Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 23 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 16

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 06 de Agosto de 2014

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

El Presidente Senador Raúl Cervantes Andrade: (11:10 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

El Secretario Diputado Guillermo Sánchez Torres: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR

LXII LEGISLATURA
COMISIÓN PERMANENTE

SEGUNDO RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

Sesión del 6 de agosto de 2014.

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN
DIP. MARCOS AGUILAR VEGA
DIP. AGUSTÍN MIGUEL ALONSO RAYA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO
DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS
DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO
DIP. ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. VÍCTOR MANUEL MANRÍQUEZ GONZÁLEZ
DIP. FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ
DIP. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ
SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA
DIP. RICARDO CANTÚ GARZA
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE
SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ
SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
SEN. OMAR FAYAD MENESES
SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS
SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS
SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA
SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY
SEN. VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA
DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA
DIP. HEBERTO NEBLINA VEGA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCÍA
DIP. WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS
DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA
SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO
DIP. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA
DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES
DIP. DORA MARÍA TALAMANTE LEMAS
DIP. MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE

 

Señor Presidente, hay 30 legisladores. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2014, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, lo puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.

 





 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las diez horas con treinta y ocho minutos del martes veintinueve de julio de dos mil catorce, con una asistencia de veinte legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles veintitrés de julio de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación similar de la Secretaría de Salud, con el Informe trimestral sobre el Presupuesto ejercido y entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto.- Se remitió a las Comisiones de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación el informe de la gira que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, realizó en Europa del 3 al 11 de junio de 2014.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, Europa, de la Cámara de Senadores; a la de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre transporte aéreo, firmado en la ciudad de México el 18 de febrero de 2014, el cual sustituye el Convenio anterior firmado por los 2 Estados el 21 de diciembre de 1961.- Se remitió a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

Se recibió de la Secretaría de Salud información relativa a las “Contrataciones por Honorarios” y “Reporte del Monto y Ejercicio de los Subsidios Otorgados”, correspondiente al periodo enero-junio del ejercicio fiscal 2014.- Se remitió a las Comisiones de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir al 203 Aniversario Luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria, a realizarse el 30 de julio del año en curso en esta ciudad.- Se designó a la Senadora Dolores Padierna Luna para asistir en representación de la Comisión Permanente.

 

Se recibió del Senador Adán Augusto López Hernández, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 30 de junio de 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de las Diputadas Dora María Guadalupe Talamante Lemas y Lilia Aguilar Gil, integrantes de la Grupo Plural de Observación Electoral para dar seguimiento al proceso electoral del Estado de Nayarit, informes de sus actividades durante dicho proceso.- Quedaron de enterados.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal.-Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Dora María Guadalupe Talamante Lemas y René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.-Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

De las Diputadas Dora María Guadalupe Talamante Lemas y Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración.-Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.
El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Diputados José Luis Flores Méndez, Abel Octavio Salgado Peña y Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de Gobierno del Distrito Federal a resolver el problema relativo a la desaparición de balas en la policía auxiliar.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los organismos operadores municipales del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos y La Paz, Baja California Sur, a que realicen visitas de verificación por la supuesta existencia de tomas de agua clandestinas y derivaciones no autorizadas dentro de su jurisdicción.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para informar sobre las medidas adoptadas por la quiebra del Banco Bicentenario.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades del Ejecutivo Federal y estatal; congresos locales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar diversas acciones para el mejoramiento de las instituciones privadas y sociales que prestan servicios de asistencia social a menores y personas adultas mayores.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a las entidades paraestatales coordinadas por la misma y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a llevar a cabo la supervisión de la operación, control, evaluación y seguimiento de la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social, en las llamadas “casas cuna, casas hogar o casas de asistencia social”.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a examinar y, en su caso, considerar la adhesión del Estado Mexicano al Convenio 108 del Consejo de Europa, en materia de protección de datos personales.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que cita a una reunión de trabajo a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social para rendir un informe detallado sobre los resultados, metas alcanzadas, cobertura, padrón de beneficiarios y presupuesto ejercido de la Estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a asignar un recurso extraordinario al Colegio de Bachilleres del estado de Guerrero, con el propósito de solucionar el problema de seguridad social de los trabajadores de dicha institución.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas para que, de manera conjunta con la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, implementen las medidas sanitarias para emprender una campaña de concientización a la población mexicana para prevenir la hepatitis en cualquiera de sus tipos.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a aplicar estrategias metodológicas y diversificadas dentro de los centros escolares para erradicar el bullying, bajo el marco de prácticas, culturas y políticas en lenguaje inclusivo.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a definir con nitidez las políticas, programas y prioridades en materia de cultura; los mecanismos e instrumentos para asegurar que las actividades desplegadas por las delegaciones sean consistentes y armónicas con las determinaciones en ese campo a nivel central, así como para el uso escrupuloso de los recursos presupuestales en las delegaciones con apego estricto a esas definiciones, a la transparencia y rendición de cuentas.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a hacer extensivas las condolencias que anteriormente había realizado a familias de víctimas, a sus pueblos y gobiernos de origen y a organizaciones internacionales, resultado del derribo del avión civil de Malaysia Airlines en la República de Ucrania, a los familiares y pueblos de las nuevas víctimas de sendos accidentes aéreos recientemente ocurridos en Malí y en Taiwán.-Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que condena todo uso desproporcionado de la fuerza que haya sido o pueda ser implementado por el gobierno del estado de Puebla en relación con los eventos suscitados en la autopista Atlixco-Puebla el pasado 9 de julio de 2014.-Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del doscientos tres aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla, ocurrido el 30 de julio de 1811.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención con motivo del conflicto entre Israel y Palestina.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las once horas con diez minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles seis de agosto, a las once horas”.

 

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueba, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado Secretario.





 

MINUTO DE SILENCIO

Senadoras y Senadores; Diputadas y Diputados, esta Presidencia lamenta muy sensiblemente el deceso de la ciudadana Diputada Irma Elizondo Ramírez, quien fuera Diputada Federal en esta Legislatura por el Distrito Primero del estado de Coahuila, e integrante del grupo parlamentario del PRI.

La Diputada Elizondo Ramírez ha sido Diputada Local, así como Senadora suplente en otra legislatura.

A sus familiares y amigos les expresamos nuestro más sentido pésame y les invito a ponerse de pie y a guardar un minuto de silencio en memoria de la señora Diputada.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Senadoras y Senadores; Diputadas y Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 6 y 7 de agosto de 2014, con el objeto de participar en los actos oficiales de la ceremonia de toma de posesión del segundo mandato del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón.



 

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Diputado Sánchez Torres: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el que remite los informes de utilización de tiempos oficiales, así como los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal ejercidos al tercer bimestre del ejercicio fiscal 2014, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.



El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Radio, Televisión y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remite un oficio con el diagnóstico sobre la estructura orgánica con que cuenta la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por el Artículo Séptimo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.



El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE SALUD

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió un oficio de la Secretaría de Salud, con el informe semestral de resultados del Sistema de Protección Social en Salud 2014.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a las Comisiones de Salud de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite los Informes Trimestrales sobre la Ejecución del Presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al segundo trimestre de 2014; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregado por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2013.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Asimismo, de la Secretaría de Educación Pública se recibió oficio con información correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior para el segundo trimestre del ejercicio 2014, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicio Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió del Instituto Nacional de Migración, un oficio con el que remite los avances financieros del segundo trimestre, así como lo acumulado al segundo trimestre al ejercicio fiscal 2014 de los programas de protección a migrantes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase la documentación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió un oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica, con el diagnóstico sobre su estructura orgánica en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Secretario Diputado Sánchez Torres: También de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se recibió un oficio con el diagnóstico de programas e instituciones a cargo de dicha dependencia.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Asimismo, se recibió noticias del Instituto Nacional de las Mujeres con su informe de resultados correspondientes al periodo abril-junio de 2014, en cumplimiento de los artículos 1 y 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a las Comisiones de Igualdad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURA

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió del Congreso del Estado de Nuevo León, un PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



El Presidente Senador Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, una invitación para asistir al 135 Aniversario del Natalicio del General Emiliano Zapata Salazar, a realizarse el viernes 8 de agosto del año en curso en esta ciudad.



El Presidente Senador Cervantes Andrade: Para asistir en representación de la Comisión Permanente a esta ceremonia, se designa en comisión al Diputado Fernando Zárate Salgado.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió una comunicación suscrita por el Diputado Fernando Charleston Hernández, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 4 de agosto de 2014.



El Presidente Senador Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el informe de su participación en la Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico, celebrado los días 8 al 10 de mayo de 2014, en Seúl, República de Corea.







 

Y de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, con el que remite el informe de su participación en la reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Prácticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano, celebrado los días 23 al 26 de junio del año en curso, en Panamá.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.







 

Compañeros legisladores, hago de su conocimiento que las iniciativas y las proposiciones de la agenda del día de hoy se turnarán a las Comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria. La Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas de recién inscripción.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 39-A, 39-B, 153-L, 153-Q, 515, 899-E; SE ADICIONA EL ARTICULO 515 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; Y SE REFORMA EL ARTICULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

(Presentada por los Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Coordinador del grupo parlamentario del PRI y Vicepresidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respectivamente)

Los suscritos, Diputados MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA Y HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y vicepresidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respectivamente, de la LXII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 6, fracción I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 39-A, 39-B, 153-L, 153-Q, 515, 899-E; SE ADICIONA EL ARTICULO 515 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; Y; SE REFORMA EL ARTICULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Las Tablas de Enfermedades de Trabajo y de Valuación de Incapacidades Permanentes, contenidas en la Ley Federal del Trabajo, son sin duda una herramienta indispensable para los trabajadores, pues con base en ellas es posible determinar el grado de incapacidad cuando ocurre un riesgo de trabajo y las indemnizaciones a las que se tiene derecho.

Desde la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1931 y hasta el día de hoy, a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, el contenido de las referidas tablas solamente ha tenido dos actualizaciones, la primera de ellas, en el año de 1956, cuando se adicionaron al artículo 326, nueve tipos de enfermedades y, con la expedición de la Ley Federal del Trabajo en 1970, cuando en el artículo 513 se reconocieron 161 tipos de padecimientos.

Bajo esta perspectiva, actualmente el contenido de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades, es obsoleto, pues no toma en consideración las nuevas actividades que se realizan en los puestos de trabajo, y la exposición del trabajador a la utilización y manejo de nuevas substancias y materias primas, situaciones que sin duda, han modificado las condiciones y los riesgos laborales.

Ciertamente, debemos reconocer que se ha intentado avanzar en este tema, pues el pasado 30 de noviembre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que incluye adecuaciones vinculadas con las referidas tablas.

Efectivamente, entre las diversas modificaciones realizadas a la Ley Laboral, fueron reformados los artículos 476, 513 y 514, precisamente con el propósito de facilitar la actualización de las referidas tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes. Con estas modificaciones se determina que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará la expedición y actualización de dichas tablas, tomando en cuenta la previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y las publicará en el Diario Oficial de la Federación, en un término de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en los siguientes términos:

Artículo 476.- Serán consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las que determine esta Ley y, en su caso, la actualización que realice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 513.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo, mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general en todo el territorio nacional. (…)

Artículo 514.- Las tablas a que se refiere el artículo anterior serán revisadas cada vez que se considere necesario y conveniente para el país, cuando existan estudios e investigaciones que lo justifiquen.

En todo caso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo deberán tomar en cuenta el progreso y los avances de la medicina del trabajo y para tal efecto podrán auxiliarse de los técnicos y médicos especialistas que para ello se requiera, informando al Poder Legislativo.

Cuarto Transitorio. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, en un término de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto se seguirán aplicando las tablas a que se refieren los artículos 513 y 514 que se reforman.

Como puede advertirse, con estas adecuaciones se estableció la posibilidad de actualizar de una manera dinámica y permanente el contenido de las tablas e incorporar los nuevos elementos derivados de los avances de la ciencia y, particularmente, de las investigaciones de la medicina del trabajo, así como los nuevos tratamientos, y además, permitirá una adecuada valuación de los grados de incapacidad, a partir de una mejor identificación y descripción de las enfermedades profesionales.

No obstante lo anterior, se conservó el texto del artículo 515 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se indica que la Secretaría de Trabajo realizará estudios y los pondrá en conocimiento del Presidente de la Republica a fin de que éste pueda presentar una iniciativa ante el Poder Legislativo para reformar las tablas a que se refiere el artículo 513, mismo artículo que ya no refiere tablas, consecuentemente el texto del artículo 515 propicia incertidumbre jurídica en cuanto al sujeto facultado para actualizar y emitir las tablas, pues por una parte los artículos 476, 513, 514 y Cuarto Transitorio señalan que corresponderá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y por la otra, el artículo 515 otorga la facultad al Poder Legislativo.

Conforme a lo anterior, se estima conveniente precisar en la Ley Federal del Trabajo que corresponderá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la actualización de las multicitadas tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes. Desde luego, en consonancia con esta adecuación y para permitir la instrumentación de esta Iniciativa, también será necesario modificar el artículo Cuarto Transitorio del Decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, para otorgar un nuevo plazo para la emisión del instrumento correspondiente.

Aunado a lo anterior, es oportuno aprovechar esta ocasión para presentar algunas correcciones a disposiciones que se incluyeron en las reformas del 30 de noviembre del 2012.

Dentro del capítulo III bis del título IV, al que se le llama “De la Productividad, Formación y Capitación de los Trabajadores”, se hace referencia a la obligación que existe, en las empresas que tengan a sus servicio más de 50 trabajadores, de constituir o formar Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad pero existe un error al no citar uniformemente el nombre de estos cuerpos colegiados e identificarlos con el mismo nombre, pues en los diversos artículos 39-A, tercer párrafo, y 39-B, segundo párrafo, en donde se precisa la intervención de las Comisiones Mixtas, se les llama en la Ley “Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento”, y en el artículo 153-E se les llama Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, por lo que deben armonizarse estos artículos para que las Comisiones Mixtas sean identificadas, literalmente, con la misma denominación.

También en el ya referido Capítulo III bis, se hace referencia a una Comisión Nacional de Productividad, específicamente en el artículo 153-L, pero en el diverso 153-K se le denomina Comité Nacional de Productividad, por lo que aquí es preciso que se armonice la Ley en la denominación de estos cuerpos colegiados que participan en labores de capacitación.

Independientemente de lo anterior, hay un error en el artículo 899-E, que en su párrafo décimo dice: “Si la parte actora no acude a las diligencias ordenadas por la Junta a que se refiere el inciso C de este artículo…..”, el error resulta que el artículo no tiene incisos, por lo que es necesario modificar esta parte.

En consecuencia a lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 39-A, 39-B, 153-L, 153-Q, 515, 899-E; ADICIONA EL ARTICULO 515 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; Y; REFORMA EL ARTICULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 39-A, 39-B, 153-L, 153-Q, 515, 899-E y; se adiciona el artículo 515 Bis de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como siguen:

Artículo 39-A.-…

Durante el período de prueba el trabajador disfrutará del salario, la garantía de seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término del período de prueba, de no acreditar el trabajador que satisface los requisitos o conocimientos necesarios para desarrollar las labores, a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad en los términos de esta Ley, así como la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación del trabajo sin responsabilidad para el patrón.

Artículo 39-B.…

La vigencia de la relación de trabajo a que se refiere el párrafo anterior tendrá una duración máxima de tres meses o en su caso, hasta de seis meses solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados. Durante este tiempo el trabajador disfrutara del salario, la garantía de seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término de la capacitación inicial, de no acreditar competencia el trabajador, a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad en los términos de esta Ley, así como a la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón.

Artículo 153-L. El Titular del Ejecutivo Federal fijará las bases para determinar la forma de designación de los miembros del Comité Nacional de Productividad, así como las relativas a su organización y funcionamiento. Sujetándose a los principios de representatividad e inclusión en su integración.

En la toma de decisiones del Comité Nacional de Productividad se privilegiará el consenso.

Artículo 153-Q. A nivel de las entidades federativas y el Distrito Federal se establecerán Comités Estatales de Productividad.

Será aplicable a los Comités Estatales de Productividad, en el ámbito de las entidades federativas, lo establecido en los artículos 153-I, 153-J, 153-K, 153-L, 153-N y demás relativos.

Artículo 515.-La Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará las investigaciones y estudios necesarios, a fin de actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo, al progreso de la medicina del trabajo.

Artículo 515 Bis.- Para efectos del artículo anterior, el Reglamento correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, establecerá los aspectos y tipo de información que deberán contener las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo.

Artículo 899-E.

I. a VI. …

Si la parte actora no acude a las diligencias ordenadas por la Junta a que se refiere este artículo, o si abandona los estudios médicos o diligencias ordenadas, se hará constar la falta de interés, a efecto de que se decrete la deserción de la prueba, salvo las causas justificadas a que se refiere el artículo 785 de esta Ley.

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, para quedar como sigue:

Cuarto. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, a más tardar el primero de julio de 2015, en tanto se seguirán aplicando las tablas a que se refieren los artículos 513 y 514 que se reforman.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo del Honorable Congreso de la Unión, el 6 de agosto de 2014.

Atentamente

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del grupo parlamentario del PRI.- Dip. Héctor H. Gutiérrez de la Garza, Vicepresidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Presentada por los Diputados Ramón Antonio Sampayo Ortíz y Sergio Augusto Chan Lugo, del grupo parlamentario del PAN)

“Los suscritos, RamOn Antonio Sampayo OrtIz y Sergio Augusto Chan Lugo, Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 1 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la Asamblea la INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL CAMBIO CLIMATICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS

La palabra clima se refiere al conjunto promedio de los estados del tiempo en la atmosfera como son la temperatura, vientos, precipitación, radiación solar, humedad entre otras, en un cierto periodo de tiempo. 

El cambio climático es una alteración en el estado del clima como respuesta a factores naturales y de origen antropogénico. Las causas naturales del cambio climático se deben a variaciones de fenómenos de actividad solar, a pequeñas modificaciones de la órbita terrestre y vulcanismos; sin embargo, la mayor parte de las alteraciones en el clima son a causa de actividades antropogénicas, por ejemplo, la demanda excesiva de energía y recursos por la sobrepoblación y las tecnologías que actúan negativamente en el ambiente además de las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Ciertos gases ya se encuentran de manera natural en la atmosfera sin embargo su concentración puede verse afectada por la actividad humana. 

El cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves al que se enfrenta la humanidad, como consecuencia es considerado un inconveniente que amenaza a los ecosistemas mundiales, comprometiendo el desarrollo sostenible y el bienestar de la Humanidad. Los estudios científicos muestran que el planeta se enfrentará a desastres humanos y naturales irreversibles si la concentración atmosférica de CO2 continúa por encima de 350 partes por millón (ppm). 

La concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera es un fenómeno natural que al absorber energía del sol provocan un aumento en la temperatura del Globo Terrestre. Sin embargo, al aumentar la concentración de GEI en la atmósfera en forma desmedida, la energía absorbida es liberada más lentamente lo que provoca aumentos muy altos en la temperatura, a lo que se denomina efecto invernadero y provoca el calentamiento global de la Tierra. 

Actualmente el aumento de temperatura en el planeta, ha originado varios cambios muy significativos entre los que encontramos, mayor cantidad de precipitaciones, veranos con temperaturas altas, inviernos más crudos, incremento en el nivel del mar, deshielo de las masas polares, fractura de glaciares, mayor cantidad de incendios forestales, tormentas de arena de mayor intensidad y longitud y mayor nubosidad. 

Derivado de lo anterior el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) por sus siglas en inglés, en su 4º Informe ha referido al problema del cambio climático como una consecuencia de las actividades humanas, por lo cual se han establecido metas para asegurar una estabilidad climática por lo que consideran necesario limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2ºC respecto a los niveles en épocas anteriores a la industrialización, lo que implica volver a concentraciones de CO2 de 350 ppm. 

Para ello, es necesario que los países industrializados reduzcan para el año 2020 sus emisiones de gases de efecto invernadero un 40% respecto a los niveles de 1990 y al menos un 85 % en 2050. Así como que los países en vías de desarrollo adopten tecnologías limpias que les permitan un desarrollo desligado del aumento de emisiones.1 

México es uno de los países más vulnerables ante el calentamiento global por sus factores y características biogeografías que presenta, debido a su ubicación latitudinal, su topografía y la influencia de los mares que lo afectan. 

Los factores y características previamente mencionados hacen más grande el desafío hacia nuestro país, en relación al cambio climático ya que conlleva problemas sociales, económicos y ambientales que afectan a su población, infraestructura, sistemas productivos y ecosistemas, por ejemplo, el aumento de temperatura en el planeta, ha originado varios cambios muy significativos entre los que encontramos, mayor cantidad de precipitaciones, veranos con temperaturas altas, inviernos más crudos, incremento en el nivel del mar, deshielo de las masas polares, fractura de glaciares, mayor cantidad de incendios forestales, sequias e inundaciones; al presentarse alguno de estos fenómenos en áreas con asentamientos humanos o de productividad como terrenos de cultivo, se ve afectada la infraestructura, actividades económicas (primaria, secundaria y terciaria), provocando escases de alimentos, productos y modificando la calidad de vida de la población. 

Sin embargo, la vulnerabilidad frente a la exposición natural del clima y a los efectos del cambio climático está relacionada con la tasa de crecimiento poblacional y la pobreza. Esta última reduce la habilidad de los individuos a responder o adaptarse a la exposición de un medio ambiente cambiante, lo cual está directamente vinculado con la salud y educación.

La problemática del cambio climático repercute a nivel mundial, sin embargo, México es uno de los países más afectados por el cambio climático, por lo que se considera necesario conocer el grado de exposición a los efectos del cambio climático para diseñar y aplicar medidas necesarias que se transformen en políticas públicas; sin embargo, para esto es necesario una coordinación continua a nivel federal, estatal y municipal para cumplir los objetivos propuestos en cada uno de los documentos estratégicos por describir. 

México ha atendido con seriedad el tema del cambio climático y sus consecuencias en las diferentes naciones, por ello, ha creado diversa leyes, planes y programas en materia de mitigación y adaptación contra este fenómeno, como son la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y el recién publicado Programa Estratégico de Cambio Climático 2014-2018 (PECC). 

La Ley General de Cambio Climático es una base sólida tanto para promover la reducción de emisiones como para permitir la adaptación a los impactos derivados del cambio climático, siendo su principal objetivo: 

Fortalecer políticas públicas, estructura administrativas y de participación social, a través de las cuales se reduzca la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales del país ante el reto que impone el cambio climático; se impulse la transición escalonada hacia una economía competitiva de bajas emisiones de carbono y se contribuya a cumplir los compromisos adquiridos por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante el régimen internacional en la materia.

Por otro lado la Estrategia Nacional de Cambio Climático es el instrumento de planeación que define la visión de largo plazo y que además rige y orienta la política nacional con una ruta a seguir que establece prioridades nacionales de atención y define criterios para identificar las prioridades regionales, que guiará nuestras acciones como nación, para combatir el cambio climático en los próximos 40 años. Sustentada en sólidos fundamentos científicos, planteando que el cambio climático al ser considerado un tema global para los humanos y el ambiente es derivado de las actividades antropogénicas de todo el mundo como emisiones de gases de efecto invernadero son perjudiciales. 

Al ser un problema global con responsables y afectados repartidos en todo el mundo, la solución requiere de acción integral. Esta deberá incluir compromisos con el Ejecutivo Federal y dependencias de gobierno para asignar los recursos económicos y así apoyar las medidas de mitigación y metas viables que van más allá de reducir los gases de efecto invernadero. La ENCC traza una ruta de largo plazo para mejorar la salud y la calidad de vida de la población, además de convertir a México en una sociedad con mayor resiliencia. 

Esta Estrategia es resultado de la participación conjunta de ciudadanos, empresas y académicos con el Gobierno de la República. De tal manera, es producto de un ejercicio democrático de toda nuestra sociedad. La Estrategia consta de un contexto de Cambio Climático (a nivel nacional e internacional), planteando su objetivo, una Visión a 10-20-40 años, para luego describir los Pilares de la Política y Ejes en materia de Adaptación y Mitigación. 2 

Por otra parte, el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, se identifican las oportunidades de mitigación y adaptación en los diferentes sectores gubernamentales, parte de lo que sustenta el objetivo del PECC se encuentra en el compromiso de los mexicanos para asegurar la sustentabilidad ambiental mediante su participación responsable en el cuidado, protección, preservación y aprovechamiento racional de la riqueza natural del país. 

Así mismo, es importante que exista la coordinación entre los documentos anteriormente mencionados (LGCC, PECC, ENCC), ya que de no existir ésta, las acciones que se hagan de manera aislada por el gobierno para alcanzar los objetivos establecidos en la Ley, el Programa y la Estrategia terminaran en un mayor gasto del que se generaría si hubiera una coordinación entre las dependencias de gobierno y los tres instrumentos. 

La Ley General de Cambio Climático establece en su artículo 80 la creación de un fondo, con el que se pretende buscar inversión económica a través de diversos sectores para la realización de las actividades establecidas en la propia ley. 

Artículo 80. Se crea el Fondo para el Cambio Climático con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático. Las acciones relacionadas con la adaptación serán prioritarias en la aplicación de los recursos del fondo.

Aunado a lo anterior, el fondo no ha podido captar recursos públicos toda vez que en el presupuesto de egresos no se ha considerado un monto inicial, por lo cual dificultaría alcanzar los objetivos planteados en los documentos anteriormente referidos. 

De acuerdo a lo ya planteado, dentro de los recursos que constituyen el patrimonio del fondo y que ya se mencionó está el presupuesto de egresos, que si bien es labor de esta Cámara de Diputados aprobar anualmente el documento de referencia, debo aclarar que el Ejecutivo Federal es el primer interesado política y socialmente en plantear una propuesta inicial de recursos, tal como lo refiere la fracción I del Artículo 81 de la LGCC: 

Artículo 81. El patrimonio del Fondo se constituirá por:

I. Los recursos anuales que, en su caso, señale el Presupuesto de Egresos de la Federación y aportaciones de otros fondos públicos. 

Quiero hacer notar que independientemente a lo que el artículo anteriormente referido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de elaborar el proyecto de Egresos de la Federación, en el cual se especifica el monto y el destino de los recursos que el gobierno requiere para obtener resultados que beneficien a la sociedad, como se establece en la fracción XV del artículo 31 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. 

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XV. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y presentarlos a la consideración del Presidente de la República.

Lo anteriormente mencionado expone que inicialmente el Ejecutivo Federal tiene la obligación moral de proponer una partida mínima o base al fondo para que su Comité Técnico pueda decidir las acciones globales del gasto de los recursos. 

Sin embargo, en esta Cámara de Diputados no podríamos establecer un monto al fondo si no existe una participación de parte de las dependencias de gobierno, debido a que es un procedimiento complejo que requiere de una organización coordinada, además de que el tiempo necesario para realizar este proceso es muy corto. 

No obstante a lo anterior, con la publicación de la Ley General de Cambio Climático, se extinguió el Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR), transfiriendo de esta manera sus funciones al Fondo para el Cambio Climático, pero no así recursos al mismo para su operación o entrada en funcionamiento.

TRANSITORIO

Artículo Noveno. El Fondo para el Cambio Climático deberá ser constituido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sus reglas de operación aprobadas por su Comité Técnico, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta Ley en el Diario Oficial de la Federación.

La operación del Fondo a que se refiere el artículo 83 de la presente Ley estará a cargo de la Sociedad Nacional de Crédito que funja como fiduciaria del fideicomiso público, sin estructura orgánica, que al efecto se constituya de conformidad con las disposiciones aplicables y cuya unidad responsable será la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dicha institución fiduciaria realizará todos los actos que sean necesarios para la operación del Fondo y el cumplimiento de su objeto en términos de la Ley.

El Banco Mexicano de Comercio Exterior, SC, extinguirá el Fondo Mexicano del Carbono (Fomecar) para transferir sus funciones al Fondo para el Cambio Climático. Las transacciones en curso se realizarán conforme a la regulación, convenios y contratos vigentes en lo que no se opongan a la presente Ley.

Es derivado de lo anterior, y toda vez que si bien, las actividades realizadas por el hombre generan gases de efecto invernadero o CO2, lo más viable o correcto sería que los mismos cubran o paguen un porcentaje o impuesto destinado a cubrir los daños que hemos ocasionado, y que mejor que destinarlos al Fondo para el Cambio Climático, para que éste realice actividades tendientes a mitigar y adaptar los daños ocasionados al medio ambiente. 

Es así que lo más correcto sería destinar un porcentaje de los recursos de los Impuesto al Carbono, al Fondo para el Cambio Climático y que como ya se mencionó, que con la entrada en vigor de la ley que nos ocupa, extinguió un fondo Mexicano del Carbono, transfiriendo sus funciones al del Cambio Climático, no así recursos.

De esta manera, propongo que se destine un porcentaje del 5% de los recursos estimados por impuestos al Carbono, en la Ley de Ingresos de la Federación 2014, los cuales oscilan alrededor de 14,641 millones de pesos, al Fondo para el Cambio Climático y de esta manera estar en la posibilidad de cumplir parte de las obligaciones o atribuciones establecidas a dicho fondo.

Por los argumentos planteados, someto a consideración de la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

Unico. Se adicionan un párrafo segundo a la fracción I del artículo 81 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue: 

Artículo 81. ... 

I. ... 

El monto de los recursos para el fondo, no podrá ser menor al 5 por ciento del total que por concepto de impuestos por carbono sea determinado en la Ley de Ingresos de la Federación, del ejercicio fiscal en vigor.

Los ingresos descritos en el párrafo anterior, se podrán utilizar para cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 92 y 93, respecto de los estímulos fiscales

II. a VI. … 

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Palacio Legislativo, el 6 de agosto de 2014.

Dip. Ramón Antonio Sampayo Ortiz.- Dip. Sergio Augusto Chan Lugo.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL FEDERAL Y DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

(Presentada por la Diputada Verónica Juárez Piña, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

(Presentada por los Diputados Ricardo Monreal Avila y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

RICARDO MONREAL AVILA, ALFONSO DURAZO MONTAÑO Y RICARDO MEJIA BERDEJA diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno, la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dentro de la plataforma electoral que presento la Coalición Movimiento Progresista incluimos la necesidad de establecer el principio de austeridad republicana como criterio rector del servicio público, reduciendo el costo del gobierno mediante la disminución de los sueldos de los altos funcionarios y la eliminación del gasto improductivo.

Le debe de costar menos al pueblo la manutención del gobierno; propusimos acabar con los privilegios de la alta burocracia, reducir los sueldos a la mitad de directores generales hacia arriba; cancelar bonos, viáticos, pensiones a ex presidentes, servicios médicos privados, cajas de ahorro especiales, el uso de aviones, helicópteros y otras canonjías.

Tal como lo señala el Proyecto Alternativo de Nación1, tenemos que recuperar lo mejor de la historia de México. Allí está el temple de los mexicanos, el programa popular y los ejemplos de quienes han sido los mejores dirigentes y gobernantes. ¿Acaso no es sencillo y suficientemente claro el postulado de José María Morelos de que debe moderarse la indigencia y la opulencia y elevarse el salario del peón?, ¿o su propuesta de que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche y lo defienda contra el arbitrario?

Igualmente, del presidente Benito Juárez debemos seguir su ejemplo de honestidad administrativa, pues sin ella, no es viable una República liberal y democrática.

El Poder Legislativo federal de nuestro país está obligado constitucional, política y éticamente a responder de manera adecuada a la situación económica que viven las familias de nuestro país. Esta situación tiene diversas explicaciones, una de ellas es el resultado de políticas económicas que han privilegiado a unos cuantos grupos económicos y sociales, y han descuidado a la mayoría de la población, y desatendido la construcción nacional de un desarrollo agrícola, industrial, científico y tecnológico propio.

Se requiere establecer en la república, entre otras medidas que son impostergables para edificar una sociedad más igualitaria y justa, una legislación que obligue a los poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entes federales, a reglas y principios estrictos de austeridad presupuestal.

La aprobación de nuevos impuestos o el aumento de los mismos, no son una salida viable para lograr que la tan cantada estabilidad macroeconómica, se vea reflejada en los bolsillos de todos los mexicanos. Por el contrario, debemos lograr que esta crisis de la economía nacional, corra a cargo de los segmentos privilegiados del país, sobre todo de aquéllos que se han beneficiado exorbitante e indebidamente con los recursos públicos de la nación.

En México no se cuenta, hasta el día de hoy, con una legislación de esta naturaleza. Los ordenamientos que se han venido aprobando año con año, únicamente se han limitado a la expedición de lineamientos sobre disciplina y control del ejercicio presupuestario y a un capítulo de disposiciones de racionalidad en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. En ambos casos, sus alcances son cortos y superficiales, y los resultados no son claros ni cuantificados, por lo que es necesario que el Congreso de la Unión apruebe una ley como la que se propone.

Los legisladores de los partidos progresistas del país, creemos con firmeza, que es necesario hacer valer el principio político y ético consistente en que los funcionarios públicos deben aprender a vivir en la justa medianía, por lo que es necesario retomar el ejemplo de administraciones austeras inspiradas en el histórico gobierno republicano juarista.

La historia de México demuestra que no se ha hecho. Ha sido práctica cotidiana, que los servidores públicos al frente de las instituciones, se han provisto de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios, no previstos en la ley o en el Presupuesto de Egresos. Esos beneficios se suelen otorgar con apoyo en normatividades de dudosa constitucionalidad, que son aprobados en cada institución, al margen de un control estricto de la Cámara de Diputados y de la sociedad.

En una reciente publicación de la Auditoría Superior de la Federación titulada Areas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano. Oportunidades de mejora, publicado en el mes de agosto del año pasado, se señala lo siguiente en relación a la remuneración de los servidores públicos en este país:

En la actualidad, el total de las percepciones que se otorgan a los servidores públicos, se compone de conceptos tales como sueldo, sobresueldo, compensaciones, bonos, y ayudas diversas consistentes en vales de despensa, gasolina, despensa, despensas navideñas, comida de fin de año, exenciones fiscales y otro tipo de prestaciones complementarias de carácter especial.

La existencia de regímenes distintos, y en algunos casos de excepción en los Poderes de la Unión y en los órganos constitucionalmente autónomos, complica, confunde y refleja una alta opacidad y un exceso de discrecionalidad en materia de remuneraciones, debido a falta de criterios universales que sean aceptados y observados en toda la administración pública.

De algunos resultados obtenidos de diversas revisiones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, se desprendió que en el Poder Judicial de la Federación existían pagos superiores a los tabuladores establecidos, pago de aguinaldos mayores que lo autorizado y estructuras que no responden a su organización jerárquica.

Las convicciones de nuestro movimiento social tienen fundamento en el análisis de instituciones respetables del país. Formulamos esta propuesta, porque queremos, no sólo resolver la crisis económica o, generar recursos presupuestales para el desarrollo productivo y la realización de los programas sociales en beneficio de más personas, sino porque estamos convencidos de que una manera de generar equilibrio y justicia en la sociedad, reside en alentar políticas de mayor igualdad salarial entre todos los sectores del país.

México es un país de privilegios para unos cuantos y de carencias para millones. El sistema político e institucional está diseñado para privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Nosotros queremos cambiar esa situación. Proponemos un sistema diferente, basado en la igualdad y en la justicia social. No alcanzaremos la democracia, el estado de derecho o la seguridad pública, mientras no reduzcamos la opulencia de unos que se genera a costa de la miseria de la mayoría. Es necesario, muy especialmente en tiempos de crisis, proyectar desde los poderes públicos actitudes y valores que fomenten las prácticas de ahorro y austeridad en toda la nación.

La presente iniciativa sólo implica un esfuerzo de disciplina y compromiso con el servicio público. Los servidores públicos son eso, servidores y trabajadores del pueblo, en este entendido, resultan inaceptables los marcados contrastes entre las retribuciones de los servidores de alta jerarquía y los ingresos de la inmensa mayoría de la población a la que sirven.

El servicio público debiera ser una distinción en si mismo y no la alta remuneración que aleja y confronta a los trabajadores del Estado con los del pueblo al que debieran servir.

Por estas razones, la presente iniciativa, propone la disminución de las remuneraciones de los servidores públicos de mandos medios y superiores en un 50 por ciento, de igual manera se propone eliminar bonos y percepciones extraordinarias, prestaciones de servicios médicos privados, seguros de separación individualizado y cajas de ahorro especial para la alta burocracia de los tres Poderes de la Unión, de los órganos constitucionales autónomos y demás autoridades federales.

Se propone también la prohibición de otorgar pensiones extraordinarias a las establecidas en la Ley de Seguridad Social correspondiente, y la eliminación de las pensiones a los ex presidentes de la República.

Se destacan por su trascendencia, las obligaciones que se imponen a la Auditoría Superior de la Federación, para que ésta elabore y presente a la Cámara de Diputados un proyecto de tabulador único de percepciones y un proyecto de manual único de prestaciones, a los que deberán sujetarse todos los servidores públicos de los tres poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos y demás autoridades federales de la república.

En lo que hace a las disposiciones en materia de consolidación de adquisiciones, establecimiento de máximos en la contratación de asesores, medidas para prohibir la adquisición de vehículos para los servidores públicos, reducción del gasto corriente y de operación en las instituciones y el gobierno, la iniciativa que se presenta es una propuesta totalmente viable.

El fundamento constitucional que le permite al Congreso de la Unión legislar en esta materia se encuentra previsto en distintas fracciones del artículo 73 de la Carta Magna. La fracción XI de la norma citada precisa que el Congreso tiene facultad para crear y suprimir empleos públicos de la federación y señalar, aumentar, o disminuir sus dotaciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 73, fracción XXIV, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultad “Para expedir la ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la federación y las demás que normen la gestión, el control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales”. De la norma fundamental transcrita queda en evidencia la competencia del Congreso para legislar en esta materia, pues la disposición concede competencia al poder legislativo federal para regular la gestión, el control y la evaluación de los poderes de la Unión y de los demás entes federales.

Además el artículo 127 de la Constitución faculta a la Cámara de Diputados para determinar anual y equitativamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las remuneraciones a los servidores públicos.

Con base en lo expuesto, y con fundamento en los artículos 71, fracción I, y 74, fracción IV, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana

Unico. Se expide la Ley de Austeridad Republicana, para quedar como sigue:

LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Esta ley establece las reglas y principios de austeridad que deben cumplir los Poderes de la Unión, los órganos autónomos y las diversas autoridades federales de la república, independientemente de la naturaleza jurídica que posean.

La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de control interno de los entes arriba citados, se encuentran obligados a vigilar la debida observancia de las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 2. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer disposiciones de carácter general para racionalizar, reorientar y reducir en términos reales el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en los tres Poderes de la Unión, órganos autónomos y autoridades federales. Lo anterior sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas y con el fin de promover un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos.

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, se considera servidor público federal a los representantes de elección popular, a los miembros el Poder Judicial Federal, a los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la administración pública federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, al igual que a los que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, que implique la utilización de recursos públicos o el ejercicio de competencias jurídicas de carácter federal.

Artículo 4. Todos los ahorros generados por la aplicación de la presente ley deberán concentrarse en un fondo especial cuya aplicación deberá destinarse, año con año, a cubrir el déficit en las finanzas públicas y generar el desarrollo de la inversión productiva nacional y la ampliación de los programas sociales, previa aprobación de la Cámara de Diputados.

Capítulo II

De los Servicios Personales

Artículo 5. Se reducen en 50 por ciento las retribuciones o remuneraciones de los funcionarios públicos, en los términos de la fracción I del artículo 127 de la Constitución, desde director de área y homólogos, con niveles LC3 al GA1, en los tres poderes de la Unión, en los órganos constitucionales autónomos y en el resto de las autoridades federales de la república, independientemente de su naturaleza jurídica.

Artículo 6. No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias para los servidores públicos.

Artículo 7. Queda prohibida la creación de plazas de secretario privado, secretario técnico, coordinador, asesores o equivalentes.

Artículo 8. Queda prohibido el establecimiento de pensiones para servidores públicos distintas a las establecidas en la Ley de Seguridad Social correspondiente.

Artículo 9. La contratación de prestadores de servicios profesionales en los cuerpos legislativos, deberá sujetarse a los techos presupuestarios autorizados, conforme a los requerimientos mínimos establecidos para el trabajo legislativo. La contratación sólo será posible cuando no exista un servidor público que realice la misma función en un centro o instituto de estudio o investigación en cualquiera de las Cámaras.

Artículo 10. Se establecen las siguientes medidas de racionalidad en materia de recursos humanos:

a) No se crearán nuevas plazas de estructura de mandos medios y superiores ni de los niveles homólogos a éstos.

b) No se destinarán recursos del presupuesto para nuevas contrataciones.

c) Los titulares de las autoridades previstas en los artículos 1 y 2 de esta ley aprobarán durante los primeros 30 días del ejercicio presupuestal, las disposiciones específicas para limitar al mínimo indispensable las erogaciones de los recursos asignados a las contrataciones de personal eventual y de honorarios. Informarán de ello a los Organos Internos de Control y a la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 11. Queda prohibida la aprobación, reajuste y/o incremento de remuneraciones, escalas remunerativas, bonificaciones, asignaciones y beneficios de toda índole, cualquiera que sea su modalidad o fuente de financiamiento.

Capítulo III

De los Gastos en Servicios Generales y de Orden Social

Artículo 12. Los gastos de publicidad que lleven a cabo los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos y, demás autoridades federales, no podrá rebasar el 20 por ciento del presupuesto ejercido en 2012.

Artículo 13. La adquisición de bienes y servicios de uso generalizado se llevará a cabo de manera consolidada en cada uno de los poderes o entes públicos, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y oportunidad.

Artículo 14. Se eliminan los gastos por concepto de telefonía celular, remodelación de oficinas, estudios e investigaciones, arrendamiento de vehículos, aviones, equipo informático y pago de alimentación para funcionarios de mandos medios y superiores.

Artículo 15. Los poderes y organismos autónomos federales estarán obligados a emitir normas que rijan la realización de viajes nacionales e internacionales, en las que indicarán:

a) Los servidores públicos que pueden viajar;

b) Los supuestos por los que se pueden autorizar;

c) La justificación por parte del servidor público para viajar al extranjero;

d) El monto máximo de los viáticos a otorgarse;

e) La comprobación de viáticos conforme a los requisitos fiscales establecidos, y

f) La prohibición expresa para utilizar servicios de transportación, alojamiento o alimentación de lujo o con precios superiores a los promedio del mercado.

Asimismo, se reducirá el monto del gasto para la realización de viajes internacionales y nacionales en un 50 por ciento, con relación al ejercido en 2012.

Artículo 16. Las publicaciones, folletos, programas editoriales y similares, de todas las autoridades mencionadas en el artículo 1 de la presente ley, deberán ser impresas en papel reciclable, por lo que queda prohibido realizar publicaciones costosas y de lujo.

Artículo 17. Se prohíben las erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro tipo de foro o evento análogo.

Artículo 18. Queda prohibida la utilización de aeronaves privadas a cargo del presupuesto. Sólo los servidores públicos de mandos superiores podrán utilizar aeronaves comerciales, con excepción de aquellos funcionarios encargados de la seguridad, la atención a desastres naturales, o de la atención médica

Artículo 19. Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo obsequios con cargo al Presupuesto de Egresos, salvo en el caso del otorgamiento de obsequios en visitas de Estado o de otra índole, que por razones de protocolo así corresponda.

Artículo 20. Las instituciones referidas en el artículo 1o. de esta ley, se abstendrán de realizar con cargo al Presupuesto de Egresos, la edición e impresión de libros y publicaciones que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 21. Se prohíbe la adquisición de vehículos oficiales para los servidores públicos federales.

Artículo 22. Las dependencias y entidades deberán enajenar los bienes muebles, inmuebles que consideren como improductivos u obsoletos, ociosos, innecesarios o de desecho.

Capítulo IV

De los Controles y Disciplina en el Ejercicio del Gasto Público

Artículo 23. La Oficialía Mayor o equivalente en las dependencias, entidades, órganos autónomos, y poderes de la Unión, deberá establecer mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuestario, con el objeto de coordinar y garantizar el cumplimiento de los objetivos y estrategias de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria.

Artículo 24. Las contrataciones, adquisiciones y proyectos de inversión con carácter plurianual, deberán ser incluidas invariablemente en apartado específico y debidamente justificado del Proyecto de Presupuesto de Egresos que cada ejercicio fiscal se presente a la Cámara de Diputados, y la ejecución e implementación de los mismos queda sujeta a su aprobación en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 25. No se podrán realizar transferencias presupuestales de gasto de capital a gasto corriente, ni de programas estratégicos y prioritarios a programas de orden administrativo. Las transferencias entre partidas del mismo capítulo de gasto deberán ser autorizadas invariablemente por los titulares de las instituciones referidas en el artículo 1o. de la presente ley e informarse a los órganos internos de control.

Artículo 26. El total de las transferencias internas de las instituciones referidas en el artículo 1o. de esta ley, no deberá rebasar el 15 por ciento del presupuesto modificado para el ejercicio fiscal en curso, en el caso de que las transferencias internas rebasen el 15 por cien





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO Y DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

(Presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT)

La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la República, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO, Y LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La palabra patrimonio nos remite etimológicamente a aquellos bienes que heredamos de nuestros padres y, de nuestros ascendientes, es decir, la herencia de nuestros padres y de los padres de nuestros padres. Esta idea de patrimonio corresponde también, y de modo primordial, a la noción de colectividad. "Patrimonio" ha pasado a significar una realidad muy vasta de todo aquello que, como testimonio de los valores y el trabajo de las generaciones pasadas, forma hoy parte de los bienes individuales o sociales que han merecido y merecen conservarse.

Es así como el patrimonio ha venido a significar todo aquello que se transmite de generación en generación no son sólo cosas son ideas, conocimientos, representaciones del mundo, valores, costumbres y tradiciones, además de objetos, testimonios y documentos de otras épocas.

En este sentido, podemos decir que el patrimonio de una sociedad es esencialmente cultural: y lo constituyen aquellos bienes de suyo perdurables, los cuales son poseedores de una vigencia intemporal y de un significado particular para esa sociedad desde el punto de vista de sus creencias, su tradición y su identidad.

Por lo que debemos puntualizar que esos "bienes" no son necesariamente materiales, dado que el valor y los símbolos de que éstos son portadores han surgido de la vida de las sociedades y se encarnan en ella, y no únicamente en obras físicas. Es así como en la medida que estos valores viven y se transmiten de una generación a otra, puede considerarse también como patrimonio cultural, ya que se encuentra conformado por las prácticas que expresan tradiciones, rasgos simbólicos e inclinaciones de largo o reciente arraigo en un grupo social.

El patrimonio cultural comúnmente referido sólo a bienes materiales con un significado o valor particular de tipo arqueológico, histórico o artístico, debe ser ampliado y tiene que referirse también a las lenguas, música, costumbres, expresiones de las culturas populares, tradiciones, prácticas artesanales, acervo intelectual y, recientemente, acervos fílmico y fotográfico, entre otras manifestaciones de la cultura de un pueblo. Es por ello que en la actualidad podemos encontrar también el patrimonio cultural tangible e intangible de una nación. Consecuentemente, los conceptos de protección y conservación del patrimonio cultural se han enriquecido de manera notable. La preservación del patrimonio cultural no presupone únicamente las disposiciones jurídicas y las tareas para proteger del deterioro físico y de la amenaza de agentes sociales y naturales a monumentos históricos, obras de arte, vestigios arqueológicos, testimonios y documentos, sino también los conceptos y los medios para atender la conservación, mucho más compleja, de realidades lingüísticas, tradiciones musicales, técnicas artesanales, valores, modos de vida o visiones de la realidad.

Debemos considerar que el patrimonio cultural de una nación no solo se restringe a los testimonios materiales del pasado, que dan cuenta de un rico proceso histórico de formación de valores, sino que comprende también las formas vivas en que esos valores encarnan en la actualidad.

Por todo lo anterior, es por lo que necesariamente debemos preservar el patrimonio cultural tangible e intangible ya que ambos forman parte del patrimonio cultural de un pueblo, en lo que respecta a su acervo de obras, testimonios, valores y tradiciones que forman su cultura viva y actuante, y que habrán de enriquecerse con la creatividad del presente para constituir, el legado de las generaciones futuras.

Actualmente y debido a la dinámica social de nuestro país, se han acentuado distintos factores que han propiciando el cambio o deterioro de los valores personales y colectivos, que infieren directamente en la desvalorización del patrimonio cultural de nuestra nación.

Y aun y cuando nuestra legislación en esta materia es solida, es aun necesario precisar en su contenido la importancia de la conservación del patrimonio cultural.

Por lo anterior considero importante modificar el Párrafo tercero y la fracción VII del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la fracción VII del artículo 5, la fracción VIII del artículo 8, la fracción III del Artículo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos; la fracción XIII del Artículo 29 de la Ley General de Bienes Nacionales; la fracción VI del Artículo 9 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; la modificación del Artículo 2 y la adición de un artículo 41 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; con la finalidad de proteger la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, por ello la propuesta de reforma que hoy presento a esta tribuna, se detalla a continuación en el siguiente cuadro comparativo:

LEY VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 27. ...
...
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

 

...






I a VI. …

VII. …
...
Sin correlativo.

 

 

...
...
...
...
..;
VIII. a XX. …

Artículo 27. ...
...
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para la conservación y preservación del patrimonio cultural tangible e intangible, arqueológico e histórico; para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

...






I a VI. …

VII. …
...
Protegiendo en todo momento la preservación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, arqueológico e histórico que se encuentre dentro de su territorio.

...
...
...
...
..;
VIII. a XX. …

LEY VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

ARTICULO 5o.- …:
I. a VI. …;
VII. La protección del patrimonio cultural de los centros de población, y
VIII. ...

ARTICULO 5o.- …:
I. a VI. …;
VII. La protección del patrimonio cultural tangible e intangible, arqueológico e histórico de los centros de población, y
VIII. ...

ARTICULO 8o.- …:
I. a VII. …;
VIII. Participar, conforme a la legislación federal y local, en la constitución y administración de reservas territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra urbana, la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como en la protección del patrimonio cultural y del equilibrio ecológico de los centros de población;

IX. a XIII. ..

ARTICULO 8o.- …:
I. a VII. …;
VIII. Participar, conforme a la legislación federal y local, en la constitución y administración de reservas territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra urbana, la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como en la protección, preservación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, arqueológico e histórico y del equilibrio ecológico de los centros de población;
IX. a XIII. ...

ARTICULO 33.- …:
I. a II. …;
III. La preservación del patrimonio cultural y de la imagen urbana de los centros de población;

IV. a XI. …, y
X. ...

ARTICULO 33.- …:
I. a II. …;
III. La preservación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, arqueológico e histórico y de la imagen urbana de los centros de población;
IV. a XI. …, y
X. ...

LEY VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

ARTICULO 7.- …:
I.- a XI.- …;
XII.- Los inmuebles considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia;
XIII.- a XIV.- ...

ARTICULO 7.- …:
I.- a XI.- …;
XII.- Los inmuebles considerados como monumentos culturales tangibles e intangibles, arqueológicos e históricos conforme a la ley de la materia;
XIII.- a XIV.- ...

LEY VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

ARTICULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaria de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación. Además se establecerán museos regionales.

ARTICULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos culturales tangibles e intangibles, arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaria de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos culturales tangibles e intangibles, arqueológicos, históricos y artísticos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural tangible e intangible de la Nación. Además se establecerán museos regionales.

Sin correlativo.

ARTICULO 41 Bis.- Zona de monumentos culturales tangibles e intangibles, son aquellos bienes que la historia le ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética.

I. El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones materiales.

a) El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural de nuestro país.

b) El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados como tal.

II. El patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías tradicionales de nuestra tierra.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el tercer párrafo y se adiciona un párrafo tercero a la fracción VII del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

...

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para la conservación y preservación del patrimonio cultural tangible e intangible, arqueológico e histórico; para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

...

I. a VI. …

VII. …

...

Protegiendo en todo momento la preservación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, arqueológico e histórico que se encuentre dentro de su territorio.

...

...

...

...

..;

VIII. a XX. …

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción VII del artículo 5, la fracción VIII del artículo 8 y la fracción III del artículo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 5o.- …:

I. a VI. …;

VII. La protección del patrimonio cultural tangible e intangible, arqueológico e histórico de los centros de población, y

VIII. ...

ARTICULO 8o.- …:

I. a VII. …;

VIII. Participar, conforme a la legislación federal y local, en la constitución y administración de reservas territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra urbana, la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como en la protección, preservación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, arqueológico e histórico y del equilibrio ecológico de los centros de población;

IX. a XIII. ...

ARTICULO 33.- …:

I. a II. …;

III. La preservación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, arqueológico e histórico y de la imagen urbana de los centros de población;

IV. a XI. …, y

X. ...

ARTICULO TERCERO.- Se reforma la fracción XII del artículo 7, de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

ARTICULO 7.- …:

I.- a XI.- …;

XII.- Los inmuebles considerados como monumentos culturales tangibles e intangibles, arqueológicos e históricos conforme a la ley de la materia;

XIII.- a XIV.- ...

ARTICULO CUARTO.- Se reforma el artículo 2, y se adiciona un artículo 41 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para quedar como sigue:

ARTICULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos culturales tangibles e intangibles, arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaria de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos culturales tangibles e intangibles, arqueológicos, históricos y artísticos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural tangible e intangible de la Nación. Además se establecerán museos regionales.

ARTICULO 41 Bis.- Zona de monumentos culturales tangibles e intangibles, son aquellos bienes que la historia le ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética.

I. El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones materiales.

a) El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural de nuestro país.

b) El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados como tal.

II. El patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías tradicionales de nuestra tierra.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 6 de agosto del año 2014.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XX-B AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL NUMERAL 6 AL ARTICULO 40 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XIII AL ARTICULO 26 Y SE REFORMA EL ARTICULO 71 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

"La suscrita, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XIII AL ARTICULO 26 Y SE REFORMA EL ARTICULO 71, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde el siglo XIX, la comunidad científica comenzó a estudiar los cambios que sufría el clima y se identificó por primera vez el efecto invernadero natural. Sin embargo, fue hasta mediados del siglo XX que la comunidad científica recolectó la información necesaria para comprobar que las concentraciones del dióxido de carbono en la atmósfera estaban aumentando rápidamente; aunque tuvieron que pasar muchos años para que la comunidad internacional reaccionara.

Los primeros esfuerzos que se promovieron desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reducir el aceleramiento del cambio climático, se reflejaron en la elaboración y posterior entrada en vigor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático1. Esta convención establece compromisos para los Estados con base en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas; bajo este principio los países del Anexo I o países desarrollados, adoptaron el compromiso cuantitativo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para regresar, en el año 2000, a los volúmenes de emisión que tenían en 1990 y mantenerse en esos niveles. Desde este momento hasta el día de hoy se han desarrollado medidas tendientes a reducir las causas del calentamiento global a nivel internacional.

La primera adición a esta convención marco se llevó a cabo en 1997 con la aprobación del Protocolo de Kyoto, que estableció metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países industrializados y la Unión Europea.

El Protocolo de Kyoto entró en vigor el 16 de febrero de 2005 para las naciones que han depositado su instrumento de ratificación; entre ellas México, que ratificó el instrumento en el año 2000 y que como país que no forma parte del Anexo I no tiene obligaciones cuantitativas de reducción de emisiones de GEI.

En el año 2007, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) creado por iniciativa de la Organización Mundial Meteorológica (OMM) y por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1988, publicó su Cuarto Informe de Evaluación2, en el cual determina que efectivamente se está produciendo el cambio climático, señalando al ser humano como el causante y que el esfuerzo global realizado hasta entonces era ineficiente.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebró en Doha, Qatar, en 2012, los Gobiernos consiguieron consolidar los logros de años de negociaciones internacionales en materia de cambio climático, y abrir una puerta hacia la inevitable necesidad de aumentar la ambición y la acción climática en todos los niveles.

Finalmente, en 2013, se llevó a cabo la Conferencia de de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Varsovia, Polonia. En esta conferencia nuestro país tuvo un rol destacado y señaló, entre otras cosas, que se debe establecer un pronto acuerdo para reducir emisiones de gases invernadero y no hasta 2020, como está previsto.

Al respecto, es importante señalar que México realiza diversas actividades para dar cumplimiento a sus compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entre las que se encuentran la elaboración de documentos de planeación a nivel nacional y estatal, y la elaboración de las comunicaciones nacionales de México con sus respectivos inventarios de emisiones.

De igual manera, la Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, obliga al Gobierno Federal y a las Entidades Federativas a enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Sin embargo, un aspecto que es importante señalar es que se han separado los temas de medio ambiente de los de Derechos Humanos, siendo el medio ambiente sano un prerrequisito para el ejercicio de los mismos. Asimismo, es pertinente señalar que las obligaciones de Derechos Humanos pueden ser pertinentes para las respuestas al cambio climático y promover la resistencia al mismo.

Tomando en cuenta que el calentamiento global tiene como resultados la elevación del nivel de los océanos3, incremento de la intensidad de las ondas de calor, inundaciones más frecuentes, ciclones tropicales, tifones y huracanes más intensos, disminución de la disponibilidad de agua potable, entre otros; y que estos tienen un impacto directo en la vida de millones de personas alrededor del mundo, en particular afectando a las poblaciones en especial situación de vulnerabilidad. Es importante darle una mayor protección a estos grupos que generalmente poco aportan al cambio climático, ya que se profundiza la desigualdad y se endurece la situación existente de vulnerabilidad4..

La relación entre Derechos Humanos y el cambio climático ha sido analizada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU5, el Banco Mundial6 y la Organización de los Estados Americanos (OEA)7. Dentro de estos estudios, los organismos internacionales han destacado la importancia de incluir dentro de las políticas de cambio climático la perspectiva de Derechos Humanos, de manera que se no se aparte la una de la otra sino se complementen.

Tomando en cuenta que nuestro país es uno de los principales promotores en el mundo de la protección y respeto de ambas temáticas, es importante que nuestra legislación nacional demuestre congruencia con lo fijado por nuestro país ante los organismos internacionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Unico: Se adiciona una fracción XIII al artículo 26 y se Reforma el Artículo 71, ambos de la Ley General de Cambio Climático.

Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de:

I a la XII…

XIII. Promover, respetar, garantizar y proteger los Derechos Humanos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, con enfoque particular en la protección a grupos en especial situación de vulnerabilidad.

Artículo 71. Los programas de las Entidades Federativas en materia de cambio climático establecerán las estrategias, políticas, directrices, objetivos, acciones, metas e indicadores que se implementarán y cumplirán durante el periodo de gobierno correspondiente de conformidad con la Estrategia Nacional, el Programa, las disposiciones que de ella deriven.

Los programas de las Entidades Federativas se elaborarán al inicio de cada administración y deberán incluir: La protección a los Derechos Humanos, la equidad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables al cambio climático, indígenas, personas con discapacidad, académicos e investigadores

TRANSITORIO

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de agosto de 2014.

Sen. María Cristina Díaz Salazar"

1 Ratificada por el Estado Mexicano el 11 de marzo de 1993

2 IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 104 págs.http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf

3 De acuerdo con el estudio del IPCC "Cambio Climático 2007", anteriormente citado, en los últimos 100 años el aumento de la temperatura fue de 1 °C. Si se mantiene la velocidad actual, se estima que la temperatura media de la tierra suba entre 2.5 y 4 °C para el 2050, lo que provocaría que se eleve el nivel de los océanos entre 18 y 59 cm.

4. Cfr. Harvard Environmental Law Review. Vol 33, Siobhán McInerney-Lankford. "Climate Change and Human Rights: An Introduction to Legal Issues" pg 431

5 OHCHR. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la relación entre el cambio climático y los derechos humanos, 15 de enero de 2009. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/103/47/PDF/G0910347.pdf?OpenElement

6 The World Bank. "Human rights and climate change: a review of the international legal dimensions" 2011. http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/04/25/000356161_20110425021031/Rendered/PDF
/613080PUB0Huma158344B09780821387207.pdf

7 OEA. "Derechos Humanos y Cambio Climático en las Américas" Junio 2008. https://www.oas.org/dil/esp/AGRES_2429.doc





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 1° Y EL ARTICULO 9 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El proponente RICARDO MEJIA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL AVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO Y EL ARTICULO 9 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

México es uno de los países de mayor riesgo de pobreza entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y prácticamente duplica el promedio de los integrantes de ese bloque1 .

Aún cuando ejercicio tras ejercicio, en el presupuesto de egresos de la federación se incrementa el monto de recursos públicos (gasto social) dirigidos a la población en condición de extrema pobreza, tal como lo establece la Ley de Desarrollo Social en su artículo 20 que la letra dice:

Artículo 20. El presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior.

Las cifras más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) muestran que, a 2012, 19.7% de la población se encuentra en condición de pobreza.

La medición de la pobreza en México se basa en derechos que incorporan tres grandes espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social considera que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia en alguno de los indicadores asociados al espacio de garantías sociales y su ingreso no le permite acceder a los bienes y servicios que se consideran esenciales.

Frente a cifras, porcentajes y sobre todo frente a la inopia que se manifiesta, y está latente en el diario vivir de los mexicanos; la conclusión es irrefutable: los programas impulsados por el Estado en materia de desarrollo social, sólo alcanzan a ser paliativos de un problema que quisieran ver de manera inextricable.

Requerimos de un Estado de Derecho socialmente responsable, justo y equitativo, garante de los derechos sociales, de una política social incluyente que dé cabida a nuevos actores sociales, que empodere a las personas mediante la creación de instituciones y sociedades cohesivas, y responsables, que tenga por objetivo garantizar las condiciones para una mejor calidad de vida de los mexicanos.

A través de una eficaz y eficiente respuesta así como de transparencia en el uso de los recursos por parte de las instituciones encargadas de dar seguimiento a la problemática, mediante el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que respondan e impacten en los sectores más vulnerables de la sociedad que se encuentran sumergidos en la miseria, en el abandono, por reglas de operación que son taxativas.

Se trata de diseñar e implementar una nueva política social, por lo que la presente iniciativa abonará en pro de una nueva gestión pública que incorpore dentro del marco jurídico las técnicas y métodos que permitan ya no una simple estrategia contra el alivio a la pobreza, sino a través del reconocimiento de los desequilibrios y la desigualdad imperante; mejorar la noción de desarrollo social.

Entendamos por desarrollo social al proceso fundamental que a través de políticas, medidas, planes y programas hace posible el acceso real al pleno disfrute de los derechos de la población, (educación, salud, empleo, vivienda y alimentación) para garantizar una mejora en las condiciones y calidad de vida de las personas, bajo los principios de equidad, sustentabilidad y justicia social.

En los últimos años el descenso en la calidad de vida de los mexicanos ha sido notorio, el estancamiento del ingreso debido a la precariedad en los salarios, a la falta de oportunidades son reflejo de los recientes datos del Coneval: 53.3 millones de personas viven en pobreza.

Esto se traduce en carencias de alimentación, acceso a la salud, a la seguridad social, al tiempo de presentar rezago educativo y en la calidad de espacios en la vivienda y servicios básicos de la misma.

Es menester implementar dentro de la ley de desarrollo social conceptos clave que permitan un mejor diseño e implementación de la política social.

Por lo que se pretende logra un mejor uso de los recursos disponibles mediante estrategias de focalización, en el diseño e implementación de políticas públicas (sociales), que consiste en dirigir las acciones a una población o territorios definidos para concentrar la atención sobre un determinado problema o necesidad. Esta herramienta se encuentra implícita dentro de la Nueva Gestión Pública que permite avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que garanticen la plena exigibilidad de los derechos sociales.

Entendamos la importancia de las políticas públicas tal como lo citan “Ozlack y O‟ Donnel las definen como: el conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión, que concita el interés, la atención y movilización de otros actores del tejido social. Son “acordes” de un “proceso social”. Para estos autores, una cuestión es un asunto socialmente problematizado, generador de procesos sociales, expresa necesidades y demandas. Su ciclo vital tiene origen al constituirse como tal y su resolución no necesariamente coincide con la solución del problema”2 .

Desde esta visión, las políticas públicas implican la toma de posición que intenta resolver una cuestión, que concita el interés de los actores involucrados. Dar cuenta de las causas, de los actores involucrados. Tener en cuenta los procesos sociales tejidos alrededor del origen, tratamiento y eventual resolución de una cuestión. Esta matriz permite describir variables para abordar el estudio de políticas públicas y dar cuenta de su funcionamiento.

La complejidad alcanzada por la sociedad nacional, la diversificación de los intereses y los elevados grados de heterogeneidad y desigualdad existentes hacen necesario avanzar hacia una nueva agenda social considerando una mayor diversidad de planos, ir más allá del objetivo de superar la pobreza. Para alcanzar en mayor medida la equidad se requiere una política de desarrollo social que integre lo económico y lo social y que considere la mayor equidad en la definición de la estrategia de desarrollo y de la política macroeconómica.

¿Qué es la focalización?

La focalización es un criterio para la formulación de programas que se caracteriza por identificar, con la mayor precisión posible, al conjunto de los beneficiarios potenciales con el objetivo de generar un efecto per cápita elevado mediante transferencias monetarias o la entrega de bienes y servicios. Por tal razón, es recomendable a fin de que los programas sociales atiendan efectivamente a los sectores objetivo y evitar que se dispersen hacia otros grupos sociales de mejor condición económica.3

El propósito de la focalización es asegurar que los beneficios de las acciones lleguen a las familias que más requieren las intervenciones públicas.

En el caso de la política social, éstas son las familias más pobres. Se trata de lograr un mayor impacto per cápita que el que podría derivarse de una política general que se aplica por igual a toda la población. Es una orientación que busca propiciar la eficiencia en la gestión de los recursos.

De ahí el esfuerzo por lograr un mejor uso de los recursos disponibles mediante estrategias de focalización, que consisten en dirigir las acciones a una población o territorio definidos, para concentrar la atención sobre un determinado problema o necesidad.

La focalización es una forma de promover la equidad, por lo que su ausencia puede, incluso, ampliar las brechas de injusticia y aumentar la inequidad.

Focalizar representa un aspecto esencial de modernización de la política social, para lo cual es necesario contar con información estratégica. Dentro del mismo marco, la información es un instrumento para impulsar la integración de las políticas sociales entre sí, a la vez que se busca asegurar que no se dispersen, atomicen, ni se dupliquen los beneficios de las acciones. También resulta ser una herramienta clave para la generación de evidencia y la evaluación de los resultados e impacto de los programas que deben ser aplicados en el proceso de mejora continua del diseño e implementación de las acciones.

México es un país con elevados niveles de desigualdad, con diversificación de los intereses, con altos grados de heterogeneidad y desigualdad, razón por la cual el concepto de focalización es importante en el diseño de políticas sociales, rumbo a un nuevo modelo de gestión social, con gestión de calidad.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 1° Y EL ARTICULO 9 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

Artículo Primero. Se modifica la fracción VIII del artículo 1° y el artículo 9 de la Ley General de Desarrollo Social.

Artículo 1.- La presente …

I-VII.

VIII. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento que garanticen el cumplimiento de los programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social, y

IX.

Artículo 9.- Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias, y asistenciales y focalizadas, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.

TRANSITORIO

Unico.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en H. Comisión Permanente, el 6 de agosto de 2014.

Atentamente

Dip. Ricardo Mejía Berdeja.

1 La Jornada. “El riesgo de precariedad subió de 19 a 21%, cuando en el organismo es de entre 9 y 11%. México, de los países con mayor pobreza laboral y más informalidad, dice OCDE. ”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/economia/023n1eco.
2 Oszlak, Oscar y O'Donnell Guillermo. Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación* Publicado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), CLACSO/Nº4, 1981.
3 l. Rolando Franco, "Cómo hacer más eficientes las políticas socia les en la década de los noventa", Memorias del Seminario Políticas Sociales, Desarrollo Regional y Modernización del Estado, Pereira, Corpes de Occidente, 1993





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe, María Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

El 17 de junio del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la promulgación de la Reforma Constitucional a la fracción III del apartado A del artículo 123 Constitucional, que eleva de 14 a 15 años la edad para trabajar a los menores de edad. Con este nuevo texto constitucional se salvaguardan los derechos de los niñas y niñas con relación a las actividades laborales.

Sobre esta temática, el 30 de abril del 2013 presenté iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo en materia de trabajo infantil, misma que fue turnada a la Comisiones de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos, Primera para su dictaminación y posible aprobación, sin embargo continúa en las comisiones anteriormente mencionadas.

Es importante destacar que a raíz de los cambios Constitucionales y con el fin de armonizar la legislación en la materia con el texto Constitucional, presento la siguiente iniciativa:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con la definición establecida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo infantil1, este es positivo siempre y cuando la participación de las niñas, los niños y los adolescentes en un trabajo no atente contra su salud y su desarrollo personal, ni interfiera con su escolarización. Usualmente el término de trabajo infantil es utilizado para definir todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad; y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

Las causas que originan el trabajo infantil y la búsqueda de mecanismos para erradicarlo, son temas que han generado un gran interés en la sociedad en general. En realidad, el trabajo infantil es un problema de inmensas proporciones y de ámbito mundial, y representa una grave violación a los derechos fundamentales de la infancia.

Cabe mencionar que la OIT alertó a nuestro país sobre el rezago que persiste en la protección de la infancia, y señaló que 4 de cada 10 niños mexicanos no logran combinar trabajo y educación y en consecuencia dejan la escuela, muchas veces incluso antes de terminar la secundaria2.

En México, según los últimos resultados publicados de manera conjunta por la UNICEF y el INEGI, hay 3,647, 067 trabajadores de entre 5 y 17 años de edad, de un total de 29,203, 394 niñas y niños en este mismo rango de edad3. Esto significa que el 12,5 por ciento de la población infantil de 5 a 17 años está trabajando, lo que representa más de la décima parte.

La problemática del trabajo infantil está estrechamente vinculada con el entorno social, cultural y económico de nuestro país, por lo que sus causas son muy diversas. Sin embargo, han existido avances en la materia como la creación de la Red Nacional de Comisiones Estatales contra el Trabajo Infantil, integrada por 31 entidades federativas que han instalado o publicado el acuerdo o creación de su comisión respectiva.

Previo a la reforma Constitucional, la edad legal permitida para trabajar era de 14 años, sin importar qué tipo de trabajo realizara el menor; esa edad no es la recomendada por la OIT que establece los 15 años como edad mínima, y es un factor determinante, ya que provoca que los niños que no han concluido su educación básica entren a trabajar, y tal vez nunca dejen de hacerlo, renunciando a su derecho a la educación básica, media o media superior.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que la educación de las niñas, niños y adolescentes resulta altamente rentable individual y socialmente. Recomienda la dedicación de la niñez al estudio por lo menos de 10 a 12 años, y preferentemente llegar a un nivel de educación secundaria completa. Se estima que esto se traduciría en 80 por ciento de probabilidad de no caer en la pobreza.

Para poder interpretar de manera adecuada el problema del trabajo infantil, hay que tener en cuenta ciertas cifras y datos. Según la definición de trabajo infantil adoptada en el Módulo de Trabajo Infantil 2007 realizado por la OIT y UNICEF, son clasificados como trabajadores aquellos niñas y niños que han llevado a cabo una actividad económica, por lo que en los más de 3,6 millones de trabajadores infantiles del país no están incluidos quienes trataron de obtener algún ingreso cuidando automóviles en las calles, limpiando parabrisas en los cruceros, cantando en el transporte público u ofreciendo diversos tipos de entretenimiento como las niñas y los niños “traga fuego”, los que se acuestan sobre cristales rotos o los ”payasitos”. Si se contabilizara este tipo de actividades, aumentaría la cifra oficial de manera considerable, haciéndonos notar que más de 5 por ciento de toda la población en México sean niños trabajando, evidenciando una gran deficiencia en el sector laboral.

El tipo de actividad que llevan a cabo las niñas y los niños que trabajan, y el tiempo que dedican a su trabajo, son dos de los aspectos más importantes en la definición internacional del trabajo infantil por el impacto negativo que ambos pueden tener en el desarrollo durante la niñez. El conocimiento de las circunstancias específicas en que se produce el trabajo permite identificar las condiciones adversas y la exposición a riesgos. La duración de la jornada laboral puede representar también una clara amenaza para el pleno goce de los derechos de los niños y las niñas, cuando interfiere en el proceso de aprendizaje –asistencia a la escuela y desempeño escolar– o cuando impide el ejercicio de otras actividades, como el juego y esparcimiento.

Una aproximación a la magnitud del problema es analizar la distribución de las niñas y los niños según el tiempo que invierten en su trabajo. El 35.5 por ciento de los trabajadores entre 5 y 17 años dedica un mínimo de 35 horas a la semana al trabajo, lo que significa un promedio de 5 horas diarias trabajando todos los días de la semana, ó 7 horas si lo hacen de lunes a viernes; a esto se le agrega que 14 de cada 100 niños y niñas que trabajan no tienen un horario regular.

Una de las consecuencias más reprobables del trabajo infantil se manifiesta en las dificultades que presentan las niñas y los niños que trabajan para asistir a la escuela; y, cuando sí asisten, las adversidades para lograr un desempeño adecuado.

En su expresión más aguda, el trabajo infantil tiene un efecto pernicioso en el proceso de formación escolar, interfiriendo en el ejercicio de uno de los derechos fundamentales de la niñez. Aunque existen varias razones por las que las niñas y los niños pueden no asistir a la escuela –no todas ellas vinculadas siempre con el trabajo–, es importante conocer en qué medida la condición de estar en actividades laborales impide la asistencia escolar, afectando a este segmento de la población.

En México, según datos del INEGI, la tasa de escolarización para el total de la población entre 5 y 17 años es de 89.5 por ciento, lo que significa que 10.5 por ciento de los niños y las niñas de este mismo rango de edad no asiste a la escuela. Este porcentaje se traduce, en términos absolutos, en 3,074,874 niños y niñas, de los cuales 52 por ciento son niños y 48 por ciento niñas. Asimismo, la incidencia de la inasistencia escolar está distribuida de manera similar en ambos grupos, dado que no concurren a un centro escolar el 10.9 por ciento de los niños y el 10.1 por ciento de las niñas.

Esto muestra que, en México, un alto porcentaje de las niñas y los niños que trabajan no están dedicando el tiempo necesario a la escuela para lograr una preparación adecuada y así poder tener en un futuro un trabajo bien remunerado.

Según las investigaciones de la CEPAL, cada año menos de educación básica se refleja en un 10 por ciento menos de ingresos en la vida adulta; y si trabajan y no asisten a la escuela, pueden percibir hasta seis veces menos ingresos que los que sí asistieron. Todo ello justifica plenamente que la infancia en edad escolar, entendida como la etapa de vida anterior a los quince años, se dedique exclusivamente a la escuela.

Un reciente estudio de la OIT, ha puesto de manifiesto que la erradicación del trabajo infantil en las economías en transición y en desarrollo puede generar beneficios económicos casi siete veces superiores a los costos, que están asociados con las inversiones en mejores tasas de escolaridad y en mejores servicios sociales.

El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano forma parte, habiéndose comprobado que entorpece el desarrollo de los niños y que, potencialmente, les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida.

Se ha demostrado en diversos estudios que existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil, y que éste perpetúa la pobreza durante generaciones, dejando a los hijos de las familias con menores ingresos fuera de la escuela y limitando así sus posibilidades de ascender en la escala social.

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad; esta iniciativa tiene como objeto hacer valer todos estos derechos, empezando desde lo más básico al establecer en Ley la edad mínima para trabajar recomendada por la Organización Internacional del Trabajo.

La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada desde la Declaración de los Derechos del Niño de la Liga de Naciones 1924, también con la creación de la UNICEF a raíz de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial en 1947, a la cual se le concedió el estatus de Organización Internacional permanente en 1953, y en diversos tratados internacionales como: la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1959; la proclamación del año del niño en 1979 por las Naciones Unidas y finalmente la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, convención aprobada por 190 de los 192 países miembros de las Naciones Unidas; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.

Inclusive a nivel regional se han llevado a cabo esfuerzos para proteger a la niñez, desde la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador o inclusive con la creación de instrumentos específicos como la Convención Interamericana sobre la Restitución de Menores, la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarías. En congruencia con el marco internacional, es menester reformar la legislación nacional vigente para que se cumplan los tratados internacionales en la materia, proporcionando a las niñas y niños mexicanos un mejor desarrollo.

Debemos recalcar que esta problemática repercute no sólo en el destino de la niñez trabajadora, disminuyendo o anulando sus posibilidades de desarrollo –en una violación evidente de los derechos de la infancia–, sino que igualmente incide en el destino de México como nación.

Es por lo anterior que a falta de la ratificación del Convenio 138 de la OIT, que especifica que la edad mínima para empezar a laborar es de quince años, se propone establecer en la legislación secundaria vigente que la edad mínima para trabajar sea la pactada por la Constitución y recomendada por la OIT, porque como se hace notar en la información anterior, nuestro país tiene que emprender una lucha en contra del trabajo infantil, garantizando los derechos fundamentales de los niños, procurando que las y los niños mexicanos asistan a la escuela como mínimo hasta cumplir la edad recomendada, completando los estudios de educación básica antes de emprender una vida laboral.

En medio de la creciente preocupación sobre el impacto de la desaceleración económica, la OIT advirtió en un informe que los esfuerzos para eliminar las peores formas de trabajo infantil están perdiendo fuerza, y exhortó a “revitalizar” la campaña mundial para erradicar esta práctica.

Adicionalmente, la OIT ha señalado que de 2008 a 2012 el número mundial de niños trabajadores ha disminuido de 245 millones a 168 millones, lo que representa grandes avances en la materia a nivel mundial, aunque actualmente el 11% de la niñez a nivel mundial trabaja.

En el informe de la OIT “Intensificar la lucha contra el trabajo infantil”, se presentan estimaciones detalladas sobre esta práctica. El más alto mejoramiento se ha registrado entre las niñas y los niños de 5 a 14 años; en este grupo, la incidencia disminuyó en un 10 por ciento. Entre las niñas disminuyó de manera considerable en un 15 por ciento; sin embargo, aumentó entre los niños en un 7 por ciento. Además, el trabajo infantil entre los jóvenes de 15 a 17 años aumentó en un 20 por ciento, de 52 millones a 62 millones.

Dando seguimiento a la discusión sobre el Informe Global durante la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2010, el Consejo de Administración de la OIT, integrado por representantes de Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y la Federación de Rusia, países con mayor importancia industrial, aprobó en noviembre de ese mismo año el Plan de Acción Mundial para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil para 2016 –el ambicioso objetivo que se propuso por primera vez en el Informe global sobre trabajo infantil de 2006. El Plan de Acción Mundial de 2010 presenta un programa estratégico y un plan de acción para la OIT y, en particular, para el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), que se aplicará durante los próximos años hacia el logro de su objetivo en 2016. El Plan de Acción incorpora y hace referencia específicamente a la Hoja de Ruta adoptada durante la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, llevada a cabo en La Haya en mayo de 2010

En este sentido, la comunidad internacional se ha fijado como metas: la eliminación de todo el trabajo infantil para el año 2020, y la erradicación de las peores formas de trabajo infantil para el año 2016. Sobre esta última meta el Artículo 3 del Convenio número 182 de la OIT determina que son aquellas que ponen en peligro el desarrollo físico, mental o moral del niño, sea por su naturaleza o por las condiciones en las que se efectúa

 a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;

b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;

c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y 

d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.”

Con el motivo de erradicar estas prácticas a nivel nacional, proteger los derechos humanos de la niñez y reforzar el marco jurídico actual, tenemos la obligación de armonizar la legislación reglamentaría vigente con el convenio 182 de la OIT ratificado por el Estado Mexicano el 30 de junio del año 2000 y con la reforma Constitucional recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.

Unico: se reforman los artículos 5, 22, 22bis, 173, 174, 175 Bis. 176 y 362 de la Ley Federal del Trabajo y se adicionan los artículos 23 bis, 23 ter, 23 quarter, 173 bis, 173 ter y 173 quarter a la misma, para quedar como sigue:

Artículo 5.-…

I. Trabajo para niños menores de quince años.

II a la XIII…

Artículo 22.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 22 Bis.- Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 15 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley.

Artículo 23 Bis.- Queda estrictamente prohibido el trabajo de menores de 15 años en todo el territorio nacional.

Artículo 23 ter.- A los efectos del presente ordenamiento, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, previa autorización de los padres, tutores o de quien ejerce la patria potestad, ó de las autoridades del trabajo, es de quince años.

Artículo 23 quarter.- Queda estrictamente prohibido en todo el territorio nacional:

a. La venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas, y el trabajo forzoso u obligatorio,

b. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;

c. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y

d. El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

Artículo 173.- El trabajo de los menores de quince años queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo tanto federales como locales.

Artículo 173 bis. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con las autoridades del trabajo en las Entidades Federativas, desarrollarán programas que permitan identificar, localizar y erradicar prácticas de trabajo infantil.

Artículo 173 ter.- Las autoridades competentes mencionadas deberán elaborar y poner en práctica programas de acción para eliminar, como medida prioritaria, el trabajo infantil.

Dichos programas deberán elaborarse y ponerse en práctica en consulta con las instituciones gubernamentales competentes y las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Asimismo, se deberán adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de:

a. impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil;

b. prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social

c. asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional;

d. identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos, y

d. tener en cuenta la situación particular de las niñas.

Artículo 173 quarter.- Los trabajadores mayores de quince años, pero menores de dieciséis, que no hayan terminado su educación obligatoria, podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 174.- Las personas mayores de quince años y menores de dieciocho años, independientemente de contar con la autorización de los padres, tutores o de quien ejerce la patria potestad, ó de las autoridades del trabajo, deberán obtener en cualquier institución pública de salud un certificado médico gratuito que acredite su aptitud para el trabajo y una vez que adquieran la condición de persona trabajadora, deberán someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ninguna persona empleadora podrá utilizar sus servicios.

Artículo 175 BIS.- Para los efectos de este capítulo, no se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quince años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes disposiciones:

A), a la B)…

c) Las contraprestaciones que el menor reciba por sus actividades nunca podrán ser inferiores a las que por igual concepto reciban en condiciones similares los mayores de quince y menor de dieciséis años.

Artículo 176. Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores peligrosas o insalubres, las siguientes:

A. Tratándose de menores de quince a dieciséis años de edad, aquellos que impliquen:

I a VII…

B…

I a V…
Artículo 362. Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de quince años.

TRANSITORIO

Artículo primero: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de agosto de 2014.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

1 Página Oficial OIT: http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm

2 Cfr. Página oficial de la OIT: http://www.ilo.org/mexico/noticias/WCMS_247638/lang--es/index.htm, fecha de consulta 24/06/14.

3 Página oficial de la UNICEF México: http://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6928.htm





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 48 Y SE ADICIONA UNA FRACCION X AL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Presentada por el Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI)

TEOFILO TORRES CORZO Senador de República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 numeral 1 fracción I, artículo 164 numeral 1, artículo 169 numerales 1 y 4, y artículo 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 48 Y SE ADICIONA UNA FRACCION X AL ARTICULO 49, AMBOS, DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De manera progresiva, desde hace ya varias décadas, el Estado mexicano y sus distintos componentes e integrantes se han venido ocupando de ensanchar y profundizar los ámbitos y niveles de la participación ciudadana, con el fin de consolidar la gobernanza democrática, para alejar y rechazar todo asomo autoritario o patrimonialista en los asuntos públicos, esto es, en los temas que conciernen a todas y a todos.

Lo anterior queda de manifiesto en la elaboración y vigencia de distintos marcos normativos de diferentes ámbitos que se han orientado a promover, facilitar y garantizar la participación social. Por ejemplo, en 2001 se publicó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que facultó como actores formales en del desarrollo rural, a los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes.1

En2004, se expidió la Ley General de Desarrollo Social, la cual definió a la participación social como el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social.2

Recientemente, en marzo del presente año, se promulgó la Ley Federal de Consulta Popular, que tiene por objeto regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular y promover la participación ciudadana en las consultas populares.3

En ese orden de ideas, es pertinente reconocer que esta dinámica también se ha desarrollado en las entidades federativas, ya que en la mayoría de ellas existe un marco regulatorio específico para regular y sustentar la participación ciudadana.4

Sin embargo, existen marcos normativos como la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), que requiere con urgencia, mayor apertura a la intervención de los ciudadanos y de sus organizaciones a fin de contribuir a garantizar la protección de sus derechos, así como para facilitar la gestión democrática y eficaz de las políticas públicas, que en este caso, corresponden al desarrollo urbano y a los asentamientos humanos.

Esta Ley en vigor a la fecha, fue promulgada en julio de 1993, abrogando a la entonces vigente desde el año de 1976, lo anterior con el propósito de actualizar el marco jurídico en la materia y ajustarlo a la realidad económica y social del país, 5armonizándolo también con otros significativos arreglos legales en la materia, como la Ley de Planeación (que se publicó en 1983) y su Sistema Nacional de Planeación Democrática.

A poco más de 20 años su publicación, algunas disposiciones de la Ley, muestran un grave retraso, sobre todo en lo concerniente a involucrar de forma efectiva a la población en la definición de las políticas públicas para el desarrollo urbano, así como un gran desfase y desvinculación con nuevos conceptos y acuerdos internacionales sobre el tema, como la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.

Este documento, reconocido y avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque manifiesta y enfatiza los derechos humanos colectivos en el espacio urbano, postula entre otros el principio de que todos los(as) ciudadanos (as) tienen derecho a participar a través de formas directas y representativas en la elaboración, definición y fiscalización de la implementación de las políticas públicas en las ciudades, priorizando el fortalecimiento, transparencia, eficacia y autonomía de las administraciones públicas locales y de las organizaciones populares.6

De igual forma se sostiene en otro principio que todas los(as) ciudadanos (as), conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, tienen derecho a la participación en la vida política local mediante la elección libre y democrática de los representantes locales y en todas las decisiones que afecten las políticas locales relativas a la ciudad, incluso políticas y servicios de diseño, desarrollo, gestión, renovación o mejora de vecindarios.7

Como puede observarse los planteamientos antes citados van mucho más allá de lo que contempla la LGAH en materia de participación social, la cual, se queda corta al incluir un capítulo con tres artículos que delimitan los rubros de la participación social. Por otra parte, es hasta el artículo 57, que se ubica en otro capítulo, donde se hace referencia al derecho de oídas que los ciudadanos pueden ejercer ante la autoridad, como se muestra a continuación:

ARTICULO 57.- Cuando se estén llevando a cabo construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios de uso o destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles que contravengan las disposiciones jurídicas de desarrollo urbano, así como los planes o programas en la materia, los residentes del área que resulten directamente afectados tendrán derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes.

Dicho derecho se ejercerá ante las autoridades competentes, quienes oirán previamente a los interesados y en su caso a los afectados, y deberán resolver lo conducente en un término no mayor de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de recepción del escrito correspondiente.

Considerando que lo anterior es muestra fehaciente de lo limitativo de este ordenamiento y no garantiza con cabalidad el derecho de los ciudadanos y sus organizaciones para intervenir, tanto en el desarrollo urbano como en la defensa y protección de sus legítimos intereses en la materia, me permito poner a la consideración de esta H. Soberanía los siguientes planteamientos:

PRIMERO. El artículo 48 establece que la federación, las entidades federativas y los municipios promoverán acciones concertadas entre los sectores público, social y privado, para propiciar la participación social en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

En este orden de ideas, considero que el Estado mexicano debe ir más allá de propiciarla participación para con ello, consolidar la gobernanza democrática, requiere de comprometerse a impulsar y lograr la participación social en estos asuntos, procurando además su desarrollo de forma incluyente y plural, evitando toda segregación o sectarismo, conforme a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo último de su artículo primero, a partir de las trascendentales reformas que en materia de derechos humanos se celebraron y promulgaron en el año de 2011.8

El texto reformado, que se presenta a ésta H. Soberanía, quedaría como sigue:

Artículo 48. La federación, las entidades federativas y los municipios promoverán acciones concertadas entre los sectores público, social y privado, para el establecimiento de los mecanismos, instancias y medios que propicien y garanticen la participación social incluyente y ordenada en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

SEGUNDO. El artículo 49 contiene los diversos temas que puede abordar o comprender la participación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en lo relativo a los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, por tanto en este numeral he considerado conveniente incluir el derecho de la ciudadanía y sus organizaciones para denunciar ante la autoridad competente, todo aquel acto o conducta que transgreda la normativa y el cumplimiento de las políticas públicas relacionadas.

La propuesta consiste en adicionar una fracción X al artículo citado, para quedar como sigue:

Artículo 49. La participación social en materia de asentamientos humanos comprenderá:

I. a VIII. ...

IX. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población, y

X. La presentación de denuncias ante las autoridades competentes de todo hecho o acto que cause o pueda causar el incumplimiento u omisión de obligaciones y el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley y en los ordenamientos, planes y programas que de ésta deriven.

A este respecto me parece muy oportuno mencionar que para la formulación de esta propuesta, he tomado en cuenta la experiencia obtenida la aplicación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que contiene un capítulo particularmente dedicado a la presentación de denuncias en el tema ambiental, por parte de las organizaciones y ciudadanos.

Igualmente, he valorado las prácticas impulsadas en diversos Estados de la República, con de marcos legales e institucionales específicos para los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, como las procuradurías de desarrollo urbano o de la defensa del colono, así como los Códigos estatales que existen en entidades como Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca y el Estado de México.

Por ejemplo, en el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, en su artículo 36, constituye un derecho y deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento en sus propiedades, barrios y colonias; (…). Por su parte, las autoridades estatales y municipales tendrán la obligación de informar con oportunidad y claridad de tales disposiciones, así como de reconocer y respetar dichas formas de organización.9

Por su parte, el Código Urbano del Estado de Querétaro establece en su artículo 118 que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, es el organismo público que tiene por objeto recibir y canalizar ante las autoridades competentes, las quejas y denuncias de la ciudadanía por la inobservancia de la normatividad aplicable en el Estado, en materia de desarrollo urbano, ordenamiento del territorio, en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, así como vigilar y proteger el medio ambiente en la Entidad y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes, conforme a sus atribuciones.10

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 48 Y SE ADICIONA UNA FRACCION X AL ARTICULO 49, AMBOS, DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 48 y se adiciona una fracción X al artículo 49 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 48. La federación, las entidades federativas y los municipios promoverán acciones concertadas entre los sectores público, social y privado, para el establecimiento de los mecanismos, instancias y medios que propicien y garanticen la participación social incluyente y ordenada en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

Artículo 49. La participación social en materia de asentamientos humanos comprenderá:

I. a VIII. ...

IX. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población, y

X. La presentación de denuncias ante las autoridades competentes de todo hecho o acto que cause o pueda causar el incumplimiento u omisión de obligaciones y el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley y en los ordenamientos, planes y programas que de ésta deriven.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 6 de agosto de 2014.

Sen. Teofilo Torres Corzo.

1 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235.pdf

2 Ley General de Desarrollo Social. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004. Texto Vigente.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf

3 Ley Federal de Consulta Popular. Texto vigente. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de2014.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfcpo.ht

4 Incipiente participación ciudadana en México. Revista Contralínea No. 301, 13 septiembre, 2012, por Mariela Paredes.http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/09/13/incipiente-participacion-ciudadana-en-mexico/

5 Evolución Legislativa de la planeación del desarrollo y la planeación urbana en México. Por: Gabriela Sánchez Luna. http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/86/art/art14.pdf. P. 723.

6 Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. ONU-HABITAT. http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=50&Itemid=3

7 Ibíd.

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 1, párrafo último: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

9 Código Urbano para el Estado de Jalisco.
http://congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Codigos/Código%20Urbano%20para%20el%20Estado%20de%20Jalisco.doc

10 Código Urbano del Estado de Querétaro. 31 de mayo de 2012 La Sombra de Arteaga. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro.
http://www.recaudanet.gob.mx:86/catastro/marco_juridico/codigo_urbano.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 39 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)







 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a brindar el apoyo necesario para optimizar el inmueble de la asociación cultural na bolom. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, Senador ZOE ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES A TRAVES DE SU PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS, A BRINDAR EL APOYO NECESARIO PARA OPTIMIZAR EL INMUEBLE DE LA ASOCIACION CULTURAL NA BOLOM, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

“Na Bolom” es una organización no lucrativa fundada en 1950 por el arqueólogo danés Frans Blom y la fotógrafa conservacionista suiza Gertrude Duby. Su misión, creada por sus fundadores que amaron Chiapas inmensamente, es preservar el patrimonio cultural y ambiental del estado y trabajar con las comunidades para su desarrollo sustentable.

La protección del medio ambiente y recursos naturales de la Selva Lacandona, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural; preservación y desarrollo de los grupos indígenas, en especial de los Lacandones, son algunos de sus fines.

“Na Bolom” es también un museo en San Cristóbal de las Casas, y se encuentra ubicado en el estado de Chiapas. El nombre viene del idioma maya tzotzil y quiere decir "Casa del Jaguar".

Dicho espacio, fue el primero que abrió sus puertas a visitantes y a la población para visitar sus salas de exposición con arqueología maya, etnografía lacandona, arte sacro chiapaneco y guatemalteco, arte popular chiapaneco y artes plásticas.

Además, posee una biblioteca que lleva el nombre de Fray Bartolomé de las Casas, esta fue la más completa en el Estado durante 20 años, conteniendo actualmente documentación desde el siglo XVI hasta nuestros días; es visitada por investigadores y estudiantes de diferentes partes del mundo y continúa siendo centro de reunión de intelectuales.

En los años ochenta Gertrude Duby habló con sus amigos y les pidió que le ayudaran a que la biblioteca de la casa se conservara como el más importante memorial y legado de su marido, Frans Blom. En aquellos años la biblioteca tenía mucha humedad y temía que se perdiera el tesoro que con tanto esfuerzo habían creado: un catálogo que contiene no sólo libros sobre historia de México y Mesoamérica, sino que tiene una vocación única que resume la más grande pasión de Frans y Trudy: Chiapas.

Conformada por 11 mil títulos, 70 mil fotografías, mil mapas y un número impreciso de documentos de archivo, la Biblioteca contó primero con el apoyo de las fundaciones Rockefeller y Getty para la preservación de su acervo bibliográfico y años después la fundación Banamex otorgó un fondo para la construcción de la fototeca y ADABI en su inventario. Se conformó con donaciones de libros hechas por instituciones, particulares y editoriales. Recientemente se incrementó su acervo con la importante donación de fotografías de Marcey Jacobson y la fuente documental sobre la Selva Lacandona de Conservación Internacional. También se han abierto otros espacios, como el de La Enseñanza, donde ha recibido siete mil libros de consulta general y el magnífico archivo de Don José Webber.

Cuenta también con una fototeca, que reúne más de 50,000 imágenes, cercenados de los archivos de Frans Blom, quien en un principio llegó a coleccionar miles de ellas, desde principios del siglo XX hasta el presente, muchas de las cuales se exhiben en sus bellos corredores, donde además cuelgan colecciones de artesanía y la más grande colección de cruces forjadas en hierro de Chiapas. Se reciben más de 30 mil visitantes anuales, de los cuales un 10% aproximadamente son estudiantes.

El museo cuenta además con una hermosa colección textil, la sala lacandona que exhibe objetos y enceres etnográficos del único pueblo maya que nunca fue conquistado y con quien la Asociación trabaja; asimismo se llevan a cabo programas de conservación en la Selva, incluyendo uno de los programas más antiguos de asistencia social de Chiapas como el de tráfico de menores para adopción, el cual comenzó hace unas cuatro décadas; además provee ayuda médica al pequeño grupo de individuos que viven de acuerdo a sus costumbres en las comunidades de Najá, Metzabok y Lacanjá.

Na Bolom se ha vuelto además un receptor de colecciones de fotografía y arte. El programa “artistas en residencia” enriquece cada año las paredes de la casa y ha recibido recientemente donaciones importantes como las fotografías de Marcey Jacobson y la pintura de Janet Marren.

Este lugar está constituido por un patronato de reconocidas personas del ámbito local, regional y nacional, que trabajan de manera altruista en pro de la cultura y medio ambiente de Chiapas, y son quienes velan por el legado de nuestros fundadores así como también supervisan la transparencia de la ejecución de los recursos para los proyectos. La administración así como el mantenimiento de la asociación está financiada por los ingresos que provienen del hotel y restaurante, mientras que los proyectos, programas y eventos culturales se sustentan con apoyos de donadores particulares, organizaciones, instituciones gubernamentales e ingresos propios.

Entre las actividades que realiza la Asociación la promoción del rescate de la arquitectura, del arte y la artesanía indígena así como de los pueblos de Chiapas. Se promueve la investigación en arqueología, etnografía, antropología, historia, además de difundir los resultados de éstas en publicaciones como son la Revista Bolom, así como publicaciones de material de Frans Blom, Gertrude Duby y de otros autores propiedad de Na Bolom.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que hacen sus colaboradores, los días 16 y 17 de julio del presente, las instalaciones de éste centro, principalmente la Biblioteca Fray Bartolomé de Las Casas, fue dañada a causa de los fuertes vientos, la lluvia muy copiosa y el fuerte granizo que afectó severamente los tejados y techos del edificio de más de cien años. Esto tuvo como consecuencia que parte del acervo de incalculable valor histórico y cultural se dañara, por esa razón, se solicitó la intervención de Protección Civil de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, quienes dictaminaron que este edificio requiere de un trastejado con remplazo de techumbre de madera, para la biblioteca y las siete salas del museo, protección con lámina, reinstalación eléctrica, un transformador eléctrico de ahorro, 10 des humificadores, detectores de humo y estantería para el acervo bibliográfico.

En este sentido, es importante decir que existen programas gubernamentales dedicados a la promoción de la cultura, en cuyas principales funciones se encuentra el resguardo de los recintos, así tenemos el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, conocido por sus siglas como PAICE, el cual es un Programa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a cargo de la Dirección General de Vinculación Cultural.

Este programa, destina recursos económicos para construir, rehabilitar, remodelar, equipar y dar mantenimiento, en la República Mexicana, a lugares como casas y centros de cultura, bibliotecas, museos, teatros, entre otros, en donde se llevan a cabo actividades artísticas y culturales.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes a través de su Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, o cualquier otro mecanismo, a brindar el apoyo para optimizar el inmueble de la Asociación Cultural Na Bolom, en las tareas que considere necesarias como construcción, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento.

SEGUNDO. Se solicita a esta Comisión Permanente que se considere este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 6 de agosto de 2014.

Atentamente

Sen. Zoe Robledo Aburto.





 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno a abstenerse de usar el término "nini" para referirse a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, MARIA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8 fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el presente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A TODAS LAS ENTIDADES PUBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO A ABSTENERSE DE USAR EL TÉRMINO "NINI" PARA REFERIRSE A LOS JOVENES QUE NI ESTUDIAN NI TRABAJAN, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El acrónimo NiNi (ni estudia ni trabaja), es un término acuñado para caracterizar al segmento joven de una sociedad que se encuentra en esa situación, éste ha circulado con gran éxito en los medios de comunicación y en la opinión pública tanto de México como de otros países. NiNi es una traducción de la voz inglesa NEET (Not in Employment, Educationor Training) utilizado por primera vez en el año 1999 en un informe de la Social Exclusion Unit, oficina de apoyo al gabinete del primer ministro de la Gran Bretaña, este pegajoso término reemplazó a partir de entonces al vocablo Status Zer0 utilizado en los reportes previos de ese organismo.

Si bien el término NiNi no ha sido discutido, como otros conceptos estadísticos, de forma multilateral por personas expertas en la materia y no ha figurado como tema de ninguna conferencia convocada por la Organización Internacional del Trabajo para definir qué es, así como tampoco ha sido validado en otros foros como los llevados a cabo por la Organización de las Naciones Unidas, lo cierto es que el vocablo ha prosperado más bien por contagio, de modo tal que países como Japón, Corea y España lo han hecho suyo y también ha llegado a organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El uso del término NEET,se ha visto reforzado en la medida en que ha venido apareciendo en distintos artículos elaborados por analistas de la OCDE por lo menos desde el 2006,y de ahí ha dado un salto hacia documentos de trascendencia internacional, como el caso de "Education at Glance" edición 2010.

Tomado de forma literal el término NiNi, pareciera sugerir que, más allá del mercado laboral y del proceso de preparación educativa para insertarse en éste, no existe para las y los jóvenes otro ámbito de actividad que valiera la pena ser considerado. Esto, descartaría la posibilidad de que al menos en ciertos casos la no participación en la esfera de la economía de mercado, fuese en realidad una decisión individual u optimizadora tomada en el seno de los hogares, donde se requiere de alguien que realice labores domésticas que, no obstante su importancia, por lo general son no remuneradas.

Se asume entonces que para la población joven de un país sólo tiene sentido trabajar o estudiar, es decir, estar en el ámbito de interacción donde se ofrecen y adquieren servicios laborales, o bien, estar preparándose para ello. Lo anterior ha suscitado diversas críticas, incluidos los señalamientos provenientes de Inglaterra, el propio país en donde nació el término, que han subrayado el problema de definir a un segmento de población no por aquello que hace, sino por lo que no hace, infiriéndose de ahí, erróneamente, que no hace nada.

El informe "Panorama de la Educación 2013" de la OCDE, revela que en México el 24.7 por ciento de las y los jóvenes de 15 a 29 años durante el año 2011, declararon que ni estudiaban ni trabajaban, porcentaje que representa alrededor de 7 millones de las y los jóvenes mexicanos con escasas perspectivas para desarrollarse plenamente y alcanzar un nivel de vida digno. Sin embargo, más allá de la pérdida de recursos tanto humanos como económicos que la alarmante cifra de 7 millones de jóvenes en esa condición representa para el país, resulta muy preocupante que este segmento de la población esté siendo estigmatizado y que la sociedad crea que si los jóvenes ni estudian ni trabajan, es por voluntad propia y no por fallas estructurales en cuanto se refiere a las políticas públicas dirigidas a la juventud.

Lo anterior se refleja en los resultados de una encuesta realizada en julio de 2013 por la encuestadora Parametría, según la cual el 58 por ciento de las personas encuestadas piensa que el hecho de que un o una joven ni estudie ni trabaje es por decisión propia, gusto o convicción y no por falta de opciones u oportunidades laborales o de estudio. Además, los resultados revelaron otro dato alarmante, pues el porcentaje de personas entrevistadas por Parametría que piensa que la delincuencia organizada y el narcotráfico son opciones mucho más atractivas para un NiNi que estudiar o trabajar alcanza igualmente el 58 por ciento.1

Desafortunadamente los resultados dejan ver que existe en la sociedad mexicana un cierto grado de discriminación hacia las y los jóvenes que por una u otra circunstancia no asisten a la escuela y no tienen un trabajo, pues como vimos, se considera incluso que son más propensos a engrosar las filas de las organizaciones delictivas antes que matricularse en la escuela o conseguir un empleo.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación la define a ésta como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Así pues, a los jóvenes que ni estudian ni trabajan se les discrimina cuando se les llama de manera despectiva NiNis, en alusión a su condición económico-social.

Definitivamente la discriminación es algo que debe erradicarse en toda sociedad, y para ello las personas entre sí, independientemente de su condición económica deben tratarse con dignidad y respeto. Esto es algo que se logra en primer término a través de la educación, y un punto importante en este proceso es el lenguaje con el cual nos comunicamos.

Señalar o estigmatizar a una persona o grupo de personas con algún adjetivo permite establecer características que desagregan o discriminen, así como pude incitar al odio, la violencia o la generación de desigualdades, en este caso, por su condición escolar o laboral, lo cual conlleva a fomentar la violencia contra las personas y afecta a una sociedad

Esto también lleva implícito un tema de trascendencia social, debido a que la violencia social y la delincuencia son de las principales preocupaciones de las mexicanas y los mexicanos, desconociendo que parte de este problema es el señalamiento expreso de condiciones adversas para las y los jóvenes.

El lenguaje cotidiano refleja, como la propia vida, los valores y la cultura de una sociedad, pero también los transmite y refuerza, de ahí proviene el enorme poder de la palabra. Los prejuicios en contra de cualquier minoría o grupo social que se siente desfavorecido, perseguido o proscrito en algún momento por razón de su sexo, etnia o cualquier otro factor, enseguida afloran en el lenguaje cargando de connotaciones negativas los términos usados para designarlos.

El lenguaje no es neutral, ni se agota en las definiciones que contienen las páginas de un diccionario;el uso y la intencionalidad que se le dé pueden modificar el significado de muchas palabras. En este sentido, el lenguaje es una construcción social e histórica que influye en nuestra percepción de la realidad, condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra visión del mundo, donde en algunos casos es discriminatorio.

Sin embargo, precisamente porque el lenguaje es una construcción social está en nosotros mismos erradicar de nuestro vocabulario términos o palabras que puedan resultar lesivas para alguna persona o grupo social determinado, como es el caso del acrónimo NiNi, por ello consideramos necesario que las entidades de todos los niveles de gobierno, las instituciones académicas y la población en general, realicemos un esfuerzo en aras de no ofender con el uso de esta palabra a las y los jóvenes que ni estudian ni trabajan que ya bastante tienen que cargar con el desempleo y la insuficiencia de lugares disponibles en las instituciones de educación pública y demás causas que los obligan a dejar la escuela.

El uso de un lenguaje incluyente, no solo es cuestión de mejorar la manera en la que nos expresamos, sino conlleva una razón para proteger la dignidad humana.

La dignidad humana es el centro de la protección de los derechos humanos y éstos incluyen la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y al trabajo.

Esto nos dirige al reconocimiento de los derechos humanos de la juventud, y a la obligación constitucional de las autoridades en velar por su protección y garantía. Esto permitirá que se fortalezca los mecanismos para una sociedad democrática, igualitaria y pacífica.

No se trata de ocultar un tema lamentable, pues la falta de oportunidades de la que adolecen las y los jóvenes en nuestro país para desarrollarse plenamente es una realidad que está a la vista de todos y que ha sido reconocida cabalmente por el Gobierno de la República, quien ya ha impulsado medidas para disminuir la deserción escolar y fomentar el empleo juvenil, en el fondo, se trata de erradicar cualquier tipo de práctica discriminatoria de nuestra sociedad.

Las niñas, niños, las y los jóvenes se encuentran en una etapa de desarrollo de capacidades que permitan afrontar los retos del quehacer diario. Sin embargo, al estigmatizar su condición o situación conlleva a que la misma sociedad le imponga barreras que limiten este desarrollo.

El concepto NINI infiere, por sí mismo, la falta de oportunidades que el gobierno y la sociedad les otorga. Desalienta el esfuerzo por abrirse camino en condiciones sociales adversas, así como aprueba y consciente esta característica.

Esto se vive día a día en nuestra sociedad mexicana, que hacen mofa del concepto, para los que las bromas y las burlas son el centro de lo cotidiano, generando condiciones de violencia escolar, al referirse a la compañera o compañero de esta forma, con la finalidad de en detrimento de su persona. Conlleva un trasfondo de carácter individual, económico, político, social, educativo o laboral.

Lo anterior pone de manifiesto que a pesar de los esfuerzos gubernamentales por mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes mexicanos, éstos siguen enfrentando un contexto social marcado por serias adversidades. Esta situación exige esfuerzos para mejorar el entorno en cual se desarrolla la juventud, entre los cuales se encuentran por supuesto aquellos con miras a prevenir las conductas de riesgo la salud causadas por el acoso y la discriminación, como lo es la depresión.

La coordinación entre las diversas autoridades, permitirán desalentar el uso de esta palabra entre la sociedad, y sensibilizar sobre el uso correcto del lenguaje incluyente, permitiendo visibilizar la importancia de las palabras para discriminar o impulsar el desarrollo de las personas.

Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno abstenerse de usar el término NiNi para referirse a los jóvenes que ni estudian ni trabajan por considerarse éste un término despectivo, y no valorar otras actividades realizadas por estos jóvenes.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la persona titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a promover entre la sociedad una campaña encaminada a erradicar el uso de lenguaje discriminatorio hacia la juventud del país, como un mecanismo para garantizar la dignidad humana y el reconocimiento de los derechos humanos de este sector de la población.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, el 6 de agosto de 2014.

Suscribe

Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Véase, "Los ninis son nini sporque quieren: 58% de los mexicanos", en www.animalpolítico.com, 7 de agosto de 2013.
http://www.animalpolitico.com/2013/08/los-ninis-son-ninis-porque-quieren-58-de-los-mexicanos/#axzz34fUBWhMs





 

De los Diputados Ricardo Monreal Avila y José Francisco Coronato Rodríguez, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a generar las condiciones de discusión y de interlocución para que las personas que tributaban bajo el régimen de pequeños contribuyentes sean tomadas en consideración para cumplir con sus obligaciones fiscales con base a sus ingresos y de manera sencilla. Se turna a la Tercera Comisión.

Los que suscriben, DIPUTADOS RICARDO MONREAL AVILA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y JOSE FRANCISCO CORONATO RODRIGUEZ, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de ésta Soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PARA QUE DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA, GENERE LAS CONDICIONES DE DISCUSION Y DE INTERLOCUCION PARA QUE LAS PERSONAS QUE TRIBUTABAN BAJO EL REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (REPECOS), SEAN TOMADOS EN CONSIDERACION PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES CON BASE A SUS INGRESOS Y DE MANERA SENCILLA, ASIMISMO, SE EXHORTE A LA MISMA DEPENDENCIA, PARA QUE EN EL USO DE LAS FACULTADES QUE LAS LEYES LE CONFIERE, PRORROGUE LA APLICACION DEL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL (RIF) HASTA EN TANTO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION RESUELVA LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA EN CONTRA DEL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL PRESENTADA POR INTEGRANTES DE ESTA CAMARA DE DIPUTADOS, ASI COMO DE LOS JUICIOS DE AMPARO INTERPUESTOS POR MIEMBROS DE ESE SECTOR CONTRIBUYENTE, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El día 11 de Diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. En ésta última Ley se estableció el nuevo régimen fiscal denominado de Incorporación Fiscal que sustituye al Régimen de Pequeños Contribuyentes y en el cual se establecen nuevas obligaciones fiscales para las personas físicas que tributen en él.

SEGUNDO.- Dentro de las nuevas disposiciones que se establecen para los contribuyentes en éste Régimen se encuentran:

El de entregar a sus clientes comprobantes fiscales por sus ventas o prestaciones de servicios, debiendo expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación de factura electrónica que se encuentra en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los contribuyentes deben registrar sus ingresos, gastos, inversiones y deducciones.

Pagar con una tarjeta de débito, crédito, de servicios o un cheque a nombre del contribuyente para poder deducir gastos mayores a 2,000 pesos.

Si se cuenta con trabajadores, retener el Impuesto sobre la Renta y enterarlo cada dos meses, así como declarar al SAT de igual manera los ingresos obtenidos y los gastos realizados en su negocio, introduciendo una obligación adicional que es la de emitir comprobante fiscal digital por cada pago que realice por sueldos y salarios.

En este Régimen de Incorporación Fiscal tributarán contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos. Quienes tributaban en el antiguo régimen de pequeños contribuyentes pasarán automáticamente al régimen de incorporación y quienes tributaban en el régimen intermedio de personas físicas con actividades empresariales podrán optar por tributar en el régimen de incorporación.

TERCERO.- EL 30 de Diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, en la regla I.2.5.7 se establece que:

“Personas relevadas de presentar aviso de cambio al RIF

I.2.5.7. Para efectos de los artículos 27 del CFF, 25, fracción VII y 26, fracción V, incisos c) y d), del Reglamento del CFF, los contribuyentes que de acuerdo a la Ley del ISR vigente al 31 de diciembre de 2013, tributaban sólo en el régimen de pequeños contribuyentes, están relevados de cumplir con la obligación de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales para ubicarse en el RIF a que se refiere el artículo 111 de la Ley del ISR, siendo la autoridad la encargada de realizarlo con base en la información existente en el padrón de contribuyentes al 31 de diciembre de 2013.”

De la misma forma en la regla I.2.5.8 se estableció que:

“Personas relevadas de presentar aviso de cambio al Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales

I.2.5.8. Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 25, fracción VII y 26, fracción V, incisos c) y d), del Reglamento del CFF, los contribuyentes que de acuerdo a la Ley del ISR vigente al 31 de diciembre de 2013, además del Régimen de Pequeños Contribuyentes tuvieran otro régimen fiscal vigente, están relevados de cumplir con la obligación de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales para ubicarse en el Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales a que se refiere el artículo 100 de la Ley del ISR, siendo la autoridad la encargada de realizarlo con base en la información existente en el padrón de contribuyentes al 31 de diciembre de 2013.

Lo establecido en el párrafo anterior, aplicará también para los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013, tuvieran vigente el Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales.

No obstante lo anterior, los contribuyentes citados, cuyos ingresos durante el ejercicio de 2013, no hayan excedido la cantidad de dos millones de pesos, que además no se actualicen en los supuestos de las fracciones I a VI del artículo 111 de la Ley del ISR, podrán optar a más tardar el 31 de enero de 2014, por tributar en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, siempre que presenten el aviso de actualización de actividades a través de la página de Internet del SAT, en la aplicación "Mi portal".”

Sexto. Para los efectos de la regla I.2.5.8., tercer párrafo, el aviso para tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, podrá presentarse hasta el 31 de marzo de 2014. Dicho aviso podrá presentarse por parte de personas físicas que hubieran realizado actividades empresariales a que se refieren las el Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de la Ley del ISR, vigente al 31 de diciembre de 2013, siempre que al efecto cumplan con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley del ISR.

Décimo Tercero.- Para los efectos de la regla I.2.5.21., los contribuyentes podrán aplicar la facilidad prevista en el artículo Sexto Transitorio de esta Resolución y siempre que no hayan presentado alguna declaración provisional correspondiente al ejercicio de 2014, en los términos del Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR.

I.2.5.21. Para los efectos del artículo 111 de la Ley del ISR, los contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional y que además obtengan ingresos por sueldos o salarios, asimilados a salarios o ingresos por intereses, podrán optar por pagar el ISR en los términos del Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, por las actividades propias de su actividad empresarial sujeto a las excepciones previstas en el artículo 111, cuarto párrafo de la Ley del ISR, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por los conceptos mencionados, en su conjunto no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos. La facilidad prevista en la presente regla no exime a los contribuyentes del cumplimiento de las obligaciones fiscales inherentes a los regímenes fiscales antes citados.
LISR 111

De lo anterior, se concluye que la autoridad fiscal estipuló como plazo fatal el 31 de enero de 2014, para que las personas físicas que tributaban en el régimen intermedio presentarán su actualización de actividades a través de los medios electrónicos del SAT y así poder tributar en el régimen de intermedio.

Sin embargo, derivado de ésta normatividad, empezaron a generarse una serie de inconformidades de un sinnúmero de agremiados, quienes manifestaron su inconformidad por considerar que éste nuevo Régimen de Incorporación Fiscal, no era ni proporcional ni equitativo, como lo consagra el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es por ello que empezaron a presentarse una serie de manifestaciones, mismas que derivaron de reuniones de trabajo donde fueron inclusive, según manifestaciones de los propios contribuyentes interesados, atendidos por el propio responsable del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a quien se le planteó la intención de ser escuchados y en su caso determinar de igual manera lo que procediera en base a sus requerimientos y solicitudes.

El presente Punto de Acuerdo, se generó derivado de la manifestación que un sinnúmero de contribuyentes de este Régimen de Incorporación Fiscal, presentaron tanto en las oficinas del SAT como de ésta Soberanía Nacional el pasado día 01 de agosto, fecha en que fueron recibidos por el Diputado Presidente de la Mesa Directiva y por parte de los Coordinadores de los Institutos Políticos que convergen en esta Cámara de Diputados.

Sin embargo, es de todos conocidos que durante esos meses de 2014, la alta demanda por el temor generado de la desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes, así como que los servicios que ofertó el SAT por internet aún no se encontraban plenamente en funcionamiento, colapsó la capacidad de atención, asesoría, actualización de información e inscripción al RFC. Tal es el caso de que en el primer trimestre de 2014 se inhabilitó el módulo de presentación de declaraciones mensuales de personas físicas, así como en general no se encontraba disponible la página de internet del SAT.

Ahora bien, no obstante que el SAT rediseñó los modelos del Régimen de Incorporación Fiscal y mencionó en los diferentes foros que la inscripción sería sencilla, en los hechos ha sido todo lo contrario pues las realidad es que dichos módulos no han operado al cien por ciento.

CUARTO.- Derivado de lo anterior, el 31 de enero de 2014 el Servicio de Administración Tributaria, emitió el comunicado 2/2014 donde informa que a causa de la situación descrita con anterioridad el plazo para presentar la actualización de actividades a través del portal se extendería hasta el 31 de marzo de 2014. De la misma forma el 13 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y sus anexos 1, 1-a, 9, 11, 14, 15 y 17, en su artículo transitorio Sexto se establece que:

“Sexto. Para los efectos de la regla I.2.5.8., tercer párrafo, el aviso para tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, podrá presentarse hasta el 31 de marzo de 2014. Dicho aviso podrá presentarse por parte de personas físicas que hubieran realizado actividades empresariales a que se refieren las el Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de la Ley del ISR, vigente al 31 de diciembre de 2013, siempre que al efecto cumplan con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley del ISR.

El aviso de referencia surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2014.”

Sin embargo, como se mencionó con anterioridad las fallas que se presentaron en el portal del SAT impidieron que muchas personas hayan podido presentar su actualización de actividades. Aún más, el propio jefe del SAT Aristóteles Núñez reconoció en diarios de circulación nacional y local, que en ciudades como Pachuca o Guadalajara las páginas del SAT y los módulos de atención se vieron rebasados en su capacidad y muchas personas no pudieron presentar su aviso de actualización de actividades.

QUINTO.- Ahora bien, en éstos primeros seis meses del año se incorporaron al RIF los 3.8 millones de personas o negocios que operaban como Repecos y 643,741 nuevos contribuyentes que migraron de forma voluntaria; los cuales han declarado 1,300 millones de pesos por concepto de IVA, informó el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, de los 4 millones 200 mil contribuyentes que tuvieron que sumarse al RIF, sólo 8.8% han hecho la declaración correspondiente al primer bimestre del año, cuyo plazo venció éste 31 de julio; a finales de agosto vence el correspondiente al segundo y tercer bimestres del año.

Esta situación podría acarrear sanciones que podrían mermar la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas. El jefe del SAT ha mencionado en diversos medios de comunicación que por no inscribirse al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) la multa es de mil 200 pesos o por cada factura o comprobante que no se haya emitido la sanción va desde 13 mil 700 hasta 69 mil pesos, también el aseguramiento de mercancía e incluso clausuras preventivas de los negocios.

SEXTO. Por otra parte la fracción VIII del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los contribuyentes deberán presentar en forma bimestral los datos de los ingresos obtenidos, las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, así como la información de sus proveedores en el bimestre inmediato anterior, teniendo como sanción la de perder el derecho a tributar en el régimen de incorporación fiscal cuando la misma no se presente dos veces en forma consecutiva o en cinco ocasiones durante un periodo de seis años.

“Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones siguientes:

VIII. Pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección, siempre que, además de cumplir con los requisitos establecidos en ésta, presenten en forma bimestral ante el Servicio de Administración Tributaria, en la declaración a que hace referencia el párrafo quinto del artículo 111 de esta Ley, los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior.

 Cuando no se presente en el plazo establecido la declaración a que se refiere el párrafo anterior dos veces en forma consecutiva o en cinco ocasiones durante los 6 años que establece el artículo 111 de esta Ley, el contribuyente dejará de tributar en los términos de esta Sección y deberá tributar en los términos del régimen general que regula el Título IV de esta Ley, según corresponda, a partir del mes siguiente a aquél en que debió presentar la información.”

Es conveniente precisar que de acuerdo con la Ley, es en la Declaración Bimestral del Impuesto en donde debe presentarse la información descrita en el primer párrafo de este numeral, sin embargo, el Artículo 112 y su fracción VIII no señala expresamente qué datos deben presentarse respecto de los ingresos, erogaciones y de los proveedores en adición a que la aplicación que liberó en el mes de mayo de 2014 el Servicio de Administración Tributaria para la presentación de la declaración bimestral NO incluye ningún apartado que solicite o permita presentar información delos proveedores, de las erogaciones y de las inversiones, a pesar de lo grave que es la sanción para los contribuyentes, por lo que la autoridad hacendaria está haciendo caer en una grave omisión a los contribuyentes del RIF.

Por lo anterior, comerciantes han mostrado su preocupación respecto del imposible cumplimiento de las obligaciones a que les contrae dicha normatividad, así como de las acciones que pudieran emprender el SAT y el temor de perder su negocio y fuente de ingresos. Por ello el 1 de Agosto de 2014 Diputados integrantes de las Fracciones Legislativas del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, sostuvieron una reunión con representantes de Contribuyentes que están sujetos a nuevo Régimen de Incorporación Fiscal y que anteriormente tributaban bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes. En esta reunión de Trabajo se estableció presentar un Punto de Acuerdo con la finalidad de solicitar a la autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, para que en el ámbito de sus facultades no apliquen sanciones o multas a las personas que no han podido cumplir con sus obligaciones fiscales, como son las de emisión de factura o declaraciones, presentación de información respecto de sus ingresos, erogaciones y proveedores así como aquellas personas que no han podido incorporarse el nuevo Régimen; recordando que éste proceso ha sido especialmente difícil para los pequeños comerciantes, derivado de las complejidades tecnológicas con las que se han encontrado y de la omisión en las aplicaciones electrónicas liberadas por el SAT que no contemplan los campos para acompañar la información que debe acompañar a la declaración bimestral y de esta manera no caer en los supuestos establecidos en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Gobierno Federal a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que de manera pronta y expedita, genere las condiciones de discusión y de interlocución para que las personas que tributaban bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) sean tomados en consideración para cumplir con sus obligaciones fiscales, en base a lo establecido en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna y como consecuencia en base a sus ingresos y de manera sencilla.

SEGUNDO. Se exhorta al Gobierno Federal a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que en el uso de las facultades que las leyes le confieren, prorrogue la aplicación del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la Controversia Constitucional interpuesta contra del Régimen de Incorporación Fiscal así como de los juicios de Amparo interpuesta por contribuyentes a este régimen, o en su caso se implemente alguna otra alternativa.

Dado en la Comisión Permanente, el 6 de agosto de 2014.

Atentamente

Dip. Ricardo Monreal Avila.- Dip. José Francisco Coronato Rodríguez.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a remitir a las Cámaras del Congreso un informe respecto a los motivos de retraso de los temas objetivos de Desarrollo del Milenio comprometidos para 2015 que han sido anunciados en boletines de la UNESCO en el caso México. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL REMITIR A LA CAMARA DE SENADORES Y A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS UN INFORME RESPECTO A LOS MOTIVOS DE RETRASO DE LOS TEMAS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO COMPROMETIDOS PARA 2015 QUE HAN SIDO ANUNCIADOS EN BOLETINES DE LA UNESCO EN EL CASO MEXICO, bajo las siguientes consideraciones.

1.- Como es conocido por Senadoras y Senadores, la Declaración del Milenio fue aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado y de gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2000. Los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), ocho ambiciosos objetivos que se intenta alcanzar para 2015, se basan directamente en las actividades y metas incluidas en la Declaración del Milenio.

2.- Efectivamente, México ha cumplido con el 74 por ciento de los indicadores que integran los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), señaló César Garcés, miembro del Comité Especializado de Información de los ODM en México. Durante la presentación del Informe de los ODM, explicó que de los 51 indicadores que se desprenden de los ocho objetivos, actualmente el país reporta un buen cumplimiento de 32, es decir un 74 por ciento de avance.

3.- Dentro de meses, sin embargo, destacó el vocero, tienen algunos problemas para cumplirse, dos están estancados y uno al momento no reporta nada por falta de información y estos son; atención y combate de enfermedades como la tuberculosis y el sarampión, control de emisiones de bióxido de carbono, incremento de cobertura de bosques o selvas y un mejor manejo de los recursos hídricos. A más de 500 días de que se alcance la fecha establecida, septiembre de 2015, para alcanzar los ODM, compromiso internacional que signaron 192 naciones en 1990, aún existen “muchos trabajo por hacer por parte de todos los países, pese a los logros alcanzados en los últimos años, advirtió Stefan Schweinfest director de la División de Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En México, los indicadores que reportan progreso insuficiente, destacan “la tasa de crecimiento del PIB por persona ocupada, el incremento de niños menores de un año vacunados de sarampión, punto donde en 1990 se estaba con una cobertura de 73.8 y hoy es 78, asimismo la incidencia de problemas de tuberculosos requiere más trabajo, ya que de 16.6 por ciento en 190, hoy tenemos un 16.8 por ciento y se tiene que bajar a 15.6 por ciento”, explicó Garcés. Asimismo, dijo otro punto de estancamiento es en la meta de conservar e incrementar la cobertura de bosques y selvas, tema que paso de 52 por ciento de cobertura en 1990 a 35 por ciento hoy, ello aun cuando la deforestación se ha frenado considerablemente en gran parte del territorio.

“En proceso de estancamiento y sin información están los indicadores vinculados al medio ambiente, los estancados tienen que ver con la utilización sustentable de los recursos hídricos, pues de un consumo de ellos paso de 15.7 por ciento en 1990 a 17.4 por ciento”, señaló.

De igual manera, asuntos como la salud materna, disminución de la pobreza extrema, deserción escolar, igualdad de género y servicios de salud de calidad, donde hasta la fecha el país tiene registrado diversos logros y buenos avances, son hoy también los retos en los que aún México tiene que trabajar más para cumplir los ocho a cabalidad ODM, finalizó.

4.- México realizó su presentación nacional voluntaria de la Revisión Anual Ministerial del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se destacaron los esfuerzos, retos y logros alcanzados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y las reformas estructurales impulsadas en el país. En un comunicado de la Cancillería, se informó que Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), señaló ante este organismo que la labor del gobierno para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) “ha sido un ejercicio positivo que facilitó el fortalecimiento, la cooperación y la coordinación entre instituciones públicas, incentivó la creación de mejores y más confiables sistemas de información y propició el monitoreo y evaluación de las políticas públicas. A la fecha 3 de cada 4 metas han sido cumplidas por México”.

También identificó algunos de los principales desafíos y retos emergentes para la Agenda Post-2015, entre los cuales están el combatir la pobreza desde un enfoque multidimensional y propiciar un crecimiento económico sostenido e incluyente. Explicó, además, la manera en la que las reformas estructurales responden a estos retos.

5.- Ahora bien, el Senado de la República tiene la intención con esta propuesta de punto de acuerdo estar pertinentemente informada de aquellos puntos en donde existe preocupación por el rezago. A saber: la tasa de crecimiento del PIB por persona ocupada, el incremento de niños menores de un año vacunados de sarampión, la incidencia de problemas de tuberculosos, conservar e incrementar la cobertura de bosques y selvas, la utilización sustentable de los recursos hídricos, salud materna, disminución de la pobreza extrema, deserción escolar, igualdad de género y servicios de salud de calidad. La información en tal sentido es necesaria para tomar las decisiones parlamentarias necesarias.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

UNICO.- LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL REMITIR A LA CAMARA DE SENADORES Y A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS UN INFORME RESPECTO A LOS MOTIVOS DE RETRASO DE LOS TEMAS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO COMPROMETIDOS PARA 2015 QUE HAN SIDO ANUNCIADOS EN BOLETINES DE LA UNESCO EN EL CASO MEXICO: LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB POR PERSONA OCUPADA, EL INCREMENTO DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO VACUNADOS DE SARAMPION, LA INCIDENCIA DE PROBLEMAS DE TUBERCULOSOS, CONSERVAR E INCREMENTAR LA COBERTURA DE BOSQUES Y SELVAS, LA UTILIZACION SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS, SALUD MATERNA, DISMINUCION DE LA POBREZA EXTREMA, DESERCION ESCOLAR, IGUALDAD DE GENERO Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD”.





 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación y a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas a fortalecer sus acciones y políticas públicas destinadas a prevenir y sancionar el delito de trata de personas. Se turna a la Primera Comisión.







 

De la Diputada María de las Nieves García Fernández, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer medidas tendientes a la protección y preservación del halcón selvático de collar. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNANDEZ, Diputada Federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

De acuerdo con información dada a conocer por Marisela Martínez Ruiz, bióloga de la UNAM, quien realiza el primer estudio en México sobre esta ave rapaz natural de América, cada año, en México se deforestan 500 mil hectáreas de selva, hábitat de aves rapaces forestales como el halcón selvático de collar (Micrastursemitorquatus), una de las siete especies falconiformes que viven en estas regiones de América.1

Este fenómeno provoca, de acuerdo con la profesionista en comento, que las selvas en tierras bajas tropicales terminen “convertidas en un mosaico parcelado, insuficiente para la supervivencia y reproducción del halcón selvático de collar y de otras aves rapaces tropicales, de cuyas poblaciones hay poca información.”

Aunada a esta problemática tenemos la falta de información sobre el animal referido, pues sólo hay tres estudios publicados al respecto: uno en la Guyana Francesa; otro en Tikal, Guatemala, y uno más en México; este último fue realizado por la bióloga de la UNAM, Marisela Martínez Ruiz, en la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas.

En la tesis de maestría de esta profesionista, denominada Territorios, uso y selección de hábitat del halcón selvático de collar, se reconoce que ese es “un primer acercamiento de búsqueda de información sobre los requerimientos ecológicos básicos” de esta ave, distribuida en gran parte de la región biogeográfica neotropical (desde México hasta el norte de Argentina).”

Una conclusión consignada en dicho trabajo refiere que esta especie se encuentra en sitios de baja cobertura forestal, donde tienen territorios más grandes que los ubicados en sitios más conservados. Esto tendría implicaciones en sus actividades de forrajeo o en el tiempo para el cuidado de pollos.

Otra observación derivada de dicho estudio es que los selváticos de collar evitan áreas desprovistas de flora, como los pastizales inducidos para ganadería, las zonas de cultivo agrícola y las áreas urbanas, lo que pone en peligro su existencia pues buena parte de su hábitat ha sido modificado por el humano.

La importancia ecológica del halcón selvático de collar es que este animal es un depredador tope de las cadenas tróficas, así como un indicador de la calidad de los ecosistemas.

Por tales razones, y debido a la degradación del hábitat de la especie en comento, es que se vuelve indispensable mantener las áreas de vegetación primaria que conforman la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas y generar información científica que permita la preservación de estas rapaces poco conocidas, razón por la cual se vuelve necesario que este cuerpo legislativo exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que se establezcan medidas tendientes a la protección y preservación del halcón selvático de collar.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que se establezcan medidas tendientes a la protección y preservación del halcón selvático de collar.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de agosto de 2014.

Dip. María de las Nieves García Fernández”.

1 Consultado en <http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_446.html>, el 4 de agosto de 2014 a las 19:29 horas.





 

Del Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a autorizar y etiquetar recursos para el establecimiento de oficinas de pesca y acuacultura en los puertos de los estados de Yucatán y Quintana Roo, durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador de la República por el Estado de Yucatán e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con los siguientes:

ANTECEDENTES

Uno de los principales motivos que generan el presente asunto, son los actos de violencia sucedidos recientemente en el Oriente del Estado de Yucatán, en específico en los puertos de San Felipe y Rio Lagartos, en los que pescadores cooperativistas se han enfrentado físicamente con pescadores furtivos, para evitar la pesca ilegal del pepino de mar y de otras especies marinas que se encuentran en peligro de extinción, o en periodo de veda.

Derivado de ello, los pescadores organizados han asumido por su cuenta y con sus propios recursos una responsabilidad de patrullaje y vigilancia que corresponde a la autoridad; sin embargo esto ha traído como consecuencia la comisión de delitos en perjuicio de los pobladores. Por ello, hace algunos días presenté ante el Senado de la República diversos puntos de acuerdo relacionados con el tema: el 03 de julio del año en curso la Primera Comisión de la Permanente avaló un Punto de Acuerdo por el que se solicitó a la Procuraduría General de la República que investigue con prontitud los hechos ocurridos el pasado 08 de junio, fecha en la que se registraron actos violentos en los puertos de San Felipe y Río Lagartos en el Estado de Yucatán, como resultado del conflicto entre pescadores ribereños y furtivos de la región.

Asimismo, el Senado exhortó al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA), en coordinación con la Secretaría de Marina, fortalezcan las medidas de inspección y vigilancia, y se denuncie ante la Procuraduría General de la República a quienes de manera ilegal llevan a cabo la pesca de especies marinas.

El citado punto de acuerdo, exhorta además al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Dirección General de Inspección y Vigilancia de dicho órgano desconcentrado, informen sobre los avances derivados del acuerdo de colaboración celebrado el 12 de junio del presente, con autoridades de la Secretaría de Marina y del Gobierno de Yucatán.

A pesar de ser temas de interés no sólo para la población yucateca sino de toda la sociedad, a la fecha no se ha obtenido una respuesta favorable por parte de las autoridades, ni la transparencia de las acciones tomadas, máxime que aún legalmente se carece del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que motiva la falta de claridad en la aplicación de las funciones de las autoridades de CONAPESCA.

CONSIDERANDOS

I. Las propiedades atribuidas al pepino de mar de la clase isostichopus badionatus han desatado la pesca furtiva y el mercado negro de este producto desde la Península de Yucatán hacia el resto del mundo.

La demanda de esta especie invertebrada en el mercado asiático se ha convertido en una gran amenaza para ésta, pues en algunas ciudades se cree que el pepino de mar tiene la capacidad de inhibir la proliferación de células cancerígenas o bien, que sirve como afrodisíaco.

La demanda internacional del pepino de mar asciende a 10 mil toneladas anuales, siendo los principales consumidores países como China, Vietnam, Tailandia, Corea del Sur, Estados Unidos, México, Japón, Singapur y Marruecos. El Estado de Yucatán concentra 95.69% de la pesca de pepino de mar en los 12 estados donde se permite su aprovechamiento. Y CONAPESCA calcula que durante la temporada de pesca del año 2013, en Yucatán se produjeron mil 689 toneladas de pepino de mar, de las mil 765 de todo el país.

Aunque no se considera en peligro de extinción, en México y otras partes del continente americano se considera un periodo de veda para evitar la depredación, esto con el fin de evitar que el espécimen emigre a otras corrientes o desaparezca, lo que causaría un serio desequilibrio de los ecosistemas del fondo del mar.

En todo el mundo las normas reducen los períodos de comercialización a las temporadas de pesca, pero los pescadores furtivos han encontrado la forma de evadir las restricciones y casi todo el año están en su búsqueda, con lo que colocan a esta especie en riesgo de sobre explotación y eventual extinción, y rompen el equilibrio de los ecosistemas del fondo del mar.

Y es que, de acuerdo con algunos diarios nacionales “mientras que un pescador furtivo obtiene ganancias de entre 17 y 50 pesos por kilo, las grandes procesadoras de mariscos venden el producto a países asiáticos por mil 200 pesos el kilo”1.

II. En un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 2 se alerta sobre la situación de los recursos pesqueros del planeta y los peligros que ello representa para la humanidad debido a la mala administración de una riqueza de la que dependen millones de personas para su alimentación y su trabajo. En el documento se destaca, en primer lugar, la sobrexplotación de las especies marinas: la mitad está ya en su límite biológico, mientras una cuarta parte de las mismas se encuentra amenazada, porque se captura más de lo que permite un uso sostenible y porque las reservas se hallan seriamente mermadas, además de que las declaradas en veda muestran una lenta recuperación.

Y es que cada día se pesca más, pero sin control ni racionalidad, lo que hace, además, que los hombres del mar vivan mal y que la población no consuma productos marinos adecuadamente.

La pesca clandestina rompe el ciclo de la reproducción que garantizaría a futuro la abundancia de las especies. Eso sucede en México con algunas pesquerías que hoy requieren veda: la del mero, el pulpo, la langosta y el caracol, entre otras. A pesar de que está prohibida su captura durante varios meses, se ha reducido su abundancia, y se pescan clandestinamente durante las vedas.

La FAO insiste en su estudio en que los países requieren mejorar la legislación pesquera a fin de que esa actividad sea más racional en el mediano y largo plazos, algo que hace falta en México.

En nuestro país, si bien todos los involucrados en el tema (empresarios, pescadores, científicos, funcionarios) dicen que urge una legislación que regule la actividad pesquera y la haga racional, falta voluntad y acciones para solucionar el problema; baste citar el retraso en la publicación del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que desde 2008 debió hacerse, conforme al artículo Sexto Transitorio de ese ordenamiento.

III. México es vulnerable al fenómeno de la pesca ilegal por la amplia extensión de su litoral y por la composición de su flota pesquera, con más de 100 mil embarcaciones menores o pangas, cuya actividad es sumamente difícil de supervisar. Por ello, de acuerdo con estimaciones conservadoras, la pesca ilegal representa 30% de la producción registrada, y destacan especies de alto valor como: abulón, langosta, camarón, pepino y caracol, entre otras. Ante la falta de inspectores de CONAPESCA, los pescadores cooperativistas yucatecos han buscado “auto defenderse”, de forma similar a lo sucedido en el estado de Michoacán.

Se estima que sólo existen alrededor de 200 inspectores de CONAPESCA para vigilar los 11,500 kilómetros de litorales mexicanos, cantidad claramente insuficiente para cumplir con su trabajo de manera efectiva. Estos inspectores no son portadores de armas (a diferencia de muchos pescadores furtivos), únicamente acuden a las zonas pesqueras para realizar operativos de verificación de permisos y/o concesiones, situación que da lugar a la corrupción como mecanismo alterno para que los pescadores puedan seguir capturando especies marinas de forma ilegal.

IV. De acuerdo con el último Programa Nacional de Inspección y Vigilancia presentado por CONAPESCA, la sustentabilidad, legalidad y seguridad de las actividades pesqueras requieren:

●Establecer acciones contundentes del Gobierno Federal para combatir frontalmente la pesca, tránsito y comercio ilegal de productos de la pesca y la acuacultura.

●Privilegiar la prevención con la participación de los tres ámbitos de gobierno y la corresponsabilidad de la sociedad a través de los productores.

●Prevenir, combatir y sancionar la pesca y acuacultura ilegal de tal manera que esta actividad ilícita se vuelva totalmente incosteable.

●Incentivar y verificar el cumplimiento de la normatividad.

●Combatir la comercialización clandestina de especies.

●Promover la creación de comités estatales de inspección y vigilancia, así como difundir el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros.

Pero todas estas acciones no tendrán ningún fruto y se quedarán en letra muerta si no se dispone de los recursos presupuestales para la contratación y establecimiento de nuevas oficinas que permitan dar una atención oportuna a los ciudadanos, y una correcta inspección y vigilancia de los puertos.

Por ello, el cuidado, protección y vigilancia que se les brinde a este tipo de especies, y el involucramiento real de las autoridades competentes a través de una presencia mayor en los puertos de la República Mexicana y en especial de los estados de Yucatán y Quintana Roo, redundará en un mayor control y atención de la pesca irracional.

V. Con base en el “ACUERDO por el que se crean oficinas regionales de pesca y acuacultura como parte de la estructura de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, se establece su organización y circunscripción, y se asignan las atribuciones y funciones que se indican3, existen cinco oficinas regionales para atender a los 31 estados y el Distrito Federal, divididas por zona Norte, Sur, Golfo de México, Caribe y Aguas Interiores.

Dentro de sus atribuciones están las siguientes:

●Ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia acuícola y pesquera;

●Coordinar las acciones para verificar la acreditación de la legal procedencia de los productos y subproductos pesqueros y acuícolas, así como supervisar el control de inventarios durante las épocas de veda;

●Supervisar y auxiliar en la operación de prácticas de visitas de inspección y verificación, en las materias de acuacultura y pesca;

●Integrar y dictaminar las solicitudes de otorgamiento y modificación de los permisos en materia de pesca y acuacultura, así como proponer a la unidad administrativa competente de CONAPESCA, su revocación, la declaración de caducidad y anulación de los mismos;

●Vigilar, en coordinación con las autoridades competentes, los sitios de desembarque y acopio para las operaciones pesqueras y acuícolas, y promover ante las autoridades competentes la ubicación de los mismos;

●Auxiliar en la determinación de las zonas de captura y cultivo, en aguas interiores y frentes de playa, para la recolección de reproductores, así como las épocas y volúmenes a que deberá sujetarse la colecta;

●Prestar la capacitación y servicios de asesoría a las organizaciones pesqueras y acuícolas que lo soliciten;

●Colaborar en la supervisión de los programas a cargo de CONAPESCA;

●Promover, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría y de CONAPESCA, así como con las entidades federativas, la ejecución de los programas de fortalecimiento de la cadena productiva, ordenamiento pesquero, organización y capacitación, investigación e infraestructura;

●Supervisar la operación y auxiliar en la ejecución de los programas de administración y regulación pesquera y acuícola;

●Fomentar la promoción de actividades pesqueras y acuícolas, así como el desarrollo integral de quienes participen en dichas actividades, en colaboración con las unidades administrativas de CONAPESCA; y

●Promover, en coordinación con las unidades administrativas de CONAPESCA, la supervisión de la operación de los sistemas de registro, los estadísticos y los geográficos a nivel central y con la participación que corresponda al Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.

Existe una sola oficina para cubrir los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, siendo insuficiente para la atención oportuna y adecuada de los asuntos, máxime que en estos estados se presenta el mayor número de pesquerías y recursos marinos para su explotación, y también para su pesca ilegal.

Por ello, es necesario contar con un mayor número de oficinas en los puertos de los estados de Yucatán y Quintana Roo, inspectores con facultades que permitan reforzar la vigilancia a fin de preservar el Estado de Derecho y garantizar la sustentabilidad de las especies pesqueras.

Las atribuciones con las que deben contar estas oficinas, además de las existentes para las oficinas Regionales son:

●Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de pesca y acuacultura, así como el cumplimento de las concesiones, permisos y autorizaciones pesqueras y acuícolas;

●Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de quienes, en las zonas litorales o embalses, mantengan existencias de productos pesqueros en veda o los transporten desde las zonas litorales o embalses en donde se ha establecido la veda;

●Denunciar ante el Ministerio Público Federal los hechos de los que tenga conocimiento como resultado de la inspección y vigilancia en materia de pesca y acuacultura.

Estas oficinas deberán realizar dichas acciones de manera concurrente con la Dirección General de Inspección y Vigilancia, como área central encargada de llevar a cabo este tipo de actividades.

La problemática y propuestas planteadas implican, necesariamente, la asignación y destino de recursos presupuestales, que se deberán considerar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, con el fin de que las dependencias y órganos competentes puedan instrumentar la creación de nuevas oficinas y, por ende, que exista mayor responsabilidad por parte de las autoridades y no sólo del ciudadano afectado.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se autoricen y etiqueten recursos para el establecimiento de oficinas de pesca y acuacultura en los puertos de los estados de Yucatán y Quintana Roo, con el fin de reforzar la inspección y vigilancia, y preservar el Estado de Derecho garantizando la sustentabilidad de las especies pesqueras.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina, y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que en el ámbito de su competencia, intensifiquen las acciones de inspección y vigilancia para combatir frontalmente la pesca, tránsito y comercio ilegal de productos del mar y la acuacultura, en los estados de Yucatán y Quintana Roo.

Senado de la República, el 6 de agosto de 2014.

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.

1 http://poresto.net/ver_nota.php?zona=qroo&idSeccion=10&idTitulo=303094

2 http://www.fao.org/fishery

3 Diario Oficial de la Federación, Jueves 18 de agosto de 2011





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que solicita al titular del Instituto Nacional de Migración un informe sobre las acciones administrativas y penales instrumentadas para investigar y, en su caso, sancionar las denuncias de corrupción y extorsión presentadas contra diversos funcionarios de dicho Instituto. Se turna a la Primera Comisión.







 

Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, de la autoridad del espacio público del Distrito Federal, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la delegación Alvaro Obregón a implementar un programa integral en la presa Becerra "a", que incluya el desazolve, dragado, retiro de residuos de áreas verdes, implementación adecuada y permanente de una campaña de concientización para evitar que se arrojen residuos en el sitio, incluyendo la rehabilitación del espacio público, acondicionándolo como un lugar seguro, activo y accesible. Se turna a la Primera Comisión.

"El que suscribe, ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Delegación Alvaro Obregón tiene una importante red pluvial formada por sus barrancas y cañadas, que constituyen el descenso natural del agua en su rápido camino hacia la cuenca. Las corrientes de agua forman ocho subcuencas pluviales correspondientes a los ríos Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tarango, Tequilazco, Tetelpan, Texcalatlaco y Magdalena, abastecidos por agua de lluvia y por cinco manantiales infiltrados en la montaña1.

El río Tacubaya nace en las laderas del cerro Cuajimalpa, se dirige por el noreste hasta unirse con el río Becerra y después forma el río de la Piedad; sus principales alimentadores son los manantiales de Santa Fe. A lo largo del río Tacubaya se ha construido la presa del mismo nombre. La cuenca de este río presenta una topografía accidentada que origina grandes escurrimientos.

El río Becerra nace en el cerro de Cuajimalpa, sigue en dirección noreste hasta unirse con el río Tacubaya y formar así el río de la Piedad, que entubado cruza la ciudad y desemboca en el lago de Texcoco. Su cuenca es bastante impermeable; sobre él se construyó la presa Becerra I y II, cuyas principales afluentes son las barrancas: Las Palmas, Tecolocalco, Ojalalpa y Tecolote.

En este contexto, es que de acuerdo con información publicada recientemente, la Presa Becerra A es una de las 13 existentes en la delegación Alvaro Obregón, misma que hace poco más de tres décadas albergaba un ojo de agua transparente, sin embargo con paso del tiempo, la presa que era un vaso de aguas pluviales, se ha convertido en depósito de aguas negras por el crecimiento de la mancha urbana, originando con ello un alto grado de contaminación, en detrimento de los habitantes de los alrededores2.

De conformidad con el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, Visión 20 Años, del Gobierno del Distrito Federal y publicado 12 de Octubre de 2012, los cauces a cielo abierto y las obras de regulación requieren de mantenimiento constante; las consecuencias en el sector agua, derivadas de la degradación de los recursos, no se remiten sólo a la reducción en la recarga natural del acuífero, sino que se tienen pérdidas en los recursos forestales y agrícolas, lo que origina un aumento en el transporte y sedimentación de sólidos que provocan azolvamiento de presas y lagunas de regulación, así como de la misma red de drenaje, lo cual incrementa el riesgo de inundaciones y eleva los costos de mantenimiento.

En concordancia con lo anterior, es que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México cuenta con programas permanentes de desazolve en redes, presas, lagunas cauces, canales y barrancas, con el fin de reducir riesgos y mantener en buenas condiciones la infraestructura y los bienes inherentes, no obstante ello, existen sitios como el caso de la Presa Becerra A" que acumulan residuos y se convierten en un problema ambiental, de salud pública y de seguridad.

En este contexto, resulta preocupante que la Presa Becerra "A", ubicada en la Delegación Alvaro Obregón, se encuentre saturada de desperdicios, incluidos refrigeradores, colchones, sofás y productos plásticos, acumulando aproximadamente en su conjunto 3 mil toneladas de basura y originando con ello contaminación al suelo, agua y afectaciones a la salud pública.

El Artículo 41 de la Ley de Aguas del Distrito Federal señala que con el fin de prevenir la contaminación del agua, el Sistema de Aguas, deberá promover o realizar las medidas necesarias para evitar que los residuos sólidos y materiales y sustancias tóxicas, contaminen las aguas superficiales o del subsuelo.

En el mismo sentido, el Artículo 10 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, refiere que corresponde a cada una de las delegaciones implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente desde las delegaciones, etiquetando un porcentaje de su presupuesto anual que garantice el mantenimiento, la protección, la preservación, la vigilancia de las áreas verdes y barrancas de su demarcación.

Así también, el Artículo 173 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, denota que cuando la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos produzca contaminación del suelo los responsables estarán obligados a llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar y restablecer las condiciones del suelo y en caso de que la recuperación y restablecimiento no sean factibles, a indemnizar los daños causados de conformidad con la legislación civil aplicable.

En concordancia con lo anterior, el Código Penal del Distrito Federal, señala en su Artículo 346 que se impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien ilícitamente genere, maneje o disponga residuos sólidos o industriales no peligrosos aumentando en una mitad cuando las conductas se realicen dentro de una barranca ò zona de recarga de mantos acuíferos.

Derivado de lo anterior, resulta urgente que la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Delegación Alvaro Obregón implementen de manera coordinada un Programa Integral que contemple el desazolve, dragado, retiro de residuos de áreas verdes, la implementación de una adecuada y permanente campaña de concientización para evitar que los vecinos arrojen residuos en el sitio, incluyendo la rehabilitación del espacio público, acondicionándolo como un lugar seguro, activo y accesible.

En este mismo sentido, es que resulta imperante que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, lleve a cabo las acciones tendientes a recuperar el espacio público, en cumplimiento de la visión que como órgano desconcentrado tiene y que es el ofrecer a los habitantes del Distrito Federal, espacios adecuados para el desarrollo de actividades recreativas, culturales y de salud al aire libre, mediante la creación, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos.

En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Delegación Alvaro Obregón a que implementen de manera coordinada un Programa Integral en la Presa Becerra "A", que incluya el desazolve, dragado, retiro de residuos de áreas verdes y la implementación de una adecuada y permanente campaña de concientización para evitar que los vecinos arrojen residuos en el sitio.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, a que lleve a cabo las acciones tendientes a recuperar el espacio público en las inmediaciones de la Presa Becerra "A", ofreciendo a los habitantes de la zona un sitio que contemple actividades recreativas, culturales y de salud al aire libre en mejora de su entorno.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 6 de agosto de 2014.

Suscribe

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino.

1http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=article&id=4357:hidrologia-de-la-delegacion-alvaro-obregon&catid=1220:cuenca-del-valle-de-mexico&Itemid=110

2 http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/85139.html





 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República y al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila a investigar la posible comisión de delitos relacionados a operaciones con recursos de procedencia ilícita cometidos en el dicho estado durante las administraciones de Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López. Se turna a la Primera Comisión.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

De los mexicanos, 89.7% considera que las corporaciones policiacas del país son corruptas, seguido de los partidos políticos y el Ministerio Público con 84.4% y 78.4% respectivamente. En general, el 75.6% de la población considera que la corrupción en el gobierno federal es una práctica común.

El INEGI dio a conocer el 16 de junio de este año la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, la cual reveló que 12,080 personas tuvieron contacto con algún servidor público y 24,724 experimentaron algún tipo corrupción.

Dicho documento refleja que 77.2% de la población considera que la corrupción en los gobiernos estatales es muy frecuente, y 75.8% piensa lo mismo de los gobiernos municipales.

Revela que la corrupción se ubica en el tercer lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos, con 48.5% y sólo detrás de la inseguridad-delincuencia que alcanzó 70.4% y el desempleo que registró 51 por ciento.

Bajo este contexto es que, nuevamente desde el exterior, se da a conocer que autoridades federales y estatales de Texas investigan a una red de empresarios y ex funcionarios de Coahuila originada durante el mandato del ex Gobernador priista Humberto Moreira Valdez, misma que se trasladó a San Antonio durante los últimos siete años donde, afirman los fiscales, lavaron millones de dólares en sobornos provenientes de cárteles de la droga y de contratistas de esa entidad, reportó el diario San Antonio Express-News.

Las autoridades estadounidenses afirman que los más recientes problemas en San Antonio están relacionados con narcotraficantes, empresarios y altos funcionarios mexicanos que lavaron más de 35 millones de dólares en sobornos para contratos estatales.

Los fiscales han confiscado decenas de millones de dólares en bienes raíces en San Antonio, mismos que, aseguran, fueron sacados del gobierno de Coahuila desde el 2007, durante el mandato del ex Gobernador Humberto Moreira.

De acuerdo a entrevistas, documentos y registros, han presentado demandas para confiscar cuentas de bancos y diversas propiedades, entre las que se encuentran varios restaurantes e incluso un centro comercial.

Entre los acusados está el ex tesorero estatal, Héctor Javier Villarreal Hernández, acusado de enviar sobornos de México a Texas; varios empresarios propietarios de casas en San Antonio, y Jorge Juan Torres López, el ex Gobernador interino de Coahuila en 2011, quien para las autoridades de Estados Unidos se encuentra en calidad de prófugo.

De acuerdo con el fiscal Cliff Herberg, Villarreal Hernández es acusado de obtener fondos a partir de un contrato inflado con una empresa extractora de mineral controlada por los Zetas.

Derivado de las investigaciones que se realizan sobre este asunto en Estados Unidos, Humberto Moreira Valdés es requerido por las autoridades texanas como testigo junto con el actual Gobernador coahuilense, su hermano Rubén Moreira.

En noviembre pasado, Villarreal Hernández y Torres López fueron acusados formalmente ante una corte federal de delitos financieros, bajo la acusación de realizar "transacciones financieras relacionadas con el producto de una actividad ilegal".

Villarreal era buscado desde hace dos años, luego que autoridades federales y del estado de Texas presentaran ante distintas cortes demandas para decomisarle millones de dólares en cuentas bancarias y propiedades, relacionadas con delitos de lavado de dinero. El ex funcionario de Coahuila se entregó en febrero a las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas, y fue trasladado a una cárcel de San Antonio.

En 2012, el Departamento de Estado de Estados Unidos reportó los escándalos de corrupción, prácticas ilegales y deuda pública excesiva ligadas al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

El documento de la dependencia titulado Reporte de países en Prácticas de Derechos Humanos, publicado el 24 de mayo de 2012, consignó que Moreira, anunció su renuncia como líder del Partido Revolucionario Institucional en medio de la creciente controversia por el escándalo de la deuda durante su mandato como gobernador de Coahuila de 2005 a 2011.

El apartado 4 de tal documento, que lleva por nombre "Corrupción oficial y transparencia gubernamental" refiere que en agosto (2011), la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación criminal sobre las denuncias contra el gobierno del estado de Coahuila por no haber reportado su deuda en casi 30 mil millones de pesos y por haber falsificado documentos oficiales para obtener financiamiento. "La Secretaría de Hacienda presentó una demanda penal ante la PGR contra el estado de Coahuila y la investigación continuaba al finalizar el año", dice el documento.

También se añade que además de la corrupción a nivel básico, como sobornos a oficiales administrativos y a fuerzas de seguridad, hay formas más sofisticadas y menos aparentes de corrupción incluyen pagos excesivos por los bienes y servicios para proveer pagos "a funcionarios electos y a partidos políticos".

El documento también menciona que el gobierno mexicano "no ha implementado las leyes (contra la corrupción) efectivamente". El texto reporta que "documentos creíbles" indican que los oficiales de gobierno están vinculados frecuentemente con prácticas corruptas e impunidad, y relativamente en pocos casos son llevados a juicio. Después de algunos párrafos mencionan a Humberto Moreira.

A continuación el fragmento que menciona a Humberto Moreira:

SECCION 4. Corrupción oficial y transparencia gubernamental.

El 2 de diciembre, Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila (2005-11) y entonces líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció su renuncia como líder del partido debido a la escalada controversia sobre la escandalosa deuda durante su tiempo como gobernador. En agosto, la PGR inició una investigación criminal sobre las acusaciones de que el gobierno de Coahuila había reportado su deuda por debajo de la cifra correcta, por casi 30 millones de pesos y había falsificado documentos oficiales para adquirir préstamos. La Secretaría de Finanzas realizó una demanda penal con la PGR en contra del estado de Coahuila, y la investigación continuó hacia final de año.

En el mismo reporte del Departamento de Estado en el apartado de "corrupción" se menciona que las autoridades federales arrestaron a dos funcionarios fiscales en Coahuila y se emitieron órdenes de arresto contra cinco ex funcionarios del Estado por su presunta participación en un fraude de préstamos, lo que significa más de 25 millones de pesos a la deuda pública de dicha entidad.

Como queda claramente documentado, la situación de corrupción y desvíos de recursos en el estado de Coahuila es severa y hasta ahora, quienes han sido acusados como presuntos responsables de la adquisición de una de las mayores deudas históricas siguen sin ser procesados y sancionados conforme a la ley.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República Jesús Murillo Karam, a que en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación imparcial y aplique las sanciones que correspondan a Humberto Moreira Valdés, Jorge Torres López, así como de quien resulte responsable por la posible comisión de delitos relacionados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, Homero Ramos Gloria, a que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Procuraduría General de la República, realice una investigación imparcial y aplique las sanciones que correspondan a Humberto Moreira Valdés, Jorge Torres López, así como a quien resulte responsable por la posible comisión de delitos relacionados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dado en el Senado de la República, el 6 de agosto de 2014.

1 Disponible enhttp://www.state.gov/documents/organization/186738.pdf





 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a instrumentar un programa específico de alfabetización para quienes no sepan leer y escribir y deseen postularse a puestos de representación popular. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, MAGDALENA NUÑEZ MONREAL, Diputada Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a instrumentar un programa específico de alfabetización para quienes deseen postularse a puestos de representación popular que no sepan leer y escribir, al tenor de las siguientes :

CONSIDERACIONES

El titular de la Secretaría de Educación Pública, ha sostenido que la gran hazaña educativa de México es alfabetizar a 7.5 millones de las personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, así como a los 8 millones de analfabetas funcionales, de ahí que el universo a atender en un país de 112 millones de habitantes supere los 15 millones.

Si además el rezago educativo se calcula en 32 millones de personas, entendiendo por tal a los mexicanos que no han concluido su educación básica, pues resulta evidente que cualquier esfuerzo en materia de educación debe orientarse a elevar el nivel educativo de la población mayor de 15 años, máxime cuando se encuentra en los supuestos enunciados.

Por ello la importancia de afrontar el problema desde otra perspectiva, en la que se promueva la participación comprometida y solidaria de la sociedad para erradicar el analfabetismo y reducir la marginación que viven millones de mexicanos por no contar con un instrumento tan importante en la vida como lo es el saber leer y escribir.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al discutir diversas acciones de inconstitucionalidad que se acumularon (27/2013, 28/2013 y 29/2013), promovidas por los Partidos Políticos de Acción Nacional y del Trabajo, así como por la Procuraduría General de la República contra diversas reformas que se hicieron a la Constitución Política del Estado de Durango, analizaron un tema fundamental relativo al requisito que establece el artículo 69 fracción II, en el sentido de que para ser diputado local el candidato debe saber leer y escribir.

La mayoría de los ministros integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegaron a la conclusión de que este parámetro de instrucción es objetivo y razonable para efectos de la calidad como diputado local y por lo tanto es constitucional, desestimando argumentos de algunos de los ministros que se pronunciaron en contra al considerar que con dicho requisito se afectan los derechos políticos de las personas.

Cabe enunciar al respecto el argumento del ministro José Ramón Cossío quien sostuvo que con el proyecto “se da al traste a la obligación del Estado Mexicano, … de educar, no sólo de alfabetizar, sino de educar muy consistentemente a las personas en un conjunto de etapas” y cuestionó “¿qué sentido tiene reconocer como obligación constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a su vez de la Constitución de Durango de educar a las personas para después negarles la posibilidad del voto pasivo a efecto de que no puedan constituir representación nacional? este asunto me parece muy grave”.

Y a la proponente le parece también sumamente grave el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya avalado la constitucionalidad del requisito de saber leer y escribir para poder ser votado, ya que como lo sostiene el propio Secretario de Educación Pública los índices de analfabetismo en el país en los últimos años se han incrementado en lugar de reducirse y por lo tanto coincido con el ministro Gutiérrez Ortiz Mena quien sostuvo la inconstitucionalidad del dispositivo motivo del debate, al señalar: “me parece que el proyecto está equivocado en el sentido de que pretende declarar una norma que priva del derecho a ser votado a un grupo o segmento de la población, fundamentalmente por su condición social”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado una norma constitucional que como refirió el ministro Zaldívar Lelo de Larrea: “es gravemente discriminatoria… de un grupo social y discriminatoria del grupo social más desprotegido. Parece que lo que se está sancionando es la pobreza y la falta de acceso a una educación”.

De ahí la importancia de que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos diseñe un programa de atención para aquéllos mexicanos que deseen postularse a algún puesto de representación popular en los comicios federales y locales a celebrarse en el 2015 y que no sepan leer y escribir a fin de que antes de la elección puedan ser instruidas y no se vean marginadas por discriminación automática en función del criterio que ha impuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tendrá una repercusión no solamente local sino nacional, ya que como lo sostuvo el propio presidente de la Corte, el ministro Juan Silva Meza es violatorio de la Constitución porque vulnera el artículo 1º y el principio pro persona “en tanto que debe prevalecer la interpretación que más favorezca a la persona”.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo:

Unico.- La Comisión Permanente exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a instrumentar un programa específico de alfabetización para quienes deseen postularse a puestos de representación popular que no sepan leer y escribir.

Recinto de la Comisión Permanente, el 6 de agosto de 2014.

Dip. Fed. Magdalena Núñez Monreal.





 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre planes y programas instrumentados en la actualidad para detectar, diagnosticar y tratar a pacientes con enfermedades huérfanas. Se turna a la Segunda Comisión.

“La que suscribe, la Senadora MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Se calcula que más de 50 millones de personas en el mundo padecen algún tipo de enfermedad rara; al día de hoy se contabilizan más de 7 mil padecimientos diversos de este tipo1.En Europa, una enfermedad rara es aquella que tiene una prevalencia inferior a 5 casos por cada 10 mil habitantes, en Estados Unidos se define como aquella que afecta a menos de 200 mil personas en ese país; en Japón, para considerar en este apartado un padecimiento, se contabiliza que afecte a menos de 50 mil personas . En México, a través de la Ley General de Salud, se definió como aquella que “tiene una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10, 000 habitantes”.

A pesar de estos parámetros, una enfermedad rara no sólo puede definirse en función de su baja prevalencia sino también debe hacerse en función de su relevancia clínica; debe considerarse en relación con el peligro o riesgo que represente para la vida del paciente o el nivel en que merma su calidad de vida.

Este panorama es alarmante si consideramos que cada semana se describen 5 nuevas enfermedades raras en la literatura científica, y se torna más complejo si se considera, que este tipo de padecimientos pueden ser raros en un área geográfica determinada pero no en otra como resultado de factores genéticos, condiciones ambientales, difusión de agentes patógenos, estilo de vida, etcétera.

Así tenemos que, si bien la Organización Mundial de la Salud reconoce la existencia de entre 6 mil y 8 mil enfermedades raras, desafortunadamente, sólo se dispone de conocimiento científico detallado sobre menos de 1, 000 enfermedades raras, lo cual no implica que el conocimiento de la enfermedad asegure capacitación médica para su tratamiento y mucho menos acceso a los procedimientos idóneos.

La mayor parte de estas enfermedades son graves y ponen en riesgo la vida de quienes las padecen; incluso sin saberlo es muy posible encontrar a alguien en esta condición en alguna generación de cada familia, por lo que es un tema que debe involucrar el interés y la participación de todos.

No se trata de una condición que debamos tomar con ligereza por ser desconocida, en realidad, la baja frecuencia de estos padecimientos se debe a una falta o retraso en su diagnóstico, dificultad de acceso a información, falta o dificultad de orientación profesional, poca experiencia de los especialistas, soledad e incomunicación entre pacientes, investigadores y especialistas y, una razón, quizá la que más deba importarnos: falta de políticas públicas al respecto.

En países de América Latina como Colombia, se ha tomado conciencia de este tema de salud pública y se han generado esfuerzos muy exitosos para tratar a la población en esta circunstancia.

A lo largo de los últimos 4 años, el Ministerio de Salud y Protección Social ha liderado los trabajos con autoridades y sectores involucrados para reglamentar la Ley 1392 de 2010 también conocida como la Ley de Enfermedades Huérfanas o Raras. Para ello, estructuró una dinámica de trabajo para llevar a cabo el registro de las personas que padecen una enfermedad de esta naturaleza y de esta manera construir una base de datos.

Aunado a ello, el Ministerio de Salud de ese país ha implementado una serie de disposiciones para la detección y tratamiento integral de la población que sufre estas condiciones.

En México, es imprescindible reconocer y asumir colectivamente esta problemática y considerarla como un asunto de salud pública; por lo que debemos reconocer, en primer lugar, desde dónde tenemos que partir, identificar los insumos con los que sí contamos y comenzar a integrar información donde haga falta.

La Constitución Política Mexicana garantiza el derecho a la salud y protege los derechos de las minorías. Si consideramos que las personas con enfermedades huérfanas en el mundo son minoría y reflexionamos que en nuestro país poco o nada se sabe sobre esta condición, estamos involucrando, simultáneamente, dos bienes jurídicos que tenemos obligación de procurar: el derecho a la salud y la protección a grupos minoritarios.

Considerando que es responsabilidad del Estado garantizar la protección y ejercicio del derecho a la salud, la cual cumple mediante las acciones de promoción de la salud instrumentadas por la Secretaría responsable; que al tratarse de un núcleo poblacional reducido, tenemos la obligación de legislar en favor de la defensa de sus derechos y garantías en materia de salud.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, informe sobre planes y programas vigentes que permitan la detección, diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades huérfanas; de igual modo informe si cuenta con un registro que permita identificar el número de personas con padecimientos de esta naturaleza en nuestro país.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 6 de agosto de 2014.

Sen. María Cristina Díaz Salazar.

1 The oficial News & Technical Journal of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research Policy analysis: Generating Real-World Evidence for RD





 

De la Diputada Margarita Licea González, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a través del Servicio de Administración Tributaria a que de manera pronta y expedita, genere las condiciones de discusión y de interlocución para que las personas que tributaban bajo el régimen de pequeños contribuyentes, sean tomados en consideración para cumplir con sus obligaciones fiscales con base a sus ingresos y de manera sencilla. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, Diputada MARGARITA LICEA GONZALEZ del grupo parlamentario Partido Acción Nacional, , integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PARA QUE DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA, GENERE LAS CONDICIONES DE DISCUSION Y DE INTERLOCUCION PARA QUE LAS PERSONAS QUE TRIBUTABAN BAJO EL REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (REPECOS), SEAN TOMADOS EN CONSIDERACION PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES CON BASE A SUS INGRESOS Y DE MANERA SENCILLA , ASIMISMO, SE EXHORTE A LA MISMA DEPENDENCIA, PARA QUE EN EL USO DE LAS FACULTADES QUE LAS LEYES LE CONFIEREN, SUSPENDA LA APLICACION DEL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL (RIF) HASTA EN TANTO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION RESUELVA LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA EN CONTRA DEL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL PRESENTADA POR INTEGRANTES DE ESTA CAMARA DE DIPUTADOS, ASI COMO DE LOS JUICIOS DE AMPARO INTERPUESTOS POR MIEMBROS IDE ESE SECTOR CONTRIBUYENTE, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El día 11 de Diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. En ésta última Ley se estableció el nuevo régimen fiscal denominado de Incorporación Fiscal que sustituye al Régimen de Pequeños Contribuyentes y en el cual se establecen nuevas obligaciones fiscales para las personas físicas que tributen en él.

SEGUNDO.- Dentro de las nuevas disposiciones que se establecen para los contribuyentes en éste Régimen se encuentran:

●El de entregar a sus clientes comprobantes fiscales por sus ventas o prestaciones de servicios, debiendo expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación de factura electrónica que se encuentra en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

●Los contribuyentes deben registrar sus ingresos, gastos, inversiones y deducciones.

●Pagar con una tarjeta de débito, crédito, de servicios o un cheque a nombre del contribuyente para poder deducir gastos mayores a 2,000 pesos.

●Si se cuenta con trabajadores, retener el Impuesto sobre la Renta y enterarlo

Cada dos meses, así como declarar al SAT de igual manera los ingresos obtenidos y los gastos realizados en su negocio, introduciendo una obligación adicional que es la de emitir comprobante fiscal digital por cada pago que realice por sueldos y salarios.

En este Régimen de Incorporación Fiscal tributarán contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos. Quienes tributaban en el antiguo régimen de pequeños contribuyentes pasarán automáticamente al régimen de incorporación y quienes tributaban en el régimen intermedio de personas físicas con actividades empresariales podrán optar por tributar en el régimen de incorporación.

TERCERO.- EL 30 de Diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, en la regla I.2.5.7 se establece que:

"Personas relevadas de presentar aviso de cambio al RIF

I.2.5.7. Para efectos de los artículos 27 del CFF, 25, fracción VII y 26, fracción V, incisos c) y d), del Reglamento del CFF, los contribuyentes que de acuerdo a la Ley del ISR vigente al 31 de diciembre de 2013, tributaban sólo en el régimen de pequeños contribuyentes, están relevados de cumplir con la obligación de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales para ubicarse en el RIF a que se refiere el artículo 111 de la Ley del ISR, siendo la autoridad la encargada de realizarlo con base en la información existente en el padrón de contribuyentes al 31 de diciembre de 2013."

De la misma forma en la regla I.2.5.8 se estableció que:

"Personas relevadas de presentar aviso de cambio al Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales

I.2.5.8. Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 25, fracción VII y 26, fracción V, incisos c) y d), del Reglamento del CFF, los contribuyentes que de acuerdo a la Ley del ISR vigente al 31 de diciembre de 2013, además del Régimen de Pequeños Contribuyentes tuvieran otro régimen fiscal vigente, están relevados de cumplir con la obligación de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales para ubicarse en el Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales a que se refiere el artículo 100 de la Ley del ISR, siendo la autoridad la encargada de realizarlo con base en la información existente en el padrón de contribuyentes al 31 de diciembre de 2013.

Lo establecido en el párrafo anterior, aplicará también para los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013, tuvieran vigente el Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales.

No obstante lo anterior, los contribuyentes citados, cuyos ingresos durante el ejercicio de 2013, no hayan excedido la cantidad de dos millones de pesos, que además no se actualicen en los supuestos de las fracciones I a VI del artículo 111 de la Ley del ISR, podrán optar a más tardar el 31 de enero de 2014, por tributar en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, siempre que presenten el aviso de actualización de actividades a través de la página de Internet del SAT, en la aplicación "Mi portal"."

Sexto. Para los efectos de la regla I.2.5.8., tercer párrafo, el aviso para tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, podrá presentarse hasta el 31 de marzo de 2014. Dicho aviso podrá presentarse por parte de personas físicas que hubieran realizado actividades empresariales a que se refieren las el Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de la Ley del ISR, vigente al 31 de diciembre de 2013, siempre que al efecto cumplan con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley del ISR.

Décimo Tercero.

Para los efectos de la regla I.2.5.21., los contribuyentes podrán aplicar la facilidad prevista en el artículo Sexto Transitorio de esta Resolución y siempre que no hayan presentado alguna declaración provisional correspondiente al ejercicio de 2014, en los términos del Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR.

I.2.5.21. Para los efectos del artículo 111 de la Ley del ISR, los contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional y que además obtengan ingresos por sueldos o salarios, asimilados a salarios o ingresos por intereses, podrán optar por pagar el ISR en los términos del Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, por las actividades propias de su actividad empresarial sujeto a las excepciones previstas en el artículo 111, cuarto párrafo de la Ley del ISR, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por los conceptos mencionados, en su conjunto no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos. La facilidad prevista en la presente regla no exime a los contribuyentes del cumplimiento de las obligaciones fiscales inherentes a los regímenes fiscales antes citados.
LISR 111

De lo anterior, se concluye que la autoridad fiscal estipuló como plazo fatal el 31 de enero de 2014, para que las personas físicas que tributaban en el régimen intermedio presentarán su actualización de actividades a través de los medios electrónicos del SAT y así poder tributar en el régimen de intermedio.

Sin embargo, derivado de ésta normatividad, empezaron a generarse una serie de inconformidades de un sinnúmero de agremiados, quienes manifestaron su inconformidad por considerar que éste nuevo Régimen de Incorporación Fiscal, no era ni proporcional ni equitativo, como lo consagra el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es por ello que empezaron a presentarse una serie de manifestaciones, mismas que derivaron de reuniones de trabajo donde fueron inclusive, según manifestaciones de los propios contribuyentes interesados, atendidos por el propio responsable del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a quien se le planteó la intención de ser escuchados y en su caso determinar de igual manera lo que procediera en base a sus requerimientos y solicitudes.

El presente Punto de Acuerdo, se generó derivado de la manifestación que un sinnúmero de contribuyentes de este Régimen de Incorporación Fiscal, presentaron tanto en las oficinas del SAT como de ésta Soberanía Nacional el pasado día 01 de agosto, fecha en que fueron recibidos por el Diputado Presidente de la Mesa Directiva y por parte de los Coordinadores de los Institutos Políticos que convergen en esta Cámara de Diputados.

Sin embargo, es de todos conocidos que durante esos meses de 2014, la alta demanda por el temor generado de la desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes, así como que los servicios que ofertó el SAT por internet aún no se encontraban plenamente en funcionamiento, colapsó la capacidad de atención, asesoría, actualización de información e inscripción al RFC. Tal es el caso de que en el primer trimestre de 2014 se inhabilitó el módulo de presentación de declaraciones mensuales de personas físicas, así como en general no se encontraba disponible la página de internet del SAT,

Ahora bien, no obstante que el SAT rediseñó los modelos del Régimen de Incorporación Fiscal y mencionó en los diferentes foros que la inscripción sería sencilla, en los hechos ha sido todo lo contrario pues las realidad es que dichos módulos no han operado al cien por ciento.

CUARTO.- Derivado de lo anterior, el 31 de enero de 2014 el Servicio de Administración Tributaria, emitió el comunicado 2/2014 donde informa que a causa de la situación descrita con anterioridad el plazo para presentar la actualización de actividades a través del portal se extendería hasta el 31 de marzo de 2014. De la misma forma el 13 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y sus anexos 1, 1-a, 9, 11, 14, 15 y 17, en su artículo transitorio Sexto se establece que:

"Sexto. Para los efectos de la regla I.2.5.8., tercer párrafo, el aviso para tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, podrá presentarse hasta el 31 de marzo de 2014. Dicho aviso podrá presentarse por parte de personas físicas que hubieran realizado actividades empresariales a que se refieren las el Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de la Ley del ISR, vigente al 31 de diciembre de 2013, siempre que al efecto cumplan con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley del ISR.

El aviso de referencia surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2014."

Sin embargo, como se mencionó con anterioridad las fallas que se presentaron en el portal del SAT impidieron que muchas personas hayan podido presentar su actualización de actividades. Aún más, el propio jefe del SAT Aristóteles Núñez reconoció en diarios de circulación nacional y local, que en ciudades como Pachuca o Guadalajara las páginas del SAT y los módulos de atención se vieron rebasados en su capacidad y muchas personas no pudieron presentar su aviso de actualización de actividades.

QUINTO.- Ahora bien, en éstos primeros seis meses del año se incorporaron al RIF los 3.8 millones de personas o negocios que operaban como Repecos y 643,741 nuevos contribuyentes que migraron de forma voluntaria; los cuales han declarado 1,300 millones de pesos por concepto de IVA, informó el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, de los 4 millones 200 mil contribuyentes que tuvieron que sumarse al RIF, sólo 8.8% han hecho la declaración correspondiente al primer bimestre del año, cuyo plazo venció éste 31 de julio; a finales de agosto vence el correspondiente al segundo y tercer bimestres del año.

Esta situación podría acarrear sanciones que podrían mermar la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas. El jefe del SAT ha mencionado en diversos medios de comunicación que por no inscribirse al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) la multa es de mil 200 pesos o por cada factura o comprobante que no se haya emitido la sanción va desde 13 mil 700 hasta 69 mil pesos, también el aseguramiento de mercancía e incluso clausuras preventivas de los negocios.

SEXTO. Por otra parte la fracción VIII del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los contribuyentes deberán presentar en forma bimestral los datos de los ingresos obtenidos, las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, así como la información de sus proveedores en el bimestre inmediato anterior, teniendo como sanción la de perder el derecho a tributar en el régimen de incorporación fiscal cuando la misma no se presente dos veces en forma consecutiva o en cinco ocasiones durante un periodo de seis años.

"Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones siguientes:

VIII. Pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección, siempre que, además de cumplir con los requisitos establecidos en ésta, presenten en forma bimestral ante el Servicio de Administración Tributaria, en la declaración a que hace referencia el párrafo quinto del artículo 111 de esta Ley, los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior.

Cuando no se presente en el plazo establecido la declaración a que se refiere el párrafo anterior dos veces en forma consecutiva o en cinco ocasiones durante los 6 años que establece el artículo 111 de esta Ley, el contribuyente dejará de tributar en los términos de esta Sección y deberá tributar en los términos del régimen general que regula el Título IV de esta Ley, según corresponda, a partir del mes siguiente a aquél en que debió presentar la información."

Es conveniente precisar que de acuerdo con la Ley, es en la Declaración Bimestral del Impuesto en donde debe presentarse la información descrita en el primer párrafo de este numeral, sin embargo, el Artículo 112 y su fracción VIII no señala expresamente qué datos deben presentarse respecto de los ingresos, erogaciones y de los proveedores en adición a que la aplicación que liberó en el mes de mayo de 2014 el Servicio de Administración Tributaria para la presentación de la declaración bimestral NO incluye ningún apartado que solicite o permita presentar información de los proveedores, de las erogaciones y de las inversiones, a pesar de lo grave que es la sanción para los contribuyentes, por lo que la autoridad hacendaria está haciendo caer en una grave omisión a los contribuyentes del RIF.

Por lo anterior, comerciantes han mostrado su preocupación respecto del imposible cumplimiento de las obligaciones a que les contrae dicha normatividad, así como de las acciones que pudieran emprender el SAT y el temor de perder su negocio y fuente de ingresos. Por ello el 1 de Agosto de 2014 Diputados integrantes de las Fracciones Legislativas del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, sostuvieron una reunión con representantes de Contribuyentes que están sujetos a nuevo Régimen de Incorporación Fiscal y que anteriormente tributaban bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes. En esta reunión de Trabajo se estableció presentar un Punto de Acuerdo con la finalidad de solicitar a la autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, para que en el ámbito de sus facultades no apliquen sanciones o multas a las personas que no han podido cumplir con sus obligaciones fiscales, como son las de emisión de factura o declaraciones, presentación de información respecto de sus ingresos, erogaciones y proveedores así como aquellas personas que no han podido incorporarse el nuevo Régimen; recordando que éste proceso ha sido especialmente difícil para los pequeños comerciantes, derivado de las complejidades tecnológicas con las que se han encontrado y de la omisión en las aplicaciones electrónicas liberadas por el SAT que no contemplan los campos para acompañar la información que debe acompañar a la declaración bimestral y de esta manera no caer en los supuestos establecidos en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Gobierno Federal a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que de manera pronta y expedita, genere las condiciones de discusión y de interlocución para que las personas que tributaban bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) sean tomados en consideración para cumplir con sus obligaciones fiscales, en base a lo establecido en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna y como consecuencia en base a sus ingresos y de manera sencilla.

SEGUNDO. Se exhorta al Gobierno Federal a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que en el uso de las facultades que las leyes le confieren, suspenda la aplicación del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia Constitucional interpuesta contra del Régimen de Incorporación Fiscal así como de los juicios de Amparo interpuesta por contribuyentes a este régimen, o en su caso se implemente alguna otra alternativa.

Dado en la Comisión Permanente, el 6 de agosto de 2014.

Atentamente

Dip. Margarita Licea González.





 

De los Senadores Luis Sánchez Jiménez y Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar las supuestas violaciones graves a los derechos humanos y el asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, en el estado de Puebla. Se turna a la Primera Comisión.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Procuraduría General de la República (PGR), sobre la atracción e investigación que deberán realizar por las “VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ASESINATO DEL NIÑO JOSE LUIS ALBERTO TEHUATLIE TAMAYO”, hechos en los que participaron elementos de la policía estatal al mando del Gobierno del Estado de Puebla en las acciones de desalojo realizadas contra ciudadanos de la junta auxiliar de Chalchihuapan, Puebla el pasado 9 de julio.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

En el mes de noviembre del año pasado el Congreso del estado de puebla modifico la ley orgánica municipal quintándoles a las juntas auxiliares de los 217 municipios la facultad de prestar el servicio público del registro civil de las personas. Situación que origino una inconformidad generalizada en esos sectores de la población, siendo el caso que en diversas ocasiones acudieron las autoridades auxiliares municipales a la Secretaria General de Gobierno del Estado y al Congreso Estatal para solicitar la restitución de este derecho a proporcionar en sus poblaciones este servicio.

Al quitar a las Juntas Auxiliares el servicio de Registro Civil también se afecto y discrimino a sus habitantes, disposiciones formalmente legislativas pero materialmente administrativas que retiran y discriminan por razón étnica y condición social.

Con esta determinación se Violó al artículo 2 constitucional, ya que la población y poblaciones afectadas son pueblos indígenas en su mayoría, yla Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

Como se puede desprender nunca fueron tomados en consideración por parte del ejecutivo del estado tanto en la propuesta legislativa, como en su implementación.

La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los Indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Como consecuencia de estas inconformidades que NO fueron atendidas por ninguna dependencia del Gobierno del estado, el pasado 9 de julio habitantes de la junta auxiliar de Chalchihuapan, del municipio de Atlixco en Puebla, salieron a ejercer su derecho constitucional a manifestarse pacíficamente en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

En reacción a este acontecimiento, el Gobierno del Estado lejos de escucharlos o negociar mediante funcionarios capacitados y autorizados para atender inconformidades, ordeno a la policía estatal a su mando presentarse en el lugar equipados con equipos antimotín de diferentes características incluyendo armas que disparaban diversos objetos contundentes y de gas lacrimógeno, según consta en infinidad de fotos y videos que circulan en las redes sociales, y que presento como material gráfico anexo y sin establecer dialogo alguno, iniciaron una brutal represión contra los habitantes de esa población, disparando infinidad de cartuchos de diferentes características, arremetiendo físicamente sin distinción alguna contra hombres, mujeres y NIÑOS, dejando como resultado más de 70 lesionados, 10 de gravedad y el ASESINATO DEL NIÑO JOSE LUIS ALBERTO TEHUATLIE TAMAYO de 13 años de edad.

De dichos actos represivos por parte del Gobierno del Estado de Puebla se pueden advertir diversas violaciones directas a la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como violaciones a los Derechos Humanos señalados por la carta fundamental y los Tratados Internaciones. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El artículo 102 apartado B establece la facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer sobre la violación grave a los derechos humanos. Es decir aprobada la reforma constitucional del 2011 sobre derechos humanos, se establece la competencia de la CNDH, para conocer sobre dichas violaciones graves a los derechos humanos, lo que anteriormente conocía la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su artículo 97 constitución párrafo VII.

De acuerdo con el mismo artículo 102 relacionado con el artículo 1 y 133 de la constitución. Se establece.

…“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

En virtud de que ya atrajo la CNDH la investigación de los hechos antes mencionados, es necesario decirle al titular que el Gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas volvió a solicitar los servicios de asesoría legal para defenderlo de estos hechos al Lic. Juan Pablo Piña Kurzyn, quien fue sexto visitador de la CNDH dentro de su actual administración, por lo que podría existir un posible conflicto de intereses, pero confiamos en la autonomía y credibilidad de ese organismo.

Hay una Violación directa a los derechos humanos por parte del Gobierno el Estado de Puebla, por implementar métodos de criminalización de la protesta, y la falta de protocolos de la llamada “Ley Bala”, por los resultados ya expuestos.

Máxime que el artículo 4° Constitucional establece que “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Violación directa al contenido del artículo 6° constitucional, la libertad de Expresión, ninguna autoridad podrá restringir dicha garantía constitucional en términos amplios, “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”
Violación a lo plasmado en el artículo 8° constitucional, “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

Del anterior artículo constitucional se viola el derecho de petición y dialogo que fue solicitado por parte de las juntas auxiliares para restablecer y corregir la ley de registro civil, de acuerdo a elementos periodísticos se presume que fueron más de 162 peticiones dirigidas al Gobernador del Estado y al Secretario General de Gobierno.

Violación al artículo 9° Constitucional, al ser agredidos, y violentados, física, y emocionalmente, ocasionando varios heridos y la muerte del NIÑO JOSE LUIS ALBERTO TEHUATLIE TAMAYO. Dicho artículo establece. ….“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”….

…“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad,”
Violación al artículo 14° Constitucional. Toda vez que en la procuraduría General de Justicia se advierte que alteraron y tergiversaron los hechos, responsabilizando a los pobladores que se manifestaban y en diversas ocasiones cambiando las versiones de los hechos, haciendo un informe final en el que dicen que la muerte del niño se debió a “una onda expansiva” de la explosión de un cohete, situación TOTALMENTE INVEROSIMIL, ya que nunca tomaron en cuenta las declaraciones de los testigos del lugar y de la madre del menor quienes coinciden siempre en señalar que al niño y a todos los pobladores los policías estatales les dispararon diversos objetos contundentes y de gas, con lo que se desestima totalmente la autonomía de la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla, y la evidencia que recogieron en el lugar de los hechos y se debe responsabilizar directamente al Gobernador del Estado, RAFAEL MORENO VALLE ROSAS por manipular totalmente a las instituciones de impartición y procuración de justicia.

….“Artículo 14°. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

Violaciones graves al artículo 16° constitucional contra los detenidos y pobladores contrariando lo que establece dicho numeral.

Artículo 16°. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. ”

De acuerdo a manifestaciones de los detenidos estos NO fueron inmediatamente puestos a disposición del Ministerio Público sino torturados y aislados, sin que pudieran hablar con familiares, abogados o defensores.

Violaciones graves al artículo 16° Constitucional. Al violarse la comunicación privada de los pobladores, así como de la Diputada federal Roxana Luna Porquillo.” Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y primacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

Violaciones graves a los derechos Humanos en contra de los pobladores de la Junta Auxiliar, en virtud de que no existe una importunación, justa por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, toda vez que es controlado por el Gobernador del Estado. Artículo 17° ,19° y 20°constitucional. . Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, situación que el titular de ejecutivo ha hecho en reiteradas ocasiones.

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales….

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

Como se tiene conocimiento los expedientes dentro del Tribunal Superior de Justicia, han sido ocultados o no proporcionados a las partes.

Artículo 20° constitucional.- V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

Violación Grave a los derechos Humanos por parte del ejecutivo del estado de Puebla, contrariando el artículo 21 constitucional.” La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Violación Grave de los derechos humanos en contra de la madre del niño, así como de los pobladores al señalar su responsabilidad penal el Gobernador del estado Rafael Moreno Valle Rosas, en declaraciones públicas a varios medios de comunicación. Violando el principio de Inocencia, que establece el artículo 20° constitucional.

I A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

De los derechos de la víctima o del ofendido: “Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

II. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

(SITUACION QUE NO OCURRIO, ya que los ciudadanos agredidos acudieron a diferentes hospitales públicos y les NEGARON la atención medica por órdenes superiores)

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

En este caso es claro el señalamiento de la madre del Menor en contra del Gobernador del Estado, al querer comprar su silencio presionándola para condenar a miembros de su población.

Violación Grave a los derechos Humanos establecidos en el Artículo 22°. “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

Las lesiones graves, perpetuas y notables en contra de los pobladores de la Junta Auxiliar, la disminución física y consecuencias de los pobladores, la afectación sicológica, y la muerte del Menor , se advierte violaciones Graves de los Derechos Humanos en contra de quien ordeno y ejecuto el desalojo de forma violenta de los pobladores.

Violación graves en relación con el artículo 6° y 35° de la Constitución.-

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del País;

Violación grave a la autonomía de los poderes e injerencia del Gobierno del Estado de Puebla contrariando el artículo 116° constitucional. “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo”.

Violación grave del gobernador del estado al no implementar ni garantizar los derechos Humanos establecidos en la Constitución. Contrariando de forma directa el artículo 120°. “Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales”. De los hechos mencionados se desprende violaciones en diversas disposiciones constitucionales, federales y de tratados internacionales, que protegen los derechos de los niños.

Violación grave al artículo 128° y 133° de la constitucional.- Artículo 128°.“Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Como se advierte afectaron los derechos humanos, las leyes federales y tratados internacionales. Todas las violaciones graves mencionadas existe la probable responsabilidad al contrariar el espíritu de la política del estado de defensa de los derechos humanos, de libertad de expresión, de protesta, de asociación, de la vida, así como de todos los derechos humanos y garantías establecidas.

Se advierte también violaciones a los tratados internacionales.

1 Convención Americana de los Derechos Humanos. 

2 Convención de los Derechos de los Niños. 

3 Pacto de San José de Costa rica. 

4 Tratado de defensa y protección de los Niños y adolescentes. 

5 Tratado para represión de mujeres y niños. 

6 Protocolo facultativo de la Convención de tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o degradantes. 

Por lo anterior me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República atraiga la investigación de los delitos cometidos en la represión que ordeno el Gobierno del Estrado de Puebla contra pobladores de la Junta Auxiliar de Chalchihuapan, donde fue asesinado el menor JOSE LUIS ALBERTO TEHUATLIE TAMAYO y lesionadas de gravedad, privadas ilegalmente de su libertad y otros que pudieran resultar de las investigaciones que se realicen, en virtud de existir conflicto de intereses ya que en los acontecimientos es posible estén involucrados diversos funcionarios del gobierno del estado incluyendo a los de la procuraduría general de justicia que no ha actuado con la probidad e imparcialidad con que se debe actuar y no son apegadas a estricto derecho las investigaciones y resultados que ha emitido y existe una probable manipulación de dictámenes y alteración de los elementos de prueba.

Segundo. Se exhorta a la COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS a que en las investigaciones correspondientes ante las evidentes y flagrantes VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS, tome en consideración todos los argumentos aquí vertidos y a la brevedad emita la recomendación correspondiente, motivando si así resultara a que por los conductos adecuados se inicien las acciones penales correspondientes así como la reparación del daño y todas las consecuencias civiles para las víctimas de la represión que ejerció el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Policía Estatal el pasado 9 de julio en Chalchihuapan, Puebla.

Tercero. Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que una vez concluidas las investigaciones de la CNDH, si no se cumpliera con las recomendaciones emitidas, atraiga el caso para que después de un análisis jurídico y conforme a sus facultades emita la resolución que conforme a derecho corresponda.





 

De la Diputada Martha Edith Vital Vera, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud, de Educación Pública y de Desarrollo Social a realizar y fortalecer diversas acciones para prevenir y disminuir los niveles de suicidio en adolescentes y jóvenes. Se turna a la Segunda Comisión.







 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a atraer la investigación del caso de la C. Niza Fernanda. Se turna a la Primera Comisión.

RICARDO MEJIA BERDEJA y RICARDO MONREAL AVILA diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La violencia de género, considerada en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada"; se expresa de diversas formas, que van desde la violencia psicológica, la emocional, verbal, pasando por la violencia económica, la política o la violencia sexual; sin embargo, de todas éstas, el feminicidio es la máxima expresión de la violencia de género.

A nivel nacional, la violencia feminicida está contemplada en el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el cual la define como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”

La violencia feminicida es resultado directo del ejercicio de violencia contra de las mujeres, ya sea que las coloque en situación de grave riesgo o las prive definitivamente de la vida por razones de género. No necesariamente conduce a la muerte de una mujer, pero sí a un daño grave en su integridad física, psíquica o sexual.

Por su parte, el feminicidio está tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal y a nivel estatal en las 32 entidades, siendo Chihuahua en octubre de 2010 y el Estado de México en marzo de 2011, los primeros estados en modificar sus códigos, mientras que el Distrito Federal fue el sexto, al hacerlo en junio de 2011 y Michoacán el último estado en modificar su legislación el pasado 20 de diciembre.

Sin embargo, aunque constituye un paso importante, la tipificación del delito de feminicidio es uno de los primeros pasos para mitigar los casos de discriminación y odio en contra de las mujeres.

Las instituciones de procuración de justicia continúan enfrentando importantes retos para identificar, perseguir y sancionar este delito, por diversos motivos: falta de sensibilización ante la problemática específica, resistencias culturales ante el cambio de patrones en las relaciones inter e intra géneros, desconocimiento de los nuevos tipos penales, deficiente manejo de los instrumentos jurídicos aplicables, ausencia de protocolos de actuación ante la presunción de homicidios de mujeres por razones de género.

Entrando en materia, es por demás conocido que “las muertas de Juárez”, o más bien “las asesinadas de Juárez” comenzaron a visibilizar la alarmante situación que las mujeres viven en el país, sin embargo a Chihuahua se le fueron sumando varios estados por el alto número de víctimas, quienes por razones de género fueron desaparecidas y/o asesinadas, tal es el caso del Distrito Federal y Zona Metropolitana.

Entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40%.

En estados como Chihuahua, el número de asesinatos contra mujeres es 15 veces más alto que el promedio mundial. En el país, se cometen 6.4 asesinatos de mujeres por día, de los cuales, 95% quedan impunes según datos del informe y de la Organización de Naciones Unidas.

Por su parte, "el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó que tan sólo entre 2010 y junio de 2011, en la capital del país se registraron 125 feminicidios, con lo que ocupaba el sexto lugar en incidencia a nivel nacional. En septiembre de 2013, durante una comparecencia ante los legisladores locales, el Procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, refirió que hasta ese momento el número de averiguaciones previas por feminicidio era únicamente de 79".

Asimismo, datos revelan que de 2005 a 2013 "cerca de mil 500 mujeres han sido asesinadas con exceso de violencia en el Estado de México, pero las autoridades federales y estatales han decidido no realizar una investigación con enfoque de género porque consideran que primero es necesario que la violencia sea generalizada en ese territorio y no se concentre en 10 de los 125 municipios de la entidad, en donde han ocurrido la mayoría de los feminicidios."

Asimismo, según información del OCNF, en el Estado de México en 2011 se registraron 569 casos de desapariciones de mujeres, de los cuales el 62 por ciento eran mujeres entre los 10 y 20 años de edad.

Datos de organizaciones sociales, de instituciones internacionales e incluso oficiales, dan cuenta que en el Estado de México, la desaparición de mujeres ha crecido de manera sostenida en los últimos siete años y aportan una cifra escalofriante: al menos, desde el 2010, más de una mujer desaparece cada día.

Los casos registrados, tanto en municipios urbanos como en rurales de diferentes zonas del territorio mexiquense, han tenido como común denominador que las víctimas cuentan con edades que van de los 13 a 28 años, así como tener piel clara y morena clara en su mayoría.

Otro dato que demuestra la gravedad del problema, es que los indicadores de desapariciones de mujeres creció hasta en un mil 225 por ciento, toda vez que en el 2007 se habían reportado tan sólo 43 casos, pero al 2011 la cifra creció hasta 570 casos.

Empleadas, estudiantes, profesionistas, trabajadoras sexuales, jefas de familia, todas ellas víctimas sí de feminicidio, pero también víctimas de la violencia ejercida por el Estado mexicano al no garantizar una de sus tareas esenciales: la protección y la seguridad de quienes habitan el territorio nacional.

Víctimas de la omisión de las autoridades cuando estas mujeres habían denunciado, con anterioridad, sufrir de algún tipo de violencia; cuando dejaron en libertad a sus agresores por falta de pruebas, por el no reconocimiento de un feminicidio haciéndolo pasar por un homicidio común, con todas las repercusiones que esta distinción implica; víctimas también de la sociedad quien al guardar silencio se vuelve cómplice y a la vez responsable de lo ocurrido diariamente.

Ejemplo de ello, es el caso de Niza Fernanda, joven de 25 años que fue secuestrada el pasado jueves 17 de Julio por la noche, "entre las 20:30 horas en que salió de su casa rumbo a un gimnasio cercano, y las 22:30, cuando los secuestradores llamaron al departamento que compartía con otro joven para pedir un rescate de 700 mil pesos", quien avisó a los tíos de la joven, que eran como sus padres, los cuales dijeron que el padre biológico de Niza Fernanda había recibido una llamada en el mismo sentido.

Esa misma noche, Pilar Garrido Villanueva y su esposo, tíos de Niza Fernanda, denunciaron el secuestro ante la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, denominada Fuerza Antisecuestro (FAS), donde les asignaron tres agentes para llevar el caso: un negociador, un investigador de campo y uno de inteligencia, a quienes conocerían como "Toño", "Armando" y el tercer agente nunca supieron el nombre.

Los tíos de la joven denuncian que no recibieron una segunda llamada por parte de los secuestradores ni tampoco supieron nada de los agentes, ni obtuvieron información por parte de ellos, hasta que "el lunes (21) a las 18:08 horas, el agente “Armando” llamó a Garrido Villanueva para decirle que habían encontrado un cuerpo con características similares a las de su sobrina. Al acudir a identificar el cadáver, la mujer constató que era Niza Fernanda."

Cabe destacar que los familiares de la joven, a través de un conocido que trabaja en Telcel, compañía en la que tenía su celular, consiguieron datos sobre la última vez que había sido usado, sin embargo el agente "Toño", desestimó esta información al igual que lo hizo cuando la familia solicitó revisar las cámaras de seguridad de un gimnasio que se encontraban cerca del lugar donde vivía Niza Fernanda.

La mujer de 36 años cuenta que el lunes, antes de la llamada para informarle sobre el hallazgo de un cuerpo, el agente “Armando” se comunicó con ella para preguntarle por una agenda de la joven; también le dijo que aún no obtenían el registro de llamadas de su teléfono, pero que podía agilizar el trámite a cambio de mil 500 pesos. Ella accedió a pagarlos. “Le dije que sí y efectivamente al otro día yo tenía la información”, dice. “Armando” le entregó la sábana de llamadas en el funeral de Niza Fernanda.

La familia de nuevo recurrió a su contacto en Telcel, quien les proporcionó las coordenadas de los movimientos del aparato. Garrido Villanueva mueve sus manos sobre un mapa imaginario para explicar, a partir del rastreo del teléfono, cuál suponen que fue la ruta de los secuestradores y de Niza Fernanda: “A ella la secuestran en un punto [cerca de su casa]. Se la llevan a Zapotitlán, ahí realizan una llamada. La vuelven a bajar al punto de las coordenadas [originales].

Ahí permanecen hasta que la avientan en Canal de Chalco y el teléfono regresa a la misma ubicación”, es decir cerca de la casa de Niza Fernanda.

Cabe decir que, a pesar del certificado forense, el cuerpo de la joven presentaba golpes, rasguños, partes sin piel y fuertes heridas en pezones, vagina y pubis; a la par de que el cuerpo había sido bañado en impermeabilizante del cuello a los pies.

El médico forense explicó a Garrido Villanueva que ese recubrimiento al secarse se contrae y arranca la piel. Sin piel no hay manera de tener las huellas de los agresores. Cuando el cadáver de Niza Fernanda fue hallado, el impermeabilizante no se había secado del todo y pudieron remover una parte sin desprenderle la dermis; pero su tía señala que tenía otras lesiones no necesariamente provocadas por el sellador.

Estos hechos denotan la posibilidad de que se considere como un feminicidio por los signos de extrema violencia en el cadáver de la joven, lo cual haría que el caso de Niza Fernanda se sume a la lista de víctimas mortales de la violencia feminicida.

Es por ello que alzamos la voz para exigir que este caso, al igual que los miles que ocurren en nuestro país, no se quede sin resolver, que se castigue a los responsables, se repare el daño provocado a las víctimas y se frene la ola de violencia de género que ha ido en incremento; toda vez que el Estado Mexicano es el garante de la seguridad de sus habitantes y de que se puedan ejercer los derechos humanos a cabalidad; por tales razones presentamos a esta Asamblea el siguiente resolutivo con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federala atraer el caso de Niza Fernanda y a investigar los hechos a través de la Unidad Especializada en Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio.

Dado en la Comisión Permanente, el 6 de agosto 2014.

1 LXII Legislatura, Cámara de Diputados "El Estado Mexicano ante el feminicidio. Retos desde el Poder Legislativo", México, p. 20.
2 Idem., p. 24
3 OCNF, "Feminicidios alcanzan nivel de 'crisis' en México: Informe de premios Nobel", [en línea], México, Dirección URL: http://observatoriofeminicidio.blogspot.mx/
4 El Pulso Dario de San Luis, "Indicios de un feminicidio", [en línea], México, Dirección URL: http://pulsoslp.com.mx/2014/07/28/indicios-de-un-feminicidio/
5 Animal Político, "Alerta de género en Edomex, sólo hasta que la violencia sea inmanejable", [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2013/08/solo-hasta-que-violencia-sea-inmanejable-se-decretara-alerta-de-genero-en-edomex/#axzz2v2AnwoIc
6 Sin embargo, "¿Quién mató a Niza Fernanda en Tláhuac? Su familia exhibe a 'negociadores' de la Fiscalía por negligentes", [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/28-07-2014/1069469
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.





 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Sinaloa a revisar el decreto relativo al artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y que se observen los principios y se cumplan las nuevas obligaciones en materia de derechos humanos de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Primera Comisión.







 

Del Diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a tomar medidas preventivas para enfrentar la posible presencia en nuestro país de la plaga del dragón amarillo. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, JOSE ALBERTO RODRIGUEZ CALDERON, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo publicado este lunes por el diario Reforma, una plaga en las huertas de naranja de Estados Unidos ha elevado el precio del fruto y abre la puerta a las exportaciones mexicanas.

Se trataría, señala el referido periódico, de la plaga Huang Long Bing (HLB), llamada también Dragón Amarillo, la cual ha ido acabando con la producción de naranjas de Florida y California, principales entidades citrícolas estadounidenses.

La referida publicación establece que para el ciclo agrícola 2013/2014, en los Estados Unidos se espera cerrar la cosecha con un total de 6.7 millones de toneladas de naranja, lo que significa 11.5 por ciento menos que un periodo antes, y 41 por ciento menor al de hace 10 años, previo a la aparición del HLB, según cifras del Departamento de Agricultura de aquel país.

Este fenómeno ha traído como consecuencia que la tonelada de naranja en el árbol se cotice en 4 mil 500 pesos, casi el doble con relación al año pasado, lo que no impide que los precios sigan ascendiendo para la próxima temporada.

Esta coyuntura trae como consecuencia que los Estados Unidos importen 140 mil toneladas de naranja, el volumen más alto registrado, según las autoridades de ese país, lo que significa una gran oportunidad para los productores mexicanos, toda vez que Brasil, que es el segundo mayor productor del cítrico en el mundo, también se está viendo afectado por la presencia de la plaga de referencia.

Cabe señalar que el HLB es propagado por una planta infectada y diseminado a través de un insecto denominado psílido asiático, el que provoca la sequedad de los naranjos, situación que es de gravísimas consecuencias para los productores, pues hasta el momento no se conoce cura para este mal.

Si bien es cierto que, tal y como señalamos con anterioridad, la actual coyuntura representa una oportunidad dorada para los naranjeros mexicanos, no debemos dejar de lado que, de acuerdo con la información publicada por el diario en comento, en México ya existen indicios de que podría estar en huertos de Colima, Puebla, Morelos, Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Nayarit.

En esta tesitura, resulta importante que las autoridades agrícolas mexicanas adopten medidas tendientes a prevenir y erradicar la presencia de la plaga del dragón amarillo en los huertos de nuestro país, razón por la cual este cuerpo legislativo propone que se exhorte al. C. Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, a efecto de que se trabaje en este sentido, lo que sin duda contribuirá a dar certeza y estabilidad a las actividades de nuestros productores.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que se tomen medidas preventivas para enfrentar la posible presencia en nuestro país de la plaga del dragón amarillo.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de agosto de 2014.

Dip. José Alberto Rodríguez Calderón.





 

Del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a solventar el atraso en las devoluciones fiscales a productores agropecuarios. Se turna a la Tercera Comisión.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En teoría, de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un régimen fiscal es un conjunto de derechos y obligaciones a los que se hace acreedor un ciudadano a partir de desempeñar una actividad específica.

Una de esas actividades es la agropecuaria y pesquera a través de la cual se contribuye con el desarrollo del país desde distintos ángulos, desde el social, el económico, el de la alimentación, entre otros.

No obstante su importancia, el sector agropecuario y pesquero ha tenido un ritmo de crecimiento menor al de la economía nacional por lo que requiere de un impulso, entre otras cosas, a través de mayor capital y dinamismo de la actividad productiva.

A pesar de que ese dinamismo del sector agropecuario y pesquero debe ser impulsado a través de las políticas de gobierno ello no ocurre, como lo evidencia el régimen fiscal en el que en la práctica los derechos del contribuyente no se hacen valer por parte de la autoridad tributaria con atraso en las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado al sector agropecuario.

Esto por supuesto es grave, ya que de acuerdo con la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa y del Consejo Nacional Agropecuario, los retrasos del IVA comprenden más de 8 meses que repercuten en la falta de liquidez de los productores y en la incapacidad para solventar créditos contraídos con la expectativa de liquidarlos con dichas devoluciones1.

Dichos organismos de productores señalan que son más de mil millones de pesos los que adeuda el Servicio de Administración Tributaria al Campo Mexicano, lo que en el corto plazo repercutirá en paros temporales de actividades y consecuentemente en despidos.

Es decir, el Gobierno Federal lejos de contribuir al impulso de las actividades productivas propicia su deterioro, con implicaciones para el mercado local, el empleo y para las exportaciones del sector.

La ineficiencia de este gobierno se demuestra no sólo en su incapacidad para ampliar la base tributaria que permita aumentar los ingresos de manera saludable, y a causa de dicha incapacidad se ha puesto a México en una ruta de endeudamiento como ya todos sabemos, pero además, es ineficiente en el cumplimiento del régimen fiscal lo que sin duda afecta la actividad productiva al retener el dinero con el cual se desempeñan actividades productivas como son las del sector agropecuario.

De nada sirve un presupuesto millonario para el campo que requiere mayor impacto en la población que se refleje en la economía nacional, si por otro lado el propio gobierno al incumplir sus obligaciones afecta la actividad productiva.

Por lo antes expuesto, someto a esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se hace un atento exhorto al Servicio de Administración Tributaria, para que agilice las devoluciones fiscales al sector agropecuario que datan desde principios del año 2013, a fin de que los productores puedan realizar su actividad productiva, solventen sus créditos y eviten mayor desempleo.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que implemente las medidas y acciones necesarias para corregir las ineficiencias del régimen fiscal que derivan en el atraso en devoluciones fiscales y consecuentemente en un deterioro de la actividad económica nacional.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 6 de agosto de 2014.

1 Periódico Reforma. Reclama el Agro 1000 mdp al SAT. Sección negocios página 1. 27 de mayo de 2014.





 

Del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a solventar el atraso en las devoluciones fiscales a productores agropecuarios. Se turna a la Tercera Comisión.







 

De la Diputada Martha Edith Vital Vera, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar el cumplimiento de la normatividad referente a los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo que transitan en caminos y puentes de jurisdicción federal para prevenir accidentes. Se turna a la Tercera Comisión.







 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer los hechos en que resultó privado de su libertad el periodista Nolberto Herrera Rodríguez en el estado de Zacatecas y al gobernador de dicho estado a recibir a los senadores integrantes de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación. Se turna a la Primera Comisión.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en salud a informar de las acciones y medidas que se han de tomar en el caso de los medicamentos del Seguro Popular que se almacenaron y fueron abandonados en estado caduco, dentro de una bodega en el municipio de Tlalixtac de Cabrera, en el estado de Oaxaca. Se turna a la Segunda Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo a la siguiente:

CONSIDERACIONES

a) Con fundamento en el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de México, se estipula que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

b)  Conforme al artículo 12, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se establece que en el ámbito territorial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, toda persona tiene derecho a la protección de la salud.  Establecerá la participación del Gobierno del Estado en materia de salubridad general concurrente, atendiendo a lo dispuesto por la legislación sanitaria federal. Asimismo definirá la competencia del Estado y de los Municipios en materia de salubridad local.

c) Con base en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se estipula lo siguiente: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio   ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,  endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

d) Con fundamento en el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, se estipula que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

e) Conforme al artículo 77 bis 2 de la Ley General de Salud, se entenderá por Sistema de Protección Social en Salud a las acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud entendiéndose por éstos, a las estructuras administrativas que provean dichas acciones, que dependan o sean coordinadas por la encargada de conducir la política en materia de salud en las entidades federativas.

f) De conformidad con el artículo 77 bis 3 de la Ley General de Salud, refiere que las familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, se incorporarán al Sistema de Protección Social en Salud que les corresponda en razón de su domicilio, con lo cual gozarán de las acciones de protección en salud.

g) Con fundamento en el artículo 77 bis 35 de la Ley General de Salud, el Sistema de Protección Social en Salud contará con una Comisión Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con la estructura y funciones que le asigne su reglamento interno.

h) En el artículo 3 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se estipula que la Comisión es un órgano desconcentrado de la Secretaría con autonomía técnica, administrativa y operativa cuya función consiste en ejercer las atribuciones que en materia de protección social en salud le otorgan el presente Reglamento y los demás ordenamientos aplicables.

i) Con base en el artículo 4 fracción XXXI del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se inscribe que le corresponde a la Comisión, establecer las medidas y realizar las acciones para la debida tutela de los derechos de los beneficiarios del Sistema.

 ANTECEDENTES

El día 31 de julio del presente año, se dio a conocer la noticia sobre el abandono de medicinas que pertenecen al Seguro Popular; los fármacos se encontraron al aire libre en el patio trasero de una bodega, situada en el Municipio de Tlalixtac de Cabrera del estado de Oaxaca, a un costado de la carretera federal 190. Se hallaron cajas de medicina mojadas, algunas ya están destruidas y otras pisoteadas; también, algunas botellas con suero están esparcidas por el terreno entre el lodo. Con base en las declaraciones de los Trabajadores del Régimen Estatal de Protección Social en Salud -REPSS-, señalaron que el medicamento fue adquirido por la actual administración y que no fue distribuido en las unidades médicas, por lo que, ya caduco, fue desechado en el patio trasero de la bodega1.El Seguro Popular en Oaxaca es dirigido por Salvador Monroy Rodríguez, quien estuvo a cargo de la adquisición y pagos de los medicamentos en comento. De acuerdo con las cifras del Seguro Popular, Oaxaca tiene un padrón de 2.7 millones beneficiarios2.

Es importante mencionar que el viernes 1 de agosto, la dirección del Seguro Popular en Oaxaca retiró todo el medicamento caduco que tenía abandonado en el patio del almacén. Con base en los comentarios del personal de esa oficina, las medicinas fueron cargadas en un camión y transportadas para su destrucción total. Al concluir el levantamiento de los fármacos, inspectores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios -COFEPRIS- ingresaron a revisar el patio y las condiciones en que quedó.3

Resulta primordial puntualizar que los problemas de salud afectan en su mayoría a las esferas vulnerables, desamparadas o marginadas de la sociedad. Por su parte, el Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como el Seguro Popular, es el mecanismo por el que el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

El Seguro en comento, es creado con el objetivo de brindar protección financiera a la población no derechohabiente, mediante un esquema de aseguramiento de salud, público y voluntario, a través de la consolidación de recursos provenientes de diversas fuentes, a fin de financiar el costo de los servicios de salud para la población que lo requiera. El Seguro Popular es coordinado por el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud -CNPSS-.4

La Organización Mundial de la Salud, en adelante -OMS-, establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano; asimismo el derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. Conforme a las cifras de la OMS unos 150 millones de personas en todo el mundo se encuentran cada año en una situación financiera catastrófica y 100 millones de personas se ven abocadas a vivir por debajo del umbral de la pobreza debido a sus gastos sanitarios.5

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

De urgente y obvia resolución.

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud -CNPSS- a informar de las acciones y medidas que se han de tomar en el caso de los medicamentos del Seguro Popular que se almacenaron y fueron abandonados en estado caduco, dentro de una bodega en el Municipio de Tlalixtac de Cabrera, en el estado de Oaxaca.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de agosto de 2014.

1 http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/salud/224765-seguro-popular-deja-caducar-tiran-medicinas-oaxaca

2 http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/93773-dejan-caducar-y-tiran-farmacos-en-oaxaca

3 http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/salud/225367-retiran-medicina-bodega-oaxaca

4 http://www.seguro-popular.gob.mx/index.php/conocenos/seguro-popular-1

5 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/





 

Del Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados que, a la brevedad, dictamine la Minuta con proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4° y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con los siguientes:

CONSIDERANDOS

Los jóvenes, por su condición particular, representan un potencial que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de cualquier sociedad.

Los jóvenes forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA). El Consejo Nacional de Población (CONAPO) refiere que cuando se presenta el fenómeno de transición demográfica en el que la población en edad de trabajar es mayor a la dependiente, el potencial productivo de la economía nacional es mayor.

En nuestro país, los 35 millones de jóvenes mexicanos, que representan 33% del total de la población, constituyen uno de los motores más importantes para su desarrollo y, por lo tanto, la oportunidad más grande de desarrollo hacia los próximos 20 años, cuando su proporción entre los mexicanos alcanzará su máximo histórico, lo cual, en términos de CONAPO, es un verdadero bono demográfico, es decir, estamos ante nuestra más grande oportunidad de desarrollo gracias al potencial que representan las y los jóvenes.

Desafortunadamente, la historia por la que han transitado los jóvenes ha estado marcada por obstáculos y dificultades sociales que no sólo han limitado su desarrollo integral, sino que los tienen en un estado de rezago social que día con día incrementa el panorama crudo, pesimista y opuesto a la idea de juventud, que por definición se refiere a una etapa de la vida de los individuos formativa, creativa, llena de vitalidad, de entusiasmo, de sensibilidad y de nobleza; etapa que constituye la oportunidad más grande de desarrollo para su persona, para sus familias, para su comunidad y, en general, para su Nación.

En este contexto, el 29 de abril de 2010 los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI legislatura, de la cual formé parte, presentamos la “Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4° y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. El espíritu de esta iniciativa ha sido, desde un principio, elevar a rango constitucional el derecho de la juventud a su desarrollo integral y otorgar facultades expresas al Honorable Congreso de la Unión para legislar en la materia.

El 1 de marzo de 2012 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4° y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esa misma fecha se turnó a la Cámara de Senadores para su análisis y, en su momento, discusión y votación en el pleno.

El 6 de marzo de 2012 la Cámara de Senadores recibió el Proyecto de Decreto antes mencionado y lo turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

El 30 de abril de 2013 en el Senado de la República aprobamos el Proyecto de Decreto, con modificaciones, por lo que se devolvió a la Cámara de Diputados.

Con fecha 27 de junio de 2013 la Cámara de Diputados recibió el Proyecto de Decreto y lo turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

La propuesta de reforma constitucional expresada en párrafos anteriores tiene como finalidades últimas, las siguientes:

1. Otorgar facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud, con el fin de que pueda establecer las bases generales de coordinación concurrente en dicha materia, entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios.

2. Garantizar a las y los jóvenes el derecho a su desarrollo integral, señalando que tal objetivo podrá lograrse mediante la protección efectiva de las garantías y derechos humanos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México.

En este orden de ideas es importante exponer los razonamientos fundamentales que motivaron la presentación de la iniciativa de reforma constitucional objeto del presente instrumento:

Primero: sobre la propuesta de iincorporar en la Constitución (artículo 4) el derecho de las y los jóvenes a su desarrollo integral.

Sabemos que las y los jóvenes juegan un papel estratégico para la consecución del desarrollo y crecimiento económico de nuestra nación; lamentablemente se encuentran inmersos en un ambiente de rezago social, con una precaria protección para garantizar sus derechos más elementales, tales como el acceso a la educación, al empleo, a la cultura y al esparcimiento, entre muchos más.

La Constitución consagra un amplio número de derechos fundamentales que buscan garantizar a todos los individuos su pleno desarrollo, por el simple hecho de ser personas. Dichos derechos, consagrados por nuestra Ley Suprema para todos, incluyendo a las y los jóvenes, no están garantizados en la práctica. Ello refleja la necesidad de enfatizar expresamente en el texto constitucional la protección del desarrollo integral de la juventud mexicana. Con las adecuaciones constitucionales que proponemos los jóvenes podrán exigir a las instituciones de gobierno la protección de sus derechos en los entornos cultural, económico, político, psicológico y social, es decir, podrán exigir el ejercicio de cualquiera de las garantías previstas en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, para salvaguardar su Desarrollo integral. El gobierno, por su parte, tendrá la obligación de crear una verdadera política de juventud que responda eficazmente a las demandas de ese sector.

Todo lo anterior hace indispensable incorporar expresamente en la Constitución el derecho de las y los jóvenes a su desarrollo integral, con la intención de materializar su protección y hacer realidad la atención y el apoyo del Estado a los jóvenes.

Segundo: sobre la propuesta de reformar el artículo 73 de la Constitución con el objeto de facultar expresamente al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud.

Encuentra su justificación en la necesidad de otorgar a la Federación la rectoría de las políticas y acciones a favor de la juventud mexicana, la facultad para establecer las bases de coordinación interinstitucional, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno. Todo ello procura garantizar el derecho de las y los jóvenes a la satisfacción de sus necesidades para su desarrollo integral.

Actualmente el Congreso de la Unión no tiene facultades expresas para legislar en la materia1, lo que limita la actuación de las autoridades del orden federal con políticas de apoyo y atención a las y los jóvenes, so pena de invadir facultades constitucionales de los gobiernos estatales; baste citar que el artículo 124 de la Constitución literalmente prevé que “las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”.

Todo lo anterior hace imprescindible la adecuación de nuestro texto jurídico, a fin de que haya una intervención conjunta, coordinada y eficaz de las instituciones del Estado en sus tres órdenes de gobierno, es decir, se trata de una tarea donde los gobiernos Federal, estatales y municipales, deben actuar de manera corresponsable en el ámbito de sus competencias. Para lograrlo, es indispensable incorporar a nuestro marco jurídico la protección expresa de las y los jóvenes, e investir a las instituciones del Estado, en sus diferentes órdenes, con las facultades para llevar a cabo las políticas y acciones necesarias que la garanticen.

El olvido, la falta de interés y la omisión para emitir dictamen por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados representa un obstáculo absurdo al desarrollo de la juventud, y una grave ofensa a los 35 millones de jóvenes mexicanos.

Dicha omisión no tiene justificación social ni legal alguna; por el contrario, se trata de una transgresión al orden jurídico, pues a más de 12 meses de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja recibió la Minuta para su dictamen no ha resuelto el asunto, lo cual viola el artículo 89 numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que a la letra dice:

 “Artículo 89. …

2. En el caso de las iniciativas de reforma constitucional, se observará lo siguiente:

I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de noventa días, “.

Es importante considerar que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional y Nacional de la Juventud (12 de agosto), la aprobación de la multicitada Minuta representa un acto legislativo de buena voluntad y de compromiso social con los jóvenes de México.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que, a la brevedad, dictamine la “Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4° y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud”.

Senado de la República, el 6 de agosto de 2014.

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.

1 Conclusión del estudio realizado también por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, para la Comisión de Juventud y Deporte. Febrero de 2010.





 

De las Senadoras Luz María Beristain Navarrete y Layda Sansores San Román, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaría de Marina y a la Procuraduría General de la República a enviar un informe detallado al sobre la detención realizada el pasado 24 de julio de los 16 pobladores de la isla de Holbox ubicada en el estado de Quintana Roo. Se turna a la Tercera Comisión.

Las suscritas, Senadoras LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE Y LAYDA SANSORES SAN ROMAN, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 108, numerales I y II; 95, numeral II; y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 24 de Julio de 2014 fueron detenidos 16 pobladores de la Isla de Holbox ubicada en el Estado de Quintana Roo. Los comuneros fueron acusados de delitos ambientales por parte de elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp), con el apoyo de efectivos y equipo de la Marina-Armada.

Posteriormente, el viernes primero de agosto, el Juzgado séptimo de distrito con sede en el estado de Quintana Roo dicto auto de formal prisión contra 16 personas acusados por el desmonte de manglar en un predio al suroeste de la Isla Chica de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas.

La Procuraduría General de la Republica acusa a los 16 comuneros de afectar mangle y plamachit, ambas especies catalogadas como amenazadas, según la Nom-059-Semarnat-2010.

Dentro de los detenidos se encuentran 3 topógrafos que fueron contratados para delimitar las mediciones en lo poligonal y 12 comuneros contratados para limpiar los terrenos considerados por el Comisariato Ejidal como espacio destinado para el crecimiento de la zona urbana de Holbox, dicha zona se ubica a 900 metros de la playa y a 400 metros de la Laguna.

Lo más lamentable es la detención de un estudiante universitario de origen yucateco que segura en su declaración que; “no tenía nada que ver con el grupo de 15 personas” y que su detención fue por estar en la zona durante el del momento operativo ejecutado por la Secretaria de Marina.

El operativo para detener a 12 campesinos de los cuales algunos únicamente hablan en lengua maya, 3 topógrafos y 1 estudiante universitario, fue de magnitudes mayores con la utilización de helicóptero y elementos de las fuerzas armadas.

Sin embargo la defensa legal encabezada por Alejandro Aguirre Buenfil asegura que el juez ignoro pruebas que demuestran la inocencia de los comuneros ya que el perito de la PGR pudo precisar fecha exacta del daño causado en la zona donde se hizo el operativo.

La realidad es que aun esta reciente la polémica desatada por el proyecto denominado “La Ensenada” que buscaban desarrollar en la Isla de Holbox, y es de conocimiento público la defensa que emprendieron los pobladores de la isla para defender la integridad ambiental en la isla para detener dicho magno proyecto.

Presuntamente estos comuneros con auto de formal prisión están ligados a los ciudadanos de Holbox que se oponen a dicho proyecto.

Esta especulación se encuentra latente entre los pobladores de Holbox, quienes en días pasados tomaron la alcaldía de la Isla en protesta y ejecución plena de sus derechos constitucionales para exigir una respuesta por parte de las autoridades en relación al futuro de la Isla.

Por las razones antes expuestas, se presenta el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaría de Marina y a la Procuraduría General de la República a que envíen un informe detallado al Senado de la República con toda la información disponible concerniente a la detención realizada el pasado 24 de julio de los 16 pobladores de la isla de Holbox ubicada en el Estado de Quintana Roo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de agosto de 2014.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Layda Sansores San Román.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su beneplácito por el convenio suscrito entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Gobierno de California de los Estados Unidos de América para la instrumentación de un programa para la certificación de empresas, organizaciones y agencias de reclutamiento de trabajadores mexicanos temporales. Se turna a la Tercera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

El estado de California en la Unión Americana resulta ser una de las regiones económicas más dinámicas y diversificadas del continente y, desde luego de ese país, al cual aporta por sí mismo, cerca de una séptima parte del total de su Producto Interno Bruto.

A ello se debe en gran medida que tradicionalmente haya fungido como un fuerte foco de atracción de flujos migratorios de diversos países y, de manera notable, de familias enteras y de trabajadores mexicanos, dada la vasta porción de la franja fronteriza que compartimos, los fuertes lazos interculturales y el incentivo que a lo largo de décadas ha representado California, como nicho de oportunidades laborales, educativas y en general de aspiraciones para una vida más digna y con menores estrecheces económicas para vastos sectores de la población que no logran ser absorbidos por la planta productiva nacional.

En el caso de los trabajadores migratorios mexicanos, se trata de dos clases de oferentes de mano de obra, calificada o no calificada.

Están por un lado quienes migran de manera irregular aprovechando la porosidad de la frontera y exponiéndose a las vejaciones, el sinnúmero de riesgos o la eventual deportación que conlleva la aventura de su internamiento; y por otro, están grupos considerables de trabajadores que, amparados por el programa de Visas H-2 del gobierno norteamericano, logran insertarse temporalmente al menos en el mercado laboral de ese país y en especial en California, en una migración regulada que implica con seguridad su retorno a México al término del trabajo para el cual fueron reclutados.

Se trata en este último caso, de un programa que, si bien fue creado por el gobierno de aquel país, en los hechos es manejado por

“… un conjunto de agencias estadounidenses que certifican, a nombre de los empleadores, la “escasez” de mano de obra en determinada industria y región (mismas que) colaboran con contratistas mexicanos y norteamericanos para anunciar, seleccionar y reclutar a los trabajadores…”1

No obstante que los trabajadores migrantes mexicanos que se acogen a este programa para laborar temporalmente en Estados Unidos ni de lejos sufren el ‘vía crucis’, humillaciones y peligros a los que se enfrentan los operarios, campesinos o profesionistas indocumentados, sí resultan en cambio, timados a menudo o engañados por las agencias y empresas enganchadoras, derivado de la administración privada del programa de Visas H-2, lo cual con frecuencia pone también en riesgo su integridad, y les expone a la vulneración de sus derechos.

Tal situación resulta en todo caso muy delicada y no abona para el trabajador, en la certeza y seguridades mínimas que busca al emplear ese medio para laborar temporalmente en aquel país; esta circunstancia no ha pasado desapercibida para el Gobernador de California quien por lo demás ha mostrado una gran sensibilidad ante ese problema -y para otros relacionados también con el fenómeno migratorio- y menos aún para el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Mexicano.

Es por eso que ambos, en un afán encomiable y genuino por encontrarle solución así sea de manera gradual, se abocaron al diseño de un programa piloto que será instrumentado en breve para la certificación de empresas, organizaciones y agencias de reclutamiento de trabajadores mexicanos que de manera temporal migran a California para colocarse en algún puesto de la planta productiva de ese estado.

Y es a raíz de ello que, en la reciente gira de trabajo del Gobernador Edmund J. Brown por nuestro país de manera concertada con el Secretario del Trabajo de México, Licenciado Alfonso Navarrete Prida suscribieran una “Carta de Intención para Cooperar en un Programa Piloto para Trabajadores Migrantes entre el Gobierno del Estado de California y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México”; documento que en su parte cardinal señala que esta dependencia y el Gobierno de California2

… manifiestan su intención de cooperar en la creación de un programa piloto voluntario, con el propósito de evitar abusos en el reclutamiento de trabajadores temporales mexicanos con visas H-2 en California… (reconociendo que) El dinámico flujo de trabajadores temporales con visas H-2 entre México y Estados Unidos, es un reflejo de los profundos lazos económicos y sociales entre los dos países (y que) la contratación … se realiza generalmente a través de agentes privados de reclutamiento y contratación (y que) existe una amplia evidencia de que en los procesos de reclutamiento internacional, algunos trabajadores experimentan violaciones a sus derechos laborales y explotación (lo que puede ser propiciatorio de) flujos migratorios irregulares…

(Así mismo expresa que)

…los trabajadores con visas H-2 frecuentemente se encuentran en condiciones de aislamiento (que) carecen de conocimiento sobre sus derechos y acceso a organizaciones que los provean con asistencia (por lo que)…autoridades gubernamentales y actores del sector privado, incluyendo empleadores, trabajadores y Organizaciones No Gubernamentales pueden tener un papel en la prevención de los abusos en los procesos de reclutamiento y contratación...

Se trata sin lugar a dudas de la suscripción de un convenio de la mayor importancia; de un documento que, al haber entrado en vigor el mismo día de su suscripción, el pasado 30 de julio, habrá de reflejarse muy pronto en el programa que propone, cuya instrumentación habrá de redundar en las seguridades y protección de derechos humanos de los trabajadores mexicanos amparados por las Visas H-2, que posibilita la migración legal y regular de flujos laborales migratorios.

Esos compromisos de parte del Gobernador de California resultan sin duda consistentes con sus preocupaciones para la atención integral del fenómeno migratorio y con la sensibilidad mostrada en su reciente visita al Senado Mexicano. En especial frente al problema de los menores que sin acompañantes cruzan la frontera, el cual se ha agudizado en lo que va del año; y con su voluntad por contribuir a la generación de más empleos en ese estado de la Unión Americana para trabajadores mexicanos, lo cual debe ser ocasión de parabienes de parte del Senado; y motivo por el cual esta Comisión Permanente le exhorta a manifestar su beneplácito por la firma de la Carta de Intención y del Programa al que habrá de dar lugar.

Son las razones anteriores las que nos inducen a someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su beneplácito por la suscripción del Convenio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Gobierno de California de Estados Unidos de América para instrumentar el programa de certificación las empresas, organizaciones y agencias de reclutamiento de trabajadores migratorios mexicanos temporales.

1 La Industria de la Migración en los Flujos de Trabajadores Temporales Legales de México a Estados Unidos. Rubén HERNANDEZ-LEON , Sociology, University of California, Los Angeles, CA; Efrén SANDOVAL-HERNANDEZ, CIESAS-Programa Noreste, Monterrey, Nuevo León, México.

2 http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/boletines/2014/julio/bol_con_stpscalif.html





 

De los Diputados Adriana González Carrillo, Eloy Cantú Segovia y Fernando Zárate Salgado, con punto de Acuerdo que exhorta a las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a definir y proyectar la participación del Congreso Mexicano durante las celebraciones del año de México en el Reino Unido y del Reino Unido en México en 2014. Se turna a las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Los que suscriben ADRIANA GONZALEZ CARRILLO, ELOY CANTU SEGOVIA, FERNANDO ZARATE SALGADO Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION EXHORTA A LAS MESAS DIRECTIVAS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A DEFINIR Y PROYECTAR LA PARTICIPACION DEL CONGRESO MEXICANO DURANTE LAS CELEBRACIONES DEL AÑO DE MEXICO EN EL REINO UNIDO Y DEL REINO UNIDO EN MEXICO EN 2014 al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con el objetivo de celebrar el espléndido estado que guardan las relaciones mexicano-británicas, los gobiernos de México y el Reino Unido decidieron celebrar en el 2015 de manera simultánea el “Año de México en el Reino Unido” y el “Año del Reino Unido en México”. El 4 de julio de 2013, el Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, Rafael Tovar y de Teresa y el Subsecretario para la Cultura, Comunicaciones e Industrias Creativas del Reino Unido, Edward Vaizey, firmaron en Londres una Declaración Conjunta en este sentido.

Aunque en principio se concibió como un programa de intercambios esencialmente culturales, bajo la convicción de que esta puede ser la iniciativa clave para detonar un gran número de proyectos productivos y de cooperación se han venido incorporando otros aspectos relevantes. El programa hoy está integrado por actividades artísticas, culturales, educativas, científicas, económicas, gastronómicas y turísticas mismas que incluirán exposiciones, conciertos, seminarios, talleres, festivales, entre otros eventos. La coordinación general para el caso de México recae en la Secretaría de Relaciones Exteriores mientras que en el caso británico la entidad encargada será la Oficina para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad. En consecuencia, cada país ha venido integrando un Comité organizador integrado por diversas instituciones que formula el programa de actividades en el territorio del otro país a través de tres grupos de trabajo a saber: a) Artes e Industrias Creativas; b) Educación, Ciencia e Innovación y c) Inversión, Comercio y Turismo.

A través del “Año del Reino Unido en México” la Declaración Conjunta señala que se buscará dar a conocer al pueblo británico la diversidad del patrimonio cultural, la gran riqueza histórica y las tradiciones de México así como proyectar su dinamismo económico y comercial como un destino privilegiado para el comercio y la inversión.

La celebración, en el contexto de los 190 años del establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre ambos países, debe ser una oportunidad para recordar la importancia de nuestros vínculos bilaterales. Reino Unido es hoy el quinto socio comercial de México en Europa y el sexto mayor inversionista en nuestro país. Los flujos turísticos y académicos recíprocos han llegado recientemente a sus máximos históricos y existe un potencial extraordinario para profundizarlos de la mano de proyectos de cooperación en materia cultural, tecnológica, energética, de transparencia, combate a la corrupción, lucha contra el cambio climático y promoción de las pequeñas y medianas empresas.

En este contexto, la diplomacia parlamentaria entre los dos países guarda una enorme importancia. La antigua y sólida relación que históricamente han mantenido el Congreso Mexicano y el Parlamento Británico debe honrarse mediante su activa participación en este esfuerzo. Los parlamentarios de ambos países debiéramos estudiar, de manera conjunta, los mecanismos y las modalidades de cooperación que nos permitan vincularnos a esta importante celebración. Si bien los encuentros parlamentarios entre México y el Reino Unido se remontan a varias décadas atrás, conviene tener presente que en julio de 2011 se celebró, en Londres, una Primera Reunión Interparlamentaria entre ambos países.

Por las consideraciones antes mencionadas, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a incluir una delegación plural de legisladores de ambas Cámaras del Congreso en el Comité Organizador para el “Año de México en el Reino Unido”;

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los integrantes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a elaborar una agenda de actividades de diplomacia parlamentaria, intercambio legislativo y diálogo político en el contexto del “Año de México en el Reino Unido” y del “Año del Reino Unido en México”;

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a evaluar la pertinencia de institucionalizar y celebrar una Reunión Interparlamentaria entre México y el Reino Unido a propósito de esta celebración.

Senado de la República, el 6 de agosto de 2014.

Dip. Adriana González Carrillo.- Dip. Eloy Cantú Segovia.- Dip. Fernando Zárate Salgado.





 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a hacer del conocimiento público en su portal oficial de internet, lo relativo al avance del proyecto “Expediente Clínico Electrónico” de cada una de las instituciones de salud pública. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ Y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

1. De acuerdo a la norma NOM-168-SSA1-1998 se define al expediente clínico como: “el conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos o de cualquier otra índole, en los cuales el personal de salud, deberá hacer los registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, con arreglo a las disposiciones sanitarias”. A su vez, menciona que es indispensable que los prestadores de servicios médicos de carácter público, social y privado estarán obligados a integrar y conservar el expediente clínico en los términos previstos en la presente Norma (durante 5 años contados a partir de la fecha del último acto médico); los establecimientos, serán solidariamente responsables, respecto del cumplimiento de esta obligación por cuanto hace al personal que preste sus servicios en los mismos, independientemente de la forma en que fuere contratado dicho personal (NOM, 2011 y Sánchez y Ramírez, 2006).

2. En México, como parte del Plan Nacional de Salud 2007-2012, se pretendía la construcción de una plataforma tecnológica que permitiera el registro electrónico de los expedientes clínicos, homologando los procesos de acopio de la información y facilitando su consulta interinstitucional. Para tal efecto, se publicó la Norma Oficial Mexicana 024 (NOM-024-SSA3-2010), cuya estructura está basada en el conjunto mínimo de datos que establece la Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico (NOM-168-SSA1-1998), donde se establecen los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de sistemas de expediente clínico electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud (NOM, 2011b).

3. Se hace mención en esta norma que el Sistema Nacional de Salud de México actualmente es alimentado por diversas fuentes de información que no son compartidas, homogéneas, ni utilizadas por otras instancias durante el proceso de atención; y las aplicaciones electrónicas existentes (particularmente las referidas a los expedientes clínicos electrónicos) no se comunican entre sí, pues carecen de estándares, catálogos homogéneos y vocabularios definidos. Por lo que se considera importante disponer de forma inmediata la información médica con acceso desde cualquier lugar del país, con lo cual se permita dar seguimiento, por ejemplo, a pacientes que requieren de alta especialidad, garantizando la veracidad e integridad de la información, así como su seguridad y confidencialidad. El poder integrar la información dispersa, así como apoyar el proceso de investigación médica traerá grandes beneficios al sector salud y a toda la población que acceda a los servicios médicos que proporciona el Estado. La evaluación para cumplir con la norma NOM-024-SSA3-2010, se muestra en ella misma (NOM, 2011b).

Cabe mencionar que para dar cumplimiento a la norma NOM-024-SSA3-2010, Health Digital System junto con Conacyt y Nafin desarrolló una plataforma para echar a andar el expediente electrónico en diversas instituciones de salud y que actualmente la compañía colabora con la integración del proyecto con el ISSSTE, con las secretarías de Chiapas, Campeche, Sonora, Baja California, así como con la Marina.

4. Con fecha 15 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, para su consulta pública, el Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, Que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud; para quedar como Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud.

5. Mediante oficio número COFEME12/2497 de 23 de agosto de 2012 la Comisión Federal de Mejora Regulatoria emitió Dictamen Total, que surte los efectos de un Dictamen Final, respecto a lo previsto por el artículo 69-L, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sobre el anteproyecto denominado Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, Que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud; para quedar como Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud, a fin de que se continúe con los trámites para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

6. En la revisión de la Cuenta Pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-1-00GYR-02-1178 realizada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por concepto “Aprovechamiento de Infraestructura y Servicios de las TICs” que tuvo como objetivo fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones, comprobar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos asignados, así como la adecuada administración de riesgos en la gestión de los proyectos y la operación de las TICs. Asimismo, verificar que los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables; en la cual la ASF emitió Dictamen Negativo, principalmente por los resultados que refieren a lo siguiente:

La operación del Instituto Mexicano del Seguro Social como instrumento básico de la seguridad social tiene como finalidad, garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión, entre otros, para ello se requiere la automatización de sus procesos y una sólida infraestructura tecnológica que permita soportar los sistemas informáticos de sus funciones. Entre 2004 y 2012, se han invertido alrededor de 12,361.2 millones de pesos en esta materia.

Durante el año 2012 el IMSS adjudicó 13 contratos de manera directa con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), por un monto máximo de 436,784.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 401,532.4 miles de pesos, mismos que tenían como objeto poner en funcionamiento el Expediente Clínico Electrónico (ECE) que integraría los sistemas de atención médica y de estadística, proyecto que el instituto inició hace 10 años y se suponía empezar a operar en 2012; Sin embargo, a junio de 2013 no habían generado beneficios ni utilidad en la Institución; toda vez que la ASF señaló: “no obstante a la gran cantidad de dinero que el IMSS ha invertido en el Proyecto (ECE)” “sólo se ha desplegado en 40 unidades (2.2%) de las 1,797” con que cuenta el organismo.

El sistema no es compatible en cualquier clínica o unidad médica de los tres niveles de atención en el país, ni se puede consultar el historial del paciente, por lo que la ASF señaló que “el uso del sistema, de acuerdo con los indicadores de consultas atendidas, recetas generadas, entre otros, es nulo en la mayoría de los casos”.

Asimismo, la ASF también detectó que el IMSS invirtió 2,569 millones de pesos en tecnologías de la información y comunicaciones, pero no existe garantía sobre la seguridad y protección de los datos que resguarda, entre otras razones porque hay humedad en el almacén ubicado en el sótano del edificio principal del instituto.

7. Asimismo, de la revisión a la Cuenta Pública 2012 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-1-00GYN-02-1187 realizada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por concepto “Aprovechamiento de Infraestructura y Servicios de las TICs” que también tuvo como objetivo fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones, comprobar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos asignados, así como la adecuada administración de riesgos en la gestión de los proyectos y la operación de las TICs. Asimismo, verificar que los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables; en la cual la ASF emitió Dictamen Negativo, principalmente por los resultados que refieren a lo siguiente:

Entre 2004 y 2012 se han invertido 8,411.0 millones de pesos en arrendamiento de equipo, mantenimiento, infraestructura, comunicaciones, aplicaciones y servicios de informática; para fortalecer los sistemas de cómputo que dan servicio a los procesos sustantivos de las áreas a fin de otorgar una mejor atención para los derechohabientes.

Del análisis del Programa Institucional 2007-2012 del ISSSTE y demás programas relacionados con sus respectivos cronogramas de ejecución, se desprende que para la modernización de la gestión del ISSSTE se tiene establecido el objetivo “implantación del expediente médico electrónico”.

En congruencia con el Programa Institucional se encuentran los objetivos del Programa Nacional de Salud 2007-2013 donde se establece en la estrategia “8.5 Establecer la infraestructura base para la adopción del expediente clínico electrónico y la gestión de los servicios, con el fin de desarrollar un sistema informático integrado de información médica y paramédica”, donde en las principales líneas de acción se instruye “Desarrollar un modelo funcional del expediente clínico electrónico nacional”, así como “Adoptar el expediente clínico electrónico nacional”.

De lo anterior se determinó que las iniciativas no han cumplido con los objetivos a los que están destinadas, el ISSSTE no ha verificado la relación que guardan sus actividades con los resultados de la ejecución de los objetivos y prioridades del programa institucional, por lo que no ha sido posible verificar si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, por todo lo anterior, se determina que los trabajos realizados a la fecha de la presente revisión (noviembre 2013) no han dado los resultados esperados de acuerdo con los programas institucionales, no soportan los procesos y procedimientos para prestar los servicios del expediente clínico electrónico, no están conectados con los módulos considerados en el alcance de los contratos como son las interconsultas y los auxiliares de diagnóstico, por lo que se materializa la falta de utilidad, uso y beneficio de los artefactos desarrollados durante los proyectos.

Respecto al contrato denominado “Servicio de Despliegue del Expediente Clínico Electrónico ISSSTEMED V4M”, como resultado del análisis del reporte de productividad entregado por la Dirección Médica, el cual fue verificado en las visitas de inspección realizadas en las clínicas, se constató que la plataforma sólo registra el 9.6% de las consultas realizadas por los médicos en las unidades de primer nivel del ISSSTE a nivel nacional, por lo que no se comprobó que los trabajos lograron la implantación, uso, difusión y beneficio del sistema, por lo tanto, la gestión del contrato no ha tenido resultados positivos para la puesta en operación de las iniciativas, debido a la falta de aprovechamiento de los servicios y al incumplimiento de los objetivos de los contratos, anexos técnicos y programas institucionales vinculados con la contratación de los servicios.

Por lo anterior la ASF concluyó que el ISSSTE no llevó a cabo la revisión integral de las operaciones para la mejora de los procesos, lo que impidió que los trabajos se realizaran con la debida eficiencia, eficacia, economía y calidad, por lo tanto, los pagos realizados en 2012 al prestador de servicios por 101,959.0 miles de pesos no han tenido utilidad ni beneficio para el área usuaria.

Asimismo, con el contrato denominado “Paquete de Servicios de Fábrica de Software”, como resultado del análisis del reporte de productividad entregado por la Dirección Médica, el cual fue verificado en las visitas de inspección realizadas en las clínicas, se constató que la plataforma no es operada con eficiencia en las unidades médicas cubiertas por el Servicio de Despliegue y no funciona de manera integral para soportar los procedimientos del área médica para el servicio a los derechohabientes, por lo tanto, la gestión del contrato no ha tenido resultados positivos para la puesta en operación de las iniciativas, debido a la falta de aprovechamiento de los servicios y al incumplimiento de los objetivos de los contratos.

Por lo anterior, la ASF concluyó que no se identificaron ni diseñaron las soluciones automatizadas y técnicas para satisfacer los requisitos de tecnologías de la información, lo que impidió que los trabajos se realizaran con la debida eficiencia, eficacia, economía y calidad, por lo tanto, los pagos realizados en 2012 al prestador de servicios por 56,732.5 miles de pesos, no han tenido utilidad ni beneficio para el área usuaria.

8. Por otra parte, concatenado con las consideraciones anteriores, cabe señalar que de acuerdo a datos recientes revelados por el Director General de Información de la Secretaría de Salud (SSA), el proyecto del Expediente Clínico Electrónico, fue “demasiado ambicioso” y “carente de bases”, el funcionario detalló a MILENIO que para lograr que funcione algo de esa magnitud requiere antes adaptar la normatividad sobre manejo de datos, asignar más presupuesto y tener completo un padrón de beneficiarios detallado y confiable, tres requisitos que no cubrió completamente la administración pasada. Es por eso que jamás prosperó la licitación por mil 300 millones de pesos que lanzó la SSA en 2012 para que las empresas diseñaran dicho expediente, pues el modelo original buscaba que cada beneficiario contara con una especie de credencial con la que se tuviera acceso a su historial médico, incluyendo tomografías, radiografías, cirugías, medicamentos y restricciones. Asimismo, comentó que la actual administración no puede implementar lo que se planteó, con esas características. “Hay que dejarlo claro, no se puede incluir toda la información en un servidor porque sería tanto como crear un monstruo que no se necesita y que colapsaría el sistema”, el proyecto se “frustró” de inmediato debido a que el ISSSTE, IMSS, Seguro Popular, hospitales y clínicas de todo el sistema de salud se declararon incompetentes para sumarse a este proyecto, instalar la infraestructura necesaria que contendría toda esa información que además carecía de presupuesto y un sustento legal para intercambiar información sin cometer un delito o atentar contra los reglamentos internos.

El funcionario precisó que para arrancar el proyecto hacía falta un padrón de beneficiarios, así como la modificación de la NOM 024 y NOM 035 para garantizar el intercambio de cierta información. “Nos falta establecer cómo se va a dar el intercambio de servicios del sector público. Por ello comenzamos a colocar ladrillos, en lugar de grandes planes”, declaró respecto a que esta administración continuará con la idea, pero no será como en el plan original. Una modificación que se ha realizado es que la información estará en cada uno de los institutos u hospitales, no en un servidor central. LA SSA inició por modificar la norma NOM 024 para que todo el sistema público arrojara los datos de los pacientes con base en la CURP. “Estamos cubriendo 98 por ciento de total de beneficiarios del país identificados y, a finales de mayo, se estarán integrando a la base los informes de Sedena , Semar y DIF que suman en conjunto 1.8 millones”, comentó. Además mencionó que en esta etapa se está llevando apenas un análisis de la base de datos y que en algunos casos no puede funcionar porque los beneficiarios no tienen CURP. Al hacer el análisis han detectado duplicidad de cobertura, es decir que 14 millones de personas están en dos o más institutos. “Esta duplicidad se puede explicar porque un maestro puede tener dos trabajo, cotizar en el ISSSTE y en el IMSS; el Seguro Popular es muy claro, solo afilia a quien carece de servicios, pero ahí es donde vamos a entrar a hacer una limpieza, detectar si esa persona antes beneficiaria no tenía trabajo y luego lo obtuvo sin que se le diera de baja”, explicó. El Expediente Clínico Electrónico que se instrumentará se limita a intercambiar datos y ofrecer algunos eventos clínicos, es decir, cuestiones básicas y no todo los datos a detalle. “Necesitamos diseñar guías de intercambio de información de urgencias y consultas externas; estamos trabajando en detectar las prioridades de salud, por ejemplo, enfermedades crónicas y degenerativas. No se puede incluir toda la información porque no se necesita y colapsaría el sistema”, acotó.

La SSA, está construyendo las bases del Expediente Clínico Electrónico y ahora no solo van a identificar a los derechohabientes, sino también a todos los beneficiarios afiliados por padres e hijos. “Saber quiénes acuden regularmente a atención, cuántas son susceptibles de ser atendidas de enfermedades crónicas no transmisibles, y también poner orden en los discapacitados. “Claro que podemos llegar a crear una base en la que los beneficiarios sean identificados con sus huellas, como ya sucede en el IMSS y en el Seguro Popular, o por su iris, pero tenemos primero que poner orden”. Sobre los plazos para avanzar, comentó que “en 2013 o 2014 vamos a consolidar la base de datos geográficos, de 2014 a 2015 el padrón de los profesionales de la salud; 2015-2016 el despliegue de los Expedientes Clínicos Electrónicos, las guías de eventos a atender para que, como sucede en los bancos”. La SSA, concluyó, firmará convenios con los estados interesados en sumarse a la base de datos. Ya iniciaron con Jalisco y Colima, próximamente se sumará el Estado de México, “se hará considerando los tiempos de cada uno, y que quede claro, el padrón se va a quedar en la SSA”.

9. Respecto a las consideraciones señaladas, se detecta que a más de ocho años de tratar de implementar el Expediente Clínico Electrónico (ECE), este no ha funcionado y se observa el mal manejo de recursos que se han asignado para este proyecto, por lo que se detecta la necesidad de que se dé a conocer el monto total de los recursos destinados y ejercidos para poner en marcha el ECE y los beneficios que de éstos se han obtenido; asimismo, a que se den a conocer los recursos que se destinen al mismo fin en las diversas instituciones de salud pública y se dé puntual seguimiento a fin de evitar que se siga afectando al Erario Federal.

10. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

11. Los artículos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad;

12. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información deutilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, Dr. Mercedes Juan López, a que haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, el avance del proyecto “Expediente Clínico Electrónico único para cada mexicano”, que pretendía que la gente pudiera ser atendida en cualquier instancia del sector salud sin necesidad de ser derecho habiente;

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, a que dé a conocer en su portal oficial de internet, las instituciones de salud pública que cumplen e incumplen con la norma oficial mexicana 024, relativa al “Expediente Clínico Electrónico” en el que se debe almacenar información de identificación, demográfica, clínica y estadística de cada paciente;

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, a que dé a conocer en su portal oficial de internet, los recursos financieros asignados y ejercidos en las instituciones de salud pública para implementar el “Expediente Clínico Electrónico”; y

CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud a que dé a conocer en su portal oficial de internet, los recursos que se destinen a la implementación del Expediente Clínico Electrónico (ECE) en las diversas instituciones de salud pública y dé puntual seguimiento de su ejercicio a fin de evitar que se siga afectando al Erario Federal.

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres.





 

De la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades educativas federales y estatales a vigilar que no se condicione al cobro de cuotas escolares la inscripción de los niños a las escuelas de educación básica en el próximo ciclo escolar. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, Diputada Federal CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La educación es la base fundamental para mejorar el avance de un país, formadora de valores como el respeto, la tolerancia y una sana convivencia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera que “la educación es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico, y fomenta un mundo sostenible en el que se aprecie el conocimiento, promueve la cultura de paz, ensalza la diversidad y defiende los derechos.”

Ante ello, y de acuerdo a nuestra Constitución la educación debe ser gratuita, señala en su artículo 3° que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. Asimismo, la Ley General de Educación instituye explícitamente en el artículo 6 que “En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna”.

Como sabemos en estas semanas se realizan en la mayoría de las instituciones educativas del país las inscripciones de niñas y niños al próximo ciclo escolar y pese a la regulación en torno a que las inscripciones de las niñas y niños, y a que no se puede condicionar al pago de las llamadas cuotas “voluntarias”, directivos de los planteles siguen haciendo caso omiso al tema y siguen presionando a los padres de familia para que hagan el depósito de la cuota a cambio de la inscripción.

Con información de los medios de comunicación día a día van en aumento las quejas de los padres de familia sobre el cobro “voluntario” en todos los estados, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de alguna sanción. Acciones como estas, limitan los derechos de los niños y niñas cuyos padres no cuentan con recursos suficientes, viéndose imposibilitados a pagar.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de los Niños, y de manera particular en el artículo 28:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, …

La escuela es el centro de enseñanza por excelencia, en donde se unen los educandos y maestros, con el propósito de que estos últimos transmitan su conocimiento y los preparen para afrontar los retos del futuro.

De acuerdo al texto “Una invención del siglo XIX. La escuela primaria (1780-1890)” elaborada por María Esther Aguirre Lora del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM “La noción de escuela, del latín schola que heredamos por vía del Virreinato de la Nueva España, como institución es muy antigua. Ya en los textos latinos, de Cicerón, aparece como el tiempo de descanso que se destina al estudio o bien a alguna otra ocupación literaria y artística; en el siglo VIII Alcuino la refiere al espacio relativamente libre que integraba a un grupo de intelectuales con fines de enseñanza o bien de realización de otras tareas culturales vinculadas con el artesanado; ya en el siglo XIII la encontramos definida por Alfonso X, como "ayuntamiento de maestros et de escolares que es fecho en algunt logar con voluntad et con entendimiento de aprender los saberes". Sin embargo, a pesar de las sucesivas transformaciones de esta noción, en ella persisten sus componentes ineludibles: personas reunidas en un lugar determinado que se vinculan entre sí mediante un determinado saber.”1

Es así que estas instituciones han llegado al siglo XXI heredando un déficit que a pesar de los grandes esfuerzos no se ha logrado erradicar. Ante ello, tenemos que derivado de dichas problemáticas se crearon las Asociaciones de Padres de Familia.

Procedente del artículo “La participación de los padres de familia en la educación, Siglo XIX y XX”, se destaca que, “…el presidente Plutarco Elías Calles promovió la organización de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Padres y Maestros, mediante decreto expedido el 15 de septiembre de 1929. El carácter mixto de esta primera instancia marcó el carácter de las subsiguientes organizaciones: las acciones de los padres estarían supeditadas a la vigilancia directa de los maestros, directores e inspectores escolares y permanecería dentro de los límites y atribuciones que la SEP les fijara. Esta orientación era acorde con el papel social que en esos años se atribuyó a los maestros: organizar y promover en las comunidades, convenciendo y coordinando a los padres de familia, el desarrollo social, económico y cultural de la población.”, es así que el “El 16 de mayo de 1933 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de las Agrupaciones de Padres de Familia del Distrito Federal.2

Su importancia no es menor, es por ello que dentro de sus acciones y atribuciones, se señala lo siguiente en el mismo documento “Dentro de los propósitos de estas Agrupaciones el Reglamento indicaba el de "coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en el mejoramiento de la enseñanza (...) así como procurar el mejoramiento social de los padres de familia". Los aspectos comprendidos dentro de ese   mejoramiento eran el material, el moral y el técnico pedagógico. A los padres se les prohibía cualquier injerencia “sic” en la dirección, organización y administración de las escuelas, así como la imposición de cuotas obligatorias, aunque se aceptaban las voluntarias, los donativos y los recursos producto de festivales y conciertos.”… Años después, en 1949, se publicó un nuevo "Reglamento para la constitución y funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia en las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública".3

Cabe destacar y de acuerdo con lo mencionado anteriormente, no se permitía el cobro de cuotas obligatorias y en su caso, si se pedían debían ser voluntarias. Conforme a lo anterior, en una nota periodística de El Universal con fecha 04 de octubre del 2009 se declaró lo siguiente “El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia Leopoldo García López, explica que el concepto de cuotas voluntarias “ha sido distorsionado, debido a que desde 1949, cuando se crearon las asociaciones, se estableció que la aportación sería para que los representantes de los padres contaran con recursos para realizar viajes y traslados para gestionar ante las autoridades locales, estatales o federales presupuestos para becas o para la mejora de la infraestructura escolar.

“Pero ahora nos dejaron la responsabilidad del mantenimiento de las escuelas y hasta de la construcción de aulas”, argumenta el líder.

Aseguró que se ha insistido a la Secretaría de Educación Pública que “termine con la corrupción, con los pequeños feudos y cacicazgos que han impuesto la mayoría de los directores, que por una parte, llegan a condicionar la inscripción o entrega de documentos a quienes no cubren la cuota y, por otra, manejan con discrecionalidad los recursos de cuotas o asignan a la madre, el hermano, el compadre o personas afines en las cooperativas escolares y comedores”.

Como sabemos el cobro de dichas cuotas ha generado conflictos en las escuelas con los comités de padres de familia por el mal manejo del recursos y entre los padres de familia que por su situación económica no puedan cubrir las cuotas educativas se había convertido en un obstáculo para la educación de sus hijos y un medio de discriminación o rechazo.

De acuerdo con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor de los documentos nombrados, “Sácate un diez con los uniformes de tus hijos. Comparativo de Precios para Primaria y Secundaria” y del “Costo de la lista de útiles de la SEP” 2011, el costo total del uniforme para varones va desde $140 hasta $288. Este rango de precios es muy amplio, con una diferencia de 104%, equivalente a comprar un segundo uniforme con el rango de precios menor, para el caso de las niñas la diferencia de precios es más estrecha que en el caso de los varones ya que el precio más bajo es de $154 llegando a un máximo de $266, debemos tomar en cuenta que estas cantidades contemplan solo las prendas básicas del uniforme, (blusa, camisa, falda, pantalón y suéter) y no zapatos, tenis, calcetas, escudos, etc., de igual manera recalcamos que en algunas instituciones además del uniforme de diario, también se exigen uniformes de gala y deportivo, con lo cual el gasto incrementa aún más.

A este gasto hay que agregar la compra de útiles escolares, cuyo precio tiene variaciones, esto dependiendo del grado escolar al que asista el estudiante, por ejemplo en un niño de 1er. grado el costo puede ir desde $131 hasta 368, para niños de 2do. el precio incrementa a $169 como mínimo y puede llegar a $502, en 3er. y 4to. Grado los precios suben y van de $205 a $730 y finalmente para alumnos de 5to. y 6to., se encuentran entre $218 y $800, con esto podemos observar que las variaciones de precios son mayores hasta en un 439% entre el 1er. grado y el 6to., dichas cantidades no contempla los libros de texto y material que de manera extraoficial se necesitan para las actividades de los educandos, en este caso la suma se incrementa pudiendo hasta llegar al doble de las cantidades aquí expuestas.

Si hacemos un cálculo de las cifras expresadas por padres de familia, vemos que la cantidad que requiere un niño cursando el 5to. Grado (uniformes, útiles y cuotas), puede ascender a cerca de $1300, cantidad que varía de acuerdo al lugar y momento de compra, esto es tomando cifras de los promedios entre la cantidad mínima y        máximas y aplicando una cuota voluntaria de $500. Esta cifra se vuelve alarmante cuando se trata de familias con tres niños, pues los gastos ascienden a $5000. Además sólo se están considerando gastos básicos, porque si hacemos cálculos incluyendo artículos más específicos, la cantidad mencionando anteriormente se puede duplicar o triplicar.

Por ello, realizamos una reforma que se encuentra en proceso de dictaminación y discutida por la Cámara correspondiente, al artículo 215 Bis del Código Penal Federal con fecha 29 de Abril de 2013 y que tiene como objetivo equiparar como delito de abuso de autoridad, “a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, o retenga documentación, o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie, estableciendo una sanción de 3 días hasta 3 años de prisión y multa hasta de 300 días de salario mínimo vigente el Distrito Federal, a quien cometa dicho delito”.

Pero bien sabemos que si algún padre de familia no quiere o no puede aportar la llamada “cuota voluntaria”, su hijo o hija, puede ser objeto de discriminación e incluso con cualquier pretexto negársele su inscripción, ya que este último paso les requieren la ficha de depósito o la boleta correspondiente.

Es ante ello que solicitamos a la Secretaría de Educación Pública (SEP), vigile de manera permanente a quien o a quienes abusen de su autoridad para obligar o presionar a los padres a pagar las llamadas cuotas “voluntarias”, y en su caso aplicar la sanción correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades educativas federal y estatales, a vigilar que no se condicione al cobro de cuotas escolares la inscripción de las y los niños a las escuelas de educación básica en el próximo ciclo escolar, a difundir y fortalecer los canales de denuncia ciudadana y atender oportunamente las ya presentadas; a fin de garantizar la gratuidad de la educación impartida por el Estado conforme a lo establecido en nuestra Constitución Política y en la Ley General de Educación.

Dado en el Senado de la República, el 6 de agosto de 2014.

Atentamente

Dip. Carmen Lucía Pérez Camarena.

1 http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_16.htm

2 http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_9.htm

3 Ibíd.





 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a implementar de manera urgente políticas, estrategias o planes de acción nacional multisectorial que integren varias enfermedades no transmisibles, a efecto de estar en condiciones de prevenir y atender de manera oportuna a las personas que padecen dichas enfermedades. Se turna a la Segunda Comisión.







 

De la Diputada Leslie Pantoja Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a dar celeridad al cierre de los puntos de revisión fronterizos ubicados en el estado de Sonora, particularmente a la garita de San Emeterio, conforme a lo previsto en el Programa de Apoyo a la zona fronteriza. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputada Federal LESLIE PANTOJA HERNANDEZ, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), PARA QUE EN FUNCION DE SUS FACULTADES, DEN CELERIDAD AL CIERRE DE LOS PUNTOS DE REVISION FRONTERIZOS (GARITAS) UBICADOS EN EL ESTADO DE SONORA, PARTICULARMENTE A LA GARITA DE SAN EMETERIO, CONFORME A LO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE APOYO A LA ZONA FRONTERIZA.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 28 de noviembre, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció como parte del Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza el cierre gradual de las garitas en la franja fronteriza de todo el país, ya que en los último años se han convertido en “un punto de conflicto social, de obstrucción y de daño a la vida cotidiana de las comunidades de la frontera”.

Las garitas son puntos de revisión cercanos a los límites de franja o región fronteriza, para que los pasajeros y mercancías procedentes de dichas zonas puedan introducirse al resto del territorio nacional, sin embargo en México se tienen las garitas alejadas e inclusive algunas en medio de la nada, provocando que en los últimos años dejen de cumplir su objetivo, y dificultando de forma innecesaria las actividades comerciales.1

Estos puntos de revisión surgen en la segunda mitad del siglo pasado como parte de un proyecto de desarrollo de la zona fronteriza, con el objetivo de crear una zona de libre importación, cumpliendo así con la función de ser un control para quienes importaban productos. 2

Con el tiempo, y tras la idea de que esta zona ya se había desarrollado, algunas garitas fueron recorridas más allá de la zona fronteriza, que comprende solamente 20 kilómetros a partir de la línea limítrofe.

Desde un punto de vista económico, en el momento en que se liberaliza el comercio, las garitas pierden su razón de ser. La idea es muy simple: si ya hay libre comercio en el país, no se requiere tener una zona "libre" y otra "controlada".

A partir de las últimas reformas aprobadas, incluida la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) diferenciado en las zonas fronterizas del país, comenzaron a desaparecer las garitas de revisión para comercio exterior.

Ahora bien, en la frontera norte de Sonora existen distintas garitas con su respectivas Aduanas3:

●Aduana de Agua Prieta Garita Cabullona, ubicada en el kilómetro 28.5 de la carretera federal número 17 en el tramo Agua Prieta-Nacozari, Municipio de Agua Prieta.

●Aduana de Naco Garita San Antonio, ubicada en el kilómetro 117.5 de la carretera federal número 2, en el tramo Imuris-Cananea, Municipio de Imuris.

●Garita Mututicachi, ubicada en el kilómetro 163.5 de la carretera interestatal 89, en el tramo Arizpe- Cananea, Municipio de Bacoachi.

●Aduana de Nogales Garita Agua Zarca, ubicada en el kilómetro 21 de la carretera federal número 15, en el tramo Nogales-Imuris, Municipio de Nogales.

●Garita San Emeterio, ubicada en el kilómetro 27 de la carretera federal número 2, en el tramo Sonoyta-Caborca, en los límites del Municipio Gral. Plutarco Elías Calles y Caborca.

●Garita Almejas, ubicada en el kilómetro 42 de la carretera estatal número 37, en el tramo Peñasco-Caborca, Municipio de Puerto Peñasco, Estado de Sonora.

De acuerdo con la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013 y su Anexo 25, en lo que va del año, solo han hecho el cierre de la Garita Mututicachi, restando aun otras seis. Por lo que es necesario darle celeridad al proceso de cierre a estos puntos de revisión.

El mantener abiertas estas garitas de la franja fronteriza conlleva dobles revisiones, tanto del Servicio de Administración Tributaria como de la Secretaría de la Defensa Nacional, generando "cuellos de botella", procesos de revisión lentos, entre otras cosas.

Al sector transportista se le acaba la paciencia, pues durante varias horas se mantienen en filas para la revisión y se detiene el paso de las mercancías. El pasado lunes 21 de julio, el líder regional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) denuncio graves pérdidas económicas para el sector sonorense, tras confirmar filas de hasta 15 kilómetros.

Señaló que el fin de semana este problema generó crisis, luego de que se acumularan más de 500 camiones de carga en la garita de San Emeterio, debido a la lentitud con la que el personal realiza la revisión:

 “Lo anterior, no sólo provoca pérdidas económicas para el sector de carga, sino además una grave afectación al medio ambiente, pues el humo y los gases que generan las unidades se traducen en un problema de contaminación”4.

Además en el caso de la garita de San Emeterio, ubicada entre Sonora y Caborca, los transportistas deben tomar un tiempo adicional de 24 horas para estar en los tiempos de entrega5.

El cierre de las garitas restantes en el Estado de Sonora y el caso especial de la garita de San Emeterio, resultaría de un gran beneficio para todos los transportistas y todas las personas que circulan por estas carreteras, pues el comercio fluiría de manera libre y no existirían más denuncias ciudadanas por motivos de abusos y casos de extorsión por parte de las autoridades federales.

Una de las acciones estratégicas del Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza que plantea el Gobierno Federal es precisamente, la eliminación de varias garitas en la franja fronteriza, ya que éstas dejaron de ser útiles, convirtiéndose incluso en motivo de denuncias ciudadanas, por ser fuente de abusos o trabas a los flujos comerciales.

Diferentes sectores de Sonora han coincidido en que el cierre de garitas en la entidad es acertado, pues esos puntos alejados del límite internacional con los Estados Unidos en realidad representan un doble filtro innecesario, y afecta a las actividades comerciales del Estado.

Es urgente que las autoridades federales y locales correspondientes, den celeridad al cierre de las garitas del Estado de Sonora, derivado de las afectaciones que está generando tanto a la economía del Estado como a los transportistas.

Por todo lo anterior expuesto, la que suscribe, presenta a esta Honorable Cámara la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico.- El pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que en función de sus facultades, den celeridad al cierre de los puntos de revisión fronterizos (garitas) ubicados en el Estado de Sonora, particularmente a la garita de San Emeterio, conforme a lo previsto en el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza.

Dado en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 6 de agosto de 2014.

Atentamente

Dip. Leslie Pantoja Hernández.

1 Informe semanal del vocero http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_informe_vocero/2013/vocero_49_2013.pdf

2 Garitas, ¿qué son y para qué sirven? http://noticieros.televisa.com/economia/1311/garitas-que-son-que-sirven/

3 Puntos de revisión (garitas) en México http://aduanaenmexico.wordpress.com/2012/09/10/puntos-de-revision-garitas-en-mexico/

4 Pide cerrar garita de San Emeterio http://diarionoticias.info/index.php?option=com_k2&view=item&id=227:pide-cerrar-garita-de-san-emeterio

5 Cierre de garitas de Sonora traerá competitividad a empresario http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales/204128-cierre-de-garitas-en-sonora-traera-competitividad-empresarios/





 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer del conocimiento público las causas y la justificación de los subejercicios en 2013, en los programas “Consolidar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas” y “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción”. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ Y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1 El “Programa Consolidar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas” con clave presupuestaria “G013”, tiene como objetivo contribuirá a la conservación del país y su biodiversidad mediante el instrumento de Areas Protegidas Federales.

2 Asimismo, del “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción” con clave presupuestaria “U025”, es contribuir a la conservación y recuperación de las especies en riesgo y su hábitat natural mediante su protección, manejo y aprovechamiento sustentable.

3 El Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas (SINAP) es el instrumento para llevar a cabo la selección de las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas son consideradas de especial relevancia para nuestro país.

4 A partir de ciertos criterios se han ido seleccionando las áreas naturales protegidas que incluyen el SINAP, entre los cuales se encuentran los siguientes: riqueza de especies, endemismos, especies de distribución restringida, especies en riesgo de extinción, recambio de especies, diversidad de ecosistemas, fenómenos naturales, integridad funcional, servicios ecológicos y extinción del área.

5 La evolución del presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y ejercido en los Programas “Consolidar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas” y “Recuperación y Repoblación de Especies en peligro de extinción”, ha sido el siguiente:

Ejercicio Fiscal

PEF Programa Consolidar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas” clave presupuestaria “G013”

PEF Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en peligro de extinción con clave presupuestaria “U025”

Autorizado

Ejercido

Autorizado

Ejercido

2009

137.06

243.97

2010

226.79

295.69

2011

220.87

355.37

9.20

3.85

2012

244.62

228.62

9.20

20.64

2013

253.19

185.75

109.52

33.50

2014

262.79

113.70

 

Fuente: SHCP (cifras en millones de pesos)

Por lo anteriormente expuesto, se señalan las siguientes:

CONSIDERACIONES

A) De la revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011 por la Auditoría Superior de la Federación se desprende la Auditoría de Desempeño número 11-016-F00-07-0377 realizada a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la cual consistió en la fiscalización de la conservación de las áreas naturales protegidas y la recuperación de especies prioritarias, a fin de verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. De los resultados principales que arrojó la revisión se señalan los siguientes:

a) De la revisión a las fichas técnicas de los indicadores de los programas presupuestarios “G013 Consolidar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas” y U025 “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción”, se comprobó que los 2 indicadores del nivel Fin fueron insuficientes, ya que los programas no indicaron en qué medida contribuyeron a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, así como a la recuperación de las especies en riesgo y su hábitat natural; asimismo, el indicador del programa U025 careció de un referente de cobertura respecto de las especies en peligro de extinción.

b) El constante crecimiento de las Areas Naturales Protegidas dificulta su operación para contribuir a la conservación de los ecosistemas naturales y, en consecuencia, su impacto resulta limitado, ya que de las 174 Areas Naturales Protegidas (25,384.8 miles de hectáreas) sólo en 29 (7,847.7 miles de hectáreas) se evaluó la pérdida de ecosistemas naturales; en 60 (34.5%) se realizaron acciones de restauración en 38.5 miles de hectáreas (3.0% de la superficie identificada de 1,279.0 miles de hectáreas); sólo 25 de 484 especies en riesgo y prioritarias contaron con Programa de Acción para la Conservación de Especies (PACE); y de las 174 ANP, el 66.7% (116) contó con personal para administrarlas.

B) Asimismo, de la revisión al ejercicio 2012 con la Auditoría de Desempeño número 12-0-16F00-07-0335, la Auditoría Superior de la Federación emitió dictamen negativo y reveló que la política pública para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las Areas Naturales Protegidas no dispuso de instrumentos de planeación y evaluación del impacto de las autorizaciones y de los apoyos otorgados que permitiera determinar su contribución en la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad para lograr su sustentabilidad, lo que ocasionó que en 97.2% (171 Areas Naturales Protegidas) se otorgaran autorizaciones sin que se dispusiera de límites de cambio aceptables o capacidades de carga de los ecosistemas y en 45.6% (61 Areas Naturales Protegidas) de las 134 Areas Naturales Protegidas en las que se entregaron apoyos para el aprovechamiento de los recursos naturales no contaron con el programa de manejo de las Areas Naturales Protegidas.

C) Por otra parte, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, señala que entre los programas presupuestarios de la SEMARNAT con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo, se encuentra el “G013 Consolidar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas”; toda vez que a través de éste programa presupuestario a cargo de la Comisión Nacional de Areas Protegidas (CONANP), se erogaron durante el ejercicio recursos por 185.75 millones de pesos, que representa el 26.6% menos que su presupuesto aprobado.

Estos recursos representaron el 0.3% del total del ejercicio presupuestario de la SEMARNAT durante 2013.
Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:

Porcentaje de superficie del territorio nacional decretada como Area protegida a nivel federal, el cual observó un cumplimiento de 96.8% respecto a la calificación prevista como meta aprobada, al alcanzar una superficie de 25,397,098 hectáreas que equivalen al 12.9% de territorio protegido del país.

D) Respecto a lo señalado, se observa que no obstante a que existe un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, en el cual mediante programas se otorgan recursos que no son aprovechados con eficiencia y eficacia; especialistas en materia ambiental [1] advierten que las áreas naturales protegidas del país están en grave riesgo ante la depredación provocada por el actual modelo de desarrollo, señalando lo siguiente:

“Entre las áreas que corren más peligro se encuentran: el Parque Nacional Cabo Pulmo, la Reserva de la Biósfera La Laguna, La Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas y la Reserva de la Biósfera Montes Azules”.

“Nuestras áreas naturales protegidas están en grave riesgo. Esto es resultado de un modelo de desarrollo no sustentable, que deja de lado el interés público y la visión de largo plazo. Nuestras áreas protegidas enfrentan hoy serias amenazas, entre las cuales destaca el impacto de una creciente actividad minera poco regulada; el desarrollo turístico e inmobiliario y de infraestructura portuaria deficientemente planeado; la fracturación hidráulica para extracción de gas y petróleo; y las invasiones de territorio dentro de los polígonos de las áreas protegidas, por parte de grupos al margen de la ley”.
“Nos encontramos vulnerables ante el acoso y la manipulación de grupos de interés al margen de la ley” [2].

E) El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como Meta Nacional un México Próspero, en cuyo objetivo 4.4. “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”, prevé como líneas de acción de la Estrategia 4.4.4. “Proteger el patrimonio natural”, el focalizar los programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para generar beneficios en comunidades con población de alta vulnerabilidad social y ambiental; así como fortalecer el capital social y las capacidades de gestión de ejidos y comunidades en zonas forestales y de alto valor para la conservación de la biodiversidad;

F) El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

G) La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 75 bis, establece que los ingresos que la Federación perciba por concepto del otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias en materia de áreas naturales protegidas, conforme lo determinen los ordenamientos aplicables, se destinarán a la realización de acciones de preservación y restauración de la biodiversidad dentro de las áreas en las que se generen dichos ingresos.

H) La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su Artículo 7 fracción XVII, señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información deutilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, C. Juan José Guerra Abud, para que haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, las causas y la justificación de los subejercicios en 2013, por 67.44 y 76.02 millones de pesos, en los programas “Consolidar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas” y “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción, respectivamente;

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, en qué medida los programas “Consolidar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas” y “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción”, han contribuido a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; así como a la recuperación de las especies en riesgo y su hábitat natural; y

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, a cuánto ascienden los ingresos que ha percibido por concepto del otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias en materia de áreas naturales protegidas, y cuáles son las acciones de preservación y restauración de la biodiversidad que ha realizado con dichos ingresos.

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres.

[1] El presidente del Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas; de Pronatura Nacional, así como representantes del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable.
[2] 24 de junio de 2014 www.proceso.com.mx





 

Del Diputado Andrés de la Rosa Anaya, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cesar inmediatamente la aplicación de los aumentos mensuales a los precios de las gasolinas y diésel que se vienen efectuando en toda la República Mexicana. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito Diputado ANDRES DE LA ROSA ANAYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la PROPOSICION CON PUNTOS DE ACUERDO, MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA QUE CESE INMEDIATAMENTE LA APLICACION DE LOS AUMENTOS MENSUALES A LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y   DIESEL QUE SE VIENEN EFECTUANDO EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA Y QUE RESULTAN ALTAMENTE PERJUDICIALES PARA LA ECONOMIA FAMILIAR Y PARA EL APARATO PRODUCTIVO DEL PAIS, todo ello con apoyo en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es un hecho notorio y público, que en el año 2013 y en lo que va del 2014 la economía mexicana no creció en los niveles estimados por las autoridades hacendarias del país y que como consecuencia de ello, la generación de empleos tampoco ha sido la suficiente para atender la demanda que existe en la materia y alcanzar mejores niveles de vida de nuestros ciudadanos.

Aunado a la compleja situación por la que atraviesan millones de mexicanos y que por supuesto también tiene un grave impacto negativo en las empresas instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional, a finales del año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó, que daría continuidad a su política de incrementos a los precios de gasolinas y diesel durante el ejercicio fiscal del año 2014, lo cual se ha actualizado en un aumento mensual de nueve centavos para la gasolina denominada magna, y de once centavos para la gasolina premium y el diesel.

Con motivo de esta medida, debe señalarse que una vez transcurridos 8 meses de su aplicación, el aumento acumulado en el ejercicio fiscal que transcurre para la gasolina magna ha sido de setenta y dos centavos por litro, ya que de tener un costo al inicio del año de doce pesos con veinte centavos ha pasado a alcanzar un precio de doce pesos con noventa y dos centavos, en tanto que en el caso de la gasolina premium y el diesel el incremento ha sido de ochenta y ocho centavos, fijándose sus precios actuales en trece pesos con setenta y siete centavos y trece pesos con cincuenta centavos por litro, respectivamente.

Es oportuno manifestar que el día 14 de julio de este año, el propio Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Messmacher Linartas, declaró al diario “El Universal” que con los incrementos que se tienen proyectados para los dos próximos meses, los precios de las gasolinas en Estados Unidos y nuestro país prácticamente serían los mismos, lo cual a mi juicio no tendría ningún inconveniente si los salarios en ambos países fueran similares, situación que sabemos, por el momento se encuentra muy alejada de convertirse en realidad.

Lo anteriormente expuesto, nos hace ver lo desproporcionada y lesiva que en estos momentos resulta la medida para los bolsillos de todos, pero que particularmente se viene resintiendo más en los Estados de la frontera norte de nuestro país, como es Baja California, lugar donde fui electo como representante popular y en el que a diario escucho quejas de padres de familia, estudiantes, trabajadores, empresarios, sobre los denominados “gasolinazos”, quejas en las que manifiestan con toda razón, que la gasolina se ha convertido en un artículo de lujo y su preferencia de cruzar al Estado de California a comprar este energético, por resultar en muchas ocasiones más económico y de mayor calidad.

Señoras y señores Diputados, los números son claros y saltan a la vista, el entorno económico de ninguna manera es favorable, las condiciones y medidas antes señaladas, aunado al inexplicable incremento de la tasa del IVA del 11 al 16% en la frontera norte y las altas tarifas eléctricas que se cobran en municipios como el de Mexicali, asfixian a la economía familiar, inhiben la apertura de nuevas empresas y han obligado al cierre masivo de otras que se encontraban en operación, por lo que se hace necesario que escuchemos directamente a los ciudadanos que es a quienes nos debemos y representamos.

En virtud de las anteriores consideraciones, es como propongo a esta Soberanía, los siguientes;

PUNTOS DE ACUERDO ECONOMICO

PRIMERO.- Que esta H. Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que deje inmediatamente sin efecto su política de incrementos mensuales a los precios de los combustibles.

SEGUNDO.- Que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta H. Cámara de Diputados instale a la brevedad posible, una mesa de trabajo en las ciudades de Mexicali o Tijuana, en la que se incluya la participación de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoridades del Gobierno de Baja California, empresarios, trabajadores, padres de familia y estudiantes del Estado, con el objeto de que se busquen alternativas y soluciones para la disminución de los precios de las gasolinas y el diesel.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente,
el 6 de agosto de 2014.

Dip. Andrés de la Rosa Anaya.





 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer del conocimiento público en su portal oficial de internet, las evaluaciones de impacto que ha realizado al “Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos” y las acciones que ha implementado a fin de garantizar que los apoyos entregados se traduzcan en acciones concretas y medibles por parte de estados y municipios en términos de gestión de residuos. Se turna a la Tercera Comisión.







 

Del Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2015 contemple una política de ingresos y gasto acorde al impacto y evaluación de la reforma hacendaria 2014, de la reforma energética y la eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de los recursos públicos. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, HECTOR LARIOS CORDOVA, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Marco Jurídico.

Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (En adelante LFPRH) dispone en su artículo 107, fracción I, que: el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará al Congreso de la Unión, los informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate.

En este sentido, el pasado 30 de julio del año en curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (En adelante SHCP), publicó en su portal de internet el “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2014”

2. Contenido del Informe.

Los informes trimestrales contienen información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio.

En caso en particular, nos abocaremos al análisis del ejercicio del gasto público.

a) Ejercicio del Gasto Público al segundo trimestre de 2014.

En cuanto al gasto neto total del sector público, de acuerdo con la SHCP, durante este semestre “…Se ejerció con agilidad y estuvo orientado a apoyar la actividad productiva de la economía y al bienestar de la población más vulnerable…”

No obstante, llama la atención que se justifique la “agilidad y aceleramiento del ejercicio del gasto público”, bajo el argumento de un sobre ejercicio en el gasto, es decir, “gastar más” con tal de alcanzar la meta de crecimiento económico planteada por esta administración.

Así al segundo trimestre de este 2014, existe un sobre ejercicio presupuestal de $32 mil 600 millones de pesos, de este, llama la atención el crecimiento de las Secretarías de Energía con el 175.6% y Turismo con el 137.6% que entre sus objetivos prioritarios no se encuentra el “apoyar el bienestar de la población más vulnerable”, -argumento para acelerar el gasto público-.

Por otro lado, es de subrayarse el crecimiento que existe en el rubro de las Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) que finalmente es deuda y otros “gastos” por $5 mil 513 millones de pesos.

Es decir, el Gobierno Federal está “gastando más de lo presupuestado” para alcanzar sus metas, lo que no es ideal para tener finanzas públicas sanas.

b) Donativos Otorgados.

La figura de los “donativos” está regulada en la LFPRH, de acuerdo con el artículo 10, de esta Ley, son recursos públicos federales para efectos de fiscalización y transparencia.

Durante este semestre de 2014, diversas dependencias y Poderes de la Unión como el Legislativo y Judicial, otorgaron en su conjunto $143 millones de pesos, por concepto de donativos, -que por cierto- fueron superiores a los entregados en el primer trimestre, de tan solo $16.3 millones de pesos.

Es de llamar la atención, los 115 donativos que otorgó el Instituto Nacional de las Mujeres, en este segundo trimestre, con un total de $48 millones de pesos, cuando en el primer trimestre solo otorgó un solo donativo por $2, 200 pesos. En su mayoría estos donativos son dirigidos a “asociaciones civiles” para el combate a la violencia contra las mujeres.

El Instituto Nacional de las Mujeres tiene un presupuesto para 2014 de $913 millones de pesos, de los cuales están presupuestados $17.5 millones para gasto de inversión, lo paradójico aquí es que esta institución erogué más para la entrega de “donativos” que para su gasto de inversión física, es decir, podrían crear más espacios o programas para el combate de este fenómeno.

Asimismo, llama la atención el donativo otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a “Fundación TV Azteca, A.C para “Apoyo a sus actividades” por $5.6 millones de pesos.

Aunque en términos presupuestales, resulta muy baja la cantidad que se eroga por concepto de “donativos” en comparación con el tamaño del gasto total -de más de $4 billones de pesos-, lo que hay que destacar aquí, es la manera en que se dispendio estos recursos, toda vez que, aunque en el informe trimestral se reportan de manera “genérica” su destino, esto no es del todo claro, por ejemplo, encontramos rubros como “Equidad: el respeto es la ruta” u otros de los que ya se encargan otras dependencias como: “Prevención de embarazos no planeados y obesidad en las mujeres jóvenes y adolescentes, en municipios rurales”.

3. La obligatoriedad en la observancia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Uno de los principios fundamentales contenidos en el artículo 1, párrafo segundo, de la LLFPRH, es: “…Que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas...”

No obstante, al revisar el comportamiento de nuestra economía, a través de estos informes como un ejercicio en la rendición de cuentas, observamos que estos principios quedan alejados a nuestra realidad, pues para el Gobierno Federal “eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público” es sinónimo de “gastar más”.

Aunque la LFPRH, establece los lineamientos para la elaboración y el contenido que deberá de contener la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, queremos hacer un llamado a la SHCP para que en el próximo paquete económico para el ejercicio fiscal de 2015 que presente el Presidente de la República ante el H. Congreso de la Unión, considere impulsar una política de gasto que cumpla con los principios establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que al mismo tiempo se privilegie una administración eficiente que no sea sinónimo de mayor endeudamiento.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgara y Caso, a que en el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2015, que envíe el titular del Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión, se contemple una política de ingresos y gasto acorde a:

a) Impacto y evaluación de la Reforma Hacendaria 2014.

b) Impacto de la Reforma Energética.

c) Eficiencia, Eficacia y Transparencia en la Administración de los Recursos Públicos.

 Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 6 de agosto del 2014.

Suscribe

Sen. Héctor Larios Córdova.





 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, de conformidad con lo recomendado por el Consejo Nacional de Evaluación, establezca los criterios para cuantificar a la población objetivo del “Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible”. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos diputados,JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1. El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) promueve la conservación de ecosistemas a través del desarrollo de capacidades de la población para realizar actividades compatibles con el desarrollo sustentable.

2. El objetivo del PROCODES es promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Regiones Prioritarias, mediante el aprovechamiento sostenible de los mismos, con igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres, con énfasis en la población indígena de las localidades.

3. El programa otorga los tipos de apoyo siguientes:

I. Estudios técnicos: Consisten en la elaboración de estudios que constituyan herramientas de planeación, programación y evaluación en torno a estrategias y líneas de acción para la conservación y el desarrollo sostenible de las localidades en las Regiones Prioritarias.  

II. Proyectos: Realización de actividades para la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, o para el establecimiento, construcción y/o conservación de la infraestructura ambiental y productiva.

III. Cursos de capacitación: Apoyos que tendrán la finalidad de realizar cursos y/o talleres de capacitación sobre las líneas de acción para la conservación y desarrollo sostenible. Los cursos de capacitación deberán tener una duración mínima de 10 horas efectivas de impartición, con una participación mínima de 10 personas por cada curso. Quedan exceptuados de estos requerimientos, los cursos que son capacitaciones realizadas a partir de intercambios de experiencias en los cuales las personas beneficiarias tienen que salir de su localidad y/o Entidad Federativa y siempre y cuando el gasto de transportación y alimentación de los mismos rebase el 50% del costo total del curso o taller y los cursos de capacitación sobre aplicación de nuevas tecnologías que se refieren a la “Certificación de guías especializados en turismo de naturaleza”.

4. La población objetivo del PROCODES son mujeres y hombres de 18 o más años de edad que conforman grupos organizados que no estén constituidos como personas morales, Ejidos y Comunidades y personas morales distintas a ejidos y comunidades, que sean propietarios, poseedores, usufructuarios o usuarios de los recursos naturales comprendidos dentro de las Regiones Prioritarias.

5. El PEF 2013 y 2014 incluye el Anexo 15. “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático”, mismo que está conformado por 75 programas que corresponden a 13 Ramos en los que se han asignado recursos en 2014 por un monto total de 37,703 millones de pesos de los cuales la mayor parte de ellos corresponde al Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales”, entre los que se encuentra el PROCODES, que ha presentado un presupuesto asignado y ejercido como se muestra a continuación:

Ejercicio Fiscal

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
(cifras en millones de pesos)

 

Autorizado

Ejercido

2008

180.00

185.25

2009

210.00

191.16

2010

158.51

156.62

2011

210.00

206.75

2012

210.00

205.87

2013

217.36

226.15

2014

225.60

 

Fuente: SHCP

Por lo anteriormente expuesto, se señalan las siguientes:

CONSIDERACIONES

A) De acuerdo al Informe de Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) no cuenta con una cuantificación de población objetivo, lo que dificulta la fiscalización de apoyos que otorga el programa.

Al respecto, cabe señalar que se entiende como población objetivo al grupo de personas que cumplen con todas las condiciones que se requieren para ser atendidas por los programas de las políticas públicas y entre mejor definida esté la población objetivo mejores serán los impactos.

B) Por otra parte, se desconoce el impacto que el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) ha tenido en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y en la Cruzada contra el Hambre.

C) El informe que entregó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) a la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático se pronostican para los próximos 30 años desabasto de agua y alimentación, sequías en gran parte del territorio, inundaciones en la zona sur, epidemias, mortandad de ganado y riesgo en la sustentabilidad energética, entre otros daños irreversibles.

Todo ello de no aplicarse medidas correctivas y preventivas en contra de los efectos derivados del cambio climático.

El INECC también prevé que al menos 21% de la población estará en riesgo de perder su patrimonio y disminuir su calidad de vida por la pérdida de servicios y de comunicaciones provocadas por inundaciones o desgajamientos de cerros.

A) Por otra parte cabe señalar que a la fecha en México, hay poco más de 53.3 millones de mexicanos que viven en la pobreza y un gran porcentaje de ellos lo hace en pobreza extrema. Es decir, que la marginación y desigualdad no ha disminuido en los últimos sexenios, sino que, por el contrario, se han incrementado.

B) El marco de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le corresponde fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, estableciendo como uno de sus grandes objetivos el de inducir el factor de la sustentabilidad en el desarrollo ambiental nacional, a través de la ejecución de acciones que permitan lograr un crecimiento económico sostenido, contrarrestar la pobreza y evitar que continúe el deterioro de la base natural del desarrollo.

C) El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como Meta Nacional un México Próspero, en cuyo objetivo 4.4. “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”, prevé como líneas de acción de la Estrategia 4.4.4. “Proteger el patrimonio natural”, el focalizar los programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para generar beneficios en comunidades con población de alta vulnerabilidad social y ambiental; así como fortalecer el capital social y las capacidades de gestión de ejidos y comunidades en zonas forestales y de alto valor para la conservación de la biodiversidad;

D) La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, ejecuta el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, el cual busca impulsar procesos de tránsito hacia el desarrollo sustentable que conlleven al cuidado y mejoramiento del medio ambiente, mediante una propuesta de atención integral, considerando necesariamente la generación de oportunidades de manera equitativa a las mujeres y hombres como sujetos activos de dicho desarrollo.

E) El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible forma parte de los programas del Gobierno Federal que apoyan en la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, que tiene entre otros los siguientes objetivos: Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre, y que es responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales instrumentar los mecanismos que aseguren que los subsidios serán entregados a sus destinatarios y que serán ejercidos de manera eficiente.

F) La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su Artículo 7 fracción XVII, señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información deutilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, C. Juan José Guerra Abud, para que de conformidad con lo recomendado por el Consejo Nacional de Evaluación, establezca los criterios para cuantificar a la población objetivo del “Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible” (PROCODES), que permitan la fiscalización de apoyos que otorga dicho programa.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, cuál ha sido el impacto del PROCODES en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y en la cruzada contra el hambre, toda vez que en 2013 y 2014, se le han destinado 217.36 y 225.60 millones de pesos, respectivamente.

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suarez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres.





 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente hace votos por la pronta implementación de un cese al fuego en la Franja de Gaza y exhorta al Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones para abonar en la superación de este lamentable episodio de violencia. Se turna a la Segunda Comisión.

LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION HACE VOTOS POR LA PRONTA IMPLEMENTACION DE UN CESE AL FUEGO EN LA FRANJA DE GAZA Y EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA, AUTORIZAR LA CONDICION DE ESTANCIA DE VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO BELICO EN LA FRANJA DE GAZA, Y EN SU CASO, OTORGARLES LA CONDICION DE REFUGIADOS, PARA ABONAR EN LA SUPERACION DE ESTE LAMENTABLE EPISODIO DE VIOLENCIA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En seguimiento a mi propuesta de Punto de Acuerdo del 22 de julio del presente año, en el que se exhorta al Ejecutivo Federal a respaldar los esfuerzos de mediación y a que la Comisión Permanente haga votos por la pronta implementación de un cese al fuego en la Franja de Gaza, dado el lamentable seguimiento que ha tenido este conflicto, es importante que el Congreso de la Unión haga un pronunciamiento y solicite al Gobierno Federal tomar medidas solidarias con las víctimas civiles.

El pasado 7 de julio, Israel inició el denominado Operativo Margen Protector, consistente en una agresión bélica en la Franja de Gaza, la cual se ha compuesto de ofensivas aéreas y terrestres, con el objetivo de poner fin al disparo de cohetes desde ese enclave palestino controlado por el movimiento islamista Hamas.

Pese a los llamados de la comunidad internacional para poner fin a los ataques, Israel ha seguido embistiendo letalmente la Franja de Gaza. La mayor parte de los ataques se han hecho contra objetivos civiles, pues Israel asegura es ahí donde se esconden los grupos militares de Hamas. Como consecuencia la mayoría de las bajas han sido de civiles, entre los que se incluyen niños.

El 3 de agosto pasado, una tercera escuela de Naciones Unidas en el refugio de Jabaliya, en Gaza, fue alcanzada por un ataque israelí, dejando al menos 10 palestinos muertos. El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon calificó lo ocurrido de "ultraje moral y acto criminal" y aseguró que constituye una "total violación del derecho internacional", lo tachó de “injustificable y vergonzoso” y especificó que "no hay nada más vergonzoso que atacar a niños mientras duermen".

La portavoz del departamento de estado de Estados Unidos de América (EE.UU.), Jen Psaki, declaró que su país estaba consternado por el "vergonzoso" bombardeo.

En respuesta, el vocero del gobierno de Israel, Mark Regev, afirmó que los integrantes de Hamas que se resguardan cerca de escuelas y las convierten en zonas de guerra deben ser señalados como responsables.

Las instalaciones bajo el cuidado de Naciones Unidas deben ser respetadas. Constituyen un refugio humanitario para las víctimas inocentes de este lamentable “brete” entre Israel y Palestina, por lo que nada justifica su ataque y, por ende, debe ser enérgicamente condenado por la comunidad internacional.

Es necesario encontrar una solución pronta, que termine con la brutal agresión de Israel en la Franja de Gaza, a la que debemos contribuir desde nuestras capacidades para alcanzar la paz.

Ban Ki-moon y el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, comunicaron que representantes israelíes y palestinos viajarán a El Cairo para mantener negociaciones con el gobierno de Egipto, por invitación de este país, encaminadas a lograr un alto al fuego duradero y plantear entre ellos todos los asuntos que les preocupan.

No obstante, el Consejo de Seguridad aún no propone ninguna resolución acerca del conflicto, pese a que un grupo de países árabes trabaja arduamente en movilizar un borrador de la resolución y presiona al Consejo para que se pronuncie finalmente.

Hasta el 4 de agosto, han muerto 1,777 palestinos (la mayoría civiles, casi 400 niños), 64 soldados israelíes y dos civiles, además de un inmigrante tailandés y cuatro periodistas, lo cual ha sido condenado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El primero de agosto, la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Ministerio de Asuntos Sociales de Palestina actualizó su solicitud de ayuda humanitaria ascendiendo a 369 millones de dólares, para asistir a 1.8 millones de habitantes en salud, acceso al agua, necesidades de desplazados internos, alimentos, mantas, colchones y apoyo psicológico.

La UNRWA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OCHA han alertado acerca de una crisis de salud por el inminente colapso de los servicios médicos y por el deterioro de las instalaciones de atención y la seguridad del personal. Un tercio de los hospitales, 14 centros de atención médica básica, 29 ambulancias de la Media Luna Roja y del Ministerio de Salud fueron dañadas durante los bombardeos. 40% del personal médico no puede llegar a sus lugares de trabajo por la violencia, además de resultar heridos una vez que están dentro de las instalaciones, se tiene registro de que cinco de ellos han muerto prestando sus servicios. La OMS también solicitó abrir urgentemente un corredor humanitario para evacuar a los heridos y abastecer de medicamentos a la región.

Existe una crisis de desplazados en la Franja de Gaza: 270,000 palestinos acogidos en escuelas administradas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). El Programa Mundial de Alimentos ha comenzado a abastecer a la región. Su principal meta es llevar a la zona 10 toneladas de pan, además de carne enlatada, harina, leche y otros lácteos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su carácter de organización humanitaria y apolítica, cuyo mandato, conferido por las Naciones Unidas, es proteger a los refugiados y ayudarles a encontrar soluciones a sus problemas, ha exhortado antes y durante este episodio de violencia, el apoyo de la comunidad internacional para recibir refugiados palestinos.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, al cual se adhirió México el 25 de enero de 2001, es el fundamento del derecho internacional de los refugiados, y tiene reflejo en nuestra legislación doméstica.

México tiene una gran tradición para asistir a refugiados, asilados y apátridas, basta con rememorar a los refugiados de la Guerra Civil española y de muchos sudamericanos que huyeron de dictaduras en sus países.

En la fracción XXII del artículo 3 de la Ley de Migración se define como Refugiado: a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional y que sea reconocido como refugiado por parte de las autoridades competentes, conforme a los tratados y convenios internacionales de que es parte el Estado Mexicano y a la legislación vigente. En tanto la fracción V del artículo 2 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria define como Refugiado al extranjero que encontrándose en los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley1 es reconocido como tal por la Secretaría de Gobernación.

El último párrafo del artículo 2 de la Ley de Migración a la letra dice: “El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.”

De acuerdo al artículo 37 de la Ley de Migración, para internarse al país, no necesitan visa los extranjeros que sean solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor. En tanto que el artículo 52 del mismo cuerpo normativo señala que la Secretaría de Gobernación podrá autorizar la condición de estancia de visitante por razones humanitarias a los extranjeros, cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país, en cuyo caso contarán con permiso para trabajar a cambio de una remuneración.

Bajo el marco del derecho internacional y de nuestra propia legislación, México cuenta con mecanismos para recibir a víctimas del ataque israelí a la Franja de Gaza, por lo que en nuestra identidad como país solidario, en un acto de cooperación y apoyo, México debe abrir sus puertas a quien lo necesite y salvar vidas en medio del atroz ataque que presenciamos, sin poder mantenernos indiferentes.

Por ello, con apoyo de la ACNUR, la Secretaría de Gobernación podría estudiar la posibilidad de que nuestro país reciba grupos de víctimas a los que se les otorgue la condición de estancia de visitante por razones humanitarias y, de cumplir los requisitos, otorgarles la condición de refugiados.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace votos por la pronta implementación de un cese al fuego en la Franja de Gaza y, haciendo eco de las declaraciones del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, condena enérgicamente el “injustificable y vergonzoso” bombardeo contra una escuela en el refugio de Jabaliya, así como la muerte de civiles en el conflicto.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a pedir a los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, adoptar una resolución a fin de abonar en la superación de este lamentable episodio de violencia.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a solicitar a la comunidad internacional, especialmente a los Estados Unidos de América a comprometerse efectivamente a la solución del conflicto, a través de la toma de decisiones y acciones más adecuadas para conseguirlo.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a hacer un esfuerzo para atender el llamamiento de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y conseguir 369 millones de dólares, que permitan mantener la asistencia a la población en Gaza y a miles de personas albergadas en sus instalaciones, contribuyendo a la ayuda humanitaria indispensable en este terrible conflicto.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, ha colaborar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para la autorización de la condición de estancia de visitante por razones humanitarias a víctimas del conflicto bélico en la Franja de Gaza y, en su caso, otorgarles la condición de refugiados.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 6 de agosto de 2014.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.

1 Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Artículo 13. La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos:
I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;
II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y
III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.






 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a realizar las adecuaciones estratégicas que permitan medir el impacto social del “Programa de albergues escolares indígenas”. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ Y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instrumenta el “Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI)”, para dar respuesta a las demandas de la población indígena relacionada con el acceso y la permanencia a los diferentes niveles educativos. Este programa complementa otras intervenciones de la Comisión y la Administración Pública Federal; para su operación se coordina con la Secretaría de Educación Pública dentro del marco de un convenio.

El PAEI brinda a las niñas, niños y jóvenes indígenas hospedaje, alimentación y apoyo educativo; promueve la atención a la salud, el fortalecimiento de la identidad cultural y fomenta las actividades de recreación y esparcimiento. Con estas acciones contribuye a mejorar las oportunidades de los beneficiarios, a través del desarrollo del capital humano y con ello, contribuye a la ruptura de la transmisión intergeneracional de la pobreza.

2.- Su cobertura está definida por los Albergues y Comedores Escolares así como los Albergues y Comedores Comunitarios instalados en los municipios y localidades de alta y muy alta marginación de los estados de la República Mexicana y su Población Objetivo son niñas, niños y jóvenes indígenas que se encuentran inscritos en escuelas públicas y requieren de los servicios del programa para permanecer en el sistema educativo.

3.- De acuerdo a la “Evaluación de consistencia y resultados 2011-2012 del Informe Final” CONEVAL-CDI, existen recomendaciones de años anteriores que a la fecha no han sido atendidas por el ente evaluado; dichos señalamientos han venido mencionando que los indicadores propuestos para evaluar el desempeño del programa, son de carácter endógeno, si bien son útiles, se ha dejado de lado la medición de la contribución que hace el PAEI (así sea modesta) en relación al problema que atiende, planteado en el resumen narrativo de Fin y Propósito.

4.- El PAEI atiende un problema prioritario de desigualdad en materia de apoyo educativo y nutrición, sin embargo, su cobertura es muy baja (entre el 17 y el 20% de acuerdo a la MIR) y no se vinculación otras acciones de ampliación de servicios. Hay un problema de definición población objetivo y potencial.

5.- El PAEI no ha desarrollado una estrategia para promover acceso y permanencia de niñas, pese a tener mejor eficiencia terminal que los niños. Entre 2008-2010, las beneficiarias pasaron del 47.5% al 46.5% de la población de los albergues.

6.- El Programa PAEI no cuenta aún con un Plan estratégico, por lo que deberá desarrollar un ejercicio de planeación institucionalizado, que contemple el mediano y largo plazo; que establezca los resultados que quiere alcanzar el Programa (Propósito y Fin actualizados) y que además, cuente con indicadores claros y relevantes que puedan medir el avance de los resultados del PAEI Dentro de la elaboración del diseño conceptual, es menester trabajar una clara y precisa definición de la Población Potencial y la Población Objetivo, que contemple cada una de las características de las niñas, niños y jóvenes indígenas inscritos a un grado escolar (rangos de edad, delimitación clara de localidades de origen de beneficiarios, niveles educativos y calidad educativa, entre otras); posteriormente, se requerirá del desarrollo de una adecuada, clara, consistente y actualizada metodología de medición de dichas poblaciones, con bases de datos recientes como el Censo de Población del INEGI 2010, la Información del CONEVAL, la CDI y el PNUD.

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2011 del PAEI, refleja justamente la falta del desarrollo del diseño conceptual y operativo; a pesar de que año con año el programa ha recibido asesorías y ha desarrollado varios ejercicios para mejorar la MIR, no logra identificar con claridad los factores críticos de sus Resúmenes Narrativos. Prueba de ello son los constantes cambios en los Resúmenes Narrativos a nivel de Fin y Propósito, que no son un asunto menor, ya que implica estar midiendo cosas diferentes (permanencia, deserción, acceso, conclusión, aumento de grados de escolaridad, etc.) en cada una de las modificaciones. De hecho, el PAEI no cuenta aún con indicadores de impacto a nivel
de Fin y de Propósito.

Millones de pesos

Ejercicio Fiscal

Programado

2011

1´032,089,733

2012

959´ 070,545

2013

1´055,485,000

CONSIDERACIONES

1.- El marco normativo del Programa es; Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003; Estatuto Orgánico de la CDI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2010; Manual General de Organización de la CDI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2011; Acuerdo de Modificación a las Reglas de Operación de los siguientes programas: Albergues Escolares Indígenas; Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena; Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas; Fondos Regionales Indígenas; Organización Productiva para Mujeres Indígenas; Promoción de Convenios en Materia de Justicia; Turismo Alternativo en Zonas Indígenas e Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de febrero de 2011; y Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CDI dictaminadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CDI el 27 de diciembre de 2010; y Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública y
Servicios Relacionados con las Mismas de la CDI dictaminadas por el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la CDI el 7 de marzo de 2010.

2.- No obstante de la normatividad antes señalada el Programa ha incumplido dichas disposiciones legales, en la Auditoria 439 del Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2011, se realizaron erogaciones no autorizadas por las Reglas de Operación por lo que se hicieron 2 denuncias de hechos.

Asimismo se detecta una falta de infraestructura en los albergues y por consiguiente una subocupación de los mismos.

3.- Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Lic. Ma. De los Angeles del Socorro Elvira Quezada, para que realice las adecuaciones estratégicas que permitan medir el impacto social del “Programa de albergues escolares indígenas (PAEI)” toda vez que este no ha incidido en la desigualdad social de las comunidades indígenas, ya que solo cubre un 20% de dicha población.

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres.





 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a hacer del conocimiento público por qué no se ha emitido la declaratoria de alerta de género en el Estado de México. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ Y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El “Programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 2014 – 2018” establece una política nacional de promoción de la igualdad y combate a la discriminación de las mujeres y las niñas, cuyo objetivo es garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas. Para ello, establece acciones de sensibilización, concientización y capacitación en el sector educativo y en los centros de trabajo de detección oportuna de la violencia, así como de seguridad ciudadana para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en la comunidad.

Con el propósito de asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la sanción, el Programa prevé acciones 4 orientadas a mejorar la calidad de la implementación de la respuesta judicial, garantizando la debida diligencia en la procuración de justicia para mujeres en situación de violencia y fortaleciendo los servicios de justicia para la reparación del daño. La Unidad Operante es la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, CONAVIM a cargo de la Secretaría de Gobernación.

2.- Sus objetivos son:

A. Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la transformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres;

B. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas;

C. Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia;

D. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la sanción;

E. Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

3.- Entre sus atribuciones se encuentra:

I. Declarar la alerta de violencia de género y notificarla al Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, con excepción del supuesto previsto en el artículo 39 del Reglamento de la Ley;

II. Elaborar el Programa en coordinación con las demás autoridades que integran el Sistema Nacional; entre otras.

4.- La CONAVIM se crea en el 2009, mediante decreto publicado en el DOF 01/06/09, desde su creación únicamente se le ha practicado una Auditoría de Desempeño a cargo de la ASF 040/2011, dicho órgano fiscalizador considera que en términos generales la CONAVIM no cumplió con las disposiciones normativas aplicables en el diseño y coordinación de la política de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, a efecto de avanzar en su erradicación, desde aquel momento verificó que, después de cuatro años de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a 2011 la CONAVIM no realizó el Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos, por lo que no contó con información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en la materia.

5.- En la Cuenta Pública de 2013, la CONAVIM, reporta el apoyo a Entidades Federativas interesadas en la creación y/o fortalecimiento de Centros de Justicia para las Mujeres, otorgando subsidios por 102,842.6 millones de pesos, un porcentaje de ejercicio del 84.6% con relación al presupuesto aprobado, incluso reporta el doblaje de la meta a este respecto, a razón del 233.3 % pasando de 3 a 7 Entidades Federativas apoyadas para la construcción de dichos Centros, si bien duplico la meta para este objetivo, dejo de atender los otros 4 objetivos estratégicos, sobremanera de abandonar acciones para la prevención y/o erradicación, lo que significa que el Programa oriento todo el presupuesto para crear la Infraestructura geográfica coadyuvante para la atención de la violencia en 8 estados.

6.- La evolución del presupuesto para el Programa “Promover la atención y prevención de la violencia contra la mujer” E015, ha sido de la siguiente manera:

 Millones de pesos


Año

Programado

Ejercido

Variación

2012

115.28

92.11

79.9%

2013

121.63

102.84

84.6%

2014

191.42

n/a

n/a

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal

  CONSIDERACIONES

1.- No obstante de que en el “ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACION CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACION NACIONAL” de la Cuenta de la Hacienda Pública para 2013 se refiere un cumplimiento de la meta por arriba del 230%, apoyando a 7 entidades federativas entre las que se destaca Campeche, Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Puebla. Entidades en donde el índice de mujeres violentadas no es tan alto a reserva de Chihuahua, Puebla y Estado de México, siendo éste último el estado en donde 45 de cada 100 mujeres sufren violencia, reportando 1´515, 746 casos de mujeres violentadas, de acuerdo al “Panorama de violencia contra las mujeres en los Estados Unidos Mexicanos” Edición 2013, ENDIREH, INEGI.

A este respecto la CONAVIM no ha rendido cuentas de la declaración de alerta de violencia de género, en el Estado de México, la ASF verificó que el procedimiento para aprobar o negar la investigación para emitir alertas de violencia de género careció de criterios objetivos, claros y transparentes para que los integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitan su voto razonado con base en las causas presentadas por los solicitantes.

2.- A la fecha, la CONAVIM no ha dado seguimiento al cumplimiento de 4 de los 5 objetivos estratégicos, siendo estos:

A. Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la transformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres;

B. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas;

C. Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia;

E. Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Salvo el “D. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la sanción” que la Cuenta Pública 2013 señala en el Análisis de presupuesto de egresos, respecto de la puesta en marcha de los 7 Centros de Justicia, omitiendo acciones relevantes como la erradicación y prevención, a fin del aumento de la violencia en contra de las mujeres en el Estado de México, relativo a ello el INEGI señala que tal entidad han reportado 1´515, 746 casos de violencia hacia las mujeres, “Panorama de violencia contra las mujeres en los Estados Unidos Mexicanos, ENDIREH 2011”

3.- La ASF¸ señala que en relación con la coordinación de la política integral con los tres órdenes de gobierno, en el ámbito federal, la CONAVIM no promovió ni suscribió convenios de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, ni a nivel municipal, tampoco realizó acciones de esta naturaleza con ninguno de los 2,440 gobiernos municipales y, en el ámbito estatal, suscribió convenios con 4 (12.5%) de las 32 entidades federativas.

4.- El marco legal de actuación para la CONAVIM haya sustento en la: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Criterios para la elaboración y revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados de programas presupuestarios incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

5.- Es menester señalar en los presupuestos asignados a la CONAVIM para 2012 y 2013, presentan subejercicios como se ilustra en el cuadro de la evolución del presupuesto, dejando de cumplir con ello lo que señala el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

6.- Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres, Master Alejandra Negrete Moraytta a efecto de que haga del conocimiento público, porque no se ha emitido la declaratoria de alerta de género en el Estado de México, dado que el INEGI ha publicado la cifra de mujeres violentadas a razón de 1´515,746 casos, así como la justificación del subejercicio en los presupuestos asignados para 2012 y 2013, mismos que ascienden a 115, 283.3 y 121, 634.2 millones de pesos respectivamente.

Suscriben

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres.





 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar las acciones necesarias para dar seguimiento directo a los beneficiarios del Programa “Seguro para contingencias climatológicas” en el otorgamiento de apoyos. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ Y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 en su línea de acción 5.6.3 se dispone “Fortalecer el seguro agropecuario a través de una mayor eficacia en la dispersión del subsidio a la prima, una mayor coordinación entre las instituciones públicas financieras y no financieras que apoyan al campo, y a través de una regulación adecuada de los Fondos de Aseguramiento”.

2.- El objetivo del Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas, es potenciar la capacidad financiera del Gobierno Federal mediante el pago de la prima para la contratación de seguros catastróficos para los estados y municipios en las zonas y cultivos que sean susceptibles a contingencias climatológicas de tipo catastrófico. La SAGARPA determina qué zonas y qué cultivos requieren dicho apoyo y le solicita los fondos a AGROASEMEX.

3.- A pesar de que el Gobierno Federal ha encomendado a AGROASEMEX, S.A., en términos de estas Reglas, la operación, administración y ejecución de dichos Programas, es la SAGARPA quién decide el uso y destino de sus recursos, es decir determina qué zonas y qué cultivos requieren dicho apoyo y le solicita los fondos a AGROASEMEX. Asimismo la SAGARPA es quien realiza la estrategia de determinar la cobertura nacional por medio de la Dirección de Administración de Programas de Subsidio.

4.- Su finalidad y cobertura son de carácter nacional y temporal, conforme a lo que se establezca en el PEF, por lo que hace a la población potencial, se refiere a los estados, municipios, regiones y cultivos que no cuenten con seguro de tipo comercial y que estén expuestos a los efectos de fenómenos climatológicos en el sector agropecuario, la SAGARPA los define como prioritarios o susceptibles, en función de su vulnerabilidad y exposición a estos efectos.

5.- La evolución del Presupuesto de Egresos de la Federación, es la siguiente:

Millones de pesos


AÑO

Contingencias climatológicas

Asignado

Ejercido

2012

94,500.0

94,241.1

2013

94,500.0

94,298.3

2014

93,700.0

n/a

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

CONSIDERACIONES

1.- CONEVAL a través del “Informe de la evaluación especifica de desempeño 2012-2013” realizada a AGROASEMEX, valoración de la información de desempeño presentada por el Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas, encontró como hallazgo que no cuenta con evaluaciones de impacto debido a que el uso y destino de los recursos lo determina la SAGARPA.

2.- En dicho Informe también se señala que por la forma de operar los programas, no ha sido posible dar seguimiento a los apoyos otorgados, no conocer las condiciones socioeconómicas de los beneficiados, dado que se entregan a los estados y municipios y no a los productores y toda vez que la SAGARPA es quien contrata los seguros, por ello es quien deberá dar seguimiento a este proceso.

3.- Que el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone en su Anexo B, “los Programas del Gobierno Federal correspondientes al Ramo 06 que podrán apoyar en la instrumentación de la Cruzada contra el hambre, la cual es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos consistentes en cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

4.- La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los recursos fiscales asignados a los programas previstos para cada ejercicio fiscal en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se sujetarán a reglas de operación con el objeto de garantizar que su aplicación se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

5.- Que al respecto existe el Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las reglas de Operación del Programa del seguro para contingencias climatológicas. DOF 08/02/2013.

6.- De conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos fiscales asignados por el Gobierno Federal a los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación deben apegarse a criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad; identificar claramente a la población objetivo beneficiada por grupo específico y por región del país; así como asegurar la coordinación de acciones con otras dependencias y entidades para procurar que en el ejercicio de los recursos se reduzcan los gastos administrativos en la asignación y aplicación de los subsidios.

7.- AGROASEMEX, S.A. es una Institución nacional de seguros con personalidad jurídica y patrimonio propios, que conforme a su objeto social desarrolla y opera instrumentos para la administración de riesgos agropecuarios, así como servicios de fomento, asesoría técnica y capacitación para la administración de dichos riesgos.

Las operaciones de AGROASEMEX, S.A. se regulan, principalmente, por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley sobre el Contrato de Seguro, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento.

8.- Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un exhorto al titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Lic. Enrique Martínez y Martínez a que implemente las acciones necesarias para dar seguimiento directo a los beneficiarios del Programa “Seguro para contingencias climatológicas” en el otorgamiento de apoyos, toda vez que se desconocen las condiciones socioeconómicas de la población objetivo, dado que se entregan a los estados y municipios y no a los productores, en virtud de que la SAGARPA es quien contrata los seguros, de acuerdo a las recomendaciones hechas por CONEVAL señaladas en el informe de la evaluación especifica de desempeño 2012.

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres.





 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a hacer del conocimiento público las acciones legales y el seguimiento de presos indígenas que han sido beneficiados dentro del marco del “Programa excarcelamiento a presos indígenas”. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos Diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ Y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1.- La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- El Programa “excarcelamiento a presos indígenas, está a cargo de la CDI, dirigido a personas que se autoadscriban como indígenas o sean integrantes u originarios de comunidad indígena, que estén privadas de la libertad o en riesgo de perderla y requieran el servicio y que no hablen el español.

3.- Tiene como Objetivo contribuir a que la población indígena sujeta a un proceso legal, acceda a la jurisdicción del estado conforme a derecho.

4.- Dentro de los apoyos del Programa está la Modalidad Intérpretes-Traductores en Lenguas Indígenas, se otorga a los beneficiarios, a través de la intervención de intérpretes-traductores en lenguas indígenas, así como los recursos económicos para el traslado, alimentación y hospedaje durante el proceso legal, de correspondencia en los Lineamientos de dicho programa.

5.- Como referente se tiene documentado el caso la mujer indígena de origen ñañu, la Señora Jacinta Francisco Marcial fue asistida legalmente por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, A.C. ante la falta de un intérprete traductor, durante su proceso penal, es por ello que la Comisión Nacional en comento, debe revisar sus criterios de inclusión para otorgar los apoyos correspondientes, de tal suerte de asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y ante autoridades federales, estatales y municipales, dado que como en el caso de Jacinta Marcial no se tiene registro de la intervención de la CDI, dicha persona, se encontró en franca desventaja legal, social y económica ante el sistema de justicia penal, situación que se agudizo cuando durante el procedimiento legal no conto con la asistencia de un intérprete-traductor en su lengua materna, dicha figura es parte fundamental e indispensable para el debido proceso, y con ello se garantiza el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado.

6.- La forma actual de cálculo de sus poblaciones potencial y objetivo, hace que la cobertura sea irrelevante. Este problema se transforma en un círculo vicioso por no existir elementos para modificar las asignaciones presupuestarias. En principio la realización de un diagnóstico, que entre otras cuestiones permita identificar principales necesidades de acceso y ejercicio pleno de los derechos en el marco del sistema procesal penal. 9 58

7.- Mediante la “Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012” realizada por la SHCP, el sistema mexicano, principal incidencia de delitos, prioridades, zonificaciones, etc. Los elementos para tal ejercicio podrían ser las bases de datos históricos, un levantamiento y un modelo adecuado de prospección.

A partir de lo anterior y considerando los requerimientos de la aplicación metodológica del marco lógico, se posibilitaría que el diseño del Proyecto Excarcelación de Presos Indígenas realice las siguientes modificaciones a los siguientes rubros:

• Definir la población potencial y beneficiaria

8.- Así mismo se encuentra en dicha evaluación debilidades en el diseño del proyecto que no parte de un diagnóstico amplio que le dé sustento a la problemática que se pretende atender, así como tampoco no dispone de un modelo de planeación estratégica, que contemple acciones de mediano y largo plazo y dé concreción y articulación a los componentes del Proyecto Excarcelación de Presos Indígena.

• No dispone de criterios o lineamientos específicos para articular responsabilidades compartidas de coordinación y concertación, para atender con mayor eficacia y eficiencia los procedimientos para lograr la excarcelación de indígenas o evitar la pérdida de su libertad y los que se encuentran en proceso.

• No se cuenta con un Manual de Operación suficientemente preciso que oriente el quehacer institucional del Proyecto.

• No se ha concluido el diagnóstico socio jurídico, lo que limita la disponibilidad de información más amplia para la operación del Proyecto.

• No se cuenta con un sistema de información que permita integrar las variables que se generan en la operación del Proyecto en cuanto a sus componentes.

9.- La evolución del presupuesto para el Programa de excarcelamiento a presos indígenas es el siguiente:

Millones de pesos


Ejercicio Fiscal

Programado

Ejercido

2011

26,500.0

20,427.6

2012

18,000.0

13,880.7

2013

28,600.0

17,706.0

10.- Por lo que hace a evaluaciones hechas al Programa Excarcelamiento a presos indígenas por el CONEVAL, se destaca que hay importante retos a alcanzar, dado que se requiere realizar ajustes sustanciales en el diseño de los objetivos e indicadores. En algunos casos, los objetivos no se encuentran claramente definidos, por lo que no es posible identificar los factores relevantes y determinar su vinculación con los indicadores definidos. En general, los indicadores actuales del programa no tiene relevancia para el monitoreo del objetivo al que se encuentra asociados y éstos deben ser diseñados de nueva cuenta, por lo que el programa tiene los siguientes retos:

*Revisar la pertinencia de los objetivos definidos a nivel de resultados y de gestión, analizando su coherencia lógica;

* Revisar la relevancia de los indicadores definidos para el monitoreo de los objetivos; en el caso de que el programa modifique sustancialmente sus objetivos, es necesario que se planteen nuevos indicadores considerando las características mínimas establecidas en la normatividad correspondiente. En el caso de que así lo requiera el programa, se podría solicitar una asesoría técnica o capacitación en materia de indicadores al CONEVAL:

*Precisar de manera clara la población objetivo del programa e identificar la problemática social que pretende solucionar;

La aprobación de indicadores tiene como finalidad consolidar un sistema de monitoreo de los programas de desarrollo social que cumplan con características mínimas que garanticen la homogeneidad en su construcción y en la calidad de la información que se reporta. Para lograr este objetivo, el CONEVAL ha emitido observaciones y recomendaciones para mejorar los objetivos y los indicadores del programa. Es importante señalar que estas recomendaciones fueron complementadas con los comentarios de especialistas, de la SHCP y de la ASF.

CONSIDERACIONES

1.- En el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, se publicó la reforma constitucional, por la que se dispone el proceso de transformación del Sistema de Justicia Penal en México, transitando de un sistema procesal mixto a uno acusatorio, estableciendo la oralidad en los juicios penales; con el propósito de dar vigencia plena a los derechos humanos y sus garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 2o., en su apartado B señala que: "La Federación, los Estados y los Municipios [...] establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos".

3.- Desde su creación, la CDI valoró e incorporó a sus tareas institucionales aquellas orientadas a la excarcelación de indígenas, que desde 1984 realizaba el entonces Instituto Nacional Indigenista. Esta acción se encuentra fundamentada en la fracción VIII del artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En el transcurso del tiempo, la CDI no sólo ha mantenido estas acciones sino que ha buscado fortalecerlas para contribuir a crear las condiciones que propicien el ejercicio de los derechos humanos y sus garantías en el marco de lo establecido en los artículos 1o. y 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular, a lo señalado en el apartado A fracción VIII de este último precepto.

5.- Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Lic. Ma. de los Angeles del Socorro Elvira Quezada, para que haga del conocimiento público las acciones legales y el seguimiento de presos indígenas que han sido beneficiados dentro del marco del “Programa excarcelamiento a presos indígenas”, dado que existen casos de indígenas que recurren a la sociedad civil, aunado a que la Comisión a su cargo ha acumulado un total de 21,041 millones de pesos sin ejercer desde el 2011.

Suscriben

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres.

Asimismo, la solicitud de excitativa del Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, se remitirá a las Comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores.





 

EXCITATIVA

El suscrito, DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 8 fracción III, y 214 numeral 3, del Reglamento del Senado de la Republica, solicita atentamente a esta Presidencia formule excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para que, de conformidad con el artículo 67 numeral 1 inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 214 numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la Republica, se dictamine la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73, 74, 79, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primero.- En sesión celebrada el 2 febrero de 2012 la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa por la que se reforman los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 74; párrafos primero, segundo y quinto de la fracción I, párrafos primero, segundo, tercero, quinto y séptimo de la fracción II y el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 79; el párrafo sexto de la fracción II del artículo 116; y se adicionan la fracción XXVIII-B al artículo 73; los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 79, recorriendo el actual tercero a séptimo párrafo; y un tercer párrafo, recorriendo el restante a cuarto párrafo, del inciso c), fracción V, Base Primera, Apartado C, del artículo 122; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la Presidencia de la Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para el dictamen correspondiente.

Segundo.- El dictamen de la iniciativa en comento fue aprobado por la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2012 y, con esa misma fecha, se remitió a la Cámara de Senadores en carácter de minuta, y se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su dictamen.

Tercero.- Después de un año de que la Minuta permaneciera en Comisiones, sin ser dictaminada, el suscrito senador presentó solicitud de excitativa a la Presidencia de la Mesa Directiva (el 4 de abril de 2013), la cual, en uso de sus atribuciones, la formuló a dichas Comisiones. Lamentablemente, éstas hicieron caso omiso. Por esa razón, de nueva cuenta vengo a formular nueva solicitud de excitativa, en términos del artículo 67 numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 214 numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la Republica.

Cuarto.- La trascendencia de esta minuta radica en lograr la integración y funcionamiento de un Sistema Nacional de Fiscalización, que servirá como mecanismo para la coordinación de acciones por parte de todos los órganos que llevan a cabo labores de fiscalización en el país, a fin de generar condiciones que permitan un mayor alcance en las revisiones, así como para evitar duplicidades y omisiones.

Quinto.- Asimismo, la minuta además pretende consolidar los mecanismos y alcances de las auditorías sobre el desempeño. La importancia reside en que este tipo de auditorías puedan evaluar las metas y no sólo los objetivos de los planes y programas. También se robustece la parte de recomendaciones al desempeño con el propósito de que las entidades fiscalizadas no sólo deban precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas, sino también las acciones emprendidas para acreditar la atención de las mismas.

Sexto.- De la misma forma, se plantea reducir los plazos para la presentación de la Cuenta Pública e informes que debe rendir la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, así como establecer un nuevo esquema de informes a cargo del ente fiscalizador. Actualmente, la fecha límite de presentación de la Cuenta Pública es el 30 de septiembre del año siguiente. Esta minuta pretende que la fecha sea a más tardar el 15 de diciembre del año de su presentación, lo cual sería congruente con la fecha de la previa aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que es el 15 de noviembre.

Séptimo.- Una de las partes fundamentales de la reforma es que amplía las facultades de la Auditoría Superior de la Federación en los supuestos de situaciones excepcionales; además se señala expresamente la facultad de fiscalizar fideicomisos públicos, cesiones parciales de bienes de dominio público y esquemas de coparticipación económica pública-privada.

La reforma es fundamental, pues se colige la conveniencia de no dejar a la libre interpretación del usuario jurídico sobre si se podrán o no fiscalizar estos entes.

Octavo.- Por último, la minuta pretende evitar la reelección del titular de la           Auditoría Superior de la Federación, con el supuesto de que el titular debe      permanecer al margen de cualquier inferencia (como la presión del órgano elector) que pueda afectar su libertad de decisión para realizar su función de manera imparcial y objetiva.

Por lo antes expuesto, me permito solicitarle de la manera más atenta dar trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

Unico. Que en uso de la facultad que le confiere el artículo 67 numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 214    numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la Republica, se excite a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, para que presenten el dictamen relativo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73, 74, 79, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Senado de la República, el 4 de agosto de 2014.

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.

Las efemérides inscritas en nuestra Orden del Día se insertarán en el Diario de los Debates.

 





 

Del grupo parlamentario del PRI, remitió efeméride con relación a la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

INTERVENCION DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON RELACION A LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA.

La leche materna es el alimento primordial de los recién nacidos, cuya importancia radica en el contenido de los nutrientes que conducen al adecuado desarrollo físico y mental de los lactantes, asimismo su provisión conduce al desarrollo del vínculo afectivo entre la madre y el niño.

El calostro es la leche que la mamá proporciona a su hijo durante la primera semana después del parto, contiene proteínas, vitaminas, lípidos, carbohidratos y minerales más abundantes que en la leche de transición o madura.

El consumo del calostro permite el crecimiento del lactobacillus bífidus, que es el primer cultivo en la luz intestinal estéril del recién nacido. Es rico en anticuerpos, los cuales son necesarios para proteger al bebé de bacterias y virus que estuvieron presentes en el canal del parto, inhibe el desarrollo de reacciones alérgicas. Además, el calostro tiene más anticuerpos que los producidos por la placenta.

La Organización Mundial de la Salud recomienda el calostro como el alimento perfecto para el recién nacido, indica que la lactancia materna exclusivamente debe comenzar en la primera hora de vida hasta los 6 meses de edad, con la posterior introducción de alimentos complementarios nutritivos a partir de allí, conjuntamente con la lactancia materna continuada hasta los dos años o más.

En el año 2002 se llevó a cabo la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, en la cual estuvieron presentes los Estados Miembros de la OMS y la Junta Ejecutiva del UNICEF. El propósito de esta estrategia fue mejorar, a través de una alimentación óptima, el estado de nutrición, el crecimiento, el desarrollo y la salud, de este modo, se pretende impulsarla supervivencia de los lactantes y los niños pequeños.
Existen otros instrumentos internacionales que fomentan la nutrición y la salud del niño como son la Iniciativa “Hospital amigos del niño”, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, así como la Declaración de Innocenti, todas ellas dirigidas a la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia natural.

En el año de 1990, la Organización de las Naciones Unidas y algunos gobiernos establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio para combatir la pobreza y promover el desarrollo sano y sostenible de manera integral. Derivado de ello, se instauró la Semana Mundial de la Lactancia con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia mundial.

En este año, el lema es “Lactancia Materna: un triunfo para toda la vida”, el cual se desarrolla del 1 al 7 de agosto, en donde más de 170 países promueven la realización de diversas acciones destinadas a fomentar la lactancia materna y a mejorar la salud de los bebes.

Nuestro país, debe tener presente este importante compromiso por los recién nacidos y por los bebes, cuyos beneficios se reflejarán en un futuro cercano con miras a elevar la calidad de vida de todos los mexicanos.

De esta manera, se evitará la generación de enfermedades en los niños y adolescentes como alergia, obesidad, diabetes, colitis ulcerosa, arterioesclerosis, infarto de miocardio, bronquitis, gastroenteritis, deformaciones dentales, entre otras.

Ello conllevará a la reducción del índice de mortalidad y morbilidad, por ende la hospitalización de niños, que puede causar un desgaste emocional y una alta erogación en la economía familiar o, en su caso, de recursos públicos destinados por el Estado.

No sólo es un periodo para conmemorar, sino para realizar acciones efectivas tendientes a informar las propiedades de la leche materna, a fin de fomentar el suministro, así como evitar el retiro temprano de este alimento a los recién nacidos.

Sabemos que no sólo es un trabajo del gobierno, sino también de las organizaciones privadas y de la sociedad civil para que realicemos un trabajo conjunto que implique una adecuada nutrición de los bebes y los niños.

Diputados GPPRI





 

Del grupo parlamentario del PRI, remitió efeméride en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

INTERVENCION DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DEL 9 DE AGOSTO, DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

Compañeras y compañeros legisladores:

Nuestra Nación ha sido reconocida como pluricultural, de acuerdo con el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y si bien, en la actualidad más de 15 millones de personas que viven en el país son indígenas, todavía no se alcanza un Estado que promueva de manera plena, y que acepte, como parte de su condición, la diversidad y las muchas identidades que generan las culturas indígenas que conviven en el territorio nacional.

La desigualdad, marginación y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo una constante, de tal forma que resulta común que este sector de la sociedad carezca de servicios básicos como educación y salud, situación que no sólo ocurre en nuestro país, sino que se ve reflejado en todo el mundo. A nivel nacional como mundial la sociedad no ha aceptado la multiculturalidad que esto significa, marginando, discriminando, explotando e incluso generando que pueblos de indígenas enteros lleguen a desaparecer.

De acuerdo con las Naciones Unidas en el mundo existen 370 millones de personas indígenas, mismas que se encuentran divididos en 5 mil grupos distribuidos en 70 países, de los cuales 62 pueblos se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de nuestro territorio, mismos que cuentan con su propia identidad y cultura.

En busca de contrarrestar las adversidades a las que se enfrentan los pueblos originarios, la Asamblea General de las Naciones Unidas designo en 1994, al 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, buscando que los Estados miembros de las Naciones Unidas se unan a la lucha en beneficio de estos pueblos.

El Tema de este año, “Acortando las diferencias: aplicación de los derechos de los pueblos indígenas”.

Debemos recordar que la historia de una nación se ve reflejada en sus culturas, siendo estos los encargados de contar y conservar la historia, creencias y tradiciones, de tal forma que resulta importante el reconocer su origen, sus costumbres y sus lenguas, evitando que por estos motivos sean discriminados y perseguidos.

Tenemos que seguir trabajando en la elaboración de programas y acciones que permitan revertir el rezago y desventaja de la que hoy son víctimas los pueblos indígenas del país.
Por tal motivo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, debemos reconocer la importancia que estas poblaciones simbolizan en nuestra historia y nuestro presente, por lo que tenemos que esforzarnos para que sus derechos sean respetados.

Permítanme culminar con una frase de Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz:

“Nosotros no somos mitos del pasado, ni del presente, sino que somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original”

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de agosto de 2014.

Diputados GPPRI





 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, remitió efeméride en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

EFEMERIDE
SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
9 DE AGOSTO

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1994, en su resolución A/RES/49/214, misma en la que se decidió establecer como día internacional de los pueblos indígenas, el 9 de agosto de cada año.

La Primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas tendrá lugar el 22 y 23 de septiembre de 2014. Esta reunión es una oportunidad para compartir puntos de vista y mejores prácticas en cuanto a que se hagan efectivos los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la consecución de los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.[1]

Los pueblos indígenas representan más de 370 millones de personas que viven en cerca de 90 países.

Son custodios de un gran acervo de lenguas, tradiciones y fuentes de conocimiento y creatividad.

Los pueblos indígenas de México asumen una identidad étnica que se basa en su cultura, instituciones y en su historia que los define como pueblos autóctonos descendientes de sociedades Mesoamericanos.

Nuestro país es reconocido de manera oficial como culturalmente diverso desde el año de 1992. Esta diversidad se basa en la coexistencia de múltiples pueblos indígenas, que se distinguen por sus diferentes formas de pensar, de actuar y de representar el mundo, para lo cual la lengua es el principal medio.

En México se hablan 364 variantes lingüísticas, distribuidas en 68 agrupaciones lingüísticas y 11 familias lingüísticas, de acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales publicado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) en el año 2008.

Los pueblos indígenas están distribuidos especialmente en la sierra madre del Sur, Península de Yucatán, Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental. Diversos grupos étnicos como zapotecos, mayas, purépechas, mixtecos, kikapúes, otomís.

Actualmente los pueblos indígenas se enfrentan a muchos problemas para mantener su identidad, tradiciones y costumbres.

Po ello debemos hacer un mayor esfuerzo por reconocer y garantizar sus derechos y permitir su participación en la vida pública y políticas de este país.

Las mujeres indígenas expresan en nuestro país el índice más elevado de analfabetismo, rezago educativo, acceso limitado a la alimentación, así como enfermedades letales como el cáncer cervicouterino.

Entre los principales a los que se enfrentan se encuentran: despojo de sus tierras, falta de administración de justicia, muerte materna, VIH, violación de sus derechos sexuales y reproductivos, violencia de género, limitado acceso a la educación y cultura en su idioma y marginación total ante las nuevas tecnologías.

Por lo anterior resulta imperante trabajar para fortalecer los derechos de las mujeres y hombres indígenas, creando políticas públicas con perspectiva de género desde un enfoque indígena, que coadyuve a cumplir los acuerdos y tratados internacionales que el estado mexicano a firmado, con el principal objetivo de hacer frente a sus principales problemas:

La marginación

La pobreza extrema

La pérdida de tierras y;

Territorios y recursos

H. Comisión Permanente, el 6 de agosto de 2014.

Atentamente

Diva Hadamira Gastélum Bajo

Senadora de la República

[1] Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pasamos al siguiente asunto.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al Orden del Día de la próxima sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.





 

CITA

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias. Se levanta la sesión y se cita el próximo miércoles 13 de agosto a las 11 horas.

Gracias, Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados.

(Se levantó la sesión a las 11:23 horas)

Directorio

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