Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 25 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 5

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 20 de Mayo de 2015

SUMARIO                                              


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LEGISLATURAS

Se recibieron veinticuatro oficios, de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. Se remite al Diario Oficial de la Federación.

Intervienen al respecto los legisladores María Sanjuana Cerda Franco, Tomás Torres Mercado, Armando Ríos Piter, Lilia Aguilar Gil, Amalia Dolores García Medina, Fernando Rodríguez Doval, Javier Lozano Alarcón, Graciela Ortiz González.























































De la Diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal a instruir lo necesario a efecto de que los juzgados familiares de proceso oral del Distrito Federal conozcan de las controversias que se susciten en materia de pensión alimenticia de menores en el tiempo establecido en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal del 9 de junio de 2014. Se turna a la Primera Comisión.













De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, María del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Fernando Yunes Márquez, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Maki Ortiz Domínguez, Martín Orozco Sandoval y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre el estado actual que guarda el tramo de la carretera de San Diego de la Unión-Dolores Hidalgo del estado de Guanajuato; asimismo, se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una revisión exhaustiva de los recursos entregados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Delegación Guanajuato sobre el destino y ejecución de los recursos públicos aplicados del año 2012 a 2015. Se turna a la Tercera Comisión.

























































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:19 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 31 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de mayo de 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar, también, la versión electrónica de la Gaceta.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
TRECE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con doce minutos del miércoles trece de mayo de dos mil quince, con una asistencia de treinta legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles seis de mayo de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo enero-marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de Economía, con el “Informe de dicha Secretaría sobre las negociaciones comerciales en curso”.- Se remitió a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Secretaría de la Defensa Nacional, oficio suscrito por el General Salvador Cienfuegos Zepeda, por el que expresa su agradecimiento por el pronunciamiento emitido por la Comisión Permanente en relación con los hechos ocurridos en el estado de Jalisco, donde perdieron la vida 7 integrantes de esa dependencia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Salud, la información relativa a las "Contrataciones por Honorarios" y "Reporte del Monto y Ejercicio de los Subsidios Otorgados", correspondiente al período enero-marzo del ejercicio fiscal 2015.- Se remitió a las Comisiones de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, la información correspondiente al primer trimestre 2015 de los organismos descentralizados.- Se remitió a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, su Informe de Resultados, correspondiente al período enero-marzo de 2015 y los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con sus respectivos anexos al primer trimestre de 2015.- Se remitió a la Comisión Para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, su Informe Anual de actividades correspondiente al ejercicio 2014.- Se remitió a las Comisiones de Gobernación, de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el Informe semestral del estado que guarda la solventación de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, con corte al 31 de marzo de 2015, de la Auditoría Superior de la Federación.- Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, el Informe de la 132 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, celebrada del 27 de marzo al 1º de abril de 2015, en Hanoi, Vietnam.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Arturo Zamora Jiménez, Presidente de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, oficio por el que informa de la instalación de esa comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Armando Ríos Piter, Presidente de la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, oficio por el que informa de la instalación de esa comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, oficio por el que informa de la instalación de esa comisión.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se modifica la integración de  comisiones de trabajo.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

A petición de los grupos parlamentario y por acuerdo de la Mesa Directiva, se dio paso a una ronda de intervenciones, para referirse al día del Maestro.- Intervinieron los legisladores: Senador Daniel Amador Gaxiola del PRI; Senador Juan Carlos Romero Hicks del PAN; Diputada Graciela Saldaña Fraire del PRD; y Diputada María Sanjuana Cerda Franco del PANAL.

(Iniciativas)

El Diputado Filiberto Guevara González, a nombre propio y de los Diputados Raymundo King De la Rosa y Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra la humanidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Gloria Bautista Cuevas, a nombre propio y de la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Tomás Torres Mercado, a nombre propio y del Diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil, en materia de Aeronaves no tripuladas.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco, a nombre propio y de la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 73 Bis a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se reforma la fracción IX del artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a nombrar al titular de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Diputada Esther Quintana Salinas a nombre propio y del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social a comparecer ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente a fin de que explique las causas de las muertes de dos bebés y la gravedad de otros más, tras la aplicación de vacunas a cargo del IMSS-Chiapas el pasado 8 de mayo en las comunidades de La Pimienta y de San José y San Antonio del Monte, Municipio de Simojovel, Chiapas, y proceda a resarcir el daño a los padres afectados por este lamentable hecho.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

El Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a valorar la cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México por las graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

El Diputado Tomás Torres Mercado a nombre propio y del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal instrumente las acciones que corresponda para llevar a cabo una revisión integral, tanto técnica como estructural, de las instalaciones y servicios que presta el Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como una evaluación de sus operadores; e informe a la brevedad sobre las acciones y resultados al respecto.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de Salud a coordinarse para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2015.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de voto preferencial.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que deroga el Artículo Transitorio Decimotercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Planeación, en relación al principio del interés superior de la niñez.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 329, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 25, 53 y 54 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México y el artículo 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe pormenorizado de las acciones de mantenimiento que implementa en la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro y, con ello, prevenir casos como el acontecido el 4 de mayo de 2015 en la Línea 5, estación Oceanía.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Iris Vianey Mendoza, Alejandra Barrales Magdaleno, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo y Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al INEGI realizar un censo de productores y distribuidores de alimentos para establecer facilidades administrativas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de desastre natural en el estado de Guerrero por el fenómeno natural geológico de ola extrema o mar de fondo y se disponga de los recursos del FONDEN necesarios.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de Baja California a cesar los actos de represión en contra de los jornaleros del Valle de San Quintín.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal, a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Instituto Mexicano del Seguro Social a remitir la investigación que se realice sobre los hechos del 9 de mayo del año en curso en las comunidades de La Pimienta y San José, en el municipio de Simojovel, Chiapas, concernientes al fallecimiento de dos bebés y la afectación a la salud de 37 menores, como resultado del programa de vacunación respectivo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Centro Nacional para la Prevención de Desastres la inclusión del fenómeno “mar de fondo” en el Atlas Nacional de Riesgos, con el objetivo de difundir medidas preventivas de los riesgos que constituye y los daños que puede ocasionar a las costas del pacífico mexicano año con año.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados José González Morfín y Marcelo Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación respecto a los presuntos vínculos del gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, con grupos de la delincuencia organizada.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal informe sobre los motivos y acciones que tomará el Gobierno del Distrito Federal, respecto al posible cierre total y suspensión del servicio de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a girar instrucciones a las dependencias correspondientes para que se suspendan los permisos de funcionamiento que han contaminado la laguna Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván y las otras 18 cuencas del Estado de Veracruz, hasta en tanto se deslindan responsabilidades administrativas y/o penales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a tomar las medidas necesarias para reforzar la estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, en especial atención al interés superior de la niñez.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de la Función Pública a investigar la posible existencia de delitos, omisiones o faltas administrativas en el caso de las propiedades y procedencia de los ingresos manifestados oficialmente por el candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a valorar y deliberar sobre el posible retiro del registro del Partido Verde Ecologista de México por la violación sistemática a la legislación electoral vigente.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que cita a comparecer al Secretario de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos para explicar y analizar el estado que guarda dicha empresa productiva del Estado y el sector energético en su conjunto.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal informe sobre todos los reportes, informes, datos y documentos en los que se hayan reportado fallas y/o deficiencias de los trenes que operan en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y sus instalaciones, a partir del 1o. de mayo de 2014 hasta el 1o. de mayo de 2015; así como la atención y seguimiento en cada caso.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Juan Ignacio Samperio Montaño y Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de explicar los excesivos cobros de impuestos a Petróleos Mexicanos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a establecer las medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a llevar a cabo una investigación exhaustiva en relación a la utilización de recursos de probable procedencia ilícita en el financiamiento de la campaña de Silvano Aureoles Conejo al gobierno del estado de Michoacán durante el año 2011.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, así como a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que realicen las investigaciones y averiguaciones correspondientes sobre cobros irregulares a comerciantes ambulantes del Estadio Azul y actos de corrupción cometidos por servidores públicos del gobierno capitalino.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a implementar los mecanismos necesarios de seguridad pública que garanticen a los habitantes de la entidad el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, así como la salvaguarda de sus propiedades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil de la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar el asesinato del periodista Armando Saldaña Morales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa y exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a deslindar responsabilidad e iniciar las indagatorias correspondientes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Maki Ortiz Domínguez, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Yunes Márquez y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral al Sistema CompraNet, que permita verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad y confiabilidad que requiere.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Antonio León Mendívil, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Aleida Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Ensenada, al gobierno del estado de Baja California, al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar, atender y resolver los conflictos generados en la zona del Valle de San Quintín, Baja California, derivados de las condiciones en que viven los jornaleros agrícolas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que investigue la comisión de posibles delitos que pudieran haberse cometido con motivo del accidente ocurrido en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a promover ente la población la importancia de restituir los bienes mostrencos, como un valor cívico ciudadano.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud coordine la integración de un informe relativo a las acciones que se realizan para lograr la lactancia materna en los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a reconocer la magnitud de la problemática y actúe con responsabilidad en torno a la situación de violencia que acontece en dicha entidad federativa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para convocar al Secretario de Hacienda y Crédito Público a una reunión de trabajo de la Tercera Comisión, a efecto de analizar el comportamiento de los principales indicadores reportados en el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de 2015.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a investigar la operación de las concesiones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la empresa OHL México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a acelerar las investigaciones sobre el posible desvío de recursos públicos federales o locales, así como la probable responsabilidad de Javier Gándara Magaña en la comisión del delito de peculado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Lizbeth Rosas Montero, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes y Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a investigar el conflicto de intereses en que incurrieron servidores públicos de su gobierno, así como por irregularidades en la construcción del Viaducto Bicentenario.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a instrumentar y ejecutar programas tendientes a fomentar la cultura en materia de protección civil entre la población que habita las regiones afectadas por fenómenos naturales perturbadores o desastres.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Diputadas Adriana González Carrillo y Aleída Alavez Ruiz y de los Senadores Fernando Yunes Márquez y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente cita a comparecer ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional al Secretario de Gobernación, al Director General del CISEN, al Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y al Comisionado Nacional de Seguridad para revisar los hechos ocurridos en Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el asesinato del ciudadano Ricardo Cadena Becerra a manos de un policía del municipio de San Pedro Cholula y exhorta al gobierno del estado de Puebla a investigar el hecho y sancionar a quienes resulten responsables.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de explicar los pre-criterios de política económica 2016 y su vinculación con el llamado presupuesto base cero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de La Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, resultado de la evaluación internacional del programa de vacunación universal de México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán a realizar las acciones pertinentes en la investigación de diversos hechos delictivos en contra del periodista Hernán Javier Casares.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que cita a comparecer al Presidente del Consejo de Administración y al Director General de Petróleos Mexicanos, así como al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para explicar las razones de los accidentes que se han registrado recientemente en las instalaciones petroleras, los daños, las consecuencias, las reparaciones y las medidas preventivas que están tomando para que no se repitan tan lamentables acontecimientos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo para conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Claudia Rocío Villa Oñate, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar acciones de prevención y atención al suicidio como problema de salud pública.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a cumplir sus responsabilidades constitucionales y legales y emita las resoluciones correspondientes sobre los asuntos turnados a su consideración, referentes a la campaña del Partido Verde Ecologista de México en el actual proceso electoral.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre el funcionamiento del tramo de la Línea 12 que va de Atlalilco a Mixcoac, a fin de salvaguardar la integridad de los usuarios.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política nacional en la gestión integral de los desechos electrónicos, mediante un programa general e influyente para la captación, manejo, tratamiento y destino final.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al Instituto Electoral del Distrito Federal a investigar y sancionar a los responsables de los hechos ocurridos los días 6 y de 7 de mayo pasado en la Delegación Cuajimalpa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de Ejecutivo Federal a sustituir el término de "Derechos Sexuales y Reproductivos" al de "Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva" en los instrumentos denominados "Estrategia Nacional de prevención del Embarazo en Adolescentes", "Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Diputadas Gloria Bautista Cuevas y Aleida Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita la comparecencia de las y los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, de Trabajo y Previsión Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informen sobre los avances y cumplimiento de los Objetivos del Milenio.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal a llevar a cabo una minuciosa inspección de la propaganda electoral colocada en las 16 delegaciones de la entidad y, en su caso, ordene el retiro de aquélla que no cumpla con los requisitos contenidos en la ley sustantiva en la materia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente se haga un extrañamiento al Diputado Federal Francisco Arroyo Vieyra por emitir expresiones misóginas que minimizan, ofenden y vulneran la dignidad de las mujeres.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que cita a una reunión de trabajo al Director General de PEMEX, a efecto de analizar el informe anual 2014 de la empresa y el reporte de resultados del primer trimestre de 2015.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional Electoral a investigar la presunta comisión de delitos y faltas graves en materia electoral, por el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores María del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo relativo a las agresiones a la periodista Verónica Espinosa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Amalia García Medina, Miguel Alonso Raya, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Gobernación informar sobre el fenómeno de desplazamiento interno en nuestro país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al Instituto Electoral del Distrito Federal a realizar una investigación pronta, objetiva y transparente por los actos de violencia ocurridos el pasado 6 de mayo en la Delegación Cuajimalpa y se sancione conforme a derecho a los responsables.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán a abstenerse de intervenir en el proceso electoral que se está desarrollando en la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena la represión realizada por la administración del gobernador Federico Vega de Lamadrid en agravio de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín y exige que se agoten las vías de negociación para superar el conflicto que viene afectando a esa región.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar un peritaje integral que permita determinar las causas que provocaron el choque de trenes ocurrido en la línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a buscar la solución inmediata de la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del estado de Guanajuato a realizar una investigación exhaustiva y sancionar conforme a derecho a los responsables del uso indebido de recursos públicos en ese estado durante la entrega de calentadores solares y tablets, en favor de candidatos del Partido Acción Nacional.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado de México y al Secretario de la Función Pública a informar sobre las investigaciones y auditorías realizadas a la empresa OHL para construir el Viaducto Bicentenario.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que convoca al titular de la Secretaría de Gobernación a una reunión de trabajo a efecto de informar sobre los avances del diálogo y los compromisos adquiridos por el Gobierno Federal a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores jornaleros en el Estado de Baja California, en particular en la comunidad de San Quintín.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades a explorar la posibilidad de generar un subprograma de incentivos a los profesionistas en el rubro de salud bucal que desempeñen sus servicios adscritos a la dependencia, en comunidades con altos grados de vulnerabilidad socioeconómica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a informar sobre el rezago de 4 mil 494 averiguaciones previas e indique las acciones y medidas que realizará para su abatimiento.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría integral al programa de entrega de mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los recursos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud un informe detallado sobre los hechos ocurridos en el municipio de Simojovel, en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a llevar a cabo acciones tendientes a disminuir el estrés laboral en el país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Secretaría de Educación Pública del estado de Sonora a investigar y sancionaren a quien resulte responsable y/o responsables sobre el caso de discriminación ejercido en contra dos niños en la escuela primaria Miguel Crespo Mariscal, en el municipio de Hermosillo, Sonora.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación exhaustiva sobre el uso de los recursos asignados para la expedición de la cédula de identificación durante el período 2009-2012.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a investigar y transparentar toda la cadena del sistema de vacunación en Chiapas, al proveedor de las vacunas que causaron el deceso de dos menores de edad y a la unidad médica rural La Pimienta.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar y sancionar el presunto reparto de tarjetas a los ciudadanos a cambio de obtener su apoyo, por parte del equipo de campaña del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a informar sobre el descubrimiento de bolsas con presuntos restos humanos y de la fuga de un miembro de la delincuencia organizada.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a remover a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora que actúen con parcialidad o de manera subordinada respecto de terceros.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Gobierno del estado de Chiapas a realizar las diligencias pertinentes para determinar la existencia de daños ambientales en la zona núcleo del área natural protegida conocida como "Humedales de Montaña María Eugenia", ubicada en San Cristóbal de las Casas, respecto de la introducción de maquinaria para construcción en los terrenos del área natural protegida por parte del grupo constructor Peje de Oro.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a desahogar la investigación de la demanda presentada por el PRI en contra de los candidatos del PAN a gobernador de los estados de Querétaro y Baja California Sur por el posible financiamiento de origen desconocido; y se exhorta al instituto local y órgano de fiscalización superior del estado de Baja California Sur a investigar el posible desvío de recursos públicos destinados al candidato del PAN en ese estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas y al Distrito Federal a informar cuántos centros de asistencia social públicos y privados existen y así conocer el total de ellos en el país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas en la República Mexicana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enfáticamente el exceso de la fuerza pública ocurrida el pasado fin de semana en la región del Valle de San Quintín y exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a deslindar las responsabilidades a que haya lugar.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe respecto de la situación del Sistema Nacional de Salud en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a abstenerse de utilizar en los recibos de luz eléctrica los supuestos logros de la reforma energética, en detrimento de los principios de independencia y legalidad que rigen el actual proceso electoral federal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a adoptar medidas adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por categoría de los hoteles, con la finalidad de ofrecer certeza a los turistas nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

El Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la conmemoración del 15 de Mayo, Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride con motivo del Día de las Madres.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la conmemoración del 15 de Mayo, Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, remitió efeméride sobre la conmemoración del 15 de Mayo, Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Internacional de la Familia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al Día Mundial de las Aves Migratorias.-Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

El Diputado Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió intervención para referirse al 70º aniversario del fin de la segunda guerra mundial en Europa.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las doce horas con cuarenta y siete minutos y citó para la siguiente sesión pública el día miércoles veinte de mayo, a las once horas.

 

Fin de la sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de abril de 2015, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2014.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria, por el que se informa que durante el mes de abril de 2015, únicamente se destinaron mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su primer informe trimestral correspondiente al año 2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, su informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones, correspondiente al primer trimestre de 2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, por el que informa las modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Compañeros legisladores la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, felicita a nuestra compañera Senadora Blanca Alcalá Ruiz, por su reciente elección como Presidenta del Parlamento Latinoamericano, Parlatino.

El Parlatino es un organismo regional y permanente, y uno de los foros más activos en la diplomacia parlamentaria de nuestro continente.

Latinoamérica es una región unida por la historia, por la cultura, por el idioma y por su futuro compartido.

Las naciones latinoamericanas debemos incrementar, por todos los medios, nuestro acercamiento, intercambio y colaboración. Estamos seguros que la Presidencia de nuestra compañera Blanca Alcalá, en el Parlatino, servirá para desplegar una diplomacia parlamentaria que se traduzca en acciones legislativas favorables para nuestros pueblos, como son: el fomento del desarrollo económico y social de la comunidad latinoamericana, la defensa de la libertad, la justicia social, la independencia económica y el ejercicio de la democracia; así como velar por el estricto respeto a los derechos humanos y estudiar, debatir y formular políticas de solución a los problemas sociales, económicos, culturales y de política exterior de la comunidad latinoamericana.

¡Muchas felicidades!, y éxito a nuestra compañera Blanca Alcalá Ruiz, al frente de esta importante función.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Óscar Román Rosas González, por la que informa su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir de hoy, 20 de mayo de 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha sido enterada. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió una comunicación del Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de mayo de 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

“Único.- Se concede licencia al Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de mayo de 2015.”

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de mayo de 2015. Comuníquese a la Cámara de Diputados.





 

Honorable Asamblea, informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió dos Acuerdos para realizar sesiones solemnes en próximos días para recibir la visita del Presidente de Finlandia y de la Presidenta de Brasil.

Solicito a la Secretaría dé lectura al primero de ellos.

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Doy lectura al primer Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Secretaria. En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo interesado o interesada en hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo para realizar sesión solemne el martes 26 de mayo del año en curso, a las 11:00 horas, para recibir la visita del Presidente de la República de Finlandia.





 

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo sobre la visita de la Presidenta de Brasil.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy lectura al Acuerdo sobre la visita de la Presidenta de Brasil.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Secretaria. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

No habiendo sido registrada la participación de ningún integrante de esta Comisión Permanente, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias. Aprobado el Acuerdo para realizar sesión solemne el miércoles 27 de mayo del año en curso, a las 10:30 horas, para recibir la visita de la Presidenta de la República Federativa del Brasil.





 

LEGISLATURAS

Informo a la Asamblea que se han recibido diversos votos aprobatorios de los congresos estatales al proyecto de Decreto de reformas constitucionales en materia de corrupción.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con la recepción de los votos recibidos.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se va a realizar el escrutinio de los votos recibidos.

(Se realiza el escrutinio)

Señor Presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, al proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 24 votos aprobatorios al proyecto de Decreto de referencia.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Secretaria.

Les solicito a las y los asistentes ponerse de pie para llevar a cabo la declaratoria de aprobación.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente.

Favor de tomar asiento.

Para referirse al Decreto aprobatorio, tiene el uso de la tribuna la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

En el grupo parlamentario Nueva Alianza nos place, de gran manera, que el Constituyente Permanente haya culminado la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

La corrupción es uno de los más graves problemas de México, un verdadero cáncer que corroe las instituciones, frena el crecimiento económico, vulnera el estado de derecho y erosiona la legitimidad y credibilidad de la incipiente democracia mexicana.

La corrupción lastima seriamente a la sociedad y es la principal fuente que alimenta la profunda desconfianza en las instituciones; se trata de una práctica nociva que le cuesta mucho al país.

En el plano político, la impunidad en torno a la corrupción debilita el mandato de los gobernantes y abre flancos para que poderes fácticos y criminales se infiltren en las instituciones de seguridad y de todo tipo.

En el plano económico, limita el crecimiento al inhibir la inversión del sector privado, sabotea la posibilidad de atraer inversión extranjera, pues en la medida en que las compañías sientan que no vienen a un ambiente de leyes seguras, habrá un menor interés por parte del capital extranjero al invertir en nuestro país.

La corrupción frena la competitividad, encarece la instalación y operación de negocios, provoca incertidumbre en la generación de empleos, eleva el costo de los bienes y servicios, reduce los ingresos fiscales e impide que los recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social.

En mi grupo parlamentario de Nueva Alianza reconocemos que la ciudadanía presenta un creciente hartazgo frente a las prácticas corruptas y desleales que desvían recursos y políticas públicas en favor de intereses particulares, sobre todo las ciudadanas y ciudadanos de México rechazan absolutamente la impunidad de los servidores públicos y los particulares, que ante evidencias irrefutables de corrupción quedan sin castigo en una perversa dinámica que estimula la comisión de ilícitos contra el patrimonio público.

Estamos convencidas y convencidos que la corrupción no es un problema cultural y no debemos de verlo como tal, pero sí es un lastre que por décadas han arrastrado no sólo las instituciones, sino también nuestra sociedad.

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción autónomo, con facultades y recursos para prevenir, sancionar y resarcir de manera eficaz la corrupción, debe contribuir a que México avance en una nueva etapa de desarrollo y reconstrucción de las instituciones.

México no puede seguir por el camino de la impunidad con los altos índices de corrupción en diversos ámbitos de la nación.

Hoy, esta LXII Legislatura sienta las bases constitucionales de un nuevo modelo, de un sistema que se deberá construir como la base legal que acote de manera significativa este lastre nacional; lastre que no podemos heredar a las próximas generaciones.

El ciclo de reformas estructurales, realizadas por esta legislatura, estaba incompleto, porque el gran pendiente y ausente era la reforma anticorrupción que hiciera posible incorporar reglas claras que garanticen una gestión pública, honesta, eficaz y republicana.

La sociedad eleva cada vez más el tono de este reclamo.

Por fortuna, cada vez es más grande el rechazo social hacia la corrupción, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, el enriquecimiento ilícito, el cohecho y todas las prácticas que denotan la ausencia total de la ética pública.

Nueva Alianza tiene la expectativa de que esa reforma constitucional será prontamente promulgada por el Ejecutivo Federal, y que los grupos parlamentarios nos comprometamos en la elaboración de la legislación secundaria que haga posible, practicable y funcional el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

¡Enhorabuena para la ciudadanía demandante!, está llegando la hora de que las ciudadanas y los ciudadanos irrumpan en la escena pública como vigilante y garantes de la construcción de un mejor país para todos, hagamos la tarea que nos falta en el Legislativo.

Es cuanto, señoras y señores legisladores.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada María Sanjuana, por su intervención.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM, para intervenir sobre este asunto.

El Diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, respetado y respetable señor Presidente, Senador Barbosa Huerta.

Puede generar algunas nostalgias, pero también algunas aspiraciones con relación a nuestro paso por diversas legislaturas.

Con relación al tema, lo que diremos es que ha habido ya un intenso y acalorado debate con relación a un conjunto de reformas constitucionales que centralmente plantean establecer mecanismos desde la Constitución y establecer en leyes generales procedimientos para el combate a la corrupción, para combatir la deslealtad institucional, corrupción e impunidad.

De manera que en esta fase del procedimiento, es decir, de este conjunto de reformas constitucionales, pasaron ya por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. Me parece preciso, no sólo meritorio, decir que debe hacerse un reconocimiento político a los diversos grupos parlamentarios, a los diversos partidos políticos que acudieron en ejercicio de su facultad de iniciativa, de presentar en esta materia precisamente iniciativas, pero también debe reconocerse a diversas organizaciones de la sociedad civil que impulsaron, que remolcaron también esta propuesta, y por qué no, con objetividad también decirlo, a la iniciativa y al impulso dado por el propio titular del Ejecutivo Federal, es decir, por el Presidente de México.

Ahora lo que debe recordarse es la importancia del contenido de este conjunto de reformas constitucionales; destaco, porque se ha dicho ya mucho sobre el tema, el fortalecimiento de las facultades del Poder Legislativo, del órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados en el proceso de ejecutar el gasto, es decir, desde el momento mismo en que se empiece a gastar el presupuesto nacional, tenga facultad el órgano de fiscalización precisamente para ir revisando los destinos de los dineros del pueblo de México, pero particularmente donde haya la presunción o la denuncia de que se realicen auditorías específicas.

Debo señalar como trascendente para la vida nacional, el replanteamiento de un órgano con funciones jurisdiccionales para conocer y enjuiciar la violación a esos deberes de los servidores públicos, léase funcionarios, servidores, comisionados, incluso, óigase, los particulares que tengan alguna forma de participación en esos actos de corrupción o de deslealtad, es la modificación a las facultades del tribunal, hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y me parece también que el mérito a su capacidad y a su prestigio que sea éste órgano, una vez modificada su ley orgánica, el que enjuicie las conductas desleales de los servidores públicos.

En general, debemos, sí, celebrar, sí, reconocer no solamente el paso de estas reformas constitucionales por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, sino también el día de hoy por 24 legislaturas de los estados que expresan la voluntad soberana de los entes justamente federados en nuestro país para, en ese contexto, generar un compromiso que queda por ahora pendiente para el Constituyente Permanente, para la próxima legislatura, sin duda, y eventualmente, que ahí lo diría en nombre del grupo parlamentario del Verde, un extraordinario para establecer la ley de coordinación en esta materia.

Por último, como ya se ha dicho, poco diré porque mucho se ha dicho ya.

En los días próximos que se publique y dé vida jurídica a este conjunto de leyes conocidas como anticorrupción, para decir poco, pero me parece medular y trascendente que expresemos todos, todos, voluntad política para respetar la ley, pero también voluntad política para que la ley se aplique.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Torres Mercado.

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores.

Sin duda alguna, debemos de sentirnos contentos del trabajo realizado, pues del momento que tenemos, una vez que una buena cantidad de entidades federativas, sus legislaturas, nos han enviado lo que primero Cámara de Diputados discutió, y que después el Senado aprobó, y que se ha vuelto pues un tema, desde nuestro punto de vista, de arranque, es una semilla que tendrá que derivar en frutos positivos para el combate de uno de los principales males que afecta al país.

Lo dijimos durante el debate en el que aprobamos este Sistema Nacional Anticorrupción, es un buen comienzo, es un buen arranque, es un buen inicio, qué bueno que todos los grupos parlamentarios o la mayoría de ellos se manifestaron a favor, pero es importante subrayar y señalar con contundencia, que este avance que significa el Sistema Nacional Anticorrupción, y en el cual primero que nada hay que destacar la decidida, contundente y clara participación de la sociedad civil, de la Red por la Rendición de Cuentas, del doctor Mauricio Merino; de México Evalúa; Transparencia Mexicana; Fundar; Gesoc; el CID de la UNAM; la UAM; el Instituto Tecnológico Autónomo de México y organismos internacionales, todos estos junto con cuerpos de legisladores, hoy están entregándole a la sociedad un Sistema Nacional Anticorrupción. Qué bueno, eso me parece que hay que celebrarlo.

Pero una vez que he expresado la parte positiva de avanzar en esto, me parece que la reflexión nos tiene que llevar a tener un cronograma y una agenda muy clara, muy puntual frente a la sociedad, para que junto con estas organizaciones, y las demás que se sumen, podamos tener una metodología muy puntual, muy claramente definida para tener productos legislativos que han quedado pendientes en el Sistema Nacional Anticorrupción. Cuando debatíamos en aquél momento los cambios que requería la Constitución, y que desde el punto de vista el Partido de la Revolución Democrática se hacían de lado y que tenían que quedar también en la Constitución, estamos hablando de temas como el de la participación ciudadana, creíamos en aquel momento que habría que reforzar en el texto constitucional la participación ciudadana, que habría que incorporar también la Unidad de Inteligencia Financiera, cuánto ingresa un funcionario, cuánto ingresa una empresa, cuánto ingresa una persona física y cuánto gasta, es decir, cuánto es lo que es y cómo es que está funcionando el dinero, eso no quedó en la Constitución, el sistema ahí, desde nuestro punto de vista, quedó incompleto.

Nos parece también que la parte de conflicto de intereses, después de los temas tan repetidos en esta tribuna, como el de la Casa Blanca y las famosas casas de funcionarios, pues no quedaron incluidos y era pertinente, importante, que tanto la publicidad de dichas declaraciones como en las propias declaraciones patrimoniales, era importante dejarlas en la Constitución.

Lo traigo todo esto a colación, compañeras y compañeros, porque de esa magnitud debió haber sido la respuesta de nuestros cambios constitucionales, no se logró ese consenso, entonces ahora, al mismo tiempo que celebramos la aprobación del sistema, tenemos que ir a fondo con las leyes reglamentarias que subsanen esas deficiencias.

Tomé la síntesis de Comunicación Social del día de hoy, es un ejercicio que seguramente muchos de ustedes hacen día con día, y si no ponemos esta aprobación en el debido contexto de lo que está pasando allá afuera de este recinto, lo que ve el ciudadano día con día, especialmente hoy que hay campañas y que tanta información se pone a la luz pública, mucha de ella cierta, mucha de ella posiblemente cuestionada, pero voy a usar cuatro ejemplos, y como lo hemos venido haciendo sobre este tema, cuatro ejemplos que tocan a cuatro partidos políticos distintos, no sé si quieran que empiece por alguno, porque a todos toca.

Voy a empezar por el que más votos tiene en este cuerpo colegiado, que es el PRI, esta es la nota que hoy le toca al PRI: Caso OHL pegaría a más funcionarios. Solamente para destacar el tema, Apolinar Mena Vargas fue multado por solicitar favores a OHL para pasar unas vacaciones en un hotel de lujo a dicha empresa. Recuerden que este es el tema que tiene que ver con el Viaducto Bicentenario, pues es una obra de muchos miles de millones de pesos, y a esta empresa le pega el conflicto de intereses y la parte de responsabilidad penal de las empresas.

Continúo, para que no digan que me salto a otros. Confirmado, GDF de Ebrard remató casona que hoy habita, una casa que el Gobierno del Distrito Federal vendió en un millón de pesos y que estaba valuada en 39 millones de pesos, y que resulta que ahí hay un prominente edificio, en el cual hoy habita Marcelo Ebrard. Para que no digan que me rajo y que no comento de la gente que anda en la izquierda…………………….........................................................................
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El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permíteme, Senador Ríos Piter.

Sonido en el escaño del Senador Ernesto Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Únicamente para recordarle a nuestro compañero Senador Ríos Piter, que aludir al Senador Domínguez no tiene nada que ver en esta discusión, el patrimonio del Senador Domínguez es un patrimonio legítimamente constituido con el trabajo de varias generaciones y me parece de verdad un despropósito que lo cite usted cuando está hablando del sistema anticorrupción.

El Senador Armando Ríos Piter: Busqué alguna de Padrés, Senador, se lo comento, busque a ver si había algo del gobernador Padrés para no incomodarlo a usted, pero hoy no viene el de Padrés, hoy busqué una del PAN solamente para hacer un ejercicio de cómo los partidos políticos, y dije con información verídica o cuestionable, así lo dije, hoy es parte del cuestionamiento de la sociedad.

Perdón que lo incomode, pero es el único ejemplo que encontré del Partido Acción Nacional, me hubiera gustado encontrar uno de Padrés porque estoy más informado del tema de Padrés, porque se ha airado mucho más el tema de la presa que otros, pero estoy dando respuesta.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, nuevamente el Senador Cordero Arroyo pide sonido en su escaño. Adelante.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Si no encontró ninguno del PAN en la síntesis, no lo mencione, Senador.

El Senador Armando Ríos Piter: Es que la nota lo menciona, no estoy haciendo un ejercicio personalizado. Disculpe usted, Senador.

Paso al siguiente, para que no nos atoremos y nos estanquemos.

En Acción Nacional, y no tiene el ejercicio ningún propósito de atacar a tal o cual, sino demostrar que este Sistema Nacional Anticorrupción, del cual tan laureados vamos a salir el día de hoy, por decir que las entidades federativas lo han aprobado, pues es totalmente insuficiente y terminaré mi ejercicio porque si no se me va el Partido Verde Ecologista, que es, yo creo, la joya muestra de lo que está pasando el día de hoy, si no, no entenderíamos por qué se está atacando al Presidente del Instituto Nacional Electoral.

Dice el Partido Verde Ecologista: propone modificar comunicación de partidos, y lo subrayo, el Partido Verde Ecologista de México anunció que presentará una nueva propuesta de reforma que modifique el actual modelo de comunicación de los partidos políticos.

Lo quiero enfatizar porque aquí hay claramente un tema de conflictos de intereses. He tratado de hacer el ejercicio respecto a toda la legislación que está pendiente en este Sistema Nacional Anticorrupción, ¿por qué me parece que ésta es la cereza en el pastel? Bueno, es sabido y es socialmente o popularmente conocido que el Partido Verde tiene entre sus legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, actores que tienen que ver con empresas de televisión.

Entonces, que haga una propuesta de este tipo un partido sin tener muy clara la legislación sobre el conflicto de intereses, compañeros y compañeras, nos deja muy claro, y los cuatro ejemplos que he puesto, que este Sistema Nacional Anticorrupción jamás podrá hacer algo que le dé respuesta a los ciudadanos si no se tiene una legislación secundaria robusta y completa.

Y estamos hablando de responsabilidad penal, de personas morales, el Senador Arturo Zamora ha estado trabajando en el tema, estamos hablando de la Ley de Participación Ciudadana para garantizar un verdadero catalizador que promueva el combate a la corrupción.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame, Senador.

Sonido en el escaño del Diputado Torres Mercado, ¿con qué propósito, Diputado?

El Diputado Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Primero, señor Presidente, que declare que ha concluido el acto de participación del Senador, es fundamental dar un ejemplo del respeto a las reglas del debate de este cuerpo colegiado.

Segundo. Señor Senador, usted es un hombre serio.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Diputado, usted puede hacer una pregunta, pero no puede hacer toda una relación de hechos porque no está usted en tribuna. Concrete el propósito.

El Diputado Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Si lo abro a pregunta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pero no está usted usando el procedimiento.

El Diputado Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Voy a un debate informal, señor Senador.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No puede usted debatirlo, no está a debate el punto, pida usted el uso de la palabra y con mucho gusto se la concedemos, Diputado.

Concluya, Senador Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: No habrá relaciones particulares. La verdad es que el ejercicio lo hice a partir de la síntesis de prensa de hoy, ustedes la tienen, si hubiera tenido la de mañana, otros hubieran sido los casos, otros hubieran sido los temas.

Y quiero hacer una reflexión, y perdón si vuelvo a aludir al Diputado Tomás Torres, eso nos ayuda a complementar la discusión. Eso es lo que nos pasa a quienes participamos en los partidos políticos. Queremos defender la trinchera en la que estamos y no nos damos cuenta que frente a la gente que está allá afuera, salimos con la parte que nos gusta que se diga.

¡Ah!, es que la corrupción está en el otro partido, no está en el mío; ¡ah!, es que no es el compañero mío al que haya que tomar; ¡ah!, es que es una difamación; no, no se trata de eso este ejercicio, que me parece que es un ejercicio práctico especialmente cuando lo que queremos, si es que verdaderamente hoy estamos celebrando que haya un Sistema Nacional Anticorrupción, que sea una ley que sirva, que sea un cambio a la Constitución que verdaderamente nos haga entender que el 26 de septiembre, por corrupción, 43 jóvenes hoy se mantienen desaparecidos, porque eso fue corrupción.

El tema de la Casa Blanca, y lo diré cuantas veces tenga que ser, es corrupción, y que no tenemos un marco regulatorio que nos garantice, compañeros y compañeras, que esos temas que hoy tienen en crisis al sistema de partidos y que hoy hacen que las campañas políticas le signifiquen muy poco a la ciudadanía en su conjunto.

Entonces, compañeros, les agradezco las interrupciones, hay una agenda que tenemos que cubrir: ley de participación ciudadana, auditorías, declaraciones patrimoniales, declaraciones de intereses, inteligencia financiera, responsabilidad penal de empresas, son 15 leyes.

Compañeros y compañeras: Celebremos que aprobamos el Sistema Nacional Anticorrupción, pero veamos que la historia reclama un paquete de reformas y de leyes reglamentarias que evite que estas sean discusiones de parlamento y que sean realidades en defensa de los ciudadanos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ríos Piter.

Para referirse al mismo asunto, tiene el uso de la palabra la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Antes de que la sangre llegue al río, hay que recordar que el parlamento es para parlamentar, así que no se enojen, estamos hablando de un tema que efectivamente hay mucho que hablar y probablemente de todos los colores, pero lo que venimos a presentar aquí es simplemente una reflexión sobre lo que representa o no representa este Sistema Nacional Anticorrupción.

Porque la vedad es que esta iniciativa que fue aprobada en ambas Cámaras y ya por el Constituyente, no creo que nos haga salir laureados como ha dicho el Senador Ríos Piter, y lo dijimos en la Cámara de Diputados cuando se discutió, que sufrió la suerte de casi todas las reformas estructurales, que es aquella que todo es perfectible, ya merito llegamos, ya merito podemos hacer lo que este país necesita.

En efecto, esta iniciativa crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que fortalece en lo individual a la Secretaría de la Función Pública, a un tribunal de cuentas y a la Auditoría Superior de la Federación.

También crea el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, como un mecanismo de coordinación de las instancias competentes, pero tiene grandes faltantes, y debemos de partir del principio de que la corrupción es tan grave porque la impunidad existe. Es decir, los actos de corrupción no serían tan cínicos, ni tan abiertos, como de los que ya se han hablado aquí, si no existiera la certeza de que en este país no pasa nada, y sigue sin pasar absolutamente nada. Es decir, la impunidad es lo que genera la corrupción en este país, y como consecuencia, una falta de estado de derecho que parece que sirve para algunos, pero no para todos……………………………………………………………………….
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El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame, Diputada.

Sonido en el escaño del Senador Ernesto Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Gracias, Senador.

Yo quisiera pedirle, con todo respeto a la Diputada, mencionó textual que el Senador Domínguez era un ejemplo de corrupción. No tiene ninguna prueba, es una mentira lo que está diciendo, es una infamia, es una calumnia, por lo que pido se retire del Diario de los Debates esa participación.

Gracias.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Pediría al Senador Cordero Arroyo, que estoy hablando, simplemente sobre lo que ha sido público, y tengo el derecho, como Diputada, a expresar lo que no solamente es público, que el Senador Domínguez no ha declarado bienes que tiene a su nombre, y que, sin embargo, yo no soy Ministerio Público, ni juez, ni usted tampoco, y entonces que pueda y me deje ejercer mi derecho a la libre expresión.

Yo le pediría al señor Presidente, que me deje terminar mi intervención, y si el señor Senador quiere hacer uso de la palabra, que tome la tribuna como debe de ser.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame, Diputada, vamos a ordenar el debate para no deformar esta sesión.

Cuando está en uso de la palabra un orador, se puede pedir la palabra para hacer una pregunta, no procede para una moción, pero podría ser para una moción, si fue discusión, y este no es un asunto a debate, se puede pedir para hechos, pero en este caso al Senador Cordero, le puedo sugerir que para poder plantear asuntos de este tema, de los que se han tratado, también puede pedir el uso de la palabra para tomar tribuna y estamos concediéndoles el uso de la palabra en este tema relacionado con la declaratoria sobre haber recopilado 24 aprobaciones de congreso local, porque de lo contrario, entonces sí estamos concediendo la palabra a integrantes de esta Comisión Permanente, desde sus escaños fuera de procedimiento, en lo que son verdaderas réplicas y contrarréplicas.

Sonido en el escaño del Senador Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Gracias, Senador Barbosa. Concédame la palabra para rectificación de hechos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No, esto no está a discusión, no es un debate, le voy a conceder el uso de la palabra, así lo dije, o sea, estamos concediendo el uso de la palabra a quienes nos lo han solicitado, pero no estamos desahogando una discusión de una resolución, no lo estamos haciendo, estamos dando la palabra a Senadores, Diputados, en este asunto de posicionamientos sobre la declaratoria, que ha alcanzado el número suficiente de aprobaciones de congresos locales para las reformas en combate a la corrupción.

Adelante, Diputada.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Mucha gracias, señor Presidente.

Creo que el Senador Cordero tiene razón en algo, ni usted ni yo somos Ministerios Públicos, y entonces hablaré de la presunta falta de transparencia en la declaración de bienes del Senador Domínguez, si nos parece más adecuado, en un acto de generosidad parlamentaria.

Pero hay muchos otros, y los grandes faltantes de los métodos de denuncia y la participación no solamente ciudadana, sino social en su conjunto, que nos llevaría a una contraloría social. Es decir, cómo hace la gente para denunciar y para lograr que sus denuncias lleguen, efectivamente, a ser aplicadas en los actos de corrupción, y sobre todo, quedó fuera de esta iniciativa el conflicto de intereses.

Cómo saber cuándo un funcionario público se beneficia, o no, a través del tráfico de influencias a un tercero o comete algunos otros actos, solamente en una no declaración de sus intereses, y que esta ley secundaria que vendrá después de esta reforma constitucional pudiese modificar.

Hace falta, compañeras y compañeras legisladores, repensar las medidas que se han adoptado en el combate a la corrupción, porque este es centralmente el mayor problema de este país, cuando pensamos en las grandes problemáticas de la nación, todo termina en algo y empieza en algo, corrupción e impunidad, y es nuestra obligación en la legislación secundaria hacer que este Sistema Nacional Anticorrupción, que ha dicho el Presidente Peña Nieto que es prioridad para su gobierno, se vuelva una realidad.

Yo no trato de levantar más polémica, simplemente diré que lo que hace enojar a la gente allá afuera, son casos emblemáticos como el de la Casa Blanca y otros conflictos con el Grupo HIGA, el del Viaducto Bicentenario y OHL, el de PEMEX y Oceanografía, el del gobernador de Sonora con su presa, con sus negocios y con su hermano rico.

La corrupción también llegó a la violación de derechos humanos, porque no podemos dar explicación a la desaparición de los 43, si no pensamos en los actos de omisión y de corrupción que se dieron desde la policía municipal hasta el Ejército, en la no atención de este tema.

Más que laureados, creo que nos quedamos con un gran pendiente, y el gran pendiente es que este Sistema Nacional Anticorrupción sea una realidad, no una reforma de papel más.

Y ojalá, hacemos los votos desde el Partido del Trabajo, que la próxima legislatura de la Cámara de Diputados, y ustedes Senadores, así lo logren.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Aguilar Gil.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM.

El Diputado Tomás Torres Mercado: Seré breve, señor Presidente. Estimados colegas, estimadas colegas:

Solamente diré que, con independencia de la polémica que pudiera generarse, que es consustancial a los trabajos del Congreso, en principio expresarles, señor Presidente, mi estricto respeto a su autoridad y a su conducción, absolutamente.

También, en el grupo parlamentario del Partido Verde estamos convencidos de que hay ciertos hechos, y aquí se han mencionado, que trastocan y hablan de la fragilidad de algunas instituciones y que, en todo caso, nuestra postura es el respaldo, la búsqueda de la fortaleza de las instituciones.

Por lo demás, asumimos en el debate que no puede, ante el descrédito de partidos políticos y de la cosa pública, tenerse como al único responsable, al único detractor, al único malo en la escena nacional, al Partido Verde Ecologista de México.

La Ley Anticorrupción evoca no solamente el contraste de las conductas leales, nos llama al autocontrol y a un comportamiento ético absolutamente responsable.

Gracias, señor Presidente.

Gracias, estimados colegas, por la oportunidad.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Torres Mercado.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Amalia García Medina, del grupo parlamentario del PRD.

La Diputada Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias, señor Presidente.

Hoy, este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción está a prueba, de eso no tenemos la menor duda; faltan las leyes secundarias, pero con la reforma constitucional y con las leyes que hoy existen, hay ya instrumentos para empezar a actuar.

Y yo creo, que un caso paradigmático que pondrá a prueba la capacidad de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción de ser eficaz, es este gran escándalo que ha surgido y que está presente en los medios de comunicación, y también aquí, sobre la empresa OHL, no podemos dejar de mencionarla, sería indebido que no hiciéramos mención a OHL.

Bueno, el propio José Andrés de Oteyza señaló, de acuerdo con las grabaciones que han aparecido y que todo el mundo, en México y en el extranjero, ha escuchado, también en España, que lo que estaba haciendo OHL era un fraude. Son las palabras de José Andrés de Oteyza.

También calificó de gandalla al vicepresidente de OHL, palabras de José Andrés de Oteyza. Pero empecemos por decir que OHL es una empresa que ha sido señalada en buena parte del planeta, y ha sido también acusada, no sólo señalada, por actos de corrupción.

¿En dónde? Bueno, en Centroamérica, en Latinoamérica, Sudamérica, en La India, en África, en Filipinas, y los señalamientos han sido principalmente por pago de sobornos y por tráfico de influencias.

¿Tiene esto algo que ver con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción? Indudablemente que tiene que ver con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, hay que revisar la forma de actuar de esta empresa.

Y si bien es cierto que lo que apareció públicamente tiene que ver con el Viaducto Bicentenario, una concesión sobre la cual ha habido sobreprecios, porque inició con un costo de 4 mil millones de pesos, y pasó luego a señalar que eran 11 mil millones de pesos, y con esto impulsó la elevación de las tarifas y se dio el tráfico de influencias, por lo menos lo que hemos conocido sobre tráfico de influencias.

Hay que decir que el Viaducto Bicentenario y la concesión, que es una concesión que ahora tendrá una vigencia hasta el año 2038, no es ni el único asunto en el que está involucrada OHL, ni el más grande.

Está una obra mayor, está el Circuito Exterior Mexiquense, que tiene ya una concesión, ¡imagínense ustedes!, una concesión con una vigencia hasta el año 2051, el Circuito Exterior Mexiquense.

También aquí el presupuesto inicial fue de 5 mil 600 millones de pesos. Pero para diciembre de 2012, OHL señaló que había invertido 18 mil millones, que requería recuperarlos.

Y fíjense ustedes, nada más para 2013, el propio Sistema de Autopistas y Aeropuertos y Conexos del Estado de México “reconoció”, lo digo entre comillas, porque la verdad ya todo es un asunto de duda, que OHL, en realidad, en el Circuito Exterior Mexiquense, ya no en el Viaducto Bicentenario, sino en el Circuito Exterior, había invertido no los 5 mil 600 millones presupuestados inicialmente, sino 23 mil millones de pesos, y por eso le amplió la concesión hasta el año 2051 para que pudiera recuperar lo que había invertido.

No solamente eso. También hay una concesión, además de la del Viaducto Bicentenario, hay una concesión otorgada por el gobierno federal, ya no por el Estado de México, para la Autopista Amozoc-Perote, y la concesión tiene una vigencia hasta el año 2033.

No solamente eso. La constructora española tiene una concesión para la Autopista Atizapán-Atlacomulco, otorgada por el gobierno federal por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con una vigencia de 30 años.

Y no es suficiente esto, hay que decir: OHL tiene una participación del 49 por ciento en la concesión del Aeropuerto de Toluca, concesión federal.

¿Qué significa todo esto? Que OHL, entonces, no solamente debe ser investigada por el Viaducto Bicentenario, sino por su presencia en México, que data desde los años en que era gobernador el señor Arturo Montiel, año de presencia en México. Esta es la historia.

Y, ¿cómo saber hasta cuándo se puede extender una concesión?

¿Cuándo debe y puede ya el Estado mexicano o un estado de la República recuperar una autopista? Pues, hay sistemas que permiten una verificación para saber cuánto cuesta el mantenimiento de la autopista, cuánto genera la autopista para los pagos, y se intentó aplicar el Sistema SIBA, en el Estado de México, pero la empresa OHL lo suspendió, lo canceló de manea absoluta y tajante.

Es indispensable señalar que en OHL existen acciones en la que está presente, no solamente sobre precios, no solamente está presente tráfico de influencias y sobornos, y que no basta la renuncia del Secretario de Comunicaciones del Estado de México, al que por cierto le impusieron una multa de 189 mil pesos, 189 mil pesos, ni tampoco la renuncia en la empresa OHL del señor Pablo Wallentin, lo que se requiere es una revisión de fondo.

Y por eso digo que hoy está a prueba este Sistema Nacional Anticorrupción, y puesto que hay recursos federales implicados, es indispensable que la Auditoría Superior de la Federación y las distintas instituciones en este Sistema Nacional Anticorrupción, que ha sido ya aprobado en una reforma constitucional, pero que todavía tendrá que pasar a las reformas a nuevas leyes secundarias, sin embargo, ya la Auditoría Superior de la Federación puede participar en esta indagatoria, eso es lo que se requiere: un Sistema Nacional Anticorrupción que en los hechos y en la práctica pruebe su capacidad de ir al fondo, de evitar y, en su caso, sancionar actos de corrupción.

Me hago eco de lo que ha señalado el Senador Ríos Piter, tenemos que investigar y revisar a fondo absolutamente todos los casos.

Se trata de que no puede haber uso de recursos públicos para lesionar la hacienda pública y el recurso que es de los mexicanos y las mexicanas.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada García Medina.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Fernando Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del PAN.

El Diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias, señor Presidente.

Por supuesto, no me interesa hacer un debate sobre este tema, sin embargo, sí creo que es importante puntualizar algo de lo que ha dicho el Senador Ríos Piter.

Por supuesto, Senador, todos los que militamos en un partido político tenemos que ser autocríticos.

La corrupción, ningún partido ha estado exento de ella. Sin embargo, al querer presentar en esta tribuna, muy democrática y equitativamente, un supuesto caso de corrupción de cada partido, a lo único que usted está abonando, Senador Ríos Piter, es a popularizar esta creencia, tan del PRI, de que todos los partidos somos iguales, de que no hay diferencias, y eso en el fondo nos lleva a la conclusión de que, entonces para qué salimos a votar, estas campañas de que no vale la pena ir a ejercer el derecho al voto, precisamente porque todos somos iguales, porque todos tenemos casos de corrupción. Y eso, Senador Ríos Piter, sé que usted lo hace con la mejor de las intenciones, pero eso es hacerle el juego a aquéllos que durante décadas han convertido a la corrupción en un sistema y en un modo de vida.

En ese sentido, por supuesto que no todos los partidos somos iguales. No es lo mismo, aquéllos que durante décadas tuvieron en sus filas a personajes, cuyas proclamas eran tales: “como que un político pobre era un pobre político”, “o que la moral era un árbol que daba moras”, no es lo mismo esos que los que desde nuestra primera plataforma electoral en el año 1943, hablábamos ya de que existiera un Sistema Nacional Anticorrupción.

Acción Nacional, siendo gobierno, una de las primeras reformas que propuso fue precisamente aquella que creó la primer ley de transparencia que existió en este país.

Fue entonces cuando se instauró una auténtica cultura de la transparencia, y este Sistema Nacional Anticorrupción, por supuesto, viene a ser continuación de esos esfuerzos, que por supuesto no fueron únicamente esfuerzos del Partido Acción Nacional, fueron esfuerzos también de la sociedad civil y también de muchos grupos de izquierda.

Por eso sí es muy importante acotar, y por supuesto, ya que usted habla equitativa y democráticamente de casos de corrupción de cada partido, se agradecería que pudiera incluir casos tan grotescos, como los que hemos visto en el Distrito Federal, por ejemplo, el candidato del PRD en la Miguel Hidalgo, David Razú, que tiene un pent-house construido ilegalmente a partir de un permiso que la delegación Miguel Hidalgo, gobernada por el PRD, otorgó a un predio que no tenía ni siquiera el uso de suelo. Y por cierto, un predio que estaba invadido por un grupo delictivo, cuyo uno de sus dirigentes ahora es director de Derechos Humanos en la Delegación Miguel Hidalgo.

Ese caso se le olvidó mencionarlo, Senador Ríos Piter.

Pero, bueno, hecha esta acotación, que llevó ya más de la mitad de mi intervención, no quiero repetir otras de las cosas que se han dicho en esta tribuna. Sin embargo, si quiero insistir, en que además de los males económicos y sociales que trae la corrupción, hay un hecho fundamental que creo que debemos de insistir en él.

La corrupción atenta contra la esencia misma de la democracia. Uno de los principios de la democracia, es el de la igualdad. Un servidor público que incurre en un acto de corrupción está violando este principio de igualdad, pero además, también, está violando el propio pacto social.

Cuando un funcionario incurre en un acto de corrupción, rompe contra ese contrato de la sociedad, precisamente, que señala que el servidor público no es más que un mandatario de la sociedad y, por lo tanto, solamente a ésta debe servir.

Este Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy venturosamente está aquí declarando su aprobación constitucional, es un sistema muy bien diseñado, es un sistema que aun cuando partió de una iniciativa del Partido Acción Nacional, presentada el 3 de noviembre del año pasado, incorpora todas las sugerencias, todas las propuestas de la sociedad civil, de asociaciones tan importantes como las que aquí ya se ha mencionado, la Red para la Rendición de Cuentas, México Evalúa, Fundar y por supuesto también para ellas tenemos que hacer un homenaje.

Es un sistema que se está articulado de manera correcta, porque no pretende crear más instituciones, sino darle más facultades a las que ya existen, en tres ejes fundamentales:

Un eje de prevención, un eje de investigación y un eje de sanción.

Esperemos ahora que se pueda continuar con esta reforma, a partir de la emisión de las leyes generales que están mencionadas en los transitorios. Y también, por supuesto, de todas las leyes locales que se tendrán que reformar para crear, a partir de lo que establece esta reforma constitucional, sus propios sistemas locales anticorrupción.

Es un logro de todos. Sin embargo, permítanos también, en Acción Nacional, verlo como una victoria cultural, porque insisto, y con esto termino, desde el año 43, en nuestra primera plataforma electoral, hablábamos, cuando nadie en este país hablaba de luchar contra la corrupción, hablábamos de la necesidad de la transparencia y la rendición de cuentas.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Rodríguez Doval, y por el uso del tiempo casi exacto.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Ríos Piter, dígame.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Fui aludido de manera reiterada.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Varias veces fue aludido usted. Le corresponde el uso de la palabra, sin duda que sí.

El Senador Armando Ríos Piter: Le agradezco al Diputado Fernando Rodríguez, especialmente el planteamiento o la forma en la que se plantea.

Yo creo que este tiene que ser un debate que vaya más allá de estas reyertas, que a final de cuentas, valen de poco.

Cuando hago el ejercicio, y lo hago especialmente porque si a alguien le tengo aprecio, al Senador Cordero Arroyo, pedí la síntesis de ayer. Usted sabe que le tengo aprecio también a nuestro compañero ex Senador o Senador con licencia, Francisco Domínguez.

Pero es el caso que encontré del PAN. Encontré ahora otro del PAN.

CONAGUA multó a Padrés por su presa. Este tal vez le guste más. La multa por 4 millones 037 mil pesos que determinó imponer la CONAGUA, no fue realizada.

Este es un ejemplo del día de ayer.

Su partido, para echarle también una porra a Acción Nacional, critica a Rodrigo Medina por el enriquecimiento ilícito, en la televisión algunos hemos visto, pues que el padre del actual gobernador de Nuevo León, de haber sido asesor del anterior gobernador, se convirtió en una persona multimillonaria. Es otro de los escándalos que se están debatiendo. Su partido lo interpuso en el contexto del debate electoral que tiene acá.

Y en éste, lo copié de El Universal, para que no digan que dejo afuera a la izquierda, en este critican a Andrés Manuel López Obrador, de que ha gastado 300 millones de pesos, que está violando la ley y que no se sabe de dónde se originan los recursos.

¿Por qué me parece que este ejercicio es importante?

Y se lo quiero dedicar al Senador Javier Lozano, porque siempre es interesante tener dos tipos de debate: el que se tiene aquí en la tribuna y que con el SenadorJavier Lozano se tiene de manera digital. Dice, en el twit, el Senador: “Otra vez Ríos Piter de protagónico” Se me había olvidado. Lo quiero citar, a ver si se sube y le vamos metiendo un poco más de sabor, a algo que usted nunca hace, ver las cosas con seriedad, subirse a la tribuna y hacer, pues por lo que le pagan, que es, medianamente, estar funcionando como parlamentario.

Yo no sé si usted, por el uso del twit, y de tantas gentes que lo siguen, pues le pasan algún recurso, los dueños del twit, porque pues ahí es donde lo veo activo. Esta parte ya la tiene de piso en sus ingresos y tal vez tiene algunos adicionales en el twit.

Ojalá que se suba, yo en el twit, ahí no la muevo tanto, aquí podemos echar debate.

Entonces, se la dedico al Senador Javier Lozano.

El debate tiene que ser, compañeros y compañeras, para el próximo año, hablando del Sistema Nacional Anticorrupción, no solamente de un cambio constitucional, este cambio es bueno, ya lo dijimos, lo hemos laureado en muchas ocasiones; pero es totalmente incompleto.

Porque el caso que ustedes quieran tomar, del partido que a ustedes les guste, le implica que nuestra legislación es completamente ausente, que no es completa en la parte de regulación de conflicto de interés, que no es completa en términos de monitoreo y revisión de los flujos del dinero y del seguimiento del mismo.

Y eso les pasa a los gobiernos municipales del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del Partido Verde Ecologista de México, del partido que ustedes me digan, si gana el Bronco, en Nuevo León, le va a pasar también a él.

Bueno, eso también lo podemos debatir, señor Senador.

Pero se los comento, compañeros y compañeras, porque hay que darle nivel a esta discusión. Yo estoy convencido, y lo he dicho en muchas ocasiones en esta tribuna, este es el debate de esta generación, de la que yo formo parte, yo tengo 42 años, hemos vivido, hemos vivido un mundo de corrupción, una crisis hoy del sistema de partidos y de la credibilidad que tienen los políticos por la corrupción y la impunidad.

Démosle nivel, compañeros y compañeras, hagamos un cronograma, es la propuesta que deja aquí el Partido de la Revolución Democrática.

Inscribámonos a trabajar, como lo está haciendo Arturo Zamora, en la parte de responsabilidades de personas penales.

Trabajemos con Acción Nacional, como lo hemos venido haciendo con Laura Rojas, y seguramente el Senador Cordero Arroyo lo podrá hacer, porque es alguien que sabe en la parte de inteligencia financiera, y construyamos entonces el marco reglamentario que nos permita, no solamente laurearnos de que hacemos un cambio constitucional, sino laurearnos de que verdaderamente la corrupción le llegó hasta el cuello a la sociedad, la tiene harta y fastidiada por décadas.

Que si nosotros estamos a la altura del cambio que hoy reclama, podremos tener ese marco normativo distinto, si no, compañeros y compañeras, hoy será un día triste para la República, porque haremos un cambio constitucional que no le sirva en algo a los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ríos Piter.

¿Con qué propósito?, Senador Javier Lozano.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Por evidentes alusiones personales.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿No la puede hacer por twit?

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) La voy a hacer por la doble vía.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pásele, Senador Lozano.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos.

Senador, qué bueno que ve mis twits, porque se los dedico con mucho cariño. Dije, ya se me había olvidado lo necio y protagónico que es el Senador, y lo digo con absoluta seriedad, porque no se vale que usted venga aquí a esta tribuna a generalizar; no todos los políticos son iguales, no todos somos iguales.

Hay que actuar responsablemente y, sobre todo, si no está presente uno de nuestros compañeros al que usted está aludiendo, porque lo malo no es tener dinero, es cómo se obtiene ese dinero.

Entonces, claramente nosotros nos indignamos en Acción Nacional que se haga una referencia a Pancho Domínguez, como la que se hizo. Eso es ser necio y eso es ser protagónico.

Yo uso la tribuna cuando lo tengo qué hacer.

Por cierto, los twits no se pagan, no se cobran, hay que ser audaz para manejar Twitter, pero yo no sé si yo mando más twits, o usted sube más veces a tribuna.

Pero no se vale, insisto y termino, que haga usted referencia y alusiones a compañeros que no están presentes sobre un patrimonio bien habido.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Puedo hacerle una pregunta.

El Senador Javier Lozano Alarcón: No, porque no se vale, insisto, así o más claro.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Oigan, yo ya no existo acá. Cuando alguien quiere hacer una pregunta, me pide autorización, yo le consulto al orador y el orador contesta. Parece que dice que no, no quiere.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Ya dije que no.

Concluyo con mi intervención simplemente para decir, mi compañero Pancho Domínguez tiene un patrimonio bien habido, como dijo Ernesto Cordero, es fruto de generaciones de trabajo, y no se vale que por estar en tiempos electorales aquí aventemos el pastelazo a ver a dónde cae, porque no todos somos iguales.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Finalmente, tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente.

He seguido con mucha atención este debate que se da este día en el que nos congratulamos todos, ha sido aprobado lo que habrá de ser el Sistema Nacional del Combate a la Corrupción en su nivel constitucional, y enviado para su promulgación al Ejecutivo de este país.

Y lo he escuchado con mucha atención, porque me parece que vale la pena hacer una reflexión que nos coloque por encima de lo que son las disputas político-electorales, lo asumo como de la coyuntura, del momento, de la circunstancia en la que estamos viviendo, y también de la búsqueda permanente, válida, legítima, de los distintos partidos políticos, de las distintas fuerzas políticas que integramos este Congreso de la Unión, esta Comisión Permanente, por resaltar los defectos del otro, obviamente omitir los defectos propios y tratar con ello de ganar adeptos.

A mí me parece que más allá de la coyuntura y que más allá de la circunstancia en la que estamos, vale la pena que reflexionemos en varias cosas.

Y la primera es: ¿qué sucede con el tema de corrupción en México? Y lo que sucede es que es un tema que lacera, que duele, que lastima, que está afectando la vida completa del país de manera horizontal y de manera vertical, y que debemos de verla con esa seriedad, y con esa seriedad buscar resolverla hoy en esta primera etapa constitucional y mañana en lo que habrá de ser la etapa secundaria y reglamentaria de una serie de leyes, de quince leyes que integran un sistema que es impostergable que empiece a trabajar por el país.

Y veamos nada más algunas de las cifras que en materia de corrupción tenemos en el país para que entendamos la necesidad de ver el tema con esa seriedad, con ese compromiso, con ese deseo de verdaderamente resolver las cosas más allá de lanzar un lodo circunstancial al que está enseguida nuestro.

En el Observatorio Económico de México, ¿cómo vamos? Hay la aseveración de que la corrupción genera una pérdida económica equivalente al 2 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, monto que asciende a los 341 mil millones de pesos. Eso nos habla de una visión.

El Banco Mundial, por su parte, dice que los costos de la corrupción en México representan el 9 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, es decir, 1.5 billones de pesos anuales.

Y la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, calcula 120 mil millones de dólares de pérdidas por la corrupción, lo que representa casi el 20 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

Y de eso estamos hablando, y eso lo vemos en las cifras macro, veamos cómo le afecta a la familia mexicana, a esa familia a la que representamos y que deben ser el sustento y el motor de nuestra actividad aquí en el Senado mexicano.

Dice Transparencia Mexicana que los hogares mexicanos destinan 32 mil millones de pesos cada año a la corrupción, las familias llegan a ocupar hasta el 14 por ciento de sus ingresos al pago de mordidas con un costo promedio, cada una, de 165 pesos.

Si nos damos cuenta que hay familias en muchas partes del país que solamente tienen como ingreso un salario mínimo, pues vamos a entender lo que significa para esos hogares asignarle parte de su recurso y de su ingreso.

Eso significa la afectación que sufre el salario mínimo de esas familias.

La corrupción es un problema nacional de grandes proporciones; un problema que pareciera estar circunscrito solamente a la clase política nacional; un problema que debiera de preocuparnos, más allá de los ejemplos que aquí se dieron, debiera de preocuparnos porque nos alcanza a todos.

Hay quien en una condición de asumirse como la conciencia moral de este Senado, habla de la necesidad de que generacionalmente atendamos el tema; no, el tema nos alcanza a todos y nos debe de preocupar a todos.

Por eso a mí me da gusto que el día de hoy, en este día que para mí es especial, avancemos un paso, un paso más en la ruta del combate a la corrupción.

Es un mal que nos lacera, un mal que nos lastima, no sólo al servicio público, como ya vimos, sino a todas las actividades humanas en muchos de los ámbitos desde su desarrollo.

Y por eso debiéramos de estar unidos en el gusto por estar en este momento de definición, en el que enviamos ya al Poder Ejecutivo para su promulgación este primer paso de un sistema que a mí me representa una nueva oportunidad para que a través de pequeñas acciones diarias tengamos el gran logro de mañana.

Podemos seguir dándonos ejemplos, pero si no empezamos y si no iniciamos el día de hoy, no habremos de avanzar en la ruta y en la medida y con la velocidad que México exige en este tema.

Constantemente se argumenta desde aquí, desde las tribunas, pero poco se escucha o se habla del compromiso individual y de la conducta ética de cada uno para conservar en buen estado a nuestra democracia.

Yo quisiera, señor Presidente, si me permite concluir mi intervención, hacer una convocatoria a las compañeras y a los compañeros, para que el día de hoy nos congratulemos de que estamos iniciando los pasos necesarios para combatir este mal que lacera a nuestro país, y que todos y cada uno en lo individual, en lo colectivo, en lo grupal, en lo partidario, también hagamos lo propio para que no solamente en época electoral, en época de elecciones, cuando tenemos intereses específicos de tocar el corazón y el raciocinio de los mexicanos, hagamos este tipo de expresiones, sino que hagamos un compromiso en esta tribuna de que ese será nuestro compromiso cotidiano diario de atender, desde nuestra trinchera y desde nuestros partidos, lo que debe de ser fundamentalmente un compromiso de cara a los mexicanos, el de ir combatiendo a la corrupción en todos y cada uno de los frentes: en el público, en el privado, desde luego en el profesional, pero fundamentalmente en el político, y no vengamos aquí a decirnos unos a otros lo que significa la corrupción, la corrupción nos alcanzó a todos y todos debemos de combatirla.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Graciela Ortiz.

Sonido en el escaño de la Diputada Lilia Aguilar.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para solicitar que se retire del Diario de los Debates la primera afirmación que he hecho sobre el Senador Domínguez y permanezca la segunda, donde ha hablado de la presunta falta de transparencia, que es el término adecuado en un acto de generosidad parlamentaria, que hemos otorgado al Senador Cordero.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Que tome nota la Secretaría y que se aplique como lo solicitó la Diputada Lilia Aguilar.

Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) En el mismo sentido, apoyando el planteamiento de la Diputada, le pido que las referencias personales a un colega Senador, Francisco Domínguez, y en deferencia al Senador Cordero, que no al Senador Lozano, se pueda quitar del Diario de los Debates.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Como lo solicita el Senador Ríos Piter, y que se tome nota por parte de la Secretaría para eliminar del Diario de los Debates, reconocemos un asunto de cortesía parlamentaria y de trato entre los integrantes de las Cámaras, y no así para la lucha al Twitter, que se desahoga en todo momento.





 

Compañeros legisladores, acabamos de concluir el proceso de reforma a nuestra Constitución para la materia de combate a la corrupción.

Apenas en la sesión del pasado 6 de mayo, dimos también conclusión a la importante reforma constitucional para regular el endeudamiento y asegurar la disciplina financiera de los estados y los municipios.

En cada una de esas reformas, ojalá y me pusieran atención, la de hoy y la concluida hace 2 semanas, se determina incorporar en el artículo 73 constitucional una fracción, que al momento de elaborar el proyecto legislativo debería llevar el número XXIX-V.

Como es de anticipar, no podemos adicionar dos diferentes fracciones con el mismo número, es decir, dos fracciones XXIX-V, se produciría una incongruencia en las competencias y atribuciones que en cada caso se establece; por esa razón, la Mesa Directiva acordó suscribir un Acuerdo para que cada una de las mencionadas reformas tenga el número que le corresponda en orden progresivo.

De esta manera, la reforma constitucional relativa a la disciplina financiera de estados y municipios, únicamente en los casos de numeración que se mencionan referidos a la fracción XXIX-V, se identifique como XXIX-W.

La adecuación numérica no toca ni mucho menos altera lo que el Constituyente aprobó en cada reforma.

Su contenido y propósitos quedan intactos, y solamente se les asigna la identificación alfanumérica, que les permita su correcta inserción en el texto constitucional.

El Acuerdo que acabo de mencionar está disponible en el monitor de su escaño, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura.

MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANENTE

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy lectura a resolutivos del Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias. Está a discusión el Acuerdo. No habiendo registro de orador u oradora con el propósito de intervenir en este asunto, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo. Se remite íntegro al Ejecutivo Federal y se incorpora al expediente.





 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MARTÍN ALONSO HEREDIA LIZÁRRAGA

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Roberto Ruiz Moronatti, a nombre de los Diputados Dulce María Muñiz Martínez y Alejandro Rangel Segovia, del grupo parlamentario del PRI, para presentar proyecto de Decreto que adiciona el artículo 282-E a la Ley Federal de Derechos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 282-E A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por el Diputado Roberto Ruiz Moronatti, a nombre de los Diputados Dulce María Muñiz Martínez y Alejandro Rangel Segovia, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Roberto Ruiz Moronatti: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Durante esta LXII Legislatura se han aprobado diversas reformas de suma relevancia, entre las que destacan reformas y adiciones a múltiples leyes fiscales, entre ella la Ley Federal de Derechos.

Respecto a este último cuerpo normativo, las modificaciones obedecieron al propósito de modernizar el cobro de los derechos y adecuar su monto a circunstancias más realistas, tocando, principalmente, aspectos referentes a la prestación de servicios en materia migratoria, consular, autotransporte federal, navegación en el espacio aéreo mexicano, capitanía de puertos y todo lo relacionado con aguas nacionales, entre otros aspectos.

Se modificó el derecho por el uso de aprovechamientos de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, por lo que este derecho sólo debía ser pagado cuando los contaminantes contenidos en el agua rebasaran un límite máximo y se calculaban en relación con el cuerpo receptor.

A partir del 1º de enero de 2014, fecha en que entraron en vigor las reformas en mención, el derecho debe pagarse por metro cúbico de aguas descargadas atendiendo a la clasificación del cuerpo receptor, pero independientemente de los límites máximos de contaminantes.

En tal virtud, es de importancia resaltar que sólo están exentos de pago de este derecho aquellos contribuyentes cuyas descargas de contaminantes básicos, metales pesados y cianuros, no rebasen los límites máximos permisibles establecidos en la misma ley o en las condiciones particulares de descargas emitidos por la CONAGUA, tomando en consideración la clasificación del cuerpo receptor.

La regulación anterior ha propiciado que propietarios, por ejemplo, de parques acuáticos, balnearios y aquellos dedicados a la acuicultura se vean gravemente afectados por el incremento en el pago de sus contribuciones, poniendo en riesgo la continuidad de dichas actividades económicas.

La presente iniciativa tiene como finalidad desincentivar el tratamiento y el cumplimiento de las normas de calidad de las descargas de agua o residuales, puesto que con la regulación anterior no se lograban reducir los niveles de contaminación, en virtud de que los contribuyentes declaraban un volumen y una calidad de agua descargada que no supera los límites permisibles para que, al no existir ningún medio de aprobación por parte de la autoridad, se encuadraran en el supuesto de excepción y se vieran liberados del pago de tal contribución.

Por ello, el monto de los derechos ahora está basado en la estricta medición de los volúmenes descargados en relación con las particularidades de descarga con la finalidad de constreñir a los contribuyentes a realizar un adecuado tratamiento de aguas residuales y a implementar procesos productivos menos contaminantes.

La nueva regularización es, sin duda, favorable cuando de cuestiones hacendarias se trata, puesto que se garantiza el cobro justo sin detrimento a la recaudación fiscal.

El agua es un elemento fundamental no sólo para la vida humana, sino para el recurso estratégico y para el desarrollo económico mundial: la industria, la minería, la agricultura y la ganadería no existirían si no fuera por el recurso hídrico y la economía global sería ínfima.

La contaminación ambiental en el agua es un gravísimo problema que aqueja a la humanidad y el aumento exponencial de la población hará que se complique más, en virtud del alta demanda de alimentos, usos domésticos e industriales.

Por ello, la descarga de agua mezclada con derechos humanos, animales, agrícolas, industriales y químicos, debe ser controlada radicalmente y las medidas propuestas por el Distrito Federal parecen ser acertadas en principio.

La actual regularización sería, sin duda, insuperable si no provocara daños colaterales generados.

Es cierto que el cuantificar el derecho con base en los metros cúbicos de agua residual descargada, haría que los contribuyentes se esmeraran por verter la menor cantidad de tóxicos y productos que pudieran dañar la salud de los pobladores.

Pero también lo es, que el alto mundo de derechos afecta a quienes utilizan grandes volúmenes de agua, y de ello depende su sostenimiento económico hacia la actividad cotidiana.

Las medidas extremas que se han tomado para inhibir la contaminación hídrica no pueden ser tales que afecten gravemente e incluso acaben con actividades económicas que se erigen como sostén de los pobladores de ciertas zonas que dependen totalmente del agua.

Para ello, se propone que el descuento sea aplicado únicamente cuando el contribuyente acredite que las aguas residuales descargadas provienen de su actividad cotidiana, y que sea la principal fuente de sus ingresos; que esta actividad constituya un atractivo para el turismo o tenga repercusiones directas en la producción de alimentos y que sean tomadas las medidas necesarias y adecuadas para depurar el alto grado de contaminantes hídricos.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeros.

Iniciativa

Dulce María Muñiz Martínez y ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 282-E A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, considerando la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Entre las reformas estructurales propuestas por el Poder Ejecutivo Federal y que el Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar, se encuentra el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre del 2013 mediante el cual fueron reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de múltiples leyes fiscales, entre ellas la Ley Federal de Derechos.

Las modificaciones hechas a este último cuerpo normativo obedecieron al propósito de modernizar el cobro de los derechos y adecuar su monto a circunstancias más realistas, tocando principalmente aspectos referentes a la prestación de servicios en materia migratoria, consular, autotransporte federal, navegación en el espacio aéreo mexicano, capitanía de puerto y todo lo relacionado con el uso de aguas nacionales, entre otros aspectos.

Respecto a este último tema fue modificado sustancialmente el “derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales”. Conforme con la redacción anterior, este derecho sólo debía ser pagado cuando los contaminantes contenidos en el agua (Demanda Química de Oxígeno –DQO- y Sólidos Suspendidos Totales –SST-) rebasaban un límite máximo y se calculaba en relación con el cuerpo receptor. A partir del 1 de Enero de 2014, fecha en que entró en vigor el mencionado decreto, el derecho debe pagarse por metro cúbico de agua descargada atendiendo a la clasificación del cuerpo receptor, pero independientemente de los límites máximos de contaminantes.

Paralelamente, existe un régimen especial opcional que toma en cuenta el tipo de actividad que genera la descarga (1. comercio y servicios asimilables a los servicios públicos urbanos, 2. preponderantemente biodegradables y 3. preponderantemente no biodegradables). Los contribuyentes que decidan apegarse a este rubro pueden acreditar un monto contra el derecho a pagar, que sí considerará las concentraciones de DQO y SST para su cálculo.

Por otro lado, es de resaltar que sólo están exentos del pago de este derecho aquellos contribuyentes cuyas descargas de contaminantes básicos, metales pesados y cianuros no rebasen los límites máximos permisibles establecidos en la misma ley o en las condiciones particulares de descarga emitidos por la CONAGUA, tomando en consideración la clasificación del cuerpo receptor.

La regulación anterior ha propiciado que propietarios, por ejemplo de parques acuáticos, balnearios y aquellos dedicados a la acuicultura, se vean gravemente afectados por el incremento en el pago de sus contribuciones poniendo en riesgo la continuidad de dichas actividades económicas.

El motivo toral al que obedeció la reforma fue la protección del derecho fundamental consagrado en el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional, en relación con los párrafos quinto y sexto del mismo dispositivo. Así, la salud se constituye como el eje central por el que el Estado debe garantizar un medio ambiente y un acceso, disposición y saneamiento del agua, impidiendo en el máximo grado posible las descargas de aguas contaminadas que contaminen los ecosistemas naturales cercanos a riberas y costas, poniendo en riesgo a la población y a las actividades económicas nacionales.

Ahora bien, los cambios efectuados al derecho que aquí tratamos se realizaron con la finalidad de incentivar el tratamiento y el cumplimiento de las normas de calidad de las descargas de aguas residuales, puesto que con la regulación anterior no se lograban reducir los niveles de contaminación en virtud de que los contribuyentes declaraban un volumen y una calidad del agua descargada que no superara los límites permisibles de SST y DQO para que, al no existir ningún metido de comprobación por parte de la autoridad, se encuadraran en el supuesto de excepción y se vieran liberados del pago de tal contribución.

Por ello, el monto de los derechos ahora está basado en la estricta medición de los volúmenes descargados (para lo cual se ha instruido a la Comisión Nacional del Agua para establecer medidores) en relación con las particularidades de la descarga, con la finalidad de constreñir a los contribuyentes a realizar un adecuado tratamiento de aguas residuales y a implementar procesos productivos menos contaminantes.

No podemos negar que la nueva regulación es sin duda favorable cuando de cuestiones hacendarias se trata, puesto que se garantiza un cobro justo sin detrimento de la recaudación fiscal. Pero no podemos cerrar los ojos a las consecuencias que ha traído en determinadas actividades económicas que dependen en alto grado porcentual del líquido vital.

Es de todo conocido que el agua es un elemento fundamental no sólo para la vida humana sino un recurso estratégico para el desarrollo económico mundial. 60% de la constitución del ser humano es agua y éste puede dejar de ingerir alimentos por un largo periodo de tiempo, pero no sobreviviría más de una semana sin calmar su sed. La industria, la minería, la agricultura y la ganadería no existirían si no fuera por el recurso hídrico y la economía global sería ínfima.

En contraposición, sabemos que aunque tres cuartas partes del globo terráqueo están cubiertas por agua, el 97.5% de ella es salada y únicamente el 2.5% es dulce. Además, de esta última la mayor parte se encuentra en glaciares, casquetes polares en forma de hielo y depósitos subterráneos por lo que sólo el 0.3% se encuentra concentrada en ríos, lagos y arroyos de donde se utiliza para consumo y utilización humana.

Las cifras anteriores hacen evidente que la contaminación ambiental y del agua es un gravísimo problema que aqueja a la humanidad y el aumento exponencial de la población hará que se complique aún más, en virtud de la alta demanda de alimentos, usos domésticos e industriales. Por ello, la descarga de agua mezclada con desechos humanos, animales, agrícolas, industriales y químicos debe ser controlada radicalmente y las medidas propuestas por el Ejecutivo Federal parecen ser acertadas en principio.

La actual regulación sería sin duda insuperable si no provocara los daños colaterales generados. Es cierto que el cuantificar el derecho con base en los metros cúbicos de agua residual descargada haría que los contribuyentes se esmeraran por verter la menor cantidad de tóxicos y productos que pudieran dañar la salud de los pobladores, pero también lo es que el alto monto del derecho afecta a quienes utilizan grandes volúmenes de agua y de ello depende su sostenimiento económico o su actividad cotidiana.

Hemos de decir, además, que en lugares como el Valle del Mezquital los parques acuáticos constituyen uno de los principales destinos turísticos y la acuicultura en el país no sólo produce alimentos, sino materias primas de uso farmacéutico e industrial, además de que constituye un factor de repoblación animal. Además, estas actividades sostienen a quienes las realizan y proporcionan empleo contribuyendo a la economía municipal, estatal y nacional.

Las medidas extremas que se han tomado para inhibir la contaminación hídrica no pueden llegar al extremo de afectar gravemente e incluso acabar con actividades económicas que se erigen como sostén de los pobladores de ciertas zonas que dependen totalmente del agua. Los altos derechos que tienen que pagarse desincentivan la realización de tales prácticas, proporcionan menos utilidades a quienes las realizan y afectan la economía.

Además, los contaminantes de centros acuáticos, balnearios y centros de crianza de peces, no llegan a ser tan dañinos como aquellos provenientes de industrias mineras, químicas o petroleras. Hemos de decir que el cloro, los productos químicos para regular el pH y los correctores de alcalinidad, a la postre las sustancias más dañinas utilizadas en los lugares mencionados, son fácilmente degradables si son sometidas a procesos de filtración, depuración y en algunos casos, con su continua permanencia en el medio ambiente. Incluso, debemos tomar en cuenta que el agua de las piscinas es constantemente filtrada para depurarlas de ellos, pero irremediablemente el agua es ensuciada por la actividad de los bañistas y contaminada la grasa del cuerpo, el sudor, las lociones y cosméticos, etc. que pueden ser degradados si son sometidos a los procesos adecuados de depuración.

En tal contexto, es indispensable que estas actividades se vean beneficiadas con un descuento en el pago del “derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales”, que les permita percibir un nivel de utilidades que permita su permanencia y continuidad de su actividad económica. Sin embargo, los contribuyentes también deben aceptar su responsabilidad en la afectación ambiental y llevar a cabo medidas que tiendan al mayor cuidado de la calidad de sus descargas.

Para ello proponemos que el descuento sea aplicado únicamente cuando el contribuyente acredite que las aguas residuales descargadas provienen de su actividad cotidiana y que sea la principal fuente de sus ingresos, que esa actividad constituya un atractivo para el turismo o tenga repercusiones directas en la producción de alimentos y que se han tomado las medidas adecuadas para depurar en alto grado los contaminantes hídricos.

Respecto a este último punto, el contribuyente deberá probar que ha implementado en los lugares donde desarrolla sus actividades, las medidas adecuadas para tratar el agua residual que produzca, que permita eliminar toda la contaminación química y bacteriológica del agua que pueda ser nociva a los humanos, la flora o la fauna del ambiente donde serán vertidas.

Un aspecto más a favor de la propuesta que aquí se contiene es el hecho de que las aguas residuales más contaminadas o sobreexplotadas provienen de las zonas más pobladas del país o en sus cercanías1 y desde luego que la acuicultura no se practica cerca de ellos, además de que los centros acuáticos se ubican a las afueras de las ciudades en zonas rodeadas de aire puro.

En virtud de las consideraciones anteriores, presento a esta honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 282-E a la Ley Federal de Derechos con la redacción siguiente:

Artículo 232-E.- Los contribuyentes a que se refiere el presente capítulo podrán acreditar contra el pago por el derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales una cuarta parte de su monto cuando acrediten:

I. Que las aguas residuales provengan de una actividad que sea la principal fuente de sus ingresos.

II. Que esa actividad fomente el turismo o la producción de alimentos.

III. Que ha implementado las acciones necesarias para el tratamiento de las aguas residuales.

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 20 de mayo de 2015.

Dip. Fed. Dulce María Muñiz Martínez.- Dip. Fed. Alejandro Rangel Segovia.

1 SEMARNAT. http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_INT_AGUA&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias a usted, Diputado Ruiz Moronatti. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la voz la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que adiciona el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La presente iniciativa propone exentar del Impuesto al Valor Agregado a las y los ciudadanos por razones geográficas que emplean el transporte marítimo como medio de traslado habitual para desplazarse a sus trabajos, escuelas o familia.

Como ustedes saben, en el estado de Quintana Roo muchos de los ciudadanos y ciudadanas, y pobladores en general, lo que hacen es trasladarse, por ejemplo, los que trabajan en Cozumel pues tienen que tomar un barco, los que viven en Solidaridad, que es Playa del Carmen, para cruzar a ir a trabajar a Cozumel o viceversa, o también, como ustedes, y los distraigo en sus actividades, que efectivamente en este tema no fue considerado cuando se aprobó todo lo que fue la reforma hacendaria, de tal forma que esta es una exigencia de los quintanarroenses dado que impacta principalmente lo que es en el transporte, y lo explico.

En el caso de que si uno va a trasladarse, el viaje sencillo por subirse a una embarcación, sin decir tampoco la empresa en la que se cuenta este traslado, es de 163 pesos, el sencillo; y en 300 pesos ida y vuelta.

De tal forma que, quiero decirles, que el estado de Quintana Roo vive básicamente de sus recursos naturales, de lo que es el turismo, y obviamente de la maravillosa vista que tenemos del Mar Caribe, de la enorme diversidad, puesto que es un atractivo que se agrega como un valor, puesto que lo que se va a ver es una segunda barrera arrecifal, que es precisamente la que tenemos en el Atlántico, la que tenemos en el Mar Caribe, y éste es un valor que definitivamente todos y todas las turistas que van, pues van precisamente para descansar, para conocer, para bucear, en fin, hay una gran cantidad de objetivos que me gustaría, además de eso, pues invitarlos al estado de Quintana Roo, pero sobre todo decirles y tocar un poco la sensibilidad y a la sencillez, y sobre todo hacer las cuentas, porque mi estado es una región, como ya lo dije, rica en recursos naturales.

La exención de impuestos al transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico, como propone la presente iniciativa, de lograrse no sólo beneficiará a los pobladores de la región, sino también a los trabajadores y, en consecuencia, incentivará al turismo.

Con objeto de que las finanzas públicas no se vean afectadas en lo inmediato, se propone una entrada en vigor de este Decreto con un tiempo suficiente para estudiar los mecanismos que cubran la exención como lo mandata la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Así que, las y los legisladores tenemos la obligación de promover reformas en beneficio de la sociedad, y éste es mi compromiso con las y los ciudadanos que más lo necesitan en el estado de Quintana Roo.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, GRACIELA SALDAÑA FRAIRE diputada de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, y el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, con base en lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

México cuenta con una riqueza invaluable en sus recursos naturales, como la biodiversidad a lo largo y ancho del país; en esta propuesta sobre todo hacemos mención a la región insular, que como lo establece la Constitución mexicana en los artículos 42 y 48, forma parte del territorio nacional; las islas, los arrecifes,  cayos en los mares adyacentes; las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; los mares territoriales y las aguas marítimas interiores, en conjunto, suman una superficie aproximada de 5 127 kilómetros cuadrados, de las cuales, 144 están habitadas por 618 930 personas, es decir, 0.6% de la población nacional, según cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI)

En este sentido, proponemos exentar del impuesto al valor agregado a los ciudadanos que por razones geográficas emplean el transporte marítimo como medio de traslado habitual para desplazarse a sus trabajos, escuelas, familia, etc., es decir, los habitantes que radican en una isla el pagar costos de traslado más el impuesto va en detrimento de la economía familiar, afectando a la población con menor capacidad económica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México entre las islas más importantes por su trascendencia y tamaño se encuentran Isla Tiburón, en Sonora; Isla María, de Nayarit; Isla Guadalupe y Cedros, en Baja California; e Isla del Carmen, Campeche, además de las islas que se encuentran ubicadas en Quintana Roo y la península de Yucatán.

No obstante, en las playas mexicanas que se encuentran ubicadas en el Océano Pacifico se practican la pesca comercial, deportiva y artesanal, sin omitir la aportación que dan al desarrollo turístico y ecoturístico de la región; el Golfo de California o mar de Cortés es mundialmente conocido por la gran diversidad de seres vivos, especies endémicas y un gran territorio insular que cifras oficiales contabilizan en cerca de 200 islas e islotes únicos en su diversidad; el Golfo de México abona a la actividad petrolera y cuenta con prósperas rutas de navegación comercial, convirtiéndose así en un pilar de la pesca comercial e industrial; y el Caribe mexicano, es región de arrecifes y corales que con su magnificencia cautivan a turistas nacionales e internacionales, con diversas actividades ecoturísticas brindando a los habitantes de la zona oportunidades para el crecimiento económico.

Para ejemplificar la importancia de la presente propuesta, podemos destacar la transportación marítima del país señalando las cifras de los puertos que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero en el año 2013;

Cozumel

2,753,608

Ensenada

487,774

Majahual

392,708

En cuanto a la transportación marítima de pasajeros en cruceros turísticos tuvo una caída de 478 mil pasajeros, lo que representó -9.1% y tiene que ver con los costos elevados del servicio; esto no es un incentivo para atraer a los visitantes a conocer nuevas regiones del país.

De acuerdo con la Encuesta Anual de Transportes 2014 del INEGI, ha habido una reducción de 4.3% en el número de empleados que participaron en este sector en 2013, que contó ese año con 2 mil 351 trabajadores; es decir, 108 menos que en 2012, cuando laboraron 2 mil 459, como vemos, esto tiene implicaciones no solo laborales, sino también en el crecimiento turístico de el país.

Como es de observarse, la exención de impuesto al “transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico” como se propone en la presente iniciativa, de lograrse, no solo beneficiaría a los pobladores de la región, sino también a los trabajadores y en consecuencia incentivaría el turismo.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 15 de Ley del Impuesto al Valor Agregado

Único. Se adiciona una fracción VII, recorriéndose las demás fracciones, al artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Capítulo III

De la Prestación de Servicios

Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios:

I. a VI. ...

VII. El transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico

VIII. a XVI. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2016.

SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 20 de mayo de 2015.

Dip. Fed. Graciela Saldaña Fraire.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputada Saldaña. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.





 

Se concede el uso de la palabra al Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar proyecto una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 constitucional, en materia de comunicación política.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

(Presentada por el Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM)

El Diputado Tomás Torres Mercado: Con el saludo, señor Presidente en funciones, don Martín Heredia, compañero Diputado. Estimadas y estimados legisladores:

Efectivamente, en el Orden del Día aparece una propuesta del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la voz, por el conducto de quien les habla, y plenamente a título de la responsabilidad que corresponde a un legislador.

Yo quiero, señoras y señores legisladores, decir que, seguramente uno de los derechos sacros pero que subyace una obligación al trabajo de los legisladores, es justamente la presentación de iniciativas; sin dejar de lado lo consubstancial de un Congreso, que es el debate. De esa suerte, creo trascendente decir que no puede cuestionarse ese derecho fundamental del legislador para la presentación de las iniciativas.

Y para hacerlo hay que tener convencimiento de ello, lo que ahora traemos a la consideración de esta Asamblea, es una propuesta de reforma al artículo 41 de la Constitución Política de nuestro país, específicamente a la Base III que regula aspectos relacionados con el modelo de comunicación política en este país.

Miren, escuché recientemente, y sin su autorización lo diré, un destacadísimo político y parlamentario del Congreso mexicano que dijo: “Más que leyes, más que el aspecto cuantitativo de la suma de leyes, México requiere mayor justicia en un marco de respeto al estado de derecho”.

Y cito, sin su autorización, su nombre: Manlio Fabio Beltrones Rivera.

¿Por qué lo digo? Porque entre más leyes que le pongan, más lozas y más cargas a los derechos, a las libertades de los gobernados, quiere decir que las instituciones no tienen el mayor crédito y la mayor fortaleza.

¿En qué consiste nuestra propuesta de reforma al artículo 41 de la Constitución? ¿Por qué lo hacemos?

Resulta necesario que los pasos que va dando uno en el camino, en ocasiones pararse y reflexionar hacia dónde se dirige.

Estamos a unos días ya de la jornada electoral, y no sobra decirlo, es necesario decirlo que el Partido Verde asume el compromiso de respeto a las instituciones y de respaldo en aras de cumplir la ley.

La LX Legislatura, en el 2007 reformó todo este apartado, y tenía como propósito el modelo de comunicación política tres aspectos centrales, lo recuerdo con claridad: uno, que los partidos políticos, disponiendo de los medios oficiales en la radio y la televisión, acudieran ante los ciudadanos a confrontar sus plataformas electorales, es decir, cuál es tu visión de México y cuáles son tus propuestas para ir resolviendo esa problemática.

Y lo otro, escuchando la info de la comunicación en la sala, restarle dinero a la política, irle quitando dinero a la política, también, analicemos cuantitativamente las asignaciones partidarias, también generar condiciones de equidad en la disputa por el poder.

¿Y qué ha ocurrido colegas, Diputadas, Senadoras, Diputados y señores Senadores? Hemos provocado irritación social por la desmesura en la carga y la ausencia del contraste de las propuestas partidarias, nos ha vencido luego la descalificación, considerando que como partido político vamos a crecer y vamos a cachar los votos del descalificado.

Debo decirlo con toda responsabilidad, son tres puntos concretos, había preparado mi intervención, pero yo siempre he dicho que para persuadir hay que ponerle un vínculo no solo de mente y de palabra, sino también de corazón.

¿Cuál es la cosa? Limitemos al acceso gratuito de los partidos políticos y sus candidatos a la radio y la televisión. El eje de la propuesta no tiene que ver con la cosa mercantil, el eje de la propuesta es: ¿se ha avanzado acaso en llevarle a la ciudadanía y el hacer participar a los que debaten y analizan la política, el que cancelemos la posibilidad de ese debate? Estoy presentando iniciativas, señor Presidente de la Mesa Directiva, lo anticipo, para los propósitos de que se me dé el cabal derecho de concluir y de que no está a debate el asunto.

Queremos colocar el asunto a debate, utilicemos los tiempos oficiales para los altísimos propósitos de la cultura nacional: salud, educación; no permito, señor Presidente.

La Diputada Graciela Saldaña Fraire: (Desde su escaño) Me permite una pregunta.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: No admite la pregunta el Diputado.

Si quiere terminar, Diputado Tomás Torres.

El Diputado Tomás Torres Mercado: Usemos los tiempos oficiales para la difusión de información relacionada con la salud, con la educación, con la cultura, y por qué no, y yo se lo planteo también aquí a manera justamente de colocar el debate, por qué no permitir que los Senadores y las Senadoras, los Diputados y las Diputadas, locales o federales, presenten sus informes.

Díganme si acaso no entra en contradicción, que formalmente no la hay, el artículo 41 limita estos informes, pero la Ley Orgánica del Congreso General los mandata como obligatorios.

Por eso estamos planteando, también, en mi iniciativa, por separado, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General, la de partidos políticos, y la de instituciones y procedimientos electorales.

Antes de concluir, señor Presidente en funciones, y además se trata de una iniciativa con propuesta de modificación constitucional, y la práctica nos informa que cuando es así, se tienen diez minutos para la presentación, pero atiendo plenamente su llamado.

Quiero expresar que la comunicación informal, y reconociendo que como estamos no estamos bien, el señor Senador, y lo digo en reconocimiento a su facultad como legislador, el Senador Barbosa Huerta dice, te acompaño en la suscripción de la iniciativa porque es un asunto que tenemos que debatir.

Por lo demás, sólo diré que nos atenemos al imperio de la ley que se manifiesta en la resolución del órgano electoral, y que en esto que estamos proponiendo esté siempre la mano del Estado mexicano, a través de la autoridad electoral, por lo demás, seguramente lo que funcionó fue el modelo comunicacional del Verde, pero ese es un asunto de estrategia, la convivencia más importante de esta y de cualquier sociedad que se llame democrática y civilizada es que los gobernados no hagamos lo que nos prohíbe la ley, pero también que la autoridad la aplique cuando corresponda.

Por su atención, muchas gracias.

Mi reconocimiento, señor Diputado Martín Heredia, y gracias por su atención.

Iniciativas

Quien suscribe, TÓMAS TORRES MERCADO, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, presento ante esta Comisión Permanente para que se le dé trámite legislativo en la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El hartazgo de la ciudadanía por la difusión masiva de spots de los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular, con cargo a los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión, ha evidenciado la ineficiencia del marco jurídico que regula la propaganda político electoral en dichos medios de comunicación.

Debemos reconocer que la legislación vigente en materia de acceso de partidos políticos y candidatos a radio y televisión no cumple con los objetivos de (i) difundir las plataformas electorales, (ii) reducir el costo de la democracia en México, (iii) generar equidad en los procesos electorales, y (iv) que los mensajes lleguen efectivamente a la ciudadanía.

Por el contrario, este sistema ha propiciado una sobre exposición y consecuente desprestigio de partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular, impactando negativamente en los procesos electorales que se están desarrollando en el país, tanto a nivel federal como en diversas entidades federativas.

De la misma forma, el control excesivo para que los partidos políticos accedan a espacios en radio y televisión ha requerido que las autoridades electorales eroguen cantidades millonarias de recursos públicos para que puedan cumplir cabalmente con sus facultades de administración, monitoreo y fiscalización de dichas actividades.

Aunado a lo anterior, se ha puesto en riesgo la libertad de expresión de candidatos y ciudadanos que, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, buscan algún puesto de elección popular, lo cual a todas luces resulta violatorio de derechos humanos y contrario a los principios que sustentan la democracia.

Dicha limitación también ha llegado a afectar a legisladores que, en cumplimiento de los principios elementales de transparencia y rendición de cuentas con la ciudadanía, hemos sido cuestionados e incluso objeto de sanciones hacia los institutos políticos que nos postularon, por difundir en los medios de comunicación nuestros informes de labores legislativas.

Las reacciones en contra de este ejercicio republicano suponen no sólo una censura a la libertad de expresión de quienes somos la voz de los electores en los diferentes órganos legislativos del país, sino una violación flagrante al acceso de todos los mexicanos a la información, consagrado como derecho humano en el texto constitucional y en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estima necesario emprender una reforma al modelo constitucional de comunicación política que impera en el país, con la finalidad de:

● Atender el reclamo ciudadano de que la política y la legítima aspiración de ponerla al servicio de la gente, no implique una saturación de spots en radio y televisión que, lejos de contribuir al debate de ideas, generalmente se reducen a descalificaciones entre partidos políticos y candidatos;

● Utilizar la totalidad de los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión únicamente para la difusión de información relevante y de interés general de los mexicanos, en lugar de poner parte de ellos al servicio de los partidos políticos y los candidatos;

● Que el acceso a radio y televisión por parte de partidos políticos y candidatos sea libre y se solvente con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, con la estricta vigilancia de las autoridades electorales, y

● Garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, permitiendo que los legisladores de todos los poderes legislativos del país presenten en cualquier momento sus informes anuales de labores legislativas, con las garantías constitucionales inherentes a los cargos que ostentan.

II. CONSIDERACIONES

El modelo constitucional de acceso de los partidos políticos y candidatos a tiempos en radio y televisión, tanto dentro como fuera de los periodos de campañas y precampañas electorales, se encuentra integrado por dos premisas fundamentales contenidas en el artículo 41 de nuestra Carta Magna:

a) La prohibición de que partidos políticos y candidatos contraten o adquieran tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión (base III, apartado A, párrafo segundo).

Cabe destacar, que esta prohibición pone en riesgo la libertad de trabajo consagrada en el párrafo primero del artículo 5o constitucional, que garantiza que “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, toda vez que limita el ámbito de actividades de las personas que se dedican a la propaganda política y electoral.

b) Como consecuencia de dicha prohibición, el Instituto Nacional Electoral (INE) ostenta la facultad de administrar los tiempos oficiales en radio y televisión que correspondan a dicho Instituto para el cumplimiento de sus fines, así como los que correspondan a los partidos políticos y candidatos (base III, apartado A, párrafo primero). Para lo anterior, este precepto constitucional asigna tiempos oficiales en radio y televisión al INE, en función de los siguientes momentos:

1. A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral: 48 minutos diarios1, de los cuales se distribuyen entre los partidos políticos:

- 50% (24 minutos) para la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas (base III, apartado A, inciso a));

- 1 minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión (24 minutos) durante las precampañas (base III, apartado A, inciso b)), y

- Por lo menos el 85% (40.8 minutos) durante las campañas electorales (base III, apartado A, inciso c)).

De acuerdo con lo anterior, la asignación diaria de tiempos oficiales en radio y televisión al INE durante los procesos electorales, y su consecuente distribución entre los partidos políticos, es la siguiente:

TIEMPOS OFICIALES DURANTE PROCESOS ELECTORALES

Momento

Total administrado por el INE

Total asignado al INE

Total asignado a Partidos Políticos

Entre fin de precampañas e inicio de campañas

48 minutos

24 minutos

24 minutos

Durante precampañas

48 minutos

24 minutos

24 minutos

Durante campañas

48 minutos

7.2 minutos

40.8 minutos, por lo menos

2. Fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales: hasta el 12% del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad, el cual será distribuido en un 50% entre los partidos políticos y en un 50% para fines de las autoridades electorales (base III, apartado A, inciso g)).

Para comprender mejor la asignación del tiempo del Estado al INE y, en consecuencia, a los partidos políticos, fuera de los periodos de campañas y campañas electorales federales, resulta necesario hacer un análisis del origen, contenido y alcances del concepto de tiempos oficiales del Estado.

Por sus dimensiones y penetración en la sociedad, la radio y la televisión constituyen herramientas fundamentales del Estado para la difusión de información de gran relevancia. La presencia del Estado en dichos medios de comunicación se lleva a cabo a través de los llamados “tiempos oficiales”, consistentes en las transmisiones “cuyo objetivo principal es el servicio público de difusión de temas educativos, culturales, sociales, políticos, deportivos, de orientación social, y otros asuntos de interés general, tanto nacionales como internacionales, a través de los cuales, la sociedad mexicana cuenta con la información necesaria de las acciones implementadas por el Estado en beneficio del interés público y la función social2.

Los tiempos oficiales del Estado se dividen en:

a) Tiempo del Estado, regulado por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR)3.

Junto con los boletines4 y cadenas nacionales5, esta forma de tiempo oficial forma parte de los tiempos gratuitos para el Estado que el Capítulo III del Título Décimo Primero de esta Ley contempla.

De conformidad con el artículo 251 de la LFTR, el tiempo del Estado consiste en las transmisiones gratuitas diarias que los concesionarios de uso comercial, público y social deben realizar en cada estación y por cada canal de programación, con una duración de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social. De conformidad con el artículo 217 de esta misma Ley la Secretaría de Gobernación es la dependencia del Gobierno Federal a la que le corresponde ordenar, administrar, supervisar y monitorear la transmisión del tiempo del Estado, así como sancionar su incumplimiento.

b) Tiempo fiscal, previsto en el Decreto por el que se autoriza a la Secretaríade Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica6.

Esta forma de tiempo oficial constituye una modalidad de pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por Ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, previsto en el artículo noveno de la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos7.

De conformidad con esta Ley, la tasa de este impuesto es del 25% sobre la base del monto total de los pagos en efectivo o en especie que se hagan por los servicios prestados por empresas que funcionen al amparo de concesiones federales para el uso de bienes del domino directo de la Nación. Sin embargo, mediante Acuerdo Presidencial8, se autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los sujetos obligados pudieran cubrir dicho impuesto con el 12.5% del tiempo diario de transmisión de cada estación de radio y televisión, equivalentes a 180 minutos.

Asimismo, la fracción I del artículo primero del decreto que fundamenta el tiempo fiscal en la actualidad, establece que los concesionarios que opten por cubrir el impuesto de referencia en especie lo pagarán mediante (i) 18 minutos diarios de transmisión, en el caso de estaciones de televisión9, y (ii) 35 minutos diarios de transmisión, en el caso de estaciones de radio, para la difusión de materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal con una duración de entre 20 y 30 segundos.

Finalmente, cabe mencionar que el artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 201510 establece la siguiente proporción en que se debe distribuir el tiempo fiscal: 40% al Poder Ejecutivo Federal, 30% al Poder Legislativo, distribuidos en partes iguales entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República, 10% al Poder Judicial y 20% a los entes autónomos.

De acuerdo con lo anterior, los tiempos oficiales del Estado se integran de la siguiente manera:

TIEMPOS OFICIALES DEL ESTADO DIARIOS

Estaciones

Tiempo del Estado

Tiempo Fiscal

Total

INE11

Partidos políticos12

Televisión

30 minutos

18 minutos

48 minutos

5.76 minutos

2.88 minutos

Radio

30 minutos

35 minutos

65 minutos

7.8

3.9 minutos

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene por objeto modificar el modelo constitucional de comunicación política, mediante:

1. La eliminación del acceso gratuito por parte de partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular a los tiempos en radio y televisión administrados por el INE;

2. La posibilidad de que partidos políticos y candidatos contraten tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento y

3. La posibilidad de que los legisladores de los poderes legislativos de todo el país difundan a la ciudadanía, en cualquier momento, sus informes anuales de actividades legislativas.

La base III del artículo 41 constitucional se refiere al derecho de los partidos políticos al uso permanente de los medios de comunicación social, estableciendo reglas para que el INE administre tiempos en radio y televisión, tanto para sus propios fines como para los partidos políticos.

Sobre lo descrito en el párrafo anterior, se estima inadecuado que, además del financiamiento público de los partidos políticos, éstos tengan derecho al acceso gratuito a radio y televisión, con cargo a los tiempos oficiales del Estado, fuera de las precampañas y campañas electorales, y con una mayor cantidad de tiempo asignado por mandato constitucional, durante los procesos electorales.

Por ello, se propone derogar de la base constitucional de referencia la distribución de tiempo en radio y televisión por parte del INE hacia los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular, evitando así el predominio de los spots que tanto irritan a la ciudadanía y que han derivado en la degradación del ejercicio de la política en nuestro país.

En complemento de lo anterior, se propone eliminar la prohibición de que partidos políticos y candidatos contraten o adquieran tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, prevista en la base III, apartado A, párrafo segundo del artículo 41 constitucional. En sustitución de dicha prohibición, se propone que partidos políticos y los candidatos puedan contratar o adquirir en cualquier momento, por sí o por terceras personas y con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Finalmente, con el objeto de garantizar el derecho humano de todos los mexicanos a acceder a la información pública, así como de salvaguardar la libertad de expresión de los legisladores, se propone que los integrantes de todos los poderes legislativos del país puedan presentar en cualquier momento sus informes anuales de actividades legislativas.

Dicho objetivo coincide plenamente con la función pública de representatividad depositada en los diputados y senadores del Congreso de la Unión y en los diputados de las legislaturas locales, así como con la naturaleza jurídica de los partidos políticos, establecida en la base I de artículo 41 constitucional como “entidades de interés público”.

Asimismo, no se debe perder de vista que los legisladores forman parte de las instituciones con menor índice de credibilidad y aprobación en nuestro país, pues la ciudadanía los percibe como órganos profundamente ineficaces. En tal sentido, la presente iniciativa busca que, tal como lo ha sostenido la Organización de los Estados Americanos, el acceso a la información tenga el efecto de fortalecer la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones gubernamentales, fomentando la eficiencia e integridad en el manejo de recursos públicos13.

Por otra parte, el párrafo segundo del apartado C de la misma base III del artículo 41 constitucional, establece la obligación de suspender, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental de los poderes federales y estatales. Si se toma en cuenta que los legisladores del Congreso de la Unión y las legislaturas locales forman parte de los poderes federales y estatales, respectivamente, dicha suspensión les resulta aplicable y restringe la posibilidad de informar a la ciudadanía sus actividades.

Lo anterior resulta particularmente relevante si se considera que, por ejemplo, los reglamentos de la Cámara de Diputados14, y del Senado de la República15 establecen como obligaciones de los diputados y senadores informar a la ciudadana sus actividades. Por ello, la presente iniciativa propone excluir de dicha suspensión los informes de actividades que los diputados y senadores del Congreso de la Unión y los diputados de las legislaturas locales deben presentar a la ciudadanía.

Finalmente, no se debe perder de vista que las reformas constitucionales que se proponen requerirán ser desarrolladas en la legislación secundaria específica, por lo cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, que establece que “Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas”, paralelo a la presente iniciativa de reforma constitucional se presenta una iniciativa de reformas a los siguientes ordenamientos legales:

- Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos16;

- Ley General de Partidos Políticos17, y

- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales18.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los incisos a) y g) y los párrafos primero y segundo del apartado A, y el párrafo segundo del apartado C de la base III, y se derogan los incisos b), c), e) y f) del apartado A y el inciso c) del apartado B de la base III, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. …

I. a II. …

III. …

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines o de otras autoridades electorales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado.

b) SE DEROGA

c) SE DEROGA

d)…

e) SE DEROGA

f) SE DEROGA

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado.

Los partidos políticos y los candidatos en cualquier momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas y con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Apartado B. …

a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible conforme al inciso a) del apartado A de esta base;

b)…

c) SE DEROGA

Apartado C. …

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, así como los informes anuales de actividades que los diputados y senadores del Congreso de la Unión y los diputados de las legislaturas locales deben presentar a la ciudadanía.

Apartado D. …

IV. a V …

VI. …

a) …

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, en contravención de las disposiciones legales aplicables;

c) …

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar la legislación secundaria con el presente Decreto dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar sus constituciones  con el presente Decreto.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 20 de mayo de 2015.

Dip. Tomás Torres Mercado.

1 Como se verá más adelante, estos 48 minutos de tiempos oficiales del Estado en radio y televisión administrados por el INE durante los procesos electorales equivalen a la suma del 100% del tiempo del Estado y el 100% del tiempo fiscal.

2 Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2654/16.pdf

3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.

4 De conformidad con el artículo 254 de la LFTR, los boletines constituyen transmisiones adicionales al tiempo del Estado que, por su contenido en materia de seguridad o defensa del territorio nacional, seguridad nacional, salubridad general, protección civil, y mensajes de auxilio de embarcaciones o naves en peligro que soliciten auxilio, están obligados a realizar gratuitamente y de manera preferente los concesionarios de uso comercial, público y social de radio y televisión

5 De conformidad con el artículo 255 de la LFTR, las cadenas nacionales constituye la obligación a cargo de los concesionariosde uso comercial, público y social que presten servicios de radiodifusión, de encadenar las estaciones de radio y canales de televisión en el país cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la Nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación.

6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2002.

7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968.

8  Publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 1 de julio de 1969.

9 Estos 18 minutos equivalen a un 1.25% del tiempo diario de transmisión de cada estación de televisión.

10 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014.

11 Número máximo de minutos susceptibles de ser asignados al INE, equivalentes al 12% del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad, en los términos de la base III, apartado A, inciso g) del artículo 41 constitucional.

12 Número de minutos distribuibles entre los partidos políticos, equivalentes al 50% del 12% máximo susceptible de ser asignado al INE del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad, en los términos de la base III, apartado A, inciso g) del artículo 41 constitucional.

13 Organización de los Estados Americanos. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_gobernabilidad.asp Página consultada el 6 de abril de 2015 a las 16:20 horas.

14 Artículo 8, numeral 1, fracción XVI del Reglamento de la Cámara de Diputados.

15 Artículo 10, numeral 1, fracciones VIII y X del Reglamento del Senado de la República.

16 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999.

17 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

18 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

(Presentada por el Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM)

Quien suscribe, TÓMAS TORRES MERCADO, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, presento ante esta Comisión Permanente para que se le dé trámite legislativo en la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La sobre exposición en los espacios de radio y televisión, y consecuente desprestigio de partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular, se ubican muy lejos de los objetivos del actual modelo de comunicación política del Estado mexicano, pues no difunde las plataformas electorales entre los ciudadanos ni genera equidad en los procesos electorales, incumpliendo con las finalidades de la democracia en nuestro país.

Debemos reconocer que la ciudadanía está cansada de recibir spots de los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular, con cargo a los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión, los cuales no sólo saturan la programación, sino que no contribuyen al cumplimiento de sus objetivos.

Por lo anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, el cual establece que “Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas”, de manera paralela a la presente iniciativa el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una propuesta de reformas, adiciones y derogaciones al artículo 41 constitucional, con los siguientes objetivos:

Atender el reclamo ciudadano de que la política y la legítima aspiración de ponerla al servicio de la gente, no implique una saturación de spots en radio y televisión que, lejos de contribuir al debate de ideas, generalmente se reducen a descalificaciones entre partidos políticos y candidatos;

Utilizar la totalidad de los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión únicamente para la difusión de información relevante y de interés general de los mexicanos, en lugar de poner parte de ellos al servicio de los partidos políticos y los candidatos;

Que el acceso a radio y televisión por parte de partidos políticos y candidatos sea libre y se solvente con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, con la estricta vigilancia de las autoridades electorales, y

Garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, permitiendo que los legisladores de todos los poderes legislativos del país presenten en cualquier momento sus informes anuales de labores legislativas, con las garantías constitucionales inherentes a los cargos que ostentan.

Lo anterior, con la finalidad de combatir la ineficiencia del marco jurídico que regula la propaganda político electoral en radio y televisión, y dotar al Estado mexicano de un nuevo modelo de comunicación política que garantice el respeto de los derechos humanos de ciudadanos, partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular, pero sobre todo, que redunde en la consolidación de la democracia en nuestro país.

II. CONSIDERACIONES

Las propuestas de modificación a la Carta Magna que sustentan la presente iniciativa de reformas a diversas leyes secundarias, parten del reconocimiento de que el modelo de comunicación política vigente es ineficiente.

Dicho modelo se fundamenta en el artículo 41 constitucional, el cual prohíbe que los partidos políticos y los candidatos a puestos de elección popular contraten o adquieran tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

En su lugar, los partidos políticos tienen derecho a acceder a los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión que administra el Instituto Nacional Electoral (INE), tanto dentro como fuera de los tiempos de campañas y precampañas electorales.

Lo descrito en los párrafos que anteceden no sólo limita derechos humanos como la libertad de expresión y de trabajo, sino que implica la necesidad de que la autoridad electoral erogue una gran cantidad de recursos para llevar a cabo la administración de los tiempos oficiales del Estado que le corresponden, lo cual implica su distribución, vigilancia y fiscalización.

De conformidad con la base III, apartado A, párrafo primero del artículo 41 constitucional, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, le son asignados al INE 48 minutos diarios1 de tiempos oficiales en radio y televisión, los cuales son distribuidos entre los partidos políticos de la siguiente manera:

- 50% (24 minutos) para la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas (base III, apartado A, inciso a));

- 1 minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión (24 minutos) durante las precampañas (base III, apartado A, inciso b)), y

- Por lo menos el 85% (40.8 minutos) durante las campañas electorales (base III, apartado A, inciso c)).

De acuerdo con lo anterior, la asignación diaria de tiempos oficiales en radio y televisión al INE durante los procesos electorales, y su consecuente distribución entre los partidos políticos, es la siguiente:

TIEMPOS OFICIALES DURANTE PROCESOS ELECTORALES

Momento

Total administrado por el INE

Total asignado al INE

Total asignado a Partidos Políticos

Entre fin de precampañas e inicio de campañas

48 minutos

24 minutos

24 minutos

Durante precampañas

48 minutos

24 minutos

24 minutos

Durante campañas

48 minutos

7.2 minutos

40.8 minutos, por lo menos

Por otra parte, la base III, apartado A, inciso g) del artículo 41 constitucional asigna al INE, fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales, hasta el 12% del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad, el cual será distribuido en un 50% entre los partidos políticos y en un 50% para fines de las autoridades electorales.

Para comprender mejor la asignación del tiempo del Estado al INE y, en consecuencia, a los partidos políticos, fuera de los periodos de campañas y campañas electorales federales, resulta necesario hacer un análisis del origen, contenido y alcances del concepto de tiempos oficiales del Estado.

Por sus dimensiones y penetración en la sociedad, la radio y la televisión constituyen herramientas fundamentales del Estado para la difusión de información de gran relevancia. La presencia del Estado en dichos medios de comunicación se lleva a cabo a través de los llamados “tiempos oficiales”, consistentes en las transmisiones “cuyo objetivo principal es el servicio público de difusión de temas educativos, culturales, sociales, políticos, deportivos, de orientación social , y otros asuntos de interés general, tanto nacionales como internacionales, a través de los cuales, la sociedad mexicana cuenta con la información necesaria de las acciones implementadas por el Estado en beneficio del interés público y la función social2.

Los tiempos oficiales del Estado se dividen en:

a) Tiempo del Estado, regulado por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR)3.

Junto con los boletines4 y cadenas nacionales5, esta forma de tiempo oficial forma parte de los tiempos gratuitos para el Estado que el Capítulo III del Título Décimo Primero de esta Ley contempla.

De conformidad con el artículo 251 de la LFTR, el tiempo del Estado consiste en las transmisiones gratuitas diarias que los concesionarios de uso comercial, público y social deben realizar en cada estación y por cada canal de programación, con una duración de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social. De conformidad con el artículo 217 de esta misma Ley la Secretaría de Gobernación es la dependencia del Gobierno Federal a la que le corresponde ordenar, administrar, supervisar y monitorear la transmisión del tiempo del Estado, así como sancionar su incumplimiento.

b) Tiempo fiscal, previsto en el Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica6.

Esta forma de tiempo oficial constituye una modalidad de pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por Ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, previsto en el artículo noveno de la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos7.

De conformidad con esta Ley, la tasa de este impuesto es del 25% sobre la base del monto total de los pagos en efectivo o en especie que se hagan por los servicios prestados por empresas que funcionen al amparo de concesiones federales para el uso de bienes del domino directo de la Nación. Sin embargo, mediante Acuerdo Presidencial8, se autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los sujetos obligados pudieran cubrir dicho impuesto con el 12.5% del tiempo diario de transmisión de cada estación de radio y televisión, equivalentes a 180 minutos.

Asimismo, la fracción I del artículo primero del decreto que fundamenta el tiempo fiscal en la actualidad, establece que los concesionarios que opten por cubrir el impuesto de referencia en especie lo pagarán mediante (i) 18 minutos diarios de transmisión, en el caso de estaciones de televisión9, y (ii) 35 minutos diarios de transmisión, en el caso de estaciones de radio, para la difusión de materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal con una duración de entre 20 y 30 segundos.

Finalmente, cabe mencionar que el artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 201510 establece la siguiente proporción en que se debe distribuir el tiempo fiscal: 40% al Poder Ejecutivo Federal, 30% al Poder Legislativo, distribuidos en partes iguales entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República, 10% al Poder Judicial y 20% a los entes autónomos.

De acuerdo con lo anterior, los tiempos oficiales del Estado se integran de la siguiente manera:

TIEMPOS OFICIALES DEL ESTADO DIARIOS

Estaciones

Tiempo del Estado

Tiempo Fiscal

Total

INE11

Partidos políticos12

Televisión

30 minutos

18 minutos

48 minutos

5.76 minutos

2.88 minutos

Radio

30 minutos

35 minutos

65 minutos

7.8

3.9 minutos

Por ello, se busca permitir que partidos políticos y candidatos puedan contratar o adquirir en cualquier momento, por sí o por terceras personas y con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, derivado de la propuesta de eliminación de la prohibición contenida en la base III, apartado A, párrafo segundo del artículo 41 de nuestra Carta Magna, planteada en la iniciativa de reforma constitucional que antecede a la presente.

Para lograr lo anterior, se proponen reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la legislación nacional en materia político electoral, es decir, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Otro de los componentes de la reforma que la presente iniciativa pretende desarrollar, se refiere a combatir la limitación a la libertad de expresión de la que hemos sido objeto diversos legislador, al pretender cumplir con nuestra obligación de informar a la ciudadanía nuestras actividades.

Más allá de su importancia intrínseca como derecho humano, reconocido tanto en instrumentos internacionales en los que el Estado mexicano es parte13, como en el propio texto constitucional14, el acceso a la información es una herramienta vital en la lucha contra la corrupción, ya que implementa efectivamente el control público en todos los actos del gobierno, promueve mayor rendición de cuentas y hace posible revelar abusos, errores y debilidades en el sector público15.

Lo anterior cobra especial relevancia si se considera que, de conformidad con investigaciones como el “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México”16, elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en conjunto con el Colegio de México, o la “Encuesta telefónica sobre confianza en las instituciones”17 del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, junto con la policía, la televisión, los partidos políticos y los sindicatos, los legisladores forman parte de las instituciones con menores índices de confianza entre la ciudadanía.

Los diputados y senadores del Congreso de la Unión, y los diputados de las legislaturas locales que son elegidos en los procesos electorales, representan a la ciudadanía en los órganos legislativos encargados de la elaboración de las leyes que rigen en nuestro país, de tal suerte que son depositarios de la soberanía del pueblo representada en el Poder Legislativo.

Por ello, se plantea la necesidad de garantizar que los legisladores de los poderes legislativos de todo el país puedan difundir a la ciudadanía, en cualquier momento, sus informes anuales de actividades legislativas, mediante una serie de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene por objeto desarrollar, en la legislación secundaria correspondiente, el nuevo modelo de comunicación política planteado en la reforma constitucional que se presenta de manera paralela a esta iniciativa. Dicho modelo plantea:

● La posibilidad de que los legisladores de los poderes legislativos de todo el país difundan a la ciudadanía, en cualquier momento, sus informes anuales de actividades legislativas;

● La eliminación del acceso gratuito por parte de partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular a los tiempos en radio y televisión administrados por el INE, y

● La posibilidad de que partidos políticos y candidatos contraten tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento.

Para lograr lo anterior, se propone reformar, adicionar y/o derogar disposiciones de las siguientes legislaciones:

1. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM)18.

Esta Ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de cada una de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Cabe mencionar que la LOCGEUM tiene su sustento en la regulación constitucional del Poder Legislativo Federal, de manera particular el párrafo segundo del artículo 70 de la Carta Magna, que señala que “El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos”.

En cuanto a la Cámara de Diputados, el artículo 26 de la LOCGEUM contempla a los Grupos Parlamentarios como forma para la agrupación de los legisladores, según su afiliación de partido para garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en dicho órgano legislativo. Esto cobra especial relevancia si se considera que los artículos 28 y 29 de la Ley que nos ocupa señalan lo siguiente:

ARTICULO 28.
1. Para el ejercicio de las funciones constitucionales de sus miembros, los Grupos Parlamentarios proporcionan información, otorgan asesoría, y preparan los elementos necesarios para articular el trabajo parlamentario de aquéllos.

ARTICULO 29.
1. De conformidad con la representación de cada Grupo Parlamentario la Junta de Coordinación Política acordará la asignación de recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta de Coordinación Política dispondrá una subvención mensual para cada Grupo Parlamentario, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del número de diputados que los conformen.

2. …

3…

Sin embargo, el artículo 30 de la Ley de referencia prevé la posibilidad de que haya diputados sin partido, al señalar lo siguiente:

ARTICULO 30.

1. Los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo Parlamentario sin integrarse a otro existente, serán considerados como diputados sin partido, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todos los legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades de la Cámara, para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular.

Por su parte, sobre el Senado de la República, el artículo 71 de la LOCGEUM establece que “Los grupos parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar los senadores con igual afiliación de partido”. Esto cobra especial relevancia si se considera que los artículos 76 y 77 la Ley que nos ocupa señalan lo siguiente:

ARTICULO 76.

1. Los grupos alientan la cohesión de sus miembros para el mejor desempeño y cumplimiento de sus objetivos de representación política.

ARTICULO 77.

1. La Mesa Directiva de la Cámara, conforme a las disponibilidades presupuestarias y materiales, distribuirá los recursos y proporcionará locales adecuados a cada uno de los grupos parlamentarios para el cumplimiento de sus fines, en proporción al número de sus integrantes respecto del total de la Cámara.

Sin embargo, el artículo 78 de la Ley de referencia prevé la posibilidad de que haya senadores sin partido, al señalar lo siguiente:

ARTICULO 78.

1. Los senadores que no pertenezcan a un grupo parlamentario serán considerados como senadores sin partido, tendrán las consideraciones que a todos los senadores corresponden y apoyos para que puedan desempeñar con eficacia sus funciones, de acuerdo a las posibilidades presupuestales.

A la luz de los artículos transcritos, y con la finalidad de consagrar en esta Ley la obligación de que los diputados y senadores del Congreso de la Unión informen sus actividades a la ciudadanía, durante el año legislativo siguiente al que se informe, se estima necesario:

a) Adicionar un numeral 2 a los artículos 28 y 30 de la LOCGEUM, a efecto de establecer la obligación a cargo de los Diputados Federales, pertenecientes o no a algún Grupo Parlamentario, de informar sus actividades a la ciudadanía, durante el año legislativo siguiente al que se informe, y

b) Adicionar un numeral 2 a los artículos 76 y 78 de la LOCGEUM, a efecto de establecer la obligación a cargo de los Senadores de la República, pertenecientes o no a algún Grupo Parlamentario, de informar sus actividades a la ciudadanía, durante el año legislativo siguiente al que se informe.

Asimismo, considerando que los Grupos Parlamentarios son las organizaciones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República que reciben los recursos necesarios para articular el trabajo de los legisladores con una misma corriente ideológica, se estima necesario reformar los numerales 1 de los artículos 29 y 77 de la LOCGEUM, a efecto de establecer la obligación a cargo de los diferentes Grupos Parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, respectivamente, de destinar una parte del presupuesto asignado por los órganos de gobierno correspondientes para que los legisladores que los integran informen anualmente a la ciudadanía sus actividades.

1. Ley General de Partidos Políticos (LGPP)19

Esta Ley tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en esta materia.

Con la finalidad de desarrollar en la LGPP la desaparición del derecho de los partidos políticos a acceder a los tiempos oficiales en radio y televisión, se propone reformar, adicionar y derogar las siguientes disposiciones:

● Eliminar del inciso j) del numeral 1 del artículo 25 de la LGPP, relativo a las obligaciones de los partidos políticos, la referencia a los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, como medio para publicar, total o parcialmente, su plataforma electoral;

● Reformar el inciso a) del numeral 1 del artículo 26 de la LGPP, relativo a las prerrogativas de los partidos políticos, a fin de sustituir el acceso a radio y televisión por la posibilidad de contratar y adquirir, en cualquier momento y con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión;

2. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)20

Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales.

Con la finalidad de desarrollar en la LGIPE la desaparición del derecho de los partidos políticos a acceder a los tiempos oficiales en radio y televisión, se propone reformar, adicionar y derogar las siguientes disposiciones:

● Reformar el inciso h) del numeral 1 del artículo 30 de la LGIPE, relativo a los fines del INE, con la finalidad de eliminar la referencia al derecho de los partidos políticos en materia de acceso a tiempos oficiales en radio y televisión;

● Reformar el inciso n) del numeral 1 del artículo 44 de la LGIPE, relativo a las atribuciones del Consejo General del INE, con la finalidad de eliminar la referencia al derecho de los partidos políticos en materia de acceso a tiempos oficiales en radio y televisión;

● Reformar los incisos g) y h) del numeral 1 del artículo 55 de la LGIPE, relativo a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, con la finalidad de expresar la posibilidad de que los partidos políticos y los candidatos contraten o adquieran, con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión;

● Reformar el numeral 2 del artículo 62 de la LGIPE, a fin de expresar la posibilidad de que, en el ámbito electoral local, los partidos políticos contraten o adquieran, con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión;

● Reformar el inciso c) del numeral 1 del artículo 63 de la LGIPE, con la finalidad de expresar como atribución de las juntas locales ejecutivas la coordinación con las autoridades electorales locales para garantizar la contratación o adquisición de tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión por parte de los partidos políticos;

● Adecuar y derogar diversas disposiciones del Capítulo I del Título Segundo “De las prerrogativas de los partidos políticos” (artículos 159 a 186) de la LGIPE, derivado de la propuesta de reforma constitucional encaminada a eliminar el acceso de los partidos políticos a los tiempos oficiales en radio y televisión, y consagrar la posibilidad de contratar o adquirir en cualquier momento y con cargo a sus fuentes de financiamiento tiempos en cualquier modalidad de radio y la televisión;

● Reformar el numeral 1 del artículo 209 de la LGIPE, con la finalidad de permitir que los informes anuales de actividades de los legisladores sean difundidos en los medios de comunicación social aun durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral;

● Reformar los numerales 4 y 5 del artículo 226 de la LGIPE, con la finalidad de eliminar la referencia al derecho de los partidos políticos en materia de acceso a tiempos oficiales en radio y televisión y consagrar la posibilidad de que los partidos políticos y los precandidatos contraten o adquieran, con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión;

● Reformar el inciso b) del numeral 1 del artículo 393 de la LGIPE, con la finalidad de eliminar la referencia al derecho de los candidatos independientes en materia de acceso a tiempos oficiales en radio y televisión y consagrar la posibilidad de que contraten o adquieran, con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión;

● Reformar el artículo 411 de la LGIPE, con la finalidad de eliminar la referencia al derecho de los candidatos independientes en materia de acceso a tiempos oficiales en radio y televisión y consagrar la posibilidad de que contraten o adquieran, con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión;

● Derogar los artículos 412 y 417 de la LGIPE, con la finalidad de eliminar la referencia al derecho de los candidatos independientes en materia de acceso a tiempos oficiales en radio y televisión y consagrar la posibilidad de que contraten o adquieran, con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión;

● Derogar de los artículos 443 y 446 de la LGIPE la contratación de tiempos en radio o televisión por parte de los partidos políticos y candidatos independientes, como infracción a la Ley en comento;

● Derogar del artículo 452 de la LGIPE, relativo a las infracciones cometidas por los concesionarios de radio y televisión, la relativa a la venta de tiempo en cualquier modalidad de programación a partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, y

● Derogar del artículo 456 de la LGIPE las sanciones a las infracciones relacionadas con los tiempos en radio y televisión.

En resumen, mediante la presente iniciativa:

3. Se permitirá que los legisladores que integran los poderes legislativos de todo el país presenten sus informes de labores legislativas durante el año legislativo siguiente al que se refieran, garantizando:

- El derecho a la información de todos los ciudadanos en relación con la función legislativa, y

- El cumplimiento de la obligación de los legisladores de rendir cuentas a sus representados, con las garantías constitucionales inherentes a los cargos que ostentan.

4. Se armonizará la legislación secundaria en materia político electoral a la propuesta de reforma constitucional por la que se elimina el acceso de los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular a los tiempos oficiales del Estado, de tal suerte que:

- Los tiempos oficiales dejarán de estar al servicio de los partidos políticos, cumpliendo con su función originaria de difundir información de interés general de todos los mexicanos, y

- Los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular podrán contratar y adquirir, en cualquier momento y con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, bajo la estricta vigilancia de la autoridad electoral.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el numeral 1 de los artículos 29 y 77, y se adiciona un numeral 2 a los artículos 28, 30, 76 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 28.
1. …

2. Los diputados que formen parte de los Grupos Parlamentarios deberán informar a la ciudadanía sus actividades durante el año legislativo siguiente al que se informe.

ARTICULO 29.

1. De conformidad con la representación de cada Grupo Parlamentario la Junta de Coordinación Política acordará la asignación de recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta de Coordinación Política dispondrá una subvención mensual para cada Grupo Parlamentario, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del número de diputados que los conformen. Cada Grupo Parlamentario deberá destinar una parte del presupuesto que le sea asignado para que los diputados que los integran informen anualmente a la ciudadanía sus actividades.

2. …

3. …

ARTICULO 30.
1. …

2. Los diputados sin partido deberán informar a la ciudadanía sus actividades durante el año legislativo siguiente al que se informe.

ARTICULO 76.
1. …

2. Los senadores que formen parte de los grupos parlamentarios deberán informar a la ciudadanía sus actividades durante el año legislativo siguiente al que se informe.

ARTICULO 77.

1. La Mesa Directiva de la Cámara, conforme a las disponibilidades presupuestarias y materiales, distribuirá los recursos y proporcionará locales adecuados a cada uno de los grupos parlamentarios para el cumplimiento de sus fines, en proporción al número de sus integrantes respecto del total de la Cámara. Cada Grupo Parlamentario deberá destinar una parte del presupuesto que le sea asignado para que los senadores que los integran informen a la ciudadanía sus actividades durante el año legislativo siguiente al que se informe.

ARTICULO 78.

1. …

2. Los senadores sin partido deberán informar a la ciudadanía sus actividades durante el año legislativo siguiente al que se informe.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el inciso j) del numeral 1 del artículo 25 y el inciso a) del numeral 1 del artículo 26 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) a i) …

j) Publicar y difundir, total o parcialmente en las demarcaciones electorales en que participen, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate;

k) a u) …

Artículo 26.

1. Son prerrogativas de los partidos políticos:

a) Contratar y adquirir, en cualquier momento y con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión en los términos de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

b) a d)….

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma del inciso h) del numeral 1 del artículo 30, inciso n) del numeral 1 del artículo 44, los incisos g) y h) del numeral 1 del artículo 55, numeral 2 del artículo 62, inciso c) del numeral 1 del artículo 63, numeral 2 y 4 del artículo 159, numeral 1 y 2 del artículo 160, numeral 5 del artículo 186, numeral 1 del artículo 209, numeral 4 y 5 del artículo 226,  inciso b) numeral 1 del artículo 393, numeral 1 del artículo 411, fracción IV del inciso a) del numeral 1 del artículo 456 y se derogan del 167 al 174, 176 al 178, 181, numeral 5 del artículo 183, 412, 417, inciso i) del numeral 1 del artículo 443, inciso k) del numeral 1 del artículo 446, inciso a) del numeral 1 del artículo 452, fracciones II y III del inciso e) del numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 30.

1. Son fines del Instituto:

a) a g) …

h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales.

2. a 4. …

Artículo 44.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) a m) …

n)         Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y a los de otras autoridades electorales federales y locales;

ñ) a jj) …

2. …

3. …

Artículo 55.

1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las siguientes atribuciones:

a) a f) …

g) Realizar lo necesario para que los partidos políticos y candidatos  puedan contratar o adquirir, en cualquier momento y con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, en los términos establecidos por la Base III del artículo 41 de la Constitución y lo dispuesto en esta Ley;

h) Elaborar y presentar al Comité de Radio y Televisión las pautas para la contratación o adquisición por parte de los partidos políticos y los candidatos, con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión conforme a lo establecido en esta Ley y en el Reglamento aplicable que apruebe el Consejo General;

i) a o) …

Sección Primera
De las Juntas Locales Ejecutivas

Artículo 62.

1.….

2. El Vocal Ejecutivo presidirá la Junta y será el responsable de la coordinación con las autoridades electorales de la entidad federativa que corresponda para la contratación o adquisición de tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión por parte de los partidos políticos en las campañas locales, así como para su acceso por parte de los Organismos Públicos Locales, en los términos establecidos en esta Ley.

3. y 4.…..

Artículo 63.

1. Las juntas locales ejecutivas sesionarán por lo menos una vez al mes, y tendrán, dentro del ámbito de su competencia territorial, las siguientes atribuciones:

a) y b) …

c) Desarrollar en su ámbito territorial la coordinación con las autoridades electorales locales para garantizar la contratación o adquisición de tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión por parte de los partidos políticos durante las precampañas y campañas locales y para el uso de esos medios por parte de los Organismos Públicos Locales;

d) y g….

TÍTULO SEGUNDO

De las Prerrogativas de los Partidos Políticos

CAPÍTULO I

Del Acceso a Radio y Televisión

Artículo 159.

1. …

2. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, podrán contratar o adquirir en cualquier momento y con cargo a sus fuentes de financiamiento tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión en la forma y términos establecidos por el presente capítulo.

3. …

4. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en cualquier momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. No podrán contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en el Libro Octavo de esta Ley.

5.…

Artículo 160.

1. El Instituto es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales.

2. El Instituto establecerá las pautas para la contratación o adquisición de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en su caso, las sanciones.

3. …

Artículo 167. SE DEROGA

Artículo 168. SE DEROGA

Artículo 169. SE DEROGA

Artículo 170. SE DEROGA

Artículo 171. SE DEROGA

Artículo 172. SE DEROGA

Artículo 173. SE DEROGA

Artículo 174. SE DEROGA

Artículo 176. SE DEROGA

Artículo 177. SE DEROGA
                                    
Artículo 178. SE DEROGA

Artículo 181. SE DEROGA

Artículo 183.

1. a 4….

5. SE DEROGA

6. a 9….

Artículo 186.

1 a 4…

5. La entrega de los materiales de las autoridades electorales para su difusión en los tiempos del Estado en radio y televisión, con su correspondiente orden de transmisión y notificación a cada concesionario, se llevará a cabo de manera electrónica, personal o satelital, en los términos y bajo las modalidades que determine el Reglamento correspondiente.

Artículo 209.

1. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, así como los informes anuales de actividades que los diputados y senadores del Congreso de la Unión y los diputados de las legislaturas locales deben presentar a la ciudadanía

2. a 6. …

Artículo 226.

1. a 3. …

4. Los partidos políticos podrán contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, con cargo a sus fuentes de financiamiento para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto.

5. Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, podrán realizar en todo tiempo, la contratación o adquisición de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión.

Artículo 393.

1. Son prerrogativas y derechos de los Candidatos Independientes registrados:

a) …

b) Contratar o adquirir, con cargo a sus fuentes de financiamiento tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión;

c) a h) …

Sección Segunda

Del Acceso a Radio y Televisión

Artículo 411.

1. El Instituto, como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, establecerá las pautas para la contratación o adquisición de los mensajes y programas durante las campañas electorales; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en su caso, las sanciones.

Artículo 412. SE DEROGA

Artículo 417. SE DEROGA

Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) a h) …

i) SE DEROGA

j) a n) …

Artículo 446.

1. …

a) a j) …

k) SE DEROGA

l) a ñ) …

Artículo 452.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de los concesionarios de radio y televisión:

a) SE DEROGA

b) a e) …

Artículo 456.

1. …

a) …

I. a III. …

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, en violación de las disposiciones de esta Ley, y

V. …

b) a d) …

e) …

I. …

II. SE DEROGA

III. SE DEROGA

IV. …

f) a i) …

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar sus legislaciones con el presente Decreto dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 20 de mayo de 2015.

Suscribe

Dip. Tomás Torres Mercado.

1 Como se verá más adelante, estos 48 minutos de tiempos oficiales del Estado en radio y televisión administrados por el INE durante los procesos electorales equivalen a la suma del 100% del tiempo del Estado y el 100% del tiempo fiscal.

2 Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2654/16.pdf

3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.

4 De conformidad con el artículo 254 de la LFTR, los boletines constituyen transmisiones adicionales al tiempo del Estado que, por su contenido en materia de seguridad o defensa del territorio nacional, seguridad nacional, salubridad general, protección civil, y mensajes de auxilio de embarcaciones o naves en peligro que soliciten auxilio, están obligados a realizar gratuitamente y de manera preferente los concesionarios de uso comercial, público y social de radio y televisión

5 De conformidad con el artículo 255 de la LFTR, las cadenas nacionales constituye la obligación a cargo de los concesionarios de uso comercial, público y social que presten servicios de radiodifusión, de encadenar las estaciones de radio y canales de televisión en el país cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la Nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación.

6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2002.

7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968.

8  Publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 1 de julio de 1969.

9 Estos 18 minutos equivalen a un 1.25% del tiempo diario de transmisión de cada estación de televisión.

10 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014.

11 Número máximo de minutos susceptibles de ser asignados al INE, equivalentes al 12% del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad, en los términos de la base III, apartado A, inciso g) del artículo 41 constitucional.

12 Número de minutos distribuibles entre los partidos políticos, equivalentes al 50% del 12% máximo susceptible de ser asignado al INE del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad, en los términos de la base III, apartado A, inciso g) del artículo 41 constitucional.

13 Como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, o la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José).

14 Artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

15 Organización de los Estados Americanos. Disponible en:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_gobernabilidad.asp Página consultada el 6 de abril de 2015 a las 19:46 horas.

16 Instituto Nacional Electoral y Colegio de México. Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, Instituto Nacional Electoral, México, 2014.

17 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Encuesta telefónica sobre confianza en las instituciones, Cámara de Diputados, México, 2014.

18 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999.

19 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

20 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado Torres Mercado. Por lo que toca a la reforma constitucional, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La iniciativa que reforma diversas leyes en materia de comunicación política, se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.





 

Tiene la palabra la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley Minera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV, IX Y X DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY MINERA

(Presentada por la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT)

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente.

Muy ad hoc hablando ahora sí de corrupción, creo que no debe pasar desapercibido una de las grandes deudas que deja la LXII Legislatura, que es la reforma para el retiro de concesiones mineras cuando se cometan no solamente delitos como los que se han comprobado ya de estas empresas, que no solamente no dan seguridad laboral a sus trabajadores, sino que cometen todo tipo de tropelías, sino específicamente lo que tiene que ver con los ecocidios o con los delitos ecológicos.

Como todos recordaremos, el episodio más trágico de la minería en México ocurrió en 2006, en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, tras una explosión. A nueve años de la tragedia, seguimos esperando que los cuerpos de los mineros caídos se entreguen a sus familias.

Sin embargo, tenemos un caso moderno, por aquello que dicen de que los mexicanos no tenemos memoria, para recordarnos de los abusos que comete el Grupo México, el 6 de agosto de 2014, la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de lixiviado de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, como consecuencia de la falla de una tubería, dicen.

Para los que estuvimos allá, sabemos que no solamente fue la falla de la tubería, sino que no existían los elementos de seguridad básicos para poder manejar los desechos tóxicos que salen de la más grande mina de cobre del mundo. Es decir, estamos hablando de una empresa que tiene la explotación minera más grande del mundo, por mucho.

La siguiente, más abajo, está en Chile, y no es ni siquiera la mitad de lo que se encuentra en Sonora, y Grupo México, rompiendo toda normatividad, aparentemente con la complacencia de la Secretaría de Economía y de la Dirección General de Minas, no tenía las normas mínimas de seguridad para poder manejar el lixiviado de cobre. Es decir, la norma mínima dice que hay que tener dos albercas, por decirlo de alguna manera, para que cuando una se sobre, específicamente por las lluvias, la otra pueda detener el lixiviado de cobre, y ésta, que por cierto está en la parte más alta de la sierra de Sonora, no dañe no solamente la sierra, sino que tampoco se vaya el lixiviado de cobre a las aguas profundas, porque en estados como Sonora, donde falta el agua en muchas regiones, esto sería una gran tragedia.

Eso es lo que realmente sucedió el 6 de agosto, y mucho se ha hablado, se le decía que se le iba a multar a Grupo México con 40 millones de pesos, 40 millones de pesos que no servían ni para llevar agua a los damnificados inmediatos, luego nos dimos cuenta que el 2 de marzo pasado, la PROFEPA solamente lo multó por 26 millones de pesos, por 50 irregularidades en contra de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por no contar con la licencia ambiental única actualizada, no han instalado las plataformas y puertos de muestreo, ni ductos de descarga de diversos equipos, y no había realizado la evaluación de sus emisiones; 23 millones 565 mil 938, a quien maneja la licencia de explotación de cobre más grande del mundo.

Esto no es como quitarle un pelo al gato, es como nada más haberlo visto pasar, y a lo mejor, a ver si se le caía alguna lanita.

Porque de verdad es una burla, tanto como de la burla que sucede en este país, donde pareciera que la justicia no aplica para aquellos que tienen influencias y relaciones.

El gobierno federal, pues, impuso a Grupo México crear un fidecomiso por 2 mil millones de pesos, que por cierto hoy no funciona, con el pretexto de que estamos en época electoral, como si Grupo México fuese parte del proceso electoral, aunque parece que sí lo es, apoyando al gobernador y a su candidato en Sonora.

El Grupo México cuenta con una serie y un amplio historial de tragedias que han dañado a la clase trabajadora y que han dañado al pueblo de Sonora. Todavía hace dos semanas, nosotros nos sentábamos en la Cámara de Diputados con habitantes de Aconchi, de Ures y de 11 municipios más que están en las orillas del río Bacanuchi y el río Sonora, nos enseñaban el agua contaminada, nos hablaban de los problemas de salud que tiene, y pareciera que a la PROFEPA, que a la SEMARNAT y, sobre todo, que a la Secretaría de Economía, por no decir que le vale, no le importa.

Esta iniciativa, lo que estamos presentando es para que no exista una excepción más en este caso.

La Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Minas, como las avestruces, ha escondido la cabeza para no dar respuesta, y no decirnos por qué ni siquiera se ha tocado con el pétalo de una rosa la licencia del Grupo México, no sabemos siquiera cuál es el resultado de las inspecciones. Yo los he solicitado por transparencia, como Diputada, como miembro de la comisión, y nadie nos ha dado respuesta.

El Director General de Minas dijo, en alguna comparecencia, tres meses después de la tragedia, que estaban esperando un informe, cuando los que tienen que tener la información son ellos.

Es por ello que estamos pidiendo una modificación a la Ley Minera, para que se sancione con el retiro de la concesión a aquellos que por daños al ambiente generen un desequilibrio ecológico o una contingencia ambiental ocasionada por sus representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen bajo el amparo o beneficio de la persona moral, para que no haya equivocación, no haya prestanombres y no haya el pretexto que les brinda siempre las sociedades mercantiles a aquellos que quieren ampararse a través de la omisión de la ley.

Esta iniciativa, una gran deuda que queda en la Cámara de Diputados, y una gran deuda que queda con el pueblo de Sonora, sobre todo, y desde aquí hago un llamado al titular del Ejecutivo Federal, a que si estamos hablando en serio en materia de anticorrupción, Grupo México necesita ser sancionado.

Muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, LILIA AGUILAR GIL, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 FRACCIONES IV, IX Y X DE LA LEY MINERA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El desarrollo de la minería provoca un crecimiento económico y desarrollo para las comunidades. Esto debido por el desarrollo de empresas e instalaciones de apoyo que causan un gran aumento en la actividad económica -en términos de generación de empleos, derrama económica y construcción de infraestructura-. El impacto económico de la minería en México es la tercera actividad productiva más importante en el país después del petróleo y el sector automotriz.

Sin embargo la minería ha tenido ciclos económicos de auge y depresión que son considerados insostenibles. Indagar sobre el impacto de esta actividad en lo social y en lo ambiental permite ampliar el debate e identificar pros y contras de la minería en México en el corto, mediano y largo plazo; así como posibles soluciones ante las problemáticas manifestadas por las comunidades donde se han llevado a cabo proyectos mineros.

Los accidentes derivados de los desechos mineros y químicos de los procesos, puede obligar a las empresas a efectuar pagos mínimos en efectivo a ciudadanos locales que reclamen por daños.

La historia de este grupo industrial en relación a los accidentes que ha tenido en diversas zonas del país, se remota de muchos años atrás. El episodio más trágico en la historia el de la minería de Pasta de Conchos,  ubicada en San Juan Sabinas, Coahuila, donde el 19 de febrero de 2006, murieron 65 trabajadores tras una explosión.

El caso más reciente, es el ocurrido el día 6 de agosto de 2014, la minera Buenavista del Cobre S.A de C.V., ubicada en el municipio de Cananea del Estado de Sonora, derramo 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre (CuSO4)en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora como consecuencia de una falla de en la tubería de salida de una represa.

Los excedentes contaminaron el río Bacanuchi afluente del rio Sonora, el cual descarga sus aguas en la presa “El Molinito” y la presa “Abelardo L. Rodriguez”, por lo que se presentaron afectaciones en los municipios de: Arizpe, Banámachi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures, con una población aroximada de 24, 048 habitantes.

El derrame de sulfato de cobre acidulado alcanzó a los siguientes cuerpos de agua: Arroyo Tinajas (17.6 km); Río Bacanuchi (64 km); Río Sonora (190 km). En tanto que la Presa El Molinito, se mantiene cerrada precautoriamente sin que a la fecha se hayan presentado evidencias de contaminación.

Los contaminantes encontrados, entre otros, fueron: cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, maganeso y plomo, cuyos niveles están fuera de las normas ecológicas y de salud.

En un principio Grupo México declaro que el derrame fue consecuencia de lluvias por arriba de la media, sin embargo reportes subsecuentes tanto del servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua desmintieron el posicionamiento de la empresa.

Las terribles consecuencias que se han generado por este ecocidio, no sólo abarcan daños en materia ambiental o agrícola, sino que alcanzo al sector educativo, obligando al gobierno del Estado a suspender temporalmente clases en 88 escuelas de los 7 municipios involucrados en esta tragedia, retrasando una semana el inicio del ciclo escolar 2014 – 15 en todos los niveles educativos, lo que representa un equivalente a 5 mil 806 alumnos afectados.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) dio a conocer el 2 de marzo las sanciones impuestas a la empresa Buenavista del Cobre, que corresponden a la comisión de 50 diversas irregularidades en contra del marco normativo ambiental vigente, tras la inspección realizada a sus instalaciones luego del vertimiento de 40 mil metros cúbicos de dicha solución.

El importe total de estas multas fue de 23 millones 565 mil 938 pesos, esta cantidad es  independiente al Fideicomiso por 2 mil millones de pesos iniciales que impuso el Gobierno Federal a dicha empresa, para asegurar la remedición de los ríos Sonora y Bacanuchi en el estado de Sonora y la población afectada por la emergencia ambiental en cuestión.

La empresa no contaba con la Licencia Ambiental Única actualizada; no había instalado plataformas y puertos de muestreo, ni ductos de descarga de diversos equipos y, tampoco había realizado la evaluación de sus emisiones, lo que contraviene la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

No debemos permitir que una empresa como Grupo México, que cuenta con un amplio historial que abarca desde la tragedia de Pasta de Conchos, hasta denuncias en otros países por sobornos y devastación del medio ambiente, continúe operado con toda la libertad e impunidad.

Sin embargo en la Ley Minera no establece que cuando se ponga en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad la concesión será cancelada, esto amerita únicamente una suspensión.

El artículo 55 de la Ley Minera, advierte que la Secretaría de Economía sancionará con la cancelación de la concesión minera cuando no se ejecuten o comprueben las obras y trabajos previstos en la Ley en los términos y condiciones que se señalan en la misma.

Por lo que no establece claramente que por daños al ambiente que origine un desequilibrio ecológico o una contingencia ambiental ocasionado por sus representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas o simplemente cuando pongan en peligro la vida la integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad y cuando causen daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de la propiedad privada, la concesión será cancelada.

En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece lo que se entiende por:

● Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.

● Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas.

A continuación se presenta un cuadro comparativo para ilustrar las propuestas:

Artículo 55.- Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:

I al III.-

IV. (Se deroga)

V. No cumplir con los pagos por concepto de la prima por descubrimiento o de la contraprestación económica que en su caso corresponda cubrir, así como no rendir al Servicio Geológico Mexicano los informes semestrales a que se refiere el artículo 27, fracción X, de esta Ley;

 

VI al VIII…

IX.(Se deroga.)

 

X.(Se deroga.)

XI al XIII…

Artículo 55.- Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:

I al III…

IV.- Por daños al ambiente que origine un desequilibrio ecológico o una contingencia ambiental ocasionado por sus representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas.

V al VIII…

IX.- Por no contar con las condiciones de seguridad e higiene previstas en esta ley y en las disposiciones laborales aplicables.

X.- Pongan en peligro la vida la integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad.

XI al XIII…

Ante las consideraciones ante expuestas, me permito someter a consideración de esta Comisión Permanente el presente:

Decreto por el que se reforma el artículo 55 fracciones IV, IX y X de la Ley Minera.

Primero. Se reforma el artículo 55 fracciones IV, IX y X de la Ley Minera, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 55.- Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:

I al III…

IV.- Por daños al ambiente que origine un desequilibrio ecológico o una contingencia ambiental ocasionado por sus representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas.

V al VIII

IX.- Por no contar con las condiciones de seguridad e higiene previstas en esta ley y en las disposiciones laborales aplicables.

X.- Pongan en peligro la vida la integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad.

XI al XIII…

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de mayo de 2015.

Dip. Lilia Aguilar Gil

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.





 

Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de Ernesto Fidel López Nelio y dos personas más, acaecido el pasado 17 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a atraer la investigación del homicidio de Ernesto Fidel López Nelio y dos personas más, acaecido el pasado 7 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Presentada por la Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 6 de mayo de 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 6 de mayo del 2015, la Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de Acuerdo punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República para atraer la investigación del homicidio de Ernesto Fidel López Nelio y dos personas más, acaecido el pasado 7 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio No. CP2R3A.-28, de fecha 06 de mayo de 2015.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La diputada proponente manifiesta que derivado de la reunión que sostuvo con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca,  el pasado 30 de marzo, para revisar el caso en relación con esclarecimiento del homicidio de Ernesto Fidel López Nelio, reconocido líder y activista social, quién el pasado 7 de febrero del año en curso quien fue privado de la vida junto con 2 personas más en el Municipio de Santiago Juxtlahuaca en esa entidad federativa; señala la proponente que debido a la tardanza y nulos resultados que la actuación de esa autoridad estatal ha arrojado, todas las irregularidades, omisiones y anomalías que ha incurrido a fin de apoyar a los familiares que claman por justicia y que se castigue a los autores materiales e intelectuales de este hecho.

En la proposición con punto de acuerdo, la diputada hace una descripción de las observaciones de un experto criminólogo, quien al tener el expediente a la vista y revisar cada uno de los elementos contenidos en él,  indica que son notorias las deficiencias en la investigación del caso y que todos los elementos que faltan en la misma permiten demostrar que el funcionamiento del Sistema de Justicia Adversarial, al menos en Oaxaca y en especial en la Procuraduría de Justicia, tiene severas deficiencias; las cuales se reflejan en la investigación de los homicidios de Carlos Martínez Villavicencio, Ernesto Fidel López Nelio y Bernardo Bautista.

La promovente indica que el rigor científico con que se desarrollen los primeros pasos en la investigación constituye la base fundamental para reconstruir el cómo, el dónde, el cuándo y tener la certeza de atribución de responsabilidad penal, individualizando a los autores y/o partícipes del delito y señala que es necesaria una reformulación total de la investigación a través de las autoridades federales, que revisen la actuación de esa autoridad estatal y en su caso inicien las acciones pertinentes que propicien una rápida, efectiva y pronta acción de la justicia.

La diputada promovente señala que es inaplazable transitar hacía el total esclarecimiento del asunto materia del escrito en comento, dado que se trata de hechos constitutivos de delito, presumiblemente  realizados por integrantes de la delincuencia organizada en contra de quienes en vida abanderaron y defendieron diversas causas legítimas y democráticas en el Estado de Oaxaca.

Ante los planteamientos analizados en el punto de Acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

PRIMERO.- Se exhorta a la Mtra. Arely Gómez González, titular del Procuraduría General de la República, a que en el ámbito de sus facultades y atribuciones a la brevedad atraiga el caso del asesinato del reconocido líder y activista social Ernesto Fidel López Nelio, ocurrido el pasado 7 de febrero del año en curso en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

SEGUNDO.- Atentamente se solicita conocer en un término no mayor a 5 días contados a partir de la aprobación del presente, las acciones realizadas porla PGR en relación a la solicitud, sobre este mismo tema, formulada mediante escrito de fecha 19 de febrero del presente año, signado por quien suscribe y otros (as) compañeros Diputados, incluido el entonces presidente de la Cámara de Diputados y del Congreso dela Unión.

III. CONSIDERACIONES

Es importante aclarar que de acuerdo a un reporte elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, los hechos ocurrieron el martes 17 de febrero y no como lo expresa la promovente con fecha 7 de febrero de 2015.

Esta Primera Comisión, expresa su más enérgica condena por el homicidio de Ernesto Fidel López Nelio y dos personas más, acaecidos el pasado 17 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

Como lo expresa la diputada proponente y de acuerdo al reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, esta dependencia inició las investigaciones correspondientes con la finalidad de que se sancione a quien resulte responsable.

Es importante mencionar que el pasado 19 de febrero de 2015, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se condena el suceso en donde perdieron la vida los ciudadanos Carlos Martínez Villavicencio, Ernesto Fidel López Nelio y Bernardo Bautista, ocurrido en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

Esta comisión dictaminadora considera importante que el proceso de investigación se lleve a cabo de manera  rápida, efectiva y con pronta acción de la justicia y hace un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a realizar su mejor esfuerzo para garantizar condiciones de paz y seguridad frente al proceso electoral en curso.

La propuesta de la diputada proponente para que la Procuraduría General de la República en el ámbito de sus facultades y atribuciones a la brevedad atraiga dicho caso, en lo jurídico, se sustenta en el segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: “Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales…”.Así como, el segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece que “En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.”

De los ordenamientos citados se desprende la facultad de atracción que tienen las autoridades federales para conocer de delitos locales siempre y cuando, tengan conexidad con delitos federales, en este caso se trata de hechos constitutivos de delito, presumiblemente  realizados por integrantes de la delincuencia organizada de acuerdo al reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca.

Y con base a lo anterior, existe la posibilidad de atracción del parte de la PGR; pero sólo a ésta corresponde valorar las consideraciones aquí realizadas y los hechos que configuran el caso, para establecer si puede verificarse la necesidad de dicha atracción.

Por lo anteriormente expresado los integrantes de esta Primera Comisión consideran procedente solicitar a la Procuraduría General de la República, para que analice, de acuerdo a sus facultades y atribuciones de ley, la posibilidad de atraer la investigación sobre eldel homicidio de Ernesto Fidel López Nelio y dos personas más, acaecido el pasado 17 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes: 

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato de Ernesto Fidel López Nelio y dos personas más, acaecido el pasado 17 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, analice la posibilidad de atraer la investigación sobre el homicidio de Ernesto Fidel López Nelio, acaecido el pasado 17 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, y en su caso, rendir un informe a esta soberanía al respecto.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a promover entre la población la importancia de restituir los bienes mostrencos como un valor cívico ciudadano.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a promover ente la población la importancia de restituir los bienes mostrencos, como un valor cívico ciudadano, presentada por la Diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 13 de mayo de 2015 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a promover ente la población la importancia de restituir los bienes mostrencos, como un valor cívico ciudadano”.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-98 de fecha 13 de mayo de 2015.

II. CONTENIDO

La Diputada promovente expone que el artículo 774 del Código Civil para el Distrito Federal define como bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos, cuyo dueño se ignore, asimismo, cita el artículo 775 del mismo ordenamiento, en el que se señala que quien hallare una cosa perdida o abandonada, deberá entregarla dentro de tres días a la autoridad municipal del lugar o a la más cercana, si el hallazgo se verifica en despoblado.

En ese sentido, y derivado de los elevados índices de delincuencia que se viven en el país, la diputada expone que el gobierno tiene la responsabilidad de promover la sana convivencia entre los mexicanos y de irreductible importancia es difundir por parte de sus gobernantes el contenido de las disposiciones que nos rigen.

Por ello, considera que la disposición enunciada debe ser memorizada por los vecinos de todas las edades y en la medida en que el gobierno de la ciudad la enfatice habremos de obtener los resultados deseados para prevenir la comisión de delitos.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente resolutivo:

ÚNICO.-La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a promover entre la población la importancia de restituir los bienes mostrencos como un valor cívico ciudadano.

III. CONSIDERACIONES

A. Como refiere la diputada, los bienes mostrencos, que son los bienes muebles  perdidos o abandonados con dueño desconocido. El Código Civil Federal y el Código Civil para el Distrito Federal dedican el capítulo IV a los bienes mostrencos, y se dispone que quien lo halle debe entregarlo a la autoridad municipal, con el fin de que esta disponga de la cosa hallada para que se tase por peritos  y se deposite con formal y circunstanciado recibo.

Dichos ordenamientos disponen que se fijarán avisos durante un mes, de diez en diez días, en los lugares públicos de la cabecera del municipio, anunciándose que al vencimiento del plazo se venderá la cosa en almoneda pública; de ser el caso, el monto de la venta se repartirá en una cuarta parte a quien haya encontrado el objeto y las otras tres partes se destinarán a una institución de beneficencia, entre las cuales se    repartirán de manera proporcional los gastos efectuados por la conservación y manejo de la cosa.

En el caso de que alguien reclamara ser dueño, se remitirán sus datos al juez competente para que el reclamante pruebe su acción, interviniendo como parte demandada el Ministerio Público y de resultar dueño, se le deducirán los gastos1.

B. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 122, establece que el Jefe de Gobierno tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad.

En ese sentido, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal establece que el Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo del Procurador General de Justicia y este, a su vez, será nombrado o removido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Estatuto para el Gobierno del Distrito Federal.

C. En otro sentido, la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal establece, en el artículo 14, fracción I, la Administración Pública del Distrito Federal  fomentará la participación activa de los habitantes en la preservación del orden público, por medio del conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones; asimismo, el artículo 15, fracción I, establece como deber Cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno, las leyes, reglamentos y demás disposiciones que rigen en el Distrito Federal.

Asimismo, establece como autoridades responsables de la aplicación de la ley a:
I. El Jefe de Gobierno; II. Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal; III. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; IV. La Secretaría de Salud; V. Los Jefes Delegacionales; VI. La Dirección, y VII. Los Juzgados.

A. En virtud de lo anterior, esta Comisión estima procedente la proposición de la Diputada promovente, en virtud de que, en observancia a las disposiciones normativas precedentes, corresponde al Jefe de Gobierno como jefe de la Administración Pública del Distrito Federal, promover la buena convivencia de los habitantes de la Ciudad a través de la promoción de las leyes y principios que rigen la vida de los ciudadanos.

Cabe señalar que el Código Civil del Distrito Federal refiere que el Ministerio Público es la autoridad competente para conocer sobre los bienes mostrencos y que, por tanto, el Jefe de Gobierno es responsable en esta materia. Por tanto, la Comisión dictaminadora estima que el conocimiento de las leyes y la armonía en la vida de los ciudadanos es precursor de la buena convivencia y de la disminución de los índices delictivos, y que corresponde a las autoridades promover su difusión.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que, a través de las instancias competentes, promueva entre la población la importancia de restituir los bienes mostrencos como un valor cívico ciudadano.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 20 de mayo de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/normaplicable/2014/1/ccdf14012014.pdf




 

Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Yucatán a agilizar la investigación de los hechos cometidos en contra del ciudadano Hernán Javier Casares, a fin de que se finquen responsabilidades y se sancione a quienes resulten responsables.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Yucatán a realizar las acciones pertinentes en la investigación de diversos hechos delictivos en contra del periodista Hernán Javier Casares. Presentada por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresa los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 13 mayo de 2015, se presentaron ante el pleno la propuesta con punto de acuerdo, en la cual se exhorta al Gobernador del Estado de Yucatán a realizar las acciones pertinentes en la investigación de los hechos en contra del periodista Hernán Javier Casares por labores de su actividad profesional.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las propuestas con punto de acuerdo, plasma dentro de sus líneas la preocupación por parte de la titular del punto de acuerdo, por la situación del periodismo en México, la violencia contra los periodistas. La proponente menciona dentro, que este tipo de acciones afecta derechos, afecta la vida e integridad de la víctima, pero que además y principalmente, afecta a toda la sociedad.

La titular de propuesta, narra en unos renglones los supuestos hechos que dieron la pauta para generación del punto de acuerdo:

“Debido a varias denuncias ciudadanas, el 2 de mayo de 2015, Hernán Javier Casares, reportero de Diario de Yucatán, decidió investigar una serie de actividades que aparentemente tenían un fin electoral. El reportero fue sorprendido por un grupo de personas que lo agredieron física y verbalmente. Una de las personas le quitó su celular y otra persona, las llaves de su coche”.

El martes 5 de mayo, el Diario de Yucatán denunció con detalle un hecho que no puede ser pasado por alto, la agresión a Hernán Javier Casares por decenas de trabajadores en una bodega del sur de Mérida, ante policías, por tratar de constar un hecho que no ha podido ser evidenciado pero que es conocido en la región; intentó evidenciar la relación político electoral y documentar la relación de las actividades de un centro de “suministro electoral”.  Hechos, que son un atentado evidente a la libertad de expresión”.

Ante los planteamientos analizados en el punto de Acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

Único: El Senado de la República exhorta al Gobernador del Estado de Yucatán a que realice las acciones pertinentes en la investigación de diversos hechos delictivos en contra del periodista Hernán Javier Casares; y que se investigue y se sancione a los policías que estuvieron presentes el día de los hechos.

III. CONSIDERACIONES

En los últimos años la labor periodística en México, se ha convertido en una actividad de alto riesgo, un tanto por la situación política que prevalecía en nuestro país a causa de la lucha contra el narcotráfico y la inercia que nos sigue sacudiendo, y otro tanto por la falta de medidas de prevención de los informadores en el pleno uso de su derecho a la libertad de expresión.

Ser periodista en México es por demás difícil. La acción más apremiante en este momento es proteger y garantizar que en este país se ejerza la libertad de expresión sin miedo a amenazas, intimidaciones o limitaciones. La prevención y la protección, entonces, no están en manos de una sola persona o instancia, es trabajo de quienes creen en los derechos humanos.

Así mismo esta dictaminadora comenta  que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público, y que el derecho a la información será garantizado por el Estado;

Que la libertad de expresión es una función social de interés público y efecto del buen gobierno, la cual se manifiesta en el ejercicio de un derecho fundamental, inalienable, e inherente a todas las personas y, como un elemento esencial de la sociedad que fortalece las instituciones democráticas de las naciones libres, principios reconocidos en todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte;

Que el Gobierno Federal ha dado muestras de voluntad política y ha desplegado esfuerzos para atender adecuadamente el tema referido a agresiones contra periodistas. Sin embargo, persiste la demanda sentida y reiterada por parte de la sociedad, relativa a mejorar y fortalecer las acciones de gobierno que garanticen la integridad física y moral de quienes desarrollan en México una actividad periodística o de información, a fin de estar éstos en posibilidades de realizar dicha función fundamental;

Que los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que la investigación, el ejercicio de la acción penal y la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal corresponde al Ministerio Público de la Federación y que éste último estará presidido por el Procurador General de la República;

Que en la Declaración Conjunta sobre Delitos Contra la Libertad de Expresión, de la Organización de los Estados Americanos, se señaló la importancia fundamental de la libertad de expresión, tanto en sí misma como en cuanto herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos, como elemento central de la democracia y para el avance de los objetivos de desarrollo; la Organización manifiesta un profundo dolor por los inaceptables índices de incidentes de violencia y otros delitos contra la libertad de expresión, como asesinatos, amenazas de muerte, desapariciones, secuestros, detenciones arbitrarias, persecución, intimidación o daños a equipos y bienes de los periodistas.

Si bien, la Dictaminadora expresa su sentir de malestar contra las agresiones hacia los periodistas por razón de su trabajo y manifiesta su preocupación por la seguridad de los mismos, por tal motivo, manifiesta que es pertinente aprobar el punto de Acuerdo y exhortar a la autoridad competente para que realice las investigaciones pertinentes y sancione a los responsables por las agresiones al C. Hernán Javier Casares.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Genera Justicia del Estado de Yucatán, para agilizar la investigación de los hechos cometidos en contra del C. Hernán Javier Casares a fin de que se finquen responsabilidades y se sancione a quienes resulten responsables.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 20 de mayo de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el fenómeno del desplazamiento interno en nuestro país, así como las políticas públicas para la atención del mismo.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación a que informe acerca del fenómeno del desplazamiento interno en nuestro país; se exhorta al Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales, A que diseñen y apliquen politicas y medidas para la atención de la población desplazada, y al Congreso de la Unión para que emita a la brevedad posible el marco jurídico para reconocer y atender a esta población. Presentada por los Diputados Amalia García Medina, Miguel Alonso Raya, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I .ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 13 de mayo del 2015 fue presentada la proposición con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales, a que diseñen y apliquen politicas y medidas para la atención de la población desplazada, y al Congreso de la Unión para que emita a la brevedad posible el marco jurídico para reconocer y atender a esta población.

b) En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio No. CP2R3A.-129, de fecha 13 de mayo de 2015.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta manifiesta que la problemática del desplazamiento forzado interno es un fenómeno que cada día se profundiza más en México, y cuyas personas, su situación a diferencia del caso de las personas refugiadas, estas se han visto forzadas a abandonar sus hogares.

Estas personas no han cruzado una frontera internacional, por lo que el gobierno tiene la responsabilidad de satisfacer sus necesidades de protección y asistencia, al menos en los términos que se señalan en los principios que establecen las normas aplicables que van desde acciones preventivas para evitar el desplazamiento, hasta la situación del desplazamiento cuando ya ha ocurrido y  procurar su regreso y reintegración a su lugar de origen.

Esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos del punto de Acuerdo en referencia, que a la letra dicen:

PRIMERO. Se solicita a la Secretaría de Gobernación, de cuenta a esta Soberanía de toda la información disponible acerca del fenómeno del desplazamiento interno en nuestro país, incluyendo:

• Número de familias y personas afectadas

• Razones de los desplazamientos

• Consecuencias y condiciones resultantes del desplazamiento en cada caso

• Ubicación de los núcleos de personas desplazadas, incluyendo sus lugares de origen

• Información acerca de las necesidades de atención y asistencia de estos núcleos de población desplazados, y necesidades para su reasentamiento en nuevos lugares o reintegración a sus lugares de origen

• Políticas públicas generales y específicas que ha tomado el Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales, para dar atención a estas personas.

SEGUNDO. Se exhorta al Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales, a que diseñen y aplique políticas públicas y medidas acordes a los términos de los instrumentos internacionales de derecho humanitario, para la debida atención de estos sectores de la población.

TERCERO. Se exhorta al Congreso de la Unión para que, en el marco de las obligaciones internacionales contraídas y los términos del Artículo Primero Constitucional, emita a la brevedad posible el marco jurídico necesario para reconocer y atender a esta población, en los términos de los estándares internacionales reconocidos por nuestro país en la materia.

III. CONSIDERACIONES

La propuesta con punto de acuerdo, en sus líneas expone la problemática del país, en cuestión de personas desplazadas de su lugar de origen. Las poblaciones desplazadas abandonan su lugar de residencia habitual en movimientos colectivos, debido por lo general a un desastre repentino – como un terremoto o una inundación –, a una amenaza o a un conflicto armado, como mecanismo para hacer frente a la situación y con la intención de regresar.

Si bien la migración y el desplazamiento están interrelacionados, deben distinguirse. La situación de las poblaciones desplazadas, ya sea a través de fronteras (por ejemplo, afluencia de refugiados) o dentro de sus países, debido a un desastre o un conflicto armado, requiere por lo general la puesta en marcha de operaciones de socorro conjuntamente con una labor orientada a brindar soluciones duraderas colectivas. La migración, a su vez, suele requerir asistencia social, protección jurídica y apoyo a las perspectivas futuras más individualizadas.

El desplazamiento, sea cual sea su causa, es siempre traumático, o sea que ha de preverse en todos los casos un servicio de apoyo psicológico. Los desplazamientos de poblaciones llevan a menudo a las personas a seguir buscando un lugar para instalarse y a convertirse en migrante.

En México existen decenas de miles de personas que han tenido que salir de su lugar de origen debido a la violencia, y aunque las autoridades tienen conocimiento de este fenómeno de desplazamiento forzoso, no se ha estudiado su magnitud ni se ha ayudado a las víctimas.

En México, la CNDH ha documentado casos de desplazamiento interno forzado debido a conflictos comunitarios, desastres naturales y violencia. Y también probables desplazamientos a causa del desarrollo de megaproyectos en los que no se respetan los principios de la consulta previa a las comunidades en las que se pretenden desarrollar.

Las personas desplazadas se enfrentan de manera inmediata a la necesidad de cobijo y alojamiento, agua potable y alimentos; de garantizar su seguridad física, así como la de su familia; de acceder a condiciones higiénicas en el lugar en que se sitúan, así como de atención médica y psicológica. Frecuentemente, derivado de haber abandonado de manera abrupta su lugar de origen, no llevan consigo documentos para acreditar su identidad, lo cual les limita el acceso al pleno goce de sus derechos (trabajo, educación, asistencia social y propiedad, entre otros).

La salud es uno de los derechos que merecen especial protección por parte de los Estados, especialmente cuando se trata de sectores y grupos sociales marginados, empobrecidos o vulnerables. Es el caso de las personas desplazadas, quienes siendo víctimas de una múltiple violación a sus derechos están sometidas a precarias condiciones de vida durante un periodo de tiempo indeterminado, lo cual implica una serie de obstáculos y dificultades objetivas que impiden que puedan disfrutar de una vida digna únicamente con base en sus propios esfuerzos.

Esta Comisión dictaminadora considera necesario que las autoridades generen datos y cifras sobre el desplazamiento interno forzado. El conocimiento de datos básicos tales como el número de personas afectadas, sus lugares de origen, los motivos y consecuencias de los desplazamientos, la ubicación de los núcleos de personas desplazadas así como sus necesidades de atención y los requerimientos para su reasentamiento en nuevos lugares o reintegración a sus lugares de origen, resultan esenciales para que las instituciones nacionales diseñen respuestas apropiadas para dar atención a estas personas.

De conformidad con lo anterior, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación, rinda un informe detallado a esta soberanía sobre el fenómeno del desplazamiento interno en nuestro país, así como de las políticas públicas para la atención del mismo.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los poderes Ejecutivo Federal y estatales, a diseñar y aplicar políticas públicas y medidas acordes a los términos de los instrumentos internacionales de derecho humanitario, con el fin de dar la debida atención de estos sectores de la población.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a los poderes ejecutivos de la Federación y de las entidades federativas, a buscar solución inmediata a la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales y se retomen y apliquen las propuestas señaladas con el fin de solucionar la problemática y carencias detectadas en dichos centros.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMSIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a buscar la solución inmediata de la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, presentada por la Diputada Verónica Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la sesión del miércoles 13 de mayo de 2015 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a buscar la solución inmediata de la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

b) En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-135 de fecha 13 de mayo de 2015.

II. CONTENIDO

La diputada promovente refiere que en días pasados la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, y que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal de la República Mexicana, en el que se reporta un diagnóstico de los centros para adolescentes a partir de las visitas de supervisión de 56 instituciones de esta naturaleza en los 31 Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal, que ha dado como resultado la detección de una serie de carencias, deficientes condiciones materiales, falta recurrente de equipamiento apropiado de los centros, así como anomalías que evitan y obstaculizan la garantía y el respeto a los derechos humanos de los internos, lo que tiene puede generar mayores perjuicios a la población que se pretende “reinsertar”.

Explica que son 56 los centros que se encuentran en funcionamiento, organizados en 15 varoniles, 37 alojan a hombres y mujeres, y únicamente 4 son exclusivos para mujeres; en conjunto, la capacidad instalada es de 8,728 espacios, mientras que el número de personas internas asciende a 4,734, entre los cuales se encuentran 4,448 hombres y 286 mujeres. De este universo, 1,841 se encuentran sujetos a procedimiento y 2,893 están cumpliendo una medida de tratamiento; asimismo, 4,438 de ellos están internados por delitos del fuero común y 296 por delitos del fuero federal.

Señala que los problemas más inquietantes en dichas instituciones son:

a. La existencia de quienes refirieron hechos relacionados con maltrato físico y psicológico de parte de servidores públicos adscritos a esos establecimientos, tales como: golpes, insultos, amenazas, permanencia en posturas forzadas y uso de esposas por lapsos prolongados; utilización de gas pimienta, vendas en los ojos, condiciones de encierro sin ropa, en celdas insalubres, sin servicios sanitarios ni ventilación, así como privación de agua y alimentos.

b. Instalaciones que no reúnen las condiciones para garantizar una estancia digna, con alguna o varias deficiencias relacionadas con la carencia o insuficiencia de camas, colchones, inodoros, lavabos y/o regaderas; sillas y mesas en áreas de visita familiar; falta de vidrios en ventanas, y de puertas en los servicios sanitarios, lo que provoca falta de privacidad.

c. Los espacios destinados a mujeres carecen de instalaciones adecuadas, restringiéndoseles el acceso a las actividades o servicios que en ellas se brindan o bien, tienen que compartirse con los varones, como son las de locutorios, visita familiar, comedores, talleres, aulas, biblioteca, patios, áreas deportivas y médicas entre otras. Asimismo, no existe personal técnico específico para la atención de las menores de 18 años internas, por lo que se comparten los servicios del personal que atiende a los varones.

d. La existencia de mala calidad e insuficiente cantidad de los alimentos que se proporcionan a las y los adolescentes, así como falta de higiene durante la elaboración de los mismos.

e. Además, en 5 centros se observaron condiciones de hacinamiento debido a una mala distribución de la población, lo cual provoca que varios adolescentes compartan cama o duerman en el piso.

f. No existe una estricta separación entre quienes están sujetos a procedimiento y las y los que cumplen una medida de tratamiento, por lo que no se realiza una apta clasificación de estas personas ya que las autoridades no establecen criterios para ubicarlos o las instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para tal efecto.

g. Una situación con mayores limitaciones y carencias es la que enfrentan las y los adolescentes que presentan alguna discapacidad o quienes son indígenas.

h. Por otra parte, en 30 centros de tratamiento interno, el personal directivo y/o de seguridad y custodia entrevistados refirieron no haber recibido capacitación alguna en materia de derechos humanos y/o prevención de la tortura.

Asimismo, manifiesta que el interés superior del niño o la niña es de observancia para todas las instituciones públicas, y para las políticas y acciones del gobierno, de igual forma, destaca que el Estado debe ofrecer condiciones de internamiento apropiadas y tratar a los internos con absoluto respeto a su dignidad, sobre todo cuando se considera que es parte de un grupo vulnerable, como es el caso de las y los adolescentes.

En ese tenor, la diputada apunta que se deben implementar políticas públicas encaminadas a garantizar a los y las jóvenes el acceso a todos sus derechos, enumera, además, las propuestas desarrolladas por la CNDH, entre las que se encuentran las siguientes:

• Realizar las gestiones pertinentes con la finalidad de que todos los centros de tratamiento interno reúnan las condiciones de habitabilidad necesarias y cuenten con espacios suficientes para garantizar a las y los adolescentes una estancia digna, así como el acceso a los servicios y actividades necesarias para el cumplimiento de las medidas decretadas por las autoridades judiciales, por lo que se deberán presupuestar anualmente de manera específica para tal efecto.

• Que las necesidades específicas de las mujeres sean visualizadas a fin de garantizarles el acceso digno en igualdad de condiciones a los servicios y actividades, para lo cual se debe contar con instalaciones exclusivas para ellas, en buen estado, con espacios suficientes para alojarlas en condiciones de estancia digna, con la participación de personal específico y suficiente para su atención.

• Buscar que en los establecimientos que presentan sobrepoblación y/o hacinamiento, se realice una distribución equitativa de las y los adolescentes, que evite en la medida de lo posible el uso de áreas cuya ocupación exceda su capacidad instalada.

• Implementar que la imposición de las sanciones disciplinarias a las y los jóvenes se realice con respeto al derecho de audiencia, mediante una resolución fundada y motivada que les sea notificada por escrito.

• Erradicar la aplicación de correctivos disciplinarios por lapsos excesivos; el régimen de aislamiento; la restricción de la visita, las comunicaciones telefónicas y el acceso a las actividades relacionadas con los programas individualizados de atención como sanciones disciplinarias, así como la falta de vigilancia y supervisión de las áreas técnicas durante el cumplimiento de las mismas.

• Prevenir entre el personal de los centros, conductas que puedan constituir tortura o maltrato, para lo cual se deben implementar programas de capacitación sobre derechos humanos, prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que contemplen los temas del uso racional de la fuerza y manejo de conflictos, entre otros.

Por esta razón, considera urgente que las autoridades de la Federación, los gobiernos de los estados y el Distrito federal tomen cartas en el asunto y busquen solución inmediata de las evidencias señaladas por la CNDH en su informe. Bajo esa línea argumental, propone los siguientes resolutivos:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, para que busquen la solución inmediata de la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y al Distrito Federal para que retome y aplique las propuestas manifestadas por la CNDH en su Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, a fin de solucionar la problemática y carencias detectadas en dichos centros.

III. CONSIDERACIONES

A. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 102, apartado A, establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece, en su artículo 6, las atribuciones del organismo y entre ellas se señala el conocer e investigar presuntas violaciones de derechos humanos por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal y proponer a las diversas autoridades del país que, en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

B. El documento al que se refiere la Diputada Verónica Juárez Piña, es el “Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales que depende de los gobiernos estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana”1, presentado ante el Congreso de la Unión el 3 de marzo de 2015; dicho documento tiene como antecedente “Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de los menores de edad internos en los centros de tratamiento de la República Mexicana”, publicado el 8 de julio de 2003 derivado del cual se hizo un llamado a la Federación y a los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal para que, dentro de sus ámbitos de competencia y facultades, realizaran las acciones necesarias para garantizar el respeto pleno de sus derechos humanos.

El documento da cuenta de la reforma al artículo 18 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005, a través de la cual se dio origen a un cambio de paradigma en el sistema de justicia para menores de edad que infringen la ley penal del país. Destacan, entre otros puntos relevantes, los siguientes aspectos:

• La protección de los derechos fundamentales que para todo individuo otorga la Constitución, además de aquéllos que por su condición de personas en desarrollo, les son reconocidos;

• El establecimiento de los principios fundamentales respecto de la protección integral, el interés superior del adolescente y la especificidad de la materia;

La CNDH ha verificado el cumplimiento de las disposiciones establecidas en dicha reforma, por lo que el 13 de septiembre de 2006 presentó el “Informe Especial sobre el cumplimiento en el ámbito federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal”, producto de lo cual se dio atención a algunas irregularidades presentadas, sin embargo, el diagnóstico más reciente evidencia que persisten violaciones a los derechos humanos de las y los adolescentes internos en estas instituciones.

La CNDH informa que se efectuaron visitas a 56 centros para adolescentes, en las que se implementó la Guía de Supervisión de Centros de Internación para Adolescentes con el fin de conocer el grado de avance en la  implementación de mecanismos que permitan el respeto pleno de los derechos humanos de los internos.

A partir de este trabajo, la CNDH da cuenta de la existencia de hechos que contravienen diversas normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos en agravio de los adolescentes que infringen las leyes penales, asimismo, refiere que estos hechos están relacionados con factores de riesgo en materia de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, inadecuadas condiciones de las instalaciones e insalubridad, falta de áreas para el acceso a servicios y actividades, condiciones de desigualdad de las áreas y personal especializado, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, privilegios,  inapropiada separación y clasificación, irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, insuficiente difusión de reglamentos y en algunos casos, la inexistencia de reglamentos y de manuales de procedimientos.

Además, señala que se detectaron irregularidades en la prestación del servicio médico; ausencia de programas contra las adicciones y para el tratamiento de desintoxicación; insuficiente personal; falta de capacitación a servidores públicos adscritos a los centros de tratamiento interno y deficiencias en su supervisión; presencia de elementos policiales que viven en los establecimientos; obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las estancias; deficiencias que afectan los vínculos con personas del exterior; falta de modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad física; incorrecta atención a adolescentes con discapacidad psicosocial, así como falta de apoyo de intérpretes para quienes pertenecen a comunidades indígenas y no hablan el idioma español.

Los hallazgos de la CNHD contravienen lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de nuestro país y los artículos 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la ONU el 16 de diciembre de 1966 y vigente desde el 23 de marzo de 1976; 5.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José, Costa Rica”, del 22 de noviembre de 1969; y del principio 1 del “Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión”, adoptados por la ONU el 9 de diciembre de 1988, los cuales establecen que todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas humanamente y con respeto a su dignidad; los artículos 1 y 16.1, de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la ONU el 10 de diciembre de 1984 y vigente en México desde el 26 de junio de 1987; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, particularmente, el artículo 37, inciso a), de la Convención Sobre los Derechos del Niño, en virtud de los cuales está prohibido cualquier acto de tortura, así como las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

C. Respecto a las irregularidades que operan en los Centros de Tratamiento para Adolescentes, la legislación internacional en la materia establece la observancia al interés superior de la niñez en todo acto del Estado que involucre a este sector de la población.

Bajo esa premisa, el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la ONU el 20 de noviembre de 1959, señala que “[…] un niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”y que“… gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.”

En ese sentido, el artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU el 20 de noviembre de 1989 y vigente en México desde el 25 de enero de 1991, establece que: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

En ese tenor, el artículo 37, inciso c), de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ordena a los Estados parte velar por que: “Todo niño privado de la libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad”; particularmente, las “Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad”, en los artículos 12, 31, 32, 33 y 34, subrayan que: “La privación de la libertad debe efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos humanos.2

D) La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde el 5 de diciembre de 2014, establece en el artículo 1, fracción II, que dicho instrumento tiene por objeto “Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte” y define como niño o niña a los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Asimismo, el artículo 3 dispone que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.

Cabe mencionar que nuestro país cuenta con una Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que entrará en vigor a más tardar el 18 de junio de 2016. Esta Ley tiene como objeto crear un Sistema Federal de Justicia para adolescentes y se aplicará a personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad a quienes se les atribuya o compruebe la realización de una o varias conductas tipificadas como delito.

El artículo 4 de esta ley como principio rector del Sistema el interés superior del adolescente se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los adolescentes, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances previstos en los instrumentos internacionales, garantizando que toda medida que el Estado tome frente a ellos, cuando realizan conductas tipificadas como delito en las leyes federales, deba interpretarse y aplicarse siempre en el sentido de maximizar los derechos de los adolescentes y de restringir los efectos negativos de su sujeción a un Sistema que en esencia tiene un carácter sancionatorio.

E. Las consideraciones vertidas en este apartado dan cuenta de un esfuerzo del Estado mexicano para garantizar la protección y el respeto a los derechos humanos de los menores, así como anteponer la dignidad humana y el principio de interés superior de la niñez en cualquier proceso judicial al que estén sujetos los menores de dieciocho años, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas.

Tal como lo señala la Diputada Verónica Juárez Piña, es obligación de la Federación, de las autoridades de las entidades federativas y del Distrito Federal llevar a cabo acciones que permitan el tratamiento de los menores infractores con respeto a su dignidad humana y a los derechos humanos consagrados en diversos tratados internacionales suscritos por México, así como por nuestra legislación, que prevé plena observancia al interés superior de la niñez y al principio pro persona.

Si bien es cierto que se han llevado a cabo acciones para subsanar las irregularidades en las instituciones del sistema penitenciario y en los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes, siguen presentándose conductas que laceran los derechos y la integridad nuestros niños y jóvenes.

Por ello, es menester redoblar esfuerzos desde cualquier ámbito para que estas instituciones desarrollen sus actividades con plena observancia a la legislación vigente en la materia, y encaminen sus esfuerzos para lograr cumplir con su objetivo, que no es otro que reinsertar a los adolescentes que infringen las leyes penales.

Lograr la aplicación cabal de los principios enunciados en nuestra Constitución, así como de los tratados internacionales de los que México es parte es una obligación impostergable, por tanto, se considera viable el punto de Acuerdo enunciado en el proemio del presente dictamen, sin embargo, atendiendo a razones de técnica legislativa, se sugiere sintetizar los exhortos propuestos por la Diputada Verónica Juárez en un solo resolutivo.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los poderes ejecutivos de la federación y de las entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, busquen solución inmediata a la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se retomen y apliquen las propuestas señaladas con el fin de solucionar la problemática y carencias detectadas en dichos centros. 

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-03-1/assets/documentos/CNDH_INFORME_ESPECIAL_ADOLESCENTES_2014.pdf

2 Cfr. Ídem.





 

Por el que se considera atendido el punto de Acuerdo sobre el asesinato del ciudadano Ricardo Cadena Becerra, a manos de un policía del Municipio de San Pedro Cholula.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el asesinato del ciudadano Ricardo Cadena Becerra a manos de un policía del municipio de San Pedro Cholula y exhorta al gobierno del estado de Puebla a investigar el hecho y sancionar a quienes resulten responsables. Fue presentada por Dip. Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 13 de mayo de 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del 2015, el Dip. Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la proposición con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el asesinato del ciudadano Ricardo Cadena Becerra a manos de un policía del municipio de San Pedro Cholula y exhorta al gobierno del estado de Puebla a investigar el hecho y sancionar a quienes resulten responsables.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficioCP2R3A.-109, de fecha 13 de mayo de 2015.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El Diputado proponente manifiesta que el pasado día 3 de mayo, tres jóvenes, entre ellos un menor de edad, salieron de un bar de San Pedro Cholula, Puebla, y cuando regresaban a su domicilio habrían comenzaron a hacer pintas en diversos muros, siendo detenidos por elementos de la policía municipal, quienes asesinaron a uno de ellos, Ricardo Cadena Becerra.

En la propuesta se indica que, el subdirector de la Policía Municipal, JaidMothe Hernández, se entregó a las autoridades ministeriales, ante quienes admitió su responsabilidad en la muerte de Cadena Becerra, quien perdió la vida de un balazo en la cabeza, destaca que el subdirector de la Policía Municipal, adujo en su defensa que el deceso de Ricardo no fue intencional, pues su arma de cargo se disparó accidentalmente mientras corría para detener a los jóvenes.

El promovente expresa que este hecho no es un caso aislado, sino que es un reflejo de la escasa capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad del Estado de Puebla y la  situación generada es por la incompetencia de las fuerzas de seguridad e indica que no es posible que la probable comisión de una falta administrativa derive en la muerte de un joven.

Por lo anteriormente expuesto, se plasma textualmente el resolutivo del proponente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el asesinato del C. Ricardo Cadena Becerra, a manos de un policía del municipio de San Pedro Cholula y exhorta al Gobierno del Estado de Puebla a que investigue el hecho y se sancione a quienes resulten responsables.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión expresa su compromiso y preocupación por el respeto a los derechos humanos. Tales derechos no solo están contemplados en el primer párrafo del artículo 1° de nuestra Constitución Política, sino que esta misma como poder supremo  contempla el reconocimiento de todo Derecho Humano contenido en Tratados Internacionales signados por México.

En el mismo sentido, el respeto a los derechos humanos es una obligación para todas las  autoridades, el artículo 1° en mención establece  en su párrafo tercero que: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Esta Comisión estima que la muerte de cualquier persona es lamentable y comparte la preocupación del proponente por los hechos del pasado 3 de mayo en el barrio de Santiago Mixquitla, Puebla, en donde fue asesinado el joven Ricardo Cadena Becerra.

Como se indica en la propuesta, el subdirector de la Policía Municipal, JaidMothe Hernández, se entregó a las autoridades ministeriales, ante quienes admitió su responsabilidad en la muerte de del joven Ricardo Cadena Becerra.

El 13 de mayo del mes en curso, el juez de primera instancia en el Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Alejandro León Flores confirmó el auto de formal prisión en contra de JaidMothe Hernández por el delito de homicidio calificado y quedó preso en el Cereso de Cholula.

Esta comisión dictaminadora considera que el objeto de la Proposición ha quedado sin materia toda vez que se confirmó el auto de formal prisión al responsable de tan lamentable hecho.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión desecha la proposición con punto de Acuerdo que condenaba el asesinato del C. Ricardo Cadena Becerra, a manos de un policía del municipio de San Pedro Cholula y exhortaba al Gobierno del Estado de Puebla a que investigue el hecho y se sancione a quienes resulten responsables, toda vez que ha sido satisfechas y atendidas las motivaciones del proponente, con el auto de formal prisión del responsable de tan lamentable hecho.

SEGUNDO.-Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Tenemos también diversos dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

Que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, resultado de la Evaluación Internacional del Programa de Vacunación Universal de México.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, resultado de la evaluación internacional del programa de vacunación universal de México.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 13de mayo 2015, las Senadoras, Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza,  Leticia Herrera Ale, Itzel Saraí Ríos De La Mora y María Elena Barrera Tapia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las legisladoras proponentes del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“En la “Semana de Vacunación en las Américas”, celebrada entre el 25 de abril y el 2 de mayo, se dio el anuncio de que el continente americano se convirtió en la primera región del mundo en ser declarada libre de la transmisión endémica de rubeola. Carissa F. Etienne, Directora de la OPS/OMS señaló "La eliminación de la rubéola de las Américas es un logro histórico que refleja la voluntad colectiva de los países de nuestra región de trabajar juntos para lograr metas ambiciosas de salud pública. Estos logros prueban el valor de la vacunación y cuán importante es hacer que las vacunas estén disponibles aún en los rincones más remotos de nuestro continente".

En este mismo marco, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó la “Evaluación Internacional del Programa de Vacunación Universal de México” (PVU). En dicho informe, la OPS señala desafíos y recomienda acciones a seguir, entre las que destacan las siguientes:

● Realizar la instalación o reparar de las cámaras de frio pendientes así como garantizar la disponibilidad de recursos humanos específicos y calificados para la cadena de frio en todos los casos.

Recomendación: Garantizar que se cuente con los recursos económicos necesarios para realizar las acciones.

● Establecer una estrategia de información, comunicación y educación en los diferentes niveles de gestión para promover el uso de los servicios de vacunación.

Recomendación: Elaborar una estrategia interinstitucional e intersectorial de información, comunicación y educación para apoyar las actividades del programa permanente de vacunación.

● Contar con una Ley de Vacunación que permita asegurar la mantención de los logros y que garantice la liberación central del presupuesto en forma oportuna y sin interrupciones.

Recomendación: La Secretaría de Salud debe impulsar la aprobación de mecanismos legales para asegurar la mantención de logros y garantizar los insumos para vacunar  (Ley de vacunas- Reforma a la Ley General de Salud).

Nos es imposible dejar de señalar, con relación a este último desafío y recomendación, que actualmente en comisiones del Senado, se encuentra en estudio una iniciativa que reforma la Ley General de Salud en materia de vacunación universal, la cual, a través de la consolidación de la vacunación como un derecho, busca asegurar la mantención de los logros y además garantiza que, año con año, se cuente con los recursos etiquetados para la adquisición y aplicación de las vacunas incluidas en el Esquema de Vacunación, de manera progresiva e irreversible. Esta iniciativa facilitará la incorporación de dichas recomendaciones y hará más eficiente el gasto en salud.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO. La comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud y las demás Instituciones del Sistema Nacional de Salud se adopten las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud resultado de la Evaluación Internacional del Programa de Vacunación Universal de México."

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito respecto de la importancia de la colaboración oportuna y eficiente de todas las partes involucradas en el sistema de vacunas que permite minimizar los riesgos y maximizar los beneficios de las vacunas. Nuestro país cuenta con una larga historia sanitaria en materia de aplicación y producción de vacunas. El prestigio logrado por el programa de vacunación es consecuencia de una serie de eventos que confluyeron en la elaboración de vacunas efectivas, de bajo costo, fácilmente aplicables a gran escala y con efectos protectores duraderos.

En este sentido el Programa de Vacunación Universal (PVU), es el paradigma de los programas preventivos que inciden en forma inmediata y permanente en la salud de la sociedad generando una nueva forma de entender los problemas y las necesidades sanitarias promoviendo la coordinación entre las diferentes instituciones del sector salud, lo que ha permitido actuar en forma conjunta y organizada en el logro de la meta común. En países como el nuestro donde el logro de una mayor justicia social resulta impostergable, el PVU es un elemento primordial para disminuir las inequidades en materia de salud, propias del subdesarrollo.

Las cifras nacionales oficiales de inmunización indican altas coberturas de vacunación en México; sin embargo, hay evidencia creciente de que los grupos más vulnerables no son alcanzados por los programas de vacunación. Motivo por el cual el Estado mexicano tiene que continuar fomentando los esfuerzos para aumentar las coberturas de vacunación, y así enfrentar los nuevos desafíos entre los cuales destacan la vigilancia epidemiológica, la producción de vacunas, la reducción de barreras regulatorias, la sostenibilidad del programa y la presencia de amenazas.

II.- Esta Dictaminadora considera que la vacunación es la mejor estrategia en Salud Pública para erradicar, eliminar o controlar enfermedades; por lo que los beneficios que se obtienen con la inmunización superan de forma sustancial los riesgos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define la cadena de frío como el “sistema logístico que comprende los recursos humanos, materiales, necesarios para llevar a cabo el almacenamiento, conservación, transporte de las vacunas en condiciones óptimas de temperatura, desde el lugar de fabricación, hasta el sitio donde las personas son vacunadas”.

En cuanto a la importancia de la cadena de frío para el desarrollo exitoso del Programa de vacunación en nuestro país, esta radica en mantener su continuidad, ya que una falla en alguna de las operaciones básicas compromete seriamente la calidad de las vacunas. Esto requiere disponer de equipo especial y material de calidad para su buen funcionamiento, personal de salud con capacitación específica sobre los procedimientos y manejo en los diferentes niveles de la estructura operativa del Sistema Nacional de Salud; además, de financiamiento permanente para asegurar la operación de los recursos humanos y materiales.

III.- La Segunda Comisión reitera que el éxito del Programa de Vacunación Universal obliga reflexionar sobre los resultados que generan programas de salud de este tipo, en los que se conjugan el desarrollo tecnológico, la voluntad política, el espíritu solidario de la sociedad y una respuesta organizada de los servicios de salud, donde la participación y aceptación de la población son componentes decisivos para la introducción de vacunas y generación de demanda. Destacando que lo más importante y determinante en el éxito del programa de vacunación y la introducción de nuevas vacunas es el compromiso político de las autoridades sanitarias por su costo beneficio probado.

Por lo tanto se considera que es fundamental que las distintas dependencias del Estado mexicano relacionadas con el Programa Universal de vacunación adopten las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud resultado de la Evaluación Internacional del Programa Universal de Vacunación de México.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud y las demás Instituciones del Sistema Nacional de Salud se adopten las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud resultado de la Evaluación Internacional del Programa de Vacunación Universal de México.

SEGUNDA COMISIÓN.





 

Que exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades a explorar la posibilidad de generar un subprograma de incentivos a los profesionistas en el rubro de salud bucal que desempeñen sus servicios adscritos a la dependencia, en comunidades con altos grados de vulnerabilidad socioeconómica.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades a explorar la posibilidad de generar un subprograma de incentivos a los profesionistas en el rubro de salud bucal que desempeñen sus servicios adscritos a la dependencia, en comunidades con altos grados de vulnerabilidad socioeconómica.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha  13 de mayo de 2015, el Diputado Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, al referirse a la salud bucal en México y la educación que genera la prevención de enfermedades en el rubro, establece expresamente en sus consideraciones la desatención de esta materia, sin que existan correctas políticas que incidan en la cultura de previsión en los habitantes de la nación al respecto. Con cifras estimadas, abunda, que indican que 70% de menores de 18 años y 5 de cada 10 niños mayores de 3 años presentan afecciones odontológicos en México, así como el conocimiento de que 90% de mexicanos tiene padecimientos bucales1, es necesario que se generen pautas para evitar que esta afección de la salud pública se siga gestando por falta de políticas previsión, atención, recursos humanos y materiales, así como elementos culturales. Este problema de salud generalizado, afirma, se recrudece en sectores poblaciones económicamente más vulnerables, cuyo acceso a personal capacitado, medios tecnológicos y servicios de salud es escaso, además de las condiciones propias de su entorno que derivan en afecciones diversas, derivando en que las enfermedades bucales de mayor incidencia, como la caries dental y las enfermedades periodontales, evolucionen negativamente y generen una diversidad de implicaciones médicas que pueden, incluso, cobrar la vida del enfermo. En el mismo tenor, se observa un cambio en las cifras de afección al hablar de núcleos de población urbanos y rurales, por lo que el proceder de los programas debe ser dispuesto especialmente al sector al que se dirige.

Sin apartarse del tema que lo ocupa afirma que, no obstante la implementación del Programa de Salud Bucal (PSB), que depende de la Dirección General Adjunta de Programas Preventivos del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, creado con el fin de disminuir la carga de morbilidad bucal en la población a través de medidas para establecer, fortalecer y vigilar, políticas, estrategias y programas estatales e institucionales, así como evaluar las condiciones de la salud bucal y ampliar equitativamente la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia para mejorar la calidad de vida de la población; este problema sigue muy presente en la sociedad mexicana, adicionando otros escenarios como los altos costos que le implica al sector público de salud la intervención directa a enfermedades, pudiendo preverlas sin generar un oneroso costo.

La formación técnica y profesional de odontólogos, estomatólogos y otros expertos de la salud bucal, es requerida a lo largo y ancho de nuestro país, siendo las comunidades más desfavorecidas en las que encontramos la falta de profesionales en salud bucal, lo  cual, redunda en una población en aumento con precariedades y enfermedades en ese sentido. Así mismo la cultura y las campañas para promover la prevención de enfermedades bucales no ha permeado suficiente y eficientemente en todos los niveles. Esto ha desembocado en la falta de capacidad de las instituciones de salud y la sociedad mexicana de absorber todas las necesidades relacionadas con los padecimientos odontológicos que se padecen en la nación.

Más a propósito señala que, pese a que una diversidad de programas de salud han construido nuevas estrategias de integración de la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con la salud bucal, buscando minimizar factores de riesgo de carácter prevenible, tales como hábitos dietéticos, el consumo excesivo de tabaco y alcohol o la higiene bucal2,  los profesionales de la salud bucal son insuficientes. La contratación de técnicos y promotores de la salud bucal es casi nula y el personal asignado a estas labores cuenta con una escasa capacitación, circunstancias que reducen en forma considerable el aprovechamiento de los programas destinados para tal efecto.  A nivel institucional, abunda, los recursos humanos contratados representan menos del 10% del total de estomatólogos con que cuenta México y los indicadores de contratación van de un estomatólogo por cada 9,000 personas afiliadas en el caso del Sistema de Protección Social en Salud, con un tiempo promedio de 45 minutos por consulta, lo que permite la atención de nueve pacientes diarios en una jornada de ocho horas y la atención de 1,760 pacientes al año3. Esta situación se complica cuando las necesidades se hallan en comunidades del interior de la Republica en un alto grado de vulnerabilidad, si se considera que los recursos humanos que se profesionalizan en materia de salud bucal tienen una preparación que en muchas ocasiones no se encuentra relacionada con las necesidades de la población en la cual prestarán sus servicios, por lo que al hallar variantes de salud por causa de las distintas clases sociales y alteraciones diversas en medios urbanos y rurales se encuentran, en primera instancia, imposibilitados de asistir con inmediatez; podemos deducir entonces que el énfasis actual en la formación de recursos humanos,  cuenta con incentivos para la creación de profesionistas comunitarios aseverándose así la problemática de salud descrita. 

Si se modifican las políticas públicas en la materia e incluyen en los programas de acción para la prevención, incentivos para los profesionistas que se desempeñen en comunidades con altos grados de vulnerabilidad socioeconómica y ávidos del servicio de cuidado y atención bucodental, manifiesta el proponente del punto de acuerdo, se generaría un proceso de aplicación de los recursos, más acorde con las necesidades clínicas de la población, ahondando en las diferencias presentadas debido a la diferente evolución de los asentamientos que requieren la urgente participación del sector salud. De esta forma, al conocer con mayor proximidad las necesidades de los sectores vulnerables, además de buscar subsanarlas, se generarían nuevas políticas de planificación en el quehacer de las instituciones y se aportaría a los estudios epidemiológicos de núcleos de población en particular obteniendo así, programas preventivos más eficientes.

Apoyándose en los argumentos que se han descrito, el legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, solicita se libre un exhorto con el contexto que sigue:

“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, a fin de explorar la posibilidad de generar un subprograma de incentivos a los profesionistas en el rubro de salud bucal que desempeñen sus servicios adscritos a la dependencia, en comunidades con altos grados de vulnerabilidad socioeconómica.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, coincidimos en absoluto con la proposición de mérito. En ella se contempla el interés de buscar el bienestar saludable de comunidades con altos grados de vulnerabilidad socioeconómica. Bajo esa tesitura, si las enfermedades bucales en este sector de la sociedad mexicana han sido un problema de salud pública que demandan altos costos de servicio para las instituciones del sector salud y que por lo mismo acotan su campo de acción a actividades curativas en un bajo porcentaje y mutilantes en la mayoría de los casos, es importante implementar estrategias que promuevan, prevengan y protejan la salud bucal de la población más desprotegida y vulnerable del país.

II.- Esta Dictaminadora  considera que, sin apartarse del tema en el que se discurre,  si bien es cierto los recortes presupuestales en todos los niveles de gobierno acotan el desarrollo de nuevas tecnologías o la disposición de suficientes recursos tanto físicos como humanos para lograr los resultados que se hubiesen proyectado en el caso particular, es un deber o exigencia inexcusable acudir a la participación conjunta de todos los sectores involucrados para cumplir con esa responsabilidad que al Estado mexicano le corresponde, entendida dicha responsabilidad como la capacidad de ofrecer una respuesta pertinente, congruente y oportuna ante las necesidades o problemas que las enfermedades bucales demanden, particularmente, en los sectores más vulnerables del interior de la República.

III.- La Segunda Comisión reitera estar conforme con el sentido y alcance del punto de Acuerdo que se plantea, cuyos extremos implicarán la asunción de una corresponsabilidad conjunta entre las instituciones de Salud que brindan intervenciones de prevención de las enfermedades bucales y la atención, y en consecuencia la responsabilidad de las funciones y actividades correspondientes al cuidado de la salud. Corresponsabilidad indispensable, para implementar acciones que hagan posible la participación coordinada de todos los interesados y la adopción de medidas multisectoriales a favor de la salud. Corresponsabilidad que incida, tanto a nivel de los gobiernos como de toda una serie de actores, con la colaboración de la sociedad civil y el sector privado. En la búsqueda efectiva de estas acciones multisectoriales, la constitución de alianzas que promuevan la cooperación eficaz y oportuna de todos los niveles entre los organismos gubernamentales, las entidades de gobierno, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado, con la finalidad de fortalecer los mecanismos o instrumentos de prevención y control de enfermedades bucales, es un deber inexcusable la intervención del Estado mexicano como causa eficiente de las mismas.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, a fin de explorar la posibilidad de generar un subprograma de incentivos a los profesionistas en el rubro de salud bucal que desempeñen sus servicios adscritos a la dependencia, en comunidades con altos grados de vulnerabilidad socioeconómica.

SEGUNDA COMISIÓN.

1 Perfil Epidemiológico de la Salud Bucal en México 2010, Secretaria de Salud, Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología, Junio de 2011.

2 Programa de Acción Específico - Prevención, detección y control de los problemas de Salud Bucal 2013-2018.

3 Secretaría de Salud. SPSS, El Programa Nacional de Salud 2001-2006, Modelo Integrador de Atención a la Salud, Modelo Integrador de Atención a la Salud, Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. SSA, México.





 

Por el que se considera sin materia el punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional DIF a dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo, del Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional DIF a dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de Mayo de 2015, la Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Con fecha 4 de diciembre de 2014, el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dicha Ley, con enfoque garantista, considera a los niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y establece los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, previendo las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales autónomos.

Esta ley se crea con el objeto de:

a. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

b. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de Niños, Niñas y Adolescentes conforme a lo establecido en los Tratados Internacionales a los que México se ha suscrito y a lo establecido también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

c. Crear, regular y vigilar el funcionamiento y la organización del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de brindar garantía en cuanto a protección, prevención y restitución integral de sus derechos, cuando hayan sido vulnerados.  

d. Fijar los lineamientos y establecer las bases generales para la instrumentación y evaluación de las políticas públicas y de las acciones de defensa y representación jurídica, asistencia, provisión, prevención, protección y participación para la promoción y vigencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

e. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendientes a garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes. 

f. Garantizar y promover el pleno goce, respeto, protección y promoción y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; y 

g. Regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal y de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

De manera enunciativa, considera y desarrolla una serie de derechos que corresponden a niñas, niños y adolescentes, tales como el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; derecho de prioridad; derecho a la identidad; derecho a vivir en familia; derecho a la igualdad y a no ser discriminado; derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; derecho a la educación; derecho al descanso y al esparcimiento; derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; derecho de participación; derecho de asociación y reunión; derecho a la intimidad; derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Así como las obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en relación a los mencionados derechos.

Igualmente, para la debida garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, prevé la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, conformado por el Poder Ejecutivo Federal, representantes de las entidades federativas, organismos públicos y representantes de la sociedad civil. Así mismo contempla la integración de los Sistemas de Protección Locales y Municipales para así focalizar el fortalecimiento en los puntos de contacto entre los diferentes niveles de gobierno, con el propósito de unificar las acciones y políticas gubernamentales con miras a la satisfacción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Efectivamente, por su ámbito de aplicación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, distribuye competencias entre los diferentes niveles de gobierno, y en ese sentido, es deber de las entidades federativas adecuar los respectivos ordenamientos jurídicos a fin de aplicar dicha normativa. Aunado a que la misma establece la obligación de armonizar la legislación, en un plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, plazo que concluye el 3 de junio de 2015.

Las recientes reformas a la constitución en materia de derechos humanos, traen consigo el reconocimiento de normas jurídicas internacionales que amplían y revolucionan la relación entre el Estado y las personas o grupos, que para este caso particular, también incluye a los niños, niñas y adolescentes; revaloriza los tratados internacionales e introduce observaciones generales y otros insumos provenientes de la Organización de las Naciones Unidas, de órganos jurisdiccionales que defienden los derechos humanos enumerándolos para relacionar las obligaciones internacionales a los deberes de un País.

Así queda estipulado en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1°.- “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección  más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Y en el Artículo 4° de la misma:

Artículo 4°.- “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.”

Por su parte, Miguel Cillero, plantea algunas funciones vinculadas al interés superior del niño, referidas como:

● Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño y la niña. 

● Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez. 

● Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos. 

● Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus funciones que les son relativas, tengan como objeto "la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta función u objetivo". 

Así, el interés superior del niño o niña indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo.

Por otro lado, la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes abre la puesta a que los 32 Congresos Locales lleven a cabo un minucioso trabajo de armonización. Pero este no es el único reto. Sino también, cumplir con lo estipulado en los artículos transitorios.

Pues estos son creados en forma consecutiva en un tratado, ley o reglamento que tiene una vigencia momentánea o temporal. Su carácter es secundario, en la medida que actúa como auxiliar de los artículos principales, para precisar el momento de la entrada en vigor del nuevo texto legal o para determinar otras especificaciones sobre las condiciones en que la nueva legislación comenzará a surtir efectos legales.

La ley en comento, en su SEXTO Transitorio, prevé:

SEXTO: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá constituirse a partir del siguiente ejercicio presupuestal a la publicación del presente Decreto.

Para efectos del párrafo anterior el Sistema Nacional DIF deberá reformar su Estatuto Orgánico, a fin de que en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de formalice la creación de la Procuraduría Federal de protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas administrativas.

Dado que hasta el momento de la elaboración del presente, no se cuenta con información pública mediante la cual pueda tenerse certeza de que el Sistema Nacional DIF ya haya hecho las modificaciones comentadas, la que suscribe considera indispensable, garantizar que se lleve a cabo dicha modificación, pues de no ser así, se correrá el riesgo que de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, no sea contemplada en el siguiente Ejercicio Fiscal de la Federación.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

ÚNICO.-  Por el cual, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional DIF a que con base en lo establecido en el párrafo segundo, del Sexto Transitorio de la Ley General para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; realice las acciones a que haya lugar a fin de que su Estatuto Orgánico contemple la formalización de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con sus respectivas unidades administrativas.

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, y reafirmamos el compromiso del Poder Legislativo por un andamiaje institucional que reconozca y proteja los derechos de la infancia  en México.

II.- El artículo sexto transitorio de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicado el 4 de diciembre de 2014, establece a la letra que:

SEXTO. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá constituirse a partir del siguiente ejercicio presupuestal a la publicación del presente Decreto.

Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF deberá reformar su Estatuto Orgánico, a fin de que en un plazo no mayor a noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se formalice la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas.

El transitorio establece claramente la obligación del Sistema Nacional del DIF para crear la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en un plazo no mayor a noventa días naturales.

En este tenor, con fecha dos de abril de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un Acuerdo mediante el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que da cumplimiento a lo establecido en  el artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al crear la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas.

El Acuerdo establece que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes dependerá de la estructura orgánica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones aplicables.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Queda sin materia la proposición con punto de acuerdo, en virtud de que el Acuerdo por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado el dos de abril de 2015 tiene por objeto crear la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes publicado el cuatro de diciembre de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto definitivamente concluido.

SEGUNDA COMISIÓN.





 

Asimismo, tenemos el dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal a considerar incluir una asignación presupuestal anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, destinada a cubrir los gastos de operación de la Planta de Bombeo Anzaldúas-Rodhe, a fin de apoyar el pago de la electricidad para el suministro de agua en beneficio de los productores agrícolas del distrito de riego 026 Bajo Río San Juan y la población del municipio de Reynosa, Tamaulipas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo de los Diputados Enrique Cárdenas del Avellano y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que exhorta a la Comisión Nacional de Agua a integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una asignación presupuestal anual como apoyo para garantizar el agua para riego a productores agrícolas del estado de Tamaulipas.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 6 de mayo de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria del 19 de mayo del mismo año, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES.

Esta Comisión coincide con los promoventes en que el desarrollo del campo nacional requiere de óptimas condiciones de infraestructura, apoyos gubernamentales y la intervención adecuada por parte del estado. En el caso particular de Tamaulipas, es de destacar que los productores agrícolas del distrito de riego 026 Bajo Río San Juan están enfrentando serios problemas para hacer producir sus tierras y contribuir a la soberanía alimentaria del país.

El acceso al agua es vital para la conservación de la vida humana, así como ha quedado establecido en nuestra Constitución al ser reconocido como un derecho humano. Asimismo sabemos que el agua es un insumo indispensable para la producción agrícola y que si no existe disponibilidad suficiente, difícilmente se obtendrán buenas cosechas de productos del campo necesarios para la dieta de los mexicanos. Para ello, atender nuestras regiones de manera oportuna será la diferencia entre un campo productivo y uno paralizado.

Por otro lado, en nuestra condición de frontera con los Estados Unidos de América, compartimos como límite internacional el Río Bravo, por tanto también compartimos la disponibilidad de agua para desarrollar las actividades económicas, mismas que se ven afectadas por la sobreexplotación del recurso, derivado de una deficiente administración del agua al interior del país.

Los Distritos de Riego 050 Acuña Falcón, 025 Bajo Río Bravo y 026 Bajo Río San Juan, de Tamaulipas, casi invariablemente están sujetos a limitaciones en el suministro de agua para riego en sus cultivos, dado el incumplimiento del Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944, que obliga a nuestro país a la entrega anual de 431.7 millones de m3 de aguade seis ríos denominados afluentes aforados de la Cuenca del Río Bravo, por lo que debemos entregar  en  ciclos de 5 años a los Estados Unidos de América un volumen total de 2,159 millones de m3. Adicionalmente, en la Cuenca del Río Bravo se ubican diez distritos de Riego y una gran cantidad de unidades de riego que se abastecen de diversos acuíferos y del propio río y sus afluentes.

El Distrito de Riego 026 Bajo río San Juan, está integrado por una superficie regable de 76 mil 676 hectáreas de los municipios de Camargo, Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Reynosa, siendo sus principales cultivos sorgo, maíz, algodón y su insumo principal el agua de riego, cuenta con una infraestructura hidroagrícola concesionada por la Comisión Nacional del Agua desde el año 1992, que de origen se transfirió en malas condiciones y tiene un volumen de agua anual concesionado de 549.67 millones de metros cúbicos para 3 mil 861 productores agrícolas.

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que resulta pertinente dirigir la solicitud planteada por los Diputados Enrique Cárdenas del Avellano y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a afecto de que la misma se tramite ante el Pleno de la Comisión Permanente.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional de Agua a considerar incluir una asignación presupuestal anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2016,destinada a cubrir los gastos de operación de la Planta de Bombeo Anzaldúas - Rodhe, a fin de apoyar el pago de la electricidad para el suministro de agua en beneficio de los productores agrícolas del distrito de riego 026 Bajo Río San Juan y la población del municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil quince.

TERCERA COMISION.

Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día y se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre puntos de Acuerdo que se han referido.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

 





 

Pasamos a la discusión de dictámenes en las que sólo se fijará la posición en pro o en contra.

Tenemos la discusión del dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a valorar la viabilidad de emitir la declaratoria de emergencia en las zonas afectada por el fenómeno natural “mar de fondo”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnados para su análisis y dictamen las proposiciones con punto de Acuerdo relacionadas con el fenómeno natural denominado “mar de fondo”.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 13 mayo de 2015, se presentaron ante el pleno las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, para que se emita la Declaratoria de Desastre Natural en el Estado de Guerrero por el fenómeno natural geológico de la ola extrema o de mar de fondo y se disponga de los recursos del FONDEN necesarios. Propuesta presentada por el Diputado Juan Ignacio Sampeiro Montaño del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

2.- Se solicita al Centro Nacional para la prevención de Desastres la inclusión del fenómeno “mar de fondo” en el Atlas Nacional de Riesgos, con el objeto de difundir medidas preventivas de los riesgos que constituye y los daños que puede ocasionar a las costas del pacifico mexicano año con año. Propuesta presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

3.- Por el que se exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con las autoridades en la materia de las entidades federativas, instrumente y ejecute programas tendientes a fomentar la cultura en materia de protección civil entre la población entre la población que habita las regiones afectadas por fenómenos naturales perturbadores o desastre. Propuesta presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

b) En esa misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dichos puntos de acuerdo se turnaran a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante los oficios CP2R3A.-71, CP2R3A.-75 y CP2R3A.-106.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las propuestas con punto de acuerdo, plasman dentro de sus líneas la gran preocupación debido al fenómeno meteorológico denominado “mar de fondo”, fenómeno natural que afectó en las costas de los  Estados de Oaxaca, Guerrero, Colima, Sinaloa y Chiapas, las viviendas, la economía y lamentablemente la vida de algunas personas. 

Asimismo, se puede leer que los proponentes coinciden en que se puede planear, instrumentar y ejecutar programas tendientes a la previsión y seguridad que se debe adoptar ante fenómenos naturales perturbadores hidrológicos que provoquen daños severos a las costas de México que se encuentran en Océano Pacífico.

Por otra parte, los proponentes consideran necesario que el Atlas Nacional de Riesgos debe de contener toda la información del fenómeno natural hidrológico denominado “mar de fondo”, con el objetivo de difundir medidas que ayuden a la prevención de riesgos que pudieran originar daños y la pérdida de vidas humanas.

Ante los planteamientos analizados en los puntos de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de las propuestas que su letra dicen:

1.- Propuesta presentada por el Diputado Juan Ignacio Sampeiro, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano.

Único: Se exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, para que se emita la Declaratoria de Desastre Natural en el Estado de Guerrero por el fenómeno natural geológico de la ola extrema o de mar de fondo y se disponga de los recursos del FONDEN necesarios.

2.- Propuesta presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional.

Único: Se solicita respetuosamente al Centro Nacional para  la Prevención de Desastres (CENAPRED), la inclusión del fenómeno “mar de fondo” en el Atlas Nacional de Riegos, con el objetivo de difundir medidas preventivas de los riesgos que constituye y los daños que puede ocasionar a las costas del pacífico mexicano año con año.

3.- Propuesta del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional.

Único: Exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con las autoridades en la materia de las entidades federativas, instrumente y ejecute programas tendientes a fomentar la cultura en materia de protección civil entre la población que habita las regiones afectadas por el fenómeno natural “mar de fondo” en los Estados de Oaxaca, Guerrero, Colima, Sinaloa y Chiapas, para que estén informadas de su vulnerabilidad y de las medidas de previsión y seguridad que deben adoptar ante un fenómeno natural perturbador de esta naturaleza.

III. CONSIDERACIONES

El mar de fondo también denominado mar de leva, es un evento anormal, causado por la fricción del viento proveniente de los frentes fríos del hemisferio norte que empujan las aguas oceánicas hacia la costa causando un fuerte oleaje debido al incremento en la altura de las olas, sus efectos se ven principalmente en las áreas de las costas debido al aumento de la ola por la variación en los niveles delinea de costa, estos efectos se ven en, daños a construcciones cercanas y en algunos otros casos generando algún tipo de erosión, todos estos efectos en la línea de costa.

El mar de fondo es un oleaje muy largo y continuo, fácilmente identificable a grandes distancias, ya que trae longitudes de entre los 100 y 300 metros, es un fenómeno que afecta a diferentes países costeros, para el caso de México, se sabe que es generado por tormentas en el mar acompañadas de fuertes vientos, provocando el aumento del nivel del mar y la reducción de la playa. Se propaga fuera de la zona donde se ha generado, pudiendo llegar a lugares muy alejados, en ocasiones, las tormentas marinas se originan en distancias superiores a los 10 mil kilómetros para llegar a las costas mexicanas.

El “mar de fondo” a causado daños severos al patrimonio de las familias de los Estados afectados, han existido pérdidas humanas y causado grandes inundaciones.

Ante tales acontecimientos, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el día 6 de mayo del 2015,  aprobó de urgente resolución el exhorto a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que procediera a emitir una declaratoria de emergencia como consecuencia de los daños ocasionados por el fenómeno conocido como “mar de fondo”, en los Estados de Guerrero, Oaxaca y Sinaloa.

En fecha 15 de mayo del 2015, la Secretaría de Gobernación, emitió dos declaratorias:

1.- Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación costera ocurrida del 2 al 4 de mayo de 2015, en 4 municipios del Estado de Guerrero.

2.-  Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación costera ocurrida del 2 al 4 de mayo de 2015, en 6 municipios del Estado de Oaxaca.

En la declaratoria con numero de oficio CNPC/585/2015, de fecha 5 de mayo de 2015, la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la opinión técnica correspondiente para que, en su caso, la propia CNPC estuviera en posibilidad de emitir la Declaratoria de Emergencia para los municipios del Estado de Guerrero.

Que con oficio número B00.8.-0315 de fecha 6 de mayo de 2015, la CONAGUA emitió opinión técnica corroborando el fenómeno de inundación costera del 2 al 4 de mayo de 2015, para los municipios Acapulco de Juárez, Técpan de Galeana, Benito Juárez y Coyuca de Benítez del Estado de Guerrero.

Que el día 7 de mayo de 2015 se emitió el Boletín de Prensa número 292, mediante el cual se dio a conocer que la SEGOB por conducto de la CNPC declaró en emergencia a los municipios de Acapulco de Juárez, Técpan de Galeana, Benito Juárez y Coyuca de Benítez del Estado de Guerrero, por la presencia de inundación costera ocurrida del 2 al 4 de mayo de 2015, con lo que se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, y a partir de esa Declaratoria las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

En la declaratoria con numero de oficio CNPC/588/2015, de fecha 6 de mayo de 2015, la CNPC solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la opinión técnica correspondiente para que, en su caso, la propia CNPC estuviera en posibilidad de emitir la Declaratoria de Emergencia para los municipios del Estado de Oaxaca solicitados en el oficio SEGEGO/CEPCO/0170/2015 referido con anterioridad.

Que con oficio número B00.8.-316 de fecha 7 de mayo de 2015, la CONAGUA emitió opinión técnica corroborando el fenómeno de inundación costera del 2 al 4 de mayo de 2015, para los municipios de San Pedro Pochutla, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santa María Tonameca y San Pedro Mixtepec Dto. 22- del Estado de Oaxaca.

Que el día 7 de mayo de 2015 se emitió el Boletín de Prensa número 293, mediante el cual se dio a conocer que la SEGOB por conducto de la CNPC declaró en emergencia a los municipios de San Pedro Pochutla, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santa María Tonameca y San Pedro Mixtepec Dto. 22- del Estado de Oaxaca, por la presencia de inundación costera ocurrida del 2 al 4 de mayo de 2015, con lo que se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, y a partir de esa Declaratoria las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Las presentes declaratorias se expidieron para que el Estado de Oaxaca y Guerrero puedan acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN de la Secretaría de Gobernación, a determinación de los apoyos a otorgar se hará en los términos de los lineamientos y con base en las necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud. Por tal razón, las Comisión dictaminadora en su investigación y análisis, entiende que la propuesta del Diputado Juan Ignacio Sampeiro Montaño, en la cual solicitaba se emitiera la declaratoria de desastre natural en el Estado de Guerrero, ha sido atendida con anticipación.

Por otra parte, podemos mencionar que la Ley General de Protección Civil, considera que el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED) como la institución técnica-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil, misma en la que se mencionan como parte de sus atribuciones la creación, gestión y promoción de políticas públicas en materia de prevención de desastre y reducción de riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión. Asimismo la Ley establece que el CENAPRED es el encargado de la integración del Atlas Nacional de Riesgos (ANR), el cual es una herramienta innovadora que integra información de los tres niveles de gobierno sobre zonas de riesgo, peligro y vulnerabilidad y que además proporciona una visión nacional integral de todos los riesgos de desastre natural o provocados por el hombre, y que se diseñó como un Sistema de Información Geográfica  que brinda una visualización de la relación que pueda existir entre los fenómenos naturales y la población.

En este contexto el CENAPRED ha establecido vínculos sumamente valiosos con la comunidad científica, mismos que contribuyen aportando datos sólidos sobre peligros naturales al ANR, particularmente terremotos, inundaciones y tormentas tropicales; no obstante, esta comisión dictaminadora considera que es pertinente que se realicen modificaciones al ANR para incorporar de forma particular lo referente al “mar de fondo”.

Ahora bien, se puede señalar que la Ley General de Protección Civil en su artículo 41, establece que corresponde a las autoridades en los tres niveles de gobierno, fomentar la cultura en materia de protección civil entre la población, mediante su participación individual y colectiva, y que la población vulnerablemente expuesta al peligro, tiene derecho a estar informada de ello, así como contar con las vías adecuadas de opinión y participación en la gestión de riesgo. En el mismo sentido, el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil establece que dentro las obligaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil es le Fomentar en la población una cultura de protección civil que le brinde herramientas que en un momento dado le permitan salvaguardar su vida, sus posesiones y su entorno frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales y humanos. Por tal motivo la Comisión dictaminadora considera pertinente aprobar la propuesta del Senador Eviel Pérez Magaña.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, esta Comisión dictaminadora, manifiesta que con anterioridad se dictaminaron en conjunto los puntos de acuerdo que se mencionaron en el capítulo de antecedentes, por la similitud del tema en estudio y por economía procesal; por estas razones  los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación para que de conformidad con la normatividad aplicable, valore la viabilidad de emitirla Declaratoria de Emergencia en las zonas afectadas por el fenómeno natural “Mar de Fondo” y en su caso, se disponga de los recursos del FONDEN para la atención de las personas damnificadas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED) a que implemente el concepto de “mar de fondo” en el Atlas Nacional de Riesgo.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de las atribuciones y facultades de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se instrumenten programas tendentes al fomento de una cultura en materia de protección civil en los Estados afectados por el fenómeno “mar de fondo”.

PRIMERA COMISIÓN

Para hablar sobre este asunto, se le concede el uso de la voz al Diputado Charleston Hernández.

El Diputado Fernando Charleston Hernández: Con su venia, señor Presidente.

El fenómeno hidrometeorológico, mejor conocido como “mar de fondo”, que se presentó en las costas del pacífico mexicano, entre los días 2 al 4 del presente mes, exigió que se brindara una rápida respuesta por parte de los gobiernos estatales, así como también que se reforzaran los apoyos proporcionados por parte del gobierno federal a efecto de brindar una oportuna atención a la población ante la emergencia por dicho fenómeno.

Este fenómeno, según información oficial, consiste en un desbordamiento de nivel del mar de manera atípica derivado de condiciones climáticas, de el viento y de corrientes submarinas que repercuten en un alto oleaje.

Esta condición propicia que el mar salga de su nivel y avance varias decenas de metros tierra adentro, afectando todo lo que se encuentra a su paso, como viviendas o comercios cercanos, y algunos no tanto, de la playa.

Como todos ustedes tienen conocimiento, en días pasados este suceso tuvo lugar en diversas costas del pacífico mexicano, entre otras entidades, afectó las costas de Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, dando lugar a afectaciones materiales, pérdidas humanas y económicas.

Sólo para dimensionar estas afectaciones, basta mencionar lo siguiente:

En el estado de Guerrero fueron desprendidos algunos techos de las casas de los habitantes, alrededor de 500 instalaciones turísticas reportaron daños en la Bahía de Acapulco.

En el estado de Chiapas, se estima que existen más de 300 personas afectadas por este evento. Hasta este momento, las acciones del gobierno federal han sido pertinentes.

Debemos reconocer que el gobierno federal atendió de manera exitosa esta prueba y reconocemos su voluntad por apoyar a las comunidades afectadas.

Si bien es cierto, la Secretaría de Gobernación emitió dos declaratorias de emergencia para diversos municipios del estado de Guerrero y de Oaxaca, también lo es que aún quedan municipios y poblaciones de diversos estados afectados que requieren de la ayuda, por lo que es indispensable se les brinden los recursos del FONDEN a las comunidades que todavía lo necesiten.

La experiencia adquirida tras la presentación de este fenómeno, debe llevarnos a evitar, en la medida de lo posible, futuras afectaciones y pérdida de vidas, por lo que consideramos pertinente que en los resolutivos del presente dictamen se incluya un exhorto dirigido a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a efecto de que pueda planear, instrumentar y ejecutar programas tendientes a la previsión y seguridad que se debe adoptar ante estos fenómenos naturales perturbadores, que provocan daños severos a las costas que se encuentran en el Océano Pacífico.

Asimismo, y dada la gravedad de los sucesos acontecidos durante los primeros días de este mes, nos sumamos al exhorto dirigido al Centro Nacional para la Prevención de Desastres con la finalidad de que implementen el concepto de “mar de fondo” en el Atlas Nacional de Riesgos, pues consideramos que la inclusión de dicho concepto es un instrumento que servirá para prevenir otros eventos futuros de esta magnitud.

Compañeras y compañeros legisladores:

Tenemos que tener muy claro que no podemos evitar que sigan suscitándose fenómenos naturales como el que dio origen a la discusión que el día de hoy tenemos en esta tribuna pero lo que sí podemos hacer es llevar a cabo medidas que brinden seguridad a la población, capacidad de reacción y prevención ante esta clase de fenómenos.

Es por esto que el grupo parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, como lo ha venido haciendo a través de diferentes propuestas que han presentado compañeros Diputados de nuestra bancada, como el Diputado Manuel Añorve, de Guerrero, como el Diputado Samuel Gurrión, de Oaxaca, quienes siempre han estado atentos a que en sus demarcaciones se tomen las medidas preventivas para poder aminorar los efectos de estos fenómenos naturales.

En el PRI sabemos que es indispensable que se brinde ayuda necesaria a las comunidades afectados a consecuencia del “mar de fondo”, así como que se empleen programas de orientación que ayuden a la prevención de riesgos que pudieran originar daños y la pérdida, sobre todo, que es lo más importante, la pérdida de vidas humanas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado Charleston Hernández.

Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a Presidente Municipal por Chilapa, Guerrero.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se condena el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero y se exhorta a las autoridades de aquella entidad a resolver con prontitud este ilícito, para así castigar a los responsables. Fue presentada por los Diputados Manuel Añorve Baños y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 6 de mayo de 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 06 de mayo del 2015, los Diputados Manuel Añorve Baños y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de Acuerdo por el que se condena el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero y se exhorta a las autoridades de aquella entidad a resolver con prontitud este ilícito, para así castigar a los responsables.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio No. CP2R3A.-33, de fecha 06 de mayo de 2015.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓN

Los diputados proponentes hacen mención que en el Estado de Guerrero se están viviendo horas de conmoción a causa de la violencia política y hacen referencia a que elpasado 25 de abril, el candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Guerrero Luis Walton Aburto y su equipo de campaña fueron encañonados por un grupo de veinte personas armadas.

En la proposición con punto de Acuerdo se expresa que, dicho acto de violencia vino precedido de otro mucho más grave, pues el 11 de febrero fue descubierto el cadáver de la precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, quien previamente fue secuestrada por un grupo armado.

En el mismo sentido, los diputados proponentes expresan que el pasado 1 de mayo alrededor de las 18 horas, un comando ejecutó de quince balazos a Ulises Fabián Quiroz, candidato de la Alianza PRI-PVEM a la alcaldía de Chilapa, ubicado en la montaña baja de Guerrero; y destacan que estos actos de violencia han generado la natural repulsa por parte de la sociedad guerrerense y de la opinión pública nacional, sobre todo, indican en la propuesta que se dan los hechos en medio de un entorno de franco deterioro de la gobernabilidad, ya que no cuentan con gobierno estatal capaz de enfrentar la problemática.

Expresan los diputados que es momento de que las autoridades estatales de Guerrero empiecen a gobernar y que hagan del respeto a ley una premisa de su administración, ya que los hechos de violencia que han aquejado en los últimos meses a Guerrero agravian a todos y que a nadie conviene ese clima para el desarrollo de los próximos comicios del 7 de junio en aquella entidad.

Ante los planteamientos analizados en el punto de Acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero y se exhorta a las autoridades de aquella entidad a resolver con prontitud este ilícito, para así castigar a los responsables.

III. CONSIDERACIONES

Esta Primera Comisión, considera relevante cualquier manifestación que repruebe los hechos de violencia y asesinatos que han tenido lugar durante el desarrollo del proceso electoral en el país; por lo que, los integrantes de esta Comisión condenan enérgicamente el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato por la alianza PRI-PVEM a presidente municipal por Chilapa, Guerrero y toda vez que no es un hecho aislado.

Se hace mención que la Fiscalía General del Estado de Guerrero en un comunicado de prensa disponible en su portal Web, informó del inicio de las investigaciones del homicidio con la coordinación de la policía ministerial y los servicios periciales para realizar las averiguaciones pertinentes con el propósito de encontrar elementos que permitan esclarecer este delito.

Los promoventes proponen exhortar a las autoridades de Guerrero a resolver con prontitud el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero, para así castigar a los responsables.

Es importante mencionar que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el asunto del asesinato del candidato a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz y se destaca que la dependencia federal inició la investigación y abrió la carpeta de investigación con número A.C.PGR/GRO/CHI/II/175/2015 por el delito de Homicidio en contra de quien resulte responsable.

La PGR atrajo dicho asunto, dado que se cumple con el principio de conexidad contemplado en el segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, que a la letra dice: “En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos”.

Esta Comisión estima viable la propuesta,  dada la gravedad de este lamentable acontecimiento y la importancia de su esclarecimiento, toda vez que este tipo de deplorables actos no pueden permanecer impunes, por el contrario el Estado Mexicano, a través de las instancias competentes, deben dar respuesta clara y precisa a los deudos y a la ciudadanía en general.

Por lo tanto, los integrantes de esta Primer Comisión condenan enérgicamente el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero, ocurrido el pasado 1 de mayo y se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para que en ámbito de su competencia contribuya a garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos, para que las próximas elecciones en dicha entidad se desenvuelvan en plena armonía; y se solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República continuar con las investigaciones de manera exhaustiva, imparcial y transparente de este lamentable hecho y se sancione a quién  resulte responsable.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero, ocurrido el pasado 1 de mayo.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República continuar con las investigaciones de este lamentable hecho de manera exhaustiva, imparcial y transparente, a fin de que sea sancionado quien resulte responsable.

PRIMERA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD.

¿No se encuentra?

Se reserva de igual manera para su votación, conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a realizar las investigaciones correspondientes sobre supuestos cobros irregulares efectuados a comerciantes ambulantes del Estadio Azul.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, así  como a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que realicen las investigaciones y averiguaciones correspondientes, sobre supuestos cobros irregulares a comerciantes ambulantes del Estadio Azul,  actos de corrupción cometidos por servidores públicos del Gobierno Capitalino; así como llevar a cabo una inspección de los permisos para realizar actividades comerciales en los eventos deportivos y de espectáculos. Fue presentada por el Senador Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 13 de mayo de 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del 2015, el Senador Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de Acuerdo por se exhorta a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, así  como a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que realicen las investigaciones y averiguaciones correspondientes, sobre supuestos cobros irregulares a comerciantes ambulantes del Estadio Azul y actos de corrupción cometidos por servidores públicos del Gobierno Capitalino; así como llevar a cabo una inspección de los permisos para realizar actividades comerciales en los eventos deportivos y de espectáculos.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-91, de fecha 13 de mayo del presente.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

El Senador proponente indica que el pasado 28 de abril del 2015, fue publicado en diferentes notas periodísticas un reportaje sobre el cual se denunciaban supuestos actos de corrupción de funcionarios públicos de la Delegación Benito Juárez, los cuales cobran entre 20 y 250 pesos a vendedores ambulantes para poder permitirles vender a las afueras del Estadio Azul. Estos supuestos cobros alcanzan ganancias que son ilegales por actos de corrupción e incluso pueden llegar a ser delito.

El proponente indica que las cuotas que los funcionarios cobran a los comerciantes también dependen de los metros cuadrados que requieran para establecer sus locales, así como de los productos que vendan; con esto, recaudando montos de aproximadamente 28 mil pesos por cada partido. Asimismo, se señala en la propuesta que los comerciantes indicaron que no han acudido a ninguna oficina de la Delegación para que se les otorgue los supuestos permisos, ya que el o los supuestos funcionarios delegacionales tienen un campamento ubicado a las afueras del Estadio.

En la propuesta, se indica que de acuerdo con el artículo 304, del Código Fiscal del Distrito Federal, los vendedores públicos deben pagar cada tres meses en las oficinas delegaciones correspondientes una cuota de 8.30 pesos por día, cuya superficie sea de 1.80 por 1.20 metros y los vendedores en las modalidades de tianguis, mercado sobre ruedas y bazares, tienen que tener una superficie máxima de 6 metros cuadrados.

El punto de Acuerdo pretende que se investiguen dichos actos, con el objeto de impedir y castigar cobros irregulares y actos de corrupción por supuestos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, denunciados por vendedores ambulantes que comercian en las inmediaciones del Estadio Azul y llevar a cabo las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a las personas y/o servidores públicos que incurran en estas faltas; así como vigilar e inspeccionar el registro de permisos que otorga el Gobierno capitalino para llevar a cabo actividades comerciales y el pago de los mismos, en los eventos deportivos y de espectáculos.

Por lo anterior, se plasma textualmente el resolutivo de la proposición:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, así como a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que realicen las investigaciones y averiguaciones correspondientes, sobre cobros irregulares a comerciantes ambulantes del Estadio Azul y actos de corrupción cometidos por servidores públicos del Gobierno capitalino.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal llevar a cabo, o en su caso requiera a la autoridad correspondiente, una inspección de los permisos para realizar actividades comerciales en los eventos deportivos y de espectáculos.

III. CONSIDERACIONES

Esta Primera Comisión considera necesario que se lleven a cabo las investigaciones que correspondan, a fin de poner un alto a los supuestos actos de corrupción por parte de servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, al recaudar supuestas cuotas irregulares a comerciantes que laboran en los alrededores del Estadio Azul.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, señala que los recursos económicos que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

El párrafo segundo del artículo 1° del Código Fiscal del Distrito Federal señala que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de mismo, deben observar que la recaudación, concentración, manejo, administración y custodia de los ingresos locales, federales, de aplicación automática y propios, sea realizada de conformidad a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género y derechos humanos.

La fracción IV del artículo 493 del Código Fiscal del Distrito Federal establece que se impondrá una sanción de 2 a 9 años de prisión al servidor público que, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, ordene o practique visitas domiciliarias, requerimientos de pagos o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente, intimide, amenace o engañe al visitado para obtener beneficios personales.

La fracción I del artículo 12 del estatuto de Gobierno del Distrito Federal señala que la organización política y administrativa del Distrito Federal  atenderá como principio estratégico, entre otros, la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones del servicio público y en la administración de los recursos económicos de que disponga el Gobierno de la Ciudad.

El artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, señala que corresponde a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, el despacho de las materias relativas al gobierno y el seguimiento de funciones desconcentradas de las Delegaciones y en específico, el vigilar, en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del Distrito Federal, así como dictar las medidas administrativas que requiera su cumplimiento.

La fracción I del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, establece que el Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo del Procurador General de Justicia y tiene como atribución, entre otras, la de investigar los delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal y perseguir a los imputados.

Para esta dictaminadora, se deben tomar las medidas correspondientes, dentro del ámbito de su competencia, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de las funciones de los servidores públicos y sancionar a quienes contravengan con dichos principios.

Por otra parte, la Comisión Dictaminadora, en el estudio y análisis del planteamiento de la proposición presentada coincide con las razones que asisten al autor de la misma para impulsarla.

En consecuencia están de acuerdo con que se lleve a cabo una investigación  sobre los supuestos cobros irregulares a comerciantes ambulantes a las afueras del Estadio Azul, los supuestos actos de corrupción cometidos por servidores públicos del Gobierno capitalino; así como llevar a cabo una inspección de los permisos para realizar actividades comerciales en los eventos deportivos y de espectáculos, para determinar la probable responsabilidad de la persona o personas que estén incurriendo en tales supuestos.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Secretaría de Gobierno, de la Contraloría General y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se realicen las investigaciones correspondientes sobre supuestos cobros irregulares efectuados a comerciantes ambulantes del Estadio Azul por presuntos servidores públicos del gobierno capitalino y/o de la Delegación Benito Juárez, e informe a esta soberanía el resultado de las mismas. Asimismo, se solicita llevar a cabo una inspección de verificación de los permisos para realizar actividades comerciales en los eventos deportivos y de espectáculos, y rendir un informe a esta soberanía al respecto.

PRIMERA COMISIÓN

Y para hablar sobre el asunto, se concede el uso de la palabra, desde su escaño, al Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM.

¿Desde su escaño?

El Diputado Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Sonido en el escaño del Diputado Torres Mercado.

El Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Para declinar, señor Presidente, la participación de un servidor. Muchas gracias.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputado Torres Mercado.

Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de ejercer la facultad de atracción de la investigación del homicidio del periodista Armando Saldaña Morales.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que atraiga e Investigue el Asesinato del periodista Armando Saldaña Morales. Presentado por el Senador Manuel Bartlett Díaz y el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresa los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 13 mayo de 2015, se presentó ante el pleno de la Sesión Permanente la propuesta con punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones constitucionales, ejerza su facultad de atracción de asunto en el homicidio del Periodista Armando Saldaña Morales.

b) En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-93, de fecha 13 de mayo del presente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta en comento, da una reseña en cuanto al hecho punible, manifiestan los autores que el 4 de mayo del año en curso, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, confirmó el asesinato del periodista Armando Saldaña Morales, quien fuera reportero de la estación de radio “La Ke Buena100.9 F.M.” y del diario “Crónica de Tierra Blanca”, cuyo cuerpo –según las notas periodísticas- fue localizado en el municipio de San José Cosolapa, Oaxaca, municipio limítrofe con Veracruz.

Los autores de la propuesta manifiestan que la violencia contra periodistas mexicanos, ratifica que en México esta profesión es de alto riesgo, como lo han juzgado organismos internacionales de derechos humanos y defensa de periodistas.

  

Los titulares, mencionan dentro de la propuesta que es cuestionable la postura de la fiscalía de Veracruz, quien negó su competencia para contribuir  en la investigación del asesinato, a partir de que dado que el cuerpo del periodista apareció pasando los límites de Veracruz, decían  que no existía indicio alguno que activara la competencia veracruzana, posición que los autores de la propuesta no comparten.

Ante los planteamientos analizados en el punto de Acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

1.- Propuesta presentada por los legisladores Manuel Bartlett Díaz y Manuel Rafael Ladrón de Guevara.

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que atraiga la investigación del asesinato del Periodista Armando Saldaña Morales.

III. CONSIDERACIONES

Ser periodista en México es por demás difícil. La acción más apremiante en este momento es proteger y garantizar que en este país se ejerza la libertad de expresión sin miedo a amenazas, intimidaciones o limitaciones. La prevención y la protección, entonces, no están en manos de una sola persona o instancia, es trabajo de quienes creen en los derechos humanos.

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público, y que el derecho a la información será garantizado por el Estado;

La libertad de expresión es una función social de interés público y efecto del buen gobierno, la cual se manifiesta en el ejercicio de un derecho fundamental, inalienable, e inherente a todas las personas y, como un elemento esencial de la sociedad que fortalece las instituciones democráticas de las naciones libres, principios reconocidos en todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte;

Las autoridades han dado muestra de voluntad y ha desplegado esfuerzos para atender adecuadamente el tema referido a agresiones contra periodistas. Sin embargo, persiste la demanda sentida y reiterada por parte de la sociedad, relativa a mejorar y fortalecer las acciones de gobierno que garanticen la integridad física y moral de quienes desarrollan en México una actividad periodística o de información, a fin de estar éstos en posibilidades de realizar dicha función fundamental;

Los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que la investigación, el ejercicio de la acción penal y la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal corresponde al Ministerio Público de la Federación y que éste último estará presidido por el Procurador General de la República.

La ley, faculta al Misterio Público de la Federación, para que en caso de que existan o se reúnan los elementos del tipo penal, este pueda ejercer su facultad de atracción y será competente para conocer del asunto.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística.

El Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, tendrá las facultades siguientes:

A) Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4, fracciones I, IV, V y VI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación;

B) Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

C)  Coordinar a los agentes del Ministerio Público de la Federación designados para investigar y perseguir los delitos competencia de la Fiscalía y en las delegaciones de la Procuraduría. Toda vez que son asuntos de su competencia en atender delitos de la materia, concentrar las investigaciones que se consideren procedentes.

Por los razonamientos con antelación expuestos, esta dictaminadora, manifiesta toda vez que son asuntos de competencia y se reúnen los elementos del tipo y sin invadir la esfera jurídica de los demás órganos de la federación, estima pertinente exhortar de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República para que por conducto del Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y en el ámbito de sus funciones y facultades, valore la atracción del asunto sobre el homicidio del Periodista Armando Saldaña Morales. 

Asimismo, la Dictaminadora expresa su sentir de malestar contra las agresiones hacia los periodistas por razón de su trabajo y manifiesta su preocupación por la seguridad de los mismos, por tal motivo, manifiesta que es pertinente aprobar el punto de Acuerdo y exhortar a la autoridad competente para que realice las investigaciones pertinentes.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de las atribuciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, se analice la viabilidad de ejercer la facultad de atracción de la investigación del homicidio del periodista Armando Saldaña Morales, y en su caso, rendir un informe a esta soberanía al respecto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 20 de mayo de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

Y para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro Montano Guzmán, del grupo parlamentario del PRI.

Declina, Diputado Montano Guzmán.

Y le cedemos el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

Quiero apoyar, en todos sus términos, el punto de Acuerdo que presentan mis dos compañeros, tanto el Senador Bartlett como el Diputado Ladrón de Guevara.

Es obvio, vamos, ni siquiera tendríamos que estar exhortando a través de la Comisión Permanente que la Procuraduría General de la República, a través de su Fiscalía Especializada, deba atraer la investigación de este homicidio.

¿Por qué digo que es obvio?

Primero, porque se trata de un periodista de oficio, es un periodista debidamente acreditado, tanto en medios impresos como en radios electrónicos.

Segundo, porque se desempeña en la tierra que se ha convertido, desgraciadamente, en la peor enemiga de los periodistas, y me refiero al estado de Veracruz.

Es inconcebible que durante la administración del actual gobernador, contemos con 12 periodistas asesinados y nos acerquemos a la friolera de 150 agresiones graves a periodistas que, inclusive, han tenido que dejar esa tierra para buscar su desempeño en otros lugares.

Ahí, precisamente en Veracruz se cuentan dos casos de escándalo, que me sumo a quienes dicen no creer en el resultado de las investigaciones, y me refiero al de Goyo Jiménez y al de Regina Martínez.

Por supuesto que no creemos en el resultado de esa investigación.

Entonces, creo que es de obvia resolución, que la Procuraduría General de la República deba de atraer este caso.

Sin embargo, si quiero apercibirles, que mientras nosotros, porque es nuestra esfera competencial, no le otorguemos a la sociedad, no digo a los periodistas, que los periodistas son los que menos piden, son gente valiente, son gente honrada y generalmente no tienen miedo.

Pero el periodista sirve a la sociedad, y mientras nosotros no le otorguemos a la sociedad una fiscalía, no solo especializada, autónoma; autónoma en sus investigaciones, autónoma en sus presupuestos; que no hable un gobernador o un poderoso político y acalle la investigación que está realizando una fiscalía, si bien especializada, no autónoma.

De manera que ojalá que estamos ya próximos a iniciar la Legislatura LXIII, y un grupo de compañeros Diputados llegarán con renovados bríos a su desempeño, nos fijemos la meta de que podamos, ahora sí, darle a la sociedad esa Fiscalía Especializada, autónoma, en investigación, en método y en presupuesto.

Muchísimas gracias.

Y por supuesto, mi voto es a favor de este punto de Acuerdo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Tiene el uso de la voz el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano.

El Diputado Danner González Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de esta Asamblea.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, señala que del 2000 a 2014, en el país han sido asesinados 102 periodistas.

De estos, es ya sabido que 16 corresponden a Veracruz y 11 han sido durante la actual administración estatal.

Por eso mismo, hace casi un mes la Cámara de Diputados aprobó un punto de Acuerdo, que presentó un servidor, para exhortar a las autoridades estatales de Veracruz para que no quedara ningún solo caso sin resolver, que se cumpliera con los compromisos que se hicieron con los familiares de las víctimas y que garantizara la seguridad de quienes de manera valiente, honesta y decidida ejercen el periodismo en la entidad.

Hoy, yo preguntaría, ¿no hay acaso regla más segura para conocer la vocación democrática de un gobierno, que la garantía que es capaz de dar para el ejercicio de la libre expresión y del periodismo?

En Movimiento Ciudadano tenemos claro que la violencia contra el periodista, que escala día con día, no es solamente una mala nota, se trata de un atentado contra los derechos humanos de opinión y de libertad de expresión.

Derechos consagrados en nuestra Carta Magna en los artículos 6o. y 7o., así como en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Se trata, en suma, compañeras y compañeros, de un mandato constitucional y un deber que impone el bloque de convencionalidad de los derechos humanos, a las autoridades del Estado mexicano, el garantizar que no se afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o a las libertades de opinión y de expresión.

Por eso mismo vamos a apoyar el presente punto de Acuerdo, para que sean las autoridades federales las que atraigan el caso, y además exigimos dar con los responsables.

Les pedimos, de igual forma, a las autoridades del estado de Veracruz que atiendan los compromisos con las víctimas, con los familiares de los periodistas.

Se trata de un tema muy sensible. Se trata de la voz de los veracruzanos. Se trata también de garantizar el pleno ejercicio de las libertades de opinión y de prensa.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputado González Rodríguez.

Tiene el uso de la voz el Diputado Alejandro Montano Guzmán, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado Alejandro Montano Guzmán: Muchas gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se suma a este exhorto para llevar justicia a un periodista veracruzano, que fue victimado en Cosolapa, Oaxaca, y exigimos, como veracruzanos, que este hecho lamentable se esclarezca.

Por eso es que apoyamos este exhorto para que se realicen las investigaciones correspondientes, pero también asentar y es importante, que las autoridades en Veracruz han dado resultado y han esclarecido hechos que han atraído la atención de los ciudadanos veracruzanos y también fuera del estado.

La Fiscalía del estado ha trabajado con profesionalismo y con los equipos necesarios de inteligencia y, sobre todo, en coordinación con las autoridades federales.

Ya no puede ninguna autoridad, trabajar únicamente ellos; se tiene que cruzar información y se deben de coordinar.

Por ello, en los últimos casos lamentables que se han presentado, la autoridad competente ha actuado y ha dado los resultados que ha exigido la sociedad.

Si bien es cierto que hay casos que no se pueden prevenir o evitar, lo cierto es también que en Veracruz se ha aplicado la ley y los resultados están tangibles para quienes quieran conocerlos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado Montano Guzmán.

Sonido, por favor, en el escaño del Senador Blásquez Salinas. ¿Con qué objeto?

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Para aclarar un dicho del señor Diputado Montano Guzmán, nada más desde mi escaño, si me lo permite.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, Senador Blásquez Salinas.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) El cuerpo ha fallado en Oaxaca, pero no tenemos la certeza de que la persona haya sido asesinada en Oaxaca.

Es la aclaración, gracias.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Evitemos los diálogos y pasemos al siguiente tema. Gracias, Senador Blásquez Salinas.

En virtud de haberse agotado el listado de oradores, se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa, los días 6 y 7 de mayo del año en curso.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo, presentada por el Dip. Abel Octavio Salgado Peña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se condenan los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa y exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a deslindar responsabilidad e iniciar las indagatorias correspondientes.

Adicionalmente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, presentada por el Dip. Roberto Ruíz Moronatti del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al Instituto Electoral del Distrito Federal a investigar y sancionar a los responsables de los hechos ocurridos los días 6 y de 7 de mayo pasado en la Delegación Cuajimalpa.

Finalmente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, presentada por diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al Instituto Electoral del Distrito Federal a realizar una investigación pronta, objetiva y transparente por los actos de violencia ocurridos el pasado 6 de mayo en la Delegación Cuajimalpa y se sancione conforme a derecho a los responsables.

Las tres proposiciones fueron presentadas el 13 de mayo de 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del 2015, el Diputado Abel Octavio Salgado Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de Acuerdo por el que se condenan los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa y exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a deslindar responsabilidad e iniciar las indagatorias correspondientes

b. En la misma sesión de la Comisión Permanente, el Diputado Roberto Ruíz Moronatti, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al Instituto Electoral del Distrito Federal a investigar y sancionar a los responsables de los hechos ocurridos los días 6 y de 7 de mayo pasado en la Delegación Cuajimalpa.

c. En la misma sesión de la Comisión Permanente, diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al Instituto Electoral del Distrito Federal a realizar una investigación pronta, objetiva y transparente por los actos de violencia ocurridos el pasado 6 de mayo en la Delegación Cuajimalpa y se sancione conforme a derecho a los responsables.

d. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que las tres proposiciones fueran turnadas a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y los turnó mediante los oficios No. CP2R3A.-94, No. CP2R3A.-121 y No. CP2R3A.-130, de fecha 13 de mayo de 2015.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

a. Proposición con punto de Acuerdo que presenta el Diputado Abel Octavio Salgado Peña (PRI)

El Diputado Federal refiere que la noche del miércoles 6 de mayo se registraron lamentables hechos de violencia en la Delegación Cuajimalpa, al sur del Distrito Federal, en la colonia San Mateo Tlatenango.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un conflicto en el contexto de las campañas electorales y las actividades de brigadas de promoción del voto, entre candidatos y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional.

Desgraciadamente, continúa el proponente, en el enfrentamiento resultaron seriamente heridos Paola Felix Díaz, candidata a diputada federal y Adrián Rubalcava, exjefe delegacional en Cuajimalpa y candidato a diputado local del Revolucionario Institucional.

El Diputado expone que, de acuerdo con el Presidente del PRI en el Distrito Federal, Mauricio López Velázquez, todo se originó cuando, aparentemente, personal vinculado con el PRD retiraba propaganda priista en las inmediaciones de la colonia donde se suscitaron los hechos.

Señala también que con anterioridad, López Velázquez había denunciado que personas asociadas o autoidentificadas con el PRD han retirado propaganda las delegaciones Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlahuac, Xochimilco y Coyoacán, y que esto habría traído como consecuencia que se verificaran actos de violencia en diversos puntos del Distrito Federal.

Señala que el retiro de propaganda electoral, legalmente colocada con los estándares aprobados por el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, constituye una violación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General en materia de delitos electorales, al tratarse de actos que obstaculizan el desarrollo normal y equitativo de la contienda, y por tratarse de actos que hacen presumir la coacción del voto o la solicitud de no votar por determinado candidato o partido.

En ese contexto, señala, es posible que se pudiera haber verificado la comisión de diversos delitos, tanto de carácter electoral como del orden común, al haberse registrado actos de violencia y lesiones en contra de los candidatos del Revolucionario Institucional.

Advierte el proponente la necesidad de evitar una escalada en los niveles de violencia en la contienda, en atención a que ya se han registrado terribles acontecimientos de violencia y homicidios. Por lo tanto, señala que con mayor razón, no deben ser los candidatos ni los Partidos ni los militantes y simpatizantes, promotores de actos de violencia.

Por lo anterior, propuso lo siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a deslindar responsabilidad e iniciar las indagatorias correspondientes relativos  a los hechos ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, el pasado 6 de mayo.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Distrito Federal a ejercer sus atribuciones con relación a la posible comisión de delitos electorales en el contexto de los hechos ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, el pasado 6 de mayo.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, el pasado 6 de mayo, e insta a las candidatas y candidatos a los cargos públicos, a los miembros de los partidos y a los simpatizantes a conducirse con civilidad y respeto mutuo para el normal el desarrollo del proceso electoral.

b. Proposición con punto de Acuerdo que presenta el Diputado Roberto Ruíz Moronatti (PRI)

El Diputado Federal señala que en época de elecciones, es indispensable se protejan los principios electorales de libertad, justicia y competitividad, asegurando la equidad del proceso, la igualdad de oportunidades y responsabilidad de todos los participantes.

En ese contexto, advierte que lo anterior no se ha llevado a cabalidad en lo referente a la contienda del próximo 7 de junio para Jefe Delegacional de Cuajimalpa, a consecuencia de que la pasada noche del 6 y parte de la madrugada del 7 del presente mes, los candidatos de la coalición PRI – PVEM, Paola Félix Díaz, Adrián Rubalcava Suárez y Miguel Ángel Salazar, así como personal que los acompañaba, fueron brutalmente agredidos por seguidores del Partido de la Revolución Democrática, que apoyan al candidato Luis Espinosa Cházaro.

Narra el proponente que esta situación se originó a raíz de que los candidatos de la coalición PRI – PVEM, fueron informados de que militantes del PRD quitaban la propaganda –mantas y pendones- concernientes a su campaña para colocar la de Espinoza Cházaro, por lo cual tomaron la decisión de dirigirse a la zona para dialogar con la gente que estaba llevando a cabo estos actos, y así impedir quitaran la propaganda. Sin embargo, al llegar a las calles de San Mateo Tlaltenango, los candidatos priistas fueron recibidos con agresiones tanto físicas como verbales por personas relacionadas con el candidato del PRD a la jefatura delegacional, el diputado Luis Espinosa Cházaro.

El Diputado advierte que el resultado de estos hechos fue que la candidata a diputada federal Paola Félix fuera agredida con un palo, siendo lastimada en su pierna, mientras que el candidato a Diputado Local Adrián Ruvalcaba tuvo que ser trasladado a un hospital por una herida en la cabeza que le llevó 17 puntadas, así como el tener que estar bajo observación en terapia intermedia a consecuencia de un posible coágulo de sangre.

Comenta que, igualmente, se presentaron agresiones en contra del candidato a la Jefatura Delegacional Miguel Ángel Salazar y por lo menos 10 personas que los acompañaban tuvieron que ser atendidas médicamente a causa de las lesiones generadas en dicho ataque.

Señala el proponente que es preciso que quienes cometieron estos actos cobardes de notoria ilegalidad sean castigados conforme a derecho, aplicándoles todo el rigor legal que corresponda, por lo cual deben ser puestos de inmediato a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales competentes, pues en su conducta son evidentes acciones que la ley califica como delitos.

Por lo anterior, propuso lo siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al Instituto Electoral del Distrito Federal, a efecto de que investiguen y sancionen a los responsables de los hechos ocurridos durante los días 6 y de 7 de mayo pasado en la delegación Cuajimalpa.  

c. Diversos Senadores del Partido Revolucionario Institucional

Los proponentes refieren que en los últimos años el sistema político mexicano se ha consolidado, con la aprobación de cambios sustantivos a las reglas electorales que han fortalecido a nuestro órgano electoral.

A dicho de los Senadores la reforma política publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero de 2014, tiene como propósito homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales y así, garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral; se fortalecen las condiciones de equidad durante las elecciones, al mejorar la impartición de justicia electoral y hacer más eficiente la imposición de sanciones.

Advierten que en el caso de la Capital de nuestro país, el Instituto Electoral del Distrito Federal, es la instancia que regula las elecciones a nivel local. Bajo estos argumentos, es importante que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal garanticen la seguridad a todas las etapas del proceso electoral. Lo anterior, —continúan— porque el pasado 6 de Mayo del año en curso, al salir de un evento en la comunidad de San Mateo Tlaltengo, en la Delegación Cuajimalpa, los Candidatos a Diputada Federal y Jefe Delegacional, Paola Félix Díaz y Miguel Ángel Salazar respectivamente, así como también el Jefe Delegacional con Licencia Adrián Rubalcava, candidato a diputado local por el Distrito XX, fueron agredidos física y verbalmente por un grupo de brigadistas del Partido de la Revolución Democrática. De acuerdo a las investigaciones, los brigadistas estaban quitando pendones y pancartas de los candidatos priistas colocando los de su candidato, acto que evidentemente violenta la ley electoral.

Ante estos hechos de violencia, reconocen que el Ministerio Público adscrito a la Coordinación Territorial Cuajimalpa 1, inició una averiguación previa con número FCUJ/CUJ-1/0356/15-05, en la cual se integró la declaración de los candidatos priistas así como la declaración de los brigadistas perredistas afectados.

Derivado de lo anterior, el Instituto Electoral del Distrito Federal convocó a los partidos PRI y PRD para que firmaran un “Pacto de Civilidad” el pasado 8 de Mayo, este pacto tiene como principal objetivo, garantizar la seguridad de los candidatos de ambos partidos, y así poder garantizar el normal desarrollo del proceso electoral en las próximas elecciones.

Concluyen argumentando que este tipo de actos son reprobables, no sólo se pone en riesgo la integridad física de las personas sino atenta contra la democracia.

Por lo anterior, propusieron lo siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen una investigación pronta, objetiva y transparente por los actos de violencia ocurridos el pasado 6 de mayo en la Delegación Cuajimalpa, y se sancione conforme a derecho a los responsables.

III. CONSIDERACIONES

Atentos al objetivo que persiguen los tres puntos de acuerdo descritos en el aparte anterior, esta Primera Comisión resuelve elaborar un dictamen para las tres proposiciones.

Esta Comisión Dictaminadora lamenta y reprueba los hechos de violencia que se verificaron en la noche del 6 de mayo y madrugada del 7, en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal.

Como ha quedado manifiesto en las consideraciones de los puntos ahora en dictamen se trató de agresiones que sufrieron los candidatos y equipos de campaña de la coalición PRI — PVEM, así como personal y brigadistas del PRD.

De acuerdo con información dada a conocer por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la “riña” entre simpatizantes del PRI y del PRD en las calles de la Colonia San Mateo Tlaltenango dejó 16 lesionados, dos de ellos menores de edad, pero ningún detenido.

Continuando con su primer informe, la PGJDF señaló que además de los lesionados, fueron dañados dos vehículos e informó la apertura de dos averiguaciones previas por los delitos de lesiones y daño a la propiedad, mismas que fueron radicadas en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales.
Esta Comisión Dictaminadora reconoce los esfuerzos del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) al coordinar la celebración de un “Pacto de Civilidad” entre los diferentes partidos políticos. Este acuerdo fue firmado por las dirigencias de los siguientes Institutos Políticos:

● Partido Revolucionario Institucional

● Partido de la Revolución Democrática

● Partido Verde Ecologísta de México

● Partido Nueva Alianza

● Partido del Trabajo

● Partido Encuentro Social

● Partido Humanista

Si bien ambas instancias, tanto la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como el Instituto Electoral del Distrito Electoral, han actuado en el marco de sus atribuciones, es cierto también que aún se tienen que desahogar las averiguaciones previas que inició de oficio la Procuraduría y aquellas que se acumulen, para que las agresiones sufridas por los candidatos, militantes y simpatizantes no queden impunes y, por supuesto, no inhiban el ámbito de equidad, imparcialidad y sana competencia que debe imperar en la celebración de los comicios electorales.

Esta Comisión dictaminadora y la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión no prejuzgan sobre los hechos ocurridos, pero instan respetuosamente a las autoridades a continuar con las investigaciones correspondientes y sancionar en la medida de su competencia y atribuciones a los responsables de las agresiones sufridas por los candidatos referidos. 

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resuelven presentar dictamen positivo sobre las proposiciones de referencia, por lo que someten a la consideración de esta H. Asamblea  los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, el pasado 6 y 7 de mayo, e insta a las candidatas y candidatos a cargos de elección popular, así como a los miembros y simpatizantes de los partidos políticos, a conducirse con civilidad y respeto mutuo para un normal desarrollo del proceso electoral vigente.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a continuar con las indagatorias correspondientes y deslindar las responsabilidades que deriven de los sucesos ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, el pasado 6 y 7 de mayo.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación pronta, objetiva y transparente de los actos de violencia ocurridos el pasado 6 y 7  de mayo en la Delegación Cuajimalpa, y en el caso de que se actualicen transgresiones a la normatividad electoral, imponga las sanciones que resulten procedentes.

PRIMERA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra el Diputado Tomás Torres.

Declina el Diputado Torres Mercado.

Tiene el uso de la palabra la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, y enseguida le doy el uso de la palabra a la Diputada Lisbeth Rosas.

Adelante, Diputada Sanjuana Cerda Franco.

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros legisladores.

Vivir en un estado democrático significa no sólo cumplir con el procedimiento de llevar a cabo comicios para el ejercicio del voto sino quienes busquen la preferencia y la ciudadanía respeten los principios de la equidad, justicia, pluralidad, tolerancia y de civilidad política.

Si cada uno de los que estamos participando en este proceso electoral no respetamos y hacemos respetar esos principios, contribuimos en gran medida, a la pérdida de la legitimidad del mismo proceso que nos trajo hasta aquí.

La desconfianza en las instituciones y en los resultados del proceso electoral que han generado expresiones orientadas a la abstención electoral encuentran sustento precisamente en la propaganda electoral que en lugar de proponer desacredita al adversario.

Eso, sin duda, desalienta la participación ciudadana.

Nueva Alianza reprueba, categóricamente, cualquier intento y acción de desacreditar y vulnerar la confianza de la ciudadanía, ya sea por los actos realizados en Cuajimalpa, como en cualquier otra localidad del país.

Como instituto político, hemos sido respetuosos de nuestros adversarios políticos y así seguiremos; nos mueve la convicción de que se gana mediante la confrontación de ideas y la presentación de propuestas viables, razonadas y consensuadas con y desde la misma sociedad.

La violencia política que provoca agresiones físicas, las descalificaciones y sustento o promesas vacías, en nada contribuyen al fomento, desarrollo y consolidación de nuestra democracia.

Nos sumamos al llamado para que en el Distrito Federal y en todos los estados del país, la participación de los órganos electorales, tanto nacionales como locales, así como de las autoridades judiciales cumplan con su responsabilidad y obligación de vigilar que los contendientes en esos comicios actúen conforme a la ley.

Sólo de esta manera podemos considerar que se preservan los derechos electorales de la ciudadanía y que el supremo acto del sufragio se realizará bajo un ambiente de tranquilidad, seguridad y confianza ciudadana.

Compañeros y compañeras legisladoras: La civilidad política debe conducirnos con estricto apego a la legalidad, son principios que Nueva Alianza practica en las campañas electorales, principio que todos quienes participamos en este proceso debemos asumir por el bien de la democracia, en particular, en la Ciudad de México.

Por ello, respaldamos el dictamen aprobado en la Primera Comisión, a fin de deslindar las responsabilidades respecto a los hechos ocurridos el pasado 6 y 7 de mayo en la Delegación Cuajimalpa.

En lo que resta de las campañas y el día de la jornada electoral, los partidos y sus candidatos y candidatas deben ser un ejemplo de civilidad política, de lo contrario, estaríamos atentando contra todo lo que hemos querido construir entre todos, verdaderos procesos democráticos que definan la representación política del país.

Aprobamos el presente dictamen.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputada Sanjuana Cerda Franco.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD.

La Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, con su venia, Diputado Presidente.

En el grupo parlamentario del PRD estamos totalmente de acuerdo con los resolutivos de este punto de Acuerdo, sin embargo, quisiera hacer algunas reflexiones al respecto.

Y tiene mucho que ver con los temas que nos van a ocupar en estas tres sesiones previas al día de la elección, y tiene que ver precisamente con los exhortos que nos piden a todos los partidos a actuar con civilidad.

Y escucho eso en boca de muchos de los compañeros que se encuentran aquí presentes.

Yo me pregunto, ¿cómo vamos a obtener o a buscar esa civilidad si no hay el más mínimo respeto a las instituciones? que, como dice un legislador que me antecedió, deberían de ponerse por delante.

Si bien este punto de Acuerdo fue suscrito por tres legisladores distintos del mismo grupo parlamentario del PRI, me parece que finalmente hay que ver las cosas a mayor profundidad, porque tiene que ver precisamente con las conductas personales de algunos compañeros que están en la política.

¿Cómo podemos venir a exhortar que se comporten con civilidad, si nuestros propios legisladores son quienes agreden a los demás?

Hace ocho días vimos de manera lamentable y penosa cómo un legislador del PRI-PVEM, le propinaba un cabezazo a un servidor público de una delegación.

Entonces, yo sí los exhorto compañeros, a que no metamos puntos de Acuerdo exhortándonos, queriéndonos curar en salud, cuando el mismo instituto político que promueve el punto de Acuerdo se comporta con este nivel de civilidad, no pudiendo resolver los asuntos por la vía del diálogo, de la comunicación, del acuerdo sino a través de la violencia, pero, además, poniendo por delante el fuero, el tan criticado y cuestionado fuero de los legisladores.

Entonces, yo los invito, compañeros, a que vayamos más allá en estos puntos de Acuerdo, estoy en el entendido de que efectivamente México requiere quizá menos reformas de ley y mayor aplicación de las que ya existen, justicia. Vemos también cómo los partidos le dan vuelta, o ahora vienen a proponer reformas a la Constitución o a los órganos que finalmente regulan la cantidad de propaganda que vemos finalmente en los medios de comunicación, y que en estos días seguramente se va a emitir la sanción.

Nosotros los legisladores no estaríamos aquí discutiendo esas diferencias de un partido a otro si los órganos encargados de procurar justicia, llámese la PGR, llámese las procuradurías estatales, llámese ahora los institutos electorales y el propio INE, cumplieran con lo que les marca la ley; supervisaran y vigilaran en qué situación se están llevando las campañas electorales, porque, créanme, que como nunca están plagadas de irregularidades, de abuso en el derroche de los recursos públicos, del abuso en las transmisiones no solamente de radio y televisión, sino en cines; del abuso en la entrega de tarjetas como lo vimos también hace tres años en el periodo de elección presidencial.

Entonces, compañeros, yo los invito a que suscribamos puntos de Acuerdo de manera seria y contundente, pero que prediquemos con el ejemplo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputada Rosas Montero.

En virtud del tiempo que falta para desahogar el Orden del Día, esta Presidencia les solicita que podamos hacer los posicionamientos de los dictámenes, hasta por tres minutos, sino, vamos a tardar demasiado en agotar el Orden del Día. En virtud de eso, esta Presidencia va a tomar esa decisión, espero sea de acuerdo con todos ustedes.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El Diputado Danner González Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

En Movimiento Ciudadano vamos a votar también a favor de este punto de Acuerdo porque es condenable los hechos de violencia en Cuajimalpa, y no solamente en Cuajimalpa, en todas las demás delegaciones.

En la campaña electoral de la ciudad de México prevalen impunidad e innumerables actos: entrega de tarjetas de descuento, despensas, tinacos, boletos de cine, numerosos utilitarios repartidos sin escrúpulo por las delegaciones y por muchos candidatos del Partido de la Revolución Democrática.

Nosotros le pedimos, hace unos días, al Jefe de Gobierno que pusiera especial atención en estos hechos que están escalando.

Hoy las delegaciones rechazan toda gestión que no provenga de simpatizantes del PRD, a comercios establecidos, a vendedores en la vía pública, a bases de taxis, a líderes vecinales.

Las autoridades delegacionales les advierten que si promocionan o participan con algún otro partido sufrirán represalias, incluso servidores públicos del Gobierno del DF han sido despedidos porque expresan su simpatía por candidatos que no son del PRD.

Los candidatos y candidatas de Movimiento Ciudadano, lo mismo que sus equipos de trabajo en el Distrito Federal, han sido también objeto de boicots, de amenazas, de agresiones y acoso en Gustavo A. Madero, en Milpa Alta, en Xochimilco y en Magdalena Contreras.

Ante estos hechos, el doctor Mancera hace como que no pasa nada y mira para otro lado, en el fondo no es más que pura simulación, es una hábil maquinación para hacer valer pretensiones ilegales, injustas y fraudulentas.

Le exigimos, en Movimiento Ciudadano, que ponga un alto a estas deleznables prácticas antidemocráticas.

Le pedimos que cesen en la persecución sistemática que se ha emprendido en contra de la oposición en la ciudad de México.

Le exigimos, también al doctor Mancera, imparcialidad de cara a las próximas elecciones del 7 de junio, y le decimos que no se deje llevar por esas voces de sirenas encantadoras que hoy le endulzan el oído, y que eran los mismos que hace 6 años le aplaudían como focas a Marcelo Ebrard, y que hoy lo están impugnando.

Están en juego, compañeras y compañeros, el respeto a la legalidad y la certeza de este proceso electoral.

Que dejen de pensar ya en el 2018, que es en lo que están pensando, que resuelvan, primero, la situación en las delegaciones de este 2015.

Y a quienes hacen esto, como don Carlos Navarrete, que hoy le endulza los oídos y que anda de corista del partido en el poder impugnando al candidato que antes apoyaba, le decimos como José Alfredo: “Ojalá, ojalá que le vaya bonito”.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputado González Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra, para el mismo tema, el Diputado Fernando Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del PAN.

El Diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias, Diputado Presidente.

Por supuesto, los legisladores de Acción Nacional no queremos dejar pasar la oportunidad para señalar que el clima que se está viviendo en el Distrito Federal, el clima político electoral es verdaderamente preocupante.

Vemos casos en los que pareciera que se quiere orquestar una auténtica elección de Estado, incluso nosotros, nuestro dirigente en el Distrito Federal ha presentado ya denuncias ante la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal porque hemos padecido, muchos militantes del PAN, sobre todo los que son nuestros candidatos, han padecido agresiones, han padecido amenazas.

Claramente la candidata del PAN en la Delegación Miguel Hidalgo, hoy ya, por cierto, puntera en las encuestas, Xóchitl Gálvez, ha sufrido amenazas, incluso agresiones físicas que la han obligado a suspender actos de campaña, que la han obligado a dejar de tuitear información sobre su campaña porque donde ella llega, llegan también agresores del PRD, y eso es muy preocupante.

Porque insisto, se está orquestando una auténtica elección de Estado. Es lamentable el patrimonialismo con que muchos delegados manejan las propias cosas, asuntos de las delegaciones.

Parece que si no ganan ellos tienen que dejar a la esposa, tienen que dejar al hermano, esto es una constante en las delegaciones gobernadas por el PRD, y eso finalmente ya será el elector el que lo juzgue, ya el elector dirá si está de acuerdo, por ejemplo, que el delegado de la Gustavo A. Madero deje, más bien, la actual delegada deje al que estuvo antes y que se vincula una relación sentimental entre ellos y probablemente, incluso, tengan ya una relación más formal, eso ya será el elector el que lo juzgue.

Ya juzgará también el caso de Iztacalco, donde también la actual delegada deja a su esposo de candidato, eso ya lo juzgará el elector.

Sin embargo, lo que sí tiene que juzgar la autoridad es el cumplimiento de la ley.

Y lo que vemos, insisto, en el Distrito Federal es una situación preocupante, lamentable y de una auténtica elección de Estado.

Y por eso, en los días que faltan de campaña, los legisladores, Senadores y Diputados de Acción Nacional, no nos cansaremos de señalar todos esos sucesos que están enrareciendo el clima político electoral en el Distrito Federal y que están impidiendo que se pueda llevar a cabo una elección verdaderamente equitativa y democrática.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputado Rodríguez Doval.

Senadora Dolores Padierna Luna, tiene usted el uso de la palabra.

La Senadora Dolores Padierna Luna: El punto de Acuerdo que está a consideración es, en efecto, un exhorto a evitar actos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa, que todos, lamentablemente, hemos conocido.

Se participa en elecciones, nosotros participamos en elecciones porque creemos en un camino de la legalidad, no en la violencia para resolver la competencia política ni la violencia para resolver asuntos de carácter público.

La democracia nada tiene que ver con los graves hechos de violencia que se vivieron en días pasados en la Delegación Cuajimalpa, en el marco de la campaña electoral.

La violencia debe ser rechazada, venga de donde venga, y debe ser sancionada.

La integridad y la vida de las personas se pone en riesgo, por tanto, se debe ir a fondo en las investigaciones y en el deslinde de responsabilidades.

Debe haber un mensaje claro por parte de las autoridades capitalinas y de las autoridades electorales para que no haya impunidad, ese fue el compromiso del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, en días pasados y del Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Así lo han asumido también los candidatos a la jefatura delegacional en Cuajimalpa y las dirigencias partidarias de los respectivos partidos.

Estamos a pocos días de la jornada electoral del 7 de junio, la ciudadanía, los actores políticos deben tener certeza de que habrá una jornada electoral ejemplar, en paz, con civilidad; debe haber información clara, oportuna a la ciudadanía sobre los responsables de los hechos de violencia en Cuajimalpa.

Existen múltiples acusaciones y denuncias públicas, ahora les toca a las autoridades competentes ir a fondo.

Hay suficientes evidencias, hay testigos, hay videos, hay todo, para tener claridad qué pasó y se castigue a los responsables.

Nada justifica que grupos delictivos, como los llamados “Claudios”, actúen con total impunidad en esa delegación. Las denuncias en contra de ellos son viejas, al menos proceden o provienen desde 2009, sólo con la protección y la complacencia han subsistido y han seguido agrediendo y violentando a la ciudadanía en esa delegación.

Ya es tiempo de poner un hasta aquí, por eso apoyamos el exhorto, exigimos a que se actúe y se castigue a los responsables de la violencia en la Delegación Cuajimalpa.

Y a propósito de otras intervenciones, debemos decirles que el exhorto debe de hacerse a parar con las elecciones de Estado. Lamentablemente, no es el único lugar, hay muchos casos, tenemos que sanear la política, tenemos que elevar la mira, tenemos que apelar a la legalidad, a la civilidad, y a que las elecciones sean actos voluntarios, actos civilizados, actos democráticos.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: A usted, Senadora Dolores Padierna. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo en torno a la posible violación del derecho a la libertad de expresión y violencia de género en contra de Verónica Espinosa.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de Acuerdo relativo a las agresiones a la periodista Verónica Espinosa. Presentada por los Senadores María del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 13 de mayo de 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del 2015, los Senadores María del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la proposición con punto de Acuerdo relativo a las agresiones a la periodista Verónica Espinosa.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-125, de fecha 13 de mayo de 2015.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los proponentes afirman que el derecho a la libertad de expresión tiene diversos alcances; en principio, es un derecho humano que se aplica a todas las personas al amparo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el mismo sentido contexto, expresa la senadora y el senador proponente que el derecho a la libertad de expresión lleva implícito el derecho a difundir ideas e información, es decir todo individuo tiene derecho a difundir lo que piensa y dichas expresiones se pueden desenvolver en cualquier ámbito de la vida humana ya sea político, cultural, deportivo, artístico, etc.

Señalan que el derecho a la libertad de expresión, impone la obligación a los demás individuos y al estado mismo de respetar la libertad de expresión de los demás; manifiestan que también se encuentra garantizada por diversos instrumentos internacionales.

Señalando que se encuentra en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, siendo coincidentes en que es un derecho que no puede ser censurado por medios indirectos, que tienen límites en cuanto a la protección de los derechos de otros individuos, además de que también implica deberes y responsabilidades y que no puede ser utilizado para promover el odio racial, la guerra o la incitación a la violencia.

Destacan que en México las agresiones a periodistas han representado un problema creciente, esto aún y cuando el país cuenta con instrumentos destinados a la protección de periodistas, como lo es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión.

Señalan que resulta imperante, que las autoridades correspondientes, den respuesta al caso de la periodista Verónica Espinosa, quien fue agredida el pasado 4 de mayo y que fue denunciada por la propia periodista y provino del señor Jorge Castro Rea, en su carácter de Presidente de la Federación Mexicana de Esgrima.

Los proponentes indican que los hechos narrados por la periodista, lo hechos ocurrieron el día 4 de mayo durante el desarrollo del Campeonato Nacional de Esgrima, celebrado en el Estado de Guanajuato, luego de que Verónica Espinosa le solicitara una entrevista al Presidente de la Federación Mexicana de Esgrima. Indican que en el artículo periodístico titulado “Presidente de la Federación de Esgrima agrede a corresponsal de Proceso en Guanajuato” publicado por la Revista Proceso, documenta la agresión a la que fue víctima dicha periodista, en la que se destaca la agresión verbal, fue privada de sus instrumentos de trabajo y de agresión física consistente en el acto de arrebatarle su teléfono celular.

En la propuesta, se expresa que Verónica Espinosa interpuso una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, misma que quedó asentada con el expediente 131/2015 por la violación del derecho a la libertad de expresión y violencia de género.

Por lo anterior se plasma textualmente los resolutivos propuestos:

Primero.- El Senador de la República rechaza cualquier tipo de violencia y agresiones a la libertad de expresión, así como cualquier acto que vulnere los derechos humanos de los periodistas.

Segundo.- Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar los hechos relacionados con la queja interpuesta ante la  Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato misma que quedó asentada en el expediente 131/2015-A, y en su caso determinar y emitir recomendación sobre los posibles actos de violación del derecho a la libertad de expresión y violencia de género en contra de Verónica Espinosa.

Tercero.- Se exhorta a la Comisión nacional del Deporte para informe a este Senado sobre la actuación del Presidente de Federación Mexicana de Esgrima en relación con las agresiones realizadas en contra de la periodista Verónica Espinosa y en general sobre el cumplimiento protocolos y principios seguidos por las Asociaciones Deportivas Nacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos y en especial a la expresión de ideas y al libre ejercicio de la función periodística.

Cuarto.- El Senado de la República exhorta a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a iniciar un proceso de investigación en materia de violencia de género, derivado de los hechos en el caso de la agresión a Verónica Espinosa.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora se manifiesta porque los Derechos Humanos se respeten y que las instancias encargadas de protegerlos, cumplan con su deber y actúen conforme a derecho. Del mismo modo, los integrantes de esta Comisión, expresan su  voluntad porque en nuestro país se ejerza la libertad de expresión y se proteja la importante actividad de los periodistas; y de la misma manera, lamenta las agresiones a la periodista Verónica Espinosa.

ES importante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 6º garantiza que;

ARTICULO 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado.

En ese mismo sentido el artículo 7º de nuestra carta magna señala que;

ARTICULO 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Y en los últimos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha integrado una serie de expedientes y emitido recomendaciones por agresiones o amenazas contra periodistas, reportando una fuerte incidencia de ataques contra comunicadores.

Esta comisión dictaminadora manifiestan y como lo hacen también los promoventes el derecho a la libertad de expresión se encuentra garantizada por los instrumentos internacionales siguientes: Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, siendo coincidentes en que es un derecho que no puede ser censurado por medios indirectos, que tienen límites en cuanto a la protección de los derechos de otros individuos, además de que también implica deberes y responsabilidades

La Procuraduría General de la República (PGR), en 2010 creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) instancia encargada de realizar las investigaciones relacionadas con los delitos cometidos en contra de quienes ejercen el periodismo o en aquellos casos en que se cometan delitos en contra de quienes ejercen el derecho a la información o de la libertad de prensa y expresión.

Como se indica en la proposición, la periodista presentó una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato misma que quedó asentada en el expediente 131/2015-A, por lo que resulta importante que se determinen y emitan recomendación sobre los posibles actos de violación del derecho a la libertad de expresión y violencia de género en contra de Verónica Espinosa, toda vez que dicha instancia debe velar por la protección, defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, así como propiciar una cultura de respeto a los mismos.

Y considera pertinente que a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se informe de la actuación de la Federación Mexicana de Esgrima considerada Asociación Deportiva Nacional, en relación con las agresiones realizadas en contra de la periodista y en general sobre el cumplimiento de los protocolos de actuación de las Asociaciones Deportivas Nacionales con la finalidad de garantizar  el respeto a los derechos humanos y al libre ejercicio de la función periodística.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea los siguientes:

IV. RESOLUTIVO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza cualquier tipo de violencia y agresiones a la libertad de expresión, así como cualquier acto que vulnere los derechos humanos de los periodistas y exhorta a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a pronunciarse sobre la posible violación del derecho a la libertad de expresión y violencia de género en contra de Verónica Espinosa.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que informe a esta soberanía sobre la actuación del Presidente de Federación Mexicana de Esgrima en relación con las supuestas agresiones realizadas en contra de la periodista Verónica Espinosa y en general sobre el cumplimiento protocolos y principios seguidos por las Asociaciones Deportivas Nacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos y en especial a la expresión de ideas y al libre ejercicio de la función periodística.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, para que en ejercicio de sus facultades y atribuciones, tome conocimiento de los hechos en el caso de la agresión a Verónica Espinosa y valore la pertinencia de iniciar una averiguación con relación a los mismos

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 20 de mayo de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

El motivo de pedir el uso de la palabra en este punto de Acuerdo es para pedirles el voto a favor del mismo y hacer algunas consideraciones que me parecen relevantes.

Primero, pues señalar que tanto el artículo 6o. y 7o. de nuestra Constitución señalan disposiciones importantes en torno a la libertad de expresión en nuestro país y a lo importante de este derecho, pero no solamente en la Constitución, sino en diversos instrumentos de carácter internacional, de los cuales México es parte, como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que también establece disposiciones importantes en torno a la libertad de expresión.

Por supuesto, es importante también referirnos a otros instrumentos como los relativos a casos concretos en el tema del derecho a la libertad de expresión relativos al ejercicio de la labor periodística.

Hoy, hace algunos instantes se referían compañeros legisladores a un caso lamentable del homicidio de un periodista veracruzano y se señalaba justamente la problemática que tenemos en México en materia de violación constante a los derechos humanos de los periodistas.

Sabemos que en México ese es un problema grave, inclusive a pesar de tener una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, que es la instancia de la Procuraduría General de la República encargada de realizar las investigaciones relacionadas con delitos contra quienes ejercen el periodismo, este problema no cesa, este problema es grave.

El caso que nos trae a esta tribuna es un caso distinto, no es un caso que tenga que ver aparentemente con delincuencia organizada, es un caso en donde se violan los derechos de una periodista que no hace más que hacer uso de su derecho a generar investigaciones sobre un tema en particular, y me refiero concretamente a la interpelación hacia el Presidente de la Federación de Esgrima quien se refiere a la periodista de manera despectiva agrediéndola verbalmente, pero además arrebatándole su instrumento de trabajo, que en este caso pues era su teléfono y con el que había tomado ciertas placas fotográficas.

En este caso, estamos hablando no solamente de una violación a los derechos de la periodista, a una agresión directamente a la libertad de expresión de la periodista sino también estamos hablando de una doble victimización, pues por los hechos que narra la propia periodista estamos también ante una violencia de género de la que la misma es objeto.

Pero además, hay otro tema importante en este tema y es la forma en que se conducen ciertas federaciones nacionales deportivas en donde hay recursos públicos de por medio, y en donde pareciera que hay, además de violaciones a derechos humanos como este caso de la periodista, pues también hay opacidad en el desempeño de las mismas.

Por esto, este punto de Acuerdo tiene tres vertientes:

Uno, hacer un llamado a las autoridades para que investiguen los actos de violencia en contra de la periodista Verónica Espinosa, y eso tiene que ver concretamente con el caso de violación a derechos humanos y libertad de expresión.

El segundo aspecto que tiene este punto de Acuerdo tiene que ver con el tema de transparencia porque estamos pidiéndole también a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que aporte los elementos e informes relacionados con la actuación de esta federación, pero que además nos informe sobre los protocolos de actuación de las mismas en el caso de posibles violaciones a derechos humanos.

Otro punto importante pues es el tema de prevenir y sancionar cualquier acto de violencia de género que realicen este tipo de organizaciones.

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senadora Ortega Martínez. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a reforzar sus estrategias de prevención, investigación y persecución de delitos electorales con motivo de la jornada electoral del día 7 de junio del 2015.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales a informar sobre el rezago de 4 mil 494 averiguaciones previas e indique las acciones y medidas que realizará para su abatimiento.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En fecha 11 de mayo del 2015, la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido dela Revolución Democrática presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales a informar sobre el rezago de 4 mil 494 averiguaciones previas e indique las acciones y medidas que realizará para su abatimiento.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-140 de fecha 13 de mayo de 2015.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) adscrita a la Procuraduría General de la República y dotada de autonomía técnica y operativa cuenta con la importante tarea de velar por la legalidad del desarrollo democrático del País. Sus facultades para prevenir, investigar y perseguir la posible comisión de delitos electorales se convierten en la garantía de la libertad del voto.

La proponente señala que la jornada electoral del presente año pudiera ser una de las más concurridas en nuestra historia como nación, por lo que, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales debe de considerar la implementación de un despliegue ministerial a lo largo del territorio nacional, ya que en su carácter de representante social debe de garantizar el correcto procedimiento y la eficacia en transparencia para que de esta forma no se cometan irregularidades en la próximas elecciones a celebrarse.

La proponente señala que al día de hoy no se conoce cuantos de los 36 Agentes del Ministerio Público Especializado con que cuenta la FEPADE han sido asignados, ni a que Entidades Federativas. Esta omisión se vuelve mayormente preocupante cuándo desprendemos de la simple lectura del Informe ofrecido por la FEPADE y que corresponde al primer trimestre del año en curso, la existencia de un rezago de 4,348 averiguaciones previas, cifra casi similar a la que se tenía al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto que encontró 4,494 Indagatorias en trámite.

El punto de Acuerdo pretende exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que informe, asuma y ejecute las medidas, estrategias y acciones pertinentes con objeto de prevenir, investigar y perseguir la posible comisión de delitos electorales antes, durante y después de la jornada electoral del día 7 de junio de 2015 en los siguientes términos:

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, EXHORTA al Titular de la FEPADE, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, establezca los mecanismos de reforzamiento en sus estrategias de prevención, investigación y persecución de delitos electorales antes, durante y después de la jornada electoral del día 7 de junio del 2015.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al Titular de la FEPADE informe a esta soberanía los resultados del Programa de Blindaje Electoral 2015; la totalidad de convenios y sus alcances,  suscritos con los gobiernos estatales, organismos electorales locales y las procuradurías y fiscalías locales como bases de la necesaria coordinación antes, durante y después de la jornada electoral; los resultados de la estrategia de prevención e inhibición de conductas delictivas a través de mensajes institucionales utilizados en medios masivos de comunicación y dirigidos a la sociedad; los resultados del despliegue ministerial actual que realiza la FEPADE; y el plan de atención y la infraestructura humana y técnica prevista la atención ciudadana de denuncias por los sistemas FEPADETEL y FEPADENET durante de la jornada electoral y los días siguientes al desarrollo de la misma.

TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita se informe por escrito a esta Soberanía, lo especificado en el resolutivo SEGUNDO; en un término no mayor a 5 días hábiles después de la aprobación del presente.

III. CONSIDERACIONES

1. Esta Comisión coincide con la proponente en considerar fundamental la labor de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) adscrita a la Procuraduría General de la República para velar por la legalidad del desarrollo democrático del País, a través del uso de sus facultades para prevenir, investigar y perseguir la posible comisión de delitos electorales se convierten en la garantía de la libertad del voto.

2. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora también coinciden en dar certeza al cumplimiento de las atribuciones y facultades de la Institución en un panorama complejo a fin de que exista suficiencia de elementos ministeriales a lo largo del territorio nacional que garanticen el correcto procedimiento previsto en la Ley y se sancione de forma expedita cualquier irregularidad que exista en el desarrollo de la jornada electoral.

3. De igual forma se hace necesario que la FEPADE a través de su titular informe al Congreso de la Unión de los resultados del Programa de Blindaje Electoral 2015, así como las acciones realizadas en el marco de sus atribuciones en conjunto con las entidades, organismos y demás entes de la Federación para la prevención, investigación y persecución de delitos electorales.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, refuerce sus estrategias de prevención, investigación y persecución de delitos electorales con motivo de la jornada electoral del día 7 de junio del 2015.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, rendir un informe a esta soberanía en un término no mayor a 10 días hábiles, sobre los resultados del Programa de Blindaje Electoral 2015; la totalidad de convenios formalizados con los gobiernos estatales, organismos electorales locales y las procuradurías y fiscalías locales como bases de la necesaria coordinación antes, durante y después de la jornada electoral; los resultados de la estrategia de prevención e inhibición de conductas delictivas a través de mensajes institucionales utilizados en medios masivos de comunicación y dirigidos a la sociedad; los resultados del despliegue ministerial actual que realiza la FEPADE; y el plan de atención y la infraestructura humana y técnica prevista para la atención ciudadana de denuncias por los sistemas FEPADETEL y FEPADENET durante de la jornada electoral y los días siguientes al desarrollo de la misma

PRIMERA COMISIÓN.

Para hablar sobre el asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del grupo parlamentario del PRD.

La Diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Los fraudes y las violaciones a la ley han sido una deshonrosa práctica en México durante los procesos electorales.

Me voy a referir en este punto de Acuerdo que definitivamente no es menor. El Partido Verde Ecologista en su pugna por el poder y al margen de la ley ha propiciado hechos vergonzosos como la mancuerna perversa que sostiene con un sector del Instituto Nacional Electoral, el INE.

Complaciente en el tema de tarifas ficticias que dieron las televisoras a este partido y que se negó a investigar, pues a su juicio estas cifras no son susceptibles de analizar, le bastaron únicamente las facturas que emitieron las televisoras y no los costos comerciales; esto, señoras y señores, es un insulto a la inteligencia.

No olvidemos los descuentos en los cine-minutos cuando Cinemex y Cinépolis dieron al Partido Verde precios muy por debajo de los costos comerciales, a esto no se le puede llamar venta de espacios publicitarios, esto en el mundo real es un regalo, una donación, una aportación.

Las repetidas conductas ilegales del Partido Verde, y consentidas por el INE no pueden seguir siendo permitidas, y menos con los grupos y con las determinaciones de que los grupos parlamentarios son entes ajenos a la fiscalización por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Como ustedes saben, o todos lo sabemos, el máximo órgano, como ya se comentó aquí en tribuna, pues es el Consejo General del INE, y no necesita tener todas las pruebas para resolver.

Con ello, a todas luces rebasa por supuesto los topes de financiamiento privado para las campañas.

La autoridad no puede seguir permitiendo el uso de recursos públicos y privados ilegales, y enumero:

El pago de spots de televisión con recursos públicos. La estafa de sugerir que dichos spots eran para publicitar los informes de labores de los legisladores o legisladoras de sus integrantes de su partido.

La transmisión ilícita de tiempos del Estado.

La engañosa propaganda.

Los cineminutos.

La distribución de tarjetas y vales de descuento.

La entrega de gis escolar con una réplica de una boleta electoral, entre muchas otras prohibiciones.

El día de ayer, en el estado de Quintana Roo, el Instituto Nacional Electoral emitió una medida cautelar precisamente porque ya se había denunciado varias veces el lugar de donde se entregaban las despensas, y las despensas eran entregadas o son entregadas todavía por la familia verde, que son asociaciones civiles o fundaciones que así se hacen mencionar: los ángeles verdes, los niños verdes por amor a México, los niños verdes en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Efectivamente esta medida pues fue resuelta, como les comento; pero dicen, en el Instituto Nacional Electoral, que esto no puede aplicar una medida, porque efectivamente no están las bodegas en ese momento repartiendo que fueron descubiertas.

Sin embargo, nosotros hemos entregado varias denuncias, hay varias demandas penales, hay denuncias ante la PGR, y desde esta tribuna, Diputadas y Diputados, hacemos un exhorto y exigimos a la PGR, al Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, a la FEPADE, porque ellos tienen averiguaciones previas; ellos tienen denuncias penales de los funcionarios, como es el caso de Veracruz, que ya se comentó también aquí, y no han resuelto.

Sabemos que la FEPADE debe de resolver inmediatamente porque esto ya tiene casi dos años que se entregan despensas en el estado de Quintana Roo y no hay respuestas por estas instituciones, como también ya lo comentaron mis compañeras Lizbeth y la Senadora Dolores Padierna.

El INE debe de escuchar a todas las voces que todos los días exigen quitarle el registro al Partido Verde Ecologista, y el INE no puede seguir siendo sordo ante esta solicitud.

Concluyo.

El Partido Verde Ecologista propone la compra de espacio libre en radio y televisión dentro de la reforma política electoral, para hacer memoria, jamás hicieron una propuesta dentro de la misma reforma electoral, nada más fueron comparsa del PRI, la propuesta del Verde es una contrapropuesta, es una contrarreforma, busca concentrar el poder en sus manos, favorece a los grandes poderes económicos.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Concluya, Diputada, por favor.

La Diputada Graciela Saldaña Fraire: Señor Presidente, sólo un segundo, estoy concluyendo. Favorece a los grandes poderes económicos que están dentro de las televisoras, ¿quiénes pueden pagar las campañas en los medios de comunicación? Pues solo ellos, ¿busca legalizar la fabricación de candidatos como lo hicieron con Peña Nieto, eso es lo que buscan, que sea una “dupla” entre las televisoras y el PRI y el Verde, por supuesto.

Busca que se permita financiar campañas por quien tenga el recurso económico, beneficie a quien tiene más dinero y es quien puede pagar.

Buscar pagar los intereses económicos de las televisoras tras la telebancada, y concluyo precisamente como lo comenté. Pues sí, yo sé que molesta pero no se ha resuelto.

Pedimos entonces que las instituciones, como la PGR como la FEPADE, como el INE, resuelva de manera inmediata, estamos cerca del 7 de junio y no hay acciones concretas y siguen estos casos, como es en el caso del estado de Quintana Roo, en donde con toda impunidad a la luz del día y donde hemos hecho denuncias todos los días siguen con ese disfraz de las fundaciones y asociaciones, repartiendo despensas.

El día de ayer, simplemente en el Estado de México hubo un camión muy grande, torton, donde detuvieron precisamente estás motos que hacen reparto por parte de Correos de México.

Esto, por favor, esto ya es una sinvergüenza.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: A usted, Diputada Saldaña Fraire.

Diputado Tomás Torres, ¿con qué objeto?

El Diputado Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Para rectificar hechos, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, Diputado Torres Mercado.

El Diputado Tomás Torres Mercado: Con toda razón, dijo una compañera legisladora, creo que va a ser tu día Tomás Torres, y bueno, no es en absoluto, es simplemente de que vemos necesario también expresar nuestra visión.

Ya lo señalamos, hay que hacer un esfuerzo para democratizar los mecanismos en la disputa, en la disputa política, puede ser bien ocioso, y yo respeto las reflexiones de la Diputada Saldaña, bien ocioso contrastar una propuesta sino los mecanismos a través de los cuales se violenta la propuesta y entonces parece que hacia fuera, quisiéramos convencer diciendo es más grave y es más malo el Partido Verde que el PRD.

Miren, además de tener un convencimiento personal con relación a posiciones ideológicas, escuché solamente dos spots del PRD, no me ocuparé de otros.

En el Estado de México dicen: becas sí, lo que el Verde dijo fue: becas para los jóvenes para que no suspendan sus estudios, y veo a la candidata en televisión nacional de Iztapalapa sacando sus spots, con la importancia cualitativa en el Distrito Federal, y cuántas cosas podremos decir.

El Metro, el tren subterráneo más barato del mundo, pero el menos mantenido y el más costoso, y con riesgo latente y permanente de la integridad de los usuarios, pero ese no es el debate, el debate es, y a partir de nuestra propuesta de la reforma al artículo 41 de la Constitución Política, tienes una visión de la problemática de tu comunidad, de tu distrito y del país, vamos a contrastarlo.

No quiero concebir solo a quien se dice de la izquierda, porque al día siguiente desconocen la paternidad, la tutoría, por respeto a los que no están no los daré, pero hasta el que cabecea, qué no es Fernando Zárate, cuántos días tiene que se retiró del PRD o Marcelo Ebrard, el propio Andrés Manuel……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...

Solamente digo: por qué tenemos que ser constructores y que nuestra boca sea la arquitecta única de la justicia y de la verdad, vámonos al autocontrol, vayamos a una posición ética de mayor congruencia.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Se concede la petición del Diputado Torres Mercado.

Se le conceden tres minutos por única vez.

La Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, Diputado Presidente.

A mí me llama la atención, con todo respeto y cariño para mi compañero Vicepresidente en la Cámara, la posición, porque la posición del Partido Verde, cuando menos de su coordinador en la Cámara, ha sido todo el tiempo denostar, criticar, injuriar y lo hemos visto durante dos años y medio, es la posición personal de su coordinador parlamentario; sé que usted no se conduce con esa libertad de poder estar injuriando o criticando de manera dolosa los programas de gobierno de partidos de oposición, en este caso al PRI o al Verde Ecologista.

Las multas que se le han impuesto por su sistemática violación de la legislación al Partido Verde responden con una propuesta de ley que busca eliminar los tiempos oficiales a los que tienen derecho los partidos políticos.

Diputado, esto finalmente es una regresión a lo que los partidos logramos en el pasado.

Vamos a dictaminar la próxima semana en la Primera Comisión, varios puntos de Acuerdo, incluso en donde integrantes de su partido nos piden a los demás no hablar de más, o no criticar la posición del Partido Verde.

A mí me parece que eso sería tapar el sol con un dedo en una resolución que está, inminentemente, por dar el INE.

Nos parece que el único camino que le queda a su Partido, con todo respeto, es que no siga pervirtiendo a nuestra incipiente democracia, que cumpla con su obligación de dar la certeza, la legalidad, la independencia y la imparcialidad en estas elecciones.

No es que no queramos entrar al debate, el grupo parlamentario del PRD no va a venir a esta tribuna a descalificar finalmente a los programas de gobierno que sabemos que cada tres año o seis se los piratean o los tropicalizan, según las características del estado, pero también seríamos poco serios en no reconocer que la conducta de muchos de los integrantes de su Partido ha sido verdaderamente ofensiva y violenta en este periodo electoral.

Decir que el Diputado que dio el cabezazo a ese servidor público era del PRD, pues efectivamente, pero por algo, efectivamente, coincidió en su plataforma política, a final de cuentas, como dice el dicho, “cada oveja con su pareja”.

Es cuanto, Diputado Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputada Rosas Montero.

Adelante, Diputada Saldaña Fraire.

La Diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias, señor Presidente.

Con respecto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 456, y con respecto a lo que dice nuestro compañero Tomás Torres, del Verde Ecologista, decirle que, precisamente, con respecto a los partidos políticos, en la fracción V, dice:

“En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político”.

Comentar que, efectivamente, cuando un partido político viola de manera reiterada, pues obviamente aplica este artículo.

Por eso nosotros estamos pidiendo la cancelación del registro, por las violaciones, y en este caso, pues obviamente las multas son características de esta conducta del Partido Verde Ecologista, por un lado.

Si no se resuelve de esta forma, también tenemos el tema de la fiscalización, que ahí debemos de resolver con respecto al rebase de campaña, que obviamente lo tienen, lo exhiben todos los días, y tenemos pruebas de ello.

Aquí, Diputado Tomás Torres, hay un principio básico en la Constitución, básico en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es el principio de equidad, ustedes lo han violado, el Partido Verde Ecologista, todos los días, y hay pruebas de ello.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputada Saldaña Fraire.

Ahora sí que tiene usted la razón, pero espero que nos permita desahogar la sesión, Diputado Torres Mercado.

El Diputado Tomás Torres Mercado: A partir de la ciudadanización del Instituto, en su momento, Federal Electoral, el mayor partido político castigado, el mayor violador de las reglas electorales ha sido el PRD, y vayamos a la consulta cuantitativa, que sean nuestros votantes los que expresen con relación a las plataformas de los partidos políticos.

Y finalmente, los principios rectores básicos en la vida política, sobre todo de izquierda, es la tolerancia, respetar la concepción y la visión de voto.

Se ha cuestionado, cuando el Partido Verde al que pertenezco, en medio de la peor crisis de inseguridad y de violencia, en el peor riesgo de lo más valioso de la vida de la sociedad, que es la paz y la tranquilidad de la gente, se cuestiona ese debate superado de la pena de muerte.

Acaso hablar tan irresponsablemente cuando reconocemos la autoridad del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, decir cancélelo, es el equivalente a ejecútenlo, para librarme yo en esta cultura infame de que todos son responsables, excepto yo.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputado Torres Mercado.

Senador Barbosa Huerta, tiene usted la palabra.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Que me permitiera desde este escaño, hacer una reflexión, y sin el propósito de crear un debate o interrumpir el desahogo del Orden del Día, si me lo permite, señor Presidente.

Quisiera hacer una reflexión general.

Este proceso electoral del 2015, en donde está un proceso electoral federal para renovar la Cámara de Diputados y 17 procesos locales, nueve para renovar gubernaturas y otros congresos locales, organizado conforme a un nuevo modelo electoral, producto de una reforma política constitucional y una reforma política legal. ¿Ha sido diferente o ha sido igual a los anteriores? Señoras y señores: ha sido igual.

Hemos visto los mismos vicios, rebase a los topes de gastos de campaña, dinero privado en las campañas, recursos públicos, señalamiento de manejo de recursos públicos de programas federales y locales, y eso involucra a todos los gobiernos locales.

Así lo digo con toda responsabilidad, a todos los gobiernos locales de los 32 ámbitos, no hago excepción, Diputado Doval, no hago excepción, a todos los partidos, que no han tenido voluntad política para respetar la ley, no la han tenido; a los candidatos, pero lamento afirmar, lo hago como Senador de la República, lo hago como Coordinador de los Senadores del PRD, no como Presidente del Senado, no ha funcionado la reforma política, sigue siendo lo mismo.

¿A dónde vamos? ¿Vamos a mayor regulación?

Es lo que nos falta o hacer que los partidos, los candidatos y los ciudadanos cumplan la ley, y tendríamos órganos fuertes que la hagan cumplir.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senador Barbosa.

Adelante, Diputado Rodríguez Doval.

El Diputado Fernando Rodríguez Doval: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más decir un par de cosas a partir del interesante debate que hemos escuchado a lo largo de esta sesión.

Lo primero que quiero señalar es que la iniciativa que presentó el Partido Verde, hay que juzgarla por sus propios méritos.

En Acción Nacional no estamos cerrados a entrar a un debate serio sobre quitar estos elementos de sobrerregulación, de los que hablaba el Senador Barbosa, que en muchos casos se han prestado a la simulación, y en muchos casos se han prestado a tener una sobrerregulación que atenta contra la propia libertad, no solamente de los partidos, sobre todo de los votantes, para poder conocer mejor las plataformas de los partidos y los candidatos.

En este sentido, creo que habrá que juzgar en estos méritos, y no estamos cerrados a hacer ese debate.

Sin embargo, ciertamente el hecho de que esta iniciativa la haya presentado un partido, y lo digo con todo respeto, que a lo largo de todo este proceso electoral, si es que no a lo largo de toda su historia, se ha dedicado constante y recurrentemente a violar la ley, pues le resta legitimidad, sin duda.

Y en ese sentido, nada más aclarar que en días pasados, el Partido Acción Nacional, por mi conducto, y por conducto del Diputado Juan Pablo Adame, presentamos una queja ante el Instituto Nacional Electoral para solicitar la cancelación del registro del Partido Verde, y esto no se hizo.

Diputado Torres Mercado, en un ánimo de aplicar la pena de muerte, que ustedes están a favor de ella, o al menos así lo han incorporado en sus plataformas, no, lo hicimos simple y sencillamente en el ánimo de que la ley electoral pueda cumplir lo que establece el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y también su correlativo a la Ley de Partidos Políticos, que establece que una de las causales para que un partido pierda su registro, es cometer faltas graves y reiteradas a esa propia Ley y a la Constitución.

En el caso del Partido Verde, es evidente que se han cometido faltas graves, y así lo ha marcado, incluso, así lo ha señalado el propio Tribunal Electoral, y reiteradas.

Por eso las multas que ha acumulado a lo largo de este proceso electoral.

Quería nada más hacer esa aclaración, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputado Rodríguez Doval.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes de la Primera Comisión que hemos abordado en la sesión.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes de la Primera Comisión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Por acuerdo de los grupos parlamentarios, pasamos al apartado de proposiciones con punto de Acuerdo.

Los dictámenes que faltan por discutir de la Segunda y Tercera Comisión, se difieren para la próxima sesión.

En consecuencia, en el apartado de proposiciones, se concede la palabra al Senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre de los Diputados Alejandro Rangel Segovia y Roberto Ruiz Moronatti, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar lo relacionado con el proceso de compra-venta y arrendamiento de un inmueble ubicado en la Calle Plaza Río de Janeiro, número 46, Colonia Roma Norte, de la ciudad de México.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.  

Hace unos días, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por escasa mayoría de sus integrantes, y de forma por demás desconcertante, el registro del ciudadano Marcelo Ebrard Casaubón, como candidato suplente a Diputado Federal.

Se trata, sin duda alguna, de un capítulo más de una larga, tenaz, retorcida estrategia del ex Jefe de Gobierno de la ciudad de México, para logar a golpe de chantajes a la opinión pública, y ahora tratando, francamente, de burlar la ley, una curul en la Cámara de los Diputados, y muy probablemente con ello conseguir, sin duda alguna, el fuero que lo ponga a salvo de una serie de dudas y de responsabilidades jurídicas, no solamente en su desempeño como Jefe de Gobierno, sino ahora también por la duda que surge en relación a la propiedad que él habita.

Primero: nos enteramos, en efecto, de que Marcelo Ebrard intentó obtener la postulación por el Partido de la Revolución Democrática, provocando un claro rechazo de sus ex correligionarios, negociando, a la vez, con el Partido Movimiento Ciudadano una candidatura alternativa que se venía cocinando, seguramente de manera secreta, en la lista de las plurinominales.

Habiendo fallado la vía perredista, echó a andar al MC, en abierta contravención a lo dispuesto por la Ley electoral, y fue así que el 29 de abril, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un recurso y, por supuesto, negó este registro.

¿Por qué lo hizo así el órgano jurisdiccional electoral? Porque el artículo 227, párrafo quinto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece: “Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna a candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición”, lo cual no se da en esta hipótesis.

Sin temor a la ley, y por lo visto sin menor respeto al Supremo Tribunal Electoral, se urdió una nueva patraña solicitando de nuevo al Instituto Nacional Electoral el registro del incansable Ebrard.

Actuando de manera consistente con su previa decisión, en votación fuertemente dividida, el Consejo General del INE cayó en el garito, esto es, fueron también de alguna manera engañados con una aparente realidad y pavimentando con ello el camino a una operación política que culminaría seguramente en los tribunales, como seguramente ustedes ya tienen conocimiento al respecto.

Esto, por supuesto, lo denominamos nosotros: “fraude a la ley”. El fraude a la ley consiste en un comportamiento a través del cual se pretende desviar la realidad y encontrar dentro de los recovecos de la ley misma un camino que permita entrar por la puerta de atrás un derecho que, por supuesto, en este caso no se asiste.

“Fraude a la ley”, no es otra cosa que lo que se está cometiendo en este caso bajo el amparo de un movimiento maquinado, premeditado que pretende transcurrir por los menores resquicios, ambigüedades o formalismos que presentan las normas o los procedimientos administrativos para conseguir un objetivo claramente definido y, por supuesto, contrario al espíritu de la propia ley, que es uno de los principios que postula la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la interpretación jurisdiccional.

Ley, además, en este caso, que pretende ser burlada y que fue forjada por el consenso de todos los legisladores de todos los partidos políticos; ley que, entonces, pretende ser traicionada sin importar este principio sustentando por la Suprema Corte, de derecho de la llamada apariencia del buen derecho.

¿Y qué significa esto? Intentar de nueva cuenta, tratar de dar una interpretación a la luz de una norma constitucional, que si bien es cierto se reconoce su derecho preferencial, no es menos cierto que bajo el amparo de lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional, se puede quebrantar la ley y se puede buscar un camino diferente, dañando, por una parte, derechos adquiridos de un candidato suplente debidamente registrado, debidamente registrado, así lo digo, desplazándolo y pidiéndole una renuncia a un derecho reconocido y debidamente asistido por la norma.

El caso Ebrard plantea una trampa seguramente, y tenemos que preguntarnos: ¿Por qué no hacer dos procedimientos entre campaña, en diferentes partidos políticos?

La respuesta la da la propia Constitución. El artículo 41 de la Constitución General de la República establece claramente que los partidos tienen la obligación de presentar programas, principios e ideas, y los partidos tienen la obligación de presentar también candidatos”. Por esa razón no se puede hacer precampaña en dos partidos políticos a la vez, y por esa razón no se puede permitir un registro en estas condiciones.

Si admitiéramos hacer dos precampañas, estaríamos permitiendo al elector que tuviese dos visiones diferentes respecto de dos principios postulados por partidos diferentes generando ambigüedad en el criterio de decisión de los electores. Por eso esto refleja, sin duda alguna, una ambición desmedida de quien a todo trance quiere llegar.

¿Por qué Ebrard no se atrevió a postularse como candidato ciudadano? Por una sencilla razón. ¿Por qué elige el camino de los recovecos para generar fraude a la ley? Porque seguramente él piensa que por ser tan especial, la ley no le aplica en su caso.

El Diputado Danner González Rodríguez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Dígame, Diputado Danner, ¿con qué objeto?

El Diputado Danner González Rodríguez: (Desde su escaño) Solamente para preguntarle, ¿si me admite una pregunta?

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: No la admite.

Continúe, Senador Zamora, en el uso de la palabra.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Ya hizo su planteamiento, no se admite la pregunta.

Y para cerrar el tema, el caso Ebrard Casaubón podría ser visto así, sin duda alguna, sin exageración alguna, como el caso Movimiento Ciudadano contra el estado de derecho, un gravísimo precedente que pretende debilitar las instituciones políticas que nos hemos dado, y violar con esto los pactos parlamentarios, que finalmente se consagran en la ley y que tutela nuestra Constitución.

No podemos permitir que ocurran este tipo de cosas, que son fraude a la ley, y por eso apelamos a que el Tribunal Electoral corrija este desaguisado.

Propuesta

Los suscritos, ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA y ROBERTO RUIZ MORONATTI, diputados federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El pasado día 18, el diario Milenio dio a conocer que durante la administración de Marcelo Ebrard Casaubon, el Gobierno del Distrito Federal vendió en un millón 64 mil pesos un predio valuado en casi 33 millones, en el cual la empresa Enalser —con cuyos socios Enrique Ebrard, hermano del político, creó una inmobiliaria— construyó el edificio en el que actualmente vive el ex jefe de Gobierno, en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México.

De acuerdo con un reportaje publicado en dicho diario, Enrique Camilo Ebrard Casaubón se asoció en 2006 a la empresa inmobiliaria Residencial Mexicali S.A. de C.V., en la que participaban Sergio Fuentes Calderón, Ernesto Castro García y tres personas más, según la escritura pública número 829.

De acuerdo con la escritura 50772, Fuentes Calderón es socio de Constructora Enalser, empresa propietaria de la casa que renta Ebrard.

Además, Ernesto Castro García forma parte de la compañía Círculo Promocional Gráfico, que el 6 de febrero de 2008 compró en 12 millones 531 mil pesos una casa de 670 metros cuadrados en las Lomas de Chapultepec, en la calle Sierra Tarahumara número 145, según consta en el Folio Real número 9386700 asiento 1 del Registro Público de la Propiedad.

En dicha operación de compra – ventaentre los propietarios originales y esta empresa, Ernesto Castro García fungió como representante legal; un mes antes, el 14 de febrero, la Consejería Jurídica del Gobierno capitalino emitió un primer aviso preventivo respecto a la venta de este inmueble, en favor de la señora Francisca Lacy Ramos Morgan, primera esposa de Marcelo Ebrard.

En esa propiedad vive la señora Lacy con sus tres hijos, inmueble que en la actualidad, según la guía de precios Metros Cúbicos, se cotiza en un valor mínimo de 19 millones 324 mil pesos y como máximo alcanza los 36 millones 627 mil pesos.

Los documentos establecen que a partir del 1º de agosto de 2013, Marcelo Ebrard renta la casa de Río de Janeiro 46 por un pago mensual de 80 mil pesos, según consta en el correspondiente contrato de arrendamiento por 960 mil pesos anuales que culmina el 31 de julio de 2016.

Dicha casa fue comprada en 2013 por la empresa Enalser al periodista Jorge Saldaña, quien aspirara en dos ocasiones a la candidatura del PRD al gobierno de Veracruz, a un precio de 19 millones de pesos.

En 1987, se pactó la compra de ese inmueble por parte del entonces Departamento del Distrito Federal a Saldaña por 32 millones 920 mil pesos, pero la operación de compraventa no llegó a buen término y la casa permaneció en ruinas por muchos años, por lo que acumuló una gran cantidad de adeudos por concepto de predial, agua y otros gravámenes.

Fue el oficial mayor de Ebrard, Adrián Michel Espino (hoy diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal), quien el 11 de febrero de 2011 concretó con el apoderado legal de Jorge Saldaña la devolución del predio de Río de Janeiro 46 por un millón 64 mil pesos, para su posterior venta a Enalser por 19 millones de pesos.

Debido a su ruinoso estado y a que está catalogada como inmueble de valor histórico por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sólo la fachada de la casona de Río de Janeiro 46 fue conservada y el resto de la construcción fue sometida a profundas remodelaciones que incluyen la instalación de alberca, vapor, elevador y roof garden en la propiedad que habita Ebrard con su actual esposa.

Milenio refiere que la relación entre Marcelo Ebrard y Enrique Castro García no es nueva. Según los informes de gastos del extinto Partido Centro Democrático ante el desaparecido IFE, ésta data de al menos 15 años, pues en 2000 la empresa Círculo Promocional Gráfico aparece como proveedora del PCD, proyecto político que encabezó el ex mandatario local.

De acuerdo con copias de actas constitutivas de las empresas se registran las relaciones de negocios que mantiene el hermano de Ebrard, Enrique Camilo, desde hace varios lustros.

En el caso de Residencial Mexicali, participan entre otros como socios Ernesto Castro García, Alejandro Castro García y Sergio Fuentes Calderón. Los Castro García son copropietarios de Círculo Promocional Gráfico, mientras que en Constructora Enalser lo es Fuentes Calderón.

Las relaciones del hermano de Ebrard con los socios de Residencial Mexicali, Enalser y Círculo Promocional Gráfico van más allá de los negocios, pues como puede verse en fotos de sus redes sociales como Facebook o Instragram, comparte junto con su esposa Carolina Zamudio viajes en yate, reuniones y eventos sociales con Fuentes Calderón y Enrique y Alejandro García.

La información dada a conocer por Milenio resulta preocupante, pues da cuenta del posible uso personal de la infraestructura del Gobierno del Distrito Federal para beneficiar a quien fuera el jefe de gobierno capitalino durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2012.

De resultar ciertas las aseveraciones contenidas en el reportaje de mérito, estaríamos frente a un desvío de poder inaceptable por parte de Ebrard Casaubon, el cual se vendría a sumar a otros ya suficientemente documentados como lo son la discoteca New’s Divine y la construcción de la Línea 12 del Metro, obra de infraestructura que no sólo opera a medias, sino que ejemplifica un estilo de gobierno desapegado de la ley, la racionalidad presupuestal y el compromiso ético frente a los ciudadanos de la capital del país.

Si bien es cierto Ebrard ha salido al paso del reportaje, las explicaciones que ha vertido sobre el particular distan de ser suficientes dada su escasa solvencia moral, por lo que se hace necesaria la intervención de las autoridades legalmente facultadas para esclarecer estos hechos.

Es por ello que ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que, por medio de la Contraloría General y la Procuraduría General de Justicia, investigue lo relacionado con el proceso de compraventa y arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado actualmente por el C. Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno capitalino.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que, por medio de la Contraloría General y de la Procuraduría General de Justicia, investigue lo relacionado con el proceso de compraventa y arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado actualmente por el C. Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno capitalino.

Atentamente

Dip. Alejandro Rangel Segovia.- Dip. Roberto Ruiz Moronatti.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 20 de mayo de 2015.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senador Zamora Jiménez. Túrnese a la Primera Comisión.

El Diputado Danner González Rodríguez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: ¿Con qué objeto, Diputado Danner?

El Diputado Danner González Rodríguez: (Desde su escaño) Con el objeto de manifestarle, con base en el artículo 59, le solicito que se considere de urgente resolución y se ponga a discusión de inmediato.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Eso le corresponde al promovente. Diputado, y además ya lo había turnado a la Primera Comisión.





 

Tiene la palabra el Diputado Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de Acuerdo por el que se solicita investigar el destino de los recursos de los años 2013 y 2014 de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo Temporal, Programa de 3x1 Migrantes y Programa de Gestores Voluntarios de la Delegación de la SEDESOL del estado de Veracruz.

El Diputado Juan Bueno Torio: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros legisladores:

Este es un tema que viene acaso en este momento, que hemos decretado la aprobación de la reforma constitucional, sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, y que señala, precisamente, la necesidad urgente de atajar y de cerrar estos espacios, para darle claridad a la sociedad, de lo que pasa, desde la instancia de gobierno, sobre todo, para que desde la función pública se atienda adecuadamente el quehacer y se destine los recursos para lo que son.

Es el caso de que hace aproximadamente dos meses llegó a mi oficina de la Cámara de Diputados, una denuncia ciudadana, anónima, también le llegó esa denuncia al Senador Encinas, en donde funcionarios de SEDESOL de Veracruz están desviando algunos recursos que deben ser destinados a los programas mencionados, de Jornaleros Agrícolas, 65 y Más, Empleo Temporal y el más lastimoso de todos, de la Cruzada contra el Hambre, en donde aparentemente funcionarios están desviando los recursos en su beneficio personal.

Y se habla también, que es del 2013 y 2014. Este planteamiento no viene en el momento de la elección, simplemente porque es la elección, viene porque así se dio, no es un tema de carácter electoral, es un tema de carácter social, es un tema de carácter humanista, es un tema de carácter de corrupción que le está negando la posibilidad a beneficiarios de programas sociales, de que reciban ese beneficio, para que puedan paliar su vida, para que puedan paliar su realidad y poder sostenerse mejor.

Ya el delegado de la SEDESOL en Veracruz, dice que está abriendo una denuncia, también, pero contra quienes denunciaron el hecho. A mí me gustaría más que abriera él una investigación y lo mismo le exhortamos a la propia SEDESOL que abra una investigación y que revise adecuadamente, si funcionarios de la SEDESOL, se están llevando los recursos que deben de ser para ciudadanos veracruzanos.

No, no debemos castigar ni al mensajero, ni al cartero. Debemos atajar el problema de corrupción por lo que es. Es injusto, como lo dije hace un momento, que recursos destinados a personas que lo necesitan, no lleguen porque funcionarios se los llevan a su bolsillo.

No es el hecho, tampoco, de que estemos presumiendo un delito con destino a las elecciones. No es así.

Hoy podemos honrar la declaratoria de reforma constitucional, de aprobación de reforma constitucional, en este día, pidiéndoles a las autoridades que verdaderamente investiguen.

Por eso este punto de Acuerdo, va con exhorto a la Procuraduría General de la República, en virtud de que esta denuncia se presentó el 30 de abril y para el delegado de la SEDESOL, no la presentó el señor Pablo Ruiz, la presentó el abogado, el representante legal del Partido Acción Nacional, aquí en la Ciudad de México, y dio como domicilio, para oír todo tipo de notificaciones, el propio domicilio del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.

Él ha dicho, que no es domicilio del que la presentó, el ha dicho otros nombres, que no vienen al caso con esta precisa denuncia.

Y por eso es que, les pedimos a ustedes, compañeros legisladores, que exhortemos pronto a la Procuraduría General de la República para que se abra la investigación. No le ha dado número al expediente aún y ya tenemos casi cuatro semanas.

Que se abra la averiguación previa, que se investigue, que llame a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que vea esos cheques que ahí se plantean; y que funcionarios en lo personal me han dicho, que fueron endosados por otros funcionarios de la SEDESOL y mandados a depositar a sus cuentas personales de cheques.

Que la PGR investigue con la Secretaría de Hacienda, con el SAT, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cual fue el destino de muchos cheques que iban para beneficiarios de programas sociales en SEDESOL y acabaron en cuentas particulares de funcionarios públicos, allá en Veracruz.

De eso se trata este punto de Acuerdo, de transparentar verdaderamente en dónde están los recursos y empezar a combatir en serio la corrupción que en este caso lacera y lastima a los más necesitados en el estado de Veracruz.

Ojalá y sea de su aceptación, para que podamos votarla de inmediato y turnarla a las instancias que están planteadas.

Desde luego la Auditoría Superior de la Federación tendrá y se le exhorta también, a que inicie una auditoría, sobre lo denunciado en los hechos que supuestamente son constitutivos de delito, para que, derivado de su auditoría y de su investigación, si fuera el caso, se sancione a los responsables.

Muchas gracias, por su atención.

Propuesta

El que suscribe, JUAN BUENO TORIO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento  para el Gobierno Interior del Congreso  General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se SOLICITA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  INVESTIGUEN EL DESTINO  DE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 DE LOS PROGRAMAS DE JORNALEROS AGRÍCOLAS, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, PROGRAMA DE 3X1 MIGRANTES Y PROGRAMA DE GESTORES VOLUNTARIOS DE LA DELEGACIÓN DE LA SEDESOL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

CONSIDERACIONES

En su momento, en el Partido Acción Nacional declaramos nuestra preocupación en contra de la Cruzada Contra el Hambre, pues por su estructura temíamos pudiera ser utilizada para desviar recursos a beneficio de los funcionarios de la SEDESOL. Después fuimos testigos, en 2013, de la finalidad electoral que se le daba a los recursos en el Estado de Veracruz. Ha quedado claro que la Secretaria Rosario Robles goza del encubrimiento del Poder Ejecutivo, no podemos olvidar el “No te preocupes, Rosario”. Hoy, más que nunca, podemos observar que a dos años de estos lamentables hechos, Rosario Robles sigue impune y cometiendo los delitos que le caracterizan y benefician. Sin duda Robles no tiene de que preocuparse, los que nos debemos preocupar somos los mexicanos que nos tenemos que enfrentar a la maquinaria de instituciones corruptas que abanderan la actual administración del PRI.

Ha sido demostrado, a través de las pruebas que presentamos, la forma ruin con la que los funcionarios de la SEDESOL se conducen para substraer los recursos de los beneficiarios. Un ejemplo de esto son los cheques que se entregan por motivo de la Cruzada Contra el Hambre en la que la Delegación Veracruz solicita mediante oficio que éstos le sean entregados sin la leyenda “NO NEGOCIABLE” para poder ser cobrados en caja mediante endoso con firma falsa.

Otro ejemplo es el desvío de los recursos de Jornaleros Agrícolas: Los Jornaleros presentan su trámite ante la SEDESOL, el cual es aprobado; sin embargo, los recursos son entregados a través de tarjetas bancarias a granel en la delegación de Veracruz. Es en este punto donde los funcionarios falsifican la firma de los beneficiarios para hacer uso directo de estas tarjetas y retirar en cajeros automáticos los recursos.

Todos estos casos están claramente evidenciados en los videos que proporcionamos a la Procuraduría General de la Republica. En ellos se encuentran las firmas falsificadas cotejadas con las firmas originales de las credenciales del INE de los Jornaleros; los cheques “no negociables” así como el oficio mediante el cual los solicita; el pago disminuido a los capacitadores; obras fantasmas, así como las tarjetas bancarias y la forma en la que retiran el dinero.

Por tal motivo, es necesario que se sigan las investigaciones correspondientes en contra de la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el Delegado de la Dependencia en el Estado de Veracruz, Marcelo Montiel. Debe ser prioritario que se tomen acciones en contra de los funcionarios que persisten en su intención de vulnerar el sistema administrativo de México, pues con ello afectan directamente a las personas que debemos representar con dignidad y honestidad.

Debemos hacer que la SEDESOL sea una institución confiable, capaz de establecer un buen sistema de rendición de cuentas, que promueva la igualdad y la calidad de vida de todos los veracruzanos y de todos los mexicanos en general.

La rendición de cuentas puede  y debe ser la puerta de entrada hacia la devolución de la confianza para los mexicanos que tanto necesitan; No basta con la nueva ley Anticorrupción; No es suficiente el Código General de Procedimientos Penales. Lo que más falta es transparencia que garantice a las personas sus oportunidades de salir adelante y mejorar su calidad de vida.

Con base en las denuncias penales interpuestas por el Partido Acción Nacional en contra de Funcionarios Públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Delegación Veracruz, queda claro que se debe esclarecer el destino final de los $800’000,000.00 (Ochocientos Millones de Pesos, M.N.)

Como se puede observar, el desfalco de los recursos del Estado de Veracruz, probablemente, ha sido destinado para enriquecimiento ilícito de los servidores públicos implicados; así como un inminente y claro  desvío hacia  las campañas electorales.

Es un acto abominable que la SEDESOL Veracruz, sea cual sea la intención por la que esos recursos no llegaron a sus destinatarios, permita y sea partícipe del empobrecimiento de la población que debía ser beneficiada por los diversos programas de la institución. Es necesario entender que  programas de apoyos como el destinado a Jornaleros, puede ser la única oportunidad que tengan estas personas de impulsar su desarrollo laboral y económico. Es decir, esta Delegación de la SEDESOL está minando el futuro de los beneficiarios en el Estado Veracruz.

 Con estos hechos, han quedado de manifiesto las vulneraciones a diversos programas de recursos que emanan de la SEDESOL, tales como el Programa de Ayuda a Jornaleros Agrícolas, el programa 3x1, la Cruzada Contra el Hambre y el Programa de Gestores Voluntarios.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Comisión  Permanente  el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a  la Auditoria Superior de la Federación para que con fundamento en sus atribuciones legales, procedan a realizar una auditoría  a la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, en lo particular al uso del destino de la totalidad de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo Temporal, Programa de Cruzada contra el Hambre, Programa de 3x1 migrantes y Programa de Gestores Voluntarios   en lo concerniente al destino de los recursos de los años  2013 y 2014 e informe a esta Soberanía sobre los resultados de dicha auditoría.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para solicitar que informe a esta Soberanía sobre el cobro de las tarjetas bancarias asignadas a  todas las cuentas de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo Temporal, Programa de Cruzada contra el Hambre, Programa de 3x1 migrantes y Programa de Gestores Voluntarios de la Delegación de la SEDESOL del Estado de Veracruz  en lo concerniente al destino de los recursos de los años  2013 y 2014,  así como copia de la totalidad de los cheques expedidos a los beneficiarios de estos programas, con la información en video del día y la sucursal donde fueron cobrados.

TERCERO.-  Solicitar a la Procuraduría General de la República  para que informe a esta Soberanía  a través de la fiscalía de la  Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia, los avances de la investigación que solicitó el Partido Acción Nacional sobre los hechos descritos en el presente Punto de Acuerdo.

Senado de la República, el 20 de mayo de 2015.

Atentamente

Dip. Juan Bueno Torio.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputado Bueno Torio.

Y como lo ha solicitado, en el cuerpo de su intervención, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En consecuencia, túrnese a la Tercera Comisión.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de Acuerdo sobre las convocatorias para la adjudicación de contratos de producción compartida de la Ronda Uno.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Este tema, Senadoras, Senadores, Diputadas, Diputados, es de fundamental importancia.

Estamos obligados como Congreso a hacer un análisis, una revisión, una supervisión de cómo las autoridades están aplicando la reforma energética.

La reforma energética se justificó en los spots y en toda la publicidad diciendo que entrarían los privados a las aguas profundas a sacar los recursos prospectivos que México estaba sentado en nosé cuántos millones de barriles en aguas profundas. Y resulta, que ahora que se conocen las tres primeras, de cinco convocatorias que componen la Ronda Uno, es exactamente lo contrario, de cómo se planteó por ustedes, los que votaron esa reforma.

Lo primero que salta a la vista, en la primera convocatoria, es que se trata de aguas someras, en campos que pertenecían a Pemex y que Pemex tiene toda la experiencia, la tecnología, el personal, para poder explotar esos campos.

Además se tienen costos de explotación muy competitivos de 20 dólares, mismos que deberían de representar un costo de referencia, como se hace a nivel internacional.

El costo de cada petrolera, en cada país, se constituye en el costo de referencia sobre el cual deben de competir los privados, y sin embargo, aquí están dando costos hasta de 60 por ciento, lo cual no es justificable bajo ninguna circunstancia que no sea la privatización acelerada de los hidrocarburos en México.

En esta primera convocatoria, se incluyen muchos valores económicos pero uno es el límite de recuperación de costos. En este documento, lo que preocupa enormemente, es que se diga, que el contratista va poder llegar al 60 por ciento y si excediera de ese tope, entonces lo puede pagar al mes siguiente y si al mes siguiente se vuelve a exceder, pues puede pagarlos al mes siguiente y así al infinito, lo cual ni siquiera es una garantía de que se respete este límite en los costos tan elevados que están poniendo para las petroleras transnacionales, en el caso de la Ronda Uno.

Y lo primero que se paga bajo este concepto, son los ingresos del petróleo extraído antes del pago de las regalías y antes del pago de producción al Estado, lo primero que se paga es el reembolso a los contratistas de todos los costos, gastos e inversiones en los que hayan incurrido los contratistas privados.

La duración, además de estos contratos, es de 35 años.

La negociación se hizo en un clima de precios abatidos, porque ahorita hay precios bajos del petróleo y las compañías petroleras están poniendo sus condiciones en los contratos, más adelante, no en el corto plazo, tal vez en cinco, seis años vuelvan a subir los precios y pueda o se quiera revisar estos contratos; no será posible.

Si se quieren modificar las condiciones, tendrán que acudir a los tribunales internacionales y todo eso es muy peligroso.

En la segunda convocatoria de la Ronda Uno está peor, porque aquí se licitan nueve campos y estos campos se encuentran en la cuenca del sureste del país que es la zona petrolífera más rica de México, y, además, se trata, óiganlo bien, de reservas probadas, de reservas 1P, pues no dijeron que venían a los riesgos, que el capital privado vendría con sus inversiones a llevarse el riesgo, vienen a lo seguro, a la ganancia segura, a campos que se encuentra, además, en base de desarrollo, en campos que ya no necesitan ni siquiera una inversión en exploración previa, porque ya lo hizo PEMEX.

Ser campos de reservas 1P, se espera que de inmediato saquen petróleo los particulares dentro de la actual administración.

Y dirán, ya ven cómo PEMEX no puede producir y los privados sí, porque a PEMEX, es otro tema, lo están atorando para que deliberadamente no pueda producir y a las privadas les están dando todo tipo de facilidades.

Otro de ellos que viene en Ronda Uno, son contratos de producción compartida en la primera y segunda convocatoria, la tercera es contrato tipo licencias que todavía agrava el problema.

Pero esta producción compartida, en esta segunda convocatoria, se ofrece en contratos de producción compartida que se supone se aplican a nivel internacional para asumir un riesgo.

¿Cuál riesgo hay en reservas probadas? ¿Por qué aplicar contratos de producción compartida si no hay ningún riesgo qué compartir?

El inversionista es, se supone, cuando se aplica este tipo de contratos, quien asume los costos pero aquí los costos ya los hizo PEMEX en toda la exploración, ya están los contratos, los contratos se aplican deliberadamente para otorgar una ganancia excesiva al capital privado.

Y la tercera Ronda, la tercera convocatoria de la Ronda Uno, que se trata de 26 campos terrestres llamados maduros porque se encuentran actualmente en producción por PEMEX, cuentan con la mayor parte de la infraestructura necesaria para producir las inversiones; inversiones que fueron realizadas por PEMEX que cuestan alrededor de 19 dólares por barril y que no están siendo retornadas ni garantizadas para el Estado.

Estas reservas, en un 28 por ciento serán aceite y el 72 por ciento serán gas; son reservas probadas 1P en su mayoría, y la Secretaría de Energía dice que estos contratos van a aumentar la producción en 80 mil barriles de aceite y gas y que el costo de producción es de 15 dólares por barril, lo cual los hace muy atractivos.

Si son muy atractivos, ¿por qué no se lo dan, por qué no se lo dejan a la petrolera mexicana? si los costos son tan bajos ¿por qué no se le asignaron a PEMEX, por qué se le quitaron?

Y luego, la Subsecretaría de Hidrocarburos dice que estos campos están en una recuperación que se estima, deme tres minutos nada más, se estima una recuperación del 80 por ciento y que los hace muy atractivos ¿pues cómo no?, si van a ganar el 80 por ciento.

Para obviar tiempo, termino esta parte de la tercera convocatoria diciendo que son licencias pero la forma en que están redactadas son licencias tipo concesiones y las concesiones quedaron prohibidas en el 27 constitucional y, por lo tanto, esta tercera convocatoria es impugnable, es potencialmente anulable y como está orientada al mercado nacional es posible que lo podamos hacer nosotros mismos.

Estamos solicitando a la Comisión Permanente que exhorte al Ejecutivo Federal para que suspenda la Ronda Uno ante el riesgo de malbaratar nuestros recursos petroleros, que se replanteen las bases de licitación y el modelo de contrato para las convocatorias de áreas contractuales en aguas someras, terrestres y reservas probadas para que no se haga en los términos en que esté planteado.

Que se modifiquen los rangos y valores en los términos económicos que están considerados para que PEMEX pueda recuperar sus inversiones y también los costos de PEMEX, que no rebasan 20 dólares, se conviertan en costos de referencia.

Y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que dentro de la precalificación de las convocatorias se vea que quienes están participando no estén sancionadas porque nos hemos enterado que varias tienen sanciones internacionales por corrupción o por daños al medio ambiente.

Baste ver que el primer informe de las Finanzas Públicas, para decir, compañeras y compañeros, que la economía mexicana no aguantaría un hoyo de ingresos públicos como el que se está planeando en esta Ronda Uno.

Gracias, señor Presidente.



El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias a usted, Senadora Padierna Luna. Túrnese a la Tercera Comisión.





 

Se concede el uso de la palabra al Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar punto de Acuerdo que exhorta a celebrar convenios que permitan abrir plazas laborales a jóvenes estudiantes mexicanos de carreras técnicas y profesionales que concluyan sus estudios con un desempeño de excelencia.

El Diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente.

Les prometo que haré un esfuerzo, no sólo de destacar la neutralidad del tema, sino hasta para que me acompañen en él, estoy seguro, y la propuesta es muy simple.

Miren, hay que reconocer una realidad que vive nuestro país.

Sí tenemos, y por qué no reconocerlo, problemas de desintegración familiar, de violencia intrafamiliar, tenemos los evidentes problemas que se han tocado: corrupción, impunidad, etcétera, pero uno que nos parece debe ser atendible, es las expectativas para los jóvenes.

Y digo que van a acompañarme, porque es muy simple.

Miren, se realizó la reforma en materia laboral y luego se entresaca en el debate de sus bondades.

Yo creo que una relevante es justamente la supresión de la cláusula de exclusividad, es decir, la directiva del Sindicato te diga quién entra y quién no a trabajar, y hay que reconocerlo.

Ahora las empresas productivas del Estado están, derivado de las relaciones colectivas de contratación.

¿Qué les estamos proponiendo? La capilaridad social, la esperanza que generaba a los jóvenes en los 60’s, en los 70’s, determinar con excelencia los estudios de medicina, de ingeniería o de derecho, les generaba una expectativa a los médicos integrarse a las instituciones de salud o de Seguridad Social.

Los camineros aquellos, orgullo de la obra civil en este país que estudiaban ingeniería, iban encontrando, digo, esa capilaridad, porque había que ponerle deseo y formarse para ir insertándose en la vida productiva para generar, amigas Senadoras, amigos Senadores, Diputados, Diputadas, de que esa, la más democrática, el más democrático de los derechos humanos, que es la educación, le diera una posibilidad de desarrollo personal y profesional a los jóvenes, desarrollo social.

¿Qué estamos planteando? Digo, de modo muy comedido, decirle a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al instituto de los jóvenes en este país, de modo muy comedido, hay que celebrar convenios, ¿para qué? Para insertar a los jóvenes de excelencia a las plazas laborales.

Digámosles que hay posibilidad de materializar esa expectativa de que el esfuerzo académico tiene la posibilidad de que sea médico todavía del Seguro Social, o que vaya a una empresa productiva del Estado.

Lo permite la reforma laboral y, además, que puede generarse la sensibilización para que los titulares de los contratos colectivos de trabajo, como en Pemex o como en la Comisión Federal de Electricidad, como en otros organismos, se abra la puerta a los jóvenes y que aprovechemos esa cuota tan importante, ese bono demográfico de nuestros jóvenes y que les demos oportunidad, el Verde también propone, somos progresistas.

Ya se me fue don Fernando Rodríguez, pero le iba a decir que aquí hay gente que estudia. ¿Quién fue el Diputado Zarco? Constituyente de 1857 que dijo: “Cuando se fragua la doble venganza, la difamación o la calumnia generalmente se invoca que el otro violó la ley”.

Gracias por su atención.

Propuesta

Quien suscribe, TOMÁS TORRES MERCADO, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD A COORDINARSE PARA CELEBRAR CONVENIOS QUE PERMITAN ABRIR PLAZAS LABORALES A JÓVENES ESTUDIANTES MEXICANOS DE CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES QUE CONCLUYAN SUS ESTUDIOS CON UN DESEMPEÑO DE EXCELENCIA

CONSIDERACIONES

México no sólo es un país rico en recursos naturales o cultura. Sin duda, su mayor riqueza radica en su gente. Y parte fundamental de esa riqueza son nuestros jóvenes.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México habitan 36.2 millones de jóvenes1 (50.8% hombres y 49.2% mujeres), ubicados en un rango de edad que va de los 12 a los 29 años2.

Esto representa un bono demográfico que bien aprovechado puede impulsar nuestro desarrollo y permitirnos alcanzar mayores niveles de bienestar y paz social. Dicho bono es una ventana de oportunidad para acumular capital humano y social, lo que sumado a un incremento de la inversión, la productividad y el consumo, nos colocaría en la ruta de la prosperidad.

Sin embargo, nuestro bono demográfico tiene fecha de caducidad y si no generamos oportunidades de desarrollo para nuestros jóvenes lo perderemos irremediablemente, con consecuencias lamentables y perdurables. Lo cierto es que el bono sólo puede hacerse efectivo si potenciamos las habilidades de nuestros jóvenes y les proporcionamos un entorno educativo y laboral que propicie el desarrollo de nuevas ideas, productos y procesos.3  En resumen: sólo con educación, trabajo y capacitación lograremos desmantelar el círculo vicioso de la pobreza, la desesperanza y la violencia al que muchos mexicanos se encuentran atados.

Desafortunadamente, dicho sector de la población es el que ha resentido con mayor fuerza el débil crecimiento de la economía en las décadas pasadas.

Basta señalar que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, con cifras al primer trimestre de 2015, 52.4% del total de la población desocupada del país se compone de jóvenes entre los 15 y los 29 años.4

Este escenario es aún más preocupante si consideramos que, de acuerdo con diversos estudios, más de la mitad de los jóvenes que si se encuentran ocupados en el mercado de trabajo lo hacen en condiciones de informalidad, es decir con salarios precarios y sin acceso a la seguridad social.5

Incluso muchos jóvenes que terminan sus estudios profesionales con calificaciones de excelencia encuentran dificultades para ingresar al mercado laboral, lo que representa un serio desperdicio de talento.

Sin duda, la presente administración federal ha realizado acciones significativas en favor de la juventud de nuestro país. Pero debemos redoblar esfuerzos. Para que dicha tarea de frutos será necesaria la participación de todas las fuerzas políticas.

Conscientes de la problemática que enfrenta este sector de la población, desde nuestra responsabilidad en las cámaras del Congreso hemos impulsado diversas reformas y acciones destinadas a garantizar nuevas oportunidades para la juventud mexicana. En este contexto reformamos la Ley Federal del Trabajo para que el Servicio Nacional de Empleo tenga entre sus facultades el diseño, conducción y evaluación de programas específicos de empleo para jóvenes. Asimismo, propusimos el establecimiento de mecanismos que permitieran que los empleos generados a partir de la reforma energética se destinaran de manera preferente a dicho grupo poblacional.

El presente punto de Acuerdo busca contribuir al amplio debate público sobre la urgente necesidad de impulsar y aprovechar el talento de nuestra juventud. Asimismo, busca materializar la reforma constitucional y legal en materia laboral y ajustarla a los contratos colectivos de trabajo, en beneficio de dicho sector poblacional. Concretamente, proponemos que los jóvenes estudiantes que concluyan sus estudios con un desempeño de excelencia, tengan la posibilidad de contar con una plaza de trabajo en alguna de las empresas productivas del Estado, organismos públicos descentralizados o dependencias de la administración pública federal.

Señoras y señores legisladores, este es un tema de la mayor relevancia para el presente y el futuro de nuestro país. El Estado Mexicano tiene una deuda ineludible con sus jóvenes y es hora de pagarla.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Mexicano de la Juventud a coordinarse para celebrar convenios con empresas productivas del Estado, organismos públicos descentralizados y dependencias de la administración pública federal, que permitan abrir plazas laborales en dichos entes públicos a jóvenes estudiantes de carreras técnicas y profesionales que concluyan sus estudios con un promedio de calificaciones de excelencia, de conformidad con las disposiciones que se emitan para regular dicho procedimiento.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 20 de mayo de 2015.

Suscribe

Dip. Tomás Torres Mercado.

1 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). México en Cifras. 2015.
2 Es importante señalar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera como jóvenes a quienes se encuentran en un rango de edad entre 15 y 24 años. Este referente fue adoptado por la ONU a partir del año 2000. United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond, NY, UN 2000.
3Sianesi, B. and Van Reenen, J., 2000, The Returns to Education: A Review of the Macro‐Economic Literature,  Centre for the Economics of Education London School of Economics and Political Science.
4Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Indicadores Básicos de Ocupación y Empleo. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 1er trimestre de 2015.
5INEGI. 2014. Panorámica de la población joven en México desde la perspectiva de su condición de actividad. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputado Torres Mercado. Túrnese a la Segunda Comisión.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para presentar punto de Acuerdo por el que se requiere a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que incluya en su catálogo y fije el salario mínimo general para el trabajo en el campo, determine las zonas geográficas correspondientes y disponga lo necesario para su inmediata aplicación.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, Diputado Presidente.

Quiero llamar la atención de la Asamblea y de la opinión pública para hablar sobre un asunto que ha estado ocupando espacios importantes en la agenda nacional, y esto tiene que ver con los compañeros jornaleros de San Quintín, que, como todos sabemos, es un valle productivo, muy generoso al sur del estado que represento orgullosamente, que es Baja California.

Estos compañeros han estado tocando diferentes puertas, han logrado con muchos esfuerzos compromisos políticos, unos firmados, otros de palabra con la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, con la Presidencia de la República, con el propio Senado de la República, e inclusive por ahí, de manera increíble, hasta con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, de acuerdo con el devenir de estos asuntos, de esta negociación, estamos viendo cómo a estos compañeros se les está jugando el dedo en la boca, y lo quiero decir con todas sus letras porque tengo la prueba en las manos.

El 14 de mayo reciente, en horas de la madrugada, se firmaron 13 puntos de Acuerdo, aquí los tengo firmados por los diferentes participantes en aquella reunión, y, la verdad, quiero decir que si yo hubiese estado en ese lugar, como Senador, la verdad, yo no hubiera firmado este documento.

No lo hubiera firmado porque avergüenza que los compañeros estén demandando los derechos que como ciudadanos mexicanos les pertenecen porque esa es la aceptación de que la Constitución Política en ese país no funciona; porque esa es la aceptación de que las instituciones que están diseñadas para proteger a los ciudadanos no están dando resultados.

Voy a leer algunos de los puntos de Acuerdo que se firmaron:

1. Se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todas y todos los trabajadores al Seguro Social.

2. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se hará la retención ni el condicionamiento de los salarios de las y los trabajadores.

3. Se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores en estricto apego a la ley.

Ahí me va diciendo una que no esté garantizada en la Constitución, una.

4. Se garantizará el respeto a los derechos laborales contenidos en la Ley Federal del Trabajo y los derechos humanos.

5. Las empresas cumplirán los requisitos para certificarse como libres de trabajo infantil.

6. Se creará un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las empresas para el desarrollo de la zona.

7. Se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios como consecuencia de sus desplazamientos de un lugar de trabajo a otro.

8. La Secretaría del Trabajo otorgará, en los términos que conforme a derecho proceda, su registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales, etcétera.

9. La autoridad garantizará el respeto a la libertad de autonomía sindical a los trabajadores de la zona.

10. El gobernador se reunirá con los voceros de la Alianza para tratar las problemáticas locales de San Quintín.

11. Por lo que hace a las personas detenidas, las autoridades federales y locales del estado de Baja California procurarán los mecanismos para que, en su caso, obtengan su libertad y privilegiando el respeto a sus derechos.

12. Las partes se comprometen a conducir sus acciones presentes y futuras en un ambiente de absoluto respeto a la ley.

13. Lo que importa, el tema del salario base será pactado en la siguiente sesión que se realizará el próximo 4 de junio en San Quintín.

La verdad, qué vergüenza firmar un documentos de estos.

Miren, a los días que se da este compromiso, los señores patrones que trabajan con toda impunidad en ese valle, al fin parientes del gobernador, empleados del gobernador y de los ex gobernadores, todos originados en el Partido Acción Nacional, despliegan un comunicado en donde dicen sobre el salario de 200 pesos por jornal.

Esto lo dijeron los patrones: “Estamos en espera de que el gobierno federal nos indique los mecanismos de operación por el cual se aportarán los recursos adicionales para cubrir el diferencial de salario y responder a las demandas salariales”. O sea, que quieren los señores patrones que el gobierno pague el salario por ellos.

Yo creo, compañeros, que no podemos seguir avasallando a estas personas, no caigamos en la política reciente de hace unas horas, en la que en un foro les decimos que son el privilegio cultural del país y luego los ridiculizamos diciendo: “Que Jefe Chichimeca querer Diputados para nosotros o Diputados para nadie”.

No caigamos en ese juego, son personas que sufrieron desde que estaban en el vientre de su madre; son personas que han vivido constantemente el dolor, el despojo, la injusticia social.

Yo solicité, hace unas semanas, que nos dejemos de juegos; esto es un juego, esto es jugarle el dedo en la boca a los compañeros, estos son sus derechos constitucionales; les asisten desde que nacen en el territorio nacional.

¿Cómo se los podremos conceder? ¿Como un punto de Acuerdo?

No creo yo que exista un servidor público, mucho menos originado en una elección, que pueda firmar esto a nivel de acuerdo político. Los derechos no se negocian, y esto es negociar el derecho que les existe.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Concluya, señor Senador.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Permítame, señor Presidente, en 60 segundos.

Lo primero, solicité una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que las inspecciones laborales sean calendarizadas y sean programadas tratándose del campo porque todo esto se sujeta precisamente a la supervisión; si los señores inspectores de las diferentes organizaciones del IMSS, de la Secretaría del Trabajo federal y local van cada venida de obispo, pues obviamente que no está garantizado el respeto a los ciudadanos.

Y lo que estoy solicitando es que se establezca un salario mínimo para los jornaleros, y obviamente que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en este momento, emplace a sus diferentes comisionados para que por región, por zona se establezca un salario mínimo para los jornaleros tomando en cuenta que son trabajadores que han de desplazarse dos, tres mil kilómetros de distancia para poder trabajar.

Esa será la única manera, supervisando y estableciendo un salario mínimo nacional para los trabajadores jornaleros como se podrá garantizar el derecho que tienen los trabajadores.

Esto es una broma. Y ya verán el cuatro de junio la chicanada con la que van a salir.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete, con moción de urgente resolución, a consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REQUIERE, CON TODA ATENCIÓN, A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE, PARA QUE INCLUYA EN SU CATÁLOGO Y FIJE EL SALARIO MÍNIMO GENERAL PARA EL TRABAJO EN EL CAMPO, DETERMINE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS CORRESPONDIENTES Y DISPONGA LO NECESARIO PARA SU INMEDIATA APLICACIÓN, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La invisibilidad de los jornaleros.

Una de las características principales de los grupos vulnerables es su invisibilidad. La exclusión social de que son víctimas es tan intensa que termina por eliminar del entramado social cualquier percepción de su existencia. Uno de los ejemplos más claros de dicha situación es el conglomerado de los jornaleros en nuestro país. El movimiento de lucha por los derechos de los jornaleros de San Quintín ha tenido muchos impactos. Quizás, en proyección social, la consecuencia que más toca las cuerdas íntimas de los ciudadanos que se enteran del acontecer nacional a través de las noticias es, precisamente, que se ha recuperado la conciencia sobre los jornaleros y su deplorable situación. La investigadora María José Ayón considera que “La vulnerabilidad no se produce sólo por la precarización del trabajo, sino porque se tornan frágiles los soportes relacionales que aseguran la inserción en un medio en el que resulte humano vivir”1

La invisibilidad se proyecta desde los campos de cultivo más al norte de nuestro país hasta la capital de la República donde poco a poco han sido cercenados los derechos de los trabajadores del campo ya que hace unos años desapareció el trabajo agrícola del tabulador de salarios mínimos y profesionales de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Desde que anunciaron la entrega de su pliego petitorio en octubre del año pasado, paulatinamente en el resto del país hemos tenido conocimiento de las condiciones infrahumanas en que estos trabajadores sostienen a la agroindustria de exportación en el sur del estado de Baja California. Así fue como nos enteramos que laboran durante jornadas extenuantes, que por lo general no les pagan las horas extras, que carecen de instalaciones higiénicas y equipo adecuado para desempeñar su labor, que son transportados a los surcos en vehículos destinados para carga de animales y un sin número de irregularidades que no han sido detectadas por los inspectores del trabajo. Entre sus demandas, destaca el respeto hacia las mujeres trabajadoras del campo que sufren acoso sexual por parte principalmente de los capataces designados por los patrones para lograr las metas diarias en las labores agrícolas. Supimos también de la existencia de niños explotados aprovechándose los patrones de la necesidad de los padres de viajar con la familia entera con el propósito de lograr el sustento.

El olvido en que el resto de la población hemos hundido a los jornaleros es tal que nadie reparó en que hace unos años el trabajo del campo fue eliminado de la tabla de los salarios mínimos generales. En efecto, cualquier persona que ante el movimiento de San Quintín tenga la curiosidad de entrar a la página de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para saber cuál es el salario mínimo general en el campo en contraste con la demanda de $200 diarios de los paristas, se encontrará con la amarga sorpresa de que no hay un indicador en el organismo especializado para determinar cuál es el nivel de vida digna para los jornaleros desde el punto de vista de sus salarios.

En torno a los salarios en el campo, investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ITESO consideran lo siguiente: “De hecho, la razón por la cual desde la Ley Federal del Trabajo de 1931 se incluyó el capítulo relativo a los trabajadores del campo, fue porque el Estado intuyó que eran distintos a los trabajadores de la ciudad; esto evidencia el hecho de que no fue sino hasta enero de 1981 que se igualaron los salarios mínimos generales de la ciudad y el campo, porque estos eran menos.”2

El salario remunerador.

En términos de la fracción VI, segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijaran considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas”.

A su vez, la Ley Federal del Trabajo consagra lo siguiente:

“Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.”

Los agravios recibidos por los jornaleros en todo el país pero que se han agudizado en el valle de San Quintín hacen evidente la necesidad de contar con un salario mínimo general para los trabajadores del campo. La ausencia de una referencia que garantice una vida digna por las actividades agrícolas no únicamente vulnera el tabulador de los campesinos sino que, como somos testigos de ello en Baja California, propicia violaciones en cascada para los jornaleros. Además de que no tienen la justa retribución por la prestación de sus servicios, los jornaleros no gozan ni siquiera de las condiciones básicas en que deben desempeñar su labor. Con ello, a pesar de que la intención del legislador de los años setentas fue regular los llamados trabajos especiales, los postulados de los diversos preceptos relativos al trabajo en el campo quedan en mera letra muerta.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos cuenta, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, con el equipo técnico necesario para determinar zonas geográficas en función de la situación económica nacional respecto de los salarios generales.3 A fin de lograr su cometido, la Comisión está habilitada para llevar a cabo investigaciones y estudios que permitan lograr la fijación del salario como retribución de la fuerza de trabajo acorde con la necesidad de brindar satisfacción a sus necesidades básicas, sano esparcimiento incluido. La Ley Federal del Trabajo contempla la posibilidad de que el secretario del ramo o los sindicatos pidan la actualización de algún salario en específico ante la modificación de las condiciones económicas en particular el comportamiento de los precios que afecten directamente a la economía familiar.4 Si el ordenamiento laboral establece un procedimiento para actualizar en cualquier tiempo los salarios ya incluidos en el catálogo general, por mayoría de razón la propia Comisión en su conjunto se encuentra habilitada para fijar el salario mínimo relativo a actividades no contempladas como es el trabajo en el campo.

En relación con las zonas rurales, hoy día en la tabla general de salarios mínimos generales únicamente aparecen los operadores de maquinaria agrícola con un salario diario de 102.75 pesos para la zona A y 100.23 pesos diarios en la zona B, así como el sueldo mínimo profesional para el vaquero ordeñador, con un ingreso diario de 88.60 y 85.90 pesos, respectivamente. Las labores para todos aquellos que siembran, riegan, escardan, cortan, cosechan, empacan, aplican fertilizantes, es decir, para quienes realizan jornadas en el campo, no se encuentran valoradas.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2014 6.8 millones de personas se dedican a las labores del campo como asalariados. Casi siete millones de personas no pueden invocar un salario base ya que la autoridad competente lo excluyó de su listas hace años. Quedan a merced de una negociación salarial caso por caso en la que el patrón puede reponer la mano de obra exigente y los campesino tiene la urgencia de cubrir el gasto familiar al día.

El salario mínimo y las nuevas obligaciones.

En materia de derechos humanos, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha acogido la tesis de la sospecha. En síntesis, cuando se somete a examen un hecho o situación en el que se presume que se han registrado afectaciones a los derechos fundamentales, la sospecha funciona como presunción seria y grave de la comisión de violaciones si por un lado tenemos un grupo vulnerable y por otro una restricción o reducción de derechos en relación con dichos sujetos jurídicos. Dicho criterio fue determinante para conceder la protección judicial tratándose de los matrimonios entre personas del mismo sexo ya que la Corte, entre otros aspectos, valoró que por un lado se encontraban personas susceptibles de menosprecio por su orientación sexual y por otro autoridades que les negaban el acceso a la institución del matrimonio. El solo planteamiento del problema en estos términos hace presumir que nos encontramos ante una violación de derechos humanos. Pues bien, lo mismo sucede tratándose de los jornaleros ya que por un lado se encuentra un grupo vulnerable como son los campesinos especialmente los provenientes de los pueblos indígenas por lo general analfabetas, en extrema pobreza y que aceptan cualquier trabajo ya que viven día con día en el límite de la subsistencia y, en el otro extremo, se encuentra un conjunto de circunstancias infrahumanas para la prestación de sus trabajos para lo cual contribuye la ausencia de un salario mínimo general fijado por la autoridad competente.

La reforma constitucional de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se traduce en que las autoridades todas sin distingo alguno tenemos obligaciones nuevas de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Desde una perspectiva de derechos humanos resulta impostergable que la Comisión Nacional fije el salario mínimo general para los trabajadores del campo. También es urgente que haciendo uso de sus facultades lleve a cabo investigaciones y estudios complementarios para identificar aquellas zonas geográficas donde deba prevalecer un salario diverso en razón de las condiciones tanto del mercado laboral, de los precios de los alimentos y satisfactores básicos como de la capacidad de pago de los patrones.

Es sintomática la reticencia que han presentado los empresarios del valle de San Quintín, salvo excepciones, que ante el anuncio de la Secretaría de Gobernación de que se logró un acuerdo de 13 puntos y que el relativo al salario implicaría un esfuerzo de las partes para aproximarse lo más posible a la cantidad de $200 que solicitan los jornaleros, hayan manifestado los empresarios que esperan erogaciones con recursos públicos por parte del gobierno para honrar dichos acuerdos. La falta de voluntad anterior, insostenible dada la capacidad de pago de la industria de exportación que se ha hecho notoria ya que algunos productores ya se encuentran pagando los salarios que solicitan los jornaleros y que, con seguridad, los estudios e investigaciones que lleve a cabo la Comisión Nacional permitirán a todos los actores confirmar y tener certeza de que es posible un incremento sustancial para los jornaleros, debe suplirse con proposiciones legislativas directas y oportunas. Nos encontramos ante un caso típico de distorsión de las relaciones sociales que amerita la intervención del Poder Legislativo para restablecer la justicia y libertad en este caso en el campo.

En consecuencia, con el propósito de recuperar el marco básico de derechos en el campo, contribuir al restablecimiento de la libertad económica y la justicia social en las zonas rurales y reconocer los derechos de los trabajadores en particular de los provenientes de los pueblos indígenas, se eleva a consideración de la Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se requiere, con toda atención, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por conducto de su Presidente, para que incluya en su catálogo y  fije el salario mínimo general para el trabajo en el campo, determine las zonas geográficas correspondientes y disponga lo necesario para su inmediata aplicación.

México, Distrito Federal, el 20 de mayo de 2015.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senador Blásquez Salinas. Túrnese a la Tercera Comisión.

1 Ma. José Bernuz Benéitez y Manuel Calvo García, La Eficacia de los Derechos Sociales, Huri.Age, Valencia, 2014, p.37

2 Jesús Antonio de la Torre Rangel (Coordinador) Eutiquio Dueñas Peña, Salvador Garc{ia Pérez y Georgina Del Real Vizcaíno, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales “Padre Enrique Gutiérrez”, Centro de Reflexión y Acción Laboral-Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores ITESO, México, 2004, p. 63

3 Véase los artículos del 558 al 561 de la Ley Federal del Trabajo.

4 Véase el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo.





 

Compañeros legisladores: informo a ustedes que las demás iniciativas inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. La Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener como lo permite el resolutivo décimo segundo del Acuerdo que aprobamos este día. Las proposiciones se turnarán a comisiones en los términos del resolutivo décimo tercero del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 73 RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTICIA

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscriben, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 73 RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTICIA (TCA), de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

De acuerdo con la Guía de Trastornos Alimenticios de la Secretaría de Salud, elaborado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en su edición 2004, los Trastornos de la Conducta Alimenticia (TCA) son:

Un conjunto de síntomas, conductas de riesgos y signos que se pueden presentar en diferentes formas y con distintos niveles de severidad, es decir,  la manera en la que se presenta no está claramente específica a nivel clínico.

Asimismo enuncia que los trastornos alimenticios se presentan cuando una persona no recibe la ingesta calórica que su cuerpo requiere para funcionar de acuerdo con su edad, estatura, ritmo de vida, etcétera.

Los TCA son considerados enfermedades crónicas y progresivas que, si bien se manifiestan a través de la conducta alimentaria, aluden a una gama compleja de síntomas en los que se conjugan factores biológicos, psicológicos, familiares y sociales, de ahí la complejidad para comprender y atender este problema de salud pública, que afecta sobre todo a niñas y mujeres. 1

En este orden de ideas encontramos que los principales Trastornos de la Conducta Alimentaria son:

● La Anorexia y;

● La Bulimia

La anorexia y la bulimia son Trastornos de la Conducta Alimenticia (TCA) que afectan principalmente a mujeres en etapas tempranas de la vida como la pubertad y la adolescencia.

Dichos trastornos tienen consecuencias tan graves para la salud que pueden causar desde desnutrición, hasta afecciones cardiacas e incluso ocasionar la muerte. Sin embargo, desde el punto de vista médico su tratamiento y atención es un proceso muy complejo, ya que se tiende a minimizar la problemática y los síntomas asociados tanto por quien los padece como también en su entorno familiar y de amistades más cercanas por lo que se retrasa la detección y el diagnóstico oportuno. 2

Al respecto podemos enunciar que la anorexia se caracteriza por una gran reducción de la ingesta de alimentos indicada para la persona en relación con su edad, estatura y necesidades vitales para su cuerpo. Por lo que dicha disminución no responde a una falta de apetito, sino a una resistencia a comer, motivada por la preocupación excesiva por no subir de peso o por reducirlo, lo que quiere decir que la persona se obsesiona con la forma en cómo se ve, es decir, la apariencia que tiene ante los demás.

A diferencia de la anorexia en la bulimia encontramos que el consumo de alimento se hace en forma de atracón, durante el cual se ingiere una gran cantidad de alimento con la sensación de pérdida de control. Lo que quiere decir que existen episodios de voracidad que van seguidos de un fuerte sentimiento de culpa, por lo que se recurre a medidas compensatorias inadecuadas como la autoinducción del vómito, el consumo abusivo de laxantes, diuréticos o enemas, el ejercicio excesivo y el ayuno prolongado, para que la persona no engorde.

Por ello quienes presentan ya sea la anorexia o la bulimia piensan y se centran en cuanto y como comen, razón por la cual dejan de hacerlo, asimismo están pendientes de su imagen de una forma obsesiva y constante, piensan a cada momento en cómo y de qué forma son vistas o vistos delante de la demás gente.

Las personas que padecen estos Trastornos de la Conducta Alimenticia (TCA) se preocupan por el peso, por no engordar, por mantener una delgadez extrema o conseguir una mayor a la que ya tienen. Aunado a ello se obsesionan con la imagen corporal de sí mismas o de sí mismos, imagen que se distorsiona y no corresponde a la realidad que está viviendo en ese momento.

CRITERIOS SEGÚN EL MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS DESÓRDENES MENTALES PARA LOS TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN. (DSM IV, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE LOS SÍNTOMAS QUE SE PRESENTAN.3

En la anorexia nerviosa los síntomas que podemos encontrar son:

A. Miedo intenso a engordar, que no disminuye con la pérdida de peso.

B. Alteración de la silueta corporal, exagerando su importancia en la autoevaluación y negando los peligros que provoca la disminución de peso.

C. Pérdida de por lo menos 25% del peso original.

En menores de 18 años de edad debe añadirse al peso inicial el que correspondería aumentar de acuerdo con el proceso de crecimiento y considerando que, una reducción de peso cercana a 15% es valorada como riesgo médico.

D. Negativa a mantener el peso corporal por encima del mínimo, según edad y estatura.

A estos se pueden agregar los siguientes:

- Pérdida de peso autoinducida por conductas compensatorias: vómitos, laxantes, diuréticos y exceso de actividad física.

- Retraso en el desarrollo puberal: falta de crecimiento de los senos, amenorrea primaria o secundaria. En los varones, los genitales no se desarrollan y hay pérdida del interés y de la potencia sexual.

Se especifican dos tipos de anorexia:

- Tipo restrictivo: la pérdida de peso se obtiene haciendo dietas, ayunos o ejercicio excesivo. No se recurre a atracones ni a purgas.

- Tipo compulsivo-purgativo: se recurre regularmente a medidas purgatorias como inducción al vómito, uso de laxantes, diuréticos y enemas.

EN LA BULIMIA LOS SÍNTOMAS QUE PODEMOS ENCONTRAR SON:

A. Episodios recurrentes de voracidad:

- Comer en corto período de tiempo gran cantidad de alimentos.

- Falta de control sobre la alimentación durante el episodio.

B. Promedio de dos episodios de voracidad semanales durante tres meses.

C. Autoevaluación “indebidamente” influida por la forma y el peso corporales.

D. Conducta compensatoria:

- Purgativa: vómitos autoinducidos, laxantes, diuréticos.

- No purgativa: ayuno, ejercicios físicos extenuantes.

TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTICIA NO ESPECIFICADO:

A. Distinciones de grado:

- Mujeres que cumplen los criterios diagnósticos de la anorexia, pero con menstruaciones regulares.

- Se cumplen todos los criterios diagnósticos de la anorexia, pero el peso de la persona se encuentra dentro de los límites de la normalidad.

- Se cumplen los criterios diagnósticos de la bulimia, pero con menor frecuencia.

B. Empleo irregular de conductas compensatorias inapropiadas después de ingerir pequeñas cantidades de comida por parte de un individuo de peso normal (por ejemplo, inducción del vómito después de ingerir dos galletas).

C. Masticar y expulsar, sin tragar, cantidades importantes de comida.

D. Trastorno compulsivo: se presentan atracones recurrentes sin tener conductas compensatorias.

¿CÓMO AFECTAN A LA SALUD FÍSICA LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA)?

Algunos de los efectos de los trastornos de la conducta alimentaria que encontramos en aquellas mujeres u hombres que padecen anorexia o bulimia son:

● Diversos grados de desnutrición y desequilibrios fisiológicos que producen diferentes complicaciones.

● Problemas cardiacos que van desde arritmias a problemas más serios y graves, esto debido a abuso constante de medidas evacuativas, hasta la disminución de las cavidades del corazón, disfunciones de las válvulas cardiacas, baja presión arterial y mala circulación. Hay un alto índice de mortalidad, que va en aumento, debido a problemas cardiacos como consecuencia de trastornos alimenticios.

● En ambos padecimientos se pueden presentar síntomas gastrointestinales tales como los dolores e inflamaciones abdominales fuertes cólicos, constipación y diarreas.

● Caída del cabello.

● Piel seca, agrietada o escamosa, lanugo (como consecuencia del aumento de cortisol), equimosis por la trombocitopenia.

● Callosidades en el dorso de las manos (signo de Russell).

● Erosiones del esmalte dental.

● Aunado a esto la inducción del vómito en la bulimia puede provocar agrandamiento de las glándulas salivales, alcalosis metabólica, pancreatitis, hematemesis, esofagitis, hemorragia digestiva e hipopotasemia, las cuales pueden causar un ataque cardiaco.

● Encontramos también que el abuso de conductas purgativas pueden provocar desequilibrio shidroelectrolíticos de gravedad.

● A esto se suma que en las personas que padecen anorexia tienen problemas en la menstruación.

● Complicaciones renales.

● Hablando particularmente de los hombres en ellos se presenta la disimulación del interés sexual, así como de los niveles de testosterona y anormalidades testiculares.

● Anemia, leucopenia, trombocitopenia.

● Cálculos renales.

● Disminución de los niveles de gonadotrofinas.

● Aumento de los niveles de cortisol y de la hormona de crecimiento.

● Entre otro muchos más.

A este respecto datos de las Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que por lo menos uno por ciento de los adolescentes y de los adultos jóvenes sufren anorexia y otro 41% padecen bulimia en el mundo, situación que ha significado una alarma para dicha Organización en regular todo lo referente a la promoción de campañas y difusión de información de este tipo de Trastornos y que las legislaciones de los estados deben contemplar lo referente a su prevención y atención.

LA ANOREXIA Y LA BULIMIA EN MÉXICO

Datos observados en la Encuesta Nacional de Salud en Escolares (ENSE) 2008 muestran que 3.2% de los adolescentes a escala nacional ha utilizado ayunos, dietas o ejercicio en exceso para tratar de bajar de peso, así como 10.2% por lo menos ha practicado una vez las conductas mencionadas.

El vómito autoinducido lo practican 0.7% de los alumnos, principalmente las mujeres, al igual que 0.8% utiliza medidas compensatorias para perder peso, como el uso de pastillas, diuréticos y laxantes. También 7.8% del total de los adolescentes ha tenido la sensación de “no poder parar de comer”, de “pérdida de control” (secundaria refiere 9.8%, porcentaje mayor que el de primaria, con 6.1%). Los atracones, al igual que la sensación de pérdida de control con los alimentos, están asociados al sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas, entre ellas diabetes mellitus y TCA.4

Aunado a ello encontramos que otras de las prácticas que significan un riesgo son las dietas, ayunos y el exceso de ejercicio con el objetivo de bajar de peso. A este respecto, 3.2% de los adolescentes indicó haber practicado estas conductas en los últimos tres meses. En menor proporción se encuentra la práctica del vómito autoinducido y la ingesta de medicamentos.‏ 5

Asimismo se observó que la práctica de estas conductas alimentarias es una situación que afecta a las mujeres en mayor proporción y, entre ellas, las más afectadas son las del grupo de 16 a 19 años.‏

MARCO JURÍDICO Y REGULACIÓN

Actualmente en la Ley General de Salud, se contemplan diversas disposiciones que inciden en el tema de la nutrición, por lo que es importante mencionar su contenido. Así, podemos observar en primer lugar que el artículo 3° de la citada Ley establece como materia de salubridad general, tanto el programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas, como la prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo (fracciones IV Bis y XII).

Establece que la promoción del mejoramiento y de la nutrición se considera un servicio básico de salud, para los efectos del derecho a la protección de la salud (Artículo 27, fracción IX). Dentro de la misma Ley se instaura que la promoción de la salud comprende a la nutrición (artículo 111, fracción II)

En este contexto tenemos que en el Titulo Séptimo, “Promoción de la Salud”, se contempla un capítulo específico a la nutrición, el cual es el Capítulo III, que consta de los artículos 114 y 115.6

Aunado a ello encontramos que dentro de la Ley se considera también lo referente a la atención de la salud mental desde el Artículo 3° donde también lo considera como materia de salubridad general en su fracción VI.

Establece en el Artículo 27 que para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a la salud mental (fracción VI) y enuncia un Capítulo completo denominado “Salud Mental” en donde se pueden resaltar aspectos como que la prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento mismos que serán considerados de carácter prioritario, que para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán en:

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;

III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia;

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;

VI.La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprenden:

I. La atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas;

II. La organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento, y

III. La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su familia y comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes.

Finalmente en el Artículo 74 Bis establece los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, en el Artículo 75 el respeto de los derechos humanos de las personas que padezcan dichos trastornos, el Artículo 76que determina que será la Secretaría de Salud quien determine las normas oficiales mexicanas para los establecimientos que prestan atención a las personas con trastornos mentales y del comportamiento, de la red del Sistema Nacional de Salud y el Artículo 77 que determina que los responsables de la guardia y custodia de las personas que padezcan dichos trastornos serán los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de las personas que tengan estos trastornos.

Con lo que podemos observar que no existe regulación alguna respecto de los Trastornos de la Conducta Alimenticia (TCA)y que a pesar de que existe una regulación del tema de nutrición y de la salud mental es necesario que se establezca de forma específica en nuestro marco jurídico lo referente a dichos trastornos, la realización de un Programa, de campañas y lo pertinente para la atención de los mismos de forma particular como ya lo he citado, lo relativo a la anorexia y la bulimia en nuestro país.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA:

Derivado de lo anterior es que considero necesario que en México exista información oportuna que ayude a la prevención, detección e intervención en Trastornos de la Conducta Alimenticia (TCA), con la finalidad de que estos sean detectadas aquellas señales de riesgo en torno a la alimentación y que con ello se puedan realizar las acciones necesarias al respecto con el objeto de fomentar una mejor calidad de vida para la población en general de nuestro país.

Por lo que debido a que la anorexia y la bulimia se han convertido en un problema de salud pública en México y que es inminente que si no se atiende de inmediato realizando diversas acciones como la que hoy propongo mediante esta Iniciativa con el fin de realizar una adición de la fracción IV al artículo 73 recorriéndose las subsecuentes y reformar la fracción I del Artículo 74 de la Ley General de Salud en materia de Trastornos de la Conducta Alimenticia (TCA) esto se convertirá en un problema mayor para el estado Mexicano.

Es necesario que contemos con un Programa Nacional que comprenda todo lo referente a los Trastornos de la Conducta Alimentaria y que la Secretaria de Salud del Gobierno Federal en conjunto con las secretarias de los estados actúen en el tema, llevando a cabo acciones de prevención, información y en su caso de atención de dichos trastornos.

Con acciones como esta podremos garantizar que se informe y prevenga este tipo de trastornos, pero que también aquellos que la padezcan cuenten con los elementos suficientes para afrontar dicho Trastorno de la Conducta Alimenticia (TCA). 

Por los argumentos vertidos con anterioridad someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona la fracción IV al artículo 73 recorriéndose las subsecuentes y se reforma la fracción I del Artículo 74 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73.-…

I.aIII …

IV. La realización de programas y campañas para la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria; 

V. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;

VI. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;

VII. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;

VIII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental.

Artículo 74.-

I. La atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos, personas que padezcan trastornos de la conducta alimentaria y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas;

II.-III…


ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente,
el 20 de mayo de 2015.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

1 Diagnóstico sobre la mujer en México a partir del ámbito de la salud. Trastornos de comportamiento alimentario (anorexia y bulimia). Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Cámara de Diputados. LXI Legislatura. Pág.12.

2 Diagnóstico sobre la mujer en México a partir del ámbito de la salud. Trastornos de comportamiento alimentario (anorexia y bulimia). Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Cámara de Diputados. LXI Legislatura. Pág.3.

4 Programa de Escuela y Salud. Programa de Acción en el Congreso Escolar. Prevención y detección de los Trastornos de la Conducta Alimentaria desde el contexto escolar de la Secretaria de Educación Pública. Página 3.

5

6 CAPITULO III
Nutrición
Artículo 114.- Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal.
La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado.
Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;
II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.
III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud;
IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.
V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población;
VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo;
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.

CUADRO COMPARATIVO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;

 

III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia;

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Artículo 73.-…

I. a III …

 


I. La realización de programas y campañas para la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria; 

 

II. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;

III. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;

IV. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;

 


V. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y

VI. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental.

Artículo 74.- La atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende:

I. La atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas;

II. La organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento, y

III. La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su familia y comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes.

Artículo 74.-

I. La atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos, personas que padezcan trastornos de la conducta alimentaria y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas;

II.-III…





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 32 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 32 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 33, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación es un bien público y un derecho humano que permite una convivencia social armónica, el desarrollo económico en un mundo globalizado, el enriquecimiento cultural de la población y la estabilidad política de una Nación.

En el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la educación se encuentra en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y en el artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por mencionar algunos instrumentos.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la educación está consagrado en el artículo 3º.

Pese a que se trata de un derecho humano de primer orden, en nuestro país la educación se enfrenta a una serie de problemáticas estructurales tales como: deficiencia en los planes educativos, disparidad en la calidad de la educación, falta de infraestructura, corrupción y opacidad en la utilización de los recursos, entre otros.

Esta situación se agrava aún más por falta de mecanismos institucionales que garanticen una verdadera equidad de oportunidades, tanto para el acceso, permanencia y conclusión de estudios para alumnos que por su condición económica y de salud se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Por eso, la iniciativa que el día de hoy vengo a poner a consideración de esta H. Asamblea, consiste en reformar el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley General de Educación, para que desde una perspectiva de equidad, las autoridades educativas establezcan condiciones y medidas dirigidas a los individuos, grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones de discapacidad motriz, mental, sensorial o de salud, a efecto de permitir el ejercicio pleno del derecho a la educación, el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos y la materialización de sus oportunidades al ejercer plenamente su derecho a la educación.

A su vez, con la adición de la fracción VIII Bis al artículo 33 de la misma Ley en comento, se propone que las autoridades educativas otorguen una beca mensual a los estudiantes de instituciones públicas o privadas que enfrentan condiciones económicas de desventaja y que padezcan alguna enfermedad cardiovascular, cáncer, VIH-SIDA o discapacidad motriz, mental o sensorial, además, el estímulo económico será garantizado hasta que terminen sus estudios de licenciatura o profesional técnico.

¿Por qué se proponen estas medidas para el mejor desarrollo social y para dotar de una mejor perspectiva de vida de los alumnos que se encuentran en una de las situaciones de vulnerabilidad referidas? Muy sencillo, porque es por mandato constitucional y obligación internacional que todas las autoridades del Estado mexicano promovamos, respetemos, protejamos y garanticemos los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Es decir, en el entendido de que los derechos humanos, como la educación y la no discriminación, son inherentes a todos e inviolables, por lo que deben ser protegidos ya que no puede infringirse la dignidad humana, en razón de esta flexibilidad su naturaleza permite que siempre estén con la persona (principio de universalidad). Además, están relacionados entre sí, por lo que no puede hacerse ninguna separación ni pensar que uno es más importante que otro, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados (principios de interdependencia e indivisibilidad). Y constituyen el compromiso, tanto a nivel interno o a través de la cooperación internacional, para lograr paulatina y gradualmente la plena efectividad y la completa realización (principio de progresividad).1

Además, tal y como lo establece el ya aludido artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la educación debe estar inspirada en los principios de solidaridad, comprendiendo la igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado.

E incluso, ¿acaso no es suficientemente claro el texto de nuestra Carta Magna cuando señala que la educación de nuestro país deberá sustentarse en los principios de la democracia, entendida ésta no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo?

A la luz del nuevo paradigma en materia de derechos humanos, advertimos que no se pueden implementar las reformas constitucionales del futuro, con interpretaciones o actitudes del pasado. Aquí no tiene cabida el argumento falaz de que no habrá presupuesto, o de que en aras de cuidar la suficiencia presupuestal, no podrán otorgarse los estímulos económicos.

Un dato que es revelador al respecto es el siguiente: entre 2000 y 2013, el gasto corriente del gobierno creció a una tasa real anual promedio de 5.2%, incrementando su nivel total de 10.9 a 15.2% del PIB.2

Recursos hay, sólo es cuestión de racionalizar su uso y de que haya voluntad política para llevar a buen término esta propuesta. Nadie puede estar en contra de la educación, ni preferir gastar el dinero en sueldos onerosos o desperdiciarlos en cuestiones banales e innecesarias, en lugar de invertirlos en el mejor mecanismo que garantiza el desarrollo de una sociedad: la educación.

En virtud de lo anterior, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto por el que SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 32 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 33, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 32 y se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 33, ambos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 32.-Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los individuos, grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones de discapacidad motriz, mental, sensorial o de salud, económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I.- a VIII.- …

VIII Bis.- Otorgar una beca mensual a los estudiantes de instituciones públicas o privadas que enfrentan condiciones económicas de desventaja y que padezcan alguna enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, VIH-SIDA o discapacidad motriz, mental o sensorial. El estímulo económico será garantizado hasta que terminen sus estudios de licenciatura o profesional técnico.

Texto actual de la Ley General de Educación

Propuesta

 CAPÍTULO III
DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley

CAPÍTULO III
DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los individuos, grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones de discapacidad motriz, mental, sensorial o de salud, económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I.- a VIII.- …

 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I.- a VIII.- …

VIII Bis.- Otorgar una beca mensual a los estudiantes de instituciones públicas o privadas que enfrentan condiciones económicas de desventaja y que padezcan alguna enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, VIH-SIDA o discapacidad motriz, mental o sensorial. El estímulo económico será garantizado hasta que terminen sus estudios de licenciatura o profesional técnico.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, determinará la partida respectiva para la implementación de este mandato legal en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 20 de mayo de 2015.

Dip. Danner González Rodríguez.

1 Ver la Tesis IV.2o.A.15K(10a), Tesis constitucional aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Libro XXI, junio de 2013, Tomo 2, Décima Época, página 1289.

2 “LA SHCP ENTREGA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EL DOCUMENTO DE PRE-CRITERIOS 2015”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comunicado de prensa, 29 de marzo de 2015, p. 1. Disponible en: http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_029_2015.pdf [Última consulta: 18 de mayo de 2015]





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS

(Presentada por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza)

La que suscribe, MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la  fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La infraestructura posee un carácter fundamental dentro de las políticas de desarrollo de cualquier país interesado en generar crecimiento económico.

Las premisas del desarrollo económico suponen que con mayor y mejor infraestructura las sociedades experimentarán mejoras en su nivel de vida, en muchas ocasiones esta clase de emprendimientos esconden una cara menos amable: la de los impactos negativos en el ambiente y los conflictos socioambientales que de ello pueden derivar.

Tal y como lo señala PROMEXICO en su portal de internet, “La sustentabilidad se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras”.

A partir de lo anterior, al decir que el desarrollo sustentable implica la satisfacción de las necesidades de las sociedades presentes, pero sin poner en riesgo la de las generaciones futuras, lo que en verdad estamos indicando es que ya no sólo tenemos que preocuparnos por asignar racional y eficientemente los escasos recursos hacia fines alternos de utilización, sino que también lo tenemos que hacer sin degradar la base biofísica sobre la cual se erige todo el circuito económico.

México tiene muchos y grandes retos en esta materia, el principal la inclusión del cuidado al medio ambiente como uno de los elementos principales de la competitividad y el desarrollo económico y social.

Toda la década de los ochenta fue declarada por las Naciones Unidas como “la década perdida”. Muchas economías no desarrolladas y excesivamente endeudadas, perdieron en términos de crecimiento, empleos, ingresos, progreso y adicionalmente el stock de capital natural; México no fue la excepción.

A finales de la década de los ochenta, la sustentabilidad del desarrollo se convirtió, de reclamo marginal o inexistente, en exigencia emergente en la agenda de los movimientos y organizaciones sociales, del sector privado y de las políticas y acciones de algunos gobiernos.

Para los años noventa, la sustentabilidad del desarrollo pasó de ser exigencia emergente, a un tema obligado tanto en el debate político como en cualquier programa de gobierno.
No obstante, aunque el concepto de sustentabilidad haya sido acuñado en el documento titulado “Nuestro Futuro Común”, mejor conocido como el Informe Brundtland de 1987, en realidad dicho concepto evoca viejas polémicas de la disciplina económica como las siguientes:

● El crecimiento económico y la distribución del ingreso

● Las externalidades

● La internalización de los costos sociales

● Desarrollo económico nacional y sus desequilibrios regionales y sectoriales

● Los límites del crecimiento y sus costos económicos, sociales y ambientales.

En México se ha buscado constantemente instaurar un régimen jurídico normativo que coordine las problemáticas ambientales y la utilización sustentable del capital natural, previendo que el grado de capacidad de dichas normas y su aplicación hagan de ellas mecanismos efectivos de preservación del ambiente y de los recursos naturales.

Con la Reforma Energética recientemente aprobada y que ya lleva casi un año en vigor, se trastocaron muchos recursos naturales que serán víctimas de las practicas no sustentables que se llevan a cabo en nuestro país.

Por ello, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos de que la mejor forma de alcanzar el ideal sustentable de los países primermundistas, no será una tarea fácil, sin embargo debemos empezar por adecuar y corregir nuestras leyes para que desde ahí se garantice el aprovechamiento sustentable de los recursos de nuestro país.

La infraestructura en materia energética se verá acrecentada exponencialmente con el avance en la aplicación de la reforma citada, por ello debemos establecer los criterios necesarios para que se cumplan lineamientos básicos en la construcción de estas y así poder tener un sector energético más sustentable incluyendo lo amigable con el medio ambiente.

Las modificaciones en materia energética suponen un avance social, un mejor aprovechamiento de nuestros recursos, porque así están considerados en la Carta Magna, debemos ser conscientes y tener bien claro que la sustentabilidad debe ser el eje rector de la construcción de infraestructura en nuestro país.

ARGUMENTACIÓN

En México, la actual administración ha demostrado especial interés en detonar el crecimiento económico del país. Algunas de las acciones que ha implementado para conseguirlo se han basado en la infraestructura. Por ello se implementó el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, instrumento que proveerá el sustento físico para varias de las reformas estructurales aprobadas el año pasado Este Programa representa una gran apuesta por parte del Gobierno Federal para cobijar las reformas, en especial la Energética.

Son diversas las acciones que se han estado implementando para la realización de las reformas, sin embargo resulta necesario comenzar precisando que no son los beneficios que el desarrollo de infraestructura pueden significar para la economía los que están en cuestión, sino los efectos y daños colaterales que estos procesos pueden conllevar si no se realizan responsablemente.

De acuerdo al índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), a principios de 2013, México se ubicó en la posición 55 de un total de 148 países evaluados.

Uno de los factores que explica la baja competitividad que presenta el país es la dotación y calidad de la infraestructura, al ser el segundo pilar de los 12 que conforman el Índice Global de Competitividad. En materia de infraestructura, a principios de 2013 México se ubicó en la posición 64 de un total de 148 países como ya se había mencionado, con un valor de 4.1 puntos de un máximo de 7.

Es imperativo que en México se empiece a tomar en cuenta la sustentabilidad para garantizar calidad de vida a las generaciones futuras.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza hemos abanderado el tema de la sustentabilidad, por ello, impulsaremos este conjunto de reformas que pugnen por tener un sector energético más eficiente y mucho más sustentable del que tenemos actualmente.

FUNDAMENTO LEGAL

Por las consideraciones expuestas, en nuestra calidad de diputada y diputado federales integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 98 de la Ley de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo Único. 

“Artículo98.-

No obstante, las obras e infraestructura a que se refiere este artículo deberán ser seguras, necesarias, adecuadas, sustentables y proporcionales a los requerimientos de la Nación de acuerdo con lo que establezca la Secretaría de Energía, previa opinión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos o de la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda.”

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 20 de mayo de 2015.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Diputado Alberto Coronado Quintanilla, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, Diputado Federal, ALBERTO CORONADO QUINTANILLA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro del paquete de reformas 2014, se aprobó una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta que si bien presenta disposiciones novedosas, no menos cierto es que también introdujo desaciertos que generan problemas en su aplicación que demandan su urgente su corrección; tal es el caso de las confusas disposiciones de los artículos 5° y 77 en materia de acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero, que generan inseguridad jurídica al confundir y revolver soluciones unilaterales al problema de la doble tributación que México adoptó desde antes de que existieran los Tratados Internacionales en esta materia, con la aplicación propiamente de tales Tratados.

Para puntualizar, empecemos por el principio: es bien sabido que México se encuentra inmerso en un proceso de inter-relación comercial con las demás naciones del mundo, con lo que ha dado en llamarse "globalización de la economía", que origina que las naciones contraigan obligaciones y en ese momento hace acto de presencia el Derecho Internacional conocido también como "derecho de gentes", entendiendo el concepto "gentes" como pueblos organizados políticamente, pueblos sujetos o vinculados por un orden jurídico nacional.

El vocablo "soberanía" es un concepto que tiene un gran atractivo fonético pero que carece de toda referencia semántica y en los textos de derecho internacional, encontramos tantas definiciones como autores, por lo que para efectos de esta Iniciativa, en vez de hacer un análisis crítico de las diversas definiciones, simplemente nos concretaremos en aceptar que un Estado es soberano, porque él es la unidad universal de decisión en un territorio, eficaz en el interior y en el exterior; soberanía aquí significa pues omnipotencia. Pero esta noción sufre cambios cuando cada una de esas entidades omnipotentes en lo interior entra en coexistencia con otras entidades semejantes, pues ninguna de ellas puede tener supremacía sobre las otras.  Cada una, sin embargo, rehúsa naturalmente reconocer la autoridad superior de cualquier autoridad externa.

En este sentido, los diversos países, como soberanos que son, pueden dictar normas jurídicas con un ámbito de validez limitado a su espacio territorial, imponiendo tributos a cargo de sus nacionales o de quienes obtienen beneficios por llevar a cabo actos jurídicos con los miembros de su población, dando por resultado, la doble o múltiple tributación internacional debido a que es universalmente aceptado que los Estados para imponer cargas fiscales lo hagan atendiendo a cualquiera de los siguientes criterios vinculantes:

a).- La nacionalidad

b).- La residencia

c).- La fuente

La Ley del ISR mexicana vigente hasta 1980 atendía a los tres criterios para identificar al sujeto, y así con el criterio de la nacionalidad, un mexicano, por el simple hecho de serlo, se convertía en sujeto del impuesto mexicano, aunque residiera fuera del país y aunque sus ingresos procedieran de fuente extranjera.  Afortunadamente dicho criterio fue abandonado desde 1981.

Bajo el principio de la residencia se grava a toda persona, sea mexicana o extranjera, por el simple hecho de residir en México y con el criterio de la fuente se grava a toda persona, sea nacional o no, resida en México o en el extranjero, bastando para ello, que los ingresos procedan de fuente de riqueza nacional.

Precisamente por la posibilidad de que coexistan estos tres criterios en las normas jurídicas que imponen los Estados, es que se da nacimiento a la doble o múltiple tributación que está definida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico "OCDE" como “el resultado de la percepción de impuestos similares en dos estados, sobre un mismo contribuyente, por la misma materia imponible y por idéntico período de tiempo"

Precisamente para resolver el problema de esta doble tributación, es que los Estados han ideado la celebración de Tratados mediante los cuales una entidad acepta las pretensiones de otras entidades a una posición similar, sobre bases de una cierta reciprocidad.

CRITERIOS VINCULANTES.

El poder tributario de un Estado es ilimitado y puede alcanzar a personas residentes, bienes ubicados o eventos ocurridos, tanto dentro como fuera de su territorio. Los criterios de vinculación se dividen según se atienda a la persona o a la procedencia del ingreso en: 1) Criterio objetivo y, 2).-  Criterio subjetivo respectivamente; pero si además del criterio objetivo (por fuente) se utiliza simultáneamente cualquiera de los criterios subjetivos (domicilio o nacionalidad), se configura el principio de la renta mundial.

RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA APLICACION DE CRITERIOS

PRINCIPIO DE LA FUENTE.

La aplicación de este principio se fundamenta en que el lugar de producción y utilización de la riqueza caracteriza el derecho de imposición, sin embargo, en la medida en que todos aplicaran únicamente este principio, derivaría en una desventaja fiscal para los países en desarrollo por ser éstos importadores de capital.

PRINCIPIO MUNDIAL

Se apoya en el principio de igualdad de los particulares frente a la ley ya que no es justo discriminar a los que obtienen ingresos dentro o fuera del país; además de que los residentes de un país deben contribuir a sufragar los servicios públicos que disfrutan en ese país.

MULTIPLE TRIBUTACION

Esta se da cuando los diversos Estados, en uso de su soberanía aplican los diferentes criterios vinculantes en forma simultánea, es decir que un sujeto puede estar gravado en el país del cual es residente, pero al mismo tiempo puede estar gravado por otro país del cual procede el ingreso debido a que los principios de la fuente y de la residencia le son aplicados simultáneamente por ambos países: uno del cual es residente y otro, del cual procede el ingreso

CAUSAS DE LA DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL.

a).- Cuando dos países aplican el principio de renta mundial.

b).- Cuando dos países aplican simultáneamente diferentes principios  (uno el mundial y el otro el de la fuente).

c).- Cuando dos países aplican el principio de la fuente, pero cada uno interpreta la fuente de manera diferente (productora/pagadora).

CONSECUENCIAS DE LA DOBLE TRIBUTACION.

a).- Carga fiscal excesiva.- Si en un Estado se grava la renta con un 55% (como sucedía en el caso de México hasta 1987) y otro país con el 50%, habrá desaparecido completamente la renta vía impuestos.

b).- Frena el desarrollo económico y/o inversión extranjera.  El factor fiscal, aunado con la regulación de la inversión extranjera es elemento decisivo para cambiar hacia otro país la inversión por el alto costo e inseguridad que le imprime la legislación local.

c).- Incremento de la evasión fiscal, por la exagerada carga impositiva que resulta de la doble imposición.

MEDIDAS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION INTERNACIONAL.

En términos generales se pueden resumir en dos: a).- los Tratados Internacionales; y, b) las medidas unilaterales

a).- TRATADOS INTERNACIONALES.- Ya sean bilaterales o multilaterales son los Convenios o Acuerdos que implican la armonización de las posiciones y la distribución de las potestades tributarias; sin embargo como nuestra legislación grava a todos sus residentes, la doble tributación sólo se evita mediante Tratados internacionales, cuando el poder tributario se le atribuye únicamente al país de residencia, ya que en la medida en que el país de la fuente conserve su poder tributario, la doble tributación no se elimina a través de los tratados, sino que en tal supuesto es menester aplicar medidas internas y unilaterales en el país de residencia. En los Tratados firmados por México, sólo se atribuye el poder tributario al país de residencia en el caso de los artículos 6, 7, y 8 respecto de “rentas inmobiliarias”, “actividades empresariales” y navegación marítima y aérea” por lo que en todos los demás tipos de ingresos sólo se evitará la doble tributación mediante medidas unilaterales

b).- MEDIDAS UNILATERALES.- Son disposiciones jurídicas adoptadas en la legislación interna de un país, donde aplican generalmente el criterio del domicilio como criterio vinculante y precisamente se llama unilateral porque no depende de la existencia de Tratados, pues deriva de la preocupación de los países de resolver internamente a sus residentes, el problema de la doble tributación, sin que sea necesaria la existencia de un concordato internacional toda vez que son medidas que de “motu proprio” adopta un Estado en su legislación interna para evitar o aminorar la excesiva carga fiscal que representa la doble tributación.

México, desde antes de existir Tratados Internacionales adoptó de manera unilateral en el artículo 6° (ahora 5°) de su Ley del Impuesto sobre la Renta, la forma de resolver la doble tributación, permitiendo a sus residentes acreditar contra el impuesto sobre la renta mexicano, el impuesto pagado en el extranjero, con lo cual evitó así desde siempre, la doble tributación, procedimiento que no tiene por qué cambiar con la  existencia de los Tratados, que en todo caso vienen a ser complementos del sistema unilateral, pero sólo cuando exenta al país de la fuente, de lo contrario ni siquiera tiene relevancia su existencia.

En efecto, cuando en un tratado se precisa que sólo el país de residencia conserva el poder tributario, elimina definitivamente la doble tributación y al ser así, ni siquiera se tiene que aplicar el artículo 5° pues no hay doble tributación que resolver; pero cuando el país extranjero, el de la fuente conserva su poder tributario, entonces es necesario aplicar el artículo 5° toda vez que éste resuelve unilateralmente el problema, exista o no Tratado, por lo tanto no debe confundirse y menos aún revolverse las medidas unilaterales con la existencia de Tratados como indebidamente lo hace el artículo 5°.

REFORMAS 2014

La solución unilateral al problema de la doble tributación internacional adoptada por México, se basa en los siguientes principios:

1.- El acreditamiento contra el ISR mexicano del impuesto pagado en el extranjero, sólo lo pueden aplicar los residentes de México, que son a los únicos que el país tiene interés en resolverles el problema de  la doble tributación

2.- Estar obligado al pago del ISR mexicano por el ingreso percibido de fuente de riqueza extranjera

3.- Que se trate de ingresos que sean objeto del  impuesto mexicano, en los términos de la Ley del ISR

4.- Que el ingreso percibido o devengado que se acumule deberá incluir el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero pero hasta el tope del impuesto que se pagaría en México.

La nueva ley vigente desde 2014, incurrió en graves errores: el primer error al no tomar en cuenta que su artículo 5° regula dos tipos de acreditamiento: uno general aplicable a todo tipo de ingresos procedentes del extranjero que sean ingreso objeto del impuesto mexicano, dentro de los cuales se incluyen los dividendos y otro “acreditamiento adicional por opción”, cuya característica es que es “adicional” al general y aplicable únicamente a las personas morales que opten poracreditar también” el impuesto corporativo pagado por la entidad extranjera que distribuyó a México los dividendos; un segundo error consiste en mezclar el primer acreditamiento de tipo general con el de opción duplicando la acumulación del dividendo primero cuando se calculó el primer acreditamiento de tipo general y segundo al ejercer la opción del acreditamiento del impuesto corporativo, se vuelve a acumular el dividendo en lugar de acumular sólo el copete gravado con el impuesto corporativo que se pretende acreditar, por lo que ser independientes, deben correr por separado, dando por resultado que se genere un incremento indebido en la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta que para desaparecerlo se inventa una fórmula absurda en el artículo 77 con efectos nocivos, ya que disminuye la CUFIN en mayor cantidad de la que artificialmente se incrementó;  un tercer error, al eliminar el incremento legítimo de la CUFIN derivado de la opción, al pagar mayor impuesto al que se está obligado sin considerar la opción; un cuarto error, al confundir el límite de acreditamiento con el monto acreditable ya que incluye fórmulas que lejos de aclarar el procedimiento lo complican e inducen a cometer errores y finalmente un quinto error al adicionar un último párrafo al artículo 5° que lejos de llenar la laguna de la ley que no precisa lo que debe considerarse como impuesto sobre la renta, genera más confusión ya que de ese párrafo añadido se interpreta que para gozar del acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero, es necesario que México tenga en vigor un Tratado para Evitar la Doble Tributación que lo señale como tal, debido a que dice lo siguiente:

Se considerará que un impuesto pagado en el extranjero tiene la naturaleza de un impuesto sobre la renta cuando cumpla con lo establecido en las reglas generales que expida el Servicio de Administración Tributaria. Se considerará que un impuesto pagado en el extranjero tiene naturaleza de impuesto sobre la renta cuando se encuentre expresamente señalado como un impuesto comprendido en un tratado para evitar la doble imposición en vigor de los que México sea parte.

Como quedó apuntado en líneas anteriores, las disposiciones del artículo 5° y los Tratados, son dos soluciones diferentes al problema de la doble tributación que no deben excluirse sino en todo caso, complementarse  mutuamente por lo que dicho párrafo debió quedar redactado de diferente manera

OPCION DE ACREDITAR “TAMBIEN” EL IMPUESTO CORPORATIVO DEL PRIMERO Y DEL SEGUNDO NIVEL CORPORATIVO

Una cuestión tan simple como es el determinar el “límite de acreditamiento”, la ley vigente desde enero de 2014, se esmeró en complicarlo al grado que confunde el límite de acreditamiento con el monto acreditable y en ese intento cometió errores que lesionan patrimonialmente a los accionistas

En efecto si por “límite de acreditamiento” se entiende un “tope” o una “cantidad máxima” que la ley permite acreditar, resulta evidente que es un concepto diferente al monto acreditable el cual dependerá del monto que efectivamente se haya pagado. En otras palabras la determinación del límite de acreditamiento se reduce a calcular cuánto ISR causaría conforme a la Ley mexicana por el ingreso que se acumuló de la proporción del impuesto extranjero y ese sería el límite de acreditamiento; a menos que el impuesto pagado en el extranjero sea inferior a lo que se causaría en México, caso en el cual el límite se disminuye a ese monto efectivamente pagado. Ejemplo:

DATOS

A

B

C

D

a) utilidad de la soc en USA

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

b) Particip. accionaria de México

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

c) tasa ISR  corporativo de USA

35.00%

30.00%

25.00%

15.00%

d) tasa ISR Dividendo en USA

5.00%

5.00%

5.00%

20.00%

e) tasa ISR mexicano

30.00%

30.00%

30.00%

30.00%

f) ISR USA

3,500,000.00

3,000,000.00

2,500,000.00

1,500,000.00

g) Proporc ISR USA a Mex

700,000.00

600,000.00

500,000.00

300,000.00

h) Utilidad neta

6,500,000.00

7,000,000.00

7,500,000.00

8,500,000.00

i) Dividendo a México

1,300,000.00

1,400,000.00

1,500,000.00

1,700,000.00

j) ISR s/Dividendo

65,000.00

70,000.00

75,000.00

340,000.00

k) Div neto a México

1,235,000.00

1,330,000.00

1,425,000.00

1,360,000.00

LIMITE DE ACREDITAMIENTO

Prop Util pertenece a México

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

m) ISR que se causaría en México

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

n) ISR pagado en USA

700,000.00

600,000.00

500,000.00

300,000.00

o) Acreditamiento (el menor m ó n)

600,000.00

600,000.00

500,000.00

300,000.00

Por otra parte, la opción que la ley otorga únicamente a las Personas Morales de acreditar “también” el impuesto corporativo, debe entenderse que es “adicional” al acreditamiento del impuesto sobre dividendos al que nos referimos en párrafos precedentes. Aquí se trata de acreditar “adicionalmente” el impuesto corporativo, ya no el del dividendo, sino el que pagó la empresa que distribuyó el dividendo el cual quedó regulado en sus párrafos segundo y cuarto, estableciendo que se trata de un acreditamiento ADICIONAL al acreditamiento del impuesto del dividendo, en los siguientes términos:

Segundo Párrafo: “Tratándose de ingresos por dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero a personas morales residentes en México, también se podrá acreditar el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado por dichas sociedades que corresponda al dividendo o utilidad percibido por el residente en México”.

Cuarto Párrafo: Adicionalmentea lo previsto en los párrafos anteriores, se podrá acreditarel monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado por la sociedad residente en el extranjero que distribuya dividendos a otra sociedad residente en el extranjero, si esta última, a su vez, distribuye dichos dividendos a la persona moral residente en México.

Por lo anterior resulta indebido que en las fórmulas mezcle el legislador el acreditamiento del impuesto corporativo(el acreditamiento por opción) con el acreditamiento del impuesto del dividendo, (el acreditamiento general) limitando aquél con el resultado de éste ya que por esencia deben ser independientes, tal como lo precisan los párrafos segundo y cuarto al decir que “también” y “adicionalmente” se podrá acreditar el monto proporcional del impuesto corporativo. En la presente Iniciativa para evitar confusiones se regula el segundo acreditamiento por opción en un artículo separado del acreditamiento general.

Precisamente en la determinación del acreditamiento por opción, es donde se encuentran los errores segundo al cuarto apuntados anteriormente, consistentes en que involucra indebidamente el acreditamiento del dividendo (acreditamiento general) con el acreditamiento por opción, limitando éste con el monto de aquél, que por ser opción la ley reconoce que es un acreditamiento “adicional al acreditamiento del dividendo y el tercer error al que ya se hizo alusión consiste en que la ley infla arbitrariamente la base del impuesto mexicano al duplicar la acumulación del dividendo, dando por resultado que se incremente el Resultado Fiscal y por ende el impuesto causado con su correspondiente repercusión en CUFIN que para desinflarla incorpora otra fórmula en el artículo 77 que supuestamente es para corregir ese error, pero en su intento se le pasó la mano y disminuye una cantidad mayor a la cantidad en que infló el Resultado Fiscal generando un daño patrimonial al contribuyente que ejerza la opción de acreditar el impuesto corporativo pagado por el extranjero que distribuyó el dividendo, y para evitarlo, en vez de acumular el dividendo en la segunda opción tan sólo se debe acumular la parte proporcional del impuesto corporativo pagado por la sociedad extranjera que distribuyó el dividendo a México, como se aprecia a continuación

PRIMERA OPCION: ACREDITAMIENTO GENERAL

A

B

C

D

Dividendo recibido

1,235,000.00

1,330,000.00

1,425,000.00

1,360,000.00

(+) ISR  retenido

65,000.00

70,000.00

75,000.00

340,000.00

(=) Ingreso acumulable

1,300,000.00

1,400,000.00

1,500,000.00

1,700,000.00

(x) tasa mexicana

0.30

0.30

0.30

0.30

ISR mex. Causado

390,000.00

420,000.00

450,000.00

510,000.00

(-) acreditamiento ISR s/Div

65,000.00

70,000.00

75,000.00

340,000.00

(=) ISR por pagar

325,000.00

350,000.00

375,000.00

170,000.00

SEGUNDA OPCION A PM ACREDITAMIENTO DEL ISR CORPORATIVO EXTRANJERO

Prop. ISR de USA = Ingreso Acumulable

700,000.00

600,000.00

500,000.00

300,000.00

Tasa ISR mexicana

0.30

0.30

0.30

0.30

l) ISR mexicano causado

210,000.00

180,000.00

150,000.00

90,000.00

(-) acreditamiento ISR corporativo de USA

600,000.00

600,000.00

500,000.00

300,000.00

(=) Saldo a cargo (o favor)

-390,000.00

-420,000.00

-350,000.00

-210,000.00

RESUMEN

ISR a cargo por Dividendos (1a opción)

325,000.00

350,000.00

375,000.00

170,000.00

saldo favor 2a opción

-390,000.00

-420,000.00

-350,000.00

-210,000.00

Neto a cargo (o favor)

-65,000.00

-70,000.00

25,000.00

-40,000.00

COMPROBACIÓN GLOBAL DEJANDO TRANSPARENTE A LA PM

Dividendo recibido

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

(x) tasa mexicana

0.30

0.30

0.30

0.30

ISR mex. Causado

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

(-) acreditamiento ISR (ambos)de  USA

665,000.00

670,000.00

575,000.00

640,000.00

(=) ISR por pagar (o sdo a favor)

-65,000.00

-70,000.00

25,000.00

-40,000.00

Obsérvese que cuando la tasa del extranjero es mayor a la mexicana, el impuesto que se acumula como ingreso es mayor al impuesto que se acredita, situación que es distinta a cuando la tasa del extranjero es igual o menor a la mexicana en donde el monto que se acumula es igual al monto del acreditamiento

y finalmente un cuarto error, al confundir el límite de acreditamiento con el monto acreditable como se demuestra a continuación:

El artículo 5° de la ley establece que para determinar el “límite de acreditamiento” se debe aplicar la siguiente fórmula:

LA. = ((D+MPI+ MPI2) (T))-ID

Siendo el significado de las literales el siguiente: (D = dividendo percibido); (MPI monto proporcional del impuesto extranjero del primer nivel); (MPI2 monto  proporcional del impuesto extranjero de segundo nivel); (T = 30% de tasa del ISR mexicano); (ID = impuesto acreditable del dividendo)

Por definición, ya lo mencionamos que el “límite de acreditamiento” debe entenderse no el monto acreditable, sino un tope al cual debe ceñirse el monto del impuesto pagado, es decir que sólo sirve para comparar esa cifra con el impuesto efectivamente pagado que, si es mayor sólo se podrá acreditar hasta el límite determinado; si es igual se acreditará esa cantidad pero si es menor, sólo esa cantidad inferior al límite es la que se podrá acreditar y aquí es donde la ley confunde que el límite de acreditamiento, equivale al monto acreditable y definitivamente que no es lo mismo

Para ejemplificar el asunto, y evidenciar que la fórmula está mal, supongamos los siguientes datos de la empresa extranjera:

CONCEPTOS

CASO "A"

CASO "B"

DATOS

Utilidad                                          

10,000,000

10,000,000

ISR corporativo 35%                       

3,500,000

3,500,000

Utilidad distribuible                           

6,500,000

6,500,000

Dividendo a México 20%                 

1,300,000

1,300,000

tasa impuesto sobre dividendos

5%

46%

Impuesto s/dividendo                         

65,000

600,000

Dividendo neto percibido                 

1,235,000

700,000

MPI = (20% de 3,500,000)                  

700,000

700,000

Sustituyendo estos valores en la fórmula, tenemos:

LIMITE DE ACREDITAMIENTO

Dividendo distribuido a México   

1,300,000

1,300,000

Monto proporcional del ISR extranjero

700,000

700,000

Ingreso acumulable  

2,000,000

2,000,000

x tasa de ISR mexicana        

x 30%

x 30%

ISR causado en México

600,000

600,000

-ISR del dividendo  

65,000

600,000

=Límite de acreditamiento según la fórmula

535,000

0

Con este ejemplo se pone de manifiesto el error de la fórmula que para determinar el “límite de acreditamiento” disminuye indebidamente el “Impuesto sobre dividendos”, lo cual como se dijo antes, nada tiene que ver el acreditamiento del dividendo con la opción de acreditar el impuesto corporativo, pues este segundo acreditamiento opcional, es “adicional” al acreditamiento del impuesto sobre dividendos.

En el caso “B” evidencia más el error pues al restar el impuesto sobre dividendos el límite de acreditamiento es cero o sea que ya no se puede restar nada del impuesto corporativo, entonce. Dónde quedó el adicionalmente?

En consecuencia disminuir el límite de acreditamiento por opción con la disminución del impuesto sobre dividendos, va en contra del espíritu de la ley que lo concibió como un acreditamiento “adicional” y deviene en una fórmula incorrecta

Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5° para acreditar el impuesto corporativo pagado por la entidad extranjera, se debe considerar como ingreso acumulable además del dividendo recibido también el monto proporcional del impuesto pagado por la sociedad extranjera, generando aquí la duplicidad a la que se hizo alusión y por lo tanto el efecto fiscal que deriva de esta fórmula es el siguiente:

Ingreso adicional por dividendo                                   1,300,000

+ Monto proporcional del impuesto

pagado la sociedad extranjera                                  700,000

=Total ingreso acumulable adicional                      2,000,000

-ISR mexicano según Art. 9 (30%)                            600,000

UFIN adicional del ejercicio                                    1,400,000

Como se observa el error está a la vista, ya que según la fórmula, provoca que se acumule doblemente el dividendo el  cual ya se acumuló la primera vez al determinar el acreditamiento general.

Prueba de que es incorrecto el resultado obtenido con la fórmula que da la ley, que el legislador se inventó otra fórmula en el artículo 77 para disminuir de la CUFIN el dividendo duplicado; pero en el intento disminuye mayores cantidades al restar también el impuesto del dividendo que nunca jugó en el incremento a la CUFIN

En efecto, para corregir ese error el legislador introdujo en el artículo 77, la siguiente fórmula:

MRU = (D+MP1+MP2)-DN-AC

Siendo su significado el siguiente: (MRU = monto a restar de la UFIN); (D = monto del dividendo percibido); (DN = Dividendo neto percibido); (AC = total de Impuestos acreditados, tanto por el dividendo percibido como por sus montos proporcionales) y al sustituir en la fórmula los datos del ejemplo:

Dividendo percibido del extranjero                 1,300,000

+Monto proporcional del impto extranjero      +700,000

-Dividendo neto                                             -1,235,000

-Imptos acreditados (535,000 + 65,000)          -600,000

Monto a restar de la UFIN                                 165,000

De la aplicación de esta fórmula provocará ir desapareciendo paulatinamente la CUFIN que tenga acumulada la empresa o la futura que llegare a tener porque con esta disminución el saldo quedará negativo.

El daño patrimonial al contribuyente está a la vista y esta deriva de errores en la fórmula, ya que para determinar la MRU, se debe restar la “AC” que incluye según la definición de la ley, no solamente comprende el impuesto corporativo acreditado, sino también el impuesto sobre dividendos, cuando que éstos ya fueron restados al disminuir el dividendo neto duplicando la disminución al volverlos a restar dentro del concepto “AC”, como puede apreciarse en la definición que da la ley al concepto “AC” en los siguientes términos:

AC: Impuestos acreditables conforme al primer, segundo y cuarto párrafos del artículo 5 de esta Ley que correspondan a , que se acumuló tanto por el dividendo percibido como por sus montos proporcionales.

La  fórmula del artículo 77 que disminuye la CUFIN no debe existir si se hubiera establecido en el artículo 5° el procedimiento correcto de acumular sólo como ingreso adicional, el impuesto corporativo que se pretende acreditar en lugar del dividendo como indebidamente lo contempla dicho numeral que al ser tan evidente el error, el legislador incorporó la fórmula del artículo 77 para disminuir el dividendo duplicado, sin embargo en su intento terminó de complicarlo al disminuir también el impuesto sobre dividendos como ya antes se hizo notar. Esta fórmula que disminuye la CUFIN no debe existir ya que al ejercer la opción de acreditar el impuesto corporativo se provoca un incremento al ingreso acumulable por el cual se genera impuesto a cargo de la sociedad mexicana por lo que al ejercer dicha opción genera una UFIN legítima ya que el fisco mexicano se vi  también favorecido con el ISR a cargo de la sociedad mexicana, como se demuestra a continuación al dejar transparente a la sociedad extranjera

CUFIN

A

B

C

D

Resultado Fiscal (del dividendo bruto)

1,300,000.00

1,400,000.00

1,500,000.00

1,700,000.00

(-) ISR de la primera opción

-390,000.00

-420,000.00

-450,000.00

-510,000.00

(=) UFIN normal

910,000.00

980,000.00

1,050,000.00

1,190,000.00

(+) Inc. RF por ISR corporativo (2ª opción)

700,000.00

600,000.00

500,000.00

300,000.00

(-) ISR de la 2a opción

-210,000.00

-180,000.00

-150,000.00

-90,000.00

(=) Incremento UFIN por 2a opción

490,000.00

420,000.00

350,000.00

210,000.00

UFIN total con 1a y 2a opción

1,400,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

COMPROBACION GLOBAL

Dividendo 20% de la Util PM extranjera

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

(-) ISR mexicano (30%)

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

UFIN del ejercicio

1,400,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

En conclusión, la simple existencia de la fórmula del artículo 77 que pretende corregir el ingreso ficticio creado con la aplicación de las fórmulas del artículo 5° es prueba de que el procedimiento de la ley está mal y debe corregirse.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA NUEVA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 5° y el párrafo tercero del artículo 77; se ADICIONAN  los artículos 5-A y 5°-B y se DEROGA el cuarto párrafo del artículo 77  de la nueva Ley de Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 5. Los residentes en México podrán acreditar, contra el impuesto que conforme a esta Ley les corresponda pagar, el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero por cualquier tipo de ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto en los términos de la presente Ley. El acreditamiento a que se refiere este párrafo sólo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado, incluya el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero.

En el caso de las personas físicas, el monto del impuesto acreditable a que se refiere el primer párrafo de este artículo, no excederá de la cantidad que resulte de aplicar lo previsto en el Capítulo XI del Título IV de esta Ley a los ingresos percibidos en el ejercicio de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, una vez efectuadas las deducciones autorizadas para dichos ingresos de conformidad con el capítulo que corresponda del Título IV antes citado. Para estos efectos, las deducciones que no sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero deberán ser consideradas en la proporción antes mencionada.

En el caso de las personas físicas que determinen el impuesto correspondiente a sus ingresos por actividades empresariales en los términos del Capítulo II del Título IV de esta Ley, el monto del impuesto acreditable a que se refiere el primer párrafo de este artículo no excederá de la cantidad que resulte de aplicar al total de los ingresos del extranjero la tarifa establecida en el artículo 152 de esta Ley. Para estos efectos, las deducciones que no sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero deberán ser consideradas en la proporción antes mencionada.

Las personas físicas residentes en México que estén sujetas al pago del impuesto en el extranjero en virtud de su nacionalidad o ciudadanía, podrán efectuar el acreditamiento a que se refiere este artículo hasta por una cantidad equivalente al impuesto que hubieran pagado en el extranjero de no haber tenido dicha condición.

Cuando un residente en el extranjero tenga un establecimiento permanente en México y sean atribuibles a dicho establecimiento ingresos de fuente ubicada en el extranjero, se podrá efectuar el acreditamiento en los términos señalados en este artículo, únicamente por aquellos ingresos atribuibles que hayan sido sujetos a retención.

Artículo 5-A Las personas morales que obtengan ingresos  por dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero, también podrán acreditar adicionalmente el monto proporcional del impuesto sobre la renta corporativo pagado por dichas sociedades que corresponda al dividendo o utilidad percibido por el residente en México.  Quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo considerará como ingreso acumulable, la parte proporcional del impuesto pagado por la sociedad extranjera que le correspondió al dividendo o utilidad percibido por el residente en México, aun cuando el acreditamiento del monto proporcional del impuesto se limite en términos del párrafo quinto de este artículo. El acreditamiento a que se refiere este párrafo sólo procederá cuando la persona moral residente en México sea propietaria de cuando menos el diez por ciento del capital social de la sociedad residente en el extranjero, al menos durante los seis meses anteriores a la fecha en que se pague el dividendo o utilidad de que se trate.

Para los efectos del párrafo anterior, el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por la sociedad residente en otro país correspondiente al dividendo o utilidad percibido por la persona moral residente en México, se obtendrá multiplicando el Impuesto sobre la renta corporativo pagado en el extranjero por la sociedad residente en el extranjero que distribuyó dividendos a la persona moral residente en México por el cociente que resulte de dividir el Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona moral residente en México sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por su distribución, entre la Utilidad que sirvió de base para repartir los dividendos, después del pago del impuesto sobre la renta corporativo, obtenida por la sociedad residente en el extranjero que distribuye dividendos a la persona moral residente en México.

Adicionalmente a lo previsto en los párrafos anteriores, se podrá acreditar el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado por la sociedad residente en el extranjero que se ubique en un segundo nivel corporativo y que distribuya dividendos a la sociedad residente en el extranjero, ubicada en un primer nivel corporativo si esta última, a su vez, distribuye dichos dividendos a la persona moral residente en México. Quien efectúe el acreditamiento conforme a este párrafo, deberá considerar como ingreso acumulable, el monto proporcional del impuesto sobre la renta corporativo pagado que corresponda al dividendo o utilidad percibido en forma indirecta por el que se vaya a efectuar el acreditamiento, aun cuando el acreditamiento del monto proporcional del impuesto se limite en términos del párrafo quinto de este artículo. Este monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en un segundo nivel corporativo se determinará  multiplicando el Impuesto sobre la renta corporativo pagado por la sociedad residente en el extranjero del segundo nivel que distribuyó dividendos a la sociedad residente en el extranjero ubicada en un primer nivel que distribuye dividendos a la persona moral residente en México, por el resultado de multiplicar entre si las proporciones de utilidad distribuida por las sociedades en primero y segundo nivel corporativo. Dichas proporciones se obtendrán como sigue:

a) El de la sociedad ubicada en un primer nivel corporativo se obtendrá dividiendo el dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona moral residente en México sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por su distribución, entre la utilidad que sirvió de base para repartir los dividendos, después del pago del impuesto sobre la renta del primer nivel corporativo, obtenida por la sociedad residente en el extranjero que distribuye dividendos a la persona moral residente en México.

b) El de la sociedad ubicada en un segundo nivel corporativo se obtendrá dividendo el dividendo o utilidad distribuida por la sociedad residente en el extranjero a la sociedad residente en el extranjero que se ubique en un primer nivel corporativo y que a su vez, distribuye dividendos a la persona moral residente en México, sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por la primera distribución, entre la utilidad que sirvió de base para repartir los dividendos después del pago del impuesto sobre la renta del segundo nivel corporativo, obtenida por la sociedad residente en el extranjero que distribuye dividendos a la sociedad residente en el extranjero ubicada en un primer nivel y que a su vez distribuye dividendos a la persona moral residente en México.

PFO 4 El acreditamiento a que se refiere el párrafo anterior, sólo procederá siempre que la sociedad residente en el extranjero que haya pagado el impuesto sobre la renta que se pretende acreditar se encuentre en un segundo nivel corporativo. Para efectuar dicho acreditamiento la persona moral residente en México deberá tener una participación directa en el capital social de la sociedad residente en el extranjero que le distribuye dividendos de cuando menos un diez por ciento y de cuando menos el cinco por ciento de manera indirecta de la sociedad ubicada en un segundo nivel corporativo. Los porcentajes de tenencia accionaria señalados en este párrafo, deberán haberse mantenido al menos durante los seis meses anteriores a la fecha en que se pague el dividendo o utilidad de que se trate. Adicionalmente, para efectuar el acreditamiento referido en el párrafo anterior, la sociedad residente en el extranjero en la que la persona moral residente en México tenga participación indirecta, deberá ser residente en un país con el que México tenga un acuerdo amplio de intercambio de información.

Los impuestos acreditables pagados por las sociedades en el extranjero en primero y segundo nivel corporativo a que se  refieren los párrafos primero y tercero del presente artículo se limitarán conforme a lo siguiente:

a).- El límite de acreditamiento a que se refiere el primer párrafo de este artículo, será la cantidad menor entre la proporción del impuesto corporativo pagado por la sociedad ubicada en el primer nivel corporativo que le corresponda al dividendo distribuido a la sociedad residente en México y el que resulte de aplicar la tasa del artículo 9 al dividendo que le corresponda a la sociedad residente en México, sin disminuir el impuesto que en su caso se hubiera retenido o pagado por dichos dividendos.

b).- El límite de acreditamiento a que se refiere el tercer párrafo de este artículo correspondiente al impuesto corporativo pagado por la sociedad ubicada en el segundo nivel corporativo, será la cantidad menor entre el impuesto determinado conforme al procedimiento señalado en dicho tercer párrafo y la cantidad que se obtenga de multiplicar la tasa prevista en el artículo 9 por el dividendo pagado a la sociedad residente en México proveniente de la sociedad ubicada en un segundo nivel corporativo, sin disminuir el impuesto que en su caso se hubiera retenido o pagado por dicho dividendo

Artículo 5-B.- Para los efectos de los artículos 5° y 5°A, se estará a lo siguiente:

1.- Tratándose de personas morales, el monto del impuesto acreditable a que se refieren los artículos 5° y 5°-A  no excederá de la cantidad que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, a los ingresos percibidos en el ejercicio de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, sin disminuir el impuesto que sobre los mismos se hubiera retenido o pagado. Tratándose de los demás ingresos, las deducciones que sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero se considerarán al cien por ciento; las deducciones que sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional no deberán ser consideradas y, las deducciones que sean atribuibles parcialmente a ingresos de fuente de riqueza en territorio nacional y parcialmente a ingresos de fuente de riqueza en el extranjero, se considerarán en la misma proporción que represente el ingreso proveniente del extranjero de que se trate, respecto del ingreso total del contribuyente en el ejercicio.

El cálculo del límite de acreditamiento a que se refieren los artículos 5° y 5°.A, se realizará por cada país o territorio de que se trate.

Cuando la persona moral que en los términos de los párrafos anteriores tenga derecho a acreditar el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero se escinda, el derecho al acreditamiento le corresponderá exclusivamente a la sociedad escindente. Cuando esta última desaparezca lo podrá transmitir a las sociedades escindidas en la proporción en que se divida el capital social con motivo de la escisión.

Cuando el impuesto acreditable se encuentre dentro de los límites a que se refieren los artículos 5° y 5°.A y no pueda acreditarse total o parcialmente, el acreditamiento podrá efectuarse en los diez ejercicios siguientes, hasta agotarlo. Para los efectos de este acreditamiento, se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones sobre pérdidas del Capítulo V del Título II de esta Ley.

La parte del impuesto pagado en el extranjero que no sea acreditable de conformidad con este artículo, no será deducible para efectos de la presente Ley.

Para determinar el monto del impuesto pagado en el extranjero que pueda acreditarse en los términos de los artículos 5° y 5°-A se deberá efectuar la conversión cambiaria respectiva, considerando el último tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación, con anterioridad al último día del ejercicio al que corresponda la utilidad con cargo a la cual se pague el dividendo o utilidad percibido por el residente en México. En los demás casos a que se refiere el artículo 5°, para efectos de determinar el monto del impuesto pagado en el extranjero que pueda acreditarse, la conversión cambiaria se efectuará considerando el promedio mensual de los tipos de cambio diarios publicados en el Diario Oficial de la Federación en el mes de calendario en el que se pague el impuesto en el extranjero mediante retención o entero.

Los contribuyentes que hayan pagado en el extranjero el impuesto sobre la renta en un monto que exceda al previsto en el tratado para evitar la doble tributación que, en su caso, sea aplicable al ingreso de que se trate, sólo podrán acreditar el excedente en los términos de este artículo una vez agotado el procedimiento de resolución de controversias contenido en ese mismo tratado.

No se tendrá derecho al acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero, cuando su retención o pago esté condicionado a su acreditamiento en los términos de esta Ley.

Los contribuyentes deberán contar con la documentación comprobatoria del pago del impuesto en todos los casos. Cuando se trate de impuestos retenidos en países con los que México tenga celebrados acuerdos amplios de intercambio de información, bastará con una constancia de retención.

Las personas morales residentes en México que obtengan ingresos por dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero, deberán calcular los montos proporcionales de los impuestos y el límite a que se refiere el párrafo quinto del artículo 5°-A, por cada ejercicio fiscal del cual provengan los dividendos distribuidos. Para efectos de lo anterior, las personas morales residentes en México estarán obligadas a llevar un registro que permita identificar el ejercicio al cual corresponden los dividendos o utilidades distribuidas por la sociedad residente en el extranjero. En el caso de que la persona moral residente en México no tenga elementos para identificar el ejercicio fiscal al que correspondan los dividendos o utilidades distribuidas, en el registro a que se refiere este párrafo se considerará que las primeras utilidades generadas por dicha sociedad son las primeras que se distribuyen. Los contribuyentes deberán mantener toda la documentación que compruebe la información señalada en el registro a que se refiere este párrafo. Los residentes en México que no mantengan el registro o la documentación mencionados, o que no realicen el cálculo de la manera señalada anteriormente, no tendrán derecho a acreditar el impuesto al que se refieren los párrafos primero y tercero del artículo 5°-A. El registro mencionado en este párrafo deberá llevarse a partir de la adquisición de la tenencia accionaria, pero deberá contener la información relativa a las utilidades respecto de las cuales se distribuyan dividendos o utilidades, aunque correspondan a ejercicios anteriores.

Para los efectos de este artículo se considerará que un impuesto pagado en el extranjero tiene la naturaleza de un impuesto sobre la renta cuando la legislación del país de la fuente extranjera así lo denomine o cuando a pesar de que no se denomine impuesto sobre la renta, cumpla con lo siguiente:

1.- Que el objeto del impuesto y, en caso de duda, su base gravable, sean sustancialmente similares a la del impuesto sobre la renta mexicano

2.- Que el objeto del impuesto consista en la renta obtenida por el sujeto obligado a su pago.

3.- Que cuando el objeto no sea claro, que la base gravable mida la renta.

4.- Que en cualquiera de los casos anteriores, el régimen jurídico permita deducciones similares o de manera alternativa, prevea medidas que permitan obtener una base neta, en momentos análogos a los establecidos por la Ley mexicana

5.- Que el monto pagado en el extranjero corresponda a los tipos de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto conforme a la Ley mexicana

Artículo 77.- …

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta Ley, el importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 28 de la Ley citada, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción I del artículo 9 de la misma.

Cuarto párrafo.- Se deroga

TRANSITORIOS

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero del año 2016.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 20 de mayo de 2015.

Dip. Fed. Alberto Coronado Quintanilla.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 551 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, Senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 551 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE CONFORMIDAD, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La industrialización propia conectada a la expansión del mercado interno y a la exportación sigue siendo un sueño para millones de mexicanos desempleados, que viven en la actualidad con salarios deprimidos y futuros muy inciertos.

La posibilidad más cercana a este propósito estuvo presente en el Gobierno del General Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940, cuando se establece las bases para la expansión de un mercado interno dinámico al buscar terminar con las importaciones de bienes de consumo masivo para que sean producidos internamente con tecnología prácticamente casera.

Con tal finalidad  se estableció primero las bases para la creación de infraestructura por medio de producir y distribuir energía eléctrica, el uso intensivo del sistema ferroviario, la nacionalización de la producción alimentaria por medio de una Reforma Agraria; la nacionalización del petróleo y el otorgamiento de crédito. Estas medidas contribuyeron de manera decisiva a miles de trabajadores agrícolas e industriales se incorporaran en el nuevo mercado a satisfacer, apareciendo con esto una nueva clase empresarial productora y productiva.

Sin embargo, al finalizar la segunda guerra mundial, apareció la Comisión Económica para América Latina con su modelo de sustitución de importaciones que impuso a rajatabla en el subcontinente  la “teoría de la dependencia” precisando que la solución al subdesarrollo, era convertirse en países ensambladores. Así postularon la explicación de un centro –constituido  por los países desarrollados-- demandante de materias primas y una periferia –constituido por los países subdesarrollados oferentes solo de materias primas. Aunque esto era una descripción parcial de la situación vigente, la propuesta de resolver el problema convirtiendo a las naciones pobres en ensambladoras de bienes finales solicitados por las naciones desarrolladas fue el  cuento que diera origen a las maquiladoras. En este camino, a ningún país de América Latina se le puede considerar como industrializado.

Inclusive, en EUA, la Teoría de la Dependencia, no ofrecía convencimiento. El año 1964 –después del asesinato del Presidente Kennedy,  su  propuesta de la Alianza para el Progreso fue mediatizada y finalmente desaparecida. Con ella se buscaba aumentar el ingreso per cápita anual en 2.7 por ciento de la región,  tener acceso a un crédito barato y a largo plazo; estabilidad de precios y una equitativa distribución del ingreso entre otros objetivos.  En lugar de esto se aplicó a la buena o a la mala, la política de “sustitución de importaciones” cuyo fracaso traería a la larga la aparición y desarrollo de las maquiladoras.

Es ese año, cuando  se suspende el Programa Bracero que se había instituido con la finalidad de dar empleo, en EUA, a los emigrantes temporales procedentes de México  para que trabajaran en los campos agrícolas. Ahí empieza a gestarse la figura de la Industria Maquiladora.

El año 1983, es Miguel de la Madrid quien expide el primer decreto para regular la operación creciente de las maquiladoras que ya llegaban a 585. Pero cuando se produjera el “error de diciembre” de 1994, la prioridad gubernamental de Ernesto Zedillo, fue pagar los adeudos por 29,000 millones de dólares que trajo la abrupta devaluación. Postergando una vez más el crecimiento económico de México.  Sin reservas internacionales, Zedillo, solo atinó a promover la llegada de las maquiladoras, ofreciendo una absoluta apertura y desregulación laboral a todos los inversionistas –particularmente estadounidenses— que vinieran a territorio mexicano fronterizo, a producir sus bienes intermedios o finales sin etiquetar y sin ser vendidos en el mercado mexicano, les llamaron “exportaciones”.

Así la Ley Federal del Trabajo como varios artículos constitucionales fueron flagrantemente violados.  Al respecto, la estudiosa María Palacios Rangel, refiere la definición de Jorge Tovar sobre las maquiladoras. Precisa que son “Centros de trabajo cuya actividad se concentra en el ensamblaje, transformación y/o reparación de componentes destinados a la exportación, como condición necesaria y suficiente para su operación, gozan de un régimen fiscal de excepción lo cual le permite importar insumos sin pagar aranceles y exportar pagando solamente un arancel que fue agregado en México. Otro rasgo clave es que operan bajo el concepto globalizador de “aprovechar las ventajas comparativas” que en este caso es la mano de obra barata de los mexicanos”. Así los derechos legítimos de asociación sindical, de las prestaciones laborales, de la seguridad social, del derecho al reparto de utilidades y todas las demás que incluye la Ley Federal del Trabajo desaparecieron para el Régimen Maquilador como aspectos adicionales a todas las prerrogativas fiscales que hasta ahora gozan, de acuerdo a los regímenes establecidos por la Secretaría de Economía.

En el sexenio de Zedillo, los empleados por las maquiladoras, rebasaron a la que entonces se denominaba Industria de la Transformación, llegando a 1.3 millones de empleos. En el sexenio de Vicente Fox, se eliminó tal distinción y se pasó a conformar el rubro de Industria. En el sexenio de Felipe Calderón se hicieron “ajustes” para el Régimen Tributario de Maquilas y se le confinó en un llamado “decreto INMEX”.

De esta forma con el programa INMEX (Manufactura, Maquiladora y Servicio de Exportación), el sector representado está creciendo dinámicamente. A un ritmo de 15.8 por  ciento anual a diciembre del 2014. Y el volumen de empleo a la misma fecha ya llega a 2 millones 253,771 empleos (¡) lo que refleja el éxito de los salarios de hambre y del aumento de la productividad basada en el saqueo laboral. En la actualidad  hay en México 5,006 establecimientos de maquiladoras, consideradas en el Programa IMMEX.

Pero por si fuera poco, ahora el asunto de las maquiladoras se ha complejizado, al haberse creado “maquilas de maquilas” y al haberse extendido este comportamiento y modelo al sector agrícola y agropecuario. En referencia al número de maquilas,  destaca Baja California con 893; Chihuahua con 478; Nuevo León con 644, Tamaulipas con 355, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Estado de México con más de 200 y menos de 300 cada uno.

El punto principal que nos atañe, está referido a los salarios y su “competitividad”. El año 2002, la hora de la jornada laboral maquiladora se pagaba en México, en el orden de 1.20 dólares la hora, mientras que en EUA, el Salario Mínimo General es del orden de 5.25 dólares la hora pero en la industria es entre 8 y 10 dólares la hora. No se diga en el sector automotriz de EUA, donde el pago por hora calificada llega hasta 28 dólares la hora. Junto a este saqueo de mano de obra, las maquiladoras llevan como 30 años sin pagar los impuestos completos, sin ninguna obligación en las prestaciones laborales, pagando salarios en pesos –cada vez más baratos, por las devaluaciones –y vendiendo en dólares.

Los abusos contra los trabajadores de la industria maquiladora industrial y jornaleros agrícolas asociados a la maquila, han venido aumentando ante la ausencia del Estado y de sindicatos para la defensa legítima de sus derechos.  La rotación y despido de personal; el crecimiento de accidentes de trabajo; la desatención de la seguridad; los abusos contra el personal femenino; inclusive la eliminación de la libertad de movimientos; el trato literal de esclavitud son parte de la vida cotidiana de cientos de miles de trabajadores que viven en situación deprimente con sus familias, como se mostró recientemente con los jornaleros de San Quintín, en Baja California.

CONSIDERACIONES


 
Considerando que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como punto de partida la defensa de la vida y el progreso y tomando en cuenta que es urgente eliminar todos esos abusos salariales, de esclavitud y otros en que viven una buena parte de los trabajadores de las maquiladoras en general,  es necesario crear condiciones nuevas en este tipo de régimen y otorgar a los trabajadores de ese sector ingresos salariales para una mayor capacidad de sobrevivencia de ellos y sus familias, poniendo en vigencia sus legítimos derechos.

Por ello se propone la creación de un Régimen Salarial Maquilador, dado que las empresas de este sector también disponen de regímenes especiales de trato fiscal y altamente preferencial.

El régimen salarial maquilador, deberá tomar en cuenta no solo los elementos de la canasta básica, sino también la referencia de los salarios que por las mismas actividades laborales se pagan en los Estados Unidos de Norteamérica, para encontrar una relación justa del cálculo del salario maquilador en México

En este sentido, dado que el tema de la productividad es tan esencial para la política salarial actual, para los aumentos anuales correspondientes a los salarios maquiladores, se debe de tomar en cuenta la participación del capital y el trabajo que se utiliza para producir un bien determinado en los Estados Unidos de Norteamérica y encontrar su relación y aporte al producto, a la vez que se hace el mismo cálculo para el caso en que el bien final o intermedio se produzca en la maquiladora mexicana y así determinar el aporte relativo de la mano de obra mexicana en la productividad de la empresa involucrada. Y que de esa manera se deba encontrar un factor para el aumento de los salarios maquiladores.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 551 Bis a la Ley Federal del Trabajo para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos pueda crear el Régimen de Salarios Mínimos Maquiladores, de la siguiente manera:

Artículo único.- Se adiciona el Artículo 551 bis, para quedar como sigue:

Artículo 551 BIS.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará el Régimen de Salarios Mínimos Maquiladores aplicable a todas las empresas del sector maquilador registradas en la Secretaría de Economía u otras dependencias.

En la determinación de los Salarios Mínimos Maquiladores se tomará en cuenta todas las variables que otorga la presente ley más la referencia de los salarios que por las mismas actividades laborales se pagan en otros países para encontrar una relación justa del cálculo del salario maquilador en México. Así mismo, se aplicará tal referencia en el cálculo de la participación del capital y del trabajo en la productividad para el caso de los aumentos salariales de cada año.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN MATERIA DE ESTÍMULOS FISCALES

(Presentada por el Diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN MATERIA DE ESTÍMULOS FISCALES, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Introducción y marco conceptual

Uno de los aspectos fundamentales a atender en cualquier nación, es el de lograr niveles óptimos en los índices de educación. Así tenemos que el grado promedio de escolaridad nos permite conocer el nivel de educación de una población determinada; de ahí la importancia de implementar políticas públicas capaces de incrementar dichos promedios tanto en los sistemas formales de educación escolarizada, como en los no escolarizados, donde se encuentra de manera preponderante el dato de la población adulta de más de 15 años, que no han tenido la oportunidad de alfabetizarse o de concluir estudios de educación básica.

De este escenario, se desprende la necesidad de analizar con mayor detenimiento las reveladoras cifras del INEGI1que refieren que en México los habitantes de 15 años y más, cuentan con un factor de 8.6 grados de escolaridad en promedio, lo que significa que tienen un nivel escolar de un poco más del segundo año de secundaria. Dentro de este mismo sector poblacional, se presentan paralelamente cifras estimadas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos –INEA-actualizadas al 2014, que revelan que de un número total de personas de 15 años y más, calculadas en la actualidad en86,797,530 personas, el número de éstas en condición de analfabetismo suma4,938,748.

Aunado a este dato, encontramos la alarmante cifra del número de personas que no han concluido su primaria o secundaria, que asciende según los cálculos del propio INEA a 31,816,871 personas en esta condición educativa de gran atraso, al cual se le denomina técnicamente rezago educativo.

En este tenor, sobresalen los esfuerzos que en las últimas administraciones gubernamentales se han realizado, procurando disminuir esta cantidad de mexicanos que no cuentan con esa  educación elemental. En este contexto encontramos diversas vinculaciones y convenios que se han desarrollado, en las áreas encargadas de realizar las alianzas estratégicas con el mayor número de sectores posibles, con el fin de acercar la educación a las personas que no han logrado concluir sus estudios.

Bajo esta misma premisa, encontramos hoy en día lo expresado por el Secretario de Educación Pública Lic. Emilio Chuayffet Chemor, en el sentido de referir que en la actualidad se está llevando a cabo un nuevo esfuerzo, cifrado en la Campaña de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, que tiene como meta nacional para el año 2018, alfabetizar a 2.2 millones de mexicanos.

En esta tónica, estamos conscientes de que esta no es una tarea fácil, si consideramos la titánica labor que significaría no solo disminuir o abatir el rezago y el analfabetismo, sino el lograr revertir la tendencia crecientede estas cifras, en los últimos años. Por tal motivo, encontramos gran coincidencia con el titular de la SEP, en el sentido de que lograr disminuir de manera eficiente y con resultados adecuados estos índices, requiere de una gran movilización y la consecuente participación de la mayor parte de los sectores de la población.

Es decir, que se tiene que acudir a los esfuerzos de un gran número de mexicanos que deben estar plenamente convencidos de que no hay fórmulas mágicas que puedan cambiar el panorama de rezago educativo de la noche a la mañana y que la única forma de mejorar la calidad y cantidad de educación para los adultos, tiene que ver con un gran esfuerzo, si bien es cierto contando con un alto grado de autodidactismo, pero contando también con la labor coordinada de participación social, donde necesariamente deberá contarse con la adecuada y eficiente instrumentación del sector gubernamental.

Al respecto de esto, vale la pena recordar que dentro del Movimiento Mundial de la UNESCO, denominado “Educación para Todos” dentro del cual quedó incluido nuestro país, se alentó el compromiso de dar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos.  Así pues, dentro de la Conferencia Mundial en la materia, que se llevó a cabo en el año de 1990, los países participantes respaldaron una visión ampliada del aprendizaje y acordaron universalizar la educación primaria y reducir masivamente el analfabetismo hacia finales del primer decenio de este siglo. Sin embargo, y pese a esas buenas intenciones, muchos países han estado aún lejos de alcanzar ese objetivo, por lo que se tuvo que desarrollar una nueva reunión mundial, esta vezen Dakar Senegal, en donde se ratificó ese mismo compromiso, pero trasladándolo para lograr su cumplimiento al año de 2015.

Es por todo lo anterior, y en sintonía con esos compromisos ya adquiridos por nuestro país en las Conferencias Internaciones y que aún con todos los esfuerzos no estamos alcanzando como país, es que se está presentando esta propuesta, que pretende poner al alcance de los ciudadanos y de los empleadores que deseen participar en esta dinámica, para que por un lado, se cuenten con nuevos mecanismos y facilidades para que las Unidades administrativas y Operativas que manejan los servicios de educación para adultos, puedan desarrollar su noble labor con una mayor cantidad de recursos adicionales, así como por otro lado, cuenten con el importante compromiso del sector empresarial, que les permitan cumplir de la forma más digna y ordenada posible, con su encomiable tarea de educar a los mexicanos para la vida y el trabajo.

II. Entorno normativo

De esta forma tenemos, que en el entramado legislativo nacional, sobresale por supuesto como primer referente el de la Carta Magna, que nos señala en su Artículo 3º  que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que la educación preescolar, primaria y secundaria son obligatorias, misma que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios están obligados a impartir.

Por otro lado, también destaca que la Ley General de Educación en varios de sus artículos, reitera esta garantía social y prevé que las autoridades educativas de todos los niveles tomarán las medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, así como una mayor equidad educativa para el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia de los servicios educativos.

En este mismo contexto podemos acotar, lo expresado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en su apartado VI.3., denominado México con Educación de Calidad, determina en su objetivo 3.1. la necesidad de desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad, así como señala en su objetivo 3.2. la condición necesaria de garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Y continuando con este orden descendente de normas estratégicas alusivas a este rubro, encontrados que el Plan Sectorial de Educación, es muy preciso al señalar que una educación de calidad, es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos los mexicanos, porque la educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa, de una sociedad más justa y próspera; premisa muy importante que no debe dejarse pasar de lado por mucho tiempo, si de verdad se pretenden resolver los problemas que aquejan a todos los mexicanos.

Por otro lado, destaca de forma aún más direccionada hacia la educación para los adultos, lo señalado en el Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018, que se encuentra conceptualizado y enfocado como Programa Institucional del organismo rector de la Educación para Adultos, el INEA2, que de forma línea la las estrategias de acción determinadas en los documentos macro de planeación nacional, pretende garantizar la inclusión y la equidad en el Sistemas Educativo, asegurando una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población, para la construcción de una sociedad más justa.

De esta manera, el organismo de referencia, especifica que dicha estas acciones las llevará a cabo, intensificando y diversificando los programas para la educación de las personas adultas y la disminución del rezago educativo, asegurando que las personas adultas que lo requieran tendrán la oportunidad de alfabetizarse o de concluir la educación primaria, secundaria, a través de la instrumentación de Campañas Nacionales.

Dentro de las estrategias que este organismo ofrece implementar, se encuentran las de fortalecer la formación de agentes educativos que otorguen asesorías, conformando círculos de estudio y, en general, apoyando la educación de personas adultas, imprimiendo mayor rigor a los esquemas de evaluación con fines de acreditación de ciclos educativos que se desarrollen fuera del sistema escolarizado.

En este ejercicio, pretende involucrar a todos los que quieran apoyar con esa tarea, desde los universitarios, los jóvenes bachilleres, los que cumplan con su servicio social, los maestros, los jubilados, los padres de familia, así como las organizaciones sociales, haciendo énfasis en la importancia de darle a la educación el aspecto prioritario que merece dentro del contexto nacional.

III. La loable tarea de la educación para Adultos en México.

Como bien sabemos, el INEA coordina un sistema nacional que vincula e integra esfuerzos de toda la sociedad en la prestación de servicios educativos para el desarrollo de las personas a partir de una perspectiva de formación permanente para la vida y el trabajo; asimismo atiende a personas mayores de 15 años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o a escribir, así como prepara a quienes no han concluido su primaria o secundaria para que puedan finalizarla con la ayuda de su Programa Educativo.

Cuenta dentro de sus objetivos, con la intencionalidad de definir, normar y proponer los modelos pedagógicos, materiales y contenidos, así como la inscripción, evaluación del aprendizaje, en el contexto de acreditación y certificación la educación básica para adultos, planeando y proponiendo los nuevos desarrollos y servicios que requiere la población, así como las estrategias de atención o esquemas operativos para dar cabal cumplimiento a las políticas nacionales en la materia.

Para lograr este fin, se apega a la tarea permanente de asesorar, apoyar, evaluar y dar seguimiento a la operación de los servicios de educación para adultos impartidos por las Delegaciones Estatales para la Educación de los Adultos que dependen de su propia administración, y se auxilia también de la operación y desarrollo de los Institutos Estatales que dependen de los Gobiernos de los Estados, mismos que se manejan de manera coordinada a través de los indicadores de evaluación y de gestión, que el resto de las Delegaciones.

Dentro de sus servicios, cuenta con la Certificación de Estudios, que no es más que el documento oficial que obtiene el educando cuando concluye nivel, que es igualmente válido que el certificado que se obtiene en el sistema escolarizado en los Estados Unidos Mexicanos y que no requiere mayores trámites de legalización, más que la firme voluntad de las personas de estudiar y la decisión para incorporarse al sistema y recibir las asesorías correspondientes.

Dicho documento es diseñado, reproducido y controlado por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos o el Instituto Estatal de Educación para Adultos, que se expiden a solicitud del interesado una vez que se lograron acreditar los módulos necesarios.

IV. La labor del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo –CONEVyT-

Conceptualizado a principios del milenio y de conformidad con su acuerdo de creación, el consejo de referencia, tiene por objeto coordinar, promover, vincular e impulsar los programas, mecanismos y servicios de educación para la vida y el trabajo de jóvenes y adultos, con la finalidad de conformar un sistema nacional solidario que consolide y fortalezca la unidad de la función social educativa en todo el país y facilite a los mexicanos el acceso a procesos continuos de aprendizaje a lo largo de toda su vida, que les permita mejorar sus condiciones de acceso al mercado laboral y de desempeño en el trabajo; lograr una participación democrática más efectiva en las decisiones que afecten, en lo general, la vida nacional y, en lo particular, la de su localidad.

Para ello, el ciudadano debe contar con las mejores herramientas que le permitan contribuir al impulso de los cambios sociales, económicos, científicos y tecnológicos, así como transitar con la mayor fluidez entre los niveles y modalidades de educación y de capacitación, para incorporarse al sector productivo del país, así como participar con éxito en actividades productivas para gozar por ende, de niveles más altos de calidad de vida.

En este contexto, el Consejo debe propiciar la coordinación y la armonía en las políticas y mecanismos de las distintas instituciones públicas, relacionadas con la educación no escolarizada y con la capacitación para y en el trabajo de los jóvenes y adultos del país; promoviendo y fomentando la celebración de convenios entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con los Gobiernos de los Estados y Municipios, así como manteniendo un constante impulso hacia la concertación de acciones, sobre todo con los sectores público social y privado, tendientes a la realización de los programas que garanticen la educación para la vida y el trabajo.

V. Recursos materiales, técnicos y humanos con los que actualmente operan

a) El modelo de educación para la Vida y el Trabajo – MEVYT -

Dentro de las herramientas al alcance para enfrentar esta enorme tarea, México cuenta con un exitoso modelo, que ha sido galardonado con diversos reconocimientos a nivel internacional, sobresaliendo el hecho de que cuenta con módulos en lengua indígena que han sido traducidos a muchas de las lenguas nacionales más importantes.

Este modelo, plantea el tratamiento de los contenidos y temas, considerando las experiencias, los saberes y los conocimientos de las personas y enfatiza el aprendizaje sobre la enseñanza al reconocer que las personas a lo largo de su vida han desarrollado la capacidad de aprender.

El recurso de referencia, tiene como propósito principal ofrecer a las personas jóvenes y adultas la educación básica, vinculada con temas y opciones de aprendizaje basados en sus necesidades e intereses, de forma tal que puedan elegir los temas que deseen estudiar y que además les sirva para desarrollar sus conocimientos, habilidades y actitudes básicas, tendientes a fortalecer la alfabetización, la primaria y la secundaria.

Se encuentra organizado por niveles y cuenta con una equivalencia con el sistema escolarizado. Es flexible y diversificado, porque se basa en una oferta múltiple de módulos, que están integrados por un paquete de materiales educativos que contienen temas y actividades didácticas presentadas de forma amena e interesante.

Los contenidos de sus módulos están basados en ejes temáticos, sobresaliendo los de Cultura Ciudadana, Jóvenes, Familia, Salud y Ambiente y Trabajo. Tienen un enfoque preventivo hacia el tratamiento de las diversas problemáticas nacionales y permiten que los acreditados y sus familiares adquieran un mejor nivel de interacción en su vida personal y social.

En la propuesta curricular del modelo educativo del INEA, se han elaborado módulos relacionados y específicamente diseñados para el ámbito laboral como es el de Ser Mejor en el trabajo, los Jóvenes y trabajo, Tu casa mi empleo, Escribo con la computadora, Aprovecho el internet, Organizo mi bolsillo y las finanzas familiares, Para ganarle a la competencia, etc.

La evaluación del aprendizaje, se constituye como un proceso formativo, permanente y continuo, que debe realizar el propio educando, de la mano con el asesor, se desarrolla de forma gradual y paulatina a través de actividades específicas. Cuentan con la cualidad de que el educando puede llevar el registro de sus actividades a través de una Hoja de Avance, que aparece invariablemente al final de cada módulo; este útil instrumento debe ser firmado por el asesor o el técnico docente, para que junto con los resultados de las actividades de aprendizaje realizadas, las presente el educando como evidencias, al momento de presentar el examen final para lograr su acreditación correspondiente.

b) Recursos Financieros para el desarrollo de las actividades

Sus ingresos provienen delos Ramos Generales 33 y 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación; de los recursos adicionales aportados por los gobiernos de los Estados; de las aportaciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como de las aportaciones humanas, técnicas y materiales de diversos sectores que en la tónica de la participación social y conscientes de la gran necesidad de alfabetizar y ayudar a las personas a salir de su rezago, apoyan la labor de las figuras solidarias, que son de vital importancia para complementar los traslados, los espacios para brindar las asesorías, así como algunos suministros necesarios para la capacitación, etc.

Sin embargo, se puede afirmar, que de acuerdo con el enorme reto que representa la disminución del índice de analfabetismo y el rezago educativo del país, desafortunadamente los recursos no siempre son suficientes y los organismos que tienen a cuestas la enorme responsabilidad de incrementar los logros y metas en esta materia, constantemente tienen que apelar a la generosidad y ayuda solidaria de los demás sectores. En tal sentido, resultará de suma utilidad el que los empresarios mexicanos, puedan obtener estos estímulos fiscales, creándose un beneficio adicional a sus operaciones financieras, hecho que puede contribuir de manera decisiva a que se involucren de manera directa en disminuir el rezago educativo de su propios trabajadores.

c) Recursos Humanos ejecutores de las acciones de alfabetización y de reducción del rezago educativo

El INEA es el organismo rector a nivel nacional, que se apoya para su organización y operación en el ámbito estatal, en sus Delegaciones y en los Institutos Estatales de Educación para los Adultos; regionalmente cuentan algunas veces con una Coordinación Regional y en la mayoría de los casos funcionan a través de varias Coordinaciones de zona, que vienen siendo los espacios geográficos delimitados dentro de la misma región para organizarse administrativamente.

Para el desarrollo de sus actividades, la institución se ha cobijado en la llamada red solidaria, que no es más que la suma de las personas provenientes de la sociedad civil que, voluntariamente, sin fines de lucro y sin establecer ninguna relación laboral, realizan tareas educativas, de promoción u operativas, en beneficio directo de las personas jóvenes y adultas. Entre estas personas, se encuentran  por supuesto los asesores, los promotores, etc.

Por otro lado, esa red solidaria incluye a los sectores público, privado y social porque apoyan de muy diversas maneras los servicios educativos, así como el proceso de aprendizaje de las personas jóvenes y adultas, facilitándoles espacios para instalar Círculos de estudio, Puntos de encuentro o Plazas Comunitarias, y que asu vez proporcionan contenidos, materiales y cursos que se incluyen en la oferta del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, favoreciendo el proceso educativo o incorporando la educación para jóvenes y adultos como parte de sus proyectos de capacitación y desarrollo.

d) Unidades Operativas

Dentro de la terminología utilizada en esta Institución, encontramos la del Educando que concluye Nivel, que es la persona que acredita los módulos del nivel correspondiente de la vertiente que le corresponda, de acuerdo con su condición lingüística y que es capaz de comprender, producir y usar diversos textos. Para lograr estos resultados se cuenta con una serie de espacios físicos donde se desarrollan los servicios.

Así tenemos, que las Coordinaciones de zona, son las unidades administrativas institucionales, dependientes de un Instituto Estatal o de una Delegación del INEA. Dichas unidades son responsables, dentro de un ámbito territorial específico, de la promoción, incorporación y atención a los educandos y figuras solidarias; de la prestación de los servicios, de la acreditación y certificación de conocimientos; de la dotación de los apoyos y materiales para que funcionen dichos servicios, así como de la información y documentación derivada de los mismos.

En este contexto, destaca que el Punto de Encuentro es el lugar físico reconocido en el que se pueden inscribir las personas jóvenes y adultas que desean estudiar o acreditar sus conocimientos de alfabetización, primaria y secundaria; donde pueden operar varios círculos de estudio y en ocasiones y se proporcionan los servicios de aplicación de exámenes.

Lo interesante de esta Unidad operativa, es que se encuentra abierta a la población objetivo y además cuenta con servicios educativos integrales, incluyendo el de diagnóstico y de aplicación de exámenes, que se ubica en un lugar físico estable, reconocido y avalado por las autoridades y que tiene como requisito fundamental el de mantenerse en el domicilio registrado, con un promedio mínimo de atención de 40 educandos activos en el medio urbano y de 20 educandos activos en el medio rural y con el requisito adicional de que al menos la tercera parte de ellos deben estar acreditando exámenes mensualmente.

Las Plazas Comunitarias son espacios educativos abiertos también a la comunidad, que cuentan con equipo de cómputo, Internet, discos compactos, videos y libros para que las personas aprendan, se desarrollen y acrediten su educación. Funcionan dentro de un concepto que combina la educación básica presencial con la educación a distancia y una de sus características principales es que estas plazas están habilitadas para el uso educativo de los recursos tecnológicos, informáticos y bibliográficos asignados, esto con el interés de mejorar los procesos de aprendizaje y de comunicación entre las personas.

A su vez el Círculo de Estudio se integra por un grupo de educandos que se reúnen para trabajar con un asesor en el horario convenido entre ellos, independientemente de que estén estudiando diferentes niveles o módulos. Se ubican para una mayor operatividad en una gran diversidad de locales y espacios.

VI. El estímulo fiscal

A continuación y una vez referido de manera general el funcionamiento de la educación para los adultos en México, procuraremos exponer de manera sintáctica, lo que se entiende en nuestro país como estímulo fiscal.

De esta manera sobresale, que el estímulo fiscal se determina con el propósito de lograr cierto equilibrio en los aspectos sociales tan dispares en nuestro país, o dicho de otra manera, se promueve con el fin de otorgar beneficios a determinados grupos de interés, en actividades diversas, que se corresponden con zonas geográficamente localizadas con algún grado de direccionalidad.

Así, el estado otorga o brinda algún tipo de estímulos fiscales, no con el fin de perdonar o condonar una deuda, sino más bien con el certero propósito de incentivar a determinados sectores, para que siguiendo criterios de subvención del desarrollo de ciertas actividades, se logre aminorar o en su caso eliminar, algún perjuicio que por razones muy diversas, puedan estar sufriendo ciertos sectores de la población.

La existencia de esta figura jurídica se encuentra enunciada, aunque no definida, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la Ley de Ingresos de la Federación y en el Código Fiscal de la Federación. La lógica de este este tipo de instrumentos se direcciona hacia ciertas disminuciones dentro de la carga fiscal; a la simplificación administrativa y a sus beneficios, con base en acreditamientos, deducciones, reducciones, etc.

Al respecto de lograr finalmente una mejor conceptualización de lo que significa un estímulo fiscal, encontramos una referencia muy útil en la Jurisprudencia V. 4º. J/1 IUS 2008, Registro 179585,3donde existe una interpretación jurisdiccional que refiere, que el estímulo fiscal es un subsidio económico concedido por ley al sujeto pasivo de un impuesto, con el objeto de obtener de El ciertos fines parafiscales, que no representen un desvanecimiento de la obligación tributaria, sino que esta es asumida por el Estado.

VII. Experiencias estatales en materia de Estímulos Fiscales.

Un ejemplo claro, de que con los debidos incentivos, la sociedad puede participar en la alfabetización y el abatimiento del rezago educativo, es la experiencia que podemos encontrar  a nivel local en el Estado de Chihuahua.

Así encontramos, que como ya es tradicional desde hace varios años, para el mes de Enero el Gobierno del Estado inicia con la entrega de estímulos fiscales a las empresas Chihuahuenses que se distinguen por su encomiable labor de apoyar a sus trabajadores para que concluyan la educación básica, mediante deducciones del pago del Impuesto Estatal Sobre Nóminas.

De esta manera, el monto total gestionado ante la Secretaría de Hacienda para el pago de estímulos fiscales en el 2015, asciende a 2 millones 822 mil 682 pesos, contando para esto actualmente con la participación de 62 empresas a nivel estatal, que están participando en el programa de estímulos fiscales a las empresas comprometidas con la educación de sus trabajadores, mismas que deben cumplir con una serie de requisitos entre los cuales se encuentran el de no tener adeudos en el pago de impuestos, el de registrarse dentro de una Unidad Operativa como Centro de Formación Educativa Básica ante el Gobierno del Estado; así como que el propio Instituto estatal para la Educación de los Adultos, reconozca y autorice a la Empresa como un Centro de Formación Educativa Básica, de conformidad con el Reglamento para la Certificación de Asesores.

Es con base en lo anterior, que los estímulos fiscales de los que gozan las empresas en este Estado, se refieren a la reducción en el pago del Impuesto, equivalente a un salario mínimo general elevado al mes, vigente en el área geográfica donde se ubique el domicilio fiscal del contribuyente, por cada trabajador de la empresa que se certifique en educación básica dentro de los Centros de Formación Educativa Básica para Adultos, así como para cada trabajador de la propia empresa que patrocine y certifique su educación básica en los programas del Instituto Estatal, fuera de las instalaciones del contribuyente.

Al respecto de estas referencias, se entiende por certificación en educación básica del adulto cuando el trabajador concluye su educación secundaria y se certifica a través del Instituto Estatal, mediando gestión escrita del contribuyente ante la Secretaría de Finanzas, en donde se presenta la relación de educandos certificados, obteniendo el Acuerdo de dicha Secretaría, por el que finalmente se otorga el estímulo.

En esta tónica, la entrega del estímulo se genera cuanto los representantes legales de cada empresa, acuden a la oficina de Recaudación de Rentas a recoger el acuerdo para la bonificación del Impuesto sobre Nóminas.

Adicionalmente los contribuyentes beneficiados, deben encontrarse inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes de la propia Secretaría de Finanzas y deben estar al corriente en el pago de sus obligaciones estatales, así como de los impuestos federales administrados por el propio estado, en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y de sus anexos.

Así pues, los estímulos fiscales son intransferibles y surten efectos a partir de la fecha de notificación del Acuerdo mediante el cual se otorgan y permanecen en vigor hasta el 31 de diciembre del año que se trate.

Los estímulos fiscales, son aplicados en la declaración de pago del Impuesto sobre Nóminas que corresponda al mes de diciembre del año en que se lleva a cabo la certificación, sin que pueda aplicarse el estímulo en más de una ocasión por cada trabajador certificado. De no efectuarse en ese mes, el contribuyente no cuenta con el derecho a aplicarlos con posterioridad.

Si el contribuyente beneficiado, deja de cumplir con cualquiera de los requisitos que sirvieron de base para el otorgamiento del estímulo, éste queda sin efecto a partir del incumplimiento. En este caso, la Secretaría de Finanzas, previa audiencia del interesado, realiza la declaratoria correspondiente y procede al cobro íntegro de las contribuciones causadas no cubiertas, así como de sus accesorios legales, en los términos del Código Fiscal del Estado, a partir de la fecha en que dejó de satisfacerse alguno de los requisitos y aclarando que en ningún caso el otorgamiento de los estímulos generará saldo a favor del contribuyente, esto con la intención de no generar confusión al respecto.

VIII. Propuesta concreta

Una vez referido el entorno en el que operan los Programas para la Educación de los Adultos en México, y de la manera como se visualiza el estímulo fiscal para los efectos de esta propuesta, se presentará a continuación, algunas de  las razones específicas que animan el espíritu de esta iniciativa, a saber:

1.- Las personas físicas podrán deducir del impuesto sobre la renta en su declaración anual, los donativos realizados para incentivar el programa de educación para adultos de los trabajadores de las empresas. Uno de los programas más exitosos, aunque poco conocidos, en materia de educación para adultos, es el que se lleva a cabo en todo el país para que los patrones brinden las facilidades necesarias para que sus trabajadores que no sepan leer o escribir, o no hayan concluido su educación primaria o secundaria, puedan certificarse en esos niveles.

Este Proyecto es muy importante, puesto que brinda un abanico de oportunidades muy grande para que al amparo de una organización estable, muy bien definida, y socialmente responsable, el trabajador en rezago educativo reciba las asesorías necesarias para salir de su atraso y por ende, a través de los módulos del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, mejore su entorno laboral, pero también el familiar impactando positivamente en el medio que se desenvuelve.

En tal sentido, se busca que las personas físicas puedan realizar deducciones personales, de las donaciones que puedan estar entregando directamente en las coordinaciones de zona, del área geográfica que se trate, con la intención de contribuir de manera directa con la causa educativa de la educación de adultos nacional, pretendiendo que esos pequeños esfuerzos sumados, puedan hacer la gran diferencia.

2.- Se promueve el otorgamiento de un estímulo fiscal para los patrones que contribuyan a que sus trabajadores salgan del rezago educativo. En este mismo sentido, tenemos el planteamiento de la posibilidad de que todo patrón que contrate a trabajadores que no sepan leer o escribir o que no hayan concluido su educación primaria o secundaria y que se certifiquen en alguna Delegación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos o Instituto Estatal, deberá recibir por el hecho de comprometerse socialmente con el mejoramiento de las condiciones de sus trabajadores, un estímulo fiscal de disminuir de sus ingresos el equivalente al cien por ciento del impuesto de la renta de estos mismos trabajadores elevado al año, en tanto concluyan algún nivel educativo en ese mismo lapso.

Otro elemento relevante de esta propuesta, es el hecho de que se esté solicitando que para que se obtenga ese beneficio, se tramite un acuerdo escrito, en donde se especifique la relación de educandos, las características para la prestación del servicio, así como el plan de estudios para acreditar el nivel que no deberá ser mayor a un año.

Esto reviste gran importancia, porque desde el momento en que el patrón se involucra de manera directa en este tipo de actividades, se estará incentivando que toda su estructura operativa, apoye la realización de este tipo de tareas, con el eficiente incentivo, no solo de ayudar a sus trabajadores, sino de obtener un beneficio por ello, es decir, que en el esquema de ganar-ganar, todos saldrán beneficiados con este tipo de acuerdos e incentivos fiscales.

3.- Se promueve el mismo estímulo fiscal para los trabajadores que se capaciten como asesores en Educación para Adultos en las propias Empresas. Uno de los problemas más importantes en la Educación para Adultos, es que para su operación, debe contar con el apoyo de diferentes figuras que se les denomina “solidarias”, toda vez que no son propiamente empleados subordinados del INEA o de sus Institutos Estatales.

En el caso específico de los asesores, no puede ocultarse el hecho de que muchas veces el presupuesto destinado para las gratificaciones de estas figuras no es suficiente para la demanda que se genera; para aminorar este tipo de dificultades, es que se está proponiendo que el estímulo fiscal de referencia otorgado a los patrones, se extienda también para que puedan deducir de sus ingresos, el monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de los trabajadores que se capaciten como asesores y que brinden las asesorías a sus compañeros que se encuentran en rezago educativo.

Es por todo lo anteriormente expuesto y motivado, que someto a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo único: Se reforman y adiciona los artículos 151 numeral III, inciso f); y 186 con un segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la renta, para quedar redactados como sigue:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. al II. …

III. Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos:

a) al e). …

f) A programas de escuela empresa, incluyendo el Programa para la Educación de los Adultos de los trabajadores de la Empresas, en cuyo caso se deberá obtener el recibo deducible de impuestos en la Coordinación de Zona, debidamente tramitado y autorizado ante la Delegación Estatal del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos o del Instituto Estatal que corresponda al área geográfica donde se encuentre la Empresa.

El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial de la Federación y dará a conocer en su página electrónica de Internet los datos de las instituciones a que se refieren los incisos b), c), d) y e) de esta fracción que reúnan los requisitos antes señalados.

Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o desarrollo de tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en este último caso, que señale el Reglamento de esta Ley; se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas, conforme a las reglas generales que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública, y dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos cinco años.

El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos, y de los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado.

Cuando se otorguen donativos entre partes relacionadas, la donataria no podrá contratar con su parte relacionada que le efectúo el donativo, la prestación de servicios, la enajenación, o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. En caso contrario, el donante deberá considerar el monto de la deducción efectuada por el donativo correspondiente como un ingreso acumulable para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, actualizado desde la fecha en que se aplicó la deducción y hasta el momento en que se lleve a cabo su acumulación.

IV al VIII. …

Artículo 186. Podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de los trabajadores, retenido y enterado conforme al Capítulo I del título IV de esta Ley, el patrón que esté cumpliendo con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y que contrate a personas que:

a) Padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental, auditiva o de lenguaje, en un 80 por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.

b) No sepan leer o escribir o que no hayan concluido su educación primaria o secundaria y que certifiquen nivel en alguna Delegación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos o Instituto Estatal, mediando acuerdo por escrito ratificado por la autoridad competente, donde se detallen los nombres de los trabajadores y sus resultados obtenidos en el examen diagnóstico, así como las características para la prestación del servicio, donde deberá incluirse el lugar donde se desarrollarán las asesorías y el nombre del asesor que le apoyará en su plan de estudios, mismo que no podrá ser mayor a un año para la conclusión de un nivel.

c) Brinden asesorías a trabajadores en rezago educativo, previa capacitación y seguimiento presencial o en línea, del Modelo de educación para la Vida y el Trabajo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistentes en el equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. Para estos efectos deberá considerar la totalidad del salario que servirá de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del Impuesto Sobre la Renta del trabajador que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Para el caso de las empresas que presenten un padrón-diagnóstico con más de cien trabajadores en condición de analfabetismo o de rezago educativo que deseen iniciar con las asesorías, deberá establecerse en coordinación con las Delegaciones o Institutos Estatales para la Educación de los Adultos, un programa multianual que les permita beneficiarse con el otorgamiento del estímulo fiscal, hasta en un treinta por ciento anual del total de sus trabajadores registrados en dicho padrón.

Tercero.- Para cumplimiento de la disposición transitoria anterior, el padrón-diagnóstico de trabajadores en condición de analfabetismo o de rezago educativo, deberá actualizarse anualmente y podrán incluirse a aquellos nuevos trabajadores que presenten esta misma condición, pero sin sobrepasar los porcentajes señalados para recibir el estímulo fiscal.

Cuarto.- A la entrada en vigor de este Decreto, la Secretaría de Educación Pública deberá realizar las acciones necesarias para la promoción y difusión de los estímulos fiscales a los que se refiere este decreto, de manera tal que se logre una importante contribución para la Campaña Nacional de Alfabetización y disminución del rezago educativo.

Quinto.- El estímulo por cada trabajador en rezado educativo, podrá aplicarse hasta en dos años consecutivos, siempre y cuando en cada año certifique ya sea el nivel de primaria o de secundaria. 

Sexto.- El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, contará con 30 días para realizar las adecuaciones necesarias para la reorganización de su Programa de atención a los trabajadores de las Empresas en coordinación con sus Delegaciones e Institutos estatales.

Octavo.- El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, contará con 90 días hábiles deberá actualizar el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo en línea, así como deberá actualizar los cursos en línea para los asesores. En tanto, deberá prever la dotación de módulos para la atención de los educandos trabajadores de Empresas.

Noveno.- El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, contará con 30 días hábiles para realizar las adecuaciones necesarias al Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación –SASA- para que los registros de Incorporación, atención, acreditación, certificación y productividad de figuras solidarias, puedan ser revisados por las autoridades fiscales y por las propias Empresas, considerando para esto la inclusión de los campos necesarios, para que la visualización se pueda realizar por Estado, por Coordinación de Zona, por Microrregión, por Unidad Operativa y por Empresa.

Décimo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 30 de mayo de 2015.

Dip. Carlos Fernando Angulo Parra.

1 Los datos del grado de escolaridad se refieren al último censo General de Población y Vivienda del 2010.

2 El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1981. Propone y desarrolla modelos educativos, realiza investigaciones sobre la materia, elabora y distribuye materiales didácticos, aplica sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos, así como acredita y certifica la educación básica para adultos y jóvenes de 15 años y más que no hayan cursado o concluido dichos estudios.

3 Esta fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito, en la Novena Época, Tomo XXI en enero 2005, p. 1556.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO Y CULTURAL EN MÉXICO

(Presentada por el Diputado Uriel Flores Aguayo, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, Diputado Federal URIEL FLORES AGUAYO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE HISTORICO Y CULTURAL EN MÉXICO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El paisaje ha ido adquiriendo paulatinamente una mayor relevancia social y ambiental en tanto que incide directa e indirectamente en aspectos como el medio ambiente, la calidad de vida o la identidad territorial. En el marco de relaciones entre la sociedad y el medio, el paisaje es una parte de la componente visible del territorio, al que se liga estrechamente.

Es el caso de México, un territorio transformado históricamente, que van desde los ámbitos de mayor componente física y natural hasta las áreas urbanas y productivas, donde el nivel de antropización se relaciona directamente con las mayores pérdidas de calidad paisajística. Por ello es necesario que, partiendo de la mejor información, las administraciones públicas introduzcan criterios paisajísticos en sus actuaciones y que aseguren, mediante los mecanismos oportunos, que las políticas, planes y proyectos con incidencia en el paisaje no conlleven necesariamente una pérdida de aquellos valores que socialmente son reconocibles, se asumen como identitarios y a los que se asignan unos objetivos de calidad. Se trata por lo tanto no solo de proteger el Paisaje, sino sobre todo de gestionarlo adecuadamente.

Se parte del reconocimiento de que, como objeto de estudio, el paisaje se caracteriza principalmente por su doble componente espacial y temporal, sus múltiples escalas y un carácter dinámico, lo que dificulta su caracterización. Se trata, además, de un concepto impregnado de una importante carga de subjetividad en la medida que responde a una percepción, individual o colectiva, lo que dificulta su objetivización parcialmente resuelta introduciendo la participación pública como un elemento básico en el proceso de estudio del paisaje.

Junto a esa necesidad de definir y valorar nuestros paisajes, la Ley propone un conjunto de instrumentos adecuados para alcanzar los objetivos de conservación y gestión. Entre sus fines se encuentran la implicación de las distintas administraciones con incidencia paisajística. Para ello, se establecen instrumentos de ordenación e instrumentos de aplicación.

Como instrumentos de ordenación se establecen con rango de Decreto las Directrices y los Estudios del Paisaje, como piezas básicas con vínculos directos con otros instrumentos de planificación territorial. Las directrices tienen un carácter más estratégico y se conciben de forma que puedan ser desarrollados por los ulteriores instrumentos de planificación a los que vincula. Los Estudios del Paisaje, por su parte, responden más claramente a una técnica de planificación que, partiendo de los ámbitos paisajísticos, descompone y caracteriza el territorio en atención a sus unidades, valores y objetivos de calidad. El vínculo directo entre el Paisaje y la Ordenación del Territorio se refuerza permitiendo a los instrumentos de planificación territorial proponer directrices específicas.

Entre los instrumentos de aplicación, la Ley propone los Proyectos de Actuación Paisajística, los Proyectos de Restauración de Paisajes Degradados y los instrumentos de Análisis de Impacto e Integración Paisajística. Los dos primeros, que pueden ser elaborados y ejecutados por el Gobierno Regional o los ayuntamientos, tienen la finalidad de abordar la mejora y recuperación de paisajes de interés estableciendo unos contenidos y procedimiento mínimos. En el caso de los Análisis de Impacto e Integración Paisajística, la Ley viene a concretar y sistematizar un tipo de trabajo de tanta tradición como heterogeneidad metodológica.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Finalmente, la Ley incorpora tres Disposiciones Adicionales que fijan por un lado la obligación a la Administración Regional de elaborar un Catálogo de Paisajes Relevantes, que habrá de informar al ejercicio de la planificación y la ejecución de proyectos en sus ámbitos concretos, y por otro lado se amplía la operatividad de los Planes Especiales, principalmente en el ámbito municipal, y se recoge el paisaje como un supuesto de evaluación ambiental de planes y programas.

Por los elementos expuestos, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente:

DECRETO QUE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO Y CULTURAL EN MÉXICO

Artículo Único: Se expide la Ley del Paisaje Histórico y Cultural en México, para quedar como sigue:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto el reconocimiento jurídico, la protección, gestión y ordenación del paisaje histórico y cultural de México, en atención a su consideración como elemento diferencial de la región, seña de identidad y factor de competitividad, reconociéndose como un activo de singular valor para el país.

La ley promueve la plena integración del paisaje en todas las políticas sectoriales que incidan sobre el mismo, atendiendo a su interés general y al importante papel que el mismo desempeña en los campos cultural, ecológico, medioambiental, económico y social.

Los principios inspiradores de la presente ley se enmarcan en el Convenio Europeo del Paisaje, celebrado y firmado en Florencia el 20 de octubre de 2000 a propuesta del Consejo de Europa, y posteriormente ratificado por el Reino de España el 7 de noviembre de 2007.

Artículo 2. Las disposiciones y medidas de la presente ley se aplicarán a todo el territorio de México y abarca las zonas terrestre, marítimo-terrestre y las aguas interiores. Alcanza tanto a los paisajes rurales, urbanos y periurbanos que puedan considerarse excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados, y sin perjuicio de otras normas de rango legal que puedan ser aplicables.

Artículo 3. A los efectos de la presente ley, se entiende por:

I. CONACULTA: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;

II. SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

III. Paisaje: Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales o humanos.

IV. Política en materia de paisajes: La formulación, por parte de las autoridades públicas competentes, de los principios generales, estrategias y directrices que permitan la adopción de medidas específicas con vistas a la protección, gestión y ordenación del paisaje.

V. Objetivo de calidad paisajística: para un paisaje específico, la formulación, por parte de las autoridades públicas, de las aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne a las características paisajísticas de su entorno.

VI. Calidad del paisaje: nivel de excelencia de un paisaje, de acuerdo a sus valores, que le confiere un determinado mérito para no ser alterado o bien para someter su transformación a determinadas condiciones.

VII. Fragilidad del paisaje: Vulnerabilidad de un paisaje al cambio que implique la pérdida de su carácter, y en especial al deterioro de sus valores naturales, culturales, visuales y perceptivos.

VIII. Protección de los paisajes: Las acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial de privado de su configuración natural y/o la acción del hombre.

IX. Gestión de los paisajes: Conjunto de acciones encaminadas a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje, con el fin de guiar y armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales.

X. Ordenación paisajística: Las acciones que presenten un carácter prospectivo particularmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o crear paisajes.

XI. Ámbito paisajístico: Es el espacio geográfico que por sus características paisajísticas homogéneas y diferenciadoras puede ser considerado como una gran unidad de paisaje a escala regional, a partir de la cual se definen unidades de paisaje a escala más detallada. Por lo general, los ámbitos paisajísticos se corresponden con los valles, unidades fisiográficas, históricas y culturales reconocibles en México y tienen su plasmación cartográfica en él.

XII. Unidad de Paisaje: Es el área del territorio que, como resultado de la combinación específica de componentes paisajísticas de índole ambiental, cultural y estética y de dinámicas históricas, posee un carácter particular, homogéneo, coherente y diferenciado de sus colindantes.

XIII. Integración paisajística: Es la estrategia y conjunto de medidas encaminadas a que una actuación no afecte sustancialmente a los valores paisajísticos y no impide la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos del ámbito en el que se actúa.

CAPÍTULO II

LA POLÍTICA DEL PAISAJE HISTÓRICO Y CULTURAL DE MÉXICO

Artículo 4. Los poderes públicos velarán para que, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo a la naturaleza de cada territorio, se adopten las medidas específicas necesarias para la protección, gestión y ordenación del paisaje a través de la formulación de las estrategias y orientaciones que permitan la adopción de medidas específicas.

Artículo 5. Los poderes públicos, en su ámbito competencial respectivo, integrarán la consideración del paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística, medioambiental, del patrimonio cultural, agrario, social, turístico, industrial y económico, así como en cualquier otra política sectorial que pueda producir un impacto directo o indirecto sobre el paisaje.

Artículo 6. En todo caso, las determinaciones de la presente ley se establecen sin perjuicio de las competencias específicas y exclusivas de cada administración y en especial de las administraciones responsables de la política forestal y de conservación de la naturaleza, que tienen atribuidas competencias con una significativa incidencia en el paisaje.

Artículo 7. Los objetivos de la política de paisaje de México, que servirán como fundamento a todas las actuaciones que se desarrollen con alguna afección al mismo, serán los siguientes:

a) Reconocer, proteger, gestionar y ordenar el paisaje, a fin de preservar sus valores naturales, patrimoniales, culturales, sociales y económicos en un marco de desarrollo sostenible.

b) Identificar los paisajes, analizar sus características, las fuerzas y presiones que los trasforman, y seguir sus cambios, con especial atención a aquellas zonas que, por su calidad, fragilidad o significación, deban tener un tratamiento especial.

c) Evaluar los paisajes identificados, teniendo en cuenta los valores generales y específicos que les atribuye la ciudadanía, definiendo los objetivos de calidad de los mismos.

d) Integrar plenamente el paisaje en el planeamiento y en las políticas de ordenación territorial y urbanística, así como en las demás políticas sectoriales que inciden en el mismo de forma directa o indirecta.

e) Extender la cooperación interadministrativa a todos los ámbitos con incidencia paisajística mediante la puesta en marcha de programas conjuntos de paisaje, y fomentar la formación de especialistas en materia de paisaje, los programas multidisciplinares, y la enseñanza del mismo tanto a nivel universitario como no universitario.

f) Sensibilizar a la población sobre el valor, el papel y los cambios del paisaje.

Artículo 8. Las actuaciones a desarrollar por las Administraciones Públicas en materia de protección, gestión y ordenación de los paisajes tendrán, entre otras, las siguientes finalidades:

a) La preservación de los paisajes que, por sus valores naturales o culturales, requieran actuaciones específicas e integradas.

b) La mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de los ámbitos degradados, áreas periurbanas de tránsito hacia lo rural y de las vías de acceso a los núcleos de población.

c) El mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes rurales, con una atención particular hacia los paisajes más accesibles para el conjunto de la población, así como los espacios de contacto entre los ámbitos terrestre y marino.

d) La adecuada integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio, especialmente las correspondientes a nuevas infraestructuras y áreas de actividad económica.

e) La puesta en valor, protección y gestión del paisaje por parte de las administraciones públicas y las entidades privadas.

Artículo 9. La política de paisaje resaltará la percepción individual, a través de medidas que fomenten la difusión de los paisajes y el aprecio de sus valores.

Los poderes públicos favorecerán la difusión de los valores de los paisajes de México en tanto que resultado de una construcción social histórica en permanente evolución, promoviendo cuantas iniciativas conduzcan a su mejor conocimiento y valorización, así como para reforzar el compromiso intergeneracional de la sociedad con el paisaje como patrimonio colectivo.

Desde las administraciones públicas se fomentarán las buenas prácticas paisajísticas, tanto a través de las actuaciones propias como propiciando el compromiso de los actores económicos y sociales en sus distintas manifestaciones. Para ello se pondrán en marcha los mecanismos de impulso y reconocimiento necesarios para el desarrollo de estas iniciativas.

Artículo 10. El Gobierno de México impulsará la cooperación con todas las Administraciones Públicas, especialmente con las administraciones locales, a fin de promover el desarrollo de políticas comunes, debidamente coordinadas y programadas, que aseguren el cumplimiento de los fines enunciados.

Artículo 11. Las administraciones con competencias en materia de educación ambiental promoverán programas y acciones específicas encaminadas a difundir los valores paisajísticos de México. La Estrategia Mexicana de Educación Ambiental adoptará el paisaje como uno de sus ejes básicos.

CAPÍTULO III

ORDENACIÓN E INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN PAISAJÍSTICA

Artículo 12. Los objetivos establecidos para la política del paisaje de México se alcanzarán mediante la elaboración, desarrollo y aplicación de los siguientes instrumentos:

a) Planes Especiales del Paisaje

b) Directrices de Paisaje

c) Estudios de Paisaje

d) Proyectos de Actuación Paisajística

e) Análisis de Impacto e Integración Paisajística

Artículo 13. Los planes especiales del paisaje son instrumentos normativos de carácter sectorial que contienen normas de di- recta aplicación, directrices y determinaciones dirigidas a la protección, gestión y ordenación de uno o varias unidades paisajísticas.

Los planes especiales de paisaje podrán ser aprobados por la Administración autonómica o por la Administración local.

Los planes especiales tendrán el contenido que su naturaleza y finalidad demanden, o el que en su caso venga impuesto por los instrumentos de ordenación del territorio o urbanísticos.

Artículo 14. Las Directrices de Paisaje son determinaciones que definen las estrategias o pautas de actuación en materia de paisaje para todas las administraciones públicas cuyas actuaciones puedan tener incidencia paisajística, que deberán incorporarlas en los instrumentos de planificación territorial, urbanística y sectorial, y, en su caso, en los proyectos de desarrollo y ejecución.

Los planes de ordenación territorial contendrán entre sus determinaciones directrices de paisaje para su ámbito territorial de aplicación.

Los instrumentos de planificación territoriales, sectoriales y urbanísticos deberán recoger las específicas estrategias y pautas que permitan dar cumplimiento a las directrices de paisaje.

Artículo 15. Los Estudios de Paisaje son documentos de carácter descriptivo y prospectivo que delimitan las unidades de paisaje, identifican sus valores y su estado de conservación y proponen los objetivos de calidad y medidas de actuación.

Los Estudios de Paisaje podrán contener Directrices de Paisaje, que serán de aplicación en el ámbito paisajístico correspondiente.

Los Estudios de Paisaje tendrán el siguiente contenido:

a) Delimitación de las unidades de paisaje, con una caracterización de sus elementos y valores, así como de las dinámicas y presiones que las puedan modificar negativamente.

b) La evaluación del paisaje con especial referencia a la calidad y fragilidad del paisaje, a los paisajes valiosos. En este proceso deberá promoverse la participación de expertos y público en general

c) La definición de los objetivos de calidad paisajística planteándolos con carácter general para el ámbito paisajístico y de manera particular para cada una de sus unidades de paisaje.

d) El establecimiento de medidas y propuestas de actuación incluyendo las actuaciones paisajísticas estimadas urgentes o prioritarias.

e) La fijación de indicadores que permitan evaluar la eficacia de las políticas de paisaje.

f) En su caso, Proyectos de Actuación Paisajística que se estimen necesarios.

Podrá formularse un único Estudio de Paisaje para varios ámbitos paisajísticos conjuntamente.

Artículo 16. Los Estudios del Paisaje se estructurarán a partir de la definición de Unidades de Paisaje, delimitadas conforme a los siguientes criterios:

a) Incorporarán la información física, biológica, cultural y social en un planteamiento interdisciplinario que mejor integre el patrón ecológico y sus relaciones.

b) Deberán considerar al menos la configuración del relieve y la hidrografía, la vegetación y usos del suelo, así como el sistema de asentamientos y viario.

c) Deberán considerar la estructura y fragmentación del paisaje.

d) Independientemente de límites administrativos, se enmarcarán en el contexto regional y, en su caso, se integrarán con aquellas que ya se hubieran delimitado en las zonas limítrofes, y hubiesen sido objeto de aprobación por la administración competente.

e) Los límites de las unidades de paisaje establecen el área territorial mínima que debe ser considerada y analizada en los planes de ordenación territorial y urbanística.

En los espacios limítrofes entre dos ámbitos paisajísticos, los Estudios de Paisaje velarán por la coherencia y continuidad de las unidades de paisaje y de los objetivos de calidad paisajística.

Una vez aprobados los Estudios de Paisaje, deberán incorporarse los objetivos de calidad paisajística y las medidas y propuestas de actuación a todos los Planes de Ordenación Territorial y a los planes sectoriales con incidencia en el paisaje que se elaboren con posterioridad y afecten al ámbito estudiado. Asimismo, se dará traslado de los Estudios de Paisaje a los Ayuntamientos del ámbito paisajístico analizado, que habrán de tenerlos en cuenta en la revisión, desarrollo y aplicación de sus respectivos planes urbanísticos.

Artículo 17. Las Directrices de Paisaje y los Estudios de Paisaje se ajustarán al siguiente procedimiento:

a) El instrumento será formulado por el organismo que cuente con las facultades y competencias en materia de Ordenación del Territorio.

b) Una vez redactado, la SEMARNAT en conjunto con CONACULTA aprobará inicialmente, sometiéndolo a exposición pública por un periodo no inferior a dos meses, al tiempo que dará traslado de los mismos para consulta a los Ayuntamientos, las administraciones afectadas y los agentes económicos y sociales.

c) Tras el periodo de consulta e información pública, la SEMARNAT y CONACULTA procederá a su aprobación provisional, y se publicaran en El Diario Oficial de la Federación, o en las Gacetas Oficiales de las Entidades Federativas, según sea el caso.

CAPITULO IV.

INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN

Artículo 18. Los Proyectos de Actuación Paisajística son los instrumentos que tienen por objeto definir técnica y económicamente, con el grado de detalle suficiente, actuaciones de restauración, preservación, mejora y puesta en valor de los paisajes que requieran intervenciones específicas e integradas.

Podrán elaborarse Proyectos de Actuación Paisajística que tengan por objeto la restauración o rehabilitación de aquellos espacios que hayan sufrido un elevado grado de deterioro como consecuencia de los procesos físicos y naturales, por las actividades humanas o por la falta de actuaciones para su mantenimiento. Se incluyen en este caso las situaciones de abandono o cese de actividades productivas, deterioro del suelo o su cubierta, presencia de actividades y elementos impropios, catástrofes naturales, deterioro de la escena o de la vista de elementos singulares, implantación de infraestructuras e instalaciones publicitarias y otros de naturaleza análoga.

El contenido de los Proyectos de Actuación Paisajística incluirá los siguientes documentos:

a) Memoria: con una descripción paisajística del ámbito territorial abarcado, del carácter de las unidades de paisaje comprendidas, de las áreas, elementos o fenómenos que contribuyen a la pérdida de valor paisajístico, y de los objetivos de calidad paisajística.

b) Medidas de actuación: que relacionará las medidas, y acciones que contempla el proyecto de actuación. Las medidas serán descritas con indicación de los procesos a corregir y delimitación de los espacios físicos sobre los que intervenir, así como los objetivos de calidad paisajística perseguidos.

c) Memoria económica: en la que se detallará el coste es- timado de cada una de las acciones y medidas de actuación pre- vistas y el compromiso temporal de ejecución así como las fuentes de financiación.

En las acciones concretas que precisen de un proyecto técnico para su ejecución, éste se redactará posteriormente a la aprobación del Proyecto de Actuación Paisajística.

Los Proyectos de Actuación Paisajística podrán elaborarse, financiarse y ejecutarse por cualquiera de las Administraciones públicas. En todo caso, y sin perjuicio de las autorizaciones exigibles a cada proyecto, el promotor comunicará a la Dirección General con competencias en materia de Ordenación del Territorio su intención de elaborar un Proyecto de Actuación Paisajística, con indicación de los objetivos, ámbito espacial, plazos temporales y principales características del mismo.

Las administraciones públicas promoverán la cooperación institucional y público-privada para la financiación y ejecución de estas intervenciones.

La Administración podrá imponer la ejecución de proyectos de restauración de paisajes degradados a las empresas u organismos responsables de la degradación de dichos paisajes como consecuencia de su actividad, o bien ejecutarlos subsidiariamente repercutiendo su coste a los responsables del deterioro paisajístico.

Redactado el Proyecto de Actuación Paisajística, la administración pública responsable de su elaboración lo someterá a información pública por un periodo mínimo de un mes, con anuncio en el Diario Oficial de la Federación, o las Gacetas Oficiales de las Entidades Federativas. Simultáneamente se solicitará informe a la SEMARNAT, o a la CONACULTA que se pronunciará con carácter vinculante sobre la adecuación del proyecto a las directrices de paisaje y a los objetivos de calidad paisajística, si los hubiera, aplicables para los ámbitos territoriales y paisajes afectados. Este informe deberá ser evacuado en el plazo de un mes.

Los Proyectos de Actuación Paisajística serán aprobados por resolución de la SEMARNAT, CONACULTA o por el Ayuntamiento que los promueva.

Los Proyectos de Actuación Paisajística también podrán formar parte de los Estudios del Paisaje o de los Planes Especiales del Paisaje.

Artículo 19. Los Análisis de Impacto e Integración Paisajística son documentos técnicos que tienen por objeto valorar y cuantificar la magnitud y la importancia de los efectos que una actuación puede llegar a producir en el paisaje y en su percepción, y proponer las medidas adecuadas para evitar los impactos o mitigar los posibles efectos negativos.

Los planes y programas territoriales y urbanísticos, así como las actuaciones con incidencia en el territorio que deban someterse a evaluación ambiental, incluirán entre su documentación un Análisis de Impacto e Integración Paisajística siempre que así venga exigido por el órgano ambiental. En el caso de los planes y programas el Análisis de Impacto e Integración Paisajística formará parte de un informe de sostenibilidad ambiental

La Administración podrá exigir la realización del Análisis de Impacto e Integración Paisajística las obras, construcciones o instalaciones en suelo rústico cuya autorización se sustancie por el procedimiento establecido en el artículo

No será preceptivo elaborar el Análisis de Impacto e Integración Paisajística en aquellos planes o proyectos de desarrollo de suelo urbano o urbanizable, salvo que así lo prevea el planeamiento.

Los Análisis de Impacto e Integración Paisajística deberán contener:

a) La delimitación y justificación del ámbito de estudio

b) La descripción y caracterización del paisaje previo.

c) La identificación y valoración de los impactos potenciales de la actuación sobre los elementos que configuran el paisaje y alternativas para la prevención, mitigación y compensación del impacto.

d) Las actuaciones complementarias y medidas correctoras necesarias para alcanzar la plena integración paisajística de la actuación en función de las características morfológicas y visuales del paisaje afectado

El alcance y contenido de los Análisis de Impacto e Integración Paisajística será establecido reglamentariamente para cada tipología de plan o programa y proyecto o actividad.

En el caso de existir un Estudio de Paisaje previo, el Análisis de Impacto e Integración Paisajística tendrá en cuenta las Unidades de Paisaje descritas, y justificará cómo se incorporan a la propuesta de actuación los objetivos de calidad paisajística establecidos por el Estudio.

Artículo 20. El Gobierno de la República Mexicana a través de CONACULTA elaborará un Catálogo de Paisajes Relevantes, entre los que se incluirán, necesariamente, los paisajes reconoci