Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 22 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 8



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 27 de Mayo de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

APERTURA

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: (12:23 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 30 ciudadanos legisladores. Hay quórum.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 27 de mayo de 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.

 






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
VEINTE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con diecinueve minutos del miércoles veinte de mayo de dos mil quince, con una asistencia de treinta y un legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles trece de mayo de dos mil quince.

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de abril de 2015, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2014.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que durante el mes de abril de 2015 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su Primer Informe Trimestral, correspondiente al año 2015.- Se remitió a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, su Informe sobre la composición y situación financiera de las Inversiones, correspondiente al primer trimestre de 2015.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa las modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Senador Óscar Román Rosas González, oficio por el que informa su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 20 de mayo de 2015.- Quedó de enterado. Se comunicará a la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de mayo de 2015.- Fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, que propone realizar sesión solemne el martes 26 de mayo del año en curso, para recibir la visita del Presidente de la República de Finlandia.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, que propone realizar sesión solemne el miércoles 27 de mayo del año en curso, para recibir la visita de la Presidenta de la República Federativa del Brasil.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibieron veinticuatro oficios de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.- Se realizó el escrutinio correspondiente, el Presidente de la Mesa Directiva realizó la declaratoria de aprobación. Se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Intervinieron los legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda Franco del PANAL, Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM, Senador Armando Ríos Piter del PRD, Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Diputada Amalia Dolores García Medina del PRD, Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN, Senador Javier Lozano Alarcón del PAN y Senadora Graciela Ortiz González del PRI.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que la Comisión Permanente, con el objeto de evitar la duplicidad en la literalidad de la fracción XXIX-V del artículo 73 constitucional, otorga su anuencia para que al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, cuya declaratoria de aprobación se emitió el 6 de mayo de 2015, las menciones referidas a la fracción XXIX-V, queden como XXIX-W.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
MARTÍN ALONSO HEREDIA LIZÁRRAGA

(Iniciativas)

El Diputado Roberto Ruíz Moronatti, a nombre propio y de los Diputados Dulce María Muñiz Martínez y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 282-E a la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comunicación política.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de comunicación política.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones IV, IX y X del artículo 55 de la Ley Minera.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea trece dictámenes de la Primera Comisión, con punto de acuerdo:

1) Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de Ernesto Fidel López Nelio y dos personas más, acaecido el pasado 17 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

2) Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero, ocurrido el pasado 1 de mayo.

3) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a valorar la viabilidad de emitir la declaratoria de emergencia en las zonas afectadas por el fenómeno natural “mar de fondo” y, en su caso, se disponga de los recursos del FONDEN para la atención de las personas damnificadas.- Intervino el Diputado Fernando Charleston Hernández del PRI.

4) Que exhorta al gobierno del Distrito Federal a realizar las investigaciones correspondientes sobre supuestos cobros irregulares efectuados a comerciantes ambulantes del Estadio Azul por presuntos servidores públicos del gobierno capitalino y/o de la Delegación Benito Juárez.

5) Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de ejercer la facultad de atracción de la investigación del homicidio del periodista Armando Saldaña Morales.- Intervinieron los legisladores: Diputado Alejandro Montano Guzmán del PRI; Senador Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; y Diputado Danner González Rodríguez de MC.

6) Por el que la Comisión Permanente condena los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal los días 6 y 7 de mayo del año en curso e insta a las candidatas y candidatos a cargos de elección popular, así como a los miembros y simpatizantes de los partidos políticos a conducirse con civilidad y respeto mutuo para un normal desarrollo del proceso electoral vigente.- Intervinieron los legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA; Diputada Lizbeth Rosas Montero del PRD; Diputado Danner González Rodríguez de MC; Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN; y Senadora Dolores Padierna Luna del PRD.

7) Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a promover entre la población la importancia de restituir los bienes mostrencos como un valor cívico ciudadano.

8) Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Yucatán a agilizar la investigación de los hechos cometidos en contra del ciudadano Hernán Javier Casares, a fin de que se finquen responsabilidades y se sancione a quienes resulten responsables.

9) Por el que la Comisión Permanente rechaza cualquier tipo de violencia y agresiones a la libertad de expresión, así como cualquier acto que vulnere los derechos humanos de los periodistas y exhorta a la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato a pronunciarse sobre la posible violación del derecho a la libertad de expresión y violencia de género en contra de Verónica Espinosa.- Intervino la Senadora María del Pilar Ortega Martínez del PAN.

10) Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el fenómeno del desplazamiento interno en nuestro país, así como de las políticas públicas para la atención del mismo.

11) Que exhorta a los poderes ejecutivos de la Federación y de las entidades federativas a buscar solución inmediata a la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales y se retomen y apliquen las propuestas señaladas con el fin de solucionar la problemática y carencias detectadas en dichos centros.

12) Que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a reforzar sus estrategias de prevención, investigación y persecución de delitos electorales con motivo de la jornada electoral del día 7 de junio del 2015; y le solicita un informe sobre los resultados del Programa de Blindaje Electoral 2015.- Intervinieron los legisladores: Diputada Graciela Saldaña Fraire del PRD; Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM; y Diputada Lizbeth Rosas Montero del PRD.

13) Por el que se considera atendido el punto de acuerdo sobre el asesinato del ciudadano Ricardo Cadena Becerra, a manos de un policía del municipio de San Pedro Cholula.

Los trece dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, resultado de la Evaluación Internacional del Programa de Vacunación Universal de México.

2) Que exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades a explorar la posibilidad de generar un subprograma de incentivos a los profesionistas en el rubro de salud bucal que desempeñen sus servicios adscritos a la dependencia, en comunidades con altos grados de vulnerabilidad socioeconómica.

3) Por el que se considera sin materia el punto de acuerdo que exhortaba al Sistema Nacional DIF a dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Sin discusión, los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal a considerar incluir una asignación presupuestal anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, destinada a cubrir los gastos de operación de la Planta de Bombeo Anzaldúas-Rodhe, a fin de apoyar el pago de la electricidad para el suministro de agua en beneficio de los productores agrícolas del distrito de riego 026 Bajo Río San Juan y la población del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre de los Diputados Alejandro Rangel Segovia y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar lo relacionado con el proceso de compra-venta y arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, Colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado actualmente por el ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno capitalino.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

El Diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Procuraduría General de la República que investiguen el destino de la totalidad de los recursos de los años 2013 y 2014 de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo Temporal, Programa de 3x1 migrantes y Programa de Gestores Voluntarios de la Delegación de la SEDESOL del estado de Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo sobre las convocatorias para la adjudicación de contratos de producción compartida de la Ronda Uno.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

El Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública y al Instituto Mexicano de la Juventud a coordinarse para celebrar convenios que permitan abrir plazas laborales a jóvenes estudiantes mexicanos de carreras técnicas y profesionales que concluyan sus estudios con un desempeño de excelencia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se requiere a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que incluya en su catálogo y fije el salario mínimo general para el trabajo en el campo, determine las zonas geográficas correspondientes y disponga lo necesario para su inmediata aplicación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 73 recorriéndose las subsecuentes y se reforma la fracción I del artículo 74 de la Ley General de Salud, en materia de trastornos de la conducta alimenticia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 32 y se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 33, ambos de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 98 de la Ley de Hidrocarburos.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 551 BIS a la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de estímulos fiscales.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Protección del Paisaje Histórico y Cultural en México.- Se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se reforman el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, para la protección de la totoaba.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 362 del Código de Comercio, el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se adiciona el artículo 65 de la Ley de Instituciones Financieras y el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a informar sobre los donativos y donaciones en especie y en efectivo correspondientes al primer trimestre de este año.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral que exhorte a todos los partidos políticos que contienden en el presente proceso electoral a abstenerse de hacer juicios respecto a la legalidad de la publicidad que los mismos utilizan.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo relacionado a las comunidades indígenas y su acceso y permanencia a la educación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar de manera rápida, expedita y contundente las investigaciones correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a emitir los lineamientos y disposiciones necesarios para atender a las clínicas de reproducción asistida; así como realizar una investigación sobre la remuneración entregada a las donantes de óvulos en las mismas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a coordinar sus esfuerzos para atender a los niños, niñas y personas en situación de calle y les brinden protección y albergue de manera permanente.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a garantizar la protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Director del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado a informar el salario promedio base de cotización de las dependencias y organismos del Gobierno del Distrito Federal en los últimos diez años.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a implementar mayores y mejores estrategias para disminuir los índices de violencia contra las mujeres.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas ejercitar acciones para velar por la correcta y sana reinserción de los menores infractores del fuero común y federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Consejo de la Judicatura Federal a impulsar una descentralización integral de oficinas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Gobernador del estado de Chiapas a informar sobre la investigación que han efectuado relativa a la muerte de dos infantes y de 29 niños afectados por la aplicación de un grupo de vacunas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal a instruir lo necesario a efecto de que los juzgados familiares de proceso oral del Distrito Federal conozcan de las controversias que se susciten en materia de pensión alimenticia de menores en el tiempo establecido en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal del 9 de junio de 2014.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores María del Pilar Ortega Martínez, Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos Romero Hicks y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2014, en cuanto a los recursos transferidos al municipio de Tizimín, Yucatán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Enrique Aubry Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno para ejecutar acciones con motivo de la celebración del Día Internacional del Reciclaje.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, al Auditor Superior del Estado de México y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a ejercer sus facultades de investigación respecto a las obras del circuito Viaducto Bicentenario.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a cancelar el registro como partido político, al Partido Verde Ecologista de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral que exhorte a los partidos políticos a abstenerse de hacer descalificaciones y acusaciones sin fundamento que vician el presente proceso electoral tanto a nivel local como federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar y diseñar acciones y políticas que permitan impulsar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas de todo el país, a través de la formalización del sector, integración a la seguridad social, garantizar el derecho a un salario y trabajo digno, de acceso a una vivienda cómoda e higiénica y agrupación sindical.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo una investigación al ejercicio y destino de los recursos públicos federales entregados a través de los programas y proyectos autorizados por el Instituto Nacional de la Economía Social en el estado de Yucatán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a realizar una revisión exhaustiva a la construcción de la gasolinera ubicada Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de salvaguardar el equilibrio ecológico de la laguna Nipchuté, la salud de los habitantes de la región y de los huéspedes del hotel Presidente Intercontinental.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar las fuentes de financiamiento de la campaña electoral del Partido Verde Ecologista de México y aplique, de ser el caso, las sanciones correspondientes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Roberto Ruíz Moronatti, Alejandro Rangel Segovia y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Transporte del Distrito Federal, en lo que a su ámbito de competencia corresponde.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Fernando Yunes Márquez, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Maki Ortiz Domínguez, Martín Orozco Sandoval y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre el estado actual que guarda el tramo de la carretera de San Diego de la Unión-Dolores Hidalgo del estado de Guanajuato; asimismo, se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una revisión exhaustiva de los recursos entregados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Delegación Guanajuato sobre el destino y ejecución de los recursos públicos aplicados del año 2012 a 2015.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre el monto de los subsidios y programas federales de apoyo que se han otorgado a los productores agrícolas del Valle de San Quintín en Baja California durante el periodo 2008-2015.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a fortalecer las medidas de protección civil, así como las campañas de comunicación para la protección de la población durante la temporada de lluvias y huracanes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo a los titulares del IMSS y del ISSSTE; y exhorta al CONEVAL a evaluar el programa de vales de medicinas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación audite los contratos que el Gobierno Federal tiene celebrados con la empresa OHL México, durante 2012, 2013 y 2014.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a cabo una campaña informativa tendiente a prevenir los peligros del mar de fondo entre la población que se encuentra asentada el litoral del océano pacífico.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a contratar un peritaje externo por el choque ocurrido el pasado 4 de mayo en la estación Oceanía y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que remueva al actual director del Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Secretaría de Turismo y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los criterios y/o normas y vigilancia que rige la fijación de las tarifas que por servicio de llamadas telefónicas locales y larga distancia nacional se cobra en los hoteles que operan en territorio nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita al Secretario de Comunicaciones y Transportes a una reunión de trabajo con el objeto de explicar de manera detallada las consecuencias e implicaciones en torno al incidente del satélite MEXSAT-1 “Centenario”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina y Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe los fundamentos y las motivaciones de la dependencia a su cargo, para que el ejercicio del remanente de operación del Banco de México, por 31 mil 499 millones de pesos, correspondiente a 2014, se traslade hasta el presupuesto 2016.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fomentar hábitos de cuidado de las mascotas con el fin de evitar que éstas lleguen a atacar a otras personas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Social a abstenerse de entregar televisores digitales del Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre en los días de campaña y reflexión previos a la jornada electoral del 7 de junio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento del Subsidio para la Seguridad en los Municipios.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre los procesos penales y administrativos que ambas instancias han presentado en contra de los presuntos responsables de diversas irregularidades en la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar lo conducente para instituir y celebrar el 25 de marzo como el “Día del Niño por Nacer”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre los hechos acontecidos durante las primeras horas del día 16 de mayo del año en curso, relativos al fallido lanzamiento y puesta en órbita del satélite Centenario.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar un programa de atención a los trastornos del sueño y estrategias para fomentar la higiene del sueño.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación objetiva, expedita e imparcial en torno a una posible red de funcionarios del gobierno federal que actúan en beneficio de la empresa OHL.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Ernesto Cordero Arroyo y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Distrito Federal a iniciar una exhaustiva e integral investigación sobre la ilegalidad de la construcción ubicada en calle Minería, número 88, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, en esta ciudad capital, misma que fue señalada como domicilio del candidato a Jefe Delegacional de esa demarcación por el Partido de la Revolución Democrática, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos legales para su adquisición, edificación, venta y ocupación, establecidos en la normatividad respectiva de construcción y uso de suelo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, José Higuera Fuentes y Lorenia Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Estado Mexicano a garantizar y salvaguardar los derechos humanos de las personas que asisten y participan en la Caravana Nacional en defensa del Agua, la Tierra, el Trabajo y la Vida.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Lourdes Quiñones Canales, Adriana Fuentes Téllez, Chris López Alvarado y Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión del gran jurado del condado de Tarrant, Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, oficial del departamento de policía de Grapevine, quien disparó y privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén García Villalpando, cuando éste se encontraba con las manos arriba y desarmado al momento de su detención.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Herrera Ávila, Alejandro Encinas Rodríguez y del Dip. Fernando Rodríguez Doval, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que conforme la comisión investigadora de los posibles actos de corrupción tanto de funcionarios públicos como de privados, relacionados con los contratos asignados a la empresa OHL.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la intervención federal ante el incremento de violencia de los municipios de Chilapa y Zitlala, Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar la fiscalización sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre el presupuesto trasferido al gobierno de ese estado, durante 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a distintas autoridades para que se abstengan de descontar ilegalmente cantidad o cuota alguna a los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en extinción.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a cumplir con los acuerdos signados con las autoridades federales y los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y al Servicio de Administración Tributaria a investigar la adquisición de una casa ubicada en San Pedro el Saucito, Hermosillo, por parte del gobernador del estado de Sonora, toda vez que ésta no fue incluida en su declaración patrimonial al momento de asumir el cargo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas Martha Lucía Mícher Camarena y Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a hacer un llamado a todas las personas contendientes en el actual proceso electoral a no ejercer prácticas de violencia política y para que durante las campañas electorales se abstengan del uso de lenguaje sexista y discriminatorio, así como de las referencias al cuerpo de las mujeres como recurso para hacer más explícitas sus declaraciones.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya y José Higuera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a rediseñar la consulta indígena bajo el principio del consentimiento libre, previo e informado y con apego al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Manuel Añorve Baños, Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar la vigilancia en el municipio de Chilapa, Guerrero, para garantizar la tranquilidad de la población.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a revisar y emitir las recomendaciones pertinentes tanto a los gobiernos del Estado de México, como al del Distrito Federal, por el caso relativo a los límites territoriales entre ambas entidades, específicamente entre los municipios de Valle de Chalco Solidaridad y la Delegación Tláhuac, que afecta a los pobladores de la colonia ampliación Santa Catarina, segunda sección.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas en relación al Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre edad mínima de admisión al empleo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a dar puntual seguimiento a las investigaciones de la muerte de dos bebés y la gravedad de otros que se encontraban hospitalizados con motivo de la aplicación de vacunas en la población de la Pimienta, correspondiente al municipio de Simojovel en el Estado de Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Judith Guerrero López y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a implementar un programa emergente de apoyo a los productores del campo que han contraído obligaciones con cajas populares e instituciones bancarias.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados a dar continuidad al proceso del Constituyente Permanente y se sirvan aprobar la modificación a la fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, a fin de contar con facultades para expedir leyes generales en materia de secuestros, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias a diseñar un plan emergente para la renovación de cafetales en Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social a cubrir las primas que se les deben a sus trabajadores jubilados y pensionados.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Alejandro Rangel Segovia y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar lo relacionado con el proceso de compra-venta y arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, Colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado actualmente por el ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno capitalino.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobernador del estado de Baja California y al gobernador del estado de Oaxaca a atender las demandas de los trabajadores del campo y sus familias en San Quintín, Baja California; así como las causas que los obligan a trabajar en condiciones de explotación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que las dos Cámaras del Congreso de la Unión celebren periodo extraordinario.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que solicita al gobierno del Distrito Federal realice una investigación transparente, pronta y expedita en relación a la compra-venta del predio ubicado en la calle de Río de Janeiro número 46 en la Colonia Roma Norte de la Ciudad de México en el mes de febrero de 2011.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública y del Servicio de Administración Tributaria a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer la posible existencia de delitos en el presunto enriquecimiento inexplicable del candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, así como en las omisiones o faltas administrativas en las que ha incurrido por el falseo en sus declaraciones patrimoniales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar el presunto financiamiento ilegal del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Querétaro.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los reportes trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar ante esa instancia, con relación a la administración y ejecución de los recursos federales que se les han ministrado, así como la evaluación de las acciones y resultados del programa escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del 120 aniversario del natalicio de Lázaro Cárdenas del Río.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Venustiano Carranza.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride en relación con el Día Internacional contra la Homofobia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Maestro.-Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el 120 aniversario del natalicio del Gral. Lázaro Cárdenas del Río.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Museos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Carlos Fuentes.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención en relación con la firma del convenio de colaboración de México con la Organización Mundial de la Salud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitieron intervención para referirse a la situación política actual del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con veintitrés minutos y citó a sesión solemne el martes veintiséis de mayo, a las once horas, para recibir la visita del Presidente de la República de Finlandia y el miércoles veintisiete de mayo, a las diez horas con treinta minutos, para realizar sesión solemne en la que se recibirá la visita de la Presidenta de Brasil y a sesión pública, ese mismo día, al terminar la sesión solemne.

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el informe sobre las consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso Post Mórtem a los extintos Teniente de Infantería Orlando Velasco Villegas, Sargento 2/o. de Fuerza Aérea Fusilero Paracaidista José Luis Basilio Pérez, Cabo de Caballería Ignacio Amador Cruz y Soldado de Caballería Mario Flores Patricio.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Remítase a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 9 al 15 de junio de 2015, con el objeto de atender la invitación del Presidente del Consejo Europeo y del Presidente de la Comisión Europea para participar en la II Cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe-Unión Europea, que se llevará a cabo en Bruselas, Bélgica y celebrar la VII Cumbre México-UE.

Asimismo, se informa que el Presidente realizará una visita oficial a la República italiana.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.






BANCO DE MÉXICO

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió del Banco de México, su informe trimestral, correspondiente a enero-marzo de 2015.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIÓN

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió una comunicación de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con la que remite el informe de la II Reunión Interparlamentaria México-Argentina, celebrada el 4 y 5 de mayo del año en curso en Buenos Aires, Argentina.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.






Honorable Asamblea, como es del conocimiento de todas y todos ustedes, el pasado jueves 21 de mayo se suscitó el lamentable fallecimiento del señor Juan Francisco Molinar Horcasitas. El señor Molinar Horcasitas fue Diputado federal de la LIX Legislatura y consejero integrante del Consejo General del IFE de 1996 al 2000.

La Comisión Permanente expresa sus sentidas condolencias a su familia, y respetuosamente solicito que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria.

MINUTO DE SILENCIO

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias.

Asimismo, es de todas y todos sabido que el pasado viernes 22 de mayo ocurrió el muy lamentable fallecimiento del señor Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, quien fue legislador en dos ocasiones, en la LVI y en la LXI Legislaturas del Congreso de la Unión, e integró la Comisión Permanente durante esta última legislatura.

Al momento de su fallecimiento se desempeñaba como Director General del ISSSTE.

Esta Comisión Permanente expresa sus sentidas condolencias a su familia, y respetuosamente solicito que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)






El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Javier Filiberto Guevara, para presentar, a nombre propio y de los Diputados Celia Isabel Gauna y Marco Barba Mariscal, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley General de Cambio Climático.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO A LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Presentada por el Diputado Javier Filiberto Guevara González, a nombre propio y de los Diputados Celia Isabel Gauna y Marco Barba Mariscal, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Javier Filiberto Guevara González: Con su venia, señor Presidente.

La contaminación es considerada, según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como “la presencia en el ambiente de uno o más   contaminantes, o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico”, definiendo asimismo contaminante como “toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, flora,   fauna, o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural”.

El artículo 5 de la referida ley, indica que es facultad de la Federación la regulación y prevención de la contaminación ambiental por energía térmica, así como la regulación de la contaminación de la atmósfera.

No obstante, aunque en dicha ley abundan las referencias a la materia contaminante, la energía que tiene efectos de tal naturaleza debe ser regulada con precisión y a partir de la consideración de sus causas y efectos en los asentamientos humanos.

El objetivo de la presente iniciativa es otorgar una mayor resiliencia en los asentamientos humanos y sus entornos, entendiendo a esta como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse o recuperarse en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos, por medio de incrementar las resistencias y mitigar la contaminación térmica, restaurar y mejorar las estructuras básicas de los ecosistemas y reducir los riesgos y los agentes perturbadores en el orden antropogénico.

Por lo anterior, se propone incorporar a la legislación federal el concepto de las islas de calor; fijar obligaciones para reducir las prácticas que contribuyen a la isla de calor e incrementar aquellas tendientes a preservar el ambiente original; y establecer criterios para priorizar el destino de los recursos del Fondo para el Cambio Climático en materia de investigación y modelos prospectivos.

Por ello, se busca incorporar el concepto de isla de calor a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley General de Asentamientos Humanos, para entenderla como el espacio de un centro de población bajo perturbación climática, consistente en un aumento de su temperatura con respecto a la de sus alrededores y que conlleva consecuencias negativas al medio ambiente o a la salud pública.

A partir de esta adición, el Estado mexicano, su territorio y su población contarán con mejores herramientas para fortalecer la salud pública, la habitabilidad y la sociabilidad en sus asentamientos humanos, así como una normatividad ambiental orientada al cambio climático global y al que ocurre a nivel de las localidades.

De igual forma, la presente iniciativa explora la necesidad de proteger el ciclo hídrico en el paisaje urbano debido a su alta capacidad como regulador térmico, así como sus formas de hacerse presente el agua en el entorno, por lo que se debe ordenar el establecimiento progresivo de infraestructura urbana y verde que garantice el aprovechamiento humano o reincorporación al subsuelo o los ecosistemas del agua.

Se considera la necesidad de llevar a cabo medidas basadas en infraestructura verde, sustentada en previsiones básicas para recuperación y mantenimiento de sus ecosistemas, con el objetivo de mitigar el efecto de la isla de calor en los asentamientos, por lo que se propone incorporar a la legislación el concepto de infraestructura verde, incluir dentro de las herramientas del ordenamiento territorial de los asentamientos y desarrollo urbano la infraestructura verde y las superficies que contribuyan a reducir los impactos al clima y facultar a las legislaturas locales para establecer disposiciones relativas a las medidas para prevenir el efecto de isla de calor y el cambio climático desde el desarrollo urbano.

Otro aspecto relevante en la presente iniciativa, es que se establece como facultad de la SEMARNAT la expedición de normas sobre materiales para evitar la contaminación de la atmósfera, y así se le faculta también para establecer los límites máximos permisibles para emisiones de energía térmica que contribuyan al efecto de la isla de calor que puedan medirse en un rango de la cota de la superficie destinada al desplazamiento peatonal.

Por último, y con el fin de establecer congruencia entre el presente proyecto de Decreto y las preocupaciones descritas, es posible, sin implicar impacto presupuestal, establecer prioridades para el tipo de estudios a desarrollarse con recursos asignados al Fondo para el Cambio Climático, estableciendo como prioridad aquellos estudios que contribuyan al desarrollo de tecnologías para la medición del cambio del clima, al desarrollo de modelos prospectivos, en particular para zonas que resulten estratégicas para el país o altamente vulnerables, y considerar entre los estudios susceptibles de financiamiento con recursos del fondo aquellos orientados a identificar las perturbaciones en las mediciones de la temperatura global y los que indaguen y colecten información histórica útil y viable que sirva de referencia.

Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es una prioridad el legislar en pro de contrarrestar los efectos adversos del cambio climático, una realidad cada vez presente en nuestro entorno del cual sin duda no podemos fingir indiferencias.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Guevara González. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.






Tiene la palabra la Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 55 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Esther Quintana Salinas. Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

Nuestra Ley Fundamental establece en sus principios que México está organizado en una República representativa, federal y democrática. Sabemos también que la soberanía de nuestro país se conforma precisamente a través de los tres Poderes de la Unión y las constituciones de cada uno de los estados, respectivamente.

En este sentido, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con atribuciones y obligaciones específicas que se establecen en nuestra propia Carta Magna.

No está por demás decir que dos o más de estos poderes no pueden reunirse en una sola persona o corporación y depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en los casos de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión.

Estas condiciones son fundamentales para el desarrollo democrático de nuestro país. Las decisiones que deriven de los tres poderes son sustantivas para enriquecer la soberanía y alcanzar el bien común nacional.

La Cámara de Diputados se conforma por ciudadanos electos por la sociedad mexicana y uno de los deberes torales es la representación de la ciudadanía.

De acuerdo con los requisitos para ser Diputado, establecido en el artículo 55 de nuestra Carta Magna, el candidato no puede ser titular de alguno de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario ni Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

Del mismo modo, el candidato no debe ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o Consejero Electoral en los consejos general locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio instituto, salvo que se separe de su encargo de manera definitiva tres años antes del día de la elección.

Dicho artículo menciona, de igual manera, a los gobernadores de los estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la prohibición de ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

Con relación a los secretarios de gobierno de los estados y del Distrito Federal, los Magistrados y Jueces federales o de los estados y del Distrito Federal, así como presidentes municipales y titulares de algún órgano político administrativo, en el caso del Distrito Federal, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes del día de la elección.

Señoras y señores legisladores, en los requisitos para contender a una curul federal, se menciona en las prohibiciones a dos de los Poderes Supremos de la Federación: al Ejecutivo y al Judicial; sin embargo, el problema radica en que en la conformación del Poder Legislativo en México intervienen también los Diputados locales, quienes no se incluyeron en los requisitos para ser Diputado federal.

En Acción Nacional creemos que los procesos electorales necesitan de una mayor transparencia y de un reglamento apegado a los principios democráticos que permitan una mayor igualdad para votar y ser votado.

En este sentido, la promovente, me permito proponer ante esta Comisión Permanente la presente iniciativa que reforma el artículo 55 constitucional, a fin de que los legisladores locales que aspiren a un cargo de Diputado federal, se separen del encargo 90 días antes al día de la elección.

Esta propuesta permitirá eliminar situaciones de privilegio y de discriminación que prevalecen hoy día entre los contendientes que ostentan un cargo de elección popular, respecto a otros ciudadanos, ya que los Diputados locales indiscutiblemente que tienen a su favor para darse a conocer entre la población de su distrito.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, Diputada Federal ESTHER QUINTANA SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México está organizado en una República Representativa, Federal y Democrática, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de nuestra Ley fundamental.

En México se ejerce la soberanía a través de los 3 Poderes de la Unión bajo los términos establecidos por la Constitución Federal y las Constituciones de cada uno de los estados, respectivamente, los que en ningún caso podrán contravenir a las estipulaciones del pacto Federal.

El Supremo Poder de la Federación, se divide para su ejercicio en el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, éstos tienen atribuciones y obligaciones específicas de acuerdo a las actividades encomendadas en la propia constitución

Dos o más de estos poderes no pueden reunirse en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo en los casos de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión.

A su vez, el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, el cual se divide en dos Cámaras: De Senadores y Diputados

La Cámara de Diputados se conforma de representantes de la Nación electos en su totalidad cada 3 años, por los ciudadanos mexicanos y está compuesta por 500 Diputados, divididos en: 300 Diputados elegidos, según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante sistemas de distritos electorales y 200 Diputados que son electos, según el principio de representación proporcional.

Los requisitos para ser Diputado los encontramos en el artículo 55 de nuestra Carta Magna, entre ellos hace referencia a que el candidato,  no puede ser titular de alguno de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

También no debe de ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

Incluye a los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la prohibición de ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

Ya por último, hace mención de que los Secretarios del Gobierno de los Estados y del Distrito Federal, los Magistrados y Jueces Federales o del Estado o del Distrito Federal, así como los Presidentes Municipales y titulares de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección;

Es decir, menciona en las prohibiciones a 2 de los poderes supremos de la federación, al ejecutivo y al judicial, sin embargo, el problema radica en que en la conformación del Poder Legislativo en México intervienen también los diputados locales, los cuales no se incluyeron en los requisitos para ser diputado federal, por lo que propongo que se reforme el artículo 55 Constitucional, a fin de que los legisladores locales que aspiran a un cargo de diputado federal se separen del encargo noventa días antes al día de la elección.

Lo anterior, con la finalidad de eliminar situaciones privilegiadas y de discriminación que prevalece hoy en día entre los contendientes que ostentan un cargo de elección popular respecto a otros ciudadanos, ya que los diputados locales, tienen todo a su favor, para darse a conocer entre la población de su distrito. Además de que es injusto que se mantenga en el encargo de legislador local, al mismo tiempo que se contiende por un nuevo cargo de elección federal. Esta circunstancia constituye un privilegio indebido que significa inequidad respecto a otros candidatos en las contiendas electorales federales,

Es por ello que propongo la inclusión de un párrafo en la fracción V del artículo 55 Constitucional, para quedar como sigue:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

I al IV…

V…

 

 

 


VI. y VII….

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

I al IV…

V…

Los Diputados Locales de los Estados y del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, hasta en tanto se separen de sus puestos noventa días antes del día de la elección.

VI. y VII….

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma una fracción al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

I al IV…

V…

Los Diputados Locales de los Estados y del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, hasta en tanto se separen de sus puestos noventa días antes del día de la elección.

VI. y VII….

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de la Comisión Permanente, el 27 de mayo del año 2015.

Dip. Federal Esther Quintana Salinas.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputada Quintana Salinas. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 25 constitucional, en materia de derecho al desarrollo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO AL DESARROLLO

(Presentada por la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El tema que propicia esta iniciativa es de la más alta importancia cuando se refiere al tema legislativo, toda vez que aborda diversas aristas en torno a un concepto común: el desarrollo.

En 1985, la Organización de las Naciones Unidas, de la cual México es parte, expide la Declaración del Derecho al Desarrollo, sobre la cual se conmina a los Estados a tomar las medidas pertinentes, incluidas las legislativas, para el reconocimiento de este derecho, sin embargo, en México aún no se considera como derecho, sino únicamente como cuestión de Estado.

En la década de 1990 se realizaron por convocatoria de Naciones Unidas una serie de conferencias mundiales, teniendo como eje el desarrollo en temas como el comercio, la población, el desarrollo social, el hábitat y el medio ambiente, que dieron como resultado una serie de programas de acción con estrategias y metas concretas que los países deberían considerar e incorporar en sus políticas públicas nacionales.

El desarrollo tiene varias características.

Primero, que sea integral y sustentable, es decir, que se considere como un todo y hasta donde sea posible, exhaustivo, completo, que se cubran todas las partes y que garantice las viabilidades de las sociedades presentes y futuras.

Segundo, que fortalezca la soberanía de la nación y a su régimen democrático.

Tercero, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Con referencia al tema del desarrollo y la gobernabilidad democrática, se insiste en poner énfasis en el empoderamiento de los sujetos sociales, de sus comunidades, del reconocimiento de las colectividades sociales como sujetos de derecho pleno para el logro de una democracia autogestiva, autoadministrada, automanejada por la sociedad y sus grupos.

En naciones como las nuestras, debemos pasar ya de una democracia representativa a una de participación plena de la sociedad, que revierta las ideas neoconservadoras que son reacias en reconocer los colectivos sociales, limitando su ejercicio, so pretexto de que sólo basta con el reconocimiento individualista e individualizador de libertades e igualdades, con base en el conjunto de derechos humanos de cualquier generación.

Esto implica también modificar la actuación tanto de las autoridades administrativas, como las de carácter judicial, para hacer una auténtica defensa de derechos en el ejercicio de la gobernabilidad democrática, basada en el derecho al desarrollo.

Esta gobernabilidad requiere, además, el establecimiento de instrumentos para una mejor distribución del ingreso, para cumplir con la justicia y equidad social que exige el discurso del desarrollo integral y sustentable.

Como pueden observar, son muchos los trabajos pendientes en torno al tema amplio del desarrollo y sus diversas aristas buscando:

Que se atienda realmente a la población y no sólo al capital privado.

Que resguarde la soberanía y no la entregue al mejor postor a cambio de puestos futuros en universidades y compañías trasnacionales.

Que asegure la calidad de vida de la gente, sus ingresos y su acceso equitativo a programas públicos, y no sólo atienda a sus clientes electorales.

Que reconozca los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, los grupos con mayor exposición social y los migrantes, y no seguir viéndolos como la escoria de la sociedad.

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la inclusión en el artículo 25 constitucional que: “toda persona tiene derecho al desarrollo para participar en los asuntos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”, así como la disposición de la creación de una ley concurrente en la materia.

Muchas gracias.

Iniciativa

GLORIA BAUTISTA CUEVAS, Diputada Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tema que propicia esta iniciativa es de la más alta importancia cuando se refiere al tema legislativo, toda vez que aborda diversas aristas en torno a un concepto común: el desarrollo.

Para poder entenderlo primero debemos remitirnos a su origen, que es heredero de la noción occidental del progreso surgido en la Grecia clásica y consolidada en Europa durante el período de la Ilustración bajo el supuesto que la razón permitiría descubrir las leyes generales que organizan y regulan el orden social y así poder transformarlo en beneficio de la gente. Pero también, el concepto de desarrollo fue antecedido por otros términos como civilización, evolución, riqueza y crecimiento.

Sin embargo, la expresión “desarrollo” ocasionalmente aparece en libros técnicos o documentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) antes del inicio de la posguerra. Recién adquiere una suerte de legitimidad universal en 1949, cuando el mandatario norteamericano Harry Truman en el discurso de inauguración de su mandato alude a vastas regiones del planeta como mundo subdesarrollado y plantea luchar contra esta situación en el marco del combate al comunismo.

A partir de este momento desarrollo y subdesarrollo comenzaron a ser utilizados regularmente por los organismos internacionales como términos explicativos del acrecentamiento de las distancias y diferencias socio-económicas entre los países ricos del norte y los países pobres del sur.

Con el surgimiento del mundo bipolar con los Estados Unidos y la Unión Soviética quienes se disputarán la hegemonía mundial en los años venideros, se aspiraba a construir en la posguerra un mundo nuevo y feliz. Un elevado optimismo reinaba en cuanto a la posibilidad que muchos países incluyendo a los recién conformados, gracias a la descolonización, pudieran marchar a paso firme hacia el sugerido desarrollo. Aquí es donde surge el famoso término “países en vías de desarrollo” que se refiere al proceso que nos llevará al desarrollo.

En 1985 la Organización de las Naciones Unidas, de la cual México es parte, expide la declaración del derecho al desarrollo, sobre la cual se conmina a los Estados a tomar las medidas pertinentes, incluidas las legislativas, para el reconocimiento de este derecho, sin embargo, en México aún no se considera como derecho sino únicamente como cuestión de Estado.

ARGUMENTACIÓN

Como concepto el desarrollo adquiere un significado relevante y específico al interior de alguno de los enfoques que tratan de interpretar la realidad, proveniente de las ciencias sociales y experiencias occidentales de industrialización y cambio social.

De 1945 a 1980 se identifican con el desarrollo los enfoques sobre modernización y dependencia. Entre 1970 y 1990 se introducen las aproximaciones ambientalistas al desarrollo en un contexto en que en el mundo afloran problemas de deforestación, contaminación de las aguas, contaminación en las ciudades, el avance de la desertificación, entre otros, resultado en buena medida de modelos y estilos de desarrollo que consideran a los recursos naturales como inagotables y el lucro el fin supremo de los agentes económicos.

Entre 1970 y 1990 es notoria la aparición y progresiva consolidación de las aproximaciones medioambientales en torno al desarrollo, como lo fueron escalonadamente: el ecodesarrollo, el otro desarrollo, el desarrollo sostenido y el desarrollo sustentable.

En la década de 1990 se realizaron por convocatoria de Naciones Unidas una serie de Conferencias Mundiales teniendo como eje el desarrollo en temas como el comercio, la población, el desarrollo social, el hábitat y el medio ambiente, que dieron como resultado una serie de programas de acción con estrategias y metas concretas que los países deberían considerar e incorporar en sus políticas públicas nacionales.

En este contexto es que el trabajo legislativo se ha realizado en los últimos 40 años, con la introducción en el marco constitucional el 3 de febrero de 1983 la reforma al artículo 25 constitucional que declara al Estado como rector del desarrollo nacional. Anterior a esto no existía mención alguna sobre el concepto de desarrollo en la Constitución de 1917.

Destaca el hecho que se ubica este precepto dentro del capítulo de garantías constitucionales y derechos humanos, quizá porque en la década de 1980 el tema del desarrollo estaba debatiéndose en el seno de las Naciones Unidas como un Derecho. De todas formas este sigue siendo un pendiente del trabajo legislativo elevar de manera expresa el derecho al desarrollo en el artículo 25 y no dejarlo sólo como una cuestión rectora del Estado.

El desarrollo tiene varias características:

● Primero, que sea integral y sustentable, es decir que se considere como un todo y hasta donde sea posible, exhaustivo, completo, que se cubran todas las partes y que garantice las viabilidades de las sociedades presentes y futuras;

● Segundo, Que fortalezca la soberanía de la nación y a su régimen democrático; y

● Tercero, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Derivado de este precepto constitucional y atendiendo el marco de derechos humanos que se fueron fortaleciendo e introduciendo en nuestro contexto nacional el Congreso de la Unión va trabajando en la creación de leyes relacionados con las distintas temáticas sobre el desarrollo y por ello se han incluido en nuestro marco jurídico leyes tales como las de desarrollo social, desarrollo rural sustentable, desarrollo forestal sustentable y un gran números de otras que incorporan en su corpus el tema del desarrollo de acuerdo a la temática a legislar.

No obstante siguen existiendo numerosos pendientes para ser abordados en las Cámaras del Congreso. Primero será el reconocimiento constitucional del derecho al desarrollo y la garantía del Estado para propiciarlo y evitar con ello el paternalismo, el asistencialismo, el clientelismo y la compra de votos en épocas electorales como la que estamos viviendo.

En segundo término, se debe quitar el sesgo oficialista y programador a la ley sobre desarrollo social ya que sólo le sirve al gobierno y no a la gente.

Con referencia al tema del desarrollo y la gobernabilidad democrática, se insiste en poner énfasis en el empoderamiento de los sujetos sociales, de sus comunidades, del reconocimiento de la colectividades sociales como sujetos de derecho pleno para el logro de una democracia autogestiva, autoadministrada, automanejada por la sociedad y sus grupos.

En naciones como las nuestras, debemos pasar ya de una democracia representativa a una de participación plena de la sociedad, que revierta las ideas neoconservadoras que son reacias en reconocer los colectivos sociales, limitando su ejercicio, so pretexto de que sólo basta con el reconocimiento individualista e individualizador de libertades e igualdades, con base en el conjunto de derechos humanos de cualquier generación.

Esto implica también modificar la actuación tanto de las autoridades administrativas, como las de carácter judicial, para hacer una autentica defensa de derechos  en el ejercicio de la gobernabilidad democrática, basada en el derecho al desarrollo.

Esta gobernabilidad requiere, además, el establecimiento de instrumentos para una mejor distribución del ingreso, para cumplir con la justicia y equidad social que exige el discurso del desarrollo integral y sustentable.

Como pueden observar son muchos los trabajos pendientes en torno al tema amplio del desarrollo y sus diversas aristas buscando:

● que se atienda realmente a la población y no sólo al capital privado,

● que resguarde la soberanía y no la entregue al mejor postor a cambio de puestos futuros en universidades y compañías trasnacionales

● que asegure la calidad de vida de la gente, su ingresos y su acceso equitativo a programas públicos, y no sólo atienda a sus clientes electorales

● que reconozca los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, los grupos con mayor exposición social y los migrantes, y no seguir viéndolos como la escoria de la sociedad

Con base en lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DERECHO AL DESARROLLO

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 25.-Toda persona tiene derecho al desarrollo para participar en los asuntos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. La Ley en la materia establecerá las disposiciones para hacer exigible este derecho, definiendo las competencias concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Suscribe

Dip. Gloria Bautista Cuevas.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputada Bautista Cuevas. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la tribuna al Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 81 y 92 de la Ley de Migración.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 81 Y SE DEROGAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 81 Y EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Danner González Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea:

La movilidad es un fenómeno global que acompaña a la humanidad desde los albores de esta misma. Una de las principales razones que obligan a las personas a salir de sus lugares de origen es mejorar su calidad de vida y preservarla frente a contextos de conflicto armado, persecución, hambruna, desastres naturales y diversos problemas estructurales en los ámbitos político, económico y/o social que imposibilitan el ejercicio pleno de los derechos humanos.

La situación de las personas migrantes, refugiadas y aisladas, se vuelve compleja en los países de tránsito y destino, con el establecimiento de políticas y leyes migratorias restrictivas.

En la actual Ley de Migración se tienen puestas muchas expectativas, pero sus resultados son limitados, porque fue concebida desde la óptica de seguridad nacional, pública y fronteriza.

El día de hoy, someto a consideración de esta Soberanía, la reforma del primer párrafo y la derogación del segundo párrafo del artículo 81, así como la derogación del artículo 92.

El primer artículo referido en los términos actuales, permite que el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal, implementen retenes y operativos con amplio margen de discrecionalidad fuera de los filtros de revisión migratoria, es decir, de los puntos internacionales de entrada y salida de personas del territorio nacional.

Esto violenta el derecho humano de libertad de tránsito consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además lo estipulado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero además, muchas veces la autoridad procede a identificar a las personas migrantes a partir de estereotipos prohibidos por el derecho, ya que son discriminatorios; por ejemplo, el color de piel, el origen étnico o el idioma.

El segundo artículo mencionado otorga al Instituto Nacional de Migración facultades para que actúe como una especie de Ministerio Público, ya que lo faculta a implementar visitas domiciliarias para comprobar la legal instancia en el país de los migrantes.

Esto que se denomina como visitas de verificación, en realidad es una acción de cateo, aun cuando no cumplan con las formalidades de éste.

Esta acción no se puede justificar, ya que permite consumar un acto de molestia en el domicilio, los papeles y la persona sin causa debida, conculcando así lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, al violentar la garantía de seguridad jurídica, a no ser molestado en la persona o en los bienes, sino por mandamiento judicial.

Señoras y señores legisladores: en lugar de privilegiar el enfoque de desarrollo e integración social, económica y cultural que produce la movilidad humana, hay leyes de corte policial que señalan a la población extranjera como una amenaza a la soberanía y a la seguridad nacional, permitiendo que las autoridades actúen y en muchos casos se violenten los derechos a la libertad, a la vida, a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y al reconocimiento de la igualdad en el goce y disfrute de los derechos.

Yo preguntaría, ¿ya se nos olvidó la masacre de los 72 migrantes centroamericanos, en agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas, o el hallazgo en abril de 2011 en el mismo lugar de 196 cadáveres en fosas clandestinas?

Se ha convertido en territorio, como decía Baudelaire: “en un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento”, o las constantes denuncias de organismos internacionales defensores de derechos humanos, en el sentido de que los migrantes sufren discriminación y violencia en el territorio nacional, y son objeto de abusos a manos de la policía, y otros son víctimas de secuestro, trata, abuso sexual y homicidio por parte de bandas criminales que a menudo operan en colusión con autoridades locales.

La disposición que discrimina y criminaliza a los migrantes en su tránsito por México, no sólo niegan la tradición humanitaria de nuestra política migratoria, sino que son un cheque en blanco para que se dé el mismo trato a los migrantes mexicanos en otros países.

¿Con qué autoridad moral y política exigiremos respeto a nuestros migrantes en otras partes del mundo?

Las leyes en materia migratoria deben regirse por los principios de congruencia y reciprocidad con cada uno de los países vecinos, sean del norte, del sur, del este o del oeste.

En un mundo globalizado, las coordenadas deben de ser puentes de cooperación, comunicación y desarrollo, nunca más deben actuar como muros de contención o fuentes de discriminación y retroceso.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 81 Y SE DEROGAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 81 Y EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE MIGRACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La movilidad es un fenómeno global que acompaña a la humanidad desde el inicio de su historia. Una de las principales razones que obligan a las personas a salir de sus lugares de origen es mejorar su calidad de vida y preservarla frente a contextos de conflicto armado, persecución, hambruna, desastres naturales y diversos problemas estructurales en los ámbitos político, económico y/o social que imposibilitan el ejercicio pleno de los derechos humanos.1

Esta situación, se vuelve compleja con el establecimiento de políticas migratorias restrictivas en los países de tránsito y destino de las personas migrantes, refugiadas y asiladas, como es el caso de México. En lugar de privilegiar el enfoque de desarrollo e integración social, económica y cultural que produce la movilidad humana, hay leyes de corte policial que señalan a la población extranjera como una amenaza a la soberanía y a la seguridad nacional, permitiendo que las autoridades actúen y en muchos casos se violenten los derechos a la libertad, a la vida, a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, y al reconocimiento de la igualdad en el goce y disfrute de los derechos.2

En la actual Ley de Migración se tienen puestas muchas expectativas, pero para que verdaderamente se cumplan se requieren cambios estructurales que reconozcan al fenómeno migratorio como un tema social, cultural, económico, ambiental, y no sólo de seguridad, cambio que el ordenamiento jurídico en comento no podrá subsanar por sí misma ya que fue concebida desde la óptica de seguridad nacional, pública y fronteriza, por lo que los resultados serán limitados.3

A través de este documento, propongo modificar disposiciones de la Ley de Migración que permiten el establecimiento de retenes o filtros migratorios y la realización de operativos fuera de los puntos internacionales de entrada y salida de personas del territorio nacional, así como visitas domiciliarias para comprobar la legal estancia en el país de los migrantes. Todo ello es, a nuestro entender, inconstitucional y opuesto a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que el país ha suscrito.

En el derecho internacional y en varios tratados de derechos fundamentales que el Estado mexicano ha firmado, se reconoce el derecho a la libertad de circulación de las personas, por ejemplo, en el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos; en el artículo 5, inciso d), de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Este mismo derecho se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 11 señala que:

Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.4

En estricto sentido, los puntos donde se puede detener a una persona para verificar su status legal de migrante o no es en los denominados “Filtros de Revisión Migratoria”. La actual Ley de Migración en su artículo 3º, fracción XII, los define como los espacios ubicados en el lugar destinado al tránsito internacional de personas, donde el instituto autoriza o rechaza la internación regular de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, la Ley de Migración faculta erróneamente a que fuera de los filtros de revisión migratoria, la autoridad administrativa migratoria (Instituto Nacional de Migración) y la Policía Federal, molesten tanto a nacionales como a extranjeros para verificar si son indocumentados o no.

El artículo 81 de la Ley de Migración, a la letra dice:

Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de personas que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Policía Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto.

El Instituto podrá llevar a cabo sus funciones de control migratorio en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas por mar y aire, a solicitud expresa debidamente fundada y motivada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.5

En ocasiones la manera en la que identifican a las personas migrantes es a partir de estereotipos prohibidos por el derecho ya que son discriminatorios, por ejemplo el color de piel, el origen étnico y el idioma.

Además, el artículo 96 de la Ley de Migración refiere que “las autoridades colaborarán con el Instituto para el ejercicio de sus funciones cuando éste así lo solicite6”, entre éstas destacan la Policía Federal, que además en el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, faculta a esta institución para que “ayude” en diversas tareas al Instituto Nacional de Migración, sin embargo, esta colaboración en la práctica se convierte en una criminalización más en contra de los migrantes indocumentados.

“Fuera de los lugares destinados al tránsito internacional, la autoridad migratoria o las policías están impedidas para solicitar a las personas cualquier documento que acredite su identidad o nacionalidad, por considerarse un acto de molestia”.7

Por otro lado, nuestra Carta Magna en su artículo 16, primer párrafo, dice que:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.8

El propio artículo 16 en el párrafo décimo primero, estipula que sólo la autoridad judicial, a solicitud del Ministerio Público, podrá expedir la orden de cateo, la cual deberá expresar el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.8

En cambio, el artículo 92 de la Ley de Migración dispone lo siguiente:

Artículo 92. El Instituto realizará visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que se encuentren en territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento.

Los supuestos para que el Instituto lleve a cabo una visita de verificación son los siguientes:

I. Confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios;

II. Cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de extranjeros en el país, y

III. Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, siempre que funde y motive su proceder.

La facultad para realizar visitas de verificación se ejercitará de oficio por tratarse de cuestiones de orden público.

La orden por la que se disponga la verificación migratoria deberá ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma, el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la verificación, el alcance que deba tener y las disposiciones jurídicas aplicables que la fundamenten y la motiven.

Las disposiciones constitucionales del artículo 16 se ven violentadas por el artículo 92 de la Ley de Migración, pues éste último le da la facultad a una autoridad administrativa para realizar funciones de Ministerio Público. Lo que se denomina como visitas de verificación, en realidad es una acción de cateo, aun cuando no cumpla con la formalidad de éste, acción que no se puede justificar, incluso cuando la visita haya sido motivada por un particular a través de denuncia, porque nuestra Carta Magna no autoriza tal proceder.

En suma, los filtros migratorios colocados fuera de los puntos internacionales de ingreso y salida de personas del país violan el derechos a la libertad de circulación10, y permitir que el Instituto Nacional de Migración moleste a las personas en su domicilio, papeles y persona sin causa debida y poco clara, además de llevar a cabo acciones de cateo y visitas domiciliarias sin tener fundamento constitucional para ello, conculca las garantías de seguridad jurídica a no ser molestado en su persona o bienes sino por mandamiento judicial. Bajo ninguna circunstancia un ordenamiento secundario puede contravenir lo que dispone nuestro texto normativo fundamental.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de Decreto por el que SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 81 Y SE DEROGAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 81 Y EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 81 y se derogan el segundo párrafo del artículo 81 y el artículo 92 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación en los Filtros de Revisión Migratoria de personas que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Policía Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto.

Se deroga

Artículo 92. Se Deroga.

Texto vigente de la Ley de Migración.

Texto propuesto.

Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de personas que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Policía Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto.

El Instituto podrá llevar a cabo sus funciones de control migratorio en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas por mar y aire, a solicitud expresa debidamente fundada y motivada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Artículo 92. El Instituto realizará visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que se encuentren en territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento.

Los supuestos para que el Instituto lleve a cabo una visita de verificación son los siguientes:

I. Confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios;

II. Cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de extranjeros en el país, y

III. Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, siempre que funde y motive su proceder.

La facultad para realizar visitas de verificación se ejercitará de oficio por tratarse de cuestiones de orden público.

La orden por la que se disponga la verificación migratoria deberá ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma, el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la verificación, el alcance que deba tener y las disposiciones jurídicas aplicables que la fundamenten y la motiven.

Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación en los Filtros de Revisión Migratoria de personas que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Policía Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto.

Se deroga.

 

Artículo 92. Se deroga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSITORIOS

PRIMERO.-  Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 27 de mayo de 2015.

Dip. Danner González Rodríguez.

1 “Migración, asilo y refugio: en la cima de la vulnerabilidad”, Editorial de DeFensor, Revista de Derechos Humanos, México, junio de 2011, p. 3.

2 Ídem.

3 Pérez García Nancy y Martínez Medrano Diana. “Los desafíos de la agenda migratoria en México”, DeFensor, Revista de Derechos Humanos, México, junio de 2011, p. 7.

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 11.

5 Ley de Migración, Artículo 81.

6 Ibídem, Artículo 96.

7 Guevara Bermúdez, José Antonio. “La Nueva Ley de Migración: una oportunidad perdida para garantizar derechos”, DeFensor, Revista de Derechos Humanos, México, junio de 2011, p. 30.

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 16, primer párrafo.

8 Ibídem. Artículo 16, onceavo párrafo.

10 Guevara Bermúdez, José Antonio. Óp. Cit., p. 30.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado González Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.






Compañeras y compañeros legisladores, debido a los lamentables daños ocasionados por el tornado ocurrido en Ciudad Acuña, Coahuila, el pasado lunes 25 de mayo, la Mesa Directiva acordó inscribir como primer asunto, las proposiciones con punto de Acuerdo que los grupos parlamentarios registraron sobre este tema.

A nombre de la Comisión Permanente, expreso la solidaridad de las y los legisladores a los familiares de las personas fallecidas por el tornado y a quienes resultaron afectados en su integridad física o en sus bienes, y demandamos el apoyo inmediato y suficiente de las autoridades federales y del estado de Coahuila para los afectados.

Para presentar su proposición, tiene la palabra el Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, del grupo parlamentario del PRI.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

El Diputado Fernando de las Fuentes Hernández: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Antes que nada, a nombre de las fracciones parlamentarias, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, de la fracción parlamentaria del PRI, hacemos llegar nuestro más sentido pésame a las familias que perdieron a un ser querido en esta lamentable tragedia, y de igual manera, pronta recuperación a todos aquellos que sufrieron alguna lesión o están heridos en el hospital todavía, pronta recuperación.

El lunes 25 de mayo de 2015, en Ciudad Acuña, Coahuila, fue azotada por un devastador tornado, de categoría F4, que dejó a la población en estado de emergencia. Este inesperado desastre natural ha traído tragedia a los habitantes de Ciudad Acuña, quitó la vida a 14 personas: 11 adultos y 3 menores de edad.

Decenas de viviendas y autos quedaron dañados, esto dejó a su paso el tornado que azotó esta semana al municipio de Ciudad Acuña en mi estado, Coahuila.

Tras 40 minutos de lluvia y viento intenso, los daños materiales ascendieron a 800 viviendas dañadas, de las cuales 180 están en derrumbe total, 150 vehículos perdidos y la afectación de la red de energía eléctrica.

De acuerdo a los informes dados por el gobierno, hay 300 personas hospitalizadas y un total, más todavía, de 5 mil personas afectadas por este destructivo e imprevisto fenómeno meteorológico.

Los censos del daño continúan, las imágenes difundidas por los medios de comunicación son sobrecogedoras, las fuerzas de la naturaleza nos reafirman una vez más el acierto del Presidente Enrique Peña Nieto en el 2013, al definir las nuevas medidas para fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil y ordenar la implementación del Programa Nacional de Respuesta.

La ayuda a Ciudad Acuña no se hizo esperar, se habilitaron de inmediato siete albergues y el Ejército Mexicano se presentó con celeridad en el lugar.

Dicho fenómeno afectó a varios fraccionamientos densamente poblados, como Las Aves y Altos de Santa Teresa, donde se estima que más de 100 casas quedaron destruidas.

El gobernador Rubén Moreira Valdés actúo sin dilación y se apersonó en Ciudad Acuña ese mismo lunes, para girar las instrucciones pertinentes con el propósito de mitigar los daños y asistir lo mejor posible a la población.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acudió el lunes por la noche y el martes por la mañana para recorrer la zona de desastre. El propio Jefe del Ejecutivo Federal coordinó los trabajos de apoyo a la población y activó los protocolos del Programa DN-III, y dictó las medidas para garantizar el derecho a la vivienda de las personas afectadas, así como implementar los programas de empleo temporal para mitigar la problemática que se da en Ciudad Acuña, y se comprometió a hacer llegar de manera pronta y efectiva a las familias afectadas la ayuda necesaria.

Conforme la información dada a conocer, las autoridades han iniciado la labor de entrega de ayuda, a lo que las familias comenzaron a recuperar sus muebles que aún les son útiles.

Mientras que los elementos del Ejército patrullan para evitar el pillaje que ha ocurrido en varias viviendas, además de que el personal de la CFE ha iniciado el recuento de daños a la red eléctrica, ya que el tornado destruyó decenas de postes en el sector que abarca 300 metros de ancho por un kilómetro de largo, incluida ahí una línea que conecta a Ciudad Acuña con el municipio de Piedras Negras.

Dada la magnitud del referido evento meteorológico, estimamos que es un momento oportuno para que se activen todas aquellas medidas de mitigación encaminadas a reestablecer la normalidad de la zona afectada.

Y es por ello que a través del presente, exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que con base a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Protección Civil, se emita una declaratoria de desastre natural para el municipio de Ciudad Acuña, Coahuila.

En virtud del compromiso del señor Presidente de la República, y en aras de aliviar de la manera más expedita y adecuada los daños materiales y personales ocasionados por este desastre, los Diputados y Diputadas; Senadores y Senadoras del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, proponemos el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución.

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y, en particular, al Sistema Nacional de Protección Civil, a hacer llegar sin dilación, a la ciudad de Acuña, Coahuila, los recursos que correspondan del Fondo de Desastres Naturales, para mitigar la situación que viven sus habitantes a causa del inesperado tornado que azotó a la población este 25 de mayo de 2015.

Por eso pido, respetuosamente, a todos los grupos parlamentarios se sumen a este punto de Acuerdo de urgente resolución:

De la misma manera, solicito al Presidente de la Mesa Directiva, un minuto de silencio para las víctimas que perdieron la vida en tal lamentable siniestro.

Muchas gracias.

Propuesta

El suscrito, FERNANDO DE LAS FUENTES HERNÁNDEZ, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con fecha 25 de mayo de 2015, Ciudad Acuña, Coahuila, fue azotada por un devastador tornado de categoría F4, que dejó a la población en estado de emergencia.

Este inesperado desastre natural ha traído tragedia a los habitantes de Ciudad Acuña: quitó la vida a 13 personas; 10 adultos y tres menores de edad. Uno más se encuentra desaparecido, decenas de viviendas y autos dañados dejó a su paso un tornado que azotó esta semana al municipio de Ciudad Acuña, Estado de Coahuila.

Tras 40 minutos de lluvia y viento intensos, los daños materiales ascienden a 750 viviendas, 80 de ellas con derrumbe total, 50 vehículos perdidos y afectaciones a la red de electricidad.

De acuerdo a los primero informes dados por el gobierno municipal, hay 300 personas hospitalizadas y, en total, unos 4000 afectados por este destructivo e imprevisto fenómeno meteorológico.

Los censos del daño continuaban hasta ayer por la tarde. Las imágenes difundidas son sobrecogedoras. La fuerza de la naturaleza nos reafirma una vez más el acierto del Presidente Enrique Peña Nieto en 2013, al definir las nuevas medidas para fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil y ordenar la implementación del Programa Nacional de Respuesta a Siniestros.

La ayuda no se hizo esperar: se habilitaron de inmediato 7 albergues y el Ejército Mexicano se presentó  con celeridad en el lugar.

Dicho fenómeno afectó a varios fraccionamientos altamente poblados como Las Aves y Altos de Santa Teresa, donde se estima que más de 100 casas quedaron destruidas.

El Gobernador Rubén Moreira Valdez actuó sin dilación y se apersonó en Ciudad Acuña para girar las instrucciones pertinentes, con el propósito de mitigar los daños y asistir lo mejor posible a la población.

El Presidente Enrique Peña Nieto Acudió por la noche a Ciudad Acuña para recorrer la zona de desastre. El propio Jefe del Ejecutivo coordinó los trabajos de apoyo a la población y activó los protocolos del programa DNIII.

Se comprometió, asimismo, a ayudar de manera pronta y efectiva a las familias afectadas.

Conforme a la información dada a conocer, las autoridades han iniciado la labor de entrega de ayuda en lo que las familias comenzaron a recuperar sus muebles que aún lo son útiles mientras que elementos del Ejército patrullan para evitar el pillaje que ha ocurrido en varias viviendas además personal del CFE ha iniciado el recuento de los daños a la red eléctrica ya que el tornado destruyó decenas de postes en el sector que abarca unos 300 metros de ancho y un kilómetro de largo incluida una línea de alta tensión que conecta a Acuña con Piedras Negras.

Dada la magnitud del referido evento meteorológico, estimamos que es un momento oportuno para que se activen todas aquellas medidas de mitigación encaminadas a restablecer la normalidad en la zona afectada, y es por ello que a través del presente exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que, con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Protección Civil, se emita una declaratoria de desastre natural para el municipio de Ciudad Acuña, Coahuila.

En virtud del compromiso del Señor Presidente, en aras de aliviar de la manera más expedita y adecuada posible los daños materiales y personales ocasionados por este desastre, los diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, proponemos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y, en particular, al Sistema Nacional de Protección Civil, a hacer llegar sin dilación, a la ciudad de Acuña, Coahuila, los recursos que correspondan del Fondo de Desastres Naturales, para mitigar la situación que viven sus habitantes a causa del inesperado tornado que azotó a la población este 25 de mayo de 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Atentamente

Dip. Fernando de las Fuentes Hernández.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Como lo ha solicito el Diputado de las Fuentes, vamos a dar un minuto de silencio.






MINUTO DE SILENCIO

Solicito que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los daños ocasionados por el tornado ocurrido en Ciudad de Acuña, el pasado 25 de mayo.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)






Tiene la palabra la Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN, para presentar su punto de Acuerdo.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

Los fenómenos y catástrofes naturales todavía no pueden ser controlados, no obstante los adelantos científicos y las tecnologías de punta. Y estamos viendo a Acuña, yo soy de Coahuila, y me duele mucho lo que le ha sucedido a esta ciudad fronteriza de nuestro estado.

Los tornados se encuentran entre los fenómenos, que por su forma de gestarse, a través de corrientes de viento, difícilmente pueden controlarse o prevenirse en sus consecuencias, como lo estamos constatando, son devastadoras. Por lo que al ocurrir dejan a su paso daños de alto costo financiero y, peor aún, a la integridad o vida de las personas.

Por tratarse de eventos que son poco recurrentes en México, la población y las autoridades municipales no cuentan con suficientes mecanismos de prevención, o simplemente no están preparados para enfrentarlos. Esto es lo que ha ocurrido en Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, el pasado lunes 25 de mayo.

Al amanecer, un tornado categoría 4 azotó este municipio, generando múltiples pérdidas. Cabe señalar, para enmarcar lo devastador de este siniestro, que esta es la penúltima categoría de tornados, que pueden alcanzar vientos de más de 300 kilómetros por hora.

Los daños infringidos aún no han terminado de cuantificarse, pues se comprende que la prioridad es atender a las personas.

Sin embargo, subrayo, los daños de la población son cuantiosos. Este desastre ocasionó la muerte de 13 personas; con relación a viviendas, 750 casas fueron dañadas, de ellas, 80 lo fueron en su totalidad, comprendiendo viviendas de diverso origen, incluyendo las de INFONAVIT.

Asimismo, ha dejado un número indeterminado de desaparecidos y a cientos de damnificados.

Si bien es cierto que las autoridades están atendiendo la situación, es fundamental que desde esta tribuna nos pronunciemos al respecto y hagamos frente a la tragedia, procurando respuestas efectivas ante esta situación.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hace un llamado a la integración parlamentaria para exhortar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, encargadas de la protección civil, a redoblar los esfuerzos a favor de los habitantes del citado municipio de Ciudad Acuña, Coahuila.

Señoras y señores legisladores, de conformidad con lo anterior, solicitamos que todas las autoridades federales, estatales y municipales se coordinen adecuadamente para atender los daños y que la normalidad regrese a este municipio.

Que no tratemos, por estar en época electoral, de llevar agua al molino, porque es una mezquindad.

Exigimos también que los apoyos se destinen a quienes lo necesitan, en forma efectiva y eficaz.

Tomando en consideración que algunas de las viviendas dañadas fueron construidas por el INFONAVIT, pedimos a las autoridades correspondientes hacer efectivo el seguro contra daños, así como a proceder a la reconstrucción de las mismas, a la mayor brevedad posible.

Exhortamos también a la Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de desastre natural a fin de proporcionar recursos para la reconstrucción por los daños sufridos en viviendas e infraestructura pública, razón por la cual se considera necesaria esta solicitud.

El grupo parlamentario de Acción Nacional exhorta a las distintas autoridades a no lucrar con la tragedia, subrayo, en época electoral y con el dolor de los ciudadanos que se vieron afectados por estas condiciones.

Y algo más, que la Presidencia de la República cumpla con todos y cada uno de los compromisos que hicieron sus Secretarios de Estado a la población, porque en este momento, al calor de la tragedia, se prometen el oro y el moro, pero cuando le empezamos a dar seguimiento y corren los días, resulta que lo que prometieron ya no se cumple. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este país.

Con la lengua se hacen muchos acuerdos, pero luego con los hechos, ahora sí que resultan cosas totalmente diferentes.

Muchas gracias.

Propuesta

El que suscribe, Diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 174 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

I.-Los fenómenos y catástrofes naturales aún no han podido ser controlados completamente por los seres humanos, los adelantos científicos y tecnologías disponibles, nos permiten predecirlos y alertarnos pero de una forma muy limitada.

Los tornados están entre los fenómenos que por su forma de gestarse, a través de corrientes de viento, difícilmente pueden controlarse o prevenirse, y cuyas consecuencias son devastadoras; por lo que al ocurrir, dejan a su paso daños de alto costo financiero, y peor aún, a la integridad o vida de las personas.

Además tratándose de fenómenos que en México son poco recurrentes, la población no está preparada para enfrentarlos.

Eso es lo que ha ocurrido en Ciudad Acuña el pasado lunes 25 de mayo. Al amanecer, un tornado Categoría 4 azotó ese municipio por aproximadamente 30 minutos, generando múltiples pérdidas. Cabe señalar, para enmarcar lo devastador de este siniestro, que esta es la penúltima categoría de tornados, que puede alcanzar vientos de más de 300 kilómetros por hora.

II.-Los daños causados por ese tornado, aún no se han terminado de cuantificar, pues se comprende que la prioridad es atender a las personas, sin embargo se sabe que dicho fenómeno dejo cuantiosos daños a la población:

● 13 muertos

● 750 casas dañadas, de las cuales 80 fueron dañadas en su totalidad; comprendiendo viviendas de diverso origen, incluyendo las de INFONAVIT.

● Cientos de damnificados y un número indeterminado de desaparecidos.

III. Si bien es cierto que las autoridades están atendiendo la situación, es necesario que desde esta tribuna nos pronunciemos al respecto y hagamos frente a la tragedia procurando respuestas efectivas ante esta situación, por ello, debemos exhortar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, encargadas de la protección civil a redoblar los esfuerzos a favor de los habitantes del citado municipio de Ciudad Acuña, Coahuila.

De conformidad con lo anterior, solicitamos que todas las autoridades, federales como estatales y municipales se coordinen adecuadamente para atender los daños y que la normalidad regrese a ese municipio.

Exhortamos a las distintas autoridades a no lucrar con la tragedia en época electoral. Qué los apoyos se destinen a quien los necesita en forma efectiva como eficaz.

Tomando en cuenta, que algunas de las viviendas dañadas fueron construidas por el INFONAVIT, pedimos a las autoridades correspondientes el hacer efectivo el seguro contra daños correspondientes así como a proceder a la reconstrucción de las mismas a la mayor brevedad posible.

Además, requerimos que, dado lo repentino y las consecuencias funestas de este fenómeno, se proceda con celeridad a emitir la Declaratoria respectiva para que sean liberados, cuanto antes, los fondos federales para atender los daños causados.

Por lo expuesto y fundado, se propone a esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de la manera más atenta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, de la Coordinación General de Protección Civil y, en su caso, de INFONAVIT, para que redoblen los esfuerzos para atender a las personas que sufrieron los daños ocasionados por el tornado ocurrido en Ciudad Acuña, Coahuila. De igual manera para que emitan la correspondiente declaratoria de emergencia y liberen los recursos del Fondo de Desastres y pueda atenderse adecuadamente a los damnificados.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de la manera más atenta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación y la Coordinación General de Protección Civil, prevean la creación de un sistema de alerta para la prevención de tornados, huracanes y demás fenómenos meteorológicos que, a pesar de ser de baja incidencia en nuestro País, por sus potenciales consecuencias deben ser atendidos.

México, Distrito Federal, a 25 de mayo de 2015.

Dip. José Guillermo Anaya Llamas.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputada Quintana Salinas.






Tiene la palabra la Diputada Lourdes Amaya Reyes, del grupo parlamentario del PRD, para presentar su punto de Acuerdo.

La Diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Con el permiso de la Presidencia.

Los fenómenos naturales, conocidos como tornados, son considerados como violentos y se producen durante tormentas de gran intensidad y son capaces de causar desastres inconmensurables.

Los tornados se caracterizan por un movimiento circular con forma de embudo largo y delgado que desciende de una nube, “cumulonimbus”, que son nubes pesadas y espesas de agua con considerable expansión y un característico desarrollo vertical; los vientos que generan son absolutamente destructivos.

El día lunes, de manera muy inusual, en el municipio de Ciudad Acuña, Coahuila, se produjo este fenómeno, causando severos daños en las siguientes colonias: Altos de Santa Teresa, Ampliación Santa Rosa y Las Aves. Dicho acontecimiento causó la afectación a más de 300 familias, de sus bienes, servicios y en toda la infraestructura urbana, pero lo más lamentable, es la pérdida de vidas y la no localización de algunos ciudadanos y ciudadanas.

El Estado mexicano tiene la obligación, ante acontecimientos de esta naturaleza, de respaldar física, económica y materialmente a los ciudadanos y ciudadanas que se vieron afectados.

No podemos, bajo ninguna circunstancia, limitar el apoyo ante una tragedia de esta magnitud.

Por esta razón, solicitamos al titular del Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Hacienda, Desarrollo Social y Gobernación, a proporcionar todo el apoyo irrestricto coordinados, por supuesto, por el Ejército, con el gobierno estatal y la autoridad municipal, para que a la brevedad los ciudadanos y ciudadanas cuenten con lugares para evitar de forma definitiva que estén desprotegidos; se implementen programas de empleo temporal; se levante un censo para apoyos alimentarios y la exención de impuestos para los afectados.

La Comisión Permanente, en su carácter de representación del Poder Legislativo Federal, no puede mantenerse distante de una emergencia ciudadana. Estaremos vigilantes del desempeño de quienes instrumenten los apoyos, pues una tragedia mayor a la que se padece en Coahuila, sería abusar de quien no se encuentran siniestrados y además, tal vez, pudiera darse el caso, por qué no, de que habrá candidatos y candidatas que podrán o querrán lucrar con este problema, llevando apoyos.

Las y los integrantes del grupo parlamentario del PRD, enviamos un mensaje de solidaridad a la población, y solicitamos la intervención urgente de las autoridades señaladas, para que de forma urgente sean atendidas las demandas; que se garantice la seguridad de los ciudadanos y se resuelva todos los problemas ocasionados por este fenómeno natural.

Sobre todo para que se instrumenten programas que permitan atender esta contingencia en infraestructura económica, alimentaria y sanitaria en el municipio de Ciudad Acuña, Coahuila, ocasionada por este lamentable fenómeno meteorológico.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

Las suscritas, Diputadas Federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Tercero del Acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable Comisión Permanente, el presente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR A LAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES, SU INTERVENCIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE INFRAESTRUCTURA, ECONÓMICA, ALIMENTARIA Y SANITARIA DE LA POBLACIÓN AFECTADA A CONSECUENCIA DEL FENÓMENO METEOROLÓGICO OCURRIDO ESTE 25 DE MAYO, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Los fenómenos naturales conocidos como “Tornados” son considerados como violentos y se producen durante tormentas de gran intensidad y son capaces de causar desastres inconmensurables.

Los tornados se caracterizan por un movimiento circular con forma de embudo largo y delgado que desciende de una nube cumulonimbo (nubes pesadas y espesas de agua, con considerable expansión y un característico desarrollo vertical).Los vientos que generan son absolutamente destructivos.

El día lunes de forma inusual, en el municipio de Ciudad Acuña, Coahuila, se produjo este fenómeno causando severos daños en las siguientes colonias: Altos de Santa Teresa, Ampliación Santa Rosa y Las Aves. Dicho acontecimiento causo la afectación a más de trescientas familias en sus bienes, servicios y en toda la infraestructura urbana pero lo más lamentable es la pérdida de vidas y la no localización de algunos ciudadanos.

El Estado mexicano tiene la obligación ante acontecimientos de esta naturaleza, de respaldar física, económica y materialmente a los ciudadanos que se vieron afectados. No podemos bajo ninguna circunstancia, limitar el apoyo ante una tragedia de esta magnitud.

Por esta razón solicitamos al titular del ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, SEDESOL y Gobernación, a proporcionar todo el apoyo irrestricto, coordinados con el ejército, el gobierno estatal y la autoridad municipal, para que a la brevedad los ciudadanos cuenten con lugares para habitar de forma definitiva, se implementen programas de empleo temporal, se levante un censo para apoyos alimentarios y la exención de impuestos para los afectados.

La Comisión Permanente en su carácter de representación del Poder Legislativo Federal, no puede mantenerse distante de una emergencia ciudadana. Estaremos vigilantes del desempeño de quienes instrumenten los apoyos, pues una tragedia mayor a la que se padece en Coahuila, sería abusar de quienes hoy se encuentran siniestrados.

En tal virtud, pedimos a esta soberanía que en pleno uso de sus facultades, envíe un mensaje de solidaridad a la población y solicite la intervención de las autoridades señaladas, para que de forma urgente, sean atendidas las demandas, se garantice la seguridad de los ciudadanos y se resuelvan todos los problemas ocasionados por este fenómeno natural. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los suscritos sometemos a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, manifiesta su solidaridad y ofrece sus condolencias, a la población afectada en el municipio de Ciudad Acuña, Coahuila, por el fenómeno meteorológico del pasado lunes.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente la intervención urgente de las autoridades federales, estatales y municipales con la finalidad de instrumentar programas que permitan atender la contingencia de infraestructura, económica, alimentaria y sanitaria en el municipio de Ciudad Acuña, Coahuila, ocasionada por el fenómeno meteorológico ocurrido el 25 de mayo de 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Suscriben,

Dip. Socorro Ceseñas Chapa.- Dip. Lizbeth Rosas Montero.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputada Amaya Reyes.






Tiene la palabra el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar su proposición.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Como ya se ha dicho aquí en más de una ocasión, pues es recapitular sobre los lamentables hechos ocurridos el 25 de mayo, en la madrugada, que afectó de manera importante al municipio de Acuña, en el estado de Coahuila.

Las colonias afectadas fueron Santa Martha, San Antonio, Cedros, Emaús, Polideportivo, Granjas del Valle, Tierra Libertad y Gámez Sumarán.

Hay reporte de 14 muertos, muy lamentable, heridos y, como aquí se ha dicho, algunos desaparecidos.

Lo importante es que hagamos conciencia y aquí en esta tribuna lamentamos la pérdida de las vidas humanas.

Reconocemos, ante los daños materiales, la pronta y oportuna intervención del gobierno federal. Sin lugar a dudas, la pronta acción del Ejército al poner en marcha el Plan DN-III, y trabajar en coordinación con los elementos de seguridad, con los bomberos, con Protección Civil, federal y local.

Sin lugar a dudas, reconocer la declaratoria de emergencia que hiciera el 25 de mayo, para el municipio de Acuña, la propia Secretaría de Gobernación.

También reconocer la visita del Presidente de la República, el 26 de mayo, a los damnificados, reconociendo y solidarizándose con ellos.

La reflexión que aquí nos toca, es que este tipo de situaciones se dan por diferentes circunstancias, pero sin lugar a dudas, el cambio climático, el impacto en el medio ambiente tiene algo que ver.

Y desde aquí, desde esta tribuna, el Partido Verde Ecologista de México aprovecha esta coyuntura para llamar a la reflexión de la importancia de reconocer y de trabajar en las acciones encaminadas a prevenir y hacer conciencia sobre el cambio climático.

Por último, quisiera hacer énfasis en la importancia que tiene el atender de manera específica el tema de la vivienda. Y desde aquí hacemos un llamado al INFONAVIT, en particular, pero a todas las instancias del gobierno federal y del gobierno estatal, que tocan sobre el tema de la vivienda, para que ésta sea atendida de manera inmediata, dado su impacto en esta gente que quedó totalmente desprotegida.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

Quien suscribe, TOMÁS TORRES MERCADO, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro del universo del Derecho, existen diversas acciones que pueden constituir una responsabilidad jurídica, entre ellas se encuentran los actos jurídicos y los hechos jurídicos.

Los actos jurídicos son aquellos hechos humanos y voluntarios celebrados entre las partes, cuyo objetivo principal es establecer entre las personas relaciones jurídicas, que pueden crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, es decir, se realizan de forma consciente para realizar los efectos deseados por las partes. En otras palabras, el acto jurídico produce una modificación en las cosas o en el mundo exterior porque así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico.

Por su parte, los hechos jurídicos son fenómenos de la naturaleza o bien, del comportamiento humano a los que se les atribuye una consecuencia jurídica.

Los hechos jurídicos son calificados por el Derecho de acuerdo a ciertos valores, atribuyéndoles determinadas consecuencias, configurándolos y tipificándolos objetivamente como integrantes del supuesto de la norma.

Es decir, son esa inmensa variedad de hechos naturales o sociales que por la trascendencia que tienen en la vida del ser humano son configurados abstractamente en el supuesto de hecho de las normas que integran el ordenamiento jurídico, enlazándose determinados efectos, constitutivos, modificativos o extintivos de relaciones jurídicas.

En este orden de ideas, los fenómenos de la naturaleza, como los sismos, huracanes, lluvias, tormentas, y en el caso concreto que vivimos hace unos días, los tornados, son hechos jurídicos, al traer consigo consecuencias jurídicas.

Al ser un tornado un embudo vertical de aire que giran muy deprisa, en donde sus vientos pueden alcanzar los 400 kilómetros por hora, se transforman en un verdadero peligro para el ser humano, pues pone en riesgo todo aquello que se encuentre a su paso, incluyendo la vida.

En este sentido, la tarea de nosotros como legisladores es tutelar los bienes y derechos de los habitantes de nuestro país a través de la creación de normas que garanticen la información oportuna y la preparación ante situaciones de riesgo como la que se nos presenta hoy en día, además de que como representantes del pueblo, tenemos la obligación de unirnos y hacer un llamado para colaborar en las labores de rescate, reconstrucción y cualquier medida que debamos asumir en beneficio de las personas afectadas en Ciudad Acuña.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta su total solidaridad y apoyo con los habitantes de Ciudad Acuña, Coahuila por los hechos lamentables acaecidos el día 25 de mayo de 2015, consistentes en un violento fenómeno meteorológico, conocido como tornado categoría cuatro, el cual azotó la misma ciudad, causando dolorosamente, la muerte de trece personas y 229 lesionados, así como la destrucción del patrimonio de cada una de las familias residentes del lugar.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades federales, locales y municipales para que en el ámbito de sus    funciones colaboren en las tareas de rescate, ayuda y protección de las personas afectadas.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 27 de mayo de 2015.

Dip. Fed. Tomás Torres Mercado.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Melgar Bravo.






Tiene la palabra el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar su proposición.

El Diputado Danner González Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente.

Qué bueno que la Comisión Permanente hoy aborde este tema, porque no podemos permanecer ajenos e indiferentes a la tragedia de Ciudad Acuña.

Hasta el momento los daños materiales no se han cuantificado, pero eso quizá sea lo de menos, porque han perdido la vida 14 personas, hay decenas de heridos, cientos de damnificados que perdieron su patrimonio y que actualmente se encuentran en la zozobra.

Por encima de colores partidistas y de banderas, hoy está la ayuda y la solidaridad con la población de Ciudad Acuña.

Movimiento Ciudadano refrenda su solidaridad y su apoyo con los afectados. Este fenómeno natural mostró la vulnerabilidad de la población y nuestra fragilidad ante la naturaleza.

Es oportuno, pues, hacer algunas reflexiones.

Es urgente que a la brevedad los tres órganos de gobierno trabajen conjuntamente para restablecer los sistemas de agua, luz, drenaje, alcantarillado y se atienda con servicios médicos, programas sociales y estímulos económicos a Ciudad Acuña.

Pero también es necesario que, sin dilación alguna, se delibere sobre la apremiante necesidad de que todos los municipios cuenten con un Atlas de Riesgo actualizado ante siniestros naturales, se fortalezcan las capacidades de protección civil, que las autoridades tengan mayor capacidad de reacción ante los desastres naturales y que la población tome conciencia de los riesgos y de cómo actuar ante situaciones de emergencia como ésta.

Ante los embates de la naturaleza son dos los desafíos institucionales, a todos los niveles de gobierno.

Primero, desarrollar ciudades y comunidades resilientes, capaces de enfrentar crisis de esta naturaleza, multidimensionalmente, desde el ámbito social, económico, ambiental y de desarrollo sostenible.

Queda, permítanme decirlo, una tarea pendiente en el sector de Protección Civil, a la hora de integrar equipos de atención a las poblaciones afectadas. Y es la atención médica con un énfasis especial en la salud mental de las personas impactadas por el desastre.

Ellos necesitan recuperar de inmediato el bienestar psicológico y ésta es una condición indispensable para tomar decisiones y actuar en medio de la crisis.

Compañeras y compañeros, abordar los desafíos que plantean los fenómenos meteorológicos del cambio climático para reducir los impactos de los desastres, implica también la rápida actuación de las instancias de protección civil y de la adecuada integración de equipos de control de crisis.

El compromiso de los tres órdenes de gobierno y un profundo sentido de responsabilidad en el uso de los recursos públicos y la transparencia de los mismos, lo hemos visto en múltiples ocasiones, cuando hay desastres naturales a lo largo y ancho de todo el país.

Debe, en este momento, aplicarse de manera desinteresada y con celeridad los recursos públicos para quien lo ha perdido todo. Nada más, pero tampoco nada menos es lo que esperamos en este tema.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado González Rodríguez. Dado que todas las proposiciones con punto de Acuerdo son esencialmente coincidentes, vamos a procesar todos en su conjunto.






De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Fernández Aguirre, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia para el municipio de Acuña Coahuila, y se active la aplicación inmediata de recursos del Fonden, así como a diversas autoridades a emprender acciones para auxiliar a la población afectada. Se aprueba.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La madrugada de este lunes 25 de mayo, un devastador tornado se abatió en el área urbana de Ciudad Acuña, Coahuila. De una intensidad inusitada, el meteoro provocó, lamentablemente, víctimas fatales y decenas de lesionados. Los daños materiales son cuantiosos.

El tornado originó graves contratiempos que ponen en serio riesgo a la población, sus bienes, la planta productiva, el medio ambiente y la infraestructura del Municipio en cuestión. Por fortuna, la respuesta de los gobiernos Federal y Estatal fue inmediata. La tarde de ese mismo día, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, y el Gobernador de Coahuila, Lic. Rubén Moreira Valdés, ya sumaban esfuerzos en Ciudad Acuña para dar respuesta eficaz a la contingencia.

El fenómeno provocó daños principalmente en las colonias Altos de Santa Teresa y Santa Rosa de la referida localidad.

Desafortunadamente año con año el Estado de Coahuila, así como el resto de las entidades del país se ven impactados con mayor frecuencia por fenómenos climatológicos cada vez más severos que ocasionan daños a las ciudades y su población, y que a su vez ponen a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y la comunidad para enfrentarlos y atenderlos.

Basta recordar que hace aproximadamente un año la intensa lluvia de provocó importantes daños materiales en los municipios de Acuña, Monclova, Jiménez e Hidalgo, donde de acuerdo con información de las autoridades de Protección Civil en el Estado, aproximadamente 30 mil personas resultaron afectadas y un total de 364 viviendas quedaron inundadas.

Y aunque resulta imposible prever con precisión la periodicidad y la magnitud de fenómenos como éste, la población de Acuña Coahuila se encuentra una vez más ante la desesperación de haber perdido en tan solo unos minutos su patrimonio, vivienda, muebles, víveres, enseres domésticos y/o artículos personales, y peor aún la vida de sus seres queridos.

Por ello, y convencidos de que la salvaguarda de la población, sus bienes y su entorno ante desastres naturales y  aquellos ocasionados por personas es, además de un compromiso, una responsabilidad que los tres órdenes de gobierno están dispuestos a cumplir cabalmente y con alto sentido de responsabilidad, solicitamos respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que por conducto de la  Coordinación Nacional de Protección Civil se haga la declaratoria de emergencia para el Municipio de Acuña Coahuila, y se active la aplicación de recursos del FONDEN de forma inmediata.

Asimismo, solicitamos a las autoridades en materia de protección civil de los tres órdenes de Gobierno se  informe oportunamente a la población sobre las medidas de seguridad que habrán de decretarse para salvaguardar la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y su entorno, para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad; así como información relativa a la probable incidencia de otros fenómenos climatológicos en la Entidad.

Adicionalmente se hace un atento llamado a las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud del Gobierno Federal y  a sus homólogas en el Estado de Coahuila a realizar las acciones procedentes para apoyar a la población afectada por este desastre natural, tanto en la recuperación de su patrimonio como en la prestación de los servicios médicos necesarios.

Estas respetuosas solicitudes se hacen atendiendo al deber de coadyuvancia entre los diversos órdenes de gobierno que debe prevalecer en este tipo de situaciones y que se encuentra previsto por la vigente Ley General de Protección Civil,  a fin de que las acciones de auxilio de la población se realicen de forma coordinada y eficaz.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con el principio de inmediatez que debe prevalecer en las acciones de auxilio y entrega de recursos a la población en caso de emergencia o desastre, convocamos a esta Comisión Permanente a solidarizarse, discutiendo, y en su caso, aprobando esta Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emita la declaratoria de emergencia para el Municipio de Acuña Coahuila, y se active la aplicación inmediata de recursos del FONDEN para atender los daños ocasionados por el tornado de categoría cuatro que impactó dicha localidad.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades en materia de protección civil de los tres órdenes de Gobierno para que informen oportunamente a la población sobre las medidas de seguridad que habrán de decretarse para salvaguardar la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y su entorno, para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad de Acuña, Coahuila; así como información relativa a la probable incidencia de otros fenómenos climatológicos en la región y la  Entidad.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud del Gobierno Federal y a sus homólogas en el Estado de Coahuila a realizar las acciones procedentes para apoyar a la población de Acuña, Coahuila afectada por este desastre natural, tanto en la recuperación de su patrimonio como en la prestación de los servicios médicos necesarios.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,
el 27 de mayo de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Braulio Fernández Aguirre.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa sus más sentidas condolencias con los familiares de las víctimas que dejó el tornado ocurrido el día 25 de mayo en Ciudad Acuña, Coahuila. Se aprueba.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

El pasado lunes 25 de mayo del presente año, se presentó un fenómeno natural devastador en Ciudad Acuña, Coahuila, un tornado clasificado por la escala de Fujita como categoría F4 (de 5), causando 13 muertos, más de 200 heridos, cientos de damnificados, además de una enorme devastación material que aún no ha sido cuantificada.

Existen más de 750 viviendas afectadas, 88 viviendas totalmente destruidas, fallas en el suministro de energía eléctrica y desabasto de agua potable en la zona.

En los últimos 15 años se han registrado en nuestro país aproximadamente 130 tornados, desafortunadamente el de ayer fue el de mayor magnitud, fue atípico y provocó un viento superior a los 220 kilómetros por hora, razón por la cual dejó a su paso una amplia zona afectada.

Sabemos que desde las primeras horas del día lunes, el Presidente de la República giró instrucciones a su gabinete para apoyar a la población afectada, además acudió a la zona devasta, junto el Secretario de Gobernación, el Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y con el Gobernador de la entidad, quienes realizaron el recorrido por las colonias afectadas, comprometiéndose a ayudar a la población.

La Secretaría de Gobernación (Segob), emitió el mismo día del fenómeno natural una declaratoria de emergencia para el municipio de Acuña, Coahuila, con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN). Además, las autoridades del gobierno estatal, contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Los Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, enviamos expresamos nuestra solidaridad y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas durante el paso del tornado en Ciudad Acuña, Coahuila, y a la población afectada en general, deseando la pronta recuperación de los afectados; Asimismo, exhortamos a los gobiernos municipal, estatal y federal a no escatimar en ningún momento la ayuda necesaria para salvaguardar a las familias afectadas por este fenómeno natural.

Con base a lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa sus más sentidas condolencias con los familiares de las víctimas que dejó el tornado ocurrido el día 25 de mayo en ciudad acuña, Coahuila. Asimismo, manifiesta su apoyo y se solidariza con las familias damnificadas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos municipal, estatal y federal a no escatimar en ningún momento la ayuda necesaria para salvaguardar a las familias afectadas por este fenómeno natural.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil a actualizar sus protocolos de acción en caso de desastres naturales, tomando en cuenta la formación de tornados en el territorio nacional.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Atentamente.






De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a declarar como zona de desastre natural al municipio de Acuña, Coahuila. Se aprueba.

Los suscritos, Senadores LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ y MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DECLARE COMO ZONA DE DESASTRE NATURAL AL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA; Y SE DISPONGAN DE LOS RECURSOS DEL FONDEN NECESARIOS POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TORNADO DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2015, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 25 de mayo, el municipio de Acuña en el estado de Coahuila, fue impactado por un violento tornado de categoría 4 que dejaría severos daños en la zona urbana de Ciudad Acuña.

De acuerdo a valoraciones preliminares, el fenómeno hidrometeorológico que azotaría la zona durante las primeras horas de la mañana, ha dejado a miles de personas damnificadas y lamentablemente ha cobrado la vida de una decena de personas, entre las que se encontraban menores de edad.

Bastarían sólo algunos segundos, para que este fenómeno atípico, sin precedentes en la región, dejara cientos de personas lesionadas, miles de viviendas dañadas, postes de alta tensión de energía eléctrica derribados, y vehículos sobre las casas.

Al respecto, funcionarios de los distintos órdenes de gobierno, se han manifestado por la urgencia de atender a los habitantes de la población.

En este sentido, es preciso señalar que la situación socioeconómica que hoy vive esa localidad, rebasan la capacidad financiera para solventar por sí mismo la reparación y la reconstrucción inmediata de los daños, por lo que es preciso exhortar al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación y sus áreas competentes, inicien el procedimiento correspondiente para emitir la Declaratoria de Desastre Natural y el acceso a la brevedad a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento interinstitucional que tiene por   objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, fracción II, inciso i) de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, el tornado acontecido en Ciudad Acuña, es considerado como un Fenómeno Natural Perturbador dentro de una situación meteorológica excepcional o extraordinaria, por lo que los daños ocasionados se podrán cubrir con cargo a dicho Fondo, siempre y cuando se cumpla con el procedimiento establecido en los Lineamientos de Operación. 

Por lo tanto, es ineludible y prioritario canalizar inmediatamente recursos materiales y económicos que permitan atender a los miles de habitantes afectados por dicho fenómeno natural.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta  respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se emita la Declaratoria de Desastre Natural en el municipio de Acuña, Coahuila; y se disponga de los recursos necesarios del FONDEN ante los daños ocasionados por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido el día 25 de mayo de 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, con aval del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil y a agilizar la liberación de los fondos de desastres naturales para iniciar la reconstrucción del municipio de Acuña, estado de Coahuila. Se aprueba.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y A AGILIZAR LA LIBERACIÓN DE LOS FONDOS DE DESASTRES NATURALES (FONDEN), conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado lunes 25 de mayo, en el municipio de Ciudad Acuña, Coahuila,   desafortunadamente se presentó un fenómeno hidrometeorológico poco recurrente como lo es el "tornado". El fenómeno tuvo su impacto alrededor de las 5:00 horas, en plena madrugada los habitantes de Ciudad Acuña   vivieron el peor momento de su vida tras el azote del tornado con categoría F3 en la escala de fujita. El fenómeno dio inicio con una tormenta que duró aproximadamente 30 minutos y luego se presentó el tornado que tuvo un lapso de 6 segundos, impactando áreas habitacionales de vivienda popular. Los daños causados afectaron en mayor parte a las estructuras de las casas.

El resultado de los daños fue la pérdida total de vehículos, daños a las casas, perdida de bienes muebles, personas lesionadas, y lo más grave, la pérdida de vidas que al momento suman 13.

Ante este escenario, afortunadamente nuestro país cuenta con instituciones sólidas, que actúan de forma inmediata ante cualquier contingencia que dañan a la sociedad. En principio quiero externar mi mayor reconocimiento al Ejército Mexicano por la reacción inmediata para coadyuvar y atender a la población afectada del municipio de Ciudad Acuña en el estado de Coahuila, además reconozco la pronta respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, asimismo, es factible la participación inmediata del gobierno del municipio de Acuña y de las dependencias estatales, además de la participación y presencia del Ejecutivo Federal para verificar los daños de forma directa.

Sin embargo, vale la pena realizar una serie de acciones con la finalidad de que se pueda prever de manera eficaz y eficiente la presencia de estos fenómenos.

Nuestro país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Civil, regulado por la Ley General de Protección Civil, es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, cuyo objetivo es la protección de las  personas y la sociedad, su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.

En una situación de emergencia, como ocurrió en Ciudad Acuña, lejos de atender el auxilio a la población, debe garantizarse y hacerse más efectivo la prevención ante estos fenómenos, para esto el Sistema cuenta con la participación de los Gobiernos estatales y del Distrito Federal y municipios y delegaciones del Distrito Federal. Las unidades estatales de protección civil,  propiciarán una distribución estratégica de las tareas, entre los centros regionales ubicados con criterios basados en la localización de los riesgos, las necesidades y los recursos disponibles. Por ello, es importante que dentro de su jurisdicción aporten al Sistema una serie de propuestas y sea ésta quien determine e implemente las políticas públicas en materia de protección civil. De ahí la importancia para que el sistema como órgano rector fortalezca e implemente un método eficaz de prevención, difusión en materia de protección civil.

Sin embargo, a partir de 1985 por causa de la tragedia sísmica de nuestro país se creó una institución que estudiara los aspectos técnicos de la prevención de desastres, cerrándose el Sistema para que las políticas puedan desarrollarse a cabalidad el sistema cuenta con un Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que cuenta con una dirección de difusión, que tiene como objetivo establecer una cultura de prevención de desastres y mitigar sus efectos, esta dirección de difusión realiza la divulgación del conocimiento sobre fenómenos perturbadores, desarrollos tecnológicos y medidas de preparación para la reducción de riesgos hacia los distintos sectores de la población. Sus principales funciones radican en la producción y la distribución de publicaciones, intercambio de materiales de difusión, la publicación de información socialmente útil y especializada. Por ello es importante que se fortalezca la difusión de los fenómenos hidrometeorológicos, especialmente de los tornados.

Resulta pertinente hacer mención que para que el centro Nacional de Prevención de Desastres pueda realizar su labor, es necesario la participación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua, la cual forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  El SMN, es el organismo encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local en nuestro país. Los objetivos del SMN se concentran en la vigilancia continua de la atmósfera para identificar los fenómenos meteorológicos que pueden afectar las distintas actividades económicas y sobre todo originar la pérdida de vidas humanas, así  también realiza el acopio de la información climatológica nacional.

Una de las principales funciones es el de mantener informado al Sistema Nacional de Protección Civil, de las condiciones meteorológicas que puedan afectar a la población y a sus actividades económicas. Proporcionar al público información meteorológica y climatológica y realizar estudios climatológicos o meteorológicos. A pesar de que el SMN cuenta con 79 observatorios meteorológicos para la observación y transmisión en tiempo real de la información de las condiciones atmosféricas; 16 estaciones de radiosondeo, cuya función es la observación de las capas altas de la atmósfera; 13 radares meteorológicos distribuidos en el Territorio Nacional; Estación terrena receptora de imágenes del satélite meteorológico GOES-8; con esta estación se reciben imágenes cada 30 minutos de cinco diferentes bandas la cual abarca México, Canadá, Estados Unidos, el Caribe y Centro América. Además, cada tres horas se recibe una imagen visible, otra infrarroja y una de vapor de agua que cubren el total del continente americano, no se alertó del tornado que azotó en el municipio de Ciudad Acuña, Coahuila.  Por eso mi preocupación, para que en lo futuro se realicen los estudios y análisis previos para poner en alerta a la población.

Ante este escenario devastador, el Presidente instruyó a su gabinete agilizar la pronta recuperación de los servicios públicos como la distribución del agua, el servicio eléctrico, el telefónico, y la liberación de las vías generales de comunicación sin importar la jurisdicción que a cada gobierno le compete.  Pero aunado a lo anterior, cabe resaltar que el mayor daño fue en colonias populares donde las casas fueron construidas por desarrolladoras inmobiliarias mismas que aplicaron materiales de baja calidad o que en su momento no reunieron los estándares de calidad establecidos por las Normas Oficiales, de ahí el mayor daño.

Personalmente acudí a las colonias afectadas por el tornado, percatándome que las construcciones destruidas no contaban con cimientos.

Es importante que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano coadyuve para que las casas a reconstruir cuenten con los estándares de calidad y que cumplan cabalmente con las Normas Oficiales Mexicanas.

Por último, se debe reconocer la intervención inmediata de las dependencias federales, pero también resulta oportuno no dejar de dar el seguimiento correspondiente ante esta situación de desastre, se cuenta con un Fondo de Desastres Naturales que es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con los principios de complementariedad, oportunidad y transparencia, de conformidad con los parámetros y procesos definidos en los Lineamientos de Operación del Fondo deben aplicar se en este caso, independientemente de las etapas actuales para la solicitud del fondo. La Secretaría de Gobernación debe  agilizar y canalizar recursos del mencionado recurso para la reconstrucción de los daños sufridos en las colonias del municipio de Acuña y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo que le competa bajo el mismo rubro, que es dar celeridad a la liberación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Gobernación, para que agilicen la liberación de los recursos del fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, para iniciar la reconstrucción de las colonias afectadas en el municipio de Acuña, estado de Coahuila, por los daños causados la madrugada del día 25 de mayo de este año por el tornado de categoría tres.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que a través del Servicio Meteorológico Nacional y en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación, fortalezca el sistema de alerta temprana de fenómenos hidrometeorológicos especialmente de tornados, con la finalidad de conocer su trayectoria y prever futuros daños y la pérdida de vidas humanas.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que la reconstrucción de las viviendas en el municipio de Acuña, sea con materiales de calidad, para que las familias tengan una vivienda digna y segura.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, cuidad de México, el 27 de mayo de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Irma Zulema Cobián Chávez.- Sen. Lizette Clavel Sánchez.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Gabriela Cuevas Barron.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Mariana Gómez Del Campo Gurza.- Sen. Vianey Montes Colunga.- Sen. María. Del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Sonia Rocha Acosta.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. José Rosas Aispuro Torres.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Sen. Francisco De Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.- Sen. Francisco García Cabeza De Vaca.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Raúl Gracia Guzmán.- Sen. Víctor Hermosillo Y Celada.- Sen. Fernando Herrera Ávila.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Martín Orozco Sandoval.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Fernando Torres Graciano.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Fernando Yunes Márquez.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si los asuntos presentados se consideran de urgente resolución y se ponen a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si los anteriores puntos de Acuerdo se consideran de urgente resolución y se ponen a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se consideran de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. En consecuencia, están a discusión. No habiendo quien haga uso de la tribuna, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas presentadas.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de Acuerdos presentados. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobadas las propuestas. Comuníquense.

 






Pasamos a la discusión de dictámenes.

La Mesa Directiva acordó iniciar con los dictámenes que quedaron pendientes de despacho en la sesión anterior. Abordaremos en primer término los seis dictámenes de la Segunda Comisión, que están inscritos en la agenda y posteriormente los tres primeros de la Tercera Comisión, que son los reservados desde el pasado 20 de mayo. Si nos da tiempo, abordaremos algunos más de la Tercera Comisión.

Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre los dictámenes que se pondrán a discusión.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Informo sobre los dictámenes de la Segunda Comisión que se discutirán:

El relativo a las enfermedades Chikungunya y Dengue a nivel nacional.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita una nueva estrategia de contención del brote de chikungunya en el estado de Guerrero.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de Mayo de 2015, el Sen. Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud está trabajando con los países en la respuesta a la aparición del virus del chikungunya, que se transmite por la picadura de mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, provoca fiebre alta, dolor en las articulaciones, erupción en la piel, dolor de cabeza y muscular.

El chikungunya es un virus que causa fiebre alta, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y dolor muscular, unos tres o siete días después de ser picado por un mosquito infectado. Aunque la mayoría de los pacientes tienden a sentirse mejor en los siguientes días o semanas, algunas personas pueden desarrollar dolores e inflamación en las articulaciones de manera crónica.

La enfermedad rara vez puede causar la muerte, pero el dolor en las articulaciones puede durar meses e incluso años para algunas personas. Las complicaciones son más frecuentes en niños menores de 1 año y en mayores de 65 años y/o con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, etc.). Es de vital importancia mencionar a esta representación que no existe un tratamiento específico ni una vacuna disponible para prevenir la infección de este virus, lo que incrementa el costo social para los estratos más vulnerables de la población, y eleva la presión sobre las finanzas públicas del sector público.

Este virus fue detectado por primera vez en Tanzania en 1952. A partir de 2004, se han reportado brotes intensos y extensos en África, las islas del Océano Índico, la región del Pacífico incluyendo Australia y el sudeste asiático (India, Indonesia, Myanmar, Maldivas, Sri Lanka y Tailandia). En 2007 el virus ocasionó un brote en Italia, en la región de Emilia-Romagna, al ser trasmitido localmente por Ae. albopictus. Antes de la primera confirmación de la transmisión autóctona, en la región se habían registrado varios casos importados de viajeros que habían vuelto con el virus de Asia o África.

Se transmite a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti (que también puede transmitir el dengue y la fiebre amarilla, y está presente en las zonas tropicales y subtropicales de las Américas), y el Aedes albopictus (se encuentra en áreas más templadas, extendiéndose desde la costa este y estados del sudeste de los Estados Unidos hasta las provincias del norte de Argentina). A este mosquito se lo reconoce fácilmente porque tienen unas rayas blancas circulares en las patas. Cuando estos mosquitos pican a una persona con chikungunya se inicia el ciclo de transmisión.

La fiebre chikungunya se ha detectado en casi 40 países de Asia, África, Europa y las Américas. Se habla extraoficialmente que el número de casos se triplica, ya que las instituciones de salud solamente tienen cuantificado las personas que acuden a ellos para su tratamiento.

De acuerdo a la representante de la Organización Panamericana de la Salud el virus del chikungunya continuará extendiéndose en la región de Centroamérica y el Caribe, puesto que en esta región existen las condiciones para la propagación del virus, por lo que "no será una sorpresa ver más incidencias". De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud señalan que México tiene 678 casos confirmados de chikungunya de transmisión autóctona y 22 importados, acumulados desde el año 2013 hasta 17 de abril de este año.

Sin embargo, de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaria de Salud del Estado de Guerrero advierte que ocupamos el primer lugar a nivel nacional en dengue, con 614 casos y también en chikungunya, con un registro de 255 pacientes con esta enfermedad, de la cual existen también 2 mil 70 sospechosos, de los cuales están notificados oficialmente 255 casos de Chikungunya y 2 mil 70 casos sospechosos de este padecimiento, sin ningún deceso. Por otro lado, la situación del dengue, Guerrero ocupa los primeros lugares a nivel nacional en esta enfermedad viral, con 614 casos confirmados de enero a la fecha, estas dos enfermedades es de la mayor preocupación frente a la nueva temporada de lluvias y a las condiciones

En cuanto a las regiones que presentan mayor cantidad incidencia de Chikungunya, de los 255 casos confirmados, 213 pacientes corresponden en Acapulco, 27 casos en Costa Chica, 15 en Costa Grande. En Acapulco en 35 colonias de acuerdo a datos de salud estatal y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay casos de Chikungunya en los municipios de Juchitán hay 8 pacientes con esta enfermedad, 10 en Zihuatanejo;7 casos en San Marcos; Petatlán 2, Ometepec 4, Azoyu 1. En Chilpancingo se tiene 3 casos, en Tecpan 2, Tlacoachistlahuaca 1, Tecoanapa, 1, Florencio Villareal 1 y Copala 3.

La geografía y clima de Guerrero siempre han sido un adecuado ambiente para el desarrollo del Dengue, y frente a la nueva temporada de lluvias, la administración federal y estatal debe realizar esfuerzos extraordinarios para evitar un posible incremento en los índices larvarios y que puedan elevarse las estadísticas de dichas enfermedades.

La Comisión Permanente, como representante en funciones del Congreso de la Unión, debe responder al llamado de alerta que hace la población de los distintos municipios que están afectados por Chikungunya y Dengue, con el objeto de exhortar de manera inmediata acciones extraordinarias para contener la propagación y atender a la población afectada, antes de que supere las capacidades de respuesta del sector salud.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera urgente a la Secretaria de Salud del Gobierno Federal implementar una nueva estrategia para contener el brote de las enfermedades de Chikungunya y Dengue que afecta a la población del Estado de Guerrero, así como desplegar una campaña con las autoridades locales, para coordinar esfuerzos con la población con el objeto de contribuir con las acciones de prevención y atención a los afectados.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito ya que como se mencionó con anterioridad los síntomas que se tienen con este virus, son muy parecidos a los del dengue, los cuales consisten en la aparición súbita de fiebre, generalmente acompañada de dolores articulares. Otros signos y síntomas frecuentes son: dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Aunque los síntomas que son presentados con el chikungunya son más intensos y dolorosos, incapacitando a las personas a realizar acciones comunes como lo es caminar o tomar cosas con las manos.

Estos síntomas presentan mayor intensidad en niños menores de un año, en adultos mayores de sesenta y cinco, y en enfermos de diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, enfermos de tuberculosis y enfermos cardiovasculares, lo que los sitúa como grupos vulnerables ante este padecimiento.

La fiebre de chikungunya o artritis epidémica chikungunya es una forma relativamente rara de fiebre viral causada por un Alphavirus transmitido por la picaduras del mosquito Aedes aegypti. Es importante señalar que no se transmite de persona a persona, por lo que el contacto con personas enfermas no representa un factor de riesgo, sin embargo, a la fecha no existe vacuna o medicamento que evite el contagio. Es realmente importante que las comunidades en donde se están dando estos brotes dentro del territorio nacional, conozcan las medidas a seguir pertinentes para de este modo poder prevenir el contagio, ya que en la actualidad no existe una vacuna para ella. Únicamente tratamientos que constan de medicamentos orales y recomendaciones.

El nombre es de origen makonde (grupo étnico que vive en el sudeste de Tanzania y el norte de Mozambique) y significa enfermedad del hombre encorvado o retorcido debido al fuerte dolor articular que provoca la artritis que caracteriza a la enfermedad. Los mosquitos obtienen el virus ingiriendo sangre de un humano infectado. No se sabe si el mosquito es inmediatamente contagioso o si existe una fase de evolución en su cuerpo.

II.- La fiebre chikungunya se ha detectado en más de 60 países de Asia, África, Europa y las Américas. En África entre los años de 1999 y 2000  hubo un gran brote de la enfermedad en la República Democrática del Congo y en 2007 hubo otro en Gabón. En el año 2005 se tuvo un brote en las islas del Océano Indico, esto se relaciona con los casos aparecidos en Europa en 2006 y a la epidemia en el norte de Italia de 2007, en la India en este mismo año, también surgió un gran brote, por el que también se vieron afectados países de Asia.

Fue en 2013 que se volvieron a tener indicios de la enfermedad, ya en Francia fueron confirmados dos casos desde entonces se ha confirmado la transmisión local en más de 43 países y territorios de las región de las Américas. Este fue el primer brote documentado de fiebre chikungunya con transmisión autóctona en las Américas.

Hasta junio de 2015 se habían registrado más de 1, 135, 000 casos sospechosos de fiebre chikungunya en las islas del Caribe, en países de América del Sur y en los Estados Unidos; durante el mismo periodo se han atribuido 176 muertes a esta enfermedad. En Canadá, México y en los Estados Unidos de América también se han registrado casos importados

III.- Esta Dictaminadora  considera menester la información que se pueda proporcionar sobre la prevención del virus de chikungunya, ya que como ha sido precisado a pesar de que esté tuvo sus orígenes en el continente africano, específicamente en Tanzania; actualmente se han presentado gran número de casos en las islas del Caribe, así como en Latinoamérica. México no ha sido la excepción, por lo que es de vital importancia adoptar medidas de salud pública para la prevención y tratamiento de esta enfermedad.

Para el diagnostico de este virus se requiere una prueba de sangre similar a la que se realiza para la detección del VIH, la cual se aplica en los centros de salud. Este es el método más confiable para confirmar la existencia del virus en la sangre, por lo que su disponibilidad y suficiencia en dichos centros es de vital importancia para proporcionar el tratamiento requerido incluso antes de que se presenten los síntomas descritos.

IV.- Es del conocimiento de esta Segunda Comisión que en México se han reportado de enero a mayo de este año 303 casos de Chinkungunya. Desde que se detectó el primer paciente en 2014 la cifra se eleva a 458 casos confirmados por laboratorio, de los cuales la mayoría se ubican en los estados de Chiapas (186 casos), Guerrero (185 casos) y Oaxaca (85 casos), en Sinaloa y Sonora se ha registrado un solo caso, ambos han sido importados internamente. Hemos de señalar que hasta ahora la  mayoría de las personas afectadas son mujeres, en un 65%.

Se prevé que este virus se siga propagando a lo largo del país. Por esta razón resulta de suma importancia informar a la población cuales son las medidas preventivas que se deben adoptar, tales como evitar los bancos de agua en donde se puedan generar estos mosquitos, utilizar insecticidas y mosquiteros en casa, así como no usar ropa que deje gran parte de la piel expuesta a la picadura de los mosquitos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera urgente a la Secretaria de Salud del Gobierno Federal implementar una nueva estrategia para contener el brote de las enfermedades de Chikungunya y Dengue a nivel nacional, así como desplegar una campaña con las autoridades locales, para coordinar esfuerzos con la población con el objeto de contribuir con las acciones de prevención y atención a los afectados.

SEGUNDA COMISIÓN.






Otro sobre el acoso cibernético.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que se lleven a cabo programas de difusión, dirigidos a los menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las formas de prevenirlo, así como el uso responsable de las redes sociales, suscrita por los  diputados Jaime Chris López Alvarado y Javier Filiberto Guevara González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de Mayo de 2015, los  diputados Jaime Chris López Alvarado y Javier Filiberto Guevara González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

A. Las prácticas de acoso u hostigamiento cibernético exigen una respuesta pública que permita mantener a todas las personas bien informadas y así mismo les permita denunciar en el momento oportuno.

B. El proponente refiere una serie de datos en los que basa su proposición entre los que destacan los siguientes:

A) México es el país con mayor alcance en sitios de redes sociales en el mundo con un 98.2%, siendo las personas de entre 15 a 24 años quienes hacen mayor uso de las mismas.

B) 8 de cada 10 niños de padres internautas usan internet, principalmente en la escuela para la búsqueda de entretenimiento, por lo que en promedio se convierten en internautas a los 10 años de edad. A pesar de los beneficios que trae consigo el internet, también representa peligros latentes para quienes hacen uso irresponsablemente del mismo.

C) El acoso cibernético, mejor conocido como “grooming”, consiste en acciones deliberadas por  parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña en internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual.

D) La Comisión para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Comisión Nacional de Seguridad, advierte que de 2006 a 2012 se registró un aumento de los casos de acoso electrónico de 86 a 1,269.

E) Muchos padres no perciben la tecnología como una amenaza o problema y educan a sus hijos con base en su experiencia y no entienden mucho del acoso cibernético y tratan de resolverlo con medidas punitivas (a los menores de edad) en vez de estar informados, enfrentar el problema y denunciarlo.

C. Concluye el proponente al señalar que:

Se debe exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que se lleven a cabo programas de difusión, dirigidos a los menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las formas de prevenirlo, así como el uso responsable de las redes sociales.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de que se lleven a cabo programas de difusión dirigido a los menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las diversas medidas de prevenirlo, así como del uso responsable de las redes sociales.

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito.

II.- Esta Dictaminadora coincide en términos generales con los argumentos de los legisladores Jaime Chris López Alvarado y Javier Filiberto Guevara González, en cuanto a que es necesaria la acción pública para evitar el acoso cibernético.

III.- El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

IV.- El artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece que tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

V.- Por su parte, la fracción V del artículo 103 de la LGDNNA establece que es obligación de los padres de familia asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad, mientras que la fracción VII menciona como otra obligación el protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación.

VI.- Asimismo, el artículo 116 de la LGDNNA indica que corresponde a las autoridades federales y locales de manera concurrente, entre otros denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes (fracción V) y promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes.

VII. Paralelamente, el artículo 13, fracción XX de la LGDNNA establece como derecho el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

VIII.- El artículo 114 de la LGDNNA establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los organismos constitucionales autónomos, en el ámbito de su competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades garantizarán el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para lo cual deberán observar el interés superior de la niñez y asegurar la asignación prioritaria de recursos en términos de las disposiciones aplicables. Lo cual se refuerza en el artículo décimo tercero transitorio de la propia Ley.

IX. El artículo 7 de la Ley General de Educación establece en su fracción VII que uno de los fines de la educación es “Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables”. Asimismo, la fracción V Ter del artículo 12 establece que es facultad exclusiva de la federación “emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo” y, de manera complementaria, el artículo 14 en su fracción X establece que es facultad concurrente de la federación y de la autoridad local el “Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento”.

X. Adicionalmente, la Estrategia Digital Nacional (EDN) contempla entre sus principios, una educación de calidad y una inclusión en habilidades digitales. Lo que implica que tanto los educadores como los padres, deben aprender más sobre el manejo y la administración de las herramientas digitales, incluyendo la privacidad, de manera que puedan guiar a los educandos y prevenir las distorsiones morales, cívicas y de convivencia.

Una vez realizado el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina la Comisión Dictaminadora, coincide con la preocupación y motivación de los legisladores proponentes y considera conveniente y procedente exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que se lleven a cabo programas de difusión, dirigidos a los menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las formas de prevenirlo, así como el uso responsable de las redes sociales.

XI.- La Segunda Comisión reitera su compromiso con las políticas públicas de protección de los menores de edad del acoso cibernético.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de que se lleven a cabo programas de difusión dirigido a los menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las diversas medidas de prevenirlo, así como del uso responsable de las redes sociales.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que instruya a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Comisión Nacional de Seguridad, para que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generen presupuestos para el ejercicio 2016 que contemplen acciones en materia de prevención del acoso cibernético, en apego a lo que establece la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, el 26 de Mayo de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Uno más sobre el deceso de infantes y la hospitalización de otros por la aplicación de diversas vacunas en el estado de Chiapas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas proposiciones con punto de acuerdo con relación al deceso de dos niños en la unidad médica rural “La Pimienta”, del municipio del Municipio de Simojovel, en el Estado de Chiapas.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.Con fecha 13 de mayo del 2015, el Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a investigar y transparentar toda la cadena del sistema de vacunación en Chiapas, al proveedor de las vacunas que causaron el deceso de dos menores de edad y a la unidad médica rural La Pimienta.

2. Con fecha 13 de mayo del 2015, la Diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se solicita un informe al director general del IMSS, al director general de la secretaría de salud, al gobernador del estado de Chiapas, al director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto de la situación del Sistema Nacional de Salud en el Estado de Chiapas.

3. Con fecha 13 de mayo del 2015, la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal, a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Instituto Mexicano del Seguro Social a remitir la investigación que se realice sobre los hechos del 9 de mayo del año en curso en las comunidades de La Pimienta y San José, en el municipio de Simojovel, Chiapas, concernientes al fallecimiento de dos bebés y la afectación a la salud de 37 menores, como resultado del programa de vacunación respectivo.

4. Con fecha 13 de mayo del 2015, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con Punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud un informe detallado sobre los hechos ocurridos en el municipio de Simojovel, en el estado de Chiapas.

5. Con fecha 13 de mayo del 2015, El Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con Punto de acuerdo que exhorta al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social a comparecer ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente a fin de que explique las causas de las muertes de dos bebés y la gravedad de otros más, tras la aplicación de vacunas a cargo del IMSS-Chiapas el pasado 8 de mayo en las comunidades de La Pimienta y de San José y San Antonio del Monte, Municipio de Simojovel, Chiapas, y proceda a resarcir el daño a los padres afectados por este lamentable hecho.

6. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que las proposiciones listadas con anterioridad fueran turnadas para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1.El legislador Zoé Robledo, proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“En materia de vacunación el Estado Mexicano cuenta con una exitosa y larga tradición. Sus orígenes datan del siglo XVIII cuando las grandes expediciones de personajes como Francisco Balmis, José Antonio Alzate e Ignacio Bartolache iniciaron para enfrentarse a epidemias tales como la viruela, hasta los primeros decretos presidenciales que obligaban a la aplicación de la vacuna contra esa enfermedad en 1926.

En la década de los setentas el gobierno comienza con la organización de la vacunación masiva a través de el Programa Nacional de Inmunizaciones, el cual ya contemplaba la aplicación forzosa de cuatro vacunas esenciales: antisarampión, DPT, BCG y antipoliomielítica. En 1980 comienza la organización de jornadas intensivas de vacunación con características y denominaciones diversas pero con objetivos similares: en un primer momento fueron las Fases Intensivas de Vacunación, después los Días Nacionales de Vacunación, después se nombraron Semanas Nacionales de Vacunación y, finalmente, las Semanas Nacionales de Salud. Es en 1985 que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece, con carácter obligatorio, la Cartilla Nacional de Vacunación.

En 1991, en un esfuerzo por integrar a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud e implantar un programa con objetivos, metas y estrategias iguales y empíricamente verificables para todas las instituciones, se creó el Programa de Vacunación Universal.

Finalmente, en el año 2002, en una acción institucional para homogenizar las diferentes cartillas de salud existentes, se crea el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud.

La política de vacunación llevada a cabo desde principio del siglo XX ha sido sumamente exitosa. A México se le voltea a ver desde Latinoamérica como uno de los ejemplos a seguir en materia políticas públicas que controlan la problemática de la epidemiología nacional.

El Programa de Vacunación Universal ha logrado cumplir casi todas sus metas. La Coordinación interinstitucional ha permitido erradicar la poliomielitis, la difteria, el sarampión y el tétanos neonatal; controlar la tos ferina y las formas graves de tuberculosis.

También, norias importantes como lo son el reforzar la vigilancia epidemiológica mediante la identificación, notificación y control inmediatos de casos y brotes, promoción y educación para la salud y participación comunitaria, a través de la observancia y seguimiento de la "Cartilla de Vacunación".

En suma, gracias a sistemas de información modernizados y encuestas de cobertura confiables, es posible calificar de exitoso el Programa de Vacunación gracias al buen uso de la moderna tecnología, a la voluntad política y sobre todo al espíritu solidario de la sociedad mexicana.

A pesar de que la vacunación en México se ha sistematizado, en fechas recientes ocurrió un caso lamentable.

En el municipio de Simojovel, Chiapas, el viernes 8 de mayo fueron vacunados 52 niños contra la Tuberculosis, Rotavirus y Hepatitis B. El IMSS informó que 31 menores presentaron reacciones adversas presuntamente asociadas a las vacunas, dos de ellos fallecieron y 29 fueron hospitalizados.

El Instituto inició una investigación y ordenó la suspensión preventiva de la administración de las vacunas a nivel nacional hasta saber las causas. Además en un segundo comunicado el IMSS aclaró que únicamente se había suspendido la aplicación de vacunas de los lotes de identificados en el municipio de Simojovel, que corresponden a la vacuna de Hepatitis B.

Las campañas de vacunación han demostrado ser una de las estrategias de salud pública con mayor efectividad para disminuir la presencia de enfermedades prevenibles en la población, es por ello que el resto de la campaña de vacunación sigue realizándose en el Instituto de manera normal.

Un equipo de especialistas del IMSS, Secretaría de Salud y COFEPRIS atendió a los menores, 23 niños permanecían estables y 6 graves. Debido a su mejoría, 3 niñas y 2 niños se dieron de alta del hospital “Dr. Gilberto Gómez Maza” este 11 de mayo y se mantendrán en observación médica en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por las siguientes 72 horas.

De los 24 que permanecen hospitalizados, 18 están estables y 6 se encuentran graves. El IMSS y la Secretaría de Salud del Estado continúan colaborando intensamente para seguir otorgándoles la mejor atención médica.

En conclusión, las políticas públicas son soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos: son estrategias encaminadas a resolver problemas públicos. En México, la política de vacunación, iniciada en 1973 con el Programa Nacional de Inmunizaciones, ha sido una política pública exitosa. A pesar de las resistencias, por mitos o mala información, se ha logrado prevenir, controlar, eliminar y erradicar un gran número de enfermedades que pueden evitarse mediante la administración de vacuna.

Lo sucedido en Chiapas, además de ser un hecho trágico y lamentable por los niños muertos y enfermos, puede tener mayores consecuencias en la aplicación de las vacunas en este estado y otros dentro de México. La confianza ciudadana en las políticas públicas, en especial en las del sector salud, se construye día a día. Si las autoridades sanitarias no aclaran, en tiempo y forma, lo que sucedió en Chiapas, muchos padres podrían desconfiar de los programas de vacunación en sus comunidades.

La vacunación es preventiva en la salud de los niños a los que se les aplican las dosis y en las personas que los rodean. Para que no se repita, ni tenga consecuencias negativas, el caso explicarse con total transparencia y, si es necesario, castigar a las autoridades que contaron, por acción u omisión, con responsabilidad en lo que sucedió. El acceso universal hacia programas de vacunación es fundamental para alcanzar y sostener metas globales de salud pública. Pero esto sólo será posible si la población tiene confianza en los programas públicos y las autoridades.”

2. La Legisladora Lizbeth Rosas Montero, proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Uno de los mayores problemas en México es el acceso a los servicios de salud, principalmente en comunidades con alto índice de pobreza. De acuerdo con el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) en México los niveles de pobreza no variaron entre 1992 y 2012. Los cinco estados en donde se localizan los municipios con mayores condiciones de miseria son: Guerrero, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, donde la pobreza siempre está por arriba de la media nacional y 8 millones de personas indígenas se ven afectados.

Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en base al Censo de Población y Vivienda 2010, Chiapas ocupa el tercer lugar en índices de pobreza., donde el 47% de su población padece pobreza alimentaria, el 56% pobreza de capacidades y el 76.37% de la población no tiene acceso a los servicios de salud.

Por ello, en necesaria la intervención del Estado Mexicano con política públicas que permitan superar los estados de marginación de los que menos tienen. Y es por ello que se han implementado Programas Sociales como el Programa Nacional de Vacunación que está dirigido a toda la población mexicana y su objetivo es que a través de la aplicación de vacunas se proteja a la población contra enfermedades prevenibles de forma gratuita, con el fin de cerrar las brechas que existen entre los diferentes grupos sociales y regiones del país.

Lo anterior cobra relevancia debido a que el día ocho de mayo del presente año, el IMSS aplicó a 52 niños vacunas contra la BCG (Tuberculosis), Rotavirus y Hepatitis B, en la localidad de La Pimienta en el municipio de Simojovel, Chiapas, como parte de los objetivos del Programa Nacional de Vacunación. En dicho municipio, el porcentaje de población sin acceso a los servicios de salud en el año 2005 fue del 81.67%.

Durante el transcurso de esa misma noche 31 niños presentaron reacciones adversas presuntamente asociadas a la aplicación de esas vacunas. Actualmente, están hospitalizados 29 menores y 2 fallecieron. Sin embargo, hasta el momento no se saben las razones precisas de las causas del estado de salud de dichos niños.

Así, es menester que esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, realice un posicionamiento institucional para contar con un diagnóstico preciso de la situación en el Estado de Chipas y evitar que se repitan casos como el ocurrido en el municipio de Simojovel. Asimismo se realice la investigación pertinente y se informe de manera inmediata a esta soberanía de las acciones realizadas.”

3. La Legisladora Mónica T. Arriola Gordillo, proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El día 9 de mayo, en las comunidades de La Pimienta y San José, del municipio de Simojovel, Chiapas, se informó que al menos dos bebés fallecieron y más de una veintena se encontraban graves y bajo observación médica, luego de que un galeno de una clínica del IMSS vacunó a cerca de 40 menores.

Después de una campaña de vacunación para menores, que posteriormente especificó la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, era un esfuerzo que el gobierno del Estado a través de esa secretaría implementó, denominado como el Plan de Acción de Prevención y Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, en coordinación interinstitucional con el IMSS PROSPERA, trascendió, que en las primeras horas del sábado, atienden a 37 menores, luego de que presentaran reacciones alérgicas al parecer a la supuesta aplicación de vacuna por personal del salud del Instituto Mexicano del Seguro Social.

‘El IMSS informó anoche que, como parte de la pesquisa, se identificó que los 31 bebés afectados tienen en común, en cuanto a las vacunas que les fueron aplicadas, que todos recibieron la de hepatitis B. Por ello la suspensión temporal de la inmunización se limita a los lotes del producto que se están en el municipio de Simojovel, Chiapas, de donde son originarios los pacientes. Es decir, el resto de las vacunas que integran el programa universal se pueden aplicar de manera normal en todo el país. Con ello el instituto revirtió su decisión del pasado sábado de interrumpir a nivel nacional la vacunación de hepatitis, tuberculosis (BCG) y rotavirus.’

La investigación periodística dio información en el tenor del suceso, en donde señala a un doctor de nombre, Roberto Calvo, como el que vacunó a 25 niños recién nacidos alrededor de las 8 de la noche del 9 de mayo. Posteriormente, esa misma noche, murieron 2 bebés.

Al momento, la información que ha proporcionado el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha podido determinar el origen del problema que causó la muerte de dos pequeños, pues, comentan, se están realizando estudios de laboratorio que requieren un plazo de tiempo específico para arrojar resultados.

Existen hipótesis que insinúan que un factor que pudo provocar las reacciones en los niños es la contaminación de los frascos con alguna bacteria por mal manejo en la unidad de salud, lo que obliga, ipso facto, a la investigación exhaustiva del manejo de las unidades y la responsabilidad de sus encargados.

Inclusive, la Secretaría de Salud anticipó que por deficiencias en el almacenaje y manejo de las vacunas, éstas se pudieron haber contaminado con alguna bacteria; o bien, que el personal de salud incumplió con una buena práctica médica para asegurar la higiene en la aplicación de los biológicos, lo que implica, en cualquiera de los dos casos, la aplicación de sanciones ejemplares para los responsables.

Según los reportes, de los 29 niños que siguen hospitalizados, 23 se encuentran estables y seis graves. Todos están en el Centro Médico Chiapas nos Une Doctor Gilberto Gómez Maza, dependiente de la Secretaría de Salud.

La investigación, y la aplicación de las sanciones correspondientes, serán fundamentales para que se mantenga la credibilidad del programa de vacunación universal.

4. La Legisladora la Legisladora Angélica de la Peña Gómez, proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el pasado 8 de mayo, en la localidad de la Pimienta en el municipio de Simojovel en el estado de, Chiapas, se aplicaron a 52 niñas y niños las vacunas BCG (tuberculosis), rotavirus y hepatitis B, como parte del Programa Nacional de Vacunación, sin embargo, en el transcurso de la noche un total de 31 niños presentaron reacciones adversas, presuntamente relacionadas con la aplicación de estas vacunas, por lo que se hospitalizaron a 29 niñas y niños y lamentablemente dos fallecieron, se trata de un niño de 28 días de nacido, y una niña de 30 días de nacida.

Se trata de un hecho lamentable que demanda de las autoridades del Sector Salud y del Gobierno del estado de Chiapas una investigación profunda e imparcial que determine la cadena de omisiones y las sanciones de las personas responsables, así como brindar el apoyo necesario y el acceso a la justicia para las familias.

Estos acontecimientos ocurren en una de las entidades con mayores carencias del país, donde el porcentaje de niñas y niños sin derecho a la salud es de un 18% y la tasa de mortalidad de menores de 1 año en se encuentra en 13.5 muertes en 2012 por encima del promedio nacional (13.2), de acuerdo con datos oficiales contenidos en el Informe “La Infancia Cuenta en México” de la Red de los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

En seguimiento a estos acontecimientos, el IMSS en su portal de internet ha informado que la suspensión temporal de la vacunación es sólo respecto de los lotes de vacunas identificados en el municipio de Simojovel, que corresponden a la vacuna de Hepatitis B, es por ello que el resto de la campaña de vacunación sigue realizándose en el Instituto de manera normal en todo el país.

El IMSS ha informado que el lote de vacunas contra la hepatitis B que fueron aplicadas a niñas y niños en Chiapas caduca hasta junio de 2017, por lo que se descarta que la caducidad de la sustancia fuera el motivo de las afectaciones a la salud de estos niños,(dos de los cuales fallecieron), por tanto, personal del IMSS y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), continúan investigando si hubo un mal manejo en la cadena de almacenamiento y traslado, o contaminación en el laboratorio.

Consideramos indispensable que frente a estos hechos, las autoridades tomen las medidas adecuadas de emergencia, no sólo en los sistemas del IMSS sino en todo el Sistema Nacional de Vacunación a fin de garantizar la no repetición de tan lamentables hechos.

Es importante mantener a la ciudadanía informada de manera puntual y oportuna sobre los avances de las investigaciones ya que de lo contrario se corre el riesgo de crear desconfianza en el Sistema Nacional de Vacunación, lo que repercutiría en la salud de las niñas y niños en México.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral.

La inmunización previene enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades prevenibles mediante vacunación, tales como el cáncer cervical, la difteria, la hepatitis B, el sarampión, la paroditis, la tos ferina, la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la rubéola y el tétanos. En la actualidad, la inmunización evita anualmente entre 2 y 3 millones de defunciones. No obstante, se estima que 21,8 millones de lactantes de todo el mundo aún no reciben las vacunas básicas.

Las vacunas previenen cada año entre 2 y 3 millones de defunciones por difteria, tétanos, tos ferina y sarampión. La cobertura vacunal mundial (proporción de niños de todo el mundo que reciben las vacunas recomendadas) se ha mantenido estable en los últimos años.

En 2013 se administraron tres dosis de la vacuna DTP3 a unos 112 millones de lactantes de todo el mundo, a fin de protegerlos contra graves enfermedades infecciosas que podrían provocarles trastornos y discapacidades graves, e incluso la muerte. Para 2013, 129 países habían alcanzado por lo menos el 90% de cobertura con la vacuna DTP3.

La Declaración de Lima por el Derecho a las Inmunizaciones del 2014, emitida en el marco del Primer Encuentro Latinoamericano por el Derecho a las Inmunizaciones, en el marco del 25 Aniversario de la Convención por los Derechos del Niño, señala:

Que las inmunizaciones son un derecho humano y un bien público y que proteger a las niñas, niños y adolescentes de enfermedades prevenibles debe ser una responsabilidad ética, política, social de los Estados.

Que por las inmunizaciones se han evitado millones de muertes, discapacidad y otras secuelas por las complicaciones de enfermedades prevenibles a través de la vacunación

Que las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos con vacunas que los inmunicen por ser un derecho reconocido por todos los Estados partes de la Región Latinoamericana y por consiguiente deberán adoptar todas las medidas legislativas, económicas, y administrativas de toda índole para dar efectividad a este derecho.

Que para ese cumplimiento, los Estados como garantes de los derechos, deben aplicar los principios de no-discriminación, supervivencia y desarrollo, participación e interés superior del niño así establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y los principios de universalidad y equidad establecidos en el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020.

Que las inmunizaciones representan la intervención costo-oportunidad más efectiva y segura de proteger a las niñas, niños y adolescentes de enfermedades prevenibles a través de la vacunación.

La misma Declaración menciona que los Estados tienen la obligación de garantizar la coordinación entre instituciones, el suministro de vacunas con calidad y seguridad mejorando los mecanismos de vigilancia epidemiológica y de administración de todo tipo de recursos, así como la atención, rehabilitación, e inserción integral de por vida a las personas afectadas por algún evento adverso asociado a la vacunación y su reparación.”

5. El legislador Francisco Salvador López Brito, proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El pasado viernes 8 de mayo, en la comunidad de Simojovel, Chiapas, una de las regiones más marginadas de nuestro país, fallecieron dos bebés y aproximadamente otros 30 se encuentran bajo atención médica tras presentar reacciones alérgicas a vacunas aplicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mencionó el Senador Francisco Salvador López Brito, Integrante de la Comisión de Salud en el Senado de la República.

De acuerdo con testimonios de los habitantes de las poblaciones de La Pimienta, San José y San Antonio del Monte, en dicho municipio, la mañana del viernes acudieron a instalaciones del Hospital Rural del programa IMSS-Prospera de la localidad, donde a los bebés les fueron aplicadas vacunas del cuadro básico. En total 52 niños recibieron tres dosis: BCG (Tuberculosis), Rotavirus y Hepatitis B.

Luego de ser vacunados, al menos 25 recién nacidos se adormecieron y no despertaron hasta 12 horas después. Otros dos ya no reaccionaron y fallecieron. Se trata de un niño de 28 días de nacido y una niña de 30 días de nacida. El resto de los afectados fueron trasladados a hospitales de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, mencionaron dichos testimonios.

Los padres de los recién nacidos, al ver que sus hijos no reaccionaban, nuevamente se desplazaron de sus comunidades y acudieron a la cabecera municipal de Simojovel, donde pidieron auxilio a las autoridades. Sin embargo, fue hasta la madrugada del sábado que brigadas médicas de la Secretaría de Salud de Chiapas llegaron al municipio, ubicado a unos 300 kilómetros de la capital.

La secretaría de Salud, por su parte, reportó que atendió a 37 menores de edad ‘luego de que presentaran reacciones alérgicas al parecer por la supuesta aplicación de vacuna por personal del salud del IMSS-Prospera’, señaló el legislador federal.

El IMSS, en tanto, indicó en un comunicado que fueron 31 niños los que presentaron ‘reacciones adversas presuntamente asociadas a la aplicación de estas vacunas’, y que 29 estaban hospitalizados. Además, aclaró que suspendió la vacunación por Hepatitis B, sólo en el municipio de Simojovel, Chiapas.

El día de ayer, el Instituto defendió su programa, al señalar en un comunicado que ‘Las campañas de vacunación han demostrado ser una de las estrategias de salud pública con mayor efectividad para disminuir la presencia de enfermedades prevenibles en la población, es por ello que el resto de la campaña de vacunación sigue realizándose en el Instituto de manera normal en todo el país’.

De acuerdo con un portal internacional de noticias, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), declaró que iniciarán una investigación en las comunidades de La Pimienta, San José y San Antonio, para aclarar las responsabilidades de esta situación.

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con el sentido general en el que se expresan las proposiciones de mérito en virtud de:

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su árticulo 4º párrafo tercero establece que Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su árticulo 4º párrafo noveno establece que En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la política de salud como una facultad concurrente en el artículo 4º La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Que a partir de la Reforma en materia de Derechos Humanos publicada el 10 de junio del año 2011 la aplicación de las normas derivadas de tratados y convenciones internacionales que versen sobre Derechos Humanos tendrán fuerza de derecho interno y en “La Declaración de Lima Por el Derecho a las Inmunizaciones” se considera que:

Las inmunizaciones son un derecho humano y un bien público y que proteger a las niñas, niños y adolescentes de enfermedades prevenibles debe ser una responsabilidad ética, política, social de los Estados.

Por las inmunizaciones se han evitado millones de muertes, discapacidad y otras secuelas por las complicaciones de enfermedades prevenibles a través de la vacunación

Las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos con vacunas que los inmunicen por ser un derecho reconocido por todos los Estados partes de la Región Latinoamericana y por consiguiente deberán adoptar todas las medidas legislativas, económicas, y administrativas de toda índole para dar efectividad a este derecho.

Para ese cumplimiento, los Estados como garantes de los derechos, deben aplicar los principios de no-discriminación, supervivencia y desarrollo, participación e interés superior del niño así establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y los principios de universalidad y equidad establecidos en el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020.

Las inmunizaciones representan la intervención costo-oportunidad más efectiva y segura de proteger a las niñas, niños y adolescentes de enfermedades prevenibles a través de la vacunación.

Que la Ley General de Salud en su artículo 61 en su fracción segunda establece La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones: (…) La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y su salud visual;

Que la Ley del Seguro Social en su artículo 110 establece Con el propósito de proteger la salud y prevenir las enfermedades y la discapacidad, los servicios de medicina preventiva del Instituto llevarán a cabo programas de difusión para la salud, prevención y rehabilitación de la discapacidad, estudios epidemiológicos, producción de inmunobiológicos, inmunizaciones, campañas sanitarias y otros programas especiales enfocados a resolver problemas médico-sociales.

II.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado en múltiples ocasiones la importancia de los distintos programas de vacunación que día a día se aplican a nivel mundial. Señalando que “la experiencia adquirida a lo largo de varias décadas ha demostrado que la vacunación paga dividendos en forma de vidas salvadas y enfermedades evitadas”1.

Esto se puede ver reflejado en la trascendencia de los programas de vacunación que permitieron erradicar la viruela de todo el mundo a los diez años de que la OMS emprendiera la campaña de erradicación en 1967. Época en la que cada año se producían más de dos millones de muertes por esta enfermedad. El buen resultado obtenido llevó a la OMS a establecer el Programa Ampliado de Inmunización en 1974, al que se le reconoce haber salvado millones de vidas mediante la vacunación contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión, la poliomielitis y la fiebre amarilla. Las tentativas de erradicación de la poliomielitis comenzaron en la Región de las Américas en 1985 y lograron su objetivo en 1991, lo que alentó a emprender la iniciativa de erradicar la enfermedad de todo el mundo, que hasta la fecha ha eliminado la poliomielitis de casi todos los países y reducido en 99% el número de casos2. Actualmente, las iniciativas se están encaminando a la eliminación del sarampión, ya que la vacunación antisarampionosa ha salvado más de 3,6 millones de vidas y reducido en un 90% los casos en África.

Sin embargo las campañas de vacunación se han visto mancilladas en múltiples ocasiones, no por un problema en la vacuna en sí misma, sino en el proceso de vacunación, causando tragedias como la ocurrida en china en diciembre de 2013, cuando 17 recién nacidos perdieron la vida por la mala aplicación de la vacuna que combatía la Hepatitis B; hecho que llevo al gobierno chino a una exhaustiva investigación que concluyó señalando que: “la vacuna, fabricada en China por BioKangtai, no tenía ningún problema y que un análisis epidemiológico demostró que las 17 muertes tenían causas distintas, como pulmonía, fallos renales o asfixia”3, por lo cual estos casos no tienen nada que ver con la vacuna, dijo un comunicado conjunto de la administración china de alimentos y drogas y de la comisión de planificación.

Ante ejemplos tan lamentables, es necesario tener constantemente en cuenta las distintas precauciones que las agencias de salud señalan ante cada vacuna. Hecho por el cual se procederá a mencionar aquellas que la NORMA Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades, señala para el caso de la vacuna contra hepatitis B; que fue la  única vacuna que es común en los 31 niños  que se vieron implicados en el caso de la localidad de La Pimienta, en Chiapas, según señalo José Antonio González Anaya, director general del IMSS.

Vacuna contra hepatitis B (recombinante).

- Preparación purificada del antígeno de superficie del virus de la hepatitis (AgsHB), producida con técnica de ácido desoxirribonucleico recombinante en células procarióticas o eucarióticas, a partir del cultivo de una levadura, transformada por la inserción en su genoma del gen que codifica para el antígeno de superficie viral, cada 1.0 ml contiene 20 µg de antígeno de superficie ADN recombinante del VHB (AgsHB);

- Indicaciones: para la inmunización activa contra la infección por virus de la hepatitis B, en prevención de sus consecuencias potenciales como son la hepatitis aguda y crónica, la insuficiencia y la cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular;

- Administración: intramuscular profunda, aplicar en la cara anterolateral externa del muslo en los menores de un año, si es mayor de un año de edad, en la región del toidea o en el cuadrante superior externo del glúteo;

- Grupos de edad y de riesgo: se puede aplicar la vacuna desde el nacimiento; se debe vacunar a trabajadores de la salud en contacto directo con sangre, hemoderivados y líquidos corporales; pacientes hemodializados y receptores de factores VIII o IX; hijos de madres seropositivas al VHB; hombres y mujeres con múltiples parejas sexuales; convivientes con personas seropositivas al VHB; grupos de población cautiva; trabajadores de los servicios de seguridad pública; usuarios de drogas intravenosas y viajeros a sitios de alta endemia;

- Esquema de Vacunación: personas que no recibieron vacuna pentavalente: dos dosis separadas por un mínimo de 4 semanas. Niños recién nacidos: cuando las madres son portadoras del virus de la Hepatitis B; dos dosis separadas por un mínimo de 4 semanas y posteriormente iniciar vacuna pentavalente. En pacientes con hemodiálisis se recomiendan dos dosis con un mes de intervalo entre la primera y la segunda y una dosis de refuerzo un año después;

- Dosis: 0.5 ml (10 µg) en niños menores de 11 años de edad; 1.0 ml (20 µg) en personas de 11 años de edad en adelante. Pacientes con insuficiencia renal: niños 1.0 ml (20 µg), adultos 2.0 ml (40 µg);

- Contraindicaciones: no suministrar a personas con inmunodeficiencias, (a excepción de la infección por VIH en estado asintomático), estados febriles, infecciones severas, alergia a los componentes de la vacuna incluyendo el timerosal, embarazo y enfermedad grave con o sin fiebre. Las personas transfundidas o que han recibido inmunoglobulina, esperarán tres meses para ser vacunadas.4

Para esta Dictaminadora es evidente que, si bien durante los procesos de vacunación pueden generarse problemas que lleven a una tragedia como fueron los sucesos ocurridos en la localidad de la Pimienta en Chiapas, la política de vacunación implementada desde el siglo pasado por el Estado mexicano ha sido sumamente exitosa y por casos aislado no debiera verse como un problema en sí mismo, por el contrario, esta dictaminadora considera oportuna una campaña informativa para evitar cualquier brote de información negativo en contra de la inmunización preventiva.

En ese sentido, esta dictaminadora reconoce la labor preventiva que realiza en la salud de los menores la vacunación, tanto para los niños a quienes se les aplican como para las personas que los rodean. Para evitar cualquier información incorrecta, en opinión de esta dictaminadora, las autoridades deben prevenir consecuencias negativas y llevar a cabo con total transparencia el proceso de investigación y, de ser necesario, deslindar las responsabilidades que deriven, así como realizar una campaña informativa de los beneficios que otorga la vacunación oportuna.

III.- La Segunda Comisión reitera que el acceso universal hacia programas de vacunación es fundamental, tanto para para alcanzar y sostener metas globales de salud pública, como para lograr una mejora trascendental en el nivel de vida de la población mexicana. Lo que sólo será posible si la población tiene confianza en los programas públicos y las autoridades encargadas de implementarlos, lo que requiere sin duda de generar las condiciones necesarias para que factores externos no provoquen el deceso de más mexicanos, que se encuentran envueltos en condiciones precarias de vida como son los residentes de Simojovel, comunidad en la que, de acuerdo con el CONEVAL, el 68.6% de la población vive en pobreza extrema, 78.5% no tienen servicios básicos en sus hogares y 95.3% no tienen acceso a seguridad social”5.

IV. No pasa inadvertido para esta Dictaminadora que una de las proposiciones en dictamen solicita la comparecencia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, consideramos que las autoridades encargadas de las indagatorias aún no dan cuenta de elementos suficientes para presumir responsabilidad de las distintas personas y autoridades involucradas en los lamentables hechos, ante ello, se considera pertinente esperar un tiempo razonable para la realización de las investigaciones conducentes a efecto de que una eventual comparecencia de la o las autoridades responsables de ésta puedan sostener con las y los legisladores de esta Comisión Permanente un intercambio fructífero de información, posiciones y discusión.

En ese sentido, esta Dictaminadora considera necesario que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exprese su sentir a las familias y su posición firme a las autoridades a favor de una investigación expedita y eficiente para un completo deslinde de responsabilidades, así como solicitar a las autoridades pertinentes toda la información que pueda normar un justo criterio de esta Soberanía respecto de los lamentables hechos en la comunidad chiapaneca de Simojovel.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su solidaridad con las familias afectadas por los lamentables acontecimientos registrados en las comunidades de La Pimienta, San José y San Antonio del Monte, del Municipio de Simojovel, Chiapas, que ocasionaron el deceso de dos infantes y la hospitalización de 29 más tras la aplicación de diversas vacunas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al C. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas a brindar el apoyo institucional a las familias de los niños fallecidos, así como de aquellos que aún se encuentran hospitalizados a fin de que puedan recuperar su salud a la mayor brevedad.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas para que en el ámbito de su competencia se deslinden a fondo las responsabilidades administrativas o penales correspondientes, a través de las indagatorias que realicen la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa.

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, que se investiguen de forma expedita y eficaz los lamentables acontecimientos del 9 de Mayo en el Municipio de Simojovel, Chiapas, y se deslinden las responsabilidades que de ellos deriven, incluyendo, en su caso, las que correspondan a los proveedores de las vacunas que causaron los daños en la salud de los infantes.

QUINTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y del Instituto Mexicano del Seguro Social que remitan a esta Soberanía, en un plazo que no exceda de 15 días hábiles, un informe pormenorizado respecto de los avances de las investigaciones referidas en el resolutivo anterior.

Así mismo, les solicita que se realice una exhaustiva investigación en cuanto al estado actual de la totalidad de la cadena del sistema de vacunación en Chiapas, incluyendo la producción, transporte, almacenaje, distribución, conservación y aplicación de las vacunas, especialmente en lo referente a la adquisición y los posibles riesgos a la salud de niñas y niños por la aplicación de los lotes de vacunas a que se refiere el presente Dictamen, y se informe a esta Soberanía de los resultados a la brevedad.

SEXTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas a implementar una campaña informativa respecto a los beneficios que conlleva la vacunación oportuna.

SEGUNDA COMISIÓN.

1 Tomado de: http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2010/immunization_20100423/es/, a las 18: 00hrs del 14 de mayo de 2015.

2 Tomado de: http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2010/immunization_20100423/es/, a las 18: 00hrs del 14 de mayo de 2015.

3 Tomado de: http://www.elmundo.es/internacional/2013/12/24/52b9825222601de7238b4588.html, a las 18:20hrs del 14 de mayo de 2015.

4 Tomado de: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/036ssa202.html, a las 18:29hrs del 14 de mayo de 2015.

5 Tomado de: http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2015/05/76373.php, a las 18:56hrs del 14 de mayo de 2015.






Otro sobre el fomento de la lactancia materna.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud coordinar la integración de un informe relativo a las acciones que se realizan para lograr la lactancia materna en los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de mayo de 2015, la Sen. María Lucero Saldaña Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Al presentar la campaña para impulsar la lactancia materna Di #SíaLaLactancia, la representación en México de la UNICEF, señaló el pasado mes de abril que el promedio de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida sitúa a México en la posición más baja en Latinoamérica, siendo el promedio de 14.4% a nivel nacional. Situación que coloca a nuestro país por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que establece un mínimo de seis meses de lactancia materna exclusiva (LME<6m).

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), en nuestro país:

● Cada año nacen 2.4 millones de niños y niñas, de los cuales solo uno de cada siete goza de los beneficios de la lactancia.

● 14.4% de niñas/os recibieron lactancia exclusiva durante su primeros 6 meses de vida. En áreas urbanas, este porcentaje fue de 12.7% y de 18.5% en el área rural.

● En lo que se denomina "Inicio temprano de la lactancia materna", apenas 38,3% de las y los recién nacidos son puestos al seno materno en la primera hora de vida. En el medio urbano, se registró en 36.7% de la población recién nacida y 42.3% de la nacida en el área rural.

● El promedio de meses que las madres amamantan a sus hija/os es de 10.2 meses; sin embargo, en las zonas urbanas el promedio es apenas de 4.9 meses.

La ENSANUT mostró que entre 2006 y 2012, la LME<6m cayó 8 puntos porcentuales en el ámbito nacional, siendo más grave en el área rural en donde la caída fue de más de 18 puntos porcentuales (al pasar de 36.9 a 18.5%). En ese sentido, se señala que: Este hallazgo es preocupante para la salud pública porque la lactancia ofrece protección contra las enfermedades más comunes de la infancia que son las principales causas de mortalidad.

Han sido ampliamente difundidos los beneficios de la lactancia materna, especialmente para la/el recién nacido, así como para la madre. De igual forma, la economía familiar y la salud pública en general, se ven beneficiadas con esta práctica que tiene repercusiones en el desarrollo de cada país,

Se sabe que bebés que se alimentan con leche materna tienen seis veces más probabilidades de sobrevivir; gozarán de mejor salud porque previene infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, presión arterial elevada, colesterol alto y enfermedades digestivas.

Además, la leche materna es más fácil de digerir que la cualquier otra fórmula artificial y ofrece la combinación ideal de nutrientes, incluyendo las vitaminas, proteínas y grasas que necesita cada bebé. Dar pecho fortalece el vínculo afectivo entre la madre y el bebé, quien desarrolla mayor seguridad, autoestima y mejora su inteligencia.

Los beneficios para las mujeres incluyen: una recuperación acelerada después del parto; menores riesgos de hemorragias y de depresión post parto; retorno al peso original en menor tiempo; así como reducción de la probabilidad de adquirir enfermedades como la diabetes tipo II, osteoporosis, cáncer, hipertensión y problemas cardiacos.

El presupuesto familiar no se ve mermado, ya que implica ahorro en un gasto adicional como es la compra de fórmulas y porque al limitar que la o el recién nacido enferme reduce posibles gastos en cuidados médicos, medicina y alimentos especiales.

Para el gobierno, a través de las instituciones de salud y organismos que ofrecen seguridad social, implica ahorros, pues se disminuye la demanda de atención médica para la/el recién nacido y la madre, ausentismo por enfermedad, así gastos en la provisión de fórmulas lácteas.

El Instituto Nacional de Salud Pública ha reportado que las prácticas inadecuadas de lactancia son muy costosas para el gobierno, al estimar que oscilan entre $745.6 y $2,416.5 millones de dólares, esto sólo tomando en cuenta el costo pediátríco.

Es por ello que: desde la perspectiva económica, la lactancia materna es una inversión rentable y costo-efectiva en los individuos, en los hogares y para los gobiernos, no sólo por ser natural y gratuita, sino porque provee claros beneficios a la salud, entre los que se incluyen una mayor protección ante enfermedades infecciosas y crónicas entre las madres e hijos, además de garantizar un sano crecimiento, buena nutrición, y protección inmunológica. A nivel macroeconómico, tener una sociedad más sana, más fuerte y más educada, son factores que incrementan la productividad y favorecen el crecimiento económico.

De igual forma, se observan beneficios que van más allá de inmediato, pero que igualmente repercuten en toda la sociedad. Por ejemplo, se sabe que las empresas y organizaciones que fomentan la lactancia materna reportan mejores climas laborales, reducen el ausentismo laboral y fomentan la lealtad de sus empleadas/ose.

Asimismo, se han realizado estudios que revelan que la leche materna mejora el rendimiento escolar, aumenta el coeficiente intelectual en la persona adulta y se relaciona con mejores oportunidades laborales. La ecología misma se ve beneficiada con esta práctica, al reducir el consumo de agua y combustibles, así como la producción de desechos que implica la lactancia artificial.

En suma, los beneficios de la lactancia materna son múltiples. Se incluyen todos los aspectos relativos a la salud y desarrollo de las y los niños: psicológicos, nutricionales, a la salud, cognitivos, afectivos; así como consecuencias favorables sobre la salud y bienestar de la madre. Además, la lactancia tiene retornos positivos en la economía en el largo plazo y en las más diversas áreas de la vida de una sociedad.

Sin embargo, se sabe que en México, la lactancia materna ha disminuido en las últimas décadas debido a múltiples factores derivados de intereses comerciales para favorecer el consumo de fórmulas, prejuicios hacia esta práctica, así como las condiciones poco favorables del mercado laboral ofrece para que las madres amamanten a sus hijos. La propia ENSANUT señala que: Los pobres resultados de lactancia no son sorprendentes cuando se considera que el medio en el que se desarrolla y vive la mujer mexicana es hostil a la lactancia.

Es un hecho que resulta complicado hacer compatible la lactancia materna con las responsabilidades laborales. Es por ello que solo una de cada 10 mujeres que trabajan amamantan a sus bebes, el resto les dan fórmulas artificiales.

La lactancia materna se encuentra legislada en la Ley Federal del Trabajo que señala, en el título quinto relativo Al Trabajo de las Mujeres:

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. (...)

IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado;

Por su parte, la Ley General de Salud establece:

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno—infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. (...)

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento  para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche  materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactados en los centros de trabajo de  los sectores público y privado;

II Bis. Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;

(…)

De igual forma, se encuentra prevista como una expresión de violencia de género en el ámbito laboral en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

Artículo 11. Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; [...] el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.

A su vez, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que el derecho a la protección de la salud y la seguridad social, incluye la lactancia materna:

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, [...]. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

III. Promover en todos los grupos de la sociedad [...], los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna;

IV. [...];

VII. Asegurar la prestación de servicios de atención medica respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos;

(…)

Aunado a este marco normativo, México ha suscrito diversos instrumentos internacionales que promueven el derecho de las mujeres al trabajo, así como la protección de la maternidad. De igual forma, la Convención sobre los Derechos del Niño protege el derecho de la niñez al óptimo estado de salud y a la nutrición. Además de las leyes citadas, el Plan Sectorial de Salud 2013-2018, establece como línea de acción la 4.1.6 relativa a Promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad'.

Otros ordenamientos que inciden en materia de lactancia materna son la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, que incluye el apartado 5.7 Protección y fomento de la lactancia materna exclusiva, en el que se despliegan las medidas que todas las unidades médicas deben desarrollar para asegurar la lactancia materna exclusiva.

Sin embargo, poco se sabe de la forma como la lactancia materna es fomentada entre las mujeres trabajadoras, sobre todo cuando hacen uso de los servicios de los Centros para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

Estos servicios que son regulados por la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, establecen en esta materia de manera general, el derecho a la salud y a una nutrición adecuada.

Artículo 11, El Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, los Poderes Ejecutivos de los Estados, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y los Municipios garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y niños:

I. (…)

III. A la atención y promoción de la salud;

IV. A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada;

(…)

De esta forma, se establece que:

Artículo 12.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en los Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades:

I. (…)

V. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición;

I. (…)

Como se mencionó antes, es urgente asegurar las condiciones que favorezcan la lactancia materna, sobre todo cuando las madres se encuentran en el mercado de trabajo. Lo anterior se refuerza por el hecho de que las mayores tasas de participación económica de las mujeres se registran en los grupos de edad de los 25 a los 49 años, en los que la tasa de participación laboral ronda el 50%. Siendo, asimismo, en dicho rango de edad, cuando paralelamente, las mujeres viven la maternidad.

En el ámbito del trabajo, además de la legislación laboral que protege el derecho a la lactancia, en la que se establecen los horarios, espacios y períodos mínimos que aseguren este proceso; deben realizarse campañas y tomarse otras medidas que contribuyan a reducir el déficit que muestra nuestro país.

Una de las acciones más urgentes es asegurar que en los espacios donde las y los hijos de las madres trabajadoras son cuidados, como son los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se garantice su derecho a la salud y nutrición, mediante medidas efectivas que contribuyan a una lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida como lo establece la OMS.

Asegurar que en estos Centros se apoye la lactancia materna exclusiva tendrá un impacto mayúsculo, ya que beneficiará a las y los hijos de las madres trabajadoras que optan por estos espacios, en cualquiera de sus modalidades, para el cuidado de las y los menores que ingresan a los pocos días de nacidos. Ya que, como señala la Ley, los Centros de Atención son:

Espacios, cualquiera que sea su denominación de modalidad pública, privada o mixta, donde se prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los cuarenta y tres días de nacido (Art. 8, fracción 1 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil).

Comparto la idea de que: La protección y promoción de la lactancia materna en México es una de las acciones que ofrece el mayor costo-beneficio para mejorar la salud y supervivencia de todo niño o niña menor de dos años. Su inclusión en la agenda nacional es uno de los aciertos más eficaces que se pueden hacer en términos de salud pública. Esta es una deuda que tenemos con las madres trabajadoras, así como son sus hijas e hijos; y, en un contexto más amplio, con el desarrollo de nuestro país.

Por todo lo anteriormente expuesto y considerando que el derecho al trabajo de las mujeres no puede ser incompatible con el derecho a la salud de sus hijas e hijos, específicamente a través del aseguramiento de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida de todo infante, es que propongo el siguiente punto de acuerdo.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud coordine la integración de un informe relativo a las acciones que se realizan para lograr la lactancia materna en los centros de atención, cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y, en su caso, se realicen las acciones conducentes para asegurar la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida de las niñas y los niños.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito y reconocemos que la lactancia Materna es la forma más adecuada y natural de proporcionar aporte nutricional, inmunológico y emocional al bebé, ya que le aporta todos los nutrientes y anticuerpos que lo mantendrán sano cuando menos durante os primeros seis meses de vida y que tal como consigna la proponente y según señalan diversos especialistas, ello permite al bebé crear un lazo afectivo más fuente con la madre.

Ahora bien, la lactancia aporta una serie de beneficios tanto al bebé como a la madre, de entre los que sobresalen los siguientes:

1. Mayor facilidad de Digestión, al tratarse de leche específica para el ser humano, que cambia para cubrir las necesidades específicas del infante conforme crece, a diferencia de las fórmulas en polvo que suelen encontrarse estandarizadas.

2. Mejor desarrollo maxilofacial, ya que cuando el bebé extrae la leche del pecho utiliza más músculos faciales que con el biberón.

3. Mayor higiene, dado que la leche fluye directamente del pezón a la boca del bebé, por lo que está exenta de manipulaciones y libre de contaminación por gérmenes, a diferencia de las fórmulas que son manipuladas por el fabricante antes de ser envasadas, así como por quien las prepara.

4. Reducción de hemorragias postparto, ya que contribuye a que el útero o matriz se contraiga más rápidamente.

5. Recuperación del peso ideal, ya que la madre utiliza la grasa acumulada durante el embarazo como fuente de energía para producir la leche, contribuyendo a la pérdida del peso ganado.

6. Mayor nutrición, dado que la leche materna suministra la cantidad de nutrientes que son ideales para el niño lactante y se encuentra adecuadamente balanceada, conforme a las necesidades específicas del hijo o la hija.

7. Reducción de riesgos, dado que la alimentación con biberón aumenta el riesgo de infecciones por contaminación con organismos patógenos en la leche, la fórmula láctea y el agua que se usa en la preparación, así como los biberones, chupetes y otros artículos utilizados para la alimentación del niño, que aun cuando sean esterilizados corren el riesgo de contaminarse por error humano.

8. Mejor nivel de salud, se reduce el riesgo de padecer en el futuro gastroenteritis, cólera y botulismo infantil, entre otras afecciones de salud, así mismo, diversos estudios señalan que hay una menor incidencia de infección respiratoria en niños alimentados al seno y que se presenta un índice menor de muerte infantil súbita entre los infantes que fueron amamantados.

9. Vínculo afectivo. La lactancia promueve un mayor vínculo y relación entre la madre y el niño, generando a futuro un infante con mayor autoestima.

10. Beneficios económicos, no sólo por el ahorro del costo de la fórmula, sino también porque los bebes alimentados con leche materna acuden con menor frecuencia al pediatra.

II. Aunado a lo anterior, podemos observar que existe evidencia sobre las ventajas de la lactancia natural para la salud, por ejemplo una menor morbilidad y mortalidad infantil, con respecto a los niños alimentados con biberón. Las ventajas favorecen en especial modo a las dos terceras partes de la población mundial que vive en la pobreza, aunque algunos estudios han demostrado tasas menores de diarrea y otras infecciones y menos hospitalizaciones en niños alimentados con leche materna de comunidades ricas. Se tiene también evidencia que las mujeres que lactan a sus niños presentan un riesgo menor de cáncer de pecho, y quizá de cáncer uterino, en comparación con las mujeres que no lo hacen.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y la continuación de la misma (con introducción gradual de los alimentos sólidos) hasta el segundo año de vida. Datos de la misma organización supranacional revelan que la lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños. Combinada con la alimentación complementaria, la lactancia materna previene la malnutrición y puede salvar la vida a cerca de un millón de niños, hecho por el cual la OMS ha considerado a la lactancia materna como la mejor fuente de nutrientes para los lactantes y niños pequeños.

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Así mismo, se protege al bebe de diversas enfermedades mediante la transmisión de anticuerpos de la madre al hijo a través del microbioma de la leche, particularmente con la primera leche elaborada por la mujer después del parto la cual se denomina calostro y está caracterizada por su alta concentración de inmunoglobulinas, que cubren y protegen el tracto gastrointestinal del recién nacido. Esto ayuda a protegerlo hasta que su propio sistema inmunológico funcione correctamente. Tiene también un efecto laxante suave que facilita la expulsión de meconio, lo que ayuda a prevenir la acumulación de bilirrubina (un factor que produce la ictericia). Por tanto, salvo en casos muy particulares, como el nacimiento prematuro o algunas enfermedades padecidas por la madre, es mucho mejor tomar leche materna que cualquier otro tipo de leche artificial.

Es importante señalar que prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, pero que el apoyo de su familia y del sistema de atención de salud, implican factores importantes para favorecer dicha actividad. Dos son los factores principales que impiden la lactancia natural: primero, la promoción de los sucedáneos de la leche materna efectuados por los fabricantes, particularmente las compañías multinacionales; y segundo, la incapacidad del profesional de la salud de defender, proteger y apoyar la lactancia.

Consideramos que la actitud de los profesionales de la salud respecto a la lactancia ha mejorado en las últimas dos décadas. Sin embargo, hay todavía gran ignorancia, y como resultado, la profesión médica y de la salud es a menudo factor negativo de la lactancia. La primera necesidad entonces es educar a los trabajadores de la salud sobre la lactancia, mejorando la capacitación de médicos, enfermeras, parteras y otros profesionales de la salud.

III.- Esta Dictaminadora  considera que los esfuerzos del Estado destinados a que las mujeres se incentiven, preserven y den continuidad a la lactancia, permitirá reducir la malnutrición que es causa de más de la mitad de las muertes de los menores de 5 años que suceden en el país.

En este sentido resulta preocupante el porcentaje de mujeres en México que no amamantan el cual se ha estimado hasta en un 85.6%, quedando sólo 14.4% que sí lo hace de forma exclusiva en los primeros seis meses de vida. Por ello, nuestro país debe adoptar medidas que reduzcan la promoción de los alimentos procesados para el destete y productos como glucosa para alimentar a los niños, e incentivar, otorgando a las madres las facilidades necesarias para amamantar, tanto en las instituciones de saludo, como en los espacios laborales.

IV. La promoción de la lactancia incluye la motivación o la reeducación de las madres que de otra manera podrían no estar inclinadas a amamantar a sus bebés. El enfoque usual debería comprende medios masivos y campañas de educación para hacer conocer las ventajas de la lactancia. Es importante conocer los factores que han llevado a una declinación de la lactancia en un área y entender cómo las mujeres consideran la lactancia y la alimentación con biberón. La promoción debe tratar no sólo los beneficios para la salud, sino además los beneficios económicos de la lactancia. Con frecuencia, se requiere primero educar a los políticos sobre estos asuntos.

Es necesario una decidida voluntad política y habilidad para llevar a cabo nuevas políticas en cualquier plan dirigido a proteger, apoyar y promover la lactancia como manera de proporcionar una alimentación nutritiva.

Hay que apoyar y fomentar una política pública en materia de lactancia, pues en México hay muchas mujeres (85.6%) que por distintas circunstancias abandonan la lactancia de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida de sus hijos.

Así las cosas, los que integramos esta comisión dictaminadora hacemos nuestra la pretensión contenida en la propuesta de mérito, en el sentido de solicitar a la Secretaría de Salud un informe respecto de las acciones que se realizan para fomentar la lactancia materna en los centros de atención, cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como para promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del infante.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Salud coordinar la integración de un informe relativo a las acciones que se realizan para fomentar la lactancia materna en los centros de atención, cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y en su caso, se realicen las acciones conducentes para promover la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida de las niñas y los niños.

SEGUNDA COMISIÓN.






Uno más sobre la prevención del suicidio y su tratamiento como problema de salud pública.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la secretaría de educación pública y de salud, instrumente acciones de prevención y atención al suicidio como problema de salud pública; en las que se incorporen estrategias para la orientación, capacitación e inclusión de los padres y maestros; como sujetos de soporte para la reducción de la prevalencia de la intención suicida entre los jóvenes.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 13de 2015, la Dip. Claudia Rocío Villa Oñate, a nombre propio y del Dip. Juan Pablo Adame Alemán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

La Organización Mundial de la Salud define al suicidio como “Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil".

El comportamiento suicida ocurre en todos los grupos sociales, niveles económicos, niveles educativos, independientemente de creencias y valores filosóficos, políticos o religiosos.

Los datos que se tienen sobre el suicidio son alarmantes, según expertos del Instituto Hispanoamericano de Suicidiologia cada segundo, un ser humano trata de suicidarse en algún país del mundo. Y cada 40 segundos, un suicida cumple su propósito.

Casi un millón de personas se quitan la vida al año, ni la suma de homicidios y guerras superan las muertes anuales debido al suicidio.

Podemos afirmar que el suicidio constituye un problema de salud pública grave que provoca casi la mitad de todas las muertes violentas y se traduce en casi un millón de victimas al año provocando unos costos económicos cifrados en miles de millones de dólares.

No se dispone de datos sólidos, pero se calcula que por cada muerte atribuible a esa causa se producen entre 10 y 20 intentos fallidos de suicidio que se traducen en lesiones, hospitalizaciones y traumas emocionales.

En nuestro país, la situación es igualmente alarmante, el suicidio es la cuarta causa de muerte en adultos. La tasa anual de suicidios consumados es del 5.7 por ciento y de seguir la situación igual, sin tomarse medidas preventivas, las cifras aumentaran.

Pese a las diferencias y carencias de las diversas fuentes de información, se ha identificado al grupo poblacional de 15 a 24 años residentes de zonas urbanas como el de mayor riesgo suicida llegando a ser en este sector la segunda causa de muerte, superando a los homicidios. Algunos especialistas aseguran que esta tendencia es el resultado de las transiciones demográficas sociales y económicas, que ha vivido México en las últimas décadas, mismas que provocan que nuestro país llegue al tercer milenio con un incremento en los números absolutos de jóvenes, quienes tienen pocas oportunidades de educación y empleo.

Las cifras oficiales con las que contamos en México sobre intentos de suicidio y suicidios son generadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) cuyos datos se recogen de las 32 entidades federativas. Cabe destacar que fue hasta 1995 cuando el INEGI publicó el primer cuaderno temático con información estadística de intentos de suicidio y suicidio consumado, hasta antes de esta fecha solo existían datos aislados y poco regulares y faltos de consistencia. Esto implica que la información estadística no sea suficiente y sea difícil conocer con detalle el comportamiento de este fenómeno.

En el informe publicado del 2007, se registraron 394 intentos de suicidio ocurridos en México.

De acuerdo con la frecuencia mensual en que ocurrieron los intentos en 2007, el mes más sobresaliente fue Abril.

En promedio sucedieron 25 intentos por mes, casi un intento al día, sin embargo hay que tomar en cuenta que las cifras “negras” son mayores según calculan la mayoría de los autores e investigadores.

Respecto a las causas se identificaron: el disgusto familiar en primer lugar, le siguió en orden de importancia las causas amorosas y en el resto no fue posible conocer las causas; aquí empiezan a surgir más preguntas que respuestas.

Respecto a los lugares de ocurrencia, el INEGI informa, que el 88.8% sucedió en la casa habitación, le sigue la vía pública y la cárcel en tercer lugar.

Los medios para efectuar el acto tuvieron una variable por género; las mujeres lo intentaron con mayor frecuencia intoxicándose con medicamentos, veneno y otros medios, mientras los hombres con estrangulación, arma blanca y venenos.

En cuanto a los suicidios consumados se obtuvieron las siguientes cifras:

En el año 2007, se registraron 3494 suicidios en el país incrementándose el número en34 puntos porcentuales.

Los 10 estados con mayor índice de suicidios registrados:

1. Jalisco 9.0%

2. Veracruz (de Ignacio de la llave). 7.4%

3. Distrito Federal 6.9%

4. Guanajuato 5.9%

5. Chihuahua 5.7%

6. Tabasco 5.7%

7. Sonora 5.2%

8. Nuevo León 4.65%

9. Yucatán 4.25%

10. San Luis Potosí 3.75%

Los principales motivos para cometer el acto suicida son el disgusto familiar, las causas amorosas y en tercer lugar una enfermedad grave e incurable. Pero en 6 de cada 10 suicidios consumados no fue posible conocer la causa que lo origino.

Respecto a los meses de ocurrencia, marzo y mayo son los de mayor número de suicidios. El registro fue contrario a lo que popularmente se ha creído sobre que son los meses de diciembre y enero los da mayor ocurrencia por ser tiempos de festividades.

El medio empleado con mayor frecuencia fue la estrangulación, en segundo lugar el arma de fuego y el tercer método fue ingerir veneno y por último la intoxicación por medicamentos.

El lugar de mayor ocurrencia es la casa habitación, vía pública como segundo lugar, el campo en tercer sitio y en cuarto lugar la cárcel.

Algunos datos relevantes de la población que intentó suicidarse son:

El mayor índice de intentos fue el de la mujeres con un 59% y el de los hombres correspondió al 40.1%.

Cuatro de cada diez intentos fueron realizados por personas solteras. Los casados con uno u otro sexo representaron el 32% de la población que intento su autodestrucción y en menor proporción se identificó a quienes declararon vivir en unión libre.

Las mujeres solteras que no poseían hijos constituyeron el 33%.

En cuanto al nivel de escolaridad se publicó que el 49.1% tenía secundaria, con nivel primaria el 25.4% y con preparatoria el 16.4%

De la población masculina que cometió suicidio se conoce que el mayor número eran artesanos y obreros, seguido por campesinos y oficinistas en tercer lugar.

Con respecto a la población femenina el 44.4% de las profesiones fueron diversas, el 38.8% oficinistas y el 16.7% trabajadoras domésticas.

Respecto a la población que consumó el suicidio se cuenta con la siguiente información:

Hay 2615 casos de hombres registrados y 545 de mujeres. Incrementándose en la población masculina, por cada mujer suicida se identificó a cinco hombres.

La mayor incidencia se dio en personas solteras, seguidas de casadas y por último en unión libre.

En cuanto a la escolaridad, el mayor índice es personas con instrucción primaria seguidas de secundaria y por último preparatoria. En la profesión no hubo diferencias significativas respecto a las de los intentos.

Un dato que llama la atención fue que los suicidios consumados eran de personas económicamente activas, contrario a lo que pudiese pensarse que la falta de trabajo e ingresos fuese ser un factor precipitante.

En 19 entidades federativas predominó la proporción de los suicidas que tenían como residencia habitual un área urbana y en las 13 restantes un área rural.

Finalmente y lo más preocupante que arrojan las estadísticas son las edades donde en mayor frecuencia fluctúan los suicidios consumados, que son para los hombres delos 20 a 29 años y en mujeres de los 15 a 24 años.

Si bien las cifras y números pueden ser fríos, poco precisos y hasta lejanos de la realidad nos sirven de base para hacer conciencia, cuestionamientos, propuestas y sugerencias respecto a cuales deben ser las mediadas y cual la ruta que guíe el trabajo con las personas de riesgo de suicidio.

Los números nos indican que la población más vulnerable a este grave problema es la joven, estudiantes de zonas urbanas.

Por ello la necesidad de realizar para este grupo específico de personas acciones de prevención, investigación y tratamiento a ellos y sus familiares.

En otro orden de ideas, es de llamar la atención que a pesar de que en los últimos ocho años se registran “oficialmente” 3019 casos de suicidio, éste no es considerado un problema de salud pública. Y que siendo la Depresión la patología más asociada al suicidio ésta no se encuentra en la lista de enfermedades de mortandad en nuestro país.

Tampoco hay campañas de prevención, y mucho menos programas a nivel nacional o estatal que atiendan este fenómeno, lo que es muy grave porque como ya se mencionó, es la segunda causa de muerte en adolescente y la cuarta en adultos, no esperemos a que lleguen éstas a un primer lugar para atender tan grave situación.

Si bien no se pueden prevenir todos los suicidios, los especialistas nos dicen que sí la mayoría de ellos. Tanto a nivel local como nacional, se pueden tomar medidas para reducir el riesgo.

La familia, los maestros y los profesionales de la salud no están preparados para evitar las conductas suicidas. Tiene que haber una educación para identificar los síntomas de una persona suicida. El suicidio es parte de un proceso que arroja ciertas señales. La mayoría de los suicidas dan avisos evidentes de sus intenciones. Por consiguiente, deben tomarse en serio todas las amenazas de autolesión.

Un estudio que se realizó en el estado de Jalisco arroja que alrededor de un 70 por ciento de las personas que se suicidaron, previamente habían pasado por manos de profesionales de la salud que no tuvieron la capacidad para detectarlas como suicidas, a pesar de que presentaban síntomas o señales de alarma. Los profesionales, no las supieron motivar o canalizar a una institución para recibir atención.

Aunado a lo anterior hay que considerar que la problemática suicida en la población escolar tiende a subir, año con año, esto obliga a las autoridades escolares y de salud a buscar una atención apropiada para prevenirla y promover la salud mental de los estudiantes. Esto se vuelve de vital importancia si se considera que la escuela puede ser la principal aliada para referir a niños y adolescentes a los servicios de salud mental, además de ser el primer lugar en donde los padres de familia buscan ayuda.

Es necesario que las autoridades tomen medidas, la Organización Mundial de la Salud ha hecho recomendaciones muy específicas y claras que pueden guiar a los gobiernos en sus propuestas algunas de las sugerencias de la OMS son:

• Reducir el acceso a los medios para suicidarse (pesticidas, medicamentos, armas de fuego, etc.);

• Tratar a las personas con trastornos mentales, y en particular a quienes padecen depresión, alcoholismo o esquizofrenia;

• Seguimiento de los pacientes que han cometido intentos de suicidio;

• Fomentar un tratamiento responsable del tema en los medios de comunicación;

• Formar a los profesionales de la atención primaria de salud.

Algunas otras propuestas hechas por expertos del Instituto Hispanoamericano de Suicidiologia para prevenir el suicidio son:

• Atención del problema de intento de suicidio y el suicidio consumado en forma multi e interdisciplinariamente, integrada por psiquiatras, psicólogos, enfermeras, terapeutas familiares y tanatólogos.

• Creación de programas preventivos permanentes a nivel nacional y estatal para la investigación, prevención y atención del suicidio y suicida.

• Capacitación al personal médico y paramédico sobre este fenómeno.

• Publicación de folletos, trípticos y manuales para saber qué hacer en un caso de urgencia por intento o de suicidio consumado.

• Hacer difusión a través de los medios de comunicación sobre el incremento de suicidios, sus causas y consecuencias cuanto se intenta o consuma el acto, así como la intervención oportuna con un trato digno y de respeto a las personas que viven la frustración de su última decisión.

Aunado a las propuestas anteriormente mencionadas, que sin duda abonan en gran medida a la prevención y tratamiento del problema, se debe considerar la educación de los padres de familia, ellos como principales responsables de los hijos menores de edad, tienen que tener las herramientas suficientes para proteger a sus hijos de estas conductas.

Es por esto que se propone que las autoridades escolares, a principio de cada ciclo escolar, impartan a padres de familia y maestros una capacitación obligatoria sobre detección de conductas suicidas y problemas emocionales en niños y adolescentes.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

ÚNICO. Punto de acuerdo por el cual se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública y de Salud, instrumente acciones de prevención y atención al suicidio como problema de salud pública; en las que se incorporen estrategias para la orientación, capacitación e inclusión de los padres y maestros; como sujetos de soporte para la reducción de la prevalencia de la intención suicida entre los jóvenes.

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente nos sumamos a la preocupación que motiva a los legisladores proponentes respecto de la necesidad de considerar al suicidio como un problema de salud pública, motivando en consecuencia la adopción de políticas públicas para la prevención, tratamiento y combate de este problema, que a nivel global cobra aproximadamente 850 mil víctimas al año1 y en nuestro país, según los últimos datos oficiales disponibles, llega a arrebatar hasta 5718 vidas anuales (INEGI, datos de 2013, con cobertura temporal a 2011)2, situándose como la segunda causa de muerte.

El suicidio es considerado como aquel acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en el pleno conocimiento o previsión de su desenlace fatal. Se tiene el injustificado prejuicio de que el suicida padece alguna enfermedad mental como depresión clínica, trastorno bipolar, esquizofrenia o trastorno límite de la personalidad, o suele abusar del alcohol o de sustancias psicotrópicas. Lo cierto es que factores mucho más cotidianos, como el estrés, la depresión en un grado no considerable clínico, los problemas financieros o el quebranto de relaciones familiares o de pareja son consideradas las causas más comunes del suicidio o su tentativa. La mayoría de aquellos que han sobrevivido a un intento de suicidio no han sido diagnosticados con un padecimiento psiquiátrico ni son consumidores habituales de alcohol o drogas.3 No obstante lo anterior, la Organización Mundial de la Salud, considera a las enfermedades mentales y los trastornos por consumo de alcohol o abuso de sustancias, son junto con la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales, los principales factores de riesgo de suicidio.

II. En México, la amplia mayoría de los suicidios son cometidos por hombres (4621, frente a 1095 cometidos por mujeres en 2011), así mismo, encontramos que el sitio más usual para cometerlo es el hogar (4132 en vivienda particular contra 1118 en lugares públicos durante 2011) y que es la juventud el grupo más vulnerable a este problema (en 2011, 3299 suicidios fueron cometidos por personas menores de 35 años, de los cuales 2024 son mayores de 10 y menores de 25. 2370 suicidios fueron cometidos por personas mayores de 35). En este contexto, la estadística debe ser aprovechada para diseñar estrategias de prevención enfocadas a los grupos más vulnerables. En este sentido, no podemos más que coincidir con lo expresado en la proposición de mérito respecto de la necesidad de adoptar políticas públicas expresadas en medidas específicas de prevención, haciendo especial énfasis en la protección de las niñas y los niños.

Aun cuando en México no se cuenta con estudios específicos sobre el tema de suicidio infantil, somos cada vez más conscientes de la existencia de este problema. Diversas organizaciones han subrayado la urgencia de contar con estudios estadísticos centrados en este problema, aunque reconocen la dificultad de su integración, dado que se tiene la sospecha de que los suicidios infantiles suelen ser confundidos con accidentes.

Ahora bien, considerando esta limitación, hemos de explorar las experiencias de países que sí cuentan con estudios estadísticos, así tenemos que según un análisis realizado en Estados Unidos, se revela que el suicidio es la cuarta causa de mortalidad entre niños de hasta 14 años, y la tercera en niños mayores de 15, así mismo, según dos estudios suizos realizados en 2004 en niños de entre 11 y 15 años, y adolescentes de entre 16 y 20 años, aproximadamente el 8% de las niñas y el 3% de los niños admitieron haber realizado un intento de suicidio al menos una vez en su vida. La mayoría de estos estudios observan una tendencia creciente del suicidio infantil y un incremento en los comportamientos de riesgo que antes solo era atribuido a los adolescentes.4

Es por ello que como acertadamente señalan los proponente, es necesario y urgente que a través de las autoridades escolares, se concientice a los padres de familia o tutores para la detección de conductas suicidas y problemas emocionales en niños y adolescentes, pues las razones que llevan a los niños a suicidarse son muy diferentes de aquellas que motivan a los adultos.

III. Aunado a lo anterior, esta Dictaminadora considera que las actuaciones administrativas alrededor del suicidio, deben renovarse urgentemente. Sireconocemos al suicidio como un indicador directo de la salud mental de la población, debemos en consecuencia asumir que el Estado debe adoptar políticas de prevención, asistencia y tratamiento médico y psicológico a los suicidas potenciales y sus familias, especialmente en los casos de intento de suicidio.

A pesar de que en México comienzan a llevarse a cabo distintas medidas para abordar este problema, lo cierto es que tenemos una bajo nivel de atención tanto en la Ley como en programas nacionales. No contamos con una Norma Oficial Mexicana atienda de manera particular la problemática del suicidio, misma que solamente se aborda en un artículo de la NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica y en otro de la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. En el mismo sentido, nuestra Ley General de Salud no especifica su tratamiento y las instituciones de salud pública lo atienden conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII que se refiere a enfermedades de Salud Mental.

En este tenor, consideramos oportuno un exhorto para que se considere al suicidio como un problema de salud pública, y se elaboren programas transversales de prevención y orientación.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Salud instrumente políticas públicas transversales destinadas a la prevención del suicidio y su tratamiento como problema de salud pública, y para que en coadyuvancia con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública se adopten estrategias para la orientación, capacitación e inclusión de los padres, tutores y maestros como sujetos de soporte para la reducción de la prevalencia de la intención suicida entre los jóvenes.

SEGUNDA COMISIÓN.

1 GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators (2015). «Global, regional, and national age–sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013» (pdf). The Lancet (en inglés) 385 (9963).

2 INEGI, Estadística de suicidios de los Estados Unidos Mexicanos 2011, consultado el 15 de mayo de 2015 en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825047436

3 Ibid, GBD 2013.

4 Datos obtenidos de http://www.humanium.org/es/suicidio-infantil/ Consultado el 15 de mayo de 2015.






Y otro sobre el estrés laboral.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a llevar a cabo acciones tendientes a disminuir el estrés laboral en el país.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de mayo de 2015, el Diputado Jesús Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Que los trabajadores son reconocidos como un motor para la prosperidad del país. Gracias a ellos se desarrolla la economía y el entorno social de México, es por ello que resulta esencial la protección de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 5° y 123 de la Carta Magna, mismos que son garantizados a través de diversos ordenamientos legales e instituciones gubernamentales como la Procuraduría Federal de la  Defensa del Trabajo (PROFEDET), la cual señala como derechos laborales el contrato, el salario, una jornada laboral, aguinaldo, vacaciones, días de descanso, finiquitos, reparto de utilidades, capacitación, cuadro general de antigüedades, otorgamiento de becas, centro laboral apropiado y derechos laborales apropiados, todo ello razón de lo establecido por la Ley Federal del Trabajo.

Que a pesar de que el estado vigila de forma constante el pleno respeto de los derechos laborales para el buen ejercicio de los mismos y con ello que el gozar de una armoniosa jornada laboral, existen factores internos y externos del trabajo que pueden llegar a afectar la vida social y la salud del trabajador, impactando directamente en la psicología de cada uno. Este tipo de problemas se les conoce como trastornos psicológicos-laborales, siendo los más comunes el agotamiento laboral, el aburrimiento insoportable en el trabajo y el estrés laboral.

Refiere el promovente que, si bien millones de personas en todo el mundo sufren alguna clase de frustración en el trabajo o enojo por las condiciones del mismo, el problema psicológico más común entre los trabajadores es el estrés laboral, entendiendo por este como la reacción que tiene el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su  capacidad para afrontar la situación.

Señala que en términos generales, la mala organización en el trabajo, el exceso de exigencias y presión o la dificultad para controlarlos, son causas del estrés laboral, pero la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), advierten causas particulares del estrés laboral, como son: exceso o escasez de trabajo, horarios estrictos o inflexibles, inseguridad laboral, malas relaciones con los compañeros, la falta de apoyo por parte de la familia, etc.

Concluyendo que los altos índices de estrés laboral lo convierten en un problema de salud nacional, por lo cual tanto el sector público como el privado tienen la obligación de poner en marcha acciones y estrategias que combatan el padecimiento psicológico de los trabajadores. Algunas medidas propuestas por la OIT respecto a la disminución del estrés laboral son la modificación de exigencias laborales, el asegurarse que los trabajadores tengan o puedan adquirir los conocimientos y capacidades necesarios para desempeñar sus funciones de manera eficaz, aumento del control que ejerce el empleado sobre la forma en que realiza su trabajo y aumentar la calidad y cantidad de apoyo que recibe el empleado.

Por lo que considera que, resulta esencial que autoridades del sector salud, de la mano con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social difundan entre toda la población, empresas y organismos gubernamentales la seriedad del estrés que sufren los trabajadores y las medidas más idóneas que disminuyan los índices que existen en nuestro país, ello con la finalidad de que no exista ningún trabajador con estrés laboral en alguna empresa, institución, organismo gubernamental y cualquier centro laboral.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lleve a cabo programas de difusión y combate al estrés laboral.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente podemos coincidir en que el estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. Aunque el estrés puede producirse en situaciones laborales muy diversas, a menudo se agrava cuando el empleado siente que no recibe suficiente apoyo de sus supervisores y colegas, y cuando tiene un control limitado sobre su trabajo o la forma en que puede hacer frente a las exigencias y previsiones laborales. El estrés  pone a prueba la capacidad del individuo para afrontar su actividad, y no sólo incluye situaciones en que la presión laboral excede la capacidad del trabajador para hacer frente a la misma, sino también los casos en que no se utilizan suficientemente sus conocimientos y capacidades, y esto supone un problema para el trabajador.

Compartimos la proposición de mérito; ya que, sin duda alguna,  el estrés laboral, es uno de los problemas de salud más grave que en la actualidad afecta a la sociedad en general, debido a que no sólo perjudica a los trabajadores al provocarles incapacidad física o mental en el desarrollo de sus actividades laborales, sino también a los empleadores y a los gobiernos, ya que muchos investigadores al estudiar esta problemática han podido comprobar los efectos, que causa el estrés, en la economía.

Es oportuno señalar que los efectos del estrés varían según los individuos. No todos los trabajadores reaccionan de la misma forma, por lo que se puede decir que si la exigencia presentada en el trabajo es adecuada a la capacidad, conocimiento, preparación y estado de salud de un determinado empleado, el estrés tenderá a disminuir y podrá tener signos estimulantes, que le permitirán hacer progresos en el ámbito laboral y tener mayor proyección en el mismo. Lo contrario a esto, ocasionaría en el trabajador un estrés debilitante de las capacidades y valoraciones personales, lo cual lo conducirían a estados de frustración o apatía al trabajo que le impedirían realizarse integralmente y obtener logros en el campo profesional.

II.- Esta Dictaminadora considera conveniente coincidir con lo señalado por el autor de la proposición en el sentido de que en que el estrés laboral en México, se sitúa como uno de los más altos a nivel mundial, se tiene conocimiento que aproximadamente un 40% de los empleados mexicanos padecen las consecuencias del estrés laboral, aproximadamente 18,4 millones de personas conviven con este tipo de estrés. Por otra parte, las importantes pérdidas económicas debido al mayor ausentismo y a la disminución de la productividad son sólo uno de sus efectos. Las estadísticas señalan que los varones tienen mayor probabilidad de sufrir estrés laboral que las mujeres. En lo que se refiere a la edad, los jóvenes de entre 18 y 30 años parecen ser los más propensos a sufrirlo.

Entre las causas más comunes destacan las presiones por parte de superiores y clientes, seguidas de la falta de estabilidad laboral (miedo a ser despedidos), la excesiva carga de trabajo y las presiones financieras. Sin duda alguna, el estrés laboral en México es un grave problema a nivel social y económico, ya que por una parte, perjudica la salud del trabajador, y por otra, disminuye la productividad de las empresas, haciéndolas menos rentables y competitivas en un mercado cada vez más globalizado.

III.- La Segunda Comisión desea mencionar que en los diferentes ámbitos que se desarrolla el ser humano se presentan circunstancias que generan estrés, sin embargo una de las áreas que actualmente es perjudicada por este fenómeno es el aérea laboral, especialmente cuando los individuos no están preparados para cumplir con las demandas del medio, por lo que es de la mayor relevancia que las dependencias públicas en materias de salud y laboral, junto con los empleadores, tomen en cuenta que la mejor forma de evitar la presencia de estrés laboral es comenzar a implementar metodologías encaminadas a la prevención y manejo del estrés a través programas de difusión y combate al mismo, cuyo objetivo aplicado a esta temática, sería la obtención de resultados útiles como el afrontamiento adecuado con eficiencia y eficacia de situaciones generadoras de estrés laboral.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lleve a cabo programas de difusión y combate al estrés laboral.

SEGUNDA COMISIÓN.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Iniciamos con el dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo sobre las enfermedades de chikungunya y dengue. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Para hablar sobre este tema, se concede el uso de la palabra a la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La fiebre chikungunya es una enfermedad verídica, transmitida al ser humano por mosquitos, descubierta en el sur de Tanzania en 1952.

La Organización Panamericana de la Salud señala que, desde el año 2004, este virus ha causado grandes epidemias de fiebre, afectando a más de dos millones de personas en Asia y en África.

Fue detectada en diciembre de 2013 por primera vez en el continente americano, y en México el primer caso fue registrado el 25 de junio de 2014, debido a que el virus se ha introducido en las zonas geográficas, detectoras de componentes, esta enfermedad tiene el potencial de establecerse en nuevas áreas de Europa y en América.

Algunos signos clínicos de esta enfermedad son iguales al del dengue, en el que se puede confundir en zonas donde se da esto con frecuencia.

Para detectar y confirmar un caso de este virus es necesario aplicar la misma prueba de laboratorio, utilizando la que se detecta con el virus adquirido por el SIDA.

Este padecimiento se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, generalmente acompañada de dolores de articulaciones además de dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.

Los dolores articulares suelen ser muy debilitantes pero generalmente desaparecen en pocos días. La mayoría de los pacientes se recupera completamente pero en muchos casos a veces duran un año, meses o incluso no se alivian.

Se han descrito, en este caso, ocasionales complicaciones oculares, neurológicas, cardiacas y también con molestias gastrointestinales. Las complicaciones graves no son frecuentes, pero en personas mayores o en infantes menores de un año, sí provoca mucho sufrimiento.

En nuestro país, los estados con un alto índice de propagación nacional son Chiapas, Guerrero y Oaxaca según los informes de la Organización Panamericana de la Salud.

En México se encuentran confirmados 678 casos de transmisión y 22 importados, todos ellos con antecedentes de viajes a países y territorios del Centro y el Caribe.

Si bien no hay medicamentos específicos para tratar esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud recomienda a los países que tienen el mosquito transmisor que establezcan y mantengan la capacidad para detectar y confirmar casos, manejar pacientes, implementar una efectiva estrategia de comunicación con el público para reducir la presencia del mosquito.

Sabemos que el gobierno federal ha actuado para contener este brote.

En el mes de julio del año pasado, se establecieron los lineamientos estandarizados para vigilar epidemiológicamente el diagnóstico con laboratorios de fiebre, los cuales fueron actualizados en noviembre del mismo año.

Los legisladores del grupo parlamentario del PRI respaldamos la acción realizada por el gobierno federal en las entidades federativas, no obstante la magnitud potencial de esta enfermedad, consideramos que es necesario instrumentar una campaña en forma permanente, metódica a la población y adoptar todas las medidas necesarias preventivas que deban adoptarse y establecerse para prevenir y atender estos efectos.

Se deben establecer acciones en todo el territorio nacional con especial énfasis en las entidades donde el medio ambiente y las características físicas del mismo puedan ayudar a propagarse.

Solicitamos, como se ha hecho en las caravanas de la salud, que se ha intensificado la vacuna para poder combatir las enfermedades que han dañado a nuestros infantes y a nuestros jóvenes adultos.

Requerimos y exhortamos, en ese punto de Acuerdo, al gobierno de la República para que sus esfuerzos sean mayores en el combate de esta gran enfermedad transmisible, que por desgracia ha sacudido a nuestro territorio nacional.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En virtud de que no hay más oradores, se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a llevar a cabo programas de difusión dirigidos a los menores de edad y a padres de familia sobre el acoso cibernético y las diversas medidas para prevenirlo, así como del uso responsable de las redes sociales.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Arquímedes Oramas Vargas, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Arquímedes Oramas Vargas: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes.

La verdad es que hasta hace un tiempo se consideraba que éramos analfabetas los que no sabíamos leer ni escribir. Después de un tiempo, cuando llega la tecnología se hablaba que quienes no manejaban la computadora eran analfabetas. Hoy quienes no saben manejar Internet y no están en las redes sociales realmente están atrasados.

Pero también el hecho de que haya venido la tecnología, ha venido a perjudicar la salud mental de muchos de los mexicanos y de muchos de los jóvenes.

Es cierto que con la llegada de la tecnología y las redes sociales se ha presentado algo que hoy es un problema de salud pública, pero también es un problema que atañe a la familia.

El acoso cibernético ha revelado que más del 80 por ciento de los padres que le dan la oportunidad de que sus hijos tengan este medio de comunicación, también lo hacen con el fin de distracción.

Es cierto que las tecnologías de la información contribuyen al desarrollo humano, pero también representan un grave peligro.

Este delito ha ido creciendo, el delito del acoso cibernético se ha mostrado un aumento muy importante del 2006 al 2012, ya que pasaron de 86 mil casos a cerca de 269 mil.

Es evidente que los crímenes cibernéticos crecen, por eso hoy que se presenta este punto de Acuerdo; hay que hacer la reflexión de que hay que ejercer la paternidad y la maternidad, que es una tarea diaria, pero también es un deber, un deber de cuidar el tema virtual, porque es parte de amar y de cuidar a la familia.

El Poder Legislativo hará todo lo que le corresponde y tendrá la oportunidad de dar y estrechar los lazos para que el DIF; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Gobernación; y la Comisión Nacional de Seguridad Pública para que eficiente las leyes en el combate de estos delitos y que busquemos que todos los que somos ahora legisladores, podamos apoyar este presente dictamen y reconocemos al mismo tiempo que es necesario pegar una buena revisada a la legislación penal en esa materia, a fin de que los criminales y quienes ejercen ese tipo de ofensas sexuales, vayan y se presenten ante las autoridades competentes.

Asimismo, hacemos un llamado para que se integre, cuanto antes, el banco de información de agresores sexuales a personas menores de edad.

Insistimos en que la seguridad comienza en casa, que hay que activar que todos aquellos quienes tenemos la responsabilidad de ser padres, hagamos conciencia del peligro que entraña tener estos medios.

Es cierto, hoy tenemos la oportunidad de legislar sobre esta materia, es cierto que tenemos también la oportunidad de darle mayor y mejores beneficios a nuestros hijos, por eso apoyamos este presente dictamen.

Muchas gracias y muy amables. Muy buenas tardes.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Oramas Vargas.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, Senador Presidente.

Celebro que se esté discutiendo en este momento este dictamen.

Yo quiero compartirles que este ha sido un tema muy sensible que se ha discutido dentro de las Comisiones del Parlamento Latinoamericano.

A veces los ciudadanos saben poco de lo que se hace dentro de los espacios parlamentarios que tenemos en las diversas regiones del mundo; en el caso del Parlatino, hay una participación muy activa de Senadores y de Diputados mexicanos.

Y una ley marco que aprobamos solamente hace aproximadamente semana y media, justamente tiene que ver con la ley marco de ciberdelincuencia.

Esta ley marco quedó aprobada en el marco, valga la redundancia, de la elección de nuestra compañera Blanca Alcalá, como Presidenta del Parlamento Latinoamericano, fue electa por unanimidad, participaron la mayoría de los países que integran el Parlamento Latinoamericano, que son 23 países, participaron casi todas las delegaciones, fue electa por unanimidad.

Y un tema sensible, un tema que afortunadamente genera conciencia entre los Parlamentarios de América Latina y el Caribe, es el tema de nuestro niños, de nuestros adolescentes y cómo protegerlos.

Ante el incremento en el desarrollo de las tecnologías de la información, ha traído como consecuencia una nueva forma para cometer un ilícito que se denomina “ciberdelincuencia”.

Esta ley marco de ciberdelincuencia, prevé contar con un marco jurídico homogéneo en la constitución de delitos como la estafa informática, el daño informático, el sabotaje y el espionaje informático, la suplantación de identidad, entre muchos otros.

Asimismo, también contempla aquellos delitos que atentan en contra de nuestras niñas, niños y adolescentes, como lo es el ciberacoso, la pornografía virtual, el contacto con personas adultas a través del uso de tecnologías de información, como en las redes sociales, la explotación sexual, o la publicidad sexual con fines comerciales, asociados a viajes y a turismo.

Yo quiero decirles, también, que en este Senado de la República, el pasado mes de abril aprobamos un dictamen que presentó la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en el que se exhorta al Ejecutivo Federal a firmar un Acuerdo con los principales buscadores de Internet, a fin de que se implementen mecanismos eficientes que impidan el acceso a cualquier usuario a sitios que contengan pornografía infantil.

Yo espero que sigamos emprendiendo acciones a favor de nuestras niñas, niños y adolescentes, ver de qué manera los podemos proteger hasta cierto punto de las nuevas tecnologías, aunque a veces nos sentimos rebasados.

No quería dejarla de mencionar, está ley marco para combatir la ciberdelincuencia, no quería dejarla de mencionar porque es un tema que fue aprobado en el Parlamento Latinoamericano y siento que como parlamentarios debemos de estar haciendo lo necesario para promover este tipo de leyes marco y hacer una revisión muy puntual a nuestras leyes para ver en qué estamos fallando, o qué es lo que nos hace falta.

Es cuanto y muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Al no haber más oradores inscritos para este tema, se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su solidaridad con las familias afectadas por los acontecimientos registrados en comunidades del municipio de Simojovel, Chiapas, que ocasionaron el deceso y la hospitalización de infantes, tras la aplicación de diversas vacunas.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado José Antonio León Mendívil, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado José Antonio León Mendívil: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Este punto lo presentó el Senador Zoé Robledo el 13 de mayo, días después de ocurrida la situación en Simojovel, el día 8 de mayo.

Vale la pena resaltar las condiciones en las que se da esta situación en el estado de Chiapas porque es muy claro que en muchas enfermedades o muchos padecimientos, o situaciones que se dan, también nosotros le llamamos “enfermedades del hambre”.

La situación de pobreza del estado de Chiapas es digamos contrastante, es la estima, vayan a conocer, vivir, bueno aunque sea unos días con ellos la situación en que se debate la situación de la población en Chiapas.

Ya no digamos Simojovel y en otras comunidades y municipios del estado de Chiapas, basta decir que Chiapas es la entidad federativa con el porcentaje de pobreza más alto del país. Según el CONEVAL, el 74.7 por ciento de sus habitantes se encuentran en una situación de pobreza, que es muy abajo del promedio nacional.

La carencia por acceso a los servicios de salud es casi 4 puntos arriba en la media nacional, que es de 24.9, es decir, hay 1 millón 263 mil 138 chiapanecos que no tienen acceso a los servicios de salud.

Chiapas ocupa el primer lugar nacional en marginación por localidad. 87 de sus municipios se ubican en los niveles de marginación alta y muy alta. El promedio nacional es de 2.5 establecimientos médicos por cada 100 mil habitantes y en Chiapas es de 1.3.

Ocupa los siguientes lugares nacionales: 32 por ciento en consultorios, 31 por ciento en camas, 32 por ciento en laboratorio de análisis y 31 por ciento quirófanos. La tasa de mortalidad infantil en el país es de 13.7 y en Chiapas es de 18.8 por ciento.

Esta situación se agrava al observar la mortalidad infantil indígena que es de 58 por ciento de la media nacional.

En fin, hay una situación que precede a lo que ocurrió el 8 de mayo en estas comunidades. Aparte, la atención hospitalaria sobre la población en Chiapas, cómo cuentan las afiliaciones según a los servicios de salud.

En fin, es una situación que refleja o nos pone en antecedente de lo que ocurrió con el uso de las vacunas en estas comunidades de Simojovel, Chiapas.

Por lo anterior, se ha solicitado a esta Soberanía que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, exhorte al gobierno del estado de Chiapas para que en el ámbito de su competencia se deslinde a fondo las responsabilidades administrativas o penales correspondientes, a través de las indagatorias que realice la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa.

De la misma manera, exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud del gobierno federal, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, que se investiguen de forma expedita y eficaz los lamentables acontecimientos del 9 de mayo en el municipio de Simojovel, Chiapas, y se deslinden las responsabilidades que de ello se deriven, incluyendo en su caso las que correspondan a los proveedores de las vacunas que causaron los daños en la salud de los infantes.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaría de Salud del gobierno federal, de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitan a esta Soberanía en un plazo que no exceda de 15 días hábiles, un informe pormenorizado respecto a los avances de las investigaciones referidas en el resolutivo anterior.

Asimismo, se le solicita que realice una exhaustiva investigación en cuanto al estado actual de la totalidad de la cadena del sistema de vacunación en Chiapas, incluyendo la producción, transporte, almacenaje, distribución, conservación y aplicación de las vacunas, especialmente las referentes a la adquisición y los posibles riesgos a la salud de niñas y niños por la aplicación de los lotes de vacunas a que se refiere el presente dictamen, y se informe a esta Soberanía de los resultados a la brevedad.

Por último, la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas a implementar una campaña informativa respecto de los beneficios que conlleva la vacunación oportuna.

Esto es clave, es importantísimo porque a partir de estos hechos ocurridos en Simojovel, muchos padres de familia se habían estado absteniendo de llevar a sus hijos a la vacunación. Por ello, urge que haya una campaña; se deslinden las responsabilidades, por supuesto, pero no se deje de llevar a estos niños que en estas situaciones de precariedad, por supuesto que son un caldo de cultivo para otros padecimientos, y no estemos después implementando campañas que vayan a contrarrestar estos males que pueden aquejar a esta población.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado León Mendívil.

Al no haber más participantes, se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se solicita información sobre las acciones que se realizan para fomentar la lactancia materna en los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

En virtud de no haber oradores registrados, se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.

Ahora tenemos la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo en torno al suicidio.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Para hablar sobre este tema, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro Montano Guzmán, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado Alejandro Montano Guzmán: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente, amigos de los medios de comunicación:

Hacemos uso de la tribuna para hablar a favor del dictamen con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Salud, se instrumenten políticas públicas transversales destinadas a la prevención del suicidio y su tratamiento como salud pública, para que en coadyuvancia con las Secretaría de Gobernación y de Educación Pública, se adopten estrategias para la orientación, capacitación e inclusión de los padres, tutores y maestros como sujetos de soporte para la reducción de la prevalencia de la intención suicida entre los jóvenes.

Políticas públicas transversales implican que la responsabilidad de atender la incidencia de esta epidemiología, como la han catalogado diferentes especialistas, recaiga no sólo en una única secretaría o dependencia pues cada una de las dependencias citadas tiene una arista del problema que atender.

Ello es viable porque al igual que con otros programas presupuestales como son los de género o el especial concurrente para el campo, la voluntad política en su momento logró el alcance de dicha transversalidad. Por ello, en el grupo parlamentario del PRI y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, apoyaremos este dictamen.

Abundo en la información. Con bastante frecuencia leemos en las notas de los diarios sobre el lamentable suicidio de un joven o un niño, y constatamos que este fenómeno es cada vez más recurrente, y desafortunadamente, algo está caminando mal en nuestra sociedad como para orillar a pequeños menores de 17, 15 o hasta 10 años, a quitarse la vida, más aún cuando esta etapa debe ser de esperanza y experiencia que enriquezcan a las personas.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en los siguientes diez años habrán de quitarse la vida cerca de millón y medio de personas. Por ello, es importante que el Estado mexicano construya un dique para contener y evitar que estas muertes lleguen a ocurrir, pues la tendencia que tiene el problema es alcista.

Solamente entre los años de 1990 al 2012, las tasas de incidencia del suicidio como porcentaje de causa de muerte en los jóvenes de 15 y 19 años se duplicaron, pues pasaron de 4 y 1.4 por cada cien mil adolescentes, mujeres y hombres respectivamente, a 8.8 y 4.7 por cada cien mil, de acuerdo con cifras del INEGI.

Las causas son diversas pero se centran fundamentalmente en dos ámbitos: la casa y la escuela. Víctimas de maltrato parental que no lo soportan y que no tienen con quién expresar sus temores e inquietudes, por un lado; y por el otro, un acoso escolar o bullying, por lo que es muy importante que legislemos y atendamos este tema que en verdad lastima a la sociedad

Compañeras y compañeros legisladores, nunca debería ocurrir un suicidio y obviamente de ninguna manera para menores de edad pues las personas deberían de poder contar con alternativas para expresar sus más profundas inquietudes, dudas y desesperanzas.

Y menos debería ocurrir a una edad en que las y los jóvenes tienen todo un mundo por delante, y coincidimos con los proponentes: hay costos económicos para la familia y el Estado cuando algo de manera sistemática está funcionando tan mal.

Pero hay un costo mayor en vidas humanas incuantificable, y ahí podemos hacer algo para que las políticas públicas permitan tutelar el bien más preciado, que es la vida.

Por eso solicitamos que se vote a favor este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Montano Guzmán.

Al no haber más oradores registrados, se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo programas de difusión y combate al estrés laboral.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro Rangel Segovia, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado Alejandro Rangel Segovia: Muchas gracias. Distinguidas compañeras, compañeros legisladores:

El pasado 13 de mayo de este 2015, el Diputado Jesús Valdés Palazuelos, sinaloense, del grupo parlamentario del PRI, presentó al Pleno el contenido del presente dictamen y que da lugar al punto de Acuerdo en el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lleve a cabo programas de difusión y combate al estrés laboral.

Hay muchos discursos que resaltan el valor del trabajo y de los trabajadores.

Se dice que los trabajadores son reconocidos como un motor para la prosperidad del país y que gracias a ellos se desarrolla la economía y el entorno social.

Es por ello que resulta esencial la protección de sus derechos fundamentales y garantizar que el estatus que viven al interior de los pasillos, fábricas, adentro y en el exterior, camino a sus casas, y luego en sus casas mismas, sea coherente con los discursos que se pregonan a lo largo y ancho de políticas públicas y de despliegues de múltiples representantes populares como nosotros.

Sin embargo, existen factores internos y externos del trabajo que pueden llegar a afectar la vida social y la salud del trabajador impactando directamente en la psicología de cada uno de los integrantes de la familia del propio trabajador.

Son trastornos psicológicos laborales, los más comunes son: el agotamiento laboral, el aburrimiento insoportable en el trabajo y, desde luego, el estrés laboral, entendiendo por éste como la reacción que tiene el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación.

En términos generales, la mala organización del trabajo, ruidos y ritmos excesivos, y la presión a la dificultad de controlar estos ámbitos son causas de estrés laboral reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo en conjunto con la Organización Mundial de la Salud.

Se advierte ahí que las causas de este exceso de ritmo y exceso de condiciones insalubres dentro de los centros de trabajo son cuestiones que deben corregirse.

Pero más allá de lo ahí establecido, tenemos registrado, hoy en día, un fenómeno que todos debemos supervisar en nuestros estados, sobre todo donde la industria ha sido más progresiva.

Se está reduciendo la jornada de trabajo, de lo que tenemos considerado que fueran las 48 horas con pago de 56 y que en términos normales se desarrollaba en 6 días de trabajo, incluido el sábado, a trabajos de 4 por 3; es decir, 12 horas de trabajo continuo durante 4 días seguidos para que se descansen 3.

Las estadísticas más recientes revelan no sólo la existencia de un estrés laboral excesivo, sino también de un agotamiento y enfermedades profesionales que están apareciendo de manera continua en los centros de trabajo donde esto se está implementando y que, lamentablemente, se está ampliando de manera dramática.

Por otro lado, es de observarse lo que refiere el informe de la propia Organización Internacional del Trabajo con relación a las perspectivas sociales y del empleo en el mundo.

La Organización Internacional del Trabajo registra que crece la brecha entre los salarios de los trabajadores y la productividad que aportan a sus empresas.

No hay peor estrés que viva un individuo, sobre todo un individuo trabajador, que el que después del agotamiento y su entrega productiva, y con ello haga posible más y mejores producciones en los centros de trabajo, que regrese con los mismos o peores ingresos a su casa.

La riqueza generada por las industrias más sobresalientes en este país no está siendo distribuida de manera correcta y no está siendo congruente con la política pública que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está preocupado y ocupado en que se desarrolle.

La medición, pues, de las productividades de una manera correcta, concisa y clara, debe darse para que no solamente los incrementos salariales se den en función del resarcimiento de la inflación en cada año.

Si tenemos 9 y 25 por ciento de incremento de productividad, gracias a los ritmos que provocan estrés laboral en los trabajadores, debe ser congruente el porcentaje de incrementos, es decir, de redistribución de esa productividad y de riqueza generada en los centros de trabajo para que alinee, por otra vía, mediante el mejor ingreso, el mejor gasto y la mejor satisfacción en los hogares de los trabajadores esta condición de estrés laboral.

Dicho lo anterior, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lleve a cabo programas de difusión y combate al estrés laboral, y que revise, dentro de sus facultades, las afectaciones psicomotrices donde se trabajan 12 horas diarias durante 4 días continuos y se corrija esta situación, y que, también, se ponga más énfasis en la elaboración de estas comisiones de medición de productividad para que la distribución de la misma pueda tener efectos antiestrés laboral y, por supuesto, un mejor desarrollo de la economía familiar de los trabajadores.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Rangel Segovia.

Agotada la discusión de dictámenes procederemos a su votación. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que acaban de discutirse.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que ya se discutieron. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre los dictámenes que se pondrán a discusión de la Tercera Comisión.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Informo sobre los dictámenes de la Tercera Comisión que se discutirán:

Uno, sobre el Programa Nacional de Becas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la proposición con punto de acuerdo de la Diputada Martha Villarreal Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, incremente el monto destinado a fin de lograr el correcto cumplimiento del programa nacional de becas o, en su defecto, mantenga el monto que fue presupuestado para el ejercicio fiscal de 2015.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 6 de mayo de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria del 19 de mayo del mismo año, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES.

Los integrantes de la Tercera Comisión tenemos conciencia de la importancia del sector educativo para el desarrollo económico y social de México, como la proponente señala, el artículo tercero de la Carta Magna establece el derecho de todos los mexicanos a recibir educación por parte del Estado. Asimismo la educación pública en México, además de ser gratuita y laica, ha tenido como aspiración preparar a las personas para enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor cívico de la responsabilidad, y desarrollando a plenitud las facultades humanas, por tanto, corresponde al Estado, junto con la sociedad, trabajar para que se cumpla esa meta.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, envió a la Cámara de Diputados el documento denominado “Pre-Criterios de política económica para el 2016”, relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que tiene como objetivo iniciar un diálogo con el Congreso de la Unión sobre las perspectivas económicas y de finanzas públicas para el ejercicio fiscal 2016.

En dicho documento, se plantea una reducción de más de 7,161 millones de pesos en Programas Presupuestarios Prioritarios, entre los cuales se encuentra el Programa Nacional de Becas que pasa de 12,253.80 millones de pesos en 2015, a  11,886.20, en los planteamientos previstos para 2016, siendo una diferencia de  367.60 millones de pesos.

Este programa tiene como finalidad asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, mediante el otorgamiento de apoyos para el acceso, permanencia y egreso de la población estudiantil, así como disminuir y prevenir el abandono escolar por falta de recursos o situaciones de vulnerabilidad.

Coincidimos con la proponente que para cumplir con el objeto planteado en el Plan Nacional de Desarrollo que señala que para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo se deben ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores de la población, se requiere crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles, así como incrementar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad.

Esta comisión considera que es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, a través de una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual y que es indispensable garantizar un monto digno.

El mismo PND señala que para la población con bajos ingresos y mayor riesgo de abandono escolar se requieren becas y apoyos a las familias que contribuyan a su permanencia en la escuela. Reforzar la educación inicial, especialmente entre los grupos menos favorecidos, es esencial para contar con cimientos sólidos para la equidad, la igualdad de género y la inclusión. Asimismo resulta indispensable reforzar las oportunidades de formación de la población adulta en condición de rezago educativo.

De reducirse el monto en el programa nacional de becas, se corre el riesgo de que no se cumpla con el objetivo del Sistema Educativo Nacional, el cual debería ser una prioridad, abatir la deserción de los niños y los jóvenes que aún no terminan la educación básica. De esta manera, los alumnos que dejan temporalmente la escuela tendrán una mayor edad y por ende mayores riesgos de reprobación y de reincidencia en la deserción, lo cual se traduce en menores oportunidades de completar la educación básica en las edades normativas, es decir, que se encuentren estudiando el grado correspondiente en relación con la edad que tiene cada alumno.

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que resulta pertinente dirigir la solicitud planteada por la Diputada Martha Villarreal Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a afecto de que la misma se tramite ante el Pleno de la Comisión Permanente.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, en la elaboración e integración que realice del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, considere incrementar el monto destinado a fin de lograr el correcto cumplimiento del Programa Nacional de Becas o, en su defecto, mantenga el monto que fue presupuestado para este ejercicio fiscal de 2015.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 19 de mayo de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Uno, relativo a la ampliación y modernización del Puerto de Salina Cruz del estado de Oaxaca.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la proposición con punto de acuerdo del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las medidas y acciones conducentes par al ampliación y modernización del Puerto de salina Cruz del estado de Oaxaca.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 6 de mayo de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria del 19 de mayo del mismo año, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES.

Esta Comisión encuentra validez en las consideraciones del diputado promovente, las cuales van en el sentido de buscar la modernización y ampliación del Puerto de Salina Cruz en el estado de Oaxaca, con el fin de aprovechar al máximo la capacidad de operatividad que puede ofrecer como motor económico, tanto para los habitantes de esa región como para los usuarios del Puerto.

Mediante la aprobación del presente dictamen, se busca beneficiar en primer lugar, a la población, que requiere oportunidades para emplearse y obtener un ingreso para el bienestar de sus familias, y por otro lado, las diversas actividades comerciales y productivas, tales como la industria extractiva, de construcción y de servicios profesionales del transporte público federal, sindicatos de alijadores, amarradores de pilotos de puerto, agentes navieros, agentes consignatarios, agentes aduanales, comercializadoras, empresas de paquetería internacional, ferreterías, talleres navales, empacadoras de perecederos, frigoríficos, inspectoría de carga, fumigadores, empresa de transporte de valores, procesadoras de alimentos marinos, por citar algunos.

Asimismo, el Diputado Carlos Alberto García González, indica que el abandono del Puerto de Salina Cruz ha impedido que la región cuente con un Puerto cercano de enlace multimodal que permita la conectividad del Pacífico Sureste. Esto significaría la expansión de la oferta exportable de la industria y comercio ubicado en la parte centro y sur-sureste del país, nicho natural de los principales centros de acopio y producción nacional, y que inhibe la oportunidad de acceso económico a la Cuenca del Pacifico.

Otro factor a considerar, es que el Puerto de Salina Cruz ya está obsoleto a las exigencias de la modernidad portuaria, en razón de que se ha dejado de invertir en su ampliación y modernización; hoy el Puerto es de bajo calado en los muelles de contenedores, la estrechez del canal de acceso es de 84 metros de plantilla, que permite sólo recibir embarcaciones de mediana capacidad de carga, y recientemente se amplió la escollera pero estos trabajos aún no están concluidos. Actualmente, las obras de modernización fueron suspendidas, coartando la posibilidad de colocar a Salina Cruz en la vanguardia portuaria, situación que pone en riesgo todo el trabajo de promoción invertido por empresas aduanales, navieras, forwarder y la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

Es menester generar las condiciones para atraer inversión privada nacional y extranjera en esa región. Una de las mejores formas es a través de la infraestructura adecuada para la entrada y salida de mercancías de comercio exterior vía marítima, y responder a la altura que nos demandan los tratados y compromisos suscritos por México con la comunidad internacional, en particular con la de Asia-Pacifico.

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que resulta pertinente dirigir la solicitud planteada por el Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a afecto de que la misma se tramite ante el pleno de la Comisión Permanente.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar llevar a cabo las medidas y acciones conducentes para la ampliación y modernización del Puerto de Salina Cruz del estado de Oaxaca.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 19 de mayo de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Y otro, sobre los mecanismos de justicia laboral, especialmente de las juntas de conciliación y arbitraje.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo dela Diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realice una reunión de trabajo al seno de la Comisión Permanente para que informe sobre el contenido, procedimientos y tiempos para llevar a cabo la revisión a fondo de los mecanismos de justicia laboral, particularmente de las juntas de conciliación y arbitraje, conforme a lo declarado por el titular del Ejecutivo Federal el 1º de mayo, en el marco de la celebración del “Día del Trabajo”.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Plenode la Comisión Permanente de fecha 6 de mayo de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público; Agricultura y Fomento; Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria del 19 de mayo del mismo año, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROMOVENTE.

En sus consideraciones, la legisladora hace referencia al evento que tuvo lugar en la Residencia oficial de Los Pinos, y que con motivo de la conmemoración del Día del Trabajo, el pasado 1 de mayo, convocó a líderes obreros y patronales.  En este evento, el Titular del Ejecutivo Federal declaró que se impulsará una revisión a fondo de los mecanismos de la justicia laboral, destacadamente de las juntas de conciliación y arbitraje.

La legisladora resalta, desde su propuesta, la necesidad de cambios sustanciales de la justicia laboral, y considera que se debe comenzar con la supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Agrega que “sólo mediante la supresión de estas Juntas se alcanzará una verdadera justicia a favor de las y los trabajadores, pues éstas se encuentran subordinadas jerárquicamente al Ejecutivo Federal o ejecutivos locales, según la naturaleza de los asuntos, y por tanto a intereses políticos y económicos inadmisibles”.

Agrega que el procedimiento laboral es parte consustancial al logro de la justicia social en bien de los trabajadores. Por más que la parte sustantiva de la Ley Federal del Trabajo establezca en su favor un cúmulo de derechos, esto será poco significativo si su parte procesal da facilidades para que la impunidad penetre todos sus tejidos, para que en la práctica se anulen tales derechos, incluidos los derechos colectivos.

Considera que la constitución de las Juntas en su origen buscó el equilibrio entre los factores de producción sin dejar de lado la tutela hacia las personas que viven de su trabajo, y en algunos momentos alcanzaron laudos memorables a favor de los trabajadores, como el dictado a favor de los trabajadores petroleros que llevó de la mano hacia la Expropiación Petrolera.

Sin embargo, opina que han usado todos los medios, legales e ilegales para debilitar a los trabajadores en sus derechos, especialmente a sus sindicatos, y considera que las Juntas, en su gran mayoría, han anulado a la justicia expedita que ordena el artículo 17 Constitucional.

La diputada Bautista manifiesta que las Juntas surgieron en el marco de la Constitución de 1917, y si bien en algunas etapas de historia, con gobiernos nacionalistas y progresistas, como el del General Lázaro Cárdenas, otorgaron una tutela real a favor de los trabajadores, tanto respecto a sus derechos individuales como colectivos; en la actualidad–agrega-, se han transformado en jueces de consigna, las cuales, al depender jerárquicamente del Ejecutivo Federal y los ejecutivos locales, carecen de autonomía e imparcialidad.

La legisladora considera que debe ser el Poder Judicial quien conozca y resuelva los conflictos laborales en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sin dejar de lado los principios protectores del derecho procesal laboral.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Como lo cita la legisladora, efectivamente, el titular del Poder Ejecutivo Federal el pasado 1 de mayo, llevó a cabo un desayuno con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

A efecto de identificar con mayor precisión el discurso de este evento, a continuación se hace una transcripción textual de las Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, durante la Conmemoración del Día Internacional del Trabajo en lo que se refiere al tema que da origen a este dictamen.

El funcionario, hace referencia a los ejes principales de la reforma laboral emprendida en el año 2012 y señala que:

El primer eje es el impulso a la creación de empleos formales de calidad.

El segundo eje de la política laboral es la democratización de la productividad, esto significa que los trabajadores, emprendedores y empresarios de todo el país cuenten con los procesos, tecnologías y capacitación necesarios para hacer más eficiente su labor y agregar mayor valor a sus productos y servicios.

El tercer eje de la política laboral ha sido salvaguardar los derechos de los trabajadores.

Asimismo, a partir de la representación jurídica gratuita que proporciona la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, se han recuperado para los trabajadores, como ya lo señaló el titular de la Secretaría del Trabajo, seis mil 300 millones de pesos en lo que va de esta Administración.

Aun así, a partir de los resultados de los foros de consulta sobre Justicia Cotidiana, que apenas el lunes pasado el CIDE presentó, quiero compartirles que habremos de revisar a fondo los mecanismos de justicia laboral, en particular el funcionamiento de las juntas de conciliación y arbitraje.

Quiero decirles, finalmente, que desde el Gobierno de la República seguiremos promoviendo un diálogo abierto y franco para crear las condiciones de trabajo decente que merecen los mexicanos”.1

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que resulta pertinente dar trámite a la solicitud planteada por la diputada Bautista Cuevas, a efecto de que el Congreso  de la Unión conozca de los trabajos que desde el Poder Ejecutivo Federal se realizan en la revisión de los mencionados mecanismos de justicia laboral.

Sin embargo, en un ámbito de colaboración entre Poderes, consideramos pertinente solicitar, en primera término, un informe detallado sobre los aspectos legales que abarca esta revisión, con la finalidad de que sea analizado por los integrantes de la Comisión y determinar lo conducente. Pero dada la importancia que tiene el tema para esta Comisión, y consiente de lo establecido en las diversas disposiciones legales vigentes, adicionalmente, esta Comisión, se permite solicitar respetuosamente, que dicho Informe sea remitido a esta Soberanía en los próximos 5 días hábiles.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, remita en los próximos 5 días hábiles un informe sobre el contenido, procedimientos y tiempos de la revisión de los mecanismos de justicia laboral, especialmente de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conforme a las declaraciones del Titular del Ejecutivo Federal el pasado 1º de mayo del presente año, en el marco de la celebración del Día del Trabajo.

TERCERA COMISIÓN

 

1 http://www.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/  consultado el 18 de mayo de 2015.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias.

Por lo tanto, tenemos la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a incrementar el monto destinado a fin de lograr el correcto cumplimiento del Programa Nacional de Becas o, en su defecto, mantenga el monto que fue presupuestado para este ejercicio fiscal 2015.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Cristina Ruiz Sandoval, del grupo parlamentario del PRI.

La Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Con su permiso, señor Presidente.

Quiero aprovechar esta tribuna para saludar la presencia, en este recinto, de padres de familia, quienes el pasado 5 de junio del 2009 vivieron el momento más triste de su vida, y me refiero al tema de la Guardería ABC, ocurrido en el estado de Sonora.

En próximos días se van a cumplir 6 años de este terrible suceso, 6 años de un camino tortuoso para ellos, y el día de hoy sigue siendo una herida abierta que no podrá cerrar hasta que se haga justicia.

Y eso sólo podrá ser cuando sean condenados los responsables de este lamentable acto, por eso solicito y pido a las autoridades que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de estos lamentables hechos, y que los padres de familia que hoy nos acompañan, pero también los que no están aquí, tengan ya la tranquilidad que requieren de este proceso.

A continuación, señor Presidente, fijaré el posicionamiento sobre el dictamen de la Tercera Comisión relativo al Programa Nacional de Becas.

El futuro de México depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación de nuestros niños y jóvenes, por tanto, es fundamental que la nación dirija sus esfuerzos para transitar hacia una sociedad del conocimiento.

Un México con educación de calidad requiere de implementar políticas de Estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional.

Un país con educación de calidad es sinónimo de un gobierno comprometido con la igualdad de oportunidades y el despliegue de una imaginación renovadora que sea puente del desarrollo nacional.

La educación de calidad es la base para garantizar el derecho de todos los mexicanos a elevar su nivel de vida y contribuir al progreso nacional mediante el desarrollo de sus habilidades, conocimientos y capacidad innovadora, e impulsando valores cívicos y éticos que permitan construir una ciudadanía responsable y solidaria con sus comunidades.

La expansión de la educación básica y el descenso gradual de la población en edad escolar han permitido alcanzar niveles elevados de cobertura.

Sin embargo, la eficiencia terminal de la educación básica es baja. Esta situación ha limitado la posibilidad de ampliar la cobertura de la educación media superior.

Además, es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento a través de una amplia perspectiva de inclusión que radique toda forma de discriminación, de condición social étnica y de género.

Por su parte, el rezago educativo en la población adulta aún no está resuelto.

El Programa Nacional de Becas tiene el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad mediante el otorgamiento de becas a estudiantes. Lo anterior permitirá consolidar un México con educación de calidad y fomentar la realización de actividades, talleres, congresos, cursos y diplomados encaminados a su formación continua y que respondan a las necesidades del país.

En este sentido la reducción en el monto de las becas podría poner en riesgo la consideración de los objetivos del sistema educativo nacional, por lo que en el PRI votaremos con responsabilidad a favor del presente exhorto.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputada Ruiz Sandoval.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano.

El Diputado Danner González Rodríguez: Compañeras y compañeros legisladores:

Quise hacer uso de la tribuna porque no se trata de un tema menor, y mucho menos de un simple llamado a misa de la Comisión Permanente para que se aumente el presupuesto o se mantenga en su caso el de 2015.

La educación de este país vive un momento crucial, han pasado más de 100 años desde que el maestro Vasconcelos iniciara una cruzada de dimensiones románticas, y me comentan, y es cierto, hace casi 100 años el maestro Vasconcelos, en 1924, inició una cruzada de dimensiones que nadie en este escritorio de la Secretaría de Educación ha sido capaz de alcanzar.

El ideario de Vasconcelos planteaba tres cosas fundamentales, y por fundamentales me refiero a básicas: alfabeto, pan y jabón, dijo Vasconcelos. Y así inició una cruzada que pretendía llevar las lecturas clásicas, a Shakespeare, a Cervantes, a Tolstoi, a Dostoievski a todos los rincones de esta patria mexicana en donde había millones de mexicanos que no sabían leer y escribir.

Las condiciones poco han cambiado en materia de cruzada educativa de entonces a la fecha.

Estamos convencidos en Movimiento Ciudadano que la educación es y será el arma fundamental para cambiar a este país y para transformar al mundo.

Pero miren ustedes, qué seriedad podemos encontrar en los programas de este gobierno de la República, que ha recortado los programas educativos en la misma línea de recorte presupuestal en donde aduce crisis económica, volatilidad de precios que inició por enero del 2015 por el orden de 124,300 millones de pesos.

Iniciando el año se redujeron al CONACYT 900 millones de pesos; pero a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos no se les redujo ni un peso.

A SEDESOL se le redujeron 3,750 millones de pesos, al sector salud 3,339 millones de pesos.

En suma, las áreas prioritarias para proyectos, obras y acciones de impacto social son las que más pagan el costo de los recortes.

Para este 2016, de acuerdo con el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 22, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conocidas como precriterios que se entregan al Congreso de la Unión; el gobierno federal anuncia un ajuste al gasto adicional para 2016 por 135,000 millones de pesos.

En este reporte, la Secretaría de Hacienda señala que sí habrá recortes a programas de primer orden como los educativos.

El Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación sufrirá una reducción de 108.5 millones de pesos, al pasar de 3,615 a 3,506 millones de pesos.

A Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se le quitarán 308.6 millones de pesos.

Qué bueno que las multas de los partidos políticos vayan al CONACYT, yo tengo esperanza que ahora el CONACYT, con todo lo que el Verde tendrá que pagar próximamente, pues se vea beneficiado, algo bueno dejará todo esto.

Al Programa Prestación de Servicios de Educación Media Superior se le reducirán 217 millones de pesos.

Al Programa Escuelas de Tiempo Completo se le recortarán 311 millones de pesos.

Y al Programa Nacional de Becas 367 millones de pesos, al pasar de 12,253 a 11,886.

Esto contrasta notablemente con el despilfarro del gobierno de la República, ya que entre 2000 y 2013, el gasto corriente del gobierno creció a una tasa real anual promedio de 5.2 por ciento; incrementando su nivel total de 10.9 a 15.2 del Producto Interno Bruto, o sea, gobierno rico, pueblo pobre.

Compañeras y compañeros: Las becas educativas no deben ser simplemente un tema en el fragor de las campañas electorales; deben constituir un programa permanente que estimule el alto rendimiento de los alumnos que a lo largo y ancho del territorio nacional tienen necesidades de financiar sus proyectos de educación.

Gracias a las becas, jóvenes hoy de todo el país pueden alcanzar niveles educativos que antes no hubieran soñado.

Recientemente los veracruzanos perdimos a un maestro excepcional, al maestro Guillermo Zúñiga Martínez que tuvo el gran acierto de crear la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.

Necesitamos muchos proyectos como éste, que empiecen a financiarse con esa visión que tuvo el maestro Zúñiga pero también con la responsabilidad de los gobiernos de no hacer un uso dispendioso de los recursos y de ejercerlos de manera adecuada.

Concluyo diciendo que bajo ningún argumento podemos confundir a la ciudadanía ofreciéndoles vales temporales, o de primer empleo, canjeables por deducibles o una política de becas y empleo menor sólo porque son campañas.

Se trata de una obligación del Estado y no de una campaña graciosa por obtener votos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a llevar a cabo las medidas y acciones conducentes para la ampliación y modernización del Puerto de Salina Cruz, del estado de Oaxaca.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Al no haber oradores inscritos, se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.

Y por último, tenemos la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe sobre los mecanismos de justicia laboral, especialmente de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conforme a las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, del 1º de mayo del presente año, en el marco de la celebración del Día del Trabajo.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Se concede el uso de la palabra para hablar sobre este asunto al Diputado Alejandro Rangel Segovia, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado Alejandro Rangel Segovia: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Compañeros y compañeros legisladores.

Este dictamen con punto de Acuerdo para que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe sobre el contenido, procedimientos y tiempos para llevar a cabo la revisión de mecanismos de justicia laboral, particularmente de las juntas de conciliación y arbitraje, es producto, sí, de la Diputada iniciante que ha solicitado que este tema sea de la mayor preocupación de esta Comisión Permanente.

Pero también es fruto, y así lo establece la preocupación manifiesta por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el sentido de dar el mensaje a los trabajadores el día 1º de Mayo, y referir ahí que el primer eje que debemos cuidar en materia de los derechos de los trabajadores es, sin duda, la creación de empleos formales de calidad; y el segundo eje, es el de la política laboral con mayor democratización de la productividad, y que ello significa que los trabajadores, emprendedores y empresarios de todo el país cuenten con los procesos, tecnologías y capacitación necesarios para hacer más eficiente su labor y agregar mayor valor a sus productos y servicios.

Y el tercer eje de la política laboral ha de ser el salvaguardar los derechos de los trabajadores. En materia del tratamiento que se da a la problemática colectiva e individual en el conjunto de las juntas de conciliación y arbitraje del país, es menester entonces que la Secretaría del Trabajo y Previsión y Social envíe, y esta Comisión Permanente reciba todos los datos que nos lleven a analizar, supervisar y verificar que la modernidad en el procesamiento de cada uno de estos posibles conflictos, incluso los que no llegan a serlo por la pronta actuación de las procuradurías del trabajo, en cada caso, se puedan registrar y podamos así verificar entonces que esta política pública, que este eje que ha manifestado el Presidente de la República está teniendo congruencia, está teniendo consecuencias favorables para el buen ejercicio y el saludable tratamiento de la justicia laboral en nuestro país.

Por ello es de presentarse como único por parte de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el que respetuosamente se solicite al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social remita un informe sobre el contenido, procedimientos y tiempos de la revisión de los mecanismos de justicia laboral, especialmente de las juntas de conciliación y arbitraje, conforme a las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal el pasado 1º de mayo del presente año, en el marco de la celebración del Día del Trabajo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Rangel Segovia.

Se concede el uso de la tribuna, para hablar sobre el mismo tema, a la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del grupo parlamentario del PRD.

La Diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros.

Es importante aprobar el día de hoy el dictamen para atender el tema de los mecanismos de justicia laboral, tal y como lo prometió el Ejecutivo Federal el pasado 1º de mayo en el marco del Día del Trabajo.

En consideración del dictamen, éste hace referencia al evento que tuvo lugar en la Residencia Oficial de Los Pinos, y con ese motivo en la conmemoración del Día del Trabajo convocó a líderes, obreros y patronales, en este evento, el titular del Ejecutivo Federal declaró que se impulsará una revisión a fondo de los mecanismos de la justicia laboral, destacadamente de las juntas de conciliación y arbitraje.

Solo mediante la supresión de estas juntas, considero, se alcanzará una verdadera justicia a favor de las y los trabajadores, pues estas se encuentran subordinadas jerárquicamente al Ejecutivo Federal o ejecutivos locales, según la naturaleza de los asuntos, y por tanto a intereses políticos y económicos inadmisibles.

Efectivamente, el titular del Poder Ejecutivo Federal, el pasado 1º de mayo llevó a cabo un desayuno con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, a efecto de identificar con mayor precisión el discurso de este evento.

A continuación se hace una transcripción textual de las palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en lo que se refiere al tema que da origen a este dictamen.

El funcionario hace referencia a los ejes principales de la reforma laboral, emprendida en el año 2012, y señala que el primer eje es el impulso a la creación de empleos formales de calidad.

El segundo eje de la política laboral es la democratización de la productividad, esto significa que los trabajadores, emprendedores y empresarios de todo el país, cuenten con los procesos, tecnologías y capacitación necesarios para hacer más eficiente su labor y agregar mayor valor a sus productos y servicios.

El tercer eje de la política laboral ha sido salvaguardar los derechos de los trabajadores.

Asimismo, a partir de la representación jurídica gratuita que proporciona la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, se han recuperado para los trabajadores, como ya lo señaló el titular de la Secretaría del Trabajo, seis mil 300 millones de pesos en lo que va de esta administración.

Aun así, a partir de los resultados de los foros de consulta sobre justicia cotidiana que el CIDE presentó, quiero compartirles que habremos de revisar a fondo los mecanismos de justicia laboral, en particular el funcionamiento de las juntas de conciliación y arbitraje.

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que resulta pertinente dar trámite a la solicitud planteada a efecto de que el Congreso de la Unión conozca de los trabajos que desde el Poder Ejecutivo Federal se realizan en la revisión de los mencionados mecanismos de justicia laboral.

Considero que el día de hoy tenemos la oportunidad de hacer por todos los trabajadores y las trabajadoras de este país, garantizarles sus derechos laborales.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputada Bautista Cuevas.

Agotada la discusión de dictámenes, procederemos a su votación.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que acaban de discutirse.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que ya se discutieron. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Compañeras y compañeros legisladores, informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para modificar la integración de la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En esa virtud, está a discusión. Por no haber oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de la Tercera Comisión.






PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Compañeras y compañeros legisladores: Les informo que la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, entregó a esta Mesa Directiva un punto de Acuerdo para solicitar al Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas y de Protección a sus Ahorradores, información sobre las acciones emprendidas para evitar que los ahorradores de Acremex pierdan sus ahorros, el cual se recibe y se turna a la Tercera Comisión para su análisis y dictamen.








Les informo que las demás iniciativas inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. La Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permite el resolutivo duodécimo del Acuerdo aprobado. Las proposiciones se turnarán a comisiones en los términos del resolutivo décimo tercero del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por el Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, Diputado Federal JOSÉ LUIS OLIVEROS USABIAGA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que se me confiere de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL NUMERAL 1, INCISO A), DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México habitan 38.2 millones de jóvenes, de acuerdo con las últimas proyecciones del Consejo Nacional de Población 2014, lo cual representa a más de un tercio de la población total del país, además de ser un bono demográfico que se traduce en un factor de oportunidades para el desarrollo y progreso de la sociedad de nuestro país.

Las problemáticas a las que se enfrenta la juventud mexicana son de diversa índole, como por ejemplo la dificultad de incorporarse en el mercado laboral, así como la desvinculación de oportunidades entre los jóvenes y el entorno que los rodea, así como la deficiente formación y desarrollo de habilidades en el ámbito personal, académico y profesional. De ello se deriva que haya una desarticulación entre la relación educación y trabajo, así como una escasa representación de los jóvenes en las políticas y los espacios de toma de decisiones. 1

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 (ENVJ2012),nos permite vislumbrar que cerca del 93% de los jóvenes afirma no participar actualmente en ningún grupo organizado o asociación; y al 89.6% de los jóvenes les interesa poco o nada la política. Además, de indicar que el 10.5% de los estudiantes logró concluir sus estudios a nivel profesional, en este tenor, la educación se traduce en éxito (53.5%), para generar un buen desarrollo profesional (17.6%) y para conseguir un buen empleo u obtener prestigio (9.3 y 1.2% respectivamente).

Así mismo, el Índice Nacional de Participación Juvenil 2014 (INPJ2014) define a la participación de la juventud como el involucramiento de los mismos en la toma de decisiones dentro de las dependencias de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y partidos políticos. Ante ello, el índice expone que en la iniciativa privada uno de cada diez involucrados en la toma de decisiones, es joven, así mismo son jóvenes tres de cada diez personas involucrados en las estructuras gubernamentales y en sociedad civil, es el ámbito que tiene mayor relación entre la intervención y toma decisiones con la participación directa de jóvenes pues siete de cada diez personas involucradas, son jóvenes. De manera contraria, en los partidos políticos sólo tres de cada diez jóvenes se relaciona con el partido mas no influye de manera directa en las decisiones.

Los jóvenes requieren de cauces institucionales que les permitan participar de forma más activa en la vida política del país; puesto que más del 30% de la lista nominal 2015 son jóvenes entre 18 a 29 años de edad. Es por ello que los partidos políticos como instituciones de interés público e importante toma de decisiones, tienen la obligación de ejercer políticas internas y externas de apoyo a la juventud, que procuren su crecimiento, capacitación y formación política y ciudadana.

Así mismo, es destacable el significativo aumento de participación por parte de los jóvenes en las elecciones presidenciales de 2012, siendo que los jóvenes de entre 18 y 24 años participaron en un rango mayor a la participación de este grupo de edad en las elecciones de 2006, siendo así que el porcentaje de jóvenes que ejercieron su derecho al voto en 2012 fue de 63% en comparación con el 49% de seis años antes.

Aunado a lo anterior es importante mencionar que las responsabilidades de las instituciones políticas como parte de la sociedad y su realidad están obligadas a una toma de decisiones responsables puesto que son un conducto de expresión por parte de la ciudadanía (Sartori 1976), por ello deben de definir su papel social con el objetivo de fomentar la participación política de los ciudadanos, siendo así un medio y recurso de apoyo a la población convirtiéndose en un instrumento no sólo de participación política sino en un instrumento social para la mejor calidad ciudadana. Es así que los partidos políticos deben cumplir con las funciones de expresión y canalización, además de permitir una comunicación expresiva, la cual permitiría a los ciudadanos comunicar sus necesidades y preocupaciones de manera más directa al Estado.

Por ello, considero necesario la creación de una acción afirmativa que permita a la juventud capacitarse cívica y políticamente, instruyendo a los partidos políticos a que el 2% del financiamiento público ordinario sea destinado para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, con el objeto de que esto contribuya al mejoramiento de la vida política de nuestro país.

Los partidos políticos deben tener presente que la participación de los jóvenes no consiste ni se limita a la participación electoral como votantes, sino que debe ser entendida como una formación en la renovación de los liderazgos políticos dotados de una responsabilidad ética, ciudadana y social.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Así, la presente iniciativa pretende reformar la fracción IV y adicionar la fracción VI al numeral 1, inciso a), del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, para establecer la obligación de los partidos políticos a destinar el dos por cierto de su financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes.

Cabe señalar que el grupo poblacional que se entiende como juventud es el descrito en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, es decir hasta los 29 años de edad y así queda previsto en el texto legal propuesto.

Con base en lo anteriormente expuesto, dispongo a la consideración del pleno de ésta H. Cámara de Diputados la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL NUMERAL 1, INCISO A), DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS para quedar como sigue:

Artículo 51.

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. a III. ….

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo;

V. …

VI. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por ciento del financiamiento público ordinario. Para efectos de esta disposición, se entenderá por jóvenes a las personas comprendidas en la edad determinada por la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Dip. José Luis Oliveros Usabiaga.

1 Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México, Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud Instituto Mexicano de la Juventud, Secretaria de Desarrollo Social, agosto de 2013





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Filantropía en México es la prueba irrefutable de la gran voluntad de aquellas personas y organizaciones sin fines de lucro que pretenden construir una sociedad más justa y equitativa, proporcionándoles a todas las personas las mismas posibilidades de desarrollo. 

Como prueba de lo anterior, la costumbre de los ciudadanos al comprar un producto y ceder o donar la cantidad sobrante en los centros comerciales se ha vuelto un incentivo fundamental en la civilidad mexicana.

Los programas de redondeo que implementan las instituciones sociales y comerciales se vuelven pieza importante para el progreso de aquellos proyectos a favor de causas de beneficencia. 

Cabe resaltar que esta práctica solidaría se ha establecido como una forma fácil de recaudar fondos de carácter privado, con la finalidad de poder financiar a las organizaciones civiles,  para que estas a su vez, puedan cumplir con sus fines. 

Desafortunadamente, el redondeo se ha vuelto una problemática que repercute de manera directa en los intereses de aquellas personas y organizaciones sociales que dependen directamente de este recurso. 

Es en razón de lo anterior que el esfuerzo de las organizaciones civiles y de asistencia social deja de ser reconocido por la sociedad en general, gracias al comportamiento de aquellas instituciones que lucran con el recurso que se origina de las campañas de beneficencia social. Toda vez, que no exponen mecanismos de transparencia en sus procesos de recaudación.

Es importante mencionar que los encargados de organizar los programas de redondeo con fines determinados, muchas veces lo hacen en nombre propio y así poder deducir sus impuestos, y presentarlos como si fueran recursos de la misma empresa. 

En este sentido, resulta urgente sujetar los donativos a un régimen más transparente, para que los establecimientos comerciales, las empresas privadas o sucursales que realizan campañas de redondeo, no tomen ventaja en el uso y destino del capital recolectado en beneficio de su propio interés, y no afecten la voluntad altruista de todas las personas y organizaciones que participan en aras del desarrollo social. 

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que aun y cuando existe diversas campañas altruistas en México, entre ellas el redondeo, la difusión de información respecto de las donaciones y los organizaciones civiles que beneficiaran a ciertos grupos vulnerables en el país no cuentan con una normatividad que las impulse a mantener una transparencia en sus operaciones por lo que los beneficiados y ciudadanos desconocen los recursos que se generan, así como el proceso que integra cada una de estas campañas.

En la actualidad existen un sinnúmero de quejas a través de diversos medios públicos y privados. Esto en razón de la gran inconformidad que existe por parte de los ciudadanos en contra de las organizaciones civiles, empresas, establecimientos, tiendas e instituciones financieras, por la falta de rendición de cuentas sobre los donativos, su uso y su destino final, originados de las campañas de redondeo.  

El segundo punto importante de este tema, es la gran manipulación  que existe en los mecanismos que son utilizados para realizar los redondeos y las donaciones. Ya que con frecuencia se les induce a los clientes a redondear sus centavos en apoyo a campañas de beneficencia social, por lo que esta situación hace que surja desconfianza por parte de la sociedad, al grado de no saber cuál es el verdadero destino de su dinero y de qué forma y como se comprobara la donación. 

No es posible que siendo esta actividad la fuente de recursos financieros de mayor importancia para los sectores más vulnerables del país, aun no se le dé la importancia que realmente merece.

Se considera importante saber que en la actualidad no se cuanta con una legislación que regularice la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las empresas que intervienen en la realización de este tipo de prácticas altruistas en el país.

Para esto es indispensable que se haga presente la voluntad de las autoridades financieras, con el objetivo de tomar cartas en el asunto, y poder construir mecanismos que contribuyan eficientemente a remediar la problemática que se presenta en la actualidad.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito someter a este Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO

Único. Se adiciona un párrafo tercero a la fracción I del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

ARTICULO 28.-  Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 

I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de los patrones, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo.

Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que entregue el contribuyente, en su carácter de retenedor, a las personas que le presten servicios personales subordinados ni los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que hubiere pagado efectivamente, inclusive mediante compensación.

Tratándose de establecimientos comerciales y personas morales que presten sus servicios y que reciban ingresos por la realización de campañas de redondeo en beneficio de asociaciones civiles, asistencia social o personas morales con fines no lucrativos, éstos no participarán en la deducción de impuestos respecto de los recursos obtenidos. Así mismo, las personas morales y empresas deberán registrar los recursos obtenidos durante la campaña de redondeo y enviar la información al Sistema de Administración Tributaria a fin de ser publicado en los portales electrónicos, junto con el nombre de la organización social, la cantidad otorgada por el establecimiento comercial y el sector que será beneficiado.

II a XXXI …

ARTICULO 29. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

La que suscribe, MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República de la LXII legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la sociedad actual, nuestra forma de vida ha cambiado, en gran medida, debido la influencia de las nuevas tecnologías.

A nivel general, y especialmente en la niñez y en la adolescencia, los medios de comunicación han adoptado un papel determinante en su formación y educación.

La televisión había sido el medio más influyente. Sin embargo, actualmente se han ido introduciendo a gran velocidad en nuestras vidas otras tecnologías. De este modo, hoy por hoy convivimos con grandes dosis no solo de televisión sino también de Internet, telefonía móvil y videojuegos, principalmente.

Existen múltiples dispositivos y día a día surgen nuevas aplicaciones, las nuevas tecnologías que, inicialmente, surgen con el objetivo de mejorar y hacer nuestra vida más fácil y cómoda, pueden llegar a generarnos problemas. El uso que hagamos de ellas va a determinar sus consecuencias en nuestra vida.

Según lo señala la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) expanden las posibilidades de la comunicación, genera nuevas culturas y posibilita el desarrollo de nuevas habilidades y formas de construcción del conocimiento.

En la actualidad los medios derivados de las TIC que más utilizan los niños, niñas y adolescentes son la Internet, el chat, los teléfonos móviles y las redes sociales. Muchos de estos medios proporcionan lo mismo información nociva o benéfica para su formación integral. Su correcto uso radica en enseñar a reflexionar, comprender la realidad que se presenta a través de éstos y actuar de manera responsable y consiente en este entorno.

En la educación las TIC, en sentido positivo, pueden  desempeñan las siguientes funciones:

1. Medio de expresión.

2. Canal de comunicación.

3. Medio para procesar la información.

4. Fuente abierta de información.

5. Instrumento para la gestión administrativa y tutorial.

6. Herramienta de diagnóstico.

7. Medio didáctico.

8. Generador de nuevos escenarios formativos.

9. Medio lúdico para el desarrollo formativo.

10. Apoyo a los contenidos curriculares para la incorporación de competencias y conocimientos.

El uso de las TIC por los jóvenes

Mientras que en América Latina y el mundo el principal punto de acceso a internet sigue dándose a través de computadoras de escritorio o laptops, en México destaca el fenómeno contrario.

De acuerdo con los datos de la empresa analista de mercado ComScore, en el país la mayor parte de la conectividad se realiza a través de móviles.

Las cifras revelan que de la conectividad total vía móvil de América Latina, un 13.9% se concentra en México, lo que ubica este tipo de conectividad en el país por encima de la que tienen sus pares latinos como Brasil o Argentina.

En México, 9.4% de los 42 millones de internautas se conectan a internet a través de un teléfono inteligente mientras que en Brasil lo hace 4.4% de la población, Argentina 5% y en Chile 8.2%, según datos ComScore.

La mayor parte de la conectividad en México se da a través de redes abiertas y públicas wi-fi, y no en planes de datos privados, a diferencia de lo que sucede en países como Brasil, Argentina o Chile, en donde el porcentaje promedio de personas que se conectan a internet a través de wi-fi ronda 30%, en México, este porcentaje es de 94.7% contra 5.3% de personas que se conectan a través de planes de datos privados.

Estás cifras nos dan claridad de que la Internet es usada como el medio de las TIC más popular entre los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Si bien, hay una gran cantidad de ellos que no tienen acceso a la Internet, la tendencia hacia la universalización de su uso es clara.

Los jóvenes ven en las tecnologías de la información la posibilidad de ampliar sus círculos de amigos. Muchos de ellos dedican más tiempo a la comunicación en línea, el chat, actualización de Facebook,  twitter y visitas a youtube".

Estás páginas, que son las más visitadas, permiten a los niños, niñas y adolescentes construir redes sociales y estar al tanto de lo que será entre sus grupos la noticia del día siguiente. Es decir, se están conformando como aspectos de su cotidianeidad, sin precisamente ser parte de sus actividades escolares.

No obstante, es a partir de la publicación de datos personales a través de estas redes, que los niños y jóvenes se vuelven sujetos vulnerables y posibles sujetos de delito. El 93 por ciento de los jóvenes entre 12 y 19 años que usan Internet, reportan pertenecer a alguna red social.

Los riesgos del uso de las TIC

En el caso de Internet, que es una red de redes y que carece de control por parte de alguna compañía o gobierno, los riesgos para los niños y adolescentes son variados y se concentran en la cooptación para crimen, explotación y pornografía.

Actualmente toda persona en cualquier parte del mundo puede publicar en Internet información de cualquier tipo o mantenerse en contacto permanente por este medio con millones de personas. Por ello, es responsabilidad de quien navega en Internet el visitar páginas seguras y apropiadas.

De acuerdo con diversos estudios, los principales riesgos para un niño u adolescente son:

Exposición a material impropio: el niño puede ser expuesto a material de tipo sexual, insultante o violento, o que aliente a realizar actividades que sean peligrosas o ilegales.

Molestia física: el niño puede suministrar información o concertar un encuentro con terceros que lo ponga en peligro a él o a otros miembros de su familia.

Hostigamiento: el niño puede recibir correos electrónicos o mensajes electrónicos acosadores, degradantes o beligerantes.

Riesgos legales y financieros: el niño puede hacer algo que tenga consecuencias legales o financieras negativas, como dar el número de tarjeta de crédito de sus padres o hacer algo que viole los derechos de otra persona.

Existen sitios y grupos de noticias que incitan a la intolerancia, violencia, pornografía infantil, material sexual, a las drogas, tabaco o alcohol.

Las cifras del delito en Internet

De acuerdo con el último Reporte Global de Cibercrimen Norton (2013), en los últimos 12 meses, al menos 378 millones de usuarios web fueron víctimas de situaciones que van desde la recepción de virus o malware, el robo de identidad y el ciberbullying, hasta el hackeo de cuentas, fraude financiero o la difamación de fotografías y videos íntimos. Extrapolado, los delitos vulneran a más de un millón de cibernautas cada día, lo que equivale a 12 cada segundo.

La policía cibernética de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) ha investigado 994 delitos e incidentes en internet relacionados con fraude, robo de identidad, trata de personas, pornografía infantil y ciberbullyng.

Víctor Hugo Ramos Ortiz, subsecretario de Información e Inteligencia Policial, señaló que los niños y jóvenes continúan siendo la población más vulnerable, debido a que informan en Facebook, Twitter y otras redes sociales su vida cotidiana.

Puntualizó que de los 45 millones de usuarios que hay en el país, 15 millones son menores de 17 años, y que pueden ser victimizados por dar a conocer su vida, sin conocer la importancia y el valor de los datos personales, y el desconocimiento de las políticas de privacidad de los sitios.

Además del incremento de casos de jóvenes que al ser novios intercambian fotografías eróticas y al terminar la relación las exponen en las redes sociales, denominando estos actos como “sexo revancha”.

Acciones emprendidas

1. En julio de 2009 se creó el "Memorándum de Montevideo", el cual habla sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales de Internet, particularmente para niños, niñas y adolescentes.

En el documento, se señala que "En América Latina y el Caribe –así como en otras regiones– se están realizando valiosos esfuerzos para establecer un equilibrio entre la garantía de los derechos de acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento y la protección ante los riesgos inherentes al uso de tecnologías de la información".

2. En México hizo la presentación oficial del Memorándum, con la participación de diversas autoridades gubernamentales. Con ello, hizo pública la necesidad de emprender acciones a favor del correcto uso de la Internet por parte de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y por brindarles protección mientras desempeñas esta actividad.

3. Por su parte, la SEP a través de sus programas educativos brinda a los niños elementos cívicos y éticos, así como de cuidado personal que pudieran considerarse elementos clave para que no caigan en manos de la delincuencia cibernética.

Sin embargo, se debe garantizar que estás herramientas se encaminen hacia el correcto uso de la Internet y las nuevas tecnologías, para que se le muestre a los niños, niñas y adolescentes tanto los riesgos como las ventajas, que sin duda son muchas.

CONCLUSIONES

Si en el país no contamos aún con herramientas legislativas que protejan los datos personales de nuestros niños y jóvenes estudiantes, los convoco a atacar el problema por otra vía: Con educación.

Mientras que a nuestros niños, niñas y adolescentes se les eduque en el correcto aprovechamiento de la tecnología en beneficio de su desarrollo personal, estaremos generando una barrera infranqueable para que ellos no caigan en manos de delincuentes cibernéticos, ni tengan incentivos para desviarse hacia la búsqueda de temas nocivos para su formación.

Al respecto, el Memorándum de Montevideo propone a las autoridades educativas de los países:

1) Educar en el uso responsable y seguro de la Internet y las redes sociales digitales.

2) Producir material didáctico al respecto.

3) Capacitar a los docentes en el tema.

4) Dar información a los padres de familia y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes en los ambientes digitales.

En tal sentido y considerando que el uso de la Internet es para las nuevas generaciones una necesidad, tanto para el esparcimiento como para la educación, la legislación educativa debe contemplar la "educación en el uso de la Internet" dentro de los planes y programas de estudio.

Para muchos, podría parecer "ridículo" educar en el uso de Internet cuando en muchas escuelas los estudiantes no tienen acceso a dichas tecnologías y cuando existe una brecha digital significativa en el país. Sin embargo el número de jóvenes que hacen uso de la Internet para fines distintos a los educativos está creciendo y dichas actividades los está poniendo en peligro.

Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo 2 y se adiciona una fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación

Único. Se modifica el segundo párrafo del artículo 2 y se adiciona la fracción XV Bis al artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o.….

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos útiles para el desempeño del individuo en la vida cotidiana y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

Artículo 7o.-……

I.- XVI…

XVII. Educar en el uso correcto de la Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación, con el fin de que cuenten con las herramientas necesarias para reflexionar y hacer un uso seguro de estos medios y cuenten con las los conocimientos y capacidades para combatir el cyberbullyng, groomign y todas las formas de acoso a través de internet.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por los Diputados Edith Avilés Cano y Javier Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe Diputada EDITH AVILÉS CANO y el Dip. JAVIER FILIBERTO GUEVARA GONZÁLEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, fracción I,77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3; REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 10; Y MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, a tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, los distintos órdenes de gobierno se encuentran facultados para diseñar y llevar a cabo programas sociales que tengan por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos con los que cuentan todos los habitantes del territorio nacional, lo cual se encuentra consagrado a lo largo del texto constitucional, pero adicionalmente y de manera amplia, con la reforma del 2011 en los tratados internacionales aprobados por México. Y es que de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), todas aquellas facultades que no están expresamente concebidas por nuestra Carta Magna a los servidores públicos federales, se entienden reservadas a los de los Estados.

Las reglas de operación de las políticas públicas no sólo contienen la forma de acceder a los programas sociales, sino también los requisitos y los sujetos que son afines a ellas, lo que establece los lineamientos que deben seguir los individuos y/o las colectividades que pretendan acceder a estos beneficios.

En nuestras leyes obra una terminología jurídica basta con la que son redactados las bases y lineamientos a los que deben sujetarse los programas sociales; los que debiera buscar ampliar no sólo en la teoría el principio de  accesibilidad, sino también en la práctica, buscando el sentido más amplio posible de otorgamiento.

De ahí que sería importante incluir el término accesibilidad a nuestra Ley General de Desarrollo Social como concepto aglutinador de las demandas sociales, que se refiere a la capacidad que tienen los individuos o las colectividades de acceder a los beneficios otorgados por el Estado de manera expedita y sencilla, para su correcto desenvolvimiento.

El concepto ha sido reconocido ampliamente a nivel internacional, principalmente en diferentes tratados en los que México es parte como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, Costa Rica; el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención sobre la Protección y Promoción de las Diversidad de las Expresiones Culturales, Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; Convención sobre los Derechos del Niño; entre otros tratados.

En efecto, la terminología con la que se hacen las leyes debe dejar de ser ajena a los ciudadanos, por lo cual es necesario definir de manera clara los conceptos básicos y los principios bajo los que la Administración Pública, ya sea Federal, estatal o municipal, permite el acceso a los programas sociales. Ello enaltece no sólo la conceptualización de nuestra norma, sino también genera un compromiso legítimo de mayor apertura, creando los mecanismos para superar problemáticas específicas como los relativos al acceso a los servicios de salud, la pobreza o la desigualdad.

Uno de los objetivos principales de los programas sociales en nuestro país es garantizar de manera plena el derecho de las personas o de las colectividades, para permitir su correcto desenvolvimiento y desarrollo humano. Ello quiere decir que las políticas públicas tienen el propósito de enfrentar situaciones específicas que no pongan en riesgo la integridad de los mexicanos por situación de discriminación o por carencia económica.

Impulsar un mejoramiento constante de los niveles de vida y, por lo tanto, otorgar una amplia atención del gobierno, es uno de los principales retos que debe enfrentar el Poder Ejecutivo, apoyado invariablemente desde el Poder Legislativo, por medio de la creación de mejores leyes para la sociedad.Pese a los múltiples esfuerzos legislativos y de los órganos administrativos especializados, la realidad es que siguen predominando hondas diferencias entre los distintos sectores sociales en las entidades federativas, municipios y delegaciones, lo que también demanda su responsabilidad.

En un Estado como México, los programas sociales se encuentran delineados por los principios de la CPEUM, pero de manera particular se plantean en las leyes secundarias, pudiéndose apreciar la normatividad particular de cada uno de ellos.Con el objetivo de hacerlos más accesibles y garantizar una mayor cobertura es necesario establecer en ellos requisitos más flexibles, una conceptualización más robusta, pero sobre todo, hacerlos operar correctamente en la realidad.

Por ejemplo, el Programa de Infraestructura Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que promueve y ejecuta acciones para contribuir el abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica,exige para su acceso que al menos el cuarenta por ciento (40%) de los habitantes de una población se identifiquen como indígena y que tengan entre 50 y 15 mil habitantes; de manera ejemplificativa,muchas comunidades hidalguenses han quedado fuera y no han logrado solicitar su inscripción como elegibles, en razón de que el porcentaje de población que ha sido establecido (40%) es demasiado alto, por lo que uno de los propósitos que las instituciones deben tener en cuenta es ampliar su cobertura, con tal de que este tipo de requisitos sea disminuido o bien, sea matizado, para que exista un alto nivel de accesibilidad.

De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación e la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en materia de acceso a los derechos sociales, se aprecia un importante incremento en la cobertura de servicios básicos (educación, salud y vivienda). Sin embargo, aún queda una importante tarea ¿qué hacer para universalizar la cobertura y la calidad de los servicios?

El acceso efectivo a los derechos sociales debe ampliarse de manera tal que todos los grupos vulnerables como los indígenas, discapacitados, adultos mayores y mujeres, puedan acceder a ellos de acuerdo con su condición específica.

La problemática por la que atraviesa la economía y las finanzas internacionales desde hace algunos años, ahondan las dificultades sociales en nuestro país. El poder adquisitivo se ha visto reducido desde 1992, las crisis económicas de 1994 y 2009 han afectado la economía, la crisis alimentaria y la volatilidad de los precios desde 2007 afectan a los sectores sociales más desfavorecidos, provocando falta de crecimiento y de productividad en largo plazo.

De acuerdo con la CPEUM, todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Dentro de esas autoridades se encuentra, sin duda, el Poder Legislativo mexicano, por lo que con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos es necesario reformar la Ley General de Desarrollo Social, con la finalidad de fortalecer los elementos jurídicos y administrativos para la accesibilidad de los apoyos en los distintos órdenes de gobierno.

CUADRO COMPARATIVO DE LA PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:

I a

X. …

 

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:                                                     

I a X …

XI. Principio cualitativo que permite que todas las personas puedan acceder de manera plena y efectiva a los programas sociales otorgadas por el gobierno, independientemente de sus cualidades intrínsecas.

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

II. Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación, recursos y cobertura;

 

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

II. Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación que deberán estar sustentadas en el principio de accesibilidad a todas las personas interesadas así como a sus recursos y cobertura;

Artículo 50. La Comisión Nacional estará facultada para atender la solicitud de colaboración de los sectores social y privado cuando se traten asuntos de su interés o competencia, y sus funciones son las siguientes:

i.  …

II. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo social en los ámbitos regional, estatal y municipal;

Artículo 50. La Comisión Nacional estará facultada para atender la solicitud de colaboración de los sectores social y privado cuando se traten asuntos de su interés o competencia, y sus funciones son las siguientes:

i. …

II. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo social en los ámbitos regional, estatal y municipal; y que éstos sean de fácil comprensión para garantizar su accesibilidad.

 

Conforme con los argumentos anteriores, se somete al análisis y consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XI del artículo 3, se reforma la fracción II, del artículo 10 y la fracción II del Artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:

I a X. …

XI.- Accesibilidad: Principio cualitativo que permite que todas las personas puedan acceder de manera plena y efectiva a los programas sociales otorgadas por el gobierno, independientemente de sus cualidades intrínsecas.

Artículo 10.Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

I…

II.- Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación que deberán estar sustentadas en el principio de accesibilidad a todas las personas interesadas así como a sus recursos y cobertura;

Artículo 50. La Comisión Nacional estará facultada para atender la solicitud de colaboración de los sectores social y privado cuando se traten asuntos de su interés o competencia, y sus funciones son las siguientes:

I.  …

II. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo social en los ámbitos regional, estatal y municipal; y que éstos sean de fácil comprensión para garantizar su accesibilidad.

TRANSITORIOS

Único.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Atentamente

Dip. Edith Avilés Cano.- Dip. Javier Filiberto Guevara González.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI)

ENRIQUE BURGOS GARCÍA, en mi carácter de Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en artículo 71 y la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a la luz de lo previsto por los artículos 8, párrafo 1, fracción I; 164, párrafos 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, por el digno conducto de esa H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito presentar la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS DISPOSICIONES Y SE REFORMA UN PRECEPTO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, SOLICITANDO SE TURNE AL ESTUDIO Y DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE CORRESPONDA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En la generalidad de la sociedad mexicana compartimos el criterio de que la educación constituye un elemento singular de nuestra comunidad para la superación personal y colectiva. Los mexicanos atribuimos a los procesos de enseñanza-aprendizaje la trascendencia de fomentar el enriquecimiento personal y social a través de la transmisión sistemática, ordenada y sujeta a evaluación de los conocimientos.

En ese sentido, el artículo 3° de nuestra Constitución establece con determinación singular el derecho de toda persona a recibir educación, la gratuidad de la que imparta el Estado y la obligatoriedad de toda mexicana o mexicano por cursar la educación preescolar, primaria y secundaria y, en los términos del Decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de febrero de 2012, la educación media superior.

En el mundo del Siglo XXI es preciso reconocer los múltiples fenómenos de internacionalización de los procesos políticos, económicos, sociales y culturales. Tal vez como pocas veces en la historia del mundo, los portentosos avances tecnológicos entrañan una más dinámica y reiterada interrelación entre los pueblos del orbe. Hoy muchos pueblos y sociedades del exterior se encuentran más próximas a nuestra realidad y, a su vez, nuestro pueblo y nuestra sociedad se hayan más cercanos a una multitud de pueblos y sociedades contemporáneos de distintas tradiciones históricas y culturales.

A partir de distintos hechos de la historia del mundo de los últimos dos siglos, se ha venido afirmando la difusión y la enseñanza del idioma inglés como una lengua que facilita a los pueblos con una lengua materna distinta, acceder plenamente al intercambio de ideas, conocimientos e información no sólo generada o proveniente de las sociedades que hablan el inglés como lengua materna, sino de sociedades que encuentran en ese idioma un amplio espectro de comunicación con pueblos que presentan una situación similar.

En alguna medida y sin demérito de la riqueza lingüística del mundo y del valor de toda lengua contemporánea, el inglés se ha venido afirmando como la lingua franca de nuestro tiempo.

Sin demérito de lo anterior, nuestro país comparte frontera territorial con los Estados Unidos de América, país con el que en 1993 suscribimos, de consuno con Canadá, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se trata no solo del espacio comercial más relevante para nuestro país, dadas las características de nuestros socios, sino de la vecindad con un país de aproximadamente 320 millones de habitantes con la economía más poderosa del planeta y en la cual reside una comunidad con orígenes directos o indirectos en México de más de 33 millones de habitantes.

Nuestra ubicación geográfica, los compromisos de desarrollo económico regional, la interrelación de nuestro país con la sociedad estadounidense a través de los más variados intercambios y, en particular, del fenómeno migratorio que históricamente se ha producido, recomiendan en forma creciente la pertinencia de que en nuestro país el proceso educativo incluya la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la educación básica, con el objetivo de que se establezca como una verdadera herramienta lingüística por el dominio que se alcance de ella a través de programas de estudio específicamente diseñados con ese propósito.

De las consideraciones básicas que podemos realizar con cualquier grupo de padres de familia con hijos en edad de recibir la educación básica, podremos concluir que válidamente aprecian como un elemento útil a la formación personal de sus hijas e hijos, la posibilidad de acceder al aprendizaje de un idioma adicional a su lengua materna, y particularmente al aprendizaje y dominio del idioma inglés. Si una familia toma la definición de que sus hijos en edad de cursar la educación básica en instituciones públicas accedan al aprendizaje del idioma inglés, requerirían hoy de realizar una erogación relevante para su inscripción en instituciones especializadas. En ese sentido, la adopción de las determinaciones inherentes a la enseñanza de esa lengua entre nuestra población como una política pública, generaría un beneficio relevante para las alumnas y los alumnos del sistema educativo nacional, tanto cultural como social e incluso a la economía familiar.

Incluso en el ámbito de la rica pluralidad lingüística de nuestro país y de las comunidades que tienen como lengua materna a una lengua indígena, la enseñanza del idioma castellano para los miembros de dichas comunidades, no estaría reñida con el acceso al aprendizaje del idioma inglés.

Conforme a la información disponible al bienio 2010-2011 a través de la organización “EducationFirst” (Educación Primero), en el país cerca del 9% de nuestra población es bilingüe, al tiempo que México ocupa el lugar número 38, población que habla inglés de un total de 54 países, superándonos en América Latina en el porcentaje de su población que habla inglés la República Argentina, la República Oriental de Uruguay, la República del Perú y la República de Costa Rica.

Esta iniciativa se inspira en la convicción de que en la educación básica resulta indispensable optimizar las habilidades intelectuales de las y los educandos; impulsar el desarrollo de las inteligencias múltiples; fomentar la experimentación y la capacidad de investigación; fortalecer las capacidades propias de aprendizaje; promover la innovación constante; abrir espacios para la creación de nuevos conocimientos, y ofrecer las herramientas necesarias para su incorporación a los modernos sistemas y tecnologías de la información. En este orden de ideas, la enseñanza del idioma ingles resulta relevante.

Ante los desafíos presentes de un mundo internacionalizado, estamos llamados a adoptar posturas de aliento a la ampliación de las perspectivas de desarrollo de nuestra población, para afirmar la factibilidad de acceder a mejores niveles de vida. Es por ello que incorporar la enseñanza obligatoria del idioma inglés en la educación básica, representa la posibilidad de dotar a la población del país de un instrumento útil para elevar sus capacidades de desenvolvimiento personal y para elevar sus capacidades competitivas de toda índole.

Si a través de la reforma legal que se propone se sientan las bases para la impartición y aprendizaje del idioma inglés entre las alumnas y los alumnos que cursan la educación básica, podrán acceder a un mayor cúmulo de conocimientos para el fortalecimiento de su formación.

Sobre la base de las atribuciones del Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio de la educación básica, estimamos que en los mismos debe incluirse la enseñanza obligatoria del idioma inglés, a fin de aportar un elemento de conocimiento útil para el futuro desarrollo de los educandos en una sociedad contemporánea donde el conocimiento y dominio de esa lengua le permitirá no sólo desarrollar y dinamizar cualesquiera actividades con países donde el inglés sea la lengua materna, sino también con los pueblos de otros países que asuman la pertinencia de fomentar la enseñanza del inglés como una segunda lengua para facilitar la comunicación de todo tipo con los demás pueblos y naciones de nuestro planeta.

En la Ley General de Educación vigente, su artículo 7° contempla la expresión de distintos fines del proceso educativo. A su vez, en su artículo 14 se prevé el señalamiento de atribuciones concurrentes de las autoridades educativas federal y locales. Adicionalmente, en su artículo 48 se contienen disposiciones relativas a las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública para determinar los planes y programas de estudio para entre otras, la educación básica.

En la presente iniciativa de adiciones a los preceptos de la Ley General de Educación, se plantea vincular el propósito de enriquecer el proceso educativo de las alumnas y los alumnos que cursan la educación básica, mediante la enseñanza del idioma inglés, a través de identificar un objetivo teleológico para sustentar esa definición de política pública, corresponsabilizar a los órdenes federal y locales de la tarea correspondiente e incorporar dicho propósito del proceso de enseñanza-aprendizaje en el establecimiento de planes y programas de estudio.

Si en el artículo 7° de la Ley General de Educación se establecen diversos objetivos teleológicos de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudio, a partir de la filosofía presente en el artículo 3° constitucional, nos parece pertinente vincular el propósito de enseñar el idioma inglés a quienes como alumnos formen parte del sistema educativo nacional en los planteles de educación básica, mediante su vinculación con dicho pensamiento. Así, si un objetivo teleológico del proceso educativo bajo la responsabilidad del Estado es fomentar en toda persona “la conciencia de la solidaridad internacional”, el hecho de acceder al conocimiento y dominio de una lengua extranjera que mundialmente ha cobrado una importancia singular para la comunicación entre los distintos pueblos y sociedades del orbe, resulta factible proponer que, entre otros, un fin de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, sea: “Promover la conciencia de la solidaridad internacional, mediante la enseñanza de otras lenguas y, en particular, del idioma inglés.”

En virtud de la sistemática del artículo 7° en vigor de la Ley General de Educación, se propone realizar la adición consecuente como fracción IV Bis a ese precepto.

Por otro lado, como se ha mencionado, en el artículo 14 del ordenamiento mencionado se señalan actualmente las atribuciones en materia educativa que de manera concurrente les corresponde ejercer a las autoridades educativas federal y locales. Aquí estamos ante el establecimiento de acciones específicas de políticas públicas que les corresponde planear, programar, presupuestar, ejecutar y evaluar a los mencionados órdenes de gobierno.

En este orden de ideas, se plantea que en el contexto de la sistemática del mencionado artículo 14 de la Ley General de Educación, se adicione una fracción X Ter, para establecer la atribución de: “Promover e impulsar en el ámbito de su competencia los programas relacionados con la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, de conformidad con los planes y programas de estudio de la educación básica.”

Al considerar esta propuesta de adición al artículo que atiende el señalamiento de atribuciones concurrentes de las autoridades federales y locales en materia educativa, no se desconoce que en diversas entidades federativas, destacadamente aquellas que se ubican en la frontera norte de nuestro país, se han venido realizando esfuerzos propios para impulsar la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Al reconocer esos avances, es necesario promover una política pública nacional que, al fomentar ese objetivo educativo, distribuya también las cargas presupuestales correspondientes entre los ámbitos de gobierno federal y locales.

Por otra parte, dado que corresponde –como ya se adelantó- al Ejecutivo Federal determinar los planes y programas de estudio de la educación básica –preescolar, primaria y secundaria-, en términos de los preceptos de la Ley General de Educación relativos a los contenidos de dichos planes y programas, se propone reformar el primer párrafo del artículo 48 de este ordenamiento para que en la determinación de los planes y programas de estudio para la educación básica, se incluya la enseñanza obligatoria del idioma inglés.

En tal virtud, dicho párrafo se complementaría con la mención de que: “En los planes y programas de estudio de educación básica se incluirá la enseñanza obligatoria del idioma inglés.”

Al plantear la presente iniciativa se tiene conciencia de que la planeación e implementación de disposiciones legales de la naturaleza de las propuestas requieren de tiempo, formación de recursos humanos, previsión y disposición de material didáctico y su compatibilización con las múltiples tareas inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación básica.

En ese sentido, se plantea en el proyecto de Decreto un régimen transitorio que permita la adopción paulatina y continua de las decisiones necesarias para concretar el propósito de enriquecer la formación de las alumnas y alumnos de educación básica de nuestro país con la enseñanza obligatoria del idioma inglés.

En virtud de lo expuesto y fundado, me permito proponer el siguiente

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES Y SE REFORMA UN PRECEPTO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

ÚNICO.- Se adicionan la fracción IV Bis al artículo 7°; y la fracción X Ter al artículo 14; y se reforma el primer párrafo del artículo 48 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7°.- …

I. a IV. …

IV Bis. Promover la conciencia de la solidaridad internacional, mediante la enseñanza de otras lenguas y, en particular, del idioma inglés.

V. a XVI. …

Artículo 14.- …

I. a X Bis.

X Ter. Promover e impulsar en el ámbito de su competencia los programas relacionados con la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, de conformidad con los planes y programas de estudio de la educación básica.

XI. a XIII. …

Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley. En los planes y programas de estudio de educación básica se incluirá la enseñanza obligatoria del idioma inglés.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La implementación de la enseñanza obligatoria del idioma inglés en la educación básica se efectuará de manera gradual y creciente, a partir del ciclo escolar 2016-2017. Las determinaciones del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para incorporar a los planes y programas de estudio de la educación básica la enseñanza del inglés considerarán un proceso no mayor de doce años lectivos para la impartición de esa asignatura en, por lo menos, seis años lectivos de la propia educación básica. Los procesos de planeación, presupuestación y ejecución de las políticas públicas correspondientes de la dependencia federal mencionada y de los Gobiernos de los Estados atenderán a dicho objetivo, sobre la base de la colaboración y coordinación para alcanzar el objetivo de política pública de este Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que contravengan el contenido del presente Decreto.

Muy atentamente

Sen. Enrique Burgos García.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a investigar, denunciar y, en su caso, proceder en contra de quien resulte responsable, derivado de las irregularidades evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2003-2012 en las obras contratadas con grupo Tradeco. Se turna a la Tercera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo.

CONSIDERACIONES:

El servicio público es una de las actividades profesionales más nobles que puede ejercer un ciudadano debido a la oportunidad de servir a México y a sus habitantes.

Lograr un desempeño satisfactorio en este ámbito, demanda del servidor público circunscribir todas sus actividades durante el ejercicio de sus funciones, al estado de derecho, para brindar certeza y seguridad permanentemente a la gente.

Otro factor indispensable en beneficio de la confianza ciudadana -de la cual debe allegarse cualquier gobernante- es la ética, entendida como la acción para conducirse sobre lo correcto en términos de lo justo, lo virtuoso y la legalidad.

Gobernar no es sinónimo de administrar, representa llevar a cabo acciones que permitan transformar vidas, máxime en un país con una brecha de desigualdad tan amplia como ocurre en México.

En esta racionalidad, hacer uso eficiente de los recursos económicos de los que dispone la Federación, como mandata el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, significa más que una prescripción de nuestro máximo ordenamiento jurídico y del régimen de sanciones penales, observar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la ejecución de obras públicas.

Lamentablemente, no siempre ocurre así. Existen excepciones de servidores públicos que optan por sustraerse de las conductas legales y honestas para beneficiarse en lo particular, como fue el caso ampliamente publicitado en diversos medios de comunicación, durante las administraciones de los sexenios correspondientes a los periodos 2000-2006 y 2006-2012 con particulares adscritos a Grupo Tradeco.

Grupo Tradeco, es una empresa constructora y desarrolladora de infraestructura, con capital 100 por ciento mexicano, fundada el 18 de febrero de 1992 y dirigida por Federico Alberto Martínez Urmaneta, según se lee en su portal electrónico1 . Está conformado por empresas especializadas como: Tradeco Infraestructura; Industrial; Urbana; Ingeniería; Innovaciones Técnicas en Cimentación (ITECSA); Compañía Mexicana de Taxis Aéreos (COMETA); Avance Concesionarias y Operaciones y Rentas Costa Afuera (ORCA), entre otras.

En diversas publicaciones se ha ventilado que sus ingresos representan una facturación anual de 800 millones de dólares, es decir, representa una empresa exitosa por sus proyectos logrados en obras públicas en diversas latitudes del mundo.

Lamentablemente no todas las obras de Tradeco han operado bajo las mejores prácticas del sector, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, le ha reclamado a la constructora distinguida del sexenio 2006-2012 más de 400 millones de pesos en créditos fiscales. El crédito de mayor monto que el Servicio le exigió, fue de 47 millones 123 mil pesos, con motivo del incumplimiento del pago por el Impuesto al Valor Agregado, IVA, durante el 2010.

A pesar de estas acciones en contra del erario, la constructora en cita, continuó siendo la privilegiada del anterior gobierno presidencial, concediéndole más proyectos bajo la figura de adjudicación directa, como fue el caso de la autopista Durango-Mazatlán2 y el Puente Baluarte3 Bicentenario.

En este último caso, la Auditoria Superior de la Federación realizó múltiples observaciones por incumplimiento de normatividad, lo cual ocasionó que su costo pasará de los 8 mil 889 millones de pesos a los 22 mil 100 millones, en 2012. Sin embargo, la contratista permaneció activa.

El Puente Baluarte4 , reconocido en el libro Guinness de los Récords del Mundo, debido a sus características atirantadas y por ser el más alto del mundo, también es identificado como uno de los más grandes monumentos a la opacidad, corrupción e impunidad, a propósito de múltiples “errores” entre estos…

“(…) un pago con exceso de 27 millones de pesos por el concepto “Habilitado y colocación de acero estructural GRADO 50 en superestructura por unidad de obra terminada piezas puente”, debido a que aplicó un precio unitario parcial de $16.97 pesos en lugar del precio unitario contratado de $24.24 a un volumen de 1,592,800.00 kg”5

A pesar de estas acciones, la contratista preferida del sexenio anterior se privilegió de múltiples contratos con el gobierno federal. Tan solo entre 2003 y 2012 los proyectos adjudicados ascendieron a los 15 mil 143 millones de pesos6 , de acuerdo con la investigación publicada en Reporte Índigo, cuya constante fue el sobrecosto y retrasos en las obras.

Resulta evidente el daño a la hacienda pública pues también en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, presentado por la Auditoria Superior de la Federación el 20 de febrero de 2014, se dio a conocer el sobrecosto generalizado en la construcción de autopistas durante todo el 2012, destacando el gasto en la autopista Durango-Mazatlán, cuyo dictamen negativo7 presentó 45 observaciones, de las cuales solo una fue solventada, lo que derivó en sobrecostos más allá del 30 por ciento de lo invertido.

Abunda el Informe que se determinaron recuperaciones por más de mil 615 millones de pesos, de los cuales, apenas 11 millones 511 mil pesos se regularizaron y el resto, mil 604.44 millones de pesos quedaron como recuperaciones probables8 .

Asimismo, se desprende del análisis del órgano fiscalizador que las probables recuperaciones por casi mil 616 millones de pesos se debieron a errores en las diferencias de volúmenes; trabajos de mala calidad; errores en la integración de precios unitarios extraordinarios; variaciones de la tasa de interés; así como, por intereses de pagos anticipados, entre otros.

La Auditoría señaló que, no obstante, que el periodo de ejecución original de este proyecto era entre 2002 y 2010, su fecha de conclusión se modificó hasta el 2013, pasando de un monto de inversión original de 8 mil 889.9 millones de pesos a 22 mil 100.2 millones de pesos.

En suma, las irregularidades son abundantes y claras; se aprecia un claro desprecio por la conducta ética y apegada a derecho entre gobierno y contratistas, así como una franca omisión por parte del titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes9 para la recuperación de recursos mayoritaria.

Los sexenios gobernados por Acción Nacional, sin duda explican como una empresa cuyo capital inicial fue de 10 mil pesos, según constó en la escritura tirada por el notario Felipe Alfredo Beltrán, en solamente 20 años logró incrementar su capital social hasta los 30 mil millones de pesos.

El ejemplo de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses   de Tradeco justifican sus altísimas ganancias. Vale la pena recordar que en el 2003 el fundador del Grupo se incorporó a PEMEX como director ejecutivo del Proyecto Cantarell -el pozo más productivo ene se momento- y benefició a una empresa dirigida por su hijo, con un contrato por 379 millones de pesos.

La historia no concluye aquí. Recientemente, diversos medios de comunicación, publicaron las irregularidades de las nuevas instalaciones del Colegio del Aire y la respectiva ampliación de la Base Aérea Militar en Zapopan, Jalisco, ambas a cargo y por adjudicación directa en el sexenio anterior a la empresa “Avance Concesionarias S.A.P.I. de C.V.”10 también propiedad del Grupo Tradeco.

Así, una empresa con absoluto desapego a la legalidad, evasora de impuestos, omisa en el cumplimiento de contratos en los términos pactados y desatenta con la normatividad ambiental -como lo denunció la PROFEPA respecto a la manifestación de impacto ambiental para el muelle de Manzanillo en Colima- permanece activa (sin rendir cuentas) en varias obras públicas, al amparo de la impunidad que, tal vez, en el servicio público de otras administraciones era la regla.

Al tenor de estos argumentos y con las evidencias expuestas que no limitativas, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI estamos obligados a ejercer con base en nuestras facultades constitucionales la función de control sobre las acciones u omisiones del Poder Ejecutivo Federal, en este caso, durante el periodo 2003-2012 en relación con la contratista denominada Grupo Tradeco.

El objetivo es que las autoridades correspondientes como la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, investiguen y procedan en contra de quien resulte responsable por los múltiples daños en perjuicio del patrimonio del Estado, cometidos tanto por particulares como por cualquiera de los servidores públicos enunciados en el artículo 108 constitucional.

En este razonamiento, debe alertarse a las dependencias de los tres órdenes de gobierno, para que, en su caso, se abstengan de contrataciones en lo futuro con Grupo Tradeco.

El Gobierno de la República tiene un férreo compromiso con el combate a la corrupción, por ello, hacer pública la información derivada de este caso, sin duda, será un avance ejemplar en beneficio de los gobernados, quienes están ávidos por recuperar la credibilidad y confianza pérdida en los detentadores de poder.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a investigar, denunciar y en su caso, proceder en contra de quien resulte responsable, derivado de las irregularidades evidenciadas por la Auditoria Superior de la Federación en el periodo 2003-2012 con Grupo Tradeco.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública transparentar la cantidad y el nombre de los proyectos en los que participó Grupo Tradeco durante 2003-2012, que incluya el desglose de las obras con dictamen negativo por parte de la Auditoría Superior de la Federación y exponer el estado que guarda la recuperación de dichos recursos.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 27 de mayo de 2015.

Atentamente.






De los Diputados Juan Ignacio Samperio Montaño, José Francisco Coronato Rodríguez y Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a respetar los principios de equidad y proporcionalidad respecto del pago de impuestos de los contribuyentes. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputados JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO, JOSÉ FRANCISCO CORONATO RODRÍGUEZ, DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente un PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN A EFECTO DE EXHORTAR  A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD RESPECTO DEL PAGO DE IMPUESTOS DE LOS CONTRIBUYENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A partir de la imposición del Régimen de Incorporación Fiscal,  el 01 de enero del año 2014, el sector comercial que tributaba bajo ese régimen ha sufrido una serie de afectaciones a su economía de manera importante, situaciones como la obligación de generar facturas electrónicas, el pago de Contadores para el efecto de que tengan un registro tanto de sus compras como de sus ventas es una situación totalmente injusta, ya que la gran mayoría de los comerciantes que tributaban bajo éste régimen son personas que cuentan con un pequeño local para la venta de sus mercancías, en el mejor de los casos, ya que en muchos otros se trata de personas que expenden sus productos en la vía pública.

El artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

...

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

De lo anterior, se desprende que la misma norma, marca la pauta para el efecto de que las contribuciones sean de manera proporcional y equitativa a las percepciones que tengan los contribuyentes, a lo cual nunca se han opuesto los comerciantes afectados, como ha quedado de manifiesto en las diversas reuniones de trabajo que se han generado e incluso en las sendas iniciativas y puntos de acuerdo presentados.

Es importante destacar que de manera permanente se han estado generando diversas  acciones por parte de éste sector con el objeto de que se respeten sus derechos fundamentales, mismas que a continuación se señalan:

2 de Octubre de 2013 integrantes de la Fracción sostuvimos una reunión en la sala de Juntas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano con personas del Estado de Morelos respecto a la preocupación e inquietudes de la Reforma Hacendaria y Fiscal, así como la afectación que le ocasionara al Régimen de Pequeño Contribuyente.

10 de Octubre de 2013 integrantes de la Fracción entablamos comunicación con el Diputado José Isabel Trejo Reyes Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con el objeto de anexar la inconformidad de la Federación de Uniones de Mercados Públicos Municipales, Prestadores de Servicios y establecidos en el Estado de Morelos A.C., pretendiendo informar de la afectación que generaría la reforma y las consecuencias a este sector.

13 de Octubre de 2013 integrantes de la Fracción presentamos escrito al Diputado José Isabel Trejo Reyes Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, referente a la propuesta formulada por los integrantes de la Asociación Nacional y Apoyo del Empleo Productivo respecto bajo las Jurisprudencias concedidas de por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sujetas al Régimen de Pequeños Contribuyentes.

17 de Octubre de 2013 Se generó reunión de trabajo de esta fracción legislativa e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados con representantes Federación de Uniones de Mercados Públicos Municipales, Prestadores de Servicios y establecida en el Estado de Morelos A.C.

30 de octubre de 2013 se aprobó la reforma en materia fiscal donde  se establece la desaparición del Régimen de Pequeño Contribuyente y llevando a cabo la integración de los mismo en el Régimen de Incorporación Fiscal.

26 de Diciembre de 2013 se publica en Diario Oficial de la Federación las reformas en Materia Fiscal.

1 de Enero de 2014 Se disuelve por decreto, el Régimen de Pequeños Contribuyentes e incorporados al Régimen de Incorporación Fiscal.

10 de Enero 2014 se promueve Acción de Inconstitucionalidad por varios integrantes de varias fracciones legislativas de la Cámara de Diputados.

12 de Febrero 2014 Integrantes de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano comunica por escrito al Lic. Dante Delgado Rannauro Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano respecto a las manifestaciones en el Estado de Morelos como consecuencia de la inconformidad de la disolución del Régimen De Pequeños Contribuyentes; así como la realización de una Acción de Inconstitucionalidad referente al artículo 31 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que vulnera la equidad tributaria.

21 de  abril de 2014 la Junta de Coordinación Política le solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público le conceda una reunión con los Integrantes de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Economía Social en materia de la reforma del Régimen de Pequeños Contribuyentes.

22 de abril de 2014 esta fracción presentó proyecto de iniciativa de Decreto en la cual reforma el artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la incorporación de los artículos 111-A, 111-B, 111-C Y 111-D.

22 de Abril de 2014 los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Fernanda Romero Lozano, Gerardo Villanueva Albarrán y José Francisco Coronato Rodríguez, presentaron un Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución respecto a la suspensión del cambio del Régimen de Pequeño Contribuyente.

23 de Abril de 2014 se envía a Mesa Directiva oficio del Diputado José Francisco Coronato Rodríguez respecto de la iniciativa que fue propuesta por los comerciantes de diversas entidades federativas referente al artículo 111 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

28 de abril de 2014 mediante un acuerdo por los presidentes de varias organizaciones de la República Mexicana y de la Confederación Nacional de Comerciantes en Pequeño A.C. le requieren la petición al Licenciado Aristóteles Núñez Sánchez Jefe del Servicio de Administración Tributaria mediante un escrito la no desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes.

31 de Julio de 2014 integrantes de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano se reúnen con representantes de mercados del Estado de Morelos. En esta Reunión estuvieron los Coordinadores de diferentes grupos parlamentarios.

5 de Agosto de 2014 se le solicita al Senador Raúl Cervantes Andrade Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, sea considerado en el orden del día el Punto de Acuerdo exhortando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como al Servicio de Administración Tributaria, el tributar de manera más sencilla hasta no resolverse la Acción de Inconstitucionalidad.

20 de Agosto 2014 se publica en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República un Punto de Acuerdo por parte del suscrito, respecto al establecimiento de un mecanismo de tributación sencillo, hasta no resolverse la Acción de Inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

26 de Agosto 2014 La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inválida la acción de inconstitucionalidad y declara valida la desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes así como los cambios del pago del impuesto sobre la renta, mediante resolución 40/2013 y su acumulada 5/2014.

10 de Diciembre de 2014 mediante oficio por parte del Diputado Ricardo Monreal Ávila e integrantes del Grupo de Movimiento Ciudadano le solicitan a Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el que se incluido en la orden del día el Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución para exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público así como al Servicio de Administración Tributaria para establecer mecanismos de excepción en la aplicación del Régimen de Incorporación Fiscal  cuando se trate del Régimen de Pequeños Contribuyentes.

10 de Diciembre de 2014 se reúnen Diputados integrantes de la fracción de Movimiento Ciudadano con varios representantes e integrantes de asociaciones de diferentes entidades federativas del sector del Régimen de Pequeños Contribuyentes y de la misma manera se genera un escrito al Doctor Luis Videgaray Caso Secretario de Hacienda y Crédito Público a efecto de que puedan ser escuchados y recibidos por él, fundamentando su petición en su derecho a de audiencia consagrado en el artículo 8 Constitucional.

11 de Diciembre de 2014 se presenta Punto de Acuerdo mediante el cual se  exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria para establecer mecanismos de excepción en la aplicación del Régimen de Incorporación Fiscal  cuando se trate del Régimen de Pequeños Contribuyentes por parte de integrantes de las Fracciones Legislativas de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional referente a la prórroga de declaraciones de impuestos y presentada el 10 de Febrero de 2015.

29 de Enero de 2015 el Servicio de Administración Tributaria mediante comunicado de prensa 014/2015 hace del conocimiento de los beneficios que se están otorgando al Régimen de Incorporación Fiscal.

3 Febrero de 2015 a través de las reuniones que se han llevado a cabo con los comerciantes, la Mesa Directiva pide a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que de informe a la Junta de Coordinación Política de las diversas iniciativas presentadas al tema del Régimen del Pequeño Contribuyente.

4 de Febrero de 2015 se recibe oficio de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados respecto al Punto de Acuerdo de la suspensión de declaraciones de impuestos del Régimen de Incorporación Fiscal al Régimen de Pequeños Contribuyentes.

5 de Febrero de 2015 Diputados integrantes de esta fracción, se reúnen con representantes a nivel nacional referente al Régimen de Pequeños Contribuyentes para tratar los avances que se llevan hasta esta fecha.

12 de Febrero de 2015  Diputados integrantes de esta fracción se reúnen con representantes a nivel nacional  de comerciantes referente al Régimen de Pequeños Contribuyentes.

24 de Febrero de 2015 se aprueba el Punto de Acuerdo  en la Cámara de Diputados respecto a la prorroga que se pide al Servicio de Administración Tributaria a las Declaraciones respectivas del ejercicio fiscal 2015.

24 de Febrero de 2015 se reúne con representantes de comerciantes con la finalidad de dar seguimiento al cambio del Régimen de Pequeño Contribuyente al del Régimen de Incorporación Fiscal.

10 de Marzo 2015 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia mediante comunicado de prensa 018/2015 descuentos para las declaraciones de impuestos para todo el 2015 en su diferentes impuestos. 

11 de Marzo de 2015 Notifica el Servicio de Administración Tributaria respecto al Punto de Acuerdo referente a la prórroga en las declaraciones, siendo en sentido negativo.

19 de Marzo de 2015  Diputados integrantes de esta fracción se reúnen con representantes de los comerciantes para solicitar una reunión con la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que se dictaminen las iniciativas pendientes al cambio del Régimen de Pequeños Contribuyentes y con la presencia de personal de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

23 de Marzo de 2015 se remite a la Comisión de Hacienda y  Crédito Público oficio respecto a las reuniones que se han sostenido con los comerciantes así como los puntos que se han tratado hasta la fecha.

24 de Marzo de 2015 integrantes de esta fracción se reúnen con representantes a nivel nacional referente al Régimen de Pequeños Contribuyentes para dar seguimiento al tema relativo de las iniciativas y punto de acuerdo presentadas en la Cámara de Diputados.

26 de Marzo de 2015 se hace entrega mediante oficio a todos los representantes de comerciantes copia del oficio del Servicio de Administración Tributaria en sentido negativo de la prórroga solicitada.

9 de Abril 2015.  Se realiza oficio a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que exhorte a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados  para que se realicen los dictámenes respectivos de las iniciativas de ley respecto al tema del Régimen de Pequeños Contribuyentes.

De lo anterior, se desprende que los contribuyentes que anteriormente tributaban bajo el régimen de REPECOS, no buscan nada más que hacer valer sus derechos consagrados en nuestra Carta Magna, ya que de ninguna manera pretenden generar un desorden social, o dejar de cumplir con sus obligaciones, sino que esto se haga de una manera, sencilla, eficaz y acorde a sus ingresos.

Por otra parte, el 10 de diciembre del 2014, una comisión de representantes de este sector, manifestó por escrito al Secretario de Hacienda y Crédito Público, su intención de generar una reunión de trabajo con el objeto de que escuchara de manera directa y personal sus inquietudes, de lo cual, hasta este momento no han tenido respuesta, violentándose de manera importante su derecho de audiencia consagrado en el artículo 8° Constitucional, el cual a la letra dice:

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

De lo anterior, es importante destacar que no han recibido respuesta alguna, o acuerdo que haya recaído a tal solicitud, como la marca el mismo artículo, generándose como consecuencia una segunda violación a sus derechos fundamentales.

Por todo lo anterior, Movimiento Ciudadano, refrenda su compromiso con todas y todos aquellos ciudadanos que tributaban bajo el régimen de pequeños comerciantes para que sus legisladores en la próxima Legislatura lleven a cabo las iniciativas de reforma que les permita adecuar el marco jurídico a efecto de que les sean respetados sus derechos fundamentales como contribuyentes.

Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se generen las acciones pertinentes con el objeto de dar debido cumplimiento a lo establecido en el artículo  31 fracción IV, relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que tributaban bajo el régimen de pequeños contribuyentes, generando los mecanismos para que esto sea de manera sencilla, tomando en consideración las condiciones en las que se encuentra el sector anteriormente llamado de pequeños contribuyentes, con la finalidad de que sus contribuciones sean en base a los principios Constitucionales como lo son el de la proporcionalidad y equidad.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco del respeto al derecho de audiencia que le fue solicitada en fecha 10 de diciembre del año 2014, se reciba a la comisión que representa al gremio de comerciantes del Régimen de Pequeños Contribuyentes y se atiendan sus inquietudes relacionadas con sus obligaciones fiscales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Atentamente

Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño.- Dip José Francisco Coronato Rodríguez.- Dip. Danner González Rodríguez.






Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a intervenir ante el gobernador y presidentes municipales de Baja California para levantar el boicot que ilegítima e ilegalmente pesa sobre los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada. Se turna a la Primera Comisión.

El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete, con moción de urgente resolución, a consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, CON TODA ATENCIÓN, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A EFECTO DE QUE INTERVENGA ANTE EL GOBERNADOR Y PRESIDENTES MUNICIPALES DE BAJA CALIFORNIA PARA LEVANTAR EL BOICOT QUE ILEGÍTIMA E ILEGALMENTE PESA SOBRE LOS DIARIOS LA CRÓNICA DE MEXICALI, FRONTERA DE TIJUANA Y FRONTERA ENSENADA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La violación sistemática de los derechos humanos.

En Baja California se registra una violación permanente a la libertad de expresión. Desde el 13 de marzo del año en curso se reproduce día con día el hecho continuado de violar la libertad de expresión a través del conocido subterfugio consistente en suspender la publicidad de carácter público en medios de comunicación a los que se considera críticos. No se trata de un hecho aislado pues la autoridad local ha perpetrado otras violaciones a derechos fundamentales que hacen pensar en que se trata de una práctica sistemática que aleja cada vez más al gobierno de dicha entidad del Estado de Derecho. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo presentado por legisladoras de todas las fuerzas políticas reprobando las expresiones discriminatorias del Titular del Poder Ejecutivo que afectan a las mujeres.1 Por otro lado, en lugar de dar respuesta a los jornaleros del valle de San Quintín que anunciaron pacíficamente su inconformidad, el mismo alto funcionario optó por reprimir a los campesinos que ante la falta de atención a su pliego petitorio tomaron las calles para hacer público su rechazo a las condiciones infrahumanas en las que realizan su trabajo en los sembradíos. La suma de todos estos episodios violatorios a libertades civiles y falta de satisfacción a derechos sociales coloca al Estado de Baja California en el umbral de ausencia del orden constitucional. En este contexto, destaca el ataque a los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada ya que a través del boicot se pretende inhibir su trabajo informativo principalmente respecto de los demás conflictos que la actitud alejada de la ley del gobierno del Estado ha provocado en dicha entidad. En su parte medular, el desplegado contiene lo siguiente:

“En las últimas semanas ha sido una constante de los citados medios de comunicación, el manejo de información fuera de toda objetividad, que no atenta contra los gobiernos que encabezamos, sino contra el desarrollo armónico y la imagen de esta entidad, que se caracteriza por ser una tierra de gente trabajadora, gente honesta, que diariamente pone su mayor esfuerzo por aumentar las oportunidades de bienestar.

Este manejo informativo se deriva de la imposibilidad financiera del Estado y los municipios de dar una respuesta afirmativa a la demanda económica de periódicos Healy, la cual sale de toda proporción con relación al presupuesto que ejercen las instancias responsables de las partidas correspondientes a difusión y publicidad, ya que ceder a ellos sería una grave irresponsabilidad en el destino de los recursos públicos.”

Los medios de comunicación aludidos rechazaron tajantemente la acusación y emprendieron acciones legales para preservar sus derechos. Por su parte, el gobernador externó a los pocos días que la denuncia se condensaba en el desplegado, sin ofrecer prueba alguna de la supuesta extorsión, mientras que los presidentes municipales declararon que el desplegado era asunto del gobernador. Todo lo anterior sosteniendo en todo momento el boicot anunciado.

En un Estado que fue pionero en la transición a la democracia a través de la alternancia en el Poder Ejecutivo así como en la Legislatura, lo que se esperaba era el avance y consolidación de las libertades civiles y las instituciones políticas. En lugar de ser testigos de la ampliación de la vida democrática, hoy día los habitantes del estado más septentrional de la República se enfrentan a una auténtica regresión autoritaria. El titular del Poder Ejecutivo se empeña en anteponer su voluntad a la ley e imponerla por la fuerza, fuera de los cauces del Derecho olvidando el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución así como el principio de que las autoridades sólo pueden llevar a cabo lo que la norma expresamente les faculta. Siendo la libertad de expresión un derecho que habilita a los ciudadanos para ejercer otras prerrogativas públicas, resulta de primer orden la necesidad de restablecer la normalidad en la relación del titular del Poder Ejecutivo así como de los ayuntamientos del Estado que atrajo hacia su ilegítimo desplegado y boicot para restablecer la situación que se vivía con anterioridad al ataque en contra de la libertad de expresión.

En íntima relación con lo anterior, la conducta de desprecio a los derechos fundamentales del pueblo de Baja California entraña un peligro para la entidad ya que en la cultura política mexicana los subalternos acostumbran imitar las actitudes y el estilo personal de gobernar de los altos funcionarios. Con ataques a la prensa, expresiones de desprecio hacia las mujeres y acciones represivas en contra de los más pobres del Estado no se va a lograr la formación de una cultura de la legalidad ni mucho menos el respeto y vivencia de los derechos humanos. De ahí la urgencia de estimular la intervención, dentro la esfera de su competencia, de autoridades externas para que conminen, a través del diálogo y el convencimiento, al titular del Poder Ejecutivo de Baja California para que retorne a la legalidad y a la ética política.

La libertad de expresión como sustento de la democracia.

La transición a la democracia se viene abriendo paso en nuestro país desde hace más de un cuarto de siglo. La ampliación de la vida democrática va más allá de la alternancia en el poder y de introducir condiciones de mayor equidad en las elecciones. La intensidad de las exigencias de la ciudadanía de la mano del ímpetu de numerosas organizaciones de la sociedad civil ha dado lugar a cambios sustantivos en el entramado institucional mexicano. Es así que ante la formación de una opinión pública más crítica e informada se han introducido nuevas decisiones políticas fundamentales en el texto de la Constitución Federal.

La presión del pueblo, en cuyo seno el hartazgo ha llegado al clímax con episodios diversos como llamados reiterados a anular el voto, permitieron figuras inéditas en la Ley Fundamental. Los partidos políticos se vieron obligados a participar en el consenso en torno a medidas progresistas como la creación de organismos constitucionales autónomos a los cuales se les asignan materias que se consideran esenciales para el desarrollo de la nación como los derechos humanos, las telecomunicaciones, los procesos electorales, con el propósito de que hagan de ellas auténticas políticas de Estado, más allá de los intereses de coyuntura. Entre estas materias destaca la información y transparencia.

Lo anterior constituye lo que pudiéramos denominar el piso de la democracia, sobre el cual se debe seguir levantando todavía una estructura orgánica e institucional que permita a través del ejercicio del voto y una conducta ética cotidiana dar satisfacción a todas y cada una de las demandas de la sociedad en su conjunto y en particular de los grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes; adultos mayores, personas con discapacidad, etc.En el marco de la tradición liberal decimonónica, la libertad de expresión ocupaba ya un lugar de primacía, ahora bajo el concepto de gobiernos abiertos característico del Siglo XXI la libertad de expresión adquiere mayor fuerza. En conjunción con la reforma constitucional de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, la libertad de expresión se ha convertido en la columna vertebral de las libertades civiles, supuesto necesario para el ejercicio en primer término de los derechos políticos y de todos los demás derechos como los económicos, sociales, culturales y ambientales.

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ha dado muestras inequívocas también de su interés por la vigencia efectiva de la libertad de expresión, en los siguientes términos:

“Ser periodista en México es por demás difícil. La acción más apremiante en este momento es proteger y garantizar que en este país se ejerza la libertad de expresión sin miedo a amenazas, intimidaciones o limitaciones. La prevención y la protección, entonces, no están en manos de una sola persona o instancia, es trabajo de quienes creen en los derechos humanos.”2

Un gobierno abierto gira en torno al concepto de la soberanía, en el sentido de que no basta la mera declaración de que los Poderes se constituyen en beneficio del pueblo sino que se ha de reducir el abismo entre los altos funcionarios y la ciudadanía para que ésta reciba de manera inmediata y directa la satisfacción que merecen sus derechos fundamentales. Bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, la democracia a través de los gobiernos abiertos supone el ejercicio sin restricciones de la libertad de expresión. Es por ello que en la Federación así como en las entidades federativas la posibilidad de una democracia deliberante caracterizada por el diálogo, la crítica y la tolerancia deben ser la praxis institucional de los servidores públicos.

En el escenario de nuestra democracia inacabada, el piso básico de libertades civiles presididas por la libertad de expresión debe mantenerse en cada uno de los Estados libres y soberanos para conservar y potenciar la posibilidad de desarrollo político en la incipiente democracia mexicana. De ahí que resulta grave que en Baja California se registre una violación de momento a momento, esto es, continua a la libertad de expresión. La sociedad de Baja California ve restringido su derecho a la información en cuanto el gobierno del Estado sostiene un boicot a diversos diarios pertenecientes a un mismo grupo editorial. El proceso de transición a la democracia en Baja California se encuentra enervado en razón de la suspensión a la publicidad oficial que ha dirigido el gobierno del Estado en contra de un grupo de medios de comunicación con el ánimo evidente de acallar la crítica periodística. La única forma de salir de la parálisis democrática que se experimenta en el Estado donde comienza la República mexicana consiste en retornar a la situación que prevalecía con anterioridad al boicot, la cual se puede identificar con claridad en el devenir histórico a partir del desplegado que lo anunció y pretendió inútilmente justificar. Mientras persista el boicot a medios de comunicación en Baja California no podrá prosperar el avance en las instituciones políticas y, al contrario, surge y se intensifica cada día que pasa un ambiente que mineraliza las libertades civiles. José Woldenberg, ex presidente del Instituto Federal Electoral considera respecto a la dinámica de la libertad de expresión lo siguiente: "… es una construcción, un producto histórico, sujeto a los vaivenes de la vida pública y siempre sujeta a relaciones de poder y tramas institucionales y normativas que pueden modificarse.”3

El boicot, violación grave a la libertad de expresión.

Alrededor del mundo es bien conocida la práctica de gobiernos con tentaciones autoritarias de intentar imponer contenidos a la prensa tratando de manipular algunos aspectos que resultan condicionantes de los medios de comunicación como  empresas productivas. En México, durante la mayor parte de la centuria pasada, el método fue controlar el papel. Se creó una empresa pública que distribuía la materia prima para las rotativas, quedando los diarios obligados a adquirir el papel en dicha empresa. El método anterior demostró su eficacia pues cuando un medio de comunicación se atrevía a emprender una línea editorial ya no digamos crítica sino al menos independiente, de inmediato se quedaba sin papel. La frase "no pago para que me pegues”, ilustró ampliamente la visión patrimonialista que respecto de la prensa se tenía por parte del pináculo en el poder. Esos tiempos que parecían idos, al parecer han retornado en Baja California con el boicot permanente decretado por el gobierno del Estado y los presidentes municipales de la entidad.

Para una joven democracia como la mexicana, la libertad de expresión es la correa de transmisión que mantiene palpitantes los espacios para la deliberación cotidiana. Por ello, no es gratuito que recientemente nuestro país haya recibido la visita de los dos principales relatores en relación con la libertad de expresión. En agosto del 2010 el señor Frank La Rue, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión visitó nuestro país. También lo hizo la señora Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2011 los Relatores presentaron su informe acerca de la situación de la libertad de expresión en México. De dicho reporte destaca la importancia que se concede al derecho objeto de esta proposición:

"El derecho a la libertad de expresión constituye un pilar fundamental para la vigencia de una sociedad abierta, plural y democrática. Los principales instrumentos internacionales de derechos humanos consagran dicha libertad y son varios los organismos internacionales que a nivel mundial y regional se ocupan de supervisar y evaluar su cumplimiento.”4

Llama la atención que entre el cúmulo de ataques de que es víctima la prensa y los periodistas, los relatores pongan en primer lugar el boicot contra los medios críticos. En efecto, el informe asienta lo siguiente: " De acuerdo con los expertos independientes que a nivel internacional promueven la libertad de expresión, los principales desafíos que enfrenta este derecho en el orbe son: los mecanismos ilegítimos del control gubernamental sobre los medios de comunicación. "5

En relación con los boicots, el informe de los relatores le dedica el apartado C del Capítulo IV. De esta manera, la asignación de la publicidad oficial fue uno de los puntos concretos que los relatores analizaron durante su visita a México.6En el párrafo 247 se asentó expresamente lo siguiente: " En el contexto de este marco legal, la Relatoría recibió información sobre casos en los cuales la publicidad oficial había sido asignada en función de las líneas informativas de los medios de comunicación. La CNDH acreditó, por ejemplo, que después de que la revista Contra línea publicó una serie de reportajes críticos sobre Petróleos Mexicanos, esta entidad pública dejó de contratar publicidad oficial en dicha revista. La CNDH recomendó al director de Petróleos Mexicanos girar sus instrucciones a quien corresponda, para que Petróleos Mexicanos cuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, en el otorgamiento y distribución de la publicidad oficial. Según información de la CNDH, esta recomendación no fue aceptada por el director general de Petróleos Mexicanos”.7

Sendas recomendaciones de contenido similar fueron formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Guanajuato que procedió de la misma manera en relación con los diarios AM y Al Día. Dicha autoridad rechazó por igual la recomendación. Finalmente el ombudsman conoció del caso de la revista Proceso, la cual interpuso una queja ya que el gobierno federal, de la misma manera, recurrió al boicot en su contra " a pesar de que la revista tendría una amplia y reconocida circulación. "8

Como se puede observar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha establecido el criterio claro de que el boicot es una violación evidente a la libertad de expresión en un intento de imponer contenidos a los medios de comunicación. El motivo de retirar la publicidad oficial, de acuerdo con lo manifestado en el desplegado, es la inconformidad del gobierno del Estado con la línea de información crítica. En relación a las restricciones ilegítimas a la prensa desde el poder, Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera lo siguiente: " un cuarto principio tiene que ver con la protección frente a sanciones ulteriores por la divulgación de información. ¿Cuál es el bien superior a tutelar por ejemplo, qué pasó con el caso Snowden o algunos otros? "9

Al unísono, las organizaciones de periodistas han mostrado su rechazo en contra del boicot ordenado y mantenido por el gobernador y los presientes municipales de Baja California. Gustavo Mohme, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, expresó la solidaridad de la organización con el Grupo Healy en los siguientes términos: “Esta campaña de desprestigio demuestra que los diarios están haciendo bien su trabajo”.

Por su parte, Artículo 19, organización de defensa de periodistas con presencia en numerosos países del mundo, expresó lo siguiente: " La acusación por extorsión lanzada por el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, y los cinco alcaldes de esa entidad, contra los directivos de los periódicos Frontera, Frontera Ensenada y la Crónica de Baja California Grupo Healy es un acto de intimidación que pretende condicionar e inhibir el ejercicio periodístico del consorcio media mediático.”

Vulnerabilidad de la prensa derivada del boicot.

Ningún estado en México está exento de agresiones a periodistas y medios de comunicación. Lo que sí se ha logrado en algunos Estados, gracias a esfuerzos concertados entre los organismos defensores de derechos humanos, políticos comprometidos con la justicia y las organizaciones de periodistas, es hacer que las agresiones sean la excepción, hechos aislados fuera de un esquema sistemático de contención de la prensa. En Baja California persisten las agresiones a periodistas. Muchos de los ataques son perpetrados por las propias autoridades que interfieren con la labor informativa de los comunicadores.10De ahí que el hecho de que la primera autoridad de la entidad se decida a perpetrar un ataque directo a medios de comunicación con presencia en casi todos los municipios del Estado es un retroceso inaceptable. Es importante tener presente que durante las investigaciones en muchas de las agresiones se topa con la participación de servidores públicos. La impunidad es precisamente lo que permite la reproducción de los ataques a los periodistas y a los medios de comunicación. En nada ayuda que el titular del Poder Ejecutivo encabece un intento de acallar a la prensa pues la afectación va dirigida no únicamente a los diarios a los cuales se retiró la publicidad oficial sino que, sin duda, entraña una amenaza velada para los restantes medios de comunicación que se ven día con día ante el dilema de presentar la información en un formato que resulte agradable al gobierno del Estado o poner en peligro ingresos económicos importantes.

El peligro en que se encuentran los periodistas y medios de comunicación en nuestro país ha llegado ya a tal extremo que el H. Congreso de la Unión se vio en la necesidad de modificar el régimen de competencias de la Constitución Federal para resultar habilitado y poder legislar en materia de protección a periodistas. Gracias a dicha decisión, fue posible organizar un Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Además, se han tomado medidas legislativas adicionales para salvaguardar el ejercicio de la libertad de expresión, tales como la descriminalización del quehacer periodístico al quitar el carácter penal al delito de difamación, así como establecer la prohibición en la ley de obligar a los periodistas a revelar sus fuentes. En realidad, gracias a esta nueva preceptiva en favor de la libertad de expresión, no deberían registrarse ataques por parte de servidores públicos y mucho menos de altos funcionarios. La exigencia de respeto la libertad de expresión es unánime entre la sociedad civil en México de modo que el boicot que se sufre en Baja California es una decepción que debe ser corregida lo antes posible.

La Secretaría de Gobernación es la dependencia que en el marco del Federalismo mexicano tiene a su cargo la función principal de mantener el orden constitucional. En dicha tarea, ha de cuidar que los derechos humanos, antes garantías individuales, tengan plena vigencia en particular por parte de las autoridades del país. Así resulta evidente del siguiente precepto:

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XI. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto;

Cobra aplicación igualmente, a efecto de excitar la intervención de la Secretaría de Gobernación para levantar el boicot en contra de medios de comunicación en el Estado de Baja California, la fracción que sigue:

X. Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia así como fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral; favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática;

Se requiere hacer entender al gobierno del Estado que con el boicot no afecta únicamente a los periódicos sobre los cuales descargó su inconformidad, sino que se priva a la totalidad de los habitantes de la posibilidad de una democracia deliberante. Se priva a la ciudadanía del ejercicio de la crítica, de la manifestación de ideas que cuestionen el ejercicio del poder, que es propio de cualquier Estado que se precie de vivir en democracia sometiéndose a la transparencia y rendición de cuentas.

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se requiere, con toda atención, al titular de la Secretaría de Gobernación para que intervenga ante el Gobernador del Estado y los Presidentes Municipales de Ensenada, Tecate, Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito con el propósito de restablecer la normalidad constitucional regresando a la situación que prevalecía con anterioridad al boicot decretado por dicha autoridad a partir de la publicación del desplegado de fecha 13 de marzo del año en curso, preservando así la democracia deliberante y el régimen de libertades civiles y políticas a que tienen derecho los habitantes de Baja California.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

1 Véase la Gaceta del Senado de fecha 21 de abril de 2015: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-21-1/assets/documentos/Dict_Genero_Nayarit_y_BCS.pdf

2 DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EXHORTA RESPETUOSAMENTE  ALA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  PARA QUE ATRAIGA E INVESTIGUE  EL ASESINATO DEL PERIODISTA ARMANDO SALDAÑA MORALES; Gaceta de la Comisión Permanente del 20 de mayo del 2015, consultada el 25 del mismo mes y año en el vínculo siguiente: http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=54903

3 Libertad de expresión, disidencia y democracia Senado de la República Instituto Belisario Domínguez, México, 2014, p. 16

4 Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, México, 2012, p. 5

5 Ibidem, p. 5

6 Véase el Informe en la página 120

7 Ibidem, pags. 132 y 133.

8 Véase la página 133 del Informe antes citado.

9 Libertad de expresión, disidencia y democracia Senado de la República Instituto Belisario Domínguez, México, 2014, p. 48

10 Conferencia “Cómo proteger a periodistas y defensores de derechos humanos" impartida por Édgar Cortez Morales, integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación a la Comisión de Derechos Humanos y Comunicación Social del Congreso del estado de Baja California el 9 de marzo del 2015.






De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir las reglas de operación que establezcan la conformación del comité de educación financiera. Se turna a la Tercera Comisión.

La Diputada MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos58 y 59  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes.

CONSIDERACIONES

El bienestar personal, familiar y social guarda una estrecha relación con el bienestar financiero. La riqueza es uno de los componentes más importantes cuando se habla de desarrollo social; más aún, son los niveles de ingreso y su administración lo que hace que las sociedades puedan ser catalogadas como avanzadas, en vías de desarrollo o pobres. El bienestar financiero de la sociedad es sinónimo del progreso de una nación.

En México, una gran parte de su población vive en una situación económica difícil; específicamente, se dice que más del 50% de la población se encuentra ubicada dentro de alguno de los tres niveles de pobreza identificados por la ONU, ocasionando una baja movilidad social que hace aún más difícil que estos sectores de la población tengan las posibilidades y las herramientas para superar esta condición. Esta situación se puede ver reflejada en la poca penetración de los servicios bancarios en la población mexicana, la cual presenta cifras muy por debajo de otras naciones de América Latina.

Por ello, es importante, promover una cultura financiera cimentada en la anticipación y planeación, que permita construir mejores condiciones de vida para el presente y el futuro de nuestra sociedad y del país. Es necesario aumentar el acceso a productos bancarios y financieros, pero también promover el conocimiento e impulsar las condiciones que fortalezcan la capacidad de las personas para tomar decisiones adecuadas, basadas en principios de información, razonamiento, voluntad y responsabilidad ante las opciones existentes. El hecho de que las tareas financieras sean básicas en la vida cotidiana de las personas, no implica que su manejo sea simple; antes bien, los productos financieros han evolucionado rápidamente en complejidad y cantidad. En este entorno, es aún más necesario pensar que la sociedad tiene derecho tanto de tener al alcance los servicios, como de entender la mínima información que facilite la toma de decisiones económicas.

Bajo dicho contexto, el Ejecutivo Federal presentó el 15 de mayo de 2013 la propuesta de Reforma Financiera, integrada por trece Iniciativas que contenían reformas y adiciones a 34 ordenamientos legales vinculados al sector financiero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 10 de enero de 2014.

La Reforma Financiera implicó la expedición de un nuevo ordenamiento la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, que de conformidad con su artículo 1º tiene por  objeto regular las bases de organización de las Sociedades Controladoras y el funcionamiento de los Grupos Financieros, así como establecer los términos bajo los cuales habrán de operar, buscando la protección de los intereses de quienes celebren operaciones con las entidades financieras integrantes de dichos Grupos Financieros.

En la referida ley, se contiene en el Título Noveno los Capítulos III Del Consejo Nacional de Inclusión Financiera y IV Del Comité de Educación Financiera, al respecto cabe mencionar que la iniciativa objeto de la misma, no contenía dichos capítulos, lo anterior surge del debate legislativo al interior de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a propuesta del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, no obstante es pertinente destacar que el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) ya existía por Decreto del ejecutivo federal de fecha 3 de octubre de 2011 y el Comité de Educación Financiera a pesar de carecer de un Decreto presidencial, se dio a conocer a través del Comunicado de Prensa 064/2011 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior no significó mayor cambio que el plasmar en el texto legal el contenido del Acuerdo por el que se crea el CONAIF, lo que sin duda dota de certidumbre jurídica a los gobernados pues sería necesario todo un proceso parlamentario para derogar la existencia del mismo. La verdadera reforma consistió en dotar de naturaleza jurídica y llevar a ley al Comité de Educación Financiera.

La estructura con la cual contaba el Comité de Educación Financiera, antes de ser reconocido por ley era la siguiente:

 

COMITÉ DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE LA SHCP

Naturaleza Jurídica

El Comité es un órgano colegiado, dependiente de la SHCP y de carácter consultivo, que desarrollará sus funciones, de educación financiera integrando a distintas autoridades y actores del sistema financiero mexicano.

Objeto

A través de esta instancia se coordinarán los esfuerzos y acciones en materia de educación financiera, con el fin de alinear, para un mayor impacto entre la población, los esfuerzos que realizan las instituciones del Gobierno Federal y en sus sesiones futuras por el sector privado.

Características

● Órgano Colegido

● De carácter consultivo y de intermediación entre las distintas autoridades y actores del sistema financiero.

● No cuenta con autonomía técnica, operativa, ni de gestión.

● Sus resoluciones no son vinculantes.

Funciones

● Constituirse en un mecanismo de coordinación de las instituciones que participan en el sistema financiero, con el fin de lograr que todos los esfuerzos que se realicen estén alineados a una sola directriz.

● Proponer nuevas acciones y esfuerzos en materia de educación financiera, en particular medidas de mediano y largo plazo.

● Establecer metodologías de medición e indicadores de educación financiera

Conformación

● El Comité de Educación Financiera estará presidido por el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

● Como Secretario Ejecutivo del Comité participa el Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, y

● Como Secretario Técnico un representante de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

● Además participan:

● Presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros;

● Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

● Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas;

● Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro;

● Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario;

● Director General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros;

● Director General de Nacional Financiera;

● Director General de la Sociedad Hipotecaria Federal

● Director General de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura;

● Director General de la Financiera Rural;

● Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;

● Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE;

● Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo;

● Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social;

● Titular de la Unidad de Crédito Público, y

● Titular de la Unidad de Comunicación Social y Vocero.

Aspecto Presupuestario

● No posee autonomía financiera

Fundamento Legal

● No tiene fundamento legal fue creado por un acuerdo.

Conclusión

● La actual estructura del comité, no permite reforzar su actividad, ya que no cuenta con autonomía técnica, operativa y  de gestión.

Reuniones

● Se desconoce con que periodicidad debe convocarse a reunión.

Lo anterior, reitera lo valioso que fue llevar a ley el Comité de Educación Financiera ya que no sólo lo dota de fundamento legal, sino que establece reuniones semestrales y amplía sus funciones. No obstante las bondades de la reforma, se pierde la conformación del multicitado Comité ya que el artículo 190 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, establece lo siguiente:

Artículo 190.- El Comité de Educación Financiera se integrará de conformidad con lo que se establezca en sus reglas de operación.

Sin soslayar que la conformación que se tenía de los integrantes del Comité de Educación Financiera carecía de la participación del Gobernador del Banco de México, encargado de regular el sano desarrollo del sistema financiero, y además ni el Comité de Educación Financiera ni el CONAIF contemplan la participación dela dependencia responsable de fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana es decir a la Secretaría de Economía, y, finalmente, tampoco se toma en cuenta a la Secretaría de Educación Pública, dependencia rectora de la educación en México.

Es por ello que Nueva Alianza hace un llamado a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita las reglas de operación del Comité de Educación Financiera, con el cual dote de integración al mismo, a efecto de poder ofrecerá la nación de la cultura financiera que permita detonar el crecimiento económico a través del ahorro y las inversiones.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir las reglas de operación que establezcan la conformación del Comité de Educación Financiera a que se refiere el artículo 190 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

Dado en el Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 27 de mayo de 2015

Dip. María Sanjuana Cerda Franco.






De la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y a la Policía Federal a remitir un informe de los hechos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, el día 22 de mayo de 2015. Se turna a la Primera Comisión.

MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA POLICÍA FEDERAL, PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN TANHUATO, MICHOACÁN, EL DÍA 22 DE MAYO DE 2015, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El día 22 de mayo del año en curso, alrededor de las nueve de la noche, fuerzas federales integradas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República  y la Policía Federal ultimaron según las versiones expuestas, a 42 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva generación y detuvieron a tres. Según lo reportado, el incidente fue consecuencia de un enfrentamiento que duró más de tres horas en un rancho ubicado en el municipio de Tanhuato, Michoacán.

El comisionado de la Comisión de Seguridad Nacional, informó que para las fuerzas federales el saldo fue un policía fallecido y otro herido.

La eficacia de la diferencia en los números de personas fallecidas, dijo, fue gracias al entrenamiento y equipamiento de los elementos de las fuerzas federales que participaron en las acciones.

Las versiones que han circulado en medios de comunicación han sido diversas; por ejemplo, entre ellas, se mencionaba que en un operativo de fuerzas federales con el objeto de detener al líder del Cártel, Nemesio Oseguera, se originó el enfrentamiento.

Según el informe que brindó el titular de la Comisión anteriormente mencionada, “en el marco de la Operación Jalisco y en seguimiento a una averiguación previa iniciada el día de ayer por la invasión de una propiedad ubicada en el municipio de Tanhuato, Michoacán, por presuntos delincuentes armados, el día de hoy (viernes) se implementó un operativo de investigación.

Al aproximarse al predio los elementos detectaron un vehículo en el que viajaban personas armadas, quienes al percatarse de la presencia de las fuerzas federales, comenzaron a disparar.

Con ello se inició una persecución hasta que el vehículo ingresó al predio antes referido.

Al advertir la presencia de fuerzas federales, el resto de los presuntos delincuentes que ocupaban la propiedad, comenzaron a atacar con intensidad a nuestros compañeros.
Ante esta situación, los elementos solicitaron la presencia de apoyo, tanto terrestre, como aéreo, por lo que acudió un helicóptero de la Policía Federal a la zona.”

Peritos de la Procuraduría federal y local llevaron a cabo diligencias que contabilizaron a 42 presuntos delincuentes abatidos y tres más detenidos.

Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja con motivo de los hechos ocurridos en el municipio de Tanhuato, Michoacán, y solicitó a las autoridades que estarían involucradas a rendir informes pormenorizados de su actuación.

Así también lo consideramos necesario en esta Comisión Permanente.

La gravedad y trascendencia de las imputaciones que se han vertido entre instituciones de seguridad y sociedad civil, exigen que las investigaciones se lleven a cabo con la mayor transparencia y con la supervisión de otro Poder de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y a la Policía Federal, para que remitan a esta soberanía un informe detallado de los hechos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, el día 22 de mayo de 2015.

Dado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la unión, el 27 de mayo de 2015

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a presentar un informe sobre los avances en las investigaciones de las 21 denuncias presentadas en contra de diversos titulares de las delegacionales por extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos en actos públicos y proselitismo electoral. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El próximo 7 de junio se elegirán en el país 2 mil 159 cargos de elección popular, sólo en el Distrito Federal se emitirán votos para elegir a diputados locales, diputados federales y los 16 jefes delegacionales. Según información oficial, en este proceso podrán votar más de 7 millones de capitalinos en 15 millones 285 mil 816 boletas electorales.

En un sistema político y de partidos como el nuestro, se esperan elecciones de alta competencia electoral, en el que exista equidad entre candidatos y partidos que garanticen una competencia justa y que den certeza en los resultados. Se espera que los recursos públicos sean ejercidos con transparencia eficiencia, eficacia, economía y honradez, sin hacer mal uso de ellos y de los programas sociales para beneficiar a algún candidato.

Lamentablemente esto no ha sucedido así, ya que se han suscitado actos que contradicen nuestro marco jurídico, entre ellos, destaca que personal de la Delegación Cuauhtémoc, entrega apoyos a nombre del exdelegado y candidato a diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Fernández Ramírez.

Esto lo dieron a conocer diversos medios informativos que han documentado como trabajadores de la demarcación, informan a los votantes que a partir del 1 de abril se les depositará recursos superiores a mil 500 a sus tarjetas de apoyo y que serán acreedores de otros beneficios como sillas de ruedas, aparatos auditivos, bastones y andaderas, con el único compromiso de que apoyen al candidato del PRD con su voto.

Es importante decir que en el 2014, el entonces jefe delegacional entregó más de mil 158 tarjetas de apoyo económico para votantes potenciales. Estas acciones se replican en la Delegación Coyoacán, en la que a través del programa “Por Ti” se entregarán 4 mil 40 pesos a 13 mil 613 beneficiarios.

A estas inconsistencias se suman las 21 denuncias que tienen 7 de los 16 delegados ante la Contraloría General del Distrito Federal, por extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos en eventos públicos y proselitismo electoral.

En este contexto Leticia Quezada, titular de la demarcación Magdalena Contreras fue quien más tuvo por no aplicar la normatividad, le sigue Jorge Romero de la Delegación Benito Juárez quien entre otras cosas no ejerció el presupuesto participativo 2013 y Mauricio Toledo de Coyoacán quien fue acusado de extorción y abuso de autoridad.

Estas y otras anomalías han sido denunciadas en diversas ocasiones por   organizaciones sociales que participan como observadores electorales, quienes    además acusan a los Jefes Delegacionales de omisión e impunidad, ya que son parte de su personal quienes realizan estas acciones contrarias a un proceso igualitario y equitativo.

Un ejemplo de esta situación, es que en la instalación de la Red de Observación del Instituto Electoral Local, miembros de Tendiendo Puentes, Incide Social y de la Confederación Patronal de la República Mexicana lamentaron la falta de acciones, para investigar, sancionar y prevenir la entrega de despensas, tarjetas de apoyo con fines electorales.

Por lo anterior, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional consideramos necesario que el Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral del Distrito Federal, realicen las investigaciones necesarias para sancionar y prevenir la entrega de apoyos sociales con fines proselitistas en favor candidatos del Partido de la Revolución Democrática en el DF, ya que va en detrimento de una sana competencia electoral.

Es imprescindible que las autoridades electorales, refuercen sus acciones encaminadas a fiscalizar los recursos públicos, a monitorear su uso y sancionar el desvío de estos en beneficio de algún candidato. En la medida de que esto suceda, los ciudadanos y partidos políticos tendremos toda la certeza de que el proceso electoral se está desarrollando en el marco de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES DE LAS 21 DENUNCIAS PRESENTADAS EN CONTRA DE DIVERSOS TITULARES DE LAS DELEGACIONALES POR EXTORSIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD, ABUSO DE AUTORIDAD, GASTOS EXCESIVOS EN ACTOS PÚBLICOS Y PROSELITISMO ELECTORAL.

SEGUNDO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE REALICEN UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE DIVERSOS APOYOS SOCIALES CON FINES PROSELITISTAS POR PARTE DE DIVERSOS JEFES DELEGACIONALES EN FAVOR DE LOS CANDIDATOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Atentamente.






De los Diputados José González Morfín y Marcelo Torres Cofiño, a nombre del grupo parlamentario del PAN, con punto de acuerdo que exhorta a autoridades federales a informar a la opinión pública el estado que guardan diversas investigaciones en los estados de Chihuahua y Sonora. Se turna a la Primera Comisión.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El combate a la corrupción y a la simulación es necesario darlo ahora y sin tregua, sin distingos, sin mezquindades y de forma continua e incansable para fortalecer y blindar nuestra democracia, porque de lo contrario ésta correrá peligro inminente al ser cooptada por grupos de interés, cuya ética es bastante cuestionable, muy poderosos que atentarían contra el bien común de la sociedad mexicana y en prejuicio de los más vulnerables.

Entre tanto, ello no excluye a las autoridades de todos los niveles de gobierno de cumplir con las obligaciones que por ley tienen para investigar y, en su caso, para sancionar prácticas gubernamentales o hechos que violenten las normas o los actos de servidores públicos que lesionen y atenten contra la hacienda pública, contra los contribuyentes o al patrimonio público de la nación o contra la contienda electoral.

El pasado 23 de septiembre de 2014, el ciudadano Jaime García Chávez interpuso una denuncia penal en contra del gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte y su esposa Berta Gómez Fog, ante la Procuraduría Federal de la República por la creación de un fideicomiso de 65 millones de pesos que luego se trasladaron, presuntamente, al banco Unión Progreso, cuyo accionista mayoritario es el propio gobernador Duarte.

Y no obstante, que el mandatario estatal chihuahuense había negado la existencia de ese fideicomiso, tuvo que reconocerlo frente a las cámaras de televisión, en el programa “Punto de Partida”  y adujo cínicamente a la reportera  que no había leído lo que firmaba. Sabe cuántos papales firmo al día? ¿Se imagina?, lo firmé, no lo leí a lo macho que no lo leí”, aseveró el gobernador.

Esta causa de denuncia la encabeza en el estado de Chihuahua, la Unión Ciudadana contra la Corrupción que está integrada por una red amplia y plural de asociaciones civiles y líderes políticos y sociales que revelan la situación crítica por la que atraviesa Chihuahua en el ámbito de la seguridad pública, la economía, el rubro político y la opacidad con que se manejan los recursos públicos en esa entidad.

Un caso que no debe quedar en la impunidad.

Por otra parte, en días recientes, se ha conocido la información de que el secretario del ayuntamiento de Nogales, Enrique ClaussenIberri, a través del coordinador de campaña de la candidata priísta al gobierno del Estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, entregaba para “cooperar” en la campaña de dicha candidata, dos maletas repletas de dinero; al tiempo de que se llevaron a cabo modificaciones a licitaciones públicas en las que estuvieron involucrados funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para favorecer a ciertas empresas de construcción que presumiblemente apoyarían a la candidata del Partido Revolucionario Institucional.

¿De dónde proviene ese dinero?, por este hecho ¿Existe alguna investigación al respecto? ¿Qué mensaje se está dando a la ciudadanía que está harta de que los políticos tengan nexos o vínculos con grupos delincuenciales? La tragedia de Iguala, Guerrero, nos ha revelado hasta donde son capaces de llegar quienes reciben “favores” del crimen organizado. Y todos estamos en obligación de combatir esas prácticas y exigirles a las autoridades que ejerzan sus facultades y cumplan con sus obligaciones para realizar las indagatorias correspondientes y en su momento deslindar las responsabilidades a las que haya lugar y así mismo sancionar a los responsables, no podemos y no debemos tolerar estas acciones y pasarlas por alto.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, a efecto de que informen a la opinión pública si se está realizando alguna investigación con relación a la utilización de recursos públicos en beneficio del Banco Progreso de Chihuahua, Institución de Banca Múltiple, constituido presumiblemente por funcionarios del Gobierno del estado de Chihuahua.

SEGUNDO.- Se exhorta a las autoridades federales y estatales informen a la opinión pública si existe una investigación en contra de la candidata del PRI al Gobierno de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, por haber recibido dos maletas de dinero del Secretario del Ayuntamiento de Nogales, a través de su coordinador de campaña, Enrique ClaussenIberri; así como por los presuntos delitos y actos de corrupción en los que incurrió la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en su calidad de Senadora de la República, y los CC. Raúl Murrieta Cummings, Oscar Callejo Silva y Javier Hernández Armenta, todos funcionarios de la Administración Pública Federal adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre la modificación y simulación de licitaciones públicas.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 27 de mayo de 2015.

Dip. José González Morfin.- Dip. Marcelo Torres Cofiño.






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar el cumplimiento de diversos ordenamientos de la Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre las tres zonas económicas especiales anunciadas por el Ejecutivo Federal el 27 de noviembre de 2014. Se turna a la Tercera Comisión.

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 27 de noviembre de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto emitió un mensaje a la Nación que se denominó “Por un México en paz, con justicia y desarrollo”, a causa de los trágicos suceso ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes normalistas desaparecieron a causa de la acción del crimen organizado.

En el decálogo pronunciado por el titular del poder Ejecutivo Federal, se incluían una serie de medidas de corte legal para hacer frente a la problemática de inseguridad y violencia, pero complementadas con aspectos de índole económico y social dirigidas principalmente a los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, aunque también con impacto en Michoacán. En el entendido de que para lograr la justicia y la paz en estas Entidades, hay que ir más allá del ámbito legal y necesariamente tienen que ver con la reducción de la pobreza, la marginación y la desigualdad.

Para esto, el Presidente de la República propuso establecer tres zonas económicas especiales, a saber: 1) el Corredor Industrial Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, que conectará al Pacífico con el Golfo de México; 2) en Puerto Chiapas; y 3) en los municipios colindantes al Puerto de Lázaro Cárdenas, tanto de Michoacán como de Guerrero.1

A dichas zonas se les dotaría de infraestructura moderna; condiciones de seguridad; financiamiento preferencial de la Banca de Desarrollo; facilidades adicionales para el comercio exterior; y descuentos en los impuestos y contribuciones al IMSS y al Infonavit.2

Para lograr tal objetivo, y tomando en cuenta la opinión de los sectores privada y académica, el titular del Ejecutivo Federal se comprometió a que en febrero de este año enviaría la Iniciativa correspondiente al Congreso de la Unión3, pero en tanto se pondrían en marcha las acciones inmediatas que a continuación se enlista4:

● Publicación de un Decreto para dar un trato diferenciado a los productores del campo de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que se complementaría con el impulso al fortalecimiento y creación de empresas agroindustriales.

● Fomento a la formación de jóvenes mediante el apoyo a las Escuelas Normales Rurales, un programa especial de becas y la promoción de investigación científica mediante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

● Puesta en marcha de un Plan de Empleo Temporal en beneficio directo de más de 300 mil familias.

● Inversión por 2 mil millones de pesos en créditos para PyMES y con garantías de la Banca de Desarrollo.

● Inversión por 4 mil millones de pesos en créditos de impulso al campo.

● Inició del Programa de Renovación y Repoblamiento de los Cafetales.

● Implementar el Programa Inmediato de Pavimentación con inversión de  mil 500 millones de pesos en seis meses; y

● Publicación del Decreto de Medidas de Apoyo Fiscal, para la reactivación económica de Acapulco.

Han pasado 179 días desde aquel mensaje donde se empeñó la palabra del Presidente de la República para implementar esta estrategia de desarrollo en la zona sur del país encaminada a mejorar la calidad de vida de los habitantes en esta región, sin embargo, hasta la fecha, en el mejor de los casos, apenas si se ven, y en el peor, brilla por su ausencia, pese a que las disparidades en esta zona lejos de reducirse, se están ampliando con el paso del tiempo.

Es urgente que el Ejecutivo Federal cumpla con las medidas anunciadas. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señalan que hasta el año 2012, en el país había 53 millones 349 mil 900 personas en condición de pobreza y 11 millones 529 mil personas en situación de pobreza extrema. Chiapas registró en este mismo año 3 millones 782 mil 300 personas en condición de pobreza y un millón  629 mil 200 personas en situación de pobreza extrema. Guerrero  tuvo 2 millones 442 mil 900 personas en condición de pobreza y un millón 111 mil 500 personas en situación de pobreza extrema. Oaxaca registró 2 millones 434 mil 600 personas en condición de pobreza y 916 mil 600 personas en situación de pobreza extrema.5

Debe quedar muy claro que desigualdad, pobreza y corrupción, son el combustible que pone en marcha la maquinaria de la inseguridad, la violencia y la pérdida de cohesión social, por lo que es necesario atender dichas problemáticas a la brevedad, sobre todo en los Estados señalados.

En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta H. Asamblea el presente

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que a la brevedad inicie la creación de las tres zonas económicas especiales y ponga en marcha los programas sociales y económicos anunciados para los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, el día 27 de noviembre de 2014 en el mensaje dirigido a la Nación denominado: “Por un México en paz, con justicia y desarrollo”.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 27 de mayo de 2015.

Dip.Danner González Rodríguez.

1 “Mensaje a la Nación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto: por un México en paz con justicia y desarrollo”, Presidencia de la República, México, 27 de noviembre de 2014. Disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mensaje-a-la-nacion-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-por-un-mexico-en-paz-con-justicia-y-desarrollo/ [Última consulta: 25 de mayo de 2015]

2 “Por un México en paz, con justicia y desarrollo”, Presidencia de la República, 27 de noviembre de 2014. Disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/por-un-mexico-en-paz-con-justicia-y-desarrollo/ [Última consulta: 25 de mayo de 2015]

3 “Mensaje a la Nación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto: por un México en paz con justicia y desarrollo”, Óp. Cit.

4 “Por un México en paz, con justicia y desarrollo”, Óp. Cit.

5 “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012”, CONEVAL, México, 29 de julio de 2013, p. 30-31. Disponible en:
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf [Última consulta: 25 de mayo de 2015]






Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar la posible comisión de un delito electoral por Mariano García González, portador de 5 millones de pesos que le fueron encontrados en el Aeropuerto Internacional de Toluca y que podrían ser destinados a las campañas electorales del pri y del pvem. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, el Diputado MANUEL RAFAEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA integrante de la Agrupación Parlamentaria Morena, y el Senador MANUEL BARTLETT DÍAZ, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea proposición con punto de Acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El domino 24 de mayo en un vuelo privado procedente de Xalapa, Veracruz se detuvo en el Aeropuerto Internacional de Toluca a Mariano García González, por no poder comprobar la procedencia de 5 millones de pesos que cargaba en efectivo.

Según la información que dieron los medios de comunicación es que; elementos de la División de Seguridad Regional inspeccionaron a los pasajeros de una aeronave privada procedente de Xalapa, Veracruz. Esta acción permitió a los agentes federales encontrar dentro de una maleta negra que llevaba consigo un pasajero, la cantidad de 5 millones de pesos. Sin embargo, el individuo se negó a proporcionar mayores detalles que justificarán el origen del lícito de tal cantidad.

Por este hecho, el presunto responsable fue detenido por los policías federales… posteriormente, fue presentando junto con el dinero al Agente del Ministerio Publico de la Federación.

El detenido es Mariano García González, hermano, representante y apoderado legal de Francisco García González, dueño del Grupo GarGonz que aglutina tres ingenios y compadre de Javier Duarte de Ochoa.

Francisco García González, Director del Grupo GarGonz, dueño de los ingenios Calipam (en Puebla), San Francisco, en Lerdo de Tejada y El Carmen (en Ixtaczoquitlán) de Veracruz, ex yerno del “Escorpión del Azúcar”, Enrique Molina Sobrino, le apostó a las viejas prácticas político-económicas, de comprar ingenios, apoyar campañas y declararlos en quiebra para esperar el rescate azucarero.

El ingenio San Francisco, en Lerdo, comprado por él hace 8 años al Grupo Azucarero México (GAM) sigue cerrado, los cañeros y obreros y proveedores de materiales diversos no han cobrado cientos de millones de pesos, provocando un problema laboral y comercial, que se convirtió en grave problema social.

En los últimos años, el Ingenio nuevo San Francisco, ha tenido una decadencia. Francisco García González llegó a invertir en el primer año, en las siguientes 6 zafras ha tenido pérdidas financieras y no ha terminado de pagarles. Tiene un adeudo de más de 200 millones de pesos. Se escuda en que espera financiamiento delos Gobiernos Federal y Estatal.

Ante esta situación, ha intervenido gente de Feesa (Fondo de Empresas Expropiadas al Sector Azucarero) y Proasa (Promotores Agrícolas SA de CV), para realizar un análisis técnico. Pero el problema es que el propietario sacó las “masas” (parte del molino de la fábrica), se las llevó a Córdoba y no las ha regresado.Si esto no se arregla e interviene Feesa, el ingenio sería expropiado y saneado, pero Francisco García no acepta vender ni sanear sus deudas.

Francisco García Gonzálezvive en la impunidad, al parecer éste ha hecho aportaciones a la campaña del Gobernador Duarte Ochoa, con el que tiene un lazo de compadrazgo y por mantener en la pobreza y la miseria a los ingenios azucareros, pero tiene a la justicia estatal de su lado.

En este sentido, exhorto se investigue este hecho, no es una coincidencia más, otra vez Veracruz, otra vez en Toluca en temporada electoral. Nada de qué sorprenderse, con seguridad los 5 millones de pesos eran para una fiesta patronal, y en algunos meses Mariano García el ahora detenido será nombrado oficial mayor en alguna dependencia. ¿Coincidencias electorales?

Por las circunstancias en que fue detenido, los antecedentes que hay de circulación de dinero de procedencia ilícita para las campañas del PRI, el lugar de la detención que es una entidad en donde se celebran elecciones municipales y renovación del Congreso Local, el claro vínculo de este personaje con Duarte Ochoa y el Grupo

Atlacomulco, la investigación debe ir hasta las últimas consecuencias. Dada la trascendencia del suceso, la Comisión Permanente está obligada a pronunciarse al respecto.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la FEPADE, a que investigue el posible origen ilegal de los 5 millones de pesos cuyo destino final serían las campañas electorales del PRI y del PVEM, motivo por el cual fue detenido Mariano García González, en el Aeropuerto Internacional de Toluca ocurrido el 24 de mayo del presente año.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Suscriben

Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón De Guevara.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a presentar un informe sobre las características, aspectos y materiales de fabricación de las más de 6 mil láminas compradas a la empresa “Saabsa Aceros S.A. de C.V.”, destinadas al mejoramiento de vivienda en zonas de escasos recursos de la entidad, a fin de determinar si debido a su contenido de plomo representan un peligro para la salud de los beneficiarios. Se turna a la Tercera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El artículo 4º, párrafos cuarto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a disfrutar de una vida digna y decorosa, ambos elementos indispensables para el desarrollo de la población de nuestro país, por lo que su satisfacción ocupa una de las principales funciones del Estado.

En incumplimiento e inobservancia a dichas disposiciones, en días recientes se hizo del dominio público que las láminas de un programa de mejoramiento de vivienda del Gobierno del estado de Guanajuato distribuidas por el Sistema para el Desarrollo integral de la Familia de la entidad, podrían ser dañinas para la salud de los habitantes en cuyas viviendas fueron colocadas.

Para contextualizar el asunto, es oportuno señalar que el 03 de octubre de 2014, el Gobierno estatal lanzó una convocatoria para la licitación pública a través de la cual se comprarían materiales para la construcción: bultos de mortero para albañilería, bultos de cemento, piezas de armadura prefabricada de acero y piezas de láminas termo acústicas (reduce el ruido y el calor).

Por lo que respecta a las láminas termo acústicas que servirían como techo para hogares de comunidades rurales de la entidad, en principio se tenía contemplada la compra de 8 mil 400 piezas, pero finalmente el Comité de Adquisiciones decidió comprar únicamente 6 mil 144 piezas, las cuales fueron adquiridas a la empresa Saabsa Aceros S.A. de C.V., por un valor de 5 millones 512 mil 028 pesos.

La licitación estuvo a cargo de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas, dependencia que ha sido cuestionada por probables irregularidades, entre las que destaca la denuncia formulada por otro de los participantes en relación a problemas e inconsistencias de propiedad industrial, en virtud de que presuntamente se estaría usando sin autorización una marca registrada.

Aunado a lo anterior, como ya se ha hecho mención, en días recientes se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación que dichas láminas representan un peligro para la salud de las familias beneficiarias. Al respecto, de acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Desarrollo Tecnológico del CONACYT, además de ser de “origen chino”, contienen 7 gramos de plomo por cada kilo, lo cual puede provocar enfermedades como cáncer, anemia y retrasos en el desarrollo neurológico.

La gravedad del asunto radica en que el Sistema para el Desarrollo integral de la Familia estatal hasta el momento ha repartido alrededor de 600 láminas a familias vulnerables en una comunidad del municipio de Doctor Mora.

De acuerdo con medios e investigaciones periodísticas, por cada lámina, el Gobierno de Guanajuato se comprometió a pagar 897.14 pesos, es decir 7 millones 535 mil 976 pesos. A pesar de que se trata de un programa destinado a comunidades con escasos recursos, dichas láminas no fueron otorgadas de manera gratuita, sino que los “beneficiarios” tuvieron que pagar 718 pesos a cambio de las cuatro piezas.

El Centro de Desarrollo Tecnológico del CONACYT, ha dado a conocer que las láminas adquiridas por el Gobierno del estado de Guanajuato a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal, no superan las pruebas de laboratorio correspondientes, al tratarse de un material novedoso, su compra-venta no es ilegal, pero sí nociva para la salud de la población expuesta a ellas. De ahí la importancia de que se determinen las características, aspectos y materiales de fabricación de las más de 6 mil láminas compradas a la empresa “Saabsa Aceros S.A. de C.V.

Es fundamental que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Guanajuato, hagan del conocimiento de esta Soberanía Nacional el número de láminas que hasta el momento se han entregado, así como en qué comunidades y a cuántas familias. Lo anterior, a fin de atender con mayor celeridad y efectividad a las personas afectadas o que potencialmente puedan serlo.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, sobre todo ante casos que ponen en peligro el estado de salud de la población. Como representantes populares tenemos la permanente obligación de vigilar el completo bienestar de la población, supeditando los intereses particulares a los generales.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato, para que presente ante esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado sobre las características, aspectos y materiales de fabricación de las más de 6 mil láminas compradas a la empresa “Saabsa Aceros S.A. de C.V.”, destinadas al mejoramiento de vivienda en zonas de escasos recursos de la entidad, a fin de determinar si debido a su contenido de plomo representan un peligro para la salud de los beneficiarios.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 27 de mayo de 2015.

Atentamente.






De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire, Fernando Belaunzarán Méndez y José Antonio León Mendívil, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que solicita la integración de un grupo de trabajo para coadyuvar y dar seguimiento a las investigaciones de los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 22 de mayo, en el municipio de Tanhuato, Michoacán. Se turna a la Primera Comisión.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

El viernes 22 de mayo, medios de comunicación informaron respecto a un enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos integrantes de la delincuencia organizada, más específicamente del Cártel de Jalisco Nueva Generación. La información pública señala que, como víctimas mortales, resultaron cuarenta y tres personas que perdieron la vida, entre ellos un integrante de la Policía Federal.

Como parte de la Operación Jalisco, la violencia en esa entidad y en los lugares colindantes ha ido en aumento de una manera preocupante, después de la lamentable exhibición de poderío que dieron los cárteles organizados al establecer múltiples bloqueos en diversos puntos del estado y derribar un helicóptero militar, lo cual denota un poderío de fuerza que, abiertamente, reta al Estado.

Si lo anterior hubiera sido en cualquier otro tiempo, resultaría sumamente alarmante. Sin embargo, los hechos se producen en medio del desarrollo de un proceso electoral que debe garantizar a candidatos y ciudadanos, las condiciones de normalidad democrática indispensables para ejercer con libertad el derecho a votar y ser votados, obligando a diversos candidatos a establecer una autocensura en el desarrollo de sus actos proselitistas para salvaguardar la vida e integridad propias y de sus conciudadanos.

Según ha informado el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, las personas que fallecieron presuntamente pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación y eran originarias de aquella entidad. Las investigaciones se encuentran a cargo de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha acompañado tanto las diligencias de levantamiento de los cuerpos como de la exploración de la escena del crimen.

Adicionalmente, han corrido diversas versiones, principalmente de los familiares, que apuntarían a que, en este caso como en los acontecimientos del municipio de Tlatlaya, se trataría de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los integrantes de la Policía Federal, el Ejército y la propia Procuraduría General de la República. Ante lo anterior, resulta indispensable que esta Soberanía coadyuve con las autoridades para que éstas puedan presentar una versión sobre la verdad histórica de lo acontecido que resulte creíble y aceptable para la población, en aras del fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho y, principalmente, del ejercicio pleno de las libertades ciudadanas.

Es por lo anteriormente expuesto que, convencidos de que la colaboración entre los Poderes de la Unión únicamente puede redundar en beneficio de la ciudadanía a la que representamos, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de:

ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda la integración de un grupo de trabajo para coadyuvar y dar seguimiento a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto de los acontecimientos que tuvieron lugar el 22 de mayo pasado, en el municipio de Tanhuato, Estado de Michoacán, para lo cual podrá recabar información de las víctimas y las autoridades federales y estatales que estime conveniente.

SEGUNDO. El Grupo de Trabajo estará integrado por un diputado y un senador de cada grupo parlamentario y funcionará desde la aprobación del presente Acuerdo y hasta el día 31 de agosto próximo.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores que brinden a los integrantes de este Grupo de Trabajo, los apoyos administrativos necesarios para el cumplimiento de los propósitos del presente Acuerdo.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 27 de mayo de 2015

Suscriben

Dip. Agustín Miguel Alonso Raya.- Dip. José Antonio León Mendívil.- Dip. Amalia García Medina.- Dip. Lizbeth Rosas Montero.- Dip. Fernando Belaunzarán Méndez.- Dip. Gloria Bautista Cuevas.- Dip. Graciela Saldaña Fraire.- Dip. María de Lourdes Amaya Reyes.






Del Diputado Rubén Acosta Montoya, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Contraloría General del Distrito Federal a investigar los presuntos actos de corrupción existentes en la asignación de contratos en la Delegación Benito Juárez durante la administración de Jorge Romero Herrera. Se turna a la Primera Comisión.

Quien suscribe, RUBÉN ACOSTA MONTOYA, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor dela siguiente:

En términos jurídicos la corrupción es la violación de una obligación por parte de un servidor público o representante popular con el objeto de obtener un beneficio personal, en forma de dinero, regalos o favores de la persona que lo soborna o a quien extorsiona. En otras palabras, la corrupción supone el abuso del poder detentado para usarlo en beneficio propio. En este sentido, la corrupción deslegitima la democracia y genera desconfianza entre los ciudadanos hacia las instituciones estatales, al mismo tiempo que erosiona el tejido social.

La corrupción no es un fenómeno aislado, pues adopta múltiples formas de trasgresión al Estado de Derecho, por este motivo no puede combatirse eficazmente cuando sólo se persigue a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando estrategias que permitan disminuir esas conductas.

La corrupción desincentiva la inversión del sector privado, afecta los ingresos de las familias mexicanas, distorsiona la distribución dela riqueza y genera desigualdad y discriminación en el disfrute de los derechos humanos; por lo tanto, la corrupción representa un fuerte obstáculo para el desarrollo nacional.

Por este motivo se requiere combatir a la corrupción mediante políticas adecuadas que fortalezcan las acciones en contra de este tipo de conductas cometidas por servidores públicos en afectación del interés general, pero esas acciones deben alcanzar también a los particulares que incurren en prácticas indebidas.

El Estado mexicano ha suscrito y ratificado, entre otros instrumentos internacionales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la que se establece la obligación de garantizar la existencia de un órgano especializado en la lucha contra este fenómeno; así como la Convención Interamericana contra la Corrupción, que promueve y fortalece el desarrollo de los Estados para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos indebidos en el ejercicio de sus funciones.

En correspondencia con lo anterior, en los últimos años, nuestro país ha implementado numerosas medidas para combatir la corrupción a través de la puesta en marcha de diversos programas y políticas públicas, la adecuación del marco jurídico y la creación de nuevas instituciones especializadas en la materia. A pesar de los avances alcanzados, reducir significativamente los índices de corrupción y su impacto en la vida nacional sigue siendo una asignatura pendiente.

Bajo esta lógica, las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión alcanzamos recientemente los consensos necesarios para conformar un sistema integral de combate a la corrupción con la finalidad de dotar al Estado mexicano de las herramientas jurídicas, culturales y administrativas necesarias para que nuestro país supere las malas prácticas tanto de los servidores públicos como de los particulares que obran en contra del interés general de la nación.

No obstante que el nuevo sistema nacional anticorrupción fue el fruto de intensas jornadas de trabajo, de discusión y negociación por parte de todos los partidos que contó incluso con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, durante el presente proceso electoral un solo instituto político, el Partido Acción Nacional (PAN), ha pretendido adjudicarse de manera exclusiva la aprobación de tan relevante reforma.

Además de ello, el PAN se ha dedicado a ensuciar el proceso electoral con acusaciones en contra de otros partidos y candidatos que en la mayoría de los casos no tienen fundamentos sólidos, sin reparar en que éste mismo instituto político se ha convertido ya en un ícono de la corrupción a nivel nacional.

La opinión pública no olvida que el presidente nacional del PAN fue incapaz de explicar con qué recursos financian sus hijos el estilo de vida que llevan, llena de viajes, lujos y excentricidades. Tampoco se puede pasar por alto que sobre los miembros más conspicuos de los grupos parlamentarios del PAN en la presente legislatura federal pesan acusaciones de malgastar los recursos públicos que se les asignan para llevar a cabo eventos que hacen pasar como labores legislativas pero que en realidad no son más que fiestas privadas marcadas por el derroche y las conductas inapropiadas que ofenden gravemente la buena moral. Los mexicanos tampoco olvidarán que los miembros del PAN actúan en contra de los propios habitantes de las localidades en las cuales gobiernan, pues varios de sus diputados fueron exhibidos por condicionar la asignación de recursos federales para llevar a cabo obras en determinados municipios a cambio de la obtención de un porcentaje de esos recursos y de la designación de empresas constructoras en particular.

Resulta paradójico que el PAN se jacte de haber propuesto la conformación del sistema nacional anticorrupción, cuando al interior de sus filas ha solapado los ilícitos en los cuales sus miembros incurren.

Cuando no se castigan las conductas indebidas es lógico que éstas se sigan presentando, este es el caso del Distrito Federal en la Delegación Benito Juárez, cuyo ex titular, Jorge Romero Herrera, hoy candidato a diputado local, en complicidad con miembros de su equipo administrativo, otorgó contratos millonarios a empresas ligadas a miembros de su partido, con lo cual queda acreditado el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

La información publicada por el Periódico Reforma deja claro que Jorge Romero y sus allegados políticos, han estado haciendo uso del presupuesto delegacional para adjudicarse contratos entre ellos mismos, lo cuales sumarían alrededor de 55 millones de pesos asignados en un periodo de dos años por la figura de adjudicación directa o invitación restringida.

Cabe señalar además que los contratos fueron adjudicados a empresas ligadas a los familiares del hoy candidato a Jefe Delegacional por el PAN en Cuajimalpa, Camilo Campos López. Es el caso de Grupo Comercial Servicio Ibague, cuya representante legal es Simitria Alba López, madre de Camilo Campos, la cual ha obtenido 13 contratos por un valor de 16.8 millones de pesos.

Por este motivo, es lógico pensar en la posibilidad de que estos recursos otorgados en contratos estén siendo utilizados para financiar las campañas políticas del PAN en el Distrito Federal, concretamente en las delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y Tlalpan, en donde sus candidatos se encuentran estrechamente vinculados al grupo político que encabezan Jorge Romero Herrera y Mauricio TabeEchartea.

Lo aquí expuesto, sin duda alguna, estaría afectando la equidad de la contienda   electoral pues la cantidad señalada está muy por encima de los recursos que los partidos pueden gastar en las campañas políticas en cualquiera de las delegaciones mencionadas, lo cual hace imposible asegurar un piso parejo para el resto de los contendientes que ven seriamente afectadas sus posibilidades de conquistar el voto de los ciudadanos.

En virtud de lo anterior, consideramos pertinente solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como a la Contraloría General del Distrito Federal a investigar las irregularidades existentes en la asignación de contratos en la Delegación Benito Juárez durante la administración de Jorge Romero Herrera.

Asimismo, por considerar que los recursos provenientes de la adjudicación discrecional de contratos en la Delegación Benito Juárez están siendo utilizados para financiar las campañas del PAN en el Distrito Federal, exhortamos a la autoridad electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a actuar de oficio y poner especial atención a los recursos gastados por el PAN en las Delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y Tlalpan.

En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como a la Contraloría General del Distrito Federal a investigar los presuntos actos de corrupción existentes en la asignación de contratos en la Delegación Benito Juárez durante la administración de Jorge Romero Herrera.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la autoridad electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a actuar de oficio y poner especial atención a la procedencia de los recursos gastados en las campañas electorales del Partido Acción Nacional en las Delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y Tlalpan, del Distrito Federal.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 27 de mayo de 2015.

Suscribe

Dip. Fed. Rubén Acosta Montoya.






Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de los estados a establecer líneas de acción y apliquen operaciones preventivas para enfrentar los ciclones tropicales que están por comenzar a manifestarse en el territorio nacional. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito Dip. JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO, hago uso esta Tribuna para presentar proposición con punto de Acuerdo, con el carácter de urgente u obvia resolución, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 116 y 122 de la Ley Orgánica del H. Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta Asamblea las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el mundo, los desastres relacionados con agentes perturbadores asociados a fenómenos hidrometeorológicos se cuentan entre los que mayor número de afectaciones registran. Por lo que en México no somos ajenos a este sistema destructivo y en la actualidad esta situación prevalece y se mantiene como una constante que se ve agravada año con año, al  ser nuestro territorio susceptible a la acción de ciclones tropicales en los litorales del Pacífico,  Golfo de México y Mar Caribe, durante un periodo que abarca prácticamente la mitad del año.

Los  ciclones  son  remolinos gigantescos que cubre cientos de miles de kilómetros cuadrados y tiene lugar, primordialmente, sobre los espacios oceánicos tropicales. Cuando las condiciones oceánicas y atmosféricas propician que se genere un ciclón tropical, la evolución y desarrollo de éste puede llegar a convertirlo en huracán, y tal circunstancia debido a la fortaleza con que impacta éste fenómeno meteorológico la superficie del territorio mexicano, representa grandes daños e incluso en desafortunadas ocasiones la pérdida de vidas humanas.

La formación de los ciclones en los océanos se ve favorecida cuando la temperatura de la capa superficial de agua supera los 26°C. Lo anterior, aunado a la existencia de una zona de baja presión atmosférica, hacia la cual convergen vientos de todas direcciones, y son clasificados en tres etapas de acuerdo con la velocidad máxima de sus vientos.

• La primera se llama depresión tropical, cuando sus vientos son menores a 63 km/h.

• La segunda fase es tormenta tropical, que comprende vientos entre 63 km/h y 118 km/h.

• Y por último se adquiere la categoría de huracán al presentar vientos con una velocidad mayor a los 118 km/h. En esta etapa se generan los efectos destructivos, al provocar vientos fuertes, lluvias torrenciales, marea de tormenta y oleaje altos.

Asimismo, son uno de los fenómenos naturales que provocan mayores pérdidas económicas cada año, debido al incremento de los asentamientos humanos en zonas de riesgo y a la degradación ambiental producida por el hombre.

Los aspectos destructivos de los ciclones tropicales, que marcan su intensidad, se deben principalmente a cuatro aspectos: viento, oleaje, marea de tormenta y lluvia.

El cambio climático es uno de los principales problemas  del incremento año con año de  ciclones. El fenómeno es sin duda el resultado de varios siglos de la actividad humana, principalmente de la transformación y explotación de los recursos naturales sobre los que nunca se previó su agotamiento, ni el impacto que provocaría el desequilibrio medio ambiental.

En México, de 1970 a 2014, los estados con más impactos de ciclones tropicales fueron Baja California Sur con 44; Sinaloa, 41; Quintana Roo, 39; Veracruz, 37; Tamaulipas, 34; Michoacán y Jalisco, 30; Colima y Guerrero, 27; Campeche y Chiapas 24; Yucatán y Oaxaca 21, y Sonora y Nayarit, 20.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través de su Director General Roberto Ramírez, informó el  inicio de la temporada de ciclones tropicales  en el Océano Pacífico a partir del 15 de mayo de éste 2015, en la cual se prevé que en el presente verano se registre una temporada con un número de ciclones tropicales por arriba del promedio histórico que es de 14 para éste litoral.

Por lo que este año se esperan 19 ciclones tropicales en el Pacífico: 8 tormentas tropicales, 7 huracanes fuertes de categorías 1 y 2, y 4 huracanes intensos de categorías 3, 4 o 5.

En tanto, el litoral del Atlántico, que comprende el Golfo de México y el mar Caribe, registrará siete ciclones, de los cuales cuatro pueden ser tormenta tropical y tres huracanes.

Aunque no es posible indicar con certeza cuántos de los ciclones tropicales que se tienen previstos para 2015 podrían afectar a la República Mexicana, ni en qué fechas o con qué intensidad, el SMN señala que, de acuerdo con las estadísticas, el promedio de afectación directa de ciclones tropicales en México por temporada es de 29 en el Pacífico y de 18 en el Atlántico (Caribe y Golfo de México), es decir, 5 ciclones por temporada, en promedio, dijo la Conagua.

Estas son proyecciones, por lo que puede variar el número e intensidad, acotó la Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El Presidente de la Reública Enrique Peña Nieto, advirtió además que México nuevamente tendrá la presencia del fenómeno El Niño, a lo cual se suma el efecto conocido como Mar de Fondo que actualmente genera patrones atípicos de oleaje en diferentes puntos de la costa del Pacífico.

Ante tales advertencias y posibilidades, es que estamos en la imperiosa necesidad de exhortar a las autoridades  a tomar medidas y establecer acciones inmediatas que permitan recibir de la manera más favorable estos fenómenos de la naturaleza que se avecinan, teniendo especial consideración en informar a la población que reside en los territorios expuestos a mayor riesgo y con la mayor prontitud posible sobre la presencia que tendrán los ciclones en nuestro país, orientándola sobre las medidas que deben de tomar que siempre y en todo momento deberán de ser precautorias y no para resolver las contingencias después de haberse hecho presente los fenómenos naturales.

De acuerdo con lo anterior requerimos en el corto plazo reducir la vulnerabilidad de los sistemas afectables y mitigar los efectos del sistema perturbador, mediante la formulación de mecanismos coordinados de acción social e interinstitucional que nos permitan actuar sistematizadamente antes, durante y después de la presencia de una amenaza de esta naturaleza. Por ello el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales nos ofrece la posibilidad de consensuar, sistematizar y aplicar coordinadamente las acciones emergentes que permitan responder de forma inmediata a las necesidades urgentes de la población para la protección de la vida y la salud, alimentación, suministro de agua y albergue temporal, ante la inminencia de que ocurra un desastre natural o ante la ocurrencia delos mismos.

Por las consideraciones vertidas y en congruencia con el compromiso adquirido con los ciudadanos mexicanos, expongo a su consideración la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el carácter de urgente u obvia resolución, misma que de estimarlo procedente, solicito se apruebe en sus partes integrantes:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de los Estados, para que por conducto del titular de la Comisión Nacional del Agua, del Sistema Nacional de Protección Civil y de las Autoridades de protección civil de las entidades, respectivamente, establezcan líneas de acción y apliquen operaciones preventivas en los ámbitos de su competencia y respectivas atribuciones, para enfrentar los ciclones tropicales que están por comenzar a manifestarse en el territorio nacional, y así también informen e instruyan a la población sobre las medidas preventivas que deben de instrumentar para recibir dichos fenómenos meteorológicos.

Respetuosamente

Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño.






Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a garantizar en todo el territorio nacional la celebración de elecciones libres y auténticas y actuar y contribuir para detener la violencia política que ha caracterizado el actual proceso electoral. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Diputado MANUEL RAFAEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA integrante de la Agrupación MORENA y Senador MANUEL BARTLETT DÍAZ, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- Actualmente se desarrolla en todo el país procesos electorales que renovarán diversos cargos de elección popular, entre los que se encuentran diputados federales, gobernadores, presidentes municipales, jefes delegacionales y diputados locales, cuyos candidatos serán electos el próximo 7 de junio.

Lamentablemente este proceso electoral se realiza en condiciones de violencia política en la que han sido afectados los principios de democráticos para e realizar elecciones libres, auténticas y periódicas.

SEGUNDO.- En nuestro país, la violencia política  se ha expresado, en sus dos vertientes: la violencia que proviene  desde abajo, pero también y  desafortunadamente la violencia que viene desde arriba. Esta supuesta violencia  que supone, según el sociólogo Max Weber “el monopolio de la violencia legítima” en manos del Estado.

La violencia que viene desde abajo es la que se conoce como delincuencia, la que proviene de la desesperación y la falta de oportunidades, o de la abierta decisión de violar la ley, hechos pero que nadie duda en condenar y sancionar. Conductas que son síntomas de una sociedad que se descompone.

TERCERO.- Sin embargo, el proceso electoral en curso, encabezado teóricamente por el órgano autónomo encargado de la función estatal de organizar las elecciones, el Instituto Nacional Electoral, se ha visto marcado por la violencia que proviene desde arriba. Aquella que surge cuando son los mismos gobernantes quienes abusan de la facultad o del “monopolio dela violencia legítima” que sirve para mantener la paz social, teniendo como límite que esa violencia policiaca y militar no atropelle ni viole en los derechos humanos.

México se encuentra enmarcado, ante el escenario de guerra contra el narcotráfico y el exceso de violencia gubernamental, con lo que se ha deslegitima “el uso del monopolio de la violencia” por los abusos y fracasos en esa estrategia y que únicamente han logrado agudizar las violencias, desde arriba y desde abajo, y que hasta ahora sólo han tenido como consecuencia con actos de repudio y contestatarios, que a diario se suceden y multiplican en todo el territorio nacional pero que amenazan con  desbordarse.

Hoy, lamentablemente, estamos en un escenario donde la violencia política proviene desde arriba, no desde abajo, es la violencia que ejerce el gobierno y llega a extremos de abuso por la militarización de las funciones de seguridad pública, lo que deberían hacer las policías, los servicios de inteligencia, para ir a la raíz de la amenaza delincuencial.

CUARTO.- En la república mexicana, el tema de la violencia política, ha adquirido niveles de franca alianza entre funcionarios, militares, policías y delincuentes, es decir, la narcopolítica se ha institucionalizado, y ha asentado sus reales. Para desgracia de todos, este proceso electoral está dominado por el abuso de los recursos públicos por parte del gobierno, quien se niega a dejar de orientar a los ciudadanos con los dineros públicos y programas sociales.

Los mexicanos vivimos una doble tragedia y nos enfrentamos al peor de los mundos posibles, cuando por un lado no existen condiciones de para realizar elecciones libres,  auténticas y periódicas y por otra parte el gobierno criminaliza todas las conductas de protesta social, mientras se muestra impotente, por suma la estrategia, en combatir la delincuencia, lo que provoca mayor conflictividad social y aumento de la violencia política.

Tlatlaya en el estado de México; Ayotzinapa en Guerrero; Villa Purificación, Jalisco, Apatzingán y, más recientemente Tanhuato, en Michoacán, son el macabro testimonio de esta violencia provocada y ejecutada por el Estado (ius punendi), donde participan, policías municipales, estatales, fuerzas federales, la gendarmería y el ejército, presidentes municipales gobernadores y algunas ramas del ejecutivo federal. Violencia política desde arriba, y la cual tiene su repercusión en la sociedad.

QUINTO.- Que justamente la ausencia de condiciones normales rumbo a la jornada electoral del 7 de junio, se ha traducido en inseguridad en el desarrollo de las campañas y de candidatos;  hostigamiento a candidatos y sus brigadistas; abuso del poder público para beneficio de partidos en el gobierno; abuso de programas sociales para beneficiar a segmentos de la población susceptibles de compra y coacción del voto así como la negativa de gobiernos federales, estatales y municipales  para seguir distribuyendo bienes sociales y programas, así como el instrumentación de campañas negras para afectar con ello la participación política de los ciudadanos, lo que a su vez socava los cimientos de nuestra incipiente democracia.

Esta misma situación de anormalidad se repite en varias delegaciones del Distrito Federal, entre ellas Iztapalapa, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero, en donde los principales contendientes han denunciado prácticas corruptas de compra y coacción, uso faccioso de programas sociales, violencia contra brigadistas, retiro de propaganda, así como  campañas negras, lo que afecta sensiblemente al MORENA y a sus candidatos a distintos cargos de elección popular en la Ciudad, sede de los poderes de la Unión en México.

Este es el contexto es que se dan los actos de violencia política, en específico en contra de una expresión política, como lo es el del Partido Político Nacional, MORENA, cuyos candidatos han sido hostigados y perseguidos; retirada su propaganda con la venia de la autoridad y, en el peor de los casos, algunos de ellos han sufrido atentados, uno que quedó como tentativa de homicidio, como ocurrió en el caso de Janix Liliana Castro, candidata a diputada federal por el distrito electoral 20 de Acayucan, Veracruz, y el más reciente caso  del lamentable asesinato del ex candidato a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán, Enrique Hernández Salcedo, asesinado en pleno acto de campaña el pasado 14 de mayo, en cuyos hechos intervinieron, como autores intelectuales, representantes de las fuerzas de seguridad municipal, de acuerdo con los resultados de las investigaciones ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.

Esta misma violencia política es la que obligó a la renuncia de la candidata al municipio de Acatepec, Guerrero, Valentina Rosendo Cantú, quien tuvo que declinar para continuar haciendo su campaña electoral.

Estos hechos que confirman que en el país --aun cuando pudieran parecer casos aislados--, no existen las más más amplias condiciones que garanticen elecciones libres, auténticas y periódicas, requisitos indispensables para establecer una auténtica democracia.

Por lo que es urgente que el Instituto Nacional Electoral retome su mandato constitucional como órgano autónomo encargado de la función estatal de organizar las elecciones y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales garantice la celebración elecciones libres, auténticas y periódicas en todo el país.

Por lo anterior proponemos como de urgente y obvia resolución el siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral (INE), para que en uso de sus facultades constitucionales y legales, garantice en todo el territorio nacional la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, actúe y contribuya a detener la violencia política que ha caracterizado el actual proceso electoral.

SEGUNDO.- A que las autoridades del Estado Mexicano, de los tres niveles de gobierno, municipales, estatales y federales, detengan la espiral de violencia política contra la población civil y creen las condiciones de tranquilidad necesarias que le permitan la celebración de elecciones libres y auténticas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Atentamente

Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Dip Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.






De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar políticas y programas de prevención de delincuencia infantil. Se turna a la Segunda Comisión.

La Diputada MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes.

CONSIDERACIONES.

En días pasados, un niño en el Estado de Chihuahua de seis años fue asesinado por cinco menores, tres de ellos sus primos de 11, 13 y 15 años. En sus declaraciones los agresores manifestaron que la intención original fue “jugar a recrear un secuestro.” Un juego en el que amarraron a Cristopher Márquez Mora y lo llevaron hasta un lugar contiguo al barrio donde viven, para aparentar torturarlo como si fuera realmente un secuestro. El juego se salió de sus manos, Cristopher sangró con motivo de heridas causadas por una piedra y al final los niños decidieron quitarle la vida para evitar que los acusara. La forma en que lo mataron resulta alarmante: Lo apuñalaron, cubrieron su cabeza con una bolsa de plástico y lo enterraron en una fosa cavada por ellos mismos tratando de encubrir la situación “como si no hubiera pasado nada”.1

Hay quienes sostienen que los menores por estar aún en un proceso de maduración psicológica bajo ningún concepto puede considerarse delincuentes, sino que sus acciones son el resultado de las influencias del medio social o de sus progenitores, quienes en la mayoría de las ocasiones los determinan para incurrir en actividades delictivas.

En México, los menores que oscilan entre 12 y 18 años por su condición de “personas en desarrollo” no son penalmente imputables. No obstante, sí son responsables por la comisión de conductas tipificadas como delitos. La Constitución Federal en su artículo 18 ordena la creación de un Sistema Integral de Justicia para Adolescentes a nivel federal y en cada entidad federativa a cargo de autoridades y tribunales especializados que tiene como objetivo imponer a los menores infractores medidas que tienen como fin no sólo una justicia restaurativa sino también la reintegración social y familiar del adolescente y el proporcionarle una experiencia de legalidad y una oportunidad de valorar los beneficios de la convivencia armónica, del civismo y del respeto a las normas y a los derechos de los demás.

Las leyes de justicia para niños y adolescentes vigentes, tanto en el ámbito federal como en el local, prevén las reglas conforme a las cuales se tramitan investigaciones que tienen por objeto establecer la existencia jurídica de una conducta tipificada como delito, quién es su autor o partícipe, y su grado de responsabilidad. De igual forma, prevén para los infractores la aplicación de medidas (en vez de sanciones) que pueden consistir en orientación, asesoramiento psico-emocional, protección, libertad asistida, prestación de servicios a favor de la comunidad, reparación del daño e incluso en la prohibición de relacionarse con determinadas personas, entre otras.

Se trata de un sistema en el que las medidas, que pueden cumplirse en libertad, son siempre de aplicación prioritaria, en tanto que las que implican la privación de libertad deben aplicarse como último recurso y en ningún supuesto pueden ser aplicadas a menores de 14 años.

La ley parece completa, sin embargo en la práctica las condiciones bajo las cuales se implementa, lejos de favorecer la reinserción de los menores a la sociedad y proporcionarles una experiencia de legalidad, los prepara para convertirse en verdaderos delincuentes del futuro.

De las visitas de supervisión realizadas por personal de la CNDH en los meses de febrero y marzo del 2014 a 56 Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes a lo largo del país, se desprende que en la gran mayoría de dichos centros existen irregularidades graves y deficiencias que contravienen diversas normas no sólo nacionales sino también internacionales en materia de derechos humanos2.

Situaciones de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, inadecuadas condiciones de las instalaciones, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, así como irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, ausencia de programas contra adicciones y en general falta de capacitación a los servidores públicos adscritos a los mencionados Centros y deficiencias en su supervisión, son una muestra clara de que en dichos Centros son insuficientes las condiciones para cumplir con los objetivos de reinserción social exigidos por nuestra Constitución.

En Nueva Alianza consideramos que la política contra la delincuencia infantil para ser efectiva, debe necesariamente incluir programas de prevención encaminados a eliminar el ambiente hostil en el que crecen y se desenvuelven los niños y adolescentes en nuestro país, a través de una labor en conjunto de todos los organismos encargados en mayor o menor grado de proteger los intereses de los niños, con el fin de impedir o desincentivarla comisión de conductas antisociales por parte de los mismos.

Debemos reconocer que los menores de 15 años que infringen las leyes penales son víctimas de un ambiente social inadecuado, de un medio familiar deficiente o corrompido por el descuido, perversión e ignorancia de los padres.

Conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todos los niños del país tienen derecho a un sano desarrollo integral y libre de violencia3, en un medio ambiente sustentable y bajo condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, y crecimiento saludable tanto físico como mental4.

Dicha ley impone a las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la obligación de adoptar las políticas y medidas de prevención necesarias para evitar situaciones que orillen a los niños y adolescentes a convertirse en delincuentes5 y de incorporar en sus proyectos de presupuestos la asignación de recursos que se los permita.6

Es indudable que la minoría de edad es la más vulnerable ante la desintegración familiar, el medio social hostil, la mala educación, la influencia nociva de los medios de información y la pobreza.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión exige que la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringido propicie la integración de las familias, el desarrollo armónico de la niñez y la difusión de valores culturales éticos y sociales7; debiendo evitar contenidos contrarios al respeto a la dignidad de todas las personas, o que estimulen o hagan apología de la violencia8.

Asimismo, impone tanto a los concesionarios que prestan servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringido como a los programadores, la obligación de adoptar medidas oportunas para advertir a la audiencia de contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes9.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la obligación de supervisar que la programación dirigida a la población infantil cumpla con lo anterior y debe informar a la Secretaría de Gobernación los resultados de las referidas supervisiones10, para que dicha autoridad, de resultar procedente, sancione a los infractores por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de contenidos.11

En este contexto y tomando en cuenta que el interés superior de la niñez debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre toda cuestión debatida que involucre a menores de edad, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos indispensable que los gobiernos tanto federal como locales pongan mayor atención y dediquen recursos económicos a la prevención de la delincuencia infantil, a la implementación de programas de diagnóstico de prevención y control, ya generar indicadores de avance en la aplicación de tales programas; también se requieren campañas de difusión de programación a favor de una vida libre de delincuencia entre los niños y el desarrollo de modelos de atención integral a víctimas y victimarios de este tipo de conductas.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, a los Titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que implementen políticas y programas preventivos, de diagnóstico y de control en materia de delincuencia infantil; a que generen indicadores de avance en la aplicación de tales programas y realicen campañas de difusión dirigidas a la sociedad a favor de una vida libre de delincuencia entre los niños; así como para que desarrollen modelos eficientes de atención integral a víctimas y victimarios de este tipo de conductas, con estricto cumplimiento a las obligaciones que les impone la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigente en el territorio Nacional.

SEGUNDO. Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar prioridad y cumplir cabalmente con su obligación de supervisar que la programación dirigida a la población infantil cumpla con los requisitos de ley, e informe de inmediato a la Secretaría de Gobernación sobre cualquier contenido en las programaciones de radiodifusión y televisión y audio restringido que pudiera propiciar o favorecer la delincuencia entre los niños, niñas y adolescentes del país.

Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Dip. María Sanjuana Cerda Franco.

1 Luis Fierro.-Corresponsal de El Universal en Chihuahua. Artículo titulado “Con antecedentes violentos, los asesinos de Cristopher”, Miércoles 20 de Mayo de 2015.

2 Informe Especial Sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales que dependen de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana. 20 de febrero de 2015.

3 Artículo 13, fracciones VII y VIII.

4 Artículo 43.

5 Artículos 44 y 47.

6 Artículo 2°, cuarto párrafo.

7 Artículo 223.

8 Artículo 226, fracciones II y III.

9 Artículo 226, último párrafo.

10 Artículo 216 fracciones III y V.

11 Artículo 297, cuarto párrafo.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a realizar y agilizar las indagatorias sobre los bienes patrimoniales del  candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima y para que, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes por presunto enriquecimiento inexplicable. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con dos puntos de acuerdo de urgente resolución, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

La credibilidad en quienes pretenden arribar al poder político para ejercer acciones de gobierno, o para representar ante éste a los ciudadanos, es uno de los elementos esenciales de la transparencia y la rendición de cuentas.

Así ha sido desde hace tiempo, pero mucho más en la época actual, en la que una sociedad como la nuestra, dispone no únicamente de los tradicionales medios de comunicación para informarse, sino que incluso, una buena parte de ella, tiene acceso permanente a las novedosas técnicas de información y comunicación.

Se trata de una situación que permite a los ciudadanos, casi a la par en que se desarrollan los hechos, tener conocimiento de ellos, formarse una opinión y replicarlos de manera inmediata, haciendo participes de ese saber, a un copioso y creciente número de receptores, a través de las modernas redes de comunicación, en un ciclo que se autorreproduce y retroalimenta, dando por resultado una comunidad más informada, demandante, participativa y al pendiente de los asuntos públicos.

Debido a ello es que la credibilidad, la confianza y el conducirse siempre con la verdad se han convertido a estas alturas, en algunos de los máximos valores que la sociedad pondera y reconoce hacia los gobernantes o quienes buscan serlo, o en quienes son o pretenden ser representantes populares por la vía de las elecciones.

Desafortunadamente la cultura de la confianza como sustrato de la credibilidad, no ha logrado arraigar, ni constituirse en eje alrededor del cual debieran girar las propuestas políticas de varios candidatos que, a través el actual proceso electoral, buscan verse favorecidos con el voto ciudadano para arribar a diferentes cargos de elección popular.

En efecto, hay algunos que ignorando o menospreciando la capacidad de acceso de la gente a los medios de comunicación pretenden desde la opacidad, o mediante la sola emisión de verdades a medias, simular lo que no son: presentarse ante la ciudadanía como candidatos impolutos, pretendiendo ganarse con engañifas la confianza ciudadana.    

Un caso emblemático de esa situación, es el del candidato por el Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima quien, a lo largo de su campaña política ha cuidado mucho el no darse a conocer tal como realmente es, o sobre lo que constituyen realmente sus bienes patrimoniales. Se trata al parecer de un caso típico de enriquecimiento inexplicable, pues es una persona que prácticamente de la nada ha llegado a acumular en muy poco tempo, recursos y vastas propiedades inmobiliarias que, de ninguna manera, son consistentes con la breve trayectoria con que cuenta en el servicio público.

Lo más grave es que la sociedad se ha enterado de esa situación, antes que por el reconocimiento o por voz propia de ese candidato respecto a la posesión de bienes y propiedades, a partir precisamente de informaciones dadas a conocer por medios de comunicación, los que han acabado por demostrar la simulación con la que se conduce el candidato a gobernador por esa organización política [*].

Él, por el contrario, ha manifestado en diferentes y contradictorias ocasiones, una posesión de bienes sin proporción alguna con lo que realmente ha sido posible detectar gracias a la labor investigadora de esos medios.

Se conocen al menos dos declaraciones de ese candidato respecto a su situación patrimonial: una ante la Contraloría del Senado de la República casi al inicio de la LXII Legislatura en octubre de 2012; y otra más ante la misma instancia hace solo dos meses, al solicitar licencia como legislador para contender por el gobierno de Colima.

Es de señalarse que entre una y otra existen disparidades e inconsistencias significativas, pues mientras que en la de su inicio como legislador habría manifestado poseer cinco bienes raíces, e inversiones, todo ello por un total equivalente a cinco millones de pesos, en la que presentó más recientemente, da cuenta de ser dueño de siete inmuebles (tres terrenos, una casa y tres lotes) por un valor de menos de dos millones de pesos, y dos cuentas bancarias por un total de cuatro y medio millones de pesos; en ambos casos, habiéndolo declarado el candidato, bajo protesta de decir verdad.

Lo real, sin embargo, conforme a la investigación realizada por el medio referido, es que una y otra declaraciones estarían muy lejos de la verdad, pues con base en consultas al Registro Público de la propiedad de Colima, fue posible detectar que el senador con licencia y actual candidato por el PAN tendría -tan solo en ese estado- once propiedades con un valor comercial de más de sesenta y dos millones de pesos.  

Es decir, que entre los cinco o los siete y medio millones de las primera y segunda declaraciones respectivamente, frente a los sesenta y dos millones del valor real comercial de sus bienes, media una diferencia que va de los 54.5 a los 57 millones de pesos, cantidad de la que el candidato no ha rendido cuentas, y que al parecer pretendía ocultar o mantener en completa opacidad.

Se trata de una riqueza inexplicable, pues no es de concebirse que, sin conocérsele otra actividad ajena a la de Senador o de diputado en su momento, haya logrado acumular con sus solas percepciones en esos cargos, una cantidad como a la que se hace referencia. 

Tal vez a ello se deba que en reiteradas ocasiones el hoy candidato a la gubernatura, pero aún antes, estando como senador, haya sido cuestionado de diversas maneras, en relación con el empleo de dinero para diferentes asuntos: reparto de tarjetas durante su campaña, al menos en dos municipios del estado, para el acceso a recursos materiales a cambio de proporcionar los datos de las credenciales de elector; o acusaciones diversas sobre una presunta compra de votos.

Y, lo más escandaloso quizás: la construcción de un hotel, “el Castillo de Montitlán” levantado en cuatro predios no manifestados, ampliamente documentado y denunciado en los medios desde agosto de 2014.

En todo caso, ya con antelación a su estatus como senador, obraba al menos una denuncia en su contra cuando siendo diputado federal, en mayo de 2012 se le acusó de haber desviado en el año de 2006, 55 millones de pesos de la SEDESOL para apoyar la campaña de su correligionario a la Presidencia de la República.

Como puede apreciarse, no han sido precisamente la credibilidad y la confianza las que han distinguido al candidato del PAN por la gubernatura de Colima, sino todo lo contrario: el ocultamiento de la mayor parte de su patrimonio, la opacidad y la simulación con las que pretende mediante evasivas, hacerse del apoyo de la gente para arribar al gobierno de esa entidad.

Tan solo en lo que toca a la cuestión patrimonial que es la esencia de este punto de acuerdo, y de ser comprobado el origen desconocido, inexplicable o incluso ilícito de su patrimonio, el hoy candidato debiera ser objeto de investigaciones, las cuales tendrían sustento en el Título Cuarto de la Constitución, referido a las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado.

Y, de manera más específica, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre los que se encuentran incluidos los senadores y los diputados, la cual prescribe en su artículo 6, entre otras de sus obligaciones, las de:

XIII.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI;

 

XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley;

Lo de la fracción XIII respecto a no obtener o pretender beneficios en el caso del candidato, pudiese bien ser objeto de investigación; en tanto que respecto de la XV, ahí sí no hay duda, pues el candidato habría incurrido en falta de veracidad al haber presentado sus declaraciones patrimoniales. Y si bien por el momento en virtud de su licencia, no es servidor público, lo cierto es que lo fue en el tiempo en el que pudiesen haberse cometido algunos de los ilícitos que se señalan, para lo cual aplicaría el artículo 13 del propio ordenamiento, que señala entre otras cosas que:

Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

V.-  Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.

Es de señalarse que de acuerdo con el artículo 8, la falta de veracidad en la declaración patrimonial está tipificada como delito grave, pues en efecto según el artículo 36 se tiene la obligación de presentar la declaración bajo protesta de decir verdad. De hecho, de acuerdo con Código Penal Federal, se trataría en este caso, de una situación de enriquecimiento ilícito de llegar a comprobarse, según la siguiente disposición en la que se prescribe que:  

Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

… 

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Creemos que con lo que se ha señalado anteriormente hay elementos suficientes para que la Procuraduría General de la República, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral, emprendan en lo inmediato las indagatorias sobre el origen y aplicación de los recursos no manifestados por el candidato a Gobernador en sus declaraciones patrimoniales, por presuntas violaciones, no únicamente a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino también a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. A esta última, sobre todo por el asunto de las tarjetas, a cambio de los datos de credenciales de elector y por la presunta compra de votos.

Cabe destacar por último, que estos presuntos ilícitos ya fueron debidamente denunciados en el ámbito local por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional quien exigió al hacer la demanda, que el candidato PAN “… explique a la sociedad colimense, al pueblo de México en general y al Senado de la República en particular, cómo se hizo de tan cuantiosa cantidad, por qué ocultó el valor real de sus pertenencias y por qué no declaró la totalidad de ellas…” [*]

Al tiempo que pedía que la Unidad Técnica de Fiscalización, del INE revise el gasto erogado en su campaña electoral, pues “…para todos los colimenses ha sido evidente lo dispendiosa que ha sido. El pueblo de Colima merece conocer el origen de esos recursos…. si mintió al Senado de la República, en su declaración patrimonial, entonces habrá que desconfiar de que los informes financieros que Preciado entregue al INE sobre los gastos de su campaña sean fidedignos…” [*]

Por ello es urgente, a dos semanas de los comicios en Colima, que se tengan de parte de las instancias en los ámbitos local y federal las resoluciones respectivas a esas denuncias.

Con base en las consideraciones anteriores nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con dos Puntos de Acuerdo de urgente resolución.

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, para que se haga la investigación correspondiente al presunto enriquecimiento ilícito del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y para imponer en su caso las sanciones correspondientes.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que investigue el origen de los recursos de la campaña política del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y para imponer en su caso las sanciones correspondientes.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 27 de mayo de 2015.

[*]  Preciado oculta riqueza; el candidato de PAN falsea datos. Excélsior, 5 de mayo de 2015.http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/13/1023874#imagen-3. Fecha de consulta: 16 de mayo de2014
[*]  Demanda Federico Rangel al MP investigar riqueza de Preciado. Ocultó al Senado su situación patrimonial, afirma líder del PRI. En: Diario de Colima, Jueves 14 mayo 2015.http://www.diariodecolima.com/2015/05/14/demanda-federico-rangel-al-mp-investigar-riqueza-de-preciado/. Fecha d consulta: 16 de mayo de 2015
Idem.






De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública para que informe sobre el estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo HIGA y el gobierno federal. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El combate a la corrupción y a la simulación es necesario darlo ahora y sin tregua, sin distingos, sin mezquindades y de forma continua e incansable para fortalecer y blindar nuestra democracia, porque de lo contrario ésta correrá peligro inminente al ser cooptada por grupos de interés, cuya ética es bastante cuestionable, muy poderosos que atentarían contra el bien común de la sociedad mexicana y en prejuicio de los más vulnerables.

Entre tanto, ello no excluye a las autoridades de todos los niveles de gobierno de cumplir con las obligaciones que por ley tienen para investigar y, en su caso, para sancionar prácticas gubernamentales o hechos que violenten las normas o los actos de servidores públicos que lesionen y atenten contra la hacienda pública, contra los contribuyentes o al patrimonio público de la nación o contra la contienda electoral.

El ejercicio del gobierno y de la administración pública para fines exclusivamente personales y familiares, es una de las características de los gobiernos corruptos y autoritarios.

La función pública ha sido convertida por muchos funcionarios públicos en una palanca que mueve negocios personales y la información clasificada y de uso confidencial, así como el control político, el engaño, la mentira, el amedrentamiento y la construcción de una enorme red de complicidades corruptas, son herramientas de acumulación de riqueza no sólo al margen de la ley, sino incluso, en clara violación al marco normativo que rige el Estado de derecho.

Es de destacarse, que en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, los priístas encuentran verdaderas ofertas para adquirir sus viviendas. Recordemos el caso de la Casa Blanca, en donde la primera dama gozó tanto de excelentes pagos por su trabajo profesional así como consideraciones especiales de la empresa constructora. Igualmente Luis Videgaray, secretario de Hacienda, compró su casa en Malinalco, Estado de México, con una tasa de interés preferencial, única en el mercado.

Así mismo, es necesario que esta Comisión Permanente, con las facultades y atribuciones que le confiere la Constitución y como contrapeso en la división de poderes, solicite la comparecencia del Titular de la Secretaría de la Función Pública, Mtro. Virgilio Andrade Martínez, para que informe a esta Soberanía, sobre el estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo HIGA y el Gobierno Federal.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al Titular de la Secretaría de la Función Pública, Mtro. Virgilio Andrade Martínez, a efecto de que informe a esta Soberanía, sobre el estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo HIGA y el Gobierno Federal.

Dado en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 27 de mayo de 2015.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a abstenerse de realizar acciones que pudieran violentar los derechos humanos de las personas que integran la organización denominada Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓNEXHORTANDO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y AL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE ABSTENGAN DE REALIZAR ACCIONES QUE PUDIERAN VIOLENTAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA UNION POPULAR DE VENDEDORES AMBULANTES “28 DE OCTUBRE” Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO PARA QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE LOS INTEGRANTES DE DICHA ORGANIZACIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde el mes de abril de 2014, se han sucedido una serie de detenciones y encarcelamientos en el estado de Puebla en los cuales se ha privado de la libertad a un número importante de activistas sociales y defensores de derechos humanos quienes en el ejercicio de sus tareas han tenido que enfrentar denuncias y procesos judiciales fraudulentos basados en acusaciones infundadas.

El Congreso de la Unión ya ha tenido conocimiento de algunos casos, por lo que hemos exhortado al gobierno de aquella entidad a que genere los canales de comunicación y diálogo para evitar que las y los defensores de derechos humanos enfrenten procesos judiciales arbitrarios y así garantizar en el Estado un pleno respeto a los derechos humanos y sobre todo, evitar que se criminalice la protesta social.

En este mismo marco que estigmatiza y sujeta injustamente a procesos judiciales a activistas sociales y defensores de derechos humanos, se presenta el caso del acoso policial y judicial en contra de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” (UPVA “28 de Octubre”).

La UPVA “28 de Octubre” es una asociación de comerciantes ambulantes creada desde 1973, y que cuenta actualmente con cerca de 3,000 personas afiliadas, cuya finalidad primordial es la defensa de sus espacios de trabajo y la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus integrantes.

Las exigencias de esta agrupación en distintos momentos de la historia reciente han incomodado e incluso disgustado a los gobiernos estatales y municipales, por lo que se le ha sido calificada como una organización “beligerante” y “radical”1, con lo que se ha generado una estigmatización social y un clima de persecución en su contra.

Entre las acciones desplegadas por distintas entidades del Gobierno del Estado de Puebla y del Gobierno Municipal de la capital de esa entidad en contra de las y los integrantes de la UPVA “28 de Octubre” encontramos:

● El 19 de diciembre de 2014 es aprehendido Rubén Sarabia Sánchez, principal dirigente de la agrupación, utilizando una ilegal revocación de sus beneficios de pre-liberación por un proceso penal del año 1989, privándolo de su libertad injustamente pues los argumentos expresados por la autoridad para volver a detenerlo son infundados y desproporcionados.

● El 23 de diciembre de 2014 es detenido Atltonatihu Rubén Sarabia Reyna, hijo del líder Rubén Sarabia, cuando se encontraba en la Ciudad de México realizando una protesta por la detención de su padre. Al momento de ser detenido, por agentes policiales del estado de Puebla, se le golpeó y amenazó, además de que nunca se le mostró la orden de aprehensión o de detención otorgada en su contra.

● El 23 de enero de 2015 les es notificado tanto a Rubén Sarabia padre como a su hijo, un nuevo auto de formal prisión del proceso penal 530/2014 tramitado ante el Juzgado de Cholula, por el supuesto delito de narcomenudeo en su modalidad de suministro.

● Desde el mes de noviembre del año 2014, se han orquestado diversos operativos policiales en el Mercado Hidalgo de la Ciudad de Puebla, con la finalidad de intimidar y acosar a los integrantes de la UPVA “28 de Octubre”. En algunos de esos operativos ha habido uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

● El 11 de abril de 2015, fueron retenidos de manera arbitraria 18 taxis pertenecientes a la organización, quienes cumplen con todos los permisos y requisitos legales para su operación, pero que a pesar de ello, fueron retenidos por varios días por las autoridades de tránsito alegando supuestas faltas al reglamento, impidiendo con ello que los choferes ejercieran su trabajo durante varios días.

● Según los abogados de la organización, existen en contra de las y los dirigentes de la UPVA cuando menos 21 averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría de Justicia de Puebla, por la presunta comisión de diversos delitos en los meses recientes, por lo que consideran que en cualquier momento podrían detener de manera arbitraria a más personas de esta agrupación.

● El hecho más reciente de intimidación y agresión se dio el 15 de mayo cuando grupos de golpeadores ingresaron al mercado Hidalgo, principal centro de trabajo de los comerciantes de la UPVA para amenazar y agredir a los locatarios, provocando que varias personas resultaran lesionadas.2

Ante esta serie de eventos, es importante resaltar que el ejercicio del trabajo, incluso en su carácter informal, así como el ejercicio de la protesta social, están amparados y protegidos por nuestra Constitución, y que por ello, no pueden estar sujetos a escrutinios, restricciones o limitaciones más allá de lo dispuesto por la propia ley.

No podemos permitir que una organización popular y social como la UPVA “28 de Octubre” siga sufriendo actos de encarcelamientos injustos, persecución policial, criminalización y actos de intimidación, presuntamente dirigidos a que se desmovilicen y a que dejen de exigir sus derechos y la libertad de sus compañeros encarcelados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al Gobierno del Estado de Puebla y al del municipio de Puebla, para que en el ámbito de sus facultades se abstengan de realizar cualquier acción que pudiera trasgredir los derechos de asociación, expresión, trabajo, protesta, reunión y libre tránsito de las personas que integran la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”.

Segundo.-Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla para que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho al debido proceso de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, especialmente garantice una defensa adecuada de Rubén Sarabia Sánchez y Atltonatihu Rubén Sarabia Reyna, permitiendo que sus abogados participen de la revisión de las acusaciones que obran en su contra.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Véase en internet la nota sobre las declaraciones del Secretario de Gobierno del estado de Puebla en http://www.ultra.com.mx/noticias/puebla/Local/126231-ayuntamiento-no-caer-en-chantajes-de-la-upva-mcr.html

2 El Universal, “Reportan otro enfrentamiento de comerciantes en Puebla” en El Universal, 14 de mayo de 2015, http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/nuevo-enfrentamiento-entre-comerciantes-en-puebla-1100087.html, consultado el 22 de mayo de 2015






Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones necesarias para fiscalizar posibles rebases en el tope de los gastos de campaña del ciudadano Ricardo Monreal Ávila, candidato a Jefe Delegacional por Cuauhtémoc por el partido político MORENA. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS PARA FISCALIZAR POSIBLES REBASES EN EL TOPE DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA DEL C. RICARDO MONREAL ÁVILA,CANDIDATO A JEFE DELEGACIONAL POR CUAUHTÉMOC POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, con carácter de urgente resolución, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La democracia es uno de los pilares de la construcción en la representación y soberanía en México, por ello el próximo siete de junio se llevará a cabo jornada electoral en nuestro país, de conformidad con el numeral 1 del artículo 25 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales(LEGIPE),en la que se establece que: “las elecciones locales ordinarias en las que se elijan gobernadores, miembros de las legislaturas locales, integrantes de los Ayuntamientos en los estados de la República, así como Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda”1.

Alrededor del territorio nacional tendremos elecciones de algunas entidades federativas para gobernadores, se elegirán a los diputados federales en todo el territorio nacional, diversos diputados locales, ayuntamientos y jefes delegacionales del Distrito Federal2; de ahí la importancia del análisis y observación de la autoridad electoral que representa el Instituto Nacional Electoral(INE), máxime que a partir de la reforma de 10 de febrero 2014 uno de los principales objetivos fue el “homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral. El aspecto más sobresaliente de la reforma es la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional”3.

Actualmente es obligación del INE y de los organismos públicos locales garantizar la correcta aplicación de las normas y como parte de los fines del Instituto se encuentra el de contribuir al desarrollo de la vida democrática de conformidad con el inciso a) numeral 1 del artículo 30 de la LGIPE, en el que se busca garantizar el correcto ejercicio de los derechos político-electorales mediante la promoción de una cultura democrática,4 lo que implica que se deberá observar la igualdad de condiciones en los candidatos a cargos de elección popular.

Asimismo, en la fracción VI del inciso a) numeral 1 del artículo 32 de la LGIPE, se establece que tratándose de los procesos electorales federales y locales el Instituto podrá fiscalizar5 los ingresos y egresos de los partidos políticos y de los candidatos, vigilando de un modo más efectivo la utilización de los recursos, fortaleciendo la transparencia y la equidad en las contiendas electorales.

Cabe precisar que la fracción VI del artículo 1 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal establece que los procedimientos de investigación y fiscalización electoral corresponden al INE o en su caso al organismo electoral del DF cuando el INE delegue dicha atribución6.

A la ciudadanía le inquieta e interesa el buen manejo, uso y aplicación de los recursos públicos tanto de los servidores públicos, como de los partidos políticos y candidatos a elección popular; se busca una mayor rendición de cuentas bajo un buen uso y prácticas en materia de financiamiento, para ello, como ya se mencionó, parte de las atribuciones del INE “es la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de tales recursos, para comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo establecido por la ley”7.

La fiscalización que realiza el INE debe asegurar que los partidos políticos destinen los recursos para tres tipos de gasto8: en actividades ordinarias, de proceso electoral y de actividades específicas, con la finalidad de certificar que el origen de los recursos provengan de fuentes permitidas y conforme lo establece la norma9.

De ahí la importancia de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos, en especial cuando existe una duda razonable de la utilización de los mismos, tal es el caso en el que se ha visto envuelto el candidato a Jefe Delegacional por Cuauhtémoc, donde el pasado25 de mayo de 2015 en algunos medios de comunicación y de notas periodísticas se hizo público un audio donde se relaciona al candidato del Partido Político de Morena C. Ricardo Monreal Ávila con C. Nestor Nuñez López, coordinador de su campaña y en el que se muestra pretensión de realizar actos de simulación para justificar los gastos de campaña del candidato.

En dicho audio se expresa la situación financiera en la que se encuentra el candidato por Morena, por lo que se pretende hacer un contrato simulado, es decir, falsear información sobre los gastos de campaña:

Para acreditar lo anterior, a continuación se reproduce de manera textual extractos de la conversación telefónica entre el C. Ricardo Monreal Ávila y el C. Nestor Nuñez López:

C. Ricardo Monreal Ávila:

Lo que me interesa mucho Néstor es lo de la situación financiera de la campaña, hay que hacer un contrato simulado, porque tiene que haber cuenta, pero yo no sé qué tanto, hay que hacerlo bien y todo”

Nestor Nuñez López:

“Ya estoy en eso doctor, ya estamos Acosta, Jazmín y yo metidos en ese tema"

Derivado de dicho audio existen razones fundadas para pensar que el C. Ricardo Monreal Ávila ha rebasado o estaría por rebasar el tope10de los gastos de campaña del candidato por Morena para Jefe Delegacional. En México debe prevalecer una certeza en la fiscalización de los ingresos y egresos de los gastos de campaña, mediante la transparencia con reglas claras y enfoque de igualdad de condiciones en las contiendas electorales.

De acuerdo con el inciso e) del artículo 445 de la LGIPE, constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: “exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos”. Asimismo, el inciso c) del artículo 456 del mismo ordenamiento prevé las siguientes sanciones respecto de las infracciones que cometan los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: “I. amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato”.

Es claro que la sociedad mexicana se encuentra cansada de observar las operaciones de algunos partidos político realizan mediante actos simulados para justificar los gastos realizados en las campañas electorales, en el caso particular la simulación de un contrato en el que afecta la integridad de las instituciones.

Por ello la importancia de que el INE intervenga y realice las investigaciones pertinentes para descartar todo indicio que pueda afectar la equidad en las contiendas o bien implementar las medidas necesarias para evitar simulación financiera que afectan a la democracia en nuestro país, por la falta de igualdad de criterios y condiciones.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, se somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a que en el proceso de fiscalización de los gastos de campaña del C. Ricardo Monreal Ávila, candidato a Jefe Delegacional por Cuauhtémoc, se revise puntualmente la legalidad de los contratos que se presenten para acreditar gastos de campaña y determine las posibles violaciones a la normatividad electoral por la simulación de contratos y consecuente engaño a las autoridades electorales.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 27 de mayo de 2015.

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.

1 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipe.htm

4 Misión y Visión del Instituto Nacional Electoral http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Acerca_del_INE/

5 De acuerdo con información del INE Fiscalizar es revisar para comprobar que si se cumplen con los fines establecidos.
http://www.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/Fiscalizacion_y_rendicion_de_cuentas/ABCfiscalizacion.html  y conforme a la Real Academia Española es criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien.  http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=fiscaliz%E1is

6 “ Los procedimientos de investigación y fiscalización electoral, en el supuesto de que el Instituto Nacional Electoral delegue dicha facultad”.

7 Fiscalización durante el proceso electoral 2015 http://www.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/Fiscalizacion_y_rendicion_de_cuentas/ABCfiscalizacion.html

8 Actividades ordinarias: Son salarios, rentas, gastos de estructura partidista y propaganda de carácter institucional, así como todos los necesarios para el sostenimiento y funcionamiento de sus actividades en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional.
Proceso electoral: Realizada por los partidos durante las precampañas y las campañas para difundir las propuestas de sus candidatos. Estos gastos incluyen la propaganda electoral, la publicidad, la realización de eventos públicos, anuncios y la producción de mensajes para radio y televisión, entre otros.
Actividades específicas: Son la educación y capacitación para promover la participación política, los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos. También se incluyen los referentes a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, rubro al cual los partidos deben destinar el 3% del total del financiamiento que reciben.
http://www.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/Fiscalizacion_y_rendicion_de_cuentas/ABCfiscalizacion.html

9 Instituto Nacional Electoral “La Fiscalización durante el Proceso Electoral 2015, Sin embargo, la fiscalización va más allá...” http://www.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/Fiscalizacion_y_rendicion_de_cuentas/ABCfiscalizacion.html

10 Topes de Campaña, se pretende fomentar la equidad en la contienda e impedir que las diferencias que pudiesen haber en cuanto a los recursos de los que disponen los distintos partidos afecten de manera excesiva las posibles reales de competencia, además de evitar que los gastos de los partidos políticos sean desmedidos. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/33/drl/drl4.pdf






Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a tomar medidas urgentes y realicen investigaciones exhaustivas, con la finalidad de determinar y, en su caso, fincar responsabilidad a los servidores públicos o funcionarios involucrados con el ingreso ilegal de armas de origen Alemán a territorio Mexicano. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito Dip. JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO, hago uso esta Tribuna para presentar proposición con punto de Acuerdo, con el carácter de urgente u obvia resolución, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 116 y 122 de la Ley Orgánica del H. Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta Asamblea las siguientes:

CONSIDERACIONES

En estudios recientes elaborados por la Procuraduría General de la República, revela que en México han ocurrido más de 60 mil muertes violentas relacionadas con el tráfico ilegal de armas, de las cuales 70% de las armas recuperadas en México y que habían sido objeto de rastreo e investigación en el periodo 2007 y 2012 provienen de diversos países.

En relación con lo anterior es necesario precisar que el Estado Mexicano, tiene la obligación de garantizar el bienestar social de los ciudadanos, así como mantener una paz continua, toda vez que es un derecho humano que se encuentra garantizado por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que refiere a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; y también comprende la prevención de los delitos, así como la investigación y persecución de los mismos.

En ese orden de ideas también se indica que las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y sobre todo el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal.

Por ello es necesario realizar investigaciones que descubran a los servidores públicos o funcionarios de gobierno, que faltando a los principios constitucionales permiten el ingreso ilegal delas armas que utilizan las organizaciones criminales para la comisión de los delitos en nuestro país.

Por lo que muchos de los hechos violentos ocurridos en los estados de Jalisco, Guerrero y Chiapas están relacionados con armas de tráfico ilegal, mismas que llegan a nuestro país sin que se determine responsabilidad alguna a funcionarios o particulares que intervinieron en la comisión de este delito que tanto afecta a la sociedad mexicana.

Tal es el caso de la empresa Alemana “Heckler y Koch” a quien se le acusa de la transferencia de armas a nuestro país, pues según datos de la agencia aduanera en Alemania, entre 2003 y 2011, Heckler y Koch envió supuestamente 4.767 fusiles de asalto HK G36, sin autorización oficial a los Estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco.

Conocemos la obligación primordial que tiene el Estado Mexicano de salvaguardar la seguridad nacional, así como hacer cumplir las obligaciones sobre la protección a  sus ciudadanos; por lo cual, el solo hecho de permitir el ingreso de armas a México, ocasiona un aumento en el porcentaje sobre la comisión de delitos que involucran el uso de armas.

Por lo tanto es necesario que se realicen las investigaciones necesarias a efecto de eliminar la impunidad y determinar la responsabilidad administrativa civil o penal, de los particulares, servidores públicos o funcionarios involucrados en el ingreso ilegal de estás armas de origen Alemán; con las cuales la delincuencia organizada ha privado de la vida a mexicanos y realizan infinidad de delitos que lastiman a la sociedad mexicana.

Por las consideraciones vertidas y en congruencia con el compromiso adquirido con los ciudadanos mexicanos, expongo a su consideración la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el carácter de urgente u obvia resolución, misma que de estimarlo procedente, solicito se apruebe en sus partes integrantes:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, por conducto de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría General de la Republica, y de la Secretaria de la Defensa Nacional, para que tomen medidas urgentes y realicen investigaciones exhaustivas, con la finalidad de determinar y en su caso, fincar responsabilidad a los servidores públicos o funcionarios involucrados con el ingreso ilegal de armas de origen Alemán a territorio Mexicano.

Respetuosamente

Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a investigar y, en su caso, sancionar a los funcionarios públicos responsables de manipular la intención del voto de los capitalinos en el presente proceso electoral, a cambio de la entrega de despensas y/o cualquier beneficio relacionado con los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal. Se turna a la Primera Comisión.

Lo suscritos, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES:

El pasado viernes 8 de mayo del presente, funcionarios de la delegación Cuauhtémoc, solicitaron a los colonos de dicha demarcación una copia de su credencial de elector a cambio de la entrega de despensas (11 mil apoyos).

Por tercera ocasión y en menos de un mes nuevamente la demarcación bajo la conducción de un gobierno perredista implemento la llamada “Operación Despensa” en plena campaña electoral.

En esta ocasión, el Deportivo Guelatao de la Colonia Centro, fue el sitio elegido  por el personal de la Delegación para que cientos de personas recibieran hasta dos cajas de productos alimenticios, con el mensaje “recuerda que esto es gracias a la presente Administración”, refiriéndose a la hoy delegada interina de corriente perredista, Jimena Martín del Campo.

De acuerdo con información del periódico Reforma1, la empresa responsable de las despensas debería entregar 11 mil 111 de éstas el 8 de mayo y otra cantidad igual el 2 de junio, una semana antes de los comicios.

Lo relevante es que la “Operación Despensa” ha sido la constante para violentar la ley y continuar realizando actos ilegales de campaña con fines proselitistas como  ha sido la entrega de despensas, mochilas y útiles escolares; aprovechándose de los programas sociales y de la pobreza que prevalece en algunas zonas de la capital del país con el único propósito de ganar votos a favor del PRD capitalino.

Es importante destacar que de octubre de 2014 a la fecha, el PRI en el Distrito Federal ha presentado ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) 82 quejas por actos anticipados de campaña, en su mayoría en contra del PRD.

A la problemática descrita, se suma la exigencia realizada por representantes de agrupaciones civiles que participan como observadores electorales en el DF que solicitaron castigar la entrega de despensas a cambio del voto.

En la instalación oficial de la Red de Observación Electoral, en la sede central del IEDF, dirigentes de Tendiendo Puentes,Comparmex-DF e Incide Social criticaron que pese a denuncias formales y en medios, no se ha sancionado a ningún funcionario por la entrega de despensas, tinacos, tenis, tarjetas de apoyo social, despensas, uniformes y útiles escoleras durante la actual campaña electoral.2

Lo ocurrido en la delegación Cuauhtémoc, sólo es una muestra de los alcances que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las delegaciones que gobierna, ha utilizado recursos públicos de los programas sociales para el dispendio de despensas con fines electorales.

Por lo anteriormente descrito, resulta imprescindible que no quede impune y se castigue a quienes se valen de los beneficios de los programas sociales y de la necesidad de la gente, para obtener votos a favor de los candidatos a jefes delegacionales por el PRD en estas elecciones.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hace un atento llamado al IEDF así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a fin de que se investigue y en su caso sancione a los funcionarios públicos responsables de manipular la intención del voto de los capitalinos en el presente proceso electoral a cambio de la entrega de despensas y/o cualquier beneficio relacionado con los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, sometemos a consideración de urgente resolución de esta Honorable Asamblea el presente


PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) investigue y en su caso sancione a los funcionarios públicos responsables de manipular la intención del voto de los capitalinos en el presente proceso electoral a cambio de la entrega de despensas y/o cualquier beneficio relacionado con los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 27 de mayo de 2015.

1 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=535546&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=535546
2 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=538172&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=538172






De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adherirse al Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. Se turna a la Segunda Comisión.

GABRIELA CUEVAS BARRON, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ADHERIRSE AL PROTOCOLO PARA LA ELIMINACIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO DE PRODUCTOS DE TABACO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) entró en vigor a partir del 27 de febrero de 2005. Este Convenio, además de ser el primer instrumento internacional bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, constituyó el primer esfuerzo por combatir la epidemia del tabaquismo a nivel mundial.

Al día de hoy, 180 países –entre ellos México- son partes del CMCT y se han comprometido a establecer mecanismos que permitan reducir la demanda de tabaco reafirmando que todas las personas tienen el derecho al máximo nivel de salud posible.

2. De acuerdo con el artículo 3, el principal objetivo del CMCT y de sus protocolos es: “proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de control del tabaco que habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco”

Para cumplir con este propósito, el CMCT incluye medidas como las siguientes: a) protección contra la exposición al humo de tabaco; b) reglamentación del contenido de los productos de tabaco; c) reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco; d) empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco; e) educación, comunicación, formación y concientización del público; f) prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; y g) medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del tabaco.1

Además de estas medidas, que se enfocan en la reducción de la demanda de los productos de tabaco, el CMCT dedica un apartado específico a las medidas que deben implementarse para reducir la oferta de dichos productos. Al respecto, el artículo 1º se refiere al “comercio ilícito de productos de tabaco”, entendiéndose por tal “toda práctica o conducta prohibida por la ley, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluida toda práctica o conducta destinada a facilitar esa actividad”.

De acuerdo con el artículo 15 del CMCT, México está obligado a lo siguiente con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco:

a) Hacer un seguimiento del comercio transfronterizo de productos de tabaco, incluido el comercio ilícito. Para ello, reunirá datos e intercambiará información entre autoridades aduaneras y tributarias, según corresponda;

b) Promulgar o fortalecer legislación, con sanciones y recursos apropiados, contra el comercio ilícito de productos de tabaco, incluidos los cigarrillos falsificados y de contrabando;

c) Adoptar medidas apropiadas para garantizar que todos los cigarrillos y productos de tabaco falsificados y de contrabando que se hayan decomisado se destruyan o se eliminen de conformidad con la legislación nacional;

d) Adoptar y aplicará medidas para vigilar, documentar y controlar el almacenamiento y la distribución de productos de tabaco que se encuentren o se desplacen en su jurisdicción en régimen de suspensión de impuestos o derechos; y

e) Adoptar las medidas que proceda para posibilitar la incautación de los beneficios derivados del comercio ilícito de productos de tabaco.

También es de mencionarse que el propio CMCT, en su artículo 16, busca regular otras actividades como las siguientes: exigir la mayoría de edad de los compradores de productos de tabaco; prohibir que los productos de tabaco estén directamente accesibles en los estantes de los almacenes; prohibir la distribución gratuita de productos de tabaco al público, especialmente a los menores de edad; prohibir que se vendan cigarros sueltos o en paquetes pequeños que hagan más asequibles estos productos a los menores de edad, entre otras.

3. Como complemento a lo dispuesto en el artículo 15 del CMCT, el 12 de noviembre de 2012 se adoptó el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco durante la quinta reunión de la Conferencia de las Partes (COP) en el CMCT de la OMS.

Dicho Protocolo se elaboró como respuesta a las siguientes problemáticas: 1) el creciente comercio internacional ilícito de productos de tabaco; 2) la amenaza que éste supone para la salud pública al aumentar la accesibilidad y asequibilidad de los productos de tabaco; y 3) las considerables pérdidas que produce en los ingresos públicos.2

Así, el objetivo principal del Protocolo es proteger la cadena de suministro de productos de tabaco estableciendo que los Estados adopten medidas como las siguientes:

a) Prohibir la elaboración de productos de tabaco y la importación o exportación de productos de tabaco a personas que no cuenten con una licencia o autorización equivalente;

b) Conceder una licencia a quienes se dediquen a la venta al por menor de productos de tabaco, al cultivo comercial de tabaco, al transporte de cantidades comerciales de productos de tabaco y a la venta al por mayor, intermediación, almacenamiento o distribución de tabaco;

c) Establecer un sistema de seguimiento y localización de todos los productos de tabaco que se fabriquen o importen en su territorio

d) Exigir que determinadas marcas de identificación (como códigos o estampillas), se incorporen en todos los de cigarrillos a fin de posibilitar un seguimiento y una localización eficaces;

e) Exigir que todas las personas que realicen cualquier transacción relativa a productos de tabaco por internet cumplan con todas las obligaciones estipuladas en el Protocolo;

f) Adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como ilícitas conductas como las siguientes:

- Fabricar, vender al por mayor, intermediar, vender, transportar, distribuir, almacenar, enviar, importar o exportar tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación contraviniendo lo dispuesto en el Protocolo;

- Fabricar, vender al por mayor, intermediar, vender, transportar, distribuir, almacenar, enviar, importar o exportar tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación sin pagar los derechos, impuestos y otros gravámenes aplicables o sin exhibir las estampillas fiscales que corresponda, marcas de identificación únicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas exigidas;

- Mezclar productos de tabaco con otros que no lo sean durante el recorrido a través de la cadena de suministro;

g) Adoptar las medidas que sean necesarias para asegurarse de que se impongan sanciones penales o de otro tipo eficaces, incluidas multas, a las personas que sean consideradas responsables de conductas ilícitas.

Además de lo anterior, los Estados Parte convienen en establecer un régimen mundial de seguimiento y localización que comprenda sistemas nacionales y/o regionales de seguimiento y localización y un centro mundial de intercambio de información, que permita hacer indagaciones y recibir información sobre la cadena de suministro y ayudar en la investigación del comercio ilícito de tabaco. Esto se realizará dentro de los 5 años siguientes a la entrada en vigor del Protocolo (art. 8).

4. Actualmente, el protocolo ha sido firmado por 53 Estados y la Unión Europea, pero sólo ha sido ratificado por 8 países, siendo que su entrada en vigor se dispuso hasta que se depositen 40 instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión.

Y tomando en cuenta que cualquier Parte en el CMCT puede ser Parte en el Protocolo mediante un instrumento de adhesión, se considera urgente que el Estado mexicano tome la iniciativa y se sume a este instrumento que busca evitar que la epidemia del tabaquismo se siga propagando.

5. De acuerdo con estimaciones de la Fundación Interamericana del Corazón, la eliminación del comercio ilícito mundial de cigarrillos salvaría más de 160,000 vidas todos los años desde el año 2030 en adelante. Y éste es un esfuerzo en el que puede participar activamente nuestro país mediante un control más efectivo de la cadena de suministro de los productos de tabaco.

Anualmente, ingresan 340 millones de cajetillas de manera ilícita a México y de ese total se decomisan únicamente 56 millones (tomando como referencia el año 2013). Esto representa pérdidas para el país de $6,000 millones que no se cobran de impuestos por su ingreso, dado que los cigarrillos ilícitos son mucho más baratos que los cigarrillos legales totalmente gravados.

Y si esto no fuera por sí mismo preocupante, debemos tomar en cuenta que en México hay alrededor de 100 marcas que se comercializan sin el consentimiento de las autoridades de acuerdo con algunas estimaciones a 2013.

Por todo ello, y tomando en cuenta que se requiere una cooperación internacional más estrecha para prevenir y combatir el comercio ilícito de productos de tabaco a fin de que se respete el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, se somete a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que México se adhiera al Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, adoptado en noviembre de 2012 en Seúl, República de Corea.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 27 de mayo de 2015.

Sen. Gabriela Cuevas Barron.

1 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, Organización Mundial de la Salud, 2003. DE: http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf.

2 Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, Organización Mundial de la Salud, 2013. DE: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/80881/1/9789243505244_spa.pdf.






De los Diputados Miguel Alonso Raya, María de Lourdes Amaya Reyes, Amalia García Medina, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y José Antonio León Mendívil, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que cita a comparecer al gobernador del Banco de México, con el fin de que explique las consecuencias de la devaluación del peso y la persistente caída de las expectativas de crecimiento económico de la economía mexicana para 2015. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, diputado MIGUEL ALONSO RAYA, Coordinador del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Tercero del Acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para citar a comparecer al Gobernador del Banco de México, doctor Agustín Carstens Carstens, con el fin de que explique las consecuencias de la devaluación del peso y  la persistente caída de las expectativas de crecimiento económico de la economía mexicana para 2015, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES:

El 22 de abril a pesar de los recortes, y en un contexto de creciente incertidumbre y presiones cambiarias, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, informó que “México tiene las siguientes fortalezas: 1) tipo de cambio flexible, 2) bajo nivel de déficit de cuenta corriente, 3) suficiente liquidez para enfrentar situaciones de estrés, 4) política de deuda pública adecuada y 5) coberturas petroleras, implementadas desde 2003”.

El  22 de abril, el gobernador del Banco de México (Banxico), el doctor Agustín Carstens, dijo que en este momento no hay evidencia de presiones inflacionarias en el país que justifique un incremento en las tasas de interés. Banxico mantiene su tasa de interés de referencia en un nivel históricamente bajo, de 3.0 por ciento.

Carstens, agregó que la depreciación del peso mexicano en medio de la expectativa de un incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y una caída en los precios del petróleo, siguen sin transferirse  a los precios.

Posteriormente, el 23 de abril en el senado, el Dr. Carstens declara lo siguiente:

México “tiene un arsenal” de 270 mil millones de dólares y está preparado para encarar y resistir con solvencia la tormenta que vive actualmente la economía global, e hizo ver que si bien seguimos con una tendencia ascendente, se ha revisado el pronóstico de crecimiento para este año hasta de 2.5 a 3.5 por ciento. Y para el 2016 se anticipa un alza en el PIB de 2.9 a 3.9 por ciento.

Nos hemos venido preparado de alguna manera para esta tormenta desde el año 2008-2009 que fue realmente cuando se inició esta crisis financiera global. El Banco de México ha venido acumulando un monto muy importante de reservas. Hemos aumentado en más de 120 mil millones de dólares las reservas desde el 2009 y por otro lado, también hemos contratado también la línea de crédito flexible con el FMI, lo cual nos da un arsenal de cerca de 270 mil millones de dólares para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar.

El jueves 14 de mayo, la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico, consideró que adelantarse al alza de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos “tendría más costos que beneficios, lo que podría afectar la recuperación económica en México”.

El 19 de mayo, el Banco de México revisa nuevamente  a la baja su proyección de crecimiento económico previsto para  2015, la estimación lo baja a un rango de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entre 2.0 y 3.0%. El pronóstico anterior era de  2.5 y 3.5%. 

El Dr. Carstens, informa que las causas de esta caída en la previsión del crecimiento de la economía mexicana, son las siguientes:

a) Debilidad en el crecimiento de la industria manufacturera;

b) Debilidad en la industria minera;

c) Debilidad en la industria de la construcción;

d) Debilidad en la inversión fija bruta;

e) Debilidad en las exportaciones;

f) La productividad no mejora;

g) Crecimiento económico en México de los últimos años, se ubica abajo del potencial de la economía;

h) La confianza de consumidores e inversionistas, no mejora;

i) Debilidad en el crecimiento de la economía de los Estados Unidos.

Por todo lo anterior, el Banco de México,  también rebajo la previsión de crecimiento del PIB para el 2016,  a un rango de 2.5 a 3.5%,  desde 2.9 a 3.9% previo.

Con este anuncio, el  instituto central, confirma que los riesgos que mencionó en informes pasados se han materializado.

Sin duda, seguimos en un contexto económico complejo y volátil, la economía mexicana muestra indicadores preocupantes: la devaluación del peso continua, la deuda se revalúa, ya se ubica en 7.4 billones de pesos. Esto equivale a 43.7% del PIB, dos puntos arriba de lo que representaba en2014.

La devaluación del peso, encarece las importaciones de México, e introduce presiones cambiarias e inflacionarias, incrementando la incertidumbre en el mercado interno y afectando la inversión y el crecimiento potencial de la economía mexicana.

Toda esta relación de hechos, anuncios e indicadores, son sumamente preocupantes, ya que seguramente impactarán la evolución  y la estabilidad de las finanzas públicas, lo que acelerará la inestabilidad macroeconómica y la débil  trayectoria del crecimiento de la economía.

El discurso del Dr. Carstens,  nos parece triunfalista, al decir que México cuenta con un “arsenal de recursos” para enfrentar situaciones adversas.

Tener un “arsenal” monetario no implica que el problema del débil crecimiento de la economía mexicana se resuelva.

La economía mexicana se encuentra en medio de una creciente inestabilidad, presiones cambiarias, caída de ingresos petroleros, crecientes presiones al déficit y a las finanzas públicas, por la vía de un acelerado crecimiento de la deuda y de un creciente saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público.

El país necesita certidumbre y respuestas consistentes a estos importantes temas para que su producto interno bruto pueda llegar a  tasas de crecimiento del PIB del orden del 5 a 6 por ciento anual.

Por todo lo expuesto, me permito poner a disposición del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al gobernador del Banco de México, doctor Agustín Carstens Carstens, con el fin de que explique las consecuencias de la devaluación del peso y la persistente caída de las expectativas de crecimiento económico de la economía mexicana para 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Dip. Agustín Miguel Alonso Raya.- Dip. Amalia Dolores García Medina.- Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero.- Dip. María de Lourdes Amaya Reyes.






De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal a promover la instalación de frigoríficos sociales en las jefaturas delegacionales. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL, Diputada Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal a promover la instalación de frigoríficos sociales en las jefaturas delegacionales, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social lleva a efecto el Programa de Comedores Comunitarios, para fortalecer, consolidar y ampliar los procesos de organización, participación y construcción de ciudadanía en el ejercicio del Derecho a la Alimentación.

En la ciudad de Berlín, la asociación alemana Lebensmittelretter, fundada por Raphael Fellmer, ha promovido la instalación de frigoríficos que tienen como objetivo el que sean llenados con alimentos sobrantes de las familias alemanas o de establecimientos alimentarios y restaurantes, en buen estado.

Organizada a través de una plataforma web, esta iniciativa pretende evitar el desechamiento de comida que según la Comisión Europea llega anualmente a ser de 100 millones de toneladas de alimentos tan solo en la Unión Europea. El establecimiento estratégico de estos frigoríficos urbanos facilitaría que las personas que lo necesiten puedan de manera gratuita alimentarse gracias a la solidaridad social, que en lugar de tirar el alimento sobrante en sus domicilios o establecimientos mercantiles, lo donan. Según el diario alemán Der Tagesspiegel, “los puntos de comida son rellenados hasta tres veces al día por ciudadanos de todas las edades, e incluso turistas”.

Considero que es viable la posibilidad de que una iniciativa de este tipo pueda implementarse en la capital más poblada del mundo, la ciudad de México, ya que sus habitantes pueden organizarse voluntariamente tanto para la donación de frigoríficos, como para aportar comestibles útiles, lo que tan solo se necesita es precisamente la acción de gobierno para poder encausar la iniciativa que se propone.

Quienes habitamos en el Distrito Federal sabemos de la gran necesidad que existe de contribuir al abatimiento de la mendicidad y de coadyuvar a satisfacer las necesidades prioritarias de personas que se encuentran en pobreza extrema, en situación de vivir en la calle, o que padecen alguna enfermedad y necesitan que alguien les tienda la mano, de ahí que esta legisladora considera conveniente someter a la consideración de las y los legisladores integrantes de la Comisión Permanente esta propuesta que seguramente contribuirá a fortalecer la lucha contra el hambre y a fomentar la conciencia social entre sus habitantes en los siguientes términos:

ÚNICO.- la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal a promover la instalación de frigoríficos sociales en las jefaturas delegacionales.

Recinto de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Dip. Fed. Magdalena Núñez Monreal.






De los Diputados del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública y del Servicio de Administración Tributaria a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer la posible existencia de delitos en el presunto enriquecimiento inexplicable del candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, así como en las omisiones o faltas administrativas en las que ha incurrido por el falseo en sus declaraciones patrimoniales. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Diputados de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El patrimonio de Francisco Domínguez Servién comenzó a aumentar de manera considerable en el año 2012, al finalizar su periodo como Presidente Municipal de Querétaro,una administración marcada por el escándalo del desvío de recursos a través de “Libertad Servicios Financieros”.

El pasado 9 de abril de 2015, el hoy candidato panista a la gubernatura de Querétaro, causó polémica en medios de comunicación y en redes sociales por presentar una declaración patrimonial incompleta en el sitio de Internet  candidatotransparente.mx. Inicialmente, el candidato del PAN negó que estuviera incompleta y luego dijo que olvidó declarar los bienes de su esposa, por lo que días después presentó una segunda versión.

Sin embargo, las inconsistencias en la declaración patrimonial de Domínguez Servién siguen sin resolverse, pues en esta segunda versión omitió declarar bienes cuyo valor total asciende a más de 20 millones de pesos. Entre los bienes ausentes se encuentra el rancho “La Cruz de Mayo”, del que es accionista mayoritario; así como cuatro terrenos aledaños, uno de ellos valuado en 15 millones de pesos.

El candidato ha afirmadoa la prensa que “el servicio público no es un medio para enriquecerse”, declaración que contrasta con la adquisición de bienes millonarios, todos ellos comprados de contado y en un corto periodo de tiempo.

Como alcalde de Querétaro (2009-2012), Francisco Domínguez Servién obtuvo un ingreso total de 4 millones 542 mil pesos aproximadamente. De 2012 a 2015, como Senador de la República, obtuvo un ingreso anual de 2 millones 57 mil 328 pesos. Resulta evidente que sus ingresos como servidor público no corresponden con sus bienes ni con el nivel de vida que ostentan el hoy Senador con licencia y su familia.

Como se indica en la segunda versión de su declaración patrimonial, la esposa de Domínguez Servién, es propietaria de dos terrenos y una casa, ésta última adquirida en 2009.

También se especifica que adquirió un terreno en el año 2015 cuyo titular es su hija, Andrea Domínguez Castro. Ninguno de los elementos declarados propiedad de su esposa tienen valor catastral o de compra, aunque se señala que fueron adquiridos de contado entre 2009 y 2015.

Pese a que en la última versión de la declaración patrimonial no se especifica el valor del menaje de casa que es propiedad de su esposa, sí se desprende que todo fue supuestamente adquirido en 2015.

En cuanto a la actividad empresarial, se sabe que Francisco Domínguez es dueño desde 2012 del 96% de las acciones del Rancho “La Cruz de Mayo, S.P.R. de R.L.”; no obstante, el candidato no incluye los bienes que conforman dicha empresa en su declaración patrimonial.

Según la prensa local, el 26 de junio de 2012, siendo Presidente Municipal de Querétaro con licencia y candidato a Senador, “Pancho” Domínguez invirtió cien mil pesos en la creación de la sociedad de producción rural ”La Cruz de Mayo”, quedándose con el 96% de la participación social.

Cuatro días después, el panista invirtió 3 millones de pesos, para fortalecer la empresa, sin adquirir algún crédito bancario. El 9 de octubre de 2012 ya como senador del PAN, el ahora candidato a la gubernatura comenzó la compra de 4 terrenos aledaños al rancho.

El primero tiene una superficie de 59 mil 459.57 metros cuadrados con un valor de 231 mil 892 pesos y con un valor de avalúo de 1 millón 009 mil 623 pesos; el segundo, con una superficie de 249 mil 187 metros cuadrados con un costo de 971 mil 832 pesos y cuyo valor de valúo es de 2.5 millones de pesos. Ocho meses después de su compra, este inmueble garantizó un crédito refaccionario con Banorte por 8 millones de pesos. Para tal efecto, la institución bancaria realizó un avalúo comercial al predio. El banco determinó que tiene un valor real de 15 millones 518 mil pesos.

El tercer predio tiene una superficie de 272 mil 156.23 metros cuadrados con un precio de 1 millón 061 mil 409 pesos y un avalúo de 2.5 millones de pesos. El cuarto y último predio adquirido a principios de octubre del 2012 tiene una superficie de 20 mil 071.28 metros cuadrados, un valor de 78 mil 278 pesos y un avalúo de 407 mil 500 pesos. En la compra de estos cuatro predios aledaños a su rancho el candidato panista invirtió una suma de 2 millones 343 mil 412 pesos teniendo un precio de avalúo de 6 millones 354 mil 424 pesos.

Todos estos elementosreflejan, por decir lo menos, una gran incongruencia entre los ingresos de Francisco Domínguez Servién como servidor público y su declaración patrimonial, además de una contradicción entre lo que expone y promete como candidato a Gobernador y sus acciones como ciudadano y servidor público poco transparente.

Por ello, es indispensable que las autoridades realicen las investigaciones pertinentes para esclarecer el origen de la cuantiosa fortuna Francisco Domínguez Servién y así descartar o sancionar el posible enriquecimiento ilícito de quien pretende gobernar a los queretanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública a iniciar una investigación por la posible existencia de delitos en el presunto enriquecimiento inexplicable del candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, así como sobre la procedencia de dichos ingresos.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a investigar las omisiones o faltas administrativas que haya lugar, por el falseo en las declaraciones patrimoniales del candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 27 de mayo de 2015.






De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación patrimonial del gobernador de Nuevo León y miembros de su familia. Se turna a la Primera Comisión.

El Grupo Parlamentario del PAN en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno dela Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El ejercicio del gobierno y de la administración pública para fines exclusivamente personales y familiares, es una de las características de los gobiernos corruptos y autoritarios.

La función pública ha sido convertida por muchos funcionarios públicos en una palanca que mueve negocios personales y la información clasificada y de uso confidencial, así como el control político, el engaño, la mentira, el amedrentamiento y la construcción de una enorme red de complicidades corruptas, son herramientas de acumulación de riqueza no sólo al margen de la ley, sino incluso, en clara violación al marco normativo que rige el Estado de derecho.

La información conocida en las últimas semanas por la opinión pública en torno a la riqueza del gobernador del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina y de sus familiares, pone de relieve la forma de gobernar de este político.

Podríamos afirmar que existe un enriquecimiento inexplicable del gobernador y sus familiares, sin embargo, la información con que se cuenta muestra una clara explicación: el abuso del poder político, el ejercicio del mal gobierno, el aprovechamiento de información para engañar a la población y abusar, sobre todo, de la gente más humilde por parte de Rodrigo Medina y sus familiares aprovechando el puesto de gobernador.

Acción Nacional ha recibido denuncias de campesinos del estado de Nuevo León que fueron engañados por Rodrigo Medina y su familia para comprarles a precios de baratija sus propiedades. En el municipio de Mina, el pasado 12 de abril una ejidataria denunció la venta con engaños de 2 mil 430 hectáreas a un intermediario de Humberto Medina Ainslie, padre del gobernador de Nuevo León. Cinco días después la prensa nacional publicó que el padre del mandatario, su esposa, María Rebeca de la Cruz, así como sus hijos Alejandro y Humberto, obtuvieron en 2013 más de 200 hectáreas del Ejido Mina, donde se proyecta construir una Ciudad Judicial y un Parque Eólico, haciéndose pasar como "campesinos" y "avecindados".

El gobernador y su familia compraron las más de 2 mil hectáreas en 40 millones de pesos, y con esto el precio por metro cuadrado fue de un peso con 64 centavos, cuando hace siete años fue valuado en 4.80.La familia del gobernador se hizo pasar por campesinos para poder comprar terrenos ejidales, engañando a la comunidad del ejido de Abasolo. Esta extensión de terreno equivale a la mitad del territorio de San Nicolás o el casco de San Pedro.

Pero las operaciones fraudulentas de la familia Medina no quedan ahí. Desde la gubernatura han desarrollado acciones para comprar terrenos e inmuebles calculados en más de 300 millones de pesos. Humberto Medina Ainslie ha acumulado en este sexenio al menos seis propiedades en el Municipio de San Pedro.

De los siete inmuebles que hemos señalado de su propiedad, adquiridos entre 2012 y 2014 Medina Ainslie solicitó cambiar usos de suelo en cuatro, donde construyó oficinas y locales comerciales. Tres de las propiedades que hemos señalado se ubican en los números 205, 325 y 355 de la Calzada del Valle.

De acuerdo a la prensa nacional, el gobernador Medina y su familia actualmente poseen propiedades en seis municipios; en Mina es propietaria de terrenos ejidales, así como propiedades millonarias en San Pedro, Santiago y General Terán, Nuevo León, y en el extranjero tienen propiedades en San Antonio e Isla del Padre, en Texas.

Información pública de la Oficina de Impuestos del Condado de Bexar, señala que la última adquisición de los Medina en San Antonio es una residencia con valor de casi 737 mil dólares, unos 11.5 millones de pesos, comprada por Alejandro en 2013 en el exclusivo fraccionamiento The Dominion.

Por su parte, el Condado de Cameron revela que el papá del Gobernador es también propietario de un condominio en la Isla del Padre, en el complejo conocido como Sea Vista, valuado en más de 275 mil dólares, unos 4.3 millones de pesos al tipo de cambio actual. Humberto Medina Ainslie se desempeñó como asesor jurídico del Gobierno estatal durante el sexenio de Natividad González Parás, de 2003 a 2009, con un sueldo de 97 mil pesos mensuales, para un ingreso total de poco menos de 7 millones de pesos.

Datos del Registro Agrario Nacional (RAN) revelan que Humberto Medina Ainslie y Humberto Ricardo Medina de la Cruz, padre y hermano del Mandatario, respectivamente, solicitaron el reconocimiento de predios a su nombre en los ejidos Cerritos, en García, y Hualiches y Sartenejas, en Doctor González, Nuevo León. Las solicitudes de registro aparecen en la base de datos que el RAN pone a disposición de los usuarios en internet.

En el caso del terreno de García se precisa que la solicitud de registro inició el 20 de agosto de 2014, mientras que en Doctor González fue el 23 de abril del mismo año.

Lo anterior no ha sido todo. El pasado lunes 25 de mayo se dio a conocer información respecto a que la familia del gobernador de Nuevo León presumiblemente ha triangulado las ganancias de sus operaciones financieras a las Islas Caimán con el fin de aprovechar los beneficios de este paraíso fiscal, situación que debe ser investigada, con todo rigor, por las autoridades mexicanas.

Como se puede apreciar existe una clara relación entre el ejercicio del gobierno y el enriquecimiento ilegal desde el Poder, en el caso del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y su familia.

Bajo estas consideraciones, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación patrimonial del gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz y miembros de su familia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que solicita del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe de los avances del Estado mexicano para dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LAS NACIONES UNIDAS Y LA IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOSY ADOLESCENTES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas examina cada cinco años a los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, a fin de supervisar sus avances en la aplicación de dicho tratado así como de sus tres Protocolos Facultativos referentes a la participación de niños en conflictos armados; sobre la venta de niños; y sobre un mecanismo de comunicaciones.

Este informe facilita el análisis público de las políticas de gobierno y ofrece a las organizaciones de la sociedad civil herramientas para incidir en la agenda nacional dado que abre un debate sobre la situación de los derechos de la niñez en nuestro país; creando una oportunidad de diálogo con todos los niveles del gobierno acerca de los esfuerzos realizados por el Estado para cumplir con la Convención; fomenta además, la autonomía de quienes participan en el proceso y ofrece una fuente externa legítima donde se pueden plantear y resolver los problemas de la infancia.

En ese sentido, los días 19 y 20 de mayo tuvo lugar en la Ciudad de Ginebra Suiza, la sesión de sustentación del informe del Estado mexicano frente al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. A dicha sesión acudió una delegación del Estado quienes presentan el Cuarto y Quinto Informe consolidado sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Cabe señalar que representantes de la sociedad civil estuvieron presentes como observadores.

Durante su comparecencia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la representación del Estado mexicano no dio respuesta a la mitad de los cuestionamientos que le fueron planteados por los expertos que integran el organismo. El Comité destacó que “la pobreza en México tiene el rostro de niño” e hizo referencia a los datos que señalan que 53 por ciento de las niñas y niños del país son pobres.

El Estado mexicano fue omiso respecto a temas fundamentales de la infancia en México, tales como el relativo a los llamados cuidados alternativos, es decir, los que se brindan a niños que no pueden estar en su entorno familiar. Se mencionó el caso de mamá Rosa y los expertos se sorprendieron de que una realidad como esa existiera a la vista de las autoridades y destacaron que la mayor parte de los niños que estaban en aquel albergue fueron enviados ahí por instituciones del gobierno.

Además se cuestionó la existencia del Teletón, el cual fue defendido por la delegación mexicana. El organismo internacional, consideró que con el Teletón se hace un uso mercantil de la niñez.

El Comité cuestionó al Estado mexicano si tiene planes para avanzar a la inclusión educativa de los menores que tienen algún tipo de discapacidad y subrayó su preocupación de que en México sigan existiendo las escuelas de educación especial que confinan a los niños que asisten a ellas.

Cuestionaron también que de 2013 a 2014 se duplicó el número de deportaciones de menores desde nuestro territorio. Donde resultó lamentable la respuesta del representante del Instituto Nacional de Migración -que respondió al Comité- y dijo que “no es que se estén haciendo expulsiones masivas, sino que ahora las autoridades entregan más rápido a los niños con sus familias”.

Durante la conferencia de prensa, representantes de organizaciones de defensa de los derechos de la niñez expresaron que desde 1990 México ha recibido 295 recomendaciones de instancias internacionales relacionadas con los derechos de la niñez, sin embargo, 70 por ciento de ellas no han sido atendidas por el Estado. La conferencia fue convocada por SavetheChildren, Católicas por el Derecho a Decidir, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), ID Coalition, WorldVision   México y otras organizaciones que junto con la REDIM han constituido un frente para incidir en que el Estado cumpla su papel de garante de los derechos de la niñez mexicana.

Adicionalmente debemos señalar que el pasado 4 de diciembre de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dicho ordenamiento significa un cambio de paradigma, ya que reconoce a niñas, niños y adolescentes como personas autónomas, titulares de derechos.

Dicha reforma establece los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos

Una de las instituciones que se fortalece es el DIF, reconociendo y destacando de manera particular que se trata de una de las instituciones del Estado mexicano encargada de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados, en ese sentido, corresponde a la federación por su conducto proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados.

Sin embargo, en los transitorios de dicho ordenamiento se establecen una serie de mandatos a las autoridades federales como de las entidades federativas para implementar de manera holística dicha reforma, como son presupuestos, reformas legislativas, la creación de la Procuraduría de protección y la implementación de un Sistema Nacional. Se tratan de reformas y mecanismos fundamentales para que la niñez de nuestro país cuente con instituciones fundamentales en la protección de dichos derechos.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita del titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, un informe pormenorizado a esta Soberanía de los avances del Estado mexicano para dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 31 Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a implementar las reformas legislativas correspondientes conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a la división de poderes exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a establecer los mecanismos que permitan establecer el Sistema Nacional de Protección Integral, como la instancia que permita implementar instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de la niñez, previstos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.






De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a expedir el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL, Diputada Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 13 de enero, la Gaceta Oficial del gobierno del Distrito Federal, publicó reformas a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal impulsadas por el Partido del Trabajo.

A partir de la reforma señalada, se incorporó al texto legal la suplencia de la queja para todas aquellas controversias que siendo competencia de la Procuraduría Social se presenten entre condóminos, poseedores, administradores o comités de vigilancia. Se establece que las asambleas generales de condóminos deberán llevarse a cabo trimestralmente; se faculta a las asambleas a auditar, mediante terceros, los estados financieros presentados por el administrador cuando existan elementos para suponer que hay malos manejos de su parte, así como también se prevé la posibilidad de que aquellos condóminos morosos que acrediten estar en situación de insolvencia, puedan cubrir las cuotas de mantenimiento ordinarias y extraordinarias determinadas por los condóminos en asambleas realizando trabajos para beneficio del condominio.

Al propio tiempo se establece un tope de 9 por ciento de interés anual que puede ser aplicado a la morosidad. Se otorgan mayores facultades a los administradores de los condominios para dirimir controversias entre vecinos y reducir así la carga de trabajo existente en la Procuraduría Social (PROSOC) y sus órganos desconcentrados y de esta manera fomentar una nueva cultura condominial.

Entre otras de las reformas enunciadas, algunas han generado polémica, fundamentalmente entre los administradores inmobiliarios quienes inclusive han presentado diversos recursos impugnando fundamentalmente los artículos 38 en cuanto a lo que se refiere a la expedición por parte de la PROSOC del registro de administrador vigente y el 42 que a la letra dice:

Artículo 42. El Administrador durará en su cargo un año, siempre que a consideración del Comité de Vigilancia se haya cumplido en sus términos el contrato y en caso de que la Asamblea General determine su reelección se atenderá a lo siguiente:

I. El Administrador condómino o profesional, podrá ser reelecto en dos períodos consecutivos más y posteriormente en otros períodos no consecutivos.

II. El Administrador profesional reelecto, deberá renovar el contrato y la fianza correspondiente.

La opinión de los administradores profesionales y de los condóminos es que dicho precepto restringe su libertad de reelegir, si así lo determina la Asamblea General, a los administradores que han desempeñado el cargo con eficiencia y que la sustitución del pago de las cuotas de mantenimiento por trabajo comunitario fomenta la morosidad.

En virtud de que el Reglamento vigente fue expedido a los diez días del mes de junio del año 2011, y ya no corresponde con las modificaciones a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal publicadas el 13 de enero pasado, resulta necesario que a la brevedad se expida el actualizado, el cual contribuirá a precisar los alcances de las modificaciones efectuadas y evitar conflictos entre los propios condóminos y las autoridades.

Por lo expuesto, esta legisladora somete a consideración del Pleno el siguiente Punto de Acuerdo:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a expedir el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.

Recinto de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Dip. Fed. Magdalena Núñez Monreal.






De los Diputados del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar el presunto financiamiento ilegal del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Querétaro. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Diputados de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con dos puntos de acuerdo de urgente resolución, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que corresponde a los candidatos y candidatas por un puesto de elección popular del próximo el 7 de junio generar confianza en la ciudadanía y en las instituciones políticas.

Que según el Gabinete de Comunicación Estratégica, el 51% de los mexicanos aprecian la honestidad como el valor más importante de una persona o institución y el 79% de los ciudadanos no confía en el gobernador de su estado [*] ;

Que en fechas recientes el candidato a la gubernatura de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién ha sido incongruente en su declaración de bienes patrimoniales y ha sido acusado de recibir financiamiento ilícito en su campaña;

Que ha sido vinculado por diversos medios de ser amigo de Francisco Javier Rodríguez Borgio, prófugo de la justicia mexicana e internacional, por la venta de gasolina procedente de ordeña clandestina y lavar dinero en sus 18 casinos y diversos equipos de futbol;

Que en la PGR existe una averiguación previa con el número AP/PGR/QRO/QRO/VI/217/2014, en la que Francisco Domínguez Servién no ha declarado si recibió recursos privados del empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio.

Que el ex diputado federal por el PAN, Gustavo Buenrostro interpuso una denuncia penal contra Francisco Domínguez Servién ante la PGR por el delito de enriquecimiento ilícito.

Que el pasado 4 de mayo del año en curso se difundió un audio en el que se escucha al hoy Senador con licencia, sugerir que una persona se ha comprometido a aportar 6 millones de pesos a su campaña de manera mensual y que, en caso de llegar a la gubernatura, éste estaría dispuesto a retribuir tales aportaciones, aunque sin mencionar cómo.

Que según el artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que corresponde una infracción de los partidos políticos el incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de información sobre el origen, monto y destino de los recursos;

Que según el artículo 444 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que corresponde una infracción de los candidatos a cargos de elección popular omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su campaña;

Pero sobre todo, porque es menester para la vida y estabilidad política del país recuperar la credibilidad y confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones y representantes populares,

Con base en las consideraciones anteriores nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición de Puntos de Acuerdo de urgente resolución.

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a investigar y sancionar el presunto financiamiento ilegal de Francisco Domínguez Servién, candidato a la gubernatura de Querétaro por el Partido Acción Nacional.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar y sancionar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita en la campaña de Francisco Domínguez Servién, candidato a la gubernatura de Querétaro por el Partido Acción Nacional.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 27 de mayo de 2015.

[*] http://www.gabinete.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=401:encuesta-confianza-en-instituciones-2015






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a realizar diversas acciones que contribuyan a mejorar el autotransporte público concesionario o permisionario “microbuses” en el Distrito Federal. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL REALIZAR DIVERSAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR EL AUTOTRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONARIO O PERMISIONARIO “MICROBUSES” EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.-El 11 de  julio del 2012, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, entregó más de cien unidades de trasporte público (microbuses) con la finalidad de modernizarlo y ofrecer así un servicio eficaz de calidad. Dentro la  flotilla de nuevos camiones se modernizó parte de la “Ruta 25” que corre de Barranca del Muerto y Mixcoac a Iztapalapa, cuyos camiones han tenido gran aceptación por parte de los usuarios, pues utilizan gas natural, cuentan con cámaras de video (cuatro internas y dos externas) que monitorean en tiempo real, además cuentan con una máquina de autocobro con posibilidad de utilizar tarjeta, los operadores de estas unidades reciben  capacitación por parte de la empresa que presta dicho servicio, lo que marca una diferencia con los operadores de las antiguas unidades.

2.- El 26 de marzo de 2013, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el aumento de la tarifa del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Colectivo concesionado y permisionado, bajo el argumento que era necesario mejorar el trasporte público colectivo y  propiciar un cambio y renovación del parque vehicular.

3.- De acuerdo con la encuesta realizada por la asociación civil “Presencia Ciudadana”, el 60 por ciento de los viajes que realizan los usuarios del Distrito Federal en el transporte público es en microbús,los cuales en su mayoría son unidades de principios de la década de los noventa y el 95 por ciento ha cumplido ya su vida útil; estas unidades están en uso continuo a lo largo de 106 rutas y mil 163 ramales, sin embargo el número de rutas y sus ramales es inexacto debido a la clandestinidad.

Asimismo, se reportó que de las principales inconformidades de los usuarios, el 38 por ciento se queja de la inseguridad, el 11 por ciento de falta de cultura cívica, el 6 por ciento de incomodidad, el 2 por ciento de contaminación, el 2 por ciento de embotellamientos y el 41 por ciento de otros factores. Por otro lado, las quejas de las personas con automóvil propio son: el 38 por ciento por inseguridad, el 28 por ciento por lentitud del tránsito, el 17 por ciento por falta de respeto, el 10 por contaminación y el otro 7 por ciento por otros factores.

Durante la presentación del“Programa de Transformación del Transporte Público Concesionario”, por autoridades del Gobierno del Distrito Federal, se señaló que existen 28 mil unidades de transporte público tipo microbús, sin embargootras fuentes señalan un número menor con tan sólo 21 mil unidades, la anterior irregularidad se debe a la clandestinidad con la que operan dichas unidades, así mismo se han otorgado 2 mil 239 créditos a microbuses para modernizar y mejorar el servicio lo cual ha sido insuficiente debido que es difícil que un operador obtenga un crédito.

4.-Datos del Departamento de Estadística del Servicio Médico Forense, revelan que la causa  más común por muertes es por accidentes de tránsito, ocasionados por violaciones al Reglamento en la materia, así como la falta de mantenimiento de las unidades de microbuses y taxis que circulan en esta ciudad.

En los últimos años, se han documento los accidentes más significativos relacionados con la falta de prudencia de los conductores de microbuses:

● Tlalpan (2011). Seis muertos, veinte heridos. Camión de Ruta 1 por exceso de velocidad.

● San Juan Xalpa (2012). Un adulto y un niño fallecieron. Microbús sin frenos.

● Xochimilco (2012).  Diez heridos. Microbús sin frenos.

● Av. del Imán (2013). Dos muertos y cuatro heridos. Imprudencia del operador.

● Glorieta de Vaqueritos (2014). Un muerto y dos heridos. Imprudencia del operador.

● Av. Marina Nacional (marzo 2015) seis lesionados. Por dos microbuses a falta de pericia.

De acuerdo con los datos del Registro de Accidentes de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, en 2012 fueron impuestas 51 sanciones por los 78 accidentes registrados por microbuses en la ciudad, los cuales provocaron la muerte a 42 personas y lesiones en 23 personas. En tanto que en 2013 las sanciones impuestas llegaron a 154 con 175 accidentes con un saldo de 118 muertos y más de 180 lesionados. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó que en el 2014 ocurrieron 963 accidentes en donde  18 personas perdieron la vida.

La Dirección General de Política y Estadística Criminal dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,  informó que en junio del 2014  se realizaron  2 mil 796 averiguaciones previas por la comisión de delitos, entre los que se destaca el robo a pasajeros de microbuses.

5.- Es importante señalar que dentro los requisitos para adquirir o renovar la licencia-tarjetón para conducir vehículos destinados al trasporte colectivo de pasajeros en el Distrito Federal  están:

● Constancia de acreditación del Curso de Capacitación. Para la licencia tarjetón tipos “C”, “D” y “E”, el curso tendrá una duración de 14 horas, para solicitantes de primera vez, dicha constancia tendrá vigencia dentro del año fiscal de su expedición.

● Acreditación de la evaluación de Conocimiento y Desempeño. Los interesados en obtener la licencia tarjetón tipos “C”, “D” y “E”, realizarán la evaluación de conocimientos y desempeño que determine la Secretaría de Transporte y Vialidad, cuyo costo se cubrirá directamente con el prestador de este servicio, el cual incluye el examen y dos oportunidades más, en caso de no ser acreditado, en un lapso de 60 días naturales. A excepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y del Distrito Federal.

En comparación, los requisitos que se necesitan para tramitar una licencia de trasporte a nivel federal, la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes solicita:

● Constancia de actitud psicofísica la cual se expide por clínicas autorizadas por la misma Secretaría donde se realizan los siguientes exámenes:

◦ Examen físico y médico. Historial Clínico, Exploración Física (Agudeza Visual y Auditiva, Exploración Cardio-Pulmonar con Electrocardiograma y Tele de Torax, Exploración Neurológica).

◦ Examen toxicológico. Recolección de Muestra de Orina con formato de cadena de custodia con medición de 5 reactivos (Cocaína, Marihuana, Anfetaminas, PCP y Derivados del Opio).

◦ Exámenes de laboratorio. Química Sanguínea, Biometría Hemática, Pruebas de Funcionamiento Hepático, Examen General de Orina.

◦ Examen psicológico. Pruebas de Inteligencia, Percepción Visomotriz y Rasgos de Personalidad.

● Constancia de capacitación.

● Acta de nacimiento.

● Comprobante de domicilio.

6.- Aunado al deficiente servicio de trasporte público en la ciudad, existe una fuerte problemática sobre la línea 12 del metro que ha suspendido el servicio en 11 de 20 estaciones por fallas cuyos responsables aún no son consignados. Por otro lado, el 19 de junio del 2014, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal anunció la puesta en marcha el nuevo Programa “Hoy No Circula Sabatino” con el objetivo de “prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles”, con lo que se retiró de circulación a muchos automóviles particulares y de servicio público, particularmente los días sábados, orillando a  los usuarios a utilizar el poco trasporte público con el que se cuenta y el cual, al menos en su mayoría, se encuentra en pésimas condiciones. Incluso muchos ciudadanos se han visto obligados a cambiar su vehículo por uno más reciente o nuevo sin que ello signifique una reducción en los automóviles que circulan la ciudad, lo que se traduce en horarios cada vez con más tráfico y por lo tanto niveles elevados de contaminación. Si no hay un trasporte eficiente, la gente opta por adquirir un vehículo propio.

CONSIDERACIONES

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto

II.- Que conforme al  artículo 101 primer párrafo de la Ley de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal, los usuarios tienen derecho a que se les proporcione un servicio digno; tal y como se trascribe:

Artículo 101.- Los usuarios tienen derecho a que el servicio público de transporte se preste en forma regular, continua, uniforme, permanente e ininterrumpida y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia.

III.- Que de acuerdo al artículo 1 segundo párrafo y el articulo   3 primer párrafo de la Ley de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal, es responsabilidad de la Administración Pública de Distrito Federal controlar, incentivar programas para mejorar los servicios de trasporte público de pasajeros a través de empresas de participación estatal o concesiones; tal y como se trascribe:

Artículo 1.-…

Es responsabilidad de la Administración Pública asegurar, controlar, promover y vigilar que los servicios de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal, se efectúen con apego a la normatividad aplicable en la materia.

Artículo 3.- Es de utilidad pública e interés general, la prestación de los servicios públicos de transporte en el Distrito Federal, cuya obligación de proporcionarlos corresponde originalmente a la Administración Pública, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos descentralizados, o bien, por conducto de personas físicas o morales a quienes mediante concesiones, el Gobierno del Distrito Federal encomiende la realización de dichas actividades, en los términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

IV.-Que conforme al artículo 7 fracciones I y III de la Ley de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal la Secretaría de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal tiene la facultad de impulsar el desarrollo del trasporte en el Distrito Federal así como llevar acciones para una mayor eficacia y seguridad de los usuarios; tal y como se trascribe:

Artículo 7.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen, la Secretaría tendrá, además de las disposiciones contenidas en otras leyes, las siguientes facultades: I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo del transporte público en el Distrito Federal;

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo del transporte público en el Distrito Federal;

III. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios públicos y privados de transporte de pasajeros y de carga, además de llevarse a cabo con eficiencia y eficacia, garanticen la seguridad de usuarios, peatones y los derechos de los permisionarios y concesionarios;

V.- Que con fundamento al artículo 4 en sus párrafos VIII Y XVIII del Reglamento para el Control Vehicular y de Licencias y Permisos para Conducir en el Distrito Federal, le corresponde a la Secretaría de Transporte y Vialidad la regulación de tarjetas de circulación y  licencias para conducir así como vigilar e control vehicular; tal y como se trascribe:

Artículo 4º. La Secretaría implementará los sistemas y mecanismos necesarios para el Control Vehicular y autorizará, previo cumplimiento de los requisitos establecidos, los siguientes trámites:

VIII. Expedición, renovación y reposición de tarjeta de circulación;

XVIII. Expedición, renovación y reposición de tarjeta de circulación;

VI.-Que conforme al párrafo segundo del artículo 16 del Reglamento para el Control Vehicular y de Licencias y Permisos para Conducir en el Distrito Federal, se sancionará a quien conduzca sin licencia o que la misma este vencida o cancelada; tal y como se trascribe:

…La conducción de un vehículo que al efecto se realice sin contar con licencia o permiso para conducir o cuya vigencia se encuentre vencida, suspendida o cancelada, dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en el Reglamento de Tránsito y el presente Reglamento, así como a la remisión del vehículo al depósito vehicular correspondiente.

VII.- Que de acuerdo con el artículo 18 en sus fracciones II Y III del Reglamento para el Control Vehicular y de Licencias y Permisos para Conducir en el Distrito Federal, le corresponde a la Secretaría de Transporte y Vialidad expedir licencias tipo “B” y “C” para conducir vehículos de trasporte público y colectivo; tal y como se trascribe:

Artículo 18. Las licencias para conducir expedidas por la Secretaría serán:
II. Tipo B, para la conducción de vehículos de transporte público individual de pasajeros, con una vigencia de dos a tres años. La licencia Tipo B, autoriza también la conducción de los vehículos que requieren licencia Tipo A; III. Tipo C, para la conducción de vehículos de transporte público colectivo de pasajeros, con una vigencia de dos a tres años y válida para conducir vagoneta, microbús, minubús y autobús. La licencia Tipo C, autoriza también la conducción de los vehículos que requieren licencia Tipo A;

VIII.-Que conforme al artículo 261 de la Ley Federal de Trabajo, deben de comportarse de una manera ética y profesional ante el usuario, tal y como se trascribe:

Artículo 261.- Queda prohibido a los trabajadores:

I. El uso de bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio y en las doce horas anteriores a su iniciación;

II. Usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus horas de trabajo, sin prescripción médica. Antes de iniciar el servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico; y

III. Recibir carga o pasaje fuera de los lugares señalados por la empresa para esos fines.

IX.-Que conforme al artículo 262 de la Ley Federal delTrabajo, los operadores tienen la obligación de tratar cortésmente a los pasajeros tal y como se trascribe:

Artículo 262.- Los trabajadores tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Tratar al pasaje con cortesía y esmero y a la carga con precaución;

II. Someterse a los exámenes médicos periódicos que prevengan las leyes y demás normas de trabajo;

III. Cuidar el buen funcionamiento de los vehículos e informar al patrón de cualquier desperfecto que observen;

 IV. Hacer durante el viaje las reparaciones de emergencia que permitan sus conocimientos, la herramienta y las refacciones de que dispongan. Si no es posible hacer las reparaciones, pero el vehículo puede continuar circulando, conducirlo hasta el poblado más próximo o hasta el lugar señalado para su reparación; y

V. Observar los reglamentos de tránsito y las indicaciones técnicas que dicten las autoridades o el patrón.

X.- Que conforme al artículo 37 del Reglamento de Trasporte del Distrito Federal, la Secretaría de Trasporte y Vialidad deberá realizar evaluaciones a los conductores; tal y como se trascribe:

Artículo 37.- Los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros serán evaluados cuando la Secretaría lo determine; en caso necesario tomarán los cursos de actualización y se someterán a la evaluación médica integral.

XI.- Que conforme al artículo 83 del Reglamento de Trasporte del Distrito Federal, la Secretaría de Trasporte y Vialidad tiene la obligación de hacer verificaciones periódicas de las unidades de trasporte; tal y como se trascribe:

Artículo 82.- La Secretaría llevará a cabo anualmente la inspección física o revista vehicular, de acuerdo al procedimiento y forma que ésta determine, atendiendo a los principios de la buena fe de los ciudadanos, transparencia, simplificación administrativa, eliminación de la discrecionalidad, el combate a la corrupción y la aleatoriedad en la revisión.

El objetivo es comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de instalaciones, equipo, aditamentos, sistemas y en general, las condiciones de operación y especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio.

El incumplimiento al procedimiento y condiciones que establezca la Secretaría será sancionada de conformidad con este reglamento.

Los vehículos nuevos quedarán exentos de la revisión aleatoria durante los primeros tres años, tomando como base el año del modelo del vehículo, debiendo pagar únicamente los derechos correspondientes.

Adicionalmente, la Secretaría podrá realizar las inspecciones vehiculares en cualquier momento, a fin de garantizar la seguridad, operación, calidad, y estado físico y mecánico de las unidades.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de este Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que se apliquen de manera irrestricta las revisiones de control vehicular al autotransporte, concesionarios o permisionarios del trasporte público denominado “microbuses” que establece la ley de la materia, con la finalidad de brindar un trasporte eficiente y seguro a los capitalinos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, a dar continuidad para reforzar los programas de renovación de unidades de transporte público.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 27 de mayo de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre el diagnóstico y las medidas que la dependencia a su cargo está implementando para garantizar la seguridad de los candidatos, los electores y sobre todo de la ciudadanía en general en las 32 entidades del país, en el marco del proceso electoral que se verificará el próximo 7 de junio. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO, Diputada Federal, a la LXII Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

CONSIDERACIONES

Recientemente el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, declaró ante diversos medios de comunicaciones nacionales e internacionales que el país “no estaba en llamas” y que los asesinatos con violencia extrema que a la fecha se suman, eran “casos aislados”.

De acuerdo con el Boletín de Prensa 250, de la Secretaría de Gobernación,

“El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los dirigentes de ocho partidos políticos nacionales se reunieron esta tarde para dialogar sobre las medidas que están en marcha para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante el proceso electoral.

…acordaron acciones enfocadas a garantizar la seguridad de las y los ciudadanos, así como para aquellos candidatos que en casos específicos lo requieran.… El Gobierno de la República seguirá atendiendo su responsabilidad de trabajar para salvaguardar las garantías de los ciudadanos en todo el territorio nacional, a fin de que puedan emitir su voto libremente y en condiciones de tranquilidad.”

Sin embargo, a pesar de la seguridad que las declaraciones del titular de la Secretaría de Gobernación encierran, la realidad ha sido otra en este proceso electoral y a diario en la prensa nacional e internacional, se reflejan y se reportan actos de violencia en el marco de este proceso electoral, como el sucedido en la delegación Cuajimalpa, o las agresiones que un candidato a diputado local le propinó a un Jefe de Unidad departamental en Álvaro Obregón, tan solo por mencionar, las más pedestres, pero hasta llegar a verdaderos actos de barbarie en la lucha por el poder.

El actual proceso electoral en nuestro País ha dejado como saldo trágico dentro del período del 18 de febrero al 18 de mayo, al menos 43 víctimas de la violencia, a razón de siete muertos y 36 agredidos, que van desde recibir amenazas de muerte hasta ser objeto de ataques en sus personas o sus bienes—incluido un ciudadano que participaba en un mitin en Yurécuaro, Michoacán.

Estos hechos delictivos se han presentado hasta hoy en 12 estados, como Guerrero, Michoacán, Tabasco, Oaxaca y San Luis Potosí, donde se han registrado los homicidios, pero hay otras entidades federales, como es el Estado de Morelos, dónde las amenazas de muerte provocaron que siete candidatos panistas abandonaran la contienda electoral.

Para entender el contexto de lo que acontece en el presente proceso electoral basta  decir que en los comicios de 2009 se reportaron seis homicidios; en 2010, tres casos; en 2012, cinco, y en 2013, tres crímenes, que involucraron a candidatos de todos los partidos. Es decir la actual contienda electoral se encuentra marcada como la más violenta en la historia reciente de nuestra nación. Las cifras así lo  muestran.

El primero de los homicidios perpetrados dentro del actual proceso electoral ocurrió el 18 de febrero en contra de Carlos Martínez Villavicencio, precandidato del PRD a una diputación federal por un distrito en Oaxaca, quien fue abatido cuando realizaba un recorrido por la zona triqui. Hecho en el que por cierto, también perdió la vida Ernesto Fidel López Nelio, Joven activista social del estado.

Dos días después, un sujeto desde un vehículo en marcha, asesinó a Cecilia Izaguirre, dirigente del PRI en Lagunillas, municipio de San Luis Potosí.

El 6 de abril se reportó la desaparición de Alfonso Ordaz, operador electoral de Acción Nacional, también en San Luis Potosí, cuando realizaba acciones para    promover el voto a favor del candidato panista a la alcaldía de Matlapa (Huasteca),  Edgar Ortega Luján; cuatro días después fue hallado decapitado en el río Moctezuma.

La cuarta víctima fatal fue la precandidata del PRD a presidenta municipal de Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava González, quien el 11 de abril fue decapitada y a su lado fue dejado un mensaje. Ella era, según su dirigente estatal Celestino Cesáreo, la virtual candidata de ese partido.

Apenas iniciaba el mes de mayo cuando en Chilapa, Guerrero fue asesinado el candidato del PRI- PVEM, Ulises Fabián Quiroz, de 13 tiros, uno de éstos en la cabeza. Dos hombres que viajaban con él presenciaron su muerte.

En Yurécuaro, Michoacán, fue acribillado hace unas semanas el candidato de Morena a esa alcaldía, en pleno mitin. Durante la agresión, tres personas resultaron heridas, entre ellas dos militantes de ese partido y un simpatizante que se encontraba en el   lugar.

En Tabasco, en el municipio de Huimanguillo, el candidato del PRI a regidor Héctor Cruz López fue ejecutado afuera de su casa, cuando hombres armados llegaron al lugar, en dos camionetas, y lo sorprendieron; su hermano también resultó lesionado en el ataque.

Las treinta y cuatro víctimas restantes han recibido amenazas de muerte, han sido baleadas sus casas, vehículos, han sido quemadas camionetas y hasta hay casos de secuestros exprés, después de haber sido levantados por varias horas.

El total de las 43 agresiones acontecidas hasta hoy en el proceso electoral de 2015 arrojan que dieciocho se ejecutaron contra de representantes del PAN, ocho contra representantes del PRI, seis contra representantes del PRD, seis afectados de MORENA, dos contra integrantes de Movimiento Ciudadano y uno por los Partidos Social Demócrata, Humanista y PVEM.

Los estados en los que se observa la mayor violencia durante el presente proceso electoral son Morelos, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco con un total de treinta y cinco de cuarenta y una registradas. Pero igualmente han existido agresiones en las entidades de Puebla, Jalisco, Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Baja California Sur y Oaxaca

Revisar las cifras de violencia, nos obligan también a considerar los antecedentes expresados por el Instituto Nacional Electoral respecto al padrón electoral de 87.3 millones de posibles votantes, el mayor en la historia de nuestra nación.

Así, llegamos a la preocupante conclusión de encontrarnos ante el mayor número de posibles votantes, lo que implicaría la elección más concurrida en nuestra nación contra el más alto índice de violencia sufrido durante un proceso electoral, Ese es el diagnóstico que nos preocupa y que corresponde atender y resolver el Estado Mexicano.

Ante el obscuro escenario que se tiene el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, responsable de la política interna, expresó en una reunión celebrada el día 18 del presente mes ya año, que el Gobierno ejecuta un Plan Estratégico de Vigilancia del actual proceso electoral en nuestro País, mediante el cual, día a día se analiza la situación puede surgir en diversas regiones, especialmente en Guerrero y Jalisco. Dijo igualmente que se realizan reuniones semanales de la Secretaría a su cargo con los representantes de los partidos políticos para analizar incidentes, y se ha brindado seguridad a los 20 candidatos que, hasta el momento, lo han solicitado y ésta se mantendrá hasta el próximo 8 de junio, una vez pasada la elección.

Y YO PREGUNTO: ¿El Gobierno Federal pretende garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos antes, durante y después de elección posiblemente más concurrida de la historia y que conjuga los mayores antecedentes de violencia previa a la jornada electoral con la realización de mesas de trabajo semanales con representantes de partidos políticos y la custodia policial temporal a 20 candidatos?

Se requiere un mayor alcance en las acciones gubernativas, identificar con claridad las medidas que habrán de ejecutarse antes, durante y después del día 7 de junio de 2015. Se requiere certeza no desdén.

Por eso es indispensable que se cuente con información detallada y precisa de que lo que se realiza para asegurar el buen desarrollo de los comicios electorales, se requieren medidas que abonen a favor a la confiabilidad ciudadana.

Nosotros, sí creemos que es necesario elevar el nivel de alerta al máximo; nosotros, sí creemos que es necesario que se involucre al Poder Legislativo a través de su Comisión Permanente en la coordinación de la Seguridad Ciudadana en este Proceso electoral.

El Titular de la SEGOB debe explicarnos cómo y con cifras que podemos confiar en una oportuna y pronta respuesta de su Institución, cómo se preparó y se encuentra organizado el trabajo de la Dependencia que, junto con otras más velará por el desarrollo democrático de la contienda.

El diagnóstico del escenario nacional nos permite ver a una grandísima oportunidad para la Secretaría de Gobernación, que deberá imponer orden y seguridad en el ámbito de su competencia.

Por lo anterior, es menester que esta Comisión Permanente, realice un posicionamiento institucional, para EXHORTAR en forma oportuna y respetuosa a la Secretaría de Gobernación, a que informe en un lapso no mayor a 3 (tres) días,--ya que desde su mayoría legislativa se ha negado sistemáticamente, la posibilidad de una reunión de trabajo directa con legisladores, tal y como lo establece el punto de acuerdo suscrito por la promovente y por diversos legisladores el 6 de mayo pasado el cual no se ha dictaminado--, Necesitamos que la SEGOB Informe y asuma en su condición de garante de la seguridad las acciones y medidas que implementará con objeto de prevenir, situaciones que desemboquen en delitos y en  delitos electorales antes, durante y después de la jornada electoral del día 7 de junio del 2015.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Exhorta de la manera más respetuosa al Titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, a que envíe a esta soberanía un Informe Estado por estado, con el Diagnóstico de las condiciones de Seguridad de las 32 entidades federativas del País.

Segundo.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Exhorta de la manera más respetuosa al Titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, a que brinde un Informe en el que se detalle qué mecanismos, programas y acciones está implementado la Secretaría de Gobernación y cuáles implementará de manera extraordinaria, antes durante y después de la jornada electoral, con cuántos efectivos contará, a fin de Blindar la Seguridad Ciudadana y de los propios candidatos, que genere un clima de seguridad y confianza, que abone en la erradicación del temor y el miedo que pudiera generarse en la ciudadanía para salir a votar este próximo 7 de junio.

Tercero.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Exhorta de la manera más respetuosa al Titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, a que los informes a que se refieren los puntos PRIMERO Y SEGUNDO del presente, los entregue a esta soberanía en un lapso no mayor a 3 (tres) días naturales después de la aprobación del mismo. Debido a la urgencia que el asunto amerita, y toda vez que no ha sido posible llevar a cabo una reunión de trabajo entre el Secretario de Gobernación y los legisladores, pero sobre todo, dada la cercanía de la jornada electoral.

Recinto Legislativo de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Suscribe

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero.






De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a orientar a la población con relación a la enfermedad denominada síndrome de la fatiga crónica. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL, Diputada Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A ORIENTAR A LA POBLACIÓN CON RELACIÓN A LA ENFERMEDAD DENOMINADA SÍNDROME DE LA FATIGA CRÓNICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El síndrome de la fatiga crónica, es considerado una enfermedad que se caracteriza por una fatiga intensa, física y mental, que reduce significativamente las actividades de las personas que lo padecen, no se alivia con el descanso y no es provocada por algún otro padecimiento.

De acuerdo a la lectura sobre el tema que esta legisladora ha realizado, el síntoma principal es el cansancio extremo, a pesar de haber dormido lo necesario, falta de memoria, dificultad para concentrarse, dolor de cabeza, irritabilidad, fiebre alrededor de 38.3º C o menos, confusión, dolores musculares, de garganta y sensibilidad en los ganglios linfáticos del cuello o la axila. Quienes padecen el síndrome de fatiga crónica no son personas asociadas a farmacodependientes, no padecen trastornos autoinmunitarios o inmunitarios, infecciones, enfermedades musculares o neurológicas o endocrinas, depresión o tumores, ni otras enfermedades como cardiopatías, nefropatías o hepatopatías.

La información a mi alcance para la preparación del presente punto de acuerdo coincide en indicar que aún no existe cura para el síndrome de fatiga crónica y que el tratamiento únicamente consiste en procurar aliviar los síntomas, pero la enfermedad puede derivar en depresión, incapacidad para participar en actividades sociales y laborales. Esta enfermedad ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde 1992, de ahí que cada día 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia  y el Síndrome de la Fatiga Crónica. Cabe diferenciar que la Fibromialgia es una enfermedad reumática crónica que se presenta fundamentalmente en mujeres, mientras que el síndrome de la fatiga crónica es un trastorno asociado a la falta de fuerza, cansancio o fatiga que se prolonga en el tiempo.

En virtud de que el síndrome de la fatiga crónica puede llegar a ser devastador, es que considero necesario el que la Secretaría de Salud oriente a la población con relación a esta enfermedad.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a orientar a la población con relación a la enfermedad denominada síndrome de la fatiga crónica.

Recinto de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Dip. Fed. Magdalena Núñez Monreal.






De los Senadores Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República para que realice una investigación integral, pronta y expedita sobre la presunta red de corrupción del candidato del PRD al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, AGUSTÍN TRUJILLO ÍÑIGUEZ y JESÚS CASILLAS ROMERO, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un servidor público es toda persona física, contratada, o designada mediante elección o nombramiento, para desempeñar actividades atribuidas al Estado, a sus órganos gubernamentales o a los de la administración pública.1

En la Constitución Política de nuestro país, el título cuarto se dedica a las responsabilidades de los servidores públicos y establece en el artículo 108 que se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Asimismo, se precisa que los funcionarios públicos serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Bajo esta premisa, los servidores públicos están obligados a actuar con legalidad y transparencia durante el ejercicio de sus funciones; por encima de todo, deben procurar la satisfacción y necesidades de la sociedad.

Por ningún motivo deben utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva.

El uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, es una condición que deben observar todos los todos los funcionarios públicos.

Cuando no transparentan o desvían el dinero de los ciudadanos, están ante un escenario que sugiere corrupción, la comisión de algún delito y lo más delicado es que nos enfrentamos a la falta de credibilidad, tal como sucede con el candidato del PRD al Gobierno del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Para dimensionar la gravedad de los hechos y la importancia de que éstos sean investigados a fondo y desde todas sus aristas, debemos señalar que las conductas antijurídicas ocurrieron en 2013 y 2014 cuando el ahora candidato se desempeñaba como diputado federal, encargo desde el cual habría gestionado recursos para 25 municipios de Michoacán por 5 mil 333 millones de pesos en 2013 y 264 millones en 2014, que beneficiaron a empresas de quienes hoy son candidatos del PRD a diversos cargos de elección popular.

Si bien es cierto que la gestión de recursos no es un acto ilícito, siempre y cuando ésta se desarrolle en el marco de ley, hay elementos que ponen en evidencia la simulación de competencia entre las empresas participantes en la licitación, sobreprecio en los costos y en la construcción de las obras. Primero se inscribían para la licitación de una obra, cuatro o tres empresas, que tienen como común denominador el mismo apoderado legal y el mismo auditor.

Ellos competían, determinaba el ayuntamiento a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, a quién se le adjudicaba la licitación, y en ese momento los otros avalaban el procedimiento y el auditor de dicha licitación, que era parte de los Consejos de Administración de esas empresas, avalaba la adjudicación de la obra.

Son acciones que pueden ser consultadas en los portales de Internet, de Compranet, que es una dependencia de la Secretaría de la Función Pública o del propio Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Entre los casos más graves se encuentra el acontecido en el municipio de Tuxpan, donde se destinaron 133 millones 724 mil 508 pesos a distintas obras realizadas por constructoras que son propiedad de personas cercanas a Silvano Aureoles Conejo. Lo anterior representó un sobrecosto de 46 millones de pesos, pues el costo real de las obras se calcula en 87 millones.

Por otro lado, se han detectado obras con un sobreprecio superior al 50 por ciento en los municipios de Lázaro Cárdenas, La Piedad, Senguio e Irimbo.

Hay elementos que dejan de manifiesto que el candidato del PRD a presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrara Tello es dueño de las empresas Qualiti Construcción S.A. de C.V. y Phomsa Construcciones S.A. de C.V., mismas que entre el 2013 y 2014 recibieron alrededor de 49 millones de pesos gestionados por el propio candidato a la Gubernatura.

En el caso de la constructora Ingeniería en Soluciones Estratégicas PA&NOR S.A. de C.V., ésta recibió 20 millones de pesos para realizar obras en el municipio de Tuxpan, entre sus principales socios se encuentran los también perredistas Pascual Sigala Páez y Norberto Antonio Martínez Soto.

No es la primera ocasión en la que se le vincula a Silvano Aureoles con conductas de esta naturaleza, basta recordar que desde el inicio de su campaña, dejo de manifiesto la utilización de recursos de presunta procedencia ilícita.

Resulta fundamental que las investigaciones no se circunscriban únicamente a lo concerniente a las transacciones irregulares, sino que en complemento se lleve a cabo una investigación integral del ejercicio, uso y destino de los recursos públicos donde participaron las empresas Ingeniería en Soluciones Estratégicas PA&NOR S.A. de C.V; Qualiti Construcción, S.A. de C.V., y Phomsa Construcciones, S.A. de C.V.

Nuestra Ley Suprema es clara en relación a la obra pública, el párrafo tercero del artículo 134 establece que “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

De la misma manera el artículo 134, párrafo 7 señala que “los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, elementos esenciales para la democracia moderna e indispensable para la construcción de buenos gobiernos, de ahí la importancia de que a partir de los indicios y documentales presentados ante las instancias correspondientes, se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.

A reserva de que las autoridades correspondientes lleven a cabo las investigaciones conducentes, en principio, por lo menos estaríamos ante la comisión de los delitos de ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado e incluso, enriquecimiento ilícito, este último tipificado como grave.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el marco de sus atribuciones, realice una investigación integral, pronta y expedita sobre la presunta red de corrupción del candidato del PRD al gobierno del estado Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que realice una auditoría de cumplimiento financiero y de inversiones físicas de las obras construidas en los municipios de Michoacán por las empresas Ingeniería en Soluciones Estratégicas PA&NOR S.A. de C.V; Qualiti Construcción, S.A. de C.V., y Phomsa Construcciones, S.A. de C.V. en los años 2013 y 2014, y en caso de acciones u omisiones se finquen las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de MAYO del año dos mil quince.

Atentamente

Sen. Agustín Trujillo Íñiguez.- Sen. Jesús Casillas Romero.






De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social por presuntas violaciones a la ley general en materia de delitos electorales durante el proceso electoral 2015, a través del programa “Cruzada Nacional contra el Hambre”. Se turna a la Primera Comisión.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 así como en las demás disposiciones aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

El pasado 5 de abril iniciaron las campañas electorales en todo el país en donde se disputan más de 2,000 cargos públicos, entre ellos la elección de 500 diputados federales y 9 gobernadores.

En este contexto electoral, se encuentran diversas aristas que ponen en riesgo el adecuado desarrollo de las campañas electorales, entre las que se puede identificar el incorrecto uso de los recursos públicos por parte de funcionarios federales y locales a través de los programas federales.

Frente a este panorama, el interés público federal y el derecho que todo ciudadano y ciudadana tiene de ejercer sus libertades políticas a través del ejercicio del voto sus convicciones políticas, se ve afectado considerablemente; siendo esto un componente más que pone en riesgo el desarrollo democrático en México.

Contingencias de esta naturaleza se ven reflejadas continuamente en las zonas rurales del país, en donde se encuentra el 21 por ciento de la población mexicana, y en donde se concentra el mayor porcentaje de la población en situación de pobreza.

En México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 46.2 por ciento de la población, es decir, alrededor de 55 millones de habitantes se encuentran en estas condiciones socioeconómicas, siendo Chiapas, Guerrero y Oaxaca los estados más afectados.

Programas como “Cruzada Nacional contra el Hambre”, instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social, tiene como fundamental propósito combatir a la pobreza, cubriendo con alimentación básica a diversas comunidades del país, sin embargo, desde su implementación el pasado 21 de enero de 2013, el programa para el combate a la pobreza ha sido utilizado en cada contienda electoral como una fábrica de votos.

Su titular, Rosario Robles Berlanga, desde entonces ha hecho uso de esta “nueva política” una estrategia de proselitismo y coacción del voto para beneficiar a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, violando de esta manera el artículo 7, párrafo séptimo, y el artículo 11, párrafo segundo de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

La estrategia que busca combatir la carencia alimentaria, y de esta manera, el rezago social en ciertas localidades de México, fue durante el 2013 una estrategia particularmente polémica por sus fines electorales en aquel año.

El Partido Acción Nacional denunció en esos días, previo a las elecciones locales de 2013, el uso indebido de recursos de programas sociales federales con fines electorales en el estado de Veracruz; mientras la fracción parlamentaria de este partido en la Cámara de Diputados manifestó que dicho programa beneficiaría a las entidades y municipios en los que habría elecciones.

La bancada del PAN hizo énfasis en el tema con la leyenda: “No solo en los estados donde hay elecciones hay hambre”.

El común denominador de los discursos y los reportes sobre los avances del programa Cruzada Nacional contra el Hambre se ha dado en tiempos electorales.

Así como hace dos años comenzó la estrategia con una fuerte movilización geográfica en los “municipios con mayor pobreza”, hoy, previo al inicio de las campañas, el programa social intensificó sus acciones anunciando a febrero como el “mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre”, siendo esto nuevamente un indicador de los fines político-electorales que persigue el Gobierno Federal.

Por otro lado, cabe destacar que dicha estrategia social no ha implementado en sus acciones las recomendaciones hechas por el CONEVAL, en las cuales establece que este programa no fortalecerá la economía de las familias, así como tampoco combatirá de manera eficiente la pobreza.

El CONEVAL ha manifestado en el diagnóstico que llevó a cabo sobre el diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre que la estrategia adolece de elementos fundamentales como el marco conceptual, lo que indica que no se tiene claro el concepto de “hambre” pues utiliza distintas definiciones; falta también una adecuada identificación de las causas y los efectos, el diagnóstico de la situación en México y la caracterización de la población que presenta el problema.

Las estrategias de este programa no cuentan con los elementos que permiten el desarrollo de una política pública que realmente fortalezca la situación socioeconómica de México; son por el contrario, promotoras del voto en beneficio del PRI.

Ejemplo de ello es la organización Mujeres Comprometidas con la Paz, que Rosario Robles fundó en 2012 para promover el voto del PRI y del entonces candidato Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República; y que algunas de ellas son hoy subdelegadas de la Sedesol y responsables de operar la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como otros programas sociales de esa Secretaría.

En la presente contienda electoral, nuevamente el desvío de recursos públicos orientados a las campañas electorales se observa a través de los programas sociales, para tratar de influir en las elecciones y en el voto de los ciudadanos.

El programa Cruzada Nacional contra el Hambre no es la excepción, y por medio de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, se continúa fracturando a costa del presupuesto público, nuestro sistema electoral, y por lo tanto, la posibilidad de contar con elecciones limpias y transparentes, apegadas a los principios democráticos que hemos buscado construir en nuestro país.

Es por ello y por lo anteriormente expuesto que me permito formular la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, investigar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por presuntas violaciones a los artículos 7, párrafo séptimo, y 11, párrafo segundo de la Ley General en Materia de Delitos Electorales durante el presente proceso electoral, a través del programa Cruzada Nacional contra el Hambre.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 27 de mayo de 2015.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública y a sus homólogas estatales a implementar acciones y programas que permitan aminorar la escasez del agua mediante el aprovechamiento y uso adecuado de los recursos hídricos del estado de Zacatecas. Se turna a la Tercera Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México posee aproximadamente el 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo que determina que un porcentaje importante del territorio esté catalogado como zona semidesértica, e implica la necesidad de considerar al agua no sólo como un elemento vital, sino como un factor estratégico para el desarrollo global del país.1

El panorama general del agua en México se divide en la zona norte, centro y noroeste, donde se concentra el 77% de la población, pero únicamente se cuenta con un 31% de agua renovable; y en la zona sur y sureste, donde habita el 23% de la población se capta el 69% del agua renovable.2

La zona centro del país mantiene un bajo porcentaje de captación de agua, de manera que son necesarias acciones y medidas que sirvan para identificar fuentes alternas de estas captaciones e implementar planes y programas que mermen la problemática de escasez de agua.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), menciona que en el mundo las primeras víctimas de la escasez son el sector económicamente pobre, las poblaciones marginadas y las mujeres, indica también que de continuar con el ritmo de consumo actual, en el año 2030 faltará un 40 por ciento del agua que necesitaría el planeta para subsistir y conservar las principales actividades productivas.3

De esta manera, se entiende que a nivel mundial se enfrentaría una severa escasez del vital líquido para el año 2030, lo que desafortunadamente podría desatar conflictos entre los diversos sectores económicos entre regiones y países.

Lo anterior basado en la premisa de que para responder a las necesidades de agua en una población mundial cada vez más numerosa, el sector agrario y el energético principalmente tienen que incrementar constantemente su producción.

Se calcula que para el año 2050, la agricultura, actividad en la que es fundamental el agua, tendrá que producir un 60% más de alimentos a nivel mundial y un 100% más en los países en desarrollo; además, la demanda de bienes manufacturados  también tendrán que aumentar, lo que acrecienta la presión sobre los recursos    hídricos.4

Debido a estos cálculos, es necesaria una adecuada administración del agua, pues hace falta mayor ejecución de programas y fomentar una educación ambiental encaminada a promover el cuidado del agua. Aunado a esto la demanda nacional se ha disparado en el riego intensivo de tierras cultivadas, el uso desmedido de plaguicidas y productos químicos en las corrientes de agua y la falta de tratamiento de las aguas residuales que afectan el 90 por ciento del agua potable en el país.

Concretamente, en los últimos años la población del estado de Zacatecas ha manifestado un aumento en la demanda de agua para actividades municipales, agrícolas e industriales, destacando los municipios con mayor crecimiento como lo son: Fresnillo, Calera, Zacatecas, Guadalupe y Loreto.

La población zacatecana está consciente de la complejidad que la escasez de agua atrae, de tal forma que la problemática asume una importancia crucial, la conciencia general es clara y objetiva, ya que de persistir el ritmo actual de la explotación de los recursos hídricos provenientes del subsuelo, paulatinamente el Estado enfrentará más severas crisis de escasez del agua, lo que representa un alto grado de riesgo para la estabilidad y desarrollo socioeconómico.

Por su ubicación geográfica se entiende que el Estado de Zacatecas es un exportador de agua, ya que todos sus ríos nacen en su territorio y escurren hacia los estados vecinos; por el río Agua naval se arrastran hacia Durango y Coahuila 113 hm3 (hectómetro cubico); por el río Presidio San Pedro se transfieren hacia Durango y Sinaloa 54 hm3; y por los ríos Juchipila, Tlaltenango, Tepetongo, Valparaiso y San Juan se transfieren hacia Nayarit y Jalisco 1201 hm3 anualmente.5

Asimismo, las precipitaciones en general son escasas con un promedio de 510mm (milímetros) anuales en el Estado, siendo sus valores extremos de 910 mm como máximo y 324 mm como mínimo;6 las lluvias más importantes se presentan durante el verano, en los meses de junio a octubre, en los meses de invierno las precipitaciones son en forma de nieve o de aguanieve en las montañas más altas.

El mayor territorio de Zacatecas es árido, pues el 70% de la superficie presenta precipitaciones inferiores a 500 mm anuales, esto lo define como un panorama      adverso en cuanto a la disponibilidad del recurso natural para sus diferentes usos y actividades.

De igual forma, la falta de infraestructura de almacenamiento y captación, en lo referente al escurrimiento superficial, es de 2,524 hm3, según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y sólo se capta en presas y bordos un 32%; el resto se exporta fuera del estado, la mayoría de este volumen se transfiere a los estados de Nayarit y Jalisco por los afluentes de los ríos existentes.7

Esta falta de infraestructura para el uso y captación del agua superficial se ha compensado con la extracción de agua subterránea, lamentablemente de los 34 acuíferos existentes en el estado, actualmente se presenta alguna sobreexplotación en 14.

Esta sobreexplotación se manifiesta principalmente en los acuíferos ubicados en la parte central del estado como son el Agua naval, Calera, Chupaderos, Guadalupe, Loreto y Puerto Madero, donde se asientan las ciudades con mayor crecimiento urbano (600 mil habitantes) tales como Loreto, Ojo caliente, Guadalupe, Zacatecas, Calera y Fresnillo. Además en esta zona se ubica el corredor industrial Fresnillo-Zacatecas-Aguascalientes.

El volumen de agua concesionado en el estado es de 1,457 hm3, de los cuales el 90% se destina al riego, el 8% al uso municipal y el 2% al industrial. De este volumen el 70% es de origen subterráneo y el 30% restante de agua superficial.8

En el estado se riegan 135,000 ha (hectáreas), de las cuales, 100 mil hectáreas se abastecen con 8,523 pozos que extraen 1,125 hm3 y el resto con agua de presas, para mantener los servicios de agua urbanos e industriales, sin impactar la calidad y disponibilidad de los acuíferos del estado, se requiere identificar fuentes alternas de abastecimiento de agua además de las subterráneas, una de estas fuentes son los escurrimientos superficiales en las cuencas vecinas en las que exista disponibilidad de aprovechamiento y captación de agua.

Los escurrimientos más importantes se registran en los ríos Tepetongo, Palomas, Juchipila, Tlaltenango, Valparaiso y San Juan, de los cuales en los dos últimos se tiene una disponibilidad importante que permitiría el suministro a las zonas de los acuíferos que alimentan al corredor urbano-industrial Fresnillo-Zacatecas-Aguascalientes.

Sin embargo, dadas las condiciones de escasez de agua en el estado, y la intensidad y frecuencia de las sequías que se presentan, los aprovechamientos se deberán plantear en todos los sitios según estudios pormenorizados y convendrán revisar el contexto y los términos en que se estimaron ya que en algunas cuencas del estado existen concesiones de agua y vedas desde los años cuarenta para usos fuera del territorio zacatecano.

Lo anterior mediante estudios de factibilidad técnica, que es la herramienta por la que se contempla la estimación de la disponibilidad hidrológica de los diferentes ríos en distintos kilometrajes sobre su cauce con el propósito de determinar el escalonamiento y la capacidad de las aguas retenidas a lo largo de ellos.

Dado que en el estado el mayor consumo de agua se destina al riego, en la búsqueda de alternativas de abastecimiento se debe considerar en primer término la recuperación de volúmenes por la vía del uso eficiente en los sistemas de distribución y parcelarios.

La dirección de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Zacatecas, informó que estos mantos acuíferos sobreexplotados se encuentran en la zona centro del estado, destacando que la sobreexplotación de los acuíferos en la comunidad de Chupaderos es de un 100%, Calera con 80% y Agua naval con 70%.9

El déficit hídrico crónico que se ha vivido en el estado de Zacatecas se debe principalmente a la falta de infraestructura y de una adecuada planeación, más que a la falta de agua, ya que como se ha mencionado anteriormente, existen escurrimientos naturales suficientes para satisfacer las necesidades de agua de todos los sectores.

Es necesaria una combinación de proyectos de uso eficiente, aprovechamiento y captación del agua en los sectores agrícola, municipal e industrial mediante una nueva infraestructura que permita aminorar el déficit hidrológico y la escasez de agua con el apoyo de las distintas secretarías homologas en el estado.

Estas acciones deben estar acompañadas de normatividades que permitan el fortalecimiento de la CONAGUA y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de sus homologas para mejorar la gestión del agua,  dentro del marco de una cultura de uso racional y eficiente del agua.

Por último, para fomentar la conciencia de la ciudadanía se propone agregar en los programas educativos de enseñanza básica y media superior los temas de cuidado, preservación y captación del agua. La función de los organismos operadores de agua potable y de las asociaciones de usuarios de riego, se acompañará de programas de capacitación en temas operativos y de administración del recurso.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamentela Comisión Nacional del Agua, a las Secretarías de Medio ambiente y Recursos Naturales y Educación Pública, así como a sus homologas estatales para que:

a) Se realicen estudios de factibilidad técnica en el estado de Zacatecas que sirvan para alcanzar un uso eficiente de captación de agua que beneficien a los sectores agrícola e industrial.

b) Diseñen e implementen políticas públicas efectivas en materia del cuidado del agua dentro del marco de una cultura de uso racional y eficiente de este recurso.

c) Diseñen e implementen programas educativos de enseñanza básica y media superior sobre los temas relacionados con el cuidado, preservación y captación del agua.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 27 de mayo de 2015.

1 Centro Virtual de Información del Agua. Agua en México. Fecha de Consulta el 25 de mayo de 2015 [En línea] Disponible en: http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=300004

2 Dr. García Hernández, Álvaro. Derecho Humano al Agua y Ecomigración en Zacatecas. Fecha de consulta el 13 de mayo de 2015 [En línea] Disponible en: http://www.inecc.gob.mx/descargas/cop16/cop16_taller_noreste_pon08_agarcia.pdf

3 El mundo enfrentará en 2030 una severa escasez de agua. Periódico Excelsior, publicado el 22 de marzo de 2015 [En línea] Disponible en: http://www.dineroenimagen.com/2015-03-22/52825

4 UNESCO. Urge una gestión más sostenible del agua. Publicado el 19 de marzo de 2015 [En línea] Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/urgent_need_to_manage_water_more_sustainably_says_un_report/#.VVt_W_l_NBc

5 Propuesta de Solución al Déficit Hídrico en el Estado de Zacatecas, XXIII Congreso Nacional de Hidráulica, Acapulco, Guerrero, México 2012, [En línea] Disponible en: http://revistatlaloc.org.mx/amh_congreso/articulos/InfraestructuraParaAbastecimientoySaneamientoDelAgua/231art_dlmb1%5B1%5D.pdf

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Sobreexplotados cerca de la mitad de los mantos acuíferos de Zacatecas. Pórtico Online. Publicado el 14 de abril de 2015 [En línea] Disponible en: http://porticoonline.mx/2015/04/14/sobreexplotados-cerca-de-la-mitad-de-los-mantos-acuiferos-de-zacatecas/






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al gabinete de seguridad nacional a que, en coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia del estado de Guerrero, diseñen e implementen políticas públicas, programas, estrategias y acciones en materia de seguridad pública que realmente prevengan, investiguen, sancionen y erradiquen los delitos suscitados en dicha entidad federativa. Se turna a la Primera Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad pública puede ser comprendida como la garantía que brinda el Estado a su población para el libre ejercicio de sus derechos humanos, tan es así que el artículo 1°, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que:

Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Entonces, uno de los más grandes desafíos que enfrentan los tres órdenes de gobierno, es procurar seguridad y orden público a todos sus habitantes, y la salvaguardia de los derechos humanos, ésta sin lugar a duda es la principal función y razón del quehacer policial.

Sin embargo, en los últimos años el Estado no ha sido capaz de procurar seguridad y orden público a sus habitantes, lo que significa que el gobierno ha fallado en procurar la paz y salvaguardar la vida de sus pobladores.

Muestra de la descomposición del tejido social y la nula seguridad pública se encuentra en el estado de Guerrero, la falta de seguridad y orden público han vulnerado aspectos esenciales de la vida de sus habitantes, coartan la vida, la libertad, la confianza y la tranquilidad de los guerrerenses, especialmente de los más pobres, las cifras así lo revelan.

Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos
1997-20141

 

2012

2013

2014

Homicidio  doloso

83

123

1,514

Secuestro

23

21

18

Extorsión

57

127

91

Robo de vehículo con violencia

80

344

392

Robo de vehículo sin violencia

2,378

2,250

1,718

Desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en el Municipio de Iguala de la Independencia el pasado 26 de septiembre, el pueblo mexicano e incluso otras naciones se han unido en una sola voz, “justicia”; sin embargo, esta camina con pies de plomo pues a  casi 8 meses de este lamentable suceso existen más dudas que certezas sobre las investigaciones.

Y precisamente a casi 8 meses de dicho suceso, el estado de Guerrero vuelve a ser noticia en el plano nacional, en el Municipio de Chilapa de Álvarez ocurrió algo similar de lo acontecido en Iguala, entre el 9 y 14 de mayo, aproximadamente 300 supuestos policías comunitarios ingresaron a Chilapa, asumieron el control de la seguridad de ese municipio, desarmaron a los policías municipales, realizaron recorridos en la ciudad a bordo de patrullas oficiales y portando armamento oficial.2

De acuerdo a pobladores de esa localidad se encuentran en calidad de desaparecidos 30 personas, atribuyeron las desapariciones a los civiles armados que controlaron durante varios días la seguridad de Chilapa. Notas periodísticas dan cuenta que 16 familiares de las personas desaparecidas presentaron ante la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero su testimonio sobre los hechos, pero únicamente se han presentado tres denuncias ante el Ministerio Público del Fuero Común. Sin embargo, desde julio de 2014 a la fecha se han documentado 101 desparecidos en este municipio.3

Pareciera que no se aprende de los errores pasados, pues se están repitiendo algunos sucesos que lastimaron severamente a la sociedad mexicana; asimismo,  es evidente que no se ha logrado devolver la seguridad y paz al estado de Guerrero, muestra también la ausencia de un Estado Democrático de Derecho.

No se está cumpliendo con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el cual en su párrafo octavo establece que:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

Si se cumpliera lo anterior, México no estaría sufriendo por la inseguridad que ya ha cobrado miles de vidas, no sólo en Guerrero sino en todo el territorio nacional. Por otra parte, ¿qué garantías le ofrece el Estado Mexicano a su población de que las próximas elecciones se desarrollarán en un clima de seguridad y paz?

Si basta recordar que el 1 de mayo fue asesinado Ulises Fabián Quiroz, candidato a Presidente Municipal de Chilapa por el del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el 25 de abril en ese mismo municipio Luis Walton Aburto, candidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano (MC), fue interceptado junto con su comitiva por un grupo armado; por tal razón, canceló sus actividades proselitistas en esa región.

Ante tal panorama, la población siente temor por salir a las calles, es evidente que no se sienten más seguros hoy que hace 3 años, poco se avanzado en la inalienable tarea por parte del Estado de garantizar la seguridad y el orden público, por el contrario, día a día las cifras muestran que el índice delictivo va en aumento.

El derecho a la seguridad pública es fundamental e impostergable dentro de un Estado Democrático de Derecho y su efectiva garantía es responsabilidad de él; asimismo, se debe escuchar la voz de la sociedad civil a fin de que trabaje en conjunto con el Estado en el diseño e implementación de políticas públicas, programas, estrategias u acciones en materia de seguridad pública que reduzcan eficaz y eficientemente los delitos suscitados en el territorio nacional.

En un Estado Democrático de Derecho la tarea de la seguridad pública es fundamental para garantizar la vida, la integridad física, las propiedades y la tranquilidad de toda la población, en síntesis la seguridad pública es fundamental para el pleno ejercicio de los derechos humanos. Por tal motivo, se solicita al Gabinete de Seguridad Nacional, para que en coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia de Guerrero y con la participación de la sociedad civil diseñen e implemente políticas públicas, programas, estrategias u acciones en materia de seguridad pública que realmente prevengan, investiguen, sancionen y erradiquen los delitos suscitados en dicha entidad federativa.

Asimismo, se  solicita a la Procuraduría General de la República para que en el       ámbito de sus facultades y atribuciones inicie las investigaciones correspondientes, de manera rápida y expedita sobre la desaparición de 30 personas del Municipio de   Chilapa De Álvarez, por un grupo civil armado, ocurrida entre el 9 y el 14 de mayo de 2015.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gabinete de Seguridad Nacional, para que en coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia de Guerrero y con la participación de la sociedad civil diseñen e implementen políticas públicas,       programas, estrategias y acciones en materia de seguridad pública que realmente prevengan, investiguen, sancionen y erradiquen los delitos suscitados en dicha entidad federativa.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones inicie las investigaciones correspondientes, de manera expedita sobre la desaparición de 30 personas del Municipio de Chilapa de Álvarez, por un grupo civil armado, ocurrida entre el 9 y el 14 de mayo de 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 27 de mayo de 2015.

1 “Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2014” [en línea]. Secretaría de Gobernación. Consultado el 20 de mayo de 2015. Disponible en: http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1/1/cifras_publicacion.pdf

2 “Civiles armados mantienen sitiada Chilapa; van tras El Chaparro, líder de Los Rojos”, [en línea], Revista Proceso. Consultado el 20 de mayo de 2015. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=403864

3 “Documentan 101 desaparecidos en Chilapa desde julio” [en línea], en el Financiero. Consultado el 21 de mayo de 2015. Disponible en http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/documentan-101-desaparecidos-en-chilapa-desde-julio.html 






De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo en materia de diagnóstico, orientación y tratamiento de personas con esclerosis múltiple. Se turna a la Primera Comisión.

JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ANABEL ACOSTA ISLAS Y MAYELA QUIROGA TAMEZ, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, este padecimiento es uno de los trastornos neurológicos más comunes en el mundo, así como una de las causas más frecuentes de discapacidad en adultos jóvenes. Se trata de un padecimiento progresivo del sistema nervioso central, para el cual aún no existe cura pero que puede ser tratado exitosamente.

Actualmente alrededor de 2.3 millones de personas viven con esclerosis múltiple en el mundo, aunque es muy probable que cientos de miles más sigan sin diagnosticar.1

Aunque las cifras no son exactas, médicos especialistas de la Asociación Mexicana de Neurología estiman que en nuestro país hay alrededor de 15 mil personas que viven con esclerosis múltiple, con una incidencia mayor en mujeres: dos por cada hombre.

Asimismo, diversos especialistas estiman que este padecimiento se presenta entre 15 a 20 personas por cada cien mil mexicanos, de los cuales solamente el 40 por ciento cuenta con seguridad social.

El diagnóstico oportuno de la esclerosis múltiple resulta fundamental para iniciar un tratamiento que brinde al paciente una mejor calidad de vida. Desafortunadamente es una enfermedad de difícil diagnóstico, pues en palabras de la Dra. Laura Ordoñez Boschetti, especialista en neurología, “uno de los principales problemas es que muestra síntomas muy variados y los médicos de primera instancia no siempre están capacitados en enfermedades neurológicas por lo que los pacientes pueden desarrollar discapacidad si no se trata a tiempo y de manera adecuada  y reducir hasta 10 años su promedio de vida”.

De ahí la importancia de capacitar al personal de salud desde los primeros niveles de atención sobre los síntomas de este padecimiento, así como el procedimiento para la confirmación del diagnóstico y la canalización hacia los especialistas correspondientes.

Adicionalmente, deben considerarse los retos a los que se enfrentan las personas que padecen esclerosis múltiple una vez que han sido diagnosticadas, sobre todo cuando son de escasos recursos económicos o carecen del respaldo de alguna institución de seguridad social.

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Esclerosis Múltiple (AMEM) el tratamiento de dicho padecimiento implica un gasto mínimo de 240 mil a 480 mil pesos al año por paciente y  médicos especialistas advierten que entre más tardío sea el diagnóstico más costoso es el tratamiento.

Por ello, es importante que una vez obtenido el diagnóstico, el paciente sea orientado no solamente sobre el estado y alcances de la enfermedad y su  posible tratamiento, sino sobre la existencia de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo complementario a su tratamiento y atención.

Actualmente a nivel nacional e internacional existe una cantidad importante de instituciones y asociaciones para pacientes con esclerosis múltiple, agrupadas en torno a la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. Incluso con satisfacción podemos decir que en julio del año pasado en México expertos en neurología crearon el Comité Mexicano para la Investigación y Tratamiento de la Esclerosis Múltiple (MEXCTRIMS) con el fin de brindar apoyo a organizaciones especializadas que no cuentan con recursos para la realización de sus proyectos, además de impulsar el trabajo para la unificación de criterios de diagnóstico, promover la actualización continua sobre enfermedades desmielinizantes y con ello hacer un diagnóstico temprano preciso para que los pacientes puedan acceder a un tratamiento eficaz y oportuno.

Adicionalmente encontramos instituciones y asociaciones como la Academia Mexicana de Neurología y la Federación Mexicana de Esclerosis Múltiple (EMMEX) con miembros asociados en toda la República Mexicana, entre ellos la Múltiple Esclerosis Tiempo de Aprender A.C. (META) en Coahuila,  la Asociación Lagunera de Esclerosis Múltiple A.C. en Torreón Coahuila y Gómez Palacio Durango, Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple A.C. (UCEM) entre muchas otras que trabajan por proporcionar herramientas que mejoren la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple.

Conocer sobre la existencia de estas instituciones y asociaciones es, sin duda, una herramienta muy valiosa para los pacientes y sus familias, que en la mayoría de los casos después del diagnóstico ven afectado su entorno económico, social, laboral y personal. La orientación y respaldo que estas les puedan proporcionar, será un impulso para seguir adelante.

Es por lo antes expuesto, y en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple declarado por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple el último miércoles de cada mayo, y con fundamento en las disposiciones señaladas,  sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a que inmediatamente después de obtenido el diagnóstico, se brinde a los pacientes con esclerosis múltiple información sobre las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que brinden apoyo complementario a su tratamiento y atención.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a capacitar al personal de la salud desde los primeros niveles de atención sobre los síntomas, diagnóstico, atención y tratamiento de la esclerosis múltiple, a fin de que el diagnóstico se realice de forma eficaz y temprana y puedan ser enviados con los especialistas para un manejo multidisciplinario.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a sus homólogas en las entidades federativas, para que en coordinación con el INEGI, realicen un censo que permita conocer el número de personas con esclerosis múltiple en el país, así como su situación médica, laboral y económica.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 27 de mayo de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Mayela Quiroga Tamez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 http://www.worldmsday.org/es/about-world-ms-day/





De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los acontecimientos sucedidos el 22 de mayo del año en curso en el municipio de Tanhuato, estado de Michoacán. Se turna a la Primera Comisión.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México sigue padeciendo los embates de la delincuencia organizada. Uno tras otro suceden acontecimientos en donde se pone de manifiesto, tanto la brutalidad de las bandas de narcotraficantes, como el fracaso de la política del actual gobierno para diseñar y ejecutar una estrategia eficiente y contundente  para combatir a la delincuencia y establecer un verdadero Estado de derecho en todo el país.

La política gubernamental ha fracasado en todos los niveles. No se ha ejecutado una verdadera estrategia de seguridad que detenga el crecimiento de la delincuencia organizada, y en particular, de los cárteles de la droga. No hay una política de comunicación eficiente, objetiva y confiable hacia la sociedad y, por esto, instituciones mucho muy importantes como el Ejercito Mexicano son constantemente cuestionadas en su trabajo.

Los acontecimientos sucedidos el pasado viernes 22 de mayo son ejemplo de lo que afirmamos. La tarde de ese día se realizó lo que se ha considerado el choque más brutal desde que el gobierno mexicano anunció el combate a los cárteles en 2006, enfrentamiento que  se  extendió por alrededor de tres horas.

Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad, ha informado que ese viernes, una operación federal contra personas armadas que se encontraban en el rancho El Sol, municipio de Tanhuato, estado de Michoacán, dejó un saldo de 42 presuntos delincuentes y un policía muertos, además de tres detenidos.

De acuerdo a la información gubernamental, el enfrentamiento, de tres horas, comenzó a las siete de la mañana, cuando policías federales que encabezaban un operativo, también integrado por soldados y agentes de la PGR, fueron agredidos por un comando que posteriormente buscó refugio en el rancho El Sol, de 112 hectáreas, en este municipio michoacano vecino de Jalisco.

Rubido García afirma que el contingente inicial de la Policía Federal que fue agredido en primera instancia era de 42 elementos. El objetivo de la operación, relató a la prensa nacional uno de los policías que participó en la refriega, era “combatir a un grupo criminal que estamos persiguiendo en Jalisco y se quiere refugiar en Michoacán”.

El convoy transitaba por la Autopista de Occidente que comunica del Distrito Federal a Guadalajara. En el Kilómetro 371, los agentes de gobierno federal avistaron una camioneta con individuos en actitud sospechosa y les marcaron el alto. Como respuesta recibieron una descarga de balazos. Entonces, los efectivos federales persiguieron a sus agresores, quienes un kilómetro después, en el 370, ingresaron al rancho El Sol, una propiedad que desde hace varios días habían convertido en su guarida.

Afirman las autoridades que en el interior del inmueble había decenas de hombres armados con rifles de alto poder, quienes abrieron fuego contra la policía y asesinaron a un representante de la ley cuando éste auxiliaba a un compañero herido. El intercambio de balazos duró aproximadamente tres horas, informaron fuentes de la Procuraduría estatal y cuando inició la balacera hubo necesidad de pedir refuerzos.

Un mando de la Policía Estatal refirió que ellos acudieron en auxilio de la dependencia federal y formaron un flanco en el acceso principal al rancho para respaldar a los federales, quienes perseguían por toda la propiedad a los pistoleros. Se reportaron enfrentamientos en al menos tres puntos del rancho. A las 9:00 de la mañana, dos horas después de iniciada la balacera, el rancho estaba rodeado por militares y policías estatales y municipales.

“No se veían con intención de rendirse, no dejaban de hacer disparos hasta que fueron abatidos”, dijo a la prensa quien reconoció la operación de la fuerzas federales. Los delincuentes perdían terreno y, todavía con intención de escaparse, le prendieron fuego a seis vehículos, no dejaron de disparar y al final fueron abatidos 42 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación  y tres más fueron detenidos y remitidos al Ministerio Público de la Federación. La balacera terminó a las 10:00 de la mañana.

Después de las 10:30 horas, arribaron a la escena del crimen peritos de la Procuraduría estatal, agentes del Ministerio Público, local y federales.

La información presentada por las autoridades ha sido duramente cuestionada por especialistas en la materia. El hecho de que se hayan encontrado 42 cadáveres de supuestos sicarios y uno de un soldado, llena de dudas y suspicacias el ambiente, sobre todo teniendo en consideración los hechos del caso Tlatlaya, presentado inicialmente como un enfrentamiento en el que hubo 22 presuntos secuestradores muertos y ninguna baja militar, pero del que se acabó sabiendo que los delincuentes fueron ejecutados tras haberse rendido.

Alejandro Hope, ex-agente de inteligencia opina que “faltan muchos detalles y todavía hay muchas dudas. El gobierno tiene que demostrar que eso no es otro Tlatlaya. Después de Tlatlaya perdieron el beneficio de la duda”.

La prensa nacional ha dado a conocer planteamientos de varios especialistas que llaman a reflexionar seriamente sobre estos acontecimientos. Alejandro Madrazo Lajous, especialista del CIDE comenta;  “Estos hechos se están documentando con más y más frecuencia. Estamos a menos de un año de Tlatlaya. Estamos sumando al menos tres eventos con repercusión internacional: Tlatlaya, Apatzingán y, ahora, Tanhuato”. El experto recordó que un estudio reveló en 2011 que la Policía Federal tenía un índice de letalidad de 2.6, el cual se obtiene al contrastar el número de criminales que resultan muertos en un enfrentamiento contra los que quedan heridos.

“No tenemos datos actualizados, pero esas prácticas no se modifican con el cambio de Administración. Los índices que tenemos en México hablan de dos cosas: o un uso de armas tan letales como misiles o de ejecuciones extrajudiciales”, advirtió.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, criticó por su parte la información proporcionada por las fuerzas federales: “Parecería que nuestras autoridades tienen un uso de la fuerza que no necesariamente es racional, porque es mucha la diferencia de los muertos”, consideró, y agregó; “Lo que apunta es que hay algo que no sabemos, no digo que fue una mala actuación, pero algo no sabemos y deberíamos saber, y que si las autoridades dicen que este no es el momento de dar información deben explicar cuando lo será”.

Sobre la duda generada sobre el porqué hubo 42 bajas del supuesto grupo delincuencial y sólo una de parte de los elementos federales, el comisionado Rubidolo expuso así:

“Por la capacitación de las fuerzas de seguridad que tienen para enfrentar a grupos delincuenciales” y resaltó incluso que la capacidad de fuego de los agresores era notable, aun cuando fue neutralizada. Así también reveló el recuento hecho por la autoridad ministerial sobre el decomiso hecho tras el enfrentamiento: 38 armas largas, 2 armas cortas, un fusil Barret calibre 50, un lanzagranadas activado y mil 282 cartuchos útiles.

Indicó que hasta ahora han sido reclamados por familiares 27 cuerpos de las personas abatidas, 18 de las cuales eran originarias de Jalisco, 3 de Michoacán, 2 del Distrito Federal, y uno de Sonora, uno de Aguascalientes, uno de Coahuila y el restante de Tabasco.

Reiteró que las tres personas que se rindieron y que fueron detenidas fueron ingresadas este domingo al penal federal número 4 de Tepic, Nayarit, y que señalaron que forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, “grupo delincuencial que en últimas fechas ha actuado con mayor violencia” y que fue responsable del derribo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas hace unos días.

A pesar de este hecho, el funcionario federal dijo que en Michoacán “no tenemos detectado ningún tema que pudiera impactar en el desarrollo de la jornada electoral” y que los únicos en los que se enfocaría la autoridad en el tema de seguridad, de cara al 7 de junio, son algunas zonas de Guerrero y algunas de Tamaulipas.

Para Acción Nacional, los acontecimientos del viernes pasado son parte de una larga cadena de violencia, a la cual el gobierno federal ha sido incapaz de enfrentar y resolver. Está plenamente demostrado que el trabajo del denominado “Virrey”  Alfredo Castillo Cervantes fue un fracaso total, y que la afirmación hecha en septiembre del 2013 por el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa de que la violencia se limitaba sólo a tres municipios fue una mentira atroz.

En marzo del 2014, catorce meses antes de los acontecimientos en torno a los que estamos dialogando, fue asesinado el presidente municipal de Tanhuato .El alcalde, Gustavo Garibay, miembro del Partido Acción Nacional fue victimado por personas que aún no han sido identificadas y en el lugar del asesinato se encontraron 9 cartuchos percutidos calibre 38 super, 3 cartuchos percutidos calibre 7.62, y 6 cartuchos percutidos 2.23.

Por si fuera poco, el jueves 14 de mayo Enrique Hernández Salcedo, candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán, municipio colindante con Tanhuato fue atacado a tiros y asesinado tras un mitin.

Nuestro partido ha sostenido desde hace muchos meses, que en la comunidad de Tinaja de Vargas, en Tanhuato, es la cuna y la cueva de un grupo de dirigentes de la delincuencia organizada que están ahí desde hace mucho tiempo, y es el centro de irradiación de violencia. Hoy nos dicen que probablemente estos acontecimientos tengan que ver con la muerte de Gustavo Garibay y que probablemente tengan que ver con la muerte de Enrique Hernández. ¿Hasta cuándo las autoridades seguirán actuando a destiempo?

México vive momentos difíciles, verdaderamente terribles y horribles y el gobierno federal no informa ni oportuna ni objetivamente a la sociedad, esto trae graves consecuencias negativas en las instituciones encargadas de impartir y procurar justicia, defender a la nación y salvaguardar la seguridad nacional.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a informar de manera clara y puntual sobre los acontecimientos sucedidos el día viernes 22 de mayo de este año en el municipio de Tanhuato, estado de Michoacán, en donde resultaron muertas 43 personas, 42 de ellas presuntos sicarios del narcotráfico, y un soldado del Ejército Mexicano y brinde las garantías de seguridad necesarias para evitar actos de violencia durante la jornada electoral del próximo 7 de junio de 2015.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 27 de mayo de 2015.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a emitir un punto de Acuerdo expresando su desacuerdo y el del Senado sobre la falta de información y las omisiones realizadas por la Secretaría de Economía en torno al informe sobre las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. Se turnaa la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores el primer resolutivo y los siguientes, a la Tercera Comisión.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN CON RELACIÓN A LA FALTA DE INFORMACIÓN ACERCA DE LAS NEGOCIACIONES DEL ACUERDO ESTRATÉGICO TRANSPACÍFICO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA (TPP) ENTREGADA POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A LA COMISIÓN PERMANENTE EL 13 DE MAYO DE 2015, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 8 de octubre de 2012, mediante un comunicado de prensa, la Secretaria de Economía informó que México había entrado formalmente, en calidad de miembro, al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés), el cual incluye como países miembros a Australia, Brunei Drussalam, Canadá, Chile, Japón, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Dicho Acuerdo, en sus más de 26 capítulos, busca regular un gran número de temáticas, haciéndolo para la retórica de sus promovedores uno de los más ambiciosos de la historia a nivel internacional. En este sentido, las Rondas de negociación han estado enfocadas a la liberalización comercial, las normas de origen, los procedimientos aduaneros, la defensa comercial o combate a las prácticas de abuso de posiciones dominantes, las medidas sanitarias y fitosanitarias, las barreras técnicas al comercio, la lealtad comercial, la propiedad intelectual, las compras gubernamentales, el comercio de servicios, la transparencia, las modalidades de cooperación bajo el título de “Asociación Estratégica” y el sistema de solución de controversias.

Sin embargo, detrás de la retórica gubernamental, las negociaciones sigilosas y abiertamente antidemocráticas implementadas entorno al TPP han provocado severas críticas por parte de los más diversos sectores de los países involucrados. La total falta de transparencia con que se han llevado las negociaciones y la filtración de los textos oficiales por parte de la plataforma WikiLeaks en 2013 han demostrado asuntos nada favorables para los ciudadanos de los países miembros, puesto que se pretende comprometer derechos como el acceso a la salud y la cultura, derechos de los consumidores y derecho a la libre expresión y al acceso pleno al Internet.

Lo anterior ha generado que organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, servicios farmacéuticos, defensores de derechos humanos, especialistas y académicos expertos en temas de protección intelectual, de protección medioambiental, así como del sector agrario, alcen la voz para exigir a sus respectivos gobiernos que se hagan públicos los términos del Acuerdo, sin que esto haya tenido efecto en las élites político-empresariales que buscan imponer los intereses de una oligarquía internacional en pro del libre mercado.

En el caso mexicano la opacidad con la que manejan las instituciones los contenidos de las negociaciones no permiten evaluaciones concretas. Los informes hasta hoy presentados no muestran datos relevantes del contenido de los acuerdos dentro del TPP, sino por el contrario, inducen a pensar que los mecanismos adoptados para las negociaciones privilegian a la elite empresarial del país, ya que es representada en un grupo de “expertos” que compaña a la delegación mexicana en las rondas de negociación del TPP, acceden a información detallada, en tiempo real, sobre el estado de las negociaciones, concluyente para definir la posición de la delegación gubernamental.

Debido a la información filtrada, se conoce que el acuerdo establece preceptos similares al del Tratado Comercial Anti-Falsificación (ACTA), en donde se incluye la imposición de mayores responsabilidades a intermediarios de internet para combatir violaciones al derecho de autor, la adopción de mecanismos privados de censura previa y de monitoreo de comunicaciones privadas, la imposición de sanciones penales por la utilización no comercial de expresiones protegidas por derechos de autor, entre otras medidas, rechazado por el Senado de la República en julio de 2002, por considerarse violatorio de los derechos de los usuarios de internet.1

Como bien señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Agustín Ramírez, “la regulación de la red no es una medida válida para proteger los derechos de autor y limita la posibilidad de que en el mediano plazo más mexicanos tengan acceso a servicios de banda ancha”2.

Asimismo, la intención del TPP de expandir el plazo de protección a las patentes de medicamentos y el reconocimiento de patentes sobre procedimientos médicos, significaría mayores trabas para la fabricación de genéricos y, en consecuencia, medicinas cada vez más caras. Sustento de ello es lo argumentado por el estadounidense Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, quien lamentó que el TPP busque ampliar los derechos de propiedad intelectual, especialmente en el sector farmacéutico, pues esto dispararía los precios de los medicamentos a nivel mundial y podría ocasionar la bancarrota de los servicios públicos de salud3.

Stiglitz señaló que con el TPP, los inversionistas privados podrán demandar al Estado por la simple “pérdida de las ganancias esperadas en el futuro debido a cambios en la reglamentación para proteger la salud, la seguridad y el medio ambiente. Cualquier aspecto, incluso financiero”4, lo cual representa una clara sesión de soberanía por parte de los Estados hacia las grandes trasnacionales.

Para la solución de controversias propuestas por el TPP, se establece un mecanismo “inversionista-estado”, el cual permite que las grandes empresas puedan demandar a los gobiernos ante un tribunal comercial internacional, por introducir nuevas leyes, como las leyes de protección al consumidor, que dañen sus negocios, tal como ha sido el caso de México con respecto al capítulo 11 del TLCAN.

Sin duda alguna el TPP establece preceptos que representan retrocesos significativos respecto a otros ordenamientos contractuales suscritos por México. En materia de vigencia de patentes y manejo de marcas, protección de innovaciones y procesos, dichos retrocesos son reconocidos por el Congreso de EUA en un Informe al gobierno estadounidense, en el que afirma: “En muchos casos se pretende que las reglas que están siendo negociadas sean más rigurosas que aquellas comparables dentro de la Organización Mundial de Comercio", y se agrega: “El TPP sirve a varios objetivos estratégicos de la política comercial de Estados Unidos", consignado en el Reporte fechado el 21 de agosto de 20135.

El 28 de noviembre de 2013, el Grupo Parlamentario del PRD dio a conocer su postura sobre el “Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica” (TPP), señalando que es una peligrosa amenaza para la Soberanía Nacional, las políticas públicas, los derechos económicos, sociales, culturales y humanos en general, y el derecho internacional y que el procedimiento y el contenido que se negocia en el TPP es contrario a los principios de respeto a la democracia y soberanía de los pueblos y naciones consagrados en la Carta de la ONU para cada uno de sus miembros de pleno derecho6.

Ahora bien, en recientes declaraciones, Francisco de Rosenzweig, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, señaló que la confidencialidad sobre el TPP permanecerá hasta el cierre de las negociaciones del mismo, justificando la medida debido “por el propio interés jurídico de las partes”, entiéndase a las grandes trasnacionales, que participan en las negociaciones del acuerdo, (P)orque de otra manera se comprometerían los intereses en las posiciones de negociación, ofensivos y defensivos.7 Estas declaraciones corroboran lo que se ha venido sosteniendo en la prensa internacional, que los Estados negociantes pretenden beneficiar a las grandes trasnacionales otorgándoles mayores beneficios en detrimento de los intereses nacionales de cada parte, puesto que de otro modo, los textos se abrirían a la opinión pública.

Como bien señaló Rosenzweig, existe un grupo de Senadores que acompañan y asisten a las rondas de negociación, con el supuesto fin de que la Cámara Alta, encargada de la aprobación de los tratados internacionales, esté enterada de lo que actualmente se negocia, pero, como también señala el Subsecretario, los senadores desconocen los textos de lo que se ha acordado y se ha negociado, puesto que sólo se les da una ínfima información, acorde con lo que el Ejecutivo Federal desea, lo cual no ocurre con los empresarios líderes en sus ramos agrupados en el denominado “cuarto de junto”.

En este sentido, el pasado 8 de mayo del presente año, la Secretaría de Economía envió al Senado de la República un documento titulado “Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso”, con el fin de cumplir con los informes periódicos que la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica señala. En esta tesitura, es necesario señalar que el informe antes referido es en suma insuficiente, puesto que la Secretaría de Economía pretende exponer argumentos a favor del TPP en una cuartilla y media, sin que se exponga otra cosa que la retórica oficialista que encabeza Enrique Peña Nieto y el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sin proporcionar información sobre el contenido de los avances de las negociaciones.

Resalta que en el informe antes señalado la Secretaría de Economía señala que el “cuarto de junto” ha acompañado a dicha dependencia en todas las rondas de negociación, quienes tienen acceso pleno a los textos, y ha contribuido a robustecer la posición de México en la negociación. En este tema, queremos hacer énfasis en que la Secretaría de Economía ha violado lo establecido en la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, principalmente en los artículos 6 y 8, donde claramente se estipula que los informes que entregue esa dependencia deben contener información amplia y detallada de:

I. Los beneficios que se obtuvieron en la negociación;

II. Los alcances de la negociación;

III. Los compromisos de la negociación, y

IV. Las normas legales y administrativas que tendrían que modificarse de acuerdo con el tratado.

Como ya se mencionó, el informe recientemente entregado no cumple con lo que mandata la ley antes referido, por lo cual es de vital importancia que la Secretaría de Economía entregue un informe amplio, detallado y eficaz para evaluar el proceso que guarda la negociación del TPP, además de que es necesario que el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig, comparezcan ante la Comisión permanente y expliquen el porqué del sesgo en la información presentada.

Con base en las recientes declaraciones realizadas por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, de que es probable que las negociaciones del TPP concluyan en la siguiente ronda ministerial a celebrarse el próximo 26 de mayo8, y la negociación entre los líderes demócratas y republicanos en el Senado estadounidense sobre la Autoridad de Promoción Comercial, que facultaría a Obama a poder negociar con un mayor margen y facilitar la aprobación del acuerdo en dicho cámara legislativa, es necesario que el Senado tenga la mayor información disponible sobre todo lo relacionado al TPP, tal y como lo tiene el denominado “cuarto de junto”.

Cabe señalar que el pasado viernes 22 de mayo, el Senado de Estados Unidos aprobó al Presidente Obama el llamado 'fasttrack', o vía rápida para autorizar la negociación de los acuerdos comerciales internacionales9, con lo anterior, el Congreso tendrá que decidir, al término de las negociaciones, si aprueba o no el TPP, sin introducirle cambio alguno o formular reservas, lo cual generará presión sobre los demás países participantes en el TPP. Ahora la ley para la vía rápida será remitida a la Cámara Baja, que tendrá que decidir sobre su aprobación, donde se prevé que se dé un debate acalorado por parte de los republicanos.

Es claro que el hermetismo con el que se ha llevado todo el proceso de las negociaciones no representa omisiones o insuficiencias de conocimiento o negligencia de los negociadores, sino concesiones amplias y unilaterales para favorecer a los grandes corporativos transnacionales privados e imponer un nuevo estándar mundial. Por ello, se debe garantizar que las negociaciones sean llevadas a cabo de manera transparente y participativa, hacia adentro de cada país negociador y entre las partes negociantes, para garantizar que en el fortalecimiento de sus relaciones comerciales, los derechos humanos, y por ende el interés público, no sean vulnerados.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que, con base en el artículo 7 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, emita un Punto de Acuerdo expresando su desacuerdo y el del Senado sobre la falta de información y las omisiones realizadas por la Secretaría de Economía en torno al informe sobre las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

Segundo. La Comisión Permanente cita a comparecer al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig, con el fin de que expliquen las omisiones y la falta de información proporcionada al Senado de la República en el “Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso”, recibido el pasado 13 de mayo, sobre las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés), además para que expliquen por qué se ha mantenido al margen al Senado de los contenidos del Acuerdo, a diferencia del denominado “cuarto de junto”.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Economía para que haga llegar a esta Comisión Permanente un informe amplio y detallado acerca del proceso de negociación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés), tal y como lo mandatan los artículos 6 y 8 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 de mayo de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Revés a Calderón; Comisión Permanente rechaza firma del ACTA, Proceso, disponible en http://www.proceso.com.mx/?p=315095

2 Asociación Mexicana de Derecho a la Información. La Jornada. Disponible en: http://wikileaks.jornada.com.mx/notas/el-acuerdo-ttp-que-negocia-el-gobierno-mexicano-va-contra-la-reforma-constitucional-al-sector-telecomunicaciones-asociacion-mexicana-de-derecho-a-la-informacion.

3 Nobel de Economía critica Acuerdo Transpacífico. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/05/09/nobel-economia-critica-acuerdo-transpacifico

4 Ídem

5 González Amador, Roberto, Posada, Miriam y Molina Ramírez,Tania, “El TPP abre una ventana para que EU insista en presionar para la apertura de la industria petrolera”documento en línea. http://wikileaks.jornada.com.mx/notas/el-tpp-abre-una-ventana-para-que-washington-insista-en-presionar-para-la-apertura-de-la-industria-petrolera/#sthash.A6ZAz1pl.dpuf.

6 Conferencia de prensa de la Senadora IrisVianey Mendoza Mendoza, http://prd.senado.gob.mx/cs/informacion.php?id_sistema_informacion=12069

7 Morales, Roberto, Confidencialidad del TPP, hasta cierre de negociación, El Economista, disponible en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/05/11/confidencialidad-tpp-hasta-cierre-negociacion

8 Patiño, Dianzú, Negociación de TPP concluirá en mayo, prevé Guajardo, El Financiero, disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/negociacion-de-tpp-concluira-en-mayo-preve-guajardo.html

9 El Senado de EE.UU. aprueba la 'vía rápida' para el TPP para detener a China en Asia-Pacífico, RussianToday, disponible en:http://actualidad.rt.com/actualidad/175519-senado-eeuu-aprueba-via-rapida-TPP






De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas y ayuntamientos de los municipios respecto de la convivencia y cultura de la paz en favor de niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Segunda Comisión.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ANABEL ACOSTA ISLAS y MAYELA QUIROGA TAMEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-Con base en datos proporcionados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), todos los años 275 millones de niñas y niños de todo el mundo sufren a causa de la violencia doméstica, lo que conlleva a un abuso físico y psicológico, abandono o negligencia, explotación y abuso sexual.

En México, UNICEF estima que el 62por ciento de niñas y niños han sufrido maltrato en algún momento de su vida, situación que coloca a nuestro país en el sexto lugar en América Latina, al tener un alto número de homicidios de menores de edad, ya que tan sólo en los últimos casi 25 años, murieron asesinados diariamente 2 niños o adolescentes, menores de 14 años.

En este tenor, se han identificado diversos factores de riesgo sobre el maltrato infantil que muestran una visión general para comprender sus causas, entre las que podemos encontrar, entre otros, el hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres; tener necesidades especiales; llorar mucho o vivir con alguna discapacidad.

Por su parte, de acuerdo a cifras de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia y de los sistemas estatales DIF, durante 2014 se reportaron 39 mil 516 casos de abusos en contra de niñas y niños, lo que representa un incremento de 50 por ciento respecto al 2013.

Las denuncias se clasifican de las siguiente forma: abuso físico 10 mil 538 casos, omisión de cuidados 9,190, maltrato emocional 5,896 abuso sexual 1,411 y explotación sexual comercial 91.

2.- Aunado a lo anterior, estamos viviendo un contexto social en donde la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes está siendo generada por ellos mismos, siendo testigos y teniendo conocimiento de alarmantes hechos en los cuales menores de 18 años de edad son víctimas de maltrato, lesiones y hasta privación de la vida, realizados por niñas, niños y adolescentes.

Lamentablemente, uno de los fenómenos que ha potenciado estos hechos denominado “Bullying” o acoso escolar, ha tenido un gran incremento en cuanto a su incidencia, que de acuerdo con diversas instancias e instituciones, reflejan los siguientes resultados:

a).- Cifras del Acoso escolar en México:

● Según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el bullying aumentó en 10% durante los últimos dos años,

● En 2011, la CNDH reportó que el 30% de los estudiantes de primaria declaraba sufrir algún tipo de bullying. Para 2013, el porcentaje subió al 40%.

● La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que México es el primer lugar internacional en este problema, pues 18 millones 781,875 alumnos de primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas, sufren acoso escolar.

● El estudio El bullying o acoso escolar, realizado en agosto de 2011 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reveló que el 25.3% de los alumnos de educación básica ha sido insultado o amenazado por sus compañeros, mientras el 16.7% ha sido golpeado y el 44.7% ha vivido algún episodio de violencia.

● Según la CEPAL, entre los siete y los 14 años se presentan las actitudes más violentas en niños.

● En México, el 11% de los estudiantes mexicanos de primaria ha robado o amenazado a algún compañero, y en la secundaria el 7% lo ha hecho, indica la Comisión.

Adicional a los datos anteriores, recientemente se tiene registrados en nuestro país una serie de actos de acoso escolar tan graves que van desde impactar en la autoestima de los estudiantes hasta casos más drásticos en donde estudiantes han perdido la vida.

Ejemplo de ello, son los hechos que se dieron a conocer a través de medios de comunicación, en donde el 14 de mayo de 2014, un estudiante fue agredido físicamente por sus compañeros de clase, balanceándolo estrellarlo contra una pared en reiteradas ocasiones, ocasionándole lesiones por las cuales ingresó al hospital con muerte cerebral, falleciendo una semana después.

Asimismo, se inició una investigación por los agravios cometidos contra una adolescente que fue víctima de violencia en Zacatecas, Zacatecas. En el video de tres minutos, que fue grabado por los mismos atacantes, se aprecian escenas donde la víctima es agredida por un grupo de jóvenes.

Finalmente, hace unos día, salió a la luz pública la muerte de un niño de 6 años de edad en Aquiles Serdán, Chihuahua, que perdió la vida como consecuencia de un “juego” en donde quienes realizaron dicha actividad (niñas, niños y adolescentes) pretendían simular un secuestro, llegando a tal instancia la situación, que el citado niño fue torturado brutalmente y privado de su vida. Si bien, este último caso no representa o forma parte del nombrado “acoso escolar”, da clara muestra del contexto que vivimos y la necesidad de realizar acciones dirigidas a concientizar y cimentar la cultura de la paz desde la niñez y adolescencia.

3.- Ante los hechos señalados es una realidad que el Estado Mexicano ha implementado acciones para atender dichas problemáticas:

a).- Acciones del Ejecutivo:

El 30 de mayo de 2014 la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó 15 acciones concretas para prevenir y erradicar el bullying, siendo estas las siguientes:

1. Fortalecer los mecanismos de alerta temprana para identificar oportunamente las manifestaciones de violencia escolar, conocer sus causas, sus alcances y sus consecuencias, así como diseñar las estrategias para contribuir a su prevención y contención.

2. Incorporar en las páginas electrónicas institucionales vínculos para la recepción y canalización de las denuncias.

3. Fomentar la creación de redes de colaboración interinstitucionales para coadyuvar en la prevención y atención de la violencia escolar.

4. Desarrollar protocolos de actuación para directores, maestros, alumnos y para auxiliar a los padres de familia con el propósito de prevenir, y en su caso, encauzar adecuadamente situaciones de violencia en el entorno escolar y propiciar que se proporcione de inmediato el apoyo que se requiera en cada caso.

5. Enriquecer las currículas de la educación básica, media superior y de formación de maestros con instrumentos que permitan la prevención y atención de casos de violencia escolar.

6. Organizar foros de consulta sobre temas relacionados con la violencia escolar.

7. Reforzar en las estrategias de gestión y organización escolar, la promoción y la supervisión cotidiana del ejercicio y protección de los derechos humanos, la vida democrática y el aprecio a la diversidad, como elementos de la convivencia escolar, de manera tal que en todo momento quede asegurado el respeto por el principio del interés superior de la niñez.

8. Proveer los materiales para fortalecer las labores de los consejos técnicos escolares para que en el mes de junio, la discusión se concentre en los temas de la mejora del ambiente escolar y propicie la realización de talleres con el mismo tema para padres de familia.

9. Establecer en la entidad federativa una instancia oficial, dependiente de la autoridad educativa local, para la atención de casos de violencia escolar.

10. Reconocer y fortalecer la función de maestros y directivos dotándolos de las herramientas que les permitan la comprensión de la cultura infantil y juvenil, el fomento de una cultura de inclusión, paz y tolerancia, así como el establecimiento de relaciones sustentadas en el respeto mutuo y la resolución de los conflictos en un marco de sana convivencia.

11. Incorporar en los programas de “escuelas para padres de familia” los elementos que permitan dar atención a la violencia en el entorno escolar y en el seno familiar.

12. Promover que el consejo nacional, el consejo estatal, los municipales y escolares de participación social en la educación, realicen actividades para la prevención y atención de la violencia.

13. Impulsar la participación de los padres de familia y otros actores sociales en la vida cotidiana de los planteles, para desarrollar una comunicación continua y efectiva que propicie la prevención y atención de la violencia escolar y acompañen las trayectorias educativas de los alumnos.

14. Desarrollar campañas sistemáticas y permanentes de comunicación social para difundir las acciones emprendidas para la prevención de la violencia escolar, y de los medios de que se dispone para recibir asesoría o formular denuncias.

15. Elaborar estudios a nivel nacional, estatal y regional respecto del problema de la violencia escolar; identificar las escuelas con mayor incidencia de problemas, a efecto de contar con elementos que permitan diseñar un mapa e implementar soluciones así como concientizar a padres, alumnos y maestros.

b).- Acciones del Legislativo:

En México, se han impulsado reformas trascendentales en la legislación nacional en favor de los derechos humanos de niñas niños y adolescentes, con las que entre otros, se tiene como objetivo erradicar los riesgos a los que se enfrentan y garantizarles un desarrollo adecuado.

Ejemplo de lo anterior lo tenemos con la reforma publicada el 12 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, a través del Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4° y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene su fundamento en las particulares condiciones que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, el pasado 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene como primordial objetivo dar un enfoque garantista que reconozca a sus destinatarios como sujetos de derechos humanos.

Específicamente en el tema de violencia a niñas, niños y adolescentes, la citada Ley establece acciones y la coordinación de las autoridades señaladas, a partir de la creación de un Sistema Nacional y sistemas locales, así como el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección en los tres órdenes de gobierno.

4.- Derivado de lo señalado en el desarrollo del presente y reconociendo las acciones realizadas, es necesario que el Estado Mexicano refuerce las estrategias en materia fomento a la convivencia y la cultura de la paz, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad desde la primera infancia, con la finalidad de coadyuvar en la erradicación de la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, como un mecanismos que desde la educación y el fomento del deporte incida favorablemente en la sociedad y cimente una dinámica intergeneracional y con continuidad en el tiempo, que se traduzca en un ambiente de respeto y garantía absoluta para la integridad y derechos de la niñez y adolescencia.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las Entidades Federativas y a los Ayuntamientos de los Municipios a diseñar o fortalecer mecanismos que promuevan la convivencia y cultura de la paz con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de respetar y garantizar la integridad y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de erradicar cualquier manifestación o modalidad de violencia en su contra.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 27 de mayo de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Mayela Quiroga Tamez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.






De la Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a dar   cumplimiento a los laudos emitidos por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje federal, donde se reconoce favorablemente la antigüedad a cierto grupo de trabajadores de dicho Instituto que interpuso una demanda laboral contra la Institución. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, ROCÍO ESMERALDA REZA GALLEGOS, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Desde hacer algún tiempo, por no decir años, un numeroso grupo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con laudos de antigüedad incumplidos por el mismo Instituto, nos han manifestado su preocupación e inconformidad ya que las Junta Especiales No. 26 y No. 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente, les han concedido sólo determinado reconocimiento de antigüedad al servicio del IMSS.1

Tiempo atrás el IMSS acataba en sus términos los laudos dictados por las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje de cada localidad, referentes a los asuntos relacionados con el conflicto sobre antigüedad que demandaban los trabajadores del IMSS al propio Instituto. De esa manera, la antigüedad efectiva que el trabajador obtenía por medio del laudo emitido quedaba firme, obligando al IMSS a que plasmara en los recuadros correspondientes de los tarjetones, el pago de la antigüedad del trabajador reclamante, así como, en su caso, la modificación de la fecha de ingreso a la cual haya sido condenado.

Pero de un tiempo a la fecha, las autoridades administrativas y de las áreas jurídicas del IMSS han considerado ejecutar los laudos emitidos por las autoridades jurisdiccionales del trabajo de manera diferente, plasmando en los tarjetones de pago una leyenda donde se hace referencia a la sentencia a la cual fueron condenados, sin hacer la modificación correspondiente en los rubros donde corresponde. Así el IMSS reconoce la antigüedad efectiva del trabajador de manera perjudicial para los trabajadores, toda vez que señala el fallo correspondiente con una leyenda en la parte final del tarjetón, sosteniendo así que existe una relación de trabajo con una antigüedad genérica o de empresa, lo que significa que el trabajador obtendrá la jubilación hasta que cumpla el término o la temporalidad con la que aparece en los tarjetones de pago, más no en los términos en los cuales fueron condenados con el laudo.

Desde hace más de diez años, los trabajadores del IMSS en Chihuahua ganaron el reconocimiento del 100% de su antigüedad, por medio de un juicio laboral dictaminado por el Tribunal Colegiado sin posibilidades de amparo para el Instituto, pero aunque lo trabajadores ya hayan ganado los juicios laborales, a la fecha en la delegación del IMSS no se acata el laudo emitido por la Junta federal de Conciliación y Arbitraje, por ser un asunto a tratar, dicen, en el Distrito Federal. Con esto sólo afectan los derechos laborales de miles de trabajadores que, tras años de andanzas en pleitos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que se les reconozca su antigüedad mediante laudos, no han recibido respuestas favorables.

Sabemos que los laudosse emitieron a favor en la Junta y el Tribunal Colegiado le negó el amparo al IMSS inclusive el Tribunal le ha hecho saber al IMSS que la antigüedad efectiva y genérica es lo mismo en términos legales, por lo que el criterio del trabajador del IMSS empieza a partir de que se da de alta en la bolsa de trabajo. Estos laudos están ya firmes, no hay recurso que interponer, no obstante así se niegan a dar estos años como laborados y rechazan cualquier procedimiento que se interponga. De esta forma el IMSS incumple los dictámenes argumentando que la antigüedad reconocida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es genérica pero no efectiva. Es decir, las autoridades del IMSS justifican su aplicación haciendo referencia a los conceptos de antigüedad genérica y efectiva, evitando el cumplimiento de los laudos en favor de los derechos del trabajador.

Además de indicarles que los laudos carecen de validez e imponerles convenios a los trabajadores para darles un menor pago, obligándoles a que realizar convenios ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que acepten una cantidad menor de antigüedad a la que realmente ganaron, el IMSS emite un tarjetón que al momento de hacerlo válido, se encuentran los trabajadores con que está mal elaborado. Pese a que todo trabajador que exhiba su tarjetón de pago con la leyenda que le reconoce su antigüedad ganada en juicios laborales, se les ha dicho que para efectos legales no tiene validez alguna y que la autoridad no tienen ninguna validez para el Instituto. De esta forma arbitraria el IMSS decide a que trabajador le otorga un 50, 70, 80 o el 100% de la antigüedad ganada de su laudo. En otras palabras decide que antigüedad reconocer al trabajador.

II.- En otros estados de la República, los laudos por reclamación se han acatado sin problemas, conforme a derecho, pero en Chihuahua no se ha cumplido la ley ni la dirigencia sindical los ha apoyado en sus reclamos. También en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tienen pleno conocimiento de esta situación y no ha hecho nada a favor de los trabajadores. En vez de eso han sido víctimas de hostigamiento laboral ya que les obstruyen cualquier trámite que tenga que ver con su labor o simplemente algún permiso o aplicar para un ascenso. Todo les obstruyen como un medida revanchista.2Las autoridades del Instituto se burlan de sus empleados, que sólo buscan una respuesta a su reclamación, e incluso ha habido casos de violencia y retraso en los juicios labores tramitados por los trabajadores. Retrasan la realización de los laudos y notificaciones con desfases de hasta un año y hasta 9 meses el envío de demandas de amparo, o hasta 6 meses las notificaciones de negativa del IMSS. A los trabajadores inconformes se les condiciona las promociones de escalafón, así como el pago de incapacidades, los cambios de residencia y hasta la retención del finiquito de jubilación por 9 y 10 meses como castigo por demandar al IMSS. Para ser más concretos, han girado instrucciones directas de condicionar cualquier derecho sindical o laboral a todo aquel trabajador que tenga presentada una demanda por reconocimiento de antigüedad.

Estamos hablando de 2 mil 500 trabajadores, de los cuales por lo menos 800 son médicos, los que se han visto afectados por esta situación, pero también hay trabajadores de diversas categorías laborales como personal de intendencia, encargados de laboratorio, auxiliares, entre otros que se han manifestado ante las oficinas de la delegación estatal del IMSS, exigiendo el cumplimiento de la antigüedad de los años trabajados, a pesar de que la junta federal resolvió a favor los laudos de más de 4 mil 500 trabajadores.

Por tales motivos consideramos oportuno realizar un llamado al IMSS para que haga un reconocimiento de la antigüedad ganada en sus juicios laborales y que a la fecha se han negado a reconocer a este grupo de trabajadores que lo único que piden es que la institución haga valer sus derechos laborales tal y como favorablemente lo han determinado las autoridades de la junta federal de arbitraje, una vez resueltas las demandas laborales contra la institución de salud; hasta lograr que las autoridades cumplan con el mandato que han emitido las autoridades de los tribunales arbitrales en los laudos de los trabajadores.

No es posible que teniendo un laudo ya firme, no quieran reconocerles su antigüedad ganada. Estamos ante la presencia de simulación de actos jurídicos, y/o faltas administrativas como es el abuso de autoridad, hasta fraude procesal por parte del Instituto, y a complacencia de las autoridades laborales.

De igual forma solicitamos que se abra una investigación seria y se nos informe sobre las medidas tomadas en este caso hasta la posible sanción a los servidores públicos responsables, por considerar que las faltas que han cometido son graves en perjuicio de los trabajadores del IMSS. De lo anterior se desprenden las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- Los derechos laborales tienen como objeto regular derechos tanto de patrones como de trabajadores y proteger a los trabajadores de los abusos de los patrones. En el caso de los trabajadores se deben garantizar sus derechos, toda vez que la impartición de la justicia laboral debe de buscar el equilibrio en las relaciones de trabajo entre patrones y trabajadores.

Segunda.- El artículo 2 de la Ley del Seguro Social3 establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho al otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el estado.

De la interpretación literal de este precepto se desprende que el Instituto Mexicano del Seguro Social está obligado a cumplir con las resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional, en el caso que nos ocupa serán las resoluciones emitidas por las autoridades laborales.

Tercera.- El laudo es considerado como una resolución jurisdiccional, es decir, un acto procesal público acompañado de fuerza ejecutiva cuando no requiere de homologación ante otros jueces para ser obligatorio su cumplimiento. En tal virtud, acompañan a esta iniciativa de Acuerdo los datos de los Laudos y sus expedientes como fundamento de la propuesta y que dan cuenta de la veracidad de los hechos que motivan su presentación:

a) Laudo de fecha 11 de enero de 2011 dictado por la junta No. 26 de la FCYA donde se reconocen diversas antigüedades en el expediente 628/2007.

b) Laudo de fecha 12 de marzo de 2010 dictado por la junta No. 26 de la FCYA donde se reconoce antigüedad de 18 años 14 quincenas 04 días al 2 de septiembre de 2008, en el Expediente: J.26/1324/2008.

c) Laudo de fecha 7 de abril de 2010 dictado por la junta No. 26 de la FCYA se reconoce antigüedad de 06 años 00 quincenas 02 días al 31 de diciembre de 2015.

d) Laudo de fecha 05 de enero de 2009 dictado por la junta No. 26 de la FCYA se reconoce antigüedad de 17 años 14 quincenas 09 días al 30 de noviembre de 2015.

e) Laudo de fecha 26 de septiembre de 2014 dictado por la junta No. 26 de la FCY, donde se reconoce antigüedad de 25 años 01 quincenas 13 días al 30 de septiembre de 2014, del expediente: 55/2012.

f) Convenio IMSS de fecha 25 de agosto de 2014 celebrado ante A donde se reconoce antigüedad de 26 años 14 quincenas 00 días al 07 de octubre de 2014, en el expediente: 2822/2010.

g) Convenio IMSS de fecha 14 de octubre de 2014 celebrado ante la junta No. 26 de la FCYA donde se reconoce antigüedad de 26 años 02 quincenas 10 días al 14 de noviembre de 2014, del expediente: 2143/2012.

h) Y más de 120 expedientes con Laudos Firmes cuyos números de identificación se mencionan en el adjunto a esta iniciativa, como anexo.

Cuarta.- El artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo4 dispone que las resoluciones de los tribunales laborales son: Acuerdos, Autos incidentales o resoluciones interlocutorias, y Laudos; entendiéndose estos últimos como aquellos que decidan sobre el fondo del conflicto.

Quinta.- El artículo 940 del ordenamiento legal citado,5establece que la ejecución de los laudos corresponderá a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, quienes dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita.

En este mismo orden de ideas el artículo 945 de la Ley en comento6dispone que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes a la en que surta efectos la notificación.

Sexta.- En el 2do Informe de Labores 2013-2014 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,7 los asuntos individuales de competencia federal registran un decremento de 4.9%, ya que al cierre del mes de junio de 2014, se recibieron 42,607 nuevas demandas individuales, contra 44,824 recibidas en el mismo periodo del año anterior. Entre enero y junio de 2014, el comportamiento que observa la productividad de las Juntas Especiales de la JFCA, arroja la conclusión de 47,664 asuntos, cifra que se compone de 3,668 (7.7%) demandas recibidas y terminadas en el ejercicio fiscal de 2014; 12,248 (25.7%) asuntos recibidos en 2013; 19,944 (41.8%) juicios radicados entre 2009-2012; 2,629 (5.5%) asuntos de 2008 y años anteriores en primera instancia y 9,175 (19.3%) cumplimientos de ejecutorias e incidentes que han sido atendidos en el lapso antes referido. Por la vía de la conciliación y el acuerdo de voluntades entre las partes, se resolvieron 8,789 juicios de enero a junio de 2014; en tal virtud, el índice de conciliación fue de 18.4%

Séptima.­- En el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2013-2014, se describe que al cierre del 2012 el IMSS tenía un total de 240,352 juicios en trámite, que implicaban un pasivo contingente de 51,876 millones de pesos. Esta situación ha puesto al Instituto en una posición delicada, dado los limitados recursos, tanto financieros como humanos, con que cuenta para su atención.8 Derivado de la implementación de medidas de prevención en los procesos del Instituto susceptibles de impugnarse, durante 2013 se presentaron 7,738  demandas menos con respecto a las 24,808 al cierre de 2012, lo que equivale a una reducción en 31.2 por ciento.

En el rubro de IMSS demandado, al cierre de 2012 se contaba con un pasivo contingente de 1,297 millones de pesos, concentrado en 59 demandas. Los principales temas en este segmento son: responsabilidad patrimonial del Estado, devolución de cuotas obrero-patronales y solicitudes de reintegro de gastos médicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a