Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 25 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 8



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 18 de Junio de 2014

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APERTURA

El Presidente Diputado Marcos Aguilar Vega: (11:54 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

El Secretario Diputado Guillermo Sánchez Torres: Señores legisladores y señoras legisladoras, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR

LXII LEGISLATURA
COMISIÓN PERMANENTE

SEGUNDO RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

Sesión del 18 de junio de 2014.

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN
DIP. AGUSTÍN ALONSO RAYA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO
DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO
DIP. LILIA AGUILAR GIL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. RICARDO CANTÚ GARZA
DIP. MARCOS AGUILAR VEGA
DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS
DIP. ALLIET BAUTISTA BRAVO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. VÍCTOR MANUEL MANRÍQUEZ GONZÁLEZ
DIP. FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ
SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE
DIP. ALFONSO DURAZO MONTAÑO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA
SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
SEN. OMAR FAYAD MENESES
DIP. JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA
DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA
SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS
SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN
SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS
SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA
SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY
SEN. VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA
DIP. WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS
DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, EN SUSTITCUIÓN DEL SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
SEN. CARLOS PUENTE SALAS, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA
SEN. ARMANDO RÍOS PITER, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ
SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN
DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES
DIP. DORA MARÍA TALAMANTE LEMAS
DIP. LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCÍA
DIP. MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE

 

Señor Presidente, hay una asistencia de 25 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de junio de 2014, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.






ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
ONCE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y dos minutos del miércoles once de junio de dos mil catorce, con una asistencia de veintiséis legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles cuatro de junio de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, los Informes de utilización de los tiempos oficiales y de los programas y campañas ejercidos al segundo bimestre del ejercicio fiscal 2014, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.- Se remitió a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Nuevo León, los siguientes proyectos de decreto:

1) Por el que se adiciona el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

2) Por el que se reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del congreso del estado de Sonora, proyecto de decreto que reforma la fracción XVIII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Informe de actividades de la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 22 y 23 de mayo de 2014, en Philipsburg, San Martin.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, Informe de actividades durante la XXI reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 22 y 23 de mayo de 2014, en Philipsburg, San Martin.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, oficio por el que informa su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 11 de junio de 2014.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y los incisos a, b, c, d y se adiciona un inciso f) al artículo 43 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

El Diputado Alberto Villareal García, a nombre propio y de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, presentó iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Transición Energética.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Fernando Zárate Salgado, a nombre de la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión social de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Alfonso Durazo Montaño, a nombre de la Diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 constitucional.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Partido Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

Los grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra para referirse al Día Mundial del Medio Ambiente.- Intervinieron los legisladores: Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN; Senadora Verónica Martínez Espinoza del PRI; Diputado Ricardo Astudillo Suárez del PVEM; y Diputada Lilia Aguilar Gil del PT.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se aprueba la designación del titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2017.- Fue aprobado en votación nominal. El funcionario rendirá su protesta de ley.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea trece dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal información sobre el proyecto hidráulico que tiene lugar en la Delegación Alvaro Obregón y sobre los eventos ocurridos el 21 de mayo del año en curso en el pueblo de San Bartolo Ameyalco.- Intervino el Diputado Fernando Zárate Salgado del PRD.

2) Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y a las autoridades locales un informe sobre los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.

3) Por el que se solicita al gobierno del estado de Chihuahua informar sobre la situación de los 40 menores que fueron reubicados del albergue "Los Ojos de Dios, A.C.".

4) Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que publique y garantice el acceso a la información relativa al origen, distribución, aplicación y comprobación de los recursos asignados, se dé a conocer el padrón único de beneficiarios y los objetivos alcanzados de los programas institucionales dirigidos a la población migrante.

5) Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Desarrollo Social desarrollar acciones para la consolidación de un padrón único de abasto del programa de leche LICONSA.

6) Por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal informar acerca de las políticas públicas y las acciones implementadas para prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las personas adultas mayores.

7) Por el que la Comisión Permanente reconoce las actividades de coordinación de los tres órdenes de gobierno que se realizan en el Sistema Nacional de Protección Civil y les formula una solicitud para fortalecer la realización de simulacros en caso de sismo.- Intervino el Diputado Alfonso Durazo Montaño de MC.

8) Por el que la Comisión Permanente lamenta el asesinato de la ciudadana Sandra Luz Hernández, reprueba el ejercicio de violencia en contra de cualquier persona y solicita continuar con las investigaciones de la desaparición de Edgar García.

9) Por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del estado de México continuar con las investigaciones del asesinato del ciudadano José Juan Alejandro Rodríguez Alvarez.

10) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobierno del estado de Sonora a llevar a cabo la investigación conducente en relación a la conducción que presentó el ex coordinador operativo de la Oficina del Ejecutivo del Estado de Sonora.

11) Por el que se desecha la proposición relativa al asesinato de Ramón Corrales Vega, ex presidente del comisariado del ejido Potrero de Cancio, en el estado de Sinaloa.

12) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a respetar el ejercicio del derecho de petición de los ciudadanos.

13) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a iniciar las investigaciones pertinentes sobre aquellas empresas de contratación de edecanes, con el fin de prevenir el delito de trata de personas.

Los trece dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de Asamblea doce dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud presente, en un plazo máximo de 6 meses, los resultados de investigaciones científicas respecto de los posibles daños a la salud que pudiera producir el uso de los cigarros electrónicos.

2) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud remita una opinión sobre los efectos en la salud infantil del consumo cotidiano de yogures.

3) Que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a establecer un procedimiento de certificación del conocimiento y dominio de la lengua indígena para quienes concursan por una plaza docente en la educación preescolar y primaria indígena.

4) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de educación pública de las entidades federativas a realizar las acciones necesarias para garantizar la integridad física de los estudiantes en torno al "bullying escolar".

5) Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fortalecer las acciones de coordinación con las instancias participantes en la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático a efecto de impulsar políticas, planes y programas en materia de educación ecológica y promoción de la cultura ambiental.

6) Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a sus similares en las entidades federativas a realizar diversas acciones en torno a la importancia de la actividad física.

7) Que exhorta al gobierno del estado de Puebla a instalar una mesa de diálogo con la representación del Sindicato Unico de Trabajadores del Hospital para el Niño Poblano, a fin de solucionar el conflicto laboral derivado del decreto publicado el 14 de marzo de 2014.

8) Que exhorta a diversas dependencias a emprender y fortalecer estrategias conjuntas para prevenir, sancionar y erradicar los casos de maltrato y violencia en contra de niños y adolescentes.- Intervinieron las legisladoras: Diputada Dora Talamante Lemas de NA y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN.

9) Que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a promover estrategias de coordinación interinstitucional a efecto de impulsar acciones y políticas públicas encaminadas a atender y garantizar la salud y los derechos humanos de las mujeres migrantes en nuestro territorio.

10) Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a realizar las acciones necesarias para promover la formación, capacitación y actualización en materia de derechos humanos a los médicos y servidores públicos de las instituciones de salud, con el fin de garantizar que brinden atención digna y servicios profesionales.

11) Por el que la Comisión Permanente se congratula por el primer aniversario de la apertura a firma del Tratado sobre Comercio de Armas y exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a continuar impulsando la suma de ratificaciones para que el Tratado sobre Comercio de Armas entre en vigor.

12) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a considerar enviar al Senado de la República el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, para su aprobación.

Los doce dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dieciséis dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre los incrementos acumulados, correspondientes a las pérdidas, la deuda documentada y las cuentas de cobro.

2) Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informar sobre los acuerdos y avances logrados con base en las 22 recomendaciones de la mesa de trabajo del Panel de Expertos realizada el 17 de mayo de 2013, para la actualización de la NOM-012-SCT-2-2008.

3) Que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a tomar las medidas correspondientes de sanidad en cuanto a investigación, análisis y prevención de la enfermedad que causa la mortandad temprana dentro de las granjas acuícolas productoras de camarón del estado de Sinaloa.

4) Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar las acciones que están desarrollando para el saneamiento en el Río Atoyac, así como para vigilar el cumplimiento de la "NOM001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales".

5) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a valorar la conveniencia y factibilidad de reubicar las casetas de cobro conocidas como C4 “Esperanza”, C5 “Fundición” -situadas en la carretera federal 15, en el estado de Sonora.

6) Por el que se solicita a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de Economía un informe sobre las políticas públicas que han instrumentado en materia de generación y fomento de empleos formales, así como de los planes y programas en materia de empleo juvenil.

7) Que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en el marco de los foros temáticos nacionales y regionales de la reforma estructural del campo mexicano, se consideren las propuestas de la expresión plural de las organizaciones campesinas que deseen inscribir ponencias., además de permitir el registro y asistencia de los ciudadanos que así lo soliciten y cubran los requisitos de la convocatoria correspondiente.

8) Por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria que informe el estado que guarda y verifique el proceso de registro en el sistema de Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior para las empresas del sector manufacturero y de exportación, en relación con los mecanismos de certificación y obtención de los beneficios relacionados con la devolución del Impuesto al Valor Agregado en importaciones.

9) Por el que se solicita a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público implementar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento al Artículo Cuarto del Decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, a efecto de garantizar el goce de los derechos laborales y prestaciones reconocidos a los trabajadores jubilados y pensionados del organismo liquidado.

10) Que exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a tomar las previsiones necesarias en caso de que las empresas no hayan cumplido con el reparto de utilidades a los trabajadores en lo referente al monto y plazo establecidos por los ordenamientos legales.

11) Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un informe sobre los permisos de experimentación, programa piloto y de liberación comercial sobre organismos genéticamente modificados otorgados hasta la fecha.- Intervino el Diputado Abel Salgado Peña, PRI.

12) Que exhorta a los gobiernos de los estados que cuentan con litoral realizar las acciones necesarias que propicien un correcto funcionamiento de la red sanitaria de las playas del país.

13) Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano un informe sobre el avance del Programa “Impulso al Desarrollo Regional y Territorial”, así como la valoración objetiva del desempeño de este programa.

14) Por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras que informe en su portal de internet sobre las acciones realizadas para proteger a los usuarios de las fallas generalizadas en los diversos servicios que prestan las instituciones financieras y bancarias en sus sucursales, cajeros automáticos, banca en línea y telefónica.

15) Que exhorta a la Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil y a la Comisión Nacional del Agua a realizar campañas de concientización entre la población para mantener limpios los drenajes y coladeras cercanas a su domicilio, y evitar tirar basura en las alcantarillas, barrancas, ríos, parques, calles y avenidas como medida precautoria en la prevención de inundaciones en las ciudades y localidades urbanas en el país.- Intervino el Diputado Alfonso Durazo Montaño de MC.

16) Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informar respecto del cumplimiento de dos recomendaciones, así como de una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, emitidas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en el Informe del Resultado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012.

Los dieciséis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

El Diputado José Alberto Rodríguez Calderón, a nombre propio y de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar y derogar la reforma al artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, concerniente al aumento en el haber de retiro de los magistrados.- Considerado de urgente resolución, intervinieron los legisladores: Diputado Miguel Alonso Raya del PRD; Diputada Lilia Aguilar Gil del PT; Senador Héctor Larios Córdova del PAN; Senador Omar Fayad Meneses del PRI; Diputado Fernando Zárate Salgado del PRD; Diputado Manuel Añorve Baños del PRI; y Diputado Alfonso Durazo Montaño de MC. Fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo en relación a las empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza del PRI, quien presentó propuesta de modificación; Senador Omar Fayad Meneses del PRI; Diputado Juan Pablo Adame Alemán del PAN; Diputada Lilia Aguilar Gil del PT; y Diputado Fernando Zárate Salgado del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los legisladores Héctor Gutiérrez de la Garza, Héctor Larios Córdova, Juan Pablo Adame Aleman y Beatriz Zavala Peniche entregaron una propuesta de consenso, la cual fue aceptada. Fue aprobada en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

 

El Diputado Víctor Manuel Manríquez González, a nombre de los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Zárate Salgado y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo General del Instituto Nacional Electoral información sobre la implementación de la reforma político-electoral aprobada en el presente año.- Considerado de urgente resolución, intervino el Diputado Manuel Añorve Baños, PRI.

Fue aprobada en votación económica.

 

El Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Dirección General de Aeronáutica Civil a emitir un informe de los elementos técnicos y ambientales que fueron considerados para autorizar y ejecutar el cambio de ruta de aproximación de aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, presentó a nombre propio y de los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Martha Palafox Gutiérrez, David Monreal Avila, Marco Antonio Blásquez Salinas y Layda Sansores San Román y de los Diputados Alberto Anaya Gutiérrez, Alberto Benavides Castañeda y Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, proposicióncon punto de acuerdo que exhorta a los miembros de las comisiones dictaminadoras de la reforma energética en el Senado de la República a consultar abiertamente a la ciudadanía y que se siga el procedimiento legislativo conforme a derecho, esto en lo referente a la dictaminación de las leyes secundarias en materia energética.- Se turnó a las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

(Excitativa)

El Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, presentó excitativa en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar, remitido al Senado el 30 de abril de 2013.- Se remitió a las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se crea un Grupo Plural de Observación Electoral para dar seguimiento al proceso electoral del estado de Nayarit.-

Fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Senadores Verónica Martínez Espinoza, Enrique Burgos García, Omar Fayad Meneses, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ismael Hernández Deras y René Juárez Cisneros y de la Dip. Dora María Talamante Lemas, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 bis, 51, fracción II, 133, fracciones XII y XIII y 994 fracción VI de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Aleida Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII al artículo 75 de la Ley General de Educación y se adiciona un segundo párrafo al artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, conproyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Dora María Guadalupe Talamante y José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero de artículo 188 y adiciona una fracción IX al artículo 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud, en materia de planificación familiar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de acceso a la justicia de las personas con discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública y Ley General de Derechos Lingüísticos.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Avila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Consuelo Argüelles Loya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Civil Federal y el Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 7o. y se reforman el primer párrafo y la fracción III del artículo 8o. de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Consuelo Argüelles Loya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley Federal sobre Automóviles Nuevos y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 3°, se adiciona el artículo 3º Bis con las fracciones I, II, III y IV y se reforma el inciso a. de la fracción VI y el inciso c. del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo "De la Técnica Legislativa", que contiene tres capítulos y los artículos 145 a 159 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De los Senadores Francisco Domínguez Servién, Francisco García Cabeza de Vaca y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV al artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia a considerar la restauración del inmueble conocido como ''Hospital de San Lázaro".- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Guerrero a dotar de recursos al Fondo de Retiro de los Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Nelly del Carmen Vargas Pérez, Ricardo Monreal Avila y Alfonso Durazo Montaño del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los gobernadores de Durango y Coahuila a implementar medidas para garantizar la seguridad de las mujeres en la zona de la Comarca Lagunera, a raíz de la ola de violaciones sexuales que se han registrado durante los últimos meses.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno y al Procurador Social del Distrito Federal a propiciar el respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales entre condóminos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas a reformar de sus códigos penales los artículos que extinguen la acción penal en los delitos de rapto y estupro, si el hombre contrae matrimonio con la víctima.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a diversas legislaturas locales y a la del Distrito Federal a expedir las leyes respectivas en la materia o adecuen en su totalidad las ya existentes, así como los reglamentos correspondientes, conforme a Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil.- Se turnó la Primera Comisión.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales suprimir la emisión de certificaciones referentes a las normas técnicas de competencias laborales relacionadas con la salud visual.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya y Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Guanajuato a tomar las medidas necesarias y urgentes a fin de prevenir y atender las violaciones de niñas y niños en las escuelas del estado de Guanajuato.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California a tomar las acciones conducentes enfocadas a satisfacer la demanda de servicios en materia de salud en dicho estado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Zuleyma Huidobro González y Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal realice las gestiones necesarias con el fin de emitir decreto expropiatorio respecto del predio que ocupa el Centro Cultural Polyforum Siqueiros.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua a evitar y subsanar la continua y evidente contaminación de los ríos en el estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar los estudios que permitan reclasificar a partir del 2015 al área geográfica A los municipios del estado de San Luis Potosí que por sus condiciones y características así lo ameriten.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que cita a una reunión de trabajo al titular del Servicio de Administración Tributaria, con el objeto de informar sobre las razones que han dado lugar al retraso en el proceso de devolución del impuesto al valor agregado de los contribuyentes del país correspondientes al ejercicio fiscal 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a cumplir las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al Estado mexicano.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que solicita al gobierno del Distrito Federal presentar un informe sobre las condiciones y criterios que sirvieron de sustento para el otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables, para la instalación de equipos para el control de estacionamiento en la vía pública (parquímetros) y los motivos por los que la Administración Pública del Distrito Federal no optó por un concurso público abierto.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Avila, Zuleyma Huidobro González y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo para solicitar se investigue el asesinato del líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano Popular de los Municipios de Cuetzalan y Ayotoxco, Puebla, señor Antonio Esteban Cruz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a generar condiciones e impulsar a una defensoría del magisterio para el profesorado en todos los casos que se le imputen responsabilidades jurídicas en favor de fortalecer el estado de derecho para todos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República envíe al Senado un informe detallado de las acciones que ha instrumentado para especializar al personal que atiende a víctimas de delitos en materia de violencia en contra de mujeres y niñas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública Federal y estatales a contemplar en la planeación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2015, la inclusión de una partida destinada al equipamiento e instalación de subestaciones eléctricas en escuelas públicas de los estados donde las temperaturas superen los 40 grados centígrados durante el ciclo escolar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a brindar atención a los resultados de la consulta ciudadana convocada por el Comité Ciudadano de la colonia Militar Marte, en la delegación Iztacalco.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Avila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre el otorgamiento de incentivos en el programa fomento a la agricultura.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a ordenar una investigación a fondo y, en su caso, fincar las responsabilidades administrativas y recomendaciones que correspondan sobre supuestos actos violatorios de derechos humanos que han sido ejecutados por el Jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación del IMSS en Puebla en contra de trabajadoras del mismo instituto.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se invita a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a una reunión de trabajo ante la comisión de trabajo correspondiente de la Comisión Permanente.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a garantizar de manera efectiva la seguridad de los espacios y vialidades que utilizan los usuarios del programa de corredores de movilidad no motorizada y la estrategia de movilidad en bicicleta de la Ciudad de México, y sus alrededores.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación a cumplir con lo establecido en la Ley de Migración, referente a los derechos de los alojados en las estaciones migratorias.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los costos del erario que implicaron el rediseño y la reimpresión de los exámenes destinados al programa nacional de carrera magisterial, así como el impacto de esta medida en la política educativa y en la educación nacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Fernando Zarate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a coadyuvar en la resolución de la disputa entre los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Sur, respecto a la soberanía de los territorios de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, así como espacios marítimos circundantes, conforme a lo dispuesto en la Asamblea General de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los gobernadores de los estados de Coahuila de Zaragoza y de Nayarit a crear las condiciones necesarias para garantizar un clima de seguridad y gobernabilidad en la jornada electoral del próximo 6 de julio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar las acciones necesarias para asegurar apoyos y protección integral a las niñas, niños y adolescentes con atraso escolar y extra edad grave, en particular a los becarios de "Oportunidades".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos Quinto y Octavo Transitorios de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que se informe sobre la actualización de los programas de disciplina y austeridad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Yolanda Funes Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a proceder al saneamiento de la cuenca lechera de la Delegación Xochimilco.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar acerca del estado que guardan los trabajos para la integración del Registro Nacional del Cáncer, en los términos anunciados el 19 de febrero por el Director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Estado bajo su digno cargo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes un informe sobre el avance del plan y proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, en particular respecto a la situación programática-presupuestal del fideicomiso 5012-6 "FERRONALESJUB".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir temas de cultura contributiva en los libros de texto gratuito, en el marco de la revisión del modelo educativo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Gisela Raquel Mota Ocampo, Víctor Reymundo Nájera Medina, Javier Orihuela García, Andrés Eloy Martínez Rojas, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Jorge Federico de la Vega Membrillo, Javier Salinas Narváez y José Francisco Coronato Rodríguez, con punto de acuerdo que exhorta al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar el pago retroactivo a los trabajadores jubilados y pensionados a partir del ejercicio fiscal 2011.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Williams Ochoa Gallegos y Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que, una vez que tenga la carpeta de investigación de la Línea 12 del Metro, consigne ante el órgano jurisdiccional correspondiente, para que éste gire las órdenes de aprehensión a los responsables del desfalco y mal funcionamiento de dicha línea.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno y al congreso del estado de Querétaro, así como al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil a ejercer puntualmente las facultades que les confiere la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Colima y al Rector de la Universidad de ese estado a buscar los caminos del diálogo y la negociación, para dar una solución al conflicto laboral de esta universidad, ayudando a preservar la vida de los catedráticos que se encuentran en huelga de hambre.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador y a la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público del estado de Nuevo León a dictar un acuerdo en el que se ajusten las tarifas y se emplace a las empresas operadoras a mejorar la calidad del servicio del corredor de transporte público "ECOVIAQUE".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Colima a hacer del conocimiento público el destino del presupuesto asignado al plan integral contra el Huanglongbing.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas y acciones de combate e investigación de la fibrosis pulmonar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer sus acciones y programas de protección social destinados a las niñas, niños y adolescentes, con el objeto de mantenerlos alejados del trabajo infantil y de erradicar el mismo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer del conocimiento público los instrumentos financieros que ha emitido para la cobertura de riesgos catastróficos de 2005 a la fecha, así como el tipo, las condicione, beneficios e importe que ha pagado por cada uno de ellos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, así como al Sistema de Transporte Colectivo a llevar a cabo diversas acciones en materia de acceso a la información relacionadas con la Línea 12 del metro.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación hacer del conocimiento público las acciones que ha implementado a fin de transparentar los recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Economía a impulsar la Guelaguetza como fuente de turismo cultural.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Rosa Adriana Díaz Lizama, Silvia Guadalupe Garza Galván, Laura Angélica Rojas Hernández, Jorge Luis Lavalle Maury, Alejandro Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto, Francisco García Cabeza de Vaca, Daniel Avila Ruiz y Héctor Larios Córdova y de los Diputados Juan Pablo Adame Alemán, Marcos Aguilar Vega, Fernando Belauzarán Méndez y Fernando Zárate Salgado, con punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Quintana Roo a realizar acciones tendientes para la conservación y preservación del área natural protegida denominada Yum-Balam.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a transparentar los recursos ejercidos en las unidades especializadas en combate al secuestro de las 32 entidades federativas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a reforzar los programas que permitan el pleno desarrollo de la niñez de nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y al gobierno del estado de Coahuila a informar sobre la operación de las plantas tratadoras de aguas residuales, en particular las que están ubicadas en Nueva Rosita y Sabinas, Coahuila, por descarga en el Río Sabinas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a transparentar los recursos del Fondo de Empresas Expropiadas y Sector Azucarero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a realizar las investigaciones correspondientes a fin de deslindar las responsabilidades pertinentes en el caso de las irregularidades encontradas por la Auditoria Superior de la Federación en el expediente en contra de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios en el año 2012.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Michoacán de Ocampo a interponer controversia constitucional en contra de la creación de la Fuerza Rural del Estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacer del conocimiento público el análisis que el comité de crédito externo ha realizado sobre los préstamos contratados a partir del cambio de administración.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Morelos a instruir al titular de la secretaría de la entidad para que informe sobre las acciones legales que llevan a cabo para investigar y esclarecer la probable negligencia médica en el Hospital Dr. Rodolfo Becerril de la Paz, en el municipio de Tetecala de la Reforma, que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un menor de edad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Roxana Luna Porquillo y Víctor Manuel Manríquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversos funcionarios públicos del estado de Puebla y al titular de la Procuraduría General de la República a instruir una pronta y adecuada investigación a fin de esclarecer el condenable homicidio del activista social Antonio Esteban Cruz, perpetrado el pasado 4 de junio en el estado de Puebla.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales y municipales a instrumentar una estrategia de conservación integral que permita salvaguardar el patrimonio cultural y artístico de México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer del conocimiento público el Registro Nacional de Emisiones e Inventario.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a elaborar un análisis sobre los problemas de hundimientos y/o deslaves, en el uso de suelo habitacional, con el objetivo de garantizar la plena seguridad a la ciudadanía que habita en las zonas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Víctor Manuel Manríquez González, Alliet Bautista Bravo y Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías General de Gobierno, de Transportes y de Seguridad Pública del estado de Puebla a instalar una mesa de diálogo con la representación del Frente de Mototaxistas de dicho estado a fin de dar solución al conflicto generado en la entidad por el retiro violento de Mototaxis, impulsado por el gobierno.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar una reforma regulatoria en su administración que baje el costo burocrático y elimine la corrupción al abrir un negocio y fomente la creación de empleos formales en esta demarcación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a tomar las medidas de urgente resolución que aseguren la implementación del sistema de justicia penal en el tiempo constitucional establecido.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe detallado sobre las acciones llevadas a cabo para esclarecer y sancionar el secuestro y asesinato de los 12 jóvenes sustraídos del bar Heaven, el 26 de mayo de 2013.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Armando Ríos Piter, Rabindranath Salazar Solorio, Isidro Pedraza Chávez, Fidel Demédicis Hidalgo y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud y de Energía a informar el daño que causaría la explotación del “gas shale” a la salud, a los recursos naturales y al medio ambiente.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública a investigar y sancionar a su personal adscrito en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 72, ubicado en el estado de Quintana Roo involucrado en el indebido cobro forzoso de cuotas escolares, exigidas a los alumnos y padres de familia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a corregir el proceso y cumplir con la sentencia dictada a favor de la madre afectada por la muerte de su hija en un albergue para mujeres que viven violencia en el Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Excitativa)

El Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y otras leyes, recibido en el Senado el 19 de marzo de 2014.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República.

(Efemérides)

La Diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención con motivo de la gira de trabajo del Lic. Enrique Peña Nieto a tres países de Europa.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió intervención para referirse a las declaraciones del gobernador de Nayarit.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre la urgencia para que los congresos locales armonicen la legislación electoral con el marco constitucional federal y el marco legal nacional en la materia antes del 30 de junio del presente año.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió intervención para referirse al alza de los precios de la gasolina.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con treinta y cuatro minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles dieciocho de junio, a las once horas”.

Fin de la Sesión.

 

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que envía la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de mayo de 2014, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2013.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
102-B.-032
"2014, Año de Octavio Paz”
México, D. F. a 13 de junio de 2014

C. SENADOR. RAUL CERVANTES ANDRADE,
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION.
Presente

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de mayo de 2014, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

El Subsecretario

Fernando Apórtela Rodríguez.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Esta información se remitirá a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria, por el que se informa que durante el mes de mayo de 2014, únicamente se destinaron mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PúBLICO

Servicio de AdministraciOn Tributaria

Administración General de Recursos y Servicios
Administración Central de Destino de Bienes
Oficio 300-07-00-00-00-2014-0322
Asunto: Se rinde informe de bienes destinados
En el mes de mayo de 2014
México, D. F., 17 de junio de 2014
"2014, Año de Octavio Paz".

Sen. Raul Cervantes Andrade
Presidente de la ComisiOn Permanente del
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional del H. Congreso de la UniOn
Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, le informo que, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de mayo de 2014, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Entre los bienes que fueron destinados por el SAT por conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agropecuarios; productos farmacéuticos y material de curación, entre otros.

El total de bienes destinados en el mes de mayo de 2014 fue de 6,382 bienes; los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como: pieza, kilogramo, par y litro, se anexa al presente el informe respecta

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Juan Carlos Garduño Gamboa
Administrador Central de Destino de Bienes.



El Presidente Diputado Aguilar Vega: Remítase dicha información a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

 






ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibieron de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se adicionan los artículos 16, 17 y 19 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.








Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.








Y por el que se expide la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Distrito Federal y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo relativo al Distrito Federal.



El Presidente Diputado Aguilar Vega: Túrnense los proyectos descritos a las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.

 






COMUNICACIONES

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, por la que solicita iniciar la dictaminación del proyecto de Decreto que reforma el artículo 115 constitucional, que propone que los bomberos formen parte de la administración municipal.

LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ
SENADOR DE LA REPUBLICA

México, D., F., junio 12 de 2014

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
Presente.

Estimado Senador Cervantes:

Por medio de la presente le manifiesto que en labor conjunta con el Senador Carlos Mendoza Davis advertimos un vacío legal en la situación de los cuerpos de bomberos en nuestro país, que los deja en un estado de desigualdad e indefensión en comparación con otros servidores públicos municipales.

Por la labor vital que prestan a la sociedad, por la enorme desventaja en que se ubican con respecto a otros servidores públicos municipales y en relación a cualquier tipo de trabajador protegido por la legislación laboral, consideramos necesario que los bomberos formen parte de la administración municipal, con el fin de que gocen de derechos laborales y reciban el trato digno que merecen por su servicio y trabajo.

Los bomberos mexicanos tienen derecho a la estabilidad laboral, a la seguridad social, y al bienestar para sus familias.

Por lo anterior, el pasado 3 de Abril del año en curso, el Senador Carlos Mendoza Davis y el suscrito presentamos una iniciativa de reforma al artículo 115 Constitucional, con el fin de que dentro de las funciones y servicios del Municipio, se incluya a los bomberos y elementos de Protección Civil desde la Carta Magna, como se desprende de la iniciativa mencionada que adjunto a la presente.

Por tal motivo y en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de ésta soberanía, le solicito respetuosamente nos ayude a iniciar la dictaminación de dicha iniciativa con proyecto de decreto en las Comisiones a que fue turnada, ya que resulta de gran importancia que los cuerpos de bomberos cuenten con la protección legal que se merecen.

Por lo anterior, le agradezco de antemano el apoyo que se sirva brindar al. Suscrito en éste importante tema.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Remítase a las Comisiones de Puntos de Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió también una comunicación del Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por la que solicita a las comisiones correspondientes del Senado, dictaminar las minutas pendientes sobre el bullying y, en su caso, incluir los dictámenes respectivos en el próximo periodo de sesiones extraordinarias.



El Presidente Diputado Aguilar Vega: Remítase a la Comisiones de Educación; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.

 






El Secretario Diputado Sánchez Torres: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite el informe de sus actividades durante la reunión de la Segunda Cumbre Mundial de Legisladores GLOBE 2014, que se realizó en la ciudad de México, los días 6 al 8 junio del año en curso.








De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en las reuniones de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, celebrada en Buenos Aires, Argentina, los días 28 al 30 de mayo de este mismo año.



El Presidente Diputado Aguilar Vega: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Señor Presidente…

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Dígame, Diputado Belaunzarán, ¿con qué objeto?

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Mire, distinguido Presidente.

Para ver si nos puede decir cómo proceder, en virtud de que no se ha cumplido un Acuerdo de esta misma Comisión Permanente.

Como saben, hace dos semanas se habló del proceso de Nayarit, se habló de que se iba a formar una comisión; efectivamente la semana pasada se formó esta comisión para darle seguimiento, más que comisión, grupo de trabajo.

El Diputado Fernando Zárate, del grupo parlamentario del PRD, incluso tomó la iniciativa de enviarle a cada uno de los miembros un citatorio, para ver cómo se reúnen, y no ha tenido ninguna respuesta.

Y, se acerca, obviamente, la elección, que es a principios del próximo mes, muy al principio, y sería patético que se reuniera el grupo de trabajo, cuando la elección ya terminó.

¿Qué ha pasado en estas dos semanas? Bueno, el gobernador, no solo no se ha dado por enterado, el Congreso no ha podido limitar los excesos del gobernador, al grado, de que ahora el gobernador declara, que si gana el candidato opositor en la capital de Nayarit, en Tepic, no trabajará con él, que no colaborará con el presidente municipal de la oposición.

Es decir, parece que todo sigue igual. Entonces, ¿qué hacemos?, no se está cumpliendo.

Yo le hago una propuesta, si es que es posible: Que sea la presidencia de la Comisión Permanente, la que haga el citatorio, para que se reúnan los miembros del grupo de trabajo y puedan asistir a este estado, a Nayarit, a entrevistarse con los distintos actores, a buscar que se cumpla la ley, a que no se enrarezca el proceso, para ilustrar al gobernador cuáles son los límites; porque un gobernador no es todopoderoso y tiene que cumplir la legislación electoral, la Constitución, etcétera.

Entonces, ¿cómo hacemos para que este Acuerdo de la Comisión Permanente se cumpla?, porque es cierto, ya hay un grupo de trabajo nombrado, pero no se ha reunido, no hay ninguna fecha para ir, y la fecha para elección se acerca.

Mi sugerencia es que sea la misma, en virtud de que no hay presidente, no se nombró presidente, sino que son todos legisladores, igual, que sea la presidencia la que haga una cita en breve para que asistan los miembros, y se pongan de acuerdo para acudir al estado de Nayarit y cumplir su responsabilidad que le dio esta soberanía.

Esa es mi petición, muchas gracias señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Fernando Belaunzarán.

Se ordena a la Secretaría de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, para que de forma inmediata remita todas las comunicaciones que han sido giradas tanto a los legisladores que integran este grupo de trabajo como a las autoridades estatales, quiero comunicarle que todos han sido debidamente notificados, ya de eso tenemos acuse de recibo, que es justamente lo que se solicita, le sea remitido de forma inmediata, y se formule excitativa a todos los integrantes de este grupo de trabajo que son legisladores para que de manera inmediata se reúnan a cumplir con el objeto del grupo de trabajo que ha sido conformado para este efecto.

Dígame, Diputado Alfonso Durazo.

El Diputado Alfonso Durazo Montaño: (Desde su escaño) De una buena vez, señor Presidente, y complementando su propuesta, si me permite la del compañero Diputado Fernando Belaunzarán pudiéramos dejar con el aval de esta Presidencia, una reunión ya definida que pudiera llevarse a cabo, hoy mismo en la tarde a partir de las seis, si fuera posible, es decir, dejar clara la convocatoria y que ésta fuera la vía para convocar a todos a los que somos miembros de esta Comisión.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Se excita a todos los integrantes legisladores de este grupo de trabajo para que de manera inmediata formulen Acuerdo para que en los términos que el Diputado Alfonso Durazo ha planteado, puedan reunirse de forma inmediata para cumplir con ese objetivo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO C) DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Francisco González Vargas, a nombre del Diputado Armando Córdova Díaz, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Francisco González Vargas: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores.

Desde principios de la administración federal el gobierno se comprometió a combatir la delincuencia por todos los medios posibles, para lo cual ha aplicado programas y acciones de seguridad que van reduciendo en beneficio y la tranquilidad de los mexicanos.

Debemos admitir que aún falta tiempo para poder lograr los resultados esperados y señalados desde un principio. Pero los logros obtenidos nos hacen pensar que vamos por el camino correcto.

Sin embargo, debemos admitir que la delincuencia organizada ha tomado tintes muy serios, por lo que es necesario que se combata no sólo por el fuero común, sino que se combatan también a través del fuero federal, con la finalidad de disminuir, y en su caso, terminar estas organizaciones delictivas que tanto afectan al país y la sociedad.

Lo anterior se afirma, toda vez que la delincuencia común ha llegado a extremos de evolución o perfeccionamiento que le permiten desafiar los límites de control gubernamental, de tal suerte que estas organizaciones han tenido un fuerte impacto en la seguridad del país, por lo que no solo a nivel federal debe trabajarse en contra de las organizaciones delictivas, sino que se requiere del conjunto de esfuerzos con los tres niveles de gobierno: federal, local y municipal.

El Estado mexicano jamás ha sido ajeno a este tipo de problemas, por lo que en marzo de 2003 se suscribió los acuerdos de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, con la cual se busca promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

La actividad de estas formaciones delincuenciales se expresan en ilícitos tales como: el secuestro, la trata de personas, el lavado de dinero, el tráfico de sustancias prohibidas, los cuales resultan ser tan lucrativos que son muy difícil de combatirse por el poder económico que generan a quienes lo realizan.

Con la presentación de esta iniciativa lo que se busca es fortalecer el combate a la delincuencia organizada, promoviendo para ello, la concurrencia de competencias entre los tres niveles de gobierno, a fin de que, desde la Constitución Política de los       Estados Unidos Mexicanos se establezca la posibilidad de que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conectividad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Con esto, se propone reformar el segundo párrafo del inciso C, de la fracción XXI, del Artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para agregar al párrafo en cuestión o en aquellos en donde exista la participación de delincuencia organizada.

Esta iniciativa es una respuesta a las demandas sociales, a la búsqueda de un mejor país que requiere más atención en ciertos aspectos.

Esta iniciativa nace de la necesidad de fortalecer el combate a la delincuencia y aquellas organizaciones delictivas que agravan la situación del país, y que no permiten que la sociedad mexicana pueda salir libremente a las calles.

Esta iniciativa es la suma de esfuerzos con el gobierno federal y el compromiso que se tiene con los ciudadanos y con los habitantes de México.

Muchas gracias, es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El que suscribe, Diputado Federal Luis Armando COrdova DIaz integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo parrafo del inciso c) de la fraccion XXI del articulo 73 de la Constitucion Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposicion de Motivos

Entendemos por delito, a aquella conducta de un individuo o individuos que afecta a la sociedad porque va en contra de las normas que protegen la paz y la seguridad jurídica; su comisión implica la generación de un daño o la puesta en peligro de la vida, la integridad corporal, las posesiones o la libertad de una persona.

Los delitos pueden ser clasificados de dos maneras: del Fuero Federal y del Fuero Común. Estos últimos son aquéllos que afectan directamente a las personas; es decir, en los cuales el efecto del delito recae sólo en la persona que es afectada por la conducta del delincuente; como por ejemplo, las amenazas, los daños en propiedad ajena, los delitos de naturaleza sexual, los fraudes y abusos de confianza, el homicidio, las lesiones, el robo en cualquiera de sus modalidades: a casa habitación, a negocio, a transeúnte, de vehículos, etc. Estos ilícitos son perseguidos por los Ministerios Públicos del Fuero Común, investigados por las procuradurías de justicia y juzgados por el Poder Judicial de cada una de las entidades federativas.

Por su parte, los delitos del Fuero Federal son los que afectan la salud, la economía y en general la seguridad del país o los intereses de la Federación en su conjunto; como puede ser su estructura, organización, funcionamiento y patrimonio. Por mencionar un ejemplo, los ataques a las vías generales de comunicación, el contrabando, la defraudación fiscal, los delitos ecológicos, el narcotráfico y otros delitos contra la salud, la portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la reproducción ilegal de audio y video, el robo o sustracción de bienes de la nación, el lavado de dinero, el tráfico y la trata de personas, los denominados delitos electorales, los daños o robos al patrimonio arqueológico, artístico e histórico y en general conductas que son perseguidas por el Ministerio Público Federal, investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y juzgados por el Poder Judicial del ámbito Federal.

Las conductas consideradas como delitos en México se encuentran reguladas por los Códigos Penales de cada una de las entidades federativas, el Código Penal Federal y las denominadas Leyes Especiales como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; contra la Delincuencia Organizada; de Salud, Para Combatir, Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, entre otras. El derecho penal establece de manera específica la facultad y división de responsabilidades del Distrito Federal y las demás entidades federativas frente a la de la Federación; en esta división es fundamental señalar que a las primeras les compete la definición de los denominados tipos penales con excepción de aquellos que sean del ámbito Federal y a este mismo le compete la regulación y el establecimiento de la normatividad procesal penal.

La Procuraduría General de la República es la Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal que tiene, entre otras facultades, la investigación de los delitos del orden federal, así como su seguimiento ante los Tribunales de la Federación; su actuación no se restringe exclusivamente a los delitos contra la salud (tráfico de drogas) pues le compete además toda la gama de ilícitos penales federales como los derivados de la delincuencia organizada, entre otros.

En este orden de ideas, la Institución, a través de sus unidades, fiscalías especializadas y órganos, combate de manera integral y regional este tipo de delitos, con estricto respeto a los derechos humanos de los indiciados.

De lo anterior, podemos desprender que la función coactiva del Estado, aunque en el orden de los delitos del fuero federal compete, como su nombre lo indica, al Gobierno Federal, también involucra a los tres órdenes de gobierno y que en la investigación, persecución y castigo de las conductas delictivas, las y los legisladores tienen la obligación de armonizar la legislación penal a fin de adecuarla a las nuevas condiciones que se presenten, sobre todo porque se trata de la protección de los intereses primigenios de los mexicanos, a saber, la vida, la libertad y la propiedad.

A lo largo de los últimos años, la delincuencia organizada ha venido perfeccionando su actuar y diversificado sus conductas delictivas, al tiempo que la clasificación de las conductas delictivas se ha venido diluyendo, particularmente porque la misma se ha visto involucrada en asuntos que competen al fuero común, lo que complica la impartición y procuración de justicia.

Ejemplos de ello, son las extorsiones, las cuotas obligadas y las amenazas con las que la propia delincuencia organizada somete a los establecimientos mercantiles que se ubican dentro de sus zonas de influencia, la corrupción a las corporaciones estatales y municipales, los fraudes, las lesiones, los robos en cualquier modalidad y en general, en delitos que aunque corresponden al fuero común, se ven inmiscuidos los brazos operadores de la delincuencia organizada que aprovechan las condiciones bajo las que la actual legislación se encuentra para realizar sus actividades, sabedores de que se enfrentan a un poder del estado cuya capacidad no es suficiente para enfrentarlo, pues en la comisión de delitos del fuero común, quien tiene a su cargo el orden coactivo, no es la fuerza federal sino la local, la cual se encuentra cuestionada o hasta infiltrada.

Robo, Extorsión, Fraude, Abuso de Confianza, Despojo, Privación de la libertad en su modalidad de secuestro, Lesiones y Homicidio son delitos del fuero común en donde se ha confirmado la participación de la delincuencia organizada y cuya característica es que por sí mismos, estos delitos representan la diversificación del objeto central de la actividad delictiva de la misma; frente a ellos, es indispensable que se construyan los enunciados normativos que doten de mayor alcance al orden coactivo que a lo largo de los últimos años ha demostrado, a través de sus instituciones, mayor eficacia en el combate a la delincuencia organizada.

Existen diversos antecedentes para establecer la clasificación de los delitos del fuero común y los del fuero federal, en su categorización encontramos notables esfuerzos desde la década de los años noventa del siglo pasado a fin de que, con base en estándares nacionales e internacionales, así como las mejores prácticas en la materia, se puedan construir marcos conceptuales que permitieran hacer comparaciones entre la información estadística en materia de justicia, como consecuencia de ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a partir de 1990 elaboró un Catálogo de Delitos que tuvo modificaciones en 1996, dando paso a partir de 1997 al Catálogo Unico de Delitos, que posteriormente, en 2008 derivó en la Clasificación Mexicana de Delitos, y actualmente se denomina Clasificación Estadística de Delitos 2010, en la que se encuentran considerados los delitos comprendidos en los Códigos Penales de cada una de las Entidades Federativas, y demás ordenamientos jurídicos de la materia; dicha clasificación es determinante no solamente para efectos de contar con información estadística desde el ámbito gubernamental que permita conocer la actividad y desarrollo de la delincuencia en nuestro país sino que además nos da la oportunidad de contar con elementos que permitan adecuar las normas a la realidad, a lo que requiere el país en el combate a la inseguridad y a los hechos antisociales.

Es preciso mencionar también que de conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y en el Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante Acuerdo Número 4ª/X/2008 de fecha 8 de diciembre de 2008, se aprobó la creación del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, tiene por objeto producir, integrar, administrar, conservar y difundir Información de Interés Nacional sobre la gestión y desempeño de las instituciones públicas y los poderes que conforman al Estado, en las funciones de Gobierno, Seguridad Pública, Impartición y Procuración de Justicia, a efecto de apoyar los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en esas materias.

Dicho subsistema ha sido una valiosa herramienta para determinar que la participación de la delincuencia organizada no solamente se reduce a los delitos del fuero federal como se concebía originalmente, sino que esta misma ha diversificado sus actividades delictivas de tal manera que participa en la comisión de delitos del fuero común a fin de aprovechar lo limitado y restringido del actuar de las autoridades estatales o municipales en materia de seguridad y justicia.

Por ello, el diputado promovente, considera indispensable que desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establezca la posibilidad de que el Congreso de la Unión pueda expedir normas de carácter punitivo con la adición de que en las mismas se establezca no solamente que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, sino que también puedan conocer de los mismos cuando exista o se compruebe la participación activa de delincuencia organizada.

Proponemos que se adicione este aspecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular al párrafo segundo del inciso c) del Artículo 73, en su fracción XXI a fin de considerar la posibilidad de que las autoridades federales puedan conocer de delitos del fuero común cuando en su comisión participen los miembros de la delincuencia organizada a fin de frenar la expansión y diversificación de sus actividades delictivas en beneficio de las y los mexicanos, su seguridad, su vida, libertad y sus propiedades.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración esta honorable soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

Unico.- se reforma el segundo párrafo del inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Sección III

De las Facultades del Congreso

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a XX. …

XXI. Para expedir:

a) …

b) …

c) …

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, o en aquellos en donde exista la participación de delincuencia organizada.

XXII a XXX. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de junio de 2014.

Dip. Luis Armando Córdova Díaz.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado González Vargas, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar a nombre de Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PAN, un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCION EN CONTRATACIONES PUBLICAS, DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, señor Presidente; muy buenos días, colegas.

Vengo a esta tribuna el día de hoy a presentar a nombre de varios Senadores y Diputados del Partido Acción Nacional la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Se trata de un paquete de reformas trascendentes en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas en el marco de la discusión, de la legislación segundaria en materia energética.

Para nadie es un secreto que la corrupción es uno de los males más arraigados en nuestro país, a la vez que un enorme pendiente en la lista de tareas que el Estado y la sociedad no hemos podido resolver.

Con la reforma constitucional anticorrupción detenida en la Cámara de Diputados, y con la Secretaría de la Función Pública viviendo una lenta agonía a la que no se le ve el fin, ni siquiera podemos decir hoy que estamos en la ruta.

La agenda de combate a la corrupción debe ser tan prioritaria como las otras grandes reformas porque conlleva el marco de control para que éstas cumplan sus objetivos y porque nuestras omisiones legislativas y de implementación le cuestan al país millones de pesos, en confianza también, para atraer nuevas inversiones.

Por un lado, el índice de fuentes de soborno indica que entre 1970 y 2010, México generó flujos de salida de capital ilícito que representan una media anual del 5.2 por ciento del PIB y en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional México ha empeorado, ubicándonos en el lugar 106 de 177 países.

Asimismo, de acuerdo con la empresa Pricewaterhouses Coopers, el 47 por ciento de las empresas globales consideran a la corrupción como el mayor riesgo al hacer negocios en México.

El 27 por ciento reporta que les fue solicitado en 2013, algún tipo de dádiva y el 33 por ciento indica haber perdido un negocio a causa de sobornos por parte de sus competidores.

Ahí radica la importancia de la iniciativa que hoy presentamos. Si no diseñamos el mejor marco jurídico posible en esta materia, la promesa de bonanza pública que ha ido aparejada de la reforma energética se esfumará dejando las oportunidades que deben ser para una mayoría en manos de unos cuantos.

La reforma constitucional en materia energética, promulgada en diciembre pasado, establece que el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de darle plena efectividad a sus disposiciones.

Entre otras cuestiones, dentro de las adecuaciones a la ley secundaria ordenadas por el constituyente, se indica el establecer los mecanismos legales suficientes para prevenir, investigar, identificar y sancionar severamente a los asignatarios contratistas, permisionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o moral, pública o privada, nacional o extranjera que participen en el sector energético cuando realicen actos u omisiones contrarios a la ley, entre otros, los que tengan como objeto consecuencia directa o indirecta, influir en la toma de decisión de un servidor público del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto.

En este contexto los Senadores que suscribimos la presente, advertimos que las iniciativas remitidas a esta soberanía por el titular del Poder Ejecutivo Federal el pasado 30 de abril, no toca normas cuya actualización resulta ineludible para atender al referido mandato constitucional, así como para dotar de plena congruencia y efectividad a los nuevos esquemas de control previstos en las propias iniciativas presidenciales.

No desconocemos el trabajo que los Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras de la reforma energética están realizando por incorporar mecanismos de combate a la corrupción en los dictámenes que se están construyendo.

Reconocemos que es un tema en el que han estado trabajando arduamente, sin embargo, las leyes que busca reformar la presente iniciativa no son parte del paquete que está siendo discutido ahora y consideramos fundamental su adecuación para evitar vacíos legales, falta de certeza jurídica y, peor aún, impunidad.

Se trata entonces de una propuesta que busca reforma tres leyes.

En primer lugar, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas para incluir a la CFE y a PEMEX, así como a los órganos reguladores en materia energética, dado que cambiaron su naturaleza jurídica: los dos primeros al pasar de ser órganos, empresas paraestatales, a ser ahora empresas productivas del estado, se tiene que incluir en el catálogo de sujetos a los que le es aplicable esta ley.

Y por otro lado, lo que estamos proponiendo es dejar claro cuáles son los mecanismos de impugnación que tendrán a su alcance los licitantes, es decir, ahora existe un recurso de inconformidad que es interpuesto ante la Secretaría de la Función Pública que en la iniciativa del Ejecutivo se sustituye por un recurso de reconsideración ante las propias convocantes; o bien, a una acción indefinida ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Entonces lo que estamos proponiendo es, por un lado, especificar la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para poder resolver en esta materia y, en segundo lugar, especificar que dicha acción sería un juicio de lo contencioso administrativo por vía sumaria. Esto a efecto de reducir considerablemente los tiempos para que se resuelvan las impugnaciones.

Hoy día, un juicio por vía ordinaria se tarda por lo menos un año y lo que estamos proponiendo es que se tarde en resolver 70 días, por vía sumaria. De esta manera estaríamos garantizando la equidad en la competencia y el derecho también de los permisionarios para poder reclamar y acceder a la justicia de manera expedita.

Esto, sin duda, va a reducir los espacios de corrupción que pudiéramos tener.

Compañeros, esta es la propuesta que pongo a consideración el día de hoy a nombre de varios legisladores del PAN en materia de anticorrupción en contrataciones públicas para PEMEX y CFE.

Muchas gracias señor Presidente.

Iniciativa

Laura AngElica Rojas HernAndez, Salvador Vega Casillasy diversos Diputados Federales ySenadores de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, presentamos a usted para el trámite legislativo correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONESDE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCION EN CONTRATACIONES PUBLICAS, DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma constitucional en materia energética promulgada en diciembre pasado establece que el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de darle plena efectividad a sus disposiciones.

Entre otras cuestiones, dentro de las adecuaciones a la legislación secundaria ordenadas por el Constituyente, se indica el“…establecer los mecanismos legales suficientes para prevenir, investigar, identificar y sancionar severamente a los asignatarios, contratistas, permisionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o moral, pública o privada, nacional o extranjera, que participen en el sector energético, cuando realicen actos u omisiones contrarios a la ley, entre otros, los que tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto.”1

En este contexto, los senadores que suscribimos la presente, advertimos que las iniciativas remitidas a esta Soberanía por el Titular del Poder Ejecutivo Federal el pasado 30 de abril, no tocan normas cuya actualización resulta ineludible para atender al referido mandato constitucional, así como para dotar de plena congruencia y efectividad a los nuevos esquemas de control previstos en las propias iniciativas presidenciales.

En ese tenor, el primer tema que se plantea en la presente iniciativa propone incluir a las empresas productivas del Estado (Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, así como a la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias) al igual que a los órganos reguladores coordinados en materia energética (Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía) dentro del abanico de instituciones públicas contratantes cuya actuación se regula por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

La pertinencia de esta medida legislativa se justifica en razón de que tanto empresas productivas del Estado como órganos reguladores coordinados en materia energética son entes de naturaleza inédita en nuestro sistema jurídico, apenas creados por el Constituyente Permanente en la reciente reforma, de tal suerte que se hace necesario ajustar la descripción prevista en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas respecto de los sujetos que se consideran instituciones públicas contratantes para efectos de determinar el ámbito material de aplicación de dicha norma.

Cabe destacar que actualmente la actividad de contratación que desarrollan Petróleos Mexicanos así como la Comisión Federal de Electricidad sí se comprende en las hipótesis previstas en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, ya que la misma aplica a las entidades paraestatales. Empero, de no llevarse a cabo la adecuación legislativa propuesta, una vez que se modifique la naturaleza jurídica de dichas entidades para convertirse en empresas productivas del Estado, éstas quedarían fuera de la descripción que esa Ley hace respecto de las instituciones públicas contratantes, y haría jurídicamente inviable invocar sus disposiciones para reprimir actos de corrupción que se susciten en el futuro, dados los principios de legalidad y seguridad jurídica que resultan aplicables al derecho administrativo sancionador, en particular por su vertiente de tipicidad y exacta aplicación de la ley.

Además, dado el nuevo régimen de control que se prevé establecer para las empresas productivas del Estado, conforme al cual desaparecen los actuales órganos internos de control, se hace necesario determinar con claridad la autoridad que será competente para investigar y sancionar las conductas que encuadren en las hipótesis de reproche previstas en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Con sus matices, el caso de los órganos reguladores coordinados en materia energética presenta una problemática similar, lo cual será explicado a detalle más adelante.

El segundo aspecto planteado en la presente iniciativa, se orienta a reformarla Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa así como la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de dotar al citado Tribunal de la competencia necesaria para conocer de las impugnaciones que se promuevan por los particulares que participen en los concursos convocados por las empresas productivas del Estado para la asignación de contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que lleven a cabo conforme a su régimen especial, así como regular la vía sumaria conforme a la cual se ventilarán dichos juicios, de forma que se garantice la oportuna emisión de las sentencias respectivas.

Esta reforma resulta indispensable a fin de que no se generen posibles espacios de discrecionalidad y corrupción por la falta de controles de legalidad eficientes en las contrataciones que realicen Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Para poner en contexto el tema que se trata, conviene tener presente que en la actualidad la Secretaría de la Función Pública y sus órganos internos de control atienden las inconformidades que promueven los licitantes por las irregularidades ocurridas en los procedimientos de contratación, decretándose en su caso la nulidad de los actos contrarios a derecho y ordenándose su debida reposición. La instancia administrativa de inconformidad prevista en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, guarda todas las características propias de un procedimiento materialmente jurisdiccional, aunque con una regulación procesal lo suficientemente ágil para facilitar la pronta resolución de las controversias por parte de una autoridad cuyo mandato y diseño institucional le permite actuar con la necesaria imparcialidad.

Por su parte, las iniciativas de Ley de Petróleos Mexicanos y de Ley de la Comisión Federal de Electricidad presentadas por el Ejecutivo Federal prevén que los fallos por los que se adjudiquen los contratos podrán ser impugnados mediante un recurso de reconsideración ante las propias convocantes, o bien, a través de “La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”. 2

El texto de las iniciativas presidenciales implica la desaparición de la instancia administrativa de inconformidad como vía de impugnación de los fallos licitatorios que dicten las empresas productivas del Estado, lo cual resulta congruente con dos aspectos contenidos en la reforma constitucional: (i) el establecimiento de un régimen especial de contratación para las empresas productivas del Estado, que excluye la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y (ii) la exclusión de la Secretaría de la Función Pública y sus órganos internos de control como autoridades de control competentes respecto de las empresas productivas del Estado.

No obstante, lo previsto en la iniciativa presidencial resulta por sí mismo incompleto para dotar al nuevo sistema especial de contrataciones de las empresas productivas del Estado de un modelo eficiente de impugnaciones para el control de la legalidad de los fallos por los que se adjudiquen los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, ya que el denominado “recurso de reconsideración” carecerá de la imparcialidad necesaria para garantizar resoluciones apegadas a derecho, mientras que, de no realizarse una reforma como la propuesta en la presente iniciativa, las impugnaciones en sede judicial corren el riesgo de quedar sometidas a prolongados términos que harán nugatoria la posibilidad de que las eventuales ilegalidades que se cometan sean oportunamente reparadas.

Debe tenerse presente que los tratados de libre comercio suscritos por el Estado Mexicano, en sus respectivos capítulos de compras públicas, indican que los sistemas de contrataciones establecerán mecanismos de impugnación lo suficientemente ágiles para preservar la oportunidad comercial de la materia de la contratación, indicando también que “Las impugnaciones serán atendidas por una autoridad revisora, independiente e imparcial, que no tenga interés en el resultado de la compra, y cuyos miembros sean ajenos a influencias externas durante todo el período de su mandato.”3

Por lo dicho, a través de la presente iniciativa se plantea dotar de contenido, congruencia y efectividad al texto propuesto en el proyecto del Ejecutivo Federal cuando establece que contra los fallos procederá “La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”, ya que la citada acción judicial no está actualmente prevista en los supuestos de competencia que a ese Tribunal le establece su Ley Orgánica4, además de que por la naturaleza propia de la actividad de contratación de las empresas productivas del Estado, las impugnaciones que en su caso deban ventilarse ante dicho Tribunal necesariamente deberán seguirse bajo reglas procesales que garanticen la pronta emisión y ejecución de sus resoluciones, a fin de que no queden sin materia.

Enseguida se razonan con mayor detalle las particularidades de la presente iniciativa.

1. Reformas y adiciones a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Contenido de la Ley Anticorrupción.

Esta legislación fue aprobada por el Congreso de la Unión en abril de 2012, atendiendo recomendaciones y pactos internacionales suscritos por el Estado Mexicano: La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En ella se fijan las responsabilidades en que pueden incurrir las empresas y otros agentes privados, de nacionalidad mexicana o extranjera, que cometen actos de corrupción con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal, regulándose también los procedimientos para investigar las conductas ilícitas y para imponer las sanciones correspondientes, así como las autoridades competentes para ello.

Las conductas que se tipifican y castigan por la Ley, en resumen, son las siguientes:

• Prometer, ofrecer o entregar dinero o cualquier otra dádiva a un servidor público o a un tercero, a cambio de que dicho servidor público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, con el propósito de obtener o mantener un beneficio o ventaja en las contrataciones públicas (cohecho administrativo);

Ejecutar acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas;

Participar o intentar participar en contrataciones públicas no obstante encontrarse impedido;

Evadir o intentar evadir los requisitos o reglas establecidos en las contrataciones públicas o simular su cumplimiento;

Participar en una contratación pública fungiendo como interpósita persona de una que se encuentre inhabilitada, con la finalidad de que ésta obtenga los beneficios derivados de la contratación;

Obligar ilegalmente a un servidor público a dar, suscribir, otorgar, destruir o entregar un documento o algún bien, con el fin de obtener una ventaja o beneficio;

Influir mediante poder económico o político sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener un beneficio o ventaja en las contrataciones públicas, y

Presentar documentación o información falsa o alterada con el propósito de lograr un beneficio o ventaja.

Las sanciones consisten en multas que pueden ser superiores a los tres millones de veces el salario mínimo del Distrito Federal, así como en inhabilitaciones para participar en contrataciones públicas por hasta diez años, las cuales pueden imponerse a personas físicas o morales que participen en las contrataciones públicas de carácter federal, en su calidad de interesados, licitantes, invitados, proveedores, adjudicados, contratistas, permisionarios, concesionarios o análogos, así como a quienes intervengan a nombre, por cuenta o en interés de éstos, como pueden ser los accionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios, apoderados, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, subcontratistas o empleados.

Para determinar los alcances del concepto “contrataciones públicas de carácter federal” la Ley define por tal a “Los procedimientos de contratación, sus actos previos, y aquéllos que deriven de la celebración, ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, que lleven a cabo las instituciones públicas contratantes (…), en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas y con independencia del régimen especial de contratación o del esquema que se utilice para su realización. Se considerarán incluidos los actos y procedimientos relativos a concurso o convocatoria o licitación pública para el otorgamiento de permisos y concesiones de carácter federal o su prórroga, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con las contrataciones públicas”. 5

Así mismo, se considera instituciones públicas contratantes a las siguientes6: las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; los fideicomisos públicos no paraestatales, los mandatos y contratos análogos; la Procuraduría; las entidades federativas y los municipios, incluidos los entes públicos de unas y otros, así como los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que realicen contrataciones públicas con cargo total o parcial a fondos federales, así como las áreas u órganos encargados de las contrataciones en las cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión; en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y los tribunales agrarios; en el Instituto Federal Electoral; en la Auditoría Superior de la Federación; en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de México, y demás órganos públicos autónomos.

Importancia de incluir a las empresas productivas del Estado así como a los órganos reguladores coordinados en materia energética al catálogo de instituciones públicas contratantes.

Según se deriva de lo arriba expresado, las conductas reprochables se generan necesariamente con motivo de la participación de los sujetos en contrataciones públicas de carácter federal, las cuales a su vez están referidas a las que llevan a cabo las instituciones públicas contratantes enunciadas por la Ley.

Es decir, no serán consideradas contrataciones públicas para efectos de la Ley Federal Anticorrupción, las que realicen entes diversos de los comprendidos en su texto, ya que el principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas7, lo cual implica que las conductas de reproche deben ser claras y unívocas, encuadrando exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.

En estas condiciones, al ser las empresas productivas del Estado y los órganos reguladores coordinados en materia energética entes jurídicos novedosos por su reciente creación constitucional, evidentemente no se encuentran en el abanico de instituciones públicas contratantes previstas en el texto vigente de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas; de ahí la trascendencia de llevar a cabo la actualización que se propone.

En el caso de las empresas productivas del Estado, la naturaleza jurídica que les dio el Constituyente implica que las mismas no formarán parte de la Administración Pública Federal, quedando excluidas de la aplicación de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, por lo cual no encuadran en ninguna de las hipótesis actuales que definen a las instituciones públicas contratantes según la Ley Anticorrupción.

Por su parte, los órganos reguladores coordinados en materia energética si bien formarán parte de la Administración Pública Federal, lo harán bajo una descripción tipológica propia y diversa de la que hoy en día tienen como órganos desconcentrados. Así se prevé incluso en la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada al Senado de la República por el Titular del Ejecutivo, según la cual las dependencias de la Administración Pública Centralizada serán en delante: (i) Secretarías de Estado, (ii) Consejería Jurídica, y (iii) Organos reguladores coordinados en materia energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución8.

En congruencia, resulta imperativo llevar a cabo la reforma contenida en la presente iniciativa, a fin de que no se genere un vacío por ausencia de tipicidad que haga inaplicable la Ley Anticorrupción a los actos que lleven a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos así como la Comisión Reguladora de Energía, ya que dentro del concepto “Dependencias”, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas sólo comprende actualmente a “Las secretarías de Estado y sus órganos desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y las unidades administrativas de la Presidencia de la República”9,

Competencia para aplicar la Ley Anticorrupción respecto de contrataciones de las empresas Productivas del Estado.

Se propone que la facultad para aplicar la Ley en relación con las contrataciones públicas de carácter federal que realicen las empresas productivas del Estado se establezca a favor de la Secretaria de la Función Pública, dependencia que continuará ejerciendo sus atribuciones hasta en tanto entre en funcionamiento el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción, de conformidad con lo que establece el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

El texto vigente de la Ley Anticorrupción10prevé que su aplicación en el ámbito de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría, así como de las entidades federativas, los municipios y delegaciones del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, como se razonó previamente, las empresas productivas del Estado no formarán parte de la Administración Pública Federal, por lo cual se hace necesario que explícitamente se establezca que también respecto de ellas será dicha dependencia del Ejecutivo la facultada para aplicar la mencionada Ley, dictar las disposiciones administrativas necesarias para el adecuado cumplimiento de la misma e interpretar sus disposiciones para efectos administrativos. De no llevarse a cabo la adecuación que se propone, se generaría un vacío que podría hacer inaplicable esta Ley a las empresas productivas del Estado, por la ausencia de autoridad competente en la materia.

Cabe mencionar que actualmente los órganos internos de control en la Comisión Federal de Electricidad, así como en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, tienen competencia para llevar a cabo las investigaciones y procedimientos sancionatorios establecidos en la Ley Anticorrupción11, empero, una vez que los entes mencionados modifiquen su naturaleza jurídica para dejar de ser entidades paraestatales y se transformen en empresas productivas del Estado, sus contralorías internas habrán de extinguirse, dado el nuevo régimen especial de control que les resultará aplicable. Por esta razón, en los transitorios de la presente iniciativa se prevé que los expedientes que lleven los órganos internos control sean remitidos a la Secretaría de la Función Pública para la continuación de su trámite y resolución correspondiente, una vez que la Secretaría de Energía emita la declaratoria en la que manifieste que han entrado en operación los regímenes especiales y mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de las empresas productivas del Estado.

Otras adecuaciones necesarias en congruencia con las iniciativas por las que se expiden la Ley de Hidrocarburos así como la Ley de la Industria Eléctrica.

En la iniciativa de Ley de Hidrocarburos propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal se prevé que 12

“los procedimientos de contratación, sus actos previos y aquéllos que deriven de la celebración, ejecución y cumplimiento de las Asignaciones, los Contratos para la Exploración y Extracción, los Permisos y las autorizaciones (…), se sujetarán a las disposiciones aplicables en materia de combate a la corrupción”, por lo cual la presente iniciativa estima conveniente reformar la descripción contenida en la Ley Anticorrupción respecto del concepto “contrataciones públicas de carácter federal”, incorporando los actos normados por la Ley de Hidrocarburos, a fin de que la remisión pretendida en el proyecto presidencial no conduzca a un vacío jurídico. De igual forma, se propone incluir en el mismo concepto a los contratos y permisos regulados en la iniciativa de la Ley de la Industria Eléctrica. Para cerrar el círculo, se propone incorporar como ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de la Industria Eléctrica.

Es importante hacer mención de que en las iniciativas de Ley de Hidrocarburos13y de Ley de la Industria Eléctrica14 se incluyen disposiciones para la prevención y sanción de actos ilegales, las cuales reproducen prácticamente de forma literal el contenido de cuatro de las ocho conductas previstas como tipos sancionables por la Ley Anticorrupción15: (a) Cohecho administrativo, (b) realizar actos de simulación para evadir requisitos o reglas, (c) fungir como interpósita persona de una inhabilitada, y (d) tráfico de influencias.

No obstante, el contenido de las iniciativas de Ley de Hidrocarburos y de Ley de la Industria Eléctrica resultan por sí mismas insuficientes para integrar todos los elementos necesarios para la efectividad del sistema punitivo, ya que se establece que “Las sanciones (…) serán determinadas por las autoridades competentes, de conformidad con la normatividad en materia de combate a la corrupción”, es decir, sólo hacen una remisión a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

De esta suerte, será la Ley Anticorrupción la que deberá prever todos los componentes del sistema sancionador, lo que hace imperativo realizar los ajustes conducentes a dicha legislación, a fin de que se amplié su ámbito material de aplicación, incluyéndose a los actos que llevan a cabo los órganos reguladores coordinados en materia energética, ya que de no realizarse esta reforma se carecería también de autoridad facultada para investigar y sancionar los actos de corrupción que ocurran en el ámbito del sector energético, puesto que, como se explicó previamente, esta nueva tipología de entes de derecho público no se encuentran previstas actualmente en el concepto de     instituciones públicas contratantes, y por tanto, no existe a la fecha autoridad alguna a la cual se le atribuya la competencia para investigar y sancionar actos que en su ámbito se cometan.

Con las reformas y adiciones que la presente iniciativa propone realizar a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas quedan adecuadamente regulados todos los componentes del sistema sancionatorio aplicable a la materia energética: los sujetos a quienes aplica, las conductas materia de reproche, las sanciones, los procedimientos y las autoridades competentes para imponerlas. De esta forma se evita cualquier laguna normativa que pudiera dejar espacios para la corrupción y la impunidad, garantizándose de manera adecuada los principios de legalidad y seguridad jurídica.

1. Reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Acorde con el nuevo régimen especial de las empresas productivas del Estado para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, las iniciativas de Ley de Petróleos Mexicanos y de Ley de la Comisión Federal de Electricidad presentadas por el Ejecutivo Federal prevén que los fallos por los que se adjudiquen los contratos podrán ser impugnados mediante un recurso de reconsideración ante las propias convocantes, o bien, a través de “La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”. 17

En ese contexto se inscribe la presente propuesta, la cual tiene como propósito darle efectividad y congruencia al texto de las iniciativas mencionadas, tanto para establecer el supuesto de competencia del citado Tribunal,  como para regular la vía conforme a la cual deberá ventilarse dicha acción jurisdiccional, a fin de que se garantice la oportuna emisión de las resoluciones.

Enseguida se expone detalladamente el contenido de la presente iniciativa.

Marco constitucional.

El artículo 134 de la Carta Magna ordena que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y que las contrataciones públicas –adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones, servicios, obras– se adjudiquen a través de concurso.

De ese mandato constitucional se derivan los principios que rigen a las licitaciones públicas: (a) Concurrencia, que asegura la participación de un mayor número de ofertas, lo cual permite tener posibilidades más amplias de selección y obtención de mejores condiciones; (b) Igualdad de los oferentes entre sí, y como regla de trato del ente convocante; (c) Publicidad, que estriba en la posibilidad de que los interesados conozcan todo lo relativo a la licitación correspondiente, desde el llamado a formular ofertas hasta sus etapas conclusivas, y (d) Oposición o contradicción, que deriva del principio de debido proceso e implica la intervención de los licitantes en las discusiones de controversia de intereses, facultándolos para impugnar las propuestas de los demás y, a su vez, para defender la propia18.

De igual forma, al analizar las etapas del procedimiento administrativo de licitación pública, el Poder Judicial Federal ha establecido que “…en caso de existir actos que vicien el procedimiento de licitación, los participantes cuentan con medios de impugnación para la defensa de su interés legítimo, el que debe entenderse como la facultad para lograr que la actuación administrativa se adecue a la ley.”19

A las contrataciones que lleven a cabo las empresas productivas del Estado les será aplicable la disposición constitucional invocada, lo cual incluso expresamente se establece en el texto de las iniciativas presidenciales20, las cuales indican que dichas empresas “realizarán las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras que requieran en términos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sujeción a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, a efecto de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la contratación.”

Adicionalmente, las iniciativas disponen21 que las contrataciones se efectuarán, por regla general, por concurso abierto, y que “Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación (…), hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa.”22

De todo lo anterior se concluye claramente que la legislación aplicable a las contrataciones que lleven a cabo las empresas productivas del Estado deberá prever mecanismos eficientes para que las personas legitimadas puedan impugnar los actos administrativos irregulares, a fin de que puedan hacerse efectivos los principios constitucionales que rigen a las licitaciones públicas, en particular el de oposición o contradicción, que deriva de la garantía de debido proceso e implica la intervención de los licitantes en las discusiones de controversia de intereses, facultándolos para impugnar las propuestas de los demás y, a su vez, para defender la propia.

Es importante señalar que la existencia de un medio eficiente para controlar la legalidad de los procedimientos de contratación pública no sólo se orienta a tutelar los derechos particulares de las personas físicas o morales que participan en los concursos, sino que provoca un efecto inhibidor de la comisión de actos corruptos, al limitarse la discrecionalidad o falta de honradez con que pueden conducirse los servidores públicos, a la vez que se promueve un entorno empresarial competitivo en el sector de las compras públicas, generándose un efecto multiplicador del gasto público muy positivo para la economía nacional.

Tratados internacionales de libre comercio.

En un siguiente nivel jerárquico normativo, se ubican las disposiciones derivadas de los pactos comerciales suscritos por el Estado Mexicano, los cuales en sus capítulos de compras públicas ordenan el establecimiento de mecanismos de impugnación para las licitaciones que deban convocarse bajo su cobertura. A manera de ejemplo se señalan los siguientes:

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cuarta Parte. Compras del Sector Público, Capítulo X, Sección C. Procedimientos de impugnación, Artículo 1017.- Procedimientos de impugnación.

Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, Artículo XX.- Procedimiento de impugnación.

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, Artículo 62.- Procedimiento de Impugnación.

Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, Capítulo 11. Compras del Sector Público, Artículo 125.- Procedimientos de Impugnación.

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel. Artículo 6-17.- Procedimiento de impugnación.

El texto de los acuerdos internacionales mencionados es muy similar entre sí en lo que respecta a la regulación de los medios de impugnación de los procedimientos de compras públicas. Enseguida se destacan sus aspectos más importantes:

Cada Parte establecerá procedimientos no discriminatorios, oportunos, transparentes y eficaces, que permitan a los proveedores impugnar las presuntas infracciones que se produzcan en el contexto de una contratación en la que tengan o hayan tenido interés.

El plazo para la impugnación en ningún caso será inferior a 10 días a partir del acto que le dé lugar. Las impugnaciones pueden promoverse a partir de que se hagan públicos los requisitos de la compra (convocatoria).

Entenderá de las impugnaciones un tribunal o un órgano de examen imparcial e independiente que no tenga interés en el resultado del contrato y cuyos miembros estén protegidos frente a influencias exteriores durante todo el período de su mandato.

Los procedimientos respetarán la garantía de audiencia y debido proceso: alegar, ofrecer pruebas; se permitirá el acceso a las actuaciones y se emitirán resoluciones congruentes.

Deben preverse medidas provisionales rápidas para corregir las infracciones, a fin de que se preserven la oportunidades comerciales, lo cual puede incluir a la suspensión del proceso de contratación, pero la decisión al respecto tomará en consideración si en el caso particular se pueden afectar intereses públicos, lo que podrá estimarse como causa justa para no adoptar esas medidas.

La resolución de las impugnaciones deberá emitirse, normalmente, en tiempo oportuno para preservar los intereses comerciales.

Sistema de impugnaciones vigente

En armonía con lo previsto por los tratados de libre comercio suscritos por México, se creó en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público23, así como en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas24, un medio especial de impugnación para los procedimientos de contratación pública, denominado inconformidad.

Dicha instancia no tiene naturaleza de recurso administrativo25, ya que, a diferencia de éstos, su conocimiento corresponde a una autoridad imparcial –Secretaría de la Función Pública– que no tiene interés en el resultado dela contratación, y se ventila a través de un procedimiento materialmente jurisdiccional, como puede verse del siguiente resumen:

El escrito de inconformidad contiene características similares a una demanda: acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación, las pruebas que ofrece así como los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos de agravio.

Recibida la inconformidad se requiere a la convocante para que rinda un informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no procedente. Se requerirá también a la convocante que rinda un informe circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia de la inconformidad así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su caso, copia autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo. Esto se asemeja a lo que podemos considerar una contestación de demanda en el contencioso administrativo, o los informes en el juicio de amparo.

Los términos procesales del inconforme son los mismos con que cuenta la autoridad para contestar la impugnación (vía informe justificado) así como el tercero interesado (adjudicado del fallo), lo cual resulta indicativo de la equidad procesal de las partes en contienda.  

El inconforme, luego de la recepción del informe circunstanciado, tiene derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo aparecen elementos que no conocía, característica similar al juicio de nulidad y al de amparo. De esto se sigue un nuevo informe de la autoridad y manifestaciones del tercero interesado. Hasta aquí, diríamos que está perfectamente definida la fase postulatoria de un juicio, y se identifica claramente una litis a resolver.

Posteriormente se abre una fase de pruebas, y luego de alegatos.

Durante el desahogo de la instancia es posible decretar la suspensión –primero provisionalmente y luego en forma definitiva– de los actos combatidos del procedimiento de contratación, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de Ley y, además, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; para la efectividad de la medida cautelar se requiere garantía, y el tercero interesado puede contra garantizar para dejar sin efectos dicha suspensión. A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad, podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, señalándose el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos.

Las resoluciones contienen iguales características de forma y fondo que las sentencias judiciales, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados nulos.

Las resoluciones deben ejecutarse en el término de no mayor de seis días hábiles, salvo que exista suspensión decretada por autoridad administrativa o judicial competente.

Vía incidental las partes pueden hacer valer la inejecución, repetición de acto, exceso o defecto en el acatamiento de las resoluciones. Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la autoridad resolutora dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la convocante su reposición de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. Si resultare que hubo una omisión total, requerirá a la convocante el acatamiento inmediato. El incumplimiento de resoluciones es definido como desacato, lo cual es motivo de responsabilidad administrativa.

Los plazos conforme a los cuales se ventila la instancia de inconformidad son muy breves, a fin de que se preserve la oportunidad comercial de la contratación: (i) 6 días para la interposición de la inconformidad, o 10 si se trata de licitación bajo cobertura de tratados, (ii) 2 días para rendir informe previo y 6 para el justificado, mismo término para que el tercero interesado desahogue su derecho de audiencia, (iii) 3 días para ampliación de los conceptos de impugnación, cuando se derivan hechos nuevos del informe de la convocante,(iv) 3 días para que la autoridad responda a la ampliación y el tercero desahogue su derecho de audiencia, (v) 3 días para alegatos, y (vi) 15 días para que se emita la resolución.

Como se ve, la naturaleza de la instancia de inconformidad es diversa de la de los recursos administrativos, ya que en éstos no hay contienda de partes ante una autoridad imparcial, sino que se trata de medios de autocontrol o autotutela de la propia administración.

La razón de ser de este medio sui géneris de impugnación de los actos emitidos en los procedimientos de contratación pública se entiende a partir de los acuerdos de libre comercio, pues como se ve, es congruente con las directrices de lo pactado en dichos tratados.

Iniciativas de Ley de Petróleos Mexicanos y de Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

El texto de las iniciativas presidenciales contiene un nuevo modelo para la impugnación de los actos administrativos emitidos por las empresas productivas del Estado con motivo de sus concursos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que lleven a cabo conforme a su régimen especial, ya que se indica que “En contra del fallo que adjudique el contrato procederá: I. El recurso de reconsideración, en términos del Reglamento de esta Ley, o II. La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Contra las demás resoluciones emitidas durante el concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, en caso de alguna irregularidad en tales resoluciones, éstas podrán ser combatidas con motivo del fallo”.26

Lo anterior significa que ya no será posible controvertir los actos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad a través de la instancia administrativa de inconformidad, dado que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas no serán aplicables a las empresas productivas del Estado, además de que éstas contarán con un régimen especial de control interno que excluye la intervención la Secretaría de la Función Pública, eliminándose a los órganos internos de control de las actuales entidades paraestatales.

No obstante, el contenido de las iniciativas adolece de los siguientes defectos:

a. Recurso de reconsideración.

Aunque no se especifica en las iniciativas27, se asume que el citado recurso será resuelto por las propias autoridades de las empresas productivas del Estado, ya sea la misma emisora del acto combatido o bien su superior jerárquico.

Lo anterior supone que no cumplirá lo indicado en los capítulos de compras públicas de los tratados de libre comercio en cuanto a que “Las impugnaciones serán atendidas por una autoridad revisora, independiente e imparcial, que no tenga interés en el resultado de la compra, y cuyos miembros sean ajenos a influencias externas durante todo el período de su mandato.”

En la práctica, todos los recursos administrativos carecen de credibilidad, ya que en la inmensa mayoría de los casos los superiores jerárquicos confirman los actos emitidos por sus inferiores.

Adicionalmente, la ausencia de imparcialidad en la atención de las impugnaciones agrega incentivos para la comisión de actos arbitrarios o corruptos, ante la inexistencia de un medio de control de legalidad que pueda revertir en forma expedita y eficiente las irregularidades que se cometan.

b. Acción jurisdiccional.

La acción jurisdiccional que mencionan las iniciativas no está prevista en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, además de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia para resolver esa acción especial, ni tampoco para conocer vía juicio contencioso la impugnación de fallos de licitación emitidos por empresas productivas del Estado.28 Si se considera que el paquete presidencial de legislación secundaria no contiene adiciones o modificaciones que resuelvan lo anterior, la consecuencia práctica es que la acción jurisdiccional que se establece como medio de impugnación será una laguna jurídica.

Por otra parte, debe tenerse presente que la naturaleza de la actividad de contratación del Estado demanda que las impugnaciones sean atendidas de forma expedita, a fin de que el objeto de los contratos se realice oportunamente, y en caso de irregularidades, las mismas sean reparadas antes de la consumación definitiva de su materia.

Por esa razón, la regulación del juicio contencioso administrativo federal en su vía ordinaria no sería bajo ningún supuesto una instancia que cubriera el requisito de oportunidad comercial que se establece en los tratados de libre comercio, puesto que su regulación procesal puede significar que las sentencias queden firmes y sean ejecutables, en el mejor de los casos, después de un año de la comisión del acto irregular, haciéndose nugatoria de facto la garantía de acceso a la justicia.

Contenido de las iniciativas que se presentan.

Dados los antecedentes referidos, se plantea mediante la presente iniciativa, realizar reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo a fin de regular debidamente la acción jurisdiccional que procederá como medio de impugnación de los actos administrativos irregulares que se emitan por las empresas productivas del Estado con ocasión de los concursos que lleven a cabo para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras de conformidad con su régimen especial.

Si se conjuga la independencia del Tribunal con la creación de una acción expedita y especializada, estaríamos frente a un diseño institucional congruente con las mejores prácticas internacionales que prevén tribunales especializados en contrataciones públicas, además de dotar de plena eficacia jurídica al texto de las iniciativas presidenciales.

Enseguida se destacan las notas más importantes de las reformas y adiciones legislativas propuestas.

a. Competencia.

Primeramente, se dota de competencia expresa al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de la impugnación de actos administrativos emitidos por las empresas productivas del Estado con motivo de los concursos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que lleven a cabo conforme a su régimen especial.

b. Jurisdicción del Tribunal por razón del domicilio de la convocante.

A diferencia de la regla general que impera en los juicios contencioso administrativos, en el sentido de que las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, los casos de impugnación de contrataciones de empresas productivas del Estado serán una excepción más a dicha regla, surtiéndose la competencia a favor de la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada.

Con lo anterior se busca una mayor concentración del procedimiento, tramitándose el litigio en la misma circunscripción territorial donde se lleva a cabo la licitación, ya que generalmente esto ocurre en el domicilio de la convocante, lo que facilitará la concurrencia de las partes, la exhibición en juicio de las constancias del procedimiento licitatorio, etcétera.

Con la misma lógica, se establece que las demandas deberán presentarse directamente en la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada, con lo que se elimina la posibilidad de enviar demandas vía correo. 

c. Pruebas documentales.

Generalmente las pruebas pertinentes para resolver las impugnaciones estriban en los propios documentos licitatorios. Por tal razón, se establece una regla particular para definir los alcances del expediente administrativo de contratación que deberá remitirse el Tribunal para dirimir la controversia.

d. Procedimiento en vía sumaria.

Se establece que las impugnaciones de contrataciones convocadas por las empresas productivas del Estado, se tramitarán en vía sumaria, con algunas particularidades: (i) la demanda deberá presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación del fallo, y la contestación de la convocante y del tercero será en igual plazo, (ii) el cierre de la instrucción se realizará en un plazo no mayor a cuarenta días posteriores a la radicación, (iii) las sentencias definitivas deberán cumplirse por la convocante en el plazo de diez días a partir de que les sean notificadas, salvo que se conceda la suspensión en términos de la Ley de Amparo.

e. Principio de conservación de los actos administrativos.

El texto propuesto lleva implícito un principio de conservación de los actos administrativos. Esto es, cuando en la sentencia se determine la existencia de una irregularidad que deba dar lugar a una nulidad para efectos (reposición de actos), deberá señalarse que subsistirá la validez del concurso y del fallo impugnado, en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad. Esta acotación resulta relevante, por ejemplo, cuando se declare la nulidad del dictamen de evaluación de ofertas y del fallo, caso en el cual sólo deberá centrarse la nulidad en la parte específica que haya sido encontrada irregular, subsistiendo dicha evaluación respecto de las partes que no fueron materia de nulidad. Esta disposición se orienta a cerrar la litis a los puntos específicos que se planteen de origen, evitándose nuevas impugnaciones contra la reposición de actos. 

Por otro lado, se incorpora una regla específica respecto de los efectos que resentirán los contratos derivados de los fallos que se declaren nulos. En este sentido, dichos contratos no estarán afectados de nulidad, sino que serán válidos y exigibles para las partes que los suscriban. De esta forma, si en el acatamiento de una sentencia para efectos se llega al mismo resultado que en el fallo inicial, el contrato no deberá sufrir alteración alguna en su validez original. No obstante, si la reposición del fallo implica la adjudicación a favor de un licitante diverso, o bien se declara desierto el concurso o se decreta su nulidad total, deberá procederse a realizar la terminación anticipada del contrato, figura que es diversa de la de nulidad del mismo, con lo que se brinda seguridad jurídica al sistema. 

f. Especialización de Salas

En los transitorios se indica que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deberá prever el establecimiento de una Sala Especializada para conocer de las impugnaciones que se promuevan contra los actos administrativos emitidos por las empresas productivas del Estado en sus procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, con lo cual se busca la alta especialización de magistrados en la materia, a fin de generar certidumbre jurídica al sistema contractual de las empresas productivas del Estado, evitándose además que la velocidad en el trámite y resolución de las impugnaciones quede condicionada por el cúmulo de trabajo que se genera por otras materias.

Por las razones expuestas, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCION EN CONTRATACIONES PUBLICAS, DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO PRIMERO. Se reforman las fracciones III, V, VIII y XI, y se adiciona una fracción VI bis al artículo 3;  se reforma el artículo 4, fracción I, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, para quedar como sigue:

Artículo 3.-…

I a II…

III. Contrataciones públicas de carácter federal: Los procedimientos de contratación, sus actos previos, y aquéllos que deriven de la celebración, ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, así como todos los actos relacionados con el otorgamiento, celebración, ejecución y cumplimiento de asignaciones, contratos, permisos y autorizaciones en materia energética, que lleven a cabo las instituciones públicas contratantes a que se refiere la fracción VIII de este artículo, en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas y con independencia del régimen especial de contratación o del esquema que se utilice para su realización. Se considerarán incluidos los actos y procedimientos relativos a concurso o convocatoria o licitación pública para el otorgamiento de permisos y concesiones de carácter federal o su prórroga, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con las contrataciones públicas.

IV…

V. Dependencias: Las secretarías de Estado y sus órganos desconcentrados; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; las unidades administrativas de la Presidencia de la República, así como los órganos reguladores coordinados en materia energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución;

VI…

VI bis. Empresas productivas del Estado: Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, así como la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias.

VII…

VIII. Instituciones públicas contratantes: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; las empresas productivas del Estado; los fideicomisos públicos no paraestatales, los mandatos y contratos análogos; la Procuraduría; las entidades federativas y los municipios, incluidos los entes públicos de unas y otros, así como los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que realicen contrataciones públicas con cargo total o parcial a fondos federales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y las áreas u órganos competentes de las autoridades que refieren las fracciones II a XI del artículo 4 de esta Ley, encargadas de las contrataciones públicas de carácter federal;

IX a X...

XI. Ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; la Ley de Petróleos Mexicanos; la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y demás ordenamientos jurídicos que establezcan un régimen, esquema o mecanismo especial de contratación pública;

XII a XVI…

Artículo 4.-

I. La Secretaría, en el ámbito de la Administración Pública Federal, las empresas productivas del Estado y de la Procuraduría, así como de las entidades federativas, los municipios y los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que lleven a cabo contrataciones públicas de carácter federal;

ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción XVI y se recorre la subsecuente en su orden, del artículos 14; se reforman las fracciones II y III, y se adiciona una fracción IV al artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar como sigue:

Artículo 14.-…

I a XV…

XVI. Los actos administrativos emitidos por las empresas productivas del Estado con motivo de los concursos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que lleven a cabo conforme a su régimen especial;

XVII. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.

Artículo 34.-…

I…

a…

b…

II. El demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país;

III. Se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General, y

IV. Se impugnen actos administrativos de las empresas productivas del Estado dictados con motivo de los concursos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que lleven a cabo conforme a su régimen especial.

ARTICULO TERCERO. Se adiciona una fracción XI bis al artículo 1-A; se reforma el párrafo cuarto del artículo 13; se reforma la fracción V del artículo 14; se reforma el artículo 58-2; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 58-4; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 58-14 de  la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo. 1-A.-…

I a XI…

XI bis. Impugnación de contrataciones convocadas por las empresas productivas del Estado: El juicio contencioso administrativo federal que en vía sumaria se promueve contra los actos administrativos dictados por las empresas productivas del Estado con motivo de los concursos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que lleven a cabo conforme a su régimen especial.

XII a XVI…

Artículo 13.-

I. …

a) …

b) …

II. …

III. …

Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto, deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala. Tratándose de la impugnación de contrataciones convocadas por las empresas productivas del Estado, la demanda deberá presentarse en la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada, debiéndose señalar domicilio para recibir notificaciones dentro de dicha circunscripción territorial.

Artículo 14.

I a IV …

V. …

Se entiende por expediente administrativo el que contenga toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada; dicha documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos administrativos posteriores y a la resolución impugnada. En el caso de la impugnación de contrataciones convocadas por las empresas productivas del Estado, a solicitud del demandante, se incluirá como parte del expediente administrativo las propuestas que fueron presentadas en el procedimiento de contratación impugnado. La remisión del expediente administrativo no incluirá las documentales privadas del actor, salvo que las especifique como ofrecidas. El expediente administrativo será remitido en un solo ejemplar por la autoridad, el cuál estará en la Sala correspondiente a disposición de las partes que pretendan consultarlo.

VI a VIII …

Artículo 58-2. Procederá el Juicio en la Vía Sumaria:

A. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;

II. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales;

III. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado;

IV. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla, ó

V. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado.

También procederá el Juicio en la vía Sumaria cuando se impugnen resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de Leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Para determinar la cuantía en los casos de los incisos I), III) y V), sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones. Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía.

La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta Ley ante la Sala Regional competente.

B. Cuando se trate de impugnaciones de contrataciones convocadas por las empresas productivas del Estado, en cuyo caso la demanda deberá presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación del fallo.

Artículo 58-4. Una vez admitida la demanda, se correrá traslado al demandado para que la conteste dentro del término de quince días y emplazará, en su caso, al tercero, para que en igual término, se apersone en juicio. Tratándose de la impugnación de contrataciones convocadas por las empresas productivas del Estado, el término será de diez días.

En el mismo auto en que se admita la demanda, se fijará día para cierre de la instrucción. Dicha fecha no excederá de los sesenta días siguientes al de emisión de dicho auto. Tratándose de la impugnación de contrataciones convocadas por las empresas productivas del Estado, la fecha para el cierre de instrucción no excederá cuarenta días.

Artículo 58-14. ...

Las sentencias definitivas derivadas de la impugnación de contrataciones convocadas por las empresas productivas del Estado deberán cumplirse por la autoridad en el plazo de diez días a partir de que les sean notificadas, salvo que se conceda la suspensión en términos de la Ley de Amparo. Para los efectos de lo previsto en el artículo 52, fracción III, deberá señalarse que subsistirá la validez del concurso y del fallo impugnados, en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad. En los casos en que existan contratos derivados de los fallos que se declaren nulos, dichos acuerdos serán válidos y exigibles desde su suscripción y hasta el cumplimiento de la sentencia, debiendo darse por terminados anticipadamente sólo cuando la reposición del fallo implique la adjudicación a favor de un licitante diverso, se declare desierto el concurso o se haya decretado su nulidad total.

TRANSITORIOS

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratoria que emita la Secretaría de Energía en la que manifieste que han entrado en operación los regímenes especiales y mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de las empresas productivas del Estado, en términos de lo previsto en las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, así como de sus disposiciones transitorias.

Segundo. Las investigaciones y procedimientos administrativos sancionadores iniciados en términos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como las inconformidades promovidas conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la entrada en vigor del presente decreto se estén tramitando en los órganos internos de control de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, se remitirán a la Secretaría de la Función Pública para la continuación de su trámite y resolución correspondiente.

Tercero. El Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el término de noventa días posteriores al inicio de la vigencia del presente decreto conforme al transitorio Primero, realizará las adecuaciones conducentes al Reglamento Interior del Tribunal, a fin de que se prevea el establecimiento de una Sala Especializada para conocer de las impugnaciones que se promuevan contra los actos administrativos emitidos por las empresas productivas del Estado en sus procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de junio de 2014.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Dip. Juan Pablo Adame Alemán.- Dip. Marcos Aguilar Vega.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. María Marcela Torres Peimbert”.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias Senadora Laura Angélica Rojas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

1 Transitorio Vigésimo Primero del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

2 Artículo 80 de la iniciativa de Ley de Petróleos Mexicanos y 83 de la iniciativa de Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

3 Texto literal de diversos tratados, por ejemplo: Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. Artículo 62. Procedimiento de Impugnación.

4 No encuadra esta hipótesis en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio contencioso administrativo previstos en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

5 Artículo 3, fracción III.

6 Artículo 3, fracción VIII, y 4 fracciones II a XI.

7 Jurisprudencia P./J. 100/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, página 1667.

8 Artículo 2º de la Ley Orgánica de la Administración Públicas Federal.

9 Artículo 3, fracción V.

10 Artículo 4, fracción I.

11 Artículo 3, fracción I y Artículo 5.

12 Artículo 88 de la iniciativa de Ley de Hidrocarburos.

13 Artículos 88 y 89.

14 Título Quinto, Capítulo I.

15 Artículo 8, fracciones I, IV, V y VII.

17 Artículo 80 de la iniciativa de Ley de Petróleos Mexicanos y 83 de la iniciativa de Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

18 Existen numerosas tesis jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación que tratan el tema; lo expuesto sintetiza la tesis I.4o.A.587 A del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, página 2652.

19 Tesis I.4o.A.588 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, página 2651, julio de 2007

20 Artículo 74 de la iniciativa de Ley de Petróleos Mexicanos y Artículo 77 de la iniciativa de Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

21 Artículo 76 de la iniciativa de Ley de Petróleos Mexicanos y Artículo 79 de la iniciativa de Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

22 Artículo 79 de la iniciativa de Ley de Petróleos Mexicanos y Artículo 82 de la iniciativa de Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

23 Título Sexto. De la Solución de las Controversias; Capítulo Primero. De la Instancia de Inconformidad. Artículos 65 a 75.

24 Título Séptimo. De la Solución de las Controversias; Capítulo Primero. De la Instancia de Inconformidad. Artículos 83 a 93.

25 El artículo 37, antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dicta que “…contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley” de lo cual se infiere expresamente que la inconformidad no es un recurso, sino un medio especial de solución de controversias para las licitaciones. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ejecutoria del amparo en revisión 659/2012) estableció que “…a través de la inconformidad el legislador no buscó diseñar una vía recursal para quienes participaran en los procedimientos de licitación, en defensa de intereses propios en lo específico, sino, como ya se adelantaba, lograr una instancia en donde éstos puedan intervenir con la finalidad de verificar la legalidad de los actos ahí emitidos, salvaguardando la seguridad jurídica en la realización de ese tipo de procedimientos, dada la complejidad y obscuridad del sistema…”

26 Artículo 80 de la iniciativa de Ley de Petróleos Mexicanos y 83 de la iniciativa de Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

27 El hecho de que todos los componentes esenciales del recurso (plazos, autoridades para conocerlo, regulación procesal) se dejen para desarrollo a nivel reglamentario, viola el principio de reserva de ley establecido en el artículo 17 constitucional.  Véase, a manera de ejemplo, lo definido en la Jurisprudencia No.14/2012, de la Décima Epoca, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el SJF y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 1, pág. 62.

28 No encuadra en ninguna de las hipótesis de competencia establecidas en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.






Enseguida tiene la palabra el Senador Armando Ríos Piter, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Zoé Robledo Aburto, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción.

            INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y COMBATE A LA CORRUPCION

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de los Senadores Zoé Robledo Aburto, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo y Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Yo quiero aprovechar que están aquí los coordinadores, especialmente los coordinadores de los grupos parlamentarios de mi partido del PRD, del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, porque la presentación de esta iniciativa la quiero hacer no solamente en el marco del debate que sostenemos aquí en el Senado en materia energética, sino especialmente en uno de los grandes ausentes que creo que hay una deuda con los ciudadanos de parte de la Cámara de Diputados.

Se está programando para el día de mañana y para pasado mañana un periodo extraordinario, y desafortunadamente sigue durmiendo en la congeladora de la Cámara de Diputados la minuta que fue aprobada por mayoría, por una gran unanimidad, aquí en el Senado en materia de combate a la corrupción.

De tal manera que ojalá que los coordinadores del PRI y del PAN, junto con el coordinador del PRD, puedan tomar nota sobre este particular, es un tema preocupante.

El día de ayer el INEGI sacó un sondeo en el cual el 88 por ciento de la población en este país percibe que la corrupción existe en todos los ámbitos de la vida pública.

En los cuerpos policiacos está percibida como uno de los problemas más graves pero creo que debería de preocuparnos que el segundo ámbito donde se percibe la corrupción es en los partidos políticos.

De tal manera que yo quisiera arrancar este planteamiento, esta presentación, pidiéndole, exhortando a la Cámara de Diputados.

Aquí hay Diputados de todos los grupos parlamentarios, a que ojalá que el día de mañana jueves o viernes, este pudiera ser tema del periodo extraordinario que nos va a ocupar.

El 10 por ciento del Producto Interno Bruto, según grupos empresariales en el Consejo Coordinador Empresarial, señalan que el Producto Interno Bruto el 10 por ciento se pierde en corrupción. Es un tema realmente preocupante.

Pero en el contexto del debate que estamos dando en materia energética, creo que es importante que recordemos el artículo XXI transitorio, que es precisamente el que habla y desglosa de manera muy puntual el trabajo que se tiene que hacer en todo el contexto del debate energético en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Ahí está el caso de Oceanografía, compañeros Diputados, y qué bueno que estemos aquí en la Permanente. Ahí está el caso de oceanografía que es solamente un pequeño botón de muestra de los graves problemas de corrupción que hay en el sector energético.

Y qué es lo que le diría yo al PRI y al PAN, que han estado muy empeñados en que salgan esas leyes.

Pues el artículo 21 transitorio, que es un mandato constitucional, es el gran ausente en las 21 iniciativas que estamos discutiendo. No viene nada en materia de combate a la corrupción, no viene nada en materia de transparencia, puras salpicaditas, puras ideas bastante sueltas.

De tal manera, compañeras y compañeros, que a nombre de mi grupo parlamentario, con aval del coordinador, estamos presentando una iniciativa que va pues muy de la mano con la que acaba de presentar el Partido Acción Nacional. ¿Cómo garantizamos que se reglamente no solamente el artículo 21 transitorio en el contexto del tema energético, sino cómo garantizamos que el combate a la corrupción, que ha sido una prioridad en el discurso político, que ha sido una prioridad en el planteamiento de los legisladores en esta LXII Legislatura, esté presente?

Sé que este tema pues no necesariamente es el que más le puede interesar, especialmente a los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados, no solamente es la ausencia de atención a mi presentación sino la ausencia de resolución y de dictaminación de este tema. Yo insistiría en que el periodo extraordinario de mañana y de pasado mañana fuera la oportunidad para que saquen de la congeladora la Minuta que este Senado de la República envió ya hace más de un año.

La iniciativa, compañeras y compañeros, lo que busca es generar un Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción, recordemos que lleva más de año y medio la Secretaría de la Función Pública, pues prácticamente su incapacidad real de funcionamiento.
Porque cuando se hizo el cambio en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues prácticamente se quedó en suspenso hasta en tanto estuviera el nuevo órgano de combate a la corrupción.

Son muchos los asuntos, y si la percepción de los ciudadanos ubica que el 88% de la ciudadanía considera que la corrupción es uno de los principales problemas, pues yo esperaría que hubiera atención, no la hay, está claro y evidente; pero es importante, compañeras y compañeros, por lo pronto lo digo de cara a mis compañeros Senadores y Senadoras, que es importante que empujemos a que la Colegisladora trabaje en este asunto.

Esta iniciativa que ponemos a consideración lo que busca es garantizar la reglamentación, y de manera particular estamos poniendo todo un capítulo especial en materia de energía con la función de que se garantice que aquellos funcionarios públicos y privados, cualquiera que sea su figura moral, estén también sujetos a las investigaciones de esta ley en materia de corrupción.

Especial énfasis le estamos dando a la asignación de contratos y licitaciones en el sector energético, así como la supervisión de conductas de los privados en su relación con los órganos reguladores.

Yo les agradezco la atención, tal vez escasa de parte de los compañeros y compañeras Diputadas, pero sí rogaría a que como Comisión Permanente, que estamos por definir que se lleve a cabo un periodo extraordinario, pues podamos ver esto con el cuidado, con la atención, con la seriedad y con la responsabilidad que requieren los ciudadanos.

La gente ve mal de manera particular a los partidos políticos porque no están entrándole al tema de la corrupción. Esto está degradando la vida institucional, y la percepción de impunidad crece día con día. Es un llamado de atención especialmente en el contexto de un debate, como el debate energético que buscamos que se dé de cara al país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Quienes suscriben, ARMANDO RIOS PITER, ZOE ROBLEDO ABURTO, RAUL MORON OROZCO, FIDEL DEMEDICIS HIDALGO Y BENJAMIN ROBLES MONTOYA,  integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de LEY GENERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y COMBATE A LA CORRUPCION, al tenor de la siguiente:

Exposicion de Motivos

La política de Estado para el combate a la corrupción debe contener los mecanismos de articulación y coordinación necesarios con las instituciones claves en el ejercicio de las acciones estratégicas. Para combatir el fenómeno de la corrupción, visto como una plaga, se requiere del fortalecimiento de las instituciones de transparencia y acceso a la información (IFAI), fiscalización y rendición de cuentas (ASF), y de la investigación y sanción por delitos cometidos en las finanzas públicas en cualquiera de los tres niveles de gobierno (órgano anticorrupción). El trabajo de coordinación de estas tres instituciones sirve para lograr que las acciones del gobierno sean más eficientes y menos impunes, ya que cada una sirve de contrapeso en el proceso que conlleva a la resolución de un caso de corrupción específico.

La corrupción es un complejo fenómeno social que, además de los factores políticos y económicos, también tiene profundas raíces en causas culturales, en donde las tradiciones sociales determinan en gran medida su existencia y amplitud. Es importante recordar esto porque, si la corrupción es tratada únicamente como una desviación de las relaciones económicas, no será posible bajar sus efectos hasta que deje de representar una amenaza. Las agencias que luchan contra la corrupción necesitan analizar y comprender su naturaleza si desean enfrentarla de manera efectiva.

El fenómeno de la corrupción en México se ha convertido en un tema tan complejo como delicado. El abuso del poder público y la impunidad, propiciados por una democracia disfuncional, han provocado que prácticamente cualquier servidor público tenga incentivos para realizar acciones u omisiones en su deber público con miras a obtener un beneficio privado.

La corrupción política afecta a todos directa o indirectamente. A los funcionarios electos y los partidos políticos, que se espera actúen en bien de la comunidad, se les otorga el derecho y la responsabilidad de decidir acerca del uso de los fondos públicos y al hacerlo afectan la vida diaria de todos los ciudadanos. En consecuencia, su avaricia y voracidad pueden causar un daño a la nación.

En los últimos años, el tema de la corrupción ha tocado las fibras más sensibles de la sociedad frente a los escándalos de endeudamiento de estados y municipios, licitaciones amarradas, concesiones pactadas, sindicatos opacos, aduanas ineficientes, guarderías sin medidas de seguridad y un conjunto de leyes laxas que han despertado un profundo malestar social.

Cuenta de ello son los múltiples actos de corrupción en Pemex. Por ejemplo, en diciembre de 2012, Pemex presentó ante la corte del distrito de Nueva York, en EU, una demanda civil por 500 mdd en contra de Siemens, por presuntos actos de corrupción en la modernización de la refinería de Cadereyta, ante la presunta involucración de ex funcionarios de Pemex, Consultores y las empresas: SK Engineering and construction, de origen coreano y Siemens, de origen alemán.

En 1997, estas dos empresas, formaron la empresa Conproca S.A. de C.V., empresa dedicada a “concursar” por licitaciones. Conproca obtuvo, a través de una licitación, después sujeta a investigación por corrupción, un contrato con Pemex por 2 mil 460 mdd para la reconfiguración de la Refinería de Cadereyta, en Nuevo León.

En 2001, Conproca presentó en Paris, Francia, una demanda ante la Cámara de Comercio Internacional en contra de Pemex, en la que argumentaba que Pemex incumplió con el pago de algunos servicios, y solicitaba el pago de la paraestatal de 635 millones de dólares como “gastos no recuperables”.

El arbitraje duró años. En diciembre de 2009, la Cámara de Comercio Internacional resolvió que Pemex tenía que pagar 191 millones de pesos, más intereses, por los “gastos no recuperables”.

Sobre esto, la Securities and Exchange Commission considera que Siemens paga sobornos para corromper a funcionarios en varias partes del mundo, con el propósito de ganar licitaciones.

En 2008, Siemens fue multada por este tipo de prácticas en EU y Alemania al comprobarse que sobornó a funcionarios de diversos países, uno de ellos presuntamente en México. El caso continúa y si bien no se ha podido comprobar participación alguna de funcionarios, la duda persiste derivado de las prácticas internacionales de dicha empresa.

Otro ejemplo de corrupción e impunidad son los casos de Tabasco y Coahuila. En donde los niveles criminales de deuda pública contraída durante administraciones específicas, son botón de muestra de la corrupción que impera en los gobiernos estatales que se conducen con impunidad y como verdaderos caciques que manejan las arcas públicas a su antojo, sin rendición de cuentas y como si fueran de su propiedad.

Tabla 1. Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20121

OBSERVACIONES

FECHA

AREA

SINTESIS DE LA OBSERVACION

DAÑO O PERJUICIO

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012

ENERGIA. CFE y Pemex. Regímenes de Pensiones.

CFE

La ASF constató que en 2012 la CFE no pagó sus obligaciones por beneficio definido, por 21 mil 867 millones de pesos, con cargo a las aportaciones autorizadas en el PEF para el ejercicio fiscal 2012.

A diciembre de 2012, el saldo del plan de pensiones de beneficio definido de la CFE por 5 mil 363 millones de pesos representó 1.1% de las obligaciones laborales futuras por 477 mil 026 millones de pesos, reveladas en la Valuación Actuarial al 31 de diciembre de 2012.

De igual manera reportó en las cuentas de pasivo a corto plazo una reserva para beneficios a los empleados por 19 mil 874.2 millones de pesos y, en el largo plazo, una reserva por 451 mil 788.8 millones de pesos.

CFE

Falta de pago sobre sus obligaciones por beneficio definido.

 

PEMEX

En el caso de Pemex, al cierre de 2012, Petróleos Mexicanos no acreditó la realización de acciones para contribuir al logro del objetivo de consolidar el Sistema Nacional de Pensiones, establecido en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012; ni las relativas a mejorar su situación de endeudamiento, particularmente respecto del pago de las obligaciones laborales futuras, que en 2012 ascendieron a 1 billón 018 mil 380.1 millones de pesos, ni a establecer alternativas que permitan atender la situación financiera en materia de pensiones, a efecto de afrontar en el mediano y largo plazos el pago de las obligaciones laborales futuras, en los términos que disponen el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 y el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017.

PEMEX

No acreditación de la realización de acciones para contribuir al logro del objetivo de consolidar el Sistema Nacional de Pensiones; Situación de endeudamiento de la paraestatal.

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012

PEP. Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, DOSH.

Auditoría financiera y de cumplimiento dictaminada con salvedad.

En 2012, la subsidiria omitió pagos en derechos por 1 mil 243.2 millones de pesos en incumplimiento de la Ley Federal de Derechos.

Con motivo de la intervención de la ASF, el 18 de diciembre de 2013, PEP pagó 1 mil 883.8 millones de pesos, que incluyen actualizaciones y recargos. Para 2012 la recaudación del DOSH fue por 769 mil 488.7 millones de pesos.

Omisión de pagos en derechos por 1 mil 243.2 millones de pesos en incumplimiento de la Ley Federal de Derechos.

Dada la intervención de la ASF, PEP pagó actualizaciones y recargos.

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012

Comisión Reguladora de Energía. Regulación del Suministro de Gas Natural.

Auditoría de desempeño, dictaminada por la ASF consalvedad.

En la verificación de la calidad del gas que los permisionarios entregan al usuario final, la CRE contó únicamente con 11 de los 25 dictámenes anuales de calidad que los permisionarios están obligados a presentar, por lo que no acreditó que 14 permisionarios cumplieran con la norma oficial de calidad.

En lo que respecta al comparativo internacional de los precios al usuario final, en 2012 el precio de venta al sector residencial en México fue de 12.03 US$/MMBTU, valor superior en 17.1% al precio del sector residencial en EUA; situación similar ocurrió con los precios del sector industrial, ya que en México el precio al usuario final de este hidrocarburo fue de 4.79 US$/MMBTU, valor superior en 29.1% respecto del precio en EUA; y el precio comercial en México fue de 6.43 US$/MMBTU, inferior en 17.8% respecto del precio de sector comercial en EUA.

No acreditó que 14 permisionarios cumplieran con la norma oficial de calidad.

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012

SENER. Administración y Desarrollo de Programas de Ahorro de Energía por Fideicomisos Públicos.

Auditoría financiera y de cumplimiento y dictamen con salvedad.

Falta de publicación de las Reglas de Operación del FOTEASE en el DOF; carencia de un entorno de control, que resultó en falta de claridad en el proceso de adjudicación de lámparas fluorescentes compactas que generó un costo mayor por 292.9 millones de pesos, 45.0% superior al precio adjudicado en la primera etapa.

Carencia de un entorno de control; Gasto excesivo en el proceso de adjudicación de lámparas fluorescentes compactas.

Fuente: Cuenta Pública, 2012, Auditoria Superior de la Federación.

Este problema no es un asunto del pasado, la deuda pública va en aumento. De acuerdo al reporte trimestral dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la deuda contraída por gobiernos estatales y municipales a principios de este año, durante el primer trimestre del 2013, la deuda creció 1,481 millones de pesos, con relación al saldo de diciembre pasado, con lo cual, alcanza una cifra histórica de 436,242 millones de pesos.

De acuerdo con los datos de la SHCP, hay entidades cuya deuda rebasa 100% de las participaciones federales. Tal es el caso de Coahuila, que lo supera por 285.2%; Quintana Roo 208.9%; Nuevo León por 197.2%; Chihuahua por 167.5%, y Veracruz, con más de 124%. En estos estados, la situación de inseguridad y el estancamiento demuestran que la deuda no está dirigida a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, sino que gran parte de esa deuda estuvo enfocada a financiar proyectos políticos electorales. De cara a los niveles de pobreza en que vive la gente, estos volúmenes de deuda por corrupción son indignantes y criminales.

Sin duda alguna la corrupción ha permeado en todos los aspectos de la vida pública de México. Diferentes estudios de organismos internacionales y nacionales dedicados al diagnóstico general sobre la percepción ciudadana ante este fenómeno y las prácticas corruptas sujetas al sistema de gobierno mexicano, dan cuenta de ello. El Indice de Transparencia y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana estima que el costo de la corrupción en nuestro país es alrededor del 9% del PIB. En 2010 se destinaron más de 32,000 millones de pesos en ‘mordidas'. En 2007 este costo fue de 27,000 millones de pesos.

Según estimaciones del Foro Económico Mundial, las empresas destinan entre 5% y 10% de sus ingresos para sobornos, un dato sin duda alarmante. En esa razonamiento, la 12va Encuesta Global de Fraude presentada por Ernst & Young, exhibió que el 60 por ciento de los empresarios en México considera que los actos de corrupción y soborno se han convertido en una actividad común.

De acuerdo con las encuestas del Barómetro Global de la Corrupción 2013, en una escala del uno al cinco, en donde uno es “nada corrupto” y cinco significa “extremadamente corrupto”, los mexicanos calificaron a los partidos políticos y la policía con 4.6; los funcionarios públicos obtuvieron 4.5, y al sistema judicial se le adjudicó un 4.3 de calificación. Ninguna institución social o política estuvo cerca de ser calificada con bajos índices de corrupción: los medios de comunicación obtuvieron 3.6, mientras que la industria privada fue calificada con 3.5, y al sistema educativo le fue asignado 3.3 de promedio.

Los militares, el sector salud y las organizaciones no gubernamentales registraron un empate en cuanto a opinión, a quienes les fue asignado un 3.2. Finalmente, la mejor evaluación la obtuvieron las instituciones religiosas al conseguir 3.1 de promedio.

De acuerdo con los resultados de Transparencia Internacional, las áreas más afectadas por la corrupción son las compras públicas y la industria de la construcción, los bienes raíces, la industria del gas y el petróleo, la industria pesada y la minería. Las experiencias internacionales han demostrado que, las áreas de alto riesgo son las compras públicas y la privatización.

La corrupción distorsiona el concepto de competencia en las licitaciones públicas, haciendo que los escasos recursos se desperdicien y no se cumpla con las necesidades sociales básicas. Asimismo perjudica la eficiencia del mercado y puede hacer que se pierdan las oportunidades de desarrollo. Según algunas estimaciones una corrupción sistemática que se extienda a todo el sistema puede aumentar los costos de los procedimientos de compra en un 20-25 por ciento y a menudo lleva a la adquisición de bienes y servicios de menor calidad, que en ocasiones son completamente innecesarios. En general, aproximadamente el 70 por ciento del gasto gubernamental se emplea en forma de contratos, los cuales son fuentes de poder e influencia para aquellos que deciden su destino y objeto de ambición y deseo para aquellos desean ganarlos. El peligro de corrupción aparece incluso antes de que el proceso de licitación comience. Existe desde el momento en que se toman las decisiones relativas al uso de los fondos del estado y dura hasta la completa realización y terminación de los contratos.

Desgraciadamente, las políticas públicas dirigidas al combate de la corrupción en México han fracasado. Los números, indicados en el documento de Transparencia Internacional, señalan que el 72 por ciento de los encuestados en el país considera que las acciones que ha tomado el gobierno para combatir la corrupción son inefectivas, y 62 por ciento opina que el gobierno opera solo por unos cuantos intereses.

Desde el punto de vista de teoría del Estado, la corrupción emerge como resultado de la debilidad de las instituciones y la falta de voluntad de una política de Estado para combatirla. Este fenómeno emana de un sistema político y económico que se aprovecha de la fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión del Estado.

El combate a la corrupción es un deber del estado protegido a nivel internacional, regulado por diversos instrumentos entre los que destacan la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (1996), la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (1999) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004).

Según datos de 2008, se calcula que en el mundo existen alrededor de 98 agencias especializadas en el combate a la corrupción.

Por lo que se refiere a los diferentes tipos de agencias u órganos encargados específicamente de la materia se puede hablar, de forma esquemática, de cuatro modelos: 1) Agencias Anticorrupción especializadas en la prevención, 2) Agencias Anticorrupción especializadas en la aplicación de la ley, 3) Agencias Anticorrupción con facultades preventivas y poder de aplicar la ley, y 4) Agencias Anticorrupción Híbridas.

1. Agencias Anticorrupción especializadas en la prevención. Estas agencias no cuentan con poder de investigación y autoridad procesal. Sin embargo, tienen como función sensibilizar, educar y aplicar las legislaciones y políticas administrativas correspondientes en la materia. Este modelo es el que prevalece en países como Armenia, Argelia, Azerbaiyán, Francia y Perú.

2. Agencias Anticorrupción especializadas en la aplicación de la ley. Estas tienen autoridad procesal, en ocasiones estructuras de investigación, y también pequeñas unidades de prevención. Algunos países que retoman este modelo son Sudáfrica, Bélgica, Croacia, España, Kenia, Noruega, Rumania y Vietnam. En América Latina destaca el caso de Chile, en donde el organismo atiende la integración de investigaciones más que de acciones de prevención.

3. Agencias Anticorrupción con facultades preventivas y poder de aplicar la ley. El arquetipo de este modelo es representado por la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong y por la Oficina contra la Corrupción en Singapur. Estas instituciones son reconocidas como referentes de mejores prácticas en la materia. Otros países que retoman este modelo son: Australia, Botswana, Indonesia, Jordania, Letonia, Lituania, Madagascar Mongolia, Maldivas, Timor Leste y Uganda. En América Latina siguen este modelo Colombia y parcialmente Argentina y Ecuador.

4. Agencias Anticorrupción Híbridas: En Georgia hay un Consejo Consultivo y oficinas especializadas en el ámbito de procuración de justicia, y no una sola entidad que concentre las tres funciones: prevención, educación y aplicación de la ley. Por su parte, en Brasil el combate a la corrupción recae principalmente en la Controladoria-Geral da Uniao, con funciones de supervisión/control y prevención; El combate a la corrupción involucra también a otras agencias estatales, incluyendo al Ministerio Público o al ombudsman.

En Rusia se ha adoptado el Plan Nacional Anticorrupción, que propone una serie de medidas coherentes contenidas en un paquete de política anticorrupción. El Paquete de Políticas Anticorrupción se centra en primer lugar en la prevención de casos de corrupción y en el reforzando el control sobre la credibilidad de la información relativa al patrimonio e ingresos de los funcionarios públicos y de sus familiares inmediatos. Es muy importante erradicar las raíces económicas de la corrupción, terminar con los poderes excesivos de las autoridades ejecutivas y municipales y eliminar los vínculos de corrupción que se dan en el sistema de las relaciones estatales y empresariales.

Las leyes anticorrupción se basan en la necesidad de seguir una política común e integrada en esta área. El Jefe de Estado supervisa la lucha anticorrupción a través del Consejo creado especialmente para combatir la corrupción; el Presidente del Tribunal de Cuentas es miembro de este Consejo. En las leyes promulgadas se especifican las funciones y cargos de todas las autoridades públicas implicadas en la lucha contra la corrupción, incluido el Tribunal de Cuentas.

Durante los últimos años, el Tribunal de Cuentas ha participado activamente en el desarrollo de un sistema integrado a nivel nacional para combatir la corrupción. El Tribunal de Cuentas desarrolló, como parte del Plan Nacional Anticorrupción, su propio Plan de Acción, en el que se da prioridad a la base legal para combatir la corrupción. En el marco de este proyecto se prepararon modificaciones para la Ley de Bases sobre los Contratos de la Administración Pública.

El elemento más importante de las actividades anticorrupción del Tribunal de Cuentas es la consolidación de la cooperación internacional. Trabaja en estrecha colaboración con organizaciones especializadas, como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), FATF y el Grupo Egmont, y promueven la extensión en Rusia de diversas normas internacionales anticorrupción.

En el caso de Alemania, el Tribunal Federal de Cuentas es el órgano supremo del control externo de la República Federal de Alemania. Goza de autonomía e independencia, y no está sujeto a las instrucciones ni del gobierno ni del Parlamento. No posee competencias sancionadoras, sin embargo han conseguido logros, apoyándose en la fuerza de los argumentos. En la gran mayoría de los casos, consisten en convencer al gobierno y al parlamento para que implante las medidas necesarias para combatir la corrupción.

El Tribunal Federal de Cuentas está involucrado en la elaboración de las normas que rigen la prevención de la corrupción. Recibe copias de todo proyecto sometido a la aprobación del Gobierno, y cuando es necesario emite una opinión al respecto. Como por ejemplo, en la Directriz para la prevención de la corrupción en la Administración Federal del año 1998, y su versión revisada de 2004. El objetivo de la Directriz es proporcionar a todos los funcionarios y empleados públicos una orientación fácil y comprensible, contribuyendo así a que la actuación administrativa se desarrolle de forma íntegra y transparente. De esta manera, se pretende que los funcionarios y empleados públicos estén informados sobre los principios éticos y el rechazo a la corrupción.

La directriz contiene también un Código de conducta anticorrupción. El objetivo del código es señalar al personal posibles situaciones peligrosas, animar a que las funciones se desempeñen como es debido y según las normas legales, e informar a los funcionarios y empleados sobre los impactos causas por una conducta corrupta.

Por todo lo anterior, sin duda alguna, la situación de la corrupción en México ha rebasado el poder de las instituciones encargadas de contener este flagelo. Por tal razón, la propuesta de “nuevas políticas de anticorrupción” estuvo en el discurso de campaña de las principales fuerzas políticas. Y posteriormente, se convirtió en proyectos de ley con las consideraciones y planteamiento estratégico que cada partido político consideraba preciso para el combate a la corrupción.

Dos semanas antes de asumir la presidencia de México, Enrique Peña Nieto propuso crear una Comisión Nacional Anticorrupción con facultades para investigar irregularidades en todos los niveles de gobierno. El proyecto de decreto presentado por el presidente electo mediante los grupos parlamentarios PRI y PVEM en la cámara de senadores, proponía un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de prevenir, investigar y sancionar, en la vía administrativa, los actos de corrupción de los servidores públicos de la Federación, y de los estados y municipios por la vía de atracción. Integrado por cuatro comisionados y un comisionado presidente. Con un mecanismo de nombramiento a quienes encabezarían el organismo anticorrupción, de coparticipación del ejecutivo y el legislativo, es decir a designación directa del Ejecutivo Federal, con objeción de las dos terceras partes de sus miembros presentes del Senado de la República o la Comisión Permanente.

En ese tenor, el 20 de noviembre con aval del grupo parlamentario del PRD, presentamos una iniciativa en la que el rasgo fundamental estribaba en la pretensión de crear un órgano constitucional autónomo denominado Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, que desconcentraría de la autoridad ministerial, la función persecutoria de los delitos relacionados con actos de corrupción, sentando las bases para una nueva institucionalidad democrática, en la que el ciudadano sea protagonista. La Agencia estaría integrada por fiscales, nombrados bajo un procedimiento de elección por el Senado, y contaría con un Consejo consultivo ciudadano, como un órgano integrado por representantes de la ciudadanía, con capacidad para revisar la actuación de la Agencia y emitir recomendaciones a toda dependencia o entidad pública, en los tres niveles de gobierno. Tanto los fiscales, como los consejeros emanarían de las filas ciudadanas y serían removidos únicamente por juicio político. Además se incluía un mecanismo de resarcimiento de los daños causados por actos de corrupción, el cual consiste en que los recursos reintegrados al erario público por vía de resarcimiento, sean destinados en partes iguales al desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología que sean impulsados por jóvenes, a la educación media superior, y al combate a la corrupción. Lo último, considerando que los jóvenes son el segmento poblacional con mejores posibilidades de revertir y erradicar el esquema de corrupción que aqueja a México.

En el proceso de análisis y debate de las iniciativas en la materia, el 04 de abril del 2013, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presento una iniciativa con proyecto de decreto por el que creaba el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, conformado por dos órganos públicos con autonomía constitucional, denominados Fiscalía General de Combate a la Corrupción, responsable de la investigación y persecución, de delitos federales de corrupción y de orden local, y la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción, encargada de fiscalizar la adecuada administración y aplicación de los recursos públicos federales ejercidos por funcionarios públicos y particulares. La primera integrada por un Fiscal General, mientras que la Comisión por siete comisionados. Ambos funcionarios serían designados por el Senado de la República, mediante una convocatoria realizada por dicha cámara en el proceso de elección.

El trabajo de las Comisiones Unidas en el Senado de la República consistió en el análisis y discusión de las tres iniciativas en mención, para la elaboración del dictamen. Cabe mencionar que las organizaciones de sociedad civil fueron pieza clave en la construcción del dictamen de la reforma constitucional. El trabajo de los ciudadanos interesados en las mesas de trabajo, sin duda alguna, nos impulsó a elevar el debate a una perspectiva plural y reconocida en el área académica, y de conocimiento empírico e intelectual.

En ese sentido, las tres principales fuerzas políticas concordamos que para enfrentar el hondo e hiriente problema de la corrupción en nuestro país, es necesaria la creación de organismos especializados. Hasta ahora, los grupos parlamentarios coincidimos, en el debate en comisiones, en la creación de un órgano de combate a la corrupción. Sin embargo, existieron diversas concepciones respecto de los alcances y facultades de las pretendidas entidades. El proyecto del PRD, coincidiendo en su mayoría con la propuesta del PAN, se cimento en la creación de un órgano autónomo que combatiera la corrupción, persiguiéndola como delito por lo que desconcentramos del Ministerio Público la acción penal, tomando distancia de la propuesta del PRI-PVEM que pretendía un organismo con autonomía restringida, sin facultad de investigar delitos y limitado a desarrollar un procedimiento administrativo sancionador.

Por tanto, con el compromiso de sacar una reforma constitucional urgente y de base a las demás reformas estructurales, los grupos parlamentarios de los partidos políticos en el Senado de la República logramos llegar a un acuerdo.

En el grupo parlamentario del PRD estamos convencidos que uno de los principales elementos que debe contener la políticas de Estado en el combate a la corrupción es el hecho de tener un órgano especializado en investigar y perseguir los delitos de corrupción. El órgano responsable de combatir la corrupción debe romper con el paradigma de las instituciones tradicionales, y ponerse a la vanguardia a nivel internacional. A este respecto, los legisladores tendremos que maximizar las herramientas establecidas en la reforma constitucional para combatir esta enfermedad que contamina cada vez más el sistema político, económico y de gobierno, así como las prácticas de las y los mexicanos.

Mediante la elección democrática del titular del órgano constitucional y la conformación de un Consejo plural, se pretende garantizar que las acciones del órgano de combate a la corrupción estén en observación y constante evaluación ciudadana.

En ese sentido, el objetivo de esta iniciativa es reglamentar lo relativo al órgano responsable de combate a la corrupción en los términos del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana. La propuesta contiene lo siguiente:

·Crea la Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción. La cual tiene como objeto el combate a la corrupción y el debido cumplimiento de las obligaciones relativas al servicio público.

·Establece el funcionamiento del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción como órgano responsable de encabezar las acciones del Estado en el combate a la corrupción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

·Establece el Registro Público de declaración patrimonial y de intereses de los Servidores Públicos Federales. El cuál será llevado por el Instituto para el Combate a la Corrupción, y se le dará seguimiento a la situación de los servidores públicos de las dependencias y entidades, así como de las personas físicas y morales que reciban o apliquen recursos públicos federales, de conformidad con los lineamientos que expida el Instituto.

·Establece el mecanismo de nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en investigar y perseguir los delitos de Corrupción, que consiste en el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República.

·Establece el mecanismo de nombramiento de los Consejeros representantes ciudadanos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción, el cual será a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil y las universidad nacionales y elegidos por el Senado de la República.

·Establece las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a los servidores públicos con motivo del incumplimiento de sus obligaciones que resulte en hechos de corrupción;

·Establece las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a las personas físicas o morales que se involucren o beneficien con hechos de corrupción;

·Determina las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas responsabilidades, sanciones y penas.

Dado que la corrupción es uno de los problemas que más afecta la democracia y la deslegitima ante la ciudadanía, la lucha contra ella debe ser una de las metas fundamentales. Si no combatimos la corrupción de manera profunda, con todos los instrumentos y en todos los ámbitos seguiremos en la aspiración constante hacia un modelo de país con estabilidad económica, social y política que sin duda alguna nos será imposible alcanzar.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, en cuanto a la facultad de presentar iniciativas; así como 73, en su fracción XXIX-V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica para expedir la ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, someto a la consideración de esta asamblea el estudio, discusión y en su caso, aprobación del presente Proyecto Decreto, en los términos siguientes:

UNICO. Se crea la Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, para quedar como sigue:

LEY GENERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Disposiciones Preliminares

ARTICULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Título Cuarto Constitucional en materia de:

I. El combate a la corrupción y el debido cumplimiento de las obligaciones relativas al servicio público;

II. Las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a los servidores públicos con motivo del incumplimiento de sus obligaciones que resulte en hechos de corrupción;

III. Las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a las personas físicas o morales que se involucren o beneficien con hechos de corrupción;

IV. Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas responsabilidades, sanciones y penas;

V. El registro patrimonial y de intereses de los servidores públicos; y

VI. El funcionamiento del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción como órgano responsable de combatir la corrupción.

ARTICULO 2. Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en los párrafos primero y tercero del artículo 108 Constitucional, así como todas aquellas personas físicas o morales que manejen o apliquen recursos económicos federales, o que se involucren o beneficien de hechos o actos de corrupción.

ARTICULO 3. Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley en el ámbito de sus respectivas facultades, serán:

I. El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción;

II. Los órganos locales responsables de combatir la corrupción;

III. La Fiscalía especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción;

IV. Las Fiscalías especializadas en investigar y perseguir los delitos de corrupción, de las entidades federativas;

V. Las Cámaras de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, y

VI. Los Congreso de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

ARTICULO 4. Para los Efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.  Consejo: El Consejo Consultivo del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción;

II. Fiscalía Local: La Fiscalía de la entidad federativa que corresponda, especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción;

III. Fiscalía: La Fiscalía Federal especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción;

IV. Instituto: El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción a que se refiere el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Ley: La presente Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la corrupción;

VI. Organos Locales: Los órganos locales responsables de combatir la corrupción, a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VII. Registro: El Registro Público de declaración patrimonial y de intereses de los Servidores Públicos Federales.

ARTICULO 5. Cuando el servidos público realice actos, omisiones o tolere que constituyan hechos de corrupción que queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 Constitucional, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma e independiente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, pero el procedimiento administrativo sancionador será aplicado conforme a lo dispuesto por la presente ley, subsistiendo en todo caso la competencia del Instituto. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza.

ARTICULO 6. El Instituto conducirá el Procedimiento Administrativo Sancionador a efecto de determinar la responsabilidad en que incurran los servidores públicos federales por hacer, permitir o tolerar conductas que impliquen hechos de corrupción.

ARTICULO 7. La investigación de delitos por parte de cualquier servidor público federal, de las entidades federativas o municipal, será conducida en los términos de esta ley por la fiscalía especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción, que por su ámbito territorial sea competente, contando con la coadyuvancia permanente del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción o los órganos de las entidades federativas responsables de combatir la corrupción, según sea el caso.

TITULO PRIMERO

Organismos Competentes

CAPITULO I

Del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción

ARTICULO 8. El Instituto Nacional para el Combate a la corrupción es responsable de encabezar las acciones del Estado en el combate a la Corrupción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El Instituto gozará en el ejercicio de sus funciones de plena autonomía técnica, operativa, de gestión y presupuestaria.

ARTICULO 9. El Instituto tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional conforme a la estructura orgánica que establezca en su reglamento interno. Decidirá libremente sobre la contratación y mantenimiento de su plantilla laboral, sin más limitación que el cumplimiento al marco legal vigente y la constante profesionalización de sus funcionarios.

Para determinar el ingreso y permanencia de sus funcionarios, el instituto podrá establecer los mecanismos de control que considere pertinentes, celebrando para tales efectos, los convenios de colaboración necesarios con instituciones públicas y académicas. El instituto no celebrará para los fines previstos en este párrafo convenios de colaboración con instituciones privadas.

ARTICULO 10. El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto, las erogaciones que anualmente se le destinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los demás ingresos y percepciones ordinarias o extraordinarias que por cualquier concepto obtenga.

Para garantizar su autonomía presupuestaria, el Instituto enviará cada año a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y las demás disposiciones legales aplicables, su proyecto de presupuesto para efectos de integración directa al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. El presupuesto destinado al Instituto, en ningún caso podrá ser menor en términos reales al que le fuere destinado el año anterior, salvo en el caso de que sea el mismo Instituto el que presentare tal propuesta.

ARTICULO 11. En el desempeño de sus funciones, el Instituto será independiente, y sus resoluciones serán definitivas. Los particulares podrán reclamar ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente el Amparo y protección de la justicia federal de las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo sancionador descrito en esta Ley.

ARTICULO 12. El Instituto será dirigido por un Presidente que durará en su encargo siete años improrrogables, sólo podrá ser removido mediante juicio político, y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

ARTICULO 13. Para ser presidente del Instituto se requiere:

I .Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II. Contar con cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado cualquier disciplina afín a su función;

IV. Gozar de buena reputación;

V. No haber sido condenado por delito doloso, y

VI. No tener desde el día de su designación ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo aquéllos no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

ARTICULO 14. Para designar al presidente del Instituto, se observará el siguiente procedimiento:

I. La Cámara de Senadores abrirá un procedimiento de consulta pública consistente en la celebración de cuando menos cinco foros, en los que invitará por vía de sus Grupos Parlamentarios, a personas de amplia trayectoria en los sectores público, privado, social y académico a presentar una ponencia sobre el combate a la Corrupción;

II. Las universidades nacionales y las Organizaciones de la Sociedad Civil podrán proponer como ponente en los foros, a los ciudadanos que considere aptos para desempeñar tal función, siempre que se haga constar el cumplimiento de los requisitos de designación;

III. Cada Grupo Parlamentario presentará un candidato dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de los foros; los expedientes serán turnados a la Comisión competente para el solo efecto de la comprobación de cumplimiento de los requisitos de nombramiento;

IV. En caso de que alguno de los candidatos no cumpla alguno de los requisitos, lo informará al grupo parlamentario para que presente nueva propuesta, una vez verificada la elegibilidad de todos los candidatos, se presentará el dictamen correspondiente al pleno, la totalidad de las candidaturas, mismas que tendrán que ser votadas en el pleno;

V. Para ser elegido presidente del Instituto, el candidato deberá contar con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes;

VI. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo la persona nombrada por el Senado;

VII. En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, los grupos parlamentarios presentarán nuevamente su propuesta, turnándose a comisiones, pudiendo cambiar al candidato, sin incluir en ningún caso al candidato objetado por el Titular del Ejecutivo Federal;

VIII. Los nuevos candidatos serán votados por el pleno, pero para ser elegido presidente del Instituto, el candidato deberá contar con el voto de las tres quintas partes de los miembros presentes;

IX. Si este segundo nombramiento fuera objetado, se ratificarán o presentarán nuevas propuestas y la Cámara de Senadores con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al Titular, el cual será inobservable por el Titular del Ejecutivo Federal.

ARTICULO 15. Son facultades y obligaciones del Instituto:

I. La prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción así calificados por la ley , cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier persona física o moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los mismos;

II. Conducir el Procedimiento Administrativo Sancionador por hechos de corrupción determinado en la presente Ley;

III. Ejercitar la facultad de atracción contenida en el primer párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al procedimiento establecido en esta Ley;

IV. Desarrollará programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público, así como la cultura de la legalidad;

V. Emitir recomendaciones públicas, no vinculatorias, de carácter particular o general a los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción;

VI. Crear y mantener actualizado el Registro de declaración patrimonial y de intereses de los funcionarios federales;

Las demás que este y otras leyes le encomienden.

Las facultades del instituto serán ejercidas por su presidente o por el funcionario en quien este las delegue. El Presidente será en todo caso responsable del cumplimiento de las obligaciones del Instituto.

ARTICULO 16. El instituto contará con un Consejo Consultivo, responsable de observar y dar seguimiento al adecuado ejercicio de las funciones del Instituto, así mismo, asumirá permanentemente la facultad de elaborar propuestas de políticas públicas, programas y proyectos, que incorporen mejores prácticas en el combate a la corrupción y pondrá a la consideración del Instituto los proyectos de recomendaciones específicas a las dependencias y entidades públicas de la federación, las entidades federativas y los municipios, para la adopción de mecanismos de transparencia, y combate a la corrupción.

ARTICULO 17. El Consejo Consultivo se integrará de la siguiente forma:

I. Tres Consejeros Representantes de la Cámara de Senadores;

II. Un Consejero Representante del Poder Ejecutivo Federal;

III. Un Consejero representante de la Auditoría Superior de la Federación;

IV. Un Consejero representante del organismo garante a que se refiere el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

V. Cuatro Consejeros representantes ciudadanos.

Los Consejeros representantes de instituciones públicas serán nombrados por la institución conforme a sus procedimientos internos; los consejeros representantes de los ciudadanos serán propuestos por las organizaciones de la sociedad civil y las universidades nacionales y elegidos por el Senado de la República.

Los consejeros representantes de instituciones públicas no gozarán de percepciones adicionales a las que les corresponden por su encargo en la institución que representa y podrán ser removidos libremente por la misma; los consejeros ciudadanos gozarán de la percepción determinada en el presupuesto del Instituto.

ARTICULO 18. Para ser integrante del Consejo Consultivo se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Gozar de buena reputación;

III. No haber sido condenado por delito doloso, y

IV. No tener desde el día de su designación ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo aquéllos no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

ARTICULO 19. Para elegir a los representantes ciudadanos del consejo consultivo, la Cámara de Senadores emitirá convocatoria y desahogará en comisiones la comparecencia de cada uno de los candidatos, presentando ante el pleno el dictamen que contenga una fórmula con los candidatos propuestos. Los candidatos serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado y no podrán ser removidos más que por juicio político, conforme al título cuarto de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Los consejeros ciudadanos durarán en su encargo siete años improrrogables y serán renovados de manera escalonada.

CAPITULO II

De la declaración patrimonial y de intereses y el Registro Público

ARTICULO 20. El Instituto llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de las dependencias y entidades, así como de las personas físicas y morales que reciban o apliquen recursos públicos federales, de conformidad con los lineamientos que expida el Instituto.

Para tales efectos, el Instituto estará facultado para recibir y verificar las declaraciones de modificación patrimonial de los servidores públicos, así como para determinar la imposición de sanciones administrativas y penales por eludir la presentación de declaración patrimonial, y por presentar datos falsos o incompletos.

Junto con la declaración patrimonial, se presentará la declaración de intereses, que incluirá aquellas actividades e ingresos ajenos a su función pública, para prevenir conflictos entre los intereses privados y el sector público. El Instituto determinará por disposiciones generales, el régimen de incompatibilidades entre la función de un servidor público y las actividades externas que le signifiquen ingresos, rentas o cualquier otro mecanismo indirecto de obtención de ganancias, cuando el acceso a información privilegiada o la influencia derivada de su encargo, derive directamente de la ganancia externa.

Cada dependencia, conforme a su normatividad interna recibirá y remitirá al Instituto las declaraciones, mediante el sistema que al efecto establezca el mismo, el cual aprovechará los avances tecnológicos a su alcance.

ARTICULO 21. Tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ante el Instituto, bajo protesta de decir verdad, en los términos que la Ley señala:

I.-En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios Generales, Tesoreros y Directores de las Cámaras;

II.-En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Presidente de la República;

III.-En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo, o equivalente al de los servidores públicos obligados a declarar en el Poder Ejecutivo Federal hasta el de Director General o equivalente;

IV.-En la Procuraduría General de la República: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Procurador General, incluyendo agentes del Ministerio Público, Peritos e integrantes de la Policía Judicial;

V.-En el Poder Judicial de la Federación: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejeros de la Judicatura Federal, Magistrados de Circuito, Magistrados Electorales, Jueces de Distrito, secretarios y actuarios de cualquier categoría o designación;

VI.-En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en los tribunales de trabajo y agrarios: Magistrados, miembros de junta, Secretarios, Actuarios o sus equivalentes;

VII.-En el Instituto Nacional para el Combate a la corrupción: Todos sus servidores públicos;

VIII.-En la Auditoría Superior de la Federación: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Auditor Superior de la Federación;

IX.-En los Organos Constitucionales Autónomos: Todos los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de su titular;

X.-En los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de los titulares de aquéllos;

XI.-Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos, y

XII.- Todos los demás servidores públicos, que por disposiciones generales determine el Instituto Nacional para el Combate a la corrupción y las personas físicas o morales que reciban o apliquen recursos públicos federales, de conformidad con los lineamientos que expida el Instituto.

ARTICULO 22. La declaración de situación patrimonial y de intereses deberá presentarse en los siguientes plazos:

I.- Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:

a) Ingreso al servicio público por primera vez;

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

c) Cambio de dependencia o entidad, en cuyo caso no se presentará la de conclusión.

II.- Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión, y

III.- Declaración de modificación patrimonial o de intereses, durante el mes de mayo de cada año.

El Instituto podrá solicitar a los servidores públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda si éstos estuvieren obligados a formularla o, en su caso, de la constancia de percepciones y descuentos que les hubieren emitido las dependencias o entidades, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud.

Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se suspenderá al infractor de su empleo, cargo o comisión por un período de quince a treinta días naturales.

En caso de que la omisión en la declaración continúe por un período de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere sido suspendido el servidor público, el Instituto declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de la dependencia o entidad correspondiente para los fines procedentes. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración a que alude la fracción III.

El incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, por parte del titular de la dependencia o entidad, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de Ley.

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción II, se inhabilitará al infractor de 6 meses a un año.

En la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento administrativo previsto en esta Ley.

El servidor público que en su declaración de situación patrimonial deliberadamente faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la Ley, previa sustanciación del procedimiento administrativo sancionador por hechos calificados como de corrupción a que se refiere esta ley, será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor de tres meses, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco años, sin perjuicio de que el Instituto formule la denuncia correspondiente ante la fiscalía para los efectos legales procedentes.

ARTICULO 23. Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses podrán ser presentadas a través de formatos impresos; de medios magnéticos con formato impreso o de medios remotos de comunicación electrónica, empleándose en este último caso medios de identificación electrónica.

El Instituto tendrá a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los servidores públicos, y llevará el control de dichos medios.

Asimismo, el Instituto expedirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los servidores públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar. De igual modo, podrá determinar que la presentación de las declaraciones por medios remotos de comunicación electrónica, sea obligatoria para los servidores públicos o categorías que determine.

Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las disposiciones del presente Título, son documentos públicos aquellos que emita el Instituto para ser presentados como medios de prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus archivos documentales y electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos.

ARTICULO 24. En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.

En las declaraciones de modificación patrimonial o de intereses se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.

Tratándose de bienes muebles, el Instituto determinará las características que deba tener la declaración.

ARTICULO 25. El Instituto llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá el carácter de público.

En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, la declaración de actividades e ingresos no derivados de su función pública, así como en su caso los procedimientos administrativos instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y en su caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas.

La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate.

El Instituto expedirá las normas para la operación del registro y las constancias de sanciones, en todo caso la de inhabilitación, así como de no existencia de estas sanciones, que acrediten la situación específica de las personas que, en su caso, las requieran.

Las dependencias y entidades invariablemente obtendrán la constancia de no inhabilitación de quienes pretendan ingresar al servicio público, previo al nombramiento o contratación respectivos. Dichas constancias podrán obtenerse del sistema electrónico que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La información relativa a la situación patrimonial y de intereses estará disponible hasta por un plazo de tres años posteriores a que el servidor público concluya su empleo, cargo o comisión.

La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, tendrá valor probatorio cuando lo solicite al Instituto la Fiscalía o la autoridad judicial, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el servidor público interesado o bien cuando el propio Instituto lo requiera con motivo de la sustanciación de procedimientos administrativos de responsabilidades.

ARTICULO 26. El Instituto podrá llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos.

Cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener, el Instituto, fundando y motivando su acuerdo, podrá citarlo para que manifieste lo que a su derecho convenga, en los términos del artículo siguiente.

ARTICULO 27. Se citará personalmente al servidor público y se le harán saber los hechos que motiven la investigación, señalándole las incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran su patrimonio, para que dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción del citatorio, formule al Instituto las aclaraciones pertinentes y éste emita su resolución dentro de los quince días hábiles siguientes.

Cuando no fuere posible entregar el citatorio, o cuando el servidor público o la persona con quien se entienda la notificación se negaren a firmar de recibido, el notificador hará constar dicha circunstancia en un acta que levantará ante dos testigos, sin que ello afecte el valor probatorio que en su caso posea este documento.

Contra la práctica de la notificación respectiva, el servidor público podrá inconformarse ante el Instituto, mediante escrito que deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a su realización, y dispondrá de un plazo igual para ofrecer las pruebas que a su derecho convenga.

Una vez desahogadas las pruebas admitidas, si las hubiere, el Instituto contará con un plazo de diez días hábiles para emitir su resolución.

La facultad del Instituto para efectuar las investigaciones o auditorías a que se refiere el artículo anterior, subsistirá por todo el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y hasta tres años después de haberlo concluido.

ARTICULO 28. Las dependencias, entidades e instituciones públicas estarán obligadas a proporcionar al Instituto, la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, relacionada con los servidores públicos, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, con la finalidad de que la autoridad verifique la evolución del patrimonio de aquéllos.

Sólo el titular del Instituto o los funcionarios establecidos en el reglamento, podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información bancaria.

ARTICULO 29. Para los efectos de la Ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público.

ARTICULO 30. Cuando los servidores públicos reciban, de una misma persona, algún bien o donación cuyo valor acumulado durante un año exceda de diez veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de su recepción, deberán informarlo en un plazo no mayor a quince días hábiles al Instituto y ponerlos a su disposición.

El instituto pondrá en remate dichos bienes, en los términos de los lineamientos que al efecto emita.

ARTICULO 31. El Instituto hará declaratoria a la Fiscalía, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento sustancial de éste, representado por sus bienes, los de cualquier persona física o moral obligada a la presentación de declaración patrimonial y de intereses, y aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo.

Para los efectos de esta disposición, se considerará al Instituto coadyuvante de la Fiscalía en el procedimiento penal respectivo.

CAPITULO III

De la Fiscalía Especializada en investigar y perseguir los delitos de Corrupción

ARTICULO 32. La Procuraduría General de la República contará con una Fiscalía Especializada en investigar y perseguir los delitos de Corrupción, cuyo titular será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República.

ARTICULO 33. La fiscalía perseguirá ante los tribunales los delitos del orden federal en materia de corrupción, estando facultada para solicitar las órdenes de aprehensión contra los indiciados y realizar la integración de la investigación, la búsqueda y presentación de las pruebas que acrediten la comisión de delitos en materia de corrupción, así como la responsabilidad de los indiciados, conforme a la legislación orgánica en la materia.

El titular de la fiscalía no podrá solo ser removido de su encargo, mediante juicio político.

ARTICULO 34. La Fiscalía podrá solicitar información a las dependencias públicas federales, estatales o municipales, dictar las medidas precautorias y promover los mecanismos necesarios para el resarcimiento del daño en los delitos que investigue, para lo cual podrá solicitar al juez competente autorice conocer la información protegida por los secretos fiscal, bancario y fiduciario.

ARTICULO 35. Al establecerse las medidas precautorias para asegurar el resarcimiento del daño, la Agencia solicitará al juez competente que en caso de determinarse la responsabilidad del inculpado, los bienes que le fueron asegurados sean decomisados y reintegrados al erario público, destinándose en partes iguales al desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología, a la educación media superior y superior y al combate a la corrupción.

ARTICULO 36. El Instituto, las dependencias de la Administración Pública Federal, los órganos públicos autónomos y la entidad de fiscalización superior de la Federación darán vista a la Fiscalía de las irregularidades en que incurran los servidores públicos y que puedan ser constitutivas de delito de corrupción, detectadas en el ejercicio de sus facultades y coadyuvar con dicha agencia en la integración de las averiguaciones que en su caso correspondan. Así mismo, dichas instituciones coadyuvarán con la Agencia en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 37. Independientemente de la determinación de la tipicidad de los delitos, se considerarán como elementos para determinar los delitos en materia de corrupción, la participación de servidores públicos; el uso indebido de la función pública con fines privados, que devenga en una conducta típica, antijurídica y punible, que afecte el patrimonio público o el ejercicio del buen gobierno; genere derechos o extinga obligaciones; tolere un hecho en contravención de la ley; o, obtenga algún otro provecho ilegítimo, a cambio de que se otorgue o reciba un beneficio indebido.

ARTICULO 38. El ministerio público federal que advierta en su investigación o en el curo del proceso penal la probable existencia de delitos en materia de corrupción, deberá turnar el expediente completo a la Fiscalía, para que esta continúe la investigación.

ARTICULO 39. La fiscalía podrá atraer la investigación de delitos en materia de corrupción, para lo cual bastará la comunicación por escrito al ministerio público competente, solicitando la remisión del expediente completo. El ministerio público continuará en caso de ser requerido, como coadyuvante en el proceso.

TITULO SEGUNDO

Responsabilidades Administrativas

CAPITULO I

Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público

ARTICULO 40. Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

La presente ley establece además las responsabilidades y sanciones administrativas que deriven de hechos calificados como de corrupción y de los cuales conocerán el Instituto y los órganos locales responsables de combatir la corrupción a que se refiere el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los procedimientos administrativos sancionadores y la competencia de los órganos y autoridades referidos.

ARTICULO 41.Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;

V. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

VI .Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;

VII. Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus servicios, y al Instituto, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho procedan y el instituto inicie las investigaciones pertinentes, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y al interesado;

VIII Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el período para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida;

IX. Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa justificada a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones;

I. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

II. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;

III. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley;

En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de gobierno de dichos centros, con la previa autorización de su órgano de control interno, podrán determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología;

IV. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI;

V. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI;

VI. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por la Ley;

VII. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba del contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos;

VIII. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo;

IX. Denunciar por escrito ante la contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables;

X. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado;

XI. Responder las recomendaciones que les presente el Instituto y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola;

XII. Atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones del Instituto y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

XIII .Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

XIV. Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, a los posibles quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación de denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten;

XV. Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XI;

XVI. Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, y

XVII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, XXIII, XXIV, XXV del presente artículo, habrá lugar al procedimiento administrativo sancionador por hechos calificados como de corrupción, mismo que será iniciado y desahogado por el Instituto, o por los órganos de las entidades federativas responsables de combatir la corrupción, los cuales impondrán las sanciones que correspondan. En estos casos, las autoridades que inicialmente conozcan estos casos remitirán el expediente completo a los órganos que según el ámbito competencial correspondan.

ARTICULO 42. El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:

I. En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior;

II. No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público, y

III. Los servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de Dirección en el Instituto Federal Electoral, sus Consejeros, y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se abstendrán de participar en cualquier encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron.

CAPITULO II

Quejas o Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarlas

ARTICULO 43. En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público.

Los órganos internos de control, el Instituto o los órganos locales responsables de combatir la corrupción, según corresponda establecerán las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.

ARTICULO 44. Las dependencias, entidades y órganos constitucionales autónomos, conforme a la legislación respectiva y su normatividad interna, establecerán los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 41, así como para imponer las sanciones previstas en el presente Capítulo.

ARTICULO 45. Los servidores públicos del Instituto que incurran en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 41, serán sancionados conforme al presente Capítulo por la Auditoría Superior de la Federación.

ARTICULO 46. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I. Amonestación privada o pública;

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año;

III. Destitución del puesto;

IV. Sanción económica;

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público;

VI. Decomiso y privación de la propiedad los bienes cuya procedencia lícita no se pudiese justificar, obtenidos durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona como consecuencia de un acto, omisión o de tolerar determinada conducta.

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de tres meses a un año de inhabilitación.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXIV y XXV del artículo 41 de la Ley.

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso al Instituto, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.

ARTICULO 47. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:

I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella;

II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

III.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;

IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

V.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

VI.- El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 41 de la Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.

ARTICULO 48. Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 41 de la Ley, se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos.

Para los efectos de la Ley se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

ARTICULO 49. Para la imposición de las sanciones a que hace referencia el artículo 46 se observarán las siguientes reglas:

I.- La amonestación pública o privada a los servidores públicos será impuesta por el órgano interno de o el titular del área de responsabilidades y ejecutada por el jefe inmediato;

II.- La suspensión o la destitución del puesto de los servidores públicos, serán impuestas por la el contralor interno o el titular del área de responsabilidades y ejecutadas por el titular de la dependencia o entidad correspondiente;

III.- La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y

IV.- Las sanciones económicas serán impuestas por el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y ejecutadas por la Tesorería de la Federación.

Cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio del Instituto, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades, se solicitará a la Tesorería de la Federación, en cualquier fase del procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 55 de la Ley, proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos del tercer párrafo del artículo 64 de la Ley.

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del jefe inmediato, del titular de la dependencia o entidad correspondiente o de los servidores públicos de la Tesorería de la Federación, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley.

ARTICULO 50. El Instituto impondrá las sanciones correspondientes a los contralores internos y a los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades cuando se abstengan injustificadamente de investigar o sancionar a los infractores, o que al hacerlo no se ajusten a las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, así como cuando incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.

ARTICULO 51. El contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 55 de esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas adviertan que se actualiza la siguiente hipótesis:

Que por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.

ARTICULO 52. Cuando la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones se relaciones con hechos de corrupción, el Instituto debe instruir el procedimiento disciplinario, por lo que requerirá al contralor interno, al titular del área de responsabilidades o al titular del área de quejas el envío del expediente respectivo, e impondrá, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes.

ARTICULO 53. Si el contralor interno tuviere conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, deberán denunciarlos ante la fiscalía especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción, que sea competente o, en su caso, instar al área jurídica de la dependencia o entidad respectiva a que formule las querellas a que hubiere lugar, cuando así se requiera.

ARTICULO 54. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el contralor interno o los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, llevarán a cabo investigaciones debidamente motivadas o auditorías respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, para lo cual éstos, las dependencias o entidades deberán proporcionar la información y documentación que les sean requeridas.

El contralor interno podrá comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a través de operativos específicos de verificación, en los que participen en su caso los particulares que reúnan los requisitos que aquélla establezca.

ARTICULO 55. El contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente procedimiento:

I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables.

En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor público y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor.

Hecha la notificación, si el servidor público deja de comparecer sin causa justificada, se tendrán por ciertos los actos u omisiones que se le imputan.

La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal al presunto responsable.

Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles;

II.- Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen;

III.- Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

El contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán ampliar el plazo para dictar la resolución a que se refiere el párrafo anterior, por única vez, hasta por cuarenta y cinco días hábiles, cuando exista causa justificada a juicio de las propias autoridades;

IV.- Durante la sustanciación del procedimiento el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, podrán practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público denunciado, así como requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas de manera oportuna.

Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o advirtieran datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otros servidores públicos, podrán disponer la práctica de otras diligencias o citar para otra u otras audiencias, y

V.- Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad.

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado.

La suspensión cesará cuando así lo resuelva el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente.

En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido.

En caso de que contralores internos o los titulares de las áreas de quejas y de responsabilidades, por cualquier medio masivo de comunicación, difundiera la suspensión del servidor público, y si la resolución definitiva del procedimiento fuere de no responsabilidad, esta circunstancia deberá hacerse pública por la autoridad competente y por la dependencia en la que estuviere adscrito el servidor.

ARTICULO 56. En los lugares en los que no residan los contralores internos o los titulares de las áreas de quejas y de responsabilidades, los servidores públicos de las dependencias o entidades que residan en dichos lugares, practicarán las notificaciones o citaciones que en su auxilio aquéllos les encomienden mediante comunicación escrita.

En dicha comunicación deberá señalarse expresamente la diligencia cuya práctica se solicita; los datos de identificación y localización del servidor público respectivo, y el plazo en el cual deberá efectuarse aquélla, así como acompañarse de la documentación correspondiente.

El incumplimiento de lo anterior por parte de los servidores públicos de las dependencias o entidades a los que se les solicite el auxilio a que se refiere este artículo, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley.

ARTICULO 57. Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurren quienes falten a la verdad.

ARTICULO 58. Las resoluciones y acuerdos del contralor interno o del titular del área de responsabilidades durante el procedimiento a que se refiere este Capítulo constarán por escrito. Las sanciones impuestas se asentarán en el registro a que se refiere el artículo 25 de la Ley.

ARTICULO 59. Los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por la Ley, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

ARTICULO 60. El recurso de revocación se interpondrá ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva.

La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes:

I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir;

II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y

III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas.

ARTICULO 61. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si lo solicita el promovente, conforme a estas reglas:

I.- En tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevenga el Código Fiscal de la Federación, y

II.- En tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos:

a) Que se admita el recurso;

b) Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil reparación en contra del recurrente, y

c) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público.

ARTICULO 62. En los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los que se impugnen las resoluciones administrativas dictadas conforme a la Ley, las sentencias firmes que se pronuncien tendrán el efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada. En el caso de ser revocada o de que la modificación así lo disponga, se ordenará a la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.

Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de las instituciones policiales de la Federación; casos en los que la autoridad sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 Constitucional.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá otorgar la suspensión cumpliendo los requisitos a que se refiere el artículo anterior.

No procederá la suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas que se impugnen mediante la interposición del recurso o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tratándose de infracciones graves o casos de reincidencia.

ARTICULO 63. Las resoluciones que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrán ser impugnadas por el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, según corresponda.

ARTICULO 64. La ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas y conforme se disponga en la resolución respectiva.

Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se ejecutarán por el titular de la dependencia o entidad correspondiente, conforme a las causales de suspensión, cesación del cargo o rescisión de la relación de trabajo y de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación aplicable.

Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario Federal, se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables.

ARTICULO 65. Si el servidor público presunto responsable confesare su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia la Ley, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que quien conoce del procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se impondrá al servidor público dos tercios de la sanción aplicable, si es de naturaleza económica, pero en lo que respecta a indemnización, ésta en todo caso deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios causados, y siempre deberá restituirse cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción. Quedará a juicio de quien resuelve disponer o no la suspensión, destitución o inhabilitación.

ARTICULO 66. Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley, el contralor interno o los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, podrán emplear los siguientes medios de apremio:

I.- Multa de hasta veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y

II.- Auxilio de la fuerza pública.

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la legislación penal.

ARTICULO 67. Las facultades del contralor interno o del titular del área de responsabilidades, para imponer las sanciones que la Ley prevé prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo.

Tratándose de infracciones graves o hechos de corrupción, el plazo de prescripción será de cinco años, que se contará en los términos del párrafo anterior.

Los actos de corrupción de las entidades paraestatales no prescribirán mientras sus efectos continúen vigentes y en ningún caso podrán prescribir antes de diez años. En estos casos, no se admitirá señalamiento de reserva de información, secreto bancario o fiduciario.

La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la Ley. Si se dejare de actuar en ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción.

ARTICULO 68. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en los Títulos Segundo y Tercero de la Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

CAPITULO III

Procedimiento Administrativo Sancionador por hechos de corrupción.

ARTICULO 69. El Instituto y los órganos locales responsables de combatir la corrupción, en el ámbito de su competencia, serán responsables de conducir el procedimiento administrativo sancionador descrito en esta ley en los casos que deriven de hechos de corrupción.

Los casos de incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, XXIII, XXIV, XXV del artículo 41, serán competencia del Instituto, o de los órganos de las entidades federativas responsables de combatir la corrupción, los cuales impondrán las sanciones que correspondan. En estos casos, las autoridades que inicialmente conozcan estos casos remitirán el expediente completo a los órganos que según el ámbito competencial correspondan.

ARTICULO 70.En el desahogo del procedimiento, el Instituto y los órganos locales responsables de combatir la corrupción, asumirán las facultades otorgadas al contralor, al órgano interno de control y al titular del área de responsabilidades, conduciendo el procedimiento conforme a las reglas establecidas en el capítulo II de este título.

ARTICULO 71. Cuando la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones se relaciones con hechos de corrupción, el Instituto debe instruir el procedimiento disciplinario, por lo que requerirá al contralor interno, al titular del área de responsabilidades o al titular del área de quejas el envío del expediente respectivo, e impondrá, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes.

ARTICULO 72. Las resoluciones del Instituto y los órganos locales responsables de combatir la corrupción, serán definitivas, por lo que no aplicarán el recurso o la impugnación previstas en el artículo 59 de esta Ley.

ARTICULO 73. El Instituto conocerá en vía de atracción de aquellos hechos competencia de las entidades federativas y los municipios que deriven de los hechos de corrupción, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I.- Cuando el Instituto ejerza de oficio la facultad de atracción, se lo comunicara por escrito al correspondiente órgano local responsable de combatir la corrupción, el cual en el término de quince días hábiles remitirá los autos originales al Instituto, notificando personalmente a las partes dicha remisión;

II. Cuando el Consejo Consultivo, el Senado de la República o la Cámara de Diputados soliciten al Instituto que ejercite la facultad de atracción, presentaran la petición correspondiente ante el propio Instituto y comunicara dicha petición al órgano local; recibida la petición, el Instituto mandara pedir al órgano local, si lo estima pertinente, que le remita el expediente completo, dentro del término de quince días hábiles; recibido el expediente, en su caso, el Instituto, dentro de los treinta días siguientes, resolverá si ejercita la facultad de atracción, en cuyo caso lo informara al correspondiente órgano local y procederá a dictar la resolución correspondiente; en caso negativo, notificara su resolución al peticionario y devolverá el expediente, en su caso, al órgano local para que dicte la resolución correspondiente;

III. Si un órgano local decidiera solicitar al Instituto que ejercite la facultad de atracción, expresara las razones en que funde su petición y remitirá el expediente original al Instituto el cual, dentro de los treinta días siguientes al recibo del expediente, resolverá si ejercita la facultad de atracción, procediendo en consecuencia en los términos de la fracción anterior.

Una vez decidido que el Instituto se avoca al conocimiento del procedimiento administrativo sancionador, se emitirá resolución dentro de los treinta días siguientes.

Cuando por la importancia del negocio o lo voluminoso del expediente, el Instituto estime que no sea bastante el plazo de treinta días para emitir resolución, determinará la ampliación de dicho término por el tiempo que sea necesario.

 

CAPITULO IV

Procedimiento Administrativo Sancionador por actos y hechos de corrupción en el sector de hidrocarburos y energía eléctrica.

ARTICULO 74. El Instituto será el único organismo competente para conducir el procedimiento administrativo sancionador descrito en esta ley para los casos que se presuman hechos de corrupción cuya materia se relacione con las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en los casos en que sean parte los organismos y empresas productivas del Estado.

Igualmente conocerá en exclusiva el Instituto, de los casos correspondientes a las asignaciones, contratos y convenios que realice el Estado con los particulares relacionadas con el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos.

En caso de que algún órgano local conozca inicialmente estos casos, declinará de inmediato y remitirá el expediente completo al Instituto.

ARTICULO 75. Los actos de corrupción de las empresas productivas del Estado o los que deriven de los actos jurídicos señalados en el artículo anterior no prescribirán mientras sus efectos continúen vigentes y en ningún caso podrán prescribir antes de diez años. En estos casos, no se admitirá señalamiento de reserva de información, secreto bancario o fiduciario.

En los casos de asociaciones público privadas que se relacionen con las materias señaladas en el artículo 74 o que tengan como parte a alguna de las empresas productivas del Estado, el Instituto será competente para conocer la totalidad de la información materia del contrato de asociación desde el inicio de su vigencia y hasta la conclusión de la misma, incluido un periodo posterior de fiscalización de hasta cinco años, para lo cual podrá conocer la información protegida por los secretos fiscal, bancario y fiduciario y aquella considerada como reservada en términos de la legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública.

ARTICULO 76.En los casos descritos en este capítulo, el instituto podrá iniciar el procedimiento administrativo sancionador por queja o denuncia de parte interesada, por solicitud de algún organismo público debidamente fundada y motivada o de oficio cuando así lo considere por haberle sido turnado para vista cualquier información que se relacione con los actos fiscalizados o los sujetos obligados.

En el desahogo del procedimiento, el Instituto asumirá las facultades otorgadas al contralor, al órgano interno de control y al titular del área de responsabilidades, conduciendo el procedimiento conforme a las reglas establecidas en el capítulo II de este título.

ARTICULO 77. Cuando de la revisión de los actos y hechos relacionados con el Proceso Administrativo Sancionador se presuman hechos de corrupción, el Instituto solicitará la coadyuvancia de la Auditoría Superior de la Federación, dará vista al ministerio público y solicitará al juez competente implementar las medidas precautorias conducentes.

Así mismo, el Instituto requerirá al contralor interno, al titular del área de responsabilidades, al titular del área de quejas o al representante legal de las empresas particulares el envío del expediente respectivo, y procederá en su caso, a determinar las sanciones administrativas correspondientes.

ARTICULO 78. Las resoluciones del Instituto relacionadas con las empresas productivas del Estado, o con actos o hechos relacionados con la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos serán definitivas e inatacables; en caso de comprobarse la existencia de actos de corrupción, el instituto enviará el expediente completo a la Fiscalía especializada en materia de delitos de corrupción, presentará las denuncias de hechos que correspondan y coadyuvará con dicha autoridad ministerial en las etapas de averiguación previa y juicio.

TITULO TERCERO

CAPITULO UNICO

De las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público

ARTICULO 79. Para asegurar el cabal cumplimiento de los principios y obligaciones que la Ley impone a los servidores públicos, será responsabilidad de las dependencias y entidades, considerando las funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, establecer acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar éstos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dicho diagnóstico deberá actualizarse conforme a los resultados que arroje la evaluación a que se refiere el artículo 71 de la Ley.

En el establecimiento de las acciones referidas las dependencias y entidades deberán atender los lineamientos generales que emita el Instituto.

ARTICULO 80. El Instituto, con sujeción a lo previsto en el artículo 48 de la Ley, emitirá un Código de Etica que contendrá reglas claras para que, en la actuación de los servidores públicos, impere invariablemente una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en situaciones específicas que se les presenten, propiciando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad.

El Código de Etica a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los servidores públicos de la dependencia o entidad de que se trate.

ARTICULO 81. Las dependencias y entidades deberán evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan establecido conforme a este Capítulo, y realizar, en su caso, las modificaciones que resulten procedentes, informando de ello al Instituto en los términos que éste establezca.

ARTICULO 82. Las dependencias y entidades deberán promover la participación de los sectores social y privado, así como en su caso, de los gobiernos estatales y municipales correspondientes, en la elaboración del diagnóstico a que se refiere el artículo 48 de la Ley, así como en la evaluación de las acciones que las mismas determinen, a efecto de garantizar la prevención de conductas indebidas de los servidores públicos.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se abroga la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entendiéndose toda referencia a esa ley en otros ordenamientos jurídicos, como hecha a esta Ley.

Artículo Tercero. El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción se instalará dentro de los treinta días siguientes a la publicación de esta Ley.

Artículo Cuarto. El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción, emitirá su reglamento Interno y los lineamientos a que hace referencia esta ley, dentro de los 180 días siguientes a su instalación.

Artículo Quinto. El Consejo consultivo se instalará dentro de los treinta días siguientes a la instalación del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción.

Artículo Sexto. A efecto de establecer el sistema de escalonamiento de los Consejeros ciudadanos, por única ocasión, los consejeros serán electos para un plazo de cuatro cinco, seis y siete años respectivamente. El Senado de la República tomará las determinaciones conducentes.

Artículo Séptimo. El titular del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción será designado por el Senado de la República dentro de los treinta días siguientes a la publicación de esta Ley.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de junio de 2014.

Suscriben

Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Zoe Robledo Aburto.- Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo Sen. Benjamín Robles Montoya.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senador Ríos Piter. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Sonido en el escaño de la Senadora Laura Angélica, por favor.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Pues en primer lugar para pedirle al Senador Ríos Piter si puedo suscribir su iniciativa, me sumo, y también quiero sumarme a la petición que él ha hecho en su intervención, lo mencioné también en mi discurso, y quiero aprovechar que están aquí los coordinadores parlamentarios para reiterar y reforzar lo que hemos dicho.

El Senador Ríos Piter y yo, hacemos un llamado, sobre todo a la Cámara de Diputados para que puedan dictaminar la Minuta en materia de Anticorrupción que el Senado envió, y podamos seguir trabajando en las legislaciones secundarias sobre este tema, que de verdad es urgente.

El marco legal en materia de anticorrupción es lo que va a garantizar que las demás reformas puedan cumplir con sus objetivos, todas las demás: la energética, la laboral, la educativa; y tiene que ser prioridad de este Congreso avanzar en esa agenda.

Muchas gracias señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Pregunto al Senador si acepta la adhesión.

El Senador Armando Ríos Piter: Por supuesto, Senadora, siempre es un honor trabajar con usted en este tema.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias señor Presidente.

También informo a la Senadora Laura Angélica que fue aceptada la solicitud para que sea obsequiado el turno que ha solicitado a las comisiones correspondientes respecto a su iniciativa

1 COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION UNIDAD DE EVALUACION Y CONTROL; Datos básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 (DE: Febrero del 2014: file:///C:/Users/Carlos%20de%20la%20Colina/Downloads/UECGT-003-2014%20Datos%20B%C3%A1sicos%20IR%202012.pdf )





Se concede el uso de la palabra a la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 38 y 41 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 5, 38 Y 41 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT)

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias señor Presidente.

Y antes de que corra mi tiempo estaba pidiendo el uso de la palabra, desde mi curul, para sumarme también a esta iniciativa del Senador Ríos Piter, porque no solamente creemos que el tema de la corrupción es un tema que no se erradica solamente por la emisión de una ley, sino que es un trabajo institucional y vertical que se tiene que hacer, pero en el legislativo tenemos que hacer nuestra parte, sobre todo en lo que se refiere para erradicar la corrupción en las instituciones relacionadas con el tema de energía, por la relevancia que los ingresos energéticos tienen para nuestro país.

Dicho esto, señor Presidente, y sumándome a la iniciativa del Senador Ríos Piter, presentaré mi iniciativa.

La presente iniciativa, que probablemente esté un poco fuera del contexto político, pero no por eso tiene menor relevancia, tiene que ver con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Mucho se ha hablado de acciones afirmativas, mucho se ha hablado también de la igualdad de los derechos de las mujeres, pero me parece que poco se ha hecho en el tema de legislación vertical al respecto. Muchos de ustedes sabrán que existe una normatividad para que se hagan centros de justicia para las mujeres en los estados, sin embargo, esta normatividad está incompleta, y más allá de estar incompleta está inaplicada.

¿Qué es lo que estamos proponiendo? Modificar precisamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 5, primero, para definir lo que son los centros de justicia para las mujeres, porque no está definido y modificar el artículo 38, después, para que en el diseño integral de la erradicación de la violencia en el país se contemplen los centros de justicia para las mujeres y los refugios que atienden a las víctimas del delito.

Por último, agregar en el artículo 41, como facultades de la federación: fomentar la creación de implementación de centros de justicia para las mujeres a través de los componentes de acceso a la justicia, prevención, atención, empoderamiento y seguimiento de los abusos contra las mismas.

Sé que hay muchos legisladores que no son afines al tema de las acciones afirmativas.

Más allá, diría, que inclusive se hace mofa de este tema porque se dice por ahí que si se va a atender el tema de las mujeres, que ahora los hombres están en inequidad y entonces que también hay que atender a los hombres.

Yo simplemente diría que tenemos que enfrentar la realidad, finalmente el 50 por     ciento de la población en este país son mujeres, millones de mujeres son víctimas de algún delito mucho más que los hombres en un 30 por ciento, dos de cada tres     mujeres dicen haber sido víctimas de la violencia después de ser mayores de 15 años de edad.

La violencia más común se da en el hogar con un 43 por ciento, y la violencia de pareja no es la única que sufrimos las mujeres, cuatro de cada diez mujeres de 15 años han sufrido discriminación o violencia laboral, y todas estas expresiones de violencia afectan directamente la seguridad de la mujer, pero sobre todo como se valora culturalmente a la mujer en la sociedad mexicana.

Inclusive la violencia que se ejerce contra las mujeres en el seno del hogar repercute también en los hijos y potencia el uso de la violencia, en lo tan de moda que hoy se está tratando en los medios de comunicación y ha sido una preocupación de muchos legisladores, que es el tema del bullying, es decir, la violencia también se mama y se aprende en el hogar.

La violencia de género, pues, es uno de los problemas más grandes de la sociedad contemporánea y está permeando en la violencia en general en la cultura y en la sociedad mexicana.

La lucha legítima, pues, de las mujeres por establecer un orden jurídico, una    perspectiva de género, propicia hoy que hagamos cambios importantes en el           marco normativo a este respecto, y sobre todo que no desperdiciemos los recursos, sobre todo económicos y humanos que ya están puestos en los estados para tratar este tema.

Si bien el Estado mexicano ha respondido al reto de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, con esfuerzos importantes, estos esfuerzos no han sido suficientes.

El ejemplo claro lo tenemos con el repetido ejercicio del feminicidio y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa una serie de fallas en el funcionamiento de los programas de gobierno, destinados a prestar servicios a las mujeres, como falta de coordinación, falta de colaboración entre los programas de eficiencias en la provisión de servicios interdisciplinarios contra las víctimas y limitada cobertura geográfica.

Yo cerraré diciendo, compañeras, sobre todo, compañeros legisladores. Es cierto que el tratamiento del tema de género debe de ser para ambos géneros, nosotros no peleamos ni discutimos este tema, pero debemos de aceptar la realidad; las mujeres estamos todavía en un estado de indefensión frente a una cultura mexicana machista, que nos hace menos; que nos discrimina veladamente o abiertamente y que finalmente es nuestra responsabilidad como legisladores hacer algo al respecto para que un día nuestras hijas puedan decir con orgullo y con honor que no son discriminadas, ni mucho menos maltratadas en este país, nuestro México.

Esta es la idea de esta iniciativa, espero que todos ustedes la apoyen y espero que todos ustedes sean sensibles al tema de la defensa de los derechos de las mujeres.

Muchas gracias señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, Lilia Aguilar Gil, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XII DEL ARTICULO 5, LA FRACCION XII DEL ARTICULO 38 Y FRACCION XIII DEL ARTICULO 41 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las mujeres constituyen más del 50% de la población en México; son víctimas de algunos delitos de manera desproporcionada y enfrentan obstáculos para acceder de manera plena a la justicia.

Los delitos específicos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas son, entre otros: la violencia intrafamiliar, el hostigamiento y acoso sexual, el abuso y violencia sexual, la explotación sexual y la trata de personas. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos delitos de violencia contra la mujer se caracterizan por los altos niveles de impunidad.

Las dificultades para que las mujeres accedan a la justicia han merecido informes, recomendaciones específicas de organismos internacionales, e incluso sentencias condenatorias por parte de tribunales internacionales.

El comité de expertas de la Convención para Prevenir y Eliminar  Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU recomendó en su último informe al Estado Mexicano  “mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y  garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección”

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó, la baja utilización del sistema de justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia en razón del maltrato que pueden recibir al intentar  acceder a recursos judiciales y de la desconfianza de que las instancias judiciales sean capaces de remediar los hechos perpetrados. No obstante, cuando las mujeres superan todos estos obstáculos y acuden a las instancias gubernamentales correspondientes; el acceso a las justicia no les es garantizado. Al respecto, la Comisión sostiene que existen un número aún ínfimo de sentencias condenatorias que no corresponden al elevado número de denuncias y a la prevalencia del problema

Algunas de las deficiencias que la CIDH observa y que afectan negativamente la investigación de casos de violencia contra las mujeres son:

Falta de investigación de los hechos denunciados, en casos de violencia contra las mujeres;

Retrasos injustificados en las diligencias necesarias por parte de las instancias encargadas de efectuar la investigación;

Vacíos e irregularidades en las diligencias per se que obstaculizan el proceso de juzgamiento y la sanción eventual de los casos;

Falta de recursos económicos y humanos para llevar a cabo investigaciones efectivas, y para poder judicializar y sancionar los casos;

La ineficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar a los perpetradores de actos de violencia contra las mujeres;

La existencia de patrones socioculturales discriminatorios;

La consideración de los casos de violencia como no prioritarios y descalificación a las víctimas;

La falta de obtención de pruebas que resultan claves para el esclarecimiento de los responsables, asignan énfasis exclusivo a las pruebas físicas y testimoniales;

La falta de abogados de oficio para las víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos;

La falta de impacto en los programas de capacitación para funcionarias/os que atienden a víctimas de violencia;

La debilidad de los ministerios públicos así como de las instancias policiales involucradas en la investigación de los delitos; y

La falta de unidades especiales de fiscales y de la policía con los conocimientos técnicos especiales requeridos para abordar temas de violencia.

Ante estas deficiencias específicas que afectan las investigaciones, el debido proceso y la sanción en casos de violencia contra las mujeres, es necesaria una respuesta integral y coordinada para atender a estas mujeres, con independencia de la familia.

La violencia de género es una de las grandes problemáticas de la sociedad contemporánea. La lucha legítima de la mujer por introducir en el orden jurídico la perspectiva de género, propicia importantes cambios en el marco normativo.

En cumplimiento con las disposiciones constitucionales y con las obligaciones que adquirió el Estado Mexicano al firmar tratados internacionales en materia de reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres, ha iniciado la armonización de las normas de derecho interno. Por lo que es de suma importancia establecer en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que la federación debe fomentar la creación e implementación de los Centros de Justicia para las Mujeres, que es la concentración -bajo un mismo techo- servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia, y brindar atención integral con perspectiva de género, a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Con el objetivo de que los Centros de Justicia para las Mujeres tengan alcance nacional e interinstitucional que a la luz de la perspectiva de género logre que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Igualmente, prever los factores que determinan el riesgo de ejercer o sufrir violencia, así como mejorar la seguridad de las mujeres a través del acceso a la justicia, su crecimiento e inclusión social.

Es necesario que los  Centros de Justicia para las Mujeres, cuenten con mecanismos adecuados para la detección oportuna e identificación de tipos y modalidades contra las mujeres a fin de que accedan a la atención necesaria para reducir, contener o revertir daños y secuelas, y, en su caso acceder a la justicia.

Asimismo estos Centros deben de llevar a cabo un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.

Esta reforma permitirá  posicionar a México como el primer país en implementar Centros de Justicia para las Mujeres,  que busca la eliminación de la violencia contra la mujer, siendo de alcance nacional y aplicando estrategias efectivas e innovadoras de prevención de la violencia y atención a las mujeres.

PROPUESTA DE MODIFICACION

TITULO PRIMERO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Texto Actual

 

Texto Propuesto

 

ARTICULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I al XI…..

 

ARTICULO 5.-Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I al XI…

XII.- Centro de Justicia para las Mujeres: Institución que concentra servicios institucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

 

TITULO III

CAPITULO II

DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

                   Texto Actual

                   Texto Propuesto

 

ARTICULO 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:

I al XII …

XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas.

 

ARTICULO 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:

I al XII …

XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de justicia para las mujeres y los refugios que atiendan a víctimas.

CAPITULO III

DE LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCION, ATENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

                     Texto Actual

                     Texto Propuesto

 

ARTICULO 41. Son facultades y obligaciones de la Federación:

I al XII…

XIII. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas;

XIV al XX…

 

ARTICULO 41. Son facultades y obligaciones de la Federación:

I al XII…

XIII. Fomentar la creación e implementación de Centros de Justicia para las Mujeres, a través de los componentes de acceso a la justicia, prevención, atención, empoderamiento y seguimiento además  coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas;

XIV al XX…

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Diputada Lilia Aguilar Gil del Grupo Parlamentario del Trabajo presenta a consideración del Pleno esta Comisión Permanente la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 5 fracción XII, 38 fracción XIII y 41 fracción XIII, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo Unico. Se reforma la fracción XIII del artículo 38; fracción XIII del artículo 41; y se adiciona una fracción XII al artículo 5, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I al XI…

XII.- Centro de Justicia para las Mujeres: Institución que concentra servicios institucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

ARTICULO 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:

I al XII…

XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de justicia para las mujeres y los refugios que atiendan a víctimas.

ARTICULO 41. Son facultades y obligaciones de la Federación:

I al XII…

XIII. Fomentar la creación e implementación de Centros de Justicia para las Mujeres, a través de los componentes de acceso a la justicia, prevención, atención, empoderamiento y seguimiento además  coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas;

XIV al XX…

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 18 de junio de 2014.

Dip. Lilia Aguilar Gil.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputada Lilia Aguilar Gil. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

 






Pasamos a la discusión de diversos dictámenes emitidos por comisiones, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los cuales no hay reservas.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos 19 dictámenes de la Primera Comisión:

Que solicita al Gobierno del Distrito Federal realizar de forma permanente operativos del alcoholímetro y de supervisión a los conductores y personal operativo del Sistema de Transporte Colectivo, Metro.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas:

A) La “Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a Intensificar los operativos de alcoholímetro para los conductores y el personal operativo del Sistema de Transporte Colectivo Metro.”

B). La “Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a revisar y actualizar los protocolos de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin de prevenir accidentes y suicidios al interior de sus instalaciones.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 28 de mayo de 2014, se presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente dos proposiciones con Punto de Acuerdo por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que han sido enunciadas en el proemio del presente.

B. En la misma fecha, ambas proposiciones fueron turnadas por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante los oficios No.CP2R2A.- 769 CP2R2A.- 746 y respectivamente.

C. Las propuestas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 6, de la Comisión Permanente, del 5 de junio de 2014.

II. CONTENIDO

a. La primera de las dos proposiciones presentadas, contiene lo siguiente:

Los proponentes refieren en su proposición que en los últimos meses, los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro han padecido de obras inconclusas, suspensión de servicios, problemas en la circulación de los trenes, incomodidades por la venta ilegal de productos en los vagones, entre otras deficiencias que paradójicamente coincidieron con el incremento del precio del boleto y las promesas de un mejor servicio.

Adicionalmente a lo anterior, señalan que los acontecimientos ocurridos el sábado 17 de mayo pasado, en los que Leopoldo Moreno Cruz, conductor de la Línea 9 del Metro fue descubierto y denunciado por los propios usuarios, cuando operaba el convoy en completo estado de ebriedad, es algo realmente grave y que merece la atención de esta soberanía a fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios de este importante y altamente concurrido medio de transporte.

En su proposición, los legisladores proponentes indican que no es la primera vez que ocurren hechos de esta índole, toda vez que en 2010 se presentó una circunstancia muy parecida, en la que los usuarios estuvieron incluso en peligro de muerte. Sobre todo esto, los proponentes sugieren llevar a cabo acciones de carácter preventivo que permitan no sólo identificar y sancionar a los conductores que ponen en riesgo la vida de los usuarios del Metro al manejar ebrios, sino inhibir este tipo de conductas para que nunca más vuelvan a repetirse.

Para los efectos, el punto de acuerdo busca que se implementen permanentemente inspecciones  de alcoholimetría y supervisión a los conductores y el personal operativo del Sistema del Transporte Colectivo Metro. 

Resolutivo de los proponentes.

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a realizar de forma permanente operativos de alcoholímetro y de supervisión dirigidos a todos los conductores y el personal operativo del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

B. La Segunda de las proposiciones contiene lo siguiente:

Que el Metro, al ser uno de los transportes masivos de personas en el Distrito Federal, enfrenta problemas serios, como lo son las muertes que se registran al interior de las instalaciones, mismas que han venido en aumento en los últimos 3 años.

Que en el 2011 el entonces director del Metro, Francisco Bojórquez, señaló que cada suicidio al interior de las estaciones del Metro tienen un costo aproximado de 2 millones de pesos, ya que cada incidente es atendido, en promedio, de 20 a 60 minutos, deteniendo por completo 1 o 2 líneas, teniendo como consecuencia la afectación directa a los usuarios y a trabajadores del STCM.

Asimismo, plantea que el ex titular también destacó que cuando se presenta un suicidio en alguna de las estaciones del Metro, el conductor lleva a cabo un protocolo de seguridad, suspendiendo la marcha del convoy, informando de manera inmediata sobre lo ocurrido, a fin de que los servicios de emergencia y seguridad del Metro lleguen lo más pronto posible, así como a elementos de la Procuraduría General de Justicia del DF, para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

De igual forma, se señala que los operadores son sometidos a calificaciones médicas, así como a terapias psicológicas, después de que se registra un suicidio.

Sin embargo, los proponentes indican que las acciones que se llevan a cabo no son las suficientes, ya que en el presente año se ha registrado un aumento considerable de suicidios al interior del Metro.

Del mismo modo, se dice que en medios periodísticos, dedicados a la investigación, han dado a conocer que en tres años el número de muertes al interior del metro aumentó en un 186%, al pasar de 28 en 2010 a 83 en 2013, y hasta el mes de mayo del presente año se han registrado 18 suicidios.

Por otro lado, sostienen que se ha dado a conocer que las causas de las muertes al interior son accidentes, arrollados, suicidios, muertes naturales y homicidios, hasta aquellos calificados de misteriosos, como el caso que se dio en diciembre de 2013 en la estación San Antonio, donde una mujer fue hallada en una maleta, y cuyo cuerpo fue cercenado, mismo que fue vinculado a un acto del crimen organizado.

Por tanto, advierten que de no atender la presente problemática, la consecuencia sería de continuar la tendencia a la alza, siendo que 2014 podría ser el año con más muertes en el STC, según la investigación hecha por medios de comunicación; toda vez que de enero a marzo de 2014, la PGJDF tiene registrados siete suicidios, 11 homicidios culposos y un homicidio doloso; lo cual significa que en el primer trimestre del año se han registrado 19 casos, mientras que autoridades del STCM han dado a conocer sólo 18.

Acorde con lo anterior, los proponentes señalan que ante la presente problemática resulta necesaria la intervención urgente de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, del Secretario de Seguridad del Gobierno del DF, así como del Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que de manera conjunta implementen las medidas y políticas necesarias a fin de que se prevengan los suicidios que se dan al interior del metro.

Resolutivo de los proponentes.

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que en coordinación con el Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro y la Secretaría de Seguridad Pública, revisen y actualicen los protocolos de seguridad del Metro de la Ciudad de México, a fin de contar con mecanismos que permitan prevenir accidentes y suicidios al interior de sus instalaciones.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Esta dictaminadora consideró pertinente resolver ambas proposiciones en un solo acto, considerando que abordan problemáticas muy similares y en aplicación del principio de economía procesal.

SEGUNDA.- Para esta Comisión es sumamente importante reforzar los mecanismos de seguridad y supervisión, necesarios para garantizar la seguridad de los más de 5 millones de usuarios que a diario utilizan los diferentes medios de transporte colectivo en el Distrito Federal y la Zona Conurbada.

TERCERA.- Con respecto a la primera de las proposiciones, la dictaminadora comparte la argumentación de los proponentes, referida a que el criterio del Gobierno del Distrito Federal para implementar el operativo “conduce sin alcohol”, el cual según los mismos proponentes ha reducido en un 60% la incidencia en accidentes automovilísticos por causa del alcohol, debe imperar también a los conductores del trasporte colectivo, incluyendo a los operadores de los trenes del metro.

CUARTA.- Para esta dictaminadora es relevante subrayar que los hechos que motivan la proposición en análisis, no es la primera ocasión que ocurren, toda vez que en el año de 2010 existió un acontecimiento muy similar al que refieren los proponentes. Sobre esto, los integrantes de esta Comisión estimamos conveniente señalar que desde ese mismo año, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se presentó un exhorto dirigido al gobierno de la Ciudad en los mismos términos que el que ahora analizamos, no obstante la medida propuesta no se ha acatado y esta situación ha vuelto a presentarse.

De suerte que esta Comisión se pronuncia a favor de esta propuesta, toda vez que se considera de suma importancia que el Gobierno del Distrito Federal implemente programas y mecanismos que le permitan garantizar la seguridad de los usuarios y, en primera instancia, que los operadores de los trenes se encuentren en perfecto estado de conciencia.

QUINTA.- Acerca de la segunda propuesta, esta Comisión indagó respecto a los programas que el Sistema de Transporte Colectivo Metro ha implementado con respecto a la prevención de accidentes y/o suicidios dentro de sus instalaciones, y al menos en el portal web de dicho sistema, desde el año de 2009 no ha habido una campaña dirigida a los usuarios para prevenir este tipo de sucesos; dicha campaña se denominó “En esta Ciudad, hay gente que te quiere y te puede ayudar”.

No obstante lo anterior, el programa que se mantiene de modo permanente es el del detector de metales en los equipajes diversos con los que viajan los usuarios, de lo cual el mismo STCM, refiere lo siguiente:

“La oportuna detección de armas u objetos que pudieran ser utilizados como tales, ha permitido remitir ante las autoridades correspondientes a sospechosos de la comisión de delitos; acciones que están apegadas a ordenamientos legales en la materia:

Artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, artículo 251 del Código Penal del Distrito Federal, artículo 4° y fracción III del artículo 8° del Capítulo Segundo del Reglamento para el Servicio de Transporte de Pasajeros en el Distrito Federal, y fracciones I y IV del artículo segundo de la Ordenanza de la Asamblea de Representantes del D.F. publicada el 6 de enero de 1993 en el Diario Oficial.

El uso del DETECTOR DE METALES, como modalidad preventiva, tiene la finalidad de preservar la integridad de todas las personas que hacen uso de este transporte público y con ello, el Sistema de Transporte Colectivo fortalece el cumplimiento y respeto al derecho colectivo de viajar con seguridad.”

SEXTA.- Esta dictaminadora estima que de acuerdo a la información ofrecida por el STC Metro, no es suficiente para conocer con precisión el índice de accidentes y e incidentes relacionados con la pérdida de la vida de las personas, no obstante este fenómeno tal y como lo describen los proponentes ha tenido lugar y puede corroborarse mediante diversas notas periodísticas, en particular la publicada por diario “El Universal” el 4 de mayo pasado, titulada: “Al Alza muertes en el Metro”.

SEPTIMA.- Acorde con lo anterior y con el fin de conocer de la información relacionada con las acciones implementadas, tanto por el Gobierno del Distrito Federal como por el STC Metro, respecto a los protocolos de seguridad y de prevención del suicidio al interior de sus instalaciones, esta Comisión estima conveniente modificar la redacción del resolutivo propuesto, a fin de que esta soberanía conozca dicha información y entonces se encuentre en la posibilidad de emitir o no, una respetuosa solicitud respecto a los protocolos de seguridad, tal y como se plantea en la propuesta en análisis.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, a realizar de forma permanente, operativos de alcoholimetría y de supervisión, a todos los conductores y el personal operativo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios de este servicio.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que en coordinación con el Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro y la Secretaría de Seguridad Pública, remitan un informe pormenorizado a esta soberanía sobre los protocolos de seguridad del Metro de la Ciudad de México, que están destinados a prevenir accidentes y suicidios al interior de sus instalaciones; y a que dicho informe, contemple el número de muertes y su causa que se han presentado dentro de la red de dicho transporte.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.






Que solicita a los gobiernos de las entidades federativas un informe sobre las acciones que se han instrumentado para prevenir, combatir y disminuir los feminicidios en sus estados.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Puebla, al Procurador General de Justicia, y al Secretario de Seguridad Pública, para que a la brevedad den a conocer a la sociedad y a la opinión pública, cuáles son las acciones que se han instrumentado para prevenir, combatir y disminuir los feminicidios, así mismo para que se lleven a cabo todas y cada una de las acciones necesarias a efecto de combatir la impunidad en torno a este delito, por la Dip. Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del PRI.”

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, celebrada el miércoles 4 de junio de 2014, la Diputada Federal Ana Isabel Cano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Puebla, al Procurador General de Justicia, y al Secretario de Seguridad Pública, para que a la brevedad den a conocer a la sociedad y a la opinión pública, cuáles son las acciones que se han instrumentado para prevenir, combatir y disminuir los feminicidios, así mismo para que se lleven a cabo todas y cada una de las acciones necesarias a efecto de combatir la impunidad en torno a este delito, por la Dip. Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del PRI.”

B. En la misma fecha, la Proposición en comento le fue turnada a esta Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.- 731 para su despacho correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION.

La Diputada señala que en 2007 nuestro país estableció un marco legal para el respeto pleno de los derechos de las mujeres, mismo que garantiza una vida libre de violencia y discriminación, amparado por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

De conformidad con el artículo primero de esta Ley, el propósito de la misma es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipio para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Ley, en el artículo 26, define a la “violencia feminicida” como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en el homicidio y otra formas de muerte violenta de mujeres.

En el Estado de Puebla, entidad que es del interés de la promovente en este punto de acuerdo, la tipificación del delito de feminicidio fue aprobada en noviembre de 2012 y se incluyó en el artículo 312 Bis del Código de Defensa Social del Estado con una condena de 40 a 60 años de prisión, bajo el siguiente supuesto:

         Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, priva de la vida a una mujer.

No obstante, la diputada señala que la legislación vigente en la entidad tiene aún resquicios por medio de los cuales alguien podría valerse para evitar la pena por “feminicidio”.

En cuanto al feminicidio, las cifras en el estado de Puebla se han incrementado dramáticamente. De enero de 2013 a febrero de 2014 se han registrado 54 feminicidios en toda la entidad, de acuerdo con el reporte que dio a conocer el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr). El mayor número de estos delitos se encontró en la capital del estado con 13 casos, en segundo lugar están los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula con 6 homicidios, Tehuacán, Atlixco y Cuautlancingo, ocupan el tercer sitio con cuatro asesinatos, seguidos por tres casos en Tecamachalco, mientras que los municipios de Acajete, Huejotzingo, Huauchinango y Tecali cuentan con dos registros de asesinatos cada uno.

De acuerdo con el reporte, la mayor parte de los agresores también torturaron a las mujeres con golpes, algunas fueron violadas, mutiladas, decapitadas o apuñaladas. Por ello, la diputada somete a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión:

PRIMERO. Se exhorta al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas; al Procurador General de Justicia, Víctor Antonio Carrancá y al Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas; para que a la brevedad envíen a esta Comisión Permanente, un informe detallado sobre las acciones que se han instrumentado para prevenir, combatir y disminuir los feminicidios en el estado de Puebla, y cuáles han sido los resultados obtenidos.

SEGUNDO. Se exhorta al Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y al Procurador General de Justicia del estado, Víctor Antonio Carrancá para llevar a cabo todas y cada una de las acciones necesarias a efecto de combatir la impunidad en torno al delito de feminicidio, hacer caer todo el peso de la ley sobre los responsables, y a garantizar los derechos de las mujeres en el estado de Puebla.

CONSIDERACIONES

A. En las reuniones de trabajo de esta Comisión, un tema común ha sido el de la seguridad, particularmente cuando la violencia está relacionada con delitos cometidos en contra de la mujer. Esta Comisión considera que es menester llevar a cabo mecanismos de protección a las mujeres, en vista el incremento de la violencia en contra de las mujeres.

B. El feminicidio es considerado como el conjunto de delitos de lesa humanidad que contiene crímenes, secuestros y desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional y una de sus características es la impunidad, lo que, de acuerdo con la antropóloga Marcela Lagarde, puede ser considerado como un crimen de Estado.

C. En materia de Derechos Humanos, la protección a las mujeres ha sido uno de los temas más importantes que se ha tratado a nivel internacional; diversos instrumentos internacionales buscan garantizar el derecho a la no discriminación y a vivir una vida sin violencia.

En ese tenor, la el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (COCEDAW) se ha encargado de realizar recomendación específicas en materia de violencia en contra de las mujeres para combatirla en el ámbito público y privado, asimismo, vela por un marco normativo que tutele los derechos de las mujeres en un marco de dignidad y respeto, realizar investigaciones que permitan prever procedimientos eficaces para la denuncia y reparación del daño; el COCEDAW exhortó al Estado mexicano para que investigue, sancione y enjuicie a los autores de feminicidios.

D. México ha llevado a cabo una armonización de su legislación vigente, en 2007 publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), en la cual se define la “violencia feminicida” como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

El delito de feminicidio se encuentra tipificado en dicha ley, tal como se establece a continuación:

Artículo 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II .A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

E. Bajo esta lógica, las entidades federativas deben armonizar sus leyes para que este ordenamiento se cumpla a lo largo del país. El Congreso estatal de Puebla aprobó tipificar el delito de feminicidio con penas que van de los 30 a los 50 años de prisión, mismo que incluyeron en el Código de Defensa Social y al Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social.

Con esta reforma, Puebla se convirtió en la entidad número 13 en tipificar el feminicidio como delito grave.

Diversas organizaciones en pro de los derechos de la mujer manifiestan que, si bien las reformas en la legislación es un paso importante, esto no resuelve el problema: detener el feminicidio. Con este motivo, lo que ellos proponen como una solución verdadera al problema es llevar a cabo políticas públicas que prevengan la comisión de este delito.

F. Por cuanto hace a las proposiciones de la promovente, esta Comisión estima que, si bien la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en el artículo 49 lo siguiente:

XIV. Rendir un informe anual sobre los avances de los programas locales;

XXIII. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia;

Por tanto, la ley en la materia ya contempla que los estados realicen informes y registros estadísticos sobre los delitos que atentan en contra de la integridad de las mujeres, sin embargo, la situación de la violencia de género en nuestro país es alarmante, por lo que esta Comisión considera que a nivel nacional debe ser prioridad atender y combatir este tipo de actos.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración de esta Soberanía los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a su Soberanía, solicita a los gobiernos de las entidades federativas realicen un informe detallado sobre las acciones que se han instrumentado para prevenir, combatir y disminuir los feminicidios en sus estados, asimismo, se den a conocer los resultados de estas acciones.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Presidencia del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que informe a esta Soberanía sobre los esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales llevadas a cabo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a nivel nacional.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.






Que solicita al gobierno del estado de Guanajuato un informe de las acciones para prevenir los delitos sexuales en la entidad, además de los mecanismos para proteger a las víctimas.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión fueron turnadas el pasado 04 de Junio la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que envíe a esta soberanía nacional un informe pormenorizado de las acciones que están instrumentando para prevenir las violaciones sexuales en la entidad y los mecanismos institucionales para proteger a las víctimas.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. En el apartado denominado "Contenido de la Proposición" se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo de los proponentes.

III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. En el capítulo llamad “Resolutivo”, este órgano dictaminador, en concordancia con el análisis realizado, propone una resolución a la Proposición razonada.

I. ANTECEDENTES

A) En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 03 de mayo del presente, los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que envíe a esta soberanía nacional un informe pormenorizado de las acciones que están instrumentando para prevenir las violaciones sexuales en la entidad y los mecanismos institucionales para proteger a las víctimas.

B) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dichas propuestas se turnaran a esta Primera Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.-743.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional expresa que todo Estado democrático tiene obligación de hacer asequibles las condiciones para el desarrollo óptimo de sus habitantes, siendo el acceso a la impartición de justicia uno de los ejes rectores para conseguir dicho objetivo. Explican que el incumplimiento de tal obligación, deriva en una afectación de orden público y vulnera la esfera jurídica de la población, pues se deja de garantizar la protección de los bienes jurídicos y el respeto de los derechos humanos.

Hacen referencia al artículo 180 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, donde se establece que comete el delito de violación todo aquel que por medio de la violencia imponga cópula a otra persona. En este sentido explican que uno de los bienes jurídicamente tutelados más relevantes es el libre y normal desarrollo psicosexual, pues su transgresión genera diversas secuelas a la víctima.

Manifiestan que diversos medios de comunicación han dado a conocer que el número de violaciones en el Estado de Guanajuato se ha incrementado 137% en los últimos siete años, pasando de 195 querellas por ataques sexuales en 2006 a 463 en el 2012. Declaran que de acuerdo a cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, de 2006 a 2012 fueron denunciadas sólo 2 mil 96 violaciones sexuales y presentan cifras del Secretariado Ejecutivo acerca del número de denuncias presentadas ante el Ministerio Público de Guanajuato de los años 2000 al 2013,  que se han desplegado de la siguiente manera: 204 en 2000; 269 en 2001; 331 en 2002; 313 en 2003; 261 en 2004; 245 en 2005; 219 en 2006; 187 en 2007; 223 en 2008; 313 en 2009; 399 en 2010; 387 en 2011; 429 en 2012; y 605 en 2013.

Explican que los números dejan dimensionar la urgencia de atender esta problemática para disminuir este tipo de delitos, además de ser contundentes y poner de manifiesto la opacidad e indiferencia de las autoridades de la entidad para asumir su papel como garantes de la seguridad a una problemática que no les es desconocida ni se presenta de manera aislada, pues establecen que tal tema ha ocupado la agenda pública del Estado en diversas ocasiones sin ningún resultado. Muestran que al mes de abril de 2014, se han presentado 213 denuncias por el delito de violación y aproximan se llegará a por lo menos 639 al final de 2014.

Los legisladores del PRI manifiestan que es fundamental que el incremento de violaciones sexuales en la entidad no continúe presentándose y que las autoridades estatales asuman su responsabilidad, al respecto citan la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política donde señalan que el Gobernador tiene la obligación de procurar la conservación del orden, y vigilar la tranquilidad y la seguridad del Estado. Asimismo aluden al artículo 21 donde se establece el actuar de la Procuraduría General de Justicia del Estado en este tipo de delitos y establecen el objetivo garante y preventivo  de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

No obstante, explican que estas autoridades tienen un falta de capacidad, sensibilidad y compromiso y, ponen como ejemplo declaraciones del Procurador General Carlos Zamarripa Aguirre, donde establecen minimiza la gravedad de los hechos al explicarlos como reclasificaciones del delito, además de manifestar que en algunos casos no hay violación, sino denuncias de violación resultado de embarazos no deseados con el fin de evitar problemas con sus familias, lo anterior aducen va en detrimento de las víctimas y en perjuicio del acceso a la impartición de justicia. Por todo lo anterior el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera que no se debe permitir que esta tendencia de incremento continúe.

III. A. PROPOSICION DE LOS LEGISLADORES PROPONENTES.

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que envíe a esta soberanía nacional un informe pormenorizado de las acciones que están instrumentando para prevenir las violaciones sexuales en la entidad y los mecanismos institucionales para proteger a las víctimas.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que a través de las dependencias y entidades correspondientes del estado, fortalezca los protocolos y mecanismos de seguridad para prevenir y atender el incremento de violaciones sexuales en el estado.

III.- CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION.

Primera.- Esta Comisión estima relevante la inquietud de los proponentes, toda vez que se debe garantizar la plena impartición de justicia a todos los ciudadanos, el delito de violación sexual lesiona gravemente a los individuos que la padecen y a la sociedad en su conjunto, por lo tanto no se deben escatimar esfuerzos  para atender con prontitud y eficacia esta problemática.

Segunda.- Para la Dictaminadora, hay un incremento sensible en la comisión de delitos sexuales en el estado de Guanajuato, tomando como base la información reflejada en el Banco de Información del INEGI1, la denuncia de delitos sexuales registrados ante el MP en el año del 2006 tuvo un total de 829 denuncias, de las cuales 219 fueron por el delito de violación según datos de la Incidencia Delictiva Nacional2 publicados en el portal web de la SEGOB, para el año de 2010 el número de denuncias por delitos sexuales se incrementó a 1,154 de las cuales 399 fueron delito de violación y,  para el año 2013 hubo 1,102 denuncias de las cuales 605 fueron por delito de violación.

Tercera.- En concordancia con el numeral anterior,  hasta el mes de abril del año en curso se habían interpuesto 608 denuncias por delitos sexuales, de las cuáles 213 lo han sido por violación, esto indica que en el primer cuatrimestre del año se presentaba ya un tercio de la incidencia delictiva total del año 2013, lo que podría indicar un nuevo aumento en la comisión de este delito al final del año en comparación con años pasados.

Atendiendo a lo expuesto, se podría establecer que las medidas, acciones y programas que estén llevando a cabo las instituciones y entidades para prever, atender y en su caso proporcionar justicia no están siendo las adecuadas o son insuficientes para combatir un delito que va en aumento.

Cuarta.- Derivado de lo anterior, la Dictaminadora considera que la petición de exhorto es procedente en virtud de que se puede observar una incidencia delictiva en aumento y una deficiente atención a la problemática, lo que genera una afectación en el libre y normal desarrollo psicosexual de aquel que es víctima del delito.

Aunado a esto, la dictaminadora considera pertinente hacer la solicitud no solo en atención del aumento del delito sexual de violación, sino considerando el aumento de los delitos sexuales en general el cuál ha sido considerable, lo anterior sin dejar de poner especial atención al delito de violación que es el de mayor incidencia delictiva.

IV. RESOLUTIVO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que envíe a esta soberanía nacional un informe pormenorizado de las acciones que están instrumentando para prevenir los delitos sexuales y en específico, el delito de violación en la entidad, además de los mecanismos institucionales implementados para proteger a las víctimas.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que a través de las dependencias y entidades correspondientes del estado fortalezca los protocolos y mecanismos de seguridad para prevenir y atender el incremento de delitos sexuales y en específico el delito de violación en el Estado.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.

1 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/?ind=1006000050

2http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Incidencia_Delictiva_Nacional_fuero_comun






Que solicita al Gobierno del Distrito Federal información sobre los costos y el impacto económico de las obras que se realizan en la zona de Polanco.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada:

A) La “Proposición con Punto de Acuerdo que solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Titular de la Delegación Miguel Hidalgo informen a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión sobre los costos y el impacto económico de las obras que se realizarán en la zona de Polanco, así como las acciones que se instrumentan o instrumentarán para evitar el cierre de negocios y pérdidas de empleos por causa de dichas obras”, suscrita por los Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI); a la que en lo sucesivo se denomina proposición Masaryk-PRI.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 4 de junio de 2014, se presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición Masaryk-PRI, enunciada en el proemio del presente.

B. Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 6, de la Comisión Permanente, del 4 de junio de 2014.

II. CONTENIDO

A. La proposición de Masaryk-PRI; pretende:

1. Que la Comisión Permanente del Congreso solicite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Titular de la Delegación Miguel Hidalgo informen a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión sobre los costos y el impacto económico de las obras que se realizan en la zona de Polanco, así como las acciones que se instrumentan o instrumentarán para evitar el cierre de negocios y pérdidas de empleos por causa de dichas obras.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“A raíz de que se iniciaron las obras de rehabilitación de la Avenida Presidente Masaryk en la colonia Polanco el pasado 27 de enero de 2014, en la que se prevé que sean restaurados 69 mil metros cuadrados de banquetas; 51 mil 700 metros cuadrados de vialidades; 17 mil 300 metros cuadrados de camellones y jardines, 6 mil 900 metros de tuberías de agua potable, y 6 mil 500 metros de drenaje. Se ha generado un ambiente de incertidumbre y desacuerdo entre los vecinos y dueños de establecimientos mercantiles de la zona en torno a la condonación del pago por contribución de mejoras.

El Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo ha señalado que el Proyecto Integral de la Rehabilitación del Corredor Urbano Av. Presidente Masaryk tendrá un costo de 480 millones de pesos el cual sería aportado por el Gobierno del Distrito Federal, la Delegación y los comerciantes de la zona, dejando exento de este pago a los colonos, siempre y cuando lo soliciten ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

En este sentido, los promoventes resaltan que existen organizaciones vecinales que argumentan no hay información suficiente sobre el proyecto, lo que ha generado confusión sobre quienes estarían obligados a pagar y cuáles serían los criterios a utilizar para quedar exentos del pago por la remodelación de la obra.

A pesar de que la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal establece que los habitantes deberán ser informados y tener acceso a toda la información relacionada con la realización de obras y servicios de la Administración Pública del Distrito Federal, las manifestaciones entorno al tema dicen lo contrario.

Por cada residente de Polanco, existen 2.3 empleados que laboran en la zona, lo que provoca que casi el 90% de los viajes a este lugar sea de visitantes. Por lo que se observa que en las calles aledañas se ha incrementado el tráfico vial, los negocios tienen problemas para que los clientes puedan ingresar y hay quienes afirman que ya han comenzado a bajar sus ventas, e incluso, en algunos casos, los trabajadores temen por posibles recortes.

El comercio que se ejerce en la zona representa la única fuente de ingresos y empleo de miles de familias por lo que los promoventes afirman que es oportuno que las autoridades que encabezan dicho proyecto se coordinen para instrumentar un plan de acción que permita prevenir el cierre de negocios y el despido de trabajadores.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Respecto a la pretensión de la proposición Masaryk-PRI; esta representación considera que la obligación de informar a los habitantes de la zona de Polanco sobre la realización de obras y servicios de la Administración Pública tiene su base en el Art. 10 fracción VI de la Ley de Participación Ciudadana.

D. Esta soberanía, comparte con los promoventes, fomentar que los Programas Delegacionales o Municipales para el mejoramiento de una zona cuenten que con el análisis del impacto económico, y se coordinen los esfuerzos por que sean lo menos posible.

F. Los integrantes de esta comisión de trabajo consideramos importante solicitar información oportuna sobre el costo e impacto económico que se ha presentado en la zona de Polanco ya que representa para México uno de los centros bursátiles y de negocios más importante.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, y a las autoridades competentes, informen a esta Soberanía sobre los costos y el impacto económico de las obras que se realizan en la zona de Polanco, así como las acciones instrumentadas para evitar el cierre de negocios y pérdidas de empleos por causa de dichas obras.

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.






Que solicita al gobierno del Distrito Federal fortalecer las acciones en materia de Almacenamiento, Reclusión y Tratamiento de Residuos Sólidos, a fin de prevenir y problemas de salud pública, evitar obstrucción de alcantarillas, impactos negativos al medio ambiente.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo     Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue     turnada:

A) La “Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan las acciones en materia de almacenamiento, recolección y tratamiento de residuos sólidos a fin de prevenir problemas de salud pública, impedir la contaminación visual, evitar obstrucción de alcantarillas, rejillas y coladeras e impactos negativos al medio ambiente”, suscrita por los Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI); a la que en lo sucesivo se denomina proposición Residuos-PRI.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 4 de junio de 2014, se presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición Residuos-PRI, enunciada en el proemio del presente.

B. Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 6, de la Comisión Permanente, del 4 de junio de 2014.

II. CONTENIDO

A. La proposición de Masaryk-PRI; pretende:

1. Que la Comisión Permanente del Congreso exhorte al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan las acciones en materia de almacenamiento, recolección y tratamiento de residuos sólidos a fin de prevenir problemas de salud pública, impedir la contaminación visual, evitar obstrucción de alcantarillas e impactos negativos al medio ambiente.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“La ciudad de México diariamente produce aproximadamente 12 mil 513 toneladas de residuos sólidos urbanos, lo que indica que cada habitante genera alrededor de 1.43 kilos diariamente.

Los hogares son los que más contribuyen con basura representando el 47% seguido de comercios con el 29% entre otros. En relación al tipo de desperdicios, 43% son orgánicos, 18% papel o cartón, 8% vidrio, 9% plástico, 7% pañales o sanitarios, y sólo el 2.5% de los residuos sólidos se aprovechan.

En el Distrito Federal la responsabilidad sobre la prestación del servicio de limpia estará a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal a través de la Secretaría de Obras y Servicios así como de las Delegaciones según lo dispuesto en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.

Bajo el mismo tenor, la Secretaría de Obras y Servicios establecerá e implementará el sistema de transferencia, selección y tratamiento de residuos y la Secretaría del Medio Ambiente del DF debe emitir opinión sobre este procedimiento.

Los promoventes señalan, que con el Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos 2013 – 2018, se busca alcanzar el reto de “basura cero”. Actualmente este desafío para las autoridades del Distrito Federal ha dado resultados insuficientes y ha afectado a las 16 delegaciones.

Como ejemplo podemos resaltar que en la Delegación Gustavo A. Madero diariamente han surgido más de 25 tiraderos clandestinos; y la Alameda Oriente en la Delegación Venustiano Carranza es utilizada como tiradero lo cual ha generado brotes de contaminación perjudiciales para los usuarios de las canchas deportivas, juegos infantiles y palapas.

Ante esta situación, las declaraciones del Director de Servicios Urbanos afirma que los mecanismos utilizados han sido ineficientes y que hoy el problema de la basura ya los rebaso. Por lo que los promoventes afirman que es deber promover más campañas de información y concientización de separación de basura ya que se trata de garantizar el acceso a la justicia ambiental y territorial para los habitantes de la capital del país y zona metropolitana, con el objetivo de disfrutar de un entorno sano que promueva el desarrollo ordenado de la ciudad.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Respecto a la pretensión de la proposición Residuos-PRI; esta representación se  basa en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos donde se establece el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas.

D. Esta soberanía, pugna a favor del cuidado del medio ambiente y conscientes de que sin un ambiente sano el desarrollo de la sociedad no se puede dar, respaldamos cualquier acción que sume esfuerzos a la coordinación que debe haber entre el Gobierno del Distrito Federal y las 16 Delegaciones para trabajar en la reutilización de los residuos sólidos.

F. Los integrantes de esta comisión de trabajo, coinciden con los promoventes en impulsar el fortalecimiento de acciones de reciclaje, entendiendo estas como el almacenamiento, recolección y tratamiento de residuos sólidos.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita   respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones en materia de almacenamiento, recolección y tratamiento de residuos sólidos a fin de prevenir problemas de salud pública, impedir la contaminación visual, evitar obstrucción de alcantarillas e impactos negativos al medio ambiente.

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,
a los 18 días de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.






Que solicita a las entidades federativas a diseñar e implementar protocolos de investigación del delito de feminicidios con perspectiva de género para hacer efectiva la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión fue turnada el pasado 04 de junio la Proposición con Punto de Acuerdo  por la que se  exhorta a las entidades federativas a elaborar y aplicar sus protocolos de investigación para el delito de feminicidio, así como a exhortar al estado de Chihuahua a tipificar el delito de feminicidio en su legislación.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. En el apartado denominado "Contenido de la Proposición" se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo de los proponentes.

III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. En el capítulo que lleva por título “Resolutivo”, se propone a la Comisión Permanente un punto de acuerdo conforme al razonamiento expuesto.

I. ANTECEDENTES

a) En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 03 de mayo del presente, la Dip. Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a elaborar y aplicar sus protocolos de investigación para el delito de feminicidio, así como exhortar al estado de Chihuahua a tipificar el delito de feminicidio en su legislación.

b) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dichas propuestas se turnaran a esta Primera Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.- 747.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La Dip. Karina Labastida Sotelo considera que la violencia en contra de las mujeres es un hecho social resultado de un comportamiento aprendido en contextos permeados por desigualdades sociales, de género, económicas, religiosas o de raza. Manifiesta que en nuestra sociedad la violencia de género está extendida y, explica  a la violencia contra las mujeres  en los términos de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 

Presenta a la violencia feminicida  en los mismos términos de la ley antes referida,  como el extremo de los diversos tipos de  violencia a la mujer, producto de la violación de sus derechos humanos por diversas causas. Refiere que las víctimas de este delito a pesar de ser conscientes de tal clímax de violencia, por miedo,  intimidación o impotencia se mantuvieron en un túnel que les impidió pedir ayuda y salvar su vida, a pesar de que el delito se encuentra tipificado a nivel federal y en diversas entidades de la República.

Expone que de acuerdo a  cifras del INEGI, en el país durante el año 2012 la tasa de homicidios de mujeres fue de 4.6 muertes por cada 100 mil y la de los hombres fue de 42.9 por cada 100 mil. Refiere que el promedio  de homicidios es mayor que la media nacional en Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila  y Durango. Manifiesta que en 2012 once entidades federativas tuvieron el mayor número de homicidios entre los que destacan el Estado de México con 338, Chihuahua con 269 y Guerrero con 237, concentrándose  en un rango de entre 20 a 24 y 25 a 29 años, alcanzando la tasa de 6.8 homicidios por cada 100 mil mujeres. Declara que tales cifras representan la emergencia de atención a la problemática y una urgencia a las autoridades para implementar mecanismos de prevención a la problemática.

Aduce que en 1992, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió la Recomendación general número 19 con el fin de señalar a los Estados que, la violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos  humanos, constituye discriminación.  De igual forma refiere el numeral 275 del Informe que elaboró en 2005 el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) bajo el artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y respuesta del Gobierno de México, que expresa la preocupación del actuar de las autoridades estatales y municipales y,  la inconsistencia en estadísticas ofrecidas, además de emitir una recomendación para establecer mecanismos de alerta temprana y búsqueda urgente en los casos de desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, dada la vinculación estrecha entre desapariciones y asesinatos.

En el mismo sentido la diputada Karina Labastida Sotelo expone el Resolutivo 18 de la sentencia dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como Campo Algodonero, donde se emiten recomendaciones para estandarización de protocolos, manuales, criterios y servicios periciales, para investigar delitos de violencia sexual y homicidio en contra de mujeres, por tal motivo comenta que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 49, que le corresponde a las entidades federativas: “Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, Feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.”

Expone que el acceso de las mujeres a la justicia sigue siendo en diversas entidades de la República una promesa incumplida, pues de las 31 entidades federativas, 15 de ellas no cuentan con un protocolo de investigación de este delito. Expone que el caso de Chihuahua tiene una mayor  importancia en virtud de que a la fecha es la única entidad federativa que no tiene tipificado en su catálogo de delitos el feminicidio. 

Por lo anterior argumenta que  todas las entidades federativas, a través de las Procuradurías de Justicia, debieran emitir un Protocolo de Actuación, para que la violencia contra las mujeres sea  investigada con estricta aplicación de la perspectiva de género y sea aplicada una metodología bajo el principio de equidad, para respetar los derechos de igualdad y no discriminación.

II.A. PROPOSICION DE LOS LEGISLADORES PROPONENTES.

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del poder Ejecutivo de las entidades federativas que aún no cuentan con un protocolo de investigación del delito de feminicidio a iniciar su elaboración y aplicación con perspectiva de género para hacer efectiva la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, así como para la investigación de delitos de feminicidio, discriminación, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. 

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de  Chihuahua a legislar el delito de feminicidio en el Código  Penal de su entidad.

III.- CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION.

Primera.- Esta Comisión estima relevante la inquietud de la proponente, toda vez que se debe garantizar la plena impartición de justicia a todos los ciudadanos, el fenómeno del feminicidio es un problema que debe ser atendido con prontitud y eficacia como parte del desarrollo social.

Segunda.- Para la Dictaminadora, la implementación de protocolos para la investigación del feminicidio por parte de todos los Estados resulta integral a la tipificación del delito de feminicidio,  pues el simple reconocimiento de un fenómeno no es suficiente para su atención. La titular de la FEVIMTRA Nelly Montealegre Díaz señaló que  son 16 los estados que no cuentan con un protocolo de investigación de homicidio de mujeres o feminicidio: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas1. De estos según la  Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Guerrero, Durango y Tamaulipas presentan un incremento en el asesinato de mujeres. Esto sin contar a Chihuahua que no ha tipificado el delito de feminicidio en su legislación.

Lo anterior resulta de suma importancia pues los protocolos establecen las bases para el procedimiento de investigación e integración  del delito de Feminicidio, que deberá desarrollarse con la debida diligencia por parte del Ministerio Público, la Policía de Investigación y los servicios periciales. Además de ser establecidos como necesarios por el art. 49 en su fracción XXIV de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el artículo décimo primero de los transitorios del Código Federal de Procedimientos Legales.

Tercera.-  En el  Estado de Chihuahua se ha focalizado e incrementado la tasa de homicidio de mujeres por año de manera notable, pues según datos del Estudio de Violencia Feminicida en México, elaborado por la Comisión Especial Para el Seguimiento de Feminicidios,  INMUJERES y ONU Mujeres2, para el año del 2010 la entidad había ocupado por tercer año consecutivo  con 567 decesos el primer lugar en defunciones femeninas por presunción de homicidio, siendo el total nacional de 2335 defunciones, lo que significa que una cuarta parte del fenómeno se dio en este Estado. Es pertinente señalar que gran parte de los homicidios se cometieron en los municipios de Cd. Juárez y Chihuahua. En 2011 la tasa de homicidios de Chihuahua nuevamente estuvo por encima de la media nacional y de cualquiera promedio estatal con 22.7 homicidios por cada cien mil mujeres según datos de INEGI3. Para 2013 en el Noveno Encuentro Nacional Feminista en Jalisco se estableció que el riesgo de muerte para las mujeres se había incrementado en un 400 por ciento en diversas entidades, entre las que destaca Chihuahua.

Al día de hoy a pesar de las cifras de homicidios femeninos, el Estado de Chihuahua no tiene tipificado  en su ordenamiento penal el delito de feminicidio, siendo el único Estado que no ha adecuado su legislación, pues el Estado de Baja California Sur lo hizo en febrero del presente año según el  comunicado de prensa no. 19 de INMUJERES. Lo anterior provoca que no se cuente con indicadores de género que permitan medir y enfrentar esta problemática social,  generando un velo a la problemática del Estado y por tanto un estado de indefensión para las mujeres de este Estado.

Cuarta.- Derivado de todo lo anterior, la Dictaminadora considera que la solicitud  es procedente en virtud de la problemática y la necesidad de su pronta atención, pues la continuación del delito representa una grave vulneración a los derechos humanos de las mujeres, además de ser generadora de un problema de salud pública  y un impedimento para lograr la equidad, igualdad y democracia.

Asociado a esto, la Dictaminadora considera pertinente la solicitud de implementación y en su caso revisión de protocolos para la atención del delito de feminicidio en todas las entidades federativas, además de una difusión eficaz de tales mecanismos, con la finalidad de garantizar a la mujer una vida libre de violencia de manera informada.

En el caso específico de Chihuahua, esta Comisión estima que es necesario modificar su legislación  para la tipificación del feminicidio, además, con el fin de hacer frente al crecimiento del delito en tal entidad, se elabore de manera simultánea el protocolo de actuación para la atención de este delito que lesiona a las mujeres de esa entidad.

IV.- RESOLUTIVO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los Gobiernos de las entidades federativas, a diseñar e implementar, en su caso,  protocolos  de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género para hacer efectiva la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, así como para la investigación de delitos de feminicidio, discriminación, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.  

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al Congreso del estado de Chihuahua, con pleno respeto a su soberanía, a que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, emitan los ordenamientos jurídicos adecuados para tipificar el delito de feminicidio de conformidad con el artículo 342 de la Ley en comento.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.

1http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Abril/22/3445-Feminicidios-se-incrementan-al-igual-que-violencia-y-abuso-sexual

2 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/violFeminicMx%201985-2012_nal.pdf

3 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/violencia0.pdf






Que solicita la Comisión Nacional de Seguridad y a las entidades federativas en los que se ha instrumentado una estrategia especial de seguridad pública e informen sobre la estrategia coordinada en materia de seguridad pública; así como los objetivos y sus avances.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a informar en qué consiste la estrategia coordinada en materia de seguridad pública en el gobierno del estado de México, presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 4 de junio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 4 de junio del 2014, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a informar en qué consiste la estrategia coordinada en materia de seguridad pública en el gobierno del estado de México.

B. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La senadora proponente indica que el 19 de octubre de 2011, se promulgó la Ley de Seguridad del Estado de México, que entre sus disposiciones establece el concepto de Seguridad Ciudadana, teniendo como base la atención a la persona, asegurando el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales. Se hace referencia que los resultados no fueron los esperados; los cuerpos locales encargados de la seguridad pública fueron superados por la delincuencia.  Lo que obligó a que desde enero de 2013 el Ejército realice operativos en municipios de la zona conurbada del Estado de México con el fin de disminuir la incidencia delictiva.

En la proposición con punto de acuerdo, se hace referencia que David Sánchez, alcalde de Naucalpan, confirmó que tras una reunión del 23 de enero de 2013, con personal de seguridad federal, estatal y municipal, se acordó implementar rondines con integrantes del Ejército en los municipios de Naucalpan, Huixquilucan, Tlalnepantla, Atizapán y Nezahualcóyotl, que se suman a los operativos que ya se aplican en Ecatepec y municipios del Valle de Toluca.

La proponente destaca que las cifras evidencian la grave situación que se vive en la entidad, como se indica en el reporte del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), que en el Estado de México se denunciaron 185 casos, colocándola como la entidad que denunció el mayor número de asuntos.

De igual manera, en el punto de acuerdo se indica que el reporte elaborado con la información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señala que este delito “alcanzó tal grado que, 13 de cada 100 averiguaciones previas de homicidios intencionales se registraron en esta entidad”.

La propuesta destaca que el Estado de México es también la entidad con la mayor cantidad de denuncias de secuestro y extorsiones. Indica que en enero registró 19 denuncias por secuestros y 129 por extorsiones, lo que representa el 19.8% de todo el país.

Se indica que, según la encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2013, el 90.7% de la población del Estado de México respondió que “se siente insegura”. Sobre el mismo tema, en el punto de acuerdo se indica que la Décimo Tercer Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, elaborada por México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofski, publicada en marzo 2014, refiere que las entidades con mayor comisión del delito de extorsión en 2013, fueron el Estado de México y el Distrito Federal, que contabilizaron 1,555 y 900 denuncias, respectivamente. Esta cifra evidencia que en el Estado de México aumentó este delito en un 30% en el periodo.

La senadora proponente señala que es preocupante  la inseguridad que se vive en la entidad y el Congreso de la Unión en repetidas ocasiones ha discutido e incluso solicitado la declaratoria de alerta de violencia de género, tras la alarmante cifra de 700 mujeres asesinadas en la entidad entre 2011 y 2012.

En la propuesta se hace referencia, que el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad señala que la situación crítica que existe actualmente en el Estado de México es consecuencia del alto grado de impunidad, particularmente en la investigación y sanción de delitos referentes a la violencia de género. Se indica que es la entidad con el peor desempeño nacional sobre averiguaciones previas, pues la media nacional en 2012 sobre la eficiencia fue de 21 sentencias condenatorias por cada 100 denuncias hechas por homicidio, en tanto que el Estado de México sólo cumplió con 8 de cada 100.

En la propuesta se indica que el 31 de marzo de 2014, los gobiernos federal y estatal anunciaron una estrategia coordinada en materia de seguridad en el Estado de México para “combatir a los verdaderos enemigos de la sociedad: la delincuencia, y con ello tener mexiquenses mejor protegidos.”

Se hace referencia que en el anuncio, el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, señaló que en la tarea del Gobierno de la República de apoyar, respaldar y trabajar coordinadamente con las entidades federativas, se diseñó un plan estratégico para el Estado de México, agregando efectividad dentro de un esquema de inteligencia y articulación de capacidades entre los tres niveles de gobierno; se hace referencia que debido a las condiciones de la entidad, como son extensión, número de habitantes y ubicación geográfica, entre otras, el operativo y coordinación estarán presentes durante toda la administración del presidente Enrique Peña Nieto; también informó que las Secretarías de la Defensa (SEDENA) y la Marina (SEMER), así como la Procuraduría General de la República (PGR), han incrementado el número de efectivos en tareas de vigilancia y se trabaja para hacer más efectivo el mando único, y la puesta en operación de grupos especiales que darán atención al combate del secuestro y extorsión.

En la propuesta se indica que como parte del Plan Estratégico de Seguridad que realizan desde el 31 de marzo, el pasado 07 de abril, arribaron elementos de la Armada de México a la entidad para reforzar la vigilancia el Ejército Mexicano y la Policía Federal (PF) en diversos municipios.

La senadora indica que las acciones que detalló el Gobernador del Estado de México para el plan coordinado son:

● Policía más confiable, a través del fortalecimiento del proceso de depuración de los actuales cuerpos policiacos estatales y municipales, que en una primera etapa causarán baja de las corporaciones 4 mil elementos.

● Mejor y más eficaz operación policiaca por medio de la reestructuración de la operatividad de los actuales cuerpos de seguridad.

● Implementación de un nuevo modelo policial con la creación de la Universidad de la Seguridad Ciudadana, que forme con estándares de calidad, a elementos mejor capacitados y comprometidos con la seguridad de los mexiquenses. Este proceso contempla la selección y formación de 2 mil nuevos policías de élite, con apoyo del Gobierno de la República, para su posterior incorporación a las labores de seguridad del Estado de México. 

● Prevención y Denuncia Ciudadana con el lanzamiento de una campaña de prevención y denuncia de delitos de alto impacto.

● Intensificación de las acciones para fortalecer el tejido social, que actualmente consiste en una inversión de más de 5 mil 400 millones de pesos para atender a más de 2.7 millones de mexiquenses a través de 73 programas sociales que promueven el desarrollo de grupos vulnerables, fortalece la calidad educativa, el empleo y los servicios de salud.

La senadora manifiesta en la propuesta que a la fecha, todas estas acciones no han mejorado las condiciones de seguridad en el Estado; la ciudadanía aún se siente insegura; no ve cambios; sólo percibe la incapacidad de las autoridades para combatir efectivamente a la delincuencia.

Se indica que para los legisladores del estado de México es imperante conocer en qué consiste la estrategia, cuáles son los criterios, estándares o indicadores de evaluación de su eficacia, así como cuáles son los resultados positivos o negativos que los movimientos del gobierno estatal han arrojado hasta el momento.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Angel Osorio Chong, a informar a esta Soberanía en qué consiste la estrategia coordinada en materia de seguridad pública en el gobierno del Estado de México, los criterios, estándares e indicadores para medir su eficacia.

Segundo.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel Avila Villegas, a informar a esta soberanía sobre los resultados en la reducción o aumento del índice delictivo en el Estado, derivado del acuerdo con el Gobierno Federal para implementar una estrategia coordinada en materia de seguridad pública.

III. CONSIDERACIONES

Esta Dictaminadora coincide con la preocupación de la proponente para contar con información sobre la estrategia coordinada en materia de seguridad pública entre el Gobierno Federal y el Estado de México, ya que el incremento de inseguridad en el Estado de México es una problemática que aqueja a millones de personas en dicha entidad.

Se hace referencia que La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone en su artículo 2, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación, la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esa Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante esta situación, el gobernador del Estado de México, Eruviel Avila Villegas, aceptó que en este momento en que la violencia y la inseguridad se ha incrementado, se necesita aún más del respaldo y apoyo de las fuerzas federales como el Ejército, la Marina Armada y la Policía Federal para trabajar de  manera coordinada y brindar seguridad.

Como se indica en el punto de acuerdo, el pasado 31 de marzo, en el Salón Juárez del Palacio de Cobián de la Secretaría de Gobernación, el Gobierno Federal presentó el Plan Estratégico de Apoyo Total al Estado de México, en coordinación con el gobierno mexiquense, en el que se determinó blindar a dicho Estado contra la inseguridad, durante todo el sexenio, destacándose las acciones para los municipios conurbados de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Debido a las condiciones de la entidad, como extensión,  número de habitantes y ubicación  geográfica, el plan estratégico estará enfocado a frenar los delitos de alto impacto en la entidad, principalmente, el robo, la extorsión y el secuestro.

El Plan Estratégico de Apoyo Total al Estado de México, contempla la participación de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, la Procuraduría General de la República y la actuación de la Comisión Nacional de Seguridad  (CNS) y el Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN), así como la instrumentación del mando único de los cuerpos policiacos de la entidad.

Por su parte, el Gobernador Eruviel Avila Villegas en la misma presentación dio a conocer las acciones de su administración estatal dentro del plan coordinado:

1- Policía más confiable, a través del fortalecimiento del proceso de depuración de los actuales cuerpos policiacos estatales y municipales, que en una primera etapa causarán baja de las corporaciones 4 mil elementos.

2- Mejor y más eficaz operación policiaca por medio de la reestructuración de la operatividad de los actuales cuerpos de seguridad.

3- Implementación de un nuevo modelo policial con la creación de la Universidad de la Seguridad Ciudadana, que forme con estándares de calidad, a elementos mejor capacitados y comprometidos con la seguridad de los mexiquenses. Este proceso contempla la selección y formación de 2 mil nuevos policías de élite, con apoyo del Gobierno de la República, para su posterior incorporación a las labores de seguridad del Estado de México.

4- Prevención y Denuncia Ciudadana con el lanzamiento de una campaña de prevención y denuncia de delitos de alto impacto.

5- Intensificación de las acciones para fortalecer el tejido social, que actualmente consiste en una inversión de más de 5 mil 400 millones de pesos para atender a más de 2.7 millones de mexiquenses a través de 73 programas sociales que  promueven el desarrollo de grupos vulnerables, fortalece la calidad educativa, el empleo y los servicios de salud.

Ante estas acciones, esta Comisión dictaminadora considera relevante contar con información de las acciones que se han implementado y los resultados de la ejecución de la estrategia coordinada en materia de seguridad pública entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de México, para garantizar la paz y seguridad en esa entidad.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad del Gobierno Federal y al Gobierno de las entidades federativas en los que se ha instrumentado una estrategia especial de seguridad pública para que informen a esta Soberanía los elementos de factible conocimiento público sobre la estrategia coordinada en materia de seguridad pública adoptada por las entidades federativas, así como los objetivos y avances de su implementación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 17 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.






Que solicito a las procuradurías o fiscalías generales de justicia en las entidades federativas investigar las diversas denuncias de conductas presuntamente delictivas de pederastia, cometidas por cualquier persona, incluidos los ministros de culto religiosos.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada:

A) La proposición con punto de acuerdo “Por la que exhorta a las procuradurías generales de Justicia de las entidades federativas a investigar las diversas denuncias de los casos de pederastia efectuados en contra de niños por ministros de cultos religiosos, así como a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas para que le otorgue la debida atención y acompañamiento a las víctimas de pederastia clerical”, suscrita por la Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En sesión del miércoles 04 de junio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición de la Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRI.

B. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 6 de la Comisión Permanente, el 04 de junio de 2014.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

A. La proposición pretende:

1. Se exhorte a las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas para que investiguen las diversas denuncias de los casos de pederastia efectuados en contra de niños por ministros de cultos religiosos.

2. Que se exhorte respetuosamente a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas para que les otorgue la debida atención y acompañamiento a las víctimas de pederastia clerical.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

El abuso sexual contra menores de edad, es un delito grave y en consecuencia el Ministerio Público está obligado constitucionalmente y legalmente a investigarlo y consignar a un juez penal a quien o quienes los cometen.[…]

“Mucho es el tiempo y las décadas que habrían de pasar para que la Santa Sede reconociera abiertamente la existencia de agresiones, abuso sexual y pederastia clerical contra miles de niños cometidos en muchas partes del mundo […]

Maciel, […] no es sólo este personaje quien es reconocido como perpetrador de este tipo de daños contra cientos de niños mexicanos durante largo tiempo, sino también están los casos de los sacerdotes como: Eduardo Córdova Bautista en San Luís Potosí, Nicolás Aguilar en Puebla, Carlos López Valdés en el D.F. y Gerardo Silvestre Hernández, cura pederasta acusado de abuso sexual de al menos 45 niños indígenas de Oaxaca. Son tan sólo algunos de los muchos sacerdotes acusados jurídicamente de estos hechos, pero quienes no han recibido ningún requerimiento ministerial ni judicial para responder por ellos […]

[La] Santa Sede, como estado miembro de la ONU tiene responsabilidades en el ámbito de los derechos humanos de los menores de edad y debe proteger a las y los niños de los abusos sexuales que contra ellos realice cualquier miembro de la jerarquía católica o cualquier otro culto religioso.

Es importante señalar que durante muchos años y pese a la existencia de múltiples denuncias emitidas por diversas víctimas, no existió la voluntad de pedir la intervención de autoridades civiles competentes, tampoco acciones que procuraran acercamientos con las víctimas para reparar el daño hacia ellas, a su integridad física y moral, tampoco en el reconocimiento al daño sufrido por difamación, desprecio y abandono.

Por eso, es tiempo de concluir la concurrencia de estos actos y terminar con el descredito de niñas, niños y adolescentes a través de la descalificación y desprecio público a las demandas de las víctimas y, por otro lado, eliminar la protección y encubrimiento hacia el victimario pederasta, el cual se ha prolongado por muchos años y debe terminar.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto de conformidad con lo que establece la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo es competente para conocer y proponer una resolución, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Respecto de la solicitud de que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorte a las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas para que investiguen las diversas denuncias de los casos de pederastia efectuados en contra de niños por ministros de cultos religiosos, esta Primera Comisión considera que la solicitud de la Diputada Beatriz Juárez Piña es vaga y ambiguas, en efecto, en la proposición de la Senadora no se establece con precisión a cuál o cuáles autoridades deberá exhortarse a “investigar las denuncias”. Así debe entenderse que debe exhortarse a las Procuradurías de Puebla, el D.F., San Luis Potosí y Oaxaca por los casos de Eduardo Córdova Bautista, Nicolás Aguilar, Carlos López Valdés y Gerardo Silvestre Hernández, respectivamente. Asimismo se solicita que se exhorte a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas para que les otorgue la debida atención y acompañamiento a las víctimas de pederastia clerical.

A continuación se establecerá la situación de cada uno de los casos para determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud.

● Caso Puebla. “En la década de 1990… organizaciones civiles prepararon un archivo de abusos que van de 1997 a 2006 en contra de Nicolás Aguilar, en el que hacen énfasis de la impunidad en la que prevalece el caso.

De esa época, en contra del sacerdote existen al menos 60 testimonios de niños de entre cinco y trece años originarios de Sierra Negra, Puebla, una comunidad pobre de la región y en la que se inició un proceso legal.

El expediente de los niños de la Sierra Negra fue remitido el 8 de enero de 1998 al juzgado primero de lo penal de Tehuacán, Puebla, un mes después de que iniciara la averiguación previa.

Tras cuatro años de proceso legal, se sentenció a Aguilar a un año de prisión “por ataques al pudor”, pero nunca lo cumplió porque se mantuvo en libertad bajo fianza, finalmente en 2001 se le concedió un amparo.

Dos años después también fue declarado culpable de un abuso cometido en 1997, pero se mantuvo libre tras apelar la sentencia. El caso de estos 60 niños terminó en 2004 cuando un tribunal decidió que el crimen era demasiado viejo para ser castigado.

Para ese año, Nicolás Aguilar presidía misa en la Arquidiócesis de Puebla y en la Diócesis de Cuernavaca.”1

Así las cosas, esta Primera Comisión considera procedente solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el acompañamiento a las víctimas de forma jurídica y en todas las demás que sean necesarias, en los ámbitos de su competencia, respecto a las víctimas que son relatadas en ese caso.

● Caso Sn. Luis Potosí (Nicolás Aguilar). Mediante el boletín B 037/2014, de 30 de mayo de 2014, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ofreció acompañamiento a víctimas de pederastia clerical en San Luis Potosí, a continuación se reproduce el boletín:

“La CEAV trabaja en protocolos para proteger los datos personales y derechos de las víctimas que se atreven a denunciar.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se comprometió a acompañar y asesorar a víctimas de pederastia clerical, a fin de que se resguarde su integridad personal y la de sus familias, se respete el debido proceso y se garantice el sigilo obligado en las investigaciones.

En el marco de la gira de trabajo por el estado de San Luis Potosí, los Comisionados Jaime Rochín del Rincón (presidente), María de Rosario Torres Mata, Julio Hernández Barros y Carlos Ríos Espinosa se reunieron con un grupo de víctimas, quienes externaron su preocupación por la falta de garantías y de seguridad una vez que decidieron presentar sus denuncias ante las autoridades judiciales correspondientes.

En este sentido, el Comisionado Presidente, Jaime Rochín del Rincón, indicó que la CEAV se suma a la petición que ya realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, para que se emitan medidas precautorias y se garantice la secrecía en las investigaciones.

Añadió que las denuncias de pederastia clerical que se han presentado en el país han permitido detectar dónde está fallando el sistema de atención a víctimas, por lo cual, aseguró, ya se trabaja en protocolos específicos para proteger los derechos de las víctimas una vez que éstas se atreven a denunciar a sus agresores.

Por último, esta omisión se compromete a mantener una comunicación permanente con las víctimas y en caso de que así lo requieran, se brinde un acompañamiento y asesoría jurídica directa con abogados especialistas en el tema.”

Es de observar que las autoridades de investigación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas han realizado cabalmente todas y cada una de sus obligaciones respecto con las víctimas de violación que se han acercado a ellas, en torno al Caso San Luis y que las víctimas ya tienen el apoyo de la autoridad correspondiente, por lo que no es procedente la solicitud realizada.

● Caso DF (Carlos López Valdés). Respecto a este sacerdote, el caso más emblemático es el de un joven abusado sexualmente durante nueve años, cuando era menor de edad, y que fue denunciado. Diversos medios periodísticos denuncian una serie de irregularidades por las que no se ha podido girar una orden de aprehensión contra López Valdés, porque la consignación hecha desde 2008, adscrito al Juzgado 55 en Materia Penal en el Distrito Federal. Así por ejemplo, no se trata de la agencia especializada para los delitos contra la libertad sexual de la PGJ del DF; nunca se citó a declarar al acusado, no se acreditó que fuera un ministro de culto -elemento era necesario para consignar que el victimario era alguien de confianza-, no se incluyó en la consignación las fotografías en donde se muestran actos sexuales explícitos entre el sacerdote y menores de edad, así como imágenes de Jesús en casa del cura. En consecuencia, se considera procedentes respecto de éste caso las solicitudes planteadas en el punto de acuerdo.

● Caso Oaxaca (Gerardo Silvestre Hernández) . En éste caso, el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández ha sido detenido y se encuentra en proceso por diversos delitos relacionados con el abuso de menores. Al respecto, es dable destacar que aún antes de que las autoridades iniciaran la investigación, ésta ya había sido denunciada por los siguientes párrocos: Manuel Arias Montes, Sergio Herrera Arias, Miguel Angel Morelos García, Jorge Pérez García, Juan Antonio Jiménez, Guillermo Velázquez Gordillo, Juan Ruiz Carreño, David Elías Mendoza Maldonado, Leoncio Hernández Guzmán y Angel Noguera Nieto al Sr. Arzobispo Luis F. Ladaria2. Por lo que esta Primera Comisión considera procedente el exhorto a la Procuraduría de Oaxaca para que investigue de forma minuciosa el caso, la posible relación del Arzobispo y en su caso, realice las acciones pertinentes. Asimismo, se considera procedente que la CEAV proporcione la ayuda necesaria a los menores oaxaqueños víctimas de los delitos que se cuestionan. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, para que investiguen las diversas denuncias de conductas presuntamente delictivas de pederastia cometidos por cualquier persona, incluidos los ministros de cultos religiosos señalados como presuntos responsables y determinen las responsabilidades en el ámbito de su competencia.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los órganos de las entidades federativas a cargo de la atención a las víctimas de los delitos para que otorguen la debida atención y acompañamiento a las víctimas de ilícitos penales de pederastia, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que brinden el apoyo que resulte necesario en la esfera de sus atribuciones.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 17 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.

1 Leer Más: http://www.animalpolitico.com/2014/02/nicolas-aguilar-el-sacerdote-clave-para-acusar-al-vaticano-de-crimenes-de-estado/#ixzz34A417GsC






Que solicita a las dependencias encargadas de aplicar el Sistema Nacional de Protección Civil, realicen un programa nacional que implemente la instalación de pararrayos en lugares con alto índice de afluencia.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del    Segundo Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la “ Propuesta con punto de de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través de Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), se ponga en marcha un programa nacional para fomentar la instalación de pararrayos en lugares con alto índice de afluencia”. La propuesta antes citada fue presentada por el Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada por la Comisión Permanente el miércoles 4 de junio del 2014, el Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó la Propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus funciones implemente un programa nacional que sirva para fomentar la instalación de pararrayos en los lugares con más alto índice de afluencia.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

El titular del punto de acuerdo, manifiesta dentro de las líneas del presente punto de acuerdo, la preocupación por la falta de un programa que sirva para alentar a los Estados y Municipios a que implementen pararrayos en los lugares más concurridos por las personas, debido a que en los últimos meses se han registrado pérdidas humanas por el golpe de electricidad que produce un rayo.

El  titular, comenta, que con esta propuesta se busca dar una posible solución a un problema que perjudica la vida cotidiana de la población y que se incrementa en la temporada de lluvias. El autor manifiesta en el punto de acuerdo que es necesario revisar la legislación actual ya que no se estipula en ninguna ley la prevención sobre la colocación  de pararrayos en espacios abiertos donde existe una gran afluencia de personas.

Con el punto de acuerdo en mención, el autor busca fomentar que se instalen sistemas de protección contra rayos en lugares públicos que abiertos con alta concentración de personas como los estadios, centros comerciales, campamentos, balnearios, entre otros, para así tratar de evitar tragedias como las que han estado ocurriendo en diferentes partes del país.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

UNICO.- La Comisión Permanente de H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), ponga en marcha un programa nacional para fomentar la instalación de pararrayos en lugares con alto índice de afluencia, ya que derivado del cambio climático, los fenómenos atípicos como tormentas eléctricas son más intensos.

III. CONSIDERACIONES

Las tormentas eléctricas en México, ocurren entre los meses de mayo y octubre, presentando mayor frecuencia durante horas de la tarde o de la noche. Además, su ámbito es local o regional y son intermitentes como resultado de la topografía del país. Así, el promedio anual de días con tormenta es de 30 y el máximo es de 100 sobre las sierras Madre Oriental, Madre Occidental, Madre del Sur, Madre de Chiapas, Montañas del Norte de Chiapas y Sistema Volcánico Transversal. Existen tres tipos de descargas de rayos. Una es directa y cuando golpea a la víctima llega a la tierra atravesándola. Una más es un relámpago lateral que es cuando toca otro objeto y salta de lado para golpear a la persona. Y por último, un ataque a tierra que es cuando llega al suelo y de ahí se traslada hasta alcanzar a quien se cruce en su camino.

En el mismo punto, los efectos de las tormentas eléctricas van desde herir o causar el deceso de una persona de forma directa o indirecta hasta dañar la infraestructura de la población, que provocaría la suspensión de la energía eléctrica, además de afectar algunos aparatos (radio, televisión, computadoras, refrigeradores, etc.). En ocasiones, las descargas eléctricas pueden provocar la muerte del ganado y son la causa más común del retraso de las aeronaves y de los accidentes aéreos, siendo el mayor peligro para la aviación. En México se registran, desde 1985 el número de decesos generados por el alcance de rayos (Secretaría de Salud, 2007). En los últimos 22 años se reportaron 4,848 defunciones en 31 estados del país; en promedio, al año se llegan a presentar 220 pérdidas humanas por tormentas eléctricas. El único estado que no ha registrado muertes es Baja California Sur, mientras que en el Estado de México se localiza el mayor número de casos, con 1,140.

Ahora bien, México es una de las naciones con mayor densidad en descargas de rayos a tierra. Entre 2005 y 2011 ocurrieron 320 decesos por este fenómeno; en tanto que en 2001 se registraron el mayor número de pérdidas al ascender a 223 muertes. El total de heridos en esos 6 años, ascendió a 12.200.Esto fue informado por la Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico (ANCE) mexicana.

Por otra parte, en México el sector petrolero pierde alrededor de un millón de dólares al año por fallas originadas por descargas atmosféricas (rayos); mientras que en el eléctrico 60% de las fallas son originadas por este fenómeno.

La Comisión dictaminadora, está de acuerdo con los motivos que se expresan en la Propuesta con punto de acuerdo que se analiza, en virtud, de que es necesario que se realicen programas en los cuales se fomente en las Entidades Federativas del país y el Distrito Federal, la instalación de pararrayos en los lugares en los cuales las personas estén al aire libre.

La comisión dictaminadora, en el estudio de la propuesta, manifiesta que la implementación de los pararrayos ayudaría a prevenir y a tratar de disminuir los efectos adversos que los desastres ocasionados por los rayos ocasionan a la sociedad. Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea el siguiente:

IV.- RESOLUTIVO

UNICO.- La Comisión permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a las Dependencias del Gobierno federal y local encargadas de aplicar el Sistema Nacional de Protección Civil, realicen un programa nacional que implemente la instalación de pararrayos en lugares con alto índice de afluencia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.






Que solicita a los órganos de gobierno a que en relación con los hechos acaecidos el cinco de julio del 2009 en las Guarderías ABC, mantengan y fortalezcan las medidas de seguridad en todas las escuelas y guarderías del país en aras de proteger la integridad física de los menores de edad.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, al Procurador General de la República, al gobierno y al Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora a dar cumplimiento a sus respectivas responsabilidades en torno al caso de la Guardería ABC S.C., a fin de dar la debida atención y reparación del daño a las víctimas, presentado por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 4 de junio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 4 de junio del 2014, los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, al Procurador General de la República, al gobierno y al Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora a dar cumplimiento a sus respectivas responsabilidades en torno al caso de la Guardería ABC S.C., a fin de dar la debida atención y reparación del daño a las víctimas

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En el contenido de la proposición se hace referencia a lo acontecido el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC; se indica que el fuego inició en el archivo de Finanzas de Sonora, ocasionado, según la declaración de los peritos, por el sobrecalentamiento en el aire acondicionado.  En la propuesta se señala que las llamas se propagaron rápidamente hacia el techo de la guardería, donde 176 niños se encontraban tomando la siesta.

Los proponentes describen que la falta de salidas de emergencia, las brigadas de rescate tuvieron que derrumbar paredes y vecinos de la zona estrellaron sus camionetas para abrir boquetes para entrar a la guardería; el único acceso al inmueble quedó bloqueado por el fuego y la densa humareda.

Indican que en dicho incidente 25 niñas y 24 niños murieron en la tragedia, 76 resultaron heridos, algunos con quemaduras de tercer grado en el ochenta por ciento del cuerpo. Las edades de los pequeños oscilaban entre los seis meses y los cinco años.

En la propuesta se menciona que, aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado señaló que la principal causa de fallecimiento de los menores fue por asfixia e intoxicación, las versiones de los rescatistas aseguran que el techo del edificio fabricado de materiales altamente inflamable, se desplomó y sin extintores, detectores de humo, alarmas contra incendio o las salidas de emergencia, el fuego devoró la guardería, carente de las mínimas condiciones de seguridad.

Los proponentes mencionan que a 60 meses de la tragedia de la guardería ABC no sólo no ha llegado la justicia, sino que los responsables directos sólo se condolecen por una tragedia que decidieron ignorar mientras pudieron haber actuado para reparar el daño; además, no existe fecha para que el Ministerio Público consigne ante el Juez de la causa a empleadas y sea el juzgador quien deslinde el grado de responsabilidad.

En la proposición se hace referencia a lo declarado por José Francisco García padre de una de las víctimas en la que señala: "Respecto a la situación de los peritajes, cabe aclarar que a la fecha obran en el expediente 5 peritajes, adicional al tercero en discordia solicitado en 2013, por el Juez del caso, Raúl Martínez Martínez, siendo para nosotros muy importante el realizado en la investigación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que fue independiente, y lo constatamos al ver a un equipo multidisciplinario trabajar en el lugar de los hechos".

Se indica que a finales del año 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció un nuevo peritaje inglés para presuntamente, consolidar o desechar indicios de que el incendio fuera provocado.

Los proponentes señalan que para el “Movimiento 5 de junio”, conformado principalmente por familiares de las víctimas, uno de los ejes principales en sus demandas es la no repetición de una tragedia similar como la acontecida en la guardería de Hermosillo, Sonora.

Y destacan que a las víctimas directas e indirectas se les ha fallado desde la administración de Felipe Calderón y actualmente Enrique Peña Nieto, quien prometió el 19 de junio de 2012 que haría justicia en el caso de la guardería ABC y que este tema sería uno de sus principales trabajos dentro de los 100 primeros días en el cargo. Manifiestan que hasta ahora no ha cumplido y no ha accedido a reunirse con las madres y los padres nuevamente, a pesar de dos solicitudes por parte de los mismos.

Indican en la proposición que este caso ha sido utilizado deleznablemente como un trampolín político, como lo demuestra el caso de Guillermo Padres, quien en campaña también ofreció ayudar a la impartición de justicia en el caso de ABC, sin que hasta ahora cumpliera esa promesa de campaña.

Se hace mención que el pasado 28 de mayo se aprobó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para solicitar al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, un informe del estado que guarda la investigación sobre el incendio de la Guardería ABC y así confirmar las correspondientes responsabilidades de todos los involucrados.

Sin embargo, indican los proponentes que hasta el momento no se ha hecho pronunciamiento por parte de autoridades federales, aun cuando el pasado viernes 30 de mayo, padres de las víctimas entregaron documentación a la presidencia y a la Procuraduría General de la República (PGR) en la cual solicitan a Enrique Peña Nieto intervenir para hacer justicia por los 49 niños y niñas fallecidos en la tragedia, así como para las decenas de heridos, ya que señalaron que la PGR ya cuenta con elementos suficientes para actuar.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a que encabece una mesa de diálogo mediante la cual se garantice el derecho de audiencia de las madres y padres de las víctimas de la Guardería ABC, en cumplimiento al compromiso que estableció con ellos el día 19 de junio de 2012.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de la República, Lic. Jesús Murillo Karam, para que en el marco de sus atribuciones, haga público un informe sobre el caso que guarda el expediente de la Guardería ABC S.C. de Hermosillo, Sonora, y que dicho informe sea de acceso al público interesado vía electrónica en el portal de dicha dependencia.

TERCERO.- Exhorta al Gobierno del Estado de Sonora y del municipio de Hermosillo, Sonora, a cumplimentar las acciones impuestas por la Suprema Corte de Justicia mediante el Dictamen publicado en el DOF el día 18 de noviembre de 2010, de forma particular la acción número 7, correspondiente a realizar y aumentar los esfuerzos para asegurar que se repare el daño ponderando el nivel de afectación de las víctimas, con el objetivo de asegurar, en la medida de lo posible, que las familias afectadas recuperen el nivel de vida que tenían antes de la tragedia.

III. CONSIDERACIONES

Este 5 de junio se conmemora el quinto aniversario de la que es considerada la peor tragedia que involucra a la niñez de México, el incendio de la guardería ABC de Hermosillo Sonora,  que tuvo como resultado la muerte de 49 niñas y niños y 76 resultaron heridos.

Esta histórica tragedia ha estado envuelta no sólo por el dolor de la pérdida de vidas inocentes, sino también por él sufrimiento y daño por las lesiones y diferentes grados de afectación o incapacidad que sufren muchos de las y los lesionados, así como por la forma en que se registró el siniestro y la manera como se han llevado a cabo las investigaciones, ya que a la fecha no se muestran culpables definitivos.

Por ello, esta Primera Comisión debe pronunciarse para que este tipo se actos no se repitan y es responsabilidad exigir justicia y estar atentos y vigilantes de la acción de la autoridad ministerial, pero también se tiene que exigir a la autoridad que se les repare el daño a los familiares y a las víctimas de los sucesos del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Es importante señalar que el miércoles 4 de junio se realizó la integración del Grupo Plural de Trabajo en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrida el 5 de Junio de 2009, así como de las causas que lo ocasionaron, y la identificación plena de las y los probables responsables de la tragedia.

Entre las principales acciones se encuentran:

Reuniones con autoridades federales (PGR, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Reuniones con las diferentes organizaciones de padres de familia.

Exhortos al procurador general de la República, para que proceda de manera expedita, al esclarecimiento del caso de la Guardería ABC, SC, de Hermosillo, Sonora.

Impulsar los trabajos para que se ubiquen las responsabilidades correspondientes de todos y cada uno los involucrados en los hechos.

Exhortos al Gobierno del estado de Sonora y al Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que se dé cumplimiento a la recomendación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la facultad de investigación número 1/2009, mediante el Dictamen publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 18 de Noviembre de 2010, que establece que ambas autoridades tienen la obligación de la reparación del daño causado por el fallecimiento y las lesiones de los menores en el incendio de la Guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 5 de junio de 2009.

Impulsar la búsqueda y la aplicación de la justicia y legalidad, que es una petición reiterada de los dolidos padres y madres de las víctimas del incendio de la Guardería ABC.

En la instalación del Grupo Plural  los integrantes manifestaron que buscan dar respuesta inmediata a un reclamo de la sociedad, a cinco años de la tragedia y demostrar que México ha cambiado y que nadie está por encima de la ley.

Los integrantes de la comisión tienen claro que el gobierno federal tiene el deber y el compromiso de dar respuesta a este reclamo de justicia y de que el expediente no quede en el archivo de la impunidad.

Es por ello, que se considera procedente que el Ejecutivo Federal encabece una mesa de diálogo mediante el cual se garantice el derecho de audiencia de las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC.

Ante el siniestro de la Guardería ABC, la Procuraduría General de la República resolvió atraer el caso en virtud que los delitos de homicidio y lesiones en agravio de los menores  y siendo que la competencia originaria era del orden común, se determinó que tiene clara conexidad con el delito del ejercicio indebido del servicio público en el orden federal, por lo cual se autorizó al Ministerio Público de la Federación a ejercitar la facultad de atracción.

Luego de que la Procuraduría General de la República ha realizado diversos peritajes, para esta comisión resulta procedente conocer el estado que guarda el expediente de la Guardería ABC, sin detrimento de las obligaciones de confidencialidad en materia de procuración de justicia.

Esta Comisión considera pertinente, incluir en el cuerpo de este dictamen que el pasado 28 de mayo fue aprobado de urgente resolución un punto de acuerdo que exhorta al Procurador General de la República para que proceda de manera expedita, al pleno esclarecimiento del caso de la Guardería ABC S.C. y se deslinden las correspondientes responsabilidades de todos los involucrados; asimismo, se exhortó al Gobierno del Estado de Sonora y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que den cumplimiento a la recomendación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la facultad de investigación número 1/2009, mediante el Dictamen publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 18 de Noviembre de 2010, en el que se establece que ambas autoridades tienen la obligación de llevar a cabo la reparación del daño causado por el fallecimiento y las lesiones de los menores en el incendio de la Guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 5 de Junio de 2009.

Derivado de lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que la motivación del tercer resolutivo de la propuesta en estudio se empata con lo aprobado el pasado 28 de mayo, por lo que se estaría duplicando el exhorto para las autoridades del estado de Sonora a cumplimentar las acciones impuestas por la Suprema Corte de Justicia, en razón de lo anterior este resolutivo sin materia.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV.- RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  solicita todos los órganos de gobierno a que, en el ámbito de sus competencias y en relación con los hechos acaecidos el 5 de junio de 2009 en la “Guardería ACB S.C.”, mantengan y fortalezcan las medidas de seguridad en todas las escuelas y guarderías del país en aras de proteger la integridad física de los menores de edad.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en el marco de sus atribuciones, y con observando lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, informe del estado que guarda el expediente sobre la Guardería ABC S.C. de Hermosillo, Sonora.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las autoridades estatales competentes, a acatar las resoluciones judiciales de la Suprema Corte de Justicia, sobre las medidas restaurativas para los familiares de las víctimas de la Guardería ABC S.C. de Hermosillo, Sonora.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.






Que solicita a los tres órdenes de gobierno revisar sus procedimientos de trámites en relación a la apertura de negocios, y en su caso establecer medidas que agilicen la gestión.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada:

a) La proposición con punto de acuerdo para mejorar la burocracia en la creación de nuevos negocios, suscrita Ricardo Monreal Avila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano (MC)

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En sesión del miércoles 04 de junio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición de Ricardo Monreal Avila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja,  integrantes de MC.

B. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 6de la Comisión Permanente, el 04 de junio de 2014.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

A. La proposición pretende:

• Se propone: exhortar a los legisladores proponen exhortar: 1) al titular de la     Secretaría de Desarrollo Económico del D.F. para que instruya a que los tramites sean más eficientes en las dependencias a su cargo, así como para que agilice los trámites de la Ventanilla Unica para simplificar, homologar y automatizar los procesos de gestión para la obtención del registro de propiedades para negocios en el D.F.; y 2) al Jefe de Gobierno del D.F. para que por medio del titular de la Secretaría en comento, implemente los mecanismos para facilitar los trámites para la apertura de negocios en la demarcación.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

De acuerdo con el Doing Business en México 2014, que elaboró el Banco Mundial, el Distrito Federal es el peor lugar para hacer negocios en el país, debido a las trabas en el registro de propiedad, las dificultades para lograr el cumplimiento de un contrato y para obtener un permiso de construcción.

[…]

El estudio indica que en el Distrito Federal abrir una empresa toma 6 días y 7 trámites, pero sus costos son muy elevados con 19.7 % del ingreso per cápita, arriba del promedio que se ubica en 11.5 %.

[…]

La tramitología  federal en México genera un costo equivalente a 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB) y el gobierno federal tiene como reto simplificar y lograr un ahorro de 25% en dicho costo hacia el 2018 para ubicarlo en 3.15% del PIB, adelantó Virgilio Andrade, titular de la Comisión Federal de Mejora  Regulatoria  (COFEMER).

[…]

La ventanilla Unica simplifica, homologa y automatiza los procesos de gestión. En términos prácticos, la Ventanilla Unica tiene como objetivo agilizar y simplificar los flujos de información entre el comercio y el gobierno y aportar beneficios significativos para todas las partes involucradas en el comercio.

[…] [Es] necesario desechar los trámites, normas y servicios que no  resultan  plenamente  justificados  y causan molestias a los ciudadanos, además de que afecta la apertura y consolidación de negocios.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto de conformidad con lo que establece la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo es competente para conocer y proponer una resolución, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Esta Primera Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión considera procedente la solicitud de los Diputados de los integrantes de MC en razón de que la excesiva realización de trámites no sólo desincentiva a la inversión extranjera sino que también a la proponía inversión mexicana, pues según Cámara de Comercio de la Ciudad de México, los negocios cierran al primer año y medio de operación como máximo, debido principalmente a los numerosos trámites, lo cual genera incertidumbre en el inversor. Aunado a esto la Cámara de Comercio de la Ciudad de México informa que el tiempo verdadero de apertura de un negocio es de casi 14 meses, lo que genera un incremento en los gastos de apertura y falta de seguridad a las inversiones. 

El Ejecutivo Federal en diciembre del 2013 emitió el “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa", el cual tiene como materia principal el  impuesto, pero  establece  de manera precisa que la simplificación administrativa es un factor clave para acelerar la formalización de la economía. El mejoramiento en el proceso   tiene entre sus diversas ventajas eliminar trámites que:

• No cumplen su objetivo.

• No tienen fundamento jurídico.

• No se han realizado en un periodo igual o mayor a un año.

• No generan productos útiles o valor al ciudadano

D. Complementando lo anterior, el exceso de pasos en la elaboración de   trámites es una de las causas que generan corrupción toda vez que los interesados optan por salidas alternas que les sean eficaces y paga un costo muy elevado por la realización de esos trámites. La ausencia de planeación, así como la existencia de mecanismos eficaces y generalizados no permiten la medición de la efectividad del desempeño,  ni permiten establecer responsabilidades reales, aplicar coercitivos y obtener información oportuna y exacta. Todas estas situaciones pueden ser aprovechadas por los funcionarios para realizar comportamientos negligentes.

E. Con base en el numeral anterior es necesario disminuir el  número de trámites para incentivar la inversión, en este sentido la simplificación administrativa maximiza la calidad de los trámites y servicios que presta la Administración Pública, pues esta implica la homologación de tareas, la incorporación de estándares de calidad, el fortalecimiento del marco regulatorio y el uso de las nuevas tecnologías de información. Para ejemplificar lo anterior el cálculo de la OCDE   con base en una metodología internacional (Standard Cost Model que establece que antes de  la existencia del portal http://www.tuempresa.gob.mx/, herramienta de simplificación, el emprendedor debía dirigir tiempo y recursos equivalentes al 16% del PIB per cápita en México para cumplir con los trámites y pasos necesarios para constituir una sociedad mercantil (tiempo dedicado a llenar formatos, tiempo de espera en filas, contratación de gestores, visita al banco sin incluir pago de derechos de trámites y honorarios al fedatario), posterior a esta, dichos costos administrativos se reducen en por lo menos 65%. Esto deja claro las ventajas de una buena tramitología.

En consecuencia, se considera procedente la solicitud de los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano  y se somete a consideración de esta Asamblea el siguiente:

IV PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los tres órdenes de gobierno, revisar sus procedimientos de trámite en relación a la apertura de negocios y, en su caso, establecer medidas que permitan hacer más ágil la gestión para la apertura de negocios,  mediante la simplificación administrativa.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.






Que condena enérgicamente el asesinato del periodista Jorge Torres Palacios, ocurrido el lunes dos de junio del año en curso, y solicita a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero continuar con las investigaciones.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría  de Justicia del Estado de Guerrero a esclarecer el asesinato del periodista Jorge Torres Palacios, presentado por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 4 de junio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 4 de junio del 2014, los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría  de Justicia del Estado de Guerrero a esclarecer el asesinato del periodista Jorge Torres Palacios.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los Diputados proponentes hacen mención que Jorge Torres Palacios, quien ejercía el periodismo y se desempeñaba como encargado de comunicación social de la Dirección de Salud Municipal en Acapulco, Guerrero, fue secuestrado por 12 hombres armados el pasado 29 de mayo, entre las 19:00 y 20:00 horas, cuando llegaba a su casa, en la unidad habitacional El Coloso, ubicada en el poblado del Plan de los Amates.

En la propuesta se hace referencia que el lunes 2 de junio del presente, a través de una llamada anónima al número 066 se alertó a las corporaciones policiacas de la presencia de un hallado en un paraje del poblado Plan de los Amates, al lugar acudieron peritos de la Procuraduría de Justicia de la entidad y personal del servicio Médico Forense, en la que el periodista fue encontrado sin vida.

Se hace mención que sin saber del lamentable desenlace del secuestro de Torres Palacios, la mañana del lunes 2 de junio periodistas de diversos municipios de Guerrero marcharon con la exigencia de que las autoridades brinden información sobre las investigaciones de la desaparición de dicho periodista y afirmaron que la Procuraduría de Guerrero actuó con lentitud e indolencia, pues el C-4 no había facilitado las cámaras de vigilancia hasta ese día.

En la propuesta se indica lo expresado por “Reporteros sin Fronteras” respecto a que México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas; las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado y el clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de información.

Expresan los Diputados que resulta lamentable que, siendo el periodismo una de las profesiones que aportan elementos invaluables a la vida democrática del país, al ser éste una fuente de información; se presente un panorama desolador para las personas que ejercen dicho oficio.

Se señala en la propuesta que el caso de Jorge Torres Palacios se suma a los cientos de casos en donde la integridad de los periodistas y de sus familias queda a merced de los grupos criminales; así como de quienes buscan coartar la libertad de expresión en miras de ocultar actos ilícitos, como hechos relacionados con la corrupción, tráfico de intereses, entre otros.

Por tales razones, los proponentes demandan que se fortalezcan las medidas de protección para periodistas y que se esclarezca el cobarde asesinato de Jorge Torres Palacios.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero a Esclarecer el asesinato del periodista Jorge Torres Palacios.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus facultades conferidas en la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, refuercen las medidas de prevención y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de los periodistas en todo el país.

III. CONSIDERACIONES

Esta comisión dictaminadora condena enérgicamente el asesinato del periodista Jorge Torres Palacios ocurrido el pasado 2 de junio del presente año y rechaza el clima de violencia que enfrentan los comunicadores de nuestro país en el ejercicio de su función informativa.

Se hace mención que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), en un comunicado de prensa indicó que a través de la Fiscalía Regional de Acapulco, inició las investigaciones correspondientes por la presunta privación ilegal de la libertad de Jorge Torres Palacios, vocero de la Secretaría de Salud Municipal del puerto en cuestión, ocurrida anoche en la Unidad Habitacional “El Coloso”.

En el comunicado que se encuentra disponible en el portal Web de la PGJE se destaca que desde que la Representación Social tuvo conocimiento del hecho inició de oficio la indagatoria,  dentro de la cual se recaban evidencias, testimoniales y se practican actuaciones ministeriales para ubicar y detener a los presuntos responsables del hecho delictivo, además de solicitar la colaboración de distintas instancias de los tres órdenes de gobierno para localizar a la víctima.

El 2 de junio del presente, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, a través del Ministerio Público adscrito al sector Costa Azul, informó que localizó en una fosa clandestina  en la localidad de Plan de los Amates el cuerpo sin vida del periodista Jorge Torres Palacios.

La PGJ de dicha entidad señaló que las investigación continúa con trabajos de gabinete y de campo por parte de la Policía Ministerial, peritos y agentes del Ministerio Público, quienes recaban las evidencias correspondientes, a saber testimoniales, declaraciones, videos y documentales que conlleven a la ubicación de los probables responsables de los hechos.

Esta comisión considera relevante hacer mención que mediante un comunicado del prensa el gobernador del estado condenó el homicidio del vocero de la Secretaría de Salud del municipio de Acapulco, Jorge Torres Palacios, e instruyó al procurador general de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) agilizar las investigaciones y esclarecer este hecho. Informó que existe coordinación con la Procuraduría General de la República  para realizar las indagatorias, diligencias y pruebas necesarias, a fin de localizar y presentar a  los autores de ese artero crimen.

Integrantes de esta Primera Comisión condenan enérgicamente el asesinato del periodista Jorge Torres Palacios, ocurrido el 2 de junio pasado, y considera importante exhorta a las autoridades competentes a investigar exhaustivamente el hecho y sancionar con todo rigor a los responsables. Lamentan que no es un acto aislado en el país y rechazan el clima de violencia que enfrentan los comunicadores en el ejercicio de su función informativa, por lo que es un asunto que merece la atención de la entidad gubernamental competente.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso del  condena enérgicamente el asesinato del periodista Jorge Torres Palacios, ocurrido el lunes 2 de junio y solicita respetuosamente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero continuar con las investigaciones exhaustivas  de este lamentable hecho y se sancione a quién  resulte responsable.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de las facultades que le confiere la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, refuercen las medidas destinadas a la  prevención y la protección de los profesionales del periodismo para la realización de sus actividades en beneficio de nuestra sociedad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.






Que remita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores las proposiciones que exhorta a incluir en los temas que habrán de discutirse en el período extraordinario de sesiones la designación de dos Consejeros de la Judicatura Federal, que no han sido nombrados.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada el pasado 04 de junio de 2014, la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a que en el siguiente período extraordinario de sesiones, se designe a dos Consejeros de la Judicatura Federal.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.

METODOLOGIA

Esta Comisión, desarrolló su análisis y propuesta de dictamen de la mencionada  Proposición con punto de acuerdo,  conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 4 de junio del presente, los diputados Ricardo Monreal Avila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo, por la que se exhorta a que en el siguiente período extraordinario de sesiones se designe a dos Consejeros de la Judicatura Federal.

b) El mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que dicha propuesta se turnaran a esta Primera Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.- 723.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los proponentes plantean que “… El Consejo de la Judicatura Federal es la institución que tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral.

También determina la división y competencia territorial y, en su caso, la especialización de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito.

Otra función y obligación importante del Consejo y sus integrantes es la de designar, adscribir, ratificar y remover a jueces y magistrados.

Los legisladores señalan “… El Consejo de la Judicatura Federal tiene su origen en las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión, el 5 de diciembre de 1994.

Dicha reforma tuvo el propósito de avanzar en la consolidación del Poder Judicial de la Federación, mediante el fortalecimiento de sus atribuciones constitucionales, así como de la autonomía de sus órganos e independencia de sus jueces y magistrados, a efecto de incrementar la eficacia de sus funciones.

A partir de esas modificaciones a la Constitución, que tomaron plena forma el 11 de junio de 1999, se reformaron diversos artículos, entre ellos el número 100, que determina la naturaleza jurídica del Consejo de la Judicatura Federal.

Y es precisamente el segundo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que señala que el Consejo de la Judicatura se integrará por siete miembros y que dos de éstos serán designados por la Cámara de Senadores.

En el presente periodo administrativo, hasta el día de hoy, no se han designado dos Consejeros, estos correspondientes a las atribuciones del Senado de la República y por lo tanto se está incumpliendo y violando la Carta Magna.

La primera vacante se encuentra pendiente desde el año 2012, es decir ha pasado ya un año seis meses; la segunda desde ello de marzo del presente año.

Es inconcebible que en estos momentos, de los siete miembros del Consejo de la Judicatura se tengan dos vacantes, las únicas dos que corresponde nombrar al Senado de la Republica.

Con esta omisión la Cámara Alta menosprecia al Poder Judicial de la Federación, incumple sus obligaciones, viola la Constitución y deteriora la relación entre los Poderes de la Unión con graves consecuencias para el país y para el buen desempeño de los Juzgadores e intérpretes de la ley.

¿Qué puede pasar si seguimos sin nombrar a estos dos miembros? Las consecuencias que esto trae consigo son graves.

Un ejemplo de esto son las resoluciones del Consejo de la Judicatura, ya que, para que se encuentren en el marco de lo legal, la votación debe ser de mayoría calificada, es decir mínimo cinco consejeros, lo que significa que en la situación actual de este órgano, la mayoría calificada es sinónimo de unanimidad.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo es también del Consejo de la Judicatura con los mismos derechos y obligaciones de los otros seis consejeros, pero también es Representante del Poder Judicial y por razones propias de su encargo, participa activamente en eventos protocolarios y de trabajo dentro y fuera del país.

Cuando esto sucede, el Consejo sesiona con solo 4 miembros por la ausencia de Presidente, imposibilitando la realización de votaciones calificadas, por lo que como consecuencia tenemos el retraso a la solución de los asuntos de relevancia.

Al no designar el Senado a los dos consejeros, se empobrece la discusión en las sesiones del Consejo por falta de participación de posibles integrantes que pudieran aportar ideas y reflexiones distintas y enriquecedoras.

En la actualidad el Consejo está sesionando con tres miembros designados por el Poder Judicial, uno por el Ejecutivo Federal más el Presidente. Indudablemente es menester que se dé pronta solución a este tema de competencia del Senado de la Republica.

Entre las actividades propias de los señores Consejeros está la supervisión de los centros de Justicia en el país, visitando los Organos Jurisdiccionales de los distintos circuitos en que se divide la República Mexicana. La falta de estos nombramientos ha impedido realizar esta función a su máxima capacidad para no faltar  a cabo, retrasando significativamente las decisiones del Consejo y en consecuencia los avances del Poder Judicial.

En los últimos días hemos escuchado voces críticas acerca de la actuación de Jueces y Magistrados Federales, pero ¿Se tendrá la autoridad moral para poder seguir manifestándolas?

No es posible que esto suceda cuando la omisión de la Cámara de Senadores no dota de las herramientas y de los elementos para cumplir su función.

Derivado de lo anterior, los proponentes resaltan “…Por estas razones y más, es que presentamos este Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, para que la Comisión Permanente acuerde que en el siguiente periodo extraordinario, el Senado designe, por ser un tema de su competencia, a los dos Consejeros de la Judicatura Federal que no ha nombrado a pesar de su obligación Constitucional, y cumpla así lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 100 de la Carta Magna”.
Con lo anterior se pretende proponer:

UNICO.- Se exhorta a la Comisión Permanente para incluir, dentro de los temas que habrán de discutirse en el siguiente Periodo Extraordinario de Sesiones, que la H. Cámara de Senadores deberá designar a los dos Consejeros de la Judicatura Federal que no ha nombrado a pesar de ser una obligación estipulada en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

Primera.- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.- Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.- La Comisión Dictaminadora realizó la revisión, estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, haciendo algunas precisiones al respecto.

El segundo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el Consejo de la Judicatura se integrará por siete miembros y que dos de éstos serán designados por la Cámara de Senadores.

Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.

Por cuanto al periodo extraordinario, tal como lo prevé el artículo 67 constitucional, el Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva.

Sin embargo, la determinación de citar a un periodo extraordinario parte de la premisa de que debe existir un dictamen que se pueda sujetar a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, por ser de su competencia, por lo resultaría ocioso citar a un periodo extraordinario, sin dictamen.

Consecuentemente, resulta relevante que las comisiones dictaminadoras que tienen la obligación de seguir trabajando en los periodos de receso citen a sus integrantes a efecto de que se emita dictamen y, en su caso, de existir un periodo extraordinario, dicho asunto pueda ser incluido como asunto a tratar.

Con base en lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera que la proposición con punto de acuerdo se remita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, por considerarlo de su competencia. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión Permanente para incluir, en los temas que habrán de discutirse en un Periodo Extraordinario de Sesiones, la designación de dos Consejeros de la Judicatura Federal que no han sido nombrados, por considerarlo ámbito de su competencia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.






Que desecha la proposición que solicitaba información sobre las causas que obligaron a cancelar la licencia de casas de apuestas de Juan José Rojas Cardona.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada el pasado 28 de mayo de 2014 la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que proporcione a esta soberanía un informe pormenorizado, acerca de la cancelación de licencias de casas de apuestas, propiedad de Juan José Rojas Cardona; así como a la Secretaría d La Función Pública y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen la probable responsabilidad por parte de los funcionarios públicos que pudieron estar involucrados en el otorgamiento de permisos y protección a los centros de apuestas del mismo propietario.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

Esta Comisión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 28 de mayo del presente, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que proporcione a esta soberanía un informe pormenorizado acerca de la cancelación de licencias de casas de apuestas, propiedad de Juan José Rojas Cardona; así como a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen la probable responsabilidad por parte de los funcionarios públicos que pudieron estar involucrados en el otorgamiento de permisos y protección a los centros de apuestas del mismo propietario.

b) En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dichas propuestas se turnaran a esta Primera Comisión mediante el oficio No.CP2R2A.-771.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La propuesta señala que el 25 de mayo de 2005, las entonces autoridades de la Secretaría de Gobernación expidieron el permiso DGAJS/SCEVFP/P-06/2005, en el que se le concedió a las empresas de Juan José Rojas Cardona, permisos para operar 50 centros de apuestas con una vigencia de 25 años.

Los proponentes indican que la expedición masiva de permisos es irregular y que ésta le permitió que laboraran sus casinos de manera contraria a la Ley Federal de Juegos y Apuestas.

No obstante, acotan que hasta abril del presente año, fueron clausurados varios casinos en los estados de Nuevo León, Tabasco, Aguascalientes, Quintana Roo y Guanajuato, que son propiedad de Juan José Rojas Cardona, debido a que no se acreditó su legal funcionamiento y por haber incumplido con las condiciones del permiso que le habían otorgado, condiciones en las que estuvieron operando sus casinos desde su apertura y que los funcionarios de la SEGOB en aquel entonces por omisión, no dieron cuenta de ello.

Ante esto, los proponentes expresan que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión debería saber el estado que guarda la investigación en contra de Juan José Rojas Cardona, quien, dicen los proponentes, a través de actos de corrupción en los que se encuentran coludidos funcionarios públicos tanto de la Administración Pública Federal, como del Poder Judicial de la Federación, expidieron  permisos en su favor para la apertura que permitieron de casas de apuestas, yendo así en contra del derecho y del Estado Mexicano.

II. A. Proposición de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Unico.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que proporcione a esta soberanía un informe pormenorizado de las causas que obligaron a cancelar las licencias de casas de apuestas de Juan José Rojas Cardona, asimismo, exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen la posible responsabilidad por parte de los funcionarios públicos que desde 2005, estuvieron involucrados en el otorgamiento de permisos y protección a los centros de apuestas de Rojas Cardona.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.-  Para la Dictaminadora resulta de gran relevancia que los actos de toda autoridad se lleven a cabo en un marco de legalidad,  transparencia y responsabilidad, y  que en el caso de los funcionarios que no procedan bajo la observancia de tales principios, sean estos investigados y procesados por las instancias correspondientes que dicta nuestro marco jurídico vigente. 

SEGUNDA.-  Acorde con lo expuesto por los proponentes, esta Comisión indagó respecto a las revocaciones de los permisos que la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, realizó el pasado mes de abril a los establecimientos de apuesta del C. Juan José Rojas Cardona. El resultado de esta investigación, consiste en que en el portal web de la mencionada Dirección, se encuentra publicado el expediente que derivó en la revocación de los permisos.

En efecto, en dicho portal se detalla que la revocación del permiso es el resultado del procedimiento administrativo AJP/0126/13-XI, iniciado “por motivo de que no acreditó su legal funcionamiento e incumplimiento a las condiciones del permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005”, el cual refieren también los proponentes y esta dictaminadora cuenta con copia.

De este modo, y en cumplimiento al artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos, en el cual se establece la obligación de publicar la base de datos de los juegos y sorteos que se llevan a cabo dentro del país, la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, mantiene publicado a través de su portal de internet, el seguimiento de los diversos procesos de los casinos de los cuales es propietario el C. José Rojas Cardona. En esta serie de procesos aparece lo referente al procedimiento administrativo AJP/0126/13-XI.

En dicho portal de internet aparece lo siguiente:

Tipo de Procedimiento

Descripción

Estatus

Administrativo

Procedimiento administrativo AJP/0126/13-XI, con motivo de que no acreditó su legal funcionamiento e incumplimiento a las condiciones del permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005; sanciones consistentes en multa y revocación del permiso.

Concluido. Con fecha 01 de abril de 2014 se resolvió la revocación del permiso

Judicial

J.A. 743/2014. Juzgado 16° de Distrito en Materia Administrativa con sede en el Distrito Federal. Actos reclamados: 1. Art. 17-A de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; 2. Los artículos 27, 39 y 151 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; 3. La orden de revocación del permiso federal en materia de juegos y sorteos DGAJS/SCEVF/P-06/2005 de 01 de abril de 2014; 4. La orden y ejecución de la suspensión total de actividades contra los establecimientos en donde la inconforme explota el permiso federal en materia de juegos y sorteos DGAJS/SCEVF/P-06/2005 y sus modificaciones; 5. La orden de actualizar la base de datos de la Dirección General de Juegos y Sorteos en el sentido de que aparezca, como anotación marginal, que el permiso federal en materia de juegos y sorteos DGAJS/SCEVF/P-06/2005 y sus modificaciones, fue revocado y 6. La orden y ejecución de clausura, sobre el resto de giros mercantiles autorizados, ubicados dentro de los mismo establecimientos en que operan los locales de juegos con apuestas o sorteos, a que se refiere el punto anterior, tales como restaurantes, bares, centros de espectáculos, auditorios, etc.

El 22 de mayo se declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra la negativa de suspensión provisional. El 23 de mayo de 2014 mediante sentencia interlocutoria, en el incidente de suspensión relativo al Juicio de Amparo 743/2014 promovido por Entretenimiento de México S. A. de C. V., se resolvió en el único resolutivo: Se niega la suspensión definitiva solicitada por Entretenimiento de México S. A. de C. V. en términos de lo dispuesto en esta interlocutoria.

CUARTA.- Ahora bien, los integrantes de esta comisión estimamos que la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, ha actuado conforme a derecho tanto en dar publicidad a todo el seguimiento del permiso número DGAJS/SCEVF/P-06/2005, entre lo cual se encuentra el proceso administrativo AJP/0126/13-XI; así como en  realizar las supervisiones correspondientes al cumplimiento de las condiciones del permiso.

Es por ello que la parte del resolutivo propuesto, en el cual se insta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a realizar investigaciones al respecto, no se considera de aprobase, toda vez que correspondería a la Secretaría de Gobernación interponer dicha solicitud si del resultado del ejercicio de sus atribuciones, esta Secretaría considerara que el permisionario ha cometido un acto de la competencia de las otras instancias.

Cabe mencionar que la citada Dirección, procede bajo este mismo procedimiento con todos y cada uno de los permisos que otorga, en atención al fundamento señalado en el segundo numeral de estas consideraciones.  De suerte que es por lo anterior que la Dictaminadora considera que el informe que solicitan los promoventes se encuentra publicado en el portal de internet de la mencionada Dirección y la solicitud que proponían mediante su punto de acuerdo, no es de aprobarse.

QUINTA.- No obstante lo anterior, y con el ánimo de ofrecer a los promoventes la información que esta Comisión recabó para dictaminación de este asunto, cabe añadir que las causas que la autoridad ofrece como suficientes para llevar a cabo la revocación del permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005, se contienen en el Proceso Administrativo número AJP/0126/13-XI, que se encuentra relacionado con el incumplimiento de los estipulado por el permiso ya indicado.

Del mismo modo, ha habido parte judicial en este asunto, la cual no otorgó el Amparo, ni el recurso de Queja a favor del afectado, toda vez que este buscó la suspensión de la revocación, mismo que puede consultarse en el cuadro introducido en la segunda consideración del presente.

Es por todo lo anterior, que esta Comisión acuerda el siguiente:  

IV. RESOLUTIVO

Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dictamina en sentido negativo la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicitaba a la Secretaría de Gobernación un informe pormenorizado de las causas que obligaron a cancelar las licencias de casas de apuestas de Juan José Rojas Cardona; y se  exhortaba a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones investigaran la posible responsabilidad por parte de los funcionarios públicos que desde 2005 estuvieron involucrados en el otorgamiento de permisos y protección a los centros de apuestas de Rojas Cardona.

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.






Que desecha la proposición que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a no autorizar los apoyos de los programas de gobierno federal en beneficio de su partido.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnadas para su estudio y dictamen “Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a no utilizar los apoyos de los programas de Gobierno Federal en beneficio de su partido”, suscrita por los Diputados Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Consuelo Argüelles Loya y María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

Esta Comisión, desarrolló su análisis y propuesta de dictamen de la mencionada  Proposición con punto de acuerdo,  conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES.

A. En la Sesión del miércoles 4 de junio de 2014, se presentó ante el Pleno la Proposición enunciada en el proemio y publicada en la Gaceta Parlamentaria número 6, de la Comisión Permanente, del 4 de junio de 2014.

B. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnara a esta Primera Comisión para estudio y dictamen mediante el oficio No.CP2R2A.- 713.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION.

El documento de mérito pretende:

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a que en términos de la legislación vigente, no utilice los apoyos de los programas de gobierno federal en beneficio de su partido.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a que separe de su cargo a la señora Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y al señor Pablo Elizondo García, delegado de la SEDESOL en el estado de Nuevo León, quienes de manera sistemática han violentado la ley al utilizar los recursos públicos de esa dependencia a favor del Partido Revolucionario Institucional.

Tercero. Se solicita a la Procuraduría General de la República, realice las investigaciones pertinentes del caso y sancione a las personas, tanto funcionarios públicos como líderes partidistas, que hayan incurrido en la utilización de los programas de gobierno federal para beneficio del Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer el dictamen a la propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Proposición que nos ocupa, se centra en la conducta del Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Nuevo León, Pablo Elizondo García; quien fue observado en su ejercicio presupuestal en la Cuenta de la Cuenta Pública 2012, por la Auditoría Superior del Estado.

Al respecto, hay que señalar que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León1, establece un procedimiento correctivo para solventar las observaciones en la Cuenta Pública del Estado a saber:

● La Auditoría Superior del Estado (ASE), de manera previa a la presentación del Informe del Resultado de la revisión, dará a conocer a los titulares de los Sujetos de Fiscalización las observaciones preliminares, a efecto de que éstos en un plazo improrrogable de treinta días naturales contados a partir del día de su notificación, presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan2; y añade que Una vez que la ASE valore las justificaciones, aclaraciones y demás información, podrá eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares que dio a conocer a los Sujetos de Fiscalización del respectivo Informe del Resultado.3 

● Señala asimismo que cuando se presenten denuncias ante el Congreso, debidamente soportadas con documentos o evidencias, la ASE podrá requerir a los Sujetos de Fiscalización le rindan un Informe de Situación Excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos o situaciones denunciadas.4

● Establece además que los Sujetos de Fiscalización deberán rendir a la ASE en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento, el Informe de Situación Excepcional donde se describa la procedencia o improcedencia de la denuncia, así como sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que se hubieren impuesto a los servidores públicos involucrados o de los procedimientos sancionatorios iniciados y con base en el informe de situación excepcional, la Auditoría Superior del Estado  podrá en su caso, fincar las responsabilidades resarcitorias que procedan, promover las responsabilidades administrativas ante las autoridades competentes, o solicitar que la instancia de control competente profundice en la investigación de la denuncia formulada e informe de los resultados obtenidos a la Auditoría.5

● Una vez presentado el Informe del Resultado correspondiente al Congreso,  la ASE, en relación a los casos en que los Entes Públicos no hayan presentado justificaciones y aclaraciones dentro del plazo señalado para solventar las observaciones preliminares formuladas o bien las presentadas resultaren insuficientes para dicho efecto, procederá a emitir, según corresponda, lo siguiente:

- Acciones:

- Pliegos presuntivos de Responsabilidades;

- Fincamiento de responsabilidad resarcitoria;

- Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa;

- Promoción de intervención de la instancia de control competente;

- Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; y

- Interposición de denuncias penales en los términos de esta Ley.

- Recomendaciones:

- En relación a la gestión o control interno; y

- Las referentes al desempeño.6

Con base en todo lo anterior, esta Dictaminadora declara lo siguiente: México es un país de leyes, nuestro sistema Constitucional garantiza que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario; de tal suerte que no se le llama culpable a quien está siendo investigado o procesado, su culpabilidad será determinada hasta que la autoridad judicial competente lo resuelva así mediante una sentencia firme.

Es por tanto que de acuerdo a las aseveraciones que se hacen en el contenido de esta proposición, se estima que en concordancia con el procedimiento anteriormente citado, el caso de la acusación respecto al delegado de la SEDESOL en el Estado de Nuevo León, deberá continuar su debido cause.

Del mismo modo esta representación considera que cualquier solicitud que se proponga como posición oficial de la Comisión Permanente ante otro poder, debe reunir ciertos requisitos entre los que destacan, basarse en datos ciertos, expresar una postura institucional, no de facciones o partidos y formularse con compostura y respeto.

En ese sentido, consideramos que la expresión contenida en el resolutivo primero del punto de acuerdo, implica la aseveración de que el gobierno federal está utilizando recursos públicos en Nuevo León, lo cual es sospechado por los proponentes, pero que no basta  para que la Comisión Permanente lo asuma, por lo que los integrantes de esta Comisión no pueden aceptar juicios de valor o argumentos sin sustento probatorio.

Por cuanto hace al segundo resolutivo del punto de acuerdo, se considera que la separación de un Secretario de Estado solo procede en los casos previstos por los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de responsabilidades de los servidores públicos, en ese sentido tampoco es de aceptarse.

Por cuanto hace al resolutivo “tercero”, esta representación no considera adecuado que la Comisión Permanente del Congreso solicite a la Procuraduría realizar una pesquisa, cuando el inicio de la acción penal, claramente establecido en la ley, inicia con la denuncia o la querella y no con un exhorto o petición.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

IV. PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dictamina en sentido negativo la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhortaba al titular del Ejecutivo Federal a no utilizar los apoyos de los programas de Gobierno Federal en beneficio de su partido”, suscrita por los Diputados Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Consuelo Argüelles Loya y María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.

1 El documento consultado fue publicado en el periódico oficial del estado el 22 de septiembre de 2011 y actualizado con la última modificación al 4 de julio de 2013.

2 Ley Superior de Fiscalización, artículo 46.

3 Op. Cit. Artículo 21.

4 Op. Cit. Artículo 37.

5 Op. Cit. Artículo 38.

6 Op. Cit. Artículo 53.






Que desecha la proposición que exhorta a la divulgación de campañas de información y prevención sobre la eventualidad de los sismos y la Alerta Sísmica de nuestro país.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la “Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que se implementen campañas de información y prevención a la sociedad mexicana sobre la eventualidad de los sismos y la alerta sísmica en nuestro país”. La propuesta antes citada fue presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictamen conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada por la Comisión Permanente el miércoles 4 de junio del 2014, el Senador Benjamín Robles Montoya, presentó la “Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus funciones, ordene a las instancias correspondientes la divulgación de campañas de información y prevención referidas a la sociedad mexicana con el propósito de tener informada a la sociedad sobre la eventualidad de los sismos y la alerta sísmica en nuestro país ”.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mismo que hizo llegar mediante el oficio No. CP2R2A.-741.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Una de las preocupaciones por parte del autor de la propuesta, es la de la falsa o incorrecta información que se ha venido difundiendo en algunas redes sociales respecto un fuerte sismo que se aproxima y que sería de mayor magnitud que el sismo de 1985, el cual según las fuentes de información, causaría mayor destrucción material en algunos Estados del país, y mayor número de pérdidas humanas.

 Se puede explicar, que México, por su ubicación geográfica, se encuentra sujeto a diversos fenómenos naturales que pueden derivar en una situación de desastres; entre las calamidades a las que mayormente está expuesto el territorio nacional resaltan los sismos. Nuestro país, debido a la presencia de fallas geológicas y la acción de las placas tectónicas continentales, está asociado a una gran zona generadora de sismos y estos han ocurrido a lo largo de millones de años.

La mayor parte de los sismos de grandes magnitudes (mayores de 7, por ejemplo) y que son los que ocasionan grandes perjuicios para el hombre, tienen epicentros en la costa del Océano pacífico, a lo largo de los Estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, también han ocurrido grandes sismos en el centro y sur de los Estados de Veracruz y Puebla, partes norte y centro de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Estado de México y la península de Baja California, especialmente en la zona fronteriza con los Estados Unidos. En la ciudad capital, a esos elementos se suman las características del subsuelo y la gran densidad poblacional, originando una situación de riesgo sísmico.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dice:

Primero.- La Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación a realizar las acciones pertinentes e instruir campañas de información a la sociedad mexicana que procure la prevención en caso de sismos, pero también que combata la desinformación y detenga las publicaciones dolosas que hablan sobre movimientos sísmicos de consecuencia mayores.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Unidades de Protección Civil de las entidades federativas a replicar una respuesta oficial acerca de la falsa información que está circulando en distintos medios de comunicación en la que se advierte la inminente ocurrencia de un sismo de magnitudes mayores, a fin de frenar la ola de alarmas suscitadas al respecto.

III. CONSIDERACIONES

La Comisión dictaminadora coincide con la preocupación de los promoventes, en virtud de que, a últimas fechas, se ha difundido por redes sociales y portales de internet la  inminente ocurrencia de un terremoto en México, con origen en la Brecha de Guerrero, lo que ha provocado miedo entre la población.

Ahora bien, esta Comisión, en la investigación que realizó en referencia a la información que el Estado proporciona a la población respecto a la prevención de sismos, se encontró   que tiene dos áreas específicas que se dedican a la investigación e información sobre la prevención y acción en caso de ocurrir el sismo, uno es el Servicio Sismológico Nacional, que ha jugado un papel importante en el desarrollo de la sismología en México, además de tener una función social y económica palpable. Afortunadamente en la última década, los estudios de sismología en México han progresado más allá de la simple observación sismológica y esto ha formado distintos grupos de investigación que afrontan los diferentes problemas de la sismología; y el otro es la Universidad Nacional Autónoma de México que cuenta con dos grupos de trabajo; el primer, es el grupo del Instituto de Geofísica, concentrado en el Departamento de Sismología y Vulcanología, que además de realizar labores de investigación tiene a su cargo el Servicio Sismológico Nacional, que es el vocero oficial de la Universidad Nacional Autónoma de México en la divulgación de los parámetros de los temblores; y el segundo, el Instituto de Ingeniería que enfoca su trabajo principalmente a problemas de riesgo sísmico y el manejo de una red de estaciones telemétricas (SASMEX).

Aunado al tema, el autor de la propuesta, es menester mencionar que dentro de la investigación que se realizó por parte de esta Comisión, en el tema de campañas de información y prevención de sismos, la dictaminadora, manifiesta que no se han encontrado o no existen datos relacionados a la implementación de otro sistema de información que sea veraz y confiable como la que proporciona el Servicio Sismológico Nacional o la página de la Secretaría de Gobernación en las cuales, toda la información que publican tiene como sustento la investigación que ha realizado los expertos en la materia. 

Es importante manifestar que son innegables las bondades que se manifiestan en el caso particular, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, estamos plenamente de acuerdo con el propósito al que se orienta el punto de acuerdo, en virtud de que es necesario que se difundan campañas con información verídica por parte de la autoridad, en virtud de tratar de que la población esté más informada sobre la prevención de los sismos, y qué la información falsa o con falta de fundamentos no infunda miedo a la población.

Es por esta razón que el 28 de mayo y el 11 de junio la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión aprobó dos puntos de acuerdo respecto al tema de alertas sísmicas y respeto a la implementación de simulacros en los diferentes entes de Gobierno, incluso en inmuebles del sector privado.

Asimismo, esta Comisión considera que no es pertinente partir de rumores para que la Comisión Permanente emita un exhorto de esta naturaleza, así como tampoco se puede limitar el derecho de información y libre expresión que tiene la población en las redes sociales y que la naturaleza de las mismas provoca que sea un medio difícil de controlar.

De igual forma, esta Comisión considera que no es de obsequiarse la pretensión de los promoventes, toda vez que la información vertida en estos medios alude a la posibilidad de que un evento de esta naturaleza ocurra, sin embargo, ello es difícil de predecir.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal la que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dictamina en sentido negativo la “Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus funciones, ordene a las instancias correspondientes la divulgación de campañas de información y prevención referidas a la sociedad mexicana con el propósito de tener informada a la sociedad sobre la eventualidad de los sismos y la alerta sísmica en nuestro país .”

SEGUNDO. Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Congreso de la Unión,
el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.






Que desecha la proposición que solicita a la Procuraduría General de la República, publicar el gasto erogado 2009 y 2012, que se ocupó para las construcciones de los Centros de Investigaciones Federales.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la “ Propuesta con punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, haga del conocimiento público cual fue el gasto erogado para la construcción de los centros de investigaciones federales 2 y 3, así como la procedencia de los recursos económicos utilizados”. La propuesta antes citada fue presentada por los Diputados José Luis Muños Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada por la Comisión Permanente el miércoles 4 de junio del 2014,los Diputados José Luis Muños Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron dictamen la propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, haga del conocimiento público cual fue el gasto erogado para la construcción de los centros de investigaciones federales 2 y 3, así como la procedencia de los recursos económicos utilizados. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El titular del punto de acuerdo, manifiesta dentro de las líneas del texto, la incertidumbre por saber cuánto fue el presupuesto que la Procuraduría General de la República solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la compra del inmueble que ocupaba en ese entonces el Hotel Gran Sol, y que en ese lugar se construyó entre los años 2010 y 2012 el Centro Federal de Inteligencia número 2.

Asimismo, menciona el autor que entre los años 2011 y 2012 se construyó el Centro de Investigaciones Federales número 3, que se ubica en los límites de Cuernavaca y Jiutepec, el cual fue construido con el dinero de la Iniciativa Mérida.

En la misma línea, el punto de acuerdo solicita al titular de la Procuraduría General de la República, información acerca del gasto erogado entre los años 2009 y 2012 que se utilizó para la construcción de los Centros de investigaciones Federales, y que esta Procuraduría   lo publique en su sitio oficial  de Internet. Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dice:

Primero.- La Comisión Permanente exhorta al Titular de la Procuraduría General de la República, haga del conocimiento público a través de su sitio oficial de Internet, cual fue el gasto erogado entre 2009 y 2012 para la construcción de los Centros de Investigaciones Federales (CIF 2 y 3), así como la procedencia de los recursos económicos utilizados.

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta al Titular de la Procuraduría General de la República, haga del conocimiento público a través de su sitio oficial de Internet, cuáles fueron los criterios para utilizar recursos económicos, producto de la iniciativa Mérida y en que apartado de la misma se encuentra previsto la utilización de su presupuesto para la construcción de los Centros de Investigaciones Federales (CIF 2 y 3).

Tercero.- La Comisión Permanente exhorta al Titular de la Procuraduría General de la República, haga del conocimiento público a través de su sitio oficial de Internet, el procedimiento de licitación para la contratación de la o las empresas que realizaron la construcción, instalación y equipamiento de los Centros de Investigaciones Federales (CIF 2 y 3).

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.-Esta dictaminadora manifiesta su interés por garantizar los principios de transparencia y rendición de cuentas, en el actuar de todos y cada uno de los servidores públicos, así como por las distintas instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno. Del mismo modo, esta comisión ha solicitado respetuosamente información o cualquier tipo de sanción, cuando no se respetan tales principios, y cuando las atribuciones con las que cuenta esta representación y nuestro marco jurídico vigente, lo permiten.

SEGUNDA.-Para esta Dictaminadora es importante señalar que parte de la información solicitada por los promoventes es de clasificación reservada. En efecto, tal y como lo estipula la fracción II del artículo 51, de la Ley de Seguridad Nacional, que establece que:

“Es información reservada de Seguridad Nacional:

1. Aquella cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignen.”

Del mismo modo, se considera que resulta aplicable lo establecido en las fracciones I y V de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental que dicen a la letra:

Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda:

I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;

II a IV…

V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.

TERCERA.- Por otra parte, si bien esta Comisión podría compartir la preocupación de los promoventes entorno a la figura del arraigo y las posibles observaciones negativas respecto a esta, estimamos que de acuerdo al contenido de los resolutivos propuestos, es relevante razonar que los Centros de Investigaciones Federales se construyeron con el objetivo de permitir un eficiente funcionamiento de esta figura jurídica, lo cual justificaría su construcción e incluso, valdría señalar que, a pesar de que el gobierno actual haya decidido recurrir al arraigo en menor medida en comparación con la administración anterior, este se sigue utilizando, tal y como lo refieren los proponentes en sus consideraciones. 

CUARTA.- Del mismo modo, es preciso señalar que  la Iniciativa Mérida es un  plan de ayuda multianual lanzado en octubre de 2007por la administración del entonces Presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush, que incluye un paquete de cooperación y asistencia para México y los estados centroamericanos, además de Haití y República Dominicana, y que tiene como fin combatir las amenazas del tráfico de drogas, crimen transnacional, y terrorismo en el Hemisferio Occidental.

Desde 2008 que la Iniciativa Mérida se puso en marcha, el Congreso de Estados Unidos ha asignado al gobierno de México, la cantidad de 1.600 millones de dólares.

Uno de los puntos que la Iniciativa Mérida contiene, es la aplicación por parte de México de reformas completas del sector de justicia mediante la capacitación de fiscales, defensores, investigadores y expertos forenses, así como mediante intercambios judiciales y asociaciones entre facultades de Derecho de México y Estados Unidos.

Acorde con lo anterior, para esta Comisión, los recursos que el gobierno federal pudo utilizar para la Construcción de Centros de Investigaciones Federales, provenientes de este Proyecto binacional, se inscriben en el marco de la mejora en la impartición de justicia que contempla dicha Iniciativa.

Es decir, toda vez que los recursos humanos, materiales y humanos que se contemplan en esta Iniciativa deben ser implementados en la dirección que constituyen las líneas de acción establecidas. Por tanto, el gobierno mexicano, en el pleno ejercicio de su soberanía, pudo construir estos Centros considerando que con ello se mejoraría la impartición de justicia y la investigación de delitos en nuestro país.

QUINTA.- Ahora bien, de acuerdo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2012, la PGR llevó a cabo el pago de los contratos relacionados con los trabajos del proyecto integral para la construcción y equipamiento del inmueble del Centro de Investigación Federal en Cuernavaca (CIF 1), para lo cual dicha institución habría erogado más de 200 millones de pesos y una cantidad igual provino de la Iniciativa Mérida para, en concordancia con las líneas de acción de este proyecto, se llevara a cabo la adquisición de diversos equipos de seguridad.

Para la construcción del CIF número 2, que se tenía previsto desde 2009, mismo año en el que la PGR solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 119 millones de pesos para adquirir el hotel “Gran Sol”, que finalmente se convertiría en el CIF número 2.

De este modo, la Dictaminadora considera que la información que los promoventes solicitan y es de publicarse, puede hallarse sin la necesidad de que esta Representación emita un exhorto.

Es por todo lo anterior, que esta Comisión acuerda el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dictamina en sentido negativo la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de la República, para que a través de su página oficial en Internet, publique el gasto erogado entre los años 2009 y 2012 que se ocupó para la construcción de los Centros de Investigaciones Federales, y la procedencia de los recursos que se utilizaron para su construcción; así como a hacer público el apartado de la iniciativa Mérida donde se encuentra previsto la utilización de su presupuesto para la construcción de los Centros de esta índole; y a publicar también, el procedimiento de licitación para la contratación de la o las empresas que realizaron la construcción, instalación y equipamiento de estos Centros.

SEGUNDO.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.






Que desecha la proposición que exhorta a implementar acciones que permitieran el cumplimiento de los tratados y las Normas Internacionales para Prevenir y Combatir la Violencia contra la Mujer, los defensores y defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio  Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación para que, en base al diagnóstico de los últimos años en materia de Derechos humanos, implemente acciones que permitan el cumplimiento de los Tratados y las Normas Internacionales para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas, de tal forma que garanticen resultados en la atención, prevención, protección y garantía de los Derechos Humanos; asimismo, haga del conocimiento público el diagnóstico, las acciones y resultados obtenidos.”

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En la sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, celebrada el miércoles 4 de junio de 2014, los Diputados Fernando Belauzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presentaron la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al  Titular de la Secretaría de Gobernación para que, en base al diagnóstico de los últimos años en materia de Derechos Humanos, implemente acciones que permitan el cumplimiento de los Tratados y las Normas Internacionales para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas, de tal forma que garanticen resultados en la atención, prevención, protección y garantía de los Derechos Humanos; asimismo, haga del conocimiento público el diagnóstico, las acciones y resultados obtenidos.”

b) La Proposición en comento le fue turnada a esta Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.- para su despacho correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION.

Los diputados se refieren a la Auditoría de desempeño 10-0-04100-07-0141 que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación a la Unidad para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (UPDDH) y que se encuentra en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 2011, mismo que da cuenta que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 fue negativo, pues incurrió en subejercicio de más de 4 millones de pesos y no pudo acreditar el cumplimiento de los 33 tratados internacionales en la materia firmados por México.

Del mismo modo, consideran que el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de la Secretaría de Gobernación no registró los esfuerzos del Poder Ejecutivo Federal para cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por otro lado, señalan que el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012 cumplió parcialmente con los objetivos que se enlistan a continuación:

1) Fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas de la Administración Pública Federal;

2) Fortalecer e institucionalizar mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos;

3) Consolidar una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos

Lo anterior pues las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sólo realizaron actividades en 128 de las 311 líneas de acción del PNDH 2008-2012, lo que equivale a un 41.2%.

Para el 2013-2018, el Plan Nacional de Desarrollo incluye como uno de sus ejes estratégicos el de los derechos humanos y el de la prevención y eliminación de la discriminación para lograr un México en paz.

Asimismo, en el primer informe de gobierno 2012-2013 se señala que la reestructuración de la SEGOB fortaleciera el área de derechos humanos, por lo que el 2 de abril de 2013 se publicó el nuevo reglamento interior de dicho organismo, y se conformó la Subsecretaría de Derechos Humanos como la responsable exclusiva del tema; para cumplir con ese propósito se crearon dos direcciones: la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos y la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos.

La primera de ellas tiene como facultades el diseño, implementación y seguimiento de la política de derechos humanos, así como de la reforma constitucional en la materia que fue uno de los compromisos promovidos por el Pacto por México; la segunda Dirección cuenta con facultades para formular estrategias y coordinar acciones en materia de atención a víctimas y ofendidos de delitos.

A pesar de esta reestructuración, a los promoventes les preocupa que no se han dado a conocer cifras que reflejen la acciones que han implementado en el área de derechos humanos, pues no se conoce si hay incremento o decremento en el caso de feminicidios, de violencia contra las mujeres, contras las víctimas y ofendidos del delito, la prevención y protección a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, en trata de personas o con el fin de prevenir la discriminación. Afirman que no existe un diagnóstico que permita conocer el problema y solucionarlo.

De igual forma, afirman que la Organización Human RightsWathcs (HRW) señaló que en la administración actual hay violaciones graves a los derechos humanos por el parte de militares y policías; señaló también que no existe un plan concreto para reducir la violencia ni se ha dado a conocer la metodología para revisar la lista de personas desaparecidas, así como tampoco ha creado un registro nacional de restos humanos.

En nuestro país, del año 2000 al 2013 han sido asesinados 84 periodistas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que, en el II Encuentro Nacional de Periodistas, se ha considerado que la Procuraduría General de la República (PGR) y la SEGOB incumplen con el mandato de ley que tienen en cuanto a la investigación´ de agresiones en contra de periodistas.

Por otro lado, el informe presentado por el Premio Nobel Jody William y Rigoberta Menchú ofrece cifras alarmantes, pues destaca que desde 2006, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, los feminicidios han aumentado 40%, hay más de 50 mil muertos y 250 mil desplazados, además de miles de personas sometidas a desaparición forzada. De acuerdo con los promoventes, este informe afirma que la incidencia en feminicidios, violencia sexual, violaciones y desaparición forzada en contra de mujeres y defensores de los derechos humanos ha alcanzado “dimensiones de crisis”.

Para motivar su solicitud, los diputados citan al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia económica, de manera transparente y honrada con el fin de satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Asimismo, mencionan que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el artículo 7, fracción IX, que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Por tanto, los promoventes someten a consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación, C. Miguel Angel Osorio Chong; para que en atención a los referidos informes y observaciones presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Organización Human RightsWatch, la Asociación por lo Justo (JASS), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan AC) y el Consorcio para el diálogo parlamentario y la Equidad; así como a Jody William y Rigoberta Menchú; se realicen las acciones siguientes:

● Elabore el diagnóstico de los últimos años en materia de Derechos Humanos.

● Con base al diagnóstico efectuado, implemente acciones que permitan el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas; de tal forma que garanticen resultados en la atención, prevención, protección y garantía de los derechos humanos.

● Haga del conocimiento público el diagnóstico, las acciones y los resultados señalados.

III. CONSIDERACIONES

A. La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos ha sido uno de los cambios más significativos en el ámbito jurídico, pues la introducción del principio pro personae otorga la primacía en la aplicación de las leyes a la persona, es decir, que cualquier ordenamiento jurídico que pueda resultar favorable para quien se encuentra en un proceso jurídico.

Lo anterior es, sin duda, un precedente que da cuenta de la importancia que el respeto a los derechos humanos ha adquirido en nuestro país, pues todas las instituciones gubernamentales deben cumplir con el mandato de garantizar a toda persona el goce de sus derechos fundamentales. Tanto autoridades como legisladores se han dado a la tarea de armonizar sus leyes y la aplicación de las mismas con base en el respeto pleno a sus derechos humanos.

No obstante, la violencia, la desigualdad y la falta de observancia jurídica son dos de los problemas que pueden servir como base para que existan grupos de personas que no gozan de estos derechos y que, por el contrario, ven atropellados sus derechos.

B. El Programa Nacional para los Derechos Humanos 2014 – 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de abril, en dicho Programa se establecen las dependencias que deberán adoptarlo, así como el marco jurídico a nivel nacional e internacional en materia de derechos humanos que habrán de servir para normar las acciones de las instituciones mexicanas.

En la primer parte de dicho Programa, se da a conocer el Diagnóstico en materia de derechos humanos en México, en el cual se describe la problemática, causas y efectos relacionados con la garantía del respeto pleno a los derechos humanos en nuestro país.

En él, se da cuenta de lo siguiente:

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) reconoce que "[a] pesar de los esfuerzos realizados por las instancias competentes en el tema, no se ha logrado revertir el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de los derechos humanos. Por ello, uno de los objetivos prioritarios del gobierno es lograr una política de Estado en la materia, que garantice que todas las autoridades asuman el respeto y garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana"(7).

La Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013 (ANDH) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentada en el marco de la consulta para la elaboración del PND, refleja cifras sostenidas e incremento de quejas recibidas por violaciones de derechos humanos(8).

[…]

La experiencia en los últimos años obliga a analizar y generar un diagnóstico sobre la normativa y obligatoriedad de capacitación en derechos humanos para servidores públicos, el cual será la pauta para la adecuación de los programas de formación, así como para la promoción de incentivos implementados bajo mecanismos de control y evaluación.

Es de fundamental importancia lograr que el servicio público se conciba como el medio para hacer realidad los derechos, por lo que la sensibilización que se haga al respecto resulta transcendental.

Por otro lado, la principal preocupación que deriva de la Consulta Ciudadana realizada en la página de Internet www.pnd.gob.mx, fue la educación (16). El informe del Programmefor International Studen Assessment (PISA) mostró que México está entre los países con más obstáculos en su contexto demográfico, social y económico. Si bien ha habido avances en la educación, México sigue siendo el país miembro de la OCDE con la posición más baja por su desempeño en la materia (17). Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupación por la feminización de ciertos ámbitos de la educación y la baja participación de las niñas en la enseñanza técnica, ya que a la larga entraña la segregación por sexos en el mercado de trabajo y la baja remuneración del empleo de la mujer (18). Este problema se debe en parte a que la política educativa nacional no se ha diseñado transversalmente bajo las perspectivas de derechos humanos, género, inclusión y no discriminación.

Los mecanismos de alerta son indispensables para prevenir violaciones a los derechos humanos, sin embargo, la efectividad de los existentes no ha sido integralmente evaluada y no se cuenta con protocolos interinstitucionales para dar respuesta a las necesidades de atención urgentes, tampoco existen parámetros de derechos humanos en las políticas de prevención del delito, procuración y administración de justicia. Esto repercute de manera directa en la calidad de atención a las cuestiones que pueden generar violaciones a los derechos humanos.

Los derechos humanos no han podido garantizarse de manera plena debido a la falta de transversalización del enfoque de derechos humanos (24) en la gestión administrativa. En efecto, hacen falta herramientas que lo permitan, así como reformas al marco jurídico en materia de planeación. El resultado de esta transverzalización será la transformación de la infraestructura, la normativa y las políticas públicas, así como re conceptualización del servicio público, como el medio para hacer realidad los derechos de las personas.

Los Programas operaron bajo un diseño institucional en el que sólo algunas de las dependencias y entidades de la APF contaban con áreas o equipos al interior para incorporar el enfoque de derechos humanos en su gestión institucional. Además, no se contó con un mecanismo adecuado de seguimiento y evaluación ni presupuesto etiquetado para la ejecución de las líneas de acción. Asimismo, no se establecieron suficientes mecanismos o rutas de implementación para dichas líneas de acción. El diseño y ejecución del Programa se hace cargo de los hallazgos de esta evaluación.

Además, una deficiencia de los programas anteriores de derechos humanos fue la falta de un mecanismo independiente para su evaluación y seguimiento. La ausencia de dicho mecanismo no permite tener una evaluación objetiva de sus alcances. Destaca la falta de recursos financieros, técnicos, de información y tecnológicos. Para fortalecer este mecanismo, hace falta que los órganos internos de control verifiquen que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente las que se desprenden de este Programa.

A lo largo del documento, la Secretaría de Gobernación da a conocer cuál es el estado que guarda el respeto a los derechos humanos a partir de la reforma constitucional de 2011, así como las dificultados con las que se ha encontrado para su instrumentación. En el Capítulo II. Objetivos, estrategias y líneas de acción, la Secretaría de Gobernación da a conocer de qué manera combatirán los problemas que enfrentan la implementación de la reforma constitucional de 2011 y cómo se garantizará que se cumpla efectivamente el Programa Nacional de Derechos Humanos en todo el país.

Con base en lo anterior, esta Comisión considera que el Programa Nacional de Derechos Humanos satisface la demanda de los promoventes, por lo que se considera redundante obsequiar el punto de acuerdo que solicita.

Por tanto, esta comisión pone a consideración en siguiente:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda dictaminar en sentido negativo la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación, C. Miguel Angel Osorio Chong; para que en atención a los referidos informes y observaciones presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Organización Human RightsWatch, la Asociación por lo Justo (JASS), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan AC) y el Consorcio para el diálogo parlamentario y la Equidad; así como a Jody William y Rigoberta Menchú; así como las acciones enlistadas por los promoventes.

SEGUNDO. Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.






Que desecha la proposición que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a considerar la revisión de la redacción del artículo 140 del Código Penal para el Distrito Federal.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión fueron turnadas el pasado 21 de mayo la Proposición con Punto de Acuerdo  por la que se exhorta respetuosamente y en estricto respeto a su ámbito de competencia, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que considere la revisión de la redacción del artículo 140 del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de que su contenido y las penas que este contiene, se interpreten correctamente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. En el apartado denominado "Contenido de la Proposición" se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo de los proponentes.

III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

a) En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 21 de mayo del presente, los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente y en estricto respeto a su ámbito de competencia, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que considere la revisión de la redacción del artículo 140 del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de que su contenido y las penas que este contiene, se interpreten correctamente.

b) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dichas propuestas se turnaran a esta Primera Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.-274

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los senadores proponentes, señalan que el 16 de julio de 2002 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el nuevo Código Penal para el Distrito Federal, el cual abrogaba el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia del Fuero Común y para toda la República, en materia del Fuero Federal que se había publicado desde el año de 1931.

Derivado de lo anterior, en las consideraciones de la proposición, se transcribe el artículo 140 de dicho ordenamiento que expidió del nuevo Código en comento, que a la letra dice:

ARTICULO 140. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrá la mitad de las penas previstas en los artículos 123 y 130 respectivamente, en los siguientes casos:

I. Derogada;

II. Derogada;

III. El agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos similares; o

IV. No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga.

Cuando se ocasionen lesiones de las previstas en las fracciones VI y VII del artículo 130 de este Código cometidas culposamente y se trate de vehículos de pasajeros, carga, servicio público o servicio al público o de transporte escolar, o servicio de transporte de personal de alguna institución o empresa, y el agente conduzca en estado de alteración voluntaria de la conciencia a que se refiere la fracción VII del artículo 138 de este Código, la pena aplicable será de dos años seis meses a ocho años de prisión.

Además, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito, por un lapso igual al de la pena de prisión que se le imponga; o si es servidor público, inhabilitación por el mismo lapso para obtener otro empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.

Los proponentes hacen énfasis en que en el primer párrafo se menciona que cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo de tránsito de vehículos se impondrá la mitad de las penas previstas en los artículos 123 y 130,que son las siguientes:

ARTICULO 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión.

ARTICULO 130. Al que cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrán:

I. DEROGADO;

II. De seis meses a dos años de prisión, cuando tarden en sanar más de quince días y menos de sesenta; 

III. De dos a tres años seis meses de prisión, si tardan en sanar más de sesenta días; 

IV. De dos a cinco años de prisión, cuando dejen cicatriz permanentemente notable en la cara;

V. De tres a cinco años de prisión, cuando disminuyan alguna facultad o el normal funcionamiento de un órgano o de un miembro;

VI. De tres a ocho años de prisión, si producen la pérdida de cualquier función orgánica, de un miembro, de un órgano o de una facultad, o causen una enfermedad incurable o una deformidad incorregible; y

VII. De tres a ocho años de prisión, cuando pongan en peligro la vida.

De este modo, los senadores indican que si se parte de los supuestos de las fracciones III y IV del artículo 140 en cita, a quien cause los delitos previstos en los artículos 123 y 130 con motivo de tránsito de vehículos (independientemente si estos lo cometen en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos similares) se les impondrá la mitad de las sanciones que estos mandatan. Lo mismo infieren los proponentes respecto al caso del artículo 123, donde la pena impuesta sería de un rango de cuatro a diez años.

Acorde con lo anterior, en el punto de acuerdo se aduce que existe un error de técnica legislativa que consiste en que este conjunto de disposiciones podrían ser interpretadas del siguiente modo:

“que quien maneje un vehículo bajo los influjos del alcohol o de alguna sustancia psicotrópica, y cometa homicidio o lesiones culposos, así como si se comete abandono de personas con motivo de tránsito de vehículos, se le impondrán la mitad de las sanciones previstas.”

Por otro lado, los Senadores proponentes, argumentan que el artículo 14, tercer párrafo de nuestra Constitución, establece la garantía de exacta aplicación de la Ley penal, la cual prohíbe imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Por lo tanto, la sentencia dictada por la comisión del delito de homicidio culposo que tenga por acreditada las causales prevista en las fracciones III y IV del artículo 140 en comento, por el hecho de que el sujeto que privó de la vida a otro se encontraba en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos similares; o no auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga, viola la garantía de exacta aplicación de la ley penal.

El artículo 140 del Código en cita, debe de ser reformado para que las sanciones sean las establecidas en el artículo 123 y 130 del Código Penal del Distrito Federal, con la finalidad de que se armonice la redacción y se entiendan plenamente las penas que se establecen en la legislación local penal.

II. A. PROPOSICION DE LOS LEGISLADORES PROPONENTES.

UNICO. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en estricto respeto a su ámbito de competencia, para que considere la revisión de la redacción del artículo 140 del Código Penal para el Distrito Federal, con el fin que se armonice la redacción y se interpreten correctamente las penas que el artículo establece.

III.- CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION.

Primera.- Esta Comisión estima relevante la inquietud de los proponentes, toda vez que a fin de garantizar la plena impartición de justicia a todos los ciudadanos, no se deben escatimar las modificaciones o adecuaciones que puedan observarse en los ordenamientos.

Segunda.- Para la Dictaminadora,  la redacción del artículo 140 del Código Penal de Distrito Federal entendida solo a la luz de las penas establecidas en los artículos 123 y 130 del mismo, podría derivar en una deficiente aplicación de la norma, en virtud de que podría  tomarse como si existiera una menor punibilidad de aquella que se debería establecer en el caso de cometer homicidio o lesión al volante de un vehículo bajo el influjo de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas que alteren su conciencia. 

Tercera.- Acorde con el numeral anterior, el artículo 76 del Código Penal del Distrito Federal vigente, estipula  que en caso de  un delito culposo se impondrá la cuarta parte de la pena establecida para un delito doloso, tal y como se muestra a continuación:

CAPITULO II

PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS CULPOSOS

ARTICULO 76 (Punibilidad del delito culposo). En los casos de delitos culposos, se impondrá la cuarta parte de las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito  doloso, con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena específica o un tratamiento  diverso regulado por ordenamiento legal distinto a este Código. Además se impondrá, en su caso, suspensión o privación definitiva de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso, por un término igual a la pena de prisión impuesta.

Siempre que al delito doloso corresponda sanción alternativa que incluya una pena no privativa de libertad, aprovechará esta situación al responsable del delito culposo.

Sólo se sancionarán como delitos culposos los siguientes: Homicidio […]

Atendiendo a lo anterior, el artículo 140 del mismo Código establece para los delitos de lesiones u homicidio culposos en tránsito de vehículos en un estado alterado de conciencia, la mitad de las penas establecidas para delitos de tipo doloso, señaladas en los artículos 123 y 130; es decir, ya se estaría  aplicando el doble de la pena establecida para delitos culposos, dando a la vez  un tratamiento especial a este tipo de delitos.

Cuarta.- Derivado de todo lo anterior, la Dictaminadora estima que es improcedente la aprobación de la propuesta en análisis, en virtud de que el planteamiento de los proponentes no considera lo establecido en el Art. 76 del Código Penal Federal vigente ya que la redacción del artículo 140 responde a un tratamiento especial de lesiones u homicidios de tipo culposo en un estado de conciencia disminuido.

RESOLUTIVO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dictamina en sentido negativo la Proposición con Punto de Acuerdo, por la que se exhortaba respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que considerara la revisión de la redacción del artículo 140 del Código Penal para el Distrito Federal, con el fin de que se  realizara una mejor y más clara redacción, y se interpretara de mejor modo las penas que dicho artículo establece.

SEGUNDO. Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.






Tenemos también 6 dictámenes de la Segunda Comisión:

Que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Instituto Mexicano de Cinematografía a considerar la promoción de la producción de una cinta cinematográfica conmemorativa a la Toma de Zacatecas.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a evaluar la posibilidad de realizar transferencias y adecuaciones presupuestarias que permitan mejorar las condiciones salariales de los trabajadores administrativos y académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al gobierno federal y al Gobierno del Estado de Michoacán a evaluar la posibilidad de promover e instrumentar un plan de apoyo financiero para coadyuvar con el fortalecimiento y la descentralización de la infraestructura y la oferta académica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Que solicita al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, suprimir la emisión de certificaciones referentes a las normas técnicas de competencias laborales, relacionadas con la salud visual.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Que solicita a la Secretaría de Salud Información sobre el avance de los trabajos y las perspectivas relacionadas con la integración del Registro Nacional de Cáncer.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Que solicita a la Secretaría de Salud fortalecer los programas de investigaciones y las acciones de prevención y combate a la fibrosis pulmonar.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Asimismo, tenemos la discusión de 14 dictámenes de la Tercera Comisión.

Que exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a enviar un informe sobre los avances en los trabajos para la actualización de la tabla de enfermedades e incapacidades permanentes de los riesgos de trabajo.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a informar el motivo por el cual no se ha llevado a cabo la actualización de la tabla de enfermedades, suscrita por la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 28 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Las proponentes del punto de acuerdo señalan que actualmente existe un gran número de enfermedades que no se encuentran contempladas en la Tabla de Enfermedades de Trabajo, debido a que en 42 años no ha sido modificada.

Asimismo, indican que en la reforma laboral de 2012 se dispuso que la actualización de la Tabla de Enfermedades estuviera a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, otorgándole un plazo de 6 meses a partir de la publicación de dicha reforma, y que a la fecha, las actualizaciones no han sido emitidas.

Por otro lado, hacen hincapié en que la Organización Internacional del Trabajo actualizó su lista de enfermedades profesionales en 2010 y que México firmó los convenios 155 y 161 con la organización en comento, sin embargo, dentro del marco jurídico nacional no se han hecho las revisiones correspondientes.

También, señalan que tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, podrán auxiliarse de los técnicos y médicos especialistas que para ello requieran, informado de ello al Poder Legislativo.

Por otra parte, hacen patente que existe gran número de enfermedades que no se contemplan en la tabla de enfermedades de trabajo por lo que resulta eminente exhortar a los actores involucrados, en este sentido proponen lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“UNICO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que informen el motivo por el cual no se ha llevado a cabo la actualización de la Tabla de Enfermedades conforme fue establecido en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal del Trabajo; y los avances realizados al respecto por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.”

III. CONSIDERACIONES.

Los integrantes de la Tercera Comisión, compartimos la preocupación de las senadoras por priorizar la actualización de la Tabla de Enfermedades, debido a que ha permanecido sin modificaciones desde 1970.

Derivado de la reforma en materia laboral publicada el 30 de noviembre de 2012, se le otorgó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la obligación de expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, por lo que  esta dictaminadora, considera pertinente acompañar a las legisladoras en su propuesta de exhorta a la dependencia a actualizar la Tabla de Enfermedades de Trabajo, así como analizar los convenios 155 y 161 de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de contemplar las recomendaciones emitidas por dicha organización.

Resulta imperante señalar que, independientemente de los avances logrados con la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2012, se deben impulsar adecuaciones programáticas destinadas a fortalecer la protección y los derechos de la seguridad social de los trabajadores.

Cabe destacar, que los cambios ambientales y tecnológicos aumentan las enfermedades y los riesgos de trabajo en todo el mundo, por lo que la actualización de esa lista dará pasó a la cabal protección y atención del trabajador expuesto a factores de riesgo en su actividad laboral.

Lo anterior, permitirá emprender un nuevo paradigma de prevención para los accidentes y las enfermedades laborales, tomando en cuenta el progreso y los avances de la medicina del trabajo, propiciando una descripción e identificación más completa de las enfermedades que se vinculan con la actividad laboral, lo cual a su vez favorece la adopción de medidas preventivas.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a remitir a esta Soberanía un informe detallado sobre los avances en los trabajos para la actualización de la Tabla de Enfermedades e Incapacidades Permanentes de los Riesgos de Trabajo en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado el 30 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a considerar, en su caso, las recomendaciones emitidas por la Organización Internacional del Trabajo, en la actualización de la Tabla de Enfermedades.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.






Que exhorta la Comisión Federal de Electricidad a enviar un informe de la situación de los adeudos históricos de consumo de energía eléctrica de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Energía para que sean retomadas las Reglas para la Disminución de Adeudos Históricos de Consumo de Energía Eléctrica de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, suscrita por el diputado Juan Jesús Aquino Calvo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 28 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La Proposición con Punto de Acuerdo plantea la propuesta de retomar las Reglas para la Disminución de Adeudos Históricos de Consumo de Energía Eléctrica de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2008, las cuales fueron creadas con la finalidad de establecer un mecanismo para la condonación del pago del adeudo histórico de los municipios y las delegaciones del Distrito Federal por concepto de energía eléctrica.

El diputado proponente argumenta que las deudas relacionadas con el consumo de energía eléctrica por parte de los municipios son elevadas y siguen aumentando debido a que estos no tienen los recursos económicos para realizar dichos pagos -al no poseer suficientes fuentes de ingresos propios-, además de tener que destinar sus ingresos a diversas necesidades inmediatas “que cada municipio demande”.

Se señala la problemática que se deriva de la situación anterior, al considerar que la escasez energética constituye un obstáculo para el desarrollo de cualquier economía y “un elemento indispensable para las actividades de la vida moderna, dentro de un marco de políticas públicas que fomenten el desarrollo sustentable” y se menciona que, como se señala en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, el acceso a los insumos estratégicos es fundamental para el desarrollo de las actividades productivas en nuestra sociedad y en este marco resulta relevante resolver la problemática derivada de las deudas de los gobiernos locales en el suministro de recursos energéticos.

En la Proposición con Punto de Acuerdo se explica el proceso que dio origen a la expedición de las Reglas para la Disminución de Adeudos Históricos de Consumo de Energía Eléctrica de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Se menciona que en el año 2007, atendiendo a la presentación de un Punto de Acuerdo por parte del entonces diputado Daniel Lorenzo Ludlow, “los Diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público pidieron para ese año de 2007, que el sector energético condonará la deuda que ascendía a 4 mil 920 millones de pesos por concepto de energía eléctrica a 80 municipios de los estados de la región centro del país.”

Se resalta que, con el consenso de las diversas fracciones políticas, el Punto de Acuerdo fue atendido en lo dispuesto en el Capítulo III, “De las Facilidades Administrativas y Estímulos Fiscales”, artículo 15, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; y se estableció un mecanismo ordenado y claro para que “la Comisión Federal de Electricidad y la hora extinta Luz y Fuerza del Centro, según correspondiera, pudieran aplicar los pagos corrientes que recibieran dichos Municipios o demarcaciones territoriales, por concepto de suministro de energía eléctrica, a la disminución de adeudos históricos que registraran al cierre del mes de diciembre de 2007.” Lo anterior, bajo las condiciones siguientes:

Que las entidades federativas a las que pertenecieran los municipios o demarcaciones territoriales en su legislación local contemplara el destino y afectación de aportaciones federales que pudieran utilizarse al pago de dichos servicios.

Que en caso de incumplimiento a las obligaciones de pago por consumo de energía eléctrica, por parte de los municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a los que se les hubiese cancelado sus adeudos por dicho concepto o se hayan acogido a lo dispuesto por lo señalado en el párrafo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y la ahora extinta Luz y Fuerza del Centro, según correspondiera, podrían solicitar al gobierno local respectivo, previa acreditación del incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a las aportaciones federales que correspondan al municipio o demarcación territorial de que se tratare.

Que la Comisión Federal de Electricidad y la ahora extinta Luz y Fuerza del Centro podrían ceder, afectar y, en términos generales, transferir los recursos derivados de la retención a fideicomisos u otros procedimientos de pago a de garantía constituidos para el financiamiento de infraestructura prioritaria relacionada con el suministro de energía eléctrica.

Finalmente, se indica que, aunque algunos municipios aprovecharon dicho mecanismo, otro gran número no tuvo dicha oportunidad permaneciendo la problemática planteada.

III. CONSIDERACIONES.

Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen. Se coincide en las observaciones expuestas por el diputado proponente respecto a las dificultades que enfrentan una gran cantidad de municipios y delegaciones del Distrito Federal para solventar adeudos históricos por consumo de energía eléctrica. Sin embargo, se considera que el exhorto realizado a la SHCP y a la SENER para “retomar” las Reglas para la Disminución de Adeudos Históricos de Consumo de Energía Eléctrica de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal resulta inviable de acuerdo al marco jurídico actual.

Como se señala en el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, la publicación de las Reglas para la Disminución de Adeudos Históricos de Consumo de Energía Eléctrica de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se sustentó en el contenido del  artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

En su octavo párrafo, este artículo mandató a la SHCP para que emitiera las reglas mencionadas para el ejercicio fiscal 2008 y además facultó a la Comisión Federal de Electricidad y a la ahora extinta Luz y Fuerza del Centro para que aplicaran “los pagos corrientes que reciban (…) Municipios o demarcaciones territoriales, por concepto de suministro de energía eléctrica, a la disminución de adeudos históricos que registren al cierre del mes de diciembre de 2007”.

La disposición referida se estableció de forma excepcional para el año fiscal mencionado y no ha vuelto a ser considerada por el Congreso de la Unión en la aprobación de las leyes de ingresos posteriores, con lo cual la SHCP carece de facultades para atender a la solicitud que realiza el proponente. En lo que respecta al exhorto dirigido a la SENER, aunque esta secretaria es la responsable de  establecer y conducir la política energética del país -en los términos del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal- y de conducir y supervisar la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas a ella –de acuerdo a la fracción III del mismo artículo- no posee atribuciones que le permitan generar criterios para condonar el pago de deudas a la Comisión Federal de Electricidad derivadas del consumo de energía.

En función de lo anterior, la comisión dictaminadora considera que tanto la SHCP como la SENER se encuentran restringidas para hacer frente a la problemática de la deuda histórica de los municipios por motivo del suministro de energía eléctrica. No obstante, propone un cambio en la redacción de la parte resolutiva de la Proposición con Punto de Acuerdo, para buscar atender dicha situación a través de la participación de la Comisión Federal de Electricidad dado que, según lo establecido en la fracción VII del artículo 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, esta tiene como una de sus responsabilidades:

Celebrar convenios o contratos con los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios o con entidades públicas y privadas o personas físicas, para la realización de actos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica; 

La comisión dictaminadora considera que la Comisión Federal de Electricidad posee la información y la capacidad necesarias para establecer contacto con los municipios y las delegaciones del Distrito Federal que mantengan deudas considerables en el pago de la energía eléctrica y generar los canales que permitan atender dicha situación de manera satisfactoria. En este sentido, se considera positiva su posible intervención debido a que las causas y condiciones de la deuda de los diferentes gobiernos locales  tienen orígenes diversos y una atención focalizada podría establecer soluciones particulares de mayores alcances que los asequibles a través de reglas generales y rígidas. No sobra mencionar que, de manera permanente, la Comisión Federal de Electricidad establece contacto con sus clientes para revisar el estado del suministro y el pago de la energía eléctrica, siendo la dependencia con mayor experiencia en la problemática planteada por el diputado proponente.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a que envíe un informe pormenorizado de la situación de los adeudos históricos de consumo de energía eléctrica de los municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a que incremente y consolide las acciones de comunicación y vinculación con los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal con adeudos históricos de consumo de energía eléctrica, con la finalidad de generar alternativas que agilicen y faciliten el pago de dichos adeudos.

TERCERA COMISION.






Que exhorta la Secretaría de Turismo a realizar un análisis sobre la implementación de un fin de semana de cada año como la semana de visita a los pueblos mágicos.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a concretar acciones, con el fin de lograr implementar durante el mes de febrero de cada año, la “Semana de recorrido a los Pueblos Mágicos”, suscrita por el Diputado Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 28 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El legislador recalca que el Programa Pueblos Mágicos simboliza el sentimiento y reconocimiento del amor hacia la patria, además de representar una oportunidad de convertir en un motor turístico a las localidades beneficiadas de dicho programa.

Destaca que es necesario conjuntar esfuerzos para convertir a los Pueblos Mágicos en detonadores de la economía local y regional, produciendo resultados a través del turismo y flujo de visitantes.

Plantea que derivado del éxito del denominado “Buen Fin”, que favoreció a fabricantes, comerciantes y consumidores, podría designarse al segundo fin de semana del mes de febrero como la “Semana para recorrer los Pueblos Mágicos”, para constituirlos como un complemento ideal del turismo a gran escala.

 Con dicha proposición, el legislador plantea que la colaboración entre los diversos sectores tanto oficiales como de la iniciativa privada, se puedan ofrecer a las familias atractivas propuestas para conocer parte de nuestra historia, a la par de incentivar el turismo de lugares con características distintivas que los hacen atractivos por su propia naturaleza, en este sentido propone lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Turismo a considerar y promocionar a partir del segundo fin de semana del mes de febrero, de cada año, como ‘La Semana de visita a los Pueblos Mágicos’.

SEGUNDO. La Secretaría de Turismo convocará a los tres órganos de gobierno y a representantes de la iniciativa privada, con el fin de lograr ofertas promocionales, para las familias visitantes a los Pueblos Mágicos.”

III. CONSIDERACIONES.

Los integrantes de la Tercera Comisión, reiteramos que el Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que representan alternativas para los visitantes nacionales y extranjeros, como un reconocimiento a la riqueza cultural e histórica que encierran.

Es claro que sus repercusiones rebasan con mucho la idea de mejorar la imagen urbana y se inscriben en la necesidad de conjuntar esfuerzos para convertirlos en detonadores de la economía local y regional.

En este contexto, resulta imperante destacar que algunos de los objetivos declarados en las Reglas de Operación del Programa Pueblos Mágicos son estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacía el interior del país, generar un mayor gasto en beneficio de la comunidad receptora y que las comunidades participantes se beneficien del turismo como opción de negocio, trabajo y forma de vida.

Esta dictaminadora, destaca que el programa ha traído beneficios económicos a diversas regiones, convirtiendo el Programa Pueblos Mágicos en una iniciativa exitosa, tal es el caso de éxito del Municipio de San Miguel de Allende, que inició como Pueblo Mágico y hoy es una ciudad Patrimonio de la Humanidad que registra una alta derrama económica, derivada de la afluencia de turistas.

Otra muestra de los beneficios generados por el programa es el Municipio de Tequila, en Jalisco, que con la participación de los tres niveles de gobierno y el sector privado ha logrado pasar de 18,000 a 165,000 visitantes por año, provocando un impulso en la economía local.

Es por ello, que los integrantes de la Tercera Comisión, consideramos no sólo conveniente, sino oportuno, acompañar al Diputado en su propuesta de establecer la Semana de visita a los Pueblos Mágicos, a fin de crear una derrama económica en las entidades federativas y hacer más accesibles las ofertas turísticas para los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Turismo, a realizar un análisis sobre la implementación de un fin de semana de cada año, como la “Semana de visita a los Pueblos Mágicos” y, en su caso, incluir a los tres órdenes de gobierno y representantes de la iniciativa privada, en la organización de ofertas promocionales para los visitantes, a fin de fortalecer el turismo en las localidades pertenecientes a dicho programa.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.






Que exhorta al cabildo y al ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a realizar las acciones necesarias para dar solución a la problemática del mercado Juárez.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco para que, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, ejerza la atribución que le confiere el artículo 13, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y vigile que se respeten los derechos fundamentales de locatarios, productores y artesanos así como de los habitantes en relación a la demolición del Mercado Juárez que como inminente ha anunciado el Lic. Alfredo Barba Mariscal, presidente municipal de Tlaquepaque, Jalisco, presentada por el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El senador proponente, manifiesta que la actividad económica más importante en Tlaquepaque, es el turismo, destacando el Mercado Juárez como uno de los principales atractivos del centro histórico; no obstante el presidente municipal pretende atropellar a locatarios, productores y artesanos y a la población privándola del espacio que es un factor de identidad;  y fuera de toda norma, pretende demoler dicho mercado para levantar un centro comercial que vendría a romper con la atmósfera tradicional del centro histórico de dicha municipalidad, además de dejar sin su fuente de trabajo a casi 500 familias.

Ante dicha pretensión, menciona el proponente, los locatarios se enteraron por rumores del proyecto. A su petición de información, recibieron la exigencia del presidente municipal de plegarse a sus deseos, sin saber qué pasaría con ellos. Desde el primer encuentro, el presidente municipal trató de abrumarlos pues, literal, dijo que no había más que “Un sí o un sí” a su proyecto.

Destaca que el presidente municipal ha desplegado una serie de actos sin fundamento legal alguno para perjudicar a los locatarios; así como a los habitantes del municipio, violentando lo establecido en el Artículo 115, fracción III, inciso d) e la Constitución General de la República.

Informa que, en fecha reciente, el presidente municipal ha dado un ultimátum de un mes a los locatarios para que desalojen pues afirma que la obra se hará quedándose en manos del inversionista privado los cientos de cajones de estacionamiento y dieciséis locales hacia las calles céntricas. A los locatarios asigna únicamente 120 locales dejando sin espacio a más de trescientas familias y sin garantizar que se respeten los derechos adquiridos para su uso y disfrute.

De realizarse la demolición, junto con los locatarios y productores, se privaría a los habitantes de Tlaquepaque de su derecho a contar con un Mercado, el principal, donde pueden encontrar todo tipo de alimentos y artículos de primera necesidad a precios bajos.

Finalmente, el legislador dice que, ante los abusos en contra de los locatarios, productores y artesanos así como habitantes de San Pedro Tlaquepaque, por parte del ejecutivo municipal, se requiere de la intervención en primera instancia del gobierno del Estado, ya que conforme al artículo 13, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, corresponde a la Secretaría General de Gobierno vigilar el cumplimiento de las constituciones federal y estatal por parte de las autoridades estatales y municipales, así como el respeto de los derechos humanos y las garantías para su protección; por ello, propone el siguiente punto de acuerdo:

UNICO.- Se exhorta, con toda atención, al Gobierno del Estado de Jalisco para que, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, ejerza la atribución que le confiere el artículo 13, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y vigile que se respeten los derechos fundamentales de locatarios, productores y artesanos así como de los habitantes en relación a la demolición del Mercado Juárez que como inminente ha anunciado el Lic. Alfredo Barba Mariscal, presidente municipal de Tlaquepaque, Jalisco.

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta dictaminadora coincide con lo expresado por la proponente, en la necesidad de proteger los derechos de los locatarios y habitantes que se benefician de la actividad comercial en el Mercado Juárez, de Tlaquepaque, Jalisco; asimismo, de los turistas y usuarios que visitan y hacen uso de las instalaciones.

De acuerdo con alguna información periodística, el tradicional Mercado Juárez, localizada en el Centro Histórico del municipio metropolitano de Tlaquepaque, está por cumplir 29 años; durante este tiempo, el inmueble ha sufrido algunos daños, pues quedó averiado en el terremoto de 1985.

Las autoridades municipales, argumentan que debido a lo anterior, se requiere construir un nuevo mercado respetando la imagen tradicional acorde al Centro Histórico. No obstante se ha informado que a la fecha no hay licitación para demoler y construir un nuevo mercado, sólo el alcalde presentó, en reunión con los regidores, dicho proyecto.

Al respecto, los locatarios del Mercado Juárez, han manifestado incertidumbre y desconfianza, ante la posible demolición del edificio. Por ello, los 368 locatarios del mercado Juárez, y las autoridades, acordaron instalar  mesas de diálogo para definir el futuro del inmueble.

De acuerdo a información difundida por el Ayuntamiento1, tras llevarse a cabo la cuarta reunión con locatarios del Mercado Juárez en San Pedro Tlaquepaque y autoridades del Gobierno Municipal, encabezados por el Alcalde, se acordó realizar a partir del 19 de mayo mesas de trabajo, con el propósito de buscar una solución viable a las condiciones estructurales que guarda el inmueble ubicado en el Centro Histórico.

En las mesas, participan: una comisión de locatarios, así como autoridades municipales entre las que destaca Obras Públicas, Protección Civil, los inversionistas y proyectistas del modelo que actualmente propone el Ayuntamiento de Tlaquepaque.

Las mesas de trabajo tienen la finalidad de buscar nuevas alternativas en las que ambas partes se encuentren conformes, siempre con un mismo propósito, el bienestar y seguridad tanto de quienes acuden a realizar sus compras, como del grupo de comerciantes que lo ocupan, por lo que el presidente municipal comentó, “Se acuerda una mesa de trabajo donde se verán todas las opciones, si, todas, reforzamiento, no reforzamiento, buscar dinero, endeudarse, hacer un mercado nuevo, pedirle a los diputados, pedirle al Gobernador, todas las opciones”.

De este modo, el Edil celebró la disponibilidad que tuvieron los comerciantes al solicitar llevar a cabo las próximas reuniones en las que pidió fueran propositivos, y enfatizó en que el Ayuntamiento mantendrá la disponibilidad de tomar en cuenta sus propuestas “ellos estaban cerrados y creían que el gobierno Municipal lo que buscaba era afectarlos y que no tenía la voluntad de escucharlos y generar cualquier opción”.

Las partes, han externado que las mesas de trabajo deben ser fructíferas; y la finalidad es  que se cumplan los plazos, que se cumplan los términos porque lo que se busca es llegar a un consenso, de que es necesario hacer lo que se tenga que hacer dentro de este mercado.

Durante las reuniones asisten técnicos especializados quienes brindarán un panorama claro a los comerciantes a través de una explicación en la que se revelen cuáles son los problemas de fondo, que pasa si esta en esta situación, que es lo que puede suceder, tomando a partir de ahí soluciones inmediatas, en las que todos salgan beneficiados. Para ello, se utilizarán todos los recursos jurídicos y necesarios para que se garantice que este espacio tenga la función de mercado municipal.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Cabildo del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que realice las acciones necesarias, lo antes posible, para dar solución a la problemática del mercado Juárez en dicho Municipio.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.

1 http://www.tlaquepaque.gob.mx/portal/noticias/Acuerdan-Gobierno-y-Locatarios-de-Mercado-Ju%C3%A1rez-llevar-cabo-Mesas-de-Trabajo





Que solicita al Gobierno del Estado de Colima y a la Secretaría de Desarrollo Social información sobre el manejo de los recursos destinados al programa de empleo temporal y el programa de empleo temporal inmediato correspondiente al ejercicio del año 2013.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que incluya al Estado de Colima en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, por lo que se refiere a la revisión del Programa de Empleo Temporal y el Programa Empleo Temporal Inmediato (PETI), que manejo la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con el Gobierno del Estado de Colima, suscrita por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La autora basa su Proposición  en las siguientes consideraciones:

“1.Que fomentar el crecimiento de  la  economía  en  los hogares mexicanos,  crear políticas garantes  de acceso al empleo, así como contemplar medidas  para apoyar transitoriamente el ingreso de mujeres y  hombres en periodos de baja demanda laboral y en emergencias naturales o económicas, complementando las estrategias de otros programas sociales a través del desarrollo de infraestructura social básica y actividad productiva, son tareas que tiene el Estado México, como parte de un garantía  social reconocida por nuestra Carta Magna.

2. Que  hace 16 años,  desde  el inicio de su operación, el “Programa  de Empleo Temporal”, ofrece oportunidades de ingreso y la creación de capital humano, el desarrollo de infraestructura social y productiva,  con la finalidad de atemperar la situación de pobreza que muchas familias del medio rural padecen desde  1994.

3. Que esta directriz, utilizada en los sexenios anteriores, es hoy elemento esencial del Plan Nacional 2012-2018, que de igual forma promueve apoyar a la economía familiar y al empleo. En este sentido, es de mencionar que en el mes diciembre del año pasado, la Secretaría Técnica del Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, autorizó la partida presupuestaria con las reglas de operación del programa mencionado. Asimismo, el 12 de diciembre de ese mismo año, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria emitió el dictamen respectivo, y creó el “Acuerdo por el que los integrantes del comité técnico del Programa de Empleo Temporal emiten las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal para el Ejercicio Fiscal de 2014” incluyendo su modalidad de Programa Empleo Temporal Inmediato (PETI) abrogando las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal, para el Ejercicio Fiscal de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de ese año.

4.Que es necesario mencionar que el artículo tercero transitorio de dichas reglas de operación permite que el otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal, se instrumente por un mecanismo vía electrónica, mediante el uso de productos bancarios, de conformidad con lo dispuesto por el decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal.

5. Que atendiendo los objetivos de este programa, como he referido anteriormente, se  pretende beneficiar a la economía de las familias mexicanas que por diversas circunstancias no tienen un empleo permanente o que  por causas externas han dejado de percibir un ingreso. Sin embargo, esta situación no ocurrió en el estado de Colima,  en el  que  más de mil 500 campesinos de Tecomán y Armería,  a quienes se les había otorgado este beneficio del Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI) –modalidad del programa de Empleo Temporal; y que recibieron la tarjeta para disponer de los recursos, enseguida se las recogieron a cambio de $500.00 pesos en efectivo o incluso, a los que no se les  recogió  la tarjeta nunca les depositaron en el banco.

Cabe agregar que los beneficios de este programa fueron a productores de limón, quienes requieren verdaderamente del apoyo gubernamental para prevenir y combatir los efectos del HLB en los cultivos; sin embargo fueron defraudados y  señalaron públicamente en  meses recientes que nunca se les entregaron sus tarjetas para el cobro del depósito del Programa Temporal Inmediato.

6.- Que según la información publicada a través de los medios impresos y electrónicos en el Estado de Colima, los beneficiarios deberían haber recibido en sus tarjetas un depósito de 2 mil 562 pesos; es decir, el recurso correspondiente a los programas de Empleo Temporal que  es operado  por la Secretaría  de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado con recursos aportados por la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, mismos que no se depositaron a las cuentas de los beneficiados en la entidad de colima.

Por lo que la sumatoria total no depositada de este recurso fue alrededor de 3 millones 840 mil pesos.  Por su  parte, la Delegación Estatal de Sedesol, declaró en su momento  que habían sido 5 mil 863 tarjetas que se repartieron a los beneficiarios del programa empleo temporal, pero en mil 500 de ellas no  habían recibido el depósito correspondiente.

7.- Que conforme lo publicado en los medios de circulación local, el Delegado de la Sedesol Colima, deslindó a la dependencia federal, al señalar que el supuesto fraude había sido cometido por dos trabajadores del gobierno estatal, quienes en ese momento ya habían sido destituidos de su cargo y que ese hecho se encontraba debidamente incorporado en la investigación correspondiente. Refirió el funcionario que tras recibir el reporte de los beneficiarios, expuso la situación ante la Secretaría de Desarrollo Rural Estatal, a fin de que se tomaran las medidas pertinentes. Agregó que se habían  cumplido al pie de la letra la normatividad, porque el depósito de los recursos se hizo directamente al gobierno estatal, para que a través de las Secretarías de Finanzas, Planeación y Desarrollo Rural, se elaborara el padrón de beneficiarios.

8.- Que ante esta situación,  el pasado 12 de febrero del presente año propuse un Punto de Acuerdo, ante la Cámara de Diputados en el que expresé el fraude y la falta de información fidedigna sobre las denuncias  de estos jornaleros y productores, así como la necesidad de que la Auditoría Superior de la Federación investigara el caso e informara a la opinión pública.

9. Que como resultado del Punto de Acuerdo presentado, la Comisión de  Transparencia y Anticorrupción de la Cámara Baja a la que fié turnado, no dictaminó,  sin embargo; me hizo llegar  una tarjeta informativa del Gobierno del Estado de Colima  del Programa de Empleo Temporal Colima HLB, realizado por Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural y Marco Santana, Procurador General de Justicia; dirigido al Lic. Guillermo Adame Fuentes, Secretario Particular del C. Gobernador del Estado de Colima, en el que reseña el cauce  de este asunto, mismo que brevemente les comparto:

I. En el mes de diciembre del 2013, el C. David Manzo Bustos, secretario del Comisariado Ejidal de Cofradía de Juárez, Municipio de Armería, Colima;  invitó a varios ejidatarios a inscribirse en el programa de Empleo Temporal,  por lo que en el  mes de enero les pidió que  fueran a recoger el apoyo, entregándoles  la cantidad de  $500.00 pesos en efectivo y que a su vez le regresaran el folio y la tarjeta  de débito que anteriormente se les había entregado.

II. De la investigación realizada  por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima,  se desprende que los hecho delictivos  fueron realizados  por  David Manzo Bustos, secretario del Comisariado Ejidal de Cofradía de Juárez, Carlos Ernesto Flores Rodríguez e Irán Gabriel Rojas Hernández, quienes eran secretario técnico y supervisor, respectivamente,  de la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado, quienes fueron cesados de su empleo a consecuencia de su conducta desprovista de probidad.

III. A los ofendidos, les fueron reintegrados la totalidad del recurso. Todos los beneficiarios del programa, otorgaron el perdón a favor de los inculpados en razón de que se les fue  reparado el daño a su entera satisfacción.

No obstante, la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Colima, no es clara, dejando en el aire preguntas sin respuesta, que requieren ser investigadas y aclaradas por la autoridad correspondiente, con la finalidad de evitar posteriormente malas prácticas en el manejo de estos programas.

10. Que en virtud de lo anterior, solicité mayor  información  a la Comisión de la Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, informándome que la Auditoría Superior de la Federación había  dado respuesta mediante el oficio  OASF/0524/2014, de fecha 07 de mayo de 2014, en  la cual que se refiere que tiene previsto incluir en su Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización  Superior de la Cuenta Pública 2013,la revisión del Programa de Empleo Temporal en las Secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes y Medio Ambiente y Recursos Naturales,  y que se evaluaría la pertinencia de practicar una revisión en el Estado de Colima.

11. Que la anterior respuesta por parte de la entidad fiscalizadora, considero necesario precisarla por los antecedentes que se contienen en este Punto de Acuerdo, pues la respuesta es ambigua y no da certeza de que se atenderán las denuncias ciudadanas y si resolverá lo que corresponda en cuanto al manejo irresponsables de los mismos de los recursos federalizados que públicamente tuvieron desviaciones, tanto de los servidores públicos como de particulares.”

B. Con lo anterior formula el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. SE SOLICITA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION,  QUE  INCLUYA AL ESTADO DE COLIMA EN SU PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS PARA LA FISCALIZACION  SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA 2013, POR LOQUE SE REFIERE A LA REVISION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL Y EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INMEDIATO (PETI), QUE MANEJO LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y  dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide parcialmente con la preocupación y motivación de la proponente, por las siguientes observaciones:

La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.1

La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y por lo tanto, se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las instancias de control competentes.2

Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la ASF tiene entre muchas otras atribuciones: establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública; practicar auditorías, mediante visitas o inspecciones, solicitando información y documentación durante el desarrollo de las mismas para ser revisada en las instalaciones de las propias entidades fiscalizadas o en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación. Igualmente, siempre y cuando haya terminado el ejercicio fiscal, solicitar información preliminar a las entidades fiscalizadas, para la planeación de la revisión de la Cuenta Pública antes de aperturar formalmente las auditorías.3

Respecto al método para establecer las auditorías, la ASF establece en su portal lo siguiente:

“METODOLOGIA PARA LA FISCALIZACION SUPERIOR. Las mejores prácticas de auditoría establecidas por la INTOSAI en sus estándares internacionales (ISSAI) están incorporadas en la normativa institucional de la ASF. Para la fiscalización de la Cuenta Pública, esta entidad aplica con rigor y consistencia los principios, las normas, el esquema operativo y la metodología establecidos en su marco normativo.

Planeación. En concordancia con su Plan Estratégico, la ASF realiza una planeación que privilegia los objetos y sujetos de auditoría que garanticen una revisión acorde con la magnitud del ingreso y del gasto federal, articulada por temas e integral en su cobertura; lo anterior permite proporcionar una perspectiva representativa de la fiscalización practicada a la gestión y el desempeño de cada uno de los grupos funcionales y el gasto federalizado.

El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (PAAF) es el resultado de un proceso de planeación, cuyas etapas se describen a continuación:

B.1.1 Estudio del Universo General Auditable.

El análisis preliminar del universo fiscalizable comprende un estudio macroeconómico, presupuestal, financiero y programático para evaluar del comportamiento de las finanzas públicas. Este análisis permite identificar los objetos de mayor importancia relativa. A la par, se efectúa la revisión del mapa de fiscalización de mediano plazo para identificar los temas y asuntos más relevantes en la consecución de los objetivos y metas del PND y los programas que de él derivan, Adicionalmente, se consideran los asuntos de mayor interés en la agenda nacional.

Los objetos y sujetos de auditoría se seleccionan mediante la aplicación de criterios de orden cuantitativo y cualitativo, los cuales permiten determinar las entidades y áreas pertinentes de fiscalizar en razón de la importancia de su ingreso y gasto, así como de su peso en la ejecución de las funciones y programas prioritarios y estratégicos.

Análisis de Fuentes de Información. La ASF utiliza más de 20 fuentes para la programación de auditorías, entre las cuales se encuentran:

El PND y los programas sectoriales y especiales de la APF, a partir de los cuales se distinguen las políticas públicas y los programas con valor estratégico.

- La Cuenta Pública, la LIF y el PEF, cuyo análisis permite conocer las principales tendencias en materia de finanzas públicas, así como las variaciones y desviaciones más significativas.

- Los informes de gobierno que debe rendir el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, principalmente los relacionados con la situación económica, las finanzas y la deuda pública.

- Los estudios técnicos elaborados por la ASF sobre la evolución y tendencia de los principales indicadores económicos y el comportamiento del ingreso-gasto; en especial, las variaciones presupuestales, programáticas y financieras. Además, se consideran diversas publicaciones de firmas consultoras y organizaciones nacionales e internacionales de los sectores público y privado.

- Los resultados de las auditorías realizadas por la ASF y el seguimiento de la atención de sus observaciones, toda vez que aportan elementos sobre la problemática que se presenta en cada entidad fiscalizada y contribuyen a evaluar los esfuerzos y avances para resolverla.

- Los resultados de la ejecución de los programas anuales de trabajo de los órganos internos de control o instancias de control competentes en las dependencias y entidades del Estado Federal mexicano.

- Los estados financieros dictaminados por profesionales independientes designados por la Secretaría de la Función Pública.

- Las peticiones de revisión del gasto presupuestal, pueden provenir de las cámaras de Diputados y de Senadores, así como los señalamientos de problemas e irregularidades expresados o denunciados por la sociedad civil”.4

● La Cámara de Diputados puede sugerir a la ASF la realización de auditorías específicas en determinados programas o sectores, a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF.5

● Asimismo, la Ley establece que el momento oportuno para hacer tales sugerencias es entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, toda vez que en la primera de esas fechas la ASF envía a las Comisiones de Vigilancia de la ASF y de Presupuesto y Cuenta Pública las reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado para la revisión del ejercicio fiscal que corresponda antes y la segunda fecha es el límite para que las comisiones emitan su opinión al respecto; toda vez que dentro de las reglas de operación se contiene el Plan de Auditorías para el ejercicio fiscal en revisión.6

En tal virtud, considerando que la Comisión Permanente no está facultada para hacer la solicitud de una auditoría a la ASF, que tal auditoría en todo caso debió ser motivo de una propuesta por conducto de las comisiones de dictamen de la Cámara de Diputados para su inclusión, por tratarse de una facultad exclusiva y que en estos momentos, conforme a la ley no hay el tiempo adecuado y suficiente para incluirla dentro del Plan de Auditorías de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013. No obstante, al existir la presunción de un posible delito y ante la falta de información al respecto, tal y como lo manifiesta la proponente, esta dictaminadora modifica el resolutivo para quedar como se refiere al final del presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el ámbito del respeto entre poderes, solicita al Gobierno del Estado de Colima a través de las instancias correspondientes y a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a  que informen en un plazo no mayor de dos meses a esta Soberanía, sobre el manejo de los recursos destinados al Programa de Empleo Temporal y del Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI) correspondientes al ejercicio del año 2013.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.

1 Cfr. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Art. 1, tercerpárrafo.

2 Op. Cit. Art. 4

3 Op. Cit. Art.15; fraccs. I y XXII.

4 http://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias

5 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Artículo 77, fracción III.

6 Op. Cit. Art. 38; fracc. III.






Que exhorta al gobierno federal y a los gobiernos estatales del Distrito Federal y municipales a instrumentar campañas dirigidas a promover la protección, salud, bienestar y trato digno a las mascotas.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales a instrumentar una campaña nacional que promueva la protección, salud, bienestar y trato digno a las mascotas, suscrita por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“La decisión de tener una mascota en casa, generalmente es motivo de felicidad e integración al interior del seno familiar, asimismo, se puede disfrutar de su compañía y afecto. Convivir con una mascota, además de generar un vínculo afectivo, reduce los niveles de estrés, incluso, algunos estudios indican que cohabitar con mascotas puede disminuir la presión arterial alta y estabilizar las concentraciones de colesterol en la sangre, así como reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares”.

B. Enseguida, los proponentes refieren una serie de consideraciones, en las que menciona que está demostrado que los niños educados en el amor y protección de los animales, son generalmente adultos que conviven pacíficamente en la sociedad. Asimismo, un estudio realizado en las cárceles de máxima seguridad en Francia, reveló que la mayoría de los reclusos peligrosos reconocieron que en épocas juveniles habían torturado y matado animales. Estas conductas de violencia, provocan que el niño crezca insensibilizado hacia el dolor ajeno.

Señalan que, si bien es cierto que las mascotas nos proporcionan felicidad y compañía, es deseable que sus dueños, sean personas comprometidas y responsables en torno a su cuidado, trato y atención de su salud. En este sentido, no se debe desestimar que los animales al igual que los seres humanos, también experimentan placer, dolor y sufrimiento. Por ello, los dueños de las mascotas, deben garantizar su bienestar ante cualquier situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, hoy en día, es habitual encontrar en las calles de las ciudades mascotas abandonadas por sus dueños. Por ejemplo, la Secretaría de Salud capitalina calculó que en 2013, había 120 mil perros sin hogar. En contraste, Israel Arriola, de AnimaNaturalis Internacional, va más allá al asegurar que, de acuerdo con información de la UNAM, esta cifra se eleva a 5.5 millones. En este sentido, se considera, que esta problemática es más grave de lo que parece cuando el abandono y olvido de mascotas es cada día más frecuente.

C. En este sentido, señalan los legisladores que a lo anterior, se suma el maltrato animal, que con frecuencia podemos observar en la información que publican los medios informativos.

D. Concluyen los proponentes al señalar que:

“Resulta necesario que la ciudadanía esté informada respecto a la Declaración Universal de los Derechos del Animal aprobada por la UNESCO y la ONU en 1978, que en su artículo 3 señala que: “Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos de crueldad. Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia”.

E. Con lo anterior,  los proponentes formula el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a los Gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales, a instrumentar campañas dirigidas a promover la protección, salud, bienestar y trato digno a las mascotas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a las correspondientes de cada una de las entidades federativas a implementar una campaña dirigida a los dueños de mascotas para concientizarlos sobre el compromiso y responsabilidad que implica tener una mascota.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, y a las correspondientes de cada una de las entidades federativas a implementar acciones educativas destinadas a fomentar en los niños y jóvenes la importancia de protección y cuidado de las mascotas.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide en lo general con la preocupación y motivación de los proponentes, considerando conveniente y procedente instrumentar campañas dirigidas a promover la protección, salud, bienestar y trato digno a las mascotas.

D. Como acertadamente lo señalan los proponentes, el amparo de las mascotas es un tema que suscita mucho interés, pero del que hay muy poca información.

La sobrepoblación de animales de compañía y el abandono son la principal causa de la saturación de los refugios y de la desgracia de millares de perros y gatos al año.

Las condiciones y elementos naturales que constituyen un medio saludable y de sobrevivencia a la humanidad, han sido y seguirán siendo la flora y fauna. Sin embargo, es el mismo hombre el que está propiciando en forma acelerada la alteración, perturbación o extinción en algunos casos de estos elementos indispensables, ya sea contaminando su medio, torturando, mutilando o exterminando a la fauna.

Es necesario, entender que los animales pueden experimentar placer, dolor y sufrimiento. Cuando los humanos interactuamos con ellos, tenemos la responsabilidad y, en muchos casos el deber legal, de garantizar su bienestar.

Reglamentaciones para la tenencia responsable como las que fueron recientemente aprobadas en la Ciudad de México ofrecen grandes ventajas tanto para animales -que están más protegidos- como para los humanos, que de manera inherente adquieren obligaciones como ciudadanos

E. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden en que uno de los pasos para solucionar de raíz los problemas de maltrato, abandono y sobrepoblación de animales de compañía debe ser  el desarrollo de actitudes de compasión y un sentido de justicia y respeto hacia los animales y la gente.

En este sentido, coincidimos en que la educación del bienestar animal es fundamental para lograr cambios positivos. Se hace indispensable trabajar en programas diseñados para profesores, estudiantes y profesionales, llegando a miles de niños y adultos con un mensaje de conciencia.

F. Es necesario mencionar que, recientemente la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Protección Animal, entre ellas, destacan el registro obligatorio de los dueños de mascotas y la obligación de los vendedores de entregar animales esterilizados y con chip.

La reforma prohíbe que los animales se encuentren en azoteas, balcones y a la intemperie. No pueden estar encadenados. Las personas que abandonan a sus mascotas en las azoteas, aunque les brinden comida y una casa, serán acreedoras a multas ya que eso no puede considerar como calidad de vida para ninguna mascota.

Al interior del hogar, los niños pequeños no pueden estar solos con la mascota, sino que un adulto debe supervisar las interacciones, ya que son los adultos los únicos responsables legalmente por las acciones de los animales y del cuidado y custodia de los niños.

Para protección de ambos, tampoco estará permitido que un menor paseé solo a un animal, aunque lo haga con correa.

G.Ahora bien, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, compartimos la inquietud de los proponentes, respecto a la necesidad de crear campañas de conciencia del respeto a los animales. Es indispensable que las autoridades hagan del conocimiento público todas y cada una de las leyes existentes respecto de la protección y cuidado de los animales, ya que, no es suficiente que se legisle es necesario dar a conocer el contenido de dichas leyes.

H. La Dictaminadora comparte con los proponentes que se hace necesario instruir a la población a fin de que tengan conocimiento pleno de la responsabilidad y obligaciones que se adquieren al momento de decidir tener una mascota. 

Ser responsables es hacerse cargo completamente de las necesidades físicas y psíquicas de un animal.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos que una de las principales acciones respecto de la protección de las mascotas, es la esterilización como única manera efectiva de control de la sobrepoblación de perros, gatos y otros mamíferos.

Esterilizar es hacerse responsable no solo por su salud sexual, sino también por un problema público de abandono y población extrema de animales callejeros.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,  somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a los Gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales, a instrumentar campañas dirigidas a promover la protección, salud, bienestar y trato digno a las mascotas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a las correspondientes de cada una de las entidades federativas a implementar una campaña dirigida a los dueños de mascotas para concientizarlos sobre el compromiso y responsabilidad que implica tener una mascota.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, y a las correspondientes de cada una de las entidades federativas a implementar acciones educativas destinadas a fomentar en los niños y jóvenes la importancia de protección y cuidado de las mascotas.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.






Que exhorta la Comisión Intersecretarial de cambio climático a coordinarse con las dependencias y entidades de la administración pública federal para que adopten e implementen medidas para minimizar el impacto ambiental de la operación de sus oficinas, edificios e instalaciones en toda la República Mexicana.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Unión a adoptar e implementar medidas para minimizar el impacto ambiental de la operación de sus oficinas, edificios e instalaciones en toda la República Mexicana, suscrita por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, se refiere a la Ley General de Cambio Climático en su artículo 5°, a la Convención Marco Sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) en su artículo 1° y al Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Que al ser tomados en cuenta y basados en las experiencias históricas, que revelan que el ser humano ha sido capaz de adaptarse y lidiar con el clima que se le presenta, así como variaciones en éste de diferentes magnitudes y efectos, es de gran relevancia hacer conciencia sobre la importancia que tiene la planeación de estrategias de adaptación en los diferentes ámbitos de la sociedad, sectores productivos y niveles de gobierno.

Afirma la proponente del presente Punto de Acuerdo, que una de las herramientas más eficientes, a través de las cuales el Estado puede influir en esta necesidad de planear estratégicamente la forma en cómo haremos frente a los efectos del cambio climático en el futuro, son las políticas públicas. En el caso particular que nos compete, considero que el enfoque en mitigación y adaptación que podamos dar a las acciones y decisiones que se tomen desde los Poderes de la Unión, pueden hacer la diferencia en las consecuencias que las manifestaciones climatológicas adversar tengan sobre la población.

Por ello, considera la Legisladora, que a través de estos instrumentos de política del Estado, se pueden promover prácticas de eficiencia energética, uso de fuentes de energía renovables, transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente en bienes muebles e inmuebles de toda la administración pública nacional de conformidad con el artículo 33 fracción IV y 34 fracción I, inciso i) de la Ley General de Cambio Climático.

Señala la proponente que un claro ejemplo de cómo poner en marcha este tipo de iniciativas enfocadas a la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, es la adopción de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, que a través de su Programa para el Desarrollo (PNUD), desarrolló un programa denominado “oficinas verdes”.

La ONU define la “oficina verde” como aquella instalación que hace uso eficiente de los recursos con los que cuenta para operar, busca crear un espacio eficaz y rentable con un mínimo de impacto ambiental. Las recomendaciones que se generaron como eje toral de esta iniciativa presenta múltiples dimensiones que ayudan a reducir el impacto negativo sobre el entorno (mitigación) y buscar la mejor forma de aprovechar las condiciones que se presentan o se esperan en un futuro cercano (adaptación). Dentro de las acciones concretas contenidas en la iniciativa de “oficina verde” desarrollada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se encuentran: Sistemas de ventilación, Consumo de agua, Uso de papel, Reúso de materiales, Eficiencia energética, y Generales.

Cita la proponente que, casos de éxito concretos de este programa existen en países como Costa Rica, Nicaragua y Venezuela, quienes en diferentes momentos, dimensiones y alcances, han logrado implementar estas recomendaciones a través de la aplicación de filosofías como la aplicación de las cuatro R: reducir, reutilizar, reciclar y reemplazar.

Manifiesta la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván que en realidad no se necesitan grandes cantidades de recursos económicos para llevar a cabo medidas de esta índole. Más bien se requiere voluntad para adoptar acciones que nos ayuden a adaptarnos a las situaciones actuales y esperadas en materia de cambio climático y empezar a aprovechar nuestra creatividad y capacidad para innovar.

Si bien es cierto que sería importante que todos los Poderes de la Unión, junto con la sociedad en general, fuéramos consientes de la importancia de transitar hacia acciones y actividades que no dañen al ambiente, también es importante tener claras las necesidades y prioridades que tenemos los mexicanos.

Indudablemente, sería de gran importancia que todas las oficinas del Poder Ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno, del Poder Legislativo,  Federal y Local, y Poder Judicial en todo el país, contaran con instalaciones eléctricas certificadas por normas oficiales mexicanas en materia de eficiencia energética. Asimismo, el impacto que tendría en el ambiente el uso de papel de reúso y reciclado en las actividades cotidianas de la planta burocrática, sería de gran transcendencia. No obstante, sabiendo que las suficiencias presupuestales son una restricción considerable para el desarrollo e implementación de planes de esta envergadura, es importante empezar con medidas básicas y elementales que permitan establecer y desarrollar buenos hábitos dentro de la población.

Derivado de lo anterior, y dado que la propia Ley General de Cambio Climático establece un capítulo sobre mitigación, que incluye instrumentos de planeación y de política, considera relevante que empecemos una etapa de transición mediante la adopción inmediata de estas recomendaciones del PNUD, mismas que deberán ser formalizadas en planes estratégicos que permitan un eventual paso a planes, programas, acciones, instrumentos económicos y regulatorios para el logro gradual de metas de reducción de emisiones específicas.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.- Los integrantes de las Comisiones Unidas, nos sumamos al ánimo legislativo de la promovente, respecto de la importancia que merece exhortar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Unión a adoptar e implementar medidas para minimizar el impacto ambiental de la operación de sus oficinas, edificios e instalaciones en toda la República Mexicana.

TERCERA.-  El Cambio Climático representa amplios retos para todos los sectores de la sociedad mexicana, y su atención requiere una coordinación eficaz y coherente entre todos los actores  e instituciones involucradas. Dentro del marco jurídico vigente que rige el fenómeno de Cambio Climático en nuestro país, como es la Ley General de Cambio Climático y a nivel local las Leyes estatales en materia de Cambio Climático, se establece la participación de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal así como la de los municipios, para implementar medidas encaminadas a mitigar y lograr la adaptación ante el cambio climático.

CUARTA.-  En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se contempla como un tema prioritario el fenómeno del Cambio Climático y se incorpora en él la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que representa el instrumento rector de la Política Nacional en el mediano y largo plazo para enfrentar los efectos de este fenómeno, fomenta la corresponsabilidad con los diversos sectores de la sociedad y al mismo tiempo orienta la política ambiental en los tres niveles de gobierno.

Acorde con la mencionada Estrategia, y ante las constantes manifestaciones de cambio climático que experimenta nuestro país, los tres niveles de gobierno han implementado programas y políticas que permiten  fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como detener y revertir el deterioro del medio ambiente, a través de acciones y medidas al interior de las oficinas y edificios integrantes de los tres Poderes de la Unión. Entre las medidas implementadas  por la normatividad mexicana se puede mencionar es lo mandatado por el artículo 17 Bis  de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que a la letra dice:

ARTICULO 17 BIS.- La Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, expedirán los manuales de sistemas de manejo ambiental, que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales.

En estos manuales se abordan temas como: 1. Uso eficiente y racional del agua; 2. Ahorro de energía; 3. Consumo responsable de materiales de oficina; 4. Disposición final adecuada de desechos,  y 5. Optimización de espacios.

Sin embargo en la actualidad estas medidas aún no se han generalizado en toda la República Mexicana y  las prácticas de consumo de muchas de las instituciones de Gobierno no son sustentables en virtud de que la cantidad de productos que se adquieren en ocasiones es superior a las necesidades reales, las características de los bienes suelen ser poco amigables y la cantidad de residuos sólidos que se generan en las oficinas contribuyen a la contaminación del aire, agua y suelo. Así mismo el re-uso y reciclaje del papel son prácticas que aún no se instrumentan adecuadamente en las oficinas y edificios públicos, así como fomentar una cultura de conservación y ahorro    del agua y energía eléctrica entre los servidores públicos y visitantes de estas instalaciones.

En este contexto se hace necesario establecer lineamientos que regulen la implementación de medidas que permitan minimizar el impacto negativo al medio ambiente, a través de la incorporación de criterios ambientales en el funcionamiento cotidiano de la Función Pública Nacional.

En consecuencia esta  Tercera Comisión, se une a la solicitud hecha en el presente Punto de Acuerdo para que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Unión, en el ámbito de su competencia adopten e implementen medidas para minimizar el impacto ambiental de la operación de sus oficinas, edificios e instalaciones en toda la República Mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, para que en el ámbito de sus funciones se coordine con las dependencias y entidades de la administración pública federal para que adopten e implementen medidas para minimizar el impacto ambiental de la operación de sus oficinas, edificios e instalaciones en toda la República Mexicana.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.






Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que tomen en cuenta el uso y protección de los productos naturales por encima de los que contengan organismos genéticamente modificados.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a privilegiar el uso y protección de los productos naturales por encima de los transgénicos, suscrita por la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Destaca la proponente que “en 2012 la SAGARPA, con aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), otorgó un permiso a la empresa Monsanto por para la siembra de soya genéticamente modificada en más de 253 mil hectáreas, ante el cual el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche en 2014, otorgó un amparo a las comunidades mayas Pac-Chen y Cancabchén, del municipio de Holpechén, contra este.

Que un alimento transgénico es el resultado de un proceso de ingeniería genética  en el cual un organismo es modificado a través de incorporarles  genes de distintas especies con la finalidad de  desarrollar características específicas en el organismo para que este sea más resistente a los herbicidas, a las plagas y a las adversidades del clima y del entorno.

Que el avance científico que representa la transgénesis de algunos alimentos es muy grande ya que cambia por completo los procesos y hábitos agrícolas. Este proceso de la industria genética implica la utilización de genes clínicamente manipulados para mutar los alimentos en contra de los procesos naturales. Los resultados de las pruebas llevadas a cabo y las hipótesis que plantea dicho experimento pone en duda la confianza de gran parte de la población ya que se desconoce los efectos que pueden tener.

Que los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), son promovidos por grandes corporaciones bajo el argumento de que estos  alimentos tienen muchos beneficios, sin embrago investigaciones independientes han señalado que existen  riesgos muy importantes para el consumo humano, dentro de los cuales se incluyen efectos negativos sobre los sistemas reproductivo, digestivo e inmunológico.

Que los OGM, tienen su principal ventaja en el apoyo a la producción, pues mediante el avance de la Ingeniería Genética se incrementa  la capacidad para crear especies nuevas y en lapsos de temporalidad menor.

Que la principal desventaja y la cual requiere ser estudiada minuciosamente al momento de la toma de decisiones se basa en que a falta de estudios fidedignos, se carece de los argumentos que permitan conocer los desequilibrios en la salud humana, el medio ambiente, el campo y en la economía a mediano plazo”.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.- Esta Comisión, coincide con lo señalado por la proponente, en torno a la importancia de impulsar la producción natural respecto de la producción de transgénicos, definidos estos últimos como " Organismo genéticamente modificado: Cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna que se define en esta Ley, siempre que se utilicen técnicas que se establezcan en esta Ley o en las normas oficiales mexicanas que deriven de la misma ” .

TERCERA.- La Ley de Bioseguridad de Organismo Genéticamente Modificados (LBOGM), publicada en el DOF con fecha 18 de marzo de 2005, establece puntualmente como Objeto lo siguiente:

ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.

De lo que se sigue que a la SAGARPA competen las siguientes facultades, cuando se trate de actividades con OGMs: Vegetales que se consideren especies agrícolas; Animales que se consideren especies ganaderas; Insumos fitozoosanitarios y de nutrición animal y vegetal; Especies pesqueras y acuícolas; OGMs que se utilicen en la inmunización; OGMs que sean hongos, bacterias, protozoarios, virus, viroides, espiroplasmas; fitoplasmas y otros microorganismos, que tengan fines productivos agrícolas; pecuarios, acuícolas o fitozoosanitarios, entre otros.

CUARTA.- Asimismo debe destacarse que 2009, se publicó el Acuerdo por el que se crea el Comité Técnico Científico de la SAGARPA en materia de OGM, el Acuerdo por el que se delegan en el SENASICA y en sus Directores Generales de la DGSA, DGSV y DGIAAP facultades de la LBOGM y se cancela la NOM0-56-FITO-1995, que establecía los requisitos fitosanitarios para la movilización nacional, importación y establecimiento de pruebas de campo con OGM. De lo anterior se desprende la competencia de dicha Secretaría, respecto de la vigilancia de la exacta observación de la Ley, en torno al tema que nos ocupa.

QUINTA.- En este orden de ideas, la propia Ley de la materia, establece que es atribución del SENASICA a través de actividades procesales administrativas, jurídicas y científicas trasparentes, atender actividades tales como: Aportaciones al Fideicomiso de la CIBIOGEM; Atención de solicitudes de información; Difusión: Regulación, Detección, Operación y Vigilancia, y Avisos de Utilización Confinada de OGM; Realización de dos Foros Nacionales de OGM en la Agricultura; Análisis de Riesgos y emisión de dictámenes; Gestión administrativa en: Recepción y resolución positiva o negativa de solicitudes de liberación al ambiente de OGM Inspecciones de condicionantes de los permisos de liberación otorgados por al SAGARPA Visitas de monitoreo de rutina; Dispositivo de bioseguridad en permisos, liberaciones ilícitas y accidentales Notificaciones a instituciones de enseñanza o desarrollo de OGM en avisos; Participación en el Comité y como nodo central en la conformación de la Red Mexicana de Monitoreo de OGM.

SEXTA.- De lo anterior se sigue, que es inconcuso que el Marco Jurídico nacional, prevé la regulación en torno a los Organismos Genéticamente Modificados, en diversas aristas a través de SAGARPA, SEMARNAT y la Secretaría de Salud, entre otras instancias, como es el caso de la Subdirección de Operación y Vigilancia de Organismos Genéticamente Modificados, que tiene como objetivos generales  dar seguimiento a las actividades de Bioseguridad  mediante la inspección y vigilancia de los avisos de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto y liberación comercial de Organismos Genéticamente Modificados, así como las actividades relacionadas con el monitoreo y  las medidas de seguridad o de urgente aplicación con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estos materiales pudieran ocasionar a la sanidad animal, vegetal y acuícola.

SEPTIMA.- Sin perjuicio de lo anterior, esta Tercera Comisión coincide respecto de la importancia de impulsar las actividades de los productores naturales más allá de los transgénicos, a fin de encontrar apoyo en el diseño de las políticas atinentes, de conformidad con la normatividad Nacional e Internacional de la materia.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) y al Titular la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que en el marco de la reforma para el campo, se tome en cuenta el uso y  protección de  los productos naturales por encima de los que contengan Organismos Genéticamente Modificados (OGMs).

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.

Artículo 3° fracción XXI de la Ley de Bioseguridad de Organismo Genéticamente Modificados.





Que solicita la Dirección General de Aeronáutica Civil información sobre las modificaciones realizadas en mayo del 2014 a la ruta de aproximación de aviones en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Dirección General de Aeronáutica Civil a emitir un informe de los elementos técnicos y ambientales que fueron considerados para autorizar y ejecutar el cambio de ruta de aproximación de aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El diputado proponente, menciona que en el mes de mayo del presente año, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinó modificar la ruta de aproximación de los aviones que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo anterior bajo el argumento de que dicha modificación se realizó por motivos de seguridad, señalando el proponente que el titular de la DGAC manifestó que la nueva ruta cumple con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI), así como con la aprobación de la Cámara Nacional de Aerotransportes; y que la ruta para alinear su aterrizaje se cambió de la radial 160 a la 170 para darles a los pilotos una aproximación más segura, con un mejor control de la aeronave y un viraje más terso, aunado a que con dicho cambio se permitirá la utilización de las dos pistas con las que cuenta el Aeropuerto Internacional.

El proponente destaca que la modificación a esta ruta implica que los aviones que aterrizan en el aeropuerto capitalino en lugar de realizar su recorrido de aproximación por la Zona Norte y seguir por el Periférico, para posteriormente virar hacia la colonia del Valle, sobrevolando la torre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la colonia Narvarte, Balbuena y aterrizar, ahora ingresan por el Norte de la ciudad pero sobrevuelan las zonas más altas de la Ciudad de México, como son Lomas de Chapultepec, Santa Fe y Lomas de Virreyes.

Ante la situación planteada, quien propone declara que diferentes grupos de personas han manifestado su descontento por el ruido que provocan los aviones que se aproximan a la Ciudad, utilizando para sustentar su dicho, diversas mediciones a través de la aplicación móvil "Sonómetro”, la cual arrojó que la intensidad del ruido en las colonias de la Delegación Miguel Hidalgo afectadas por esta nueva ruta fue de 60 a 70 decibeles y de 70 a 80 decibeles en la Colonia Jardín Balbuena.

A decir del proponente, esta situación evidencia una violación a la Norma Ambiental NADF-005-AMBT-06, que establece los límites máximos permisibles de emisiones sonoras de fuentes emisoras ubicadas en el Distrito Federal, mismos que no deberán exceder de 65 decibeles en un horario comprendido de las seis a las veinte horas y 62 decibeles fuera de dicho horario.

Asimismo, el diputado proponente señala que el Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) consideró que no fue positivo el cambio en la ruta de aproximación de los aviones, ya que la misma los fuerza a hacer un descenso más pronunciado y aumenta la probabilidad de aproximaciones fallidas, sumado al alto riesgo que se corre al sobrevolar a tan solo diez mil pies de las zonas más altas de la ciudad como Santa Fe y Lomas de Chapultepec.

Los suscribientes externan su preocupación por la situación, indicando que por una parte las autoridades responsables de autorizar las referidas modificaciones afirman que las mismas son en beneficio de los pilotos y usuarios de los servicios de transportación aérea, y por el otro, la población en general que día a día se encuentra en alto grado de vulnerabilidad, ante la aparente mala planeación de dicha ruta, pues según manifestaciones de los mismos, se encuentran en una constante percepción de algún accidente aéreo provocado por el nivel tan bajo en el que sobrevuelan ciertas zonas de la Ciudad de México.

El proponente considera que lo anterior merece ser atendido con el profesionalismo y seguridad que implica, pues además de todos aquellos factores sociales que actualmente afecta, se contemplará un elemento de vital resguardo como lo es el medio ambiente.

Debido a lo anterior, el proponente pone a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección General de Aeronáutica Civila emitir un informe pormenorizado de los elementos técnicos y ambientales que fueron considerados para autorizar y ejecutar el cambio de ruta de aproximación de aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que la misma genera posibles afectaciones al medio ambiente por contaminación por ruido, derivado del aumento de decibeles que generan dichas prácticas, así como el descontento de la población en general ante el estado de inseguridad que provoca la probabilidad de aumento de accidentes, ya que la nueva ruta de aproximación implica el desplazamiento sobre las zonas más altas de la ciudad.

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta dictaminadora coincide con lo expresado por el proponente, en que debe garantizarse la seguridad de quienes habitan las zonas por las que sobrevuelan los aviones en la ruta de aproximación para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, asimismo no pasa por alto la importancia que tiene la protección de aquellos que se encuentran en las aeronaves, ya sea como pilotos, pasajeros o sobrecargos.

De igual forma, se coincide en que debe analizarse la contaminación por ruido que pudiera existir con motivo de la modificación realizada a la ruta de aproximación, misma que motivó la presentación de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina.

Al respecto de esto último, el proponente señala la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-005-AMBT-06, que establece las condiciones de medición y los límites máximos permisibles de emisiones sonoras, que deberán cumplir los responsables de fuentes emisoras ubicadas en el Distrito Federal. Misma que establece que las emisiones sonoras de fuentes emisoras en el Distrito Federal no deberán exceder de 65 decibeles en un horario comprendido de las seis a las veinte horas y 62 decibeles fuera de dicho horario.

Sin embargo, la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-005-AMBT-06 no es la que regula los límites de emisiones sonoras producidas por aeronaves. La Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCT3-2000 es la que establece dentro de la República Mexicana los límites máximos permisibles de emisión de ruido producido por las aeronaves de reacciones subsónicas, propulsadas por hélice, supersónicas y helicópteros, su método de medición, así como los requerimientos para dar cumplimiento a dichos límites.

Precisado lo anterior, la dictaminadora estima que aun cuando no es la Norma Oficial que señala el proponente la que debiera aplicarse al caso concreto, es necesario aprobar el punto de acuerdo que propone, toda vez que lo que se atiende es la seguridad y el derecho al medio ambiente sano de quienes habitan las zonas por las que sobrevuelan los aviones en la ruta de aproximación para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como la protección de aquellos que se encuentran en las aeronaves, ya sea en calidad de pilotos, pasajeros o sobrecargos.

Se estima necesario aprobar el presente punto de acuerdo en atención al derecho al medio ambiente sano, como ya se mencionó con anterioridad, mismo que se encuentra reconocido en el sexto párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Asimismo, la dictaminadora estima necesario que se informe acerca de las posibles afectaciones por contaminación por ruido, derivadas de la modificación de mayo de 2014  a la ruta de aproximación de aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo anterior tomando en cuenta el Capítulo XIV de la Ley de Aviación Civil, titulado “De la Protección al Ambiente”, así como el artículo 76 de dicha Ley, mismo que forma parte del citado Capítulo y que se cita a continuación:

LEY DE AVIACION CIVIL

Capítulo XIV

De la protección del ambiente

Artículo 76. Las aeronaves que sobrevuelen, aterricen o despeguen en territorio nacional, deberán observar las disposiciones que correspondan en materia de protección al ambiente; particularmente, en relación a homologación de ruido y emisión de contaminantes. Asimismo, deberán reportar a la Secretaría en el periodo y en la forma en que la misma determine, sobre las medidas operativas, técnicas y económicas que hayan adoptado para cumplir con las disposiciones en materia de protección al ambiente.

La Secretaría fijará los plazos para que se realicen adecuaciones en las aeronaves que, para los efectos de este artículo, así lo requieran y, en su caso, establecerá los lineamientos para la sustitución de la flota aérea y para impulsar mejoras tecnológicas de las aeronaves y sus combustibles.

Después de su valoración correspondiente, esta dictaminadora estima pertinente aprobar con modificaciones el punto de acuerdo presentado por el Diputado Ricardo Astudillo Suárez, y suscrito por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Dirección General de Aeronáutica Civil un informe relativo a la modificación realizada en mayo del 2014 a la ruta de aproximación de aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que incluya un análisis de elementos técnicos y ambientales, particularmente los relativos a las posibles afectaciones de contaminación por ruido al medio ambiente.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.






Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, a la Comisión Nacional de Agua y al Gobierno del Estado de Tlaxcala a informar sobre las acciones emprendidas y el estatus relativo a la contaminación en los ríos Atoyac y Xochiaca, así como el control de las descargas de las empresas ubicadas en el corredor Industrial Quetzalcóatl.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, para que de acuerdo a sus respectivas atribuciones a evitar y subsanar la continua contaminación de los ríos en el estado de Tlaxcala, suscrita por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. Esta proposición se basa en las siguientes consideraciones:

“A) El agua es uno de los recursos más importantes, ya que sin el cual no podría existir la vida, es indispensable para múltiples necesidades, como hábitat para los seres acuáticos, para el riego de cultivos, para el consumo humano y la preparación de alimentos, para el aseo personal, y en los procesos industriales, entre otros usos.

B) El agua que se utiliza para el consumo humano debe ser transparente, sin olor y sin sabor, si es turbia o contiene impurezas provoca enfermedades diversas, en este caso se considera contaminada, esta contaminación puede ser causada por la mezcla con basura y residuos tales como detergentes, aceites y grasas, minerales, desechos humanos y por desechos industriales

C) El cuidado y preservación de este recurso esta encomendado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría de la Protección al Ambiente (PROFEPA) y a la Comisión Nacional del Agua, quienes tiene a su cargo la protección y administración del correcto uso del agua, la protección a los acuíferos, la prevención y control de la contaminación ambiental y los recursos naturales, así como la supervisión y evaluación del cumplimiento de las normas aplicables.

D) Dentro de los Programas sectoriales e institucionales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se encuentra el programa para detener y revertir la contaminación  de los sistemas que sostienen la vida, el aire, agua y suelos para lograr el desarrollo sustentable, siendo responsabilidad de esa Secretaría, así como de la Subsecretaría de Gestión y Protección al Ambiente.

E) No obstante que es una obligación de estas autoridades, la evidente y excesiva contaminación de los ríos Atoyac y Xochiaca en el Estado de Tlaxcala está poniendo en riesgo la vida de las y los habitantes de más de once comunidades de la región. Así como para al Estado de Puebla, esta contaminación por la ingesta de agua y su contacto ha provocado que alrededor de un 10% de las mujeres presenten problemas de infertilidad, así como abortos repentinos, además de la posibilidad de que la madre pueda transmitir al producto daños genotóxicos.

F) Las comunidades de Ixtacuixtla, Tepetitla de Lardizábal, San Mateo Ayecac, San Rafael Tenanyecac, Nativitas y Villa Alta entre otras, son afectadas por las descargas de las empresas instaladas en corredor industrial Quetzalcóatl de esa zona, que alberga a más de setenta empresas, por las descargas de desechos, grasas, colorantes de las maquiladoras de mezclilla, de saborizantes para productos alimenticios y otros.

G) En el agua se ha detectado benceno, cloruro de metileno, plomo y otros metales pesados, cloroformo sustancias tóxicas consideradas causantes de enfermedades que sufren los habitantes de esas poblaciones, como cáncer, leucemia, infecciones de la piel, anemia púrpura, asma, problemas bronquiales, tumores, que han causado inclusive la muerte de varios niños y adolescentes, cuyo número no puedo precisar por carecer de recursos para realizar la investigación a fondo, quiero señalar que estos habitantes no pueden ser donadores de sangre por que se ha comprobado que está contaminada.

H) Los ríos y canales de riego presentan un color azul, no por el cielo sino por los tintes y residuos, basura, desechos tóxicos, en otras partes esta negro de las grasas y residuos de las industrias metal mecánicas, desafortunadamente esas aguas por necesidad tienen que ser utilizadas para el consumo humano en el hogar, para el riego de los campos y cultivos.

I) Es tan grande esta contaminación de los campos que en los mercados y centrales de abasto se niegan a comprar los productos producidos en esas comunidades, con el perjuicio consecuente para los campesinos, que viven de lo que sus tierras producen.

J) Desafortunadamente no obstante las múltiples demandas de los habitantes de esas poblaciones, las autoridades no han realizado acciones para controlar las descargas de las empresas ubicadas en el corredor industrial, con el daño a los ríos y canales de riego, el saneamiento de esos conductos del vital líquido, y evitar el perjuicio en la salud para los habitantes.”

B.  Con lo anterior formulan el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, para que de acuerdo a sus respectivas atribuciones suspendan la contaminación  a los Ríos Atoyac y Xochiaca en el Estado de Tlaxcala, realicen el control de las descargas de las empresas ubicadas en el corredor industrial Quetzalcóatl, cumplan con los programas de saneamiento de aguas y al medio ambiente, vigilen el cumplimiento de las normas en la materia y en su caso impongan las sanciones que procedan por su violación.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y  dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta representación observamos que en las consideraciones de la proponente señala como autoridades competentes para el cuidado y preservación del agua a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría de la Protección al Ambiente (PROFEPA) y a la Comisión Nacional del Agua, mas no a la Secretaría de Salud, por lo que no se justifica en el punto de acuerdo exhortar a dicha Secretaría. Consideramos incluir al gobierno del Estado para que de acuerdo a sus atribuciones coadyuve en la solución a la problemática de contaminación de los Ríos Atoyac y Xochiaca en el Estado de Tlaxcala.

Por otra parte, esta dictaminadora considera que solicitar se suspenda la contaminación, sin antes tener conocimiento sobre las acciones que se han emprendido por parte de las autoridades referidas para atender la contaminación y el estado que guarda dicha situación en los Ríos Atoyac y Xochiaca en el Estado de Tlaxcala, no le permitiría a esta soberanía conocer previamente el avance obtenido sobre la problemática planteada.

Además, se debe solicitar el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes, de ser el caso, como resultado del posible incumplimiento de las normas en la materia, sin prejuzgar que en todo caso se sancionará, toda vez que la sanción deriva de la resolución producto de un procedimiento.

En tal sentido, consideramos que el resolutivo de la proponente debe modificarse para efectos de que esta dictaminadora, como ya se ha señalado, conozca en primer lugar el estatus sobre la contaminación y las acciones de las autoridades competentes realizadas para el cuidado y preservación del agua en los casos específicos.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno del Estado, para que en el ámbito de sus competencias remitan un informe sobre las acciones emprendidas y el estatus relativo a la contaminación  en los Ríos Atoyac y Xochiaca en el Estado de Tlaxcala; así como sobre el control de las descargas de las empresas ubicadas en el corredor industrial Quetzalcóatl, para que éstas cumplan con los programas de saneamiento de aguas y al medio ambiente, se vigile el cumplimiento de las normas en la materia y en su caso se inicien los procedimientos administrativos correspondientes.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

TERCERA COMISION.






Que exhorta al Titular, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en informar sobre el Proceso de Selección efectuados en el otorgamiento de los incentivos relativos del Capítulo VIII tecnificación del riesgo del Título II De los Componentes del Programa Fomento a la Agricultura.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para hacer públicos los criterios y el proceso de selección efectuados en el otorgamiento de los incentivos relativos al Programa Fomento a la Agricultura, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Avila , Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, los promoventes manifiestan sustancialmente lo siguiente:

Que el programa Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), tiene como objetivo contribuir a incrementar la producción y productividad de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas mediante incentivos para la integración de cadenas productivas (sistemas producto), el desarrollo de agrocluster, la inversión en capital físico, humano y tecnológico, reconversión productiva, agroinsumos, manejo postcosecha, así como el uso eficiente de la energía y uso sustentable de los recursos naturales.

Los promoventes argumentan que dentro de las Reglas de Operación de dicho Programa se contemplan diversos componentes, entre los que destaca aquél que se enmarca en el Capítulo VIII del Título II. De los Componentes y que corresponde a la Tecnificación del Riego.

El objetivo de dicho apartado radica en el apoyo a productores y organizaciones que se dediquen principalmente a la producción de granos básicos, para fortalecer la productividad, mediante incentivos económicos para el uso de insumos que incidan en una agricultura rentable.

Dentro de los incentivos que contempla se encuentran:

a) Sistema de riego por multicompuerta con pulsación y válvula alfalfera, con un apoyo de hasta $10,000 pesos por hectárea sin rebasar el 50% del costo total del proyecto y un monto máximo de $750, 000 pesos para personas físicas y hasta $2,000,000 de pesos para personas morales.

b) Sistema de riego por aspersión (pivote central, avance frontal, side roil, aspersión fija, aspersión portátil, cañón y cañón viajero), micro aspersión y goteo, con un apoyo de hasta $15,000 pesos por hectárea sin rebasar el 50% deI costo total del proyecto y un monto máximo de $750, 000 pesos para personas físicas y hasta $2, 000,000 de pesos para personas morales, y

c) Drenaje en terrenos agrícolas, con un apoyo de hasta $15,000 pesos por hectárea sin rebasar el 50% del costo total del proyecto y un monto máximo de $750,000 pesos para personas físicas y hasta $2,000,000 de pesos para personas morales.

Los legisladores plantean que el problema con esto radica en la falta de claridad y corrupción que ha permeado en el otorgamiento de los incentivos, los cuales han respondido a criterios subjetivos, lejos de buscar apoyar a los productores que más lo merecen y necesitan.

Los diputados establecen que prueba de lo preliminar se observa en el Estado de Zacatecas, ya que en el año 2013 de cerca de 35 obras que se aprobaron, 26 fueron asignadas a la empresa HIDROTECS S.A. DE CV.; es decir, el 74%.

Siguiendo con su argumentación los legisladores manifiestan que desafortunadamente en el presente año lo anterior no ha sido corregido, puesto que se han aprobado un promedio de 90 obras, de las cuales, 52 nuevamente fueron adjudicadas a esta empresa; representando el 57% del total de obras asignadas.

Los  promoventes establecen que mientras una empresa se lleva tres cuartas partes o la mitad de los incentivos, el padrón de empresas confiables en la Delegación de SAGARPA en Zacatecas contempla 24 participantes inscritos, con lo que se está dejando a gran parte de los productores en estado de indefensión y se está desvirtuando un programa que, por principio, debería buscar una distribución equitativa, trasparente y plural de los recursos del Presupuesto Federal.

Los diputados argumentan que no se puede permitir que lo descrito siga ocurriendo cuando el campo mexicano atraviesa uno de los momentos más críticos y preocupantes de su historia. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el año 2010 el porcentaje de la población en pobreza rural representó el 65.1 por ciento, lo que significa que 17 millones de personas que sufren una o más carencias sociales, mientras que de 2012 a 2013 se presentaron reducciones importantes respecto al empleo rural en 20 de las 32 entidades federativas del país.

A partir de lo anterior, los legisladores plantean que es menester que el Programa Fomento a la Agricultura sea auditado para comprobar si los incentivos se han otorgado de manera correcta.

Es por ello que proponen el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Lic. Enrique Martínez y Martínez, para hacer públicos los criterios y el proceso de selección efectuados en el otorgamiento de los incentivos relativos al Capítulo VIII. Tecnificación del Riego del Título II. De los Componentes del programa Fomento a la Agricultura, en el Estado de Zacatecas y en el resto de la República.

SEGUNDO. Se exhorta al titular de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Lic. Julián Alfonso Olivas Ugalde, para realizar una investigación respecto a los criterios y el proceso de selección efectuados en el otorgamiento de los incentivos relativos al programa Fomento a la Agricultura, en el Estado de Zacatecas y en el resto de la República.

TERCERO. Se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación, CPC. Juan M. Portal, para realizar una investigación respecto a los criterios y el proceso de selección efectuados en el otorgamiento de los incentivos relativos al Capítulo VIII. Tecnificación del Riego del Título II. De los Componentes del programa Fomento a la Agricultura, en el Estado de Zacatecas y en el resto de la República.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide en lo general con la preocupación y motivación de los    proponentes, considerando conveniente y procedente impulsar acciones para trasparentar el otorgamiento de los incentivos relativos al Programa Fomento a la Agricultura.

D.- El Programa Fomento a la Agricultura busca contribuir a incrementar la producción y productividad de las Unidades Económicas rurales agrícolas mediante incentivos para: integración de cadenas productivas (sistemas producto), desarrollo de agrocluster; inversión en capital físico, humano y tecnológico, reconversión productiva, agroinsumos, manejo postcosecha, uso eficiente de la energía y uso sustentable de los recursos naturales.

E- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha publicado las convocatorias del Programa de Fomento a la Agricultura 2014, para que las organizaciones y productores locales ingresen sus solicitudes.

F- Con el objetivo de contribuir al incremento de la productividad agrícola, las convocatorias tratan de las reglas de operación, requisitos específicos de los componentes, procedimientos de selección y los conceptos y montos de incentivos para la planeación e integración de proyectos en el programa.

G.- Entre los esquemas a los que las organizaciones y sectores productivos pueden acceder, se encuentran los componentes Agroalimentario, Agro Incentivo, Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas, Tecnificación del Riego y Sistemas Producto Agrícolas, así como Agro producción integral.

H.- El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de mayo de 2013, reconoce que "el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional", y que "la capitalización del sector debe ser fortalecida" por lo que establece como una de las cinco metas nacionales, un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades, considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo, asimismo, busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos.

I- El Eje México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo, incluye al sector agroalimentario para impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales, para modernizar el marco normativo e institucional que ayude a impulsar al sector agroalimentario productivo y competitivo.

J.- Los integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente consideran que los recursos gubernamentales destinados al sector agrícola deben ser utilizados de una manera más eficiente para atender la problemática en la que está inmerso el sector, en virtud de que los productores enfrentan limitantes por baja productividad e insuficiente producción de las unidades de producción agrícolas, debido a la fragmentación de las unidades de producción, falta de organización de los productores y desarticulación de las cadenas productivas; uso reducido de tecnología, el deterioro de los recursos naturales, y la baja mecanización y agregación de valor.

K.  El Artículo 36 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 en sus Anexos 10 y 10.1, se establecen los criterios generales para la aportación y aplicación a que deberán sujetarse las reglas de operación de los programas federales y en el anexo 24 del propio Decreto se enlistan los programas federales sujetos a reglas de operación.

L.- La estructura programática de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, aprobada para 2014, incluye el Programa de Fomento a la Agricultura.

M- El 18 de diciembre de 2013 y conforme a lo establecido en el artículo 59, fracción II, inciso a) y fracción IV, inciso d) del ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura 2014, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se realizaron convocatorias públicas a todas las personas morales legalmente constituidas que se dediquen a actividades agrícolas que pretendan aprovechar una oportunidad para elevar su competitividad, llevando a cabo la implementación de proyectos estratégicos integrales que impulsen las plantaciones, la infraestructura y el equipamiento, interesados en participar en el “Componente de Agroproducción Integral.”

N.- El objetivo general del Programa de Fomento a la Agricultura busca contribuir al incremento de la productividad agrícola mediante incentivos, a fin de lograr el   incremento a la producción y la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas.

En este sentido, los integrantes de la Tercera Comisión, acompañamos la propuesta de los diputados Ricardo Monreal Avila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, en aras de trasparentar el otorgamiento de los incentivos relativos al Programa Fomento a la Agricultura que permita consolidar la concreción de los cambios necesarios que requiere el campo mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a que informe a esta Soberanías Sobre los criterios utilizados en el proceso de selección efectuados en el otorgamiento de los incentivos relativos al Capítulo VIII. Tecnificación del Riego del Título II. De los Componentes del programa Fomento a la Agricultura.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a revisar el cumplimiento del proceso de selección efectuado en el otorgamiento de los incentivos relativos al Capítulo VIII. Tecnificación del Riego del Título II. De los Componentes del programa Fomento a la Agricultura.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.






Que exhorta a la Secretaría de Turismo y de Economía y al Consejo de Promoción Turística a impulsar la promoción de la tradicional fiesta de la Guelaguetza como fuente de turismo cultural.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a las Secretarías de Turismo y de Economía a impulsar la Guelaguetza como fuente de turismo cultural, suscrita por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, los promoventes manifiestan sustancialmente lo siguiente:

Que además de su amplia riqueza natural, México tiene un gran potencial turístico, cuenta con atractivos históricos, naturales y culturales que lo convierten en una potencia a nivel global. Esta actividad genera el 9% del Producto Interno Bruto Nacional, asimismo, una diversidad de trabajos directos e indirectos con beneficios a las poblaciones, regiones y estados del país.

Argumentan además, que la actividad turística para el Estado de Oaxaca es prioritaria para el crecimiento de la entidad y desarrollo de sus poblaciones y regiones. Consciente de lo anterior, desde su inicio, la actual administración, ha establecido una estrategia de promoción al turismo, lo cual contribuye al fortalecimiento del sector en todas sus aristas -negocios, ecoturismo y cultural-, asimismo, se han desarrollado esfuerzos importantes en la difusión de festividades, convenciones y congresos nacionales e internacionales.

Reafirman que este compromiso se ha reflejado en la generación de más empleos, en el apoyo a empresarios locales y en la apertura de más establecimientos, es decir, se han creado más fuentes de empleo que han dinamizado la economía regional y ha permitido la diversificación o especialización de las actividades turísticas de la entidad.

Los legisladores proponen que estas acciones se ven fortalecidas por la Política Nacional Turística que busca consolidar y aprovechar el capital turístico de México, sustentada en directrices como el ordenamiento y transformación sectorial; innovación y competitividad turística; fomento, promoción y sustentabilidad y el beneficio social.

Por otra parte refieren que esta celebración cultural  data de la época colonial y  se lleva a cabo en el mes de julio en el Estado de Oaxaca, en ella se reúnen las regiones de la Cañada, Costa Chica, Istmo de Tehuantepec, Mixteca, Región Cuenca del Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y Valles Centrales para festejar a la Diosa del maíz tierno o elote “Centéotl”.

Comentan los promoventes que en el Cerro del Fortín se realizan distintas actividades como danzas y música que dan muestra de la herencia cultural y visión cosmogónica del universo, de ahí que sea enaltecida por la riqueza de aportación cultural desde sus orígenes.

Asimismo, que además de su riqueza cultural estas festividades generan una gran derrama económica superiores a los 270 millones de pesos, y una afluencia de  130 mil turistas nacionales y extranjeros arriban a la capital del Estado de Oaxaca, lo que se traduce en una ocupación hotelera de más del 84% por lo que la preservación y promoción de esta festividad cultural es fundamental para el Estado de Oaxaca.

Desde su creación, hasta nuestros días, la Guelaguetza ha sido y es una de las opciones turísticas por excelencia del estado de Oaxaca, sin embargo, entre otras problemáticas sociales, la presencia de inseguridad, delincuencia y falta de acceso a los servicios de salud, han repercutido en la celebración de esta fiesta.

Al ser la máxima expresión cultural y artística de Oaxaca, es fundamental que esta festividad impulse el turismo nacional e internacional, pues representa, por un lado, la difusión de la cultura oaxaqueña, y por el otro lado, mayores ingresos, los cuales se traducen en programas, acciones e infraestructura, es decir, en beneficio de la población.

En este sentido, los senadores promoventes plantean que resulta crucial la participación de la Secretaría de Turismo en virtud de que tiene a su cargo la conducción del diseño e implementación de políticas públicas tendientes a fortalecer el desarrollo turístico en nuestro país.

Finalmente, los legisladores argumentan dentro de sus consideraciones que esta dependencia es la encargada de promover la innovación en el sector, mejorar la calidad de los servicios turísticos y la competitividad del turismo nacional, a través de estrategias transversales en las que converjan las acciones gubernamentales, del sector privado y social, contribuyendo al crecimiento sustentable e incluyente del turismo.

A partir de lo anterior formulan el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones impulsen la promoción de la tradicional fiesta de la Guelaguetza como fuente de turismo cultural.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide en lo general con la preocupación y motivación de los proponentes, considerando conveniente y procedente impulsar acciones que impulsen la promoción de la tradicional fiesta de la Guelaguetza como fuente de turismo cultural.

D.- Guelaguetza, es un vocablo zapoteco que significa: ofrenda, presente, cumplimiento, colaboración y atención solidaria comunitaria y fraternal tal como se debe tratar a los demás. Y da nombre a esta celebración indígena, de la convivencia cultural más importante de América latina, que data de las épocas prehispánica.

Desde hace más de 500 años, la Gueleguetza o fiestas de los lunes del cerro, han acompañado con su alegría y trascendencia histórica a los habitantes de todas las regiones del estado de Oaxaca, con la presencia de miles de visitantes nacionales e internacionales, la celebración la llevaban a cabo durante los dos últimos lunes de julio de cada año, al primero se le conocía como "Paseo de las Azucenas" y al segundo lunes como lo llamaban "Octava".

Sus raíces son muy profundas, guardan relación muy estrecha con la cosmogonía indígena, con los usos y costumbres y con el homenaje a la Diosa Centeótl ó Diosa del Maíz. Estas festividades culminaban con el sacrificio simbólico de una doncella, con lo cual se aguarda la fertilidad en sus campos y en la naturaleza en general.

Con el arribo de los españoles y la religión cristiana, los monjes franciscanos y dominicos prohibieron las prácticas dedicadas a la Diosa Centeótl; destruyeron el Teocali y en su sitio construyeron el templo católico dedicado a la Virgen del Monte Carmelo, hoy templo del Carmen Alto, ubicado en las faldas del Cerro del Fortín inclusive en los tiempos de la independencia y de la Revolución Mexicana, esta festividad, siguió teniendo gran aceptación en el pueblo, el cual subía al cerro a realizar un día de campo, después de haber cumplido con los actos litúrgicos.

En la época moderna y específicamente en el año de 1932, se le da gran impulso a la festividad de La Guelaguetza, con motivo de la celebración de los 400 años de la Ciudad de Oaxaca; fue hasta el año de 1953 cuando da inicio la festividad, año con año, enmarcada en las Fiestas de los Lunes del Cerro.

Hasta el año de 1974, la presentación de los bailes se hacía en una explanada      llamada en su tiempo Petatillo, y para el público se destinaba una concavidad natural que tiene el Cerro del Fortín; es precisamente el 23 de noviembre de ese año cuando se inaugura el Auditorio Guelaguetza, un bello teatro al aire libre con un aforo de más de 17,000 lugares.

El hermosísimo espectáculo de La Guelaguetza se amalgama en forma natural con la música, la poesía, las danzas autóctonas y las tradiciones culturales que tienen profundas raíces en las comunidades indígenas, lo cual los convierte en los principales protagonistas de La Guelaguetza, con la participación de las 16 etnias que se dan cita para mostrar sus virtudes, entre los que se encuentran los amuzgos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, chontales, chochos, huaves, ixcatecos, mazatecos, mixes, mixtecos, nahuatlecos, triquis, zapotecos, zoques y popolacas, quienes cuentan con diversas variantes de sus lenguas nativas, nutriendo el ambiente de fiesta multicolor y de fraterna convivencia.

Quienes participan en los festejos, son seleccionados de manera minuciosa en sus comunidades; la selección la realiza el Consejo de Ancianos o Tata mandones. A nivel estatal, está conformado un comité de autenticidad integrado por la sociedad civil;     todos ellos evalúan los bailes, la actitud, el comedimiento de los grupos, el vestuario    que debe estar apegado estrictamente a la tradición, de esta manera es como van eligiendo a los participantes que llegan a la fiesta de los Lunes del Cerro para mostrar su cultura.

La Guelaguetza se inicia con el desfile de la tradicional Calenda donde participan las ocho regiones a través de las delegaciones de:

Valles Centrales, la Sierra Juárez, la Cañada, Tuxtepec, la Mixteca, la Costa, el Istmo de Tehuantepec y Papaloapan; quienes lo hacen ataviados con sus trajes regionales, cada región presenta su danza y tocan las Chinas Oaxaqueñas, la danza de la Pluma, el jarabe del Valle; de la Botella, Mixteco, Chenteño, los Sones Serranos, Mazatecos, la Flor de Piña, la Sandunga, la Tortuga, por citar algunas. Estas festividades han rebasado los límites regionales para convertirse, por la belleza y colorido de sus trajes, por su música, coreografía y danzas, en una muestra de la tradición, folklore e identidad nacional; inclusive las presentaciones se llevan a cabo en la mañana y tarde.

Por su simbolismo y por la calidad de sus participantes la fama de la Guelagetza ha llegado a niveles sorprendentes de convocatoria, donde congrega a más de 70 mil turistas, que viajan a la Ciudad de Oaxaca, exclusivamente para presenciar estas fiestas.

El Comité Organizador ha integrado durante todo el mes de julio una serie de actividades deportivas, culturales, gastronómicas, presentaciones de teatro, cine, mesas redondas, conferencias, muestras folklóricas; la cual ofrece a los oaxaqueños y los visitantes una muestra de la alta cultura y riqueza costumbrista que forma parte de un pueblo que generosamente se ofrece al mundo entero.

Considerada como joya invaluable del estado de Oaxaca, la Guelaguetza como historia y cultura, trasciende el tiempo y el espacio ya que a lo largo de los siglos ha permanecido, convirtiéndose por derecho propio en un icono no solo nacional sino internacional al rebasar cada año nuestras fronteras; esto sólo ha sido posible porque en su realización, se fusionan gran parte de las actividades humanas, como son: poesía, literatura, filosofía, danza, artesanías, gastronomía, pintura, agricultura, religión, tradición, teatro y cultura.

E.- Desafortunadamente en los últimos años, el Estado de Oaxaca, ha enfrentado una serie de problemas económicos que dificultan el poder disponer de los recursos financieros necesarios para su realización; ya que un evento de tal envergadura requiere de múltiples apoyos en especie y en efectivo para dar alojamiento, comida, logística y transporte a las más de 3,000 personas participantes de las 16 etnias reunidas en el evento, de ahí que resulte conveniente  el  exhorto que proponen los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  para que la Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción Turística de México y a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal puedan de manera coordinada impulsar la promoción de la tradicional fiesta de la Guelaguetza como fuente de turismo cultural.

Esta dictaminadora considera incluir al Consejo de Promoción Turística de México, ya que es el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística de los productos y destinos del país, en los mercados nacional e internacional.

F.- Para la consecución de tal objetivo esta Comisión dictaminadora considera pertinente además que a través de un presupuesto especial al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) se pueda reforzar a la fiesta de la Guelaguetza como fuente de turismo cultural y generadora de empleos directos e indirectos en beneficio del estado y de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, al Consejo de Promoción Turística de México y a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen la promoción de la tradicional fiesta de la Guelaguetza como fuente de turismo cultural.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el próximo Proyecto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015,considere un presupuesto especial al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), para que esta instancia pueda generar acciones para que la fiesta de la Guelaguetza se pueda consolidar como fuente de turismo cultural y generadora de empleos directos e indirectos en beneficio del Estado de Oaxaca y de la Federación.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.






Que solicita la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales información sobre el estado que guarda el proyecto denominado la Ensenada, en el área natural ubicada en la Isla de Holbox, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe sobre el estado que guarda la autorización correspondiente a la manifestación de impacto ambiental para la construcción del desarrollo inmobiliario denominado "La Ensenada" en el área natural ubicada en la isla de Holbox perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; suscrita por la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La proponente señala que Holbox es una isla ubicada en el Caribe Mexicano con una población aproximada de 2 mil habitantes que se dedican a la pesca y al turismo sustentable; tiene una superficie de 42 kilómetros de largo y 2 de ancho, que ofrecen 36 kilómetros de playas prístinas de arena blanca y coralina, manglares y lagunas. El alto valor ambiental de la Isla Holbox tiene diversas categorías ambientales: Area Natural Protegida (ANP), sitio RAMSAR (humedales de importancia internacional), región marina prioritaria, región terrestre prioritaria, sitio de manglar con prioridad biológica y área de importancia para la conservación de las aves.

Holbox es parte de la reserva de la biosfera y área de protección de flora y fauna Yum Balam creada por decreto federal en 1994 y a la que pertenece esta bella isla.

La Senadora Luz María Beristáin  indica que actualmente existe un proyecto   denominado “La Ensenada” que pretende desarrollarse en Holbox el cual afectaría 928, 100 mts2  y contempla ejecutarse en cuatro fases. El proyecto prospecta la creación de 2,450 cuartos distribuidos en tres desarrollos hoteleros del lado de la playa, lotes residenciales, villas, condominios y zona comercial. De igual forma se contempla la creación de un puerto interior el cual se conectará a la Laguna por medio de un canal principal, un canal de entrada y un área de almacenamiento provisional de materiales. El proyecto contará también con 230,000 mts2 de carreteras y un helipuerto de 10,000 mts2.

Asevera la proponerte del presente Punto de Acuerdo que el  día primero de junio se realizó una asamblea que aprobó por unanimidad la división de la isla en cuatro ejidos como parte del proyecto para desarrollar el mega proyecto turístico denominado “La Ensenada.”

Dicha asamblea plantea iniciar el proyecto inmobiliario encabezado por la empresa Península Maya Developments en sociedad con la constructora ARA.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente Dictamen.

SEGUNDA.- Los integrantes de la Tercera Comisión, nos sumamos al ánimo legislativo de la promoverte, respecto de la importancia de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe sobre el estado que guarda la autorización correspondiente a la manifestación de impacto ambiental para la construcción del desarrollo inmobiliario denominado "La Ensenada" en el área natural ubicada en la isla de Holbox perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

TERCERA.- El 5 de septiembre del 2012, la empresa Península Maya Developments,  S.A. de C.V., presentó el proyecto de Manifestación de Impacto Ambiental  ante la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  de Quintana Roo,  en el que se describe  un desarrollo, cuyo mercado es el turismo de lujo que busca atractivos naturales prístinos, se situará en 980.05 hectáreas de la isla de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, aprovechándose una superficie de 93.21 hectáreas (un 9.51%); presuntamente conservará en estado natural 886.84 hectáreas, es decir, 90.49% de la superficie total, las obras están proyectadas  para ubicarse en la llamada "Isla grande" de Holbox, ahí se construirían tres hoteles en una superficie de 8.65 hectáreas; bienes raíces 114.57 hectáreas, área comercial 1.44 hectáreas, canales de agua en 34.72 hectáreas, además de caminos y servicios con 23.86 hectáreas, que se ubicarán sobre una superficie de 183.24 hectáreas, también contará con un helipuerto y dos campos de golf.

CUARTA.- La clave que  le asigna la Delegación de SEMARNAT al proyecto “La Ensenada” descrito en el apartado anterior es 23QR2012TD073, cuyo procedimiento de evaluación se inició el 3 de octubre del 2012, siendo suspendido el 20 de noviembre de ese mismo año, toda vez que la Delegación de SEMARNAT  Quintana Roo solicitó a la empresa información adicional, consistente en estudios sobre corrientes marinas y el ciclo migratorio de las aves, debido a que una parte del proyecto propone modificar la línea de costa de la isla, por lo que los estudios adicionales eran necesarios, entre la información que se solicitó era un estudio cuyo desarrollo lleva más de un año realizarlo, pues comprende los ciclo migratorios de aves y otras especies durante las cuatro estaciones del año. Ante esta solicitud la empresa se ampara y tras de un año y ocho meses de retraso en el proceso de evaluación, la justicia Federal emite su fallo, ordenando a la Delegación de la dependencia en Quintana Roo, para que reinicie el proceso de evaluación el pasado 29 de mayo del año en curso.

QUINTA.- Raúl Omar González Castillo, delegado de SEMARNAT en Quintana Roo aseguró que aun cuando el fallo del amparo  favoreció a la empresa para que el trámite se reiniciara, ello no los exime de presentar la información adicional solicitada por la dependencia. Sin embargo, el representante legal de la empresa Península Maya Developments, S.A. de C.V, presentó el día 5 de junio de 2014 escrito de desistimiento del trámite ante la Delegación de SEMARNAT de Quintana Roo, dando por concluido el tramite iniciado en el 2012, así lo informa la página de trámites de SEMARNAT (tramites.semarnat.gob.mx/index.php/consulta-tu-tramite).

En virtud de la importancia y el impacto ambiental que pudo representar el proyecto “La Ensenada” y aun cuando se haya presentado el escrito de desistimiento por parte de su representante legal, esta Tercera Comisión dictaminadora, estima necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe sobre el estado que guarda el trámite con clave 23QR2012TD073 relativo al proyecto denominado “La Ensenada", en virtud que los titulares del proyecto mantienen su derecho de ingresar o no otro proyecto, y que el informe que rinda la SEMARNAT, podrá constituir  un antecedente.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe de manera expedita sobre el estado que guarda el proyecto denominado "La Ensenada" en el área natural ubicada en la isla de Holbox perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría Agraria, remita de manera urgente un informe detallado relacionado con lo ocurrido en la asamblea realizada por los ejidatarios de la Isla de Holbox, efectuada el pasado 1° de junio del año en curso en la cabecera municipal del municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, y si la misma cumplió con cada uno de los requisitos establecidos en la Ley Agraria.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.






Que exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre los resultados y avances del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a las autoridades federales y estatales en materia de trabajo y salud, para que de manera inmediata tomen acciones para garantizar el respeto de los derechos laborales y humanos de los jornaleros agrícolas migrantes, suscrita por la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La proposición describe que en nuestro país se adolece de una política pública integral que permita dignificar las condiciones de vida de las familias jornaleras agrícolas migrantes y contrarrestar las condiciones de pobreza y desigualdad en las que viven estas familias.

Señala también, que miles de jornaleros agrícolas llevan a cabo su labor en condiciones equiparables a una moderna esclavitud, en contra de sus derechos humanos, ya que permanecen al margen del ejercicio de sus derechos fundamentales como son la salud, la educación, el trabajo decente y la vida digna.

La legisladora indica que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, estima que hay 2.5 millones de jornaleros agrícolas, de los cuales aproximadamente 700 mil son migrantes, quienes tienen que aceptar una jornada y condiciones irregulares de trabajo.

Pues a pesar de que el pago es por jornal y por ocho horas, las empresas establecen mecanismos para que los jornaleros extiendan su actividad y en caso de no cubrirla omiten la obligación de pago, aunado a lo anterior, carecen de prestaciones laborales y de seguridad social, lo que conlleva a que utilicen albergues insalubres y faltos de servicios básicos, en este sentido propone lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a las autoridades federales y estatales en materia de trabajo y salud, para que de manera inmediata tomen acciones para garantizar el respeto de los derechos laborales y humanos de los jornaleros agrícolas migrantes que laboran en entidades del norte del país como Baja California, Sinaloa y Sonora.

SEGUNDO. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que realice una investigación sobre presunta violación de los derechos humanos de los jornaleros agrícolas migrantes en diversas entidades de la República y tome las medidas correspondientes a efecto de que las autoridades competentes sancionen a quienes hayan incurrido en alguna infracción.

III. CONSIDERACIONES.

En la proposición se destacan diversas preocupaciones de la legisladora sobre los jornaleros agrícolas, quienes por sus condiciones laborales sufren diversas dificultades para el acceso a los servicios de salud, educación y en el reconocimiento de sus derechos laborales, lacerando con ello su dignidad.

Los jornaleros agrícolas en nuestro país tienen como condiciones relacionadas a su actividad laboral, la necesidad de migrar para encontrar fuentes de trabajo, convirtiéndolos en un grupo social altamente vulnerable, por lo que su situación debe ser motivo de revisión con el objeto de revertir dicha condición.

El Estado y sus programas sociales desempeñan un papel fundamental en la resolución del conflicto por el que atraviesan los jornaleros que enfrentan el creciente deterioro de sus condiciones de vida y la falta de empleo. Razones que los obligan a desplazarse de sus territorios originales hacia otras regiones con mayor desarrollo económico, para incorporarse al mercado de trabajo agrícola que se caracteriza por ser excluyente, con flexibilidad laboral, falta de regulación jurídica y extrema explotación.

Por ello, el Poder Ejecutivo implementó el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, que brinda apoyos en alimentación, educación, promoción de los derechos humanos, infraestructura y servicios básicos. Cabe destacar, que el 29 de diciembre de 2013, se emitieron las reglas de operación del PAJA, para el ejercicio fiscal 2014, con el que se pretende subsanar la carencia del ejercicio de ciertos derechos en dicho sector poblacional.

Lo anterior, permitiría al Gobierno Federal contribuir en la reducción de la vulnerabilidad de la población jornalera agrícola tanto en sus localidades de origen y destino, así como durante sus procesos migratorios, mediante acciones que mejoren y faciliten su acceso a servicios básicos, alimentación, educación, información y promoción del ejercicio de los derechos humanos.

La proponente señala que a pesar de la implementación del programa de referencia prevalecen las prácticas de explotación de los jornaleros agrícolas, por lo que esta dictaminadora acompaña a la Senadora en su propuesta de exhortar a las autoridades competentes a fin de ampliar la cobertura del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, poniendo especial énfasis en la promoción de sus derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,  somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a remitir a esta Soberanía un informe sobre los resultados y avances del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a revisar y, en su caso, ampliar el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población jornalera agrícola.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.

Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de este día y así se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si son de aprobarse.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre puntos de Acuerdo a que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Aprobados los acuerdos. Comuníquense.






Desahogaremos ahora los dictámenes que se reservaron para discusión, al concluir procederemos a votarlos en un solo acto.

El Diputado José Luis Flores Méndez reservó los siguientes dictámenes:

Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento a la invaluable labor que realizan las mujeres y hombres dedicados al periodismo en México en el marco de la Conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en nuestro país.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas:

A) La “Proposición con Punto de Acuerdo que por el que se extiende un reconocimiento a la invaluable labor que realizan las mujeres y hombres dedicados al periodismo en México, en el marco de la conmemoración del 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México”, suscrita por los Diputados Roxana Luna Porquillo, Lorenia Valles Sampedro y Víctor Manuel Manríquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

B) La “Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a proteger el derecho de la libertad de expresión consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” suscrita por el Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 numeral 1 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 4 de junio de 2014, se presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente las proposiciones enunciadas en el proemio del presente dictamen.

B. Ambas proposiciones fueron turnadas por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo.

C. Las propuestas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 6, de la Comisión Permanente, del 4 de junio de 2014.

II. CONTENIDO

A. La proposición presentada por los diputados del GPPRD pretende:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión extiende un reconocimiento a la invaluable labor que realizan las mujeres y hombres dedicados al periodismo en México, en el marco de la conmemoración del 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en nuestro país.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión otorgará un reconocimiento público a la invaluable labor periodística de la C. María del Carmen Aristegui Flores, en el marco de la conmemoración del 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

Primera. La libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier sociedad que aspire a tener un régimen democrático e incluyente; es un derecho tan importante, que representa la base del desenvolvimiento ideológico y el sentir de los pueblos.

Consagrado en el artículo 6º. de nuestra Ley Fundamental, la libertad de expresión debe ser motivo, no sólo de protección, sino del esfuerzo permanente del Estado para crear, impulsar y perfeccionar las vías necesarias para conseguir que todas las voces que conforman la sociedad sean escuchadas y se sientan representadas. En ese sentido, la tolerancia como valor moral, debe acompañar a las expresiones ideológicas y permitir la inclusión de todos los actores sociales.

La importancia de la libertad de expresión, empero, no se limita al hecho de poder expresar de manera responsable y libre las ideas, sino que trasciende a crear debate, diálogo y a contraponer pensamientos y doctrinas para que, de entre ellas, se pueda abonar a construir un mejor orden social. Es un instrumento que permite la creación de la deliberación, del ejercicio de reflexión que surge de escuchar o percibir lo que pretende expresar otra persona. Es también, requisito necesario para el correcto ejercicio y disfrute de otros derechos, igualmente fundamentales, como el derecho de reunión, asociación, participación política y de libertad de prensa, cuyas ideas no deben someterse a previa censura ni mucho menos quedar vulnerable a condiciones de inseguridad.

Segunda. México vive al día de hoy, una de las peores crisis en materia de libertad de prensa, y por consiguiente, de libertad de expresión; los índices de violencia que nuestro país padece generados por las operaciones de grupos de delincuencia organizada se han extendido en el mismo sentido al periodismo, haciendo de éste, un trabajo de altísimo riesgo.

Al respecto, el relator especial para la protección del derecho a la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, señaló en el año 2010 que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y el quinto en el mundo. Asimismo, la organización en defensa de la libertad de expresión “Article 19” destacó en su informe anual rendido en marzo de 20141 (sic), que el año 2013 fue el más violento para la prensa desde el año 2007, con 330 casos documentados, entre ellos, 4 homicidios.

Las condiciones en las que día con día miles de periodistas ejercen esta labor en nuestro país hacen necesario que el Estado garantice los medios para su seguridad y una libertad plena de expresión.

Tercera. El 7 de junio es designado como el día de la libertad de expresión en México, y en ese marco, es necesario reconocer la importante labor que los periodistas han representado en nuestro devenir histórico y en la construcción de un México plural.

El periodismo además de significar un vínculo constante con la realidad, genera conciencia política y social, informa y deja testimonio de nuestra realidad para generaciones futuras, por lo que no puede ignorarse un reconocimiento alas y los periodistas mexicanos.

Es también importante reconocer en lo particular, la labor de una de las profesionales en medios de comunicación más destacadas de México y en el mundo, cuyo esfuerzo la ha convertido sin lugar a dudas, en un referente informativo y en una importante líder de opinión.

La labor periodística de Carmen Aristegui se encuentra respaldada por más de 25 años de trayectoria y la obtención de numerosos premios; ya sea desde la radio o la televisión, en su estilo particular subyace el periodismo veraz, sin adornos, frontal y objetivo, lo que le ha valido el reconocimiento de colegas, intelectuales, políticos y lo más importante, un auditorio que tiene la seguridad de contar con información libre de intereses particulares.

Es Carmen Aristegui, la definición del periodismo libre en México, sin ataduras y permeado de uno de los elementos más esenciales para el digno ejercicio de tan importante labor, la credibilidad, misma que únicamente puede obtenerse mediante la coherencia y la constante vocación de informar con la verdad.

Al reconocer a Carmen Aristegui, se premia al periodismo honesto y se adquiere una obligación compartida para defender la libre proliferación de ideas, de debate y con ello se construye la democracia, pues es la gente, su auditorio, la beneficiaria final de información de calidad y sin manipulaciones, sin las intervenciones de intereses privados o políticos y con la tranquilidad que sólo da un trabajo bien hecho.

Su análisis y opinión ha enriquecido la vida política del país y aunque nunca alejada de la polémica que representa la verdad, Aristegui ha sabido desarrollar su labor con base en la investigación, el cuestionamiento, la crítica inteligente y un marcado sentido de justicia, lo que no ha pasado desapercibido y que le representan 3 Premios Nacional de Periodismo de México.

Como se expresó anteriormente, la situación de violencia que padece nuestro país ha hecho en ocasiones, heroica la realización del periodismo, y en muchas otras, la ha imposibilitado; el Estado Mexicano tiene un gran reto y obligación, garantizar la tarea periodística y al mismo tiempo, es muy importante reconocer a los periodistas que día con día hacen del derecho de expresión, una vía para la democracia y la expresión libre en nuestro país.

Es en virtud de lo anterior, que en el marco del 7 de junio, reconocido como el Día de la Libertad de Expresión, se considera prudente y necesario que desde esta Soberanía, se reconozca la invaluable labor que mujeres y hombres periodistas realizan, así como a la efectuada por la C. María del Carmen Aristegui Flores y se premie con ello al periodismo libre en nuestro país.

C. La proposición del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino pretende:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a proteger el derecho de la libertad de expresión consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que esta coadyuva al desarrollo pleno de la sociedad, e instrumenten los mecanismos necesarios a fin de garantizar el libre ejercicio de la libertad de prensa de los periodistas aquejados por la violencia.

D. La proposición del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino se basa en el siguiente argumento:

El próximo 7 de junio se celebra una vez más el Día de la Libertad de Expresión y Prensa en México, el cual se estableció en el año 1951 por el entonces Presidente Miguel Alemán Valdés.

La libertad de expresión y la libertad de imprenta ésta última derivada de la primera, son consideradas derechos fundamentales, y están plasmados en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que a la letra establece:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

En el ámbito jurídico interno, la libre manifestación de las ideas está consagrada en nuestra Carta Magna en los artículos 6 y 7, y son parte de las garantías individuales, las cuales están destinadas a proteger los derechos fundamentales de las personas que radican en territorio mexicano.

El ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en el mundo entero, distan mucho de ser respetados y ejercidos libremente y sin ataduras, por el contrario, en algunos lugares la represión ha ido aumentado.

Resulta aberrante pensar que en pleno siglo XXI, con todos los avances tecnológicos existentes, con economías globalizadas, y con gobiernos supuestamente democráticos, aún existan regiones donde las personas son acosadas y encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Miles de activistas, periodistas, manifestantes pacíficos, miembros de minorías, etc., siguen siendo perseguidos, amenazados, encarcelados, torturados y asesinados por el simple hecho de disentir o cuestionar.

Según datos de Amnistía Internacional, en 2010 se produjeron ataques en contra de la libertad de expresión en, al menos, 89 países.

A pesar de los intentos de algunos gobiernos por frenar la libertad de expresión, las tecnologías de la información, como las redes sociales y el internet, se usan cada vez con mayor frecuencia para alzar la voz contra la censura, y para ejercer presión por un mayor respeto a los derechos humanos.

Según datos de Reporteros sin Fronteras, cerca de un tercio de los seres humanos no tiene acceso a información libre; viven privados de la lucidez elemental para conducir su vida, sometidos como niños a los que se les cuentan cuentos, y estos millones de individuos están impedidos de salir de lo que el filosofo Emmanuel Kant llamaba el “estado de tutela”.

Para la UNESCO, la libertad de expresión y su corolario de la libertad de prensa y libertad de la información, son derechos fundamentales y también activadores de muchos objetivos relevantes para la Agenda de Desarrollo Post-2015; entre estos están la gobernabilidad, transparencia y acceso a la información, empoderamiento de mujeres y jóvenes, el fin de la pobreza y la garantía de sociedades estables y pacíficas.

Dentro del panorama más amplio de los medios, ya sean privados, públicos o comunitarios, se reconoce que éstos son particularmente importantes, ya que ellos ayudan a la sociedad a definir el significado de desarrollo y su estrecha relación con los derechos humanos y los valores democráticos, ellos tienen un impacto en la definición de las agendas y sirven de vehículos a través de los cuales el publico es informado.

Siguiendo este tren de idea, el derecho de libre expresión constituye para todos los individuos un factor de desarrollo político, económico y social.

Como decía el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, es una condición sine qua non para aumentar las capacidades de los individuos de escoger su vida.

En este contexto, la libertad de expresión es para nuestro país un principio fundamental para el fortalecimiento de los valores democráticos, que contribuye al respeto irrestricto de los derechos humanos y a la conformación de una sociedad plural e informada.

De igual forma, la libertad de expresión abona sin duda alguna al ejercicio de otros derechos y libertades como el de prensa, los derechos de reunión, de asociación, de petición y de participación político-ciudadana; la libertad de expresión es la primera de las libertades.

En resumen, esta fecha nos brinda la oportunidad de evaluar la libertad de expresión en nuestro país, de defender la independencia de los medios de comunicación, y de rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en ejercicio de su profesión.

III. CONSIDERACIONES

A. Esta representación consideró pertinente resolver ambos proposiciones en un solo acto, en aplicación del principio de economía procesal, y en razón de que de que se trata de pretensiones muy similares respecto de proteger el derecho de libre expresión, así como de garantizar el ejercicio de la libertad de prensa y reconocer a la labor de quienes la ejercen: los periodistas.

B. Esta Comisión dictaminadora comparten las pretensiones y los argumentos de los proponentes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 6 la libertad de expresión y en el 7 la libertad de imprenta o de prensa, que es una modalidad del derecho genérico de expresión, según la jurisprudencia internacional de los derechos humanos y la doctrina. A su vez, la libertad de expresión incluye también, para su ejercicio efectivo, el derecho a la información, con su respectivo derecho de acceso a la radiodifusión, telecomunicaciones y tecnología digital, según nuestra Carta Magna. A la letra establecen:

Art. 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

[…]

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

[…]

Art. 7o.- Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Coincidimos con las proposiciones de los puntos de acuerdo, en que la libertad de expresión y los derechos íntimamente correlacionados con ésta como el de prensa y el de información, son indispensables para el desarrollo de un Estado democrático de derecho. Como indica una de las proposiciones en estudio, la importancia de la libertad de expresión “no se limita al hecho de poder expresar de manera responsable y libre las ideas, sino que trasciende a crear debate, diálogo y a contraponer pensamientos y doctrinas”. En una sociedad como la mexicana, estos derechos no podrían ejercerse sin la labor de los medios de comunicación y, en particular, de las personas que se dedican a ello. Es decir, con la protección de la libertad de expresión de los periodistas, no solamente se protege su derecho de exponer sus ideas, sino que también, se protege el derecho a la información de una sociedad democrática: se protege el acceso a la información de todos.

La organización de la sociedad civil Article 19, presentó el 18 de marzo pasado un informe sobre la violencia a los periodistas, en el que indica que 2013 fue el más violento para la prensa desde el año 2007, con 330 casos documentados, dentro de los cuales existen incluso homicidios. Señala que las “agresiones se concentran a manos de autoridades gubernamentales, pero los homicidios claramente ocurren a manos del crimen organizado. De los 50 periodistas asesinados desde 2007; en 29 casos no se identificó al perpetrador, en 20 casos se trató del crimen organizado, y en un caso se trató de un funcionario público”.

Con base en lo anterior, en que las agresiones a los periodistas son mayormente perpetradas por funcionarios públicos, así como de la vinculación del crimen organizado, es indispensable que las autoridades del Estado mexicano ejerza acciones contundentes y aplique a cabalidad las normas ya existentes, como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El artículo 1 de nuestra Constitución establece que es la obligación de todas las autoridades la protección de los derechos humanos contenidos en la misma, así como en los Tratados internacionales.

Por señalar algunos, los Tratados internacionales a que vinculan a México en materia de libertad de expresión son:

A) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán […]

B) Convención Americana de Derechos Humanos

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

[…]

Cumplir con la protección de los derechos humanos implica las obligaciones de:

I) Obligación de respetar: Este nivel se define por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen objeto del derecho.

II) Obligación de proteger: Consiste en la obligación del Estado de evitar, impedir que terceros injieran, obstaculicen o impidan el acceso a los bienes que constituyen el objeto de derecho.

III) Obligación de garantizar: Implica que el Estado asegure que el titular del derecho el acceso efectivo al derecho, cuando no puede hacerlo mediante sus propios recursos.

IV) Obligación de promover: El deber de desarrollar condiciones para que los titulares del hagan uso de sus derechos.

Así mismo, comprende el compromiso de adopción de medidas, la obligación de utilizar hasta el máximo de recursos disponibles, y deber de progresividad. De acuerdo a lo establecido por la organización Artículo 19, en México, las autoridades cometen la mayoría de las agresiones a los periodistas, lo que significa, que se incumple con el nivel básico de cumplimiento de los Tratados internacionales, que es la obligación del Estado de no impedir el ejercicio del derecho de la libe expresión.

Es por ello, que esta Primera Comisión estima procedentes las pretensiones de los proponentes de los asuntos de mérito. Sin embargo, debido a la seriedad y gravedad de las cifras citadas con motivo de agresión a periodistas, consideramos conveniente enfatizar en brindar seguridad en el ejercicio de su profesión y en reconocer su labor de manera generalizada, más no individual.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión extiende un reconocimiento a la invaluable labor que realizan las mujeres y hombres dedicados al periodismo en México, en el marco de la conmemoración del 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en nuestro país.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente solicita a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a continuar con la práctica del respeto y la protección del derecho a la libertad de expresión reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que coadyuva al desarrollo pleno de la sociedad, y se fortalezcan los mecanismos necesarios a fin de garantizar el libre ejercicio de la libertad de prensa de los periodistas frente a cualquier amenaza o manifestación de violencia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 18 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.

Miguel Carbonell, Los derechos fundamentales en México, Porrúa, p. 427.





Que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes a instrumentar un proyecto integral que permita garantizar la protección, restauración y conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, cultural y artístico de México.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Y por el que se solicita información sobre las medidas implementadas para solventar las recomendaciones y las acciones ejercidas en relación al Programa Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar a esta soberanía sobre los resultados en la operación del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural correspondientes a los ejercicios fiscales 2012 y 2013, suscrita por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La proposición con punto de acuerdo propone exhortar al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar a esta Soberanía sobre las medidas implementadas para solventar las recomendaciones y las acciones ejercidas acerca del Dictamen de la Auditoria Superior de la Federación en relación al Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural correspondiente al Informe de la Cuenta Pública 2012.

En segundo término, también plantea exhortar al titular de la misma dependencia informar a esta Soberanía sobre los resultados del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Los promoventes consideran importante saber qué resultados se han obtenido en la aplicación de los recursos destinados al programa referido. Es por ello buscan que las recomendaciones de la ASF tenga una mayor resonancia, ya que resulta relevante alzar la voz para que se conozcan estos datos, a fin de hacer un enérgico llamado a la autoridad responsable para que se tomen las medidas pertinentes y que este tipo de resultados dejen de presentarse en el ejercicio de recursos públicos y más los destinados a programas sociales.

Destacan que el Dictamen al Programa que emite el Organo auditor enfatiza que “los resultado obtenidos revelan graves deficiencias en la operación del Programa en cita, y remata advirtiendo la necesidad de realizar una evaluación del mismo, con el propósito de corregir, modificar, adicionar, reorientar, o suspender total o parcialmente el programa de conformidad al artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social”.

Concluyen destacando el desaseo con el que se ha estado operando el Programa y la decisión de la autoridad de desconocer la recomendación principal del Organo fiscalizador al poner nuevamente en marcha la operación de dicho proyecto, con mayores recursos, para el ejercicio fiscal del año 2013. De los 3,100 millones de pesos destinados a este programa en el ejercicio fiscal del 2012 se pasó a los 3,750.5 millones de pesos para el 2013.

Los promoventes consideran que lo procedente hubiera sido evaluar la conveniencia de seguir ejecutando el programa.

III. CONSIDERACIONES.

Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo antes mencionada, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen.

El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. La separación de los poderes resulta de suma importancia para un Estado constitucional. En cumplimiento de lo que corresponde a un régimen republicano, el Poder Legislativo tiene la función de fiscalizar las acciones del Poder Ejecutivo. En este sentido, el Congreso de la Unión ejerce esta función, entre otros mecanismos, a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), adscripta a la Cámara de Diputados, según lo establece el artículo 74, fracciones II y VI, de la Constitución.

A su vez, el artículo 79 de la Constitución, que establece las tareas a cargo de la ASF, es claro cuando dice, en su fracción II, que “[…] En el caso de las recomendaciones al desempeño de las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia […]”. A su vez, incluso parece haberse excedido el plazo de 30 días hábiles que la misma Constitución prevé para que las entidades fiscalizadas presenten información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes respecto a las recomendaciones emitidas por la ASF.

Finalmente, según se expone en el “Informe para la Honorable Cámara de Diputados del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas” al 31 de marzo de 2014, presentado por la ASF, de las 14 recomendaciones realizadas por la entidad de fiscalización a la SAGARPA en el Informe de la Cuenta Pública 2012, particularmente en torno al programa que menciona al punto de acuerdo en cuestión, el estado del trámite se reporta como “respuesta en análisis” en cuatro ocasiones y “sin respuesta” en las 10 restantes. Esto implica que la dependencia aún no habría dado respuesta a las recomendaciones realizadas por la ASF.

Por otra parte, también basado en la división de poderes y el rol que ocupa el Congreso en el funcionamiento de la República, resulta procedente solicitar al titular de la SAGARPA información sobre el desarrollo del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Los integrantes de esta Comisión compartimos la preocupación de los proponentes porque se atiendan las recomendaciones realizadas por la ASF a las distintas entidades fiscalizadas, conforme lo establece la normatividad vigente, y de que los recursos públicos sean ejercidos con responsabilidad, legalidad y transparencia.

En virtud de lo referido con antelación, los integrantes de ésta comisión estimamos que el presente punto de acuerdo resulta procedente conforme a lo establecido en los distintos ordenamientos legales.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar a esta Soberanía sobre las medidas implementadas para solventar las recomendaciones y las acciones ejercidas acerca del Dictamen de la Auditoria Superior de la Federación en relación al Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural correspondiente al Informe de la Cuenta Pública 2012.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar a esta Soberanía sobre los resultados del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Flores. Seremos tolerantes con el tiempo en virtud de que se referirá a 3 dictámenes.

El Diputado José Luis Flores Méndez: Con su permiso, señor Presidente.

Abordaremos el tema de extensionismo rural, solamente para pedir como siempre la atención y la solidaridad de todos los legisladores, a fin de que ese tema, que es un tema toral, en el asunto agropecuario de nuestro país.

En virtud de que el poco aprovechamiento de la ciencia generada en nuestras instituciones de educación superior que tienen que ver con los estudios agropecuarios de nuestro país, deberían de ser reconsideradas.

Nosotros tenemos, como Estado Mexicano una historia qué presumir ante el exterior y ante nuestros estudiantes, profesionales y productores rurales.

Sin embargo creo, importante y necesario, impulsar una nueva etapa a las disciplinas científicas que nos ayuden a desarrollar el campo mexicano.

Una que es de vital importancia es la que tiene que ver con los hijos de campesinos, con los hijos de obreros y con los hijos de profesores.

Tenemos escuelas de educación superior, de orden agropecuaria como Chapingo, como la Universidad Autónoma Antonio Narro, y como otras que han generado un conjunto de ciencias que pueden ser aplicadas al campo mexicano.

Hoy en este momento, nuestro campo es cuando más necesita de la ciencia aplicada de nuestras instituciones de educación superior.

Por eso creo que con SAGARPA y otras instituciones del Estado mexicano, tenemos que impulsar una nueva etapa de aprovechamiento de nuestras instituciones de educación superior de orden agropecuario. De lo contrario el Estado mexicano estaría haciendo gastos enormes en esa materia sin que la ciencia pueda ser aplicada y aprovechada por los productores rurales de nuestro país.

Cuando la FAO nos pide que nosotros podamos tener como país en materia de producción de alimentos, cuando menos el 75 por ciento de éstos, nuestro país ahora puede registrar producciones en el orden del 53 ó 54 por ciento en esta materia.

Es urgente que el Congreso, que la Cámara de Diputados, que la Cámara de Senadores, que las Comisiones que se dedican a esta materia, como agricultura, desarrollo rural y otras, puedan impulsar junto con nuestro gobierno, medidas que le permitan al campo mexicano salir adelante, es decir, hacer una nueva propuesta de extensionismo rural que permita el acompañamiento a los productores, sobre todo a los campesinos más pobres a que se incorporen en la parte productiva en esta materia de nuestro país.

Por otro lado, me es grato estar en esta máxima tribuna para reconocer la labor de periodistas y del Día de la Libertad de Expresión; la libertad de expresión debe ser motivo no sólo de protección, sino del esfuerzo permanente del Estado mexicano para crear, impulsar y perfeccionar las vías necesarias para conseguir que todas las voces que conforman la sociedad sean escuchadas y se sientan representadas.

En este sentido, la tolerancia como valor moral debe acompañar a las expresiones ideológicas y permitir la inclusión de todos los actores sociales.

La importancia de la libertad de expresión es el poder de cualquier mexicano de expresar de manera responsable y libre las ideas a base de debates, diálogos, pensamientos y doctrinas, esto con la finalidad de construir el mejor diálogo entre los mexicanos, entre las autoridades y entre los países.

Es un instrumento que permite la creación de la deliberación, del ejercicio de reflexión que surge de escuchar o percibir lo que pretenden expresar otras personas.

Es también requisito necesario para el correcto ejercicio de la libre expresión el respeto a diversas ideas, planteamientos de otros, sea o no en la misma línea de nuestra ideología, para que en el momento que estemos reunidos en asociaciones, en partidos o en cualquier representación social, los periodistas no deban someterse a la censura, ni mucho menos a quedar vulnerables, ni en condiciones de inseguridad.

En el año de 1951, por el Presidente Miguel Alemán Valdés, estableció el día 7 de junio de cada año como “Día de la Libre Expresión y Prensa en México”.

La libertad de opinión y la libertad de expresión son considerados derechos fundamentales plasmados en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

El ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en el mundo entero, ha tornado peligroso el trabajo, sin respeto, en ocasiones, sin libertad en otras, con ataduras en muchos y en algunos lugares la represión se vuelve intolerable.

Según los datos de Amnistía Internacional en 2010, se produjeron ataques en contra de la libertad de expresión, al menos en 89 países.

México se ha caracterizado por ser un mosaico de culturas, ideas, costumbres, entre otros aspectos, por demás relevantes, los cuales han determinado el avance en cada área de la vida nacional.

Sin embargo, muchas cosas no habrían tenido el repunte que se ha alcanzado, de no ser por la oportuna y puntual intervención de cada uno de aquellos que se dedican a difundir la información sin cortapisas.

Sin ser tendenciosas, privilegiando la veracidad y con miras al desarrollo de nuestra nación dentro del margen de la democracia, justicia y equidad de todos los connacionales.

Propiamente el Artículo 6o. de nuestra Carta Magna consagra dicho derecho, el cual consiste en poder emitir la manifestación de las ideas, lo cual no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa con la salvedad de que ésta no ataque a la moral, la vida pública privada o los derechos de terceros.

La información debe fluir por todos los medios posibles, y el Estado está trabajando con el fin de garantizar este derecho constitucional estableciendo dos directrices principales para que la información corra a lo largo y ancho del territorio nacional:

Acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

Acceso para la emisión y la radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de la banda ancha e Internet.

Bajo ninguna circunstancia el Estado podrá generar medios oficiales de control sobre la libertar de difundir opiniones, como lo dice el artículo 7o. de nuestra Constitución Política.

Por tal motivo, el día de hoy esta soberanía ha considerado, no sólo necesario, sino preponderante el manifestarse en el sentido de garantizar total y cabalmente el derecho que asiste a este importante sector en particular de los periodistas, sino también hacemos votos para que en cada rincón de nuestra nación se vea reflejando su trabajo, generando cambios y una mejor calidad de vida mediante información oportuna.

Por otro lado, señor Presidente, etimológicamente la palabra “Patrimonio”, nos remite a los bienes que heredamos de nuestros padres, y extensiva y figuradamente de nuestros ascendientes.

Herencia de nuestros padres. El patrimonio nos remonta hasta el tiempo en que la existencia de los individuos se ilumina en las familias y ésta en los pueblos.

A la idea de patrimonio corresponden también, y en este sentido, y de modo primordial la noción de colectividad.

Patrimonio ha pasado a significar una realidad muy vasta. Todo aquello que como testimonio de los valores y el trabajo de las generaciones pasadas forma parte hoy de los bienes individuales o sociales que han merecido y merecen conservarse.

En efecto, lo que unas generaciones transmiten a otras, no son sólo cosas, sino también ideas, conocimientos, representaciones del mundo, valores, costumbres y tradiciones, además de objetos, testimonios y documentos de otras épocas.

La vastedad y riqueza del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de la nación, constituye una ejemplo, quizás el más papable de la pluralidad cultural de México.

Así, monumentos, edificios y bienes culturales de diversos órdenes, ofrecen testimonios de nuestro panorama histórico, signo del rostro múltiple de la identidad nacional.

De ahí que la preocupación por investigar, conservar y difundir tal patrimonio, tenga una larga tradición en el país, y que desde la independencia haya sido un objetivo prioritario de la política cultural.

La pluralidad de las tradiciones y de las expresiones artísticas y culturales en el país, implica una tarea inagotable que compromete a todos los sectores y grupos de la sociedad, ya que el número de sitios arqueológicos supera la cifra de 200 mil, y en el catálogo nacional se incluyen más de 100 mil.

En la actualidad, la responsabilidad principal en la preservación del patrimonio mexicano corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en lo que toca a la custodia del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de los períodos prehispánico, virreinal y del siglo XIX.

Y al Instituto Nacional de Bellas Artes, en cuanto al patrimonio artístico del Siglo XX.

En este sentido y en profunda congruencia para la protección del patrimonio nacional, el pasado viernes 13 de junio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, tres Decretos que reforman diversos artículos y adicionan otros de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en materia de bienes culturales, subacuáticos, derechos de audiencia y sanciones.

Dichas reformas fortalecen las facultades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como el organismo técnico especializado del Estado mexicano en materia de investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural del país.

Señoras y señores legisladores:

El patrimonio es el reflejo vivo de nuestra actividad a través del tiempo y la muestra de la riqueza y diversidad que define y caracteriza a la nación mexicana.

El patrimonio artístico, histórico y cultural de México, nos documenta y nos permite trascender a través de distintas épocas.

Por ello es necesario tomar e impulsar las medidas que resulten necesarias para conservar y garantizar la supervivencia de nuestras distintas expresiones.

El grupo parlamentario del PRI votará a favor de estos dictámenes.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias a usted, señor Diputado Flores Mendez.






El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez reservó el dictamen por el que se desechan dos proposiciones con relación a los comicios locales en Nayarit.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fueron turnadas el pasado 04 de junio de 2014, las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo:

a) Por la que exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar el debido ejercicio democrático, así como el cumplimiento del principio de la legalidad y la salvaguarda de los derechos políticos de los ciudadanos, partidos políticos y candidatos del estado de Nayarit durante el proceso electoral local de 2014, suscrita por los diputados del Partido Acción Nacional.

b) Por la que se propone la creación de un grupo plural de legisladores que se aboque a darle seguimiento al proceso electoral del estado de Nayarit, suscrita por los diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Zárate Salgado, Silvano Aureoles Conejo y Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

Esta Comisión, desarrolló su análisis y propuesta de dictamen de las mencionadas Proposiciones con punto de acuerdo, conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances de los puntos de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 04 de junio del presente, los diputados del Partido Acción Nacional, presentaron la Proposición con punto de acuerdo por la que exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar el debido ejercicio democrático, así como el cumplimiento del principio de la legalidad y la salvaguarda de los derechos políticos de los ciudadanos, partidos políticos y candidatos del estado de Nayarit durante el proceso electoral local de 2014.

b) En la misma sesión, los diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Zárate Salgado, Silvano Aureoles Conejo y Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la Proposición con punto de acuerdo por la que se propone la creación de un grupo plural de legisladores que se aboque a darle seguimiento al proceso electoral del estado de Nayarit.

c) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dichas propuestas se turnaran a esta Primera Comisión mediante los oficios No. CP2R2A.- 720 y CP2R2A.- 714, respectivamente.

II.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por los diputados del Partido Acción Nacional, se plantea que "…El pasado día 28 de mayo en la ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit, se llevó a cabo un hecho que, de nueva cuenta, pone de manifiesto la intolerancia y el nulo respeto hacia el sistema democrático por parte del Partido Revolucionario Institucional y del gobernador de la entidad Roberto Sandoval Castañeda quien, el pasado 26 de mayo, en un acto que vulnera significativamente la limpieza en el proceso electoral rumbo a los comicios locales a celebrarse el próximo 6 de julio, declaró que se han identificado a grupos de la delincuencia organizada que financian a los candidatos de oposición.

Días después, el Fiscal General de esa entidad federativa Edgar Veytia, junto con el Secretario de Gobierno, José Trinidad Espinoza Vargas; el Secretario de Seguridad Pública, Jorge Alonso Campos Huerta; y el Ombudsman estatal, Huicot Rivas Alvarez, recibieron con efectivos antimotines compuestos por más de 150 policías del estado armados y equipados, al presidente del PAN, Gustavo Madero, y a los integrantes del Consejo Político del PRD Carlos Navarrete, Guadalupe Acosta Naranjo y Silvano Aureoles, acompañados por un grupo de Senadores y Diputados Federales de oposición quienes fueron a entablar una reunión con el propio Fiscal del estado para verificar las condiciones en que se está desenvolviendo el proceso electoral.

Con estas acciones, con ello una vez más que las prácticas de represión, intimidación y autoritarismo, continúan como acciones recurrentes en el modus operandi de ese partido.

En dicha visita, la comitiva solicitó a Veytia que la Policía de Nayarit no se entrometiera durante el proceso electoral en comento, asegurando que se ha ejercido presión y actos intimidatorios a los candidatos de sus partidos, de los que la propia comitiva de los partidos de oposición fue víctima.

Estos lamentables hechos, aunados a las declaraciones reprobables y sin fundamento por parte del gobernador Sandoval afirmando que los gastos de campaña de la oposición provienen del "narco y de sicarios'', constituyen actos contarios al Estado democrático, representando la fórmula del autoritarismo, de la intolerancia, de la intimidación desde el ejercicio de gobierno".

Los legisladores señalan "…Que para el Partido Acción Nacional, el derecho a la participación política descansa en el reconocimiento de la diversidad de intereses y de puntos de vista, en la libertad de opinión, de representar una alternativa política diferente; supone la previa aceptación del pluralismo de las ideas, como un reflejo de la heterogeneidad de la estructura social.

Los gobiernos de los estados deben ser garantes del respeto a las libertades ciudadanas y observar en todo momento por el cumplimiento de los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y certeza durante los procesos electorales.

Los gobernantes deben asumir su responsabilidad como servidores públicos y ser ejemplo intachable de que el ejercicio de gobierno debe servir para el bienestar de los ciudadanos, no a facciones o a sus propios intereses.

En congruencia con lo anterior, es que exigimos de forma contundente, que el gobernador de Nayarit se abstenga de cualquier tipo de práctica antidemocrática, saque las manos del proceso electoral y evite a toda costa intervenir con recursos, materiales o humanos, en cualquier tipo de actividad que signifique promover a su partido político.

Exigimos que cesen todas aquellas acciones de amenaza y de provocación en contra de los candidatos de los partidos políticos y que se respete en todo momento la libertad de expresión como principio democrático fundamental".

Derivado de lo anterior, los proponentes: "Solicitan al Secretario de Gobernación que en el ámbito de sus atribuciones y en pos de los principios republicanos y federalistas en que descansa nuestro país, brinde todas y cada una de las garantías necesarias para que a la próxima jornada electoral local, tanto candidatos como ciudadanos, acudan a las urnas de manera segura, libre y pacífica a emitir su voto".

Con lo anterior proponen:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus competencias, garantice el debido ejercicio democrático, así como el cumplimiento del principio de la legalidad y la salvaguarda de los derechos políticos de los ciudadanos, Partidos Políticos y candidatos, durante el proceso electoral y los comicios a celebrarse el próximo 6 de julio en el estado de Nayarit.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, a abstenerse de intervenir en el proceso electoral en la entidad federativa.

Por lo que hace a la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por los diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Zárate Salgado, Silvano Aureoles Conejo y Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, los proponentes plantean que"…El próximo 6 de julio en el Estado de Nayarit se llevarán a cabo elecciones ordinarias para renovar el Congreso local conformado por 18 diputaciones de mayoría relativa y 12 de representación proporcional así como 20 ayuntamientos.

En lo que va del proceso electoral se han registrado una serie de hechos que resultan de la mayor preocupación por el clima de enrarecimiento político que se registra en la entidad, debido a la campaña de hostigamiento y persecución que están sufriendo los candidatos de oposición, tanto del PAN como del PRD.

Esto es mucho más preocupante toda vez que el propio Gobernador de la entidad, Roberto Sandoval, declaró irresponsablemente, que panistas y perredistas eran financiados por recursos del narcotráfico con el objetivo de ganar las elecciones del próximo 6 de julio, señaló que se tienen identificados a grupos del crimen organizado que financian las campañas de candidatos de oposición, que detrás de un candidato haya: dinero mal habido, que vengan al revanchismo, contra el gobierno, además que anden en las calles tocando las puertas, hablando de baches, agua potable, trayendo dinero del narcotráfico y de los sicarios.

El pasado 28 de mayo una comisión de líderes de los partidos de oposición conformada por el Presidente del PAN e integrantes del Consejo Político del PRD solicitaron una entrevista con el Fiscal General del Estado, Edgar Veytia, cita a la que también acudieron el Secretario General de Gobierno José Trinidad Espinoza y el Secretario de Seguridad Pública Jorge Alonso Campos, así como el titular de Derechos Humanos del Estado Huicot Rivas.

Sin embargo, fueron recibidos en la explanada de la propia dependencia, en medio de un operativo montado por casi 200 elementos de seguridad del Estado, vehículos antimotines y aparatos sofisticados de vigilancia, lo cual constituyó un verdadero montaje intimidatorio para los asistentes.

Esta entrevista fue solicitada al Fiscal General para reclamarle sus actitudes incorrectas de hostigamiento contra los candidatos de oposición, en particular, la de retardar la entrega de cartas de antecedentes no penales a candidatos y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tomará nota de ello y a que se probaran las afirmaciones del Gobernador quien en una forma desafiante afirmó que quién gobierna su entidad es el partido oficial, en una vieja reminiscencia de los viejos tiempos del autoritarismo del PRI.

En abierta contradicción de todos los principios democráticos, que obligan al gobierno a garantizar la igualdad de reglas de la competencia, la imparcialidad de las autoridades electorales, y la no injerencia de los gobiernos en los procesos electorales, de tal forma que el gobernador y el partido que gobierna no son lo mismo, que antes si lo eran.

Los proponentes concluyen señalando: "Que de cara a este proceso electoral, consideramos imprescindible que en vista de su enorme relevancia para el futuro de la entidad, la legitimidad de la misma elección y de sus resultados, debe haber un seguimiento puntual por parte de esta soberanía del desarrollo de la presente campaña y de la jornada electoral del 6 de julio, toda vez que no puede mantenerse al margen de ejercer una atención puntual de los mismos, ya que es inaceptable bajo la perspectiva de cualquier sistema democrático, que se estén mandando estos mensajes claros de autoritarismo y de intolerancia que considerábamos ya superados".

Concluyen con el siguiente punto de acuerdo:

Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión propone la creación de un grupo plural de legisladores que se aboque a darle seguimiento al proceso electoral del estado de Nayarit.

III. CONSIDERACIONES

Primera.- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.- Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.- Esta Comisión Dictaminadora consideró pertinente resolver ambas Proposiciones en un solo acto en ejercicio del principio de economía procesal, considerando que parten del mismo caso concreto y se trata de pretensiones vinculadas.

Cuarta.- Con base en las proposiciones de referencia y la disposición para la atención de los planteamientos realizados en torno al proceso electoral local de Nayarit que tiene programada la celebración de la jornada comicial para el primer domingo de julio entrante, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente adoptó el Acuerdo por el que se crea un Grupo Plural de Observación Electoral para la seguimiento al proceso electoral del Estado de Nayarit, permitiéndonos transcribir las partes pertinentes de su texto:

CONSIDERANDO

"Que el próximo 6 de julio en el Estado de Nayarit se llevarán a cabo elecciones ordinarias para renovar el Congreso local conformado por 18 diputaciones de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, así como 20 Ayuntamientos, y

"Que por la trascendencia del proceso electoral, los grupos parlamentarios han manifestado interés en recibir información de primera mano sobre el desarrollo de dichos comicios, a través de un Grupo Plural de legisladores, somete a la consideración del Pleno el siguiente

IV. RESOLUTIVO

"PRIMERO.-Se aprueba la creación de un Grupo Plural de Observación Electoral para dar seguimiento al proceso electoral del Estado de Nayarit a celebrarse el próximo 6 de julio de 2014, bajo los términos siguientes:

"1. El Grupo Plural estará integrado de la siguiente manera:

"a) Por el Grupo Parlamentario del PRI:
"Sen. Manuel Humberto costa Jiménez
"Dip. Alberto Rodríguez Calderón

"b) Por el Grupo Parlamentario del PAN
"Sen. Juan Carlos Romero Hicks

"c) Por el Grupo Parlamentario del PRD
"Dip Fernando Zárate Salgado

"d) Por el grupo parlamentario del PVEM
"Sen. María Elena Barrera Tapia

"e) Por el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano
"Dip. Alfonso Durazo Montaño

"f) Por el Grupo Parlamentario del PT
"Dip. Lilia Aguilar Gil

"g) Por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
"Dip. Dora María Talamantes Lemas

"2. El Grupo Plural funcionará a partir de la aprobación del presente Acuerdo y hasta la jornada electoral del 6 de julio de 2014.

"SEGUNDO.-El Grupo Plural normará sus criterios apegado a las leyes de la materia electoral en el Estado de Nayarit; hará acopio de información sobre la campaña electoral en el estado y su jornada comicial del 6 de julio de 2014. Sus determinaciones y acciones se tomarán y realizarán de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo y por el consenso de sus integrantes.

"TERCERO.-Se instruye a la Secretaría General de la Cámara De Diputados y a la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado de la República que brinden a los integrantes del Grupo Plural, los apoyos administrativos necesarios para el cumplimiento de los propósitos del presente acuerdo."

En virtud de la adopción del Acuerdo de referencia, los integrantes de esta Primera Comisión de la Comisión Permanente estimamos que ha sido atendido el objetivo de las proposiciones recibidas con motivo de la sesión de la Comisión Permanente celebrada el 4 de junio en curso y, por tanto, ha quedado sin materia la formulación del dictamen que nos ocupa, por lo que se plantea su archivo como asunto definitivamente concluido.

(Cabe señalar que los términos de las disposiciones transitorias del decreto de reformas y adiciones constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, para efectos del proceso electoral local del Estado de Nayarit que comprende la jornada de votación el primer domingo de julio del presente año, no son vigentes para esa entidad federativa las disposiciones de las citadas reformas constitucionales o de las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y de Delitos Electorales, así como las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicadas todas el 23 de mayo del presente año).De conformidad con lo expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

IV.RESOLUTIVO

Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se crea un Grupo Plural de Observación Electoral para dar seguimiento al proceso electoral del Estado de Nayarit, adoptado el 11 de junio en curso, determina que han quedado sin materia las proposiciones objeto del presente dictamen con relación a los comicios locales en esa entidad federativa y dispone el archivo de dichos expedientes como asuntos definitivamente concluidos.

 

Dado en el salón de plenos de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 18 de junio de 2014.

 

PRIMERA COMISION.

Tiene el uso de la palabra Diputado Belaunzarán Méndez.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, señor Presidente.

Reservé estos dos dictámenes, que fueron rechazados, por lo que dije al principio de la sesión. Se ha conformado nominalmente un grupo de trabajo para atender lo que no puede llamarse de otra manera sino exabruptos del gobernador.

Yo llamaría intimidación inaceptable del gobernador cuando fueron los presidentes de los partidos, incluso coordinadores parlamentarios, etcétera, que los recibió con la policía.

Y porque el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, no se ha dado por enterado, de lo que se ha discutido aquí, y está actuando con la misma prepotencia, el mismo descaro.

Ahora, declarar que el candidato; que si gana la oposición en Tepic, no trabajaría con él y no colaboraría con él, es una tremenda irresponsabilidad. Se ve que no entendió el mensaje y que parece ser que, lo que busca es, hacer la última elección de estado ante del INE, si es que se lo permitimos.

Estoy enterado, de que por fortuna ya se va a instalar, hoy mismo, quizás en unos minutos, la comisión o grupo de trabajo de legisladores, que fueron nombrados por la Comisión Permanente, porque creo que estamos de acuerdo, en que no podemos prestarnos a una simulación.

Si la Comisión Permanente nombró un grupo de trabajo, este grupo de trabajo tiene que integrarse y cumplir el cometido por el cual fue nombrado.

En ese sentido, me estoy enterando que ya está; en breves momentos se va a instalar este grupo de trabajo, va poner en breve, por supuesto también estará en Nayarit, entrevistándose con los distintos actores, pidiendo que se cumpla la Constitución, la Ley Electoral.

Y siendo un factor de distensión, un factor de estabilidad y gobernabilidad. Lo que debiera hacer el gobernador, si tuviera un poquito de vergüenza, y además si entendiera cuál es su responsabilidad institucional y su compromiso con la ley.

Como eso no lo ha entendido el gobernador, es correcto que se haga el grupo de trabajo, estoy enterado que en este momento o en breves momentos se instalará el grupo de trabajo; este grupo en el cual participan legisladores de todos los grupos parlamentarios, y van no a cargar los dados, no a apoyar a un grupo contra otro, sino a hacer y cuidar que se esté cumpliendo escrupulosamente con la ley.

Buscar que haya un clima propicio para la elección, porque la polarización innecesaria, la polarización cuando las autoridades ejecutivas no entienden cuál es su función, la función de dar garantías, la función de hacer que los derechos ciudadanos puedan cumplirse a cabalidad por todos. Por los militantes de su partido, por supuesto, pero también por los que no son de su partido y, sobre todo, de los ciudadanos sin partido que son la mayoría.

No quiere entrar en razón. Uno podría pensar que después de la discusión nacional, del escándalo que se hizo con los granaderos, recibiendo a los presidentes nacionales, que el exabrupto que fue condenado por tirios y troyanos, por todo de acusar sin pruebas que la oposición está siendo financiada por el crimen organizado, uno pensaría que el gobernador, para evitar problemas daría un paso atrás, pero eso no ha sucedido.

No ha sucedido, al contrario, parece ser que está jugando con los tiempos y burlándose de la buena fe de esta Comisión Permanente, que le hizo, unos muy educados y respetuosos exhortos.

Entonces, celebro que ya se esté reuniendo el grupo de trabajo. Estoy convencido que la razón del rechazo, fue precisamente, que ya habíamos nombrados este grupo de trabajo; y si este grupo de trabajo ya se instala y empieza a trabajar, estoy de acuerdo que se hayan desechado. En el entendido de que, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, de vigilar que se cumpla la ley en este estado de la República.

Por lo tanto, en virtud de que estoy enterado que se está instalando en estos momentos este grupo de trabajo, que ya se apersonará en próximos tiempos para hablar con todos los actores, y que será un factor de distensión y de cumplimiento de la ley, es que me parece ya, en esta circunstancia, en esta nueva circunstancia.

Porque insisto, hasta hoy no se había instalado ese grupo de trabajo. Y hasta hoy no habían tenido contacto con las autoridades en el estado de Nayarit. En ese sentido, me parece que ya es un avance, que yo valoraría la decisión de la Comisión, de la Primera Comisión, en la que, por cierto, soy secretario, para que efectivamente, sea desechado, en el entendido de que la comisión o este grupo de trabajo hará este trabajo tan importante para darle estabilidad, garantías, certezas a la comisión.

Por supuesto, en el ámbito de sus facultades. Sin suplir las facultades que tienen los otros grupos o las otras instituciones del estado.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios, para referirse al mismo tema.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

Simplemente recordarles a los miembros de la Comisión Permanente, que hace dos semanas se presentaron dos puntos de Acuerdos, referidos a la situación de Nayarit.

Concretamente, hubo un reclamo de los Presidentes de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, al gobierno del estado, porque se les negaban las cartas de no antecedentes penales, a los candidatos que no eran del PRI.

Hubo una entrevista con el procurador, y recibió, con el equipo de antimotines, con tanquetas, y con todo lo que se ha referido aquí.

El PAN estuvo de acuerdo en que se desecharan estos dos puntos de Acuerdo, como está ahorita en el dictamen que será sometido a votación porque hubo el compromiso de constituir una comisión especial para atender este caso.

La comisión especial, se aprobó su integración exactamente la semana pasada, sin embargo, durante toda la semana, se escabulleron los integrantes del PRI, para poder integrar esta comisión.

En este momento, están reunidos integrando la comisión, la Diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo; el Senador Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional; el Diputado Fernando Zárate, del PRD y el Diputado Alfonso Durazo, de Movimiento Ciudadano, ya están instalando la comisión.

Ahorita mismo aprobarán su primera vista al estado de Nayarit, a propósito de las nuevas declaraciones del gobernador verdaderamente absurdas, inimaginables en ningún país democrático, que un gobernador declare: “Si la capital la gana la oposición, el gobierno del estado no asistirá a la capital, no dará su apoyo, ni los recursos que le corresponden en la capital”.

Eso es verdaderamente inaudito, y no puede pasar en este país, que busca la democracia y permitir que eso pase en un estado.

Hoy mismo la comisión, que en este momento se está instalando, va a aprobar su primera visita a Nayarit. Y su programa de trabajo, y se pondrá a cumplir una función que es propia del Congreso: ser contrapeso, ser un factor de contrapeso del Ejecutivo, haciendo contrapeso al abuso de un gobernador.

Por ese motivo, dado que en este momento se está dando cumplimiento a ese mandato, el PAN refrenda su voto a favor del dictamen, como viene, desechando los dos puntos de Acuerdo, porque en este momento queda complementado.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senador Héctor Larios.






La Diputada María de las Nieves García Fernández reservó el dictamen sobre mortalidad infantil.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)



Tiene el uso de la palabra Diputada.

La Diputada María de las Nieves García Fernández: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En septiembre del año 2000, la Cumbre del Milenio congregó en la sede nacional de las Naciones Unidas, en Nueva York, al mayor número de dirigentes mundiales en la historia de la humanidad.

En esta fecha, de importancia crucial, los Jefes de Estado y de Gobierno, de 189 naciones, se comprometieron con el contenido de la Declaración del Milenio, para alcanzar a más tardar en el año 2015, lo que posteriormente se denominaron los objetivos de desarrollo del Milenio.

Estos objetivos son ocho, propósitos de desarrollo humano, que tratan problemas de la vida cotidiana y que me parece importante recordar.

El primer objetivo es erradicar la pobreza extrema y el hambre.

El segundo objetivo es lograr la enseñanza primaria universal.

El objetivo tres es promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

El objetivo cuatro, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años.

El objetivo cinco, mejorar la salud materna.

El objetivo seis, combatir el VIH sida, el paludismo y otras enfermedades.

El objetivo siete, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

El objetivo ocho, fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

Aunque los objetivos del milenio abarcan a toda la humanidad, se refieren principalmente a la infancia, porque los niños son más vulnerables en la medida en que la población en general carezca de elementos esenciales como alimentación, agua, saneamiento y atención de la salud.

También, son los primeros que mueren cuando sus necesidades básicas no son satisfechas.

La primera infancia de los 0 a los 5 años edad representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y niña, y es la etapa más vulnerable del crecimiento.

¿Cómo va México en el objetivo número cuatro? Es el de específicamente en disminuir la mortalidad infantil.

El tema, es tema de este presente dictamen. México presenta un comportamiento decreciente de la mortalidad de menores de cinco años, y menores de un año con respecto a la meta planteada para el 2015.

Sin embargo, es necesario fortalecer las estrategias realizadas hasta el momento para asegurar el cumplimiento puntual de este objetivo.

También se observa una reducción importante en los últimos años de la mortalidad de los niños menores de 5 años, pasando de una tasa de 41.0, en 1990, a 16.7 en el año 2011. Lo que representa una disminución del 24.3 por ciento.

Nos coloca ya prácticamente cerca del cumplimiento de la meta a nivel nacional.

Pese a los avances es necesario proseguir con el fortalecimiento de las acciones ya establecidas a fin de continuar con un pacto favorable que permita el cumplimiento de los objetivos del milenio, y lo más importante, mejorar la esperanza de vida y la calidad de vida de niños y niñas en nuestro país.

Compañeras y compañeros legisladores: ante la importancia de implementar medidas que fortalezcan las políticas públicas en materia de salud, a fin de disminuir la mortalidad de menores, el grupo parlamentario del PRI votará a favor de este importante dictamen.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias Diputada García Fernández.

 






La Diputada Alliet Bautista Bravo reservó los siguientes dictámenes:

Por el que se solicita fortalecer las acciones y programas de protección social destinados a resguardar a las niñas, niños y adolescentes del trabajo infantil.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Y el que exhorta a fortalecer los programas encaminados a garantizar el pleno desarrollo y el interés superior de la niñez en nuestro país, tiene el uso de la tribuna.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)



 

Tiene el uso de la tribuna, Diputada.

La Diputada Alliet Bautista Bravo: Gracia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

En atención a que atenderé dos dictámenes agradeceré su consideración con el tiempo, muchas gracias.

En la segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional; y Educación Pública, verificada el día 10 de junio de los corrientes, y motivada por destacar la importancia y necesidad de abordar un tema de gran interés, dentro del aspecto social, como es el combate contra el trabajo infantil en cualesquiera de sus modalidades y cuyo reflejo puede advertirse al haber constituido la materia de dos dictámenes que motivaron la actividad de esta comisión referente al fortalecimiento de las acciones y programas de protección social destinadas al resguardo y protección de las niñas, niños, adolescentes del trabajo infantil, por una parte. Y a la recomendación porque la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de manera conjunta y coordinada instrumenten lo que resulte necesario en aras de fortalecer los programas que fomenten y posibiliten el pleno e integral desarrollo de la niñez de nuestro país.

El listado en la hora del día de esta sesión, en los dictámenes a discusión de la Segunda Comisión en los turnos 7 y 8, respectivamente, procedo a manifestar lo que sigue:

El pasado jueves 12 de junio en curso, tal y como sucede desde el año 2002, se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el cual tiene por objeto hacer un llamado a los países del mundo para la erradicación gradual y progresiva de dicha problemática global.

En aras de velar y salvaguardar los intereses y derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes durante una de las etapas más importantes y fundamentales para el desarrollo de cualquier ser humano que implique el resguardo y protección de las niñas, niños y adolescentes de cualquier tipo de riesgo que pueda dañar o menoscabar su integridad física o emocional.

Por lo anterior, a nivel mundial ha sido necesario instrumentar una serie de programas, medidas y acciones, políticas tendentes al reconocimiento, respeto, garantía, protección y defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes con la finalidad de prevenir, combatir y erradicar cualquier forma de subordinación laboral de la niñez que atente contra su salud, obstaculice su desarrollo e imposibilite su acceso a un educación digna y de calidad.

A este respecto, cabe señalar que uno de los principios que motivaron la constitución de la Organización Internacional del Trabajo en el año de 1919, fue la abolición de cualquier forma de trabajo infantil, la cual ha sido y sigue observándose mediante la implementación, aplicación y vigilancia en su cumplimiento de normas de trabajo en las que se aborda el concepto de edad mínima de admisión al empleo o al trabajo.

Aunado a la circunstancia que desde el año de 1950, dicho tipo de normas de corte laboral por determinación expresa de la OIT, deben de asociarse con la escolarización de los infantes, aspectos que constituye una de las tradiciones de mayor longevidad y trascendencia dentro del marco normativo de dicha organización internacional.

Así, la OIT ha determinado que existe trabajo infantil cuando dicho sector social realiza la prestación de sus servicios personales por debajo de la edad mínima establecida por el ministerio de ley para trabajar, o bien cuando habiendo cubierto dicho requisito realizan actividades en contra de su voluntad y que suponen una amenaza para su salud, su seguridad y su óptimo desarrollo físico y moral.

Ejemplo de lo anterior es lo contenido en el Convenio 138 de la OIT en donde se establece que la edad mínima para trabajar no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar.

Por otra parte, es preciso señalar que el desempeño laboral de los menores no únicamente se ciñe al trabajo económico o asalariado, ya que es factible la realización del trabajo infantil de carácter doméstico no remunerado en los hogares transitando por el trabajo económico no remunerado y remunerado. Finalmente hasta llegar a las peores formas de trabajo infantil, las cuales se definen como la esclavitud, la trata de personas, la servidumbre por deudas y otras modalidades de trabajo forzoso, el reclutamiento forzoso de los niños para ser utilizado en el desarrollo de conflictos armados, así como en actividades relacionadas con la prostitución, la pornografía, el trasiego de narcóticos y estupefacientes y demás actividades ilícitas.

Atendiendo a la naturaleza de las especificidades así como a las condiciones preponderantes en la prestación de los servicios. El Derecho Internacional ha determinado la existencia de tres categorías de trabajo infantil prohibidas en el orbe, que son:

a) El trabajo realizado por un infante que no alcanza la edad mínima especificada para el tipo de actividad que realice o deba realizar, según lo prescriba el orden jurídico laboral de cada nación.

b) En atención a los estándares internacionales establecidos a dicho respecto y que dilata, incluso y posibilite el acceso a la educación y al sano y equilibrado desarrollo del o de la menor.

Las peores formas de trabajo infantil a las cuales ya he hecho referencia y que son calificadas así en atención a la naturaleza y finalidades de las actividades a realizar por el menor y que por alto impacto negativo que tiene en su esfera jurídica generalmente son frecuentemente sancionados por las legislaciones nacionales e internacionales.

El tercer tipo de trabajo que comparte peligro el bienestar físico, moral y mental del menor, ya sea por su propia naturaleza o bien por las condiciones en las cuales se realizan generalmente denominados trabajos peligrosos.

En este punto expreso también destacar que se ha dado una disminución en el número global de niños en situación de trabajo infantil, pasando de 246 millones de infantes en el año 2000 a la última cifra que se tiene reportada a 168 millones en el año 2012, y que atendiendo al género se presentó un decrecimiento del 40 por ciento en el número de niñas en situación laboral, mientras que el número de niños en circunstancias similares disminuyó en un 25 por ciento.

En lo que toca a la región en América Latina y el Caribe, aproximadamente 13 millones de niños se ubican en situación de trabajo infantil, cantidad que representa el 8.8 por ciento de la población infantil en la región.

Mientras que en la región del Medio Oriente, Africa del Norte, son 9.2 millones de menores quienes realizan o desarrollan cualquier tipo de actividad laboral remunerada o no remunerada, cifra que constituye el 8.42 por ciento de la población infantil en la región.

Resulta preciso manifestar que el género desempeña una función importante al determinar los distintos tipos de trabajo que pueden realizar las niñas y los niños. Ejemplo de esto lo constituye el trabajo doméstico, en donde hay una mayor presencia de niñas, en tanto que en las minas y canteras la presencia de niños es muy superior.

Sin embargo la situación en que se ubica una gran cantidad de menores de edad se ve agravada cuando el tipo de trabajo que realizan no se encuentra reglamentado en las naciones en donde prestan estos servicios.

En lo que toca a México en el año 2011 se reportó que aproximadamente 3 millones de niñas y niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años de edad, se encontraban en situación de subordinación laboral, lo que representó una ocupación económica de 10.5 por cada cien niños.

En función del género se presentaron sendas tasas de ocupación económica del 14.1 y 7.2 por cada cien niñas y niños respectivamente.

En función de la edad, la participación en actividades laborales presentó una importante ocurrencia de aquellos infantes entre los 14 y los 17 años de edad, ya que del total de niños, atendiendo al concepto de niño que se refiere la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1988, el 72.8 por ciento pertenecía a este grupo de edad en contraste con el 27.2 que se encontraba en el rango de edades de los 5 a los 13 años.

La situación económica prevaleciente en hogar, así como los altos índices de pobreza, la marginación social y la carencia alimentaria, imperantes en diferentes regiones del país, se erigen como factores determinantes para la continuidad y vigencia del mercado laboral infantil, el cual a su vez coadyuva a la perpetuación de un estado de existencia indigno al nivel y la calidad de vida que todo ser humano requiere para la optimización de sus capacidades, el fortalecimiento de sus habilidades y su aspiración en acrecentar su nivel y calidad de vida.

Es por lo anterior que las legisladoras y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor de los citados dictámenes en materia de niñas y niños.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputada Bautista Bravo.

La Senadora Diva Gastélum Bajo para hablar del mismo dictamen y al relativo a feminicidios en el estado de Chihuahua.

Señoras y señores legisladores, esta Presidencia suplica a ustedes guardar silencio para escuchar a la Senadora presentar su intervención. Agradecemos a todos su atención.

Adelante, Senadora Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias señor Presidente.

El primer punto al que quiero hacer referencia es el tema que tiene que ver con garantizar el desarrollo de la niñez en nuestro país. Hay una expresión a la que recurrimos permanentemente, pero no hacemos un alto para ver el valor que tiene referido este concepto por Naciones Unidas y por la Convención de los Derechos de las Niñas.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Les suplico, señoras y señores legisladores, permítame Senadora. Les suplico guardar silencio para escuchar a la legisladora. Adelante, por favor.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Pero no hacemos alto para ver el impacto que tiene un término tan importante.

Sí los conocemos, en las convenciones y sobre todo en la ruta de navegación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, me refiero al término el interés superior de la niñez.

Cuando hablamos de esto siempre los jueces aplican esta parte del interés superior del niño, pero del niño, de la niña, de los adolescentes. Lo que tendríamos que realizar es si en este concepto está garantizado a lo que hacemos referencia, tomando en cuenta que el interés superior del niño son las acciones y procesos que buscan garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar al máximo el bienestar posible.

Este debe ser el ingrediente principal, debe ser el común denominador en este propósito de poder alcanzar este interés para buscar un desarrollo más claro de la población tan importante que está en formación en este país, como son nuestras niñas y niños.

Por otra parte me quiero referir a un punto de Acuerdo que hoy se dictamina, que tiene que ver con los feminicidios en Chihuahua.

El problema del feminicidio, estos crímenes de odio, no se circunscriben solamente al Estado de Chihuahua, por desgracia esto ha proliferado en toda la República, y por mucho tiempo estuvo focalizado solamente a Juárez y a Chihuahua, y se focalizaba solamente, porque el problema siempre ha existido de los crímenes de odio en contra de las mujeres.

Lo que no podemos ocultar es un informe que el CEAMEG, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres ha dado. La información que tenemos a la vista es que si bien es cierto Chihuahua tiene un alto índice, también es verdad que es el estado que más ha disminuido el problema de los feminicidios de estos crímenes de odio.

No podemos regatear el esfuerzo que tanto el Poder Judicial con una verdadera impartición de justicia, que el Poder Legislativo con un marco jurídico más adecuado, pero sobre todo el Poder Ejecutivo generando políticas públicas que le den seguridad a las mujeres, que se cubra de manera integral esta parte, ha logrado una disminución importante.

Por eso yo me pronuncio en los dos aspectos para los que se me ha dado la palabra; primero por procurar en todos sus términos el interés superior del niño; y, segundo, de manera muy importante reconocer los esfuerzos que se han hecho en el estado de Chihuahua, no se ha erradicado el problema, pero sí hay que admitir la disminución que tiene este estado en estos crímenes de odio, como son los feminicidios.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias Senadora Gastélum Bajo.






La Diputada Dora Talamante Lemas reservó el dictamen que solicita a la Secretaría de Educación Pública información relativa al costo de la reexpedición de los exámenes destinados a la prueba de carrera magisterial y sobre las medidas de seguridad, instrumentadas para evitar el robo y la venta ilegal de exámenes.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)



Tiene el uso de la tribuna, Diputada Talamante Lemas.

La Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia.

Es innegable que todos reconocemos que la educación debe desarrollar todas las facultades del ser humano armónicamente, tal como lo dispone nuestro texto constitucional.

Asimismo reafirmamos los principios filosóficos de la Carta Magna que definen que la educación debe luchar contra la ignorancia y sus efectos, con los fanatismos o los prejuicios.

Debe contribuir al aprovechamiento de nuestros recursos, a mejorar nuestra convivencia, a fortalecer el aprecio a la dignidad de las personas, así como defender y hacer valer los derechos humanos de todos los habitantes del país.

Por ello, sabedores que la educación es la base fundamental para el desarrollo armónico de nuestra nación, coincidimos en que debemos abordarla de manera integral, pues sus resultados impactan y transforman a todos y a cada uno de los aspectos de nuestras vidas, ya sea a nivel económico, cultural, social y medio ambiental.

Como mexicana, legisladora, maestra y además sonorense, en representación de mi grupo parlamentario, Nueva Alianza, apoyo este punto de Acuerdo en cada uno de sus cuatro resolutivos: en primer lugar me refiero a la aplicación del examen de carrera magisterial, un programa, como todos sabemos, es un sistema de estímulos y reconocimientos al desempeño docente, que ha tenido como objetivo, además de elevar la calidad de la educación, contribuir a mejorar las condiciones de vida de los maestros de educación básica.

De ahí su importancia y el interés que representa que la sociedad mexicana, y particularmente los docentes, el tener claridad con relación al robo y presuntamente ilegal de los exámenes, de lo cual tuvimos noticia hace apenas unos días.

Más allá de que se conozcan las averiguaciones conforme al proceso legal en curso, así como el costo que ha podido significar la reimpresión de los exámenes, cuya erogación seguramente se atenderá con las economías que se generan en el propio programa, llama la atención la flexibilización de los mecanismos de seguridad con los que de suyo debe conducirse el proceso, por lo que es de trascendental importancia conocer la planeación del operativo realizado en este 2014, y tomar las medidas necesarias para evitar futuras contingencias y malas interpretaciones.

Como sabemos, conforme a lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente, en el año 2015, la carrera magisterial se transformará en un nuevo programa de incentivos al desempeño docente, por lo que es indispensable que desde su nacimiento cuente con los mecanismos eficientes para su operación en condiciones de transparencia y con inobjetable rigor académico, con la finalidad de que el reconocimiento a la labor docente, y las mejoras a sus condiciones de vida no den motivo a ningún tipo de suspicacia.

Los maestros ejercen, como alguna vez lo definió José Vasconcelos, un verdadero apostolado y merecen el reconocimiento a su esfuerzo con las garantías de que las evaluaciones a su desempeño atenderán los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.

Igualmente importante es garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle en un ámbito adecuado para alumnos y maestros, lo que significa que las escuelas cuenten con la infraestructura y materiales necesarios, de todo lo contrario se mantiene el vínculo vicioso en el que todos los grupos parlamentarios nos hemos propuesto romper.

Y en este punto, permítanme hablarles de mi experiencia como maestra en el norte del país.

Como sonorense, aunque en el sureste también hace calor y se sufre por igual, en muchas zonas de mi estado, en Chihuahua, las dos Baja Californias, Sinaloa, y en todas las zonas del norte del país las temperaturas de los últimos días han llegado a superar los 51 grados, y lamentablemente son apenas unas cuantas escuelas las que cuentan con clima artificial, en la mayoría de los casos adquiridos con los apoyos de los padres de familia.

No tengo que comentarles los efectos de las altas temperaturas que ocasionan en el rendimiento escolar. El desarrollo de la jornada escolar se torna complicado, a los estudiantes les cuesta trabajo poner atención en las clases por las sensaciones de sueño y malestar que les provoca el excesivo calor, y a los maestros mantener activa la clase en esas condiciones.

Por eso, apoyo e invito, a la urgencia del caso, a respaldar en los términos del dictamen que se presenta, donde exhortamos a la Secretaría de Educación Pública y a sus pares en los estados, promuevan la asignación de los recursos presupuestales necesarios para adquirir e instalar subestaciones eléctricas que conlleven a facilitar el suministro necesario que permita contrarrestar los efectos del calor extremo durante el ciclo escolar.

Finalmente, el resolutivo sobre la promoción de la educación en materia de cultura contributiva cuenta con el apoyo de Nueva Alianza, pues hemos insistido en la necesidad de fomentar la educación financiera, concebida como una herramienta indispensable en el proceso de formación de los niños y los adolescentes de México.

Estamos convencidos que si queremos transformar a México tenemos la obligación de despertar en la infancia y en la adolescencia la cultura del ahorro, así como el consumo responsable, derechos de los consumidores, el valor del dinero, el patrimonio, la banca, en fin, responsabilidades contributivas de gran significación para el futuro y de enorme trascendencia para el desarrollo nacional.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias a usted, Diputada Talamante Lemas.

Saludamos con respeto a los invitados del estado de Querétaro que acuden esta mañana a la sesión de la Comisión Permanente. Sean todos ustedes bienvenidos.






El Diputado Francisco González Vargas reservó el dictamen sobre productores de chicle.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Nacional Forestal, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones instrumenten las acciones y programas necesarios para reactivar el mercado de la industria chiclera en los estados de Campeche y Quintana Roo, suscrita por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 28 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Los senadores proponentes señalan que el Tzicli o “chicle”, es un látex arbóreo extraído de los árboles de chicozapote que crecen en las selvas tropicales del sureste mexicano.

Asimismo destacan que el cultivo de chicozapote es una tradición de la cultura maya que ha trascendido por los siglos y que actualmente diversas comunidades de los estados de Campeche y Quintan Roo aún obtienen la goma base natural con el mismo procedimiento que utilizaban nuestros ancestros hirviendo el látex del árbol de chicozapote hasta deshidratarlo y obtener una pasta pegajosa que se estira, amasa y moldea en marquetas rectangulares donde se solidifica al enfriarse.

En cuanto de las asociaciones de productores que hoy en día laboran en la producción de chicle señalan que el Consorcio Corporativo de Productores y Exportadores en Forestaría S.C. de R.L (Chicza) es una empresa social integradora de cobertura regional, cuenta con más de 50 cooperativas y sociedades de producción chiclera de varios municipios de los estados de Campeche y Quintana Roo, principalmente en San José de la Montaña, Solidaridad, Othón P. Blanco entre otros, así como en la Reserva de la Biosfera de Calakmul en Campeche.

Más de 5,000 chicleros laboran cada temporada en las selvas del Gran Petén, su labor no sólo les permite obtener un ingreso para sostener a sus familias, también son actores relevantes para evitar la deforestación de la selva.

En lo que se refiere al mercado de este producto destacan que el 20% de la producción del consorcio se queda en el mercado italiano y sus productos se han exportado a 15 países europeos, entre los que se encuentran Inglaterra, Bélgica y Holanda.

Los proponentes señalan que la principal problemática de los productores es el bajo precio de los productos sintéticos, lo que no permite que productos de origen natural como el chicle sigan ampliando su presencia en el mercado, afectando a los trabajadores que se dedican a la extracción y producción del chicle natural.

Por lo anterior, consideran que es necesario que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional Forestal apoyen a los chicleros de los estados de Campeche y Quinta Roo para que sus productos sean competitivos tanto en el mercado nacional como internacional.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.-La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.-La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERA.-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 25 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

CUARTA.-El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018), publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de mayo de 2013, reconoce que “el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”, y que “la capitalización del sector debe ser fortalecida” por lo que establece el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades, considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo, asimismo, busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos.

El PND 2013-2018, también establece construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, canalizado en 5 Estrategias: Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país, así como los modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario, promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgo, y modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo.

QUINTA.-Por su parte, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, determina la generación de políticas públicas orientadas a incrementar la producción, la productividad y la competitividad agroalimentaria y pesquera del país, así como la generación del empleo rural, las actividades pesqueras y acuícolas. Además de promover el bienestar de la población campesina y de la pesca y su incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a poblaciones indígenas.

Establece también, que el presupuesto para el campo procurará el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional a que se refiere el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

SEXTA.- El Anexo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, prevé la asignación de recursos para fortalecer el patrimonio de Financiera Rural, del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) y del Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA).

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), tiene como objetivo otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los sectores agropecuario, rural y pesquero del país, operando como banca de segundo piso, con patrimonio propio y coloca sus recursos a través de la banca privada y otros intermediarios financieros.

SEPTIMA.-El 18 diciembre de 2013, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), dio a conocer las nuevas reglas de operación y estructura programática para detonar la producción en el campo, donde se incluyen nueve programas base y 55 componentes, integrados con la participación de productores, autoridades y organizaciones, a través de la Comisión Revisora de Reglas de Operación en tres foros regionales y encuentros con productores y legisladores.

A decir de la dependencia, con la inserción de las reglas de operación en este nuevo sistema programático, se pretende impulsar un mayor dinamismo en la aplicación de esquemas que desarrollen la productividad, sustentabilidad y competitividad del sector primario.

OCTAVA.-Por su parte, el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados de la SAGARPA, tiene como objetivo Incentivar a los productores agropecuarios y pesqueros a comercializar su producción con certidumbre en los mercados y está orientado a personas físicas de nacionalidad mexicana o morales constituidas conforme a la legislación mexicana, cuya actividad preponderante sea la producción, procesamiento, transformación, empaque, comercialización o promoción de los productos del sector agroalimentario mexicano, incluyendo los de las plantas de ornato, así como de los ingredientes tradicionales utilizados en la gastronomía mexicana que justifiquen estar vinculados a una fase del Sistema Producto o cadena productiva.

NOVENA.- A su vez, la Secretaría de Economía a través