los métodos de la convivencia civilizada, pero que, en casos como el presente y en el actual desorden del mundo, constituye el único medio de afirmar nuestro derecho a la independencia y conservar intacta la dignidad de la República”, para afirmar que se abandonaba la neutralidad para ingresar como Estado beligerante, entre las Naciones aliadas, al conflicto bélico mundial.

En ese sentido coinciden con dicha argumentación el dictamen sobre el primer ordenamiento mencionado de las Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales; Primera de Defensa Nacional; Primera de Gobernación y Primera de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados, así como las intervenciones de los entonces diputados federales Alberto Trueba Urbina, Presidente de la Primera Comisión de Puntos Constitucionales, del Dip. Carlos Zapata Vela, Presidente de la Primera Comisión de Gobernación y de los Diputados Hugo Pedro González, Antonio Betancourt Pérez, Fernando López Arias, Carlos Samaniego, Julio López Silva, César Garizurieta, Alfonso Corona del Rosal, Manuel Bernardo Aguirre y Alejandro Carrillo.

Iguales términos se desprenden tanto del dictamen de la minuta correspondiente de la H. Cámara de Diputados que formularon las Comisiones Primera de Gobernación, Primera de la Defensa Nacional, Primera de Relaciones Exteriores y Segunda de la Defensa Nacional del Senado de la República, como de las intervenciones de los Senadores Joaquín Martínez Chavarría, Fernando Amilpa, León García y José Castillo Torres.

En el sentido de lo expuesto hasta ahora, es indiscutible que nuestro país adoptó determinaciones políticas e instrumentos legales para dar por terminada su condición de Estado neutral ante la conflagración bélica que estalló en septiembre de 1939 en Europa, para asumir la condición de país beligerante en la Segunda Guerra Mundial dentro del bloque de las Naciones Aliadas en defensa de la libertad, los derechos fundamentales y la democracia, frente a las entonces Potencias del Eje.

III. El fin de la Segunda Guerra Mundial y la expedición de nuevos Decretos consecuentes del H. Congreso de la Unión.

Con el arribo a Berlín del Ejército de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y posteriormente de los ejércitos de Gran Bretaña y de los Estados Unidos de América, en el verano de 1945 se producía la rendición de la Alemania Nazi y el fin de la conflagración con ese país.

Con anterioridad habían sido derrotadas las fuerzas de la Italia fascista. Y si bien se mantenía el estado de guerra de las Naciones Aliadas con el imperio del Japón,los días 6 y 9 de agosto de 1945 explotaron sendos artefactos nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, dando pauta a la rendición japonesa y al fin de la Segunda Guerra Mundial.

El objeto del Artículo Primero del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para declarar el estado de guerra entre México y Alemania, Italia y Japón había quedado sin materia que lo sustentara.

Durante su vigencia se adoptaron algunas otras disposiciones de órganos constitucionales de nuestro país, relacionadas con el mismo o con el Decreto de suspensión de algunas garantías individuales y el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República durante el tiempo en que permaneciera el estado de guerra con los tres países mencionados o con cualquiera de ellos.

Así, en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 1945 se publicó el Decreto de la Cámara de Senadores que autoriza la salida del país de tropas nacionales y elementos bélicos, mientras dure el estado de guerra, cuyo Artículo Único señaló lo siguiente: “Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para permitir la salida de tropas nacionales y elementos bélicos fuera de los límites del país, por el tiempo que dure el actual estado de guerra, en la medida y oportunidad que lo estime conveniente.

Posteriormente, en el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de 1942 se expidió por parte del Presidente la República en términos de las facultades extraordinarias que fueron conferidas por el Congreso de la Unión, la Ley de Prevenciones Generales relativa a la suspensión de garantías establecida por Decreto del 1° de junio de 1942; posteriormente, con base en dichas facultades extraordinarias, el propio Ejecutivo Federal expidió y publicó el Decreto en el mencionado órgano gubernamental del 23 de junio de 1945, por el cual se adiciona el artículo 4°, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Artículo 1° de la Ley de Prevenciones Generales, relativa a la Suspensión de Garantías.

Por otro lado, en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 1945 se publicó el Decreto expedido por el Presidente de la República, con base en las facultades extraordinarias que le fueron conferidas, que prorroga, por el término de treinta días, contados a partir de la fecha de cesación de hostilidades entre las Naciones Unidas y Japón, el estado de suspensión de garantías individuales. En los considerandos de dicho Decreto se establece que con base en lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto del 1° de junio de 1942 en materia de suspensión de algunas garantías individuales y otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República durante el tiempo en que México permanezca en estado de guerra con Alemania, Italia y Japón, debe quedar insubsistente a la terminación de las hostilidades entre las Naciones Unidas y Japón…, “sin embargo, el precipitado tránsito del estado de emergencia al régimen jurídico normal podría provocar graves complicaciones en la vida de México, habida cuenta de la situación creada por la guerra”. En ese sentido, se expuso que “mientras no se concierten los tratados de paz respectivos, sería prematuro dictar disposiciones sobre la suerte de las propiedades que los nacionales del Eje tienen en el país y que fueron intervenidas por el Gobierno de la República”. Al efecto, se emitieron los siguientes preceptos:

“ARTICULO 1°.- En uso de la autorización que el H. Congreso de la Unión otorgó al Ejecutivo Federal a virtud del decreto del 1° de junio de 1942, se prorroga en todo el país, por el término de treinta días –contados a partir de la fecha de cesación de hostilidades entre las Naciones Unidas y Japón– el estado de suspensión de garantías que acordó el propio Ejecutivo con la conformidad del Consejo de Ministros y la aprobación del H. Congreso.

“ARTÍCULO 2°.- La suspensión de garantías individuales autorizada por dicho decreto se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Prevenciones Generales de 11 de junio de 1942 y en el decreto de 5 de octubre de 1944.

“ARTÍCULO 3°.- Durante el lapso de 30 días siguientes a la fecha de cesación de hostilidades entre las Naciones Unidas y Japón quedará en vigor, en todas sus partes, la Legislación de Emergencia dictada en apoyo de las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo en los artículos 3°, 4° y 5° del decreto del 1° de junio de 1942.

“ARTÍCULO TRANSITORIO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de la cesación de hostilidades entre las Naciones Unidas y Japón.”

Con fecha 14 de septiembre de 1945 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que declara la cesación de las hostilidades a partir del 1° de septiembre actual (1945), suscrito por el Presidente de la República y cuyo texto es el siguiente:

“ACUERDO a los CC. Secretarios de Estado, Jefes de Departamentos autónomos, Gobernador del Distrito Federal y Procuradores General de la república y General de Justicia del Distrito y Territorios Federales:

“Para los efectos que procedan, mereceré a usted considerar que la cesación de las hostilidades con el Japón, último de los países enemigos en guerra con México y las Naciones Unidas, se comenzará a contar a partir del día 1° de los corrientes, de acuerdo con la declaración oficial que hizo pública el Ejecutivo Federal en la fecha indicada y desde la cual deberá computarse cualquier plazo en relación con los asuntos que competen a esa dependencia.”

Posteriormente, en el Diario Oficial de la Federación del 1° de octubre de 1945 se publicó el Decreto aprobado por el H. Congreso de la Unión en términos de proceso legislativo constitucional, el Decreto que levanta la suspensión de garantías decretada el primero de junio de 1942, con las excepciones que se especifican. Y, finalmente, en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1945 se publicó el Decreto aprobado mediante el proceso legislativo correspondiente por el H. Congreso de la Unión que levanta la suspensión de garantías decretada el 1° de junio de 1942, y restablece el orden constitucional, ratificando y declarando vigentes las disposiciones que el mismo especifica.

En atención a la naturaleza de la iniciativa que se plantea, es pertinente señalar que en el Decreto mencionado en forma inmediata anterior, se dejaron sin efecto algunas disposiciones dictadas durante la situación de emergencia derivada del estado de guerra, destacadamente la Ley de Prevenciones Generales del 11 de junio de 1942, la Ley Reglamentaria de su artículo 1°, de 9 de septiembre de 1942, y en general las disposiciones expedidas por el Presidente de la República en ejercicio de la facultad que se le confirió en el artículo 3° del Decreto del Congreso de la Unión del 1° de junio de 1942 (es decir las prevenciones generales dictadas para reglamentar los términos de la suspensión de garantías). A su vez, se ratificaron y declararon vigentes diversas disposiciones dictadas por el Ejecutivo Federal durante la emergencia, destacadamente en materia hacendaria; legislativa en los ramos de la administración pública, salvo las expedidas con vigencia limitada a la emergencia o basadas en la suspensión de alguna garantía individual;de leyes emanadas del Ejecutivo durante la emergencia en materia de intervención del Estado en la vida económica; de arrendamientos del 1° de julio y 19 de octubre de 1942; de compensaciones de emergencia al salario insuficiente; de contratos colectivos de carácter obligatorio; de la campaña contra el analfabetismo, y de ley sobrela propiedad y negocios del enemigo.

Como puede colegirse de las anteriores referencias normativas y de orden legislativo, en su oportunidad se determinó por las vías formales la cesación de las hostilidades con las otrora Potencias del Eje, así como el levantamiento de suspensión de algunas garantías individuales con motivo del estado de guerra. Cabe señalar que las normas relacionadas con el estado de guerra que fueron materia de análisis para su abrogación o, en su caso, ratificación de las mismas por parte del H. Congreso de la Unión, se constriñeron al orden legislativo derivado del uso de facultades extraordinarias para legislar por parte del Presidente de la República, en términos estrictos de lo dispuesto en ese momento por el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin hacerse mención alguna a la Ley para Conservar la Neutralidad del País de 1939.

Es decir, no se formuló referencia alguna a lo ordenamiento que nos ocupa en la presente iniciativa.

IV. Los antecedentes legislativos para reformar o abrogar la Ley para Conservar la Neutralidad del País.

Durante la vigencia de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, a la luz del análisis realizado con relación a la presente iniciativa de Decreto pudimos constatar que, al menos, se han presentado cuatro iniciativas precedentes relacionadas con la Ley para Conservar la Neutralidad del País, debiéndose señalar que algunas han propuesto la reforma del ordenamiento y otras su abrogación, con base en los elementos que se estimaron pertinentes. Es de señalarse que en el caso de la iniciativa presentada por la entonces Senadora Sara I. Castellanos Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México por conducto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 14 de mayo de 2003, la misma tuvo un desarrollo amplio en el proceso legislativo, sin que se coincidiera entre la cámara de origen y la cámara revisora para emitir la determinación correspondiente, como se referirá en seguida.

En los antecedentes de iniciativas legislativas se registra la propuesta del entonces Diputado a la LIX Legislatura Federal, Lic. Francisco Arroyo Vieyra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que se abrogara la Ley para Conservar la Neutralidad del País, por considerar “que una democracia que se precie de serlo deberá contar con un sistema jurídico cuyas leyes se apliquen en el tiempo y no sólo en la historia…”, y que en tal virtud el ordenamiento tuvo su razón y sentido de ser cuando se emitió, pero sin resultar aplicable con posterioridad al contexto en el que se dictó. Esta iniciativa se mantuvo en el registro de la Cámara De Diputados hasta el 23 de noviembre de 2011, en que su Mesa Directiva acordó desecharla en atención al acuerdo derivado del Artículo Octavo Transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Como se adelantó, la entonces Senadora Castellanos Cortés, durante su desempeño en la LVIII Legislatura Federal presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de Decreto para reformar y adicionar la Ley para Conservar la Neutralidad del País, en el contexto de las determinaciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en torno al conflicto derivado del presunto desarrollo y almacenamiento de armas nucleares por la República de Iraq en los primeros meses del año 2003. Con base en el texto de dicha Ley, la proponente planteó establecer sus disposiciones sin relación específica a alguna guerra o conflicto armado, sino con respecto a cualquier conflicto bélico, actualizar su terminología a luz del paso del tiempo y del desarrollo de la tecnología en el campo militar y adicionar sus disposiciones con referencias para evitar el tránsito de armas en el territorio nacional, utilizar la fuerza militar para salvaguardar la neutralidad y determinar las dependencias federales a cargo de llevar a cabo el cumplimiento de las previsiones del propio ordenamiento.

Del análisis de dicha iniciativa y a la luz del dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos de la ya para entonces LIX Legislatura Federal de la Cámara de Senadores, el H. Pleno aprobó el proyecto de Decreto por el que se ordenaba la abrogación de la Ley para Conservar la Neutralidad del País. Entre los principales argumentos que se sustentaron para apoyar esa determinación se encuentran los relativos a que el ordenamiento debió ser abrogado al desaparecer las causas que le dieron origen; la apreciación del concepto de neutralidad a la luz de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y los principios constitucionales de la política exterior de nuestro país, y la eventual contradicción entre sus disposiciones y la atribución del Senado de la República (artículo 76, fracción III de la Constitución) para autorizar al Ejecutivo Federal a que permita la salida de tropas fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia en aguas mexicanas, por más de un mes.

En la Cámara de Diputados y con base en el dictamen propuesto por la Comisión de Defensa Nacional, se discrepó del planteamiento hecho para abrogar el ordenamiento que nos ocupa, optando la cámara revisora, a partir de la iniciativa de la Senadora Castellanos Cortés, por proponer reformas y adiciones a la Ley para Conservar la Neutralidad del País.

Al conocer esta minuta la LIX Legislatura del Senado de la República, sobre la base de sus reflexiones iniciales y ampliándose la consideración a que las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas tienen efectos relevantes para la declaratoria de neutralidad de un país miembro de la Organización de las Naciones Unidas, en virtud de la contradicción que puede producirse entre ser neutral y, al mismo tiempo, sustentar la eventual intervención militar que en ejercicio de sus atribuciones realice el Consejo de Seguridad, determinó reiterar el planteamiento de que se abrogara la Ley para Conservar la Neutralidad del País, en resolución adoptada el 21 de abril de 2005. La minuta correspondiente, en términos del inciso e) del artículo 72 constitucional, se recibió por la Cámara de Diputados en la sesión del 26 de abril de 2005, turnándose a la Comisión de Defensa Nacional, sin que se haya producido dictamen al respecto.

Durante la LX Legislatura de la Cámara de Diputados se presentaron dos iniciativas relacionadas con el ordenamiento materia de la presente propuesta legislativa.

La primera, planteada por conducto de la Comisión Permanente en su sesión del 11 de junio de 2008 por el Diputado Pablo Trejo Pérez, a nombre de los Diputados Javier González Garza, José Alfonso Suárez del Real y Cuauhtémoc  Sandoval Ramírez, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propusieron reformas a los cuatro artículos de la Ley y la adición de sendos artículos 5° y 6° de la misma. Los promoventes recapitularon los antecedentes históricos y legislativos del ordenamiento, así como el Decreto de la declaratoria del estado de guerra entre nuestro país y las denominadas entonces Potencias del Eje, así como la ausencia de un acto formal para dejar sin efecto o abrogar la Ley para Conservar la Neutralidad del País.

En ese documento expresaron su consideración en el sentido de que dicho ordenamiento constituye un instrumento jurídico útil a la política exterior de nuestro país y, en tal virtud, recordaron el proceso legislativo de la iniciativa planteada por la Senadora Castellanos Cortés, así como, de manera específica, el dictamen de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados que rechazó la minuta de abrogación del ordenamiento del Senado de la República y sostuvo la conveniencia de su reforma y adición. En ese orden de consideraciones, plantearon la actualización de la terminología de la Ley, permitir que por razones humanitarias pudieran permanecer en territorio nacional barcos o aviones de Estados beligerantes por el tiempo que determine el Gobierno Mexicano; encomendar a las instituciones del Estado Mexicano el cumplimiento de las disposiciones de la Ley, y establecer que en caso de agresiones a nuestro país, el Gobierno agotará todos los recursos diplomáticos del Derecho Internacional antes de recurrir al uso de la legítima defensa.

Esta iniciativa no fue motivo de dictamen durante la Legislatura en que se presentó.

También en el curso de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, el Diputado Roberto Badillo Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó en la sesión del 30 de abril de 2009 una iniciativa para adicionar los artículos tercero y cuarto, así como para adicionar un artículo quinto a la Ley para Conservar la Neutralidad del País. Sin dejar de reconocer los antecedentes de la expedición del ordenamiento en 1939 y la declaración del estado de guerra con las denominadas Potencias del Eje a raíz del hundimiento de los barcos “Potrero del Llano” y “Faja de Oro” en 1942, planteó la pertinencia de conservar y enriquecer este instrumento legal como un elemento para preservar a nuestro país de intervenir en conflagraciones bélicas “que no nos competen”. En particular propuso que no se permitiera el ingreso de tropas extranjeras a nuestro país, no se autorizara la entrada a territorio nacional de vehículos de tierra, mar y aire de Estados beligerantes y se prohibieran las misiones de tropas mexicanas en el exterior.

Tampoco esta iniciativa fue motivo de dictamen durante la Legislatura en que se presentó o la siguiente.

V. El concepto de neutralidad en el Derecho Internacional Público y la suscripción de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

El concepto de neutralidad está vinculado a una situación de guerra y define la postura de los Estados que no participan en ella. Esos Estados son neutrales. Es decir, la neutralidad está relacionada estrictamente con una situación bélica específica. (Ver la obra “Manual de Derecho Internacional Público”, editado por Max Sorensen, Fondo de Cultura Económica, 10ª Reimpresión, 2008, Páginas 252, 253 y 769 a 772)

Este concepto debe distinguirse necesariamente de la neutralidad permanente o de los Estados que con ánimo permanente se han declarado neutrales. En otras palabras, países que se han comprometido a no tomar parte nunca en ningún conflicto armado u operaciones militares, salvo la legítima defensa propia contra un ataque.

Un Estado neutral mediante la declaratoria correspondiente de permanencia en esa condición frente a cualquier conflicto bélico, difiere de aquellos Estados que con relación a una determinada confrontación armada adoptan la decisión de mantener una situación de neutralidad.

Nuestro país adoptó en su oportunidad, como ya se ha anticipado, las Convenciones de la Haya relativas a los derechos y los deberes de las potencias y de las personas neutrales en caso de guerra terrestre y de guerra marítima, acordadas en La Haya el 18 de octubre de 1907. En virtud de esos instrumentos se establecen determinadas prerrogativas y obligaciones para los Estados que declaren su condición de neutralidad frente a un conflicto armado. En particular destacan el derecho a que se respeten su territorio y su soberanía, y a que los Estados beligerantes se abstengan de realizar cualquier acto que constituya una falta a su neutralidad. La neutralidad implica el deber de conducirse imparcialmente con respecto a los Estados beligerantes en confrontación.

En el contexto de esos ordenamientos y la Declaración General de Neutralidad de las Repúblicas Americanas de 1939, es que el entonces Presidente Lázaro Cárdenas del Río propuso al Congreso de la Unión la aprobación y expedición de la Ley para Conservar la Neutralidad del País. Es decir, que a la luz del derecho convencional y el estado de guerra declarado el 1° de septiembre de 1939 entre Gran Bretaña y Francia con Alemania, se optó por señalar la condición de neutralidad de nuestro país en dicho conflicto. Se trataba de un acto discrecional y estrictamente unilateral del Estado Mexicano para precisar su condición en el contexto de la normatividad internacional aplicable. Frente a los Estados beligerantes, el Estado Mexicano establecía su condición de neutralidad.

En su oportunidad, en su obra “Neutralidad” editada en 1940, Don Isidro Fabela, ilustre internacionalista mexicano, la definió como “la situación jurídica transitoria de un Estado frente a dos o más Estados beligerantes, de no participar directamente en la guerra ayudando a cualquiera de los dos contendientes”. Afirmó que “todo Estado independiente es libre de declararse neutro…”, capacidad propia que sólo podría restringirse por limitaciones convencionalmente pactadas. (Las citas a la obra referida están tomadas del artículo “El pensamiento y la contribución de Don Isidro Fabela al Derecho Internacional” de Modesto Seara Vázquez, publicado en Cuadernos Americanos, Número 5, 1961).

Don Isidro Fabela reconocía la conveniencia de que los Estados declararan su neutralidad aunque no estuvieran obligados a hacerlo, con objeto de fijar con precisión las condiciones de dicha situación y alcanzar un doble objetivo: que los demás Estados sepan su posición y qué conducta podrán esperar del mismo, y el conocimiento por parte de sus nacionales de cuáles son sus obligaciones y sus derechos. Atiende esta declaración, como lo señala Don Modesto Seara Vázquez al comentar la obra de Fabela, a que la preocupación es acotar de inicio los vacíos jurídicos que puedan existir en virtud de un estado de guerra que modifique las condiciones de la vida internacional, al tiempo que las relaciones entre los Estados se rijan por normas jurídicas.

Al analizar la Convención relativa a los derechos y deberes de las potencias y las personas neutras en caso de guerra terrestre y el derecho convencional sobre la materia, Don Isidro Fabela arribó a la conclusión de que “la experiencia de los últimos años nos convence de que la neutralidad tiende a desaparecer, no solamente al punto de vista político, sino también al punto de vista jurídico”. Esas experiencias se concretan en la aparición del fenómeno de la guerra total y a la interdependencia de los Estados del mundo de tal suerte que ninguno puede, en realidad, permanecer aislado de los otros, ya en tiempos de paz o en tiempos de guerra.

Una consecuencia de gran relevancia para la comunidad internacional a raíz de la cruenta y dolorosa conflagración de la Segunda Guerra Mundial fue que a partir de la experiencia de la Sociedad de las Naciones, el 26 de junio de 1945 se suscribiera en San Francisco, Estados Unidos de América, la Carta de las Naciones Unidas, que estableció el acuerdo de sus integrantes, iniciando por las Potencias Aliadas por “mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz “. (Artículo1, párrafo primero)

En la Carta de las Naciones Unidas y a la luz de la creación de sus órganos, destacadamente la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Secretaría General, se establecen responsabilidades para los mismos en orden a asegurar el objetivo del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Así, al Consejo de Seguridad le corresponde “la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales” (Artículo 24), a partir del mandato de los miembros de la Organización y sobre la base de que actuará en su nombre al desempeñar sus funciones. En este sentido, en diversos capítulos de la Carta se señalan las funciones que deberá desempeñar el Consejo de Seguridad (Capítulos VI, VII, VIII y XII).

En el Capítulo VI, relativo al arreglo pacífico de controversias, se establece (Artículo 33) que las partes buscarán solución a cualquier controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, asignándosele al Consejo de Seguridad la función –si lo estima necesario– de instar a las partes a que arreglen la controversia mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.

En el propio Capítulo VI se prevé que si las partes en una controversia cuya continuación pudiera poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales no logran arreglarla por los diversos medios mencionados, deberán someterla a la consideración del Consejo de Seguridad, el cual podrá recomendar  términos para un arreglo, si estima que la controversia puede efectivamente poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. (Artículo 37)

Ahora bien, conforme al Capítulo VII de la Carta, denominado “Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión”, el Consejo de Seguridad podrá determinar la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la misma o acto de agresión y formular recomendaciones o decidir las medidas que deberán tomarse para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. (Artículo 39)

Entre estas medidas, previstas por los artículos 41 y 42 de la Carta, se establece que el Consejo de Seguridad “podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas” (Artículo 41); al tiempo que “si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aérea, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas.” (Artículo 42)

En este sentido, en el primer párrafo del artículo 43 de la propia Carta se pactó lo siguiente:

Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con un convenio especial o convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales.”

En nuestra consideración y a la luz de las previsiones de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho convencional de la neutralidad ha de apreciarse, a partir de dicho instrumento internacional, con base en sus disposiciones. En otras palabras, que para los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, existen obligaciones en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, que entrañan connotaciones de transformación al concepto y al derecho de la neutralidad que precedieron al surgimiento de dicho pacto internacional.

VI. Los razonamientos por los cuales se propone la abrogación de la Ley para Conservar la Neutralidad del País de 1939.

Con independencia de desarrollar en este apartado otra razones por las cuales se estima pertinente que el Congreso de la Unión determine la abrogación del ordenamiento que nos ocupa, debemos señalar que con motivo del Decreto de reforma a la fracción X del artículo 89 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 1988 se incorporaron a nuestra Ley Fundamental, como principios normativos de la política exterior de nuestro país, los de la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, a los que mediante el Decreto de modificaciones constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011 se agregó el principio del respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos.

De conformidad con la tradición de la política exterior mexicana, la diplomacia alentada por los regímenes de la Revolución Mexicana y la suscripción de la Carta de las Naciones Unidas, en nuestro texto constitucional vigente se consagran tres principios normativos de política exterior que –sin demérito de los otros ahí consignados– guardan relación específica con el concepto de la neutralidad ante el surgimiento de conflictos armados: la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Dichos principios solo pueden desarrollarse e interpretarse en sentido congruente. De ahí que si los tres se encuentran vigentes en nuestra Constitución y guardan en todo sentido coincidencia con los postulados de la Carta de las Naciones Unidas, su imperio constitucional prevalece sobre las previsiones en materia de neutralidad que le antecedieron en el Derecho de Gentes y en el orden legislativo ordinario. Si nuestro país adopta constitucionalmente como principios normativos de política exterior, cuya observación es exigible al Jefe del Estado Mexicano, los de la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y lucha por la paz y la seguridad internacionales, es de colegirse que su aplicación tiene preeminencia a cualquier otra previsión para la conducción de las relaciones internacionales de nuestro país.

En ese sentido, las disposiciones de la Ley para Conservar la Neutralidad el País de 1939, cuyo objeto formal y material se cumplió y feneció con el Decreto de declaración del estado de guerra entre México y Alemania, Italia y Japón publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de junio de 1942, en todo caso deben apreciarse hoy a la luz de lo previsto por la fracción X del artículo 89 constitucional y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

En otras palabras, que nuestro país practica como norma de conducta internacional la solución pacífica de las controversia, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, en los términos de los compromisos asumidos en la Carta de San Francisco de 1945 y sus reformas, que entrañan eventuales obligaciones derivadas de las determinaciones que adopte el Consejo de Seguridad para hacer uso del recurso de la fuerza en los términos de dicho instrumento internacional; vocación por la paz, proscripción de la fuerza y lucha por la paz en el mundo como compromisos con la comunidad de naciones, en un contexto que subsume el concepto de neutralidad al hipotético surgimiento de conflictos bélicos.

No es que el derecho de la neutralidad carezca de sentido, sino que debe apreciarse a la luz de la evolución del Derecho de Gentes y, en particular, de la Carta de las Naciones Unidas. Primero la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la lucha por la paz y la lucha internacionales en el contexto de nuestra Constitución y de la Carta de San Francisco y, luego, la eventual aplicación del concepto de neutralidad en caso de surgimiento de una conflagración bélica que así lo motive.

En tal virtud, de conformidad con los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, no tiene aplicación práctica ni razón formal para mantenerse en vigor la Ley para la Conservación de la Neutralidad del País.

En el apartado pertinente de esta iniciativa se precisó que el ordenamiento materia de nuestro análisis fue planteado por el entonces Presidente de la República Gral. Lázaro Cárdenas del Río, con relación específica al “estado de guerra que prevalece entre algunas naciones europeas… (lo que) obliga a México a dictar medidas legislativas que tiendan a mantener la observancia y conservación de la neutralidad del país”.

No es dable desvincular el articulado de la Ley referida del contexto histórico y de las consideraciones que formuló el Ejecutivo Federal para su proposición al Congreso de la Unión. En ese sentido, el objeto de la Ley se encontraba circunscrito al conflicto bélico estallado el 1 de septiembre de 1939 en el Continente Europeo. Su sentido, contenido y alcances fueron modificados en forma esencial con el Decreto de declaratoria del estado de guerra publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de junio de 1942.

Mediante el Decreto referido, en forma expresa e indubitable, nuestro país declaró que a partir del 22 de mayo de 1942 existía un estado de guerra entre el Estado Mexicano y las entonces denominadas Potencias del Eje: Alemania, Italia y Japón. Puede afirmarse que en forma implícita dicho Decreto tuvo el efecto –al declarar el estado de guerra– de dejar sin efectos la Ley para Conservar la Neutralidad del País de 1939. Véase lo anterior a la luz de que si bien en un primer momento nuestro país estableció una condición de neutralidad ante la conflagración bélica europea que se declaró el 1° de septiembre de 1939, a raíz de la agresión perpetrada en buques mercantes mexicanos por submarinos alemanes los días 13 y 20 de mayo de 1942, se declaró el estado de guerra con Alemania, Italia y Japón.

Racionalmente no resulta factible la convivencia de la neutralidad con relación a Alemania e Italia ante la declaratoria del estado de guerra de 1939 en Europa y la declaratoria del estado de guerra entre México y Alemania, Italia y Japón en 1942. En ese sentido, es la consideración del suscrito que el Decreto de 1942 sobre la declaración del estado de guerra de México con las Potencias del Eje del 1° de junio de 1942, implícitamente dejó sin efectos la Ley para Conservar la Neutralidad del País de 1939; sin embargo, la declaración formal correspondiente no se ha producido todavía.

Sin demérito de que en 1945 se hallaba vigente, como aún lo está hoy, la Ley referida, nuestro país participó en la negociación y suscripción de la Carta de las Naciones Unidas, convirtiéndose en miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y para lo cual ha establecido disposiciones y órganos que permiten una acción colectiva preventiva de las amenazas a la paz internacional y de acción ante actos de agresión entre Estados o de quebrantamiento de la paz.

De conformidad con las disposiciones de la Carta de San Francisco, nuestro país se encuentra vinculado a las disposiciones sobre arreglo pacífico de las controversias entre Estados y de acción del Consejo de Seguridad ante amenazas o quebrantamientos de la paz y actos de agresión entre Estados; entre estas acciones se incluye la de todo miembro de las Naciones Unidas de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales mediante su participación, de acuerdo a lo que requiera el Consejo, en actos de disposición de fuerzas armadas, ayuda y facilidades necesarias para la preservación de las mencionadas paz y seguridad internacionales.

Antes que una eventual declaración de neutralidad en un conflicto armado entre Estados, nuestro país ha asumido el compromiso –como miembro de la Organización de las Naciones Unidas– de contribuir con la implementación de la normatividad, las funciones y las acciones de la propia Organización y sus órganos para preservar la paz y la seguridad en el mundo. En ese sentido, lo pactado en la Carta de las Naciones Unidas también entraña dejar implícitamente sin efectos la Ley para Conservar la Neutralidad del País de 1939.

En el sentido de todo lo expuesto hasta ahora y de manera congruente con el señalamiento inicial hecho valer en torno a la pertinencia de abrogar el ordenamiento aludido, sólo cabe mencionar aquí que en términos de la Dogmática Jurídica, la abrogación consiste en la anulación integral de un ordenamiento legal; en dejar sin efectos de manera integral –en este caso– por el Congreso de la Unión, un ordenamiento con disposiciones formal y legalmente legislativas expedidas por el propio órgano. Es la anulación de toda la Ley.

Si bien en nuestra consideración el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de junio de 1942 que declaró el estado de guerra del Estado Mexicano con Alemania, Italia y Japón, implicó tácitamente la abrogación de la Ley para Conservar la Neutralidad del País de 1939, es menester que formalmente el Congreso de la Unión despliegue el proceso legislativo correspondiente para la abrogación formal expresa de dicho ordenamiento.

En virtud de los expuesto y fundado, me permito proponer el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY PARA CONSERVAR LA NEUTRALIDAD DEL PAÍS

Artículo Único.- Se abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de noviembre de 1939.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muy atentamente

Sen. Enrique Burgos García.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ACCIÓN CIUDADANA DE INCONSTITUCIONALIDAD

(Presentada por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)







 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal realicen una verificación a la carpa denominada “Monreal te lleva el cine”, sobre los permisos necesarios para la proyección de películas, así como las medidas de protección civil adecuadas. Se turna a la Primera Comisión.

Lo suscritos, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días recientes diversos medios de comunicación han difundido información detallada sobre la proyección de películas por diversas zonas de la Delegación Cuauhtémoc, en particular sobre un parque ubicado en el Eje Central, Lázaro Cárdenas, mediante una carpa habilitada para proyecciones cinematográficas a distintos puntos de la ciudad, conocida como  #CineMonreal.

Para poder ingresar a ver las películas que se proyectan en las carpas con forma de “Iglú” en las que se coloca un letrero “#CineMonreal”, los ciudadanos preferentemente con credencial para votar deben pasar por mesas de información, donde se exponen las propuestas de campaña de Ricardo Monreal Ávila, quien esta postulado en esta ocasión para ser Jefe Delegacional de la Cuauhtémoc por el partido Morena.

Atendiendo a la legislación mexicana, las campañas electorales constituyen el conjunto de actividades desarrolladas por partidos, coaliciones o candidatos con el propósito de promover sus candidaturas y conquistar el voto ciudadano.

Esta Comisión Permanente siempre se ha manifestado por que los actos se lleven a cabo bajo el principio de legalidad y certeza jurídica, por lo que se considera oportuno que la práctica para convencer al electorado que está llevando a cabo el candidato a Jefe Delegacional de la Cuauhtémoc por Morena, sea observado por las autoridades competentes.

Al respecto la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaria de Gobernación, es la autoridad responsable para  autorizar la exhibición de “Película en Formato Videograma”, es decir, otorga el permiso necesario para que una película en formato de video o cualquier otra forma de duplicación, tenga una clasificación y se ponga a la venta y renta, o bien, se pueda exhibir en espacios cerrados como video cabinas, bares, restaurantes, transporte público, etc.

Asimismo, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEADF), como un organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, tiene entre sus atribuciones practicar visitas de verificación administrativa en materias de mobiliario urbano y de uso del suelo. Asimismo, las Delegaciones pueden ordenar al INVEADF, la práctica de visitas de verificación administrativa en materia de espectáculos públicos y protección civil.

Atendiendo al proceso electoral que en estos momentos se está llevando a cabo y con el objeto de que las campañas se desarrollen conforme a derecho, se considera pertinente exhortar a las autoridades responsables del caso para tener información que permita dilucidar la situación que se presenta en el punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, para que a través del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, se realice una verificación administrativa a la carpa denominada “#Cine Monreal”, a fin de que revise si dicho establecimiento ambulante cuenta con los permisos necesarios para la proyección de películas y con las medidas de protección civil adecuadas y, en caso de no contar con los permisos correspondientes instruya la clausura de la carpa denominada “#Cine Monreal.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaria de Gobernación, para que informe a esta Soberanía si ha otorgado los permisos necesarios para la exhibición de películas en la carpa denominada “#Cine Monreal” y, en caso de no contar con los permisos necesarios adopte las medidas sancionatorias correspondientes.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 3 de junio de 2015.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción e investigue los hechos de violencia ocurridos en las semanas recientes en contra de candidatos y candidatas a puestos de elección popular de distintos partidos políticos. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN EXHORTANDO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN E INVESTIGUE LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN LAS SEMANAS RECIENTES EN CONTRA DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR DE DISTINTOS PARTIDOS POLÍTICOS al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El actual proceso electoral en México se encuentra enfrentando diversos retos que lo colocan en una situación de especial relevancia para la vida política inmediata futura. Por un lado nos enfrentamos a una crisis en materia de derechos humanos evidenciada con las graves violaciones que se han cometido en los meses recientes y que han llamado la atención de la comunidad internacional; y por otro, nos enfrentamos al descrédito, la falta de confianza y de credibilidad que buena parte de la sociedad tiene en relación a los partidos políticos y al sistema electoral en su conjunto.

A lo anterior, debemos adicionar que este proceso se encuentra inmerso también en un clima de violencia y debilidad de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia, que ha colocado a las y los candidatos a puestos de elección popular en una situación de riesgo desproporcionado e intolerable.

Los actores políticos son los más expuestos a padecer las agresiones criminales de la delincuencia organizada, como lo muestran los asesinatos de tres candidatos y dos precandidatos a puestos de elección popular en lo que va de las campañas electorales: en febrero, Carlos Martínez Villavicencio, precandidato del PRD a una diputación federal, en el distrito de Tlaxiaco, Oaxaca; en marzo, Aidé Nava González, precandidata del mismo PRD a la alcaldía de Ahuacotzingo, Guerrero; en mayo, Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI y PVEM a la alcaldía de Chilapa, Guerrero; Enrique Hernández, candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán; Héctor López Cruz, candidato priista a noveno regidor de Huimanguillo, Tabasco, y Jehová de la Cruz Gallegos, líder del PRD en Juchitán, Oaxaca.

A los asesinatos, debemos agregar otras agresiones sufridas en Guerrero, como las amenazas realizadas por un grupo armado al candidato a Gobernador por Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto; el secuestro de la candidata a diputada por el PRD, Silvia Romero; así como la reciente dimisión de la candidata a la alcaldía de Acatepec por Morena, Valentina Rosendo Cantú, después de ser amenazada.

El día 21 de mayo pasado, sujetos desconocidos lanzaron granadas en las instalaciones del Instituto Nacional electoral y de la Policía Federal en Matamoros, Tamaulipas. Es importante mencionar que este hecho, ocurrió el mismo día de la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a esa entidad federativa.

El día viernes 23 de mayo, integrantes del equipo de campaña del candidato a gobernador del PAN, Jorge Camacho Peñaloza, fueron atacados a balazos por un grupo de hombres armados en Coyuquilla, municipio de Petatlán, resultando ilesos debido a que la camioneta en la que viajaban estaba blindada.

Contrario a lo que se ha señalado por muchos actores políticos, la violencia que se vive contra las candidatas y los candidatos no tiene precedentes en la historia reciente en el país, y tampoco pueden considerarse como hechos aislados, ya que han ocurrido en lugares donde el propio Gobierno Federal y los partidos políticos han manifestado su preocupación por la presencia y control que tienen los grupos de la delincuencia organizada.

Atendiendo a que se trata de delitos graves cometidos en contra de candidatas y candidatos de todas las expresiones políticas acaecidos en distintas partes del país, resulta fundamental que la autoridad investigadora analice todos y cada uno de estos hechos de manera integral y no sólo como hechos aislados, que formule una hipótesis en donde algunos de estos hechos pudiera tener relación entre sí o que incluso pudieran haber sido perpetrados por los mismo grupos criminales.

De igual forma, es necesario que la autoridad se allegue de información por parte de los organismos especializados en materia electoral, para que de manera conjunta se pueda analizar el contexto, las condiciones, los antecedentes, las referencias de casos semejantes, así como toda aquella información que pudiera servir para integrar una investigación amplia e integral de estos casos.

Por ello, resulta fundamental que la Procuraduría General de la República atraiga todos estos casos a través de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, para que de manera conjunta se permita identificar la posible intromisión de algunos grupos delincuenciales en las elecciones y el ataque a las candidatas y candidatos de diferentes partidos políticos.

Más allá de los comicios del día 7 de junio, la sociedad mexicana necesita conocer de manera cierta porqué sucedieron estos hechos violentos, cuáles fueron las motivaciones y fines que perseguían estos grupos al realizar esas acciones violentas. Esta verdad no podrá conocerse si las investigaciones se mantienen desagregadas en cada una de las procuradurías o fiscalías estatales, pues un mismo grupo criminal puede operar en más de una entidad federativa, por lo que dejar las investigaciones en el ámbito local, sería limitar el alcance de dichas investigaciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que, a través de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ejerza su facultad de atracción a fin de realizar una investigación integral de todos los homicidios, secuestros, ataques, amenazas y actos de intimidación perpetrados en contra de candidatos y candidatas a puestos de elección popular en el actual proceso electoral con la finalidad de identificar la posible intromisión de algunos grupos delincuenciales en estos hechos, analizando de manera integral y no aislada todos y cada uno de los actos delictivos que han tenido conocimiento las Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades federativas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.





 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. Se turna a la Tercera Comisión.

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“De 1935 a 1982, México registró tasas de crecimiento del 6.1 por ciento anual. En contraste, entre 1982 y 2014 lo hizo con ritmo de 2.3 por ciento, con un PIB per cápita de 0.6 por ciento por año, inferior al promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.1

Desempleo, informalidad y pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario mínimo superior al 70 por ciento, son daños que implican desigualdad, pobreza, corrupción, inseguridad, violencia y pérdida de cohesión social, pero que son  sustentados por el modelo económico que prevalece en el país.

El neoliberalismo, en la etapa de la globalización económica, es un proceso de dominación y apropiación del mundo. La dominación de estados y mercados y de sociedades y pueblos, se ejerce en términos político-militares, financiero-tecnológicos y socio-culturales. La apropiación de los recursos naturales, de las riquezas y del excedente producido se lleva a cabo mediante la privatización, desnacionalización, desregulación, con transferencias, subsidios, exenciones, concesiones, y su revés, privaciones, marginaciones, exclusiones y depauperaciones, que facilitan procesos macrosociales de explotación de trabajadores y artesanos, hombres y mujeres, niños y niñas.2

Es necesario poner punto final a este modelo económico depredador, y pasar a una estrategia económica de desarrollo nueva, libre y soberana. Sólo así, con miras de alturas, podremos salir adelante y reconstruir la posibilidad de un mejor país.

Una alternativa que no es nueva, pero que sí resulta eficiente y hasta el momento ha sido poco aprovechada y no ha sido impulsada adecuadamente por los diferentes niveles de gobierno es el apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES).

Las MIPyMES, son un elemento fundamental en el desarrollo económico del país y constituyen la columna vertebral de la economía nacional, esto es así por su alto impacto en la generación de empleos. Basta señalar que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y  Geografía (INEGI), las MIPyMES constituyen más del 90 por ciento del total de unidades económicas del país, generan más del 50 por ciento del PIB nacional y contribuyen con 7 de cada 10 empleos formales que se crean en el país.

Desde luego que hay intentos por incentivar y fortalecer a estas unidades económicas, por ejemplo está el fondo PyME y la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, por mencionar algunos, pero no son suficientes.

Basta decir que el ordenamiento jurídico referido, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2002, señala en su artículo 23 que:  En cada Entidad Federativa y en el Distrito Federal se podrá conformar un Consejo Estatal para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que estudiará y propondrá en el ámbito regional, estatal y municipal, medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las MIPyMES a través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los Sectores”.

A pesar de lo anterior, el referido Consejo Estatal en muchos estados no se ha conformado, por lo que pareciera que esta disposición legal fuera un llamado a misa, pese a la emergencia nacional en materia económica. Lo más dramático es que también con esta situación se ha dejando pasar la oportunidad de que estos consejos incentiven una apertura rápida de las MIPyMES y propicien su desarrollo.

Por lo mismo, el primer resolutivo de la presente propuesta de punto de acuerdo consiste en exhortar, respetuosamente, a los congresos y a los ejecutivos estatales para que en el ámbito de sus atribuciones legales y atendiendo lo preceptuado en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, consideren la viabilidad de conformar un Consejo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en sus respectivas entidades federativas, a fin de incentivar, apoyar y procurar el desarrollo de las MIPyMES.

Es necesario que, más allá de su conformación, dichos Consejos sirvan para detonar un desarrollo económico sostenido en las entidades federativas y que ello redunde en bienestar social para los empresarios, comerciantes y sus familias.

Otra problemática que hay que puntualizar y a la que actualmente se enfrentar las MIPyMES en el país, consistente en el desplome del 83.8% del presupuesto destinado al “Programa Compras del Gobierno”, que fue creado en 2009 por el gobierno federal como medida para reactivar el mercado interno y con lo cual las dependencias federales se comprometieron a asignar una parte de sus recursos para adquirir productos y contratar servicios a las MIPyMES.

En 2009, el presupuesto ejercido para este programa fue de 17 mil 660 millones de pesos. En 2010 fue de 61 mil 450 millones de pesos. En 2011 se incrementó a 83 mil 432 millones de pesos. En 2013 fue de 102 mil 522 millones. Y en 2014 fue de 105 mil 722 millones 921 mil 770 pesos.3

Pero para este 2015, datos de la Secretaría de Economía (SE) -que es la dependencia del gobierno federal que se encarga de dar un seguimiento puntual al referido programa- indican que se han ejercido 17 mil 50 millones 910 mil 514.56 pesos, y que son marcados con un avance del 100%. Lo cual representa apenas la sexta parte respecto a los 105 mil 722 millones 921 mil 770 pesos que el programa alcanzó el año pasado y cuya diferencia es de 88 mil 672 millones 11 mil 256 pesos.4

Incluso, las compras a MIPyMES este año resultan inferiores en un 3.54% respecto a la primera edición del programa, cuando contó con 17 mil 660 millones de pesos. Desde entonces y hasta 2014 los recursos públicos para las compras de gobierno habían acumulado un incremento de 498%.5

En la aplicación de los recursos para las MIPyMES, las 238 dependencias federales involucradas en el programa tienen un avance del 100%, como ya se dijo, lo cual contrasta enormemente con el rezago registrado en años anteriores. Por ejemplo, en septiembre de 2014, por estos meses faltaba por aplicar 39% de los 104 mil millones de pesos que el gobierno fijó para el “Programa Compras de Gobierno”, casi al concluir 2013 no se había ejercido el 28% de los 100 mil millones de pesos a los que entonces ascendió el presupuesto.6

Lo más dramático es que actualmente hay, 80 dependencias (que equivalen al 33.6% de las 238 dependencias) que aparecen en ceros en cuanto a recursos ejercidos para MIPyMES, es decir, no compraron nada.

Por lo que el segundo resolutivo de esta propuesta versa entorno a exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que el presupuesto asignado al Programa Compras del Gobierno para el ejercicio fiscal 2016, aumente con respecto al año en curso a fin de incentivar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del país.

Y el tercer resolutivo propuesto es que el Presidente de la República instruya a las dependencias de la Administración Pública Federal, a efecto de que ejerzan más recursos en el Programa Compras del Gobierno para el próximo año, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Derivado de lo anterior someto a la consideración de esta H. Asamblea, el presente

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta, respetuosamente, a los congresos y a los ejecutivos estatales para que en el ámbito de sus atribuciones legales y atendiendo lo preceptuado en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, consideren la viabilidad de conformar un Consejo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en sus respectivas entidades federativas, a fin de incentivar, apoyar y procurar el desarrollo de estas unidades económicas.

Segundo.- Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que el presupuesto asignado al Programa Compras del Gobierno para el ejercicio fiscal 2016 aumente con respecto al año en curso, a fin de incentivar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del país.

Tercero.-Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a las dependencias de la Administración Pública Federal a que ejerzan más recursos en el Programa Compras del Gobierno para el próximo año, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 3 de junio de 2015.

Dip. Danner González Rodríguez.

1 “Para crecer, México debe cambiar la estrategia económica”, Boletín UNAM-DGCS-020, Ciudad Universitaria, 10 de enero de 2015. Disponible en: http://132.247.174.60/dgcs/boletin/bdboletin/2015_020.html [Última consulta: 31 de mayo de 2015]

2 Ver González Casanova, Pablo. “Los indios de México hacia el nuevo milenio”, LA JORNADA, 9 de septiembre de 1998.

3 “Se desploma más del 80% presupuesto para el programa mipymes”, La Jornada, 30 de mayo de 2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/30/se-desploma-mas-del-80-3718.html [Última consulta: 31 de mayo de 2015]

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Ídem.





 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Policía Federal y al Mando Especial de Seguridad en Michoacán a llevar a cabo una reunión de trabajo ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión relativa a los acontecimientos ocurridos en el Rancho del Sol, en el estado de Michoacán. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, LILIA AGUILAR GIL, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente el punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde el pasado 1 de mayo, se enviaron a la región de Jalisco y Michoacán policías federales para formar parte de la operación de seguridad implementada tras el derribo de un helicóptero militar, por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En el marco de esta operación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y autoridades estatales atendían una averiguación previa relativa a la ocupación ilegal del Rancho Del Sol, ubicado en los municipios de Ecuandureo y Tanhuato, en el Estado de Michoacán.

El pasado 22 de mayo fuerzas federales abatieron a 42 civiles, la mayoría por heridas de arma de fuego, presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación según lo señalado por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.

De acuerdo con el comunicado oficial, el ataque ocurrió a las 9:00 de la mañana de ese viernes, en el Rancho Del Sol, luego de que los policías recibieran disparos al interceptar una camioneta blindada cerca de la comunidad Tinaja de Vargas, en Tanhuato y fueran tras ella.

Ya en el rancho, "al advertir la presencia de fuerzas federales, el resto de los presuntos delincuentes comenzaron a atacar con intensidad […], los elementos solicitaron la presencia de apoyo, tanto terrestre como aéreo, por lo que acudió un helicóptero de la Policía Federal a la zona”, señaló Rubido.

Como resultado del operativo, se detuvieron tres presuntos delincuentes, el aseguramiento de ocho vehículos, 36 armas largas, dos armas cortas, un lanzagranadas armado, un fusil Barret calibre 50, como los utilizados por fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán.

La versión oficial es similar a la que se dio para referirse a los hechos acaecidos el 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, cuando el ejército dijo que en un supuesto enfrentamiento habían muerto 22 presuntos delincuentes y solo un soldado había quedado herido. Posteriormente quedó probado que varios de los sospechosos fueron ejecutados extrajudicialmente, después de que se rindieran.

El enfrentamiento que duró casi tres horas, es justificado bajo el argumento de que hubo una simulación de rendirse que se convirtió en una emboscada. Queda en duda si el ataque al racho fue un operativo planeado o, como se señala oficialmente, fue producto de una persecución. Así, un solo fallecido en el lado de las fuerzas federales, frente a los 42 civiles parece improbable.

Aunado a ello, medios de comunicación han circulado algunas fotografías que revelan que algunos cuerpos se movieron de lugar, y muchos han dudado respecto a si las armas fueron plantadas o no, como en el caso de Apatzingan.

En este sentido resulta desconcertante el testimonio de familiares de las víctimas, que al ir a identificar los cuerpos, mostraron desconocimiento de posibles actividades vinculadas con el crimen organizado e informaron que hace poco menos de una semana sus familiares se habían dirigido a trabajar a un rancho en Michoacán, entre ellos personal de mantenimiento.

También resulta importante sus testimonios en relación al estado físico de los cuerpos: uno de ellos tenía un tiro en la parte de arriba de la cabeza, fuertes golpes y huesos rotos, a otro le faltaba un ojo, ocho cuerpos quemados.

Un familiar de Juan Enrique Romero Caudillo, una de las víctimas, comentó que luego de haber visto el cuerpo en la morgue y las fotografías que han circulado en medios y redes sociales piensa que "fue una masacre", porque no hubo un número equilibrado de muertos de ambos lados.

La inseguridad en la región va en aumento con la presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación. Según el CIDAC, Jalisco ha presentado un aumento constante en la percepción de la violencia e inseguridad desde 2010. Por su parte Michoacán tiene un nivel de “afectación grave” en la inseguridad, escala más alta, de acuerdo con el mismo informe.

La inseguridad en Michoacán continúa y está lejos de ser superada: en marzo pasado fue asesinado el alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay; y en Yurécuaro el 14 de mayo fue asesinado uno de los candidatos a la alcaldía, Enrique Hernández Salcedo.

En este contexto es importante que se investigue bajo los principios de imparcialidad, independencia, celeridad y sobre todo transparencia, el operativo que desembocó en la muerte de los 42 civiles y el miembro de la fuerza armada. La transparencia es indispensable si las fuerzas federales desean recuperar su legitimidad; nuevos casos como Tlatlaya, Apatzingan y Ayotzinapa no serán tolerados.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

RESOLUTIVO.

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, al Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, y al Mando Especial de Seguridad en Michoacán, General Felipe Gurrola Ramírez a realizar una reunión de trabajo con esta soberanía para dar cuenta de los acontecimientos ocurridos en el Rancho Del Sol, ubicado en los municipios de Ecuandureo y Tanhuato, Estado de Michoacán, derivados del enfrentamiento entre fuerzas Federales y presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, el día 22 de mayo de 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 03 de junio de 2015.

Dip. Lilia Aguilar Gil.





 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar semestralmente al Congreso de la Unión respecto de la evolución del mercado de redes de disposición y cámaras de compensación. Se turna a la Tercera Comisión.

La Diputada MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes.

CONSIDERACIONES.

El Ejecutivo Federal presentó el 15 de mayo de 2013 la propuesta de Reforma Financiera, integrada por trece Iniciativas que contenían reformas y adiciones a 34 ordenamientos legales vinculados al sector financiero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 10 de enero de 2014.

El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, estableció en sus disposiciones transitorias la fracción VII del artículo quinto que a la letra de la ley dice:

ARTÍCULO QUINTO.- En relación con las modificaciones a que se refieren los Artículos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de este Decreto, se estará a lo siguiente:

VII. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, de manera conjunta, emitirán las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 4 Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros dentro de los sesenta días naturales siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Al vencimiento de dicho plazo el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Gobernador del Banco de México, comparecerán conjuntamente ante la Cámara de Diputados para informar acerca del ejercicio de esta atribución, y deberán comparecer además a los seis y doce meses siguientes para informar respecto de la evolución del mercado de redes de disposición y respecto de la aplicación de las disposiciones antes referidas.

En tal sentido se instauró una doble obligación tanto al Banco de México como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por un lado la expedición de las disposiciones de carácter general relativas a las redes de medios de disposición y por otro, se regulo a través de las disposiciones transitorias de una ley, la obligación de citar a comparecer a los servidores públicos relacionados con el tema a efecto de rendir cuentas de la aplicación de dichas disposiciones.

Cabe destacar que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros  a que hace referencia el transitorio citado, define el Medio de Disposición como las tarjetas de débito asociadas a depósitos bancarios de dinero a la vista, a las tarjetas de crédito emitidas al amparo de un contrato de apertura de crédito, a los cheques, a las órdenes de transferencia de fondos incluyendo el servicio conocido como domiciliación, cualquier dispositivo o interfase que permita la realización de pagos o transferencias de recursos, así como aquellos otros que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, de manera conjunta, reconozcan como tales mediante disposiciones de carácter general.

Por lo tanto se entiende como Redes de Medios de Disposición a la serie de acuerdos, protocolos, instrumentos, interfaces, procedimientos, reglas, programas, sistemas, infraestructura y demás elementos relacionados con el uso de Medios de Disposición, y que, conforme al artículo 4 Bis 3 corresponde regular de manera conjunta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México Bajo los siguientes principios:

Fomento de la competencia; ampliación de infraestructura y reducción de cobros y Comisiones.

Libre Acceso. Las Redes de Medios de Disposición deberán permitir el acceso a su infraestructura, en condiciones equitativas y transparentes, a los Participantes en Redes.

No discriminación. Los procesadores, Entidades emisoras de Medios de Disposición, adquirentes y demás propietarios de infraestructura relacionada con Redes de Medios de Disposición deberán llevar a cabo sus respectivas actividades y permitir las actividades de terceros de forma no discriminatoria.

Protección de los Intereses de los Usuarios. Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a otras autoridades, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores velará por la protección de los intereses del usuario final de los Medios de Disposición, incluyendo titulares de los mismos y comercios.

Con fecha 11 de marzo de 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió las disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición, a través de las cuales se busca dar cumplimiento a lo establecido en la reforma financiera, así como promoverlos principios de “fomento de la competencia; “ampliación de infraestructura y reducción de cobros y comisiones”; “libre acceso”; “no discriminación” y “protección de los intereses de los usuarios” en beneficio de los usuarios de medios de disposición.

Por parte del Banco de México, en la misma fecha se emitió la circular 4/2014, relativa a las Reglas aplicables a las cámaras de compensación para pagos con tarjetas, con el objetivo de fomentar una competencia más vigorosa en el mercado de cámaras de compensación para pagos con tarjetas y con ello lograr un mayor desarrollo del mercado bajo las siguientes directrices:

I. Evitar barreras a la entrada y problemas de información que redunden en políticas discriminatorias a potenciales competidores, a través de requerir para la autorización de cámaras de compensación para pagos con tarjetas que: i) cuenten con reglas y procedimientos operativos claros y accesibles y ii) definan los términos en los que se deberá realizar el enlace entre sus sistemas de procesamiento y los de las cámaras de compensación para pagos con tarjetas;

II. Evitar distorsiones de precios al prohibir prácticas de cobros poco competitivas como el empaquetamiento forzoso de productos o los descuentos en función de características individuales de los clientes; Facilitar la innovación, eliminando barreras al desarrollo que dificulten la incorporación de mejoras en la infraestructura y operación, y

III. Fortalecer la seguridad y el manejo de riesgos de la red a través de lineamientos para los esquemas de continuidad de negocio y seguridad de los participantes.

IV. Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente se somete a la consideración de este pleno el siguiente.

Derivado de lo anterior el Gobernador del Banco de México y el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comparecieron ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el 26 de marzo de 2014, el 7 de octubre de 2014 y finalmente el 8 de abril del año en curso. En dichas reunión ambos funcionarios establecieron sustancialmente las siguientes características en el mercado de medios de pagos:

Se observa un crecimiento sostenido en el número de tarjetas de débito y crédito, el número de TPVs y el volumen de transacciones con tarjeta.

Sin embargo, México se compara desfavorablemente con otros países en cuanto al número de tarjetas y número de TPVs por cada 100 mil habitantes.

A pesar de ser el país con la mayor tasa de crecimiento en tarjetas de débito, México  se encuentra entre los países con las tasas de crecimiento más bajas para la red de TPVs.

Lo anterior hace evidente el espacio para mejorar la eficiencia en el mercado, que de atenderse podría  resultar en un impacto positivo para el desarrollo económico del país.

Sumando a lo anterior el órgano autónomo y el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público observan las siguientes problemáticas:

Presencia de pocos participantes distintos a instituciones de banca múltiple en la emisión y adquirencia.

1. Falta de transparencia.

2. Esquemas de precios que dificultan la competencia.

3. Esquemas tecnológicos y operativos que dificultan la participación de nuevos jugadores.

4. Oferta e innovación limitadas

Bajo dicho contexto, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza es consciente de la importancia que tiene la expedición de dichas reglas de carácter general, ya que las mismas constituyen el marco complementario para regular las tarjetas de débito, de crédito, los cheques,  y las órdenes de transferencia de fondos.

En tal sentido, Nueva Alianza planteo su postura a efecto de que dichas disposiciones continúen fortaleciendo a los órganos reguladores del Sistema Financiero Mexicano, y dotando al Estado, de los elementos jurídicos necesarios para implementar y obtener los resultados de las reformas estructurales que han sido aprobadas, en este caso la Reforma Financiera y protegiendo los intereses de los usuarios del sistema financiero.

Por tanto Nueva Alianza, propuso que los principios a que deben apegarse las redes de medios de disposición, se reflejen en ampliación de infraestructura y reducción de cobros y Comisiones; así como condiciones equitativas y transparentes para los Participantes en redes de medios de disposición.

La regulación relacionada a las redes de medios de pagos y a las cámaras de compensación es un aspecto fundamental de la Reforman Financiera,  y se le debe dar la importancia que amerita para poder detonar el desarrollo tecnológico y de innovación que tienen los participantes y usuarios del sistema financiero a nivel intencional.

Si no se abate la brecha tecnológica, México se verá relegado con respecto de otros países. Es necesario potenciar la aceptación de pagos electrónicos, ampliar la oferta de productos y servicios a favor de la educación e inclusión financiera y mejorar la seguridad de los tarjetahabientes.

Tomando en cuenta la experiencia exitosa que fue citar a comparecer a los funcionarios  tanto de la administración pública como de los órganos autónomos a un tema en particular a través de ley, y considerando que los funcionarios ya dieron cumplimento al artículo transitorio y que el tema es de suma relevancia, se propone que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitan al Congreso de la Unión un informe semestral respecto de la evolución del mercado de redes de disposición y cámaras de compensación.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa al gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar semestralmente al Congreso de la Unión respecto de la evolución del mercado de redes de disposición y cámaras de compensación, detallando en cada uno de los casos, el progreso en materia de competencia y los porcentajes de participación de cada uno de los proveedores de servicios.

SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Banco de México a informar semestralmente al Congreso de la Unión sobre las medidas que está adoptando para la protección de los usuarios de los medios electrónicos de pago, especificando las acciones en materia de atracción de nuevas tecnologías que permitan una mayor detección y prevención de fraude.

Dado en el Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 03 de junio de 2015.

Dip. María Sanjuana Cerda Franco.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo relativo al presunto desvío de recursos públicos federales destinados para el desarrollo social, rural y cultural del municipio de Matamoros, Tamaulipas, encabezado por Norma Leticia Salazar Vázquez. Se turna a la Primera Comisión.

Lo suscritos, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La corrupción se define como el abuso de autoridad para obtener beneficios propios. El mal uso del poder puede estar en el sector público o privado, el beneficio no necesariamente se limita a intereses personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos1.

El pasado 20 de mayo del año en curso, el sitio web www.marinor.com.mx, sitio especializado en marketing político y comunicación, evidenció una serie de irregularidades, desvíos de recursos, creación de empresas fantasmas, asignaciones y negocios por más de 196 millones de pesos, por parte de la Alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, Norma Leticia Salazar Vázquez, militante del Partido Acción Nacional.

Dicho sitio de internet, refiere que cuenta con documentación en su poder, la cual comprueba que la funcionaria junto con su operador financiero Luis Alfredo Biasi, han creado más de 30 empresas que al investigarse su ubicación e infraestructura, se ha demostrado que se trata de predios baldíos o bien bodegas abandonadas en donde no hay ningún trabajador.

Es de resaltar que Luis Alfredo Biasi, posee negocios de logística aduanal y de acuerdo al sitio web www.luisbiasi.com, es el propietario del “Grupo Corporativo Aduanero Alpha”. Señalamos a esta persona, toda vez que la misma fue designada por Leticia Salazar como Director de Desarrollo Social del Municipio de Matamoros, y el 20 de diciembre de 2014, fue detenido por la Procuraduría General de la República, señalado como presunto responsable del delito de evasión fiscal.

Ahora bien, el día 25 de mayo del año en curso, el periódico Excelsior, publicó en su página de internet la nota denominada “Dan millones a empresas fachada; contratos en Matamoros”, dicha publicación refiere, que Leticia Salazar Vázquez ha entregado contratos por al menos 200 millones de pesos del presupuesto federal para programas sociales a empresas que registraron domicilios fiscales en casas particulares o sitios inexistentes, entre 2014 y lo que va de 2015.

De acuerdo con la publicación, Excélsior tiene copia de la relación de la obra pública contratada a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Ecología y de Servicios Públicos del ayuntamiento de Matamoros, un legajo de contratos y oficios para el pago de facturas a un grupo de empresas sin infraestructura y que fueron beneficiadas por Leticia Salazar con dinero federal.

De acuerdo con el listado de obra, la alcaldesa de Matamoros autorizó a 30 empresas dinero de los presupuestos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal  (Fismun) del Ramo 33;  del de Contingencias Económicas, correspondiente al Programa del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas;  del Fondo de Pavimentación Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (Fopedarie);  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun);  Hábitat  y Rescate de Espacios Públicos (Sedatu) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

La investigación periodística señala que con una copia del Refrendo del Padrón de Contratista 2015, elaborado por la Contraloría Municipal de Matamoros, Tamaulipas, se hizo un recorrido por algunos de los domicilios fiscales registrados por varias de las empresas y constató que los inmuebles no corresponden con los de empresas de construcción acreditadas para obtener obra pública.

Algunos casos en donde el domicilio fiscal registrado es una casa habitación y no el de una constructora son:

• La empresa del arquitecto Vladimir Aram Rodríguez Estrada, que entre 2014 y lo que va de este año ha obtenido 12 millones 280 mil 243 pesos en siete contratos que se nutren del presupuesto federal de Contingencias Económicas; Conaculta, Fortamun y Fopedarie.

Rodríguez Estrada registró la dirección de Manuel García Costilla 136, colonia Paseo del Magisterio, en Matamoros. En ese predio hay una sencilla casa habitación.

• La del ingeniero Eduardo Guadalupe Ramos Delgado, que en 12 contratos de Contingencia Económica, Fopedarie, Fismun y Hábitat, obtuvo 12 millones 275 mil 854 pesos.

Ramos Delgado informó a la Contraloría de Matamoros que el domicilio de su empresa estaba en Privada Alpes 8, Fraccionamiento Hacienda del Puente, en Matamoros, pero ahí solamente está una casa habitación y no un constructora.

• La ingeniero Herlinda Cervantes Bueno obtuvo 9 millones 391 mil 758 pesos, al adjudicarse nueve contratos con presupuesto de cinco programas sociales auspiciados por el presupuesto federal.

Cervantes Bueno ofreció a la administración municipal la dirección de Pedregal 33, colonia México, en Matamoros, como el domicilio fiscal de su empresa, pero ahí también solamente está una casa particular.

• El licenciado Jesús Omar Rangel Marmolejo en 2014 obtuvo 11 contratos de cuatro programas sociales del gobierno federal, por un total de 12 millones 239 mil 407 pesos.

Rangel Marmolejo informó a las autoridades administrativas del municipio que el domicilio de su empresa era en Calle Ocho, número 801, esquina Bustamante, en el Centro de Matamoros. En ese predio sólo hay una casa habitación.

• Otra empresa que está en la lista de las que presentaron una dirección que no corresponde a la de una constructora es Inmobiliaria Horizonte Verde. Obtuvo nueve contratos por 7 millones 552 mil 35 pesos, en dos programas sociales del gobierno federal.

Inmobiliaria Horizonte Verde registró como sede el domicilio Islas Feroe 19, en el fraccionamiento Palmares, en Matamoros, pero en ese lugar hay una casa con evidencias de haber sido abandonada.

• Fernando Castro Hernández Silva obtuvo contratos por 10 millones 83 mil 48 pesos y que registró un domicilio que no corresponde. En la Contraloría está la dirección de Legislación 250, colonia Independencia, pero ahí está una humilde vivienda donde construyen un segundo piso de manera informal.

• Otra de las constructoras que ha obtenido contratos por 16 millones 224 mil 522 pesos, identificada como Proyectos y Construcciones Rivas, es propiedad de José Miguel Rivas, padre de la arquitecta Ana Rocío Rivas Díaz, quien es supervisora de Obras del ayuntamiento, igual que el arquitecto Rodrigo Sebastián Márquez Ayala, coordinador de Programas Federales del municipio.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de manera coordinada realice una investigación pormenorizada con la Procuraduría General de la República y las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes a fin de sancionar a los probables responsables en torno al presunto desvío de los recursos federales destinados al municipio de Matamoros, Tamaulipas en materia de programas sociales, rurales y culturales.

Cabe hacer mención que el padre de Norma Leticia Salazar, alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, el señor Ramiro Salazar Rodríguez, y Luis Alfredo Biasi Serrano, tío del exdirector de Desarrollo Social de ese municipio, Luis Alfredo Biasi, arrestado por evasión fiscal y luego liberado bajo fianza, han sido postulados por el Partido Acción Nacional como candidatos propietario y suplente respectivamente por el IV distrito para contender por una diputación federal el próximo 7 de junio.

En ese sentido, esta Comisión Permanente considera necesario realizar un exhorto al Instituto Nacional Electoral, para que lleve a cabo la fiscalización de los recursos de dichos candidatos con el objeto de determinar si el presunto desvío de recursos del municipio de Matamoros, Tamaulipas, tiene como finalidad el financiamiento de la campaña de los candidatos en mención.

A esta información se agrega lo publicado por El Diario De Ciudad Victoria, en la que se da a conocer que por presuntos actos constitutivos de delito electoral, encaminados a la compra de votos, presuntamente con recursos de la administración municipal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia en contra de la alcaldesa de Matamoros, Norma Leticia Salazar Vázquez como del candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a diputado federal por ese distrito Ramiro Salazar Vázquez.

En la denuncia presentada el pasado 23 de mayo por el Secretario de Elecciones en el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI Héctor Neftalí Villegas Gamundi, informó que la denuncia interpuesta, se acompañó de testimonios, videos y fotografías que podrían determinar la presunta culpabilidad de la alcaldesa, del candidato del PAN y del eventual uso de recursos públicos.

Con estos elementos, se estima la presunción de una eventual utilización de recursos de la administración municipal en apoyo del candidato del PAN, que es el padre de la alcaldesa de Matamoros. 2

En este tenor, también debemos recordar que en 2013, la hoy alcaldesa Leticia Salazar también se vio envuelta en un escándalo mayor por el exceso de recursos utilizados para los actos de su campaña como candidata.

Con la evidencia antes mencionada, se demuestra la forma ruin y ventajosa con la que la funcionaria pública Leticia Salazar se conduce para desviar los recursos públicos de los programas sociales para su beneficio en lugar de proveer el apoyo a los habitantes de su municipio.

Lo anterior, es un claro ejemplo de que la rendición de cuentas es necesaria y urgente ya que devuelve la confianza a los mexicanos. No debemos permitir que los excesos y abusos sean el estandarte de unos cuantos.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos conscientes de que una de las exigencias más sentidas de la sociedad mexicana es aumentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y poner fin a las nocivas prácticas de corrupción que desde hace varios años se vienen arrastrando; por ello, exhortamos a las autoridades responsables a atender puntalmente el presente Punto de Acuerdo para que en caso de que se acrediten lo señalamientos anteriores, se castigue a los responsables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de manera coordinada y en el marco de sus atribuciones realice una investigación pormenorizada con la Procuraduría General de la República y las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes, sobre el presunto desvío de recursos públicos federales destinados al municipio de Matamoros, Tamaulipas, cometido presuntamente por la Presidenta Municipal Norma Leticia Salazar Vázquez y, de ser comprobado, se apliquen las sanciones correspondientes.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo una revisión exhaustiva sobre el origen y el posible rebase del tope de gastos de campaña de Ramiro Salazar Rodríguez y Luis Alfredo Biasi Serrano, candidatos propietario y suplente por el Partido Acción Nacional respectivamente para una diputación federal por Matamoros, con el objeto de determinar si el presunto desvío de recursos públicos del municipio de Matamoros, Tamaulipas, tiene como finalidad el financiamiento de la campaña de los candidatos en mención.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

1 http://accionciudadana.org.gt/que-es-corrupcion-6/

2 http://eldiariodevictoria.com.mx/2015/04/28/denuncia-pri-a-edil-de-matamoros-y-ramiro-salazar/





 

Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos a llevar a cabo las acciones que permitan garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria petrolera se realicen en el marco de un protocolo de respeto y coordinación con los propietarios y titulares de tierras. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y APETRÓLEOS MEXICANOSPARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL QUE CORRESPONDAN, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR QUE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROLERA, SE LLEVEN A CABO BAJO EL MARCO DE UN PROTOCOLO DE RESPETO Y COORDINACIÓN CON LOS PROPIETARIOS Y TITULARES DE TIERRAS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 15 de mayo del presente año, promoví en el estado de Tamaulipas el “Foro de Discusión sobre los alcances de la Reforma Energética en el Campo Tamaulipeco”, al que asistieron un gran número de agricultores y ganaderos del estado, quienes expresaron, entre otras cosas, quejas sobre la arbitrariedad del personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), quienes sin permiso ingresan a las tierras de la región, muchas veces tirando cercas o rompiendo cadenas con los que se aseguran los accesos a los ranchos, y que son necesarios para mantener al ganado en sus lugares de pastoreo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es claro, que el país debe impulsar una industria energética más sólida y de vanguardia que responda a las necesidades de crecimiento y desarrollo sostenido que el país requiere para ofrecer una mejor calidad de vida a sus ciudadanos, pues el sector energético repercute directamente en el desarrollo de las diversas actividades productivas y de comercio que se llevan a cabo día a día en el país y que se traducen en empleos y salarios para las familias mexicanas.

De esta manera, no se pone en duda el impulsar el fortalecimiento de la industria petrolera, al ser esta estratégica en el sector energético del país y su impacto positivo en el desarrollo del mismo.

Así, el 11 de agosto de 2014, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas leyes de nueva creación y reformas a otras más en materia energética, de las cuales pare el tema que hoy me ocupa, destaca la Ley de Hidrocarburos.

Dicha ley, tiene por objeto regular entre otras actividades, el Reconocimiento y Exploración Superficial, y la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

Las actividades antes referidas, necesariamente han de afectar en alguna medida las tierras de propiedad social o privadas que se encuentran en manos de ejidatarios y comuneros, quienes en conjunto ostentan el 52 por ciento del territorio nacional y de pequeños propietarios, quienes poseen alrededor del 37 por ciento de las tierras de la nación.

En este sentido, las características particulares de la tenencia de la tierra en México, que por un lado deja en propiedad de la nación el subsuelo y la superficie territorial en manos de pequeño propietarios y titulares de tierras, hacen necesario implementar mecanismos y acciones, para que en un marco de respeto y mutua colaboración se puedan llevar a cabo las actividades que requiere el desarrollo de la industria del petróleo.

En virtud de las características propias de cada una de las actividades que se llevan a cabo dentro de la industria petrolera, en muchas ocasiones se requiere de la anuencia de los propietarios o titulares de predios rústicos, para que se constituyan servidumbres de paso, que permitan el tránsito del personal de la empresa, maquinaria, equipo, etc., necesarios para mantener laborando en óptimas condiciones las actividades que se realicen ya sea para la exploración o extracción de hidrocarburos.

En este sentido, el tiempo que se requiera para poder llevar a cabo las actividades de que se trate, varía ampliamente, ya sea que se trate de actividades de exploración que pueden durar un par de años, o de actividades de extracción que pueden durar algunas décadas, sin importar el tiempo de duración de la ocupación superficial, las negociaciones para la misma se deben llevar a cabo apegados a pleno derecho y con pleno respeto de quienes sean los titulares de la tierras a afectar.

Debemos recordar, que la reciente Ley de Hidrocarburos promulgada el pasado 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, fue el resultado de un intenso debate al interior del Congreso de la Unión en el que se destacó la necesidad de impulsar una reforma profunda en materia energética para promover la modernización de la industria para el beneficio de los mexicanos.

De igual forma, un tema central de los debates y que se quedó plasmado en la Ley de Hidrocarburos fue que, se tratara de la iniciativa privada o la participación del estado, a través de sus empresas productivas, como lo es PEMEX, ya sea en su modalidad de concesionarios o contratistas, no representara riesgos de inequidad para los propietarios o titulares de tierras, por lo que en su Capítulo IV, titulado “Del Uso y Ocupación Superficial”, se encuentra regulado el proceso de negociación de con los tenedores de la tierra.

Así, las premisas del proceso de negociación son la transparencia, la información, una contraprestación justa, y sobre todo la obligación de los Asignatarios o Contratistas de abstenerse de realizar, directa o indirectamente conductas o prácticas abusivas, discriminatorias o que busquen influir indebidamente en la decisión de los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos, durante las negociaciones.

En este sentido, si la ley estipula el que los Asignatarios o Contratistas se abstengan de realizar prácticas abusivas durante el proceso que duren las negociaciones para la ocupación superficial de que se trate, no se esperaría menos que tal conducta permanezca el tiempo que dure la ocupación necesaria para desarrollar la actividad tengan que llevar a cabo.

En tal virtud, dada la importancia que representa PEMEX, en las actividades de la industria petrolera, la experiencia que sin duda le ha dejado el haber sido por muchos años, como empresa paraestatal, la única autorizada en México explotar el petróleo de la nación, y de la importancia que aún conserva en la industria petrolera, es que considero atinado el hacerle un exhorto muy respetuoso, para que se aproche esta amplia experiencia, y sus actividades se realicen bajo un protocolo que defina el procedimiento por el cual deba laborar su personal, para mantener un trato cordial y de mutua colaboración con los propietarios y titulares de tierras por las que deban transitar para llevar a cabo sus labores cotidianas.

Por su parte, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, siendo un organismo gubernamental clave por las actividades conferidas en la ley, pero sobre todo de acuerdo al tema del presente Punto de Acuerdo, por la atribución conferida a la Comisión en el artículo 85 numeral II, incisos h) e i) de la Ley de Hidrocarburos, para sancionar con multas económicas, el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 101, 105, 112 y 113 de esa misma ley.

Merece especial atención el artículo 112 de la Ley de Hidrocarburos, pues el mismo prevé que el Asignatario o Contratista deberá entregar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos una copia de los documentos en los que consten los acuerdos alcanzados mediante negociación o las medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los tribunales competentes, conforme al Capítulo IV. Asimismo, que las dependencias mencionadas en el propio Capítulo IV, como lo es la propia Comisión, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y la Procuraduría Agraria, entre otras, podrán celebrar los convenios de colaboración y coordinación que requieran para el cumplimiento de sus atribuciones.

Por tanto, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, el exhorto deja clara la intención, para que estos dos organismos, PEMEX y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de conformidad con lo establecido en la ley, establezcan programas de coordinación con las entidades de la Administración Pública Federal que correspondan, como puede ser la SEDATU y la Procuraduría Agraria, en aras de mantener la cordialidad y el respeto con los tenedores de la tierra afectados en alguna medida por la actividades que se desarrollen al amparo de una Asignación o Contrato para la Exploración o Extracción de Hidrocarburos.

Y por su supuesto, en la medida en que se hagan públicos los protocolos de actuación del personal de PEMEX, tanto este mismo como los propietarios y titulares de tierras, habrán de mantener una relación cordial, respetuosa conforme a sus derechos y las obligaciones que hayan logrado en el acuerdo respectivo de ocupación superficial que hubiera tenido lugar.

Señoras y señores legisladores, los agricultores y ganaderos del estado de Tamaulipas han expresado su preocupación sobre un tema particular, y que tiene que ver con la forma poco cordial y en muchas ocasiones destructiva con la que personal de PEMEX ingresa a sus tierras, por lo que atendiendo puntualmente esta demanda, y cumpliendo con la palabra empeñada cuando se aprobó el paquete de reformas en materia energética, en el sentido de que las reformas estaban encaminadas a beneficiar a los propietarios y titulares de tierras, con integro respeto a sus derechos, y teniendo en cuenta que es probablemente una práctica generalizada en todo el país, es que con el presente Punto de Acuerdo se busca un trato más cordial y de mutua colaboración entre quienes tengan que tener trato con las actividades de la industria del petróleo.

En razón de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos para que en el ámbito de su competencia y con la participación de las Entidades de la Administración Pública Federal que correspondan, lleven a cabo las acciones que permitan garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria petrolera, se lleven a cabo bajo el marco de un protocolo de respeto y coordinación con los propietarios y titulares de tierras.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que con la participación de las Entidades de la Administración Pública Federal que correspondan elabore y difunda por los medios de comunicación a su alcance, protocolos mínimos de actuación que contengan las medidas y la forma en que deba proceder el personal contratado por los Asignatarios o Contratistas para el uso o tránsito de tierras en las que convivan con otras actividades productivas, con especial atención de agricultores y ganaderos.

Dado en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 3 de junio de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.





 

Del Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se une a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2015 e invita a todas las instituciones del gobierno mexicano y la sociedad en su conjunto a realizar acciones sustentables que generen un impacto positivo sobre los ecosistemas del país y los del planeta. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SE UNE A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2015 E INVITA A TODAS LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO MEXICANO Y LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO A REALIZAR ACCIONES SUSTENTABLES QUE GENEREN UN IMPACTO POSITIVO SOBRE LOS ECOSISTEMAS DEL PAIS Y LOS DEL PLANETA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 5 de junio celebraremos un día de gran relevancia para la humanidad en su conjunto. Es el Día Mundial de Medio Ambiente, un momento que convoca a países y a personas en lo individual a tomar conciencia sobre las afectaciones que hemos provocado al equilibrio ecológico de nuestro planeta, pero sobre todo, a unir esfuerzos e impulsar acciones concretas que reviertan la tendencia negativa y nos permitan garantizar un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras.

El eslogan de este año es “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con moderación”1.

Lo cierto es que las actuales tendencias de consumo y desperdicio superan la capacidad de nuestro planeta y sus ecosistemas para generar recursos y servicios ambientales. Consumimos a una velocidad y magnitud que amenaza seriamente a la naturaleza y nuestra supervivencia como especie.

Según estimaciones de las Naciones Unidas, “[p]ara 2050, si continúan las actuales pautas de consumo, y con una población mundial que crece y que se espera que alcance los 9,6 mil millones, necesitaríamos tres planetas para mantener nuestros actuales modos de vida y consumo”2.

México no es ajeno a esta problemática. Por una parte, albergamos la cuarta biota más rica del mundo: ocupamos el primer lugar en cuanto a diversidad de reptiles, el tercero en mamíferos y el quinto en anfibios. Así, contribuimos sorprendentemente con el 10% de la riqueza global de especies3

Y por otra parte, el panorama socioeconómico refleja nuevos y crecientes retos. De 1950 al 2010, la población del país se cuadruplicó, y pasó de ser mayoritariamente rural a predominantemente urbana. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población, en tan sólo dos décadas superaremos los 140 millones de habitantes4, lo que supondrá un incremento en la demanda de bienes y servicios.

En tal contexto, cabe preguntarse ¿cómo cubrir las necesidades básicas de más y más mexicanos mediante un desarrollo económico sostenido pero sin comprometer nuestro equilibrio ecológico y nuestras riquezas naturales? ¿Cómo lograr el equilibrio entre potenciar las actividades económicas generadoras de riqueza, la distribución eficiente y equitativa de sus beneficios entre la sociedad y el respeto al medio ambiente?

Sin duda, encontrar soluciones a dichas interrogantes constituye un reto enorme que requiere del concurso de todos, pero es al mismo tiempo una oportunidad para construir una sociedad más justa e incluyente, capaz de generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Con plena conciencia de ello, el Partido Verde ha trabajado de forma responsable para materializar el derecho de los mexicanos a contar con un medio ambiente sano, consagrado en nuestra Carta Magna. En la actual legislatura Impulsamos y logramos la aprobación de diversos ordenamientos y reformas a leyes que hoy son una realidad. Destacan:

● La expedición de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que fortalece el sistema de justicia ambiental en el país al definir el concepto de daño ambiental, al establecer cuerpos jurisdiccionales y procedimientos especiales en materia ambiental, además de reconocer el derecho de comunidades y personas afectadas a exigir la reparación y compensación del daño.

● El impulso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, hoy denominada Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente, con el fin de velar por un sano equilibrio entre el desarrollo económico impulsado por la reforma energética y la preservación del medio ambiente.

● Reformas a la Ley General de Vida Silvestre que establecen la obligación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de implementar programas para la conservación, recuperación, reproducción y reintroducción de su hábitat de especies y poblaciones prioritarias para la conservación. Dichas reformas buscan, además, incentivar la participación social en el cuidado al medio ambiente. Con ello cumplimos con nuestro compromiso de nación de proteger el patrimonio natural de todos los mexicanos.

● Reformas para garantizar mecanismos para el control, procesamiento, reciclado y valorización de llantas usadas, así como la creación de una estrategia nacional en la materia.

● Reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para fortalecer el manejo de aquellos que considerados peligrosos a fin de evitar daños al medio ambiente y a la salud de los mexicanos.

● Reformas a la Ley General de Vida Silvestre para garantizar un trato digno y respetuoso a los ejemplares de vida silvestre en confinamiento a través de la creación de una figura de manejo que considere los elementos mínimos necesarios para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se les pudiera ocasionar.

También destacan:

● La creación de una legislación especializada en materia de calidad del aire y protección a la atmósfera, que impulsa el establecimiento de normas más estrictas y acciones coordinadas a nivel federal, estatal y local, para reducir los límites de emisiones de partículas y contaminantes.

● Reformas a la Ley General de Vida Silvestre para asegurar un modelo más eficaz de protección y conservación de especies migratorias, a través de mecanismos específicos para garantizar la identificación, actualización y evaluación de las rutas y ciclos migratorios de las especies, y del establecimiento de una política de conservación, preservación, restauración y manejo integral que incluya la creación de corredores biológicos que conecten ecosistemas y territorios.

Compañeras legisladoras, compañeros legisladores:

Con la celebración de este año, suman ya 42 ocasiones en que conmemoramos al medio ambiente. Más de cuatro décadas de sensibilización y acción. Y sin embargo, vale la pena preguntar, ¿qué más podemos hacer por la naturaleza?  

El Día Mundial del Medio Ambiente es la oportunidad perfecta para que desde esta alta tribuna nos comprometamos a realizar acciones en favor del medio ambiente y de forma concreta en favor de un consumo sustentable como el único modelo para garantizar el bienestar de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se une a la celebración del día mundial del Medio Ambiente 2015, cuyo slogan es: “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con moderación”, y refirma su compromiso para materializar el derecho de todos los mexicanos a vivir en un medio ambiente sano.

SEGUNDO.- Asimismo, invita a todas las instituciones del gobierno mexicano y la sociedad en su conjunto a realizar acciones sustentables que generen un impacto positivo sobre los ecosistemas mexicanos y los del planeta.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Tomás Torres Mercado.

1 PNUMA. 2015. Día Mundial del Medio Ambiente 2015. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Disponible en <http://www.unep.org/spanish/wed/>. Consultado en junio de 2015.

2 PNUMA. 2015. Qué es el DMMA. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Disponible en <http://www.unep.org/spanish/wed/about.asp>. Consultado en junio de 2015.

3 ESPINOSA, D., S. Ocegueda et al. 2008. El conocimiento biogeográfico de las especies y su regionalización natural, en Capital natural de México, vol. I: Conocimiento actual de la biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad: México. Páginas 33 – 65.

4 CONAPO. 2014. Proyecciones de la población 2010 – 2050. Consejo Nacional de Población: México. Disponible en <http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones>. Consultadoenjunio de 2015.





 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a actualizar los convenios U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en su modalidad de Educación Media Superior y Superior, y U023 Subsidios para Centros de Educación, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Se turna a la Segunda Comisión.

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia a las principales instituciones de educación superior del país. Actualmente está conformada por 180 Universidades e Instituciones de Educación Superior, tanto públicas como particulares de México.1

Desde su fundación en 1950, ha promovido el mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación, la extensión de la cultura y los servicios educativos, para ello participa activamente en la formulación de Programas, Planes y Políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana.2

Esta labor sin lugar a dudas es digna de destacar y merece todo el respaldo. La educación es un bien público y un derecho humano que permite una convivencia social armónica, el desarrollo económico en un mundo globalizado, el enriquecimiento cultural de la población y la estabilidad política de una Nación.

Hoy más que nunca, para los tomadores de decisiones públicas este bien debe ser visto a la luz de que estamos transitando de la etapa de la manufactura a la etapa global de la mentefactura, o también conocida como sociedad del conocimiento, que no es otra cosa más que “sociedades basadas en el saber, mediante inversiones elevadas en educación, formación, investigación y desarrollo, programas y sistemas de información; es decir, orientadas a la creación de conocimiento3”, donde los centros de nivel superior, principalmente, juegan un papel fundamental en ello. 

En nuestro país, parece que lo anterior no se ha entendido o no se ha querido entender. Los problemas estructurales a los que se enfrenta la ANUIES año con año son: deficiencia en los planes educativos, disparidad en la calidad de la educación, falta de infraestructura, corrupción y opacidad en la utilización de los recursos para otros fines distintos a los educativos y la presión política del estira y afloja de gobernadores o alcaldes que regatean el dinero que por ley debe ir destinado a los centros educativos.

Por ejemplo, el Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en su modalidad de Educación Media Superior y Superior, debiera ser la vía para entregar Recursos Federales a las Secretarías de Finanzas Estatales, para que éstas, los entreguen a Organismos Descentralizados Estatales (ODE), de Educación Media Superior (EMS), Superior (ES) y de Formación para el Trabajo (FT) que operan en los estados.4 En tanto que el programa U023 Subsidios para Centros de Educación, debiera ser el instrumento que distribuya recursos a las entidades federativas mediante la firma de convenios de apoyo financiero.5 Sin embargo, en la práctica esto no ocurre así. 

Al respecto es muy ilustrativo cuando la ANUIES prevé que casi 70 mil trabajadores de la educación cobran y no trabajan. Cuestión que no está alejada de la realidad, ya que el más reciente Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013 de la Auditoría Superior de la Federación, señala cómo en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, en el Programa Escuelas de Tiempo Completo, o en los Recursos Federales Transferidos a través de Subsidios para Centros de Educación, por mencionar algunos rubros, la constante es que se destinan millones de pesos a conceptos pagados en nómina no reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), no se ejercen los recursos para los fines educativos o hay montos por aclarar. Un claro ejemplo de este modus operandi se dio a conocer a raíz de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, elaborara el censo de profesores en el país, ya que a partir de esta información se supo que el año pasado la SEP y los estados, pagaron más de 2 mil millones de pesos a 39 mil 222 trabajadores fantasma. Cifra equivalente a lo que el Gobierno Federal le dio al Gobierno del Distrito Federal para concluir la Línea 12 y su ampliación a la terminal Observatorio.6

O cuando se alza la voz para exigir que los Programas académicos empiecen a ser acreditados, para tener más posibilidades de desarrollo y de recursos para las Instituciones de Educación Superior.7 

O cuando se dice que los apoyos destinados a Educación, Ciencia y Tecnología no son suficientes y que en lugar de apostarle al futuro y desarrollo del país en este tridente del éxito se opta por despilfarrar el dinero en campañas electorales.8

O cuando de manera puntual se dice que el modelo de financiamiento actual para escuelas de Educación Superior está caduco y que es necesario hacer ajustes y dar vida a un nuevo modelo de financiamiento para la Educación9, ya que en éste hay irregularidades en el manejo de los Recursos Públicos Federales, uso excesivo de discrecionalidad, fallas en los resultados de los Programas, así como ausencia de elementos suficientes y efectivos de supervisión y control.

En fin, es necesario eliminar las trabas burocráticas amañadas y las prácticas desleales como el chantaje político, ya que implican un agravio a la educación superior del país y, por ende, a la sociedad mexicana misma.

Las Instituciones de Educación Superior, deben recibir el recurso federal que por Ley les corresponde a la brevedad año con año, y sin necesidad de lidiar con alguna presión por parte de intermediarios.

En el caso del convenio U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en su modalidad de Educación Media Superior y Superior, se trata de la principal fuente de recursos de las ODE, y aportan alrededor del 50% del presupuesto de las de EMS, 60% de los recursos para capacitación para el trabajo y un porcentaje variable de las Universidades Públicas Estatales.10

Y en lo que se refiere al Convenio U023 Subsidios para Centros de Educación, su población objetivo beneficiaria es la estudiantil de nivel básico, Medio Superior y Superior de las 32 entidades federativas.

Pese a la importancia cualitativa y cuantitativa de ambos convenios, la SEP no los ha actualizado, tal y como lo dijo el propio Auditor Superior de la Federación, C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, durante el análisis del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, en funciones de Gasto Federalizado, el pasado 20 de marzo de 2015 en la Cámara de Diputados.

Con base en lo anterior, someto a la consideración de esta H. Asamblea el presente

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta, respetuosamente, al Secretario de Educación Pública para que actualice los convenios U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en su modalidad de Educación Media Superior y Superior, y U023 Subsidios para Centros de Educación, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a fin de que los Recursos Federales destinados a educación, se etiqueten directamente a los organismos descentralizados estatales, instituciones de educación básica, media superior y superior, así como las de formación para el trabajo que operan en las entidades federativas, sin intermediación de autoridad estatal alguna.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Dip. Danner González Rodríguez.

1 “Acerca de las NUIES”, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior”. Disponible en: http://www.anuies.mx/anuies/acerca-de-la-anuies [Última consulta: 31 de mayo de 2015]

2 Ibídem.

3 Planteamiento de la mesa “Universidad y sociedades del conocimiento”, Seminario Internacional México en los Escenarios Globales una visión prospectiva, 21 de febrero de 2011, UNAM. Versión disponible en internet: http://www.escenarios.unam.mx/_21.html [Última consulta: 31 de mayo de 2015]

4 “Gasto federalizado. Ramo 11. Subsidio para centros de educación”, Auditoria Superior de la Federación, p. 5. Disponible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_MR-CENTROS%20DE%20EDUCACI%C3%93N_a.pdf [Última consulta: 31 de mayo de 2015]

5 Ídem.

6 “$333 millones al mes, a maestros fantasma; la ANUIES pide limpia en el magisterio”, EXCELSIOR, 3 de marzo de 2014. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/04/03/952055 [última consulta: 31 de mayo de 2015]

7 “ANUIES: dinero sólo a las mejores instituciones”, CRÓNICA, 20 de marzo de 2002. Disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2002/8534.html [última consulta: 31 de mayo de 2015]

8 “¡Ya basta! que le den tanto dinero a los políticos para campañas: ANUIES”, LA JORNADA, 21 de mayo de 2009. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/05/21/politica/009n2pol [Última consulta: 13 de abril de 2015]

9 “SUFREN UNIVERSIDADES POR DINERO: ANUIES”, Campus México, 14 de enero de 2014. Disponible en: http://campusmexico.mx/2014/01/14/sufren-universidades-por-dinero-anuies/ [31 de mayo de 2015]

10 “Gasto federalizado. Ramo 11. Subsidio para centros de educación”, Óp. Cit., p. 5.

Ibídem.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a rediseñar su estrategia de educación cívica. Se turna a la Primera Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la actualidad es innegable que existe un profundo malestar por parte de la ciudadanía hacia la política y con los partidos políticos. Es notaria la insatisfacción con su falta de transparencia y de resultados, la política está bajo sospecha, y la democracia frente a un reto difícil de superar, debido a que hoy más que nunca las instituciones electorales y los institutos políticos deben recobrar la confianza de la ciudadanía en la democracia.

El “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México”, elaborado por el ahora extinto Instituto Federal Electoral, arrojó como resultados que más de la mitad de los jóvenes en México no se identifican con ningún partido político; 50 por ciento de las personas que participaron en alguna actividad política no electoral, mencionó que ésta no tuvo el resultado deseado; y 49 por ciento de los mexicanos cree que los políticos no se preocupan por gente como ellos1.

En el año 2013 el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia político-electoral, la cual contenía una serie de cambios dentro de los cuales destaca la reelección legislativa, la desaparición del Instituto Federal Electoral, y la creación del Instituto Nacional Electoral y a su vez contemplaba un aumento en el número de consejeros pasando de 9 a 11, aumento en el porcentaje para mantener el registro de un partido político, y la paridad entre hombres y mujeres en el Congreso, y legalizó los gobiernos de coalición, entre otros aspectos. Todos estos cambios con el único objeto de fortalecer el sistema político-electoral, y en consecuencia el régimen democrático.

Sin embargo, un punto toral que no fue una prioridad para esta reforma constitucional fue establecer mecanismos eficaces para aumentar la participación ciudadana y fortalecer la credibilidad de los partidos políticos entre la ciudadanía, esto en virtud de que 48 de cada cien mexicanos desconfían de estas organizaciones2, situación que sirve de indicio para entender por qué se pronostica una baja participación ciudadana en las próximas elecciones del día 7 de junio de 2015, esto aunado a que en los comicios intermedios donde se renueva la Cámara de Diputados históricamente se presenta una menor participación del electorado.

El registro histórico de los últimos 24 años permite entender que en las elecciones en las que se elige al representante del Ejecutivo Federal existe una mayor afluencia de electores a las urnas. Por ejemplo en 1991 la participación ciudadana en los comicios federales fue de 65.53% y bajó a 57.02% en 1997; para 2003 las cifras de participación fueron de 41.19% y 44.61% en 2009, mientras que para el año 2012 62.66%, 18% más de los que acudieron a las urnas tres años antes3.

Sin embargo, aun en los procesos de elección de renovación de la presidencia de la República, existe una baja participación, esto en frente al total del electorado, situación que representa un reto tanto para la autoridad electoral, como para todos los actores políticos inmersos en la vida pública del país.

El proceso electoral del presente año se ha caracterizado por desarrollarse en medio del clima de violencia e inseguridad que vive el país, tan sólo en lo que va del proceso electoral en curso, al menos 3 candidatos que aspiraban a cargos de elección han sido asesinados4; asimismo se han presentado casos de agresiones tanto a candidatos como a simpatizantes, e incluso, prácticas de espionaje e intimidación.

En el caso específico del Estado de Zacatecas, el Instituto Nacional Electoral (INE) estima que el nivel de abstención alcanzará el 55% del total de electores, esto de acuerdo con declaraciones de María del Refugio García López5vocal ejecutiva en el estado de dicho instituto. Esto aunado con la desconfianza que tiene la ciudadanía en los partidos políticos esbozan un grave panorama para la democracia electoral del país. En cuanto a la desconfianza que tiene la ciudadanía en Zacatecas de los partidos políticos, esta se ubica alrededor de 29.3 por ciento, esto de acuerdo a un estudio realizado por el Laboratorio de Estadística y Matemática Aplicada de la Universidad Autónoma de Zacatecas. De acuerdo con esta información de la pregunta ¿qué tanto confía en los partidos en una escala de cero a 10 donde cero es nada y 10 es mucho? La ciudadanía respondió que el 23.2 por ciento les dio un 5 de calificación, y apenas un 4.3 por ciento les otorga un 106.

Esto refleja que la situación de credibilidad en las elecciones debe llamar la atención de todos los actores políticos, en razón de que dicho descrédito puede generar falta de legitimidad a los gobernantes, así como a todo aquel que desempeñe un cargo de elección popular en el país. Sin partidos serios y confiables, es difícil imaginar que se pueden formar gobiernos eficientes.

Dentro de las funciones que tiene el INE se encuentran las de promover y alentar la participación ciudadana y para ello estableció la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática 2011-2015, la cual tiene por objeto construir una ciudadanía participativa. Dentro de los programas que tiene contemplados esta estrategia se encuentra el Sistema Nacional de Información para la Construcción de Ciudadanía y el Programa Nacional de Formación Cívica para la participación y la convivencia política democrática.

Sin embargo, y de acuerdo a las cifras citadas anteriormente, en cuanto a los índices de participación ciudadana en las elecciones, dicha estrategia parece no estar dando los resultados esperados, ya que los niveles y expectativas del electorado que participará en las próximas elecciones se encuentra por debajo del promedio de otros procesos electorales. A demás de que la percepción ciudadana respecto de los institutos políticos sigue siendo negativa.

En este sentido, el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar al Instituto Nacional Electoral y a los organismos electorales locales a rediseñar la estrategia de educación cívica, a fin de obtener mejores resultados en la formación ciudadana, y con ello, a un largo plazo lograr mayores índices de participación tanto en los procesos electorales como en la vida pública del país. Asimismo, por otro lado es necesario que el Instituto en coordinación con las dirigencias nacionales de los partidos políticos atiendan la mala percepción que tiene la ciudadanía respecto de estos, y en conjunto establezcan estrategias para cambiar dicha percepción, comprometiéndose a actuar con honestidad y un código de ética que promueva los principios y valores de la democracia.

Un país con tan bajos niveles de participación ciudadana no puede presumirse como democrático, ya que los resultados electorales podrían carecer de legitimidad, en virtud de la escaza cantidad de votos emitidos por el candidato o candidata ganadora de una elección. Es por ello que resulta urgente comenzar a establecer una educación cívica que realmente incida en los niveles de participación ciudadana, que demuestre la viabilidad de la democracia como forma de gobierno para brindar oportunidades para todos los ciudadanos, y sobre todo que garantice un Estado de derecho.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a implementar una nueva estrategia de educación cívica que tenga por objeto elevar los niveles de participación ciudadana en las elecciones de los tres órdenes de gobierno, así como revertir las percepciones negativas que tiene la ciudadanía respecto de los partidos políticos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Disponible en http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

2 “Desconfía 48% de mexicanos de partidos: encuesta”, La Silla Rota, 03-27-2015, disponible en internet: http://lasillarota.com/el-48-de-mexicanos-desconfian-de-partidos-encuesta#.VWSpts8n_Gc

3 Torres, Mauricio, “El abstencionismo, un 'huésped' no deseado de las elecciones intermedias”, CNN México, 07-01-2015, disponible en internet: http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/01/07/el-abstencionismo-un-huesped-no-deseado-de-las-elecciones-intermedias

4 AP, “Van 3 candidatos asesinados antes de comicios”, periódico El Universal, 15-05-2015, disponible en internet: http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/candidatos-asesinados-1100275.html

5 Palacios, Cecilia, “Prevé el INE abstencionismo de 55 por ciento en Fresnillo” Periódico NTR, 18-05-2015, disponible en http://ntrzacatecas.com/2015/05/18/preve-el-ine-abstencionismo-de-55-por-ciento-en-fresnillo/

6 Tapia, Alejandra Alma, “En medio de la crisis de credibilidad, inician campaña partidos”, 06-04-2015, disponible en internet: http://ljz.mx/2015/04/06/en-medio-de-la-crisis-de-credibilidad-inician-campana-partidos-politicos/?doing_wp_cron=1432651365.8143129348754882812500





 

De la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Veracruz a considerar la información relativa al clima de violencia en contra de las mujeres en esa entidad y analizar la posibilidad de presentar una solicitud de alerta de violencia de género. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita diputada DORA MARÍA GUADALUPE TALAMANTE LEMAS, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha determinado que “los homicidios de mujeres por razones de género”, son resultado de una situación estructural y de un fenómeno social arraigado en las costumbres y mentalidades; estas situaciones de violencia están fundadas en una cultura de discriminación basada en el género.

Discriminación, que tiene su origen en relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, lo que genera una situación de mayor vulnerabilidad y de limitación a las mujeres a su derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y a la seguridad. Por esto, la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas y en particular de las mujeres, constituye una obligación fundamental de los Estados.

Derivado de ello, el Estado Mexicano se ha comprometido nacional e interracialmente en reiteradas ocasiones,  como resultado en los últimos años se han implementado diversas modificaciones legislativas, programas gubernamentales y presupuestos públicos que consagran de manera formal el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.  Sin embargo, y a pesar de dichos avances, este derecho de todas las niñas y mujeres sigue siendo un gran desafío para el Estado Mexicano en su conjunto.

Ningún tipo de violencia, en ningún espacio puede ser tolerada, mucho menos cuando esta violencia pone en riesgo la vida de las niñas y las mujeres de determinadas regiones o espacio geográficos. En los últimos meses, se documenta por medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y la propia sociedad un notable incremento de violencia e inseguridad en el Estado de Veracruz, afectando indudablemente  la libertad de todas sus mujeres, particularmente en las últimas semanas se han reportado casos de desaparición, feminicidio y violencia sexual contra jóvenes de los municipios de Boca del Río, Poza Rica y Xalapa.

De acuerdo con la Fiscalía Coordinadora Especializada de Delitos de Violencia contra la Familia Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de 1 enero al 6 de mayo del presente año, se han registrado en el Estado de Veracruz once feminicidios, cuatro con acción penal, por otra parte la Organización Observatorio Nacional Contra el Feminicidio documenta 176 muertes de mujeres de las cuales afirma, solo el 49 han sido tipificadas como feminicidios.1 2

Casos específicos como el de Columba Campillo, estudiante de 16 años de edad desaparecida en Boca del Río el pasado 6 de mayo, después de que salió a correr como habitualmente lo hacía, su cuerpo fue encontrado sin vida en un terreno baldío el pasado viernes 8 de mayo con signos de tortura y violencia sexual.3

No obstante de la diferencia de cifras entre la Fiscalía General de Estado y la Organizaciones de la Sociedad Civil y los medios de Comunicación, las y los legisladores no podemos ser omisos, por el contrario es nuestro deber velar por la vida, la seguridad, y la libertad de todas las mujeres. La sociedad veracruzana, en respuesta a estos lamentables hechos ha manifestado de manera pacífica su indignidad en reiteradas ocasiones, exigiendo; la pronta respuesta de las autoridades, una vida libre de violencia para las mujeres y justicia para los lamentables casos de feminicidio.4

En respuesta, no nos queda a nosotras como legisladoras y legisladores, más que estar atentos y vigilar que se cumpla lo establecido en el marco jurídico, para que mediante acciones y mecanismos gubernamentales se de atención a la sociedad veracruzana.

Uno de estos mecanismo, es la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, que es una herramienta que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene como finalidad, detener y erradicar la violencia contra las mujeres a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios.

Es decir, la alerta es una medida de protección colectiva que obliga a actuar a los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal de manera articulada para enfrentar y erradicar desde una perspectiva de género, de forma pronta y expedita, la violencia en contra de las mujeres, en un territorio determinado.

La medida de protección busca enfrentar y erradicar la violencia feminicida, es decir, la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado.

A pesar de la importante finalidad que tiene este mecanismo, en nuestro país no se ha implementado hasta el momento, y al contrario de lo que representa para muchos gobiernos, la alerta es un mecanismo a favor de las mujeres.

Es importante mencionar que de acuerdo con el reglamento de la Ley, la solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género puede ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.

Derivado de ello, y considerando que cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres, debe de ser motivo para que todas y todos actuemos desde el ámbito que nos corresponde, hago este respetuoso llamado para que la Comisión Estatal de Derecho Humanos del Estado de Veracruz, en el ámbito de sus respectivas competencias, considere la información relativa al clima de violencia en contra de las mujeres en esta entidad y analice la posibilidad de presentar una solicitud de alera de violencia de género.

Todas las niñas y mujeres tienen el derecho a vivir libres de violencia, y lejos de pensar que la alerta de violencia de género es un mecanismo punitivo, es una herramienta de apoyo a las autoridades competentes para su actuación con debida diligencia en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.

Por lo anteriormente argumentado y con el afán de seguir articulando las acciones que garanticen a todas las niñas y mujeres, su derecho a vivir libres de violencia,  someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: Por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz para que en el ámbito de sus competencias profundice la información respecto al clima de violencia en contra de las mujeres en ese Estado.

Segundo: Por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz para que en el ámbito de sus competencias, considere la información relativa al clima de violencia en contra de las mujeres en esa entidad y analice la posibilidad de presentar una solicitud de alerta de violencia de género, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su respectivo reglamento.

Dado en el Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente,
el 3 de junio de 2015.

Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas.

1 http://www.veracruzanos.info/rechazan-ausencia-de-protocolos-en-casos-de-feminicidios-en-veracruz/

2 https://veracruz.quadratin.com.mx/Van-12-feminicidios-en-Veracruz-durante-2015-IVM/

3 http://www.blog.expediente.mx/nota/12471/periodico-de-veracruz-portal-de-noticias-veracruz/feminicidios-en-veracruz

4 http://www.veracruzanos.info/movilizacion-ciudadana-exige-fin-a-violencia-de-genero-en-veracruz/





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a realizar las investigaciones correspondientes para conocer y sancionar la posible comisión de delitos electorales por parte de Silvano Aureoles Conejo, candidato a gobernador de Michoacán por el PRD, PT y Nueva Alianza; Pascual Sigala Paez, candidato a diputado local plurinominal; Carlos Herrera Tello, candidato a presidente municipal de Zitácuaro; Norberto Antonio Martínez Soto, candidato a diputado federal por el distrito 06 de Hidalgo y Carlos Paredes Correa, candidato a diputado federal por el distrito 03 de Zitácuaro. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace más de más de cuatro décadas, don Jesús Reyes Heroles afirmaba con razón que el Diputado Federal está llamado a atender el interés general y ser gestor. “No se trata -decía el prócer- de ser tramitador de negocios sino de algo mucho mayor: de ser el procurador de los pueblos”.

Sin embargo, desgraciadamente existen políticos que confunden la gestión pública con la gestión de recursos para su beneficio particular.

Este parece ser el caso del candidato a la gubernatura de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien como diputado federal por el distrito 03 con cabecera en Zitácuaro, gestionó recursos por más de 5,560 millones de pesos entre los años 2013 y 2014 los cuales, hoy sabemos, fueron utilizados de manera irregular para favorecer a los intereses Aureoles Conejo y su equipo político1.

Los recursos cabildeados por el entonces coordinador de los diputados del PRD –que dicho sea de paso equivalen a casi cuatro veces los ingresos que percibirá Michoacán por el cobro de impuestos en 2015- en lugar de beneficiar a los michoacanos, sirvieron para que políticos se convirtieran en empresarios beneficiados con obras amañadas y con sobreprecios.

Por ello, el pasado 24 de mayo de 2015, el dirigente estatal del PRI en Michoacán y también compañero legislador, Senador Agustín Trujillo Iñiguez junto con el Senado Jesús Casillas Romero, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Michoacán, dieron a conocer toda una red de corrupción dirigida desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, cuando ésta estuvo a cargo de Silvano Aureoles Conejo, actual candidato a Gobernador por el PRD, PT y Nueva Alianza. Cabe recordar, que Aureoles antes de presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, fungió como Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD durante los dos primeros años de la LXII Legislatura, cargo que aprovechó para hacer diversas gestiones.

Se trata de una serie de documentos que respaldan las irregularidades encontradas durante las licitaciones públicas federales que comprenden los ejercicios fiscales 2013 - 2014 en los municipios de Tuxpan y de Irimbo, Michoacán.

Dicha red de corrupción pone en evidencia la complicidad y entramado de intereses de tipo político – comercial, y que permite conocer diversas irregularidades en procesos de licitación, las cuales sin duda constituyen un daño patrimonial a las finanzas públicas, donde el existía una simulación de competencia entre las empresas participantes en la licitación, un sobreprecio en los costos y en la construcción de las obras.

Entre las múltiples irregularidades podemos encontrar obras con sobreprecios que van desde el 100 hasta un 450 por ciento y que fueron presuntamente licitadas a diversas empresas, todas con el mismo representante legal y el mismo grupo de beneficiarios, entre los que se encuentran “distinguidos perredistas” y actuales candidatos a diversos puestos de elección popular como: Silvano Aureoles Conejo; Pascual Sigala Paez, secretario general del PRD en Michoacán y actual candidato a diputado plurinominal; Carlos Herrera Tello, actual candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro; Norberto Antonio Martínez Soto, ex Presidente Municipal de Irimbo y actual candidato a Diputado Federal por el Distrito 06 de Hidalgo y Carlos Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y actual candidato a Diputado Federal por el distrito 03 de Zitácuaro.

Las empresas beneficiadas son: INGENIERIA DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS  PA & NOR S.A. de C.V. propiedad de Pascual Sigala y Norberto Antonio Martínez Soto;  IDEMICH S.A. DE C.V.; LUMIAMPER S.A. de C.V. De igual forma QUELITI CONSTRUCCION S.A. de C.V. por conducto de Juan Carlos Pérez Olivares, quien funge de auditor de las empresas de su prestanombres de Carlos Herrera Tello, y a su vez de Silvano Aureoles. Otra de las empresas es TORECOMA S.A de C.V. por conducto de su prestanombres de Carlos Herrera Tello. Y, SUPER BEE S.A. de C.V. por conducto de Apoderada legal Julieta Jury Abuchard, esposa de Galileo Herrera Tello, hermano del Candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello.

De acuerdo con los expedientes se pueden desglosar tan sólo las siguientes 10 obras que les fueron asignadas en este breve periodo de tiempo:

1. OBRA: “Construcción de Auditorio de usos múltiples en el CBTF Ciudad Hidalgo, Irimbo”.

2. Número de Obra: MTM/DOP/LIPFED-003/2014.

Celebrada: Entre Carlos Alberto Paredes Correa, ex Presidente Municipal de Tuxpan y actual Candidato a Diputado Federal por Zitácuaro y la empresa Ingeniería de Soluciones Estratégicas PA & NOR S.A DE C.V. por conducto de Norberto Antonio Martínez, ex presidente municipal de Irimbo y actual candidato a diputado federal por el distrito 6 del PRD y prestanombres de Carlos Herrera Tello candidato a presidente municipal de Zitácuaro y Pascual Sígala Paez, secretario general del PRD y primera fórmula para diputado local plurinominal del PRD.

Se encontró: Facturas número A2, expedida por la personal moral referida, por la cantidad de $1,799,369.48 pesos, así como la factura número A16 por la cantidad de $ 587,331.23 pesos; tres comprobantes de operaciones bancarias de fechas 13 de marzo, dos del 08 de julio y una del 27 de julio del 2014; traspaso de la cuenta BANCOMER número 0193081214 a la cuenta número 072441008097945518 de BANORTE por las cantidades de$1,799,369.48, $524,338.34, $ 583,331.24 y $ 915,491.54 pesos, respectivamente.

3. OBRA: Remodelación y equipamiento de la cancha de basquetbol Zaragoza del Sur. 

Celebrada: Entre Carlos Alberto Paredes Correa ex presidente municipal de Tuxpan y actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa PA & NOR S.A de C.V por conducto de Norberto Antonio Martínez, ex presidente municipal de Irimbo y actual candidato a diputado federal por el distrito 6 del PRD y prestanombres de Carlos Herrera Tello candidato a presidente municipal de Zitácuaro y Pascual Sígala Paez, secretario general del PRD y primera fórmula para diputado local plurinominal.

Se encontró: Cinco comprobantes de transferencias bancarias por las cantidades de:$ 332,200.90, $254,854.58, $ 920,416.75, $ 497,543.23, y $ 809,559.01, respectivamente.

4. OBRA: “Centro de Justicia para la mujer en el municipio de Tuxpan”. 

Número de Obra: MTM/DOP/LIPFED-014/2014. 

Celebrada: Por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa PA & NOR S.A de C.V por conducto de Norberto Antonio Martínez, ex presidente municipal de Irimbo y actual candidato a diputado federal por el distrito 6 del PRD y prestanombres de Carlos Herrera Tello candidato a presidente municipal de Zitácuaro y Pascual Sígala Paez, ex Secretario General del PRD y primera fórmula para diputado local plurinominal.

Se encontró: Factura número A27 por la cantidad de $ 2,509,881.61 pesos; Tres comprobantes de movimientos bancarios de fechas 06 de febrero, 06 de marzo y 21 de abril del 2105, por las cantidades de $ 2,499,063.15, $ 1,174,423.24 y $709,380.15 pesos,  respectivamente.

Costo Total de la obra: $7,836.544.89.

5. OBRA: “Construcción del Colector Hidráulico en el municipio de Tuxpan, Michoacán.”

Número de Obra: LO816098996-N4-2013

Celebrada: Por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal  de Tuxpan y actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa  QUALITI CONTRUCCIÓN S.A de C.V por conducto de Juan Carlos Pérez Olivares quien funge de auditor de las empresas de su prestanombres de Carlos Herrera Tello candidato a presidente municipal de Zitácuaro por el PRD.

Se encontró: Análisis de precios unitarios; escritura pública 336 de fecha 18 de mayo de 2005, otorgada ante la fe de notario público 135, Modesto Barragán Romero, con ejercicio y residencia en la ciudad de Zitácuaro, el cual no corresponde con el documento que obra en el registro público de la propiedad y que se alude en dicho instrumento.

6. OBRA: “Camino con pavimento asfaltico de Corucha – Huacarillo en el municipio de Tuxpan, Michoacán”.

Número de Obra: LO-826098996-N9-2014

Celebrada: Por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa TORECOMA S.A de C.V. por conducto de su representante, prestanombres de Carlos Herrera Tello candidato a presidente municipal de Zitácuaro.

Se encontró: La factura A 105 por la cantidad de $ 6,134,063.02 pesos.
Costo Total de la Obra: $ 27, 328,137.68

7. OBRA: “Construcción de red de drenaje en San Victoriano, Pedregal, Benito Juárez, Manzana del Tambor y La Esperanza en Tuxpan.

Celebrada: Por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa denominada SUPER BEE S.A de C.V. por conducto de apoderada legal Julieta Jury Abuchard esposa de Galileo Herrera Tello hermano de Carlos Herrera  Tello candidato a presidente municipal de Zitácuaro.

Se encontró: Un comprobante fiscal digital folio 03, por el importe de $1,059,019.59 pesos.

8. OBRA: Construcción de Alumbrado Público de las Calles del Centro y de la Unidad Deportiva de Tuxpan, Michoacán.

Número de Obra: MTM/DOP/LIPFED-007/2014.

Celebrada: Entre Carlos Alberto Paredes Correa, ex Presidente Municipal de Tuxpan y actual Candidato a Diputado Federal por Zitácuaro, y la empresa IDEMICH S.A. DE C.V. por conducto del Ing. J. Dolores García Arellano, prestanombres de Carlos Herrera Tello candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro por el PRD.

Se encontró: Dos depósitos de la cuenta: 0196675581 a la cuenta de la institución Bancaria BANAMEX 002537700460739300 a nombre de IDEMICH S.A DE C.V. por un monto de $2, 071, 501.87 con fecha 06 de octubre del 2014,  así como otro depósito por  $2,900,102.61 de fecha 08 de octubre del 2014.

9. OBRA: Construcción de Alumbrado Público del Malacate (A  Puerto del Obispo del Municipio de Tuxpan).

Número de Obra: MTM/DOP/LIPFED/008/2014

Celebrada: Entre el Ayuntamiento de Tuxpan, por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal  de Tuxpan y actual candidato a Diputado Federal en Zitácuaro por el PRD, y la empresa IDEMICH S.A. DE C.V. por conducto del Ing. Dolores García Arellano, prestanombres de Carlos Herrera Tello, candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro.

Se encontró: Tres comprobante de depósitos: de la cuenta 0196675581 hacia la cuenta de la institución bancaria BANAMEX 002537700460739300 a nombre de IDEMICH S.A. DE C.V., como beneficiario de fecha 03 de octubre, 07 de octubre y  08 de octubre del 2014 por las cantidades de $1, 773,872.83 pesos;  $2,483,421.97 pesos; y $2,483,487.21 pesos, respectivamente.

10. OBRA: Construcción de Alumbrado Público en el Boulevard de Tuxpan, Michoacán.

Número de Obra: MTM/DOP/LIPFED-009/2014

Celebrada: Entre Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y actual candidato a diputado federal de Zitácuaro, y la empresa LUMIAMPER S.A. de C.V. por conducto del Ing. J. Dolores García Arellano, prestanombres de Carlos Herrera Tello, candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro del PRD.

Se encontró: Comprobante fiscal digital emitido por la empresa de fecha 03 de octubre del 2014 por $1, 781, 106.90 pesos; dos comprobantes de transferencias bancarias de fechas 03 y 07 de octubre de 2014 por las cantidades de $1, 781, 106.90 pesos y $2, 493, 549.65 pesos.

Costo Total de la Obra: $7,124, 427.58

11. OBRA: “Construcción de alumbrado público de la ciudad de Tuxpan la Cofradía”.

Celebrada: Por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal  de Tuxpan y actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa   LUMIAMPER S.A. de C.V. por conducto del Ing. J. Dolores García Arellano, prestanombres de Carlos Herrera Tello, candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro del PRD.

Se encontró: Una factura número A59, por la cantidad de $ 2, 938,842.66 pesos; dos comprobantes de fechas 3 y 7 de octubre de 2014, por la cantidad de $ 2,086,247.38 y $2,920,746.34 pesos, respectivamente.

Lo anterior, es una pequeña  muestra de un gran expediente que debe ser investigado por las autoridades correspondientes.

La red de corrupción dirigida por el entonces legislador implicó que  25 gobiernos municipales gobernados por el PRD recibieran recursos extraordinarios con el objeto de apuntalar la candidatura de Silvano Aureoles al gobierno de Michoacán. El municipio de Tuxpan, administrado por un incondicional de Aureoles, por ejemplo, ejerció más de 133 millones de pesos en 2014, cuando su presupuesto ascendía únicamente a 80 millones2.

El dinero excedente, además de enriquecer a algunos políticos locales, también se ha utilizado para la candidatura de Silvano Aureoles Conejo, pues el despilfarro de recursos en su campaña ha sido más que evidente, con excentricidades tales como la renta de helicópteros utilizados por dirigentes del PRD, o la saturación de publicidad que inunda las calles y carreteras de Michoacán con la imagen de Aureoles Conejo.

Ante la presunción del desvío de recursos públicos y su utilización en campañas políticas, la aplicación de la ley debe ser inmediata.

No obstante que nuestros compañeros Agustín Trujillo Iñiguez y Jesús Casillas Romero han señalado que presentaran las denuncias correspondientes, es necesario alzar la voz desde esta tribuna, ya que está en juego el futuro de miles y miles de michoacanos, quienes no merecen prácticas que pensábamos habían quedado en el pasado y que no abonan a un estado que necesita seguir en la ruta de crecimiento.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán a realizar las investigaciones correspondientes para conocer y sancionar la posible comisión de delitos electorales, de uso indebido de recursos públicos, de enriquecimiento ilícito, de peculado o de delincuencia organizada por parte de Silvano Aureoles Conejo, Candidato a Gobernador  de Michoacán por el PRD, PT y Nueva Alianza; Pascual Sigala Paez, candidato a diputado local plurinominal; Carlos Herrera Tello, candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro; Norberto Antonio Martínez Soto, candidato a Diputado Federal por el Distrito 06 de Hidalgo y Carlos Paredes Correa, candidato a Diputado Federal  por el distrito 03 de Zitácuaro.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a realizar las investigaciones correspondientes, respecto al correcto ejercicio y aplicación de los recursos que se han destinado a los municipios del Estado de Michoacán.

1 Cfr. Primer nforme de Actividades Legislativas del Diputado Federal Silvano Aureoles Conejo, 2014, p. 45, disponible en ww.diputadosprd.org.mx/docs/informes/primer_informe_sac.pdf

2 Cfr. “Presenta PRI denuncia ante la PGR contra Silvano Aureoles”, Radio Fórmula, 25 de mayo de 2015.





 

Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe del estado jurídico administrativo que guardan actualmente los anuncios espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de México, así como de las estrategias o programas de trabajo implementados para combatir la corrupción en la aplicación de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito Dip. JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO, hago uso esta Tribuna para presentar Proposición con Punto de Acuerdo, con el carácter de urgente u obvia resolución, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 116 y 127 de la Ley Orgánica del H. Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta Asamblea las siguientes:

CONSIDERACIONES

A cinco años de la vigencia de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, prevalece la corrupción en la publicidad de espectaculares, por lo que la Ciudad de México enfrenta una problemática interrelacionada con derechos humanos.

En ese sentido, las empresas de publicidad utilizan la ciudad de forma deplorable que genera contaminación visual y daña salud pública  debido a que las autoridades no cumplen cabalmente con la aplicación de la Ley; el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA) no hace una verificación correcta. La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) dejó que creciera esta publicidad. Las autoridades del gobierno capitalino encargadas de reordenar los espectaculares han hecho caso omiso a la Ley de Publicidad Exterior.

En la Actualidad existen más de diez mil anuncios espectaculares que saturan la imagen urbana, de los cuales, solo el 30 % están regulados y el 70% es ilegal. Existe un padrón total de 4,454 espectaculares que presuntamente están regulados y que se aprecian en las principales avenidas de la ciudad.

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), ha reconocido que pese al debido empadronamiento de los anuncios, la ilegalidad y la corrupción sobre pasa los alcances legales. Según la institución local son cerca de siete mil espectaculares irregulares de empresas privadas y de publicidad que supuestamente se niegan a ingresar al programa de reordenamiento.

Lo anterior demuestra que a cinco años de la Vigencia de norma regulatoria las acciones y programas implementados por el Gobierno del Distrito Federal son ineficientes y fomentan corrupción.

Los empresarios del ramo denuncian que los lineamientos para las medidas y lugares donde pueden instalarse los distintos tipos de publicidad exterior no son respetados, toda vez que a pesar de que sus anuncios están debidamente regulados a través del padrón, el INVEA está suspendiendo sus actividades, lo que significa que los intereses de la institución y del Gobierno del Distrito Federal obedecen a circunstancias muy diversas y ajenas al debido cumplimiento de las disposiciones vigentes. Lo cual explica que sin motivo, ni argumento alguno, de manera repentina dicha autoridad ha clausurado 7000 anuncios, incluidos los que están regularizados.

Con independencia del tipo de empresas, así como el contenido de los espectaculares, el Gobierno del Distrito Federal de forma arbitraria ha retirado sin previo aviso alguno a los afectados, todo tipo de espectaculares, sin importar el contenido de los mismos y su proceso de regularización. Tal es el caso de los anuncios con propaganda electoral, que por obvias razones se encuentran debidamente regulados por una legislación federal y que cumplen con todos los requisitos administrativos para su establecimiento, y que sin mayor explicación las autoridades del Distrito Federal han suspendido o clausurado, vulnerando los principios rectores del proceso electoral, y generando innumerables conflictos por incumplimiento de contratos de publicidad diversa.

Por las consideraciones vertidas y en congruencia con el compromiso adquirido con los ciudadanos mexicanos, expongo a su consideración la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el carácter de urgente u obvia resolución, misma que de estimarlo procedente, solicito se apruebe en sus partes integrantes:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que dentro del término de diez días hábiles, rinda un informe pormenorizado del estado jurídico administrativo que guardan actualmente los anuncios espectaculares que actualmente se encuentran colocados en la Ciudad de México, así como de las estrategias o programas de trabajo implementados para combatir la corrupción en la aplicación de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal.

Respetuosamente

Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño.





 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a garantizar una vigilancia y verificación más estricta del cumplimiento de la normatividad laboral por parte de las tiendas de autoservicio de las multinacionales minoristas. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, diputada de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México las multinacionales como Walmart, McDonald´s, BBVA Bancomer y Domino´s Pizza generan ventas anuales hasta por 370 mil millones de pesos y dejan utilidades que ascienden a los 30 mil millones de pesos. Sin embargo, esta bonanza económica que estas grandes empresas transnacionales obtienen en el mercado mexicano, no se refleja en los sueldos que dan a sus empleados.1

Es preocupante la precariedad salarial que ofrecen las multinacionales a nuestros conciudadanos en nuestro propio país, cuando estas grandes empresas extranjeras obtienen ganancias estratosféricas en suelo mexicano.

Por ejemplo, Walmart, el líder mundial de las tiendas de autoservicio, reportó que para en abril sus ventas comparables en nuestro país crecieron 4.7% anual, una tasa mayor a la esperada por el mercado. Esto le acredita, de enero a abril, cuatro meses consecutivos con resultados positivos.2

Y respecto a sus ventas totales en México, la empresa minorista detalló mediante un comunicado en abril, que estas crecieron 6.8% sobre las ventas obtenidas el mismo mes del año anterior.3

Sin embargo, las condiciones laborales de sus empleados no son tan buenas como sus ventas. La compañía más grande por volumen de ventas a escala mundial y mayor empleador en México (197 mil asociados), paga salarios de 15.3 a 17.38 pesos por hora, lo cual implica un sueldo de 1270 a 1459 pesos por quincena, teniendo en cuenta jornadas laborales de 36 a 48 horas semanales con un día de descanso.

Así, los bajos salarios que ofrece Walmart contrastan desmesuradamente con las ganancias que esta transnacional obtiene en el país. Esta política de bajos sueldos también contrasta con lo que la misma multinacional ha hecho en los Estados Unidos de América en abril pasado, al aumentar los sueldos de sus empleados en el país de origen del líder minorista4. Sin embargo, la precariedad del ingreso laboral tan sólo es la punta del iceberg.

Aún más alarmante son las prácticas de contratación de la empresa que surgieron a la luz, después de un trabajo de investigación realizado por periodistas de El Universal. El ejercicio periodístico arrojó los siguientes resultados:

En primer lugar, se cuestiona a cada postulante, a través una solicitud de empleo otorgada por la empresa, si cuenta con alguna de las 27 enfermedades descritas en la solicitud o si hay embarazo. Esta práctica es discriminatoria en el acceso al trabajo, basada en condiciones de sexo y/o de salud.

El artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo establece que “No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana”.

Sin embargo, la multinacional Walmart, al cuestionar a los candidatos a un puesto de trabajo si se encuentran en estado de embarazo o con alguna de las enfermedades por ellos descritas en la solicitud de empleo, está atentando contra esta disposición legal. Un trabajo digno consiste en un trabajo en el cual, desde su proceso de selección hasta el fin del contrato laboral, no se establezcan condiciones de discriminación que atenten contra la dignidad humana.

Además, la discriminación en el acceso laboral basada en el estado de embarazo, constituye una discriminación basada en el género, ya que se trata de una condición inextricablemente ligada a la mujer. Preguntar la condición de embarazo en una solicitud de empleo es violatorio, pues del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, pero también del artículo 164 el cual establece que “las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres”. Sin embargo, la discriminación resultante del embarazo en el periodo de contratación, no garantiza el disfrute del derecho a las mismas oportunidades laborales para hombres y mujeres.

Si el Estado mexicano no se encarga, por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de vigilar el respeto de condiciones laborales dignas en el país, entonces estaría faltando a su obligación de hacer cumplir la ley y estaría violando sus obligaciones internacionales de garantizar la igualdad ante la ley como de asegurar los derechos humanos de todas las personas dentro de su jurisdicción. Como consta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la discriminación (empleo y ocupación), todos los cuales han sido ratificados por México.5

Otra práctica ilegal de Walmart, revelada en el ejercicio de investigación periodística de El Universal, en materia laboral consiste en obligar a los empleados a firmar su renuncia antes de ser contratados y desistir a otros derechos laborales. Esta práctica es totalmente violatoria de la Ley Federal del Trabajo, la cual establece en su artículo 5, fracción XIII: “las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca: […]Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo. En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas”.

Desafortunadamente, el caso de Walmart no es una situación aislada. Otras multinacionales tales como McDonald´s, Domino´s Pizza, Srtarbucks, Burger King y Vips (estas 4 últimas operadas por el grupo Alsea) incurren en las mismas prácticas ilegales, según revela el estudio del prestigioso periódico.

Todas estas multinacionales se caracterizan por ofrecer a sus empleados en México: bajos salarios, inseguridad del empleo, falta de seguro social, discriminación sexual y por condición de salud en el acceso al empleo, entre otros actos de discriminación.

En consecuencia, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, siempre en apoyo del desarrollo de empresas socialmente responsable en beneficio de las y los mexicanos, consideramos indispensable que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de sus dependencias correspondientes, realice una mayor y mejor vigilancia de las tiendas de autoservicio de las multinacionales minoristas que se encuentran en el territorio nacional, para verificar que las mismas operan en estricto cumplimiento de la normatividad laboral y en el pleno respeto de los derechos laborales de sus trabajadores.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA QUE A TRAVÉS DE SUS DEPENDENCIAS COMPETENTES, REALICE UNA MAYOR Y MEJOR VIGILANCIA EN LAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO DE LAS MULTINACIONALES DEL COMERCIO MINORISTAS QUE SE ENCUENTRAN EL TERRITORIO NACIONAL, PARA VERIFICAR QUE ESTAS OPERAN CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD LABORAL, SIN DISCRIMINACIÓN Y EN EL PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS LABORALES Y HUMANOS DE SUS TRABAJADORES.

Dado en el Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente,
el 3 de junio de 2015

Dip. María Sanjuana Cerda Franco.

1 EL UNIVERSAL. (2015, mayo 26). “Multinacionales, con altas ganancias pero bajos salarios”. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/multinacionales-con-altas-ganancias-pero-bajos-salarios-1102674.html

2 EL ECONOMISTA. (2015, Mayo 6). “Ventas de Walmart superan expectativas en abril”. Disponible en:  http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/05/06/ventas-walmart-superan-expectativas

3 Ibídem.

4 THE WASHINGTON POST. (2015, Febrero 19). “Wal-Mart to raise pay for 500,000 workers”. Disponible en: http://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2015/02/19/wal-mart-to-raise-pay-for-500000-workers/

5 HUMAN RIGHTS WATCH. (1996). “Sin garantías. Discriminación sexual en el sector de maquiladoras de México”. Disponible en: https://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/1996/mexico4.html





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a investigar la adquisición de un predio ubicado en el fraccionamiento Vista Real, en San Carlos, Guaymas, Sonora, por parte del gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución, de acuerdo a la siguiente:

CONSIDERACIONES

Apenas hace unos meses al Gobernador de Sonora Guillermo Padrés se le atribuyó de tener una presa para él y su familia en el rancho El Pozo Nuevo.  Ahora, hace unos días se dio a conocer que también adquirió una playa con valor de aproximadamente 7.5 millones de dólares en un área exclusiva de San Carlos, Nuevo Guaymas; lo anterior, se dio a conocer a través de un desplegado por la agrupación Guaymas tu Puerto AC.

De acuerdo con la inserción en el periódico “El Vigía” que circula en Guaymas y Empalme firmada por Víctor Roberto Parra Maldonado, “¿Ya conoces la playa privada de Padrés?”, esta playa privada tiene una extensión de 100 metros lineales dentro del complejo residencial “Vista Real”.

Asimismo, circula en redes sociales un video en el que se revela la existencia de dicha playa privada, propiedad de Guillermo Padrés, Gobernador de Sonora.  En el video se menciona lo siguiente:

¿Ya conoces la playa privada de Guillermo Padrés? La playa privada de Guillermo Padrés es el nuevo escándalo nacional, donde el gobernador de Sonora y su familia, pidieron entre otras propiedades, un terreno con playa privada en el exclusivo destino turístico de San Carlos, en Guaymas.

San Carlos se ha convertido en el destino consentido de las nuevas inversiones de funcionarios públicos de la administración estatal del gobierno de Sonora. La playa privada de Padrés y su familia mide más de cien metros lineales a la orilla del Mar de Cortés y se encuentra ubicada en el lujoso fraccionamiento Vista Real de San Carlos. 

Vista Real es un lugar exclusivo y de descanso de las familias más adineradas y de los empresarios más exitosos de Sonora y Sinaloa. El precio de la operación es escandaloso: supera los siete y medio millones de dólares, que al tipo de cambio actual alcanza unos 115 millones de pesos.

El Gobernador Padrés y su familia han tratado de esconder mediante simulaciones legales la operación privada ante la Dirección de Notarías del Estado de Sonora y del ayuntamiento de Guaymas, cuando era alcalde el panista César Lizárraga Hernández.

Este es un caso más de enriquecimiento ilícito en donde se involucra al gobernador de Sonora. Este es un caso más de corrupción donde se ven involucrados el mismo Guillermo Padrés, su hermano Miguel Padrés y su cuñado Roberto Dagnino. El PAN Sonora es corrupto"

No conforme con la acusación sobre la tenencia de una presa de uso exclusivo para Padrés, ahora resulta que el gobernador de Sonora, pudo costear la adquisición de una playa privada.

Según datos de la Auditoria Superior de la Federación, Padrés incrementó su fortuna de 2006 (cuando era Senador de la República) a 2015 en un 9 mil por ciento.

En el 2006 Padrés Elías poseía 2.1 millones de pesos, en el 2008 se incrementó en un 30%, es decir pasó a 2.7 millones de pesos. Actualmente su riqueza se incrementó en 9 mil por ciento a meses de dejar el cargo de Gobernador del Estado.

Según el cálculo que hicieron peritos valuadores, Padrés Elías posee entre cuentas bancarias, bienes y propiedades 500 millones de pesos, en poco tiempo hizo mucha fortuna.

Padrés es dueño de una hacienda en San Pedro que tiene una mansión, cuenta con lagos artificiales, caballerizas y su carretera está pavimentada y su rancho “El Pozo Nuevo” en el 2008 no contaba con las obras hidráulicas como la presa, el mini acueducto, siembra de Nogales y tampoco tenía cabezas de ganado.

The Wall Street Journal, reveló que el gobernador Padrés es investigado por la Secretaría de Hacienda por haber recibido cantidades millonarias de empresarios a cambio de contratos de su gobierno. Padrés utiliza a su hermano Miguel Padrés para transferir a bancos de Estados Unidos cifras millonarias que hasta el mes de marzo de este año se calculaban en 8.9 millones de dólares.

Los gobiernos federal y estatal cuentan con un sistema que controla la evolución del patrimonio de los servidores públicos a partir de las declaraciones patrimoniales que anualmente presentan; como es el caso de Padrés, que en sus declaraciones patrimoniales ha sido inconsistente y falto de verdad.

El artículo 79 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece que la Secretaría de la Función Pública llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

El artículo 86 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, estipula que, serán sancionados conforme al Código Penal los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito.

ARTÍCULO 100.- Serán sancionados en los términos que disponga el Código Penal, los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito.

Por su parte, el artículo 100 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios del estado de Sonora, establece que se sancionara a conforme al Código Penal a los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito.

Para efectos en la materia de análisis, enriquecimiento ilícito deberá entenderse por los bienes de una persona física, que conforme al artículo 87de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son bienes de los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que se adquieran, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público.

ARTÍCULO 101.- Para los efectos de esta ley y del Código Penal, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público.

El artículo 224 del Código Penal Federal, contiene los tipos del delito de enriquecimiento ilícito y sus sanciones: a) se establece la responsabilidad penal directa al servidor público que incurre en enriquecimiento ilícito; y b) después hace extensiva esa responsabilidad a quienes no siendo servidores públicos co- participen en la comisión de los delitos tipificados en el primer párrafo. Así mismo, se establecen las sanciones a que se hacen acreedores quienes actualizan la hipótesis normativa que se contiene en los tipos:

● Se aplicará el decomiso en beneficio del Estado de los bienes que fueron materia del enriquecimiento ilícito.

● Se impondrán penas privativas de libertad que van desde los tres meses hasta los catorce años, dependiendo del monto del enriquecimiento ilícito.

● Se establecerán multas que van desde treinta hasta quinientas veces el salario   mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de comisión de los hechos, esto depende del margen en función del enriquecimiento ilícito recibido por el activo.

● Se podrá inhabilitar para el desempeño de empleo, cargo o comisión públicos, desde los tres meses hasta los catorce años, esto en consideración del monto del enriquecimiento ilícito.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la  Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que investiguen la adquisición por parte del gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, de un predio ubicado dentro del fraccionamiento Vista Real, en San Carlos, Guaymas, Sonora, toda vez que la adquisición de dicho predio no observa proporción con los ingresos que percibe el ejecutivo estatal por el desempeño de su encargo.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 03 de junio de 2015.





 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz a rendir un informe del cumplimiento de la orden de aprehensión derivada de la causa penal 26/2012-IV en contra de Manuel Bautista García y Marisela Hernández Cruz por los delitos de fraude, cometidos en agravio de miles de ahorradores de Veracruz. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, Senador de la República, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la presente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

En 1998, Manuel Bautista García y su esposa Maricela Hernández Cruz constituyeron en el municipio de Cerro Azul, Veracruz, una sociedad de inversión y una caja de ahorro denominada “Caja de Ahorro del Municipio de Cerro Azul”.

Durante los primeros diez años, tanto la sociedad como la caja de ahorro pagaban a sus inversionistas un interés mensual entre el 3% y 4%, logrando rápidamente que miles de veracruzanos se interesaran en invertir en dichas sociedades. No obstante lo anterior, a partir de julio de 2010, y bajo el argumento de un supuesto secuestro, y falta de liquidez por parte de los hoy denunciados, dejaron de cubrir los intereses pactados, así como el capital inicial, causando un daño patrimonial por un monto total de $358,972,635.00 (trescientos cincuenta y ocho millones novecientos setenta y dos mil seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N), afectando aproximadamente a 1486 personas que de buena fe confiaron sus ahorros obtenidos con el producto de años de trabajo, para destinarlos a esas sociedades de inversión, cuyos propietarios actualmente se encuentran prófugos de la justicia.

Ahora bien, ante la negativa de pago, los ahorradores afectados, conformaron un Comité “Pro-recuperación de ahorros invertidos”, presentando las denuncias CER/002/2011, CER/003/2011, CER/001/2012 y CER/002/2012 en contra de Manuel Bautista García  y Maricela Hernández Cruz por el delito de fraude. Dichas denuncias se integraron debidamente y se consignaron ante el Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial en Tuxpan Veracruz, con residencia en Alamo-Temapache, quien conoció y dio trámite a la causa penal 26/2012-IV, de la cual se desprenden lo siguientes hechos relevantes:

A) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó –vía oficio memorándum DGE-667/2011-que la Caja de Ahorro del Municipio de Cerro Azul, Veracruz, no contaba con autorización alguna de la Comisión para realizar o continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo, en términos de la ley, para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

B) Con fecha 6 de octubre de 2011, el Titular del Registro Público de la Propiedad en el municipio de Naranjos, Veracruz, notificó al Juez de la causa que fueron asegurados 8 bienes inmuebles a nombre de los hoy denunciados. Por otra parte, se les embargaron tres cuentas bancarias, por la cantidad de $29,276,060; $512.26 y $25,425.49, dando un total de $55,214.15.

Es importante señalar que dichos bienes inmuebles y las cantidades reflejadas en las cuentas bancarias señaladas, no se pusieron a disposición de ninguno de los ahorradores afectados.

C) Mediante oficio número 3615, el Juez Segundo de Primera Instancia de Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz, informó la existencia de 40 juicios ejecutivos mercantiles radicados en ese Juzgado en contra de los señores Manuel Bautista García  y Maricela Hernández Cruz, derivados del mismo fraude.

D) Previo a constituir la sociedad de inversión, así como la caja de ahorro, testigos afirmaron que Manuel Bautista García se desempeñó como empleado y  Jefe de las oficinas de Hacienda del Estado de Cerro Azul y Naranjos en Veracruz, para posteriormente  desempeñar un cargo mayor en el SAT.

Esta situación permite presumir que el denunciado actúo dolosamente, valiéndose de la información y de los conocimientos de contabilidad adquiridos en dichos puestos para posteriormente maquinar un fraude mediante la emisión de 529 tarjetas de ahorro equivalentes a la cantidad de $11,701,156.00 (once millones setecientos un mil ciento cincuenta y seis pesos) y la emisión de 1633 pagares, por

un monto total de $ 358,143,827.00 (trescientos cincuenta y ocho millones ciento cuarenta y tres mil ochocientos diecisiete pesos), a sabiendas de que su sociedad de inversión y caja de ahorro nunca fueron legalmente autorizadas por la CNBV.

Derivado de estos lamentables hechos, con fecha 29 de mayo de 2012, el Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial en Tuxpan Veracruz, determinó que al haberse reunido los elementos del delito de fraude, y acreditado su probable responsabilidad, procedió a girar orden de aprehensión en contra de Manuel Bautista García  y Maricela Hernández Cruz, por lo quehizo del conocimiento del Agente del Ministerio Público del Juzgado, así como del entonces Procurador General de Justicia para que procedieran a ejecutar la orden de captura, con la recomendación de internar a los inculpados en la cárcel preventiva municipal local, para ponerlos a disposición del Juzgado antes mencionado.

Por otra parte, de diversos medios de comunicación del estado, se desprende que los ahorradores afectados por este fraude se han reunido con distintas autoridades que han prometido darle puntual seguimiento y celeridad al proceso, sin que hasta el momento se haya obtenido algún resultado en favor de los mismos.

Resulta alarmante que a tres años de que se giró la referida orden de aprehensión, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General, no ha ejercitado acción alguna para intentar cumplimentar la captura de estas personas que de manera dolosa causaron un grave daño patrimonial a miles de veracruzanos. Por ende, los funcionarios involucrados están incurriendo en una responsabilidad administrativa, por haber demorado casi más de tres años en ejecutar dicha orden de aprehensión, violando con ello la garantía individual del derecho al debido proceso que le asiste a estos ahorradores afectados que se han visto despojados de su patrimonio, así como el derecho a la protección judicial que gozan todos los mexicanos.

Los agraviados solo obtendrán justicia cuando estos delincuentes terminen en prisión, pero además, devuelvan el monto total que se robaron, ya que es inaceptable que un fraude de tal magnitud continúe impune, y que se les permita seguir defraudando a toda costa, a quienes de buena fe, destinan su dinero obtenido a lo largo de los años, con el fin de mejorar la calidad de vida para sus familias.

En mi calidad de representante de los miles de veracruzanos afectados, que desde hace tres años reclaman a las autoridades que cumplan con su deber, sin obtener resultado alguno, exijo a las autoridades correspondientes que de inmediato actúen en contra de los responsables, se les finque responsabilidad y los lleven a la justicia, para que a través de ésta, se les condene por el engaño en que mantuvieron a miles de ahorradores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Veracruz, a rendir de inmediato un informe detallado del cumplimiento de la orden de aprehensión derivada de la causa penal 26/2012-IV, en contra de Manuel Bautista García y Marisela Hernández Cruz por los delitos de fraude, radicada en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz.

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Veracruz a que de inmediato cumplimente la orden de aprehensión derivada de la causa penal 26/2012-IV, en contra de Manuel Bautista García y Marisela Hernández Cruz por los delitos de fraude, radicada en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz.

Atentamente

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015

Sen. Fernando Yunes Márquez.





 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al Comité para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a promover la realización de una cinta cinematográfica. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL, Diputada Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA AL COMITÉ PARA LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A PROMOVER LA REALIZACIÓN DE UNA CINTA CINEMATOGRÁFICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A unos cuantos meses de que la República conmemore el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (febrero de 2017), resulta indispensable llevar a efecto desde ahora los trámites necesarios para la filmación de una cinta cinematográfica que contribuya a destacar tan importante acontecimiento de la vida nacional.

La propuesta que se eleva a la alta consideración del Pleno de la Comisión Permanente conlleva el interés de que las y los mexicanos, a quienes nos tocará vivir tan significativa fecha, mantengamos vigentes los principios e ideales que motivaron al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, para convocar al Congreso Constituyente de Querétaro 1916-1917.

Difundir en el siglo XXI los hechos que lo motivaron, los debates que se suscitaron y destacar la vida de algunos de sus principales protagonistas, aprovechando los recursos cinematográficos con que se cuenta en la actualidad, permitirá con toda certeza la producción de una película de la más alta calidad, dado el talento existente en la industria del cine, que caracteriza a nuestro país.

La motivación de esta legisladora por exhortar al Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, integrado por los titulares de los tres poderes de la unión, para la realización de una cinta cinematográfica,  es porque considero que el cine es el medio masivo más idóneo para difundir tan importante evento de la historia de México, que dio como  resultado nuestra Ley Fundamental.

El conocimiento de la Carta Magna y el respeto a sus preceptos, debe ser la más alta aspiración para celebrar su centenario y la realización de la película que se propone a ello abonaría, además de que más allá del territorio nacional tendríamos la oportunidad de presentar la película en los principales festivales de cine internacionales lo que contribuirá a difundir nuestra cultura y alentar el interés de los extranjeros por visitar nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo:

Único.- la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a promover la realización de una cinta cinematográfica.

Recinto de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Dip. Magdalena Núñez Monreal.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora a informar por qué no ha dado inicio a la armonización legislativa relativa a la implementación del sistema de justicia penal; a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que investiguen la correcta aplicación de los recursos destinados a la implementación del sistema de justicia penal y la posible comisión de delitos electorales por parte de funcionarios estatales. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Después de un largo debate legislativo, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, llamada coloquialmente “Reforma Penal”, cuyo principal objeto es la transformación del sistema de justicia penal, pasando de uno con características mixto a uno adversarial o de corte acusatorio y oral, a efecto de que en éste prevalezca el respeto a los derechos humanos que la misma Carta Magna consagra y cuyos principios rectores son la inmediación, continuidad, publicidad, contradicción, concentración y oralidad, a efecto de que se brinde seguridad jurídica a las personas y se atienda la demanda ciudadana de contar con una procuración e impartición de justicia expedita y eficaz.

Con la reforma constitucional de junio de 2008, el Estado mexicano emprendió una transformación institucional de gran envergadura para transitar de un sistema penal inquisitorio y escrito, a uno de corte acusatorio y oral.

En esencia, este nuevo sistema penal tiene como objetivos garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia, la protección a las víctimas, la presunción de inocencia, la reparación del daño y en consecuencia, una nueva racionalidad para la ejecución de penas.

El nuevo sistema penal busca garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita que mandata nuestra Carta Magna, a través de la incorporación de los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, así como de la adopción de procedimientos de vanguardia para perseguir eficazmente el delito, evitar la impunidad y proteger al inocente; todo ello en un marco de pleno respeto a los derechos humanos.

La reforma de 2008 constituyó solo el primer paso para un cambio de paradigma en la administración de justicia en México. Por lo mismo, trajo consigo un gran número de obligaciones para diversas autoridades, cuyo plazo para su ejecución vence el 18 de junio de 2016.

De acuerdo con el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008:

El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.

En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.

En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales.

En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.

Para la coordinación de este nuevo sistema, se previó la creación de un Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, como un órgano encargado a nivel nacional de dirigir y diseñar las estrategias adecuadas para la materialización del nuevo modelo de justicia, con el propósito de que su operación y funcionamiento sean integrales, congruentes y eficaces en todo el país.

En este sentido, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), la cual es un órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía administrativa, ha sido fundamental para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.

No obstante los esfuerzos y acciones que se han realizado, resulta por demás inexplicable, porqué algunas entidades federativas se encuentran retrasadas en la implementación del sistema de justicia penal, particularmente el Estado de Sonora, el cual ha presentado nula implementación y correcta aplicación del nuevo sistema de justicia penal, no obstante que se han destinado los recursos necesarios para llevar a buen puerto dicho sistema.

De acuerdo con cifras de la SETEC, de 2011 al 2014 se han destinado al Estado de Sonora importantes cantidades de recursos para diversos rubros, entre los que se encuentran la Planeación; Normatividad; Gestión y Reorganización Institucional; Capacitación; Difusión y Transparencia; Infraestructura y equipamiento, y Tecnologías de la información.

A manera de ilustración, referimos que en 2011, se destinó la cantidad de $10,165,978 pesos; en 2012 $14,824,175.28 pesos; en 2013 $12,700,272 pesos y por si fuera poco, para 2014 $27,900,264.08 pesos, es decir, en 4 años se destinaron más de 65 millones de pesos, sin ningún resultado.

Cabe señalar, que los rubros y montos antes señalados, no son datos que deban ser objeto de alguna consulta de información pormenorizada; son datos que son públicos y que se encuentran para consulta en la página electrónica de la SETEC.

El Congreso local, por su parte, ha destinado más de 130 millones de pesos para que el Gobierno del Estado y el Poder Judicial estuvieran en condiciones de poder cumplimentar administrativamente todas las adecuaciones necesarias1, sin que al momento se tengan resultados concretos sobre la implementación.

Asimismo, el pasado miércoles 20 de mayo, durante el “7º Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia. Reforma al Sistema de Justicia Penal a un Año de Vigencia”, el licenciado Alejandro Martí García, Presidente de México SOS, A.C., señaló que se cumplían siete años de trabajo y esfuerzo colectivos, donde se puso en la agenda la necesidad de empezar a sumar esfuerzos y promover las reformas más importantes en materia de justicia del último siglo.

El señor Martí, también refirió que no habría situación más grave que abandonar la reforma a su suerte, porque se dejaría a la deriva la aplicación de la ley, la justicia y la seguridad, por lo que la reforma penal se tiene que implementar al cien por ciento en todo el país, sin excusas, sin dudas y sin regateos.

Para la consecución de la operación del sistema penal, refirió que es fundamental la voluntad política de quienes toman las decisiones, destacando algunos casos exitosos donde se han desarrollado buenas prácticas para lograr un sistema de justicia penal.

Asimismo, valientemente denunció que algunos Gobernadores no han hecho lo que están obligados a hacer, que son “son adalides del federalismo cuando se trata de la implementación de un mandato tan importante, pero a la hora de luchar por la seguridad y la justicia se vuelven centralistas”, lamentando así, y poniendo como ejemplo el pobre desempeño y voluntad política de los funcionarios del Estado de Sonora, el cual no ha iniciado nada, lo cual es una verdadera lástima.

Aunado a lo anterior, en días pasados diversos diarios de circulación nacional dieron a conocer que funcionarios encargados de la implementación del sistema de justicia penal, se dedicaban a la operar electoralmente a favor del PAN. Es el ejemplo de Sergio Gutiérrez Luna, quien es Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Sonora, mismo que actúa como un “mapache electoral” al realizar proselitismo a favor de Javier Gándara, candidato panista a Gobernador.

Dichos diarios, refieren que a pesar de su carácter de funcionario estatal, Sergio Gutiérrez al hacer uso de las redes sociales, reiteradamente emite comentarios a favor del candidato panista al gobierno del estado, Javier Gándara y contra la priista Claudia Pavlovich.

Todas estas omisiones nos ayudan a explicar por qué Sonora dejó de ser en los últimos años el estado más seguro de la frontera y por qué se posicionó en el quinto lugar en índice delictivo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014, elaborada por el INEGI2.

Sonora confirma que los retrocesos en la implementación de la reforma penal son inversamente proporcionales al avance de la delincuencia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un extrañamiento al Gobernador del Estado de Sonora, Lic. Guillermo Padrés Elías toda vez que no ha dado inicio para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, derivado de la reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Sonora, Lic. Guillermo Padrés Elías, para que informe el estado que guarda el proceso de avance en la implementación del sistema de justicia penal, el cual vence el próximo 18 de junio de 2016.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a realizar las investigaciones correspondientes al ejercicio de los recursos que se han destinado al Estado de Sonora para la implementación del sistema de justicia penal.

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones correspondientes al posible desvío de recursos que se han destinado al Estado de Sonora para la implementación del sistema de justicia penal.

QUINTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a realizar las investigaciones correspondientes para conocer y sancionar la posible comisión de delitos electorales por parte de funcionarios estatales.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 3 de junio de 2015.

1 Cfr. “Pudiera tener responsabilidad por incumplimiento la Comisión Implementadora del nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora: Samuel Moreno”, El Reportero de la Comunidad, 21 de mayo de 2014.

2 Cfr. INEGI (2014), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), disponible en www.inegi.org.mx





 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, María del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Maki Ortiz Domínguez, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández y Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral a la administración del Registro Agrario Nacional, en relación a la celebración de contratos y/o convenios de colaboración suscritos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el desarrollo de diversos proyectos, en el período 2012-2014. Se turna a la Tercera Comisión.

JUAN CARLOS ROMERO HICKS, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MARCELA TORRES PEIMBERT, ERNESTO RUFFO APPEL, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ. Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II;108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE EN PLENO USO DE SUS FACULTADES LEGALES, REALICE UNA AUDITORÍA INTEGRAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, EN RELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO QUINTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL PERÍODO 2012 AL 2014, TIEMPO EN EL QUE ESTUVO A CARGO COMO DIRECTOR GENERAL EL C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, LO ANTERIOR A FIN DE PROMOVER, EN SU CASO, PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La corrupción sigue siendo un mal que aqueja a esta administración pública, por ello es obligación de los servidores públicos actuar con honestidad, transparencia y legalidad, a la vez de vigilar la adecuada aplicación de los recursos públicos. Pues dicha corrupción se está aprovechando de las oportunidades y de las normas o procedimientos que dejan espacios vacíos para dar paso a la discrecionalidad.

En auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y al Registro Agrario Nacional (RAN) con números Auditoría Forense: 13-4-99015-12-0245 y Auditoría Forense: 13-0-15B00-12-0294, respectivamente, se señalan las anomalías siguientes:

“La ASF ha observado graves irregularidades durante 3 años consecutivos de fiscalización en este rubro y, no obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las acciones promovidas, persiste la práctica reiterada de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, realicen adjudicaciones directas con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras públicas, estudios técnicos y supervisión; programas de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Exploración y Producción, al amparo de los artículos 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4° de sus respectivos Reglamentos.

Estos esquemas permiten en muchos casos, eludir las licitaciones públicas, simular los servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan a otras empresas y/o personas físicas; y se ha dado el caso de que son empresas inexistentes o vinculadas. Estas situaciones han sido denunciadas con anterioridad por la ASF y se ha solicitado al SAT, la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal…”

Como se aprecia, por más que la ASF denuncie las irregularidades encontradas y en su caso se ejecuten las sanciones administrativas a los involucrados por parte de las autoridades correspondientes, la situación sigue siendo la misma, ya que el marco normativo así lo permite y porque las autoridades fiscalizadoras no han realizado su tarea de manera eficiente.

De esta manera, de las auditorias referidas al inicio de las consideraciones, ambas señalan la misma problemática, sólo que las observaciones realizadas por la ASF están dirigidas por un lado a la UAEM y por otro, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al RAN, a fin de que cada institución por su lado, realice las investigaciones y proceda en consecuencia.

Cabe señalar que derivado del análisis de los contratos y convenios realizado por la ASF, se determinó que en las declaraciones de los contratos el FONDICT-UAEM manifestó que contaba con capacidad técnica, material y humana para la prestación de los servicios, por lo que no requeriría de la contratación con terceros en un porcentaje mayor al 49.0%; sin embargo, se constató que el FONDICT-UAEM subcontrató los servicios pactados, en porcentajes hasta del 95.0% de su monto con 41 proveedores, que 10 de ellos tampoco tenían la capacidad técnica, material y humana, por lo que para cumplir con los servicios pactados con el FONDICT-UAEM, a su vez subcontrataron con otras 20 empresas y 8 personas físicas.

Es decir, el FONDICT-UAEM no contaba con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se comprometió mediante la formalización de 14 contratos y convenios con la SEP, el RAN, la SCT, el SENASICA y el BANOBRAS además, se aprecia que la subcontratación de terceros se realizó sin cumplir con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento

Asimismo es importante precisar que el FONDICT-UAEM, siendo el responsable de la subcontratación de los proveedores, no administró los recursos públicos con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control, y presumiblemente coadyuvó en la simulación de contrataciones para que ese grupo de empresas que sirvieron como proveedores se beneficiara con los recursos públicos pagados.

Aunado a lo anterior y en sintonía con el análisis de la auditoria forense, se presume la posibilidad de simulación de actos a efecto de regularizar la contratación de servicios para obtener beneficios en favor tanto del FONDICT-UAEM, como de las empresas subcontratadas.

Ahora bien, en relación a las anomalías detectadas con el Registro Agrario Nacional, la Auditoria Superior de la Federación señala irregularidades y ordenó iniciar un proceso administrativo sancionador por daño y perjuicio al erario público, de lo anterior se desprende lo siguiente:

● 321.5 millones de pesos por no proporcionar evidencias documentales de las nóminas y/o recibos de honorarios, dispersión de los recursos comprobantes fiscales y laborales.

● 1.61 millones de pesos por malos manejos de recursos que no fueron entregados a los fines convenidos.

● 2.31 millones de pesos por pago de papel para títulos de los cuales no hay evidencia que hayan sido recibidos.

● 8.76 millones de pesos por la renta de dos aviones no tripulados, de lo cual no se tiene registro de documentación de la recepción de los mismos.

● 2.1 millones de pesos por renta y mantenimiento de equipos de fotocopiado de los cual no se presentó documentación alguna de la utilización de los mismos.

● 138 mil pesos por tarjetas de combustible ECOVALE que no fueron entregados a tiempo y no se reintegraron.

Lo anterior representa un total de 474.28 millones de pesos mediante, producto de la utilización del esquema de celebración de contratos y convenios de colaboración entre el Registro Agrario Nacional, Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar FANAR y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México lo que ha permitido al Registro Agrario Nacional en contubernio con la UAEM evadir licitaciones públicas, simular servicios y adquisiciones, subcontratar proveedores no capacitados, y repartir el recurso público con empresas que, de acuerdo con la ASF, se encuentran vinculadas entre sí

Los resultados arrojados en esta auditoría también se cruzan con los obtenidos en otra auditoría que practicó la ASF directamente al Registro Nacional Agrario: “Contratos y/o Convenios de Colaboración Suscritos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, al Amparo del Artículo 1, Párrafo Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.” (13-0-15B00-12-0294).

En ambas auditorías, el RAN es objeto de actos indebidos por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México que afectan en general a la hacienda pública y de manera particular la tesorería del Registro Agrario Nacional; y sin embargo, todo ello sucedió con total indiferencia por parte de los servidores públicos del RAN al no realizar ningún esfuerzo por verificar y/o corroborar la calidad, cantidad y oportunidad en la entrega de los bienes y servicios por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, lo cual se puede presumir de actos en contubernio.

Producto de esas auditorías, , la ASF emitió un conjunto de Pliegos de Observación tanto a la Universidad Autónoma del Estado de México, como al Registro Agrario Nacional, a fin de resarcir el probable daño causado a la hacienda pública. Desafortunadamente este proceso implica tiempo y depende en mucho de las pruebas que muestre la ASF para llevar a buen término su propósito, caso contrario, se puede alentar el proceso y al cabo de cinco años prescribe la facultad de la ASF para concluir los procesos.

Derivado de lo anteriormente señalado y en respuesta a las demandas y exigencias de la ciudadanía en busca de erradicar la incrustada corrupción, sometemos a la consideración de esta comisión permanente con carácter de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Función Pública para que en pleno uso de sus facultades legales, realice una auditoría integral a la administración del Registro Agrario Nacional, , en relación a la celebración de contratos y/o convenios de colaboración suscritos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el desarrollo de diversos proyectos, al amparo del artículo 1, párrafo quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para el período 2012 al 2014, tiempo en el cual estuvo como Director General C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, con el propósito de promover, en su caso, los procedimientos de responsabilidades administrativas sancionatorias, y en caso de comprobarse la presencia de actos de contubernio para dañar la hacienda pública, iniciar las denuncias penales correspondientes.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a que realice una auditoria especial a la Universidad Autónoma del Estado de México, con el objeto de que, en el marco de su participación en la celebración de Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, se determine la viabilidad técnica y jurídica de sancionar e inhabilitar a esa casa de estudios como proveedor de bienes y servicios.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Contralor Interno de la Secretaría de la Función Pública a que audite la gestión del 2012 a la fecha, del Titular del Órgano Interno de Control en el Registro Agrario Nacional , a fin de conocer su actuación, y en todo caso, verificar su posible corresponsabilidad en la adjudicación directa que el Registro Nacional Agrario realizó en la celebración de contratos y convenios de colaboración suscritos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en especial el suscrito con la Universidad Autónoma del Estado de México, mismo que fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013.

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación a realizar auditorías de seguimiento a la Universidad Autónoma del Estado de México y al Registro Agrario Nacional en relación con la suscripción de contratos y convenios de colaboración suscritos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Lo anterior teniendo como antecedente la Auditoría Forense: 13-4-99015-12-0245 y Auditoría Forense: 13-0-15B00-12-0294. Además, se exhorta a dicho órgano superior de fiscalización a que concluya en su momento con la solventación de observaciones emitidas a esa institución educativa y al Registro Agrario Nacional.

QUINTO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Organismo Público Local Electoral y del Órgano de Fiscalización Superior en el Estado de Sonora, para que investiguen el posible desvío de recursos públicos destinados a la campaña política del candidato a la Alcaldía de Hermosillo por la coalición, “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”.

Atentamente

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Sen. Juan Carlos Romero Hicks.





 

Del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de Acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice y audite los contratos de servicios que las dependencias y las entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, así como los fideicomisos privados que ejerzan recursos federales, de los que se hayan beneficiado las empresas: Comercializadora oficina Eolo S.A de C.V., Eolo Plus S.A de C.V., Maquinaria IGSA S.A de C.V., IGSA S.A de C.V., Grupo Industrial IGSA S.A de C.V., particularmente Petróleos Mexicanos, y sus filiales, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación; P.M.I. Comercio Internacional S.A de C.V., Compañía Mexicana de Exploraciones S.A de C.V. así como de la Comisión Federal de Electricidad. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, MANUEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante de la agrupación Movimiento Regeneración Nacional y el senador Manuel Bartlett Díaz del grupo parlamentario del PT, con fundamento en los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del CGEUM, presenta a esta Soberanía PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE FISCALICE Y AUDITE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS QUE LAS DEPENDENCIAS Y LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, ASÍ COMO LOS FIDEICOMISOS PRIVADOS QUE EJERZAN RECURSOS FEDERALES, DE LOS QUE SE HAYAN BENEFICIADO  LAS EMPRESAS: COMERCIALIZADORA OFICINA EOLO S.A DE C.V., EOLO PLUS S.A DE C.V., MAQUINARIA IGSA S.A DE C.V., IGSA S.A DE C.V., GRUPO INDUSTRIAL IGSA S.A DE C.V., PARTICULARMENTE PETRÓLEOS MEXICANOS, Y SUS FILIALES, PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, PEMEX REFINACIÓN; P.M.I. COMERCIO INTERNACIONAL S.A DE C.V., COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES S.A DE C.V. ASÍ COMO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, conforme a las siguientes

CONSIDERACIONES

En un régimen democrático como el que aspiramos a construir, el gobierno federal debe someterse al control de otros poderes que impida abusos en el ejercicio de sus funciones y que prevenga, persiga y castigue hechos de corrupción. En el debate académico y parlamentario, los dos instrumentos por excelencia con que el Poder Legislativo cuenta para controlar y vigilar las acciones del gobierno son las comisiones legislativas y la fiscalización superior de la Cuenta Pública.1

En nuestro diseño institucional, el Congreso mexicano está facultado para ejercer ese control de diversas maneras; por ejemplo, creando comisiones de investigación para el examen del funcionamiento de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria como derecho de minoría establecido en el artículo 93 constitucional. Ese derecho ha sido violado impunemente por el grupo parlamentario del partido en el gobierno y sus aliados en la LXII Legislatura.

Ejerce también ese control político al aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, como dispone el artículo 79 de la Constitución.

Asimismo, con el auxilio de la Auditoría Superior de la Federación, examina en forma posterior los ingresos y los egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; y realiza auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rinden en los términos de la ley de la materia.

La disposición constitucional invocada señala también que la Auditoría Superior de la Federación debe entregar el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a consideración del pleno de esta soberanía y tendrá carácter público.

En dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por las entidades fiscalizadas y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales.

El examen de la Cuenta Pública es la oportunidad para revisar si las dependencias y las entidades de la administración pública federal, así como los demás organismos fiscalizados han respetado los principios y las normas relativos a la ejecución del gasto.

Específicamente, el artículo 134 de la Carta Magna establece que los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, y el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a fin de satisfacer los objetivos para los cuales están destinados.

La Cámara de Diputados está obligada a cumplir oportunamente la atribución constitucional de fiscalizar que el gasto del Ejecutivo se aplique conforme a estos principios.

La tarea de fiscalización de la entidad superior cobra mayor importancia en virtud de las denuncias sobre posibles actos de corrupción y conflictos de interés que han alcanzado a Enrique Peña Nieto, presidente de la República, a su familia y a prominentes miembros de su gabinete.

En efecto, a raíz de que se dio a conocer que Angélica Rivera, esposa del presidente, adquirió la que se conoce como “La Casa Blanca”, en Sierra Gorda, Lomas de Chapultepec, con un valor de 86 millones de pesos, que le fue vendida por una empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, quien se ha beneficiado de múltiples contratos de obra y de servicios desde que Peña Nieto era gobernador del estado de México, no ha cesado la exigencia pública de que el asunto sea aclarado.

A la fecha no hay una explicación convincente sobre las relaciones personales y de negocios del propietario de Grupo Higa con el titular del Ejecutivo federal, su familia e integrantes de su gabinete.

Ello, pese a que, obligado por la presión de la prensa nacional e internacional, así como de la sociedad mexicana, que se siente agraviada por este vergonzoso hecho, el presidente de la República “instruyó” hace más de cuatro meses a uno de sus subordinados, el nuevo secretario de la Función Pública, que investigara el posible conflicto de interés de que es protagonista e informase a la sociedad sobre sus resultados.

Los mexicanos seguimos esperando los detalles de las indagatorias, sin muchas esperanzas de que su subordinado y amigo, el doctor Virgilio Andrade, incrimine a su jefe.

Estas interrogantes podrán ser respondidas sólo por las instituciones encargadas de vigilar, fiscalizar y controlar al Ejecutivo y por un Congreso que rompa las ataduras presidenciales. Sólo así se recobrará la confianza, hasta hoy perdida, de la sociedad en la política a la que asocia con la corrupción y la impunidad gubernamental.

Conforme al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, la ASF lleva a cabo revisiones de tres tipos a los organismos públicos: de cumplimiento financiero, de desempeño y forenses.

Estamos a tiempo de que los proyectos citados y las dependencias, así como los fideicomisos que les destinaron recursos, sean auditados con profesionalismo, imparcialidad e independencia. Sólo así recuperaremos la confianza en las instituciones y la Cámara de Diputados cumplirá eficazmente la función de control político que, en esencia, se deriva de la soberanía popular que representa. Ejerzamos a plenitud ese poder soberano.

El 7 de abril de año en curso, presenté ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para solicitar a la ASF auditara todos los proyectos de infraestructura otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria al Grupo HIGA de Juan Armando Hinojosa Cantú, en virtud de que otras empresas de su propiedad también han presentado servicios a la APF, considero conveniente sean auditados y fiscalizados en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2014.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en el marco de la revisión de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2014, fiscalice y audite todos los contratos de servicios financiados por dependencias de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, en los que hayan resultado beneficiadas las empresas: Comercializadora oficina Eolo S.A de C.V.; Eolo Plus S.A de C.V.; Maquinaria IGSA S.A de C.V.; IGSA S.A de C.V.; Grupo Industrial IGSA S.A de C.V., con contratos de servicios y otros otorgados particularmente por Petróleos Mexicanos y sus filiales, y por la Comisión Federal de Electricidad, a dichas empresas.

Notas

1 Puente Martínez, Khemvirg; y Gutiérrez Luna, Anahí. “La fiscalización y el control político en el Congreso mexicano”, en Fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, LXII Legislatura, México, 2104, páginas 391 y 392.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Dip. Manuel Huerta Ladrón de Guevara.- Sen. Manuel Bartlett Díaz.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre los alcances del proyecto de ampliación de la Línea 12 del Metro, así como el proyecto ejecutivo que lo sustenta. Se turna a la Primera Comisión.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El pasado 12 de mayo de 2015, se publicó en el diario Oficial de la Federación, la convocatoria pública nacional número LO-909005989-N5-2015 (909005989-DGOP-F-004-15), para participar en los "Trabajos de Construcción de la Obra Civil y Obras Complementarias para la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (Primera etapa)."

El proyecto contempla conectar a las estaciones Mixcoac y Observatorio a través de la construcción de la estación Valentín Campa, que se ubicará sobre Avenida Minas y la estación Álvaro Obregón, que se construirá sobre Calle 10.

Los antecedentes sobre las numerosas irregularidades que se presentaron durante la construcción de la primera etapa de la Línea 12, que a la postre llevaron a la suspensión del servicio en 11 de las 20 estaciones, apremia a que en  la construcción de este nuevo tramo, se lleven a cabo las acciones pertinentes para prevenir que se susciten  nuevamente este tipo de anomalías, que no sólo evidencian un uso ineficiente de los recursos públicos, sino que también ponen en riesgo la integridad de los usuarios de este medio de transporte público.

En este sentido, la Comisión para la Investigación de la Línea 12 del Metro, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal integró para conocer las razones que originaron la suspensión parcial de la Línea Dorada, presentó en su informe diversas acciones con el objetivo de prevenir que se presenten nuevos irregularidades en la construcción de este tipo de obras.

Al respecto, una de las principales omisiones en la Construcción de la Línea Dorada, lo constituyó la falta de un proyecto ejecutivo que no permitió una planeación integral y provocó fallas tan graves como la inadecuada “integración tren- vía” que fue un factor determinante para el incremento del desgaste ondulatorio que derivó en la suspensión del servicio.

Asimismo, la Comisión recomienda que una vez definida la Ingeniería Básica del  proyecto sólo se podrán realizar cambios a ésta, mediante un análisis costo – beneficio  en el que se analicen los distintos escenarios técnicos que se generen por la modificación.

Además de las recomendaciones técnicas, la Comisión Investigadora considera diversas acciones que se deben tomar en cuenta durante la contratación de los servicios de  las empresas encargadas de realizar el proyecto. En este sentido, señala que se debe procurar que los Contratos por Prestación de Servicios (PPS) se ajusten realmente a la naturaleza de los mismos y no como sucedió, con la compra de 30 trenes de la Línea 12 a la empresa CAF, que de acuerdo a la Comisión Investigadora constituye una “deuda pública contraída a través de la creación de fideicomisos al amparo de esta figura jurídica.”

Actualmente, la empresa CAF sigue cobrando por un servicio que no realiza, pues más de la mitad de las estaciones no funcionan. El costo de sus servicios está cotizado en a un tipo de cambio de 16.75 pesos por dólar americano, lo que significa que CAF no solo está cobrando al Gobierno del Distrito Federal por un servicio que no presta, sino además lo hace a un sobre precio.

Bajo estos señalamientos, no se pueden permitir más errores en la ampliación de la Línea 12. De igual forma, se debe dar seguimiento puntual a las afectaciones que pudieran sufrir las viviendas por donde se realice la obra y dar respuesta a las mismas, evitando así que se presenten casos como los que se suscitaron durante la primera etapa de la obra y que hasta hoy todavía exigen la indemnización por las afectaciones.

Las múltiples irregularidades presentadas durante la construcción de la Línea 12, evidencian falta de transparencia y el uso ineficiente de los recursos públicos; en este sentido, el Gobierno del Distrito Federal y el Sistema de Transporte Colectivo deben poner a disposición de la ciudadanía toda la información necesaria para constatar que el proyecto se lleva a cabo conforme a las normas vigentes,  tomando en cuenta las  recomendaciones para que la obra se realice en tiempo y forma, pero sobre todo, que se garantice su correcto funcionamiento.

Los legisladores del PRI, confiamos que con estas precauciones, esta obra se convierta en una nueva opción de movilidad para los habitantes de la Ciudad de México que se traduzca en una mejor calidad de vida.

De igual forma, los legisladores del PRI, continuaremos insistiendo ante las instancias correspondientes, para que se sancione a los responsables de las fallas en la Línea 12. Asimismo, mantenemos nuestro compromiso para dar un seguimiento puntual a las obras de rehabilitación en las 11 estaciones que actualmente se encuentran fuera de servicio.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que presenten ante esta Soberanía Nacional, un informe detallado sobre los alcances del proyecto de ampliación de la Línea 12 del metro, así como el proyecto ejecutivo que lo sustenta.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 3 de junio de 2015.

Atentamente.





 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a diferentes autoridades a respetar los principios constitucionales y legales en materia electoral, así como los lineamientos del Instituto Nacional Electoral en materia de promoción del voto y la participación ciudadana. Se turna a la Primera Comisión.

Los que abajo suscriben integrantes del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos ante esta Soberanía Proposición con Punto de Acuerdo en materia electoral al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que el clientelismo electoral en sus modalidades de compra, coacción e inducción del voto así como la práctica negativa del condicionamiento de los programas sociales ha sido un fenómeno generalizado que se registra con mayor presencia en las campañas electorales que altera gravemente las condiciones de equidad entre los contendientes, independientemente del tipo de elección de que se  trate y por lo tanto, ha sido una materia de recurrente denuncia pública, de impugnación y litigio frente a las autoridades electorales.

Que esa manipulación de la voluntad electoral se manifiesta de diferentes formas como es a través del reparto de bienes y servicios públicos, de dinero a cambio de votos o bien por medio de la promesa de diversos apoyos políticos y personales por parte de los candidatos con sus electores, llegando a darse inclusive mediante la coacción del votante potencial, que se da cuando el intercambio de favores se realiza por medio de amenazas, chantajes, uso de la fuerza y de la violencia.

Que independientemente del medio con el que se ejerza presión sobre los ciudadanos, siempre está de por medio el uso faccioso y partidista de recursos públicos a gran escala con una orientación claramente patrimonialista.

Y es que el clientelismo electoral herencia del viejo régimen, se maneja en gran medida de la mano del dinero público y de los programas sociales que son reorientados con objetivos claramente electoreros, como es el caso, histórico, de la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, que literalmente diseña sus programas y padrones con estos fines, a pesar de que la ley y la propia Constitución se lo prohíben.

Por ejemplo, está el caso sonado de que el gobierno federal mantuvo el programa de entrega de televisiones digitales durante la actual campaña electoral, pese al periodo de veda electoral, en el marco del Programa de Televisión Digital Terrestre (TDT)  y  a que existe la determinación del gobierno de proseguir haciéndolo concretamente un día antes de la jornada electoral en el Estado de México y el Distrito Federal.

En ese contexto pretende repartir 250 mil televisiones en la víspera comicial, en los municipios del Estado de México: 115 mil en Nezahualcóyotl, 68 mil en Tlanepantla, 24 mil en Texcoco, y en el Distrito Federal: 54 mil en Coyoacán, 15 mil en Benito Juárez y 16 mil en Cuajimalpa.

Entre SEDESOL y SCT se pasan la bolita, la primera afirma que ya implementó el Programa de Blindaje Electoral 2015, para garantizar la legalidad, transparencia e imparcialidad en el uso de los recursos, y que concretamente sobre este programa, sólo prestó sus padrones de beneficiarios; por su parte SCT sólo aparece como el responsable de instrumentar la entrega y distribución de equipos de señal digital de acuerdo con un calendario previo.

Estas explicaciones quedan cortas, toda vez que, este programa como otros programas de carácter social, se siguen utilizando bajo el criterio de oportunidad electoral, de  eficacia y rentabilidad política, pese a que la autoridad electoral ya ha fijado una serie de lineamientos en la materia  que buscan inhibir la manipulación de estos programas públicos y que se respete el artículo 134 de la Constitución sobre el uso legal de recursos públicos y programas sociales.

El grupo parlamentario del PRD, observa con profunda preocupación que en el actual proceso electoral, las condiciones de equidad de la contienda han sido afectadas por diversas acciones del gobierno federal para favorecer al PRI y  su aliado incondicional PVEM, pese a que este último ha hecho gala de la violación reiterada de las normas electorales, como parte de la misma estrategia compartida y consentida por parte del PRI.

Ahora que el final de las campañas se acerca, la autoridad electoral tiene la última oportunidad de restaurar el Estado de derecho y la credibilidad en este proceso electoral; por ello, es que debemos actuar con prontitud y eficacia para evitar que se siga enrareciendo el clima previo a la jornada electoral.

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal  para que suspenda la aplicación los programas sociales en cumplimento de las normas constitucionales y legales en materia electoral, en particular, la entrega de televisiones en el estado de México y el Distrito Federal, programada para efectuarse en varias entidades del país, antes de las elecciones del 7 de junio.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al INE para que aplique a la brevedad los Lineamientos para la Promoción del Voto y la Participación Ciudadana por parte de Organizaciones Ciudadanas durante el Proceso Electoral 2014-2015 a los programas sociales federales y en particular, a la posible manipulación electoral del Programa de Televisión Digital Terrestre del gobierno federal previo a la jornada electoral del 7 de junio.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso exhorta a los gobiernos de la Entidades Federativas a que respeten el principio de equidad y se abstengan de violar las disposiciones del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  en materia electoral y de hacer uso electoral de programas sociales.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Suscriben

Dip. Miguel Alonso Raya.- Dip. Lizbeth Rosas Montero.- Dip. Amalia García Medina.- Dip. Fernando Belaunzarán.- Dip. Lourdes Amaya Reyes.- Dip. Gloria Bautista Cuevas.- Dip. Antonio León Mendívil.- Dip. Graciela Saldaña Fraire.





 

Del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación y la posible comisión de delitos de los magistrados y demás impartidores de justicia del Estado de México que conocieron y conocen de juicios en los que está involucrada la empresa ohl. Se turna a la Tercera Comisión.

Los que suscriben, MANUEL RAFAEL HUERTA LADRON DE GUEVARA, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante de la Agrupación MORENA y senador MANUEL BARTLETT DÍAZ, miembro del Partido del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace un par de semanas se dio a conocerla grabación de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México que pusieron al descubierto hechos de corrupción y posibles conflictos de interés cometidos por la filial de la constructora española y funcionarios del Estado de México, para incrementar los precios de peaje en el Viaducto Bicentenario de dicha entidad, cuya concesión fue otorgada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En las citadas grabaciones queda asentado que modificar las condiciones del título de concesión e incluso realizar fraude con el fin de elevar sus ganancias es una práctica común de directivos de la empresa, llevada a cabo con el contubernio de funcionarios públicos. Práctica que frente a la magnitud de los hechos debe ser investigada y castigada. Más aún, si como la propia compañía señala es una de las principales operadoras de infraestructuras de transporte en el país, liderando su sector en el área metropolitana de la Ciudad de México, tanto por número de concesiones asignadas como por kilómetros de autopistas administradas, lo que deja ver la importancia económica de los negocios que realiza.

Aquellas grabaciones generaron indignación y un reclamo generalizado de ir a fondo con las indagatorias por sumarse a la cadena de corrupción de gobiernos del PRI. A la fecha sólo han renunciado Pablo Wallentin, director de relaciones públicas de OHL y Apolinar Mena Vargas, Secretario de Comunicaciones Transportes del gobierno de Eruviel Ávila Villegas, quien además tendrá que cubrir una sanción irrisoria por haber aceptado del primero el pago de sus vacaciones en un lujoso hotel del Caribe mexicano.

Desde el principio del nuevo escándalo de corrupción, el actual Secretario de Comunicaciones y Trasportes, Gerardo Ruiz Esparza, intentó desestimarlo al restarle importancia, exonerando prácticamente a OHL y a los funcionarios mexiquense. Sin embargo, frente a la indignación social, la protesta de legisladores de oposición y los pésimos antecedentes internacionales de esta empresa en cuanto a prácticas ilegales y fraudulentas que han sido documentadas ampliamente, el secretario dio marcha atrás y solicitó a la Secretaría de la Función Pública indagara la situación de las concesiones que le han sido otorgadas.

Dada la gravedad del suceso, y porque se suma al clima de desconfianza y malestar que han generado los asuntos como la Casa Blanca de Peña Nieto, la casa de campo de Luis Videgaray y las casas de Miguel Ángel Osorio Chong, en los que están involucrados empresarios de la construcción como Juan Armando Hinojosa Cantú, ligado al actual presidente de la república y al PRI, la Comisión Permanente emitirá un pronunciamiento. En efecto, a petición de MORENA y otros grupos parlamentarios, se prepara un acuerdo para exigir a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre los resultados de las investigaciones y auditorías realizadas respecto de la construcción del Viaducto Bicentenario. Asimismo, serán requeridas otras autoridades como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda; además la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para que informen sobre los proyectos de infraestructura en los que haya participado o esté participando OHL, e informen de las actuaciones que se han realizado sobre las denuncias públicas de corrupción que se han formulado en la operación de aquella obra, de acuerdo con la competencia de cada una de las dependencias.

Empero nuevas grabaciones difundidas la semana pasada, ponen en tela de juicio ahora al propio Poder Judicial en la posible comisión de sobornos por parte de directivos de la empresa OHL. En estas revelaciones, aparece otra vez Pablo Vallentin en conversación telefónica sostenida con Gerardo Fernández, director jurídico de OHL México, en la que se deduce la posible entrega de dinero a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para agilizar y resolver favorablemente el trámite de juicios que lleva la empresa española.

Este nuevo audio, según la investigación de Sin Embargo, está compuesto por varias llamadas. En una de las llamadas, quien es identificado como Pablo Walletin, acuerda con Gerardo Fernández, el supuesto pago a magistrados. En un fragmento de las conversaciones transcritas por este medio, se sugiere que se pagan sobornos en efectivo por el fallo favorable de los casos que se ventilan en tribunales.

Una vez dadas a conocer la grabaciones, los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México pretendieron deslindarse de los hechos y rechazaron haber recibido sobornos de esta empresa. No obstante, al tratar de aclarar el asunto, César de Jesús Molina Suárez, titular de la séptima sala regional del Tribunal, radicada en Toluca, lo enredó más. Según el diario La Jornada este declaró que era posible que los audios se refirieran a otro tribunal. Las declaraciones sugieren que podrían existir otros tribunales involucrados en los sobornos que se fraguan en OHL. Por ello el Consejo de la Judicatura está obligado a intervenir en el asunto, de conformidad con sus atribuciones.

El artículo 106 de la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de México, dispone que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la entidad, por lo que los posibles sobornos en los que pudieran estar involucrados los magistrados referidos caen en el ámbito de su competencia.

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, señala que el Consejo de la Judicatura tiene como atribución velar por la autonomía y la independencia de los miembros del Poder Judicial y evitar que se afecte su imparcialidad y libertad de juzgar. También indica que este órgano conoce de los actos de indisciplina, mala conducta, faltas graves o cuando ocurran en la comisión de un delito en el desempeño de las funciones de los juzgadores.

Es evidente que al recibir un soborno, cualquier juzgador pierde su libertad y comete un delito que debe ser perseguido y castigado. Si esto ocurrió en el caso de OHL, el Consejo de la Judicatura debe actuar en consecuencia.

Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal debe velar por la recta conducta de los juzgadores en los casos que se ventilan en tribunales en donde participe o haya participado la empresa OHL.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a investigar la posible comisión de cohecho y otros delitos tipificados por la ley, en los casos que se ventilan en los tribunales de la entidad en los que participa o haya participado la empresa OHL, e informar a esta Soberanía del resultado de sus investigaciones.

Segundo.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, vigile que en los casos que se ventilan en los tribunales federales, y particularmente en los que participa o haya participado la empresa OHL, se ajusten a los principios de libertad e imparcialidad que deben regir la impartición de justicia

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Dip. Manuel Huerta Ladrón de Guevara.- Sen. Manuel Bartlett Díaz.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una investigación en relación al ejercicio de los recursos asignados para la expedición de la cédula de identificación durante el período 2009-2012, debido a la existencia de presuntas irregularidades. Se turna a la Tercera Comisión.

Los que suscriben, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE UNA INVESTIGACIÓN OBJETIVA, EXPEDITA Y TRANSPARENTE, EN RELACIÓN AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DURANTE EL PERÍODO 2009 – 2012, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES, ASIMISMO, DE COMPROBARSE DICHAS ANOMALÍAS SE SOLICITA QUE SE ESTABLEZCAN LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES QUE CONFORME A DERECHO PROCEDAN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

La Cédula de Identidad Ciudadana incorpora los datos biométricos de la población, asimismo, brinda de certeza para que no haya duplicidad de registros ni identidades falsas. Esta estrategia contribuye a la protección efectiva del derecho humano a la identidad personal consagrado en el artículo 4, octavo párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin duda, es una herramienta que coadyuva a la prevención de la sustracción de los infantes.

Durante la presente administración se han detectado distintas irregularidades con respecto al proyecto de Expedición de Cédulas de Identidad Ciudadana, correspondiente al período 2009 -2012. Al respecto, podemos mencionar, la asignación de forma irregualar contratos directos, los cuales no es posible consultar, porque dicha información se encuentra reservada hasta por 12 años, tal es el caso del contrato SG/CA/08/ 2009-2010, firmado por funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la apoderada legal de la empresa privada suiza Crypto, AG, por un monto de 92 millones 216 mil 388.98 pesos, para la adquisición de equipos de encriptación de información.

Asimismo, a pesar de una inversión de más de 2 mil 300 millones de pesos para la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, no se alcanzó la meta de expedir 25.7 millones de identificaciones para la población menor de 18 años.

De acuerdo a información de Talleres Gráficos de México (encargada de elaborar las cédulas), hasta octubre de 2012, se habían impreso cerca de 2.5 millones de identificaciones a pesar de contar con de 6.6 millones de registros y de contar con la infraestructura necesaria para expedir 25.7 millones de Cédulas.

Estos hechos contravienen a los principios que deben observar los gobiernos en el uso de los recursos públicos. El cual debe sujetarse a las disposiciones legales vigentes, asimismo, deben someterse a estándares de transparencia, austeridad y eficiencia.

Tal como lo señala , la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, establece que los recursos públicos que disponga la Federación, los Estados, los municipios, el Distrito Federal, así como sus delegaciones, se administrarán con orden, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

La mala planeación y falta de capacidad para alcanzar los objetivos del proyecto de la Cédula de Identificación, por parte de los funcionarios al frente de la Secretaría de Gobernación en la pasada administración ha ocasionado más gastos al actual gobierno, como el de la renovación del contrato con la empresa encargada de elaborar el software del Sistema Nacional de Identidad, pues este se venció en 2012, así como los 300 millones de pesos que se tuvieron que pagar al INAP para recuperar los 2 mil módulos de registro.

En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos de la pertinencia de contar con una Cédula de Identidad Ciudadana y garantizar el derecho a la identidad, como lo establece nuestra Constitución en su artículo cuarto, pero la ejecución de este programa debe garantizar el uso eficiente y adecuado de los recursos públicos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el marco de sus atribuciones, realice una investigación objetiva, expedita y transparente, en relación al ejercicio de los recursos asignados para la expedición de la cédula de identificación durante el período 2009–2012, debido a la existencia de presuntas irregularidades, asimismo, de comprobarse dichas anomalías se solicita que se establezcan las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 3 de junio de 2015.

Atentamente.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio para determinar el daño en costas mexicanas del Golfo de México causado por la derrama de crudo de 2010 por la empresa British Petroleum. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276del Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, REALICEN UN ESTUDIO PARA DETERMINAR EL DAÑO EN COSTAS MEXICANAS DEL GOLFO DE MÉXICO CAUSADO POR LA DERRAMA DE CRUDO DE 2010 POR LA EMPRESA BRITISH PETROLEUM, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el 2010, la empresa British Petroleum (BP), en su plataforma Deep Water Horizon, y la posterior fuga de petróleo desde su pozo Macondo derramó crudo en el Golfo de México.

En el 2012, un juez declaró a BP culpable de 11 cargos de negligencia relacionados con la muerte de 11 trabajadores, otros dos relacionados con los daños al medio ambiente y uno más por obstrucción al Congreso.

A cinco años de que el pozo Macondo de British Petroleum vertiera millones de barriles en aguas de Luisiana, científicos y pescadores en un principio sospecharon que una marejada submarina de crudo ya llegó a costas mexicanas,estos supuestos han puesto en alerta a comunidades de Tamaulipas hasta Yucatán, por la afectación en la reproducción pesquera de especies como el camarón, la jaiba y el tiburón.

El panorama es generalizado, la pesca de jaiba en Tamaulipas se colapsó 61.8 por ciento; la de robalo en Campeche, 37.2; la captura de lebráncha Veracruzana descendió 42.5 por ciento y el rubio de Yuca­tán, 22 por ciento. Son cifras a las que se puede sumar un marcado deterioró en la biomasa disponible en la región. Hay varias especies que simplemente han dejado de ser explotables.

Una de las sospechas sobre su llegada a aguas mexicanas se basa en la palpable crisis por la que atra­viesa la pesca en todo el Golfo. Pescadores que forman parte de la demanda contra BP sostienen que la captura de distintas especies en aguas mexicanas ha recibido un gran golpe en la economía local debido a una serie de efectos retardados del derrame.

La  tragedia del derrame petrolero de Deep Water Horízon está en ruta de abrir un capítulo mexicano. Que el crudo de BP ha causado estos colapsos es un argumento que tendrá que ser probado en la Corte Federal de Luisiana quien lleva el proceso legal que involucra a la petrolera británica, demandada por miles dé marineros, decenas e condados, vario gobiernos estatales y numerosas organizaciones, de Estados Unidos. Bajo este escenario la petrolera británica ya aceptó pagar 13 mil millones de dólares a un grupo de pescadores. Sin embargo, nuestro país no está al margen de las afectaciones al daño ambiental, hasta ahora, la Corte Federal estadounidense no ha impartido justica a los intereses mexicanos; a lo largo de diversos litigios ha desechó una demanda interpuesta por Tamaulipas, Veracruz y Campeche, cuyos gobiernos sostenían que sus respectivas industrias pesqueras habían sido seriamente afectadas. La Corte  actualmente mantiene actualmente las demandas de 20 mil pescadores y del gobierno federal de nuestro país, que buscan indemnizaciones.

De lo anterior, y recientemente (20 de mayo) un equipo de científicos norteamericanos de la Administración Nacional para el Océano y la Atmosfera (NOAA siglas en ingles) afirmaron que existe un vínculo concreto entre el masivo derrame de petróleo de la compañía BP en 2010, con la muertes de delfines nariz de botella a lo largo de la parte norte del Golfo de México, especialmente en Nueva Orleans, EEUU. Las causas de muerte de los delfines son por lesiones pulmonares y suprarrenales, causadas por nadar en aguas contaminadas de crudo. Sin embargo para BP las causas de muerte son por enfermedades comunes.

Ante este escenario, es pertinente que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice un estudio minucioso e íntegro para poder analizar los posibles daños que pudiera generarse en costas mexicanas del Golfo de México. Pero también debe determinarse mediante los resultados científicos, si nuestra fauna marina está en riesgo. Bien vale la pena que instituciones de investigación públicas como el Instituto Nacional de Pesca INAPESCA o del Instituto Nacional de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México se adhieran a las investigaciones, para que de esta forma se obtenga un informe o diagnóstico íntegro.

Las muertes de peces por el derrame de crudo que ha alcanzado costas mexicanas puede ser solo una hipótesis, sin embargo, bien vale la pena conocer las causas reales, así como las afectaciones dentro del territorio nacional. Aunado a ello, vale la pena solicitar a la SEMARNAT y a la SAGARPA, especialmente esta última le corresponde de acuerdo a la fracción V del Artículo 8 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, de proceder la declaración en zonas de veda, se dará el primer paso la recuperación y repoblación de las especies afectadas y que son para captura.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente, del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realicen un estudio para determinar el daño en costas mexicanas del Golfo de México causado por la derrama de crudo en 2010 por la empresa British Petroleum.

Segundo. La Comisión Permanente, del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito de sus competencias, determinen zonas de reserva para la biodiversidad marina, con la finalidad de establecer medidas de protección para la recuperación y repoblación de especies afectadas en zonas de jurisdicción nacional del Gofo de México.

Tercero. La Comisión Permanente, del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que de conformidad con sus atribuciones y facultades, informe a esta soberanía sobre el estatus que guardan las demandas, interpuestas por pescadores nacionales y del Gobierno Federal Mexicano en contra de la empresa British Petroleum, por el derrame de crudo de 2010 que han afectado la actividad pesquera nacional en las costas mexicanas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, México, Distrito Federal,
el 3 de junio de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

De la Diputada Martha Loera Arámbula, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar y canalizar los recursos autorizados del FONDEN para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015, así como a las y los legisladores de la Cámara de Diputados, a fin de que donen un día de su dieta para la atención de las víctimas de esta tragedia. Se turna a la Primera Comisión el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados los dos siguientes.

MARTHA LOERA ARÁMBULA, Diputados en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta Honorable Comisión Permanente una PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE LA DEPENDENCIA A SU CARGO, DE MANERA URGENTE, LIBERE Y CANALICE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL FONDEN PARA ATENDER LOS DAÑOS Y PÉRDIDAS CAUSADOS POR EL DESASTRE ACAECIDO EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA, CON MOTIVO DEL FENÓMENO METEOROLÓGICO ACONTECIDO EL 25 DE MAYO DE 2015, ASÍ COMO A LAS Y LOS LEGISLADORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A FIN DE QUE DONEN UN DÍA DE SU DIETA PARA LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE ESTA TRAGEDIA, SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARTHA LOERA ARÁMBULA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy, el pueblo de Coahuila de Zaragoza sufre la pérdida de algunas y algunos de sus hermanas y hermanos que fallecieron con motivo de un tornado que azotó al municipio de Acuña.

A ese dolor se suma el sufrimiento de cientos de familias que perdieron su patrimonio como consecuencia de la devastación que aquel fenómeno causó a su paso por aquella ciudad fronteriza de nuestro país.

Fue entre las 05.30 y las 06:00 horas del 25 de mayo que, después de llover durante veinte minutos, ese fenómeno natural dio paso a otro de magnitudes devastadoras: un tornado de categoría entre F2 y F3 en la escala Fujita – Pearson, el cual habría de originarse de manera aislada al suroeste de la ciudad de Acuña,  a una velocidad de traslación de 50 kilómetros por hora y con rachas de viento que alcanzaron los 200 kilómetros por hora.

Ese tornado tan sólo duró unos cuantos segundos, pero éstos fueron suficientes para ocasionar un gran desastre por la severidad de su fuerza.

Ciertamente, en los últimos quince años se han presentado en nuestro país 130 de esos fenómenos naturales, pero el ocurrido en Acuña, ha sido el que alcanzó la mayor magnitud y severidad.

La clasificación de un tornado se establece por las características de los daños que ocasiona, tales como que se arranquen los tejados de casas sólidas, los cimientos se muevan, las casas sean destruidas, los árboles arrancados del suelo, los coches sean levantados por los aires, se dañen grandes construcciones como centros comerciales o que algunos vehículos pesados sean arrojados a distancia.

En el caso del tornado que afectó a Acuña, más de mil casas sufrieron daños estructurales, más de 50 vehículos fueron levantados por la fuerza de los vientos sufriendo pérdida total, y lo más desafortunado, fue que privó de la vida a 10 personas-siete adultos y tres menores de edad- además de que un niño de siete años continúa desaparecido, aunado a lo cual quedaron decenas de personas heridas y damnificadas.

Por todo lo anterior, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió el mismo 25 de mayo de 2015, la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, a fin de  activar los recursos del FONDEN y atender la emergencia acaecida.

 A partir de la emisión de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada por el fenómeno meteorológico en comento.

Esa declaratoria contribuirá a que se atiendan las principales carencias de los afectados por el tornado, pero ello no obsta para señalar que en algunos casos los recursos tardan tiempo en llegar a los estados para atender con prontitud la emergencia, a pesar de que las necesidades son inmediatas.

Estoy cierta de que la suma de esfuerzos multiplica los resultados, por lo que confío en que todas las dependencia del gobierno, tanto federales como estatales, se están avocando de manera urgente a auxiliar a las personas damnificadas, así como a apoyar las tareas de atención, rehabilitación y reconstrucción dela infraestructura dañada por el fenómeno natural. 

Ya el Gobierno de la República, por conducto del Presidente Enrique Peña Nieto, así como del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha dado muestra de su solidaridad con el pueblo de Acuña. Ambos  funcionarios acudieron a esa ciudad y, junto al Gobernador Rubén Moreira Valdez, coordinaron las primeras tareas de atención. Debemos reconocer que su oportuna intervención fue definitiva para mitigar el sufrimiento de miles de acuñenses, así como para coordinar las tareas de urgente atención.

Como consecuencia de lo anterior, es que exhorto respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que la dependencia a su cargo, de manera urgente, libere y canalice los recursos autorizados del FONDEN para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015.

Los desastres provocados por fenómenos meteorológicos que han acontecido en nuestro país recientemente, han traído como resultado que las mexicanas y los mexicanos nos unamos para afrontar y mitigar sus consecuencias y así ayudar a quienes han sido víctimas de los mismos.

La solidaridad nos ha llamado a trabajar juntos por el bien de todos y cada uno de los afectados por los embates de la naturaleza, a unirnos para compartir esfuerzos con la finalidad de superar la adversidad. Apelando a ese ánimo solidario, hoy someto ante ustedes esta proposición con punto de acuerdo para solicitarles su apoyo, a fin de que, con la donación individual y voluntaria de un día de su dieta, las y los diputados contribuyamos a aminorar los efectos que ha provocado el tornado que azotó al municipio de Acuña.

Tras aquel desastre, miles de personas se encuentran desamparadas; mujeres y hombres de todas las edades que perdieron sus hogares permanecen en albergues. Ahí reciben el techo, el abrigo y los alimentos que son proporcionados por las autoridades, así como por aquellos particulares que, de manera altruista,  se han sumado con la donación de diversos artículos de primera necesidad.

Desafortunadamente, ha sido tal la devastación que dejó a su paso aquel tornado que no será pronto cuando la mayoría de las personas damnificadas regresen a sus casas, por lo que seguirán requiriendo de víveres y artículos personales, así como de otros apoyos en especie, por lo que propongo a través del presente que las y los diputados donemos un día de nuestra dieta para apoyaren la adquisición de aquellos bienes que habrán de ser destinados a quienes más lo necesitan.

Tragedias como las que en estos momentos vive el pueblo de Acuña llaman a la unidad nacional, así como a la solidaridad de todas y todos con las personas que las sufren y, entre más seamos quienes les apoyemos, mayores serán los alcances de la ayuda y de los beneficios que puedan otorgarse.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, la dependencia a su cargo, de manera urgente, libere y canalice los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a las y a los legisladores integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que donen de manera individual y voluntaria un día de su dieta para apoyar a las víctimas y damnificados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del tornado que aconteció en esa ciudad el 25 de mayo de 2015.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la  Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que lleve a cabo, por conducto de su área administrativa correspondiente, las acciones y procedimientos necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo, así como también para que el monto total delos recursos económicos que se obtengan por las donaciones a que se refiere este acuerdo, sea canalizado única y exclusivamente para la atención de las víctimas y damnificados por el tornado acontecido el 25 de mayo de 2015 en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, por medio de las autoridades locales competentes.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de  junio de 2015.

Atentamente

Dip. Martha Loera Arámbula.





 

De los Diputados Edith Avilés Cano y Roberto Ruiz Moronatti, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a establecer un programa de difusión en el que se informe a la población de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en contra de la libertad y la dignidad de las personas, concluido el proceso electoral 2014-2015. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Diputada Federal EDITH AVILÉS CANO y Diputado ROBERTO RUIZ MORONATTI, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país, históricamente, se han establecido diversos ordenamientos que han tenido por objeto eliminar y sancionar la esclavitud de las personas, para tal efecto es oportuno mencionar que el día 6 de diciembre de 1810 en la Ciudad de Guadalajara, Nueva Galicia, hoy Estado de Jalisco, Don Miguel Hidalgo y Costilla emitió el Decreto Contra la Esclavitud, las Gabelas y el Papel Sellado. En él se declaró por primera vez en el continente americano la abolición de la esclavitud. Del texto original, se puede citar de manera textual:

[…] Que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad, dentro del término de diez días, so pena de muerte, la que se le aplicará por transgresión de este artículo […] [*]

De lo transcrito podemos apreciar que el Padre de la Patria plasmó en el decreto citado los principales ideales acerca de la relevancia que tiene la libertad de las personas, a pesar de que él nació en la Hacienda de Corralejo en la que había personas en calidad de esclavos. Por otra parte, atendiendo a la realidad de finales e inicios del siglo XIX, la estructura social se encontraba compuesta principalmente por personas afrodescendientes, mulatos, mestizos e indígenas; por ello, Hidalgo consideró establecer un ideario que beneficiara de manera inmediata a gran porcentaje de la población, misma que sufría los abusos y excesos cometidos por peninsulares, hacendados, miembros del clero e incluso por militares.

Desde el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana o Constitución de Apatzingán de 1814, hasta la promulgación del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente con sus correspondientes reformas, particularmente en los artículos 2°, y luego 1°; se ha proscrito la esclavitud para todas las personas, ya que incluso, todas aquellas que tengan esa calidad, por el sólo hecho de ingresar al territorio nacional, alcanzarán la libertad y la protección de las leyes.

México, además de consagrar en su Ley Fundamental la prohibición de la esclavitud, en ejercicio de su soberanía, ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales en los que manifiesta su compromiso por erradicar esta práctica tan ancestral como atentadora de las libertades fundamentales; la Convención Relativa a la Esclavitud de 1935; la Suplementaria Sobre la Abolicion de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Practicas Analogas a la Esclavitud de 1960; así como el Protocolo que enmienda la Convencion Relativa a la Exclavitud, firmada en Ginebra, Suiza; establecieron los primeros esfuerzos del Estado Mexicano para contribuir en la eliminación de la Esclavitud.

La Convención Américana Sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales establecen a sus signantes la obligación de garantizar a todas las personas la libertad y seguridad personal, nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas con anterioridad por la legislación de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas, o ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

Por tal razón, nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos, y la trata de personas están prohibidas en todas sus formas.

En la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, ha sido establecido el principio de “máxima protección”, entendida ésta como la obligación de cualquier autoridad de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos previstos, e incluye, entre otros, el de debida diligencia que se encuentra concebida como la obligación de los servidores públicos de dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la reparación del daño de los delitos previstos por esta Ley, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

En la presente legislatura, el Poder Revisor de la Constitución ha aprobado la reforma a la fracción XXI, inciso a) del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se faculta al máximo órgano de representación política para expedir las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral; con ésta modificación que seguramente las Legislaturas de los Estados habrán de aprobar en próximas fechas, se estará fortaleciendo el sistema jurídico que favorecerá a todas las personas.

El cumplimiento a los compromisos adquiridos con la firma y ratificación de múltiples tratados e instrumentos internacionales, nos ha llevado a establecer modificaciones de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole; ya que como bien lo señala la Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”:“Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, por lo que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

A pesar de todos los esfuerzos realizados y medidas implementadas, lo cierto es que en nuestro país no hemos podido erradicar las prácticas que privan del derecho humano fundamental de la libertad; de acuerdo con el Índice Global de Esclavitud 2013, publicado por la Fundación Walk Free, 29, 8 millones de personas en el mundo son víctimas de esclavitud. Se entiende a ésta práctica como el estado o condición de un individuo sobre quien se ejerce alguno o la totalidad de los atributos del derecho de propiedad e incluye prácticas análogas a la esclavitud: servidumbre por deudas, matrimonio forzado o servil, venta o explotación de niños (en particular en conflictos armados) y esclavitud basada en la ascendencia. [*]

El estudio citado, presenta un ranking de 162 países sobre la base de una combinación de tres factores: prevalencia estimada de esclavitud moderna por población, nivel de matrimonio infantil y nivel de trata de personas hacia dentro y hacia fuera del país. Desafortunadamente, nuestro país aparece ubicado en el lugar número 107, con una medida ponderada de 5,57. Esto en razón de que somos un país de tránsito importante para los sudamericanos y centroamericanos que intentan entrar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Recientemente, en el territorio mexicano se han conocido algunos casos alarmantes de esclavitud. Por citar algunos ejemplos, en el mes de abril una joven escapó del cautiverio en el que la tenían en la Ciudad de México; estaba encadenada por el cuello y era obligada a planchar ropa durante largas jornadas, siendo sometida a tratos crueles y degradantes. Por su parte, en el estado de Veracruz, los medios de comunicación dieron a conocer que tres niños de 12, 6 y 3 años de edad, fueron rescatados por tratos crueles y mala alimentación, los padres tenían encadenado al mayor por uno de los tobillos, ello con el pretexto de que debía “cuidar y alimentar” a sus hermanos menores. Podemos citar otros casos vergonzosos como la explotación de trabajadores agrícolas pertenecientes a comunidades indígenas de la que el Congreso de la Unión se ha pronunciado; sin embargo, los referidos constituyen elementos suficientes para solicitar respetuosamente a la Procuraduría General de la República que, una vez que haya concluido el proceso electoral en curso, establezca, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, una campaña de difusión masiva en la que se informe a la población de las conductas que pueden generar la comisión de delitos en contra de la libertad y dignidad humana.

Bajo estas consideraciones, se somete a la consideración de esta honorable Comisión la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, y a través de los medios de comunicación masiva, como la radio, televisión e internet, establezca un programa de difusión en el que se informe a la población de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en contra de la libertad y la dignidad de las personas de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e Instrumentos Internacionales, concluido el proceso electoral 2014-2015.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de junio de 2015.

Atentamente

Dip. Edith Avilés Cano.- Dip. Roberto Ruiz Moronatti.

[*]Hidalgo, Miguel; “Decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado”; Colección Manuel Dublán y José María Lozano
[*]Walk Free Fundación; “Índice mundial de esclavitud 2013”; páginas 9 y 21; consultado en línea en la dirección:
http://freethem.ca/wp-content/uploads/2013/10/GlobalSlaveryIndex_2013_Download_WEB_Spanish.pdf





 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Desarrollo Rural, de Economía y de Salud a realizar las acciones necesarias para mejorar las condiciones del sector lechero nacional. Se turna a la Tercera Comisión.







 

De los Senadores Dolores Padierna Luna, Mario Delgado Carrillo, Alejandro Encinas Rodríguez y Javier Corral Jurado, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar, deslindar responsabilidades y, en su caso, iniciar los procedimientos sancionatorios a que haya lugar, respecto del presunto uso indebido de datos personales de menores de edad para el reparto de paquetes escolares, por parte del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores, DOLORES PADIERNA LUNA, MARIO DELGADO CARRILLO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ y JAVIER CORRAL JURADO, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 1 y 2 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE INVESTIGUEN, DESLINDEN RESPONSABILIDADES Y EN SU CASO INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS A QUE HAYA LUGAR, RESPECTO DEL USO INDEBIDO DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD PARA EL REPARTO DE PAQUETES ESCOLARES, POR PARTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, en razón de los siguientes:

ANTECEDENTES

Desde el inicio del proceso electoral en curso, se ha documentado y hecho público que el Partido Verde Ecologista de México, de manera sistemática ha enviado diversos artículos, por medio de servicios de paquetería, a los domicilios, de hasta ahora, un número indeterminado de ciudadanos, con la intención de promover el voto en favor de dicho instituto político.

Por estas y otra serie de acciones que violentan flagrante las reglas del proceso electoral, el instituto político  se ha hecho acreedor a diversas sanciones de la autoridad electoral nacional, que van desde lo pecuniario hasta la suspensión de prerrogativas de difusión.

A pesar de lo anterior, se sigue haciendo patente el desconcierto de ciudadanos ante la entrega de estos artículos promocionales, debido a que desconocen la forma en que el Partido Verde Ecologista de México ha obtenido sus datos personales, para poder entregar de manera personalizada dichos artículos, sin su consentimiento.

La molestia no solo atañe a la violación a la normatividad electoral, sino a la esfera de derechos indisponibles de los ciudadanos entre los que se encuentran la identidad, la intimidad y la privacidad, primordialmente.

Inclusive, ya en el extremo, funcionarios públicos han sido víctimas de estas acciones, ya que funcionarios electorales también han recibido esos artículos promocionales, quienes además de cuestionar por qué se les trata como afilados a ese instituto político, lo cual es imposible, también se cuestionan cómo el Partido Verde se hizo de sus datos personales, de nueva cuenta, sin su consentimiento. [*]

Se trata de una acción sistemática e indiscriminada, que tiene su razón de ser en el aprovechamiento ilegal de bases de datos, con fines electorales.

En conocido periódico de circulación nacional, se ventiló, en la edición del veintiuno de mayo de 2015, un artículo intitulado “El PVEM usa datos personales de niños”, [*] en el que se describe que, ahora, el Partido Verde, envía paquetes escolares personalizados a menores de edad, a sus domicilios; esta práctica fue descubierta a partir de las denuncias hechas por parte de padres de familia que desconocen el medio por el cual el partido político obtuvo los datos personales de sus menores hijas e hijos.

Esto es sumamente grave.

Estos hechos, que están sucediendo con escala nacional, resultan totalmente invasivos, ilegales, violatorios de derechos humanos, y lo que es más grave, intervienen flagrantemente en los derechos de los menores, que por mandato constitucional y por ley, deben ser protegidos en todo momento de cualquier injerencia pública, corporativa o privada.

CONSIDERACIONES

Queda claro que la conducta del Partido Verde ha sido sistemática, intencional y constante; llevando hasta los domicilios de los ciudadanos propaganda electoral y artículos promocionales, cuyos destinatarios son menores de edad, utilizando de forma ilegal sus datos personales.

Si la utilización ilegal de datos personales de ciudadanos, de personas mayores de edad, con fines electorales merece una respuesta y rechazo contundente, lo debe ser con mayor razón cuando se trata de la utilización ilegítima de datos personales de menores de edad. Esta Soberanía debe tener una respuesta que garantice el respeto irrestricto a sus derechos, que haga patente el interés superior de los menores y evitar que se use su información personal con fines electorales.

De acuerdo con la Declaración de los Derechos del Niño y la consiguiente Convención, se establecen los derechos y obligaciones para asegurar el respeto irrestricto de la infancia. En ese sentido, debemos tomar una posición de Estado para proteger a los menores, ante la mínima amenaza o acción que vulnere o viole sus derechos.

No hay ninguna justificación ante una acción que vulnera la identidad, la intimidad y el derecho a la protección de los datos personales de los menores de edad. Debemos expresar y hacer sentir un rechazo categórico.

Hoy en un escenario de mayor violencia, la comunidad internacional y las naciones han expresado firmemente que los ataques contra los menores de edad, a quienes se les vulneran sus derechos básicos, son inadmisibles, de ahí que los esfuerzos internacionales y nacionales han apuntado en la dirección de no permitir intervención alguna, ya se trate de acciones de autoridades o particulares, o mediante tecnologías de la información o cualquier otro medio que suponga violentar la centralidad de la infancia.

Lo que está haciendo el Partido Verde es muy grave porque los niños, niñas y adolescentes no son sujetos electorales, no son parte del proceso electoral y porque se les instrumentaliza con fines electorales, sabiendo que el público al que se quiere dirigir el Partido Verde son sus padres y madres de familia. Ni siquiera su derecho a ser escuchados, a la participación y a que se les tome en cuenta encuentra cabida alguna en esta reprensible acción.

La H. Comisión Permanente debe exhortar respetuosamente a las diversas autoridades a que se investiguen y se sancionen estos actos de enorme gravedad, a aquellas que están obligadas a salvaguardar nuestros datos personales, a aquellas que conducen el proceso electoral, a aquellas que tienen la enorme responsabilidad de conducir el sistema educativo nacional y aquellas encargadas de proteger nuestros derechos humanos.

Las vulneraciones de los derechos humanos de los menores deben ser sancionadas severamente.

Si bien no se conoce la fuente precisa de la que provinieron los datos personales de los menores, es claro que por su condición de estudiantes del sistema educativo nacional, una de las fuentes inmediatas que pudieran poseer dichos datos son las autoridades educativas; por lo que se considera necesario instar a la Secretaría de Educación Pública para que garantice que las bases de datos que los planteles educativos poseen, no sean utilizadas de manera indebida y se proteja el derechos a la privacidad de los datos personales de los menores, a la par que investigue el caso que se está denunciando, porque se trata de niños, niñas y adolescentes, en su calidad de estudiantes, que reciben presunto material educativo con fines evidentemente electorales y no educativos.

Una estrategia indirecta maliciosa del Partido Verde que utiliza los datos personales de los menores, sabiendo que no son sujetos de derecho electoral, pero cuya finalidad, bien lo sabemos, no son los menores de edad, sino llegar a los padres o madres de familia, quienes sí pueden votar. Instrumentalización de la infancia que no tiene comparativo alguno.

Cabe recordar que con base en los artículos1º y 4º constitucionales, el Estado mexicano está obligado a velar y cumplir el principio de interés superior de la niñez.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una ley que se aprobó hace unos pocos meses con la finalidad de poner en el centro de las políticas públicas el interés superior de los menores y, en general, sus derechos humanos.

Dicha ley establece en su artículo 47 que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por cualquier actividad que impida su desarrollo integral.

Además, los derechos humanos se encuentran resguardados por fuentes normativas internacionales. Las normas internacionales de derechos humanos también establecen que los derechos de la infancia deben ser protegidos. Respecto de los derechos de los niños, están, lo contenido en la Convención de los Derechos del Niño, que a continuación se cita:

ARTÍCULO 8 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

ARTÍCULO 16 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

16 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

Como se puede advertir hay dos deberes fundamentales para el Estado Mexicano: uno, él mismo respetar los derechos humanos de la infancia y dos, hacer valer la ley para que otros los respeten, previniendo, investigando y reparando las violaciones a sus derechos humanos, lo que equivale a hacerlos respetar. Por ello, la injerencia en la vida privada de los menores está prohibida, y solo se justifica en casos excepcionales. [*]

Hoy el Partido Verde no respeta los derechos humanos de la infancia y hoy mismo se sigue permitiendo esa violación de sus derechos esenciales. Esto es muy grave. El Partido Verde viola el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la identidad, intimidad y privacidad, además del derecho a ser protegido contra intervenciones arbitrarias, por lo cual, el Estado Mexicano, a través de sus autoridades competentes, debe actuar y sancionar esas acciones que se entrometen ilegalmente en la vida de los menores.

Por esta razón, ante el uso indebido de datos personales de menores que se utilizan en acciones de promoción del voto de un partido político, esta Soberanía debe exhortar a que las instancias competentes realicen las indagatorias, para que, en dado caso, se deslinden responsabilidades, y se inicien los procedimientos sancionatorios a que haya lugar, y si es el caso, se cite a los funcionarios responsables por acciones u omisiones que transgreden las leyes y violentan derechos humanos.

Como autoridades, tenemos ordenado promover el bienestar de la niñez y tenemos prohibido afectar su esfera de derechos. Todas y todos en este país estamos obligados a promover políticas y acciones que protejan a la infancia en su desarrollo cognitivo, emocional, moral y no afectar su esfera jurídica, y también que estén libres de ilegitimas intervenciones tanto de autoridades como de particulares.

Hoy cuando deberíamos estar hablando en las campañas electorales de políticas públicas a favor de la niñez, nos olvidamos de las promesas que hemos hecho a la infancia. Cuando deberíamos evitar acciones que lesionen su normal desarrollo, justo se les manda y se tolera el mensaje contrario, un ataque obvio, directo, injustificado y sistemático del Partido Verde contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, instrumentalizándolos con fines partidistas, una de las peores acciones que se hayan documentado en un proceso electoral.

No podemos permitir la victimización de los niños, niñas y adolescentes que hace el Partido Verde, y como autoridades, no podemos participar en ningún tipo de victimización secundaria que tolere, permita o sea omisa en denunciar estas acciones que lesionan la dignidad y los derechos humanos de la infancia.

Debemos exigir, como lo mandata el interés superior de la niñez, una actuación e investigación oficiosa, por ser de orden público e interés general, a fin de proteger a la infancia. Como lo han venido estableciendo los jueces en sus resoluciones, las autoridades tienen una obligación reforzada, por medio de la cual, ante el conocimiento de vulneración de los derechos de la infancia, cualquiera está obligado a ejercer las acciones de debida diligencia para la protección y restitución de sus derechos humanos.

Si el deber de protección es fundamental tratándose de los derechos humanos de los adultos, con mayor razón lo es tratándose de los derechos esenciales de la infancia, que requieren un trato específico y medidas adicionales de protección.

Finalmente, se considera que los actos que hemos descrito, pudieren constituir faltas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que estimamos conveniente que las autoridades competentes en la materia, a nivel nacional y local, inicien indagatorias, de manera oficiosa, para deslindar las responsabilidades que, en materia electoral, pudieran tener lugar, por la utilización de datos personales de menores de edad, para los fines señalados.

Por lo anteriormente expuesto y en razón de las consideraciones que se han vertido en esta propuesta, se somete a la consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, a que en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones conducentes, para que, en su caso, se deslinden responsabilidades y se inicien los procedimientos sancionatorios, a que haya lugar, respecto de la presunta utilización de datos personales de menores de edad, por parte del Partido Verde Ecologista de México, para el reparto domiciliario de paquetes escolares como promoción electoral.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República y a la Secretaría de la Función Pública, para que, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen y establezcan si las bases de datos personales de los menores que están en poder de las instituciones educativas a su cargo, fueron utilizadas indebidamente para el reparto domiciliario de paquetes escolares como promoción electoral, por Parte del Partido Verde Ecologista de México, y en su caso, se deslinden responsabilidades y se inicien los procedimientos sancionatorios, a que haya lugar.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa, al Instituto Nacional Electoral a que inicie las investigaciones oficiosas respecto de las infracciones a la normatividad electoral, por la presunta utilización indebida de datos personales de menores de edad, para el reparto domiciliario de paquetes escolares como promoción electoral, por parte del Partido Verde Ecologista de México, y en su caso, se impongan las sanciones que correspondan.

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que adopte las medidas de protección que correspondan para salvaguardar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente el derecho a la identidad, intimidad y privacidad, ante el reparto domiciliario de paquetes escolares como promoción electoral, por parte del Partido Verde Ecologista de México, e inste a las diversas autoridades competentes a cumplir sus obligación reforzadas en materia de derechos humanos de la infancia en los procesos electorales.

En el Senado de la República, el 3 de junio de 2015.

Atentamente

Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Javier Corral Jurado.

[*] Cfr. http://e-veracruz.mx/medios-externos/2015-05-27/invita-partido-verde-al-cine-mando-de-ine
[*]Monroy Jorge (21 de mayo de 2015). El PVEM usa datos personales de niños. El Economista. eleconomista.com.mx
[*]http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/E2005_20.pdfComo puede ser su intervención en calidad de testigos en procedimientos judiciales.





 

Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el atentado cometido en contra de Bernardino Antelo Esper, candidato a diputado por el Distrito ii del estado de Sinaloa. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Diputado JESÚS VALDÉS PALAZUELOS, legislador federal de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

La noche del 28 de mayo pasado una persona disparó contra la camioneta de Bernardino Antelo Esper, candidato a diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito número II de Ahome, en Sinaloa, sin que afortunadamente hubiera víctimas que lamentar.

De acuerdo con reportes de diversos medios locales, la noche del jueves pasado, mientras Antelo realizaba un evento en El Estero de Juan José Ríos, un poblado del municipio de Ahome, un individuo, que se transportaba en motocicleta junto con otro hombre, disparó en al menos dos ocasiones contra la camioneta que el candidato usa para trasladarse.

"Escuchamos un ruido, pensamos que era algún cohete o algo, pero después nos dijo nuestro equipo de campaña que la camioneta del candidato, que se encontraba entre 80 a 90 metros del lugar donde llevábamos a cabo el evento, tenía un impacto a la altura del tanque de la gasolina, un poquito más arriba", dijo en conferencia de prensa Marco Antonio Osuna Moreno, dirigente del PRI en Sinaloa.

Tras el ataque, el aspirante a diputado federal suspendió la reunión con vecinos y fue sacado del lugar en otro vehículo para salvaguardar su integridad.

Como consecuencia de estos hechos, la Procuraduría de Justicia estatal inició una investigación previa, sin que hasta el momento haya sido detenido algún presunto responsable del hecho.

El atentado cometido en agravio de Antelo Esper se suma a otros que se han registrado en contra de varios aspirantes a cargos de elección popular durante el presente proceso electoral, todos los cuales nos parecen igual de repudiables, toda vez que trastocan el ejercicio legítimo de la política y enrarecen el clima de competencia en el que se desenvuelven los actuales comicios.

Las y los integrantes del Partido Revolucionario Institucional vemos con preocupación y desagrado la comisión de cualquier acto de violencia, venga de donde viniera y con independencia en contra de quién sea dirigido, pues aspiramos a un ambiente de paz en el que sea posible la libre manifestación de las ideas, a un entorno en el que sea posible la expresión pública sin más cortapisa que el interés general y la preservación de nuestras instituciones democráticas.

Atentados como el realizado en contra de nuestro candidato a legislador merecen la condena de toda la opinión pública nacional, toda vez que éste fue dirigido en contra de un ciudadano que ha hecho uso de las vías que nos ofrece nuestra Constitución para aspirar legítimamente a un cargo público, sin que ello signifique ofensa o agravio suficiente para recibir un ataque de esta naturaleza.

Es por eso que convocamos a todas las fuerzas políticas representadas en esta Comisión Permanente, a efecto de que sumemos fuerzas y nos manifestemos en contra de la violencia.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el atentado cometido en contra de Bernardino Antelo Esper, candidato a Diputado por el Distrito número II del estado de Sinaloa.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Atentamente

Dip. Jesús Valdés Palazuelos.





 

De la Diputada María Lucrecia Arzola Godines, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre el avance físico y financiero de las obras del Programa de Fomento a la Urbanización Rural y del Programa Hábitat; asimismo, a revisar y, en su caso, continuar con las acciones de pavimentación a través de los Programas de Fomento a la Urbanización Rural y Hábitat en el estado de Baja California Sur. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita Diputada Federal, MARÍA LUCRECIA ARZOLA GODINES, de conformidad con lo establecido en el artículo 58, Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las Políticas Públicas del Estado, especialmente las enfocadas al Desarrollo Urbano Sustentable, deben contribuir al desarrollo nacional y sectorial, mediante la elaboración, instrumentación y difusión de estrategias que consideren criterios de innovación, calidad de vida, sustentabilidad y certeza jurídica, a través de procesos de coordinación y concertación que permitan el aprovechamiento de la vocación y el potencial productivo del territorio, la generación de vivienda digna y el desarrollo agrario.

El Programa de Fomento a la Urbanización Rural, y el programa Hábitat, responden a la necesidad que presentan las localidades rurales en materia de urbanización, en particular aquellas menores a 2,500 habitantes ubicadas en Núcleos Agrarios. El Programa se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en la Meta Nacional 2 “México Incluyente” Objetivo 2 “Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”, mediante el  cual se busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía.

La estrategia de este objetivo es generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social, tiene como líneas de acción entre otras el fortalecer a los actores sociales que promueven el desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago, así como el capital y cohesión social mediante la organización y participación de las comunidades, promoviendo la confianza y la corresponsabilidad.

Para contribuir al desarrollo agrario es necesario impulsar acciones dirigidas a fortalecer la integración delos asentamientos humanos; ello demanda desarrollar estrategias encaminadas a disminuir la dispersión y atomización de pequeñas localidades rurales, concentrando a la población en asentamientos humanos con mayor acceso a infraestructura y servicios.

Por ello, es necesario llevar a cabo acciones de fomento que promuevan el desarrollo de actividades productivas; la organización y capacitación agraria constituyen una de las prioridades del sector, por lo que se debe mantener una estrecha relación con las organizaciones campesinas, ciudadanas y sujetos agrarios para escuchar, orientar y definir las mejores alternativas de solución a sus problemáticas y así, de manera consensuada y coordinada con otros órdenes de gobierno, solucionar los conflictos en el medio rural y garantizar la procuración de justicia agraria.

El Programa de Fomento a la Urbanización Rural, tiene la finalidad de contribuir a fomentar el desarrollo de los Núcleos Agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad mediante Proyectos Ejecutivos y Proyectos de Construcción de Infraestructura Urbana Comunitaria.

El dotar de Infraestructura Urbana Comunitaria a las localidades rurales con alto y muy alto grado de rezago social pertenecientes a un Núcleo Agrario, es prioritario para el cumplimiento de los objetivos del Programa que tiene cobertura nacional, dicha infraestructura incluye la reparación de las calles, banquetas y guarniciones iluminación y obras de saneamiento de espacios de la vía pública, que coadyuven a la eficiencia de las actividades de los núcleos agrarios, lo anterior para fomentar, el aprovechamiento de los recursos de los mismos, a fin de que contribuyan estos a consolidar un campo rentable con mayor equidad y justicia.

En Baja California Sur, como en otros estados de la Republica y como parte de este programa, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha iniciado obras de pavimentación y ordenamiento de las calles en los municipios donde se encuentran los Núcleos Agrarios y a la fecha, ha abandonado la mayoría de estas obras, dejándolas inconclusas y generando problemas de vialidad, incluso de Salud Pública.

Los problemas que generan esta situación respecto de estas obras inconclusas, entre otrasson el polvo, la contaminación, la avería de vehículos, afectación a los comercios, falta de movilidad, accidentes viales, y problemas de salud por la acumulación de desechos, que representan un foco de infección.

Por ejemplo, en el Municipio de Comondú, las calles Galeana, Matamoros, Hidalgo, Gómez Farías, Lerdo de Tejada e Ignacio Zaragoza, quedaron como obras inconclusas, presentan un estado deplorable, y generan malestar en la ciudadanía, y afecciones a la vida y el desarrollo de la comunidad.

Además, el paso del Huracán Odile, causo daños en casas y calles, dificultando aún más el tránsito, provocando mayores problemas de encharcamientos, sin que hasta el momento, estas calles afectadas, hayan sido reparadas, lo cual complica más la situación.

Es por ello que es urgente que la SEDATU concluya las obras de pavimentación y urbanización de las calles en el Estado de Baja California Sur de las comunidades rurales que permitan combatir la dispersión y marginación de los asentamientos humanos rurales.

Por virtud de lo antes expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, rinda un informe detallado a esta soberanía sobre el avance físico y financiero de las obras del Programa de Fomento a la Urbanización Rural, y del Programa Hábitat en el Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO. Se Exhorta a la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, concluya las obras en el Estado de Baja California Sur, de Pavimentación, drenaje sanitario y pluvial, agua potable, red eléctrica, así como banquetas y rampas,  alumbrado público, señalización, que permitan la circulación segura, eficiente e incluyente de personas y vehículos.





 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a recibir a las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC, en el ánimo de resolver las demandas planteadas del pliego petitorio que hicieron en su momento. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Diputada VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el  artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta H. Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A seis años de impunidad de la peor tragedia que involucra a la niñez mexicana, el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que tuvo como resultado la muerte de 25 niñas y 24  niños, así como alrededor de 24 niñas y niños afectados por quemaduras y 80 más por la exposición y/o inhalación del humo toxico, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha consignado a los verdaderos culpables que provocaron el fatídico incendio, quienes siguen gozando de impunidad, como si nada hubiera pasado.

Han transcurrido 6 años en que la PGR atrajo la investigación y hasta el momento, la dependencia únicamente ha podido consignar a delincuentes menores, según consta en las indagatorias y el Poder Judicial no ha podido hacer nada si el Ministerio Público de la Federación no actúa y no pone en sus manos una averiguación previa con los suficientes elementos para castigar a los verdaderos culpables.

Por lo que de nueva cuenta, este caso al igual que otros, dan vida a la dolorosa memoria que se caracteriza por la impunidad y el desinterés de las autoridades federales y estatales en hacer justicia de las conductas de acción u omisión de los funcionarios que trascendieron a las consecuencias del accidente.

La historia de esta tragedia se ha destacado por estar envuelta no sólo en el dolor de la pérdida de vidas inocentes, sino también por él sufrimiento, el daño y el reclamo de justicia de las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC.

Las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC han recomendado al gobierno mexicano garantizar una investigación eficaz para que los verdaderos responsables sean procesados debidamente. Sin embargo, hasta la fecha esto todavía no ha sido implementada, a pesar de que en 2010 el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reconoció que había la existencia de 19 funcionarios involucrados en los hechos por negligencia y omisión.

Además es importante recordar que la investigación especial del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea acerca de lo acontecido en la guardería ABC no es una alternativa a la justicia penal, sino un mecanismo para reforzar los esfuerzos para esclarecer los hechos.

Por lo tanto, no debería ser razón para paralizar la acción penal contra los responsables ni otras acciones apremiantes, puesto que el reclamo social para que se castigue a los culpables del incendio de la guardería ABC, será permanente, ya que se ha demostrado con el paso del tiempo que hubo una serie de complicidades y corrupción de autoridades locales y federales que dieron origen al incendio.

Por ello, las investigaciones ministeriales sobre la tragedia que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) no pueden considerarse cerradas hasta que se agoten todas las líneas de investigación, ya que la demanda de las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC por la justicia de sus hijas e hijos, es un reclamo a la reparación del daño que el Estado debería de asumir con urgencia. 

Si añadimos a lo anterior, que el pasado 4 de junio de 2014, se formó el Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a las Investigaciones de la Guardería ABC del Estado de Sonora, el cual tuvo por objeto, dar seguimiento a las investigaciones, demandar el esclarecimiento del origen del incendio en la guardería, solicitar la identificación plena de las y los responsables directos e indirectos de la tragedia, dar seguimiento a la reparación del daño a las víctimas y a los familiares de los sucesos del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora y por último, presentar iniciativas de ley para mejorar el funcionamiento de las estancias infantiles, donde se incluya la prevención de siniestros. 

Es así que el 30 de abril de 2015, el Grupo de Trabajo concluyó que los trabajos realizados se vieron frenados por la falta de disposición de las autoridades federales y estatales encargadas de la investigación. Esto significó que a pesar de que los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, sigue inconcluso al no determinarse culpables definitivos de la administración estatal y federal que tienen relación directa e indirecta respecto al fatídico incendio.

Por lo tanto, podemos encontrar que en nuestro país se percibe vivir entre la injusticia, la impunidad y el oprobio por lo que es necesario demandar con energía lo que por derecho nos corresponde a todas y todos los mexicanos; justicia y respeto a nuestros derechos humanos, particularmente en el caso de estas niñas y niños que no debieron morir, ni permanecer afectados por quemaduras durante el resto de sus vidas.

Mientras no haya justicia para las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC, en México seguiremos padeciendo de la práctica sistemática de la impunidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la aprobación de la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que reciba en los Pinos a las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC, en el ánimo de resolver las demandas planteadas del pliego petitorio que hicieron en su momento las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a realizar una investigación veraz y efectiva que resuelva a la mayor brevedad la averiguación previa para castigar a los verdaderos culpables de la peor tragedia que involucra a la niñez mexicana, el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 3 de junio de 2015.

Suscribe

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña.





 

De la Diputada Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México y al gobierno municipal de Villa Victoria, Estado de México, a detener el uso de la policía estatal y la policía municipal en el proceso electoral en curso. Se turna a la Primera Comisión.







 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre la implementación de programas para la prevención de derrames de hidrocarburos y de remediación para garantizar el resarcimiento de daños y perjuicios por el derrame en el Río de la Sierra y Grijalva en el estado de Tabasco. Se turna a la Tercera Comisión.







 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Manuel Fernández Aguirre, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se reconoce a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos su respuesta ante la catástrofe de ciudad acuña y se exhorta a establecer medidas de atención a fin de reestablecer a la normalidad las condiciones de vida en dicha población. Se turna a la Primera Comisión.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Y BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE, SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 25 de mayo se presentó en Ciudad Acuña, Coahuila un tornado con  6 segundos de duración de consecuencias catastróficas afectando las colonias Altos de Santa Teresa, Las Aves y Santa Rosa. Este fenómeno hidro-meteorológico lamentablemente causó la pérdida de 13 vidas humanas y un total de 229 personas heridas. Dentro de los daños materiales se tiene que 247 casas se declararon pérdida total.

Ante la magnitud de la catástrofe, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto  acudió personalmente a coordinar los trabajos de reconstrucción de la ciudad. La Secretaría  de Gobernación emitió la Declaratoria de Emergencia aunado a que  y esta Comisión Permanente aprobó varios exhortos para que la ayuda se entregue sin demora alguna. Con estas acciones, la primera fase de la emergencia ha quedado atendida, salvaguardar la seguridad y salud de la población, y preparar las tareas para la reconstrucción de la ciudad.

También acudieron a apoyo de las tareas de reconstrucción los titulares de las Secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Salud y los Directores Generales de la Comisión Federal de Electricidad y del INFONAVIT.

Por su parte el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, acudió inmediatamente a la zona de desastre, coordinó y  supervisó la entrega de apoyos e instruyó a los integrantes de su gabinete a instalarse en Ciudad Acuña hasta en tanto las actividades retornen a la normalidad. 

Asimismo el Presidente Municipal, Lenin Pérez, instruyó las primeras tareas de rescate y se mantuvo al pendiente de la población afectada.

La coordinación de los tres órdenes de gobierno ha llevado a superar la fase de emergencia y hoy Acuña se levanta gracias a la solidaridad y pronta respuesta de las y los mexicanos. 

También hacemos un amplio reconocimiento a todas las autoridades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que atienden a la población con el fin de restablecer las condiciones de normalidad en Ciudad Acuña.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, reconoce el esfuerzo, labor y coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos por su pronta y eficaz respuesta ante el tornado del pasado 25 de mayo en  Ciudad Acuña, Coahuila.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Braulio Manuel Fernandez Aguirre.





 

De los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán y de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de Yucatán a investigar el asesinato de dos jóvenes en el municipio de Peto; así como al Gobierno Federal para que garantice la seguridad y el desarrollo pacífico de los próximos comicios del 7 de junio. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos legisladores, Diputado FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL, DIPUTADO JUAN PABLO ADAME ALEMÁN y Senadora LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos  116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, sometemos al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo de carácter de urgente y obvia resolución:

CONSIDERACIONES

El pasado domingo 31 de mayo, alrededor de las 20:00, un grupo de simpatizantes, militantes y servidores públicos panistas – entre los que se encontraban la diputada Beatriz Zavala, el senador Daniel Ávila y el presidente del PAN en Yucatán, Hugo Sánchez – participaba en una marcha de apoyo al candidato albiazul a la alcaldía de Peto, Yucatán, Jaime Hernández Sánchez. Dicha marcha pacífica culminaría en el punto en el que se celebraría el mitin de cierre de campaña. No obstante, un grupo de choque identificado con el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) interceptó la marcha y agredió a los participantes con piedras, machetes y armas de fuego. Los sucesos derivaron en la muerte de dos jóvenes – Francisco Canché Moo y Elmer UcEk – y al menos otros 6 heridos.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó la denuncia respectiva ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán en Tekax. Sin embargo, aún no hay detenidos, ni se ha esclarecido el móvil de tan cobardes agresiones y homicidios.

Medios oficiales han buscado minimizar lo ocurrido en Peto, afirmando que se trató de una trifulca entre pandilleros. Sin embargo, los testigos afirman que se trató de ataques premeditados y de un modus operandi del Partido Revolucionario Institucional en la entidad. Dicho partido político ha realizado actos violentos, a través de grupos de choque, en otros 12 municipios, entre los que se encuentran Izamal, Tizimin, Yaxcabá, Tinum y Tekom.

Desafortunadamente, el caso de Yucatán no es un caso aislado. El proceso electoral federal, así como los procesos electorales locales que se celebran en varias entidades de nuestro país, han sido sumamente violentos. El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gerson Hernández Mecalco, incluso, ha calificado las elecciones de 2015 como las más violentas que ha padecido el país. Baste recordar la quema y destrucción de paquetes electorales con más de 16 mil boletas en Oaxaca; los ataques con bombas a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla; las amenazas, ataques, agresiones, levantones y más de 70 homicidios de servidores públicos, candidatos y personas vinculadas a partidos políticos. Todo lo anterior, de una u otra forma, repercutirá en el desarrollo de las elecciones del próximo domingo. Se prevé que el ensañamiento que se ha evidenciado en este proceso desincentive la asistencia a las urnas y, como consecuencia, debilite a la democracia mexicana.

El país se encuentra convulso tras diferentes acontecimientos que han generado sufrimiento en varias familias y en la colectividad, hechos que restan legitimidad a las autoridades y que generan desconfianza en las instituciones políticas. Sin embargo, esto no debe de traducirse en un ataque frontal a la democracia y a los actores que en ella participan. Si bien la celebración de elecciones no es la solución de todos los males, sí es condición necesaria para que los espacios de poder sean ocupados por personas con legitimidad y respaldo ciudadano. Por ello, es fundamental cuidar que los procesos democráticos se mantengan como competencias entre adversarios políticos, y no como guerras cuyo fin es la aniquilación del enemigo.

Es responsabilidad de las autoridades estatales y federales, primero, velar por los derechos y la seguridad de los habitantes. Segundo, sancionar a quienes violenten la legalidad y atenten contra los derechos del resto de los habitantes, de modo tal que dichas conductas resulten verdaderamente costosas. Tercero, recuperar la confianza de los mexicanos en las instituciones públicas del país.

Para lo anterior, no ha lugar a la politización de la justicia. Las sanciones que correspondan, no deberán de pasar por el filtro de la filiación política de los responsables.

Tampoco vale minimizar los hechos, como lo hizo recientemente el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al calificarlos de sucesos aislados y sustraer el móvil político que hay detrás de ellos. Para atender el problema, lo primero es reconocerlo y afrontarlo.

Las autoridades estatales cuentan con los instrumentos legales para investigar de manera exhaustiva e imparcial los hechos del pasado 31 de mayo en Peto, Yucatán; la Secretaría de Gobernación, por su parte, cuenta con las facultades y herramientas para garantizar el desarrollo pacífico, en todos los rincones del país, de la jornada electoral del próximo domingo 7 de junio.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato de los jóvenes Francisco Canché Moo y Elmer UcEk, ocurridos el pasado 31 de mayo en el municipio de Peto, Yucatán.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Yucatán y a la Fiscalía General del Estado para que realicen una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos ocurridos el pasado 31 de mayo en el cierre de campaña del candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal del municipio de Peto, en el que dos jóvenes fueron asesinados y varios más resultaron heridos, tras el ataque perpetrado por un grupo de choque.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, en el ejercicio de sus atribuciones, implemente las medidas necesarias para garantizar el desarrollo normal y pacífico de la jornada electoral del próximo domingo 7 de junio. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 3 de junio de 2015.

Dip. Fernando Rodríguez Doval.- Dip. Juan Pablo Adame Alemán.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.





 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover ante la Organización Mundial de la Salud la declaratoria del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Se turna a la Segunda Comisión.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ANABEL ACOSTA ISLAS Y MAYELA QUIROGA TAMEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El día mundial de la esclerosis múltiple se conmemora anualmente desde 2009, el último miércoles de cada mayo. Fue declarado por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple con la finalidad de reunir a la comunidad internacional de esclerosis múltiple con el fin de compartir experiencias, concienciar y hacer campaña con y para todos aquellos afectados. [*]

La referida Federación Internacional señala que, desde su lanzamiento, el Día Mundial de la esclerosis múltiple ha crecido y se ha fortalecido cada vez más, alcanzando a cientos de miles de personas en más de 78 países en todo el mundo.

Sin duda, se trata de un gran esfuerzo encabezado por una red de organizaciones no gubernamentales constituidas alrededor del mundo. Con motivo de este día mundial las asociaciones preparan y promueven una serie de eventos de concienciación y apoyo en torno a las personas que viven con esta enfermedad; en ellos participan instituciones públicas, especialistas, voluntarios y voluntarias y una gran cantidad de familias.

Es el caso del Foro del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple que se llevó a cabo en el Senado de la República el pasado 27 de mayo de 2015, y en el que participaron las asociaciones Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple A.C. (UCEM), la Asociación Mexicana de Esclerosis Múltiple IAP (AMEM) y la Asociación de Esclerosis Múltiple “Tiempo de Aprender “, así como diversos especialistas de la Academia Mexicana de Neurología y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

Un Foro muy productivo a favor de una mejor calidad de vida y atención integral para las personas que viven con esclerosis múltiple en nuestro país, al igual que todas las actividades realizadas alrededor del mundo con motivo de esta conmemoración.

Sin duda,  los sectores privado, público y social, debemos seguir fomentando estos espacios de reflexión y solidaridad. Por ello, consideramos oportuno solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores promueva ante la Organización Mundial de la Salud se emita la declaratoria de Día Mundial de la Esclerosis Múltiple el último miércoles del mes de mayo de cada año.

De esta forma se acompaña y fortalece el trabajo y esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales a las que hemos hecho referencia en todos aquellos países que forman parte de dicho organismo; mismo que a través de campañas mundiales de salud pública aumentan en gran medida la concienciación, información y apoyo sobre los problemas de salud globales como es el caso por ejemplo del día mundial de la tuberculosis, contra  el SIDA, contra la hepatitis, entre otras. 

Consideramos que este  un acto de apoyo y de justicia  para con las personas que viven con esclerosis múltiple y sus familias alrededor del mundo; además de un impulso más a las tareas de investigación y profesionalización del personal de la salid.

Es por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones señaladas,  sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover ante la Organización Mundial de la Salud se declare el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple el último miércoles del mes de mayo de cada año.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 3 de junio 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Mayela Quiroga Tamez.

[*] http://www.worldmsday.org/es/about-world-ms-day/





 

De la Diputada Claudia Rocío Villa Oñate, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las entidades federativas a tomar medidas pertinentes y realizar acciones, a efecto de garantizar la protección, defensa y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros de reclusión. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe CLAUDIA ROCÍO VILLA OÑATE, Diputada Federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 constitucional y 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Según información del Gobierno Federal, en México, las instituciones carcelarias exclusivas para el género femenino son evidentemente inferiores en número respecto de los varoniles; del total de 418 centros de reclusión del país, diez establecimientos dependientes de los gobiernos de los estados son exclusivos para albergar la población femenil, a saber:

1) Centro de Readaptación Social Femenil Aguascalientes;

2) Centro de Readaptación Social Femenil Saltillo, Coahuila;

3) Centro Estatal para la Reinserción Social de los Sentenciados No. 4 Femenil Tapachula, Chiapas; 

4) Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla; 

5) Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, Distrito Federal; 

6) Centro Preventivo de Reclusión Femenil Guadalajara, Jalisco; 

7) Centro de Readaptación Social Femenil Atlacholoaya, Morelos; 

8) Centro de Readaptación Social Femenil San José El Alto, Querétaro;

9) Centro de Readaptación Social Nogales Femenil, Sonora y 

10) Centro Preventivo de Readaptación Social Femenil Cieneguillas, Zacatecas.

En el ámbito federal, mediante Acuerdo 03/2011 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2011, se incorporó al sistema penitenciario el Centro Federal Femenil “Noroeste”, Tepic, Nayarit, y a través del Acuerdo 04/2011 publicado el día 3 del mismo mes y año, se incorporaron al Complejo Penitenciario “Islas Marías”, el Centro Federal Femenil de Readaptación Social Rehilete y el Centro Federal Femenil de Readaptación Social de Seguridad Mínima Zacatal; cabe mencionar que éste último no se encuentra en operación.

En otro orden de ideas, de acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, correspondiente al mes de abril de 2013, la población femenil recluida en los establecimientos penitenciarios de la República Mexicana, fue de 11,901 mujeres, de las cuales 8,839 son del fuero común, es decir