Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 16 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 29



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 30 de Abril de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: (13:19 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 107 ciudadanos Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaría.

Se abre la sesión del jueves 30 de abril correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de esta Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del  día miércoles veintinueve de abril de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido  a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintiocho de abril de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Adolfo Romero Lainas, el Informe de sus actividades durante el 13º Congreso sobre la Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado del 12 al 19 de abril de 2015 en Doha, Qatar.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI  del artículo 185 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 Bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos  de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 90 Bis, 91 y 92 del Código de Comercio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el expediente del proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 2 de   la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para los efectos de la  fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

(Iniciativas)

De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina y Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de las Senadoras y los Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con aval de Grupo, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  en materia de atención a niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos Primero y Tercero Transitorios y se adicionan los artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la federación el 9 de enero de 2015.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en la Ciudad de México el seis de febrero de dos mil catorce.-  Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados  Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para el Reconocimiento Mutuo de Diplomas, Títulos  y Períodos de Estudios de Educación Superior, firmado ad referéndum en la Ciudad de México el diez de abril de dos mil catorce.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, firmado el 23 de diciembre de 1965, hecho en la Ciudad de México el 13 de enero de 2014.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo, firmado en la Ciudad de México el 18 de febrero de 2014.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva por los daños y muertes generados en la República Federal Democrática de Nepal, a consecuencia del terremoto del sábado 25 de abril pasado.

 

Se dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva en relación con el caso de la menor Alondra Luna Núñez, por la violación a sus derechos humanos, por parte de las autoridades en México.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Para presentar el dictamen, hicieron uso de la tribuna los senadores: Enrique Burgos García, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales; Roberto Gil Zuarth, a nombre de la Comisión de Justicia; y Angélica de la Peña Gómez, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos. La Presidencia informó de una propuesta de modificación de las comisiones dictaminadoras al artículo Tercero Transitorio, las cuales fueron aceptadas por la Asamblea, se incorporaron al dictamen para su discusión. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Benjamín Robles Montoya del PRD; María del Pilar Ortega Martínez del PAN; Adriana Dávila Fernández del PAN; e  Itzel Sarahí Ríos de la Mora del PRI. En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los senadores: Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor; Sonia Rocha Acosta del PAN, a favor; Omar Fayad Meneses del PRI, a favor; Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Armando Ríos Piter del PRD, a favor; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; María Cristina Díaz Salazar del PRI, a favor;  Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor;  Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los textos de la intervención de los senadores David Monreal Ávila y Arturo Zamora Jiménez se insertarían en el Diario de los Debates. El Presidente de la Mesa Directiva informó de una propuesta de modificación en la Consideración Octava del dictamen presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, la cual fue aceptada por la Asamblea para incorporarla al texto del dictamen. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 108 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional.

 

Se dio cuenta con los asuntos que autorizó la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana:

1) El retiro de la iniciativa de la Senadora Pineda Gochi, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial, presentada el 30 de abril de 2014.

2) La ampliación de turno al proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, presentado el 3 de abril de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

3) La ampliación de turno al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores, presentado el día de ayer, 28 de abril, para  quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

4) La ampliación de turno al proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático y la Ley Federal de Metrología y Normalización, presentado el 16 de abril pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Primera.

5) La rectificación al turno del punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Guerrero a establecer el diálogo con el sindicato de servidores públicos del poder judicial del estado, presentado el 23 de abril pasado, para quedar en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Mely Romero Celis, Itzel Sarahí Ríos de La Mora, Manuel Humberto Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García, Ricardo Urzúa Rivera y Luis Armando Melgar Bravo, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima a reforzar las acciones de promoción y difusión del voto, la educación cívica y la cultura democrática, así como velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre las acciones que se han implementado para prevenir y reducir la mortalidad por homicidios de niñas, niños y adolescentes en el país.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar el avance que guarda dentro de la tecnología de la información el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de vacunación.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Baja California Sur a realizar auditorías respecto del ejercicio de recursos federales y locales durante la administración del XI ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con veinticinco minutos y citó a la siguiente el jueves treinta de abril a las once horas.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la misma.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Senadora Sonia Rocha Acosta, con la que remite el informe de su participación en el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado del 12 al 19 de abril de 2015, en Doha, Qatar.








Una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de la delegación mexicana, encabezada por la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas y de la delegación mexicana ante dicho organismo, sobre el Encuentro Parlamentario en el marco de la VII Cumbre de las Américas: Transparencia Legislativa, celebrado el 10 de abril de 2015, en la ciudad de Panamá, Panamá.








Una, del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite el informe de sus actividades durante la Tercera Cumbre de Industrias Emergentes del Mundo, celebrada el Zhengzhou, China, del 20 al 22 de abril de 2015.








Una, del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, con la que remite el informe de actividades de la XVIII Reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias, celebrada los días 15 al 17 de abril de 2015, en San Juan, Puerto Rico.








Y una, del Senador Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, con la que remite la Convocatoria para la entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, correspondiente a 2015.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: La Asamblea ha quedado debidamente enterada de todas las comunicaciones.

Por lo que respecta a la Convocatoria para la entrega de la Medalla Belisario Domínguez 2015, hago del conocimiento de todos ustedes, que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. Adicionalmente, se abrirá un apartado en el portal electrónico del Senado para su discusión.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibió un oficio de la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución de presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al primer trimestre de 2015. Adicionalmente se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de marzo de 2015; asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; y adjunta la información por la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de Banca de Desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Remítase la documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibió de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, su informe anual de actividades correspondientes al ejercicio 2014.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Remítase dicho informe a las Comisiones de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Asimismo, de la Colegisladora se remitió un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Igualmente, la Cámara de Diputados remitió el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Asimismo, la Colegisladora nos remitió un proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 130 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Por último, la Cámara de Diputados nos remitió un proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Distrito Federal.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, Primera.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que nos remite la Comisión de Administración.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado el Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de mayo de 2015.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Está a consideración de la Asamblea el Proyecto de presupuesto.

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el mismo.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presupuesto para el mes de mayo de 2015. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de mayo del año en curso.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración, el Informe del presupuesto ejercido en el mes de marzo de 2015.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.






Les informo que todas las iniciativas, excitativas y proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy se turnarán a las comisiones correspondientes. El turno de estos asuntos se publicará en la Gaceta y la Mesa Directiva hará las comunicaciones con la notificación formal de dichos turnos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE MEDICAMENTOS ANTIPSICÓTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE ESQUIZOFRENIA Y ESPECTRO AUTISTA

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE MEDICAMENTOS ANTIPSICÓTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE ESQUIZOFRENIA Y ESPECTRO AUTISTA, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”.

Lamentablemente, cuando ese bienestar y buen funcionamiento se ve alterado por distintas circunstancias, aparecen las enfermedades mentales como patologías traducidas en uno de los principales problemas de salud pública en México y en el mundo.

Dichas enfermedades pueden afectar considerablemente las relaciones de una persona con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y demás personas relacionadas, en el sentido de que pueden influir en su libre determinación, en su capacidad de tomar decisiones, en su capacidad de retención y aprendizaje y en su desempeño laboral, entre muchos otros.

Las enfermedades mentales se presentan tanto en niños como en adultos mayores. Asimismo, son presentadas como morbilidades asociadas a otras (la depresión causada por una enfermedad mortal) y pueden presentarse con morbilidades independientes, cuyo desarrollo en la persona desencadena, a su vez, morbilidades asociadas (discapacidad motriz presentada como resultado de la esquizofrenia).

Todos estos padecimientos son crónicos y algunos se encuentran dentro de las primeras diez enfermedades más discapacitantes. En el caso de la esquizofrenia, 82 por ciento de los pacientes presenta una recaída después del primer episodio psicótico y 78 por ciento presenta una segunda recaída a lo largo de 5 años. Es por ello que se recomienda tratamiento farmacológico de mantenimiento de por vida para aquellos pacientes con más de dos episodios psicóticos en 5 años.

Afortunadamente, los avances de la medicina han permitido producir medicamentos que coadyuvan a controlar la enfermedad, controlar sus síntomas e integrarse plenamente a la sociedad. Los logros alcanzados son considerables, en particular para los pacientes que han tenido la oportunidad de experimentar su recuperación, la mejoría de las condiciones discapacitantes derivadas de la enfermedad mental y los beneficios de la reinserción a la vida productiva.

Lograr que la población conserve la salud mental, depende en gran parte, de la realización exitosa de acciones de política pública para prevenir, tratar y rehabilitar a las personas que padecen alguna enfermedad mental. Las acciones de tratamiento deben estar encaminadas a lograr un verdadero acceso a medicamentos a las personas, sobre todo aquellas de escasos recursos que en ocasiones no tienen posibilidad de pagar las consultas para la obtención de recetas médicas para la obtención de medicamentos que tienen que consumir diariamente y de por vida.

Por tal motivo, la iniciativa que se presenta tiene por objeto excluir de la lista de medicamentos considerados en el artículo 245 de la Ley General de Salud la Risperidona para lograr que las personas tengan acceso a dicho medicamento, ya que es casi nula la posibilidad de que dicha sustancia pueda causar adicción.

La Risperidona es una sustancia con beneficios importantes en el tratamiento de los síntomas en niños con autismo y pacientes con esquizofrenia. La Risperidona es un medicamento antipsicótico de “segunda generación” que actúa sobre los sistemas cerebrales de neurotransmisión de dopamina y serotonina y no de “primera generación” que únicamente tienen efecto en dopamina.

Otro beneficio de gran importancia para los pacientes derivado de la Risperidona es el escaso número de efectos secundarios que genera. Uno de los principales frenos para la continuidad de un tratamiento de esquizofrenia en pacientes que utilizaban medicamentos de primera generación era que los efectos secundarios de éstos se presentaban de tal índole que el paciente rehuía tomar su medicina, lo que ocasionaba el abandono del tratamiento, el regreso de la sintomatología y de las consecuencias nocivas en la vida de la persona.

Pese a las ventajas de la Risperidona y los evidentes beneficios que conlleva para los pacientes y sus familias, es frecuente que la disponibilidad del medicamento en farmacias sea mucho menor a la demanda. Un factor que influye en gran medida para este desabasto es el hecho que la Risperidona sea considerada sustancia psicotrópica en la Ley General de Salud.

Este hecho no sólo genera un impacto directo a la salud del paciente, sino también a su economía, ya que está clínicamente demostrado que si un paciente con esquizofrenia tiene un buen nivel de apego a su tratamiento, el gasto por recaídas psiquiátricas se reduce considerablemente. Cada día de hospitalización psiquiátrica repercute en un gasto considerable, ya que en promedio, una hospitalización por recaídas puede llegar a ser de 30 días. Un paciente que no está controlado debidamente por falta de medicamento puede presentar varias recaídas psicóticas al año (hasta tres o cuatro). Con cada recaída las posibilidades de recuperación del paciente se hacen más remotas, aunado a las estancias hospitalarias cada vez más prolongadas.

La principal causa para la recaída psicótica es la pobre adherencia terapéutica, tanto al medicamento como al seguimiento clínico.

La falta de adherencia se asocia, en el caso de esquizofrenia, con: mayor riesgo de recaídas. Con cada recaída el paciente pierde funcionalidad, se hace más difícil el control de síntomas. También las recaídas se asocian con hospitalizaciones, uso de servicios de urgencias, intentos suicidas, episodios de agresividad y vagabundeo.1

A manera de ejemplo, cabe señalar que la Olanzapina, un medicamento utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia y trastorno bipolar, no es considerada sustancia psicotrópica en la Ley General de Salud, factor que ha redundado en beneficios importantes en materia de disponibilidad para los pacientes que experimentan el desorden bipolar. En el caso de la Risperidona, los pacientes con esquizofrenia enfrentan un desabasto importante en las farmacias, debido a que ésta sí se considera sustancia psicotrópica.

Otros medicamentos como la Ziprasidona, Quetiapina, Aripiprazol, Paliperidona y Sertindol que están indicados (al igual que la Risperidona) como anti psicotrópicos para el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos mentales, que fueron clasificados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la IV del artículo 226 de la Ley General de Salud por no estar contenidos en la lista de sustancias psicotrópicas del artículo 245 de la Ley General de Salud.

La Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, “Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones”, menciona que una sustancia psicoactiva o psicotrópica es aquella que tiene la posibilidad de dar origen a una adicción. Si bien la risperidona, un anti psicotrópico atípico, tiene propiedades psicoactivas, el peligro de abuso o dependencia a ésta es poco factible en virtud de las siguientes consideraciones científicas.

Los efectos psicológicos y los potenciales eventos adversos que genera no resultan atractivos, lo cual aleja de ser una droga que produzca placer o algún tipo de sintomatología que induzca su autoprescripción.2 A nivel de sistema nervioso central, la Risperidona antagoniza los procesos de gratificación y placer, lo cual es fundamental en la adquisición del hábito de consumo.3 Por el contrario, la risperidona ha sido evaluada para el tratamiento de las adicciones en distintos estudios clínicos.1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 En ninguno de los sistemas de clasificación de las enfermedades mentales (OMS y DSM-IV-TR) existe un trastorno por consumo de sustancias asociado con los antipsicóticos como tal.12, 13 En este sentido, no hay motivo para que la Risperidona sea considerada sustancia psicotrópica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, la OMS podrá considerar como sustancias psicotrópicas aquéllas que se compruebe puedan producir (I) Un estado de dependencia, (II) Estimulación o depresión del sistema nervioso central, que tengan como resultado alucinaciones o trastornos de la función motora o del juicio del comportamiento o de la percepción o del estado de ánimo y (III) Un uso indebido análogo y efectos nocivos parecidos a los de una sustancia de la lista I, II, III o IV –listas de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, entre las cuales no figura la Risperidona. La risperidona no produce ninguno de los efectos antes mencionado. Además, la dependencia a una sustancia se genera cuando ésta exacerba el estado de ánimo de una persona, generando placer, o cuando elimina el dolor, generando alivio y, por tanto, un sentimiento placentero. La Risperidona no tiene ninguna de estas dos consecuencias.

En la revisión de la normativa internacional (FDA, Food and Drug Administration; Emea, European Medicines Agency; DEA, Drug Enforcement Administration; y NIDA, National Institute of Drug Abuse) no se tienen considerados a los antipsicóticos atípicos como sustancias potencialmente abusivas o que generen dependencia.

Más aún, en el prospecto de Risperidona aprobado por la FDA se consigna expresamente que es sustancia no controlada.

Las guías de tratamiento de esquizofrenia nacional e internacionales17, 18, 19 recomiendan a los antipsicóticos atípicos como primera línea de tratamiento y en ninguna de ellas hace referencia al riesgo de abuso o dependencia.

La tolerancia de Risperidona es considerable y ha sido probada en distintos grupos de pacientes debido a que cuenta con amplios usos terapéuticos indicados en información para prescribir: esquizofrenia, trastornos de la conducta en pacientes con demencia, trastorno bipolar, trastornos conductuales en niños, adolescentes y adultos con coeficiente intelectual bajo o retardo mental y autismo.

Si bien la Risperidona deberá ser usada con precaución en combinación con otros fármacos de acción central, esta misma advertencia se hacer en general para el resto de antipsicóticos atípicos como Olanzapina, Quetiapina, Ziprazidona, entre otros. Es la Risperidona el único antipsicótico en fracción III.

En los estudios para el tratamiento de adicciones con Risperidona se ha observado reducción en la conducta adictiva y no se han registrado casos de muerte, resultado de la combinación de estas sustancias con Risperidona.

Por otra parte, la coadministración de Risperidona y alcohol no es usual, ya que la Risperidona no es una sustancia que los usuarios de droga consuman ni por su efecto adictivo ni para contrarrestar los efectos de las mismas drogas.

En caso de combinar ambas sustancias se pueden incrementar los eventos adversos de la risperidona: mareo, hipotensión, síntomas extrapiramidales (rigidez muscular, enlentecimiento de los movimientos; además de salivación excesiva e inquietud). Estos mismos eventos adversos no placenteros son los que alejan a los usuarios de drogas a consumir cualquier antipsicótico como Risperidona.

Es importante destacar que la Asociación Psiquiátrica Estadounidense recomienda en su Guía de Tratamiento de Abuso y Dependencia al Alcohol el uso de antipsicóticos durante episodios psicóticos secundarios durante o después del consumo prolongado de alcohol.20 En caso de que la coadministración fuera potencialmente peligrosa la Asociación Psiquiátrica Estadounidense no sugeriría esta modalidad de tratamiento.

De lo anterior se puede concluir que no hay evidencia en la bibliografía que vincule los antipsicóticos como Risperidona y sus derivados con un trastorno por consumo de sustancias (abuso o dependencia) y que si bien se recomienda tener precaución al combinarla con sustancias de acción central, la tolerancia de este fármaco ha sido considerable en los estudios donde se ha evaluado para el control de las adicciones.

En virtud de todo lo expuesto se concluye que la Risperidona no debería estar en listado de sustancias contenida en el artículo 245 de la Ley General de Salud, ya que (I) es un medicamento que requiere ser utilizado por múltiples pacientes de por vida y que por las circunstancias actuales no es posible tener acceso a dicho medicamento en las farmacias, (II) no causa adicción, (III) diversos antipsicóticos con la misma indicación terapéutica que la Risperidona no se han considerado en el listado antes mencionado y (IV) no afectaría su venta o suministro público.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO: Se excluya de la lista de medicamentos considerados en el artículo 245 de la Ley General de Salud la Risperidona.

TRANSITORIO

Único: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 30 de abril de 2015.

Sen. Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum.- Sen. Hilda Flores Escalera.- Sen. Lilia Merodio Reza.- Sen. Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Elena Barrera Tapia.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE     SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidio cometido contra personas menores de 14 años.

Asimismo, el organismo señala que alrededor de 4.5 millones de niñas  y niños son víctimas de abuso sexual en México aunque únicamente 2% de los casos se conoce en el momento en el que el abuso es cometido [*].

Desafortunadamente debido a las condiciones de pobreza y desigualdad que se viven en nuestro país, asociadas con violencia y una legislación ambigua al respecto, genera que se den condiciones que colocan a la población de niños y niñas en vulnerabilidad ante los diversos delitos, tales como el abuso sexual.

De acuerdo con UNICEF, la violencia en México es un factor determinante de la deserción escolar e incluso, una causa importante de muertes infantiles. Miles de niños, niñas y adolescentes en México, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente.

Tenemos como ejemplo lo ocurrido en Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde tres alumnas de segundo año de primaria denunciaron a un docente, quien les hacía tocamientos a cambio de dinero y útiles escolares para que no hablaran sobre esto. En            el mismo sentido, en Tlaxcala se han cometido este tipo de casos cometidos por autoridades escolares; en octubre del año pasado, la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) inició una investigación con base en las acusaciones de padres de familia contra el director de una secundaria técnica

De acuerdo a una investigación presentada por el Periódico El Universal en 2014, el abuso sexual de menores de edad va al alza en el país, pues mientras a lo largo de 2013 se registraron 5 mil 736 denuncias por violación infantil, en el primer trimestre de 2014 se han presentado 2 mil 216, casi la mitad de las acusaciones del año pasado.

De acuerdo con el número de denunciantes, en 2013 hubo 5 mil 736víctimas de violación de entre cero y 17 años de edad. El Estado de México fue una de las entidades más opacas en la entrega de información, ya que dio datos generales: 2 mil 320 denuncias por violación, sin especificar cuántos fueron casos infantiles.
Expertos en el tema consideran “una grave omisión” el hecho de que los casos de violación a niños y niñas en México no quedan concentrados en un reporte nacional, y critican que no exista un diagnóstico general sobre este delito.

Los datos específicos no existen ni en la Procuraduría General de la República (PGR) ni en la Secretaría de Salud, tampoco en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Definitivamente no podemos dejar que sigan ocurriendo casos como estos que lastiman a la niñez mexicana y a sus familias y para prevenir estas situaciones resulta fundamental dotar a niñas y niños de las herramientas para protegerse a sí mismos y a su cuerpo.

Por la gravedad del problema y su invisibilidad, resulta fundamental que se garantice en la ley General de Educación que se realicen acciones educativas evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo, en particular el abuso sexual infantil.

Con la presente iniciativa se colocará en agenda un tema olvidado e incluso escondido por muchas familias, que por temor o vergüenza no llegan a denunciar estos actos que en la mayoría de los casos se llevan a cabo por personas que tienen a las niñas o niños bajo su cuidado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción XVI del artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a XV. (…)

XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo, en particular el abuso sexual infantil.

TRANSITORIO

ÚNICO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de abril de 2015.

Suscribe

Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

[*] Ver: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2014/11-Noviembre/18/9037-Mexico-ocupa-primer-lugar-a-nivel-mundial-en-abuso-sexual-violencia-fisica-y-homicidios-de-menores-de-14-anos-afirma-directiva-de-centro-de-estudios






INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 19 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por los Senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Adriana Dávila Fernández, Gabriela Cuevas Barrón, Marcela Guerra Castillo, Mariana Gómez del Campo Gurza, Zoé Robledo Aburto, Sofío Ramírez Hernández y Arquímedes Oramas Vargas)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LAS COSTAS MEXICANAS

(Presentada por los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Luz María Beristain Navarrete, Ángel Salvador Ceseña Burgoin y Daniel Gabriel Ávila Ruiz)

Los que suscriben, senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Luz María Beristain Navarrete, Ángel Salvador Ceseña Burgoin, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LAS COSTAS MEXICANAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando que 17 estados de la República Mexicana, tienen apertura al mar y representan el 56% del territorio nacional. En estos estados, 156 municipios presentan frente litoral y constituyen aproximadamente el 21% de la superficie continental del país. La superficie insular es de 5,127 Km2 (INEGI, 2009). La longitud de costa del país, sin contar la correspondiente a las islas, es de 11,122 km, en el litoral del Pacífico y Mar de Cortés se tienen 7,828 Km y 3,294 Km en el Golfo de México y Mar Caribe.

Que lo largo de sus costas, México cuenta con 117 puertos y terminales habilitadas. No obstante, el 67% del movimiento de carga está concentrado en 16 puertos comerciales, de los cuales los más importantes, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, operan el 96% de la carga contenerizada.

Que con 48 puertos, 27 de ellos en el litoral del Pacífico y Mar de Cortés y 21 en el Golfo de México y Mar Caribe, y un movimiento de mercancías y pasajeros, este sector, junto con el turismo y la actividad maquiladora, son los de mayor crecimiento en las zonas costeras en los últimos años, se espera que para el año 2022 se manejen en los puertos mexicanos alrededor de 360 millones de toneladas de carga, que se muevan aproximadamente 29 millones de pasajeros asociados al arribo de 5,300 cruceros, que se manejen 8.3 millones de contenedores, y que opere un flujo de vehículos automotores del orden de 2.3 millones de unidades. Esta tendencia tendré efectos en actividades asociadas, como el transporte terrestre y el almacenamiento de mercancías.

Que el litoral mexicano representa un valor estratégico para México ya que en sus zonas costeras se desarrollan las principales actividades productivas del país. Sin embargo su potencial económico y de sustentabilidad ambiental se encuentra en riesgo debido a la falta de una regulación que asegure: la defensa de sus recursos naturales, el aprovechamiento sustentable y estratégico de las costas, la protección del ambiente, la prevención de desastres, la coordinación de las diferentes instancias gubernamentales y la garantía de los derechos de sus habitantes, visitantes, inversionistas y demás personas con intereses asociados a las zonas costeras.

Que la población de los estados costeros en el año 2005 fue de 47 millones 344 mil 698 habitantes, que para el año 2030 se espera que aumenten a 55 millones (CONAPO, 2006). Que en los 156 municipios con apertura al litoral, vivían, en ese año, 15.9 millones de personas y considerando los 113 municipios con influencia costera alta y media el número de pobladores ascendía a 20.3 millones.

Que el 90% de la superficie del océano tiene una productividad similar a la de un desierto, y la mayor productividad se concentra en la zona costera. Que el 80% de la pesca mundial se realiza en esta zona y el 70% de las especies viven durante o parte de su ciclo de vida en humedales costeros como lagunas costeras, estuarios, deltas, manglares y marismas. Por su elevada productividad los manglares sostienen una rica y abundante diversidad de peces, crustáceos, moluscos, aves y otros organismos. Por cada hectárea de manglar destruido se pierden aproximadamente 800 Kg. de pescado y camarón al año.

Que se requiere que un tercio del país considere a las costas como un motivo de identidad, orgullo y realización y que por ello se requiere instrumentar una estrategia nacional que reconozca a las zonas costeras como lugares en el que se forja un destino común en los que todos, federación, estados y municipios costeros, instituciones públicas, inversionistas, sectores industriales, universidades y centros de investigación, sociedad organizada y personas participen y la consideren un espacio de convivencia y desarrollo armónico.

Que los efectos negativos que generan las actividades costeras sobre el medio marino y costero que, en muchos casos por el carácter acumulativo y sinérgico de los impactos que se producen, pueden llevar a un nivel de riesgo la viabilidad de la propia actividad. La erosión costera y el impacto episódico de sistemas tropicales, que aunados a la contaminación, a los cambios de uso de suelo, a la pérdida de la cobertura vegetal y la presión sobre los recursos hídricos, no solo alteran negativamente la calidad ambiental de los destinos turísticos y de las poblaciones costeras, sino que llegan a poner en riesgo la salud e integridad física de sus pobladores y la propia infraestructura asociada a la actividad económica.

Que en virtud de lo anterior se requiere considerar a la gestión integral y sustentable de las costas mexicanas como un asunto de seguridad nacional, por su valor estratégico para lograr los principios que consagra la Constitución, en lo que al derecho al medio ambiente adecuado, protección civil, planeación del desarrollo equilibrado y sustentable, distribución equitativa de la riqueza pública, conservación de los recursos naturales, preservación y restauración del equilibrio ecológico de las regiones costeras.

Que el manejo integral y sustentable de las costas de México como asunto de seguridad nacional requiere de la determinación de las zonas de desarrollo costero, a partir de la creación de la autoridad costera que además del resguardo y protección de las costas, promueva esquemas de desarrollo regional.

Que por ello México debe de concebirse como un país costero seguro y construir su destino, pensando en las futuras generaciones de mexicanos a partir de una estrategia que logre el desarrollo sustentable que debe ser institucionalizada a través de una Ley que establezca las bases para:

• Un nuevo pacto entre la Federación, los Estados Costeros y los Municipios Costeros atendiendo a los principios consagrados en la Constitución en lo que a coordinación, planeación del desarrollo, protección al ambiente, salud y protección civil se refiera, así como la administración de los recursos naturales que como bienes nacionales son patrimonio de la nación y que se encuentran en las zonas costeras incluyendo la zona federal marítimo terrestre

• La coordinación inter y trans institucional entre los tres órdenes de gobierno y entre las dependencias de cada uno de ellos.

Que para la gestión integral y sustentable de las costas mexicanas se requiere del reconocimiento conjunto de la zona costera como una unidad de gestión que comprende la superficie delimitada, determinada y declarada de manera conjunta y coordinada por la Federación, los Estados y Municipios Costeros, según corresponda, incluye suelo y sus ecosistemas terrestres, acantilados, aguas y sus ecosistemas acuáticos, y aguas marinas y sus ecosistemas acuáticos.

Que el manejo integral de las costas mexicanas requiere de la construcción conjunta y consensada de la estrategia para su sustentabilidad, que se llevará a cabo a partir de los principios internacionalmente reconocidos y contenidos en la denominada evaluación ambiental estratégica que servirá como marco de referencia para la aplicación de políticas y programas, así como la ejecución de proyectos, integrados en el Marco Estratégico de Gestión Integral Costera (MEGICO), que es una nueva forma de concebir y dar un nuevo rumbo a México y al ejercicio de su soberanía como Nación, a partir del reconocimiento del valor y del potencial estratégico de sus litorales en el ámbito internacional, de la calidad de fronteras naturales de las costas y del aprovechamiento sustentable de sus bienes nacionales, así como de sus recursos naturales.

Que para ordenar la gestión costera se requiere llevar a cabo el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales de los que México es Parte en materia de preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que integran los ecosistemas costeros, la protección al ambiente y el cambio climático queimplica una relación dinámica entre los procesos naturales y las actividades humanas.

Que en los últimos años se han hecho evidentes los efectos del cambio climático que se deriva de la emisión de gases efecto invernadero, y que en el caso de las costas se convierten en un factor de erosión y desequilibrio del balance sedimentario que alteran la configuración de las costas, poniendo en riesgo a los habitantes de las costas, sus bienes patrimoniales, las inversiones públicas y privadas, los ecosistemas costeros y su biodiversidad.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, en el Enfoque transversal “México Próspero”, en el Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. Dentro de la Estrategia 4.4.1., se encuentra implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad. Una de las líneas de acción considera impulsar una política en mares y costas que promueva oportunidades económicas, fomente la competitividad, la coordinación y enfrente los efectos del cambio climático protegiendo los bienes y servicios ambientales.

Que para dar fuerza a la Estrategia Nacional de Ordenamiento Ecológico del Territorio en Mares y Costas, por acuerdo presidencial, el 13 de Junio de 2008 se creó con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), que está constituida por los titulares de las secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Marina; Desarrollo Social; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Turismo y Medio Ambiente y Recursos Naturales, siendo ésta última quien la preside.

Que a partir del ordenamiento ecológico del territorio se pretende establecer la estrategia de gestión integral que implica establecer la forma para determinar qué herramientas de política pública se deben instrumentar, en cuáles unidades espaciales en función de sus características ambientales, los ecosistemas que las constituyen y su resiliencia ante las actividades antropogénicas, así como, los actores sociales que participan de la apropiación del entorno, el espacio, los recursos naturales y los servicios ambientales disponibles. Cuando esos instrumentos de política se han diseñado con base en criterios espaciales y ambientales diferenciados, y cuando se reconoce que su aplicación debe ser incluyente y participativa, el ejercicio de jerarquizar y priorizar su aplicación en el territorio nacional y en especial en las zonas costeras, teniendo en consideración la autonomía de estados y municipios costeros, los resultados de la gestión integral es indiscutible.

Que para la atención de las actividades multisectoriales que se realizan en las zonas costeras y en los mares mexicanos, la (CIMARES), propuso dotar a México de una Política Nacional en materia de mares y costas, para fortalecer la gobernabilidad en estas regiones, impulsar la competitividad económica de los sectores productivos asegurando la sustentabilidad ambiental y promover un sistema de decisiones y acciones de los diferentes órdenes de gobierno, cimentado en un ejercicio continuo de planeación participativa, en el que el gobierno, la sociedad civil y los agentes económicos y de interés contribuyan a lograr el desarrollo sustentable de estas regiones.

Que con la idea de asegurar la gestión integral duradera de los mares y costas del país, a partir de la asunción de responsabilidades diferenciadas y basadas en los principios de concurrencias y coordinación para el logro del desarrollo sustentable se proponen como objetivos generales de la Ley, garantizar el derecho al medio ambiente adecuado de los pobladores costeros, mejorando sus condiciones de vida y bienestar, elevando su calidad de vida, impulsando las actividades económicas de las zonas costeras, de tal forma que permitan aumentar su presencia en los mercados y en las diferentes esferas económicas, conservando la estructura biofísica, los servicios ambientales y la calidad paisajística existente, así como asegurando su vida, bienes y patrimonio con esquemas de prevención de riesgo y disminuyendo la vulnerabilidad de la infraestructura y población.

Que los principios de la política nacional costera orientan la definición de sus objetivos, estrategias y líneas de acción, estos principios son:

• Visión Integral que involucra al gobierno federal, a los Estados y a los Municipios costeros, así como a la sociedad, que utiliza los conocimientos científicos y tecnológicos de diferentes áreas del conocimiento (multidisciplinaria e interdisciplinaria), que contempla los intereses públicos y los privados, que considera diferenciaciones territoriales tanto ambientales como administrativas y que vincula las dimensiones: social, ambiental y económica.

• Coordinación institucional que articula las acciones y programas institucionales, de forma transversal, intrainstitucional, interinstitucional, con base en un marco estratégico de gestión integral, evitando con ello el traslape, la duplicidad de funciones, la superposición de atribuciones, la falta de continuidad y seguimiento de las acciones y promoviendo la coordinación, la colaboración y la participación social.

• Coordinación financiera que articula las acciones y programas a partir de la asignación de recursos materiales y humanos, evitando con ello el desvío y desperdicio de recursos, de presupuestos, fomentando un uso eficiente y transparente de los mismos

• Adaptativa para que en un proceso continuo y con base en el seguimiento y la evaluación del desempeño de las acciones y programas que la integran, tomando en cuenta la temporalidad de las acciones y programas que en el caso de la zona costera requieren de continuidad y permanencia y que no es posible debido a que los gobiernos municipales con tres años de gobierno, difícilmente pueden llevar a cabo acciones más allá de su gestión a lo que se suma que no existe una coordinación con los gobiernos estatales y menos con el federal.

• Transparente y Participativa con base en información oportuna y precisa, que se difunda e involucre ampliamente entre los sectores de la sociedad, que permite la rendición de cuentas y que facilita y promueve la participación y la consulta pública en la toma de decisiones, sustentadas en la mejor información disponible y promotora de la generación e integración de información y datos, basada en evidencia e información que permita imaginar escenarios, validar condiciones y dar certidumbre en la toma de decisiones.

• Orientada al fortalecimiento del federalismo que impulse los cambios requeridos en los procesos de gestión, para propiciar el desarrollo sustentable desde el ámbito de los municipios costeros.

Que actualmente el marco legal regulatorio para el uso, aprovechamiento, conservación y/o protección de las zonas costeras se compone por más de ciento veinte disposiciones: tratados internacionales leyes federales, reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas, sin embargo, no está estructurada para poder llevar a cabo la gestión costera de forma integral y sustentable y para la aplicación de los instrumentos derivados de las políticas de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, salud, y los instrumentos de planeación derivados (POEL,POET,ANP), no son suficientes para ordenar el manejo costero.

Que la ocupación de las zonas costeras requiere de ser controlada con el fin de establecer la capacidad de carga y resilencia de las unidades de gestión. Implica controlar el número de cuartos, viviendas, condominios la cantidad de habitantes por hectárea, la cantidad de servicios e ibfraestructura, permite tanto el control del crecimiento como eficientar los servicios municipales y asegurar que las medidas de protección civil sean las adecuadas en función de la cantidad de habientantes en riesgo, número de albergues, salidas de emergencias, tenga que crear un indicador para medir y que se aplique a todos los programas. Promover condiciones de sostenibilidad en los sistemas urbanos costeros, a través de criterios de densificación e integración orgánica de la vivienda a la estructura funcional de las ciudades costeras.

Por las consideraciones expuestas, sometemos respetuosamente a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LAS COSTAS MEXICANAS.

Articulo único.- Se expide la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas para quedar como sigue:

LEY GENERAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LAS COSTAS MEXICANAS

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
Del Objeto y Aplicación de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de orden público y de interés general en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, tiene por objeto la gestión integral sustentable de las zonas costeras y establecer las bases para:

I. Garantizar el derecho de todas las personas en las costas mexicanas, a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, bienestar y en condiciones seguras;

II. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos que regulen las modalidades a la propiedad que dicte el interés público en áreas y predios de las zonas costeras;

III. La conservación de los ecosistemas costeros, de manglares y dunas para lograr el desarrollo integral y sustentable, sujetando a las modalidades que dicte el interés público el uso, en beneficio general, de los recursos productivos que ellos brindan;

IV. El ejercicio de las atribuciones que en las materias que regula este ordenamiento corresponde a la Federación, los Estados y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en los artículos 73 fracción XXIX, 115 y 116 de la Constitución; en la elaboración y aplicación de políticas públicas, regular acciones y establecer las bases para la concertación con la sociedad en las zonas costeras;

V. Fijar las bases de coordinación entre las Dependencias involucradas para la elaboración y aplicación de los programas de ordenamiento ecológico del territorio, la regulación de los usos del suelo, así como, el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas en las zonas costeras;

VI. Establecer mecanismos coordinados para la conservación, mejoramiento, protección civil, zonas de protección, áreas de amortiguamiento y de seguridad en las zonas costeras;

VII. Establecer la delimitación de las zonas costeras como unidades espaciales de gestión coordinada y transversal en función de sus características ambientales, los ecosistemas que las constituyen y su resiliencia ante las actividades antropogénicas, así como, los actores sociales que participan de la apropiación del entorno, el espacio, los recursos naturales y los servicios ambientales disponibles;

VIII. Determinar las bases para la participación social en las materias objeto de la presente Ley mediante el establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, de conformidad con lo que señala la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables;

IX. Definir los principios de la política costera y los instrumentos para su aplicación para el aprovechamiento sustentable, la preservación, y en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas costeros;

X. El cumplimiento efectivo de los tratados internacionales de los que México es Parte en materia de preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que integran los ecosistemas costeros, la protección al ambiente y el cambio climático y demás instrumentos internacionales en las materias que se vinculan con el objeto de la presente Ley; y

XI. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan.

Artículo 2. Se consideran de utilidad pública:

I. La delimitación y deslinde de la Zona Federal Marítimo Terrestre, manera conjunta y coordinada por la Federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los Estados y Municipios costeros, según corresponda;

II. La aplicación de las políticas, programas y directrices de gestión integral y sustentable en las zonas costeras;

III. El ordenamiento ecológico del territorio de los municipios costeros, el proceso de formulación, modificación y aplicación de los programas de ordenamiento ecológico en los casos previstos por ésta y las demás leyes aplicables;

IV. El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas, de las zonas de restauración ecológica, y de reservas de agua, en los municipios costeros;

V. Establecer los criterios de densidad e integración de las construcciones a la estructura funcional de las ciudades costeras, así como el Coeficiente de uso de suelo (CUS), y el de ocupación de suelo (COS);

VI. El establecimiento de las zonas de protección, de seguridad, zonas intermedias de salvaguardia o amortiguamiento, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas, o de inundaciones en los municipios costeros;

VII. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en las zonas costeras;

VIII. Fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica e incrementar el tratamiento de aguas residuales, especialmente en los municipios costeros y zonas costeras;

IX. La ejecución de obras destinadas a la conservación, protección y/o generación de bienes y servicios ambientales;

X. El manejo sustentable de venas de mareas para restaurar la vegetación, para la protección y preservación de los humedales;

XI. La protección y preservación de las dunas costeras a partir de su grado de erosión y sedimentación y la estabilización de los sistemas litorales, y

XII. La conservación y mantenimiento de la línea de costa.

Artículo 3. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento y en lo conducente en lo que a acciones colectivas se refiere, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Para el caso de las zonas marinas costeras se estará a lo dispuesto en la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

La propiedad de los recursos naturales comprendidos dentro del territorio nacional en las zonas costeras corresponde a la Nación. Los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, personas físicas o morales, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios que sean posesionarios o propietarios de los terrenos en las zonas costeras están obligados a cumplir son lo que señala la presente Ley, las modalidades y procedimientos establecidos, no alterarán el régimen de propiedad de dichos terrenos.

Artículo 4. Son autoridades para la aplicación de la presente Ley:

I. Las dependencias del ejecutivo federal con atribuciones en las materias objeto de la presente Ley;

II. Los Gobernadores de los Estados Costeros;

III. Los Presidentes Municipales de los Municipios Costeros, y

IV. La Comisión Nacional Costera;

Artículo 5. Son bienes de dominio público de la Federación, las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar en los términos de la Ley General de Benes Nacionales y demás disposiciones aplicables y estarán sujetos al régimen de dominio público y a lo que señala el presente ordenamiento.

Es libre el acceso a las playas, las autoridades competentes, deberán garantizar este derecho que por ningún motivo o razón puede ser restringido.

La federación y los municipios costeros se coordinarán para determinar el número, ubicación y demás elementos necesarios para establecer Playas Públicas.


CAPÍTULO II.
De la Terminología empleada en esta Ley

Artículo 6. Para los efectos de la esta Ley, además de las contenidas en las Leyes en las materias que se vinculan con el objeto de la presente, se entiende por:

I. Administración Pública Federal: las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

II. Área ocupada: Es la suma de las superficies construidas y sin techar dentro de una poligonal, medida hasta la cara exterior de los muros del perímetro o hasta el eje del paramento divisorio en caso de colindancia con otro predio, que determina la Unidad de Gestión Ambiental;

III. Área rural costera: Es el área establecida en los programas de ordenamiento territorial y de ordenamiento ecológico que está fuera de los límites urbanos o de expansión urbana.

IV. Área urbana costera: Es el área destinada a usos urbanos, comprendida dentro de los límites urbanos establecidos por los Instrumentos de Planificación Territorial.

V. Arena: Conjunto de partículas de rocas disgregadas, de tamaño variado, menores a la grava y que está depositada en la playa;

VI. Coeficiente de Ocupación del Suelo (C. O. S.): Factor que multiplicado por la superficie total del lote, nos da como resultado el total de m2 que se pueden construir únicamente en planta baja, se entiende por superficie construida aquella que está techada;

VII. Coeficiente de uso de suelo (C. U. S.): Factor que multiplicado por la superficie del lote nos da como resultado el total de m2 que se pueden construir, incluyendo los m2resultado del C. O. S. En el cálculo de esta superficie total de construcción no se incluyen: albercas, palapas, andadores, áreas jardinadas, terrazas de hasta 1. 5 m de ancho, instalaciones deportivas y estacionamientos no techados, construcciones subterráneas;

VIII. Comisión: La Comisión Nacional Costera

IX. Densidad: Número de unidades, cuartos hoteleros o de condominios, o viviendas por unidad de área que pueden construirse en un lote determinado:

X. Dunas Costeras: Acumulaciones de arena formadas por la acción del viento la porción terrestre de las playas, capaz de movimiento cuando no hay vegetación, y fijas, estabilizadas o relictos, cuando están cubiertas por vegetación y pueden formar estructuras relativamente estables, se extiende hacia tierra hasta donde termina el depósito de sedimentos sueltos y hacia el mar en la zona de marea más alta;

XI. Estados Costeros: Los Estados que cuenten con municipios con litoral;

XII. Ecosistemas costeros: La unidad funcional básica de interacción de los recursos costeros entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados que se integran a partir de los ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos, estuarinos y de transición:

XIII. Fondo: El Fondo Costero Mexicano;

XIV. Inventario Nacional Costero, qué se pretende inventariar, con qué herramientas y con qué fin;

XV. Ley: Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas.

XVI. Manejo integral y sustentable de las costas mexicanas: Es el resultado de la aplicación de políticas y programas, así como la ejecución de proyectos; a partir de las directrices que de manera conjunta y consensada integran el marco estratégico de gestión costero:

XVII. Marco Estratégico de Gestión Integral Costera (MEGICO): Son Ios instrumentos de gestión para la aplicación de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, que se vinculen con las materias de la misma, se llevará a cabo a partir de la integración de los principios internacionalmente reconocidos y contenidos en la denominada evaluación ambiental estratégica que servirá como marco de referencia para su elaboración y ejecución;

XVIII. Marisma: Planicie de inundación costera que se inunda temporalmente por efecto de las mareas con vegetación halófila terrestre, generalmente con suelos salinos superiores a los 60 UPS y cuando carece de vegetación halófila es superior a los 80 UPS;

XIX. Municipios Costeros: Los municipios que cuenten con litoral;

XX. Playas: Estructuras o depósitos no consolidados de arena y grava de origen marino, formadas por la acción del oleaje y las mareas, a lo largo del litoral cuyo límite hacia tierra puede ser un acantilado marino, cordón de dunas de arena o línea de crecimiento vegetal y hacia el agua hasta el límite de la acción de las olas bajo el mar, donde los sedimentos ya no se mueven,

XXI. Poblaciones Costeras: Los asentamientos humanos que se encuentran en los municipios costeros;

XXII. Preservación Costera: Cuidado o protección que se debe tener sobre del suelo, el agua y los demás recursos naturales de una zona costera para evitar que sufra daños por su utilización o aprovechamiento.

XXIII. Recuperación de las zonas costeras: Conjunto de actividades tendientes a la reconstrucción y mejoramiento de las zonas costeras afectadas (población y entorno), así como a la reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros;

XXIV. Resiliencia Costera: Capacidad de los ecosistemas costeros y de las poblaciones costeras para recuperarse o soportar los efectos derivados de cambios inducidos por el aumento del nivel del mar, eventos extremos e impactos de las actividades humanas que una vez reconocida requiere de modelos de prevención primaria, cuyo objeto es limitar la incidencia de la vulnerabilidad en zonas específicas;

XXV Restauración: Actividades que se tienen que desarrollar para recuperar el estado que tenían el suelo, el agua y los demás recursos naturales de una zona costera, antes de realizar obras, aprovechamientos, usos o cuándo sufre un impacto por fenómenos naturales extremos.

XXVI. Subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de gestión respectivo, y que es utilizado en las zonas costera, con el fin de ordenar detalladamente las zonas de amortiguamiento, seguridad, protección y demás que se requieran establecer previamente mediante la declaratoria correspondiente;

XXVII. Zona costera: Es la unidad de gestión que comprende la superficie delimitada, determinada y declarada de manera conjunta y coordinada por la Federación, los Estados y Municipios Costeros, según corresponda en la que se aplicarán las políticas, programas y directrices de gestión integral y sustentables, con el fin de orientar las actividades productivas en las zonas costeras hacia el desarrollo sustentable y planificar la no afectación, protección y recuperación del ambiente y los recursos naturales. Incluye suelo y sus ecosistemas terrestres, acantilados, aguas y sus ecosistemas acuáticos, aguas marinas y sus ecosistemas acuáticos, así como al ambiente costero; y

XXVIII. Zonificación: El instrumento técnico de planeación utilizado en el establecimiento de las zonas costeras, que permite ordenar su territorio en función de sus ecosistemas,  la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, y de su resiliencia, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO COSTERO

CAPÍTULO I.
Del Servicio Nacional Costero

Artículo 7. Para los propósitos de esta Ley se crea el Servicio Nacional Costero. La Federación, las Entidades Federativas y los Municipios con estricto apego a las disposiciones constitucionales o legales establecerán las bases de coordinación mediante convenios generales y específicos para la integración y funcionamiento del Servicio Nacional Costero, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para la atención coordinada, eficiente y concertada en las zonas costeras.

Artículo 8. El Servicio Nacional Costero se conformará por:

I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;

II. Los Secretarios de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transporte, de Turismo, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano;

III. Los Gobernadores de los Estados Costeros;

IV. Los Presidentes Municipales de los Municipios Costeros;

V. El Titular de la Comisión;

VI. El Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como en su caso los titulares de las procuradurías de los estados costeros, y

VII. Los Titulares de las dependencias o entidades que tengan a su cargo la atención de las distintas actividades o materias relacionadas con el objeto de la presente Ley.

Artículo 9. Para la atención y coordinación de las distintas materias del sector Costero el Servicio Nacional Costero contará, al menos, con los siguientes grupos de trabajo:

I. Inspección y vigilancia en zonas costeras;

II. Protección, recuperación y vulnerabilidad en zonas costeras;

III. Gestión administrativa, coordinación y transferencia de funciones en las zonas costeras;

IV. Sistemas de información costera;

V. Fomento del desarrollo sustentable costero; y

VI. Investigación y desarrollo sustentable costero.

Artículo 10. El Reglamento del Servicio Nacional Costero establecerá su integración y funcionamiento, así como el de los grupos de trabajo.

Los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para el cumplimiento del objeto del Servicio Nacional Costero, quedarán bajo la absoluta responsabilidad jurídica y administrativa de las partes que lo integran o, en su caso, de los particulares con los cuales se establezcan mecanismos de concertación. En todo caso la aportación voluntaria de dichos recursos no implicará la transferencia de los mismos.

CAPÍTULO II.
De la Distribución de Competencias en las Costas

Artículo 11. La Federación, los Estados y los Municipios Costeros ejercerán sus atribuciones en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico en las zonas costeras, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en los demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 12. Las políticas, lineamientos, directrices y acciones de coordinación entre la Federación, los Estados y los Municipios costeros, se llevarán a cabo mediante la suscripción de convenios de coordinación, o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional y en las demás instancias de coordinación con pleno respeto a su soberanía y autonomía.

Artículo 13. La coordinación de acciones en las materias objeto de la presente Ley y la recuperación de la población y su entorno se apoyarán en los convenios que al efecto celebre la Federación, con los Estados Costeros, de conformidad con sus respectivas facultades que serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como en aquellas que de las mismas deriven.

En los mismos términos del párrafo anterior, se suscribirán convenios con la finalidad de obtener recursos para acciones preventivas, y establecer las bases y compromisos de su adecuada utilización.

En contra de los actos que emitan los gobiernos de los Estados y, en su caso, de sus Municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 14. Los convenios de coordinación incluirán en su contenido, que, entre otros elementos: las acciones, el lugar, las metas y las aportaciones financieras que les corresponderá realizar a la Federación, los Estados y los Municipios Costeros.

Cada convenio de coordinación podrá incluir a varias dependencias federales, estatales  y municipales con base en las disposiciones reglamentarias que fundamenten sus actuaciones.

Artículo 15. Los Congresos de los Estados, con arreglo a sus respectivas Constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley. Los ayuntamientos, por su parte, dictarán los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las previsiones del presente ordenamiento.

En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, y los Municipios Costeros, observarán las disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven y expedirán las disposiciones legales necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley.

Artículo 16. Es responsabilidad de los Gobernadores de los Estados, y de los Presidentes Municipales, la integración y funcionamiento de los Consejos Costeros de los Estados y de los Municipios, respectivamente conforme a lo que establezca la legislación local en la materia.

Para tal efecto, promoverán la instalación de Consejos Estatales y Municipales Costeros, que correspondan que se integrarán y tendrán las facultades que les señalen las leyes y disposiciones locales que para tal efecto se expidan.

Artículo 17. El Consejo Nacional Costero estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá y por los titulares de las Secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Función Pública; Educación Pública; Salud, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; por los Gobernadores de los Estados Costeros. Cada titular designará un suplente, siendo para el caso de los Secretarios un Subsecretario; para los Gobernadores el Secretario General de Gobierno.

En el caso del Secretario de Gobernación, lo suplirá el Coordinador General de Protección Civil.

Podrán ser convocados a las sesiones del Consejo Nacional, por invitación que formule el Secretario Ejecutivo, representantes de los organismos, entidades y agrupaciones de carácter público, privado y social, así como de los sectores académico y profesional, y de los medios masivos de comunicación.

Su funcionamiento y operación se determinarán en las bases que para tal efecto se expidan.

Artículo 18. Las contribuciones que por el aprovechamiento de los recursos en las zonas costeras se generen, así como los que se obtengan por el otorgamiento de concesiones o permisos y por cualquier otro concepto relacionado con actividades en ellas y cuya administración se efectúe por los gobiernos locales, ingresarán a sus haciendas públicas, con base en lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, y deberán aplicarse en los programas relacionados con ellas. Los convenios y acuerdos de coordinación deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial del gobierno local respectivo.

Artículo 19. Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al desarrollo de actividades sustentables en las zonas costeras, deberán sujetarse a las disposiciones de las Leyes de Ingresos, de Presupuesto de Egresos de la Federación y de la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda y deberán asegurar su eficacia, selectividad y transparencia y podrán considerar el establecimiento y vinculación de cualquier mecanismo normativo o administrativo de carácter fiscal, financiero y de mercado establecidos en otras leyes, incluyendo los estímulos fiscales, los créditos, las fianzas, los seguros, los fondos y los fideicomisos, así como las autorizaciones en las materias objeto de la presente Ley, cuando atiendan o posibiliten la realización de los propósitos y objetivos prioritarios de promoción y desarrollo sustentable en las zonas costeras.

En todo caso los programas e instrumentos económicos deberán prever la canalización efectiva y suficiente de apoyos para fomentar las actividades en zonas costeras.

Sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales, respecto de la coordinación en la materia entre los sectores público y privado y los distintos órdenes de gobierno, corresponderá a la Comisión, en el ámbito de su competencia, conducir, coordinar o participar en la aplicación, otorgamiento y evaluación de las medidas, programas e instrumentos a que se refiere este artículo.

Artículo 20. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión, diseñarán, propondrán y aplicarán medidas para asegurar que el Estado, la sociedad y los particulares, coadyuven financieramente para la realización, de tareas de conservación, protección, restauración, vigilancia, recuperación, ordenamiento territorial y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas costeros.

Artículo 21. La Federación, los Estados y los Municipios Costeros, establecerán estímulos fiscales y creará los instrumentos crediticios adecuados para el financiamiento de la actividad en las zonas costeras, incluyendo tasas de interés preferencial.

Artículo 22. La Federación para reducir los riesgos asociados a las inversiones en las zonas costeras, establecerá los instrumentos adecuados para el aseguramiento a largo plazo de las mismas, así como garantizará los Programas de apoyo que se derivan de la presente Ley, para impulsar el desarrollo sustentable en las zonas costeras.

Asimismo buscará la ampliación los montos asignados y el mejoramiento constante de sus respectivos esquemas de asignación y evaluación, preferentemente con base en las necesidades y prioridades de los municipios costeros.

El Poder Legislativo Federal asignará anualmente las partidas necesarias para atender el funcionamiento y operación de los mencionados programas de apoyo.

Artículo 23. En el caso de terceros que se beneficien directa o indirectamente por la existencia bienes y servicios ambientales en las zonas costeras la Federación podrá establecer cuotas para la compensación de los mismos.

Artículo 24. La Federación, los Estados y los Municipios Costeros, en el ámbito de sus respectivas competencias diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional costera y de la aplicación de sus instrumentos mediante los cuales se buscará de manera prioritaria y no limitativa, lo siguiente:

I. Aumentar la productividad de las zonas costeras con potencial a través de la construcción de infraestructura y apoyos financieros y materiales para el impulso de las actividades pesqueras, turísticas, comerciales y habitacionales;

II. Restaurar y recuperar las zonas costeras degradadas o afectadas;

III. Apoyar la valoración y producción de bienes y servicios ambientales;

IV. La ejecución de acciones de prevención y control de inundaciones y saneamiento costero se realizará de forma coordinada con la instancia pública que tengan las atribuciones, con la participación por parte de los propietarios, ocupantes y posesionarios de los predios en zonas costeras, con visión integral de cuenca;

V. La capacitación, formación y evaluación continua de prestadores de servicios en las zonas costeras;

VI. La planeación y construcción de infraestructura en las zonas costeras, y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los municipios costeros;

VII. El impulso a la participación comunitaria en zonificación u ordenamiento ecológico, como base de los Programas que se derivan de la presente Ley;

VIII. La elaboración, aplicación, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Programas de apoyo, el desarrollo de mecanismos especiales de financiamiento promocional que tomen en cuenta las inversiones las bajas tasas de interés generadas a largo plazo y los riesgos inherentes, en las zonas costeras;

IX. El fomento a los procesos de certificación, la asesoría y capacitación jurídica, administrativa, técnica y económica a micro y pequeñas empresas en las zonas costeras, así como el establecimiento de programas de apoyo a largo plazo;

X. El desarrollo y aplicación de mecanismos y tecnologías que aumenten la seguridad de las zonas costeras y minimicen los impactos a los ecosistemas costeros, promuevan su preservación y recuperación así como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, y

XI. La promoción de la cultura, la educación continua y capacitación en las zonas costeras, así como el apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico, la divulgación científica y la transferencia del conocimiento y tecnologías, fomentando los mecanismos de vinculación entre los académicos o investigadores y los usuarios de los servicios y el uso de las investigaciones.

Los instrumentos que se apliquen deberán observar las disposiciones contenidas en los acuerdos y tratados comerciales internacionales de los que México sea parte.

Sección Primera
De las Atribuciones de la Federación

Artículo 25. Las atribuciones que esta Ley otorga a la Federación, serán ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal a través de las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, de conformidad con las facultades que les confiere esta Ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes.

Artículo 26. Todas las dependencias del gobierno federal deberán coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales que incluye el seguimiento de los compromisos adquiridos en las materias que se vinculan con el objeto de la presente Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 27. Son atribuciones de la Federación:

I. Formular, conducir y coordinar la política nacional en materia de gestión integral y sustentable de las zonas costeras;

II. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, convenios y programas conjuntos entre sus dependencias, entre ellas y los estados y municipios costeros;

III. Participar en la elaboración y ejecución de las directrices que se deriven del Marco Estratégico de Gestión Costero así como convocar a entidades federativas y municipios, según corresponda, para el desarrollo de estrategias conjuntas en las zonas costeras;

IV. El cumplimiento efectivo de los tratados internacionales de los que México es Parte en materia de preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que integran los ecosistemas costeros, la protección al ambiente y el cambio climático y demás instrumentos internacionales en las materias que se vinculan con el objeto de la presente Ley;

V. Participar en la delimitación, determinación y declaración de las zonas federales marítimo terrestres;

VI. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan;

VII. Diseñar, organizar y aplicar los instrumentos de Política Costera previstos en esta Ley, garantizando una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el marco del Servicio Nacional Costero;

VIII. Elaborar, coordinar y aplicar los programas a que se refiere esta Ley en materia Costera, en los ámbitos nacional y regional, tanto de proyección sexenal, así como de más largo plazo;

IX. Incorporar en los instrumentos de política ambiental como el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, los Programas de Ordenamiento Ecológico Marinos, la Evaluación de Impacto Ambiental y las áreas naturales de competencia federal, los criterios y directrices de la Política Costera;

X. Aplicar y promover, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, el establecimiento de sistemas y esquemas de ventanilla única para la atención eficiente de los diversos usuarios;

XI. Realizar el Inventario Nacional Costero y determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a los estados y municipios;

XII. Participar en la zonificación y subzonificación costera del país;

XIII. Prevenir la degradación de la vegetación, suelo y ecosistemas costeros, crear y mantener Áreas Naturales Protegidas, corredores biológicos, Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, pago por servicios ambientales, y otras modalidades de conservación, en el ámbito de su competencia, con la participación que corresponda a los estados y municipios costeros;

XIV. Diseñar, organizar y administrar el Inventario Nacional Costero;

XV. Emitir normas para la recuperación de las zonas costeras, de conservación y restauración y vigilar su cumplimiento;

XVI. Elaborar y expedir normas oficiales mexicanas en materia costera y vigilar su cumplimiento;

XVII. Elaborar y adoptar metodologías, tomando en consideración, en su caso, parámetros internacionales, para la valoración de los bienes y servicios ambientales en las zonas costeras;

XVIII. Establecer las bases e instrumentos para promover un mercado de bienes y servicios ambientales, así como para promover la compensación por los bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas costeros;

XIX. Celebrar acuerdos de coordinación, cooperación y concertación en materia costera en el ámbito nacional e internacional;

XX. La inducción y concertación con los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, así como generar mecanismos para impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos de las zonas costeras en la protección, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos;

XXI. Elaborar, coordinar y aplicar los instrumentos de política previstos en esta Ley, en los términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, en las materias de su competencia;

XXII. Formular, dirigir, coordinar y publicar el Marco Estratégico de Gestión Integral Costera y el Programa Nacional Costero, así como llevar a cabo su instrumentación, seguimiento y evaluación;

XXIII. Establecer procedimientos para realizar consultas públicas, atendiendo y escuchando a los sectores público, social y privado y a la sociedad en general, con el fin de formular el Marco Estratégico de Gestión Integral Costera y el Programa Nacional Costero;

XXIV. Diseñar, desarrollar, aplicar y propiciar, en coordinación con los estados y municipios costeros los instrumentos económicos para promover el desarrollo sustentable en las zonas costeras;

XXV. La creación y regulación del Fondo Costero Mexicano;

XXVI. Coordinar las acciones de prevención y combate de inundaciones Costeras, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Inundaciones, con la participación que corresponda a los Estados y Municipios costeros y al Sistema Nacional de Protección Civil;

XXVII. Deslindar, poseer y administrar los terrenos nacionales en las zonas costeras;

XXVIII. Promover el uso de prácticas, métodos y tecnologías que conlleven a un manejo integral costero sustentable;

XXIX. Promover e invertir en el mejoramiento de todo tipo de infraestructura en las zonas costeras;

XXX. Llevar a cabo las visitas de inspección y labores de vigilancia en las zonas costeras;

XXXI. Emitir recomendaciones a las entidades federativas y municipios, con la finalidad de promover las acciones en materias objeto de la presente Ley;

XXXII. Regular, expedir y validar la acreditación de zonas, bienes y servicios de las zonas costeras y vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley;

XXXIII. Imponer medidas de seguridad y sanciones a las infracciones que se cometan en cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

XXXIV. Participar en programas integrales de desarrollo sustentable costero junto con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el marco del Servicio Nacional Costero;

XXXV. Definir las regulaciones del uso del suelo en terrenos costeros;

XXXVI. Expedir las autorizaciones de cambio de uso del suelo de los terrenos costeros sujetos a la propiedad, custodia o administración de la federación, de manera consensuada con los estados y Municipios, así como coadyuvar con los municipios costeros para controlar y vigilar el uso del suelo en las zonas costeras, bajo su custodia, posesión o administración;

XXXVII. Elaborar estudios para, en su caso, recomendar al Ejecutivo Federal el establecimiento, modificación de las declaratorias y demás instrumentos que se señalan en la presente ley, con la finalidad de preservar y garantizar el desarrollo sostenible de las zonas costeras del país;

XXXVIII. Expedir las autorizaciones, permisos licencias en el ámbito de su competencia para el aprovechamiento sustentable de los recursos incluyendo las de impacto ambiental, cambio de uso de suelo costero, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de manera consensuada con los estados y Municipios Costeros;

XXXIX. Regular, controlar y evaluar la prestación de los servicios técnicos costeros, y

XL. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

Sección Segunda
De las Atribuciones de los Estados Costeros

Artículo 28. Son atribuciones de los Estados Costeros:

I. Participar en los trabajos previos y en la formulación de los proyectos para la delimitación, determinación y declaración de las zonas costeras de manera conjunta y coordinada con la Federación y los Municipios costeros de su Estado, según corresponda;

II. Formular con la participación de los municipios costeros, los programas de prevención de desastres;

III. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con el gobierno federal en las materias objeto de la presente Ley;

IV. Gestionar y administrar fondos locales para apoyar e implementar el desarrollo de acciones en la materia;

V. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento del programa estatal en la materia e incorporar metas e indicadores de cumplimiento de las acciones;

VI. Participar con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal   en la elaboración de planes de manejo y de Normas Mexicanas y Normas Oficiales Mexicanas de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y otras disposiciones aplicables;

VII. Integrar el Consejo Estatal Costero para promover la participación activa de las comunidades y los productores costeros y participar en la operación del Fondo Mexicano Costero;

VIII. Establecer, operar y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información Pesquera y Acuícola;

IX. Participar en la integración del Sistema Nacional de Información Costera, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como integrar y operar el sistema estadístico costero estatal y proporcionar la información estadística local a las autoridades federales competentes;

X. Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal Costero con carácter público y participar en la integración del Registro Nacional Costero, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XI. Promover y apoyar la construcción, mejora y equipamiento de la infraestructura en las zonas costeras, así como la creación y operación de esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo sustentable de las mismas;

XII. Participar en la formulación, implementación y ejecución de los programas de ordenamiento territorial en las zonas costeras;

XIII. Promover la investigación aplicada y la innovación tecnológica de las zonas costeras;

XIV. La aplicación de los instrumentos de política costera, previstos en las leyes locales en la materia, así como en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación;

XV. Coordinarse con la Federación, sus Municipios y con otras Entidades Federativas, para la autorización en materia de impacto ambiental de los desarrollos inmobiliarios en las zonas costeras;

XVI. Promover mecanismos de participación pública de los productores en el manejo y conservación de los recursos de las zonas costeras conforme a lo dispuesto en esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales aplicables;

XVII. Expedir las autorizaciones en el ámbito de su competencia para el aprovechamiento sustentable de los recursos, incluyendo las de impacto ambiental, cambio de uso de suelo costero, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con la participación de la federación y del Municipio, correspondiente, y

XVIII. Las demás que les señale esta Ley.

Sección Tercera
De las Atribuciones de los Municipios Costeros

Artículo 29. Son atribuciones de los Municipios Costeros:

I. Participar en los trabajos previos y en la formulación de los proyectos para la delimitación y declaración de las zonas costeras de manera conjunta y coordinada con la Federación y el Estado, según corresponda;

II. Expedir las autorizaciones en el ámbito de su competencia, incluyendo las de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con la participación de la federación y del Estado, según corresponda;

III. El cobro de los derechos por concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, que les sean transferidos;

IV. Participar con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal en la elaboración de planes de manejo y de Normas Mexicanas y Normas Oficiales Mexicanas de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y otras disposiciones aplicables;

V. Integrar el Consejo Municipal para promover la participación activa de las comunidades y los productores costeros y participar en la operación del Fondo Mexicano Costero;

VI. Diseñar y aplicar la política y los programas municipales para las zonas costeras de su circunscripción vinculándolos con los programas nacionales, estatales y regionales;

VII. Participar en la integración del Sistema Estatal de Información Costera;

VIII. Proponer a través del Consejo Estatal Costero, métodos y medidas para la preservación, recuperación y restauración de las zonas costeras;
IX. Formular los programas de ordenamiento ecológico local de las zonas costeras;

X. En coordinación con los gobiernos federal y estatal, participar en las acciones de sanidad costera, en los términos de esta Ley y de la legislación local;

XI. Promover y fomentar las actividades en las zonas costeras, en armonía con la preservación del ambiente y la conservación de la biodiversidad;

XII. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las autoridades competentes, en la inspección y vigilancia en su jurisdicción, y

XIII. Las demás que les señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 30. Con el fin de fortalecer la gestión integral de los municipios costeros promoviendo la continuidad, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, los institutos municipales de planeación, auxiliados por los consejos costeros municipales, serán las instancias de coordinación y concertación de acciones en el ámbito de su competencia, para llevar a cabo los objetivos de la presente Ley.

CAPÍTULO III
Del Sector Público Federal Costero

Artículo 31. Las dependencias del Ejecutivo Federal en las zonas costeras llevarán a cabo las atribuciones conferidas en la presente ley de conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por los reglamentos respectivos.

Artículo 32. Corresponde a la Secretaría de Gobernación además de las facultades que las leyes le confieren originalmente:

I. Promover que los gobiernos estatales y de los municipios costeros, según corresponda, elaboren y mantengan actualizados sus respectivos programas de protección civil y formen parte de sus planes de desarrollo;

II. Coordinar las acciones de de protección civil, así como las de prevención, auxilio, apoyo y recuperación en casos de desastre en las zonas costeras;

III. Promover el establecimiento de programas básicos de seguridad, para hacer frente a agentes perturbadores recurrentes o imprevistos en las zonas costeras, y

IV. Promover el desarrollo de estudios e investigaciones en las zonas costeras sobre la acción, peligros, riesgos y daños provenientes de agentes perturbadores, así como de nuevos mecanismos de prevención y auxilio, propiciando la formación de nuevos grupos de investigación en los tres órdenes de gobierno.

CAPÍTULO IV
De la Comisión Nacional Costera

Artículo 33. La Comisión Nacional Costera, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. El objeto de la Comisión será desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materias objeto de la presente Ley, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política nacional costera y sus instrumentos.

La Comisión tendrá su domicilio en una ciudad costera, con accesibilidad, pudiendo establecer delegaciones o gerencias regionales, estatales, así como representaciones en el extranjero que sean necesarias para cumplir con su objeto conforme a sus requerimientos y disponibilidad presupuestal.

Artículo 34. El patrimonio de la Comisión estará integrado por:

I. Los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos y obligaciones que le transmitan la Federación, los Estados, los municipios o cualquier otra entidad pública;

II. Las donaciones, herencias, legados, y aportaciones que otorguen particulares o cualquier institución pública o privada, nacional o internacional;

III. Las adquisiciones, créditos, préstamos y cooperaciones técnicas en numerario o en especie, que obtenga de cualquier dependencia o entidad pública, institución privada u organismos nacionales o internacionales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Las acciones, derechos o productos que por cualquiera título adquiera;

V. Los subsidios que los Gobiernos Federal, los Estatal, y Municipales le otorguen o destinen;

VI. Los fondos que se obtengan para el financiamiento de programas específicos;

VII. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste y por las actividades que realice;

VIII. Los recursos que se obtengan por la comercialización de sus obras literarias, derechos y demás que correspondan, y

IX. Los demás bienes, derechos y aprovechamientos que le fijen las Leyes y reglamentos o que provengan de otros fondos o aportaciones.

Artículo 35. La Comisión tendrá como órgano de gobierno a una Junta de Gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las Secretarías de Gobernación, la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua.

La Junta será presidida por Presidente de la República.

Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma. Por cada integrante de este órgano colegiado deberá nombrar un suplente con nivel jerárquico de Subsecretario; en el caso de la Comisión Nacional del Agua, deberá tener nivel de Subdirector General.

Artículo 36. La Comisión estará a cargo de un Director General quien será designado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, debiendo recaer tal nombramiento en la persona que reúna los requisitos previstos en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

El Director General representará legalmente a la Comisión en el cumplimiento de su objeto, adscribirá las unidades administrativas de la misma, administrará sus bienes, expedirá sus manuales, tramitará ante las dependencias competentes el ejercicio del presupuesto aprobado, delegará facultades en el ámbito de su competencia y tendrá las demás atribuciones que le confieran las disposiciones legales o reglamentarias, así como el Estatuto Orgánico de la Comisión.

El Estatuto Orgánico de la Comisión determinará las bases de la organización, así como las facultades y funciones que corresponda a las unidades administrativas que integren el organismo.

Artículo 37. La Comisión tendrá a su cargo la ejecución de las atribuciones que la presente Ley le confiere, así como todas aquellas que sean necesarias para poder cumplir con su objeto.

Artículo 38. Para ello la Comisión ejercerá las siguientes atribuciones:

I. Participar en la formulación y aplicación de la política nacional costera;

II. Organizar y aplicar los instrumentos de política costera previstos en la presente Ley;

III. Participar en la elaboración del Marco Estratégico de Gestión Integral Costera con visión de largo plazo;

IV. Diseñar, instrumentar y operar en el ámbito de su competencia, estímulos, incentivos e instrumentos económicos en las materias objeto de la presente Ley;

V. Coadyuvar en la adopción y fortalecimiento del Servicio Nacional Costero;

VI. Integrar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Nacional Costero, así como participar en el diseño del mismo;

VII. Elaborar, integrar, organizar y mantener actualizada la zonificación y subzonificación costera con base en el ordenamiento ecológico del territorio y en los criterios, metodología y procedimientos que para tal efecto se establezcan;

VIII. Elaborar e integrar, bajo los lineamientos que para tal efecto se determinen, el Sistema Nacional de Información Costera para incorporarlo en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de los Recursos Naturales, y a los sistemas de información estadísticos y de información geográfica y documental;

IX. Participar en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas respecto de las actividades en las zonas costeras y en su vigilancia y cumplimiento;

X. Proponer la valoración de los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas costeros, conforme a las metodologías definidas por la Secretaría;

XI. Coadyuvar en la definición y promoción de mercados de bienes y servicios ambientales;

XII. Participar en la definición de mecanismos de compensación por los bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas costeros;

XIII. Coordinarse con las dependencias o entidades de la Federación, Estados y Municipios, a fin de que el desarrollo costero sea sustentable obedezca a políticas y criterios integradores, para lo cual podrá suscribir los acuerdos y convenios que sean necesarios;

XIV. Promover el desarrollo costero sustentable y de los recursos asociados para que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de los propietarios o poseedores de terrenos y de sus comunidades;

XV. Ejecutar y promover programas, de restauración, de protección, de conservación, de recuperación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas costeros y de los suelos en terrenos costeros;

XVI. Fomentar y favorecer la cadena productiva costera y de sus recursos asociados, impulsando actividades costeras diversificadas e integradas;

XVII. Coordinar con las autoridades estatales y municipales, los programas y acciones que coadyuven con los pueblos y comunidades indígenas en la conservación y mejoramiento de su lugar de residencia y a preservar la integridad de sus tierras, promoviendo el desarrollo sustentable de las mismas, con base en programas educativos de contenido costero;

XVIII. Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de los Estados y de los municipios, para la ejecución de programas de prevención y control de inundaciones costeros;

XIX. Brindar asesoría y capacitación a los pueblos y comunidades indígenas, para que éstos puedan organizarse para la producción y aprovechamiento sustentable de las zonas costeras en los términos previstos por esta ley y de acuerdo con sus usos y costumbres cuando así proceda;

XX. Ejecutar y promover los programas productivos, de restauración, de conservación, de recuperación y de aprovechamiento sustentable de suelos y sus ecosistemas;

XXI. Operar, ampliar y tener actualizada la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua, en las zonas costeras;

XXII. Realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico y de cultura, capacitación y educación en materia costero así como formular y coordinar la política de investigación en las zonas costeras y de desarrollo tecnológico;

XXIII. Promover actividades de investigación y desarrollo tecnológico y de cultura, capacitación y educación en materia costero así como formular y coordinar la política de investigación en las zonas costeras y de desarrollo tecnológico, a través y en coordinación con instituciones de educación e investigación;

XXIV. Efectuar campañas de difusión sobre el desarrollo costero sustentable;

XXV. Diseñar, proponer, desarrollar, evaluar y dar seguimiento a las políticas y estrategias de cooperación y financiamiento;

XXVI. Participar, en el ámbito de su competencia, en la política de manejo y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre que habita en zonas costeras, así como del aprovechamiento sustentable de los recursos costeros y sus recursos asociados;

XXVII. Formular, coordinar y evaluar los programas y acciones de saneamiento costero, así como la prevención, y control de inundaciones;

XXVIII. Impulsar y transferir funciones y recursos hacia los gobiernos de los estados y municipios en los términos de los convenios respectivos;

XXIX. Impulsar el uso de tecnología de la información en los trámites a su cargo, y

XXX. Las demás que le señale la presente Ley, el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

TÍTULO TERCERO
DE LA POLÍTICA NACIONAL COSTERA

CAPÍTULO I.
De los Criterios de la Política Nacional Costera

Artículo 39. En la formulación de la Política Nacional Costera se observarán los principios de:

I. Corresponsabilidad entre autoridades y particulares en la restauración, preservación del equilibrio ecológico, la protección del medio ambiente, en la adaptación al cambio climático;

II. Prevención, considerando que es el medio más eficaz para evitar los daños al medio ambiente y para preservar el equilibrio ecológico de las zonas costeras, así como para llevar a cabo acciones anticipadas frente a fenómenos naturales;

III. Precaución, considerando que cuando haya amenaza de daño en las zonas costeras, no deberá utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer llevar a cabo las medidas necesarias para enfrentarla;

IV. Integralidad y transversalidad, adoptando un enfoque de coordinación, colaboración y cooperación entre la federación, los Estados y Municipios Costeros y las distintas entidades y dependencias públicas, así como con organizaciones privadas y sociales para asegurar el alcance nacional de la instrumentación de la Política Nacional Costera;

V. Participación ciudadana, promoviendo la concertación de los sectores público, académico, social y privado en el diseño de planes, programas y acciones en las zonas costeras;

VI. El que contamina paga, para que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar a las zonas costeras, esté obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a reducir los costos que dicha afectación implique;

VII. Promoción e incentivo de conductas de protección y conservación del medio ambiente, para que quienes las realicen obtengan beneficios económicos en las zonas costeras;

VIII. Desarrollo sustentable, de manera que se promueva el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras en las costas mexicanas;

IX. Responsabilidades comunes pero diferenciadas y de acuerdo con sus respectivas capacidades, tomando en cuenta la diversidad regional y local en el territorio, en especial aquellas zonas y grupos sociales con mayor vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, y

X. Transparencia, acceso a la información y a la justicia, considerando que los distintos órdenes de gobierno deben facilitar y fomentar la concientización de la población, poniendo a su disposición la información relativa al cambio climático y proporcionando acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes.

CAPÍTULO II
De los Instrumentos de la Política Costera

Sección Primera
De la declaratoria de zona costera

Artículo 40. La declaratoria de zona costera es el acto mediante el cual el Presidente de la República, reconoce la superficie delimitada, determinada y declarada de manera conjunta y coordinada en la que la Federación, los Estados y Municipios Costeros, según corresponda, aplicarán las disposiciones legales y reglamentarias, normas oficiales mexicanas, políticas, programas y directrices de gestión integral y sustentables, incluye suelo y sus ecosistemas terrestres, acantilados, aguas y sus ecosistemas acuáticos, y aguas marinas y sus ecosistemas acuáticos.

Las declaratorias de zona costera serán establecidas por el Presidente de la República mediante decreto y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación. Sus modificaciones se realizarán con las mismas formalidades previstas para su aprobación.

Las declaratorias de zona costera serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de que se difundan a través de otros medios de información.

Artículo 41. Las solicitudes de declaratoria de zona costera podrán realizarse a través de:

I. Los gobiernos de los Estados Costeros con participación del Municipio que corresponda, y

II. Las dependencias o entidades federales.

Las disposiciones administrativas establecerán los procedimientos y demás requisitos para la emisión de las declaratorias de zona costera, así como del acceso a recursos para la realización de las acciones previstas en la presente Ley.

Sección Segunda
De la Planeación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de las Zonas Costeras

Artículo 42. La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de las zonas costeras forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, y estará a cargo de manera concurrente de la Federación, los Estados y los Municipios Costeros, de acuerdo a la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se llevarán a cabo a través de:

I. El programa nacional de zonas costeras;

II. Los programas estatales de zonas costeras;

III. Los planes o programas municipales de zonas costeras;

IV. Los programas coordinados de zonas costeras;

V. Los programas de desarrollo estatales y municipales, y

VI. Los programas municipales de desarrollo urbano.

Los planes o programas a que se refiere este artículo, se regirán por las disposiciones de esta Ley y en su caso, por la legislación estatal y por los reglamentos y normas administrativas estatales y municipales aplicables.

La Federación y las entidades federativas podrán convenir mecanismos de planeación regional para coordinar acciones e inversiones que propicien el ordenamiento ecológico del territorio en las zonas costeras, con la participación que corresponda a los municipios de acuerdo con la legislación local.

Artículo 43. El programa nacional de zonas costeras, en su carácter especial conforme a lo que señala la Ley de Planeación, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, y contendrá:

I. El diagnóstico de la situación de las zonas costeras en el territorio nacional, sus causas y consecuencias;

II. El patrón de distribución de la población y de las actividades económicas en las zonas costeras;

III. El Marco Estratégico para la Gestión Integral de las Zonas Costeras que contendrá las directrices aplicables;

IV. Las orientaciones para el desarrollo sustentable de las zonas costeras mexicanas, en función de sus recursos naturales, de sus actividades productivas, la resiliencia y del equilibrio entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales;

V. Las necesidades que en materia de desarrollo urbano planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población costera, así como valores de ocupación y uso del suelo para determinar los coeficientes y las densidades correspondientes;

VI. Las estrategias generales para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano y regional originados por la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

VII. Las políticas generales para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población costera;

VIII. Los lineamientos y estrategias que orienten la inversión pública y privada a proyectos prioritarios para el desarrollo urbano costero;

IX. Las metas generales en cuanto a la calidad de vida en los centros de población urbanos y rurales costeros del país, así como en las comunidades indígenas;

X. Los requerimientos globales de reservas territoriales para el desarrollo urbano costero, así como los mecanismos para satisfacer dichas necesidades, y

XI. Los mecanismos e instrumentos financieros para el desarrollo urbano costero.

XII. La congruencia de las estrategias y lineamientos con el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas sectoriales con los que converja.

Las autoridades de la Federación, los estados y los municipios en la esfera de sus respectivas competencias, harán cumplir los planes o programas de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, de ordenamiento ecológico del territorio y la observancia de esta Ley y de la legislación estatal de desarrollo urbano.

Sección Tercera
De licencias, permisos, autorizaciones y programas de ordenamiento
ecológico del territorio en las zonas costeras

Artículo 44. Las licencias, permisos y autorizaciones en materias objeto de la presente ley, así como las autorizaciones en materia de impacto ambiental en las zonas costeras, se emitirán de manera conjunta por la Federación, los Estados y Municipios Costeros, de conformidad con las disposiciones y procedimientos que se determinen en los convenios de coordinación respectivos.

Artículo 45. Las autorizaciones de impacto ambiental y demás licencias, permisos o autorizaciones que se otorguen por la federación, los estados y los municipios costeros conforme a las disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar la observancia de las disposiciones y los planes o programas materia de la presente Ley.

Artículo 46. Los gobiernos, federal, estatal y municipal en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones legales aplicables, expedirán los programas de ordenamiento ecológico del territorio en las zonas costeras, los que serán obligatorios y tenderá a preservar la vida, los bienes de la población, y mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante:

I. La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la población;

II. El desarrollo socioeconómico sustentable de las zonas costeras, armonizando la interrelación de las ciudades costeras, los ecosistemas costeros;

III. La infraestructura para el desarrollo, de protección civil y la distribución de equipamiento para tal fin;

IV. La distribución equilibrada y sustentable de las zonas costeras y las actividades económicas que en ellas se lleven a cabo;

V. La adecuada interrelación socioeconómica de las zonas costeras, con el resto del territorio, y

VI. El desarrollo sustentable de las zonas costeras.

Artículo 47. Los municipios costeros al decretar los programas de ordenamiento ecológico territorial locales, deberán considerar por lo menos:

I. Los lineamientos para la gestión del riesgo en las zonas costeras;

II. La reducción de vulnerabilidad de las zonas costeras, los criterios para la prevención de riesgo y control de inundaciones;

III. Los coeficientes de uso y de ocupación de suelo, así como las densidades en las zonas costeras y demás unidades de gestión en función de su capacidad de carga y su resiliencia, y

IV. Los mecanismos de adaptación al cambio climático en las zonas costeras.

Sección Cuarta
Del Sistema Nacional de Información Costera

Artículo 48. La Comisión regulará, emitirá las normas, procedimientos y metodología, a fin de integrar el Sistema Nacional de Información Costera, el cual tendrá por objeto registrar, integrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con las materias objeto de la presente Ley, que estará disponible al público para su consulta y que se integrará al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales y se articulará en lo conducente con el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural.

La información del Sistema Nacional de Información Costera se considera de interés nacional y público de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Artículo 49. Mediante el Sistema Nacional de Información Costera, se deberá integrar de forma homogénea toda la información en materia costera, incluyendo:

I. El Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente;

II. La generada por las instituciones públicas de educación e investigación públicas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Investigadores en lo correspondiente;

III. Del Registro Agrario Nacional;

IV. Del Registro Público de Derechos de Agua;

V. Del Registro Forestal Nacional;

VI. Los censos nacionales económicos y agropecuarios;

VII. La generada por las organizaciones o asociaciones y demás agentes de la sociedad costera;

VIII. Información internacional, nacional, estatal, regional y municipal, relativa a:

Los aspectos económicos relevantes de las actividades que se llevan a cabo en las zonas costeras;

• Condiciones climatológicas prevalecientes y esperadas;

• Las instancias de cooperación internacionales de investigación y desarrollo tecnológico costero;

• Las empresas nacionales e internacionales generadoras de tecnología;

• Las organizaciones y particulares, dedicados a la investigación; y

• Los indicadores de resultado, gestión, de desempeño y servicios para medir la cobertura, calidad e impacto de los proyectos y los programas que se derivan de la presente Ley.

Artículo 50. Las autoridades federales, estatales y municipales deberán proporcionar al Sistema, la información que recaben en el cumplimiento de sus atribuciones. Para la integración de la información al Sistema Nacional de Información Costera, la Comisión promoverá la creación de normas, procedimientos y metodologías que garanticen la compatibilidad y la responsabilidad de la información generada y de las autoridades involucradas en dicho proceso.

Artículo 51. La Comisión establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado el Inventario Nacional Costero, que será público y en él se inscribirán:

I. Los programas de ordenamiento ecológico, las licencias, permisos, autorizaciones, modificaciones y cancelaciones, así como las autorizaciones en materia de impacto ambiental, los programas de ordenamiento territorial y de ordenamiento ecológico del territorio y los documentos incorporados;

II. Las autorizaciones de cambio de uso de suelo;

III. Las declaratorias de zonas costeras, áreas naturales protegidas, zonas de protección, recuperación, restauración, de desastre y demás decretos que se emitan en las zonas costeras;

IV. Los actos de transferencia de dominio, uso, usufructo o prestación de servicios ambientales en las zonas costeras;

V. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, y

VI. Los demás actos y documentos que se señalen en el Reglamento de esta Ley.

El Inventario está obligado a proporcionar la información a todo solicitante, sin más exigencia que su previa identificación, y el pago de los derechos que correspondan, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

El Reglamento correspondiente determinará los procedimientos para la inscripción y otorgamiento de constancias de actos y documentos inscritos en el Inventario.


Sección Quinta
De las Normas Oficiales Mexicanas Y Normas Mexicanas aplicables en las Zonas Costeras

Artículo 52. Las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas en materia costera, en los términos establecidos en la Ley Federal de Metrología y Normalización, que tengan por objeto:

I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en ecosistemas o zonas costeras, en el desarrollo de actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos;

II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población residente y visitante, la conservación, protección, producción, aprovechamiento recuperación o restauración de los ecosistemas y zonas costeras;

III. La calidad de las aguas en las zonas costeras;

IV. Las especificaciones para mitigar los impactos de las obras de infraestructura y la distribución de equipamiento de protección civil, tendientes a sustentar los mecanismos de prevención, auxilio y apoyo;

Artículo 53. La calidad de las aguas en las zonas costeras se verificará a partir de las acciones de medición, monitoreo y seguimiento de los sitios en las que se dará seguimiento permanente y puntual a las sustancias contaminantes, toxinas y biotoxinas que la alteren y afecten su capacidad de carga, la recuperación de los ecosistemas costeros y la salud de sus habitantes y visitantes.

Los indicadores, sitios y demás elementos que se requieran para el monitoreo de calidad de las aguas en las zonas costeras se determinarán conforme a los parámetros contenidos en las directrices del Marco Estratégico de Gestión Integral de las Costas y en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas.

TÍTULO CUARTO
DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LAS ZONAS COSTERAS

CAPÍTULO ÚNICO
Del Aprovechamiento y Uso Sustentable de las zonas costeras

Artículo 54. La Comisión establecerá las medidas para el aprovechamiento sustentable de las zonas costeras incluyendo lo que requieren los ecosistemas costeros para su preservación, recuperación y restauración, así como sus servicios ambientales

Artículo 55. La Comisión Nacional del Agua, con el apoyo de la Comisión, establecerá reservas de agua para el aprovechamiento sustentable de las zonas costeras incluyendo lo que requieren los ecosistemas costeros para preservar sus servicios ambientales Las reservas potenciales de agua se declararán en las zonas costeras para la determinación de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas costeros de conformidad con lo que señale la presente Ley, la Ley de Aguas Nacionales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 56. Las concesiones en las zonas costeras serán otorgadas en los términos de las leyes respectivas y demás disposiciones aplicables.

Artículo 57. De acuerdo al artículo 7º, de la Ley General de Bienes Nacionales, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar son bienes de uso común del dominio público de la Federación e inalienables, imprescriptibles e inembargables y no son objeto de acción de posesión definitiva o provisional.

Los particulares y las instituciones públicas podrán usar, aprovechar y explotar los bienes del dominio público a través de un título de concesión o el permiso respectivo de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 58. Los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, incluyendo las de carácter militar, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios, se regirán por las disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 59. La Certificación Costera será el mecanismo voluntario a que se sometan las actividades costeras para su evaluación, calificación y seguimiento con el fin de lograr los objetivos de sustentabilidad, responsabilidad social de las empresas turísticas en las zonas costeras.

Artículo 60. Las disposiciones para la Certificación Costera y para la acreditación de recursos humanos y verificación de materiales y equipos se llevará a cabo de conformidad con lo que señalen las disposiciones aplicables.

TÍTULO QUINTO
DE LAS MEDIDAS DE PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE COSTERO

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 61. Es de orden público la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente costero, así como el dinámico de la línea de costa, así como prevenir la degradación de la vegetación, suelo y ecosistemas costeros.

Artículo 62. La federación establecerá en el ámbito de su competencia medidas de preservación crear y mantener Áreas Naturales Protegidas, corredores biológicos, Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, pago por servicios ambientales, y otras modalidades de conservación, en el ámbito de su competencia, con la participación que corresponda a los estados y municipios costeros;

Artículo 63. La preservación y mantenimiento de la línea de costa se llevará a cabo de manera coordinada, entre la federación los estados y municipios costeros según sea el caso de conformidad con lo que señale el reglamento.

Artículo 64. El Cambio de Uso del Suelo en los terrenos de las zonas costeras se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones legales aplicables con la participación de los gobiernos de los Estados y Municipios Costeros de conformidad con lo que señalen los convenios de coordinación respectivos.

Artículo 65. Para atender en su etapa preventiva los problemas asociados a las inundaciones y con el fin de reducir los daños, será prioritario:

I. Proteger a la población y sus bienes patrimoniales susceptibles de ser afectados por inundaciones; y

II. Proteger la infraestructura hidráulica y los bienes económicos de beneficio público asociados, generación de energía eléctrica, y abastecimiento de agua potable.


CAPÍTULO II
De la Preservación, Restauración y Recuperación

Artículo 66. Para la preservación, restauración y recuperación de las zonas costeras así como para el mejoramiento del capital natural, la valorización del paisaje y los servicios ambientales, se llevarán a cabo:

I. Obras de ampliación y rehabilitación de la infraestructura urbana, de protección y productiva en la zona costera;

II. Obras de mantenimiento de la infraestructura urbana, de protección y productiva en la zona costera;

III. Acciones de recuperación y reinserción de especies vegetales y animales nativas;

IV. Retiro y control de especies invasoras, maleza acuática y residuos sólidos, con la finalidad de mantener la salud de los cuerpos de agua y su capacidad para drenar y controlar las crecientes.

Artículo 67. La preservación y protección de los humedales costeros se llevará a cabo de conformidad con lo que señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y demás disposiciones aplicables para su protección, preservación, recuperación y restauración.

Artículo 68. La protección, preservación recuperación y restauración de las dunas costeras se llevarán a cabo de conformidad con los programas de ordenamiento ecológico y los que para tal efecto se dicten de manera conjunta por la federación los Estados y Municipios Costeros atendiendo a lo que señalen los convenios de coordinación respectivos y en términos de las disposiciones que para tal efecto se dicten.

Artículo 69. La Comisión deberá llevar a cabo acciones e imponer medidas para prevenir la erosión y preservar la estabilización de los sistemas litorales.

Artículo 70.Se prohíbe la extracción, transporte, almacenamiento de arena sin las autorizaciones correspondientes en términos de las disposiciones que para tal efecto se dicten.

En los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se requiere de evaluación de impacto ambiental para la extracción de arena en las zonas costeras.

Artículo 71. Para otorgar las autorizaciones en materia de cambio de uso de suelo, de aprovechamiento de la vida silvestre, de impacto ambiental se deberá garantizar en todos los casos la integralidad de los ecosistemas costeros, así como de los humedales, manglares, marismas y duna considerando por lo menos:

I. La integridad del flujo hidrológico del humedal costero;

II. La integridad del ecosistema y su zona de influencia en la plataforma continental;

III. La preservación del manglar como comunidad vegetal;

IV. La productividad natural;

V. La resiliencia del medio ambiente costero;

VI. La capacidad de carga natural del ecosistema para todas las actividades que se desarrollen en la zona costera, ya sean permanentes, estacionales o momentáneas;

VII. La Integridad de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje;

VIII. La integridad de las interacciones funcionales entre los humedales costeros, los ríos, los acuíferos, la duna, la zona marina adyacente y los corales, y

IX. Los Servicios ambientales, ecológicos y eco fisiológicos estructurales del ecosistema como el agotamiento de los procesos primarios, estrés fisiológico, toxicidad, altos índices de migración y mortalidad, así como la reducción de las poblaciones principalmente de aquellas especies en status.

Artículo 72. Las marismas son bienes del dominio público de la Nación en los términos que señala la Ley General de Bienes Nacionales. Su carácter de bienes de la nación prevalece sobre cualquier titulo o acto de los particulares.

La protección, preservación y restauración de las marismas se realizará de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO III.

Sección Primera
De los Servicios Ambientales

Artículo 73. Para los efectos de la presente Ley los servicios ambientales en las zonas costeras, son los beneficios que la gente recibe de los diferentes ecosistemas costeros, de manera natural o por medio de su protección o aprovechamiento sustentable, a nivel local, regional o nacional a través de mecanismos de pago por Servicios Ambientales como instrumentos financieros que expresan el reconocimiento de beneficios económicos asociados al mantenimiento y/o producción de tales servicios.

Artículo 74. El pago por servicios ambientales es un mecanismo de compensación y contraprestación económica a través del cual los beneficiarios o usuarios del servicio retribuyen a los proveedores o custodios del mismo. Con esos recursos el proveedor de servicios ambientales debe adoptar prácticas de manejo dirigidas a elevar o al menos mantener la calidad del servicio ambiental ofrecido.

Se pueden establecer el pago de los servicios ambientales para compensar el costo de oportunidad de actividades productivas o extractivas que pongan en riesgo el servicio en las zonas costeras.

Sección Segunda
Responsabilidad por el Daño Ambiental en las Costas

Artículo 75. De conformidad con lo que señala el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acciones colectivas, las personas físicas o morales que lleven a cabo actividades o construyan, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen daño a los ecosistemas costeros, asumirán la responsabilidad de reparar el daño ambiental causado, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales que procedan, y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño, o cuando no fuere posible, mediante el pago de una indemnización fijada en términos de Ley por la autoridad competente.

Artículo 76. La Comisión intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas costeros, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de Ley.

Artículo 77. La Comisión, con apoyo de los Gobiernos de los Estados y de los municipios costeros competentes, intervendrá para que se instrumente la reparación del daño ambiental en los bienes de propiedad nacional de las zonas costeras causado por extracciones o descargas de agua, en los términos de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

TÍTULO SEXTO
DEL FOMENTO AL DESARROLLO COSTERO

CAPÍTULO I
Del Fondo Costero Mexicano

Artículo 78. El Fondo Costero Mexicano será el instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable, la restauración de los ecosistemas costeros y la recuperación de las zonas costeras, facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la sustentabilidad y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales.

Artículo 79. El Fondo Costero Mexicano operará a través de un Comité Mixto, en él habrá una representación equilibrada y proporcionada del sector público federal, así como de las organizaciones privadas y sociales Costeros.

Artículo 80. La existencia del Fondo no limita la creación de diversos fondos privados o sociales que tengan una relación directa con el desarrollo sustentable costero.

Artículo 81. El Fondo Costero Mexicano se podrá integrar con:

I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales y municipales;

II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales;

III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e internacionales;

IV. El producto de sus operaciones y de la inversión de fondos libres en valores comerciales o del sector público;

V. El cobro por bienes y servicios ambientales y por asistencia técnica;

VI. La transferencia de recursos de los usuarios de las cuencas hidrológicas, y

VII. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

Los recursos que el Fondo Costero Mexicano obtenga por el cobro de bienes y servicios ambientales se entregarán directamente a los proveedores de dichos servicios y una parte se destinará a cubrir los costos de esta operación.

Las aportaciones que las personas físicas o morales de carácter privado hagan al Fondo Costero Mexicano serán deducibles del Impuesto sobre la Renta.

CAPÍTULO II
De la Infraestructura para el Desarrollo Costero

Artículo 82. La Federación, a través de las dependencias y entidades competentes, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios costeros, promoverá el desarrollo de infraestructura para el desarrollo sustentable de las zonas costeras rurales, de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las cuales consistirán en:

I. Electrificación;

II. Obras hidráulicas;

III. Obras de conservación de suelos y aguas;

IV. Construcción y mantenimiento de caminos de acceso;

V. Acciones para la prevención y control de inundaciones, y

VI. Las demás que se determinen como de utilidad e interés público.

A fin de lograr de desarrollo sustentable de las zonas costeras, en la ampliación y modernización de la infraestructura se atenderán las necesidades de los ámbitos social y económico de las regiones, cuencas, subcuencas y zonas con mayor rezago económico y social.

El desarrollo de la infraestructura se sujetará a las disposiciones previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público promoverá incentivos fiscales para aquellos que inviertan en infraestructura a que se refieren las fracciones III, IV y V del presente artículo.

Artículo 83. La Comisión se coordinará con las Secretarías y entidades de la Federación que tengan a su cargo las funciones de impulsar los programas de electrificación, desarrollo hidráulico, conservación de suelos y aguas, infraestructura vial y de ampliación de la comunicación rural, para que la promoción de acciones y obras respondan a conceptos de desarrollo sustentable costero.

Artículo 84. La Comisión junto con la Secretaría de Gobernación, los Gobiernos de los Estados y de los municipios costeros promoverán la creación y construcción de infraestructura y la distribución de equipamiento de protección civil, tendientes a sustentar los mecanismos de prevención, auxilio y apoyo;

Artículo 85. La Comisión junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los Gobiernos de los Estados costeros promoverán la infraestructura vial en las zonas costeras del país, con el objeto de captar y colocar recursos para proyectos de apertura, mejoramiento, conservación y pavimentación, promoviendo la participación, colaboración, aportación y ejecución de los diferentes sectores productivos, vigilando su desarrollo; formándose comités de caminos costeros, los cuales podrán contar con su propia maquinaria.

Artículo 86. Las autoridades competentes vigilarán que la construcción de redes de electricidad, obras hidráulicas y caminos en zonas costeras, causen el menor daño a los ecosistemas costeros, respetando la densidad de la red de caminos y brechas.

Artículo 87. Las especificaciones para mitigar los impactos de las obras de infraestructura en las zonas costeras, se establecerán en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

CAPÍTULO III
De la Investigación para el Desarrollo Costero Sustentable

Artículo 88. La Comisión coordinará los esfuerzos y acciones que en materia de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica requiera el sector productivo e industrial y ambiental costeros del país y, con la opinión de los Consejos que correspondan, proveerá en materia de investigación costera para:

I. Formular y coordinar la política de investigación, apoyándose en los centros de investigación e instituciones de educación superior;

II. Identificar las áreas y proyectos prioritarios en materia en las que sea necesario apoyar actividades de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica;

III. Crear y coordinar mecanismos a través de los cuales se otorguen financiamientos para proyectos específicos a instituciones de educación superior públicas o privadas, centros de investigación o estudio, e instituciones públicas y privadas que demuestren capacidad para llevar a cabo investigaciones, desarrollo e innovaciones tecnológicas;

IV. Coadyuvar en la creación de programas con el objeto de que otras instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, destinen recursos a actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica;

V. Integrar y coordinar las investigaciones, los resultados obtenidos o los productos generados con los de otras instituciones vinculadas con el estudio, el aprovechamiento, la conservación y protección de los recursos naturales;

VI. Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico, particularmente en aquellas instituciones vinculadas directamente con la Comisión, con instituciones de educación superior, institutos, organismos e instituciones que demuestren contribuir con su trabajo a mejorar las actividades costeras;

VII. Promover la transferencia de tecnología y los resultados de la investigación requerida para conservar, proteger, restaurar y aprovechar en forma óptima y sustentable los ecosistemas costeros del país;

VIII. Promover el intercambio científico y tecnológico entre los investigadores e instituciones académicas, centros de investigación e instituciones de educación superior del país, así como con otros países, y

IX. Impulsar la investigación participativa con los pescadores, campesinos, productores, prestadores de servicios técnicos e industriales.

Artículo 89. En la formulación y coordinación de la política de investigación costera, la Comisión considerará las propuestas de otras entidades paraestatales, gobiernos de las entidades, consejos estatales de ciencia y tecnología, dependencias, institutos, instituciones de educación superior, así como de los sectores productivo e industrial y de la sociedad civil.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

CAPÍTULO I
Del Derecho a la Información, la Participación Social y de la Concertación

Artículo 90. Toda persona tendrá derecho a que las autoridades en materia de zonas costeras pongan a su disposición la información que les soliciten en los términos previstos por las leyes.

Artículo 91. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y de la Comisión, de acuerdo a sus atribuciones, promoverá la participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la política Costero a que se refiere esta Ley, con base al Sistema Nacional de Planeación Democrática, convocando a las organizaciones de pescadores, campesinos, productores, industriales, comunidades agrarias e indígenas, instituciones educativas y de investigación, agrupaciones sociales y privadas, asociaciones o individuos relacionados con los prestadores de servicios y demás personas interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas respecto de los programas e instrumentos de la política Costero nacional, regional, estatal, distrital o municipal.

Los acuerdos y convenios que en materia Costero celebre la Comisión con personas físicas o morales del sector público, social o privado, podrán versar sobre todos los aspectos considerados en los instrumentos de planeación del desarrollo Costero, así como coadyuvar en labores de vigilancia costera y demás acciones operativas previstas en esta Ley.

Artículo 92. El Consejo o los Consejos según corresponda, podrán proponer a la Comisión lineamientos para promover la participación de los sectores social y privado en la planeación y realización de las actividades tendentes a incrementar la calidad y eficiencia en la conservación, producción, protección, restauración, ordenación, aprovechamiento, manejo, industrialización, comercialización y desarrollo costero sustentable de la región, estado o municipio de que se trate. También propondrán normas y participarán en la elaboración, promoción y análisis de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas.

Artículo 93. Los dueños, concesionarios, posesionarios de predios en las zonas costeras, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, las organizaciones de productores y demás personas interesadas, podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo, financiamiento y fomento en las materias objeto de la presente Ley, las cuales serán concertadas con la Comisión, con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de los Estados y Municipios Costeros, para su aplicación.

Artículo 94. La Federación fomentará las acciones voluntarias de conservación, protección, restauración y recuperación costera que lleven a cabo los particulares, mediante:

I. La celebración de convenios entre la Comisión y los particulares, a efecto de constituir áreas de reserva y de seguridad, previendo los aspectos relativos a su administración y los derechos de los propietarios y posesionarios de los predios costeros;

II. Las medidas que a juicio de la Comisión, previa opinión del Consejo, contribuyan de manera especial a la conservación, protección y restauración de los ecosistemas costeros, así como a la recuperación de bienes y servicios afectados por inundaciones; y

III. La determinación de los compromisos que contraigan y de las obligaciones que asuman, en los términos de los programas a que se refiere esta ley.

Artículo 95. La Comisión para la realización de las actividades previstas en este capítulo, promoverá instancias públicas, privadas o mixtas para el aprovechamiento sustentable en las zonas costeras, la conservación de las cuencas hídricas, la forestación y la reforestación, para lo cual deberá coordinarse con las dependencias de la Administración Pública Federal competentes y con los gobiernos de los estados y de los municipios, con el objeto de apoyar las labores del sector social y privado en esta materia.

CAPÍTULO II
De los Consejos Costeros

Artículo 96. Se crea el Consejo Nacional Costero, como órgano de carácter consultivo y de asesoramiento en las materias que le señale esta ley y en las que se le solicite su opinión. Además, fungirá como órgano de asesoría, supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de los criterios de política costera y de los instrumentos previstos en esta Ley. Invariablemente deberá solicitársele su opinión previa en materia de planeación costera, reglamentos normas, programas de ordenamiento ecológico del territorio, de áreas naturales protegidas y programas de desarrollo urbano de las zonas costeras.

Artículo 97. El Reglamento Interno del Consejo establecerá la composición y funcionamiento del mismo, en el que formarán parte entre otros, y en el número y forma que se determine, representantes de la Secretaría, de la Comisión y de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas, así como por representantes de los prestadores de servicios técnicos costeros, instituciones académicas y centros de investigación, agrupaciones de propietarios costeros y empresarios, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de carácter social y privado, relacionadas con las materias objeto de la presente Ley.

El Reglamento especificará el procedimiento en el que la convocatoria para la incorporación proporcional y equitativa de los sectores profesionales, académicos, sociales, ejidos, comunidades indígenas, pequeños propietarios e industriales, y otros no gubernamentales relacionados con los asuntos costeros, sea pública, proporcional y equitativa.

Dicho Consejo será presidido por el titular de la Secretaría, contará con una presidencia suplente a cargo del titular de la Comisión, un Secretario Técnico designado por el titular de la Comisión, así como con un suplente de éste que será designado por el titular de la Secretaría.

Artículo 98. La Secretaría y la Comisión, junto con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, promoverán la integración de Consejos Costeros Regionales y Estatales, como órganos de carácter consultivo, asesoramiento y concertación, en materias de planeación, supervisión, evaluación de las políticas y aprovechamiento, conservación y restauración de los ecosistemas costeros y recuperación de las zonas costeras. Se les deberá solicitar su opinión en materia de normas oficiales mexicanas.

En ellos podrán participar representantes de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, de los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, de ejidos, comunidades indígenas, pequeños propietarios, prestadores de servicios, industriales, y demás personas físicas o morales relacionadas e interesadas en cada una de las demarcaciones. Se establecerá la vinculación con los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, en los ámbitos previstos por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 99. En las leyes locales que se expidan en la materia, se establecerá la composición y atribuciones de los Consejos Costeros Estatales, sin perjuicio de las atribuciones que la presente Ley les otorga.

En la constitución de estos Consejos se propiciará la representación proporcional y equitativa de sus integrantes y que sus normas de operación interna respondan a las necesidades, demandas, costumbres e intereses de cada territorio o demarcación.

La Secretaría y la Comisión promoverán y facilitarán la comunicación de los Consejos nacional, regionales o estatales, en el marco del Servicio Nacional Costero.

TÍTULO OCTAVO
DE LOS MEDIOS DE CONTROL, VIGILANCIA Y SANCIÓN

CAPÍTULO I
De los Medios de Control, Vigilancia y Sanción Costera

Artículo 100. Para verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que de ella deriven, la Comisión realizará los actos de inspección y vigilancia, que tendrán como función primordial la salvaguarda de las zonas costeras, así como la prevención de infracciones administrativas por conducto de personal debidamente autorizado, con la participación que corresponda a la Secretaría de Marina de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

La vigilancia costera estará a cargo de la federación a través de la Comisión Nacional Costera, las demás dependencias federales que tengan atribuciones al respecto y con el apoyo de las autoridades estatales y municipales costeras de conformidad con los convenios de coordinación que para tal efecto se dicten.

Artículo 101. La Comisión, en coordinación con los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales y con la colaboración de los productores pesqueros y acuícolas, comunidades indígenas, y otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Costera, especialmente en las zonas vulnerables, para enfrentar con diversas acciones, así como para prevenir actos sancionados por la presente Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 102. La Comisión dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales necesarios para la ejecución de las acciones previstas en el Programa y promoverá la participación de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren.

Artículo 103. La Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y sus Delegaciones estatales, tendrá como función primordial la salvaguarda y patrullaje de los recursos y ecosistemas costeros, así como la prevención de infracciones administrativas del orden federal en las zonas costeras.

Artículo 104. La Federación, en coordinación con los Gobiernos de los Estados y con la colaboración de los propietarios organizados, comunidades indígenas, los Gobiernos Municipales y otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará programas integrales de prevención y control de inundaciones, especialmente en las zonas críticas diagnosticadas previamente, para enfrentarla con diversas acciones, así como para prevenir actos indebidos como de cambio de uso del suelo, tráfico de especies y extracción de la arena de las playas.

CAPÍTULO II
De la Denuncia Popular

Artículo 105. Toda persona podrá denunciar ante las autoridades, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños a los ecosistemas costeros o daños a los recursos de las zonas costeras, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y las demás que regulen materias relacionadas con los ecosistemas costeros, sus recursos o bienes y servicios ambientales asociados a éstos.

El denunciante deberá aportar todos los elementos de prueba con que cuenten para sustentar su denuncia y se encauzará conforme al procedimiento establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Las denuncias a que se refiere este artículo, deberán ser turnadas a la Procuraduría de Protección y el Ambiente para el trámite que corresponda, o a las instancias correspondientes en el ámbito estatal y municipal.

CAPÍTULO III
De las Visitas y Operativos de Inspección

Artículo 106. Por conducto del personal autorizado se realizarán visitas u operativos de inspección, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas aplicables y las demás disposiciones que de ellos se deriven.

Los propietarios y poseedores de terrenos costeros, los titulares de concesiones, autorizaciones licencias o permisos, quienes realicen actividades en las zonas costeras, deberán dar facilidades al personal autorizado para la realización de visitas u operativos de inspección. En caso contrario, se aplicarán las medidas de seguridad y sanciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables.

Artículo 107. En el desarrollo de los procedimientos de inspección se deberá observar, las formalidades que para la materia señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Cuando de las visitas u operativos de inspección se determine que existe riesgo inminente de daño o deterioro grave a los ecosistemas costeros, o cuando los actos, hechos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición del decomiso como sanción administrativa, se podrá tomar alguna de las medidas de seguridad previstas en ésta  Ley.

CAPÍTULO IV
De las Medidas de Seguridad

Artículo 108. Cuando de las visitas u operativos se determine que existe riesgo inminente de daño o deterioro grave a los ecosistemas costeros, o bien cuando los actos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición de sanciones administrativas, la Secretaría podrá ordenar las siguientes medidas cautelares:

I. El aseguramiento precautorio de los bienes, vehículos, utensilios, herramientas, equipo y cualquier instrumento directamente relacionado con la acción u omisión que origine la imposición de esta medida;

II. La clausura temporal, parcial o total de las instalaciones, maquinaria o equipos, según corresponda o de los sitios o instalaciones en donde se desarrollen los actos que puedan dañar la biodiversidad o los recursos naturales, y

III. La suspensión temporal, parcial o total de las concesiones, permisos autorizaciones o licencias otorgadas a la actividad de que se trate.

A juicio de la autoridad, se podrá designar al inspeccionado como depositario de los bienes asegurados, siempre y cuando se asegure que los bienes les dará un adecuado cuidado.

La Secretaría podrá dar destino final a los bienes asegurados de manera precautoria y los recursos económicos obtenidos se depositarán hasta que se resuelva el procedimiento legal y, una vez emitido el fallo y la resolución cause efectos, estos recursos se entregarán a quien beneficie el sentido de la resolución. El Reglamento determinará los mecanismos para implementar esta disposición.

Artículo 109. Cuando se imponga alguna o algunas de las medidas de seguridad como medidas cautelares previstas en el artículo anterior, se indicarán, en su caso, las acciones que se deben llevar a cabo para subsanar las irregularidades que las motivaron, así como los plazos para realizarlas, a fin de que, una vez satisfechas, se ordene el retiro de las mismas.


CAPÍTULO V
De las Infracciones

Artículo 110. Son infracciones a la presente Ley:

I. Incumplir con las obligaciones o presentar inadecuadamente la información a que se refiere esta ley;

II. Prestar servicios técnicos costeros sin haber obtenido previamente las inscripciones en los registros correspondientes;

III. Contravenir las disposiciones contenidas en los decretos de declaratorias por los que se establezcan los instrumentos;

IV. Evitar prevenir, combatir o controlar, inundaciones o incendios en las zonas costeras;

V. Negarse, sin causa justificada, a prevenir o controlar inundaciones o incendios en las zonas costeras, en desacato de mandato legítimo de autoridad;

VI. Omitir ejecutar trabajos de conformidad con lo dispuesto por esta ley, ante la existencia inundaciones e incendios en las zonas costeras que se detecten;

VII. Provocar intencionalmente o por imprudencia, incendios en terrenos costeros;

VIII. Utilizar más de una vez, alterar o requisitar inadecuadamente, la documentación o sistemas de control establecidos;

IX. Depositar residuos peligrosos en terrenos costeros, sin contar con la autorización debidamente expedida para ello, y

X. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

CAPÍTULO VI
De las Sanciones

Artículo 111. Las infracciones establecidas en el artículo anterior de esta ley, serán sancionadas administrativamente, en la resolución que ponga fin al procedimiento de inspección respectivo, con una o más de las siguientes sanciones:

I. Amonestación;

II. Imposición de multa;

III. Suspensión temporal o definitiva, parcial o total, de las permisos, licencias o de la inscripción registral o de las actividades de que se trate;

IV. Revocación de la autorización o inscripción registral;

V. Decomiso de los bienes, así como de los instrumentos, maquinaria, equipos y herramientas y de los medios de transporte utilizados para cometer la infracción, debiendo considerar el destino y resguardo de los bienes decomisados, y

VI. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones, maquinaria y equipos de los centros de almacenamiento y transformación de materias primas costeras, o de los sitios o instalaciones donde se desarrollen las actividades que den lugar a la infracción respectiva.

En el caso de las fracciones III y IV de este artículo, la Secretaría ordenará se haga la inscripción de la suspensión o revocación correspondiente en el Registro Costero Nacional.

Artículo 112. La imposición de las multas a que se refiere el artículo anterior, se determinará en la forma siguiente:

I. Con el equivalente de 40 a 1,000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 111 de esta ley, y

II. Con el equivalente de 1,000 a 20,000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones IV, V y VI del artículo 111 de esta ley.

Artículo 113. Para la imposición de las multas servirá de base el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

A los reincidentes se les aplicará el doble de las multas previstas en este artículo, según corresponda.

Artículo 114. Las autoridades correspondientes fundamentando y motivando plenamente su decisión, podrán otorgar al infractor la opción de pagar la multa o realizar trabajos o inversiones equivalentes en materia de conservación, protección o restauración de las zonas costeras, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, éste no sea reincidente y no se trate de irregularidades que impliquen la existencia de riesgo inminente de daño o deterioro grave de los ecosistemas costeros.

Artículo 115. Las infracciones a esta ley serán sancionadas, tomando en consideración la gravedad de la infracción cometida y:

I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse así como el tipo, localización y cantidad del recurso dañado;

II. El beneficio directamente obtenido;

III. El carácter intencional o no de la acción u omisión;

IV. El grado de participación e intervención en la preparación y realización de la infracción;

V. Las condiciones económicas, sociales y culturales del infractor, y

VI. La reincidencia.

Artículo 116. Cuando se determine a través de las visitas de inspección, que existen daños al ecosistema, impondrá como sanción mínima al responsable la ejecución de las medidas de restauración correspondientes.

Cuando en una sola acta de inspección aparezca que se han cometido diversas infracciones, deberán ser sancionadas individualmente. Las actas que se levanten en casos de flagrancia, deberán hacer constar con precisión esta circunstancia.

La amonestación sólo será aplicable a los infractores por primera vez, a criterio de la Secretaría y servirá de apoyo para incrementar la sanción económica a los reincidentes.

Artículo 117. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la Comisión solicitará a las autoridades que los hubieren otorgado, la suspensión, modificación, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de todas las autorizaciones otorgadas para la realización de las actividades calificadas como infracciones. Esta atribución la ejercerá directamente a la Secretaría cuando le corresponda otorgar los instrumentos respectivos.

Artículo 118. Son responsables solidarios de las infracciones, quienes intervienen en su preparación o realización.

Para los efectos de esta ley, se considerará reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto en un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

CAPÍTULO VII
Del recurso de revisión

Artículo 119. En contra de los actos y resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, su reglamento y normas oficiales mexicanas que de ella emanen, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La substanciación del recurso de revisión, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en sus preceptos aplicables.

Artículo 120. Toda persona, grupo social, organización no gubernamental, asociación y sociedad podrá denunciar ante las autoridades correspondientes, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente, a los recursos naturales o a la salud en relación con las materias de esta Ley y demás ordenamientos que de ella emanen.

La tramitación de la denuncia popular a que se refiere este precepto, se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al contenido de esta Ley.

TERCERO.- Seguirán vigentes las concesiones, asignaciones, permisos certificados, inscripciones, constancias y, en general, todas las autorizaciones otorgadas a favor de las personas físicas o morales, de conformidad con el presente Decreto, así como los demás actos válidos que hayan sido inscritos en los Registros Públicos correspondientes.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 30 de abril de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Ángel Salvador Ceseña Burgoin.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 66 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS DE LECHE MATERNA Y FÓRMULAS LÁCTEAS

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 66 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable es la lactancia materna. La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, protege de enfermedades infecciosas y crónicas, potencializa el sistema inmunológico, además de generar  vínculos psicoemocionales entre madre e hijo, brinda confianza a edad temprana del recién nacido, ayuda a reducir el trauma post parto, y genera un ambiente cálido y armonioso para el neonato.

Aunque fisiológicamente todas las mujeres pueden amamantar y brindar esta forma natural de nutrición, también es cierto que existen casos y causas excepcionales en los cuales ya sea por cuestiones fisiológicas (niños prematuros o con insuficiencia ponderal al nacer), patológicas (madres infectadas de VIH), económico-sociales (lactantes y niños pequeños malnutridos, madres adolescentes y sus hijos lactantes, niños que se encuentran en circunstancias especiales, por ejemplo en una familia de acogida cuya madre sufra discapacidad física o mental, este encarcelada tenga problemas con drogas o alcohol), laborales (falta de tiempo y espacio para amantar a los recién nacidos hijos de madres trabajadoras), etc. Se impide esta vía de alimentación.

Motivo por el cual el mercado de alimentos, complementos y suplementos alimenticios es tan vasto y ofrece una amplia gama de alternativas  a los problemas de alimentación, de forma tal que podemos encontrar opciones que van desde; leches modificadas (de vaca y adicionadas con vitaminas y/o minerales), leches maternizadas (tratan de simular a la leche materna), leches a base de proteínas vegetales (para niños con alergias, a base de soya), especiales para prematuro (con menos cantidad de lactosa) y formulas especiales para determinas fisiopatologías (especiales para alergias a la caseína, errores en el metabolismo, reflujo, etc.), prácticamente en el mercado encontramos una solución para cada problema relacionado con nutrición y enfermedades que presentan los recién nacidos e infantes, situación que ha llevado a la industria farmacéutica a competir en el mercado de lácteos con gran relevancia en lo que a fórmulas especiales se refiere, y no resulta extraño el hecho de que el mercado de fórmulas lácteas prácticamente sea cautivo de este sector comercial.

La realidad es que justo este último punto no lleva a tratar como una necesidad imperiosa el regular con estándares que ofrezcan productos de calidad a costos accesibles a los productores de suplementos y fórmulas lácteas en el mercado. De forma tal que para los padres que enfrentan esta situación existan precios justos, información y orientación nutricional correcta y una correcta distribución y comercialización de estos productos, no solo atendiendo a los padres, sino salvaguardando el derecho del niño o niña que requiere una alimentación especial derivada de alguna cuestión física, patológica, social-económica, etc.

Cabe hacer mención que este tipo de suplemento y fórmulas lácteas no son proporcionadas por ninguna institución de salud, lo que representa en la mayoría de los casos un grave problema, ya que se vuelve inalcanzable para un padre o madre el tener acceso a este tipo de fórmulas lácteas, llevando a una situación apremiante económicamente hablando para el núcleo familiar y en un compromiso grave para la salud del niño o niña con necesidad de una alimentación especial, ya que  al no recibir la alimentación adecuada puede degenerar en un precario desarrollo, físico, mental, social, y en casos muy severos en la muerte del paciente, tal como las graves consecuencias para los pequeños con reflujo o alergias, etc.,

Con base en lo anterior, un padre de familia que gana el salario mínimo y tiene un infante con la prescripción de leche especial por algún problema de intolerancia a la lactosa cuyo costo por bote de 400gr es de promedio $200.00 y que dura aproximadamente 3 días para un bebe de 0 meses a 3 meses; a la semana estaría invirtiendo $400.00 pesos causando una seria merma a su economía familiar y es que de no hacerlo la vida y salud de su hijo es la que se ve en riesgo.

Este es un ejemplo para un pequeño en el rango de 0 a 3 meses de edad y recordemos que conforme van creciendo las necesidades alimenticias y el incremento en porciones se hace mayor.

Es por ello que se hace un llamado a estandarizar el costo, pero también lo que ha reglas de comercialización y distribución se refiere, ya que por los altos costos este tipo de suplementos y fórmulas lácteas son de difícil acceso, volviendo un verdadero suplicio para los padres conseguirlos, pues solamente se encuentran en farmacias y/o centros comerciales de cadena, lo que implica una problemática más el desabastecimiento, y peor aún el lucro excesivo de farmacias o distribuidores sin escrúpulos.

Además de la importancia de seguir rescatando y destacando las ventajas y beneficios de la lecha materna, o las indicaciones y cuidados especiales de refrigeración y conservación de fórmulas lácteas y suplementos alimenticios que así lo requieran, ya que es de vital importancia en todos los caso la información adecuada que tanto padres e hijos deben y merecen recibir.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONA el artículo 66 bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 66 bis. La Secretaría, con opinión de la Secretaría de Economía y del Instituto Nacional de Nutrición, establecerá los parámetros que deben observar los productores de sustitutos de leche materna y fórmulas lácteas para asegurar su distribución y comercialización, estableciendo, además, precios máximos de venta al público.

Dichos productores deben sujetar la venta al público en los términos que establece el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad. En todos los casos, deben incluir la leyenda que señale las ventajas de la leche materna en la nutrición infantil.

TRANSITORIO

ÚNICO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 30 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Presentada por la Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN)

IRMA ZULEMA COBIÁN CHÁVEZ, SENADORA DE LA REPÚBLICA PARA LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON FUNDAMENTO EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO POR LOS ARTÍCULOS 8° NUMERAL I, FRACCIÓN I, 164 NUMERAL 3, 169 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI DEL ARTICULO 21 Y FRACCION XV DEL ARTICULO 22, RECORRIENDOSE LAS FRACIONES XI Y XV DE LOS ARTICULOS MENCIONADOS, DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los niños y niñas con discapacidad enfrentan distintas formas de exclusión y están afectados por ellas en diversos grados, dependiendo de factores como lo es  el lugar de residencia, la cultura, religión, grupo étnico o clase social a la cual pertenecen, otro factor crucial es el género, las niñas tienen menos probabilidades de asistir a la escuela, recibir formación profesional y encontrar empleo que los niños con discapacidad o las niñas sin discapacidad.

No es inusual considerar inferiores a las niñas y niños con discapacidad, intensificando su vulnerabilidad, la discriminación basada en la discapacidad se ha plasmado en la marginación de los recursos y de la toma de decisiones, e incluso en el infanticidio, es importante resaltar que la exclusión suele ser consecuencia de la invisibilidad, ya que pocos gobiernos en el mundo invierten parte de sus recursos para disponer de información fiable sobre cuántos de sus ciudadanos son niños y niñas con discapacidad, qué impedimentos tienen y cómo afectan a sus vidas, los niños así son excluidos son desconocidos para los sistemas sociales, educativos y de salud, por lo tanto, pierden el acceso a estos servicios, a los cuales tienen derecho, estas privaciones pueden tener efectos duraderos; por ejemplo: menos oportunidades de acceder a proyectos productivos o empleos bien remunerados más adelante en la vida, a la inversa, el acceso a servicios y tecnología de apoyo y su utilización, pueden hacer que un niño con discapacidad asuma su lugar en la comunidad y contribuya a ella.

En virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los gobiernos de todo el mundo han asumido la responsabilidad de garantizar que todos los niños y niñas, independientemente de su capacidad o discapacidad, disfruten de sus derechos sin discriminación de ninguna clase, estas dos convenciones dan testimonio de un creciente movimiento mundial en favor de la inclusión de los niños y niñas con discapacidad en la vida de la comunidad.

Ambas convenciones establecen que los niños y niñas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás, y que su inclusión va más allá de la “integración”, por ejemplo, en la esfera educativa, la integración significaría, sencillamente, admitir a los niños y niñas con discapacidad en las escuelas “generales”, la inclusión, sin embargo, solo es posible cuando el diseño y la administración de las escuelas permiten que todos los niños y las niñas participen juntos de una educación de calidad y de las oportunidades de recreación, esto supondría proporcionar a los estudiantes con discapacidad facilidades como acceso al sistema braille y al lenguaje de señas, y adaptar los planes de estudios, capacitar al personal de las escuelas y centros de atención infantil, con esto la inclusión hecha realidad tendría un beneficio en todo el mundo, dejando que la invisibilidad origine y perpetúe gran parte de las privaciones que sufren los niños y niñas con discapacidad.

Respecto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, documento aprobado y ratificado por el Estado Mexicano, los niños y niñas con discapacidad y sus familias tienen derecho a gozar de servicios proporcionados de forma gratuita como lo es la educación en sus diversas modalidades, acceso a centros de atención y a la protección social por parte del Gobierno de México. Para los niños y niñas con discapacidad y sus familias es vital y necesaria la ayuda otorgada por los gobiernos, en razón de que el costo de vida suele ser más alto para estas familias al perder oportunidades para obtener ingresos, además del tratamiento médico, los viajes, la rehabilitación u otros costos directos, las familias hacen frente también a costos de oportunidad, como los ingresos que dejan de percibirse cuando los progenitores u otros miembros de la familia abandonan sus empleos o reducen sus horas de trabajo para poder atender al niño con discapacidad, ya que en la actualidad la gran mayoría de centros de atención infantil (guarderías), escuelas de educación básica y media, por no contar con la capacitación en su personal o con la infraestructura requerida para la debida atención a niños y niñas con discapacidad, les niega el acceso a este derecho y como consecuencia sus familias se ven afectadas en su tiempo e ingresos económicos, por no contar con un lugar adecuado en el cual se garantice el cuidado, educación y seguridad de sus niños o niñas con discapacidad. 

En la actualidad nuestro país niega de manera desproporcionada el derecho a las familias con niños y niñas con discapacidad el acceso a los centros atención infantil (guarderías), lo cual causa un menoscabo a la familias, en razón de que al no tener un espacio o centro de atención adecuado con personal capacitado e infraestructura que permita se preste a niños o niña con discapacidad la atención y cuidado durante el tiempo que sus progenitores trabajen o realicen alguna actividad, siendo esto una realidad a pesar que la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, establece la obligación de que el estado deberá procurar el Desarrollo Integral Infantil, traduciéndose esto en el derecho que tienen niñas y niños a formarse física, mental, emocional y socialmente en condiciones de igualdad en centros de atención, por conducto de sus dependencias y entidades, de los Poderes

Ejecutivos de los Estados, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y de los Municipios, así como a los Poderes Federales Legislativo y Judicial y órganos constitucionales autónomos.

De igual forma la citada ley general establece el derecho que las Niñas y niños tienen a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez, sin discriminación de ningún tipo en los términos de lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo todo lo contrario ya que en la actualidad son escasos en los Estados de la República Mexicana los centros de atención infantil en cualquiera de sus modalidades que cuenten con personal capacitado e infraestructura para la debida prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral Infantil de niños y niñas con discapacidad, consecuentemente a esto, se niegue al derecho a las familias que tienen niños o niñas con alguna condición de discapacidad.

Reviste importancia mencionar que el espíritu de la presente iniciativa es dar certeza y procurar los derechos de los niñas y niños con discapacidad, a fin de que no se menoscaben estos y en específico se nieguen los servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil que prestan los Centros de Atención en cualquiera de sus modalidades, por el hecho de no contar con el personal debidamente capacitado y la infraestructura adecuada para debido desarrollo integral infantil de niñas, niños con discapacidad, es por ello que se propone otorgar al  Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, los Poderes Ejecutivos de los Estados, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y de los Municipios, así como a los Poderes Federales Legislativo y Judicial y órganos constitucionales autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, la obligación de crear programas muy específicos de capacitación para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil de niños y niñas con discapacidad, así como programas de adecuación en la infraestructura de los centros de atención y en su equipamiento, garantizando el acceso de niñas y niños a los servicios de los centros de atención en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único: SE REFORMAN Y ADICIONAN LAS FRACCIONES XI DEL ARTICULO 21 Y FRACCION XV DEL ARTICULO 22, RECORRIENDOSE LAS FRACIONES XI Y XV DE LOS ARTICULOS MENCIONADOS DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 21.- El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes atribuciones en materia de prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil:

I.- a X…

XI. Elaborar programas de capacitación para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil de niñas y niños con discapacidad, así como programas de adecuación en la infraestructura de los Centros de Atención y en su equipamiento en materia de discapacidad.

XII…

Artículo 22. Corresponde a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de los Estados y del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y la legislación local en la materia, las siguientes atribuciones:

I.- a XIV…

XV.- Ejecutar los programas de capacitación para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil de niñas y niños con discapacidad, así como programas de adecuación en la infraestructura de los Centros de Atención y en su equipamiento en materia de discapacidad, elaborados por el Poder Ejecutivo Federal en términos de la presente Ley. 

XVI…

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 30 de abril de 2015.

Sen. Irma Zulema Cobián Chávez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 341 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN MATERIA DE FILIACIÓN DE HIJOS NACIDOS EN MATRIMONIO

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 341 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años, en nuestro país hemos tenido avances sustanciales en materia de protección hacia los menores. Hoy contamos con un marco jurídico más fuerte y claro, destinado a hacer valer sus derechos y los diversos ordenamientos que pretender otorgar una protección más amplia a nuestra infancia.

Sin embargo, se ha pasado por alto el establecimiento claro y objetivo en el que el derecho puede acudir a la ciencia con el fin de obtener la verdad en cuanto a filiación se refiere, ya que si bien, hay múltiples formas de comprobar está ante una autoridad judicial, la científica constituye ser la más exacta e irrefutable prueba existente a la cual, se debería dirigir cualquier conflicto en esta materia para concluir con alguna controversia de manera directa y sin lugar a dudas, estamos ante un método comprobado e inequívoco.

La presente iniciativa parte de este entendido, sustentando con valor de prueba superior, basta y suficiente el análisis de ADN (ácido desoxirribonucléico) para su uso en los juicios civiles de reconocimiento o impugnación de paternidad como prueba pericial para determinar la filiación, misma que las partes no podrán rehusarse a su ejecución.

En este sentido, se pretende evitar que el demandado a quien se le solicite realizar la prueba se niegue a efectuarla, rehusándose a que se lleve a cabo el desahogo de la prueba, ya que aunque una de las partes puede solicitarla, o incluso el mismo juez la requiera, actualmente es posible negarse a realizarla, al no existir texto legal que indique su coacción u obligatoriedad, e incluso se han concedido amparos favorables para quienes han argumentado que esta prueba violentaba el derecho a la intimidad por  parte del presunto progenitor o era una prueba invasiva.

Sin embargo, cabe señalar que la toma de muestras para llevar a cabo un análisis de ADN realmente no puede considerarse como un acto invasivo, ya que la extracción de sangre implica un dolor mínimo y constituye un procedimiento común de la ciencia médica, por lo tanto, no se puede argumentar que es un acto cruel, inhumano o perjudicial y por ende, no existe razón suficiente para evitar o exentar la realización de la prueba.

Ahora bien, considerando lo establecido en el artículo 4 de nuestra carta magna, es un derecho de nuestra infancia tener cubiertas y satisfechas sus necesidades por parte de sus ascendientes, por ende, en los supuestos en el que exista un incumplimiento en el pago de alguna pensión alimentaria o se encuentre en alguna etapa procesal para el aseguramiento de esta, la aplicación de este proceso permitiría al juzgador establecer de una manera pronta la vinculación existente entre el padre o madre respectivamente con el hijo o los hijos, resolviendo inmediatamente la falta de reconocimiento paternal, que si bien, en las ciudades o entornos urbanos se esclarece habitualmente con la simple presentación de documentos públicos que demuestren esta relación, debemos considerar que existen aún muchas poblaciones rurales en las cuales se carece de esta prueba documental básica, al ser incluso inexistentes las actas básicas como las de nacimiento, o bien, por cuestión de antigüedad o migración, estas se perdieron en el tiempo.

En atención a esto, también se puede presentar el caso, muy probable dentro de la sociedad mexicana, en el cual el progenitor aun sabiendo su responsabilidad existente con su descendiente, decide eludir el pago de dicha pensión y cubrir las necesidades de sus hijos, negando su filiación o desconociendo plenamente a los menores, con el único fin, de evitar a toda costa, la implicación económica que para dicha persona podría implicar.

Por otra parte, también debe considerarse, que el conocimiento de filiación y de identidad, es un derecho que el menor tiene y por ende, la protección de este trasciende al ámbito privado al ser un asunto de interés público, mismo que nuestro país a reconocido en carácter internacional como es la Convención sobre los Derechos del Niño o en la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Por lo tanto, esta prueba nuevamente para ser un medio ideal para garantizar la protección de estos derechos que tiene la niñez mexicana, misma, que el Estado ha reconocido tener interés por velar y propiciar su cumplimiento.

Volviendo al objeto principal de la iniciativa, podemos notar que la opinión de la ciencia y la experiencia internacional con respecto de la prueba de ADN han concluido que esta constituye ser el método más preciso, confiable y contundente para el establecimiento de relaciones paterno-filiales, pues es la vía que hasta el día de hoy facilita la determinación de identidad por medio de la huella genética  y no arroja ningún tipo de información personalísima sobre otros aspectos genéticos ajenos a la materia del juicio en particular.

Desde hace algunas décadas, las pruebas de ADN han sido usadas en muchos países con una aceptación muy amplia, tanto de las autoridades como de la sociedad en general, y su uso abarca más que solo el reconocimiento de la paternidad, ya que sus resultados son tan precisos, se recurre a este análisis en materia de investigaciones criminales, identificaciones de personas, violaciones a derechos humanos, abusos contra la libertad, inmigración, secuestros, impugnación de testamentos, adjudicación de herencias o tráfico de recién nacidos, entre otros casos, por lo que su aplicación es especialmente eficiente al momento de determinar la identidad de un ser humano que carece de documentación alguna.

Por último, se puede concluir  que la utilización de esta prueba puede esclarecer múltiples conflictos en los que debe ser prioridad acudir a métodos científico-biológicos para dilucidar verdades históricas y por ende, situaciones jurídicas. Además, México debe adoptar medidas modernas y de vanguardia que garanticen la aplicación de las leyes de una manera justa y expedita, y este constituye una manera de alcanzar estas finalidades, al evitar el error o confusión e implementar metodología científica que ya es usada en muchos otros países para casos similares con un éxito comprobado y un margen de equivocación muy reducido y prácticamente inexistente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el artículo 341 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 341.- A falta de acta de nacimiento, o si éstas fueren defectuosas, incompletas o falsas, se probará la filiación con la posesión constante de estado de hijo nacido de matrimonio.

En defecto de esta posesión son admisibles para demostrar la filiación todos los medios de prueba que la ley autoriza, incluidos los que pudieran ofrecerse y validarse a través de pruebas científicas de carácter genético,  pero la testimonial no es admisible si no hubiere un principio de prueba por escrito o indicios o presunciones resultantes de hechos ciertos que se consideren bastante graves para determinar su admisión.

Si uno solo de los registros faltare o estuviere inutilizado y existe el duplicado, de éste deberá tomarse la prueba, sin admitirla de otra clase.

TRANSITORIO

ÚNICO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 30 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL

(Presentada por los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN)

Los suscritos, JUAN CARLOS ROMERO HICKS y MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, Senadores de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL, a la luz de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La integración de México al mundo y la dinámica social resultante de la globalización no solo ha tenido consecuencias económicas en nuestro país, sino que también ha impactado de manera significativa las relaciones sociales, culturales y familiares. Una de las consecuencias prácticas de esta realidad familiar multinacional es el aumento del número de peticiones de restitución para casos de sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo a cifras de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, tan sólo durante el 2014 el Estado Mexicano recibió 295 solicitudes de restitución que involucran a 421 niñas, niños y adolescentes y al día de hoy se tienen 397 casos abiertos en los que se solicita la restitución de 587 niñas, niños y adolescentes.

Es de notar que tanto la restitución y sustracción de niñas, niños y adolescentes, son fenómenos que suceden en ambas direcciones –desde el territorio nacional y el exterior-, y las cifras otorgadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores expresan el involucramiento directo de niñas, niños y adolescentes con nombre y apellido que se ven afectados en sus derechos básicos, mismos que han sido establecidos en el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes:

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

II. Derecho de prioridad;

III. Derecho a la identidad;

IV. Derecho a vivir en familia;

V. Derecho a la igualdad sustantiva;

VI. Derecho a no ser discriminado;

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

XI. Derecho a la educación;

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;

XV. Derecho de participación;

XVI. Derecho de asociación y reunión;

XVII. Derecho a la intimidad;

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y

XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

En días pasados la sociedad mexicana fue testigo de un lamentable episodio de nuestra historia en el que por una serie de omisiones, lagunas normativas y acciones descoordinadas entre las autoridades involucradas, una niña guanajuatense, fue enviada fuera del territorio nacional, sin tener certeza sobre su identidad, como fue demostrado días después, habiendo sido confundida como la reclamada en un proceso de restitución.

Nuestro país ha luchado por proteger, garantizar y posibilitar el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas y en los últimos años ha hecho un esfuerzo adicional por hacer especial hincapié en la salvaguarda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo reformas legales, rediseños institucionales y políticas públicas que hagan efectiva la salvaguarda y protección del interés superior de la niñez ante cualquier controversia de derechos y ante cualquier acto de autoridad en la materia que sea.

Prueba de ello y en concordancia con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que:

 “En todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

se aprobó la ya citada Ley General de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes, la cual contempla una serie de mecanismos para salvaguardar el interés superior de la niñez, el hacer efectivo y posible el ejercicio de sus derechos como titulares y las acciones a tomar por parte de las autoridades mexicanas para garantizarlos.

Fue así como se avanzó de manera contundente en la progresividad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia civil regulando los principios generales a los que deben sujetarse las decisiones relativas a la custodia, el derecho de ellos a convivir con ambos progenitores y varios aspectos relacionados con la adopción nacional e internacional, al mismo tiempo también contempló mecanismos de protección internacional para niñas, niños y adolescentes migrantes en territorio nacional, para aquellos fuera del territorio nacional y para los migrantes en retorno.

En este tenor, nuestro país se ha adherido a diversos instrumentos en la materia, entre los que se incluyen el Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.

Según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1991, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión aprueba la Convención de la Haya el día 13 de diciembre de 1990, cuyo instrumento de adhesión fue firmado el 29 de enero de 1991 y depositado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, el día 20 de junio de 1991. Dicha Convención entró en vigor en México el 1 de septiembre de 1991 y tiene como objetivo el de restituir inmediatamente a las niñas niños y adolescentes sustraídos ilícitamente al lugar en donde residían habitualmente, o en su caso, la de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de visita que alguno de los padres tengan sobre los mismos y en cuyo caso se establece en su artículo sexto que:

“Cada uno de los Estados contratantes designará una Autoridad Central encargada del cumplimiento de las obligaciones que le impone el Convenio.

Los Estados federales, los Estados en que esté vigente más de un sistema jurídico o los Estados que cuenten con organizaciones territoriales autónomas tendrán libertad para designar más de una Autoridad Central y para especificar la extensión territorial de los poderes de cada una de estas Autoridades. El Estado que haga uso de esta facultad designará la Autoridad Central a la que puedan dirigirse las solicitudes, con el fin de que las transmita a la Autoridad Central de dicho Estado.”

Por su parte, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores se ratifica el 25 de octubre de 1980, cuyo objeto se establece en su artículo primero y es:

“El asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado Parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente. Es también objeto de esta Convención hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guarda por parte de sus titulares”.

Para los efectos de esta Convención se establece en el artículo 7 que:

“Cada Estado Parte designará una autoridad central encargada del cumplimiento de las obligaciones que le establece esta Convención, y comunicará dicha designación a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos”.

Es así como a la firma de ambos Instrumentos se determina que será la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien fungirá como “Autoridad Central”.

Al respecto, El 13 de junio de 1955 entra en vigor el Estatuto de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, el cual funge como tratado constitutivo de las Conferencias Diplomáticas sobre Derecho Internacional privado celebradas en La Haya, Países Bajos desde el siglo antepasado. La Conferencia de la Haya tiene actualmente 79 miembros, entre los que se encuentran 78 Estados y una Organización Regional de Integración Económica. México, es miembro a partir de 1986 con la ratificación del Estatuto por el Senado de la República el 26 de diciembre de 1985.

De los tratados emanados de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, México ha firmado seis, entre los que se encuentran la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y el Convenio sobre la Notificación y el Traslado de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial.

De este último es del que surge la figura de “Autoridad Central” en sus artículos 2, 4, 18 y 21, la cual se considera “una gran aportación a nivel internacional y cuya función en este caso consiste en remitir en el Estado de destino, las peticiones de notificación o traslado procedentes de otro Estado contratante a la autoridad judicial o extrajudicial competente, a menos de que estime que las disposiciones del tratado no fueron respetadas. En este caso la figura de Autoridad Central se limita al Estado receptor, que en Convenciones posteriores se crea tanto para el Estado de origen, como para el de destino, ampliándose generalmente sus funciones”.1 De igual manera se especifica que cada Estado deberá designar a su Autoridad Central.

Cabe señalar que en México esta figura fue puesta en práctica desde el 28 de abril de 1978, en razón de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de Promulgación de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias que prevé la institución y, posteriormente, al ratificar otros tratados, destacando que desde su incorporación ha venido actuando con tal carácter la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a excepción de los acuerdos en materia familiar, en los cuales se ha preferido designar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.2

Resulta trascendental que tanto el Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores coinciden en que los principios de derecho civil internacional deben respetarse en todo momento; en que los trámites de restitución deben ser veloces para mitigar el impacto en el desarrollo emocional de las niñas, niños y adolescentes; en que el progenitor que reclame a este debe comprobar que tiene el derecho de guardia o custodia; y que para hacer efectivo el procedimiento de restitución debe haber una retención o sustracción ilegal.

Es claro que en el hecho reciente sucedido en el estado de Guanajuato, a pesar de contar con los tratados internacionales suscritos en la materia, guías para las mejores prácticas internacionales para actuar respecto al tema, un marco jurídico nacional que establece la obligación de las autoridades para garantizar el interés superior de la niñez, así como criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han establecido lineamientos que pudieran contribuir a la aplicación de los Convenios Internacionales siempre en beneficio de la niña, niño y adolescente; las autoridades mexicanas facultadas para intervenir en el procedimiento de restitución de niñas, niños y adolescentes, carecieron de protocolos o lineamientos de actuación en la materia.

Es por lo anterior, que se considera necesario fortalecer el orden jurídico nacional, con la finalidad de establecer principios básicos de actuación para todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno que intervengan en un procedimiento de dicha naturaleza, con el objeto de garantizar certeza jurídica a las partes y sobre todo velen por el interés superior del niño en todas las decisiones que ejecuten las autoridades involucradas y por lo tanto evitar controversias en el momento de instrumentación de los Convenios internacionales en la materia y así continuar con el esfuerzo progresivo de protección y garantía de los derechos de nuestros niños.

Por lo que consideramos que la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes debe contar con un apartado normativo que permita, en el ámbito de sus competencias, que todas las autoridades involucradas en un proceso de restitución puedan coordinarse, para en primer término garantizar que el interés superior de la niña, niño y adolescente sea salvaguardado en todo momento, se respeten los derechos procesales, familiares y especiales de los mismos, al tiempo que se tutelan los derechos y obligaciones de los progenitores, pero en ese orden.

Es con este único objetivo que se proponen, adiciones a la Ley para establecer medidas y procedimientos que contribuyan a los siguientes fines:

a) Contar con la información suficiente respecto a la identidad de la niña, niño o adolescente sustraído o retenido;

b) Contar con la información pertinente relativa a la presunta ubicación del mismo;

c) Garantizar su restitución voluntaria o facilitar una solución amigable;

d) Conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica, incluida la participación de un abogado;

e) Indicar las medidas indispensables para hacer efectivo el retorno; y

f) Proteger la seguridad e integridad de la niña, niño o adolescente.

Una vez puestos los principios generales a seguir, garantizando la convencionalidad, la constitucionalidad y la armonía con la legislación en materia de derechos humanos, deberán seguir reformas procesales a distintos ordenamientos jurídicos que permitan revisar desde cual es el mejor mecanismo judicial para hacer viable en la práctica lo contemplado en esta Ley.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un Capítulo Segundo denominado “De la Restitución Internacional de niñas, niños y adolescentes” al Título Cuarto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, incorporando los artículos 113 bis a 113 bis 7, para quedar como sigue:

TÍTULO CUARTO
De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Capítulo Primero
De los Centros de Asistencia Social

Artículos 107 a 113.…

Capítulo Segundo
De la Restitución Internacional de niñas, niños y adolescentes

Artículo 113 bis. El presente Capitulo se refiere a las medidas de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar el ejercicio, respeto y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los procesos de restitución internacional de menores sustraídos o retenidos ilícitamente.

Artículo 113 bis 1. De conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos en la materia, la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades judiciales o administrativas de los distintos órdenes de gobierno que intervengan en un procedimiento de restitución, deberán salvaguardar los principios rectores previstos en el artículo 6 de esta Ley; de forma que, cuando se presenten diferentes interpretaciones en su aplicación, se deberá elegir la que satisfaga de forma más efectiva dichos principios.

Artículo 113 bis 2. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá garantizar que las solicitudes de restitución cumplan con las condiciones requeridas, así como que éstas sean turnadas a las autoridades judiciales o administrativas competentes, conforme a lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos en la materia.

Artículo 113 bis 3. En la solicitud de restitución el Juez que intervenga en la atención de una carta rogatoria de restitución de un menor extranjero a su país de origen, deberá cuidar que el acto procesal encomendado se encuentre debidamente fundamentado y se lleve a cabo de acuerdo a las leyes procesales vigentes en territorio nacional.

Artículo 113 bis 4. Cuando una persona, institución u organismo sostenga que una niña, niño o adolescente, fue trasladado o es retenido ilícitamente en el extranjero, podrá acudir ante la autoridad competente para que, por su conducto, se haga llegar su petición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la Convención respectiva, para que con su asistencia se gestione la restitución de la niña, niño o adolescente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá otorgar, en todo momento, el acompañamiento respectivo a los padres, tutores o las personas que ejerzan la patria potestad o la guarda o custodia de la niña, niño o adolescente respecto del cual verse la solicitud de restitución.

Artículo 113 bis 5. El derecho de un menor a no ser desplazado de su residencia habitual deberá ceder frente a su derecho a no ser sujeto a mayores afectaciones en su integridad física y psicológica, en atención al interés superior de la niñez. Para ello, las autoridades facultadas a intervenir en el procedimiento, podrán dictar las medidas provisionales que estimen necesarias para salvaguardar la integridad del menor.

La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá garantizar que la restitución del menor no se lleve a cabo, hasta en tanto no quede objetivamente acreditada la identidad del niño, niña o adolescente.

Artículo 113 bis 6. Será obligatorio que en todo proceso relativo a la restitución de una niña niño o adolescente deberá intervenir el Ministerio Público, institución que estará obligada en todo momento a velar y resguardar los intereses de la niña, niño o adolescente y de las personas o instituciones que tengan asignada la guarda y custodia de los mismos.

Artículo 113 bis 7. En el procedimiento relativo a la restitución de un menor a su país de origen, debe otorgarse la posibilidad de defensa, tanto al menor como a la persona que represente sus intereses, para darles oportunidad de acreditar con los elementos de convicción conducentes:

I. Las razones por las cuales puede ser perjudicial la reintegración del menor;

II. Que la oposición a la restitución es legal; o bien,

III. Que se actualizan alguna o algunas de las excepciones extraordinarias previstas en los convenios internacionales suscritos en la materia.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores expedirá un protocolo único de actuación en materia de restitución internacional de menores conforme a lo previsto en el presente Decreto dentro de los noventa días naturales siguientes a su entrada en vigor.

ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 30 de abril de 2015.

Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez.

1 Contreras Vaca, Francisco José “Los Formularios que para la Elaboración de Exhortos Contemplan Algunos Tratados Atinentes a la Cooperación Procesal Internacional” en Estudios Jurídicos. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

2 Idem.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 414 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN MATERIA DE PATRIA POTESTAD

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 414 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vida moderna ha dado lugar a que se presenten múltiples fenómenos sociales dentro de la población mexicana, entre los cuales hemos podido notar que la figura jurídica de la patria potestad ha tomado un papel fundamental cuando nos referimos hacia los sujetos titulares del cuidado de los menores y sus bienes, de tal suerte, que últimamente hemos visto que el número de divorcios, madres solteras y menores en situación de abandono ha ido aumentando con el paso del tiempo.

Son múltiples los factores que han contribuido a que cada día existan más conflictos en cuanto a la patria potestad, ya que situaciones como las mencionadas en el párrafo anterior, en ocasiones dan lugar al desconocimiento o desacato por parte de los padres hacia sus hijos por los deberes que implica la atención, cuidado y responsabilidad que los mismos demandan, lo que por consiguiente termina dejando al menor en un estado de indefensión, vulnerable y sin el cuidado que requiere.

Por ende, la ley debe prever y tratar de erradicar estos supuestos, que también incluirían los accidentes o muertes que pueden presentarse y causan el mismo efecto y estado sobre los niños, dejándolos expuestos y descuidados al no contar con sus figuras paternas o maternas por cualquiera que fuese su caso particular.

En la actualidad, hace falta dotar a la ley de un efecto vinculante instantáneo para garantizar que los menores que pudieran llegar a quedar desprotegidos por diversas razones, cuenten con el apoyo de las personas que podrían estar más allegadas a ellos, o simplemente, que por mera razón del parentesco pudieran ofrecer el cuidado que llegaran a necesitar al ser personas que comparten una historia familiar y se conocen de alguna manera.

En este caso en particular, y en base a la experiencia nacional en la materia, se ha podido notar que por principios culturales, ideológicos y propios de las costumbres mexicanas, suele darse el caso de que en la mayoría de los hogares,  el menor conviva más con parientes maternos que con los paternos, esto debido a que habitualmente los niños suelen estar más con la madre, al ser ella en la mayoría de los casos quien los cuida y educa, e incluso acompaña durante su crecimiento en las diversas etapas de la vida, lo que conlleva una relación más amena o cercana con los hermanos o padres de la misma, que para el menor serían sus tíos o abuelos maternos.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala que debemos entender como concepto a la patria potestad como la regulación jurídica que se hace de los deberes y derechos que se reconocen a los padres en la legislación civil o familiar sobre los hijos y sus bienes, con el fin de proveer protección y desarrollo integral a los hijos menores, ante lo cual existen dos intereses primordiales, distinguidos entre la asistencia formativa y la asistencia protectiva o material1.

La intención suprema que da lugar a la finalidad de la patria potestad, es la firme convicción de velar por el sano desarrollo de los menores con un aspecto integral, mismo que se traduce en la formación completa y adecuada a cada etapa del ser, que no solo se limita a un aspecto económico, sino que también requiere de una atención espiritual, psicofísica, sociológica, ambiental y afectiva, aunado también a el buen ejemplo de sus padres, para que los niños encuentren el ambiente propicio para crecer e integrarse más adelante como personas funcionales para la sociedad y tengan una infancia plena, dando lugar a futuros adultos completos, que cuenten con buenos valores y contribuyan con sus pares.

En este sentido también cabe mencionar, que el Estado ha asumido como una de sus prioridades, el garantizar que los niños y niñas mexicanas, junto con los adolescentes sean protegidos ampliamente y ha desarrollado todo un marco jurídico e institucional facultado a velar por su cumplimiento, siendo además, de interés público el aplicar estas normas.

Ante estos argumentos, podemos señalar las disposiciones que menciona el artículo 4° constitucional que entre otros puntos, indica la protección que tienen los menores y redacta en el texto legislativo que deben satisfacerse sus necesidades, de igual manera, debemos notar que en apego a los derechos humanos, los niños gozan de una protección adicional al ser considerados como un grupo vulnerable dentro de la población por lo que su corta edad representa, además, México ha aceptado lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño y cuenta con leyes especiales como la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros documentos tanto nacionales como internacionales que consagran las derechos fundamentales de los menores.

En México hay niños que duermen en las calles, que se drogan, roban y se prostituyen, niños que tienen hambre, están desnutridos y enfermos, con pocas probabilidades de tener un desarrollo físico, intelectual, afectivo y emocional adecuado y con esas condiciones están condenados a sobrevivir con serias desventajas y limitaciones para enfrentar su vida como adultos, en muchas ocasiones, estas situaciones podrían evitarse con el cuidado adecuado y no dando lugar a su abandono ante la inexistencia de sus padres, sea física o voluntaria por parte de sus progenitores, de ahí la importancia de establecer a sus familiares como agentes que pueden reducir la probabilidad de que un menor caiga en este tipo de acciones.

Actualmente existen aproximadamente más de 40 millones de niños de los cuales, de acuerdo con algunas estimaciones, al menos 40 por ciento de ellos tienen que trabajar y dejar de lado las condiciones de salud y educación que todo niño debe tener para desarrollarse plenamente, en donde su único error ha sido, carecer de alguien que los cuide, obligándolos a buscar su propio medio de subsistencia.

Es por estas razones, que se considera que ante cualquier controversia que pudiera efectuarse y tuviera un alcance jurídico, debe darse preferencia hacia el vínculo materno, por lo que la relación con la madre presupone, ya que hasta la actualidad, suele darse frecuentemente el caso de ser el padre quien aporte el sustento del hogar y se desatienda de sus hijos, en el caso concreto de que esta figura exista y en muchos otros casos, es únicamente la madre quien procura a los menores, lo que conlleva a que ella y sus parientes lleven de primera mano el derecho a obtener la patria potestad, salvo que la situación llegara a ser diferente y sea la madre quien represente ser quien ha descuidado a los hijos o los ha abandonado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONA el artículo 414 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 414.- La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.

A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso y dando preferencia los parientes maternos.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 30 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

1 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3270/14.pdf





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS

(Presentada por los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, María Cristina Díaz Salazar, Héctor Larios Córdova, Fernando Yunes Márquez, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto y Armando Ríos Piter)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO K) DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, EN MATERIA DE REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO K) DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace varios años, diversas dependencias gubernamentales tanto internacionales como nacionales han prestado especial interés en desarrollar políticas en atención a la población con discapacidad, un grupo que suele estar en constante vulnerabilidad pese a los avances normativos que intentan dotarlos de las mismas oportunidades que al resto de la población.

Sin embargo, en la vida diaria, estas personas siguen enfrentando un conjunto de retos y adversidades y aún no se ha logrado reducir la brecha de exclusión que existe tanto de la sociedad en general como de la misma autoridad en algunos casos.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)1, define la discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación. La discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con un problema de salud (como pará- lisis cerebral, síndrome de Down o depresión) y factores personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social).

En ese sentido se puede demostrar que lograr que las personas con discapacidad se integren a la sociedad y gocen plenamente de sus derechos no solo requiere de una infraestructura especial o del tratamiento médico adecuado, sino también de su accesibilidad a programas sociales, ya que muchas personas que pertenecen a este grupo, carecen de medios económicos suficientes, ya sea por los gastos que implican sus tratamientos o bien, porque en muchos casos carecen de trabajo o algún tipo de apoyo gubernamental, lo que los obliga a depender económicamente de un tercero, o bien a vivir de limosnas.

De acuerdo con los últimos datos del Censo de Población y Vivienda proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) del 20102, en México existen alrededor de 5 millones  de personas con algún tipo de discapacidad, lo que se traduce en un 5% de toda la población.

Y es precisamente en el párrafo anterior en donde se encuentra la razón fundamental de la presente iniciativa, ya que si bien, el Censo Poblacional y el trabajo del INEGI nos permiten conocer cuántas personas existen con discapacidad, no sabemos qué tipo de esta presentan, ya que la estadística solo nos engloba a todas las personas que la presentan, pero solo se limita a dar el resultado general, reduciéndolo textualmente a el número de personas que cuentan con “algún tipo de discapacidad” jamás se otorga un dato preciso sobre las afecciones subdivididas.

En esta dirección es que debe considerarse realizar una base de datos más objetiva, que tendría múltiples resultados favorables para las personas que integran esta comunidad. Al conocer puntualmente el número de casos que presentan una u otra discapacidad, los programas sociales encaminados a atender a estas personas prestarían un mejor servicio o apoyo en atención a las necesidades específicas de cada subgrupo, por lo tanto, los programas serian focalizados y darían resultados más concretos.

Es decir, la idea tiene un eje central, tomando como ejemplo una población de 100 personas, no tiene caso otorgar 100 sillas de ruedas al considerar a todos por igual, cuando 50 requieren la silla, 20 muletas, 10 andaderas, 10 aparatos auditivos y 10 bastones guía para ciegos, por lo tanto, si desde un principio se conociera con exactitud el número de personas que tienen cierto padecimiento, se podría evitar comprar 100 sillas y se adaptaría el programa en función de las necesidades específicas de cada división.

Ahora bien, sabemos que la discapacidad se presenta de múltiples formas y afecta a cada individuo de una manera en particular, por ello, es un error generalizar cuando de hablamos de un grupo que a su vez está compuesto por personas diferentes que comparten únicamente una definición conceptual, pero requieren atenciones específicos con relación a su respectiva problemática individual.

Sumado a este contexto, en la  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH) realizada por el INEGI, reporto que existía un 6.6% de población con algún tipo de discapacidad, lo que representaría un incremento de más de 1% en comparación con el Censo de 2010 y además mostro que en su mayoría las personas con discapacidad en 2012, son adultos mayores (51.4 por ciento) y hay mayor presencia de hogares con personas con discapacidad en los deciles de ingreso más bajos que en los más altos, por lo tanto, son personas que representan altas posibilidades de requerir algún tipo de apoyo social.3

Por otra parte, dentro de este grupo, muchos no tienen algún tipo de cobertura médica           al carecer de trabajo, no cuentan con pensión, ni reciben ingresos por ningún medio, situación que agrava aún más su calidad de vida.

En este sentido, muchos más pertenecen a comunidades rurales y no solo carecen de atención médica, sino que dependen en gran parte de los subsidios o programas de apoyo para subsistir y al ser estos tan generalizados, en muchas ocasiones obtienen la ayuda que no es precisamente la más propia para su padecimiento.

Además, el contar con información desfasada o de varios años atrás impide que los programas se construyan con estimaciones o proyecciones, tomando en cuenta datos del pasado, sin embargo, tener una base de datos actualizada y detallada permitiría realizar mejores asignaciones y establecer reglas de operación adecuadas.

Si bien el INEGI  nos ha permitido comprender el grueso de esta población e incluso ha logrado dar informes con subdivisiones de discapacidades diferentes (motriz, visual, mental, etc.) hasta ahora no hemos sido capaces de tener datos actualizados y divididos de una manera menos general y más directa.

Cabe mencionar que en México desde la década de los años 80 se han gestado grandes avances legislativos en la materia, notando una evolución constante desde los primeros esfuerzos como los plasmados en la Ley General de Salud en favor de las personas con discapacidad de 1984 hasta el fortalecimiento institucional como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad  (CONADIS) e incluso los Derechos Humanos consagrados ya en nuestra Constitución en su artículo 1°.

Es por estas razones, que tener un registro permitiría realizar un mejor trabajo tanto a nivel gubernamental como para todas aquellas ONG que efectúan labores para este grupo de la población.

Nuestro país pretende reducir las brechas existentes en cuanto a discriminación y garantizar la inclusión de todos los mexicanos por igual hacia los diferentes programas sociales que actualmente se encuentran en ejecución, llevar a cabo lo planteado en esta iniciativa, pretende ser uno de esos elementos que coadyuven a entregar a la ciudadanía políticas de vanguardia que garantices las mismas oportunidades para todos por igual, sin distinción alguna.

Podemos concluir que muchos de los documentos actuales que consagran los derechos de los discapacitados son letra muerta a la hora de ponerse en marcha, puesto que sus derechos siguen siendo violados en la vida diaria, por ello es necesario eliminar las barreras, los obstáculos, los estereotipos, los conceptos erróneos que conducen a decisiones y políticas erróneas. Eliminar barreras creadas por la omisión de las responsabilidades, como el no considerar el impacto que tiene la desigualdad y la exclusión cotidiana de millones de personas como parte de la agenda de grandes problemas nacionales. La discapacidad comprende muchas variantes y por ende, nuestras estadísticas y bases de datos deberían contemplarlas si pretenden dotar de elementos justos las políticas encaminadas a garantizar su inclusión social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el inciso k) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 28.- El Organismo será el Coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones:

a) a j) (...)

k) Elaborar y actualizar el Directorio Nacional de las Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social, así como de una base nacional de datos de personas por tipo de discapacidad.

l) a z)...

TRANSITORIO

ÚNICO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 30 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

1 http://conadis.gob.mx/doc/banners/Informe_Mundial_sobre_la_Discapacidad_Resumen.pdf

2 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

3 http://www.conadis.gob.mx/contenido.php?menu=derechos&submenu=estadisticas






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN)

El suscrito, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, Senador de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, a la luz de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La asistencia social se constituye actualmente como una obligación estatal que ha permitido ampliar programas y servicios en el sentido de proveer de elementos compensatorios a los grupos vulnerables.

De esta forma, el desarrollo social y la asistencia pública se establecen como parte de las políticas del estado mexicano para combatir la pobreza extrema y proteger a los grupos vulnerables de este país, en especial a los que enfrentan altos grados de marginación social y económica; destacando entre estos los adultos mayores, las personas de capacidades diferentes, las mujeres embarazadas en situación de desventaja, y toda persona que no posea la capacidad financiera y laboral para satisfacer por cuenta propia sus necesidades más esenciales.

En el caso de los países en vías de desarrollo, esta función debería ser quizás de las prioritarias en la gestión gubernamental; sin embargo, en la realidad se puede ver que no es así. El desarrollo social a nivel federal en México, está cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la cual a través de una serie de programas intenta cumplir con esta función

Para el funcionamiento de la Secretaría, esta cuenta con diversos programas de apoyo a la sociedad, para acceder a ellos, es necesario que una persona adquiera el carácter de beneficiario, una vez que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley.

Sin embargo, en los años recientes se ha verificado por todo el país, en estados, municipios y en lo que corresponde al gobierno federal, la baja ilegal de personas adscritas como beneficiarios del desarrollo social, sin mediar motivo, justificación y el debido proceso de notificación para a su vez, darles la oportunidad de ser oídas y vencidas en un proceso legal justo y confirmar si merecían ser dadas de baja o no del padrón correspondiente.

Lo anterior, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a no ser privado de un bien, prestación o servicio sin que medie una orden de la autoridad competente.

Artículo 14.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Todos los mexicanos gozan de las garantías de certeza, legalidad, seguridad jurídica, audiencia y debido proceso cuando la autoridad las quiere privar de un derecho, imponerles una obligación o aplicarles un castigo, multa, sanción o infracción.

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto salvaguardar el derecho que tienen los sujetos beneficiarios del Desarrollo Social a permanecer en los padrones en tanto no se cumpla con algún supuesto, motivo o razón justificada para ser dados de baja; así como el derecho que tienen a gozar de un proceso de expulsión, baja o suspensión conforme a derecho, es decir, ser debidamente notificados, con la fundamentación y motivación que exige la Corte derivada de la conceptualización de lo que son las garantías de seguridad jurídica, certeza, legalidad, audiencia y debido proceso.

En este orden de ideas, es necesario garantizar que los beneficiarios de los programas del Desarrollo Social no sean despojados de sus beneficios, siendo dados de baja de los padrones respectivos, sin que les sean respetadas todas las garantías procesales establecidos en el orden jurídico mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción V del artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

I. a IV. …

V. Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada y notificada por escrito y de forma personal al afectado, donde además se harán constar los medios de defensa con los que cuenta y los plazos para ejercerlos.

VI. a IX. …

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 30 de abril de 2015.

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS INFANTILES

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México vive una creciente inseguridad pública y expansión del crimen organizado que, además de haber incrementado significativamente los delitos depredatorios y las denuncias y quejas por la impunidad que en muchos de ellos se genera, ha propiciado diversas expresiones sociales de hartazgo, inconformidad, dolor, miedo, reprobación e indignación contra la forma en que las autoridades públicas se conducen ante los reclamos legítimos de la sociedad, particularmente de aquellas personas que han sido victimizadas por delitos o violaciones de sus derechos humanos.

La situación actual de los derechos de las víctimas en México muestra, sin duda alguna, la unanimidad existente entre los diversos sectores del país respecto a una doble y contrastante realidad: el reconocimiento que el progreso social se encuentra condicionado a garantizar el pleno ejercicio de las libertades fundamentales como medio para restaurar los valores humanos, y los desafíos en materia de atención y protección de las víctimas.

En razón de lo anterior, existe una gran exigencia en la sociedad mexicana, en el sentido de que el Estado garantice de manera integral la asistencia y protección a las víctimas, especialmente menores.

Cuando elementos de alguna corporación policiaca acuden a un llamado de atención ciudadana, se da el primer contacto de salvaguarda institucional hacia las víctimas, mismas que suelen encontrarse en un espasmo derivado de la violencia, agresión física o emocional que derivaron del suceso en el que se vieron involucrados.

Si bien existe un protocolo de actuación policial para cada caso específico, es necesario reforzar el conocimiento en la atención hacia menores, sustentado en una visión integral que los atienda como ciudadanos sujetos de derechos; este es el objetivo de la presente Iniciativa.

Consideramos que son inadmisibles los actos que a lo largo del país se han dado a conocer, sobre presuntos abusos hacia menores por parte de policías que acuden al auxilio en determinadas situaciones.

Históricamente nuestra infancia ha sido ignorada en los contextos de actuación policiaca y ministerial, lo que muchas veces se ha traducido en un detrimento de sus derechos humanos.

Con la presente Iniciativa, además de fortalecer la visión hacia la infancia sustentada en derechos y que se encuentra establecida en la Ley General de los Derechos de  Niñas, Niños y Adolescentes, es preciso recordar la reforma constitucional en derechos humanos de 2011, que representa el paso más importante que el país ha dado en muchas décadas para que todas las personas cuenten con la protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales. Además, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Con la reforma que se propone si bien deriva en una serie de medidas judiciales y administrativas; trastoca temas sociales y económicos, individuales y colectivas, en beneficio de nuestros menores, para hacer posible el goce efectivo de sus derecho a la integridad, la justicia y si es el caso a la reparación integral y garantías de no repetición.

La reforma que se propone parte de principios de la justicia restaurativa, que viene a complementar lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para reconocerles y respetarles conforme a su lugar en caso de ser víctimas.

La justicia restaurativa nace de una interpretación de resoluciones de derechos humanos y se caracteriza por la reivindicación de los derechos de las víctimas en tanto que expresión de justicia en clave de derechos humanos. No tiene por objeto la venganza del Estado, sino la reivindicación o recuperación de la víctima. El victimario tiene un papel activo: reconocer que cometió una falta. Pero es papel del Estado velar porque los derechos de ambos, víctima e imputado, sean respetados en aras de garantizar un verdadero Estado de Derecho.

Como medida de asistencia y de atención, esta propuesta tiene por objeto contribuir al restablecimiento del pleno ejercicio de los derechos de la víctima y brindarle las condiciones necesarias para devolver a su vida cotidiana con sus familiares.

Por lo tanto, considerando que la justicia sólo puede ser completa si da cuenta de los derechos y de las necesidades de las víctimas, para que se satisfagan cabalmente  los requerimientos de un Estado de Derecho y siendo nuestra infancia prioritaria para nuestras políticas públicas, sabemos que ser víctima es una condición que no ha sido elegida por quien la sufre y que el Estado, en este caso representado en los cuerpos policiacos, cumple con su deber de proteger, promover y garantizar los derechos humanos cuando atiende a las experiencias vividas por las víctimas en un marco de respeto por su dignidad humana.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA la fracción VI del artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

I. a V. (…)

VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Dichos procedimientos de capacitación deberán contemplar el adiestramiento especializado en atención a víctimas infantiles de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

VIII. a XVI. (…)

TRANSITORIO

ÚNICO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 30 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 33 BIS Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 112 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 33 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 112  EN MATERIA DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuando una mexicana o mexicano se ve en la necesidad de acudir a un servicio de urgencias en algún hospital, muchas veces se encuentra con salas abarrotadas de gente, sin espacios apropiados para esperar y sin personal médico suficiente. Esto genera desesperación, angustia y prolonga el malestar, mientras los pacientes esperan ser atendidos cuando  la vida de  algunos de ellos corre riesgo.

El personal disponible decide en qué orden se atenderá a los pacientes, ya sea como vayan llegando o de acuerdo a la enfermedad o urgencia. Desafortunadamente, algunos casos de gravedad no son atendidos a tiempo y los pacientes fallecen o se agravan mientras esperan recibir atención médica.

La angustia que despierta en el paciente y en sus familiares el ver amenazada la salud o la vida, hacen de las salas de urgencias, escenarios complejos en donde el personal de salud se ve en la necesidad de tomar decisiones que muchas veces no satisfacen a quienes buscan atención.

Los recursos limitados en los sistemas de salud en cuanto a personal, espacio e insumos, ponen a prueba la capacidad de respuesta de los médicos, muchos de los cuales no reciben capacitación específica sobre las características que demanda un servicio de urgencias.

Los servicios de urgencias siempre suscitan situaciones de conflicto, estrés, angustia y desesperación. Además, debido a la falta de programas de educación en salud, el servicio es demandado para atención de todo tipo de problemas que no pueden ser atendidos en otras unidades, ya sea por falta de citas, comodidad para no esperar, o posibilidad de asistir en un cualquier horario. 

Lo anterior, genera salas de urgencias repletas de pacientes, que en muchos de los casos, no son urgencias verdaderas, lo cual provoca sobrecarga, tardanza para la atención y utilización de recursos innecesarios, en detrimento de la atención a las verdaderas urgencias médicas.

Para contrarrestar estos problemas en algunos hospitales en México y en el mundo, se aplica el  triage (vocablo francés) que se refiere al sistema que comenzó a aplicarse en el ejército, debido a la presencia de un gran número de bajas en combate y la llegada repentina de pacientes en forma masiva. Lo anterior en escenarios en donde no se contaba con recursos médicos e insumos suficientes. 

Con base a esto, se aplicó el triage que consiste en la selección  y clasificación de pacientes, basado en sus requerimientos terapéuticos y recursos disponibles.

Este sistema, permite contar con un instrumento confiable que facilite  y permita  determinar la complejidad del padecimiento y dar al mismo tiempo, objetividad al proceso, facilitando que el médico o la enfermera establezcan prioridades de atención1.

Es un hecho de muchas de las personas que llegan a las salas de urgencias, lo hacen a partir de la percepción de que tienen un urgencia aunque su vida no se encuentra en peligro, a esto se le llama urgencia sentida, en contraparte habrá quienes llegan con una emergencia real que si pone en peligro su vida o función de un órgano.

Es imposible evitar que las personas se acerquen a los servicios de urgencias, por lo cual la responsabilidad de brindar atención a todos ellos es de los centros hospitalarios.

De forma acertada, durante el Sexenio anterior se desarrolló una estrategia encaminada a implementar el triage en los hospitales mexicanos, el cual se enmarcó en la línea de acción SUMAR (Sistemas de Urgencia que Mejoran la Atención y la Resolución), desafortunadamente el sistema se aplica en unos pocos hospitales, razón por la cual esta propuesta tiene como objetivo hacer obligatorio el sistema de triage en todas las salas de urgencias del país.

La implementación del triage en todas las salas de urgencias del país, es una buena medida para ir educando a la población e inculcando un uso racional y óptimo del servicio de urgencias. 

Además, es necesario que se diseñen estrategias de educación para la salud que fomenten un uso responsable de las salas de urgencias por parte de toda la población y aseguren que todas y todos los mexicanos contemos con los conocimientos básicos para diferenciar una urgencia médica de alguna otra condición que no representa un peligro. 

Con base en lo anterior, se propone que a través de la adición del artículo 33 bis se garantice que el triage sea utilizado en todas las salas de emergencias del país. Además se propone adicionar el artículo 112 para que uno de  los objetivos de la educación para la salud  sea para brindar conocimientos básicos sobre salud, que permitan a la población utilizar los servicios de emergencia de forma responsable.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONA la fracción IV al artículo 112 y el artículo 33 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 33 BIS.  Las actividades de atención médica de urgencias  se llevarán a cabo con base en un sistema especial para asegurar una atención oportuna a los casos de gravedad.

ARTÍCULO 112.La educación para la salud tiene por objeto:

I. al III.

IV. Dotar a la población de conocimientos básicos sobre la utilización de servicios médicos de urgencias.

TRANSITORIO

ÚNICO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 30 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

1 Ver: Reyes, Arturo, Triage en la sala de urgencias,  Secretaría de Salud de Tamaulipas, Servicio de Urgencias. Disponible en: http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fsalud.tamaulipas.gob.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2Ftriagedeurgencias.pdf&ei=VWLrVI21Ecf7oQTp_YH4Dg&usg=AFQjCNEIoVDDDdcJ5MZa9lJampYvCv5YHg&sig2=0zle6ewbXKTYr6Z0W3ru7A&bvm=bv.86475890,d.cGU





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO N) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, EN MATERIA DE PARTOS MÚLTIPLES

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO N) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país existen múltiples apoyos sociales y un conjunto de normas que tienen como fin la protección de la familia y de la niñez, sin embargo, hasta hoy en día no se considera ningún programa especifico para atender la situación que se presenta cuando  se da el caso de llegar a tener gemelos o más de dos niños en un mismo parto, lo que evidentemente representa un conjunto de retos para la formación, cuidado y manutención de sus siguientes años de crecimiento.

Se define como embarazo múltiple al desarrollo simultáneo de dos o más embriones dentro de una misma gestación. La incidencia en la población general es del 1 por 80 partos, y en los últimos años se ha presentado un incremento progresivo en la incidencia de embarazos múltiples a nivel mundial debido al uso de de inductores de la ovulación y a programas de fertilización asistida1.

Esto se traduce en que una familia puede crecer de forma considerable en solo un alumbramiento, aumentando considerablemente los gastos económicos y generando presiones adicionales en los padres, que en muchas ocasiones tenían considerado tener solo un hijo y habían tomado medidas limitadas, por lo tanto, tener dos o más presupone una serie de efectos adicionales a los previamente planeados.

Si sumamos los nuevos gastos con un poco presupuesto o ingreso por parte de los padres, notamos que es muy probable que cumplir con las responsabilidades futuras se complique al carecer de los medios para garantizar a una familia numerosa su sostenimiento, crecimiento y desarrollo conjunto.

Ahora bien, ante este supuesto de vulnerabilidad y escases de recursos que supone la llegada de más de dos miembros a la familia, y con un marco jurídico que ha reconocido el interés del Estado para proteger a los menores y propiciar las condiciones para la integración de la familia, es obligación del gobierno mexicano, velar por los intereses y necesidades de las personas que se encuentren en este tipo de eventos.

Se estima que en nuestro país 1 de cada 100 nacimientos es de carácter múltiple y que existen alrededor de un millón de familias que cuentan con gemelos y hasta sextillizos, y que en muchos de estos casos2, la familia carece de medios suficientes para abastecer las necesidades básicas de todos ellos, es decir, en ocasiones ni siquiera pueden hacer frente a la demanda de alimentos por parte de los menores, la compra de pañales o los gastos educativos conforme van creciendo, lo que termina volviendo a cada uno de los miembros de la familia en personas vulnerables.

La protección de la familia se encuentra fuertemente fundamentada en México y  presenta un sólido andamiaje jurídico e institucional, de tal manera, que podemos empezar por notar los derechos consagrados en especial atención a la infancia de los niños mexicanos que se ha plasmado en el artículo 4ª Constitucional, pero continua con diversas disposiciones que incluyen sanciones de tipo penal para quien no garantice el cumplimiento de sus responsabilidades para con sus hijos.

Si bien, en todo el país ya existen programas de atención social que tienen por objeto proteger a los menores u otorgar apoyo a sus padres, ninguno está focalizado ha atender de manera específica a una familia numerosa y solo se limitan a prestar asistencia de manera individual.

En este sentido, La Ley de Asistencia Social publicada el 2 de septiembre de 2004 tiene entre sus objetivos principales a la familia, al otorgar el derecho a la asistencia social que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieran los miembros de una familia de escasos recursos, sin importar el número de hijos a través de diversos programas y dependencias, para garantizar su protección y bienestar, sin embargo, en ninguna parte de sus artículos existe un apartado que preste especial atención a la situación de los partos múltiples.

Por otra parte, desde 1977 se creó el Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), normado por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, teniendo como objetivo, la promoción de la Asistencia Social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. Entre sus atribuciones y funciones, actúa en coordinación con Dependencias Federales, Estatales y Municipales en el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones en la materia, por lo que tendría atribución suficiente para atender a la problemática aquí planteada, ya que en el pasado, la misma Lourdes Núñez Sánchez, de la Dirección de Protección a la Infancia del DIF nacional3, ha explicado que esta institución gubernamental no tiene una línea de trabajo o un programa específico para atender a familias pobres con gemelos, trillizos y demás, por lo que solo otorga un apoyo generalizado, sin notar que la realidad de las familias numerosas es muy distante a las más pequeñas.

No se puede hablar de una política incluyente que otorga las mismas oportunidades para todos si solo se generalizan los apoyos, ya que con medidas como estas no se crean programas eficientes, que pretendan atender a las necesidades específicas de la población, lo que conlleva a obtener resultados negativos, lejanos de las metas propuestas por el Gobierno Federal.

En este sentido, tampoco puede contarse con un marco jurídico de protección a la familia y a los menores muy complejo, que se aterriza como letra muerta en la práctica, además es vital reconocer que las familias que se encuentran en esta situación viven una oleada de gastos y de actividades muy apresuradas que merman sus ingresos y capacidades de desarrollo, por ende no pueden ser tratadas como el resto de las familias, al tener condiciones diferentes y demandas a mayor escala por el número de miembros que representan.

Ante estos argumentos, la iniciativa considera que los apoyos y programas que existen en la actualidad no cubren la dimensión del problema y por lo tanto son insuficientes, orillando a este tipo de familias a vivir en la miseria y dando lugar incluso a que los niños trabajen para ayudar a solventar los gastos, o bien, a que los padres tengan que salir a las calles a pedir limosna.

Sabemos que aunque la Secretaría de Salud Pública es quien tiene el primer acercamiento y realiza los primeros tratamientos médicos tanto con la madre como con sus hijos, esta solo otorga cobertura a uno de los tantos aspectos que engloba tener un hijo, y además, presta atención especializada solo en los primeros dos años, sin contar tampoco con algún tipo de programa a futuro o dar seguimiento continuo.

En el mismo camino se encuentra la Secretaria de Educación Pública, que permite la solicitud de becas pero no cuenta con una atención especializada u otro tipo de apoyos para estas personas, haciendo de los tramites, acciones personalísimas  e individuales, sin considerar que al igual que en los ejemplos anteriores, no se pueden comparar las condiciones de una familia pequeña con lo que representa tener a más de dos hijos de manera simultánea cursando cualquier grado educativo.

Es por lo anteriormente expuesto que se considera que deben generarse políticas públicas que permitan ofrecer programas destinados a estas familias, llevando además un seguimiento en las diversas ramas de apoyo que ofrece, con el fin de garantizar el sano crecimiento y desarrollo de los menores y facilitar a los padres ofrecer una mejor calidad de vida a sus infantes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONA el inciso n) a la fracción primera del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo, afectados o bajo cualquiera de las siguientes condiciones:

a) …. m)

n) Haber nacido en un parto múltiple

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de abril de 2015.

Suscribe

Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

1http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/IMSS_628_13_EMBARAZOMULTIPLE/628GER.pdf

2 Asociación de Nacimientos Múltiples

3 http://www.cimacnoticias.com.mx/node/37674






EXCITATIVA

De las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Ana Gabriela Guevara Espinoza, en relación con el proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, presentado el 3 de abril de 2014.








PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incorporar el estudio de la institución familiar en la educación básica. Se turna a la Comisión Educación.








De la Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar los recursos destinados al Instituto Nacional de Migración, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Zacatecas a elaborar e implementar un programa emergente que apoye la restructuración del pago de débitos contraídos por agricultores de dicha entidad federativa con cajas populares. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A más de 2 décadas de implementarse políticas neoliberales y firmarse el Tratado de Libre Comercio, no se han observado beneficios para el campo mexicano; por tal razón, se puede decir que dichas acciones son cartas de buenas intenciones ya que actualmente México es una potencia pero para la importación de alimentos, hoy la dependencia alimentaria a causa del abandono al campo, la insuficiente producción nacional y la concentración del mercado en manos de grandes empresas han acarreado que los campesinos dejen sus tierras.

En este tenor, el panorama de la situación del campo en México no ha cambiado, debido al deficiente apoyo por parte del Gobierno, aunado a los cambios climatológicos a los que se enfrentan dejándolos en un estado de incertidumbre.

En Zacatecas la situación no es tan alejada, pues a pesar de que es una de las entidades federativas preponderante en la siembra y cosecha de frijol, hoy en día no se han visto frutos por ello, al contrario los agricultores tienen que vender su producto a precios paupérrimos.

Aunado a los muchos problemas que carecen los agricultores, el Ejecutivo Federal anunció en el año 2013, que serían invertidos 120 millones de pesos en el campo zacatecano;1 sin embargo, estos no han sido suficientes para rescatarlo.

El panorama en general para los agricultores zacatecanos no es alentador, ya que se enfrentan a un alto costo de insumos y combustibles, lo cual eleva mes a mes los precios de producción en los cultivos lo que provoca una caída drástica de los precios pagados al productor, una completa descapitalización que conlleva ha deudas con instituciones financieras.

Lo anterior, es una radiografía de lo que sucede a nivel nacional, sencillamente se ha dejado en abandonó al campo mexicano, ante ello los agricultores han recurrido a préstamos con las cajas populares; los cuales por diversos factores no han podido pagar en tiempo y forma.

Actualmente, cerca de 400 campesinos mantienen tomada la sede de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Zacatecas, para exigir algún apoyo para la reestructuración de sus débitos con cajas de ahorro, a las que adeudan más de 160 millones de pesos.2

Al respecto, Óscar Tovar Santacruz, presidente de la Empresa Integradora de Ejidos de Fresnillo, manifestó que “Los insumos están mucho muy altos y los precios están bajísimos, y esta interrelación de costos contra beneficio no es favorable; bajo esta situación es que los campesinos no estamos en condiciones de atender deudas pasadas con cultivos nuevos”.3

Por lo cual, es indispensable que el Gobierno intervenga en estos adeudos difícil  de pagar por parte de los campesinos. Al igual es urgente para que los campesinos no contraigan más deudas por concepto de interés sobre el préstamo original.

Si bien es cierto, que existen programas para ayudar al desarrollo del campo como Productora Nacional de Semillas (PRONACE) y Programas de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), estos no han sido suficientes para el desarrollo del sector agropecuario.

Es importante puntualizar que el Gobierno debe apoyar al sector agropecuario para que estos consigan prestamos con una tasa de interés bajo, ya que a las que están sujetas son muy altas, al igual crear seguros agropecuarios, todo esto para que puedan cultivar con certeza e impulsar a este sector que es de importancia para alcanzar el desarrollo de un país.

No basta sólo con rescatarlo, es necesario modernizarlo y hacerlo competitivo, no será suficiente solamente dar pequeños apoyos para aminorar el problema; las circunstancias requieren una renovación total de la política hacia este sector y ver en él una palanca de desarrollo para el país.

Es urgente que se ejerciten acciones verdaderamente encaminadas a mejorar la situación del campo en México, de no atender los problemas de este sector económico se pone en riesgo la estabilidad y la Soberanía alimentaria de la nación.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para que, en apego a sus facultades y atribuciones elabore e implemente un programa emergente que apoye la restructuración del pago de débitos contraídos por  agricultores de dicha entidad federativa con cajas populares

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 30 de abril de 2015.

1 Zacatecas, Zac. ” Incertidumbre en el campo zacatecano por sequía” PT Zacatecas [en línea] Consultado el día 29 de abril de 2015. Disponible en http://www.ptzacatecas.org.mx/2014/06/17/incertidumbre-en-el-campo-zacatecano-por-sequia/

2 Valadez Rodríguez, Alfredo “Buscan campesinos de Zacatecas restructurar deuda de $160 millones” Periódico La Jornada [en línea] consultado el 27/04/15. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2015/04/22/estados/028n1est

3 Ávila Renata “Trabajo en campo, incapaz de subsanar deuda de campesinos”  El Diario NTR [en línea] consultado el 24/04/15. Disponible en http://ntrzacatecas.com/2015/03/20/trabajo-en-campo-incapaz-de-subsanar-deuda-de-campesinos/






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar una política pública integral en mares y costas que promueva oportunidades económicas en los diversos sectores, como medida de mitigación de los efectos del cambio climático. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que impulse una política pública integral en mares y costas que promueva oportunidades económicas en los diversos sectores con la participación de la Secretaría de Economía, la SAGARPA y SECTUR, se fomente la competitividad y la coordinación protegiendo los bienes y servicios ambientales como medida de mitigación de los efectos del cambio climático, al tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), incluye reducir desde la pobreza extrema hasta frenar la propagación del SIDA, además de garantizar el acceso a una educación primaria. En este sentido, en materia de reducción de la pobreza, todos los países y todas las instituciones deben desarrollar un modelo para suplir las necesidades de los más pobres. Además, en el ámbito internacional, la Organización de las Naciones unidas (ONU) trabaja conjuntamente con los gobiernos, la sociedad civil y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para aprovechar el impulso generado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio y continuar avanzando con un ambicioso programa de desarrollo para después de 2015.

Este año 2015 constituye una oportunidad histórica y sin precedentes para unir a los países y las personas de todo el mundo para decidir y emprender nuevas vías hacia el futuro, y para mejorar la vida de las personas a nivel global. Estas decisiones determinarán el curso de las medidas destinadas a erradicar la pobreza, pero conjuntamente es importante promover la prosperidad y el bienestar para todos; con la necesidad de proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel mundial.

De tal suerte que en nuestro país debe incluirse una nueva agenda de desarrollo sostenible y conseguir alcanzar los compromisos internacionales que nuestro país ha refrendado, tal y como es el acuerdo mundial sobre el cambio climático. En este sentido se espera que las medidas que se adopten den lugar a nuevos objetivos de desarrollo sostenible basados en la sustentabilidad de las costas y mares

El sector pesquero mundial proporciona elementos nutricionales de hasta el 20% de las proteínas de origen animal que consumen actualmente 3,000 millones de personas aproximadamente. Tan solo 10 especies representan en torno al 30% de la pesca de captura marina y 10 especies constituyen alrededor del 50% de la producción acuícola.

La producción pesquera nacional de acuerdo a cifras del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGRAPA, la producción pesquera fue de 1.6 millones de toneladas incluyendo la pesca y la acuacultura.

En otro ramo sobre la sustentabilidad de mares y costas, y de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), el sector turístico internacional se sitúa en cuarto lugar (viajes y transporte de pasajeros) y representa el 30% de las exportaciones de servicios del mundo y el 6% de las exportaciones totales de bienes y servicios, muchos de ellos con destino a playas.

Como categoría de exportación en el ámbito internacional, el turismo, después de los combustibles, los productos químicos y la industria agroalimentaria, es un sector de importancia por las ventajas que trae consigo el desarrollo de la actividad. Los ingresos por turismo internacional aumentaron en todas las regiones del mundo. Por ejemplo en Europa, el turismo internacional registró un incremento de 17,000 millones de dólares norteamericanos; en Asia y el Pacífico registró un incremento de 16,000 millones de dólares; en América los ingresos se incrementaron 10,000 millones de dólares; en Oriente Medio aumentaron 4,000 millones de dólares y en África 1,000 millones de dólares. Los países con más ingresos en materia de turismo fueron China y el Reino Unido, países que entraron en la lista de los diez primeros en ese rubro, México ocupa el decimo quinto lugar en visitas y el vigésimo tercero en ingresos de divisas.

De acuerdo a los datos de la Secretaria de Turismo en el portal datatur.sectur.gob.mx, se tienen cifras del sector actualizadas hasta el mes de febrero de 2015, donde se establecen el número de personas que llegan a nuestro país, derrama económica, vuelos aéreos, habitaciones ocupadas, entre otros datos que revelan el incremento del sector.

La importancia de las costas y mares representa una superficie que contempla 17 estados de la República Mexicana y representan el 56% del territorio nacional. En el ámbito municipal comprende una jurisdicción de 156 municipios que tienen litoral y constituyen aproximadamente el 21% de la superficie continental del país. La superficie insular es de 5,127 kilómetros cuadrados. La longitud de costa del país, sin contar la correspondiente a las islas, es de 11,122 km, en el litoral del Pacifico y Mar de Cortés se tienen 7,828 Km y 3,294 Km en el Golfo de México y Mar Caribe.

Además nuestro país cuenta con 48 puertos, 27 de ellos en el litoral del Pacifico y Mar de Cortés y 21 en el Golfo de México y Mar Caribe, y el movimiento de mercancías y pasajeros en puertos, junto con el turismo y la actividad maquiladora, son los de mayor crecimiento en las zonas costeras en los últimos años.

De acuerdo a perspectivas económicas se espera que para el año 2022 se manejen en los puertos mexicanos alrededor de 360 millones de toneladas de carga, que se muevan aproximadamente 29 millones de pasajeros asociados al arribo de 5,300 cruceros, que se manejen 8.3 millones de contenedores, y que opere un flujo de vehículos automotores del orden de 2.3 millones de unidades. Esta tendencia tendrá efectos en actividades asociadas, como el transporte terrestre y el almacenamiento de mercancías,  de ahí la importancia de la participación de la Secretaria de Economía.

Sin duda, los litorales mexicanos representan un valor estratégico para México ya que en sus zonas costeras se desarrollan las principales actividades productivas del país. Sin embargo su potencial económico y de sustentabilidad ambiental se encuentra en riesgo debido a la falta de una regulación normativa y de políticas públicas apropiadas donde se asegure la defensa de sus recursos naturales, el aprovechamiento sustentable y estratégico de las costas y mares. Ante este escenario, hace falta reforzar la coordinación de las diferentes instancias gubernamentales como la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, pero especialmente a la SEMARNAT sobre el tema ambiental, a la SAGARPA por el aprovechamiento y desarrollo sustentable de la actividad pesquera, de la SECTUR por el fomento del turismo y a la Secretaría de Economía por el tema de desarrollo económico de la industria nacional. Estoy convencida que hace falta apuntalar los sectores económicos descritos para garantizar los derechos de los habitantes, visitantes, inversionistas y demás personas con intereses asociados a las zonas costeras.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la participación de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y  Secretaría de Turismo, como integrantes de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, informen a esta Soberanía sobre las políticas públicas que tienen como propósito impulsar el desarrollo sustentable en mares y costas del país, asimismo se exhorta para que sigan promoviendo oportunidades económicas para el fortalecimiento de la competitividad del sector, protegiendo los bienes y servicios ambientales como medida de mitigación  de los efectos del cambio climático.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 30 de abril de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a agotar las líneas de investigación para esclarecer los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Se turna a la Comisión de Justicia.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Estatuto de Roma define a los crímenes de lesa humanidad como “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

• Asesinato;

• Exterminio;

• Esclavitud;

• Deportación o traslado forzoso de población;

• Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

• Tortura;

• Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;

• Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional;

• Desaparición forzada de personas;

• El crimen de apartheid;

• Otros actos inhumanos de carácter similar que acusen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

Ante esta definición, cabe cuestionar ¿cuántos casos de Lesa Humanidad son suscitados y castigados en México? Diversos asuntos relacionados con tortura, asesinatos, desaparición forzada, esclavitud, se han dado a conocer a la luz pública, exhibiendo que México está inmerso en una crisis en materia de seguridad y derechos humanos.

Uno de ellos, fue el caso Ayotzinapa, en el cual, el pasado viernes 26 de septiembre, en el Municipio de Iguala, Guerrero, ocurrieron hechos lamentables y vergonzosos para el Estado mexicano, cerca de las nueve de la noche, estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa tomaron dos autobuses para buscar trasladarse a la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre; sin embargo, fueron atacados por la policía municipal de ese lugar, provocando la muerte de seis personas, entre ellas 3 estudiantes normalistas, tres personas que se encontraban en el lugar y la desaparición de 43 estudiantes normalistas.

Con el objeto de construir la versión oficial de los hechos ocurridos aquella noche en Ayotzinapa, en noviembre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR), realizó un relato público de los sucesos ocurridos, que presuntamente concluyeron en la ejecución múltiple de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, en el basurero de Cocula, Guerrero.

Las conclusiones de la Procuraduría General de la República fueron hechas en base a 221 órdenes de captura y 97 detenidos, el ex alcalde José Luis Abarca (acusado del secuestro de los normalistas) y su esposa se les acusa por delincuencia organizada por sus nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, pero no por el ataque a los estudiantes; asimismo, cinco policías de Iguala fueron acusados de desaparición forzada por la muerte e inhumación de 30 personas cuyos restos fueron encontrados en fosas clandestinas en los municipios de Iguala y Cocula, según la versión de la PGR.1

En este contexto, el titular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), Tomás Zerón de Lucio, informó: “Se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria”.2

Lo anterior, desafortunadamente, más que una línea de investigación pareció un intento por dar “carpetazo” a los sucesos de Iguala, Guerrero. Sin embargo, en el país surgió una exigencia para que la investigación se amplíe con el fin de esclarecer los hechos ocurridos.

Por su parte, Arely Gómez González en el marco de la comparecencia para ser titular de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que el caso Ayotzinapa “no se agota con el cambio de procurador ni se le da carpetazo. La investigación sigue, está abierta”.

Actualmente, el Senado ratificó por unanimidad el nombramiento que el presidente Enrique Peña Nieto hizo a favor de Gómez González como titular de la PGR, pero no existen  avances en el caso Ayotzinapa o al menos no han sido notables.

Aún quedan pendientes algunas detenciones de personas señaladas como responsables de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre. Entre los buscados se encuentran los que responden al sobrenombre de El Chucky y El Gil, supuestos integrantes del grupo delictivo de Guerreros Unidos, así como Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública de Iguala, y Francisco Salgado Valladares, mando de Seguridad Pública municipal.3

Además, el caso será revisado por cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar las acciones del gobierno y emitir recomendaciones sobre la desaparición de personas en México.

Los resultados de la indagatoria son rechazados por los familiares de los estudiantes, quienes se niegan a aceptar una ‘‘verdad histórica’’ que muchos sectores han cuestionado.4

En este sentido, es necesario exhortar a la Procuraduría General de la República con el objeto de que agoten todas las líneas de investigación respecto al caso señalado, para que se refuerce la búsqueda de los 43 estudiantes y de manera paralela presenten a los responsables materiales e intelectuales de dicho actos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que agote todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 30 de abril del 2015.

1 Castillo García Gustavo. Las líneas de investigación por el caso Iguala, agotadas: PGR [en línea]. La Jornada. México. 2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/01/14/politica/003n1pol [consulta 29 de abril de 2015].

2 Ibídem.

3 CNN México. 6 expedientes urgentes que esperan a Arely Gómez en el escritorio de PGR [en línea]. CNN. México. 2015. Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2015/03/04/6-expedientes-urgentes-que-esperan-a-arely-gomez-en-el-escritorio-de-pgr [consulta 29 de abril de 2015].

4 Camacho Servín Fernando. Rechazan padres de normalistas aceptar la ‘‘verdad histórica’’ [en línea]. La Jornada. México. 2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/03/27/politica/008n1pol [consulta 29 de abril de 2015].






De las Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza, Gabriela Cuevas Barrón, Marcela Guerra Castillo, Mariana Gómez del Campo Gurza, Zoé Robledo Aburto, Sofío Ramírez Hernández y Arquímiedes Oramas Vargas, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a capacitar al personal adscrito al Instituto Nacional de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.








Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a que investigue, procese y en su caso sancione la comisión de delitos en materia de vías de comunicación cometidos contra candidatos participantes en este proceso electoral 2015, en el estado de Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Justicia.








Las efemérides inscritas en el Orden del Día se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, sobre el Día del Niño.

Los niños son la esperanza del mundo.
José Martí

La infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Debe ser la etapa más linda de la vida, al tratarse de personitas inofensivas, sin prejuicios, con sus muy peculiares maneras de ver, pensar y sentir.

Ser niño, es sin duda la mejor oportunidad de vivir el presente. Ellos no se quedan en el pasado ni se preocupan por el futuro; sin embargo, nosotros si debemos preverlo, para ofrecerles el mejor a nuestro próximo relevo generacional en este mundo.

Hoy 30 de abril, se celebra en nuestro país el “DÍA DEL NIÑO”. Un día muy especial en el que se pretende apapacharlos con festejos y regalos, como también, una fecha muy importante para reflexionar sobre sus derechos y la necesidad de cuidarlos, protegerlos y amarlos.

La festividad se originó con motivo de la recomendación de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), para que en todos los países se instituyera un “Día Universal del Niño”. La ONU eligió el 20 de noviembre en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, mientras que en aquel entonces en México se instituyó el 30 de abril de cada año para conmemorarlos.

Por tal motivo, en el marco de la celebración del día del niño, hago propicia la ocasión para exhortarnos a que los festejemos, a que les demostremos nuestro afecto y respeto, no sólo este día, sino todos los días del año.

Además, para que por ningún motivo reduzcamos este día solo al regalo, sino que también aprovechemos para valorarlos y enseñarles también a valorar, a reconocer sus derechos y a impulsarse siempre para ser en un futuro personas de bien, útiles para sí mismos y para la sociedad; sin que olviden nunca que deben disfrutar al máximo de ser niños.

Hoy 30 de abril, una felicitación al símbolo de la inocencia y la alegría en el mundo: LOS NIÑOS.

¡MUCHAS FELICIDADES!

Dado en la Ciudad de México, a 30 de abril de 2015.

Suscribe

Senador Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, sobre el Día del Trabajo.

Este 1 de mayo se celebra XC aniversario del Día del Trabajo. No obstante los orígenes fue en el año 1913 cuando se celebró por primera vez el Día del Trabajo en México, con la organización de un desfile en el que participaron obreros que exigían el respeto a sus derechos laborales. En 1923, el Presidente Álvaro Obregón propuso y acordó que el primero de mayo se fijaría como el Día del Trabajo en México; sin embargo, fue hasta 1925 cuando el presidente Plutarco Elías Calles estableció la celebración de forma oficial.

En nuestro país existe una población de 120 millones de habitantes de acuerdo a las cifras del  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las cuales se tiene 52 millones de personas económicamente activas y dentro de estas se tienen 2.2 millones de personas desocupadas. Otro dato interesante es que hay una población no económicamente activa de 35.4 millones de personas. La escolaridad es un factor determinante para el sector laboral, en este rubro la edad promedio de las personas económicamente activa es de 38 años, con un promedio de 43 horas trabajadas semanalmente.

Pese a la reforma laboral reciente, aun está muy distante de alcanzar los objetivos.  Pues aun existen cifras que no disminuyen como el trabajo por cuenta propia o no son remunerados, es decir están en la informalidad. Pese a las cifras de 714 mil empleos que se inscribieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2014, de acuerdo al Secretario del Trabajo y Previsión Social, debe impulsarse la generación de empleos formales permanentes y no temporales.

México D.F., a 30 de abril de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del PRD, sobre el Día del Niño.

El que suscribe, Senador Adolfo Romero Lainas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura, con motivo del día del niño, al tenor de lo siguiente:

La idea de festejar el “día del niño” surgió el 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de la ONU tuvo una reunión en Ginebra, Suiza, en la que decidió reafirmar los derechos de los niños universalmente.

En cada país la celebración se lleva a cabo en diferentes días, como es el caso de nuestro país, donde desde el año de 1924 se celebra el día de hoy 30 de abril y por lo que actualmente es llamado el día de las niñas y niños del país.

Dentro de nuestra nación los derechos de los Niños y Niñas del País contribuyen a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades, a fin de alcanzar su pleno potencial.

Los mismos gozan de múltiples derechos y obligaciones como los que se establecen en el artículo 4 Constitucional y en la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes mismos que los protegen y permiten su sano desarrollo dentro de su familia y por ende dentro nuestra sociedad, de estos derechos resaltan los siguientes:

1.- El derecho a que estos les sean reconocidos, sin discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, tipo de familia o posición económica.

2.- Derecho a la protección por parte del estado y su familia.

3.- Derecho a un nombre y una nacionalidad.

4.- Derecho a la Salud.

5.- Derecho a la atención, educación, tratamiento, no discriminación y cuidados especiales en caso de ser un niño con capacidades diferentes.

6.- El derecho a formar parte de una Familia.

7.- El derecho a una educación de calidad.

8.- Derecho a una vivienda digna y sana alimentación.

9.- El derecho a la recreación.

10.- El derecho al amor, comprensión y a su felicidad.

Los Niños y Niñas tienen estos derechos, que se cumplan es responsabilidad de los adultos dentro de su Familia y dentro de la sociedad por parte del Estado.

Actualmente en nuestro país existen miles de menores que aún no se le respetan sus derechos fundamentales y que viven en las calles luchando por sobrevivir, niños marginados, explotados, maltratados dentro de su familia y aquellos que abandonan la escuela porque tienen que trabajar debido al grado de pobreza que sufren sus familias.

En base a datos del Consejo Nacional de Población CONAPO en junio de 2015 los menores de 18 años en México serán 40 millones 163 mil 748 personas, lo que representa 33.2% del total de la población nacional.

Además en 2012, 53.8% de la población mexicana de entre 0 y 17 años se encontraba en situación de pobreza, lo que representaba que 21.2 millones de niños y adolescentes tenían carencias en el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales y Vivian en hogares sin acceso a recursos monetarios para adquirir los bienes y servicios requeridos por sus integrantes.(Coneval-Unicef, 2013)

Dentro de los 6 a los 11 años es la edad escolar para los menores y en la cual  son esenciales para su desarrollo la familia, su comunidad y una educación de calidad.

En 2012, 254 mil niños y niñas entre 5 y 12 años no asistía a la escuela y de los 12  a 19 años, 1 millón 769 mil niños y adolescentes no asistían a la escuela, siendo la principal causa las relacionadas con la pobreza, la explotación laboral y falta de oferta educativa.

Lo más grave en cuanto a los menores en situación de trabajo es que el 46% de ellos no recibe ningún ingreso por esta actividad y 64% de los niños de entre 5 y 17 años que trabaja no asiste a la escuela.

Otro factor importante que afecta a nuestra población infantil es la desnutrición de acuerdo a informes del Instituto Nacional de Nutrición, esta afecta al 40 por ciento de los niños mexicanos.

Los mayores índices de desnutrición crónica se registran en los estados sureños de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche, Oaxaca y Guerrero.

En cuanto a las niñas, niños y adolescentes indígenas de nuestra nación constituyen el sector de la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales.

En 2012, 78.5% de los Niños y adolescentes indígenas se encontraban en situación de pobreza y el 33.4% de ellos se encontraba en situación de pobreza extrema.

La tasa de mortalidad infantil de la población indígena es 60% mayor que la de la población no indígena.

El incumplimiento de los derechos básicos de los niños indígenas también se refleja en su bajo nivel de logros educativos, por lo cual se estima que la tasa de analfabetismo entre los pueblos indígenas es cuatro veces más alta que el promedio nacional.

De igual manera debido a los altos flujos migratorios que se registran en nuestro país muchos niños, niñas y adolescentes extranjeros y nacionales migran a través de nuestro país sin compañía de un adulto y más grave un sin algún documento que ampare identidad o calidad migratoria, con lo cual los pone en gran riesgo de sufrir violaciones a su libertad y derechos fundamentales, por tanto dentro de nuestro país debemos de cuidar y vigilar que se les garanticen sus derechos fundamentales sin importar su situación y atendiendo a la protección  internacional que todo menor debe tener.

Compañeras y compañeros Senadores:

Es importante señalar que si bien hemos logrado significativos avances en este rubro aún tenemos un largo camino que recorrer y un claro compromiso con nuestras niñas y niños mexicanos para los mismos gocen en plenitud y felicidad de su infancia ya que esta es la etapa más importante y relevante en su vida.

Celebremos este día dedicando un tiempo por muy poco que sea a la convivencia con nuestros hijos y familia ya que estos son de las cosas más importantes que tenemos en nuestras vidas.

¡¡Muchas Felicidades a todas las Niñas y Niños de México!!

Es cuanto Sr. Presidente, por su atención gracias.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 30 de abril de 2015.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del PAN, sobre el Día del Niño.

SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE SENADORES  
LXII LEGISLATURA. 

El 14 de diciembre de 1954, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la mayor organización internacional existente, sugirió a los gobiernos de los países que la integraban en ese entonces la creación de un Día del Niño que se celebraría en la fecha que sea más conveniente para cada país, así como la creación de un Día Universal del Niño que se celebraría el 20 de noviembre; esta fecha corresponde al día en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 (la cual entró en vigor el 2 de septiembre de 1990).

Desde entonces y aunque la celebración mundial es el 20 de noviembre, cada país ha elegido un día especial para celebrar y organizar actividades, con el fin de ayudar a desarrollar el bienestar de los pequeños en todo el planeta.

En México, se señaló el 30 de abril como DIA DEL NIÑO siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón y Ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos.

A partir de entonces cada año se les hacen grandes festejos tanto en casa como en diferentes instituciones públicas y privadas. Definitivamente con esto se ha demostrado que los niños y niñas han sido, son y serán los reyes de la casa y la alegría del mundo.

El desarrollo de este proyecto, designado para crear lazos de fraternidad en todo el mundo y comprensión entre los niños, fue confiado al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Pensar que esta celebración es solo una ocasión más para fomentar el consumismo sería empañar la labor de los diversos organismos gubernamentales y no-gubernamentales, de miles de voluntarios y de asociaciones que obran a diario para educar, informar y proteger a los niños más vulnerables, con el afán de mejorar sus condiciones sociales y de salud.

Los adultos somos los responsables de promover y vigilar el ejercicio de los derechos de los niños y niñas en la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad en general. De nosotros depende alimentarlos, vestirlos, educarlos, darles afecto y todo lo necesario para favorecer su desarrollo.

Todos los niños del mundo, sin importar edad, sexo, color, religión o cuánto dinero o que actividad tengan sus padres, tienen derecho a ser escuchados, respetados, a poseer una identidad, una nacionalidad, a practicar las costumbres, religiones y lenguas de su pueblo y a recibir el mismo trato sin ser discriminados, así como brindarles protección contra los abusos en caso de que se violen sus derechos.
El respeto es una condición básica para la convivencia familiar y social. Aceptar al niño, tal como es, es respetar su persona, su forma de hablar, de ser o de pensar.

Aprovechemos entonces este día para festejarlos, pero también para demostrarles tu afecto y tu respeto todo el año. Recuerda que el amor y comprensión que le brindes a tu pequeño, será el mismo que él a su vez proporcione a los que lo rodean. 

Atentamente

Jueves  30 de abril de 2015.

H. CAMARA DE SENADORES
Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, sobre el Día del Trabajo.

En México, desde la segunda mitad del siglo XIX, se iniciaron los movimientos de organización obrera, pues existía un descontento en la clase trabajadora por la falta de garantías otorgadas por la constitución de 1857 en la que se recogieron los principios fundamentales del liberalismo político y económico y, por lo mismo, se determinó que el Estado no debía intervenir en la vida económica y que la dirección de la empresa era patrimonio exclusivo del empresario. Por estas razones, nuestros compatriotas no contaban con derecho a huelga, sus jornadas de trabajo eran excesivas e inhumanas, bajo un régimen de pago en especie, sin derecho a vivienda, salud y educación.

En 1913, se celebró el primero de mayo de 1913 “El Día del Trabajo”, en un abierto desafío al usurpador Victoriano Huerta. La invitación hecha por la Casa del Obrero Mundial a todas las organizaciones reunió a más de 25 mil trabajadores en el zócalo de la Ciudad de México en una manifestación para recordar a los “Mártires de Chicago”.

Durante el Congreso Constituyente a partir del 1º. De diciembre de 1916, Venustiano Carranza, manifestó su voluntad por una legislación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero y, en general de las clases proletarias, preceptos que dependían de las adiciones al Plan de Guadalupe elaborado el 12 de diciembre de 1914. En dicho evento se expusieron muchos puntos dados a conocer por diputados que defendían el derecho obrero, exponiendo la situación que privaba en el país, exclamando Heriberto Jara: “Nuestra Constitución tan libérrima, tan buena, resultó como la llaman los señores científicos, un traje de luces para el pueblo mexicano”.

Así es como nace el Artículo 123 y el espíritu de la norma se integra con medidas enfocadas a impulsar la aplicación de la ley en materia laboral, la justicia en las relaciones obrero-patronales, el equilibrio justo entre los factores de la producción, la ampliación y mejoramiento de los sistemas de bienestar y la optimización del empleo en condiciones normales de productividad.

La esencia de la conmemoración del 1º de Mayo radica en la fraternidad solidaria de las y los trabajadores, en la totalidad y pluralidad con que se expresan organizadamente y sobre todo, en el espíritu de modernidad y revolución que nos caracteriza.

Es cuanto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 30 de abril de 2015.






El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes para primera lectura.
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Informo a la Asamblea los dictámenes para primera lectura.

Uno, de las Comisiones Unidas de Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fines de la educación.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE FINES  DE  LA  EDUCACIÓN

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores fue turnada, para estudio y dictamen, la minuta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 343-A, 343-C, y 343-E de la Ley Federal del Trabajo, en relación con actividades de la industria minera, en lo que toca a prospección, preparación, explotación, exploración, extracción; seguridad y riesgos de trabajo en dichas actividades .

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85 numeral 2, inciso a; 86; 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 180, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la minuta referida.

II. En el capítulo de “CONTENIDO” se sintetiza el alcance de la propuesta bajo estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, se plantea el proyecto de Decreto que reforma los artículos 343-A, 343-C y 343-E, de la Ley Federal del Trabajo.

ANTECEDENTES

Primero.- En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 15 de noviembre  de 2012 el Diputado Adolfo Bonilla Gómez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscrita por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murillo Karam y otros diputados firmantes, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar y reformarlos artículos 343-A, 343-C Y 343-E de la Ley Federal del Trabajo.

Segundo.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dispuso que la Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Tercero.- Asimismo, con fecha 27 de noviembre de 2012, se presentó la iniciativa del Diputado Mario Dávila Delgado y suscrita por Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la cual reforma el artículo 343-A.

Cuarto.- Con fecha 11 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó el expediente con la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo en minas. Asimismo, con fecha 24 de abril de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, turnó el expediente a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios, Legislativos, Primera, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Quinto.- Con fecha 22 de abril de 2015, se presento propuesta de modificación a la redacción del segundo párrafo del  artículo 343-A y modificación a la fracción IV del artículo 343-E por el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, misma que fue aprobada en la reunión de trabajo, celebrada en la fecha arriba anotada.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Con la presente iniciativa se pretende modificar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para que se beneficie a los trabajadores que realizan labores en actividades mineras, mismas que registran riesgos laborales generalizados en extracción de carbón, debido a que los procesos y técnicas son artesanales y rudimentarios, omiten la normatividad en materia de seguridad, por lo tanto los riesgos en faenas subterráneas son frecuentes, especialmente cuando se utilizan explosivos o por la presencia de gases tóxicos, empleo de maquinas y equipos, aguas subterráneas, y otros, a los que se suman factores humanos, las incipientes inversiones, dispersión geográfica, abandono, ausencia de tecnología, de licencias, permisos y autorizaciones legales, que incrementan los riesgos de trabajo.

Se prohíbe el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes, en este caso la extracción de carbón se deberá realizar mediante tajos a cielo abierto y tiros inclinados.

Asimismo, la propuesta sugiere la adición de las fracciones III ampliando prisión de 3 a 6 años y multa hasta de 5 mil veces el salario mínimo cuando se produzca la muerte de los trabajadores y una fracción IV ampliando la prisión de 6 a 9 años y la multa hasta de 10 mil veces el salario mínimo en el caso de la muerte de trabajadores en la extracción de carbón en tiros verticales a profundidades menores de 100 metros, y en cuevas y pozos carboneros y en los tiros verticales, sin contar con las licencias permisos y autorizaciones por omisión de las medidas de seguridad.

En lo que se refiere a la propuesta de reforma referente a eliminar la facultad confirmatoria que tiene la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en los supuestos de las fracciones I, II y III del actual texto, la misma se mantiene en el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la H. Cámara de Diputados, ya que ante la negativa del trabajador de prestar sus servicios bajo cualquiera de las tres hipótesis establecidas, dicha decisión debe estar respaldada y confirmada por la citada Comisión, a efecto de que ésta verifique que efectivamente existe incumplimiento por parte del patrón al no estar brindando a los trabajadores la medidas de seguridad previstas, al tener la comisión funciones regulatorias y de sanción, la cual al confirmar el incumplimiento debe proceder conforme a sus atribuciones.

CONSIDERACIONES

Estas comisiones unidas coinciden con los proponentes toda vez que consideran que con la presente iniciativa se pretenden modificaciones que benefician a los trabajadores.

Con la presente iniciativa se pretenden modificar diversas disposiciones de la Ley  Federal del Trabajo para que se beneficie a los trabajadores que realizan labores en actividades mineras, mismas que registran riesgos laborales generalizados en extracción de carbón, debido a que los procesos y técnicas son artesanales y rudimentarios, omiten la normatividad en materia de seguridad, por lo tanto los riesgos en faenas subterráneas son frecuentes, especialmente cuando se utilizan explosivos o por la presencia de gases tóxicos, empleo de maquinas y equipos, aguas subterráneas, y otros, a los que se suman factores humanos, las incipientes inversiones, dispersión geográfica, abandono, ausencia de tecnología, de licencias, permisos y autorizaciones legales, que incrementan los riesgos de trabajo.

Por lo arriba anotado, es necesario minimizar o eliminar, las prácticas mineras de elevado riesgo e implementar las medidas, programas y acciones para complementar, ampliar o adicionar, lo relativo a la seguridad minera y en la extracción de carbón en tiros verticales, cuevas y pozos carboneros, que eviten y prevengan fatalidades o desgracias conocidas en el medio minero y por la opinión pública.

Por los hechos ocurridos en la Mina Pasta de Conchos en el estado de Coahuila con la muerte de 65 trabajadores mineros, llamó los reflectores de la opinión pública y de la urgencia de tomar medidas para la seguridad  en la actividad minera, precedida de una huelga cuyas principales peticiones eran incrementos salariales y revisión de las medidas de seguridad y salud precarias y obsoletas que prevalecían, con los desenlaces públicamente conocidos, la experiencia dio origen a la NOM 032, misma que dejó al azar las cuestiones de seguridad y salud.

En este sentido las inquietudes plasmadas por los proponentes de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 343-A, 343-C y 343-E del Capítulo XIII bis, relativo “De los trabajos en Minas”, del Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo que analiza las necesidades, requerimientos y exigencias de nuestra industria minera resultan procedentes.

En relación a las modificaciones presentadas por el Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del partidos Acción Nacional, se consideran procedentes toda vez que contribuyen a dar certeza y otorgar confianza para definir que queda prohibido el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros, en cuyo caso, la extracción deberá realizarse mediante tajos a cielo abierto.

En lo que respecta a la modificación de la fracción IV del artículo 343-E, precisa las sanciones que se deberán de aplicar por la autoridad correspondiente en el caso de que alguna mina extraiga carbón mediante tiros verticales y se produzca la muerte de trabajadores mineros.

Para mayor claridad, se incluye el cuadro comparativo de cómo estaba el dictamen y la propuesta de redacción del senador Javier Lozano Alarcón.

Dictamen Minuta 343 A, 343 C, 343 E.
Tiros Verticales

Propuesta de Redacción Sen. Lozano

Artículo 343-A. ...

Queda prohibido el trabajo en pozos o cuevas para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes, entendiéndose por esto, a los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal,  en donde las actividades mineras,        se llevan a cabo, sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras, no contando con las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo a normatividad vigente, para proteger la vida de los trabajadores.

Artículo 343-A. ...

Queda prohibido el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros. En este caso, la extracción de carbón, deberá realizarse mediante tajos a cielo abierto y tiros inclinados; En todo caso, queda prohibido, también el trabajo en minas conocidas como cuevas y pozos carboneros, entendiéndose por esto a los trabajo de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal.

Artículo 343-C.

Artículo 343-C.

Artículo 343-E. A los responsables y encargados directos de la operación y supervisión de los trabajos y desarrollos mineros, que dolosamente o por negligencia, omitan implementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad, y que hayan sido previamente identificados por escrito en dictamen fundado y motivado de la autoridad competente, se les aplicarán las penas siguientes:

 

I. y II. ...

III. Prisión de 3 a 6 años y multa       de hasta 5,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando por omisiones en el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 343-B y 343-C, fracciones II, IV, V, VI y VIII, se produzca la muerte de uno o varios trabajadores.

IV. Prisión de 6 a 9 años y multa de hasta 10,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando se produzca la muerte de uno o varios trabajadores, por la realización de trabajos de extracción de          carbón, mediante tiros verticales a profundidades menores de 100 metros y en cuevas y pozos carboneros, cuando se realicen trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras y donde no se observen, las medidas de seguridad que correspondan, para proteger la vida de los trabajadores.

 

 

 

 


IV. Prisión de 6 a 9 años y multa de hasta 10,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando            se produzca la muerte de uno o varios trabajadores, por la realización de trabajos de extracción de carbón, mediante tiros verticales a profundidades menores de 100 metros y en cuevas y pozos carboneros, cuando se realicen trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Primera, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 178, 180, 182, 192, 193, y 194 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL EL TRABAJO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 343-C fracción VII y último párrafo y 343-E primer párrafo, y se adicionan los artículos 343-A segundo párrafo y 343-E fracciones III y IV de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 343-A. ...

Queda prohibido el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros. En este caso, la extracción de carbón, deberá realizarse mediante tajos a cielo abierto y tiros inclinados; en todo caso, queda prohibido, también el trabajo en minas conocidas como cuevas y pozos carboneros, entendiéndose por esto a los trabajo de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal.

Artículo 343-C. Independientemente de las obligaciones que la presente Ley u otras disposiciones normativas le impongan, el patrón está obligado a:

I. a VI. ...

VII. Implementar un registro y sistema que permita conocer los nombres de todas las personas que se encuentran en la mina, así como mantener un control de entradas y salidas de ésta;

VIII. y IX. ...

Los titulares de las concesiones mineras que amparen lotes mineros, en los cuales se ubiquen los centros de trabajo a que se refiere este Capítulo, o quienes se encuentren realizando trabajos en las mismas, según sea el caso, deberán cerciorarse de que el patrón cumpla con sus obligaciones. Los titulares de las concesiones mineras o quienes se encuentren realizando trabajos en las mismas, serán subsidiariamente responsables, en caso de que ocurra un suceso en donde uno o más trabajadores sufran incapacidad permanente parcial o total, o la muerte, derivada de dicho suceso.

Artículo 343-E. A los responsables y encargados directos de la operación y supervisión de los trabajos y desarrollos mineros, que dolosamente o por negligencia, omitan implementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad, y que hayan sido previamente identificados por escrito en dictamen fundado y motivado de la autoridad competente, se les aplicarán las penas siguientes:

I. y II. ...

III. Prisión de 3 a 6 años y multa de hasta 5,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando por omisiones en el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 343-B y 343-C, fracciones II, IV, V, VI y VIII, se produzca la muerte de uno o varios trabajadores.

IV. Prisión de 6 a 9 años y multa de hasta 10,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando se produzca la muerte de uno o varios trabajadores, por la realización de trabajos de extracción de carbón, mediante tiros verticales a profundidades menores de 100 metros y en cuevas y pozos carboneros, cuando se realicen trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, se tendrá un plazo máximo de 12 meses para que se cumpla con lo siguiente:

Acondicionar los centros de trabajo de acuerdo a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 343-A.

Suspender de manera definitiva las actividades de extracción previstas en el segundo párrafo del artículo 343-A.

Implementar las medidas de seguridad en los nuevos centros de trabajo que correspondan a tajos a cielo abierto y tiros inclinados.

Implementar el sistema de registro del personal y su ubicación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 30 de abril de 2015.






Uno, de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera; de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como de los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado “ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO”, se da constancia del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la referida iniciativa.

II. En el apartado correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetizan los alcances de la propuesta.

III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

IV. En el apartado “MODIFICACIONES”, se explica el sentido de los cambios a la resolución final.

I. ANTECEDENTES  DEL TRÁMITE LEGISLATIVO

1. En sesión ordinaria celebrada el 23 de abril de 2013, las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones II y IV del Artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social.

2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó a las  Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera; para su estudio y dictamen la iniciativa antes referida.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa se divide en los siguientes apartados:

1. De las acciones transversales, integrales y concurrentes.

2. De la agricultura familiar.

3. Del artículo 4 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y de los instrumentos internacionales en materia de alimentación y combate a la pobreza.

4. De las cooperativas agrícolas.

5. Justificación de la iniciativa.

El primer apartado de la iniciativa presentada asegura que  toda actividad de gobierno debe desarrollarse  de forma integral, concurrente y transversal. Lo anterior para que los resultados sean eficaces y eficientes, sobre todo cuando se trata de políticas encaminadas al desarrollo social de nuestro país.

De acuerdo con la iniciativa, el término transversal se refiere a la ubicación  que las acciones ocupan en los planes y programas de desarrollo social, afirmándose que es una necesidad  que el gobierno federal, estatal y municipal trabajen en forma trasversal y en equipo de forma interdisciplinaria a fin de mejorar la calidad de vida de la población.

Según la propuesta, los problemas y demandas que surgen no solamente afectan a un sector de la población sino al conjunto de la organización, razón por la cual se debe precisar una actuación integral que permita la colaboración y cooperación de distintos sectores para optimizar los recursos existentes y dar mayor calidad  al resultado.

Para quienes proponen esta iniciativa el desarrollo de esa “cultura diferente” implícita en la idea de “transversalidad” supone intervenir sobre la organización, potenciando valores ligados a la participación, a la coordinación horizontal, al trabajo en equipo y a la interdisciplinaridad.

De acuerdo con lo anterior, la propuesta asegura que el Sistema Nacional de Desarrollo Social es un mecanismo y al mismo tiempo un instrumento  de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación del Gobierno Federal  que tiene como fin el integrar  los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social, así como fomentar la participación de las personas,  familias y organizaciones en el desarrollo social.

En este sentido, los esfuerzos en materia de desarrollo social  deben llevarse a cabo en los tres niveles de gobierno y a través de acciones transversales, concretas y coordinadas en otros rubros que impactan sobre el acceso a la alimentación, así como la salud, educación, seguridad social, vivienda e ingreso; ya que el acceso al derecho constitucional en materia alimentaria, requiere –según la propuesta- de acciones integrales que coadyuven al abatimiento de la pobreza.

El segundo apartado de la iniciativa hace referencia a la agricultura familiar,  la cual define como  la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola que:

• Utiliza de forma preponderante el trabajo familiar.

• Es la principal fuente de ingresos  del núcleo familiar.

Se hace mención del objetivo de cooperación para la agricultura  familiar que ha propuesto la FAO, el cual consiste en la  colaboración con países de América Latina y el Caribe para aumentar la producción de bienes y servicios provenientes de la agricultura familiar para contribuir al bienestar de las familias rurales de la nación.

Se menciona además que la agricultura familiar produce más del 70% de los alimentos de Centroamérica, dando cuenta de que entre el 80 y el 90% de los productores de maíz y frijol son agricultores familiares. Por tanto, según la propuesta, el desarrollo de la agricultura familiar es la principal vía para mejorar los medios de vida rural en Centroamérica y luchar contra el hambre y la pobreza.

El tercer apartado de la propuesta hace referencia al Artículo Cuarto Constitucional que establece el deber del Estado Mexicano de implementar las medidas necesarias para garantizar el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Además se hace referencia a los siguientes instrumentos internacionales:

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales  Culturales.

• El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• La Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Se menciona que atendiendo a las obligaciones establecidas en el marco  legal anterior, el Estado Mexicano ha desplegado recursos para atender la problemática alimentaria del país, a pesar de lo cual “ha persistido en México una alta incidencia de personas que experimentan situaciones de hambre, particularmente entre la población más pobre, lo cual tiene efectos negativos en el desarrollo físico y mental de las personas y limita notablemente la calidad de vida de las mismas”.

El último apartado se refiere a las cooperativas agrícolas, las cuales de acuerdo con la iniciativa, tienen diversos beneficios:

• Tienen la capacidad de brindar a los pequeños productores, la  posibilidad de  contrarrestar los efectos negativos de la crisis alimentaria y la volatilidad de los precios en los alimentos.

• Brindan la posibilidad de mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la erradicación del hambre.

• Otorgan a los pequeños campesinos capacidad de negociación y favorecen el compartir recursos, ayudándolos a alcanzar la seguridad alimentaria y reducir su pobreza.

• Confieren a los pequeños campesinos la posibilidad de negociar mejores condiciones en contratos agrícolas y obtener precios reducidos para insumos como semillas, fertilizantes y equipos.

• Suponen un modelo de negocio sólido y viable, adaptado a las necesidades de las comunidades rurales en los países en desarrollo como México.

Se resalta que para lograr la seguridad alimentaria es necesario prestar apoyo a las cooperativas organizaciones de productores y otras instituciones rurales e invertir en ellas.

A modo de corolario, se presenta en la propuesta una justificación de la iniciativa que en su contenido hace referencia a las cooperativas agrícolas en relación con la agricultura familiar, retomando la recomendación de la FAO de favorecer estos esquemas, ya que “son la clave en el esfuerzo para eliminar el hambre que sufren millones de personas y responder a los numerosos desafíos del mundo de hoy”.

Se enlistan los beneficios que traerían consigo la agricultura familiar  y la implementación de cooperativas agrícolas, entre los que  destacan:

• Favorece la soberanía económica, política y cultural de los pueblos.

• Reconoce una agricultura vinculada al territorio, orientada a satisfacer las necesidades de los mercados locales.

• Supone apreciar las ventajas económicas, sociales, ambientales y culturales de la agricultura en péquela escala.

• Reconoce la multietnicidad y las identidades de los pueblos originarios.

• Garantiza el acceso a una alimentación sana y suficiente para todas las personas.

Con base en lo anterior, la propuesta busca reformar el artículo 38, que establece el objeto del Sistema Nacional, de forma que la fracción II y IV quedan de la siguiente manera:

II. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades federativas en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social, propiciando mecanismos y herramientas de inclusión entre los tres niveles de gobierno para la consecución de los trabajos planteados, mismos que serán de carácter transversal, integral y concurrente.

III. (…)

IV. Fomentar una educación de agricultura familiar y la participación de  las personas, organizaciones, cooperativas agrícolas y, en general, de los sectores social, privado y de todos los que tengan relación con el desarrollo social del país.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La iniciativa tiene sustento en la reforma aprobada el 13 de octubre de 2011 al artículo cuarto constitucional que establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Con esta reforma, se elevó a rango Constitucional el Derecho Humano a la Alimentación, responsabilizando al Estado de su protección y de garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos. Lo anterior a través de dos líneas de acción principales:

• La creación de un marco normativo que regule o establezca las condiciones para hacer efectivo el espíritu de la reforma constitucional.

• El diseño de políticas públicas necesarias para lograr que el derecho alimentario se cumpla.

Con base en lo anterior, las comisiones dictaminadoras consideran que la iniciativa resulta pertinente por atender a la necesidad de crear un marco normativo que coadyuve a mejorar el acceso al derecho a la alimentación.

SEGUNDA.- La iniciativa hace referencia a instrumentos internacionales que han sido ratificados por México:

a) El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales  Culturales ratificado por México en 1981.

b) El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por México en 1988.

c) La Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, adoptada por México en 1945.

En estos tres instrumentos se hace referencia a la importancia de adoptar medidas que garanticen que la población pueda acceder al derecho a la alimentación a través de la producción de alimentos.

En particular el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que los Estados Partes en el reconocen el derecho de toda persona a un nivel adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, para lo cual tomarán medidas apropiadas.

TERCERA.- Los integrantes de las comisiones dictaminadoras, conscientes de la necesidad de implementar medidas legislativas apropiadas para que se puedan llevar a cabo políticas públicas para garantizar el pleno acceso de la población al derecho a la alimentación, consideramos pertinente la propuesta de las legisladoras atendiendo a las diversas recomendaciones que ha hecho la FAO a los países latinoamericanos en el sentido de fomentar la agricultura familiar.

CUARTA.- Uno de los beneficios adicionales de la agricultura familiar que no se mencionan en la propuesta y resulta importante y valioso para los miembros de esta comisión, es el hecho de que este tipo de producción de alimentos, además de ser un pilar para la seguridad alimentaria, es una de las acciones que mejora sustancialmente las condiciones de vida de mujeres, niñas y niños, dos de los sectores más vulnerables.

Lo anterior debido a que muchas de las huertas familiares son conducidas por mujeres y su producción es consumido por ellas y por sus hijas e hijos. Esto permite el empoderamiento de estos grupos económica y socialmente, según lo han referido expertos en la materia.1

QUINTA.- Otro de los beneficios adicionales que las dictaminadoras hemos tomado en cuenta es el bien que la agricultura familiar hace al medio ambiente, el cual ha sido ampliamente divulgado por la FAO, especialmente en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar que se celebró el año pasado, en donde se mencionó que este tipo de producción tiene un amplio potencial para erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y cuidar nuestro planeta2.

SEXTA.- Además, la propuesta resulta pertinente, ya que permite ligar la agricultura familiar con las cooperativas agrícolas.  Lo anterior  brinda mayores oportunidades a las familias productoras, para comercializar su producción  y lograr mejores condiciones, tales como las que se mencionan en la iniciativa.

SÉPTIMA.- En cuanto a la propuesta enunciada en el primer apartado de la iniciativa en relación con las acciones transversales, integrales y concurrentes, consideramos que el texto de la ley vigente, resulta claro en la obligación de parte de los tres niveles de gobierno en la implementación de acciones concurrentes. En cuanto a los principios de transversalidad e integralidad, que no se mencionan en la ley es necesario llevar a cabo un debate más amplio que permita dilucidar la pertinencia de incluir estos principios en el cuerpo general de la Ley General de Desarrollo Social, lo cual escapa a las posibilidades presentes de esta comisión, razón por la cual se omite esta modificación.

OCTAVA.- Las comisiones dictaminadoras proponen una redacción y un acomodo diferente, esto con la intención de hacer más claro el espíritu de la propuesta.  En este sentido, se generaliza el fomento a la agricultura familiar, para dar paso a diversas acciones, que no se vean limitadas a la educación, tal como se aprecia en el Apartado IV.

IV. MODIFICACIONES

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente, el texto propuesto en la iniciativa y el texto propuesto por las comisiones dictaminadoras,  de conformidad con las consideraciones anteriores.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO EN LA INICIATIVA

TEXTO PROPUESTO POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS

Artículo 38.(…)

I.(…)

II. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades federales en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social;

 

 

 

III. (…)

IV. Fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones y, en general, de los sectores social y privado en el desarrollo social;

 

 

V. y VI.(…)

 

Artículo 38.(…)

I.(…)

II. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades federales en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social, propiciando mecanismos y herramientas de inclusión entre los tres niveles de gobierno para la consecución de los trabajos planteados, mismos que serán de carácter transversal, integral y concurrente.

III. (…)

IV. Fomentar una educación de agricultura familiar y la participación de las personas, familias y organizaciones, cooperativas agrícolas y, en general, de los sectores social,  privado y de todos los que tengan relación con el desarrollo social del país;

V. y VI. (…)

Artículo 38.(…)

I.(…)

II. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades federales en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social, propiciando mecanismos y herramientas de inclusión entre los tres niveles de gobierno, mismos que serán de carácter transversal, integral y concurrente.

III. (…)

IV. Fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones y, en general, de los sectores social y privado en el desarrollo social,



V. y VI. (…)

VII. Fomentar la educación en agricultura familiar y   la participación de las personas y comunidades en cooperativas agrícolas.

Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado, en apego a lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones dictaminadoras APRUEBAN el proyecto de Iniciativa en comento, CON LAS MODIFICACIONES señaladas y fundamentadas; y ponen a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VII al Artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 38. (…)

I.(…)

II. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades federales en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social, propiciando mecanismos y herramientas de inclusión entre los tres niveles de gobierno, mismos que serán de carácter transversal, integral y concurrente.

III. (…)

IV. Fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones y, en general, de los sectores social y privado en el desarrollo social,

V. y VI. (…)

VII. Fomentar la educación en agricultura familiar y la participación de las personas y comunidades en cooperativas agrícolas.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en las instalaciones de la Cámara de Senadores, a 30 de abril de 2015.

Suscriben

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

1 Ver: http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasaapt/El%20Huerto%20Familiar.pdf

2 Ver: http://www.fao.org/about/meetings/global-dialogue-on-family-farming/es/






Uno, de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Población.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 182 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 24, 143 y 143 BIS a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 24, 143 Y 143 BIS A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJO DE MENORES

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA,

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores fue turnada, para estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos los artículos 5o., fracciones I y IV; 22; 22 Bis; 23; 174; 175, primer, segundo y tercer párrafos y fracción IV; 175 Bis, primer párrafo e inciso c); 176; 178; 179, 180, primer párrafo y fracción II;191, 267; 362; 372, primer párrafo; 988, primer párrafo y 995 Bis; y se derogan las fracciones I y II del artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo en materia de Trabajo de Menores.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85 numeral 2, inciso a; 86; 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 180, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la minuta referida.

II. En el capítulo de “CONTENIDO” se sintetiza el alcance de la propuesta bajo estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, se plantea el proyecto de Decreto que reforma los artículos 5o., fracciones I y IV; 22; 22 Bis; 23; 174; 175, primer, segundo y tercer párrafos y fracción IV; 175 Bis, primer párrafo e inciso c); 176; 178; 179, 180, primer párrafo y fracción II;191, 267; 362; 372, primer párrafo; 988, primer párrafo y 995 Bis; y se derogan las fracciones I y II del artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo.

ANTECEDENTES

Primero.- A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo, presentadas por la Diputada Verónica Juárez Piña , del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, el Diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, los Diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Gutiérrez de la Garza, Claudia Delgadillo González y José Everardo Nava Gómez, todos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo.- Con fecha 2 de diciembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó el expediente con la minuta proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en Materia de Trabajo de Menores a la Cámara de Senadores, asimismo, con fecha 4 de diciembre de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, turnó el expediente a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La minuta propone reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para armonizar esta disposición con el texto constitucional del artículo 123, apartado A, fracción III, a fin de elevar la edad mínima de admisión a empleo de 14 a 15 años. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 2, numeral 3, del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, mediante el cual se establece que la edad mínima fijada para emplear a un menor de edad no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en su caso no podrá ser menor a los 15 años.

También se pretende normar los trabajos peligrosos e insalubres en los que está prohibida la utilización del trabajo de menores de edad, con el propósito de prohibir a los menores de 18 años las labores peligrosas.

Las reformas reiteran las obligaciones para toda la sociedad, los padres de familia, empresas y autoridades para preservar el derecho de la niñez y permiten fortalecer las políticas públicas dirigidas a la prevención y erradicación del trabajo infantil y a la protección de la población adolescente, en particular las que permitirán garantizar a esta población la protección del trabajo y el acceso en los espacios de educación.

CONSIDERACIONES

Estas comisiones unidas coinciden con los proponentes toda vez que consideran que se pretenden modificaciones que benefician a los menores, asimismo con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas por la normatividad vigente, se abocaron al estudio y la dictaminación de la minuta con proyecto de decreto y que de fondo versa sobre el trabajo de los menores de edad.

Estas comisiones dictaminadoras consideramos, correcta la integración de propuestas presentadas en materia de reformas a la Ley Federal del Trabajo, considerando que el uso de la técnica legislativa, de la profundidad de las modificaciones, adiciones y derogaciones que se proponen, encuentran su fundamento legal en la actual reforma constitucional que tuvo el artículo 123, apartado A, fracción III, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de junio de 2014, y que contiene el establecimiento de la prohibición de que niños menores de 15 años de edad sean utilizados para el trabajo.

Asimismo, estas comisiones unidas expresan su preocupación y el total respaldo a la minuta en comento, toda vez que la niñez es una etapa fundamental del desarrollo de las personas, por lo que es importante garantizar que los individuos en esta fase de la vida se encuentren lo menos expuestos a ciertos riesgos que puedan deteriorar o dañar su integridad física y emocional, por lo que estas Comisiones consideran viables las modificaciones, adiciones y derogaciones a la Ley Federal del Trabajo propuestas en la minuta en comento.

Debido a que nuestro país también ha suscrito la Convención de los Derechos del Niño,  y aun y cuando la Ley para la protección de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes es reglamentaria de esa disposición de carácter internacional en materia de Derechos Humanos y en razón de que dichas disposiciones, en término del artículo 1° de la Constitución, son disposiciones que constitucionalmente infieren la ampliación del catalogo de Derechos Humanos protegidos por nuestro orden constitucional y legal, y dado que uno de esos derechos se refiere a la prohibición del trabajo de menores de 15 años aprobado por el Constituyente Permanente.

También, consideramos necesario armonizar el artículo 176 relativo a los trabajos peligrosos e insalubres en los que está prohibida la utilización del trabajo de menores de edad, con el propósito de prohibir a los menores de 18 años las labores peligrosas, y en cumplimiento de los dispuesto en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo se establece la posibilidad de que puedan desarrollar las labores señaladas en el mencionado artículo, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, que estos hayan recibido instrucción o formación adecuada y especifica en la rama de actividad correspondiente, en razón de brindarle mayores herramientas de información y formación para el óptimo desempeño de sus labores y, además, solo podrá permitirse la contratación de adolescentes en este rango de edad, en empleos debidamente calificados por la Junta de Conciliación y Arbitraje o  de la Inspección del Trabajo, quienes deberán otorgar la autorización correspondiente,  como autoridades correspondientes que conocen los riesgos y condiciones que implican determinados empleos. Lo anterior, en congruencia con lo señalado por el artículo 3, numeral 3 del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo.

Estas Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, están de acuerdo en que la razón de fondo para no emplear a menores de dieciocho años en determinadas actividades, no implica una cuestión de discapacidad física, sino que, es una medida de protección para los adolescentes en edad permitida para trabajar. Se trata de asegurarles la plenitud del desarrollo de sus facultades físicas y mentales y la conclusión de su educación obligatoria. Coincidimos en que por ello, en concordancia es que reforman los artículos 191 y 267, elevando la edad mínima de admisión al empleo en buques y para desempeñar maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal, de dieciséis a dieciocho años, por considerar que se trata de actividades que implican mayor esfuerzo y destreza en su desempeño, así como períodos largos separados de la familia y ausentismo escolar, además de producir un gran desgaste físico, capaz de retardar el desarrollo normal de los menores de edad.

Es en ese tenor que se armoniza esta disposición con lo señalado por el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Primera, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 178, 180, 182, 192, 193, y 194 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES   DE LA LEY FEDERAL EL TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJO DE MENORES.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 5o., fracciones I y IV; 22; 22 Bis; 23; 174; 175, primer, segundo y tercer párrafos y fracción IV; 175 Bis, primer párrafo e inciso c); 176; 178; 179, 180, primer párrafo y fracción II;191, 267; 362; 372, primer párrafo; 988, primer párrafo y 995 Bis; y se derogan las fracciones I y II del artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Articulo 5o . ...

I. Trabajos para menores de quince años;

II. y III. ...

IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho años;

V. a XIII. ...

Articulo 22. Los mayores de quince a nos pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta Ley.

Los mayores de quince y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política.

Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar, en su caso, las acciones que les correspondan.

Artículo 22 Bis. Queda prohibido el trabajo de menores de quince años; no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de dieciocho años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casas que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Articulo 23. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de quince años fuera del círculo familiar, ordenara que de inmediato cese en sus labores. AI patrón que incurra en esta conducta se le sancionara con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley.

En caso de que el menor no estuviere devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias.

Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos y, con ello, su desarrollo integral.

Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor, por consanguinidad, ascendientes o colaterales; hasta el segundo grado.

Cuando los menores de dieciocho años realicen alguna actividad productiva de autoconsumo, bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar o tutores, estos tendrán la obligaci6n de respetar y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que los mismos concluyan, por lo menos, su educación básica obligatoria.

Articulo 174. Los mayores de quince y menores de dieciocho años, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Articulo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años:

I. a III . ...

IV. En labores peligrosas o insalubres que por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del media en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores, en términos de lo previsto en el artículo 176 de esta Ley.

En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de dieciocho años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores, a los menores de dieciocho años les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley.

Artículo 175 Bis. Para los efectos de este capítulo, no se considerara trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quince anos relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas:

a) y b) ...

c) Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que realice nunca serán menores a las que por concepto de salario recibirá un mayor de quince y menor de dieciocho años.

Artículo 176.-Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se consideraran, como labores peligrosas o insalubres, las que impliquen:

I. Exposición a:

1. Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes infrarrojas o ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales.

2. Agentes químicos contaminantes del ambiente !aboral.

3. Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infecto contagiosas.

4. Fauna peligrosa o flora nociva.

II. Labores:

1. Nocturnas industriales o el trabajo después de las veintidós horas.

2. De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros.

3. En altura o espacios confinados.

4. En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustancias químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores.

5. De soldadura y corte.

6. En condiciones climáticas extremas en campo abierto, que los expongan a deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelaci6n.

7. En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías primarias).

8. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca.

9. Productivas de las industrias gasera, del cementa, minera, del hierro y el acero, petrolera y nuclear.

10. Productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera.

11. Productivas de la industria tabacalera..

12. Relacionadas con la generaci6n, transmisi6n y distribuci6n de electricidad y el mantenimiento de instalaciones eléctricas.

13. En obras de construcción.

14. Que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de personas o la custodia de bienes y valores.

15. Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que demandan alta responsabilidad, o que requieren de concentración y atención sostenidas.

16. Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas.

17. En buques.

18. En minas.

19. Submarinas y subterráneas.

20. Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo.

III. Esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los siete kilogramos; posturas forzadas, o con movimientos repetitivos por períodos prolongados, que alteren su sistema musculo-esquelético.

IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas.

V. Manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o herramientas mecánicas, eléctricas, neumáticas o motorizadas, que puedan generar amputaciones, fracturas o lesiones graves.

VI. Manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico y eléctrico.

VII. Usa de herramientas manuales punzo cortantes.

Las actividades previstas en este artículo, para los menores de dieciocho años y mayores de dieciséis años de edad, se sujetaran a los términos y condiciones consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Articulo 178. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años, en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagaran con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75.

Artículo 179. Los menores de dieciocho años, disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas de dieciocho días laborables, por lo menos.

Articulo 180. Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciocho años, están obligados a:

I . ...

II. Llevar y tener a disposición de la autoridad competente, registros y documentación comprobatoria, en donde se indique el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento o la edad de los menores de dieciocho años empleados por ellos, clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones generales de trabajo; así mismo, dichos registros deberán incluir la información correspondiente de aquellos que reciban orientación, capacitación o formación profesional en sus empresas.

III. a V ...

Articulo 191. Queda prohibido el trabajo a que se refiere este capítulo a los menores de dieciséis años y el de los menores de dieciocho en calidad de pañoleros o fogoneros.

Articulo 267. No podrá utilizarse el trabajo de los menores de dieciocho años.

Articulo 362. Pueden formar parte de los sindicatos, los trabajadores mayores de quince años.

Artículo 372. No podrán formar parte de la directiva de los sindicatos los trabajadores extranjeros.

I. Se deroga.

II. Se deroga.

Articulo 988. Los trabajadores mayores de quince anos, pero menores de dieciocho, que no hayan terminado su educación básica obligatoria, podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorizaci6n para trabajar, y acompañaran los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 995 Bis. AI patrón que infrinja lo dispuesto en el artículo 23, primer párrafo de esta Ley, se le castigara con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5000 veces el salario mínima general.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, 30 de abril de 2015.






Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Gobernación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Perú.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE

(Dictamen de primera lectura)








Dos, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía, con proyectos de Decreto:

Por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre México y la República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA PARA EL DESARROLLO DE LOS USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR, HECHO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL CATORCE

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA;
DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE ENERGÍA;

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; les fue turnado para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en la Ciudad de México el treinta de julio de dos mil catorce.

Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción I, y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 117, 135, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 182, 183, numerales 1 y 2, 184, 186, 187, 190 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, formulan el presente dictamen conforme a lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de octubre de 2014, mediante oficio No. SELAP/300/2401/14, la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remitió a los secretarios de la Cámara de Senadores, copias certificadas del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en la Ciudad de México el treinta de julio de dos mil catorce.

2. En sesión celebrada el 7 de octubre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante oficio DGPL-1P3A.-1972, turnó el citado Acuerdo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. Los senadores integrantes de estas comisiones dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del citado Acuerdo, con el objetivo de expresar sus observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

El Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en la Ciudad de México el treinta de julio de dos mil catorce, tiene por objeto desarrollar y fortalecer la cooperación entre México y Francia en el ámbito de la utilización de la energía nuclear, con fines exclusivamente pacíficos y no explosivos, en estricto apego a su legislación nacional y a los tratados aplicables en la materia, de los cuales ambos estados son partes.

El Acuerdo contiene 20 artículos tal como se enlista a continuación:

El Artículo 1 define, para el caso de la aplicación del Acuerdo, los términos: materiales no nucleares, materiales nucleares, equipos, instalaciones, propiedad intelectual, tecnología, desarrollo, producción, uso, cooperación técnica, datos técnicos e información.

De conformidad con el Artículo 2, las Partes desarrollarán actividades de cooperación técnica y científica en el ámbito del uso de la energía nuclear con fines pacíficos, respetando los principios previstos en sus respectivas legislaciones y políticas nucleares. Además, establece las áreas de cooperación susceptibles de aplicación en el marco de este Acuerdo, así como las modalidades de ésta.

El Artículo 3estipula las condiciones de aplicación de la cooperación a que se refiere el Artículo 2 y que deberán observar las disposiciones del Acuerdo.

El Artículo 4 establece que las Partes realizarán todas las gestiones destinadas a facilitar la aplicación de las medidas administrativas, fiscales o aduaneras necesarias en el ámbito de su competencia para la debida instrumentación del Acuerdo.

El Artículo 5 indica que las Partes garantizarán la seguridad y la preservación del carácter confidencial de los datos técnicos y la información, designados con tal carácter por la Parte que los haya suministrado.

El Artículo 6 dispone que las Partes se esforzarán por alcanzar y mantener, dentro de las acciones de cooperación en la aplicación del Acuerdo, el más alto nivel de seguridad nuclear, física y técnica.

El Artículo 7 señala que los derechos de propiedad intelectual que se originen en el marco de la cooperación del Acuerdo se asignarán, caso por caso, en los acuerdos específicos, los instrumentos y los contratos mencionados en el Artículo 3.

El Artículo 8 estipula que para la indemnización de los daños causados por un accidente nuclear, las Partes aplicarán el régimen de responsabilidad civil nuclear establecido por la Convención de Viena de 1963 en lo que a México se refiere, o a la Convención de París de 1960 y su Protocolo, en lo que a Francia se refiere. Y se menciona que en este contexto, los operadores de instalaciones nucleares de las Partes contratarán los seguros y las garantías financieras necesarias.

El Artículo 9 dispone que las Partes se asegurarán que los materiales no nucleares, los materiales nucleares, equipos, instalaciones y la tecnología transferidos en el marco del Acuerdo, así como los materiales nucleares obtenidos o recuperados, sólo se utilizarán con fines exclusivamente pacíficos y no explosivos.

El Artículo 10 determina que todos los materiales nucleares transferidos a la República Francesa, así como todas las generaciones sucesivas de materiales nucleares, se someterán al sistema de control de la seguridad de la Comunidad Europea de Energía Atómica y al Sistema de Salvaguardias del OIEA, aplicando el Acuerdo entre Francia, la Comunidad Europea de Energía Atómica y el OIEA. Los materiales nucleares transferidos a México en virtud del Acuerdo, así como todas las generaciones sucesivas de materiales nucleares recuperados u obtenidos como subproductos, se someterán a las salvaguardias del OIEA en virtud del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el OIEA y su Protocolo Adicional.

El Artículo 11 indica que en caso de que las salvaguardias del OIEA contempladas en el Artículo 10 no pudiesen aplicarse en el territorio de alguna de las partes, éstas se comprometerán a ponerse inmediatamente en contacto para someter, los materiales nucleares transferidos u obtenidos, así como todas las generaciones sucesivas a un sistema de salvaguardias mutuamente acordado, de una eficacia y alcance equivalentes al aplicado anteriormente por el OIEA.

El Artículo 12 establece que los materiales no nucleares, materiales nucleares, equipos, instalaciones y la tecnología mencionados en el Artículo 9 quedan sujetos a las disposiciones del Acuerdo hasta que hayan sido transferidos o retransferidos fuera de la jurisdicción de la Parte destinataria, de conformidad con las disposiciones del Artículo 13 del Acuerdo; o las Partes acuerden mutuamente sustraerlos de éste; o que las Partes acuerden que los materiales nucleares no son recuperables para transformarse en forma utilizable para cualquier actividad nuclear pertinente, de conformidad con las salvaguardias contempladas en el artículo 10 del Acuerdo.

El Artículo 13 dispone que cada Parte se asegurará que los materiales no nucleares, materiales nucleares, equipos, instalaciones y la tecnología contemplados en el Artículo 9 del Acuerdo se encuentren en posesión de las personas autorizadas en su jurisdicción. Además, establece que cada Partes se asegurará que en su territorio o fuera de él, se adopten medidas adecuadas para la protección física de los materiales no nucleares, nucleares, equipos e instalaciones contemplados en el Acuerdo, de conformidad con su legislación nacional y las convenciones internacionales de las que sea parte, en particular en las disposiciones de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares.

De igual forma, dispone que los niveles de protección física adoptados serán por lo menos los especificados en el Anexo 1 de la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, que la implementación de las medidas de protección física es responsabilidad de cada parte dentro de su jurisdicción y que las modificaciones de las recomendaciones del OIEA en relación con la protección física  sólo tendrán efecto en términos del Acuerdo cuando ambas partes se hayan informado recíprocamente por escrito.

El Artículo 14 estipula que en caso que una de las partes transfiera o retransfiera fuera de su jurisdicción materiales nucleares, no nucleares, equipo, instalaciones o tecnologías, así como los materiales nucleares obtenidos o recuperados, deberá obtener las mismas garantías de la Parte destinataria. Además señala los casos para los cuales la Parte que contemple una transferencia o retransferencia recibirá el consentimiento de la Parte proveedora. De igual forma, establece que dentro de la Unión Europea, las transferencias y retransferencias de bienes y productos se someterán a las disposiciones del capítulo IX del 25 de marzo de 1957 constitutivo de la Comunidad Europea de Energía Atómica que reglamenta el mercado común nuclear.

El Artículo 15 señala que ninguna de las disposiciones del Acuerdo se interpretará en perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de la participación de alguna de las Partes en otros acuerdos internacionales y, en el caso de la República Francesa, de su pertenencia a la Unión Europea y a la Comunidad Europea de Energía Atómica.

El Artículo 16 indica que las Partes establecerán un Comité Conjunto para coordinar y garantizar el desarrollo y seguimiento de la cooperación derivada del Acuerdo o de los acuerdos específicos, y establece su integración y reglamentación.

El Artículo 17 establece que los aspectos relacionados con el financiamiento de las actividades de cooperación derivadas del acuerdo serán convenidos por las Partes a través de instrumentos por separado.

El Artículo 18 determina las condiciones de entrada y salida del territorio del personal comisionado por cada una de las Partes para la ejecución del Acuerdo.

El Artículo 19 indica que las Partes resolverán cualquier controversia relativa a la interpretación o la aplicación del Acuerdo, a través de la negociación, consulta, mediación, conciliación, o mediante cualquier otro medio pacífico de solución de controversias que acuerden mutuamente.

El Artículo 20 dispone que cada Parte notificará a la otra el cumplimiento de sus procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo, que entrará en vigor el primer día del segundo mes a partir de la fecha de recepción de la segunda notificación. El Acuerdo tendrá una vigencia de 20 años a partir de su entrada en vigor, prorrogable automáticamente por períodos de 20 años a menos que una de las Partes notifique a la otra su intención de denunciarlo mediante comunicación escrita con seis meses de antelación.

III. MÉTODO DE TRABAJO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DEL ACUERDO

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Energía, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo y la importancia de que sea aprobado en sus términos.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República.

Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

IV. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se dispone en los artículos 89 fracción X y 76 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra ordenan:

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I…- IX…

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI…- XX…”.

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos”.

V. CONSIDERACIONES DE ORDEN ESPECÍFICO

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; que suscriben este dictamen, reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al firmar el Acuerdo bajo análisis, con apego a lo dispuesto en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señalan que la energía nuclear es una fuente de suministro sostenible, limpia y una alternativa viable a los combustibles fósiles, por cuanto a su aportación a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del fenómeno del cambio climático.

Advierten que en México la energía nuclear es utilizada para usos pacíficos, particularmente en la generación de energía nucleoeléctrica, aplicaciones médicas, industriales y de investigación.

Las dictaminadoras manifiestan que gracias a los diversos ámbitos de aplicación de la energía nuclear en México, la cooperación con países, organismos e instituciones internacionales que promueven su uso pacífico, es deseable en la medida en que contribuya a promover la ciencia y el desarrollo tecnológico, para un aprovechamiento más eficaz y eficiente de las capacidades nucleares disponibles.

Coinciden en la importancia mayúscula que tiene adoptar todas las medidas oportunas para que el uso de la energía nuclear se realice con un alto grado de seguridad, reglamentación, supervisión y además, que sea amigable con el medio ambiente.

Las comisiones dictaminadoras reciben con beneplácito el hecho de que el Acuerdo bajo análisis sea congruente con el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) del Sistema de Naciones Unidas, que es el ente intergubernamental encargado de fomentar y facilitar la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de la energía nuclear con fines pacíficos.

Los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras también señalan que tanto México como la República Francesa tienen una gran responsabilidad en materia de seguridad nuclear, puesto que ambos países cuentan con reactores que utilizan material fisionable para la generación de energía y el desarrollo de investigación científica. En tal virtud, la cooperación entre ambos países es pertinente.

Asimismo, manifiestan quela República Francesa tiene una amplia experiencia en el ámbito nuclear, ya que cuenta con 58 reactores nucleares en operación y uno en construcción, situándose como el país con mayor porcentaje de generación nuclear en el mundo y el segundo con el mayor número de reactores nucleares.

En virtud de lo anterior, los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras consideran que el intercambio de experiencias y la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear con la República Francesa enriquecerán considerablemente la capacidad del Estado mexicano en dicho sector. Además, manifiestan que el Acuerdo permitirá al Gobierno Mexicano tener acceso expedito y estructurado a información técnica, tecnología de punta y avances científicos en el ámbito nuclear; capacitar científicos mexicanos de alto nivel en temas de su interés; fortalecer el desarrollo de conocimientos en la materia, así como promover el intercambio comercial de materiales y equipos nucleares, bajo estrictas medidas internacionales y salvaguardias para el uso pacífico de la energía nuclear.

Las comisiones dictaminadoras, manifiestan que las disposiciones contenidas en el Acuerdo, son coherentes con el marco jurídico internacional vigente en la materia y con las convenciones multilaterales de las cuales México es Parte, a saber: el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en Relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares del 27 de septiembre de 1972 y el Protocolo Adicional al Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en Relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares del 29 de marzo de 2004.

Asimismo, las comisiones legislativas manifiestan que el Acuerdo cumple con el marco normativo aplicable, una vez analizado y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el Artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Finalmente, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen reconocen que la suscripción del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear cumple con las disposiciones constitucionales para su aprobación y, con base en el análisis y estudio, se ha corroborado que el mismo fue celebrado con apego a lo dispuesto en la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo bajo análisis no se lesiona ni la Soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía, someter a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

VI. DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en la Ciudad de México, el treinta de julio de dos mil catorce.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 30 días del mes de abril de 2015.






Y el Acuerdo entre México y la Federación de Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA PARA LA COOPERACIÓN EN EL CAMPO DEL USO PACÍFICO DE LA ENERGÍA NUCLEAR, HECHO EN LAS CIUDADES DE MÉXICO Y MOSCÚ, EL CUATRO Y EL VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, RESPECTIVAMENTE

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA;
DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE ENERGÍA;

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; les fue turnado para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear, hecho en las Ciudades de México y Moscú, el cuatro y veinticuatro de diciembre de dos mil trece, respectivamente.

Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 113, 117, 135, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 182, 183, numerales 1 y 2, 184, 186, 187, 190, y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, formulan el presente dictamen conforme a lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de mayo de 2014, mediante oficio No. SELAP/300/1099/14, la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remitió a los secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, copias certificadas del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear, hecho en las Ciudades de México y Moscú, el cuatro y veinticuatro de diciembre de dos mil trece, respectivamente.

2. En sesión celebrada el 28 de mayo de 2014, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante oficio CP2R2A.–410, turnó el citado Acuerdo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. Los senadores integrantes de estas comisiones dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del citado Acuerdo, con el objetivo de expresar sus observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear, hecho en las Ciudades de México y Moscú, tiene por objeto desarrollar y fortalecer la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear y contribuir a la promoción de la cooperación entre ambos estados.

El Acuerdo contiene 15 artículos tal como se enlista a continuación:

De conformidad con el Artículo 1, las Partes desarrollarán y fortalecerán la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear, de conformidad con sus necesidades y prioridades, y con las disposiciones del presente Acuerdo y la legislación de los Estados Unidos Mexicanos y la Federación de Rusia.

El Artículo 2 establece las áreas de cooperación susceptibles de aplicación en el marco de este Acuerdo, entre las que destacan las siguientes: investigación básica y aplicada en el campo del uso pacífico de la energía nuclear, incluyendo fusión nuclear y nuevas tecnologías de reactores; diseño, construcción, operación de reactores de potencia y de investigación; entrega y desarrollo de servicios del ciclo del combustible nuclear; producción de materiales y componentes para reactores de potencia y de investigación; seguridad física y tecnológica nuclear, protección radiológica, respuesta a emergencias; reglamentación sobre seguridad física y tecnológica nuclear y producción radiológica, control de la protección física de las instalaciones nucleares, fuentes de radiación, áreas de almacenamiento, y materiales nucleares y radiactivos; producción y aplicación de radioisótopos en la industria, medicina y agricultura; educación y entrenamiento de expertos en el campo de la física nuclear y energía nuclear; y otras áreas de cooperación acordadas por las partes.

El Artículo 3 estipula a través de qué tipo de modalidades se implementará la cooperación en las áreas previstas, a saber: establecimiento de grupos de trabajo conjuntos; intercambio de expertos; organización de talleres; asistencia en la educación y entrenamiento del personal científico y técnico; intercambio y acceso a información científica y técnica; y otras formas de cooperación acordadas entre las partes.

El Artículo 4 establece que los términos utilizados en el Acuerdo tendrán el significado especificado en el documento del OIEA, INFCIRC/254/Rev.10/Parte1 “Comunicación Recibida de la Misión Permanente de los Países Bajos Relativa a las Directrices de Ciertos Estados Miembros para la Exportación de Material Equipo y Tecnología Nucleares”, y sus enmiendas ulteriores.

EL Artículo 5 designa a las Autoridades Competentes para la implementación del presente Acuerdo: por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a la Secretaría de Energía y por el Gobierno de la Federación de Rusia a la Corporación Estatal de Energía Atómica “Rosatom” para las áreas de cooperación, y el Servicio Federal de Inspección Ecológica, Tecnológica y Atómica para el área referida en el Artículo 2, inciso f) del Acuerdo.

El Artículo 6 indica que la cooperación a la que se refiere el Artículo 2 será implementada por las instituciones autorizadas por las Autoridades Competentes de las Partes mediante la celebración de instrumentos jurídicos apropiados en los que se especificará el alcance de la cooperación, los derechos y obligaciones de las Partes, el financiamiento y cualquier otra información pertinente.

El Artículo 7 dispone que el uso de la información estará supeditada a lo dispuesto en la legislación de los Estados Unidos Mexicanos y la Federación de Rusia y que la información clasificada por la Federación de Rusia como Secreto de Estado, no será transferida bajo el Acuerdo. Además, establece que las Partes usarán la información suministrada bajo este Acuerdo, únicamente para los fines para los que fue suministrada y define el tratamiento que se dará a la información transferida como confidencial.

El Artículo 8 señala que la exportación de materiales nucleares, equipos, materiales especiales no nucleares y tecnologías relacionadas, se implementarán de conformidad con las obligaciones de las Partes derivadas del TNP y de otros tratados internacionales.

En el caso de materiales nucleares recibidos bajo el Acuerdo, así como de materiales nucleares producidos como resultado del uso de materiales nucleares, equipo, materiales especiales no nucleares y tecnología relacionadas, serán aplicables las disposiciones del Acuerdo de Salvaguardias de 1985 y las disposiciones del Acuerdo de Salvaguardias de 1972 a la Federación de Rusia, de ser el caso, o a los Estados Unidos Mexicanos. Los materiales no serán enriquecidos al 20 por ciento o más en uranio-235 ni serán enriquecidos o reprocesados sin el previo consentimiento por escrito de la parte que los transfirió.

Además, estipula que los equipos y materiales de uso dual y tecnologías relacionadas, utilizados con fines nucleares deberán de ser utilizadas exclusivamente para los fines declarados que no tengan relación con actividades para la fabricación de dispositivos nucleares explosivos, y no serán copiados o modificados, re-exportados o transferidos a un tercero, sin el consentimiento por escrito de los organismos o instituciones de la otra parte.

Por último, establece que las Partes cooperarán en temas para el control de exportaciones de materiales nucleares, equipos, materiales especiales no nucleares y tecnologías relacionadas, así como productos de uso dual.

El Artículo 9 especifica que las instalaciones y tecnología para el reprocesamiento químico de combustible nuclear irradiado, el enriquecimiento isotópico de uranio y la producción de agua pesada, sus principales componentes o cualquier artículo producido a partir de ellos, así como el uranio enriquecido al 20 por ciento o más en uranio-235, plutonio y agua pesada, no serán transferidos bajo este acuerdo.

El Artículo 10 dispone el establecimiento de un Comité Conjunto de Coordinación integrado por igual número de representantes, designados por las Autoridades Competentes de las Partes para proponer actividades específicas y vigilar la adecuada aplicación del Acuerdo. Las reuniones del Comité se celebrarán a solicitud de cualquiera de las partes.

El Artículo 11 determina que la responsabilidad civil por daños nucleares se definirá a través de los instrumentos jurídicos celebrados de conformidad con el Artículo 6 del Acuerdo, así como la legislación de las Partes y sus respectivas obligaciones internacionales.

El Artículo 12 indica que cualquier controversia derivada de la aplicación o interpretación del Acuerdo será resuelta mediante consultas o negociaciones entre las Partes.

El Artículo 13 establece que las Partes garantizarán la protección efectiva y la distribución de los derechos de propiedad intelectual transferida bajo el Acuerdo y que las condiciones específicas de tal protección y distribución se determinarán en instrumentos jurídicos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de este Acuerdo.

El Artículo 14 decreta que el Acuerdo podrá ser enmendado por acuerdo mutuo por escrito de las Partes a través de los canales diplomáticos. Dichas enmiendas entrarán en vigor de conformidad en lo establecido en el numeral 1 del Artículo 15 del Acuerdo.

El Artículo 15 dispone que la entrada en vigor del Acuerdo ocurrirá 30 días después de que las Partes se comuniquen el cumplimiento de sus procedimientos internos para su entrada en vigor y que el Acuerdo permanecerá en vigor por cinco años, y se extenderá automáticamente por períodos subsecuentes de cinco años, a menos que cualquiera de las Partes notifique su intención de darlo por terminado por escrito, a más tardar un año antes de la expiración del plazo inicial de cinco años o cualquier período subsiguiente de cinco años.

III. MÉTODO DE TRABAJO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DEL ACUERDO

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Energía, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo y la importancia de que sea aprobado en sus términos.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República.

Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

IV. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se dispone en los artículos 89, fracción X, y 76 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra ordenan:

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I…- IX…

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI…- XX…”

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos”.


V. CONSIDERACIONES DE ORDEN ESPECÍFICO

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; que suscriben este dictamen, reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al firmar el Acuerdo bajo análisis, con apego a lo dispuesto en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señalan que la energía nuclear es una fuente de suministro sostenible, limpia y una alternativa viable a los combustibles fósiles, por cuanto a su aportación a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del fenómeno del cambio climático.

Advierten que en México la energía nuclear es utilizada para usos pacíficos, particularmente en la generación de energía nucleoeléctrica, aplicaciones médicas, industriales y de investigación.

Las dictaminadoras manifiestan que gracias a los diversos ámbitos de aplicación de la energía nuclear en México, la cooperación con países, organismos e instituciones internacionales que promueven su uso pacífico, es deseable en la medida en que contribuya a promover la ciencia y el desarrollo tecnológico, para un aprovechamiento más eficaz y eficiente de las capacidades nucleares disponibles.

Coinciden en la importancia mayúscula que tiene adoptar todas las medidas oportunas para que el uso de la energía nuclear se realice con un alto grado de seguridad, reglamentación, supervisión y además, que sea amigable con el medio ambiente.

Las comisiones dictaminadoras reciben con beneplácito el hecho de que el Acuerdo bajo análisis, sea congruente con el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) del Sistema de Naciones Unidas, que es el ente intergubernamental encargado de fomentar y facilitar la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de la energía nuclear con fines pacíficos.

Los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras también señalan que tanto México como Federación de Rusia tienen una gran responsabilidad en materia de seguridad nuclear, puesto que ambos países cuentan con reactores que utilizan material fisionable para la generación de energía y el desarrollo de investigación científica. En tal virtud, la cooperación entre ambos países es pertinente.

Asimismo, la Federación de Rusia se encuentra dentro de los cinco países con mayor desarrollo en materia nuclear. La totalidad de los reactores que se encuentran en operación en Rusia son diseñados y construidos en ese país y en 2012, la energía nuclear en Rusia representó el 18% de la generación total de electricidad.

Actualmente, Rusia posee 12 centrales y 33 reactores nucleares de potencia en operación, con una capacidad total instalada de 24,164Mwe. Asimismo, tiene 11 reactores en construcción, que para el 2024 generarán adicionalmente 9,153Mwe.

En virtud de lo anterior, los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras consideran que el intercambio de experiencias y la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear con la Federación de Rusia enriquecerán considerablemente la capacidad del Estado mexicano en dicho sector.

Las comisiones dictaminadoras, manifiestan que las disposiciones contenidas en el Acuerdo, son coherentes con el marco jurídico internacional vigente en la materia y con las convenciones multilaterales de las cuales México es Parte, a saber: el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en Relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares del 27 de septiembre de 1972 y el Protocolo Adicional al Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en Relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares del 29 de marzo de 2004.

Asimismo, las comisiones legislativas manifiestan que el Acuerdo cumple con el marco normativo aplicable, una vez analizado y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el Artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados”.

Finalmente, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen reconocen que, la suscripción del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear cumple con las disposiciones constitucionales para su aprobación y, con base en el análisis y estudio, se ha corroborado que el mismo fue celebrado con apego a lo dispuesto en la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo bajo análisis no se lesiona ni la Soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía, someter a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

VI. DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia  para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear, hecho en las ciudades de México y Moscú, el cuatro y el veinticuatro de diciembre de dos mil trece, respectivamente.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 30 días del mes de abril de 2015.






Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL TRATADO DE MARRAKECH PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS OBRAS PUBLICADAS A LAS PERSONAS CIEGAS, CON DISCAPACIDAD VISUAL O CON OTRAS DIFICULTADES PARA ACCEDER AL TEXTO IMPRESO, ADOPTADO EN MARRAKECH, MARRUECOS, EL 27 DE JUNIO DE 2013

(Dictamen de primera lectura)








Y uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Salud, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio de Minamata sobre el Mercurio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






Para dar cumplimiento a los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General, se procederá a la elección de los ciudadanos Senadores que integrarán la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura.

Sírvase la Secretaría llamar a los ciudadanos Senadores por orden de lista, a efecto de que pasen a depositar su voto.

COMISION PERMANENTE

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se solicita a los ciudadanos Senadores y Senadoras pasen a depositar su voto al ánfora al ser llamados por orden de lista, y el personal de apoyo proceda a repartir las cédulas de votación.

(Votación y escrutinio)

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, se emitieron 77 votos en favor de la planilla integrada por los siguientes Senadores:

Titulares:

Senador Emilio Gamboa Patrón.
Senador Arturo Zamora Jiménez.
Senador Manuel Cavazos Lerma.
Senador René Juárez Cisneros.
Senadora Graciela Ortiz González.
Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu.
Senador David Penchyna Grub.
Senador Daniel Amador Gaxiola.
Senador Fernando Yunes Márquez.
Senador Ernesto Cordero Arroyo.
Senador Fernando Herrera Ávila.
Senadora Pilar Ortega Martínez.
Senador Juan Carlos Romero Hicks.
Senador Miguel Barbosa Huerta.
Senador Luis Sánchez Jiménez.
Senador Armando Ríos Piter.
Senador Luis Armando Melgar Bravo.
Senador Manuel Bartlett Díaz.

Sustitutos:

Senador Miguel Romo Medina.
Senador Ismael Hernández Deras.
Senador Enrique Burgos García.
Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.
Senador Ernesto Gándara Camou.
Senadora Mayela Quiroga Tamez.
Senador Ricardo Urzúa Rivera.
Senador Arquímedes Oramas Vargas.
Senador Roberto Gil Zuarth.
Senador Javier Lozano Alarcón.
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.
Senadora Adriana Dávila Fernández.
Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.
Senadora Dolores Padierna Luna.
Senadora Angélica de la Peña Gómez.
Senador Zoé Robledo Aburto.
Senador Juan Gerardo Flores Ramírez.
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

En vista del resultado de la votación, esta Presidencia declara que son miembros de la Comisión Permanente para el segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura, las y los Senadores que han sido mencionados por la Secretaría, tanto titulares como sustitutos.

Se informa a los señores Senadores que han sido electos como integrantes de la Comisión Permanente, que a las 18:00 horas del día de hoy se llevará a cabo la sesión de instalación en el recinto ubicado en el sótano 1 de este edificio. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






Procedemos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país, a fin de que participen en la competencia “Fuerzas de Comando 2015”, que se llevará a cabo del 12 al 24 de julio de 2015, en Poptún, Departamento de Petén, República de Guatemala.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS, A FIN DE QUE PARTICIPEN EN LA COMPETENCIA “FUERZAS DE COMANDO 2015”, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 12 AL 24 DE JULIO DE 2015, EN POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN, REPÚBLICA DE GUATEMALA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. El dictamen se encuentra a discusión.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

Fundamentación del dictamen de salida de tropas para
participar en el ejercicio “Fuerzas de Comando 2015”
Senado de la República, a 30 de abril de 2015.

Compañeras y compañeros Senadores:

En el dictamen que vengo a fundamentar ponemos a consideración de esta Soberanía que se autorice al Titular del Ejecutivo Federal para que permita la salida de efectivos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas y de esa manera puedan participar en la competencia “Fuerzas de Comando 2015”, la cual se llevará a cabo del 12 al 24 de julio del año en curso en la Ciudad de Poptún, Departamento de Petén en la República de Guatemala.

Para esta autorización se tomó en consideración los siguientes aspectos:

Primero, el Senado de la República es competente para autorizar la salida de tropas del territorio nacional, establecida en el artículo 76 fracción III Constitucional.

Segundo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se  prevé que nuestro país sea una fuerza positiva y propositiva en el mundo y aspirando a tener una sólida presencia en la comunidad internacional.

Tercero, el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, señala que la Secretaría del ramo busca coadyuvar a fortalecer a la presencia e imagen de México consolidando los lazos de amistad con Fuerzas Armadas de otros países por medio del adiestramiento militar y la participación en mecanismos y foros regionales.

Cuarto, los objetivos de la competencia son: desarrollar y mantener alianzas y relaciones estratégicas regionales; Incrementar las relaciones militares; y Promover la seguridad regional, así como mejorar el entrenamiento, la interoperabilidad y capacidad de las fuerzas especiales.

Por lo antes expuesto, proponemos la aprobación del Decreto por el que se autoriza al Titular del Ejecutivo Federal que permita la salida del territorio nacional de tropas para la participación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la competencia denominada “Fuerzas de Comando 2015” que se llevará a cabo  del 12 al 24 de julio del año en curso en la Ciudad de Poptún, Departamento de Petén en la República de Guatemala.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar del resultado de la votación en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 98 del Reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 74 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Se comunica a las señoras y señores Senadores que la votación que se hizo a mano alzada, se habrá de registrar en el cómputo correspondiente para que se incorpore al sistema electrónico.

Por tanto, compañeras y compañeros Senadores, les informo que la Secretaría de la Mesa Directiva publicará este registro y, en consecuencia, queda aprobado el Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país, a fin de que participen en la competencia “Fuerzas de Comando 2015”, que se llevará a cabo del 12 al 24 de julio de 2015, en Poptún, Departamento de Petén, República de Guatemala. Remítase al Ejecutivo Federal.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo. Asisten a este recinto con la finalidad de presenciar los trabajos del Senado de la República.

Sean ustedes bienvenidos.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre México y el Reino Hachemita de Jordania.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 6 DE FEBRERO DE 2014

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levanta la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: El dictamen está a discusión. No habiendo oradores, nadie se inscribe como orador en este dictamen; por lo tanto, se reserva para su votación conjuntamente con el siguiente dictamen.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre México y el Reino Hachemita de Jordania.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación de éste y del anterior dictamen. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal.

El Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Señor Presidente, pedí el uso de la palabra con anterioridad.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senador Torres Corzo, lo expuse públicamente que si había oradores, pasamos a la siguiente fase, no había oradores en este sentido, estamos abriendo ya en este momento la votación correspondiente, por tanto, le ruego al señor Senador Teófilo Torres Corzo si es tan amable que su intervención se pueda integrar al Diario de los Debates y se presente por escrito.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

Honorable Asamblea:

He solicitado el uso de la palabra para destacar la importancia de los dos dictámenes que hoy se presentan a su consideración. Me refiero al Convenio de Cooperación Educativa y Cultural y el Convenio Marco de Cooperación Técnica, ambos instrumentos firmados el 6 de febrero de 2014 en el marco de la visita de trabajo del Rey Abdullah II a la Ciudad de México.

Estos convenios forman parte de los primeros instrumentos internacionales que el Gobierno de México impulsa con Jordania, nación que tiene el potencial de ser un socio de nuestro país en cuestiones comerciales, turísticas, educativas, entre otras y por ello, se ha desplegado una estrategia para empezar a construir el andamiaje jurídico y de cooperación, que nos permita profundizar nuestra relación con Jordania.

En tal virtud, me referiré al primer dictamen puesto a consideración de este Pleno por parte de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; Relaciones Exteriores; y Educación: a saber, el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania.

Estimados compañeros Senadores, el Convenio tiene entre sus objetivos el compromiso de fortalecer el diálogo educativo-cultural a fin de posibilitar una movilidad académico-estudiantil y de especialistas de forma expedita.

De aprobarse, se favorecerá la presencia de México mediante la intensificación de contactos gubernamentales encargados de la educación, la juventud, la cultura física y el deporte, así como con los círculos intelectuales, académicos y culturales.

Quiero hacer énfasis en que el intercambio de conocimientos y de buenas prácticas en materia de educación y cultura es esencial para la elaboración de proyectos concretos que favorezcan la vinculación de ambos países.

Uno de los beneficios que México podría adquirir de este Convenio sería el aprendizaje del sistema educativo jordano y las reformas que se han implementado y, con ello, mejorar la competitividad educativa de la niñez y juventud mexicana.

El presente Convenio, también favorecerá el intercambio cultural en materia literaria y artística a través de la difusión del idioma, las artes visuales y plásticas de ambos países. De esta manera este instrumento coadyuvará a lograr sinergias entre los ciudadanos de México y Jordania que permitan un mayor entendimiento cultural de las partes.

Estimados Senadores, este importante instrumento internacional busca además potenciar las posibilidades educativas de nuestros jóvenes, al brindarles otra alternativa más para realizar estudios especializados en otros países.

En lo relativo al Convenio Marco de Cooperación Técnica entre México y Jordania, turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, tiene como finalidad impulsar el diseño y desarrollo de proyectos en áreas prioritarias para el desarrollo mutuo como el turismo, la agricultura, el medio ambiente y la salud.

Este instrumento internacional sienta las bases para fomentar la cooperación a favor del desarrollo social de ambos países a través de la organización de misiones de diagnóstico, la colaboración en la formación de investigadores y el intercambio de expertos en las materias señaladas.

En el ámbito turístico, existe un nicho de oportunidad pues sólo poco más de 500 jordanos nos visitan cada año, en comparación a los más de 5,000 mexicanos que visitan Jordania. En los sectores de agricultura, medio ambiente y salud, este Convenio incrementará el intercambio de información y permitirá promover el desarrollo humano sustentable con total apego con los compromisos internacionales que México ha suscrito con anterioridad.

Cabe destacar, que los instrumentos internacionales bajo análisis, no lesiona la soberanía nacional ni contravienen lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de otorgar su voto en pro de ambos dictámenes, estaremos consolidando la relación de México con el Reino Hachemita de Jordania y al mismo tiempo, dando un paso firme hacia la vigorización de las relaciones con los países de Medio Oriente.

Para concluir, deseo agradecer la participación de las Comisiones Codictaminadoras: de Relaciones Exteriores, de Educación y de Ciencia y Tecnología, encabezadas por los senadores Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks y Alejandro Tello Cristerna. A todos los integrantes de éstas comisiones, mi agradecimiento por sus comentarios para enriquecer el presente dictamen y por su voluntad para aprobar este tipo de instrumentos internacionales que le brindan a México y a sus jóvenes, mayores opciones de desarrollo.

Es cuanto señor Presidente.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

FUNDAMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES FIRMADOS CON JORDANIA
Senado de la República, a 30 de abril de 2015.

Estimados compañeros:

El día de hoy ponemos a su consideración los dictámenes de dos instrumentos internacionales suscritos con Jordania,país con el que tenemos 40 años de relaciones diplomáticas y cuya primera embajada se abrió en México el pasado mes de febrero.

El primero de estos instrumentos es el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural, instrumento que busca incrementar el acercamiento entre México y Jordania en los ámbitos de la educación, el arte, la cultura, la juventud, las personas adultas mayores, la cultura física y el deporte.

Todos estos temas se impulsarán mediante la realización de programas de investigación, acuerdos de cooperación directa entre instituciones de enseñanza en todos los niveles; organización de cursos, congresos y seminarios; así como el intercambio de expertos, profesores, investigadores, estudiantes y especialistas en arte y cultura.

De igual forma, y reconociendo la importancia de los patrimonios histórico y cultural, México y Jordania alentarán el establecimiento de vínculos de cooperación en materia de rescate, restauración, conservación, difusión, identificación y legislación del patrimonio histórico y cultural. Además, se comprometen a establecer medidas para prevenir e impedir la importación, exportación y transferencia ilícitas de bienes culturales.

Para dar seguimiento a todos estos compromisos, el Conveniocrea una Comisión Mixta que será la encargada de evaluar y delimitar las áreas prioritarias en las que será factible realizar proyectos específicos de colaboración.

De esta manera,las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Educación; consideramos que el instrumento que se somete a su consideración contribuirá a intensificar el conocimiento mutuo entre México y Jordania y constituye un esfuerzo más para incrementar la presencia de México en Medio Oriente.

El siguiente dictamen lo presentamos las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología; sobre el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre México y Jordania.

Aunque los vínculos diplomáticos con este país se establecieron desde 1975, los contactos de alto nivel han sido esporádicos y se requiere de un nuevo impulso de esta relación, sobre todo ahora que conmemoramos el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

En este contexto, las Comisiones Dictaminadoras consideramos oportuna la aprobación de este Convenio que tiene un objetivo: desarrollar, impulsar y facilitar la colaboración entre ambos países mediante el desarrollo de programas y proyectos en áreas de interés mutuo como el turismo, la agricultura, el medio ambiente y la salud.

Para ello, se organizarán misiones de diagnóstico que permitirán identificar áreas en las que se podrán desarrollar proyectos de cooperación; y también se fomentará el intercambio de expertos, investigadores y técnicos. Además, se seleccionarán proyectos  de común acuerdo que podrán realizarse con apoyo de organizaciones internacionales y agencias de cooperación.

Así, de aprobarse este instrumento por el Pleno del Senado, se establecerán las bases para la cooperación en la promoción de diversas áreas y el intercambio de experiencias en los ámbitos de la salud y el medio ambiente.

Jordania es una de las economías más abiertas del mundo árabe y México debe ir acercándose cada vez más a aquella región.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los dos proyectos de Decreto, sobre los instrumentos internacionales ya mencionados.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 74 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Compañeros Senadores: Les informo que la Secretaría de la Mesa Directiva también publicará los votos que se realizaron a mano alzada, para que éstos se integren a la votación electrónica.

En consecuencia, se aprueban los Decretos que contienen:

El Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, suscrito en la Ciudad de México el 6 de febrero del año 2014.

Y el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en la Ciudad de México el 6 de febrero del año 2014.

Remítanse al Ejecutivo Federal.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre México y la República Francesa para el Reconocimiento Mutuo de Diplomas, Títulos y Periodos de Estudios de Educación Superior.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA PARA EL RECONOCIMIENTO MUTUO DE DIPLOMAS, TÍTULOS Y PERIODOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, FIRMADO AD REFERÉNDUM EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está a discusión.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se reserva para su votación conjuntamente con el siguiente dictamen.






Pasamos a la lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos entre México y el gobierno de la República Italiana.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL CONVENIO SOBRE TRANSPORTES AÉREOS ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA, FIRMADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 1965, HECHO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 13 DE ENERO DE 2014

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite su lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, se omite la lectura. Está a discusión.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se reserva para su votación en conjunto con el siguiente dictamen.






Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre México y el gobierno de la República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA PARA EL DESARROLLO DE LOS USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR, HECHO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL CATORCE

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA;
DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE ENERGÍA;

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; les fue turnado para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en la Ciudad de México el treinta de julio de dos mil catorce.

Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción I, y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 117, 135, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 182, 183, numerales 1 y 2, 184, 186, 187, 190 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, formulan el presente dictamen conforme a lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de octubre de 2014, mediante oficio No. SELAP/300/2401/14, la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remitió a los secretarios de la Cámara de Senadores, copias certificadas del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en la Ciudad de México el treinta de julio de dos mil catorce.

2. En sesión celebrada el 7 de octubre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante oficio DGPL-1P3A.-1972, turnó el citado Acuerdo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. Los senadores integrantes de estas comisiones dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del citado Acuerdo, con el objetivo de expresar sus observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

El Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en la Ciudad de México el treinta de julio de dos mil catorce, tiene por objeto desarrollar y fortalecer la cooperación entre México y Francia en el ámbito de la utilización de la energía nuclear, con fines exclusivamente pacíficos y no explosivos, en estricto apego a su legislación nacional y a los tratados aplicables en la materia, de los cuales ambos estados son partes.

El Acuerdo contiene 20 artículos tal como se enlista a continuación:

El Artículo 1 define, para el caso de la aplicación del Acuerdo, los términos: materiales no nucleares, materiales nucleares, equipos, instalaciones, propiedad intelectual, tecnología, desarrollo, producción, uso, cooperación técnica, datos técnicos e información.

De conformidad con el Artículo 2, las Partes desarrollarán actividades de cooperación técnica y científica en el ámbito del uso de la energía nuclear con fines pacíficos, respetando los principios previstos en sus respectivas legislaciones y políticas nucleares. Además, establece las áreas de cooperación susceptibles de aplicación en el marco de este Acuerdo, así como las modalidades de ésta.

El Artículo 3estipula las condiciones de aplicación de la cooperación a que se refiere el Artículo 2 y que deberán observar las disposiciones del Acuerdo.

El Artículo 4 establece que las Partes realizarán todas las gestiones destinadas a facilitar la aplicación de las medidas administrativas, fiscales o aduaneras necesarias en el ámbito de su competencia para la debida instrumentación del Acuerdo.

El Artículo 5 indica que las Partes garantizarán la seguridad y la preservación del carácter confidencial de los datos técnicos y la información, designados con tal carácter por la Parte que los haya suministrado.

El Artículo 6 dispone que las Partes se esforzarán por alcanzar y mantener, dentro de las acciones de cooperación en la aplicación del Acuerdo, el más alto nivel de seguridad nuclear, física y técnica.

El Artículo 7 señala que los derechos de propiedad intelectual que se originen en el marco de la cooperación del Acuerdo se asignarán, caso por caso, en los acuerdos específicos, los instrumentos y los contratos mencionados en el Artículo 3.

El Artículo 8 estipula que para la indemnización de los daños causados por un accidente nuclear, las Partes aplicarán el régimen de responsabilidad civil nuclear establecido por la Convención de Viena de 1963 en lo que a México se refiere, o a la Convención de París de 1960 y su Protocolo, en lo que a Francia se refiere. Y se menciona que en este contexto, los operadores de instalaciones nucleares de las Partes contratarán los seguros y las garantías financieras necesarias.

El Artículo 9 dispone que las Partes se asegurarán que los materiales no nucleares, los materiales nucleares, equipos, instalaciones y la tecnología transferidos en el marco del Acuerdo, así como los materiales nucleares obtenidos o recuperados, sólo se utilizarán con fines exclusivamente pacíficos y no explosivos.

El Artículo 10 determina que todos los materiales nucleares transferidos a la República Francesa, así como todas las generaciones sucesivas de materiales nucleares, se someterán al sistema de control de la seguridad de la Comunidad Europea de Energía Atómica y al Sistema de Salvaguardias del OIEA, aplicando el Acuerdo entre Francia, la Comunidad Europea de Energía Atómica y el OIEA. Los materiales nucleares transferidos a México en virtud del Acuerdo, así como todas las generaciones sucesivas de materiales nucleares recuperados u obtenidos como subproductos, se someterán a las salvaguardias del OIEA en virtud del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el OIEA y su Protocolo Adicional.

El Artículo 11 indica que en caso de que las salvaguardias del OIEA contempladas en el Artículo 10 no pudiesen aplicarse en el territorio de alguna de las partes, éstas se comprometerán a ponerse inmediatamente en contacto para someter, los materiales nucleares transferidos u obtenidos, así como todas las generaciones sucesivas a un sistema de salvaguardias mutuamente acordado, de una eficacia y alcance equivalentes al aplicado anteriormente por el OIEA.

El Artículo 12 establece que los materiales no nucleares, materiales nucleares, equipos, instalaciones y la tecnología mencionados en el Artículo 9 quedan sujetos a las disposiciones del Acuerdo hasta que hayan sido transferidos o retransferidos fuera de la jurisdicción de la Parte destinataria, de conformidad con las disposiciones del Artículo 13 del Acuerdo; o las Partes acuerden mutuamente sustraerlos de éste; o que las Partes acuerden que los materiales nucleares no son recuperables para transformarse en forma utilizable para cualquier actividad nuclear pertinente, de conformidad con las salvaguardias contempladas en el artículo 10 del Acuerdo.

El Artículo 13 dispone que cada Parte se asegurará que los materiales no nucleares, materiales nucleares, equipos, instalaciones y la tecnología contemplados en el Artículo 9 del Acuerdo se encuentren en posesión de las personas autorizadas en su jurisdicción. Además, establece que cada Partes se asegurará que en su territorio o fuera de él, se adopten medidas adecuadas para la protección física de los materiales no nucleares, nucleares, equipos e instalaciones contemplados en el Acuerdo, de conformidad con su legislación nacional y las convenciones internacionales de las que sea parte, en particular en las disposiciones de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares.

De igual forma, dispone que los niveles de protección física adoptados serán por lo menos los especificados en el Anexo 1 de la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, que la implementación de las medidas de protección física es responsabilidad de cada parte dentro de su jurisdicción y que las modificaciones de las recomendaciones del OIEA en relación con la protección física sólo tendrán efecto en términos del Acuerdo cuando ambas partes se hayan informado recíprocamente por escrito.

El Artículo 14 estipula que en caso que una de las partes transfiera o retransfiera fuera de su jurisdicción materiales nucleares, no nucleares, equipo, instalaciones o tecnologías, así como los materiales nucleares obtenidos o recuperados, deberá obtener las mismas garantías de la Parte destinataria. Además señala los casos para los cuales la Parte que contemple una transferencia o retransferencia recibirá el consentimiento de la Parte proveedora. De igual forma, establece que dentro de la Unión Europea, las transferencias y retransferencias de bienes y productos se someterán a las disposiciones del capítulo IX del 25 de marzo de 1957 constitutivo de la Comunidad Europea de Energía Atómica que reglamenta el mercado común nuclear.

El Artículo 15 señala que ninguna de las disposiciones del Acuerdo se interpretará en perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de la participación de alguna de las Partes en otros acuerdos internacionales y, en el caso de la República Francesa, de su pertenencia a la Unión Europea y a la Comunidad Europea de Energía Atómica.

El Artículo 16 indica que las Partes establecerán un Comité Conjunto para coordinar y garantizar el desarrollo y seguimiento de la cooperación derivada del Acuerdo o de los acuerdos específicos, y establece su integración y reglamentación.

El Artículo 17 establece que los aspectos relacionados con el financiamiento de las actividades de cooperación derivadas del acuerdo serán convenidos por las Partes a través de instrumentos por separado.

El Artículo 18 determina las condiciones de entrada y salida del territorio del personal comisionado por cada una de las Partes para la ejecución del Acuerdo.

El Artículo 19 indica que las Partes resolverán cualquier controversia relativa a la interpretación o la aplicación del Acuerdo, a través de la negociación, consulta, mediación, conciliación, o mediante cualquier otro medio pacífico de solución de controversias que acuerden mutuamente.

El Artículo 20 dispone que cada Parte notificará a la otra el cumplimiento de sus procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo, que entrará en vigor el primer día del segundo mes a partir de la fecha de recepción de la segunda notificación. El Acuerdo tendrá una vigencia de 20 años a partir de su entrada en vigor, prorrogable automáticamente por períodos de 20 años a menos que una de las Partes notifique a la otra su intención de denunciarlo mediante comunicación escrita con seis meses de antelación.

III. MÉTODO DE TRABAJO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DEL ACUERDO

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Energía, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo y la importancia de que sea aprobado en sus términos.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República.

Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

IV. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se dispone en los artículos 89 fracción X y 76 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra ordenan:

"Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I…- IX…

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI…- XX…".

"Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos".

V. CONSIDERACIONES DE ORDEN ESPECÍFICO

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; que suscriben este dictamen, reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al firmar el Acuerdo bajo análisis, con apego a lo dispuesto en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señalan que la energía nuclear es una fuente de suministro sostenible, limpia y una alternativa viable a los combustibles fósiles, por cuanto a su aportación a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del fenómeno del cambio climático.

Advierten que en México la energía nuclear es utilizada para usos pacíficos, particularmente en la generación de energía nucleoeléctrica, aplicaciones médicas, industriales y de investigación.

Las dictaminadoras manifiestan que gracias a los diversos ámbitos de aplicación de la energía nuclear en México, la cooperación con países, organismos e instituciones internacionales que promueven su uso pacífico, es deseable en la medida en que contribuya a promover la ciencia y el desarrollo tecnológico, para un aprovechamiento más eficaz y eficiente de las capacidades nucleares disponibles.

Coinciden en la importancia mayúscula que tiene adoptar todas las medidas oportunas para que el uso de la energía nuclear se realice con un alto grado de seguridad, reglamentación, supervisión y además, que sea amigable con el medio ambiente.

Las comisiones dictaminadoras reciben con beneplácito el hecho de que el Acuerdo bajo análisis sea congruente con el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) del Sistema de Naciones Unidas, que es el ente intergubernamental encargado de fomentar y facilitar la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de la energía nuclear con fines pacíficos.

Los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras también señalan que tanto México como la República Francesa tienen una gran responsabilidad en materia de seguridad nuclear, puesto que ambos países cuentan con reactores que utilizan material fisionable para la generación de energía y el desarrollo de investigación científica. En tal virtud, la cooperación entre ambos países es pertinente.

Asimismo, manifiestan quela República Francesa tiene una amplia experiencia en el ámbito nuclear, ya que cuenta con 58 reactores nucleares en operación y uno en construcción, situándose como el país con mayor porcentaje de generación nuclear en el mundo y el segundo con el mayor número de reactores nucleares.

En virtud de lo anterior, los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras consideran que el intercambio de experiencias y la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear con la República Francesa enriquecerán considerablemente la capacidad del Estado mexicano en dicho sector. Además, manifiestan que el Acuerdo permitirá al Gobierno Mexicano tener acceso expedito y estructurado a información técnica, tecnología de punta y avances científicos en el ámbito nuclear; capacitar científicos mexicanos de alto nivel en temas de su interés; fortalecer el desarrollo de conocimientos en la materia, así como promover el intercambio comercial de materiales y equipos nucleares, bajo estrictas medidas internacionales y salvaguardias para el uso pacífico de la energía nuclear.

Las comisiones dictaminadoras, manifiestan que las disposiciones contenidas en el Acuerdo, son coherentes con el marco jurídico internacional vigente en la materia y con las convenciones multilaterales de las cuales México es Parte, a saber: el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en Relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares del 27 de septiembre de 1972 y el Protocolo Adicional al Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en Relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares del 29 de marzo de 2004.

Asimismo, las comisiones legislativas manifiestan que el Acuerdo cumple con el marco normativo aplicable, una vez analizado y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el Artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Finalmente, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen reconocen que la suscripción del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear cumple con las disposiciones constitucionales para su aprobación y, con base en el análisis y estudio, se ha corroborado que el mismo fue celebrado con apego a lo dispuesto en la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo bajo análisis no se lesiona ni la Soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía, someter a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

VI. DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en la Ciudad de México, el treinta de julio de dos mil catorce.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 30 días del mes de abril de 2015.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está a discusión el dictamen.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se reserva para su votación en conjunto con el siguiente dictamen.






Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y el gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA PARA LA COOPERACIÓN EN EL CAMPO DEL USO PACÍFICO DE LA ENERGÍA NUCLEAR, HECHO EN LAS CIUDADES DE MÉXICO Y MOSCÚ, EL CUATRO Y EL VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, RESPECTIVAMENTE

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA;
DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE ENERGÍA;

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; les fue turnado para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear, hecho en las Ciudades de México y Moscú, el cuatro y veinticuatro de diciembre de dos mil trece, respectivamente.

Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 113, 117, 135, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 182, 183, numerales 1 y 2, 184, 186, 187, 190, y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, formulan el presente dictamen conforme a lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de mayo de 2014, mediante oficio No. SELAP/300/1099/14, la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remitió a los secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, copias certificadas del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear, hecho en las Ciudades de México y Moscú, el cuatro y veinticuatro de diciembre de dos mil trece, respectivamente.

2. En sesión celebrada el 28 de mayo de 2014, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante oficio CP2R2A.–410, turnó el citado Acuerdo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. Los senadores integrantes de estas comisiones dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del citado Acuerdo, con el objetivo de expresar sus observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen.


II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear, hecho en las Ciudades de México y Moscú, tiene por objeto desarrollar y fortalecer la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear y contribuir a la promoción de la cooperación entre ambos estados.

El Acuerdo contiene 15 artículos tal como se enlista a continuación:

De conformidad con el Artículo 1, las Partes desarrollarán y fortalecerán la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear, de conformidad con sus necesidades y prioridades, y con las disposiciones del presente Acuerdo y la legislación de los Estados Unidos Mexicanos y la Federación de Rusia.

El Artículo 2 establece las áreas de cooperación susceptibles de aplicación en el marco de este Acuerdo, entre las que destacan las siguientes: investigación básica y aplicada en el campo del uso pacífico de la energía nuclear, incluyendo fusión nuclear y nuevas tecnologías de reactores; diseño, construcción, operación de reactores de potencia y de investigación; entrega y desarrollo de servicios del ciclo del combustible nuclear; producción de materiales y componentes para reactores de potencia y de investigación; seguridad física y tecnológica nuclear, protección radiológica, respuesta a emergencias; reglamentación sobre seguridad física y tecnológica nuclear y producción radiológica, control de la protección física de las instalaciones nucleares, fuentes de radiación, áreas de almacenamiento, y materiales nucleares y radiactivos; producción y aplicación de radioisótopos en la industria, medicina y agricultura; educación y entrenamiento de expertos en el campo de la física nuclear y energía nuclear; y otras áreas de cooperación acordadas por las partes.

El Artículo 3 estipula a través de qué tipo de modalidades se implementará la cooperación en las áreas previstas, a saber: establecimiento de grupos de trabajo conjuntos; intercambio de expertos; organización de talleres; asistencia en la educación y entrenamiento del personal científico y técnico; intercambio y acceso a información científica y técnica; y otras formas de cooperación acordadas entre las partes.

El Artículo 4 establece que los términos utilizados en el Acuerdo tendrán el significado especificado en el documento del OIEA, INFCIRC/254/Rev.10/Parte1 "Comunicación Recibida de la Misión Permanente de los Países Bajos Relativa a las Directrices de Ciertos Estados Miembros para la Exportación de Material Equipo y Tecnología Nucleares", y sus enmiendas ulteriores.

EL Artículo 5 designa a las Autoridades Competentes para la implementación del presente Acuerdo: por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a la Secretaría de Energía y por el Gobierno de la Federación de Rusia a la Corporación Estatal de Energía Atómica "Rosatom" para las áreas de cooperación, y el Servicio Federal de Inspección Ecológica, Tecnológica y Atómica para el área referida en el Artículo 2, inciso f) del Acuerdo.

El Artículo 6 indica que la cooperación a la que se refiere el Artículo 2 será implementada por las instituciones autorizadas por las Autoridades Competentes de las Partes mediante la celebración de instrumentos jurídicos apropiados en los que se especificará el alcance de la cooperación, los derechos y obligaciones de las Partes, el financiamiento y cualquier otra información pertinente.

El Artículo 7 dispone que el uso de la información estará supeditada a lo dispuesto en la legislación de los Estados Unidos Mexicanos y la Federación de Rusia y que la información clasificada por la Federación de Rusia como Secreto de Estado, no será transferida bajo el Acuerdo. Además, establece que las Partes usarán la información suministrada bajo este Acuerdo, únicamente para los fines para los que fue suministrada y define el tratamiento que se dará a la información transferida como confidencial.

El Artículo 8 señala que la exportación de materiales nucleares, equipos, materiales especiales no nucleares y tecnologías relacionadas, se implementarán de conformidad con las obligaciones de las Partes derivadas del TNP y de otros tratados internacionales.

En el caso de materiales nucleares recibidos bajo el Acuerdo, así como de materiales nucleares producidos como resultado del uso de materiales nucleares, equipo, materiales especiales no nucleares y tecnología relacionadas, serán aplicables las disposiciones del Acuerdo de Salvaguardias de 1985 y las disposiciones del Acuerdo de Salvaguardias de 1972 a la Federación de Rusia, de ser el caso, o a los Estados Unidos Mexicanos. Los materiales no serán enriquecidos al 20 por ciento o más en uranio-235 ni serán enriquecidos o reprocesados sin el previo consentimiento por escrito de la parte que los transfirió.

Además, estipula que los equipos y materiales de uso dual y tecnologías relacionadas, utilizados con fines nucleares deberán de ser utilizadas exclusivamente para los fines declarados que no tengan relación con actividades para la fabricación de dispositivos nucleares explosivos, y no serán copiados o modificados, re-exportados o transferidos a un tercero, sin el consentimiento por escrito de los organismos o instituciones de la otra parte.

Por último, establece que las Partes cooperarán en temas para el control de exportaciones de materiales nucleares, equipos, materiales especiales no nucleares y tecnologías relacionadas, así como productos de uso dual.

El Artículo 9 especifica que las instalaciones y tecnología para el reprocesamiento químico de combustible nuclear irradiado, el enriquecimiento isotópico de uranio y la producción de agua pesada, sus principales componentes o cualquier artículo producido a partir de ellos, así como el uranio enriquecido al 20 por ciento o más en uranio-235, plutonio y agua pesada, no serán transferidos bajo este acuerdo.

El Artículo 10 dispone el establecimiento de un Comité Conjunto de Coordinación integrado por igual número de representantes, designados por las Autoridades Competentes de las Partes para proponer actividades específicas y vigilar la adecuada aplicación del Acuerdo. Las reuniones del Comité se celebrarán a solicitud de cualquiera de las partes.

El Artículo 11 determina que la responsabilidad civil por daños nucleares se definirá a través de los instrumentos jurídicos celebrados de conformidad con el Artículo 6 del Acuerdo, así como la legislación de las Partes y sus respectivas obligaciones internacionales.

El Artículo 12 indica que cualquier controversia derivada de la aplicación o interpretación del Acuerdo será resuelta mediante consultas o negociaciones entre las Partes.

El Artículo 13 establece que las Partes garantizarán la protección efectiva y la distribución de los derechos de propiedad intelectual transferida bajo el Acuerdo y que las condiciones específicas de tal protección y distribución se determinarán en instrumentos jurídicos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de este Acuerdo.

El Artículo 14 decreta que el Acuerdo podrá ser enmendado por acuerdo mutuo por escrito de las Partes a través de los canales diplomáticos. Dichas enmiendas entrarán en vigor de conformidad en lo establecido en el numeral 1 del Artículo 15 del Acuerdo.

El Artículo 15 dispone que la entrada en vigor del Acuerdo ocurrirá 30 días después de que las Partes se comuniquen el cumplimiento de sus procedimientos internos para su entrada en vigor y que el Acuerdo permanecerá en vigor por cinco años, y se extenderá automáticamente por períodos subsecuentes de cinco años, a menos que cualquiera de las Partes notifique su intención de darlo por terminado por escrito, a más tardar un año antes de la expiración del plazo inicial de cinco años o cualquier período subsiguiente de cinco años.

III. MÉTODO DE TRABAJO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DEL ACUERDO

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Energía, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo y la importancia de que sea aprobado en sus términos.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República.

Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

IV. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se dispone en los artículos 89, fracción X, y 76 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra ordenan:

"Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I…- IX…

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI…- XX…"

"Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos".


V. CONSIDERACIONES DE ORDEN ESPECÍFICO

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía; que suscriben este dictamen, reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al firmar el Acuerdo bajo análisis, con apego a lo dispuesto en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señalan que la energía nuclear es una fuente de suministro sostenible, limpia y una alternativa viable a los combustibles fósiles, por cuanto a su aportación a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del fenómeno del cambio climático.

Advierten que en México la energía nuclear es utilizada para usos pacíficos, particularmente en la generación de energía nucleoeléctrica, aplicaciones médicas, industriales y de investigación.

Las dictaminadoras manifiestan que gracias a los diversos ámbitos de aplicación de la energía nuclear en México, la cooperación con países, organismos e instituciones internacionales que promueven su uso pacífico, es deseable en la medida en que contribuya a promover la ciencia y el desarrollo tecnológico, para un aprovechamiento más eficaz y eficiente de las capacidades nucleares disponibles.

Coinciden en la importancia mayúscula que tiene adoptar todas las medidas oportunas para que el uso de la energía nuclear se realice con un alto grado de seguridad, reglamentación, supervisión y además, que sea amigable con el medio ambiente.

Las comisiones dictaminadoras reciben con beneplácito el hecho de que el Acuerdo bajo análisis, sea congruente con el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) del Sistema de Naciones Unidas, que es el ente intergubernamental encargado de fomentar y facilitar la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de la energía nuclear con fines pacíficos.

Los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras también señalan que tanto México como Federación de Rusia tienen una gran responsabilidad en materia de seguridad nuclear, puesto que ambos países cuentan con reactores que utilizan material fisionable para la generación de energía y el desarrollo de investigación científica. En tal virtud, la cooperación entre ambos países es pertinente.

Asimismo, la Federación de Rusia se encuentra dentro de los cinco países con mayor desarrollo en materia nuclear. La totalidad de los reactores que se encuentran en operación en Rusia son diseñados y construidos en ese país y en 2012, la energía nuclear en Rusia representó el 18% de la generación total de electricidad.

Actualmente, Rusia posee 12 centrales y 33 reactores nucleares de potencia en operación, con una capacidad total instalada de 24,164Mwe. Asimismo, tiene 11 reactores en construcción, que para el 2024 generarán adicionalmente 9,153Mwe.

En virtud de lo anterior, los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras consideran que el intercambio de experiencias y la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear con la Federación de Rusia enriquecerán considerablemente la capacidad del Estado mexicano en dicho sector.

Las comisiones dictaminadoras, manifiestan que las disposiciones contenidas en el Acuerdo, son coherentes con el marco jurídico internacional vigente en la materia y con las convenciones multilaterales de las cuales México es Parte, a saber: el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en Relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares del 27 de septiembre de 1972 y el Protocolo Adicional al Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en Relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares del 29 de marzo de 2004.

Asimismo, las comisiones legislativas manifiestan que el Acuerdo cumple con el marco normativo aplicable, una vez analizado y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el Artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

"Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados".

Finalmente, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen reconocen que, la suscripción del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear cumple con las disposiciones constitucionales para su aprobación y, con base en el análisis y estudio, se ha corroborado que el mismo fue celebrado con apego a lo dispuesto en la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo bajo análisis no se lesiona ni la Soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía, someter a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

VI. DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear, hecho en las ciudades de México y Moscú, el cuatro y el veinticuatro de diciembre de dos mil trece, respectivamente.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 30 días del mes de abril de 2015.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga inmediatamente a discusión.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está a discusión.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

FUNDAMENTACIÓN DE CUATRO INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES CON EUROPA
Senado de la República, a 30 de abril de 2015.

Estimados compañeros:

Las Comisiones de Relaciones Exteriores, Europa, y de Relaciones Exteriores; ponemos a su consideración cuatro instrumentos internacionales que se dictaminaron con las Comisiones de Energía, de Educación y de Comunicaciones y Transportes.

Los dos primeros son de gran relevancia para la investigación y el desarrollo de la energía nuclear.

El Acuerdo entre México y Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear tiene la finalidad de generar un intercambio de experiencias con una de las potencias en esta materia. Recordemos que la Federación de Rusia cuenta con 33 reactores nucleares.

Y el Acuerdo de Cooperación entre México y Francia para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear es de suma importancia porque Francia es uno de los países más adelantados en lo relativo a generación de energía eléctrica con energía nuclear solo detrás de Estados Unidos; y cuenta con 58 reactores en 19 centrales.

Además, el sistema electronuclear francés está compuesto por programas de investigación, construcción y explotación de las centrales; y también destaca por la seguridad de las instalaciones, la radioprotección y la seguridad de las personas y del medioambiente; temas que pueden ser de gran ayuda y colaboración para nuestro país.

Cabe mencionar también que ambos convenios son congruentes con el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica del Sistema de Naciones Unidas.

En México el desarrollo de la energía nuclear se usa con fines pacíficos, especialmente en investigación científica, uso industrial y generación de energía eléctrica, por ello, consideramos que ambos convenios le pueden dar a nuestro país oportunidades para    el desarrollo de la investigación, y además, le dará acceso a estudios y capacitación de investigadores mexicanos, así como a intercambios de experiencias en todos los temas relacionados con la energía nuclear, incluido el tema de la seguridad.

Por otro lado, está el dictamen relativo al Convenio entre México y Francia para el Reconocimiento Mutuo de Diplomas, Títulos y Periodos de Estudios de Educación Superior.

Este instrumento tiene como finalidad que los diplomas y títulos expedidos por una institución de educación tenga validez oficial en el sistema educativo del otro país. Para ello, el Convenio contempla a las siguientes instituciones y disciplinas:

a) En Francia: a todas las instituciones que pertenecen a la Conferencia de Presidentes de Universidades y a la Conferencia de Directores de Escuelas Francesas de Ingeniería; y

b) En México: a todas las universidades públicas, autónomas y a las instituciones de educación superior que cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

Aunque no se aplica este Convenio a los programas de formación profesional en el área de salud, se dispone que se puede abrir a nuevos programas de formación profesional en función de la evolución de los sistemas de enseñanza superior de ambas Partes.

Las Instituciones de Educación Superior definirán los niveles de formación profesional, periodos de estudios, resultados de examen y competencias requeridas para que un estudiante sea autorizado para realizar sus estudios universitarios.

En 2012, Francia continuó ocupando su lugar como tercer destino de los estudiantes mexicanos después de Estados Unidos y España. Y con la aprobación de este Convenio podremos seguir impulsando esta cooperación.

Finalmente, está el Acuerdo entre México e Italia para modificar el Convenio sobre Transportes Aéreos del 23 de diciembre de 1965. La finalidad de este instrumento es actualizar el marco jurídico que regula las operaciones aéreas y responder a las necesidades actuales que enfrenta dicho sector.

Con las modificaciones que se incluyen, las Partes tendrán el derecho de designar hasta dos líneas aéreas para operar de país a país y hasta cinco líneas aéreas para operar entre Italia y Cancún.

Además, se agrega un artículo en el que las Partes reafirman la obligación de proteger la seguridad de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita. De esta manera, se prestarán toda la ayuda necesaria para prevenir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea y cualquier otra amenaza contra la seguridad de la aviación civil.

Así, entre los principales beneficios que se esperan de este convenio se encuentra el incremento de los flujos comerciales, de inversiones y turísticos entre ambos países, tomando en cuenta que el crecimiento medio anual de los pasajeros movilizados entre México e Italia sólo ha sido de 2.9% en los últimos cuatro años.
Por lo anterior, se pide su voto a favor de estos dictámenes.

Por su atención, muchas gracias.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar del resultado de la votación de éste y los tres anteriores dictámenes de instrumentos internacionales de la región de Europa. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los cuatro proyectos de Decreto sobre instrumentos internacionales.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 71 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Compañeras y compañeros Senadores: Les informo que la Secretaría de la Mesa Directiva publicará, como ya se mencionó, los votos que se recibieron fuera del sistema electrónico.

En consecuencia, se aprueban los Decretos que contienen:

El Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Francesa para el Reconocimiento Mutuo de Diplomas, Títulos y Periodos de Estudios de Educación Superior, firmado ad referéndum en la Ciudad de México el 10 de abril del año 2014.

El Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, firmado el 23 de diciembre de 1965, hecho en la Ciudad de México el 13 de enero de 2014.

El Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en la Ciudad de México, el 30 de julio del año 2014.

Así como el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear, hecho en las ciudades de México y Moscú, el 4 y el 24 de diciembre de 2013, respectivamente.

Remítanse los cuatro Decretos al Ejecutivo Federal.






Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Honduras sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS SOBRE COOPERACIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN ASUNTOS ADUANEROS, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO, EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite su lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, por tanto, está a discusión. No habiendo oradores, se reserva para su votación conjuntamente con el siguiente dictamen.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y su Protocolo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, FIRMADOS EN WASHINGTON, D.C., ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite su lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Por lo tanto, está a discusión. No habiendo oradores, se reserva para su votación conjuntamente con el siguiente dictamen.






Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Argentina sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE COOPERACIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN ASUNTOS ADUANEROS, HECHO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA DE ARGENTINA, EL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE Y EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite su lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Por lo tanto, se reserva para su votación conjuntamente con el siguiente dictamen.






Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Santa Lucía para el Intercambio de Información en Materia Tributaria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SANTA LUCÍA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, HECHO EN CASTRIES Y EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 5 Y 9 DE JULIO DE 2013

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite su lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está a discusión. No habiendo oradores, se reserva para su votación conjuntamente con el siguiente dictamen.






Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Gobernación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga inmediatamente a discusión.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Por lo tanto, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Por favor, solicitándole, señor Presidente, que se inserte en el Diario de los Debates la participación de la Comisión de Gobernación.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con todo gusto. Como lo solicita la Senadora Cristina Díaz, se insertará en el Diario de los Debates su intervención a favor del presente dictamen; por tanto, solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios haga lo conducente.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:



La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

FUNDAMENTACIÓN DE CUATRO INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Senado de la República, a 30 de abril de 2015.

Con su venia Presidente:
Estimados compañeros:

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público; ponemos a su consideración cuatro dictámenes de instrumentos internacionales en materia tributaria, asuntos aduaneros y evasión fiscal. 

Los Acuerdos con Argentina y Honduras tienen como objetivo principal crear un marco jurídico que permita el intercambio de información entre autoridades aduaneras, proporcionar asistencia mutua e intercambiar información que ayude a prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras, disminuyendo así los niveles de riesgo de la cadena logística de comercio internacional.

Respecto al uso de la información que nuestro país compartirá con Argentina y Honduras, deben precisarse tres cosas. Primero, que los documentos podrán ser utilizados en procesos judiciales y administrativos. Segundo, que toda la información será tratada con carácter confidencial y gozará de la misma protección y confidencialidad que se otorgue en el territorio de la Parte donde ésta será recibida. Y en tercer lugar, se incluye el intercambio de información sobre violaciones a los derechos de propiedad intelectual que hayan sido detectados como resultado del ejercicio de las facultades de las autoridades aduaneras.

Es importante señalar que estos Acuerdos están basados en el modelo propuesto por la Organización Mundial de Aduanas y siguen la estructura de los Acuerdos que están en vigor con países como China, India y Filipinas, aprobados por esta Cámara en febrero de 2013.

Respecto al Acuerdo entre México y Costa Ricapara Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, es de mencionarse que éste es el segundo Convenio en la materia que se suscribe con un país centroamericano y es el primero que suscribe Costa Rica con un país del continente americano.

Dentro de los beneficios que acarreará este instrumento podemos mencionar los siguientes: se eliminará la doble imposición para los residentes de ambos países; se fomentará la inversión costarricense en México y se mejorarán las condiciones de los mexicanos que realicen inversiones en Costa Rica. También se asegurará la eliminación de tratos discriminatorios; se contará con un procedimiento amistoso para la solución de controversias; y se combatirá la evasión fiscal permitiendo a las autoridades competentes intercambiar información en materia fiscal.

Ambos países son importantes socios comerciales. Mientras que la inversión de nuestro país en Costa Rica asciende a más de 1,500 millones de dólares, la inversión de Costa Rica en México es de 175 millones de dólares. Y el Acuerdo que se pone hoy a consideración de este pleno puede ayudar a estrechar esta relación comercial.

El cuarto Acuerdo es el firmado entre México y Santa Lucía para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, el cual, de ser aprobado por el Senado, será el decimosexto Acuerdo de este tipo que entre en vigor.

Este Acuerdo permitirá fortalecer la capacidad de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria y permitirá un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. De esta manera, las autoridades tendrán la facultad de obtener y proporcionar información en posesión de bancos y otras instituciones financieras de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, así como información relativa a la propiedad de sociedades, sociedades de personas, fideicomisos y otras personas que pertenezcan a una cadena de propiedad.

Con este Acuerdo y en el contexto global actual, se busca mantener el más alto estándar internacional de transparencia fiscal y cooperación internacional con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Finalmente, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Gobernación; presentamos el dictamen por el que se aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Perú, país con el que tenemos 192 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas y una estrecha relación económica y comercial.

Perú es el es el segundo destino de inversión mexicana en América Latina y el Caribe con 14 mil millones de dólares. De hecho, la inversión de México en el Perú equivale al 50% de la inversión total en los 28 países que integran la Unión Europea.

Y con este Acuerdo se llevará la relación bilateral al mayor nivel posible debido a que se perseguirán los siguientes objetivos:

a) Promover la profundización del diálogo político sobre temas bilaterales e internacionales de mutuo interés, así como fortalecer la relación comercial a través de la aplicación de los tratados vigentes;

b) Coadyuvar a mejorar las capacidades humanas y el fortalecimiento institucional en áreas prioritarias;

c) Dar continuidad y ampliar la colaboración bilateral en las áreas económicas de desarrollo con inclusión social; y

d) Promover la participación de la sociedad civil en las iniciativas de cooperación previstas en el Acuerdo.

De ser aprobado por el Senado de la República, éste sería el sexto Acuerdo de Asociación Estratégica que México tendría en la región de América Latina y el Caribe y el decimoquinto alrededor del mundo. Y con él se incrementará la cooperación técnica, científica, tecnológica, educativa y cultural con Perú. Por todo lo anterior, pedimos su voto a favor de este dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación de éste y de los cuatro anteriores dictámenes de instrumentos internacionales de la zona América Latina y El Caribe. Ábrase, por tanto, el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los cinco proyectos de Decreto sobre instrumentos internacionales.

VER VOTACIÓN

En tanto concluye esta votación, esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Colegio de Consultores de Imagen Pública de la Ciudad de México, invitados por el señor Senador Fernando Torres Graciano, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo en esta Asamblea.

Sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 74 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas Gracias. En consecuencia, se aprueban los Decretos que contienen:

El Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Honduras sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de Mérida, Yucatán, México, el 30 de abril del año 2014.

El Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmados en Washington, D.C., Estados Unidos de América, el 12 de abril de 2014.

El Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, el 7 de abril de 2014 y en la Ciudad de México, el 14 de mayo de 2014.

El Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, hecho en Castries y en la Ciudad de México el 5 y 9 de julio de 2013.

Y el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la Ciudad de México, el 17 de julio de 2014.

Por tanto, remítanse al Ejecutivo Federal.

Se integran los votos del Senador Omar Fayad y del Senador David Penchyna.






Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre México y Canadá sobre Transporte Aéreo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE CANADÁ SOBRE TRANSPORTE AÉREO, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 18 DE FEBRERO DE 2014

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión. Si alguna Senadora o Senador desea hacer uso de la palabra, éste es el momento.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

FUNDAMENTACIÓN DEL CONVENIO ENTRE MÉXICO
Y CANADÁ SOBRE TRANSPORTE AÉREO
Senado de la República, a 30 de abril de 2015.

Compañeras y compañeros senadores:

En el dictamen que vengo a fundamentar, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes; ponemos a consideración de esta Soberanía la aprobación del Convenio entre el Gobierno de México y el de Canadá sobre Transporte Aéreo, firmado el 18 de febrero de 2014.

Las relaciones entre ambos países han prosperado desde 1944, año en que se establecieron relaciones diplomáticas. Y la relación comercial ha tenido un sólido crecimiento que se ha visto impulsado por el Tratado de Libre Comercio con un incremento del 650% de 1993 a 2014.

Hoy, México y Canadá son verdaderos socios estratégicos. La alianza económica entre ambos países ha evolucionado hacia una alianza de múltiples niveles que incluye una gran participación y un fuerte liderazgo para la región.

La relación comercial existente entre México y Canadá es muy relevante porque es el segundo destino de nuestras exportaciones; es el cuarto inversionista en el país y el tercer socio comercial de México.

Cada año, más de 1.8 millones de canadienses visitan México y 200 mil mexicanos visitan Canadá, lo que representa un flujo de pasajeros al año aproximado de 2.8 millones.

En este contexto, el objetivo de este convenio es abrir nuevas rutas comerciales entre ambos países, darle mayor dinamismo al flujo de pasajeros, y que el transporte aéreo se haga con seguridad y agilidad, lo que dará como resultado ampliar las oportunidades turísticas, comerciales y de negocios entre ambas naciones.

Además, le dará certidumbre a largo plazo a las líneas aéreas mexicanas y canadienses, y ampliará las posibilidades de conectividad aérea con América del Norte al actualizar y sustituir al instrumento que se firmó en 1961.

Por todo esto solicitamos a esta Soberanía la aprobación de este dictamen.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación, en su momento. Y, por tanto, con fundamento en el artículo 98 del Reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 74 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Queda aprobado, por tanto, el Decreto que contiene el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo, firmado en la Ciudad de México el 18 de febrero de 2014. Se remite al Ejecutivo Federal.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obas Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL TRATADO DE MARRAKECH PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS OBRAS PUBLICADAS A LAS PERSONAS CIEGAS, CON DISCAPACIDAD VISUAL O CON OTRAS DIFICULTADES PARA ACCEDER AL TEXTO IMPRESO, ADOPTADO EN MARRAKECH, MARRUECOS, EL 27 DE JUNIO DE 2013

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga inmediatamente a discusión.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está a discusión. No habiendo oradores, se reserva para su votación conjuntamente con el siguiente dictamen.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Salud, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio de Minamata sobre el Mercurio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Secretaria. Está a discusión este dictamen.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

LÍNEAS DISCURSIVAS DE LA SENADORA GABRIELA CUEVAS PARA LA FUNDAMENTACIÓN DE LOSTRATADOS DE MINAMATA Y MARRAKECH
Senado de la República, a 30 de abril de 2015.

Con su venia Presidente:
Estimados compañeros:

Subo a esta tribuna para fundamentar dos dictámenes de instrumentos internacionales que tendrán una gran beneficio para el país en las materias de salud, medio ambiente y derechos humanos.

El primero de ellos, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Salud; se refiere al Convenio de Minamata sobre el Mercurio, adoptado en Japón en octubre de 2013.

Este instrumento se creó para eliminar las emisiones y liberaciones del mercurio y sus compuestos a través del intercambio de información, investigación, desarrollo tecnológico y vigilancia. Además, incluye preceptos que permitirán hacer conciencia del daño que provoca el mercurio para la salud de los seres humanos y para el medioambiente.

Debemos recordar que algunos productos que son usados cotidianamente en casa como lámparas ahorradoras y termómetros clínicos constituyen un grave riesgo a la salud porque en caso de ser destruidos, podrían dejar en una indebida exposición a este material.

De hecho, la exposición del mercurio, ya sea a través del aire, la filtración al suelo o al agua, puede ser un factor altamente nocivo y un gran riesgo a la salud pública.En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha señalado que los daños que el mercurio puede ocasionar a la salud incluyen alteraciones permanentes en el sistema nervioso; siendo los bebés, los niños y las mujeres embarazadas las poblaciones más vulnerables.

Y se estima que un 30% de las emisiones actuales a la atmósfera de mercurio son de origen antropogénico, mientras que un 10% proceden de fuentes naturales y el 60% restante proviene de “re-emisiones” de mercurio depositado y acumulado históricamente en los suelos y océanos.

Así, ante la necesidad de adoptar medidas urgentes a nivel internacional fue que se negoció el Convenio de Minamata, un instrumento que, entre otras cosas, prevé que a partir del año 2020 se prohíba la fabricación, importación y exportación de algunos productos que contienen mercurio como baterías, interruptores, lámparas, cosméticos, plaguicidas y antisépticos.

Además, se establece que los Estados Partes con “fuentes pertinentes” como centrales eléctricas de carbón, calderas industriales de carbón y plantas de incineración de desechos, deben adoptar medidas para controlar las emisiones de mercurio y preparar planes nacionales en los que se detallarán las medidas que implementarán con este fin.

Para México este tratado es muy importante si tomamos en cuenta que se ha reportado la producción secundaria de 21 toneladas de mercurio procedentes de los desechos históricos de la minería de la plata y una producción promedio de 13 toneladas anuales durante el período 2007-2009, procedentes de minería primaria informal.

A la fecha, sólo 11 países han ratificado la Convención y se requieren 50 para que entre en vigor. De esta manera, México podría colocarse como un referente internacional y reiterar su compromiso para apoyar los esfuerzos internacionales a fin de reducir y eliminar los efectos adversos del mercurio en el ambiente y la salud humana.

El otro proyecto de dictamen, presentado por las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Atención a Grupos Vulnerables; tiene que ver con la aprobación del Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso.

Este instrumento reconoce la necesidad de mantener un equilibrio entre la protección eficaz de los derechos de autor y el derecho a la educación, la investigación y el acceso a la información de las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

En particular, el tratado busca que las legislaciones en materia de derecho de autor contemplen excepciones a favor de las personas con discapacidad visual para que puedan acceder a textos que a pesar de estar protegidos por el derecho de autor se presenten en versiones en Braille o en audio digital.

Y al basarse en los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades, accesibilidad y participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, este tratado tiene como objetivo romper las barreras para que las personas con discapacidad visual ejerzan su libertad de expresión y de información, y gocen plenamente del derecho a la educación.

De 26 tratados internacionales en materia de propiedad intelectual este es el primero con un enfoque humano y debemos pensar en esos 5 millones de personas que en nuestro país tienen algún tipo de discapacidad, siendo la visual la segunda discapacidad que más se presenta.

Si les damos el acceso a un libro en braille a estas personas les estaremos garantizando acceso a la cultura, a la educación, al trabajo y al entretenimiento. Por ello pido su voto a favor.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación de éste y del anterior dictamen. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los dos proyectos de Decreto sobre instrumentos internacionales.

VER VOTACIÓN

Durante la votación, informo a la Asamblea que el Senador Rabindranath Salazar Solorio ha presentado por escrito su posicionamiento respecto de dos dictámenes sobre Francia, que ya fueron aprobados, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, por lo que se ordena que se registren en el Diario de los Debates. Con todo gusto, señor Senador.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 72 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, se aprueban los Decretos que contienen:

El Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obas Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso, adoptado en Marrakech, el 27 de junio de 2013.

Y el Convenio de Minamata sobre el Mercurio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Por tanto, remítanse al Ejecutivo Federal.

Esta Presidencia declara un receso en la sesión para reanudar a las 16:00 horas.

(Se declara un receso)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (17:00 horas) Se reanuda la sesión.






Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJO DE MENORES

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA,

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores fue turnada, para estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos los artículos 5o., fracciones I y IV; 22; 22 Bis; 23; 174; 175, primer, segundo y tercer párrafos y fracción IV; 175 Bis, primer párrafo e inciso c); 176; 178; 179, 180, primer párrafo y fracción II;191, 267; 362; 372, primer párrafo; 988, primer párrafo y 995 Bis; y se derogan las fracciones I y II del artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo en materia de Trabajo de Menores.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85 numeral 2, inciso a; 86; 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 180, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la minuta referida.

II. En el capítulo de "CONTENIDO" se sintetiza el alcance de la propuesta bajo estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, se plantea el proyecto de Decreto que reforma los artículos 5o., fracciones I y IV; 22; 22 Bis; 23; 174; 175, primer, segundo y tercer párrafos y fracción IV; 175 Bis, primer párrafo e inciso c); 176; 178; 179, 180, primer párrafo y fracción II;191, 267; 362; 372, primer párrafo; 988, primer párrafo y 995 Bis; y se derogan las fracciones I y II del artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo.

ANTECEDENTES

Primero.-A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo, presentadas por la Diputada Verónica Juárez Piña , del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, el Diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, los Diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Gutiérrez de la Garza, Claudia Delgadillo González y José Everardo Nava Gómez, todos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo.-Con fecha 2 de diciembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó el expediente con la minuta proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en Materia de Trabajo de Menores a la Cámara de Senadores, asimismo, con fecha 4 de diciembre de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, turnó el expediente a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La minuta propone reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para armonizar esta disposición con el texto constitucional del artículo 123, apartado A, fracción III, a fin de elevar la edad mínima de admisión a empleo de 14 a 15 años. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 2, numeral 3, del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, mediante el cual se establece que la edad mínima fijada para emplear a un menor de edad no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en su caso no podrá ser menor a los 15 años.

También se pretende normar los trabajos peligrosos e insalubres en los que está prohibida la utilización del trabajo de menores de edad, con el propósito de prohibir a los menores de 18 años las labores peligrosas.

Las reformas reiteran las obligaciones para toda la sociedad, los padres de familia, empresas y autoridades para preservar el derecho de la niñez y permiten fortalecer las políticas públicas dirigidas a la prevención y erradicación del trabajo infantil y a la protección de la población adolescente, en particular las que permitirán garantizar a esta población la protección del trabajo y el acceso en los espacios de educación.

CONSIDERACIONES

Estas comisiones unidas coinciden con los proponentes toda vez que consideran que se pretenden modificaciones que benefician a los menores, asimismo con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas por la normatividad vigente, se abocaron al estudio y la dictaminación de la minuta con proyecto de decreto y que de fondo versa sobre el trabajo de los menores de edad.

Estas comisiones dictaminadoras consideramos, correcta la integración de propuestas presentadas en materia de reformas a la Ley Federal del Trabajo, considerando que el uso de la técnica legislativa, de la profundidad de las modificaciones, adiciones y derogaciones que se proponen, encuentran su fundamento legal en la actual reforma constitucional que tuvo el artículo 123, apartado A, fracción III, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de junio de 2014, y que contiene el establecimiento de la prohibición de que niños menores de 15 años de edad sean utilizados para el trabajo.

Asimismo, estas comisiones unidas expresan su preocupación y el total respaldo a la minuta en comento, toda vez que la niñez es una etapa fundamental del desarrollo de las personas, por lo que es importante garantizar que los individuos en esta fase de la vida se encuentren lo menos expuestos a ciertos riesgos que puedan deteriorar o dañar su integridad física y emocional, por lo que estas Comisiones consideran viables las modificaciones, adiciones y derogaciones a la Ley Federal del Trabajo propuestas en la minuta en comento.

Debido a que nuestro país también ha suscrito la Convención de los Derechos del Niño,  y aun y cuando la Ley para la protección de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes es reglamentaria de esa disposición de carácter internacional en materia de Derechos Humanos y en razón de que dichas disposiciones, en término del artículo 1° de la Constitución, son disposiciones que constitucionalmente infieren la ampliación del catalogo de Derechos Humanos protegidos por nuestro orden constitucional y legal, y dado que uno de esos derechos se refiere a la prohibición del trabajo de menores de 15 años aprobado por el Constituyente Permanente.

También, consideramos necesario armonizar el artículo 176 relativo a los trabajos peligrosos e insalubres en los que está prohibida la utilización del trabajo de menores de edad, con el propósito de prohibir a los menores de 18 años las labores peligrosas, y en cumplimiento de los dispuesto en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo se establece la posibilidad de que puedan desarrollar las labores señaladas en el mencionado artículo, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, que estos hayan recibido instrucción o formación adecuada y especifica en la rama de actividad correspondiente, en razón de brindarle mayores herramientas de información y formación para el óptimo desempeño de sus labores y, además, solo podrá permitirse la contratación de adolescentes en este rango de edad, en empleos debidamente calificados por la Junta de Conciliación y Arbitraje o de la Inspección del Trabajo, quienes deberán otorgar la autorización correspondiente, como autoridades correspondientes que conocen los riesgos y condiciones que implican determinados empleos. Lo anterior, en congruencia con lo señalado por el artículo 3, numeral 3 del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo.

Estas Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, están de acuerdo en que la razón de fondo para no emplear a menores de dieciocho años en determinadas actividades, no implica una cuestión de discapacidad física, sino que, es una medida de protección para los adolescentes en edad permitida para trabajar. Se trata de asegurarles la plenitud del desarrollo de sus facultades físicas   y mentales y la conclusión de su educación obligatoria. Coincidimos en que por ello, en concordancia es que reforman los artículos 191 y 267, elevando la edad mínima de admisión al empleo en buques y para desempeñar maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal, de dieciséis a dieciocho años, por considerar que se trata de actividades que implican mayor esfuerzo y destreza en su desempeño, así como períodos largos separados de la familia y ausentismo escolar, además de producir un gran desgaste físico, capaz de retardar el desarrollo normal de los menores de edad.

Es en ese tenor que se armoniza esta disposición con lo señalado por el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Primera, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 178, 180, 182, 192, 193, y 194 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES   DE LA LEY FEDERAL EL TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJO DE MENORES.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 5o., fracciones I y IV; 22; 22 Bis; 23; 174; 175, primer, segundo y tercer párrafos y fracción IV; 175 Bis, primer párrafo e inciso c); 176; 178; 179, 180, primer párrafo y fracción II;191, 267; 362; 372, primer párrafo; 988, primer párrafo y 995 Bis; y se derogan las fracciones I y II del artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Articulo 5o . ...

I. Trabajos para menores de quince años;
II. y III. ...
IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho años;
V. a XIII. ...

Articulo 22. Los mayores de quince a nos pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta Ley.

Los mayores de quince y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política.

Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar, en su caso, las acciones que les correspondan.

Artículo 22 Bis. Queda prohibido el trabajo de menores de quince años; no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de dieciocho años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casas que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Articulo 23. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de quince años fuera del círculo familiar, ordenara que de inmediato cese en sus labores. AI patrón que incurra en esta conducta se le sancionara con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley.

En caso de que el menor no estuviere devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias.

Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos y, con ello, su desarrollo integral.

Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor, por consanguinidad, ascendientes o colaterales; hasta el segundo grado.

Cuando los menores de dieciocho años realicen alguna actividad productiva de autoconsumo, bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar o tutores, estos tendrán la obligaci6n de respetar y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que los mismos concluyan, por lo menos, su educación básica obligatoria.

Articulo 174. Los mayores de quince y menores de dieciocho años, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Articulo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años:

I. a III . ...

IV. En labores peligrosas o insalubres que por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del media en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores, en términos de lo previsto en el artículo 176 de esta Ley.

En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de dieciocho años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores, a los menores de dieciocho años les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley.

Artículo 175 Bis. Para los efectos de este capítulo, no se considerara trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quince anos relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas:

a) y b) ...

c) Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que realice nunca serán menores a las que por concepto de salario recibirá un mayor de quince y menor de dieciocho años.

Artículo 176.-Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se consideraran, como labores peligrosas o insalubres, las que impliquen:

I. Exposición a:

1. Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes infrarrojas o ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales.

2. Agentes químicos contaminantes del ambiente !aboral.

3. Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infecto contagiosas.

4. Fauna peligrosa o flora nociva.

II. Labores:

1. Nocturnas industriales o el trabajo después de las veintidós horas.

2. De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros.

3. En altura o espacios confinados.

4. En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustancias químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores.

5. De soldadura y corte.

6. En condiciones climáticas extremas en campo abierto, que los expongan a deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelaci6n.

7. En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías primarias).

8. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca.

9. Productivas de las industrias gasera, del cementa, minera, del hierro y el acero, petrolera y nuclear.

10. Productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera.

11. Productivas de la industria tabacalera..

12. Relacionadas con la generaci6n, transmisi6n y distribuci6n de electricidad y el mantenimiento de instalaciones eléctricas.

13. En obras de construcción.

14. Que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de personas o la custodia de bienes y valores.

15. Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que demandan alta responsabilidad, o que requieren de concentración y atención sostenidas.

16. Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas.

17. En buques.

18. En minas.

19. Submarinas y subterráneas.

20. Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo.

III. Esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los siete kilogramos; posturas forzadas, o con movimientos repetitivos por períodos prolongados, que alteren su sistema musculo-esquelético.

IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas.
v. Manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o herramientas mecánicas, eléctricas, neumáticas o motorizadas, que puedan generar amputaciones, fracturas o lesiones graves.

VI. Manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico y eléctrico.

VII. Usa de herramientas manuales punzo cortantes.

Las actividades previstas en este artículo, para los menores de dieciocho años y mayores de dieciséis años de edad, se sujetaran a los términos y condiciones consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Articulo 178. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años, en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagaran con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75.

Artículo 179. Los menores de dieciocho años, disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas de dieciocho días laborables, por lo menos.

Articulo 180. Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciocho años, están obligados a:

I . ...

II. Llevar y tener a disposición de la autoridad competente, registros y documentación comprobatoria, en donde se indique el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento o la edad de los menores de dieciocho años empleados por ellos, clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones generales de trabajo; así mismo, dichos registros deberán incluir la información correspondiente de aquellos que reciban orientación, capacitación o formación profesional en sus empresas.

III. a V ...

Articulo 191. Queda prohibido el trabajo a que se refiere este capítulo a los menores de dieciséis años y el de los menores de dieciocho en calidad de pañoleros o fogoneros.

Articulo 267. No podrá utilizarse el trabajo de los menores de dieciocho años.

Articulo 362. Pueden formar parte de los sindicatos, los trabajadores mayores de quince años.

Artículo 372. No podrán formar parte de la directiva de los sindicatos los trabajadores extranjeros.

I. Se deroga.

II. Se deroga.

Articulo 988. Los trabajadores mayores de quince anos, pero menores de dieciocho, que no hayan terminado su educación básica obligatoria, podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorizaci6n para trabajar, y acompañaran los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 995 Bis. AI patrón que infrinja lo dispuesto en el artículo 23, primer párrafo de esta Ley, se le castigara con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5000 veces el salario mínima general.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, 30 de abril de 2015.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

El Secretario Senador Arturo Zamora Jiménez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Vicepresidente Arturo Zamora, que está fungiendo como Secretario de esta Mesa Directiva. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Gándara Camou, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Con su permiso, compañero Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Sé que ya el tiempo apremia y que hay todavía varios dictámenes que aprobar, de tal manera que voy a sintetizar lo que tenía preparado, simplemente para refrendar el reconocimiento y el agradecimiento a todas las comisiones que han participado en esta gran reforma, que primero fue constitucional, ahora lo estamos proponiendo para que se dé en la Ley Federal del Trabajo y en el Convenio 138 de la OIT, que ya fue aprobado también en este Senado, y que concatena todo para algo fundamental, como es el apoyo, la protección y el desarrollo de los niños de México, en cuanto a la materia laboral, pero también en los derechos humanos, que son muy importantes, para su educación, su salud, su protección y su integridad física y moral.

Quiero decir que estas reformas que estamos presentando en el dictamen a la Ley Federal del Trabajo, no solamente protegen a los menores de 15 años, sino también hay normatividad exclusiva para los menores de 18 años, para que no tengan cargas importantes que puedan afectar su desarrollo.

Agradezco, pues, a mis compañeros de la Comisión de Puntos Constitucionales, al Senador Enrique Burgos, a todos los miembros integrantes de la Comisión del Trabajo  de todos los partidos, que hemos aprobado por unanimidad este refrendo a través de la ley ordinaria, la Ley Federal del Trabajo, de lo que ya aprobamos días anteriores en la reforma del artículo 123 constitucional, referente a la protección y al trabajo de nuestros niños, que más que nada, deben de prepararse, deben de educarse, deben de divertirse.

Y qué bueno que culminamos con estos trabajos hoy, precisamente, en el Día del Niño.

Una felicitación de parte de todos nosotros a las niñas y a los niños de México, a las niñas y a los niños del mundo, que son el futuro, que son nuestra esperanza, que son las próximas generaciones, que seguramente tendrán un México y un mundo mejor.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Gándara.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Neyra.

El Senador Armando Neyra Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna para manifestar nuestro pleno apoyo a este proyecto de dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores, por la importancia de armonizar las modificaciones a nuestra Carta Magna, en su artículo 123, Apartado A, fracción III, con su ley reglamentaria, como es la Ley Federal del Trabajo.

Este proyecto de dictamen merece nuestro apoyo, porque garantiza que todas las disposiciones que benefician a los menores tengan plenitud, al prohibir que niños menores de 15 años de edad sean utilizados para el trabajo, así como también para no emplear a menores de 18 años en determinadas actividades consideradas como peligrosas.

Y qué mejor que esta fecha para que este Decreto sea aprobado, precisamente hoy, en el que festejamos a niñas y niños mexicanos, actuando con solidaridad y correspondencia con ellos, porque una de las principales obligaciones del Estado mexicano es la de garantizar los derechos de nuestros niños y jóvenes.

En este dictamen, aparte de modificar los artículos citados de la ley en comento, estamos cumpliendo con las propias recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y con la Convención de los Derechos del Niño.

Otro asunto digno de resaltar, es la relación que existe de este dictamen con los propósitos de la seguridad y la salud en el trabajo.

Por último, compañeras y compañeros Senadores, ayer se recordó a nivel mundial, ya que se prevé garantizar plenamente estos temas vitales, así como la moralidad de los adolescentes.

Por todo lo anterior, solicito a esta Soberanía su aprobación en los términos que se menciona el presente proyecto de dictamen.

Gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Neyra.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras, señores Senadores:

El dictamen que se está presentando el día de hoy, de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, que reforma diversos artículos de la Ley General del Trabajo, sin duda, sigue la ruta de la discusión que el Senado de la República ha emprendido en primerísimo lugar para dictaminar la reforma constitucional, que mandata que se eleve un año más en la admisión de trabajo de niñas y niños, a 15 años; y además la aprobación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que vincula a nuestro país para tomar gradualmente todas las medidas necesarias que vayan eliminando el trabajo infantil.

Los artículos que hoy se reforman: 5o., 22, 22 Bis, 23, 174, 175, 175 Bis, 176, 178, 179, 180, 191, 267, 362, 372, 988 y 995 Bis, pero además también las derogaciones a las fracciones I y II del artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo, sin duda siguen esta ruta.

Es decir, proteger a niñas y niños en lo que estamos obligados y obligadas a proteger; que en primerísimo lugar tengan acceso a la educación, que tengan acceso a la salud, que tengan posibilidades reales de gozar de todos los derechos de nueva generación que nos mandata la Convención sobre Derechos de la Niñez, que tienen que ver, además, con derechos fundamentales que conocemos, también el derecho al ocio, a la recreación, a la cultura, al deporte, a ser felices, a ser felices desde ahora.

De tal manera, que el enfatizar la prohibición del trabajo en personas menores de 15 años y, por supuesto, la protección para adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años para que no realicen, entre otros trabajos, el trabajo, por ejemplo, en minas, es muy conducente y es necesario felicitar a las comisiones porque nuevamente están protegiendo los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Yo creo que lo que sigue ahora es que no haya absolutamente ningún pretexto para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se esmere en la vigilancia, para que ninguna persona, ningún niño, niña, menor de 15 años, esté realizando ningún tipo de trabajo.

Estas reformas, inclusive de manera puntual, concretan cuál es la actividad que tiene que ver con alguna formación en algún oficio que sí se acepta en las familias, y enfatiza lo que considera como un trabajo que tiene que ser claramente prohibido, como nos lo refiere el proyecto de dictamen que hoy está a la consideración de ustedes.

Y cuando digo, y con esto termino, que ahora la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, después de que pase todo el proceso legislativo de esta reforma hacia la Cámara de Diputados, pues no tendrá ninguna justificación para no garantizar en su vigilancia, que niñas y niños estén trabajando, peor, que estén realizando alguna peor forma de trabajo infantil, y sobre todo, protegerlos no solamente de la explotación, no solamente de que estén distraídos, de que estén responsabilizándose de cosas que no tienen que asumir, sino también prevenirles de que no sean objeto de alguna forma de trata de personas.

Hoy tenemos un problema grave con jornaleros agrícolas, con niñas y niños que siguen en la discrecionalidad haciendo labores de trabajo infantil en estos campos, como lo hemos constatado, y en otros lugares como en minas, en talleres mecánicos, en las centrales de abasto, solamente por mencionar algunos de los lugares en donde se sigue utilizando el trabajo infantil de manera indebida, de manera ilegal; y con estas reformas que se hacen a la Ley Federal del Trabajo, obviamente tenemos que insistir a las autoridades que tienen que aplicar la ley, la cumplan irrestrictamente.

Felicitamos a las comisiones que dictaminan estas reformas.

Es cuanto.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora De la Peña.

Y yo les voy a rogar, no vamos a limitar en esta sesión última del periodo ordinario la intervención de las y los Senadores, y entraremos en contradicción con lo que ha sido una vertiente de la forma como esta Mesa Directiva ha conducido las sesiones. Sólo que hay muchos asuntos en cartera, y por tanto, les pediría, a quienes han solicitado el uso de la palabra, pudieran abreviar sus intervenciones, se los ruego.

Se han registrado para intervenir en lo general: la Senadora Mayela Quiroga Tamez, la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno y el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, en este tema de la niñez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mayela.

La Senadora Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez: Gracias. Con su permiso señor Presidente; compañeros Senadores.

Me refiero al dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

Es un tema importantísimo esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, sobre todo, que el 17 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria constitucional respecto a la reforma al artículo 123, Apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se eleva la edad de 14 a 15 años, como edad mínima para admisión en el empleo.

Asimismo, el pasado 7 de abril, el Senado aprobó el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo, el cual era una asignatura pendiente, toda vez que dicho instrumento fue aprobado en Ginebra desde el 23 de junio de 1973.

Con el dictamen que hoy se pone a consideración, se logra la armonización de la Ley Federal del Trabajo respecto al Convenio 138, como han comentado mis compañeros, y, asimismo, con el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se armoniza el artículo 176 relativo a los trabajos peligrosos e insalubres, en los cuales está prohibida la utilización del trabajo de menores de edad, con el propósito de prohibir a los menores de 18 años las labores peligrosas y en cumplimiento a lo dispuesto con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo.

Se trata de asegurarles la plenitud del desarrollo de sus facultades físicas y mentales y la conclusión, sobre todo, de su educación obligatoria.

La niñez y la adolescencia son procesos de crecimiento y desarrollo. Se tiene contemplado dentro de todas las estadísticas que se tienen, también, que entre mayor preparación y educación tengan los menores, al final van a tener una mejor remuneración económica y un mejor desempeño y oportunidad laboral.

Las niñas y los niños que trabajan no pueden ejercer plenamente su derecho a la educación, por lo que llegan a la edad adulta con un déficit en su calificación requerida para un desempeño y obtener un mejor mercado laboral.

La Organización Internacional del Trabajo hace mención a que prácticamente todos los indicadores sociales del bienestar de la niñez revelan una gran desventaja sobre los niños que trabajan y los niños que no trabajan.

Cabe señalar que a esta reforma se suman los avances que ha hecho esta Legislatura a favor de los niños, niñas y adolescentes, con las reformas que se hicieron a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

Quiero destacar que es un tema de atención: la niñez, los niños y los adolescentes, por el titular del Ejecutivo Federal, ya que por primera vez el Presidente Enrique Peña Nieto ejerce su derecho de iniciativa preferente con este tema de gran relevancia.

La reforma a la que hoy, a este Congreso, les pedimos su voto a favor, constituye además un compromiso para seguir trabajando con la responsabilidad que tenemos del Convenio 138: Erradicar el trabajo infantil.

Debemos seguir trabajando con la reforma y la ley antes citada, que cumplan con sus objetivos y, sobre todo, que se acompañen con políticas públicas efectivas para poder erradicar el trabajo infantil.

Cabe señalar que la reforma a la Ley General de Educación, publicada el 28 de enero del 2011; y el 19 de septiembre del 2013, también tiene como objetivo beneficiar a nuestros niños y niñas en la calidad de su educación.

La niñez es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas, por lo que es importante crearles las condiciones para no exponerlos a riesgos o situaciones peligrosas que puedan afectar su desarrollo físico o emocional, en tareas que debemos de recordar que es importante que nuestros niños también tengan una seguridad.

Con estas reformas se da un paso importante en nuestra niñez, niñas, niños y adolescentes. Refrendamos nuestro compromiso y, con ello, les pedimos su voto a favor para poder obtener esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, y poder homologar la reforma a la Constitución Política, así como la ratificación del Convenio 138.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Quiroga Tamez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Barrales.
La Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente.

La presente propuesta de dictamen es parte de las etapas que tenemos que seguir para darle congruencia a todos los ordenamientos legales que implica la pasada reforma constitucional al artículo 123, y que como ya se explicó aquí, no tiene más objetivo que el de blindar a nuestros niños, a nuestras niñas, en este país para elevar la edad de los 14 a 15 años, para que puedan trabajar.

Ya aquí, quienes me han antecedido en el uso de la palabra, han dado algunas cifras por lo cual es importante el avanzar, el apoyar este dictamen, ya lo hicimos con la reforma constitucional, ya ratificamos aquí también en este Senado el Convenio 138, y ahora con esta propuesta, con este dictamen, estaríamos dándole congruencia a todos los ordenamientos legales que implican o que inciden de alguna manera en la edad para ingresar al trabajo.

Es importante recordar, como ya lo hemos dicho, que nuestro país actualmente ocupa el lugar 56 de la lista de 197 países que registran índices elevados de niños que están laborando.

En nuestro país, actualmente están trabajando casi cuatro millones de niños entre edades de cinco y siete años, con todo y que es ilegal, con todo y que esto no debiera permitirse, es el dato que tenemos registrado actualmente, eso nos explica la importancia de sacar adelante esta reforma, este dictamen.

Es importante, también, el compartir con este Pleno que actualmente el rango de mayor prevalencia en niños laborando en nuestro país, es en edades entre 15 y 17 años, por eso es importante respaldar este convenio.

Y solamente reiterar, vamos a seguir dando nuestro respaldo a este tipo de iniciativas que buscan blindar a nuestras niñas, a nuestros niños; y de nuestra parte, por supuesto, respaldar este dictamen y reconocer el trabajo de todas las comisiones que han abierto el espacio para que podamos llevar adelante este trabajo a favor de nuestras y de nuestros niños.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Alejandra Barrales.

En el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, compañero Presidente, compañeros Senadores, compañeras Senadoras.

En lo particular, me da mucho gusto que dictámenes como éste los estemos sacando ya en el Senado de la República.

Cuando revisamos el Convenio 138 de la OIT decíamos que había una tardanza, y que esta tardanza en aprobar ese Convenio había generado perjuicio irreversible a muchas generaciones de niños en México, de 1973 al 2015, 42 años que el gobierno de la República se tardó para proponerle al Senado que se aprobara este Convenio 138, a pesar de que se hicieron reformas tan importantes, como la del 2011, en materia de Derechos Humanos, a pesar de que se aprobó ya la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y con todo eso, en México hay una realidad lacerante, conocida por todos los que estamos aquí en el Senado de la República, conocida, a mí no me cabe duda, por el gobierno federal, lo grave es de que una vez que se tiene conocimiento de un ilícito, si no se denuncia, si no se hace algo para atenderlo, para atacarlo, para corregirlo, entonces se cae en complicidad; en ese sentido, el Senado de la República ha incurrido en esa grave situación.

Por eso decía, tenemos que pedirle perdón a las generaciones de niños, niñas y adolescentes que se han visto perjudicadas por no atender su problemática.

Los que venimos de estados como Morelos, en donde tareas cotidianas como el corte de caña para los ingenios se dan, vemos, porque hemos participado, incluso en esas tareas, siendo niños, cómo en lugar de estar en la escuela los niños de cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hasta menos de 18 años, están haciendo tareas físicas en el corte de la caña, en los campos donde se producen diferentes productos agrícolas.

Por eso hemos insistido, es importante que la ley se apruebe, es importante que en el papel ya existan las prevenciones, que existan las sanciones contra quienes utilicen el trabajo infantil como una forma de obtener riqueza, como una forma de obtener ganancias, es importante.

El Senado de la República, lo dejamos claro, está haciendo su trabajo.

¿Es suficiente la ley para corregir el problema de fondo? También hemos sostenido que no es suficiente para que los niños, niñas y adolescentes de este país tengan un trato como lo que son, seres humanos, a eso aspiramos con este tipo de leyes, que se cumpla a cabalidad el artículo 1o. de la Constitución de la República, que se les garanticen a los niños, niñas y adolescentes sus derechos fundamentales.

Por eso, el Senado de la República, en una de sus tareas fundamentales, debe darle seguimiento puntual a este tipo de leyes para garantizar que se cumplan.

Lo hemos dicho también, que el Senado de la República tiene una fuerza política muy importante para poder exigirle al Ejecutivo Federal que cumpla con su tarea.

Hace algunas sesiones discutimos aquí con mucha emoción, con mucho ahínco, el tema de lo que está pasando en San Quintín, por cierto, un problema que se le sigue dando vueltas y no se avanza en la solución del mismo.

Si en este momento mandamos una comisión de Senadores a San Quintín, vamos a ver que el trabajo infantil sigue siendo una lastimosa realidad, un problema que ya se ha ventilado a nivel local allá en la Baja California, y a nivel nacional, incluso con una comisión de Senadores que ya hizo acto de presencia en Baja California, junto con el Subsecretario de Gobernación, pero el problema persiste.

Lo que pasa en Colima, que mucho cacaraqueó el ciudadano Secretario del Trabajo, pero que también hace poco, porque el problema se resuelva. Las autoridades se hacen de la vista gorda.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Por supuesto que vamos a votar a favor de este dictamen, porque estamos convencidos de que una vez existiendo la ley, tenemos elementos concretos para exigirle al gobierno de la República que a los niños, niñas y adolescentes de este país, se les trate como lo que son: seres humanos, y esa es una obligación del Senado de la República.

Por su atención, muchas gracias.

Y a favor del dictamen.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

En virtud de que no hay oradoras u oradores registrados, además de los que ya hicieron uso de la voz, ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

VER VOTACIÓN

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se nos hizo llegar por parte del Senador Carlos Puente, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el posicionamiento de su grupo en relación a este tema, para que sea incorporado al Diario de los Debates, lo cual se obsequia indudablemente.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:

La Organización Internacional del Trabajo indica que para el año 2012, a nivel global había 168 millones de niños y niñas que trabajan, lo que equivale a 1 de cada 6 menores. Además, 85 millones de niños y niñas trabajan en condiciones de peligro.

En México, de acuerdo con datos del INEGI para el año 2013, 2.5 millones de niñas y niños entre los 5 y los 17 años realizaban alguna actividad económica, tales como labores agrícolas, cargadores de madera o cemento, o como servicio doméstico.

Los niños y niñas que viven en los hogares más pobres y en zonas rurales tienen más probabilidades de ser víctimas del trabajo infantil.

El trabajo de los menores interfiere con su educación y crecimiento saludable. Por ello, es necesario velar para que todos los niños y niñas vayan a la escuela y reciban una educación de calidad para prevenir que sean víctimas del trabajo infantil.

De ahí que se han sumado esfuerzos en todos los ámbitos para garantizar que los menores gocen de una niñez sana, sin afecciones o riesgos en su integridad por tener que incorporarse a una actividad económica desde muy temprana edad.

Tal es el caso de la integración de México a la OIT desde 1931, la cual tiene por objeto promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo.

Asimismo, ha suscrito diversos convenios como la Convención de los Derechos del Niño, que aborda de manera determinante la protección contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer la educación y salud de los menores.

México ha legislado en materia de protección de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes y se han hecho las modificaciones respectivas en materia de Derechos Humanos de conformidad con el artículo 1° de la Carta Magna, reconociendo la prohibición del trabajo de menores de 15 años aprobado por el Constituyente Permanente.

No obstante, es necesario reformar el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, relativo a los trabajos peligrosos e insalubres en los que está prohibida la participación de menores de edad, en atención a lo dispuesto en el Convenio 138 de la OIT.

Esta reforma responde a una medida de protección para los adolescentes en edad permitida para trabajar. Con la intención de asegurar la plenitud del desarrollo de sus facultades físicas y mentales y la conclusión de su educación obligatoria.

En el Partido Verde reconocemos que la niñez es una etapa trascendental para el desarrollo de todo ser humano, por lo que es indispensable que durante esta fase de la vida se salvaguarde la integridad física y emocional de los menores, a fin de evitar consecuencias negativas en su persona.

Por ello, el Partido Verde apoyará el consenso de los Grupos Parlamentarios y votará a favor de elevar la edad mínima de admisión a empleo de 14 a 15 años. Así, los legisladores cumplimos con la responsabilidad de proteger la actual niñez mexicana y sus futuros hombres y mujeres.

Es cuanto señor Presidente, muchas gracias.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 71 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Compañeras Senadoras, compañeros Senadores: Les informo que la Secretaría de la Mesa Directiva publicará el registro de los votos que se recibieron fuera del sistema electrónico en el reporte de votación de este asunto.

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez cumplido el proceso legislativo previsto en el mismo, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión declara aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Los votos a favor de los Senadores Mario Delgado y Mely Romero están ya incorporados en el recuento general de votación.






A continuación, vamos a desahogar una solicitud, una comunicación que nos dirige el Senador Fernando Herrera Ávila, en relación a la elección de la Comisión Permanente.

Le pido a la Secretaría dé lectura a la comunicación para darle el curso correspondiente.

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la comunicación del Senador Fernando Herrera.

En virtud de la renuncia presentada por el Senador Martín Orozco Sandoval como integrante de la Comisión Permanente, me permito informar que se ha designado en sustitución a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En virtud de lo solicitado, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández se incorpore a la Comisión Permanente como sustituta, en razón de la renuncia del Senador Martín Orozco Sandoval.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández a la Comisión Permanente en lugar del Senador Martín Orozco Sandoval. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández se integra a la Comisión Permanente.

Para que no haya duda de quién está sentado a mi lado, es el Senador Luis Sánchez, va a una fiesta. Por favor, orden, ya nos hacía falta un poco de relajamiento.

Quiero que me pongan atención, Senadoras y Senadores.

Este último día de sesión de este segundo periodo ordinario de este tercer año de ejercicio, ha estado cargado de tensión, no se ha incorporado al Pleno, y es destacadamente visto, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El planteamiento público que han hecho es la obligación de desahogar el procedimiento electivo del Magistrado Electoral, integrante de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, que sustituya al que ya no es Magistrado, nuestro amigo, el licenciado Alejandro Luna Ramos.

Debo decirles que este Senado recibió de la Suprema Corte de Justicia un listado de personas para que pudiera, de entre ellos, este Pleno, decidir sobre el nuevo integrante del Tribunal Federal Electoral en su Sala Superior.

Se determinó, a través de un dictamen de idoneidad por la Comisión de Justicia tal circunstancia, mismo que se hizo llegar a la Junta de Coordinación Política; y la Junta de Coordinación Política lo entregó a la Mesa Directiva para que se pusiera a consideración del Pleno.

Las razones públicas que cada Grupo Parlamentario, el PRI, el PAN, el PRD, han puesto en los diarios, en los medios, todos las conocemos.

La Mesa Directiva, que fue convocada hace unos momentos, durante el receso que se tuvo de esta sesión, se reunió y votó, por primera vez votó en lo que llevamos de este tercer año de ejercicio, todos los asuntos habían salido por unanimidad, y por primera vez votó.

¿Qué votó? Votó el Acuerdo del mismo órgano para poner, ya está en el Orden del Día, para poner en marcha, o no, el proceso electivo del Magistrado Electoral.

El Acuerdo fue votado por cuatro votos para que no se desahogue este procedimiento, por dos votos a favor para que sí se desahogue este procedimiento, y por una abstención de su servidor, el Presidente de la Mesa Directiva. Eso es lo institucional, eso es lo estrictamente legal para que la labor de esta Mesa Directiva quede perfectamente clara como un órgano que está sujeto a la legalidad.

Vamos a poner a consideración del Pleno esta decisión que tomamos, y yo quise hacerlo conduciendo esta parte de esta sesión, para que quede claro cuál es la posición de los integrantes de la Mesa y el Pleno.

Así es que solicito a la Secretaría, en votación económica, ponga a su consideración, para que quienes estén a favor de lo que la Mesa Directiva aprobó, que es no desahogar este asunto, lo exprese mediante su voto en este sentido. Y quienes estén en contra, votarán en contra de ese Acuerdo de la Mesa Directiva.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se retire del Orden del Día el dictamen de la Comisión de Justicia que ha descrito el Presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, sí se autoriza su retiro del Orden del Día.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se retira del Orden del Día el dictamen de la Comisión de Justicia, que contiene punto de Acuerdo que declara que los integrantes de la terna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son elegibles para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral.






PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de Acuerdo por el que se ratifica la designación de la ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo periodo de cuatro años.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a sus puntos resolutivos.

RATIFICACIÓN COMO PROCURADORA DE LA
DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al resolutivo del dictamen.

Primero.- Se ratifica la propuesta de designación por el Ejecutivo Federal de la ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo periodo de cuatro años contados a partir de la fecha de su designación.

Segundo.- Tómese la protesta de Ley a la ciudadana citada en el resolutivo anterior a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo conferido.

(Dictamen)

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fecha 27 de marzo de 2015, el Titular del Ejecutivo Federal, presentó oficio ante esta Cámara de Senadores, a fin de someter a su consideración, con fundamento en los artículos 27 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la propuesta de designación de la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo período de cuatro años.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232, y en el Capítulo Segundo “De las Facultades Exclusivas del Senado”, Sección Tercera “De la Aprobación o ratificación de nombramientos y de Remociones”, que comprende los artículos 239 a 246, del Reglamento del Senado de la República, se abocó al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de marzo de 2015, el Titular del Ejecutivo Federal, presentó oficio ante esta Cámara de Senadores, a fin de someter a su consideración, con fundamento en los artículos 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la propuesta de designación de la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo período de cuatro años.

2. En la sesión ordinaria del 7 de abril del presente año, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-2P3A.-2957 propuso que la propuesta de designación de referencia anterior se turnara a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo, celebrada el 14 de abril de 2015, los Senadores integrantes de esta Comisión citaron a comparecer a la ciudadana propuesta por el Ejecutivo Federal para analizar el contenido de ésta y así expresar sus observaciones y comentarios a la misma, a fin de integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN

Someter a la consideración de esta Cámara de Senadores, la propuesta de designación de la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo período de cuatro años.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN

El Ejecutivo Federal expone que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión que tiene como finalidad garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones.

Dicho organismo surgió de la necesidad de fortalecer la relación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, constituyéndose en la vía de acceso a servicios de calidad para aquellos causantes de bajos recursos económicos a los que no les es posible pagar los servicios profesionales de asesoría y representación en materia fiscal.

La Procuraduría se ha establecido como un elemento esencial para garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, y el medio para lograr la satisfacción del interés público.

De conformidad con su ley orgánica, la Procuraduría se integra por el Procurador de la Defensa del Contribuyente, el Órgano de Gobierno, Delegados Regionales y Asesores jurídicos.

El artículo 9 de la ley mencionada, señala que la designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente será realizada por el Senado de la República o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República. Asimismo, establece que el Procurador de la Defensa del Contribuyente durará en su encargo cuatro años y podrá ser ratificado para un segundo período.

En sesión celebrada el 28 de abril de 2011, el Senado de la República designó a la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara como Titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y debido a que la designación concluirá el 28 de abril del presente año y con el propósito de dar continuidad a los trabajos realizados durante su gestión, con fundamento en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se presenta para la aprobación de este Senado de la República la designación de la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo período de cuatro años, contados a partir de la fecha de la designación respectiva.

La C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, donde se graduó con Mención Honorífica y cuenta con un Diplomado en Derecho Tributario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como un posgrado en Juicio de Amparo por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente Instituto de la Judicatura Federal.

En el ámbito profesional, se ha desempeñado como Magistrada de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; Magistrada en el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, y en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito; Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; Secretaria de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Delegada Política en Iztacalco; Directora General Jurídica y de Gobierno de la Delegación de Iztapalapa, y Distrito Federal en la LIX Legislatura, en la Cámara de Diputados ocupó la Secretaría de la Comisión de Hacienda y fue integrante de la Comisión de Justicia.

En el ámbito académico ha fungido como catedrática por oposición de la materia de Derecho Fiscal en el Instituto Politécnico Nacional y ha impartido las cátedras de Derecho Fiscal y de Derecho Procesal Fiscal en la Universidad Iberoamericana, y Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

En razón del profesionalismo y eficiencia que la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara ha demostrado durante su encargo, y considerando que reúne los requisitos previstos en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que puede corroborarse en el expediente que se adjunta, el Ejecutivo Federal considera que la designación de la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara como Procuradora de la Defensa del Contribuyente será benéfica para la Procuraduría al servicio de los contribuyentes.

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230 fracción III; 232, y en el Capitulo Segundo “De las Facultades Exclusivas del Senado”, Sección Tercera “De la Aprobación o Ratificación de Nombramientos y de Remociones”, artículos 239 a 246, del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, resulta competente para dictaminar la propuesta de designación descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Los Integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, realizaron un exhaustivo análisis del expediente, del cual se desprendió que la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, sigue cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para desempeñar el cargo de Procurador.

La C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, donde se graduó con Mención Honorífica; cursó la Especialidad en Amparo en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuenta con un Diplomado en Derecho Tributario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Ha sido catedrática por oposición de la materia de Derecho Fiscal en el Instituto Politécnico Nacional, así como de Derecho Fiscal y Derecho Procesal Fiscal en la Universidad Iberoamericana.

En el ámbito profesional se ha desempeñado como Secretaria de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Magistrada de Circuito de Tribunal Colegiado, Directora General Jurídica y de Gobierno en la Delegación de Iztapalapa y Diputada Federal en la LIX Legislatura, donde ocupó la Secretaría de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y fue integrante de la Comisión de Justicia.

TERCERA. Tal como se desprende del citado expediente, cuenta con la experiencia y el perfil requeridos por Ley para desempeñar para un segundo período de cuatro años como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, al poseer una amplia trayectoria profesional tanto en la materia fiscal como en la administrativa.

Al constatar por su historial se acredita que ha observado en su trabajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia, así como no cuenta con antecedentes sobre denuncias o quejas que reflejen presuntas violaciones cometidas en el desempeño de su cargo.

CUARTA. Con el objeto de que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público evaluaran integralmente las características y el perfil, en cuanto a su capacidad técnica y profesional, solvencia moral, honestidad y, en general, si satisface adecuadamente las cualidades para el cargo propuesto, citaron a comparecer a la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, a la reunión de trabajo del día 14 de abril de 2015, la cual tuvo la finalidad de atender las garantías de audiencia y legalidad prevista en los artículos 14 y 16 constitucionales y 242 del Reglamento del Senado de la República.

En dicha reunión, los integrantes de la Comisión que dictaminan deliberaron y resolvieron aprobar la propuesta de designación del Titular del Ejecutivo Federal de la ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, por reunir los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo período de cuatro años contados a partir de la fecha de su designación.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, somete a su consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se ratifica la propuesta de designación por el Ejecutivo Federal de la ciudadana Diana Rosalía Bernal de Guevara, como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo período de cuatro años contados a partir de la fecha de su designación.

SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley a la ciudadana citada en el resolutivo anterior a efecto de que este en aptitud de desempeñar el cargo conferido.

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los catorce días del mes de abril de dos mil quince.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Está a discusión.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

Resulta alentador encontrar, en la revisión del desempeño reciente de la Procuraduría en Defensa del Contribuyente (PRODECON), la siguiente definición a cargo de su titular: “En tanto organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la PRODECON no quedará sujeta al árbitro del Poder Judicial de la Federación ni aceptará injerencia de otra autoridad para emitir sus resoluciones”. (El Sol de México, 6 de marzo de 2012).

Nos parece que la licenciada Diana Rosalía Bernal, propuesta para ser ratificada para un segundo periodo al frente de la PRODECON entiende bien el papel de la instancia que encabeza, cuando la concibe como una entidad destinada al “empoderamiento social” y a la defensa de los contribuyentes en su relación con las autoridades fiscales.

La PRODECON, como sabemos, proporciona servicios de asesorías, consulta, defensoría y representación, así como de seguimiento a los procedimientos de queja y reclamación contra actos de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes.

La Procuraduría nació de la necesidad de fortalecer la relación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes de bajos recursos económicos a los que no les es posible pagar servicios profesionales de asesoría y representación en materia fiscal.

El o la Procuradora de la Defensa del Contribuyente es nombrada por el Senado de la República a propuesta del Presidente de la República.

En abril de 2011, el Senado aprobó por 85 votos la designación de la licenciada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, como Procuradora de la Defensa del Contribuyente.

El pasado 31 de marzo, el Presidente Enrique Peña Nieto sometió a la Cámara de Senadores la propuesta de nombramiento de la actual Procuradora por un nuevo periodo de cuatro años.

En vista de que la licenciada Bernal, una reconocida especialista en derecho fiscal, cumplió y cumple con los requisitos de ley, lo importante es hacer un análisis objetivo de los resultados de su gestión, lo que no es posible hacerlo a cabalidad con la información disponibles debido a que el Legislativo no estableció en la ley la obligatoriedad de la rendición de cuentas de la o el titular de PRODECON ante el Senado.

Sólo contamos con el Informe sobre los Logros 2014 del Programa Institucional de la PRODECON donde destacan los siguientes aspectos:

En 2014 se proporcionaron 86,479 servicios a los contribuyentes, 283 por ciento más que en 2013. La efectividad fue del 73%. Es decir, esta proporción corresponde a las sentencias favorables para el contribuyente.

En su calidad de Ombudsman del contribuyente emitió 46 recomendaciones y recibió 17,658 quejas relacionadas con actos de autoridades fiscales federales que se consideraron vulneraban los derechos de los contribuyentes. En el informe se dice que, en la mayoría de los casos, las autoridades han optado por corregir las irregularidades detectadas o remediar las omisiones, lo que evidencia la efectividad de la intervención de la Procuraduría.

En su facultad para identificar problemas del sistema tributario que ocasionen perjuicios a los contribuyentes, publicó los resultados de 12 análisis de problemas sistémicos planteados por diversas confederaciones y cámaras empresariales.

Para evaluar el desempeño de la Procuraduría se estableció un sistema de medición basado en seis indicadores. Todos estos indicadores se refieren a tasas medias de crecimiento anual en el número de acciones emprendidas, lo que es insuficiente para medir la efectividad y la eficiencia de las actividades de la Procuraduría, en términos de beneficios concretos a los contribuyentes, en especial los menores recursos.

La anterior es una deficiencia generalizada en el sector público, aunque en algunos casos existen instancias de evaluación externas que permiten un análisis más objetivo de las entidades

Por ello, el único elemento con se cuenta es con el informe de logros ya comentado, elaborado por la propia Procuraduría, a todas luces insuficiente para extraer conclusiones sólidas.

El PRD votará a favor de la ratificación de la Licenciada Bernal, al tiempo que celebra que se mantenga una línea de comportamiento institucional ajena a injerencias. Igualmente, hacemos un exhorto para que se realicen las adecuaciones necesarias a fin de que la ciudadanía en general y el Legislativo cuenten con mayor información para evaluar el desempeño de instituciones tan importantes como la PRODECON.

Es cuánto. Gracias

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la misma.

VER VOTACIÓN

Informo a la Asamblea que la Senadora Dolores Padierna Luna entregó su intervención sobre este asunto, misma que se incorpora al Diario de los Debates.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 70 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se aprueba la ratificación de la ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo periodo de cuatro años. Comuníquese.

La protesta se tomará al final de las votaciones que se desarrollarán a continuación.






Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Ricardo Treviño Chapa, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a sus puntos resolutivos.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO COMO ADMINISTRADOR GENERAL DE ADUANAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a los puntos resolutivos.

Primero.- Se aprueba la ratificación del nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos del C. Ricardo Treviño Chapa, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Segundo.- Tómese la protesta de Ley al ciudadano citado en el resolutivo anterior a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo conferido.

(Dictamen)

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fecha 6 de abril de 2015, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Lic. Enrique Peña Nieto, presentó oficio ante la Cámara de Senadores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 fracción III, 76 fracción II y 78 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, somete a la consideración del H. Senado de la República, la ratificación del nombramiento del C. Ricardo Treviño Chapa, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción II, en relación con el 89, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del “Acuerdo de la Mesa Directiva para la ratificación por parte del Senado de la República de los empleados superiores de Hacienda designados por el Ejecutivo Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2012, así como en la SECCIÓN TERCERA denominada “DE LA APROBACIÓN O RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y DE REMOCIONES” del Reglamento del Senado de la República, que comprende los artículos 239 a 246, se abocó al análisis, discusión y valoración de la propuesta de nombramiento, y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

D I C T A M E N

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 7 de abril de 2015, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Lic. Enrique Peña Nieto, presentó oficio ante la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su consideración, con fundamento en los artículos 89 fracción III; 76 fracción II y 78 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación del nombramiento del C. Ricardo Treviño Chapa, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2. En la sesión ordinaria del 7 de abril de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-2P3A.-3017, dispuso que la ratificación de nombramiento citada con antelación, se turnara a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo, celebrada el 14 de abril de 2015, los Senadores integrantes de esta Comisión citaron a comparecer al funcionario propuesto por el Ejecutivo Federal y revisaron el contenido de la citada ratificación, para expresar sus observaciones y comentarios a la misma, a fin de integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO

Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la ratificación del nombramiento del C. Ricardo Treviño Chapa, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

III. DESCRIPCIÓN DE LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO

El Ejecutivo Federal expone en su propuesta que el Servicio de Administración Tributaria, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, así como de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras.

Dicho órgano desconcentrado, tiene como unidad administrativa a la Administración General de Aduanas que, entre otras funciones, participa en las propuestas de políticas relativas al desarrollo de la franja y región fronteriza del país; practica la verificación de mercancías de comercio exterior en transporte; determina el valor en aduana y comercial de las mercancías; opera la sala de servicios aduanales en aeropuertos internacionales y determina los impuestos al comercio exterior, los derechos por servicios aduaneros, así como los aprovechamientos.

Para el cumplimiento de las atribuciones encomendadas a la Administración General de Aduanas, se requiere que el servidor público que la encabece se encuentre plenamente capacitado y cuente con la experiencia y profesionalismo necesarios para el desempeño de tan importante función en beneficio de la economía y del comercio nacional.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76 fracción II y 89, fracción II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete al Senado de la República, la ratificación del nombramiento del C. Ricardo Treviño Chapa como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.

El C. Ricardo Treviño Chapa es Licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con estudios de Maestría en Finanzas Bancarias Internacionales por la Universidad de Birmingham, Inglaterra.

En el sector público se ha desempeñado en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario como Jefe de Departamento de Obligaciones Garantizadas, Subdirector de Evaluación de Apoyos Financieros y Director de Administración de Activos; en el Estado de México fue Director General de Recaudación en la Secretaría de Finanzas y Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; actualmente se desempeña como Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria.

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, DE LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

PRIMERA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción II, en relación con el 89, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del “Acuerdo de la Mesa Directiva para la ratificación por parte del Senado de la República de los empleados superiores de Hacienda designados por el Ejecutivo Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2012, así como en la SECCIÓN TERCERA denominada “DE LA APROBACIÓN O RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y DE REMOCIONES” del Reglamento del Senado de la República, que comprende los artículos 239 a 246, corresponde a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dictaminar la propuesta descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. La Comisión realizó un exhaustivo análisis del expediente del C. Ricardo Treviño Chapa, del cual se desprendió que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el puesto de Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El C. Ricardo Treviño Chapa, es Licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con Maestría en Finanzas Bancarias Internacionales en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, estudios en la Dirección Estratégica en la Administración Pública, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Su trayectoria profesional en el sector público con más de 12 años, inició en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario como Jefe de Departamento de Obligaciones Garantizadas, Subdirector de evaluación de apoyos financieros y Director de Activos; en el Estado de México fue Director General de Recaudación y Director General del Instituto de Seguridad Social de esa entidad; actualmente funge como Administrador General de Evaluación en el Servicio de Administración Tributaria, con la responsabilidad de desarrollar acciones en materia de prevención y combate a la corrupción y fortalecimiento a la transparencia.

El ciudadano propuesto cuenta con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones que se mencionan en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria: el Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria es el encargado de establecer la política y los programas que deben seguir las unidades administrativas que le sean adscritas y las Aduanas, en las siguientes materias: normas de operación, reconocimiento aduanero derivado del mecanismo de selección automatizado y comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduanales; embargo precautorio de mercancías extranjeras respecto de las cuales no se acredite la legal importación, tenencia o estancia en el país, entre otras.

Con el objeto de allegarse de mayores elementos los integrantes de la Comisión realizaron una evaluación sobre la capacidad técnica, experiencia profesional, y desde luego, el conocimiento en la materia para el cargo al que fue propuesto, razón por la que compareció en la reunión de trabajo del día 14 de abril del presente año, con la finalidad de atender las garantías de audiencia y legalidad, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales y 242 del Reglamento del Senado de la República.

En dicha comparecencia, los integrantes de esta Comisión reunidos en pleno, deliberaron y resolvieron aprobar la propuesta de ratificación del nombramiento del C. Ricardo Treviño Chapa, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la ratificación del nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos del C. Ricardo Treviño Chapa, como Administrador General de Aduanas del Servicio Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley al ciudadano citado en el resolutivo anterior a efecto de que este en aptitud de desempeñar el cargo conferido.

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los catorce días del mes de abril de dos mil quince.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está a discusión.

En este sentido, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

En la Comisión de Hacienda, el PRD se pronunció en contra del nombramiento de Ricardo Treviño Chapa, para ocupar el cargo de Administrador General de Aduanas.

Un estudio de Transparencia Internacional, indica que México ocupa el segundo peor lugar en América Latina en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014.

Las aduanas del país siguen constituyendo una pieza central en esa percepción negativa. No es extraño, en consecuencia, que en el ranking del Foro Económico Mundial para 2013-2014, México ocupe el lugar 76 de 148 economías, respecto al grado de eficiencia de los procedimientos aduaneros, relacionados con la entrada y salida de mercancías, por debajo de países como Kazajstán o Indonesia.

No pasa un mes, sin que expertos u organismos empresariales nos recuerden que a pesar de que el nuestro es uno de los países que ha firmado más acuerdos y tratados comerciales, tenemos uno de los más deficientes procesos aduanales y contamos con aduanas que facilitan la corrupción, el robo, la entrada de mercancías subvaluadas e ilegales.

A los problemas que se padecen, desde tiempos inmemoriales, en los últimos años se ha agregado la incursión del crimen organizado, que se probó en el caso del Puerto de Lázaro Cárdenas, por donde salían y salen miles y miles de toneladas de mineral, manejada por la organización criminal, conocida como Caballeros Templarios.

A finales de 2013, como se sabe, el gobierno militarizó ese puerto e incautó 119 mil toneladas de hierro, aunque el volumen parezca alto, era sólo una pequeña parte del mineral exportado ilegalmente, que algunos cálculos cifran en 5 millones de toneladas, cuyos ingresos públicos pierde el país.

A pesar del tiempo transcurrido, no hemos visto que se ejerza acción penal contra los jefes policiacos y funcionarios aduanales que no registraron, que no vieron esos gigantescos camiones que depositaban sus cargas en barcos.

Tal parece que se confía en que los escándalos sólo durarán unos días en los medios y después todo seguirá igual.

Mientras esto ocurra, la impunidad seguirá yendo de la mano de la corrupción y juntas seguirán siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento de México.

Con esa lógica tenemos pocas herramientas para enfrentar desafíos tan importantes, como la importación ilegal de vehículos o la subfacturación que afecta fuertemente a las industrias, como la alcoholera, la zapatera o la del textil y del vestido.

Con esa lógica tampoco podremos solucionar el grave problema de la extorsión a los migrantes que retornan y dejan en las aduanas buena parte del dinero que ganan, con grandes sacrificios, del otro lado de la frontera.

Los paisanos, como se sabe, enviaron el año pasado 23 mil 645 millones de dólares al país. Pero, aparte de lo que envían, más dinero viene con ellos en sus viajes, sobre todo los fines de año. La desgracia es que se topan con la corrupción de los cuerpos policiacos y en las aduanas.

Un estudio de la Cámara de Diputados, reveló que en una sola temporada vacacional navideña, el total de paisanos puede traer a México alrededor de 3 mil millones de dólares en efectivo y regalos. De éstos, entre 2 y el 3 por ciento lo utilizan para pagar extorsiones.

Se van de 75 a 90 millones de dólares en mordidas al personal de las aduanas.

La Constitución dota al Presidente de la facultad de nombrar, con aprobación del Senado, al Administrador General de Aduanas, que depende del Servicio de Administración Tributaria; a su vez órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este cargo es de la mayor relevancia por la cantidad de recursos que maneja, la complejidad de sus operaciones y las enormes posibilidades de corrupción que sus actividades entrañan.

Para poner número, en 2014, el valor total de las exportaciones y el de las importaciones, ambas suman poco más de 797 mil millones de dólares. Las cifras anteriores son resultado del trabajo de un grupo integrado por Banco de México, el INEGI, el SAT y la Secretaría de Economía.

No son únicamente los datos de los registros de la Administración General de Aduanas, sino que se concilian con otros datos, como entradas y salidas de divisas y estadísticas de comercio exterior de la Secretaría de Economía, encargada de expedir los permisos para la exportación e importación de mercancías.

La Administración General de Aduanas es responsable de verificar que las mercancías que ingresan o salen del país, cuenten con permisos, cumplan con la normatividad aplicable y paguen sus impuestos.

En la estadística sobre la balanza de pagos, a cargo del Banco de México, se incluye un rubro llamado “Errores y Omisiones”, en el cual se contabilizan entradas y salidas de divisas cuyo concepto específico no se identifica.

En 2014, este rubro reflejó una salida neta de divisas por 13 mil 088 millones de dólares, que corresponden a compras de mexicanos en el exterior; en su mayoría en la frontera, que la Administración General de Aduanas no detectó y, por lo tanto, no registró cómo importaciones. Dicho de otro modo, ahí no se combate el contrabando.

La Administración General de Aduanas tiene a su cargo la recaudación de impuestos del comercio exterior.

En 2014, el SAT captó 33 mil 928 millones de pesos por concepto de impuestos a las importaciones. En ese monto va el IVA y el IEPS, pero no se desglosa igual que la proporción de los impuestos, que se deriva exclusivamente por importaciones.

Pese a la importancia de la labor de la Administración General de Aduanas y la proverbial corrupción en los puntos de entrada y salida de mercancías, se ha evitado endurecer controles.

Ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación emprendió alguna revisión a esa dependencia en la Cuenta Pública 2013.

Este panorama nos lleva a la conclusión obvia, de que el Administrador General de Aduanas debe ser un funcionario con amplia experiencia en el tema y con elevado nivel de probidad demostrado.

El Ejecutivo Federal propone ratificar el nombramiento de Ricardo Treviño Chapa, actual Administrador de Evaluación del SAT, cargo donde pudo haber adquirido alguna experiencia en materia aduanera o de comercio exterior, aunque su labor estuviese centrada en vigilar, entre otras cosas, el área que ahora pretende encargar y no lo hizo, donde hay los problemas que he señalado, entre muchos otros.

Un puesto de la importancia de la Administración General de Aduanas, requiere de una cabeza con probidad y sin tacha.

Para demostrar tal condición, sería preciso que el funcionario que aspira al cargo, presentara al Senado de la República su declaración patrimonial, las declaraciones de impuestos de los últimos cinco años y su declaración de intereses.

Elementos que ofreció a la Comisión de Hacienda y que, a la fecha, no hemos visto. De ahí que nos quede claro que la propuesta de Ricardo Treviño Chapa, se funda solamente a su pertenencia al grupo mexiquense y a su cercanía con el titular del SAT.

No encontramos en la propuesta a alguien que pueda enderezar el barco aduanero del país, que termine con la falta de transparencia que caracteriza a ese sector, que contribuya a remontar el escaso uso de tecnologías de la información y la baja eficiencia en logística; factores, todos, que colocan al comercio exterior mexicano en un lugar muy bajo en los listados mundiales.

Por eso nuestro voto en la ratificación de Ricardo Treviño Chapa será en contra.

Gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Agotada la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron 56 votos a favor y 12 votos en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobado el punto de Acuerdo.

En consecuencia, se ratifica el nombramiento del ciudadano Ricardo Treviño Chapa, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comuníquese.






Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del ciudadano Javier Laynez Potisek, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a sus puntos resolutivos.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO COMO MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRUBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a los puntos resolutivos.

Primero.- Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del C. Javier Laynez Potisek, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Segundo.- Tómese la protesta de ley al ciudadano del resolutivo anterior, a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo de Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos expuestos.

(Dictamen)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Y DE JUSTICIA

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fecha 9 de abril de 2015, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, presentó ante esta H. Cámara de Senadores, a fin de someter a su consideración, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que a continuación se señala:

Como Magistrado de Sala Superior, por un periodo de quince años:

- Javier Laynez Potisek

Como Magistrados de Sala Regional, por un periodo de diez años:

- María del Pilar Azuela Bohigas.

- Arturo Bolio Cerdán.

- Álvaro Castro Estrada.

- José de Jesús González López.

- Juan Marcos Gutiérrez González.

- Tania María Herrera Ríos.

- Martha Fabiola King Tamayo.

- Jorge Lerma Santillán.

- Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.

- María Dolores Omaña Ramírez

- Elizabeth Ortiz Guzmán.

- José Raymundo Rentaría Hernández.

- Jorge Luis Revilla de la Torre.

- Alejandro Sánchez Moctezuma.

- Amalia Tecona Silva.

- Manuel de Jesús Torres Valles.

- Alfredo Ureña Heredia.

- Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.

Como Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, por un periodo de diez años:

- Oscar Estrada Nieto.

- Luis Enrique Osuna Sánchez.

- María Teresa del Socorro Sujo Nava.

Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, numeral 3; 241; 242; 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

D I C T A M E N

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 9 de abril de 2015, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, presentó ante esta Cámara de Senadores, a fin de someter a su consideración, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de los siguientes nombramientos:

Como Magistrado de Sala Superior, por un periodo de quince años:

- Javier Laynez Potisek

Como Magistrados de Sala Regional, por un periodo de diez años:

- María del Pilar Azuela Bohigas.

- Arturo Bolio Cerdán.

- Álvaro Castro Estrada.

- José de Jesús González López.

- Juan Marcos Gutiérrez González.

- Tania María Herrera Ríos.

- Martha Fabiola King Tamayo.

- Jorge Lerma Santillán.

- Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.

- María Dolores Omaña Ramírez.

- Elizabeth Ortiz Guzmán.

- José Raymundo Rentaría Hernández.

- Jorge Luis Revilla de la Torre.

- Alejandro Sánchez Moctezuma.

- Amalia Tecona Silva.

- Manuel de Jesús Torres Valles.

- Alfredo Ureña Heredia.

- Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.

Como Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, por un periodo de diez años:

- Oscar Estrada Nieto.

- Luis Enrique Osuna Sánchez.

- María Teresa del Socorro Sujo Nava.

2. En reunión ordinaria de fecha 14 de abril de 2015, mediante oficio No. DGPL-2P3A.-3398, la Mesa Directiva de este H. Senado de la República, dispuso que la propuesta de nombramientos citados con antelación, se turnara a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia.

3. Como parte de los trabajos de análisis de la propuesta de nombramiento, estas Comisiones Unidas invitaron a comparecer al C. Javier Laynez Potisek, con el objeto de valorar sus conocimientos y trayectoria profesional sobre la materia, la cual se llevó a cabo el día 15 de abril de 2015.

4. En reunión ordinaria, los integrantes de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, revisaron el contenido de la citada propuesta de nombramientos, acordando que en este dictamen se analizara la propuesta de nombramiento del C. Javier Laynez Potisek como Magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años, a fin de expresar sus observaciones y comentarios a la trayectoria profesional que ha desempeñado para fundamentar e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramiento del C. Javier Laynez Potisek, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

En la propuesta del Ejecutivo Federal, se expone que de acuerdo con nuestro orden jurídico, se ha previsto en diversos ordenamientos legales la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el nombramiento de ciertos servidores públicos, con objeto de asegurar que la función que se les encomiende al desempeñar su encargo se dé, de conformidad con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En términos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde al Ejecutivo Federal la facultad de seleccionar a los profesionistas en derecho que reúnan, a su consideración, las capacidades y aptitudes para desempeñar  la alta responsabilidad de una magistratura en dicho Tribunal y nombrarlos con la aprobación de la Cámara de Senadores, y en los recesos de ésta, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión

De esta forma, la ciudadanía tendrá la seguridad de que aquellas personas que se avoquen a la resolución de los asuntos competencia del Tribunal, cuentan con la calidad profesional que implica un nombramiento que se ha perfeccionado con la intervención de dos de los Poderes de la Unión.

En virtud de lo anterior, actualmente existe una vacante de Magistrado de Sala Superior en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), y aunado a ello, el Magistrado Presidente, atendiendo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de ese Órgano Jurisdiccional, comunicó al Ejecutivo Federal, la existencia de 18 vacantes de Magistrados de Sala Regional de dicho Tribunal.

De las vacantes de Sala Regional propuestas, nueve de ellas se dieron por actualizarse diversos supuestos de Ley; tales como la conclusión de nombramientos de Magistrados o retiro forzoso por haber cumplido setenta y cinco años de edad, según lo establecen los artículos 5 y 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Con el fin de acercar a la ciudadanía los servicios de impartición de justicia del tribunal en aquellas zonas del país donde no se tenía presencia, el Magistrado Presidente informó sobre la creación de tres nuevas salas regionales, lo que implica la necesidad de nombrar a nueve Magistrados que las integrarán.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los Magistrados de la Sala Superior serán nombrados por un periodo de quince años improrrogables, y los Magistrados de Sala Regional, así como los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional serán nombrados por un periodo de diez años, ambos periodos se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Propuesta de nombramiento para Magistrado de Sala Superior.

Javier Laynez Potisek, es Licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, cursó el Diplomado en Administración Pública por el Instituto Internacional de Administración Pública de Paris, Francia; además cuenta con las Maestrías en Derecho Público y en Administración Fiscal por la Universidad de Paris XI Sceaux y la Universidad de Paris IX Dauphine, respectivamente. Es Doctor en Derecho Público con mención honorífica por la Universidad de Paris XI Sceaux.

En el ámbito académico, actualmente es profesor de la Materia de Derecho Administrativo I, en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), y en la Maestría de Gerencia Pública. De igual forma, en el CIDE impartió cátedra en la Maestría en Administración Pública, en el Colegio de México fue profesor en la materia de Derecho Administrativo y Tributario, y en el Colegio Nacional para la Educación Profesional se desempeño como profesor de Impuesto sobre la Renta.

Cuenta con amplia experiencia en el sector público, de febrero de 2008 a la fecha se desempeña como Procurador Fiscal de la Federación, nombramiento que en su momento fue aprobado por el Senado de la República, a propuesta del Ejecutivo Federal; de enero de 2007 a febrero de 2008 fue Consejero Adjunto en la Conserjería Jurídica del Ejecutivo Federal; de mayo de 2005 a diciembre de 2006 se desempeñó como Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la República; de diciembre de 1994 a abril de 2005, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ocupó el cargo de Consejero Adjunto; fue Director de Normatividad en la Secretaría de Educación Pública de febrero de 1992 a mayo de 1994; Director de Legislación y Normatividad en la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto de marzo de 1991 a febrero de 1992.

Su actividad profesional ha sido reconocida en diversas ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional, lo que constata con la Presea Isidro Fabela al Mérito Público, la cual le fue otorgada por la Federación Nacional de Abogados al Servicio de México; la Condecoración de Honor en Plata otorgada por el Gobierno de la República de Austria, y con la Condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en grado de Cruz de Honor, otorgada por el Reino de España.

IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, numeral 3; 241; 242; 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramiento descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas, realizaron un exhaustivo análisis del expediente del C. Javier Laynez Potisek, de la propuesta como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años, del cual se desprendió que el mismo es mexicano por nacimiento, y no haber adquirido otra nacionalidad; encontrarse en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; ser mayor de treinta y cinco años de edad; contar con notoria buena conducta; ser Licenciado en Derecho con título registrado, expedido con diez años de anticipación a su nombramiento y contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa, por lo que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desempeñar el cargo de Magistrado de dicho Tribunal.

TERCERA. Estas Comisiones Unidas, consideran necesario resaltar que del historial y expediente del C. Javier Laynez Potisek, se desprenden datos que acreditan que en su trabajo se han observado los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia, siendo un actor destacado de importantes reformas para el país, por su trayectoria profesional ha sido reconocido en diversas ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, no cuenta con antecedentes sobre denuncias o quejas que reflejen presuntas violaciones cometidas en el desempeño de sus actividades.

CUARTA. Como parte de los trabajos de análisis de la propuesta de nombramiento, estas Comisiones Unidas invitaron a comparecer al C. Javier Laynez Potisek, con el objeto de valorar sus conocimientos y trayectoria profesional sobre la materia, la cual se llevó a cabo el día 15 de abril de 2015.

Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que el C. Javier Laynez Potisek, expusiera ante los integrantes de estas Comisiones Unidas, aquellos elementos que considerara pertinentes, a fin de acreditar su aptitud para la responsabilidad jurisdiccional.

Derivado de lo anterior, los integrantes de las Comisiones Unidas realizaron diversos cuestionamientos al compareciente respecto a su trayectoria profesional, para conocer cómo será su actuación, de ser aprobado, en la Sala Superior de Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En dicha comparecencia, los integrantes de las Comisiones Unidas, deliberaron y resolvieron que el C. Javier Laynez Potisek, reúne y satisface el perfil adecuado para ser Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento, conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del C. Javier Laynez Potisek, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley al ciudadano del resolutivo anterior, a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo de Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos expuestos.

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República a los quince días del mes de abril de dos mil quince.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN DE JUSTICIA

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está a discusión el dictamen.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: El Grupo Parlamentario del PRD, en la Comisión de Hacienda, votó a favor del nombramiento de don Javier Laynez Potisek, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa.

Bajo el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, este Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa cambia de nombre, se elimina el término “fiscal” para denominarse simplemente Tribunal Superior de Justicia Administrativa.

Su fortaleza radica en que es una instancia autónoma respecto de los órganos que llevan a cabo la investigación.

Cuenta, también, con reputación en cuanto a eficiencia; y bajo el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, se entiende como un actor tercero imparcial que dirime controversias, no es juez ni parte, por lo que es un órgano que pudiera ser objetivo.

En el artículo 73 de la Constitución, se busca reformar las facultades del tribunal, y con la reforma constitucional que aprobamos se le confieren mayores facultades, puesto que sancionará tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves.

Ahora se podrá sancionar a los particulares vinculados con actos de corrupción, las sanciones consistirán en la inhabilitación para participar en adquisiciones, incluso la intervención de la empresa; asimismo, tendrá la obligación de reparar los daños al erario.

Por otra parte, las sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos consistirán en amonestación, suspensión e inhabilitación, además de sanciones económicas de acuerdo a los daños y perjuicios patrimoniales que causó; por lo que también se modificó el artículo 114, para que la prescripción de las sanciones administrativas no sea inferior a 7 años.

De todo esto se encargará el próximo Tribunal Superior de Justicia Administrativa.

Con la nueva fuerza que se le da, este tribunal crea una expectativa para la sociedad, y pudiéramos pensar que podremos iniciar un nuevo proceso de sanciones administrativas a través de este tribunal.

Se nombrarán a Magistrados que formen parte de la nueva Sala, pensando de 13 a 16 en total, y, como lo mandata la nueva ley, deberá tener representación en todos los estados. Actualmente cuenta con 46 salas regionales.

Todos los Magistrados, tanto de la Sala Superior, como de las Salas Regionales, serán propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado.

En el primer caso, por dos terceras partes del mismo; y en el segundo, por mayoría simple.

Actualmente, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal de lo contencioso administrativo, encargado de dirimir controversias jurídicas que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares.

A su vez, la Sala Superior está compuesta por 13 Magistrados que son designados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado para un periodo improrrogable de 15 años.

El pasado 10 de abril, el Presidente sometió a la consideración del Senado, la designación del doctor Javier Laynez Potisek, como Magistrado de la Sala Superior para un periodo de 15 años.

La propuesta cumple con todos los requisitos de la ley, es un doctor en derecho público, ha desarrollado su actividad en el sector público, entre el 94 y el 2008, en la Consejería Jurídica del Presidente de la República; a partir del 2008 como Procurador Fiscal de la Federación, y es reconocido en su carrera profesional.

En el informe del cuarto trimestre 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa señala que en el año recibió 112 mil 711 demandas, y concluyó el 93 por ciento de los juicios, lo que únicamente es un indicador del volumen de sus actividades.

Asimismo, en la memoria de labores se hace un recuento muy detallado de las actividades del tribunal; sin embargo, no presenta información sobre la efectividad de sus operaciones, es decir, ¿en qué medida las actividades del tribunal han mejorado las relaciones entre las autoridades y la población y cuál es el impacto de sus acciones en una administración pública para que sea más eficiente, equitativa y honesta?

La opinión de la mayoría de la población es que no hay mejoría, y que por el contrario, se ha venido deteriorando. Es uno de los grandes retos de los Magistrados de Sala Superior.

Uno de los principales reclamos de la población es la necesidad impostergable de contar con un verdadero tribunal que opere con eficiencia, que se adopten medidas para mejorarlo y que pueda medirse el desempeño del tribunal para que se refleje, de manera realista, su impacto en una mejor relación del sector público con la población.

El tribunal debe estar preparado para asumir las nuevas responsabilidades y los nuevos retos que se esperan de él en la reforma constitucional, y atender los enormes problemas que aquejan a nuestro país, en materia de justicia fiscal y administrativa.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del doctor Javier Laynez Potisek, como Magistrado de la Sala Superior del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que se transformará, y votamos a favor porque él ha demostrado conocimiento, experiencia y alta calificación para el cargo.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal del dictamen,

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 69 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora: Muchas gracias. Por tanto, aprobado el punto de Acuerdo.

En consecuencia, se aprueba el nombramiento del ciudadano Javier Laynez Potisek, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 15 años improrrogables. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura única y exclusivamente a los puntos resolutivos.

NOMBRAMIENTO COMO MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a los puntos resolutivos.

Primero.- Se aprueba la propuesta de nombramiento del Ejecutivo Federal, a favor del C. Julián Alfonso Olivas Ugalde, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Segundo.- Tómese la protesta de Ley al ciudadano del resolutivo anterior, a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo para el que fue propuesto en los términos expuestos.

(Dictamen)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Y DE JUSTICIA

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fecha 15 de abril de 2015, el Ejecutivo Federal, presentó oficio ante esta H. Cámara de Senadores, a fin de someter a su consideración, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramiento del C. Julián Alfonso Olivas Ugalde, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables.

Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, numeral 3; 241; 242; 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

D I C T A M E N

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de abril de de 2015, el Ejecutivo Federal, presentó ante esta Cámara de Senadores, a fin de someter a su consideración, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramiento del C. Julián Alfonso Olivas Ugalde, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogable.

2. En Sesión ordinaria de fecha 16 de abril de 2015, mediante oficio No. DGPL-2P3A.-3555, la Mesa Directiva de este H. Senado de la República, dispuso que la propuesta de nombramiento citado con antelación, se turnara a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia.

3. En reunión de trabajo celebrada el 21 de abril de 2015, los senadores integrantes de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, revisaron el contenido de la citada propuesta de nombramiento, a fin de expresar sus observaciones y comentarios a la trayectoria profesional que ha desempeñado el C. Julián Alfonso Olivas Ugalde, para fundamentar e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramiento del C. Julián Alfonso Olivas Ugalde, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años, presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

El Ejecutivo Federal expone que es una obligación del Estado mexicano garantizar y hacer efectivo el derecho humano a la justicia, para lo cual resulta indispensable seguir fortaleciendo a los órganos jurisdiccionales, dentro de los cuales se encuentra el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La complejidad de las materias fiscal y administrativa demanda de una instancia altamente capacitada y profesional para resolver las controversias que se sometan a su consideración, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa juega un papel fundamental en materia de justicia cotidiana, ya que los juicios que se promueven ante dicho órgano, son contra resoluciones definitivas de autoridades administrativas, actos administrativos y demás procedimientos en materia fiscal y administrativa, por lo que resulta trascendente su actuar como un tribunal de control de la legalidad de dichos actos.

El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, notificó al Ejecutivo Federal que a la fecha existe una vacante con motivo de la renuncia al cargo de un Magistrado de Sala Superior.

La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece que corresponde al Ejecutivo Federal nombrar a los Magistrados que integran dicho tribunal con la aprobación de la Cámara de Senadores, y en los recesos de ésta, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

De conformidad con el artículo 5 de la citada Ley, los Magistrados de Sala Superior serán nombrados por un periodo de quince años improrrogables que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, el nombramiento del C. Julián Alfonso Olivas Ugalde, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El C. Julián Alfonso Olivas Ugalde es Licenciado en Derecho, egresado de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con Diplomado en Políticas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública.

En el ámbito académico cuenta con una destacada actividad como maestro durante más de treinta años, fue titular del Seminario de Procesal Civil, Economía Política y Análisis de Problemas Socioeconómicos de México en la Escuela Libre de Derecho; maestro en el Diplomado la Administración y Control del Patrimonio del Estado en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), así como en la Especialización en Rendición de Cuentas, el Control y la Auditoría Superior de la Federación, impartido por el INAP.

La trayectoria profesional en el sector público, entre otros, ha ocupado los cargos de Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas en la Secretaría de la Función Pública, del 1 de diciembre de 2012 a la fecha; fue Director General de Recursos Humanos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero de 2011 a noviembre de 2012; en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desempeñó como Secretario Ejecutivo de Servicios, de octubre de 2009 a enero de 2011; en la Auditoría Superior de la Federación ocupó el cargo de Director General de Auditoría de Desempeñó a las Funciones de Gestión Gubernamental y Finanzas y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, durante el periodo comprendido de noviembre de 2000 a julio de 2009; también fue Vicepresidente Jurídico en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de abril de 1998 a enero de 2000; Procurador Fiscal del entonces Departamento del Distrito Federal, de enero de 1995 a febrero de 1998, así como otros puestos desempeñados tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en el Multibanco Mercantil de México y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, numeral 3; 241; 242; 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramiento descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas realizaron un exhaustivo análisis del expediente del C. Julián Alfonso Olivas Ugalde, para la propuesta de nombramiento como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables, del cual se desprendió que el mismo es mexicano por nacimiento, y no haber adquirido otra nacionalidad; encontrarse en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; ser mayor de treinta y cinco años de edad; contar con notoria buena conducta; ser Licenciado en Derecho con título registrado, expedido con diez años de anticipación a su nombramiento y contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa, por lo que cuenta con los requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desempeñar el cargo de Magistrado de Sala Superior de dicho Tribunal.

TERCERA. Estas Comisiones Unidas, consideran necesario resaltar que del historial y expediente del C. Julián Alfonso Olivas Ugalde, se desprenden datos que acreditan que se han observado en su trabajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia. Asimismo, no cuentan con antecedentes sobre denuncias o quejas que reflejen presuntas violaciones cometidas en el desempeño de sus actividades.

CUARTA. Como parte de los trabajos de análisis de la propuesta de nombramiento, estas Comisiones Unidas invitaron a comparecer en la reunión de trabajo del día 21 de abril de 2015, al C. Julián Alfonso Olivas Ugalde, con el objeto de valorar sus conocimientos y experiencia profesional sobre la materia.

Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que el C. Julián Alfonso Olivas Ugalde, expusiera ante los integrantes de las Comisiones Unidas, aquellos elementos que considerara pertinentes, a fin de acreditar su aptitud para la responsabilidad jurisdiccional.

Derivado de lo anterior, los integrantes de las Comisiones Unidas realizaron diversos cuestionamientos al compareciente respecto cualidades personales y profesionales para desempeñar el cargo para el que fue propuesto.

En dicha comparecencia, los integrantes de las Comisiones Unidas reunidos en Pleno, deliberaron y resolvieron que el C. Julián Alfonso Olivas Ugalde reúne y satisface el perfil adecuado para ser Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras, que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de nombramiento del Ejecutivo Federal, a favor del C. Julián Alfonso Olivas Ugalde, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley al ciudadano del resolutivo anterior, a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo para el que fue propuesto en los términos expuestos.

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República a los veintidós días del mes de abril de de dos mil quince.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN DE JUSTICIA

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez Muchas gracias. Se consulta a la Asamblea si hay intervención.

Tiene usted el uso de la palabra Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: La procuración y administración de justicia es uno de los grandes pendientes que tiene México.

En un estudio que publicó este mes la Universidad de las Américas, denominado “Índice Global de Impunidad”, concluye que de 59 países evaluados, México ocupó el 58, sólo por debajo de Filipinas.

En América Latina nos superan Colombia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Argentina, Chile, Panamá y Costa Rica.
El estudio destaca que una de entre muchas otras causas, es que existen altos índices de impunidad, y que esta falta es atribuible a buenos jueces.

Mientras en el promedio de los 59 países evaluados hay 17 jueces por cada 100 mil habitantes, en México sólo hay cuatro, y ésta es otra de las razones atribuibles al alto grado de impunidad que vive nuestro país.

Eso sin considerar la calidad de los juzgadores.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que forma parte del Sistema Ejecutivo de nuestro país, no es ajeno a esta preocupante situación.

Ahora, con esta nueva Ley Anticorrupción, se le asignaron nuevos retos, la promulgación de la legislación será el primer paso para atender una demanda impostergable de la población, que por motivos inaceptables no se ha querido atender por muchos años.

La implementación de la reforma anticorrupción será responsabilidad de estas autoridades, dentro de las que destaca la aplicación de sanciones administrativas efectivas a los servidores públicos, para lo que estará dotado este tribunal.

La disminución de los índices de impunidad y el combate a la corrupción sólo se logrará si se cuenta con instituciones fuertes, eficaces y eficientes, y las instituciones son el resultado de las personas que las integran.

Por ello, es una condición indispensable reforzar el capital humano en las instituciones, como ésta, de nuestro país.

El licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde cumple con algunos requisitos formales para ser Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin embargo, preocupa que, de acuerdo a su historial profesional, casi no tiene experiencia en materia fiscal, y en los dos últimos años fue Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, y precisamente en esta época en que la dependencia estuvo en el limbo, él fue el responsable de la Secretaría de la Función Pública.

Independientemente de ello, las responsabilidades administrativas y las contrataciones, que son dos de las mayores deficiencias que aquejan al sector público en general, es innegable que en lo que va de esta administración no sólo no ha habido avances, sino verdaderos retrocesos.

Anteriormente fue director general de recursos humanos en la Secretaría de Hacienda; secretario ejecutivo de servicios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; director general de auditoría de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, y otros cargos no relacionados con la materia fiscal, aunque sí en impartición de justicia administrativa, que ahora desempeñará como Magistrado del Tribunal.

Sin embargo, hay que subrayar que su papel al frente de la Secretaría de la Función Pública, sobre todo en el caso de Oceanografía, y en el caso de la imparcialidad en cuanto a conflictos de interés de varios altos servidores públicos del actual gobierno, su desempeño es completamente negativo.

Por todo lo anterior, se considera que el nombramiento de Olivas Ugalde pudiera votarse más bien en abstención y dársele una oportunidad para que pueda mejorar su aptitud como servidor público.

Es cuanto.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Padierna.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del dictamen,

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 58 votos a favor, cero en contra y 10 abstenciones.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobado el punto de Acuerdo.

En consecuencia, se aprueba el nombramiento del ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de Acuerdo por el que se ratifica la designación del ciudadano Max Alberto Diener Sala como Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a sus puntos resolutivos.

DESIGNACIÓN COMO PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a los puntos resolutivos.

Primero. Se ratifica la designación del ciudadano Max Alberto Diener Sala como Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Segundo. Tómese la protesta de Ley al ciudadano citado en el resolutivo anterior a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo conferido.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: A ver, me han pedido que sea breve, no sé cuál es la prisa.

El PRD en la Comisión de Hacienda votó a favor de la propuesta para nombrar al señor Max Alberto Diener como Procurador Fiscal de la Federación.

El pasado 16 de abril, el Presidente de la República sometió a consideración de la Cámara de Senadores la ratificación del nombramiento de Max Alberto Diener Sala como Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en atención a lo que establece la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que se ordena que el Presidente tiene la facultad de nombrar, con la aprobación del Senado, entre otros, a los empleados superiores de Hacienda.

Cabe señalar que no se establecen requisitos justos para este nombramiento.

En el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, se señala que compete al Procurador Fiscal de la Federación, entre muchas otras facultades, la de ser consejero jurídico de la Secretaría; formular los documentos relativos a las leyes y Decretos que el Secretario proponga al Presidente; realizar estudios comparados en los sistemas de hacienda pública, de los administrativos y de justicia administrativa de otros países, para apoyar la modernización de la hacienda pública; representar el interés de la Federación en controversias fiscales y a la Secretaría en toda clase de juicios, investigaciones o procedimientos ante los tribunales de la República; representar al Secretario de Hacienda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los juicios que se interpongan en contra de las resoluciones que se dicten; denunciar o querellarse ante el Ministerio Público de la Federación por los hechos que puedan constituir delitos de servidores públicos de la Secretaría, en cumplimiento de sus funciones, entre otras.

Como puede apreciarse, las competencias de esta Procuraduría se pueden dividir en dos grandes grupos: una, las de carácter técnico, que tienen que ver con el estudio del marco jurídico y sus modificaciones; y la otra, las de carácter procesal, que tienen que ver con la interposición de juicios para garantizar el interés fiscal de la Federación y la defensa ante juicios que interpongan terceros en contra de la Secretaría.

La complejidad del sistema fiscal requiere que el procurador sea un funcionario público de amplia experiencia en materia de legislación fiscal y procedimental, y ciertamente el señor Alberto Diener no tiene como antecedente estas materias, fue subprocurador fiscal de legislación y consulta en la procuraduría fiscal, en un periodo muy reducido, apenas de enero de 2010 a noviembre de 2012, este tiempo es muy corto para adquirir la experiencia para tan alto cargo; sin embargo, su experiencia de más de 20 años en el sector público puede ayudar a que cumpla adecuadamente con el cargo de Procurador Fiscal y pueda defender los intereses del Estado en materia hacendaria.

También ésta es la oportunidad para que el Congreso establezca en la ley requisitos expresos que se requieren para nombrar al Procurador Fiscal, es uno de los empleados superiores de Hacienda más importantes; requisitos, criterios, parámetros, perfiles es lo que debe establecer la ley para que no quede a discreción de quien propone y de quienes ratificamos este importantísimo cargo.

El PRD votará a favor de Max Alberto Diener Sala como nuevo Procurador Fiscal, habiendo hecho las consideraciones antes referidas.

Es cuanto.

Gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Agotada la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron 65 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo.

En consecuencia, se ratifica la designación del ciudadano Max Alberto Diener Sala como Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comuníquese.






Finalmente, en este capítulo de nombramientos, tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, con puntos de Acuerdo por los que se aprueban 18 nombramientos de Magistrados de Sala Regional y 3 nombramientos de Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a sus puntos resolutivos.

NOMBRAMIENTOS DE MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL Y MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a los puntos resolutivos.

Primero. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana María del Pilar Azuela Bohigas, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Segundo. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Arturo Bolio Cerdán, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Tercero. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Álvaro Castro Estrada, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Cuarto. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano José de Jesús González López, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Quinto. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Juan Marcos Gutiérrez González, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Sexto. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana Tania María Herrera Ríos, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Séptimo. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana Martha Fabiola King Tamayo, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Octavo. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Jorge Lerma Santillán, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Noveno. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Décimo. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana María Dolores Omaña Ramírez, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Décimo Primero. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana Elizabeth Ortiz Guzmán, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Décimo Segundo. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano José Raymundo Rentería Hernández, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Décimo Tercero. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Jorge Luis Revilla de la Torre, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Décimo Cuarto. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Alejandro Sánchez Moctezuma, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Décimo Quinto. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana Amalia Tecona Silva, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Décimo Sexto. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Manuel de Jesús Torres Valles, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Décimo Séptimo. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Alfredo Ureña Heredia, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Décimo Octavo Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Francisco Enrique Valdovinos Elizalde, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Décimo Noveno. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Oscar Estrada Nieto, como Magistrado Supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Vigésimo. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Luis Enrique Osuna Sánchez, como Magistrado Supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Vigésimo Primero. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana María Teresa del Socorro Sujo Nava, como Magistrada Supernumeraria de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Vigésimo Segundo. Tómese la protesta de Ley a los ciudadanos de los resolutivos anteriores, a efecto de que estén en aptitud de desempeñar el cargo conferido, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

(Dictamen)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
Y DE JUSTICIA

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fecha 9 de abril de 2015, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, presentó oficio ante esta H. Cámara de Senadores, a fin de someter a su consideración, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que a continuación se señala:

Como Magistrado de Sala Superior, por un periodo de quince años:

1. Javier Laynez Potisek

Como Magistrados de Sala Regional, por un periodo de diez años:

1. María del Pilar Azuela Bohigas.

2. Arturo Bolio Cerdán

3. Álvaro Castro Estrada.

4. José de Jesús González López.

5. Juan Marcos Gutiérrez González.

6. Tania María Herrera Ríos.

7. Martha Fabiola King Tamayo.

8. Jorge Lerma Santillán.

9. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.

10. María Dolores Omaña Ramírez.

11. Elizabeth Ortiz Guzmán.

12. José Raymundo Rentería Hernández.

13. Jorge Luis Revilla de la Torre.

14. Alejandro Sánchez Moctezuma.

15. Amalia Tecona Silva.

16. Manuel de Jesús Torres Valles.

17. Alfredo Ureña Heredia.

18. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.

Como Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, por un periodo de diez años:

1. Oscar Estrada Nieto.

2. Luis Enrique Osuna Sánchez.

3. María Teresa del Socorro Sujo Nava.

Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, numeral 3; 241; 242; 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

D I C T A M E N

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 9 de abril de 2015, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, presentó ante esta Cámara de Senadores, a fin de someter a su consideración, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en los artículos 4 y5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de los siguientes nombramientos:

Como Magistrado de Sala Superior, por un periodo de quince años:

1. Javier Laynez Potisek

Como Magistrados de Sala Regional, por un periodo de diez años:

1. María del Pilar Azuela Bohigas.

2. Arturo Bolio Cerdán.

3. Álvaro Castro Estrada.

4. José de Jesús González López.

5. Juan Marcos Gutiérrez González.

6. Tania María Herrera Ríos.

7. Martha Fabiola King Tamayo.

8. Jorge Lerma Santillán.

9. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.

10. María Dolores Omaña Ramírez.

11. Elizabeth Ortiz Guzmán.

12. José Raymundo Rentería Hernández.

13. Jorge Luis Revilla de la Torre.

14. Alejandro Sánchez Moctezuma.

15. Amalia Tecona Silva.

16. Manuel de Jesús Torres Valles.

17. Alfredo Ureña Heredia.

18. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.

Como Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, por un periodo de diez años:

1. Oscar Estrada Nieto.

2. Luis Enrique Osuna Sánchez.

3. María Teresa del Socorro Sujo Nava.

2. En sesión ordinaria de fecha 14 de abril de 2015, mediante oficio No. DGPL-2P3A.-3398, la Mesa Directiva de este H. Senado de la República, dispuso que la propuesta de nombramientos citado con antelación, se turnara a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia.

3. En sesión de trabajo celebrada del 22 de abril de 2015, los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, revisaron el contenido de las citadas propuestas de nombramientos, a fin de expresar sus observaciones y comentarios a la trayectoria profesional que han desempeñado (dieciocho) Magistrados de Sala Regional, y los (tres) Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para fundamentar e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LAS PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTOS

Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramientos de (dieciocho) Magistrados de Sala Regional, y (tres) Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, todos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

III. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTOS

En la propuesta del Ejecutivo Federal, se expone que de acuerdo con nuestro orden jurídico, se ha previsto en diversos ordenamientos legales la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el nombramiento de ciertos servidores públicos, con objeto de asegurar que la función que se les encomiende al desempeñar su encargo se dé de conformidad con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En términos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde al Ejecutivo Federal la facultad de seleccionar a los profesionistas en derecho que reúnan, a su consideración, las capacidades y aptitudes para desempeñar la alta responsabilidad de una magistratura en dicho Tribunal y nombrarlos con la Aprobación de la Cámara de Senadores, y en los recesos de ésta, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

De esta forma, la ciudadanía tendrá la seguridad de que aquellas personas que se avoquen a la resolución de los asuntos competencia del Tribunal, cuentan con la calidad profesional que implica un nombramiento que se ha perfeccionado con la intervención de dos de los Poderes de la Unión.

En virtud de lo anterior, el Ejecutivo expresa que actualmente existe una vacante de Magistrado de Sala Superior en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), y aunado a ello, el Magistrado Presidente, atendiendo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de ese Órgano Jurisdiccional, se comunicó al Ejecutivo Federal, de la existencia de dieciocho vacantes de Magistrados de Sala Regional.

De las vacantes de Sala Regional propuestas, nueve de ellas se dieron por actualizarse diversos supuestos de Ley; tales como la conclusión de nombramientos de Magistrados o retiro forzoso por haber cumplido setenta y cinco años de edad, según lo establecen los artículos 5 y 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Con el fin de acercar a la ciudadanía los servicios de impartición de justicia del Tribunal en aquellas zonas del país donde no se tenía presencia, el Magistrado Presidente informó sobre la creación de tres nuevas salas regionales, lo que implica la necesidad de nombrar a nueve Magistrados que las integrarán.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los Magistrados de Sala Regional, así como los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional serán nombrados por un periodo de diez años, periodos que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

I. Propuestas de nombramientos para Magistrados de Sala Regional.

1. María del Pilar Azuela Bohigas tiene 39 años, es egresada de la Universidad Iberoamericana, titulación obtenida con excelencia académica; cuenta con la acreditación del Consejo de la Judicatura Federal sobre Transparencia, Elaboración de Versiones Públicas, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En su desarrollo profesional ha sido abogada postulante en materia administrativa y civil;ingresó en 1999 al Poder Judicial de la Federación, donde se desempeñó como Oficial Administrativo adscrita a la Sala Penal y Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizando investigaciones jurídicas y análisis en materia constitucional, administrativa y fiscal; de 2002 a 2007 ejerció funciones de asesora jurídica externa de Ministro de la SCJN, cargo en el que realizó investigaciones en los tópicos de derecho fiscal, derecho administrativo sancionador, derecho constitucional y procesal constitucional, amparo y derecho administrativo; de 2008 a la fecha presta sus servicios profesionales en el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en el que ha ocupado los cargos de Secretaria Particular en Ponencia de Magistrado y Secretaria de Tribunal, donde ha elaborado más de trescientos proyectos y que en su mayoría se refieren a la materia administrativa.

2. Arturo Bolio Cerdán tiene 47 años, es Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, cuenta con Maestría en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral “Prisciliano Sánchez” del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco y Doctorado en Derecho Honoris Causa, por el Centro Cultural Universitario Nueva Vizcaya.

En el ámbito profesional cuenta con experiencia en la realización de funciones administrativas, jurisdiccionales. En el Instituto Electoral del Estado de México se ha desempeñado como Consejero Electoral del Consejo General, cargo que ocupa desde septiembre de 2009, a la fecha y en ese mismo Instituto también fungió como subdirector adscrito a la Presidencia del Consejo General; en el Tribunal Electoral del Estado de México fue designado Magistrado Numerario, de septiembre de 2005 a agosto de 2009; en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como Secretario de Estudio y Cuenta y Secretario Instructor; en el Instituto Federal Electoral fue Asesor Jurídico, y en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores fue dictaminador jurídico adscrito a la Dirección General de Contratos. En el ejercicio de la función pública desempeñada como Magistrado y Consejero (2005–2014) se advierte amplia experiencia en funciones administrativas y jurisdiccionales conoció tales como el control y vigilancia de la administración de recursos públicos para identificar, investigar y determinar responsabilidades de servidores públicos, realizó funciones de verificación y control sobre el ejercicio de recursos públicos y cumplimiento de cargas fiscales, responsabilidad presupuestaria, aplicación y ejecución de sanciones, y ejercicio de la función jurisdiccional relacionada con el funcionamiento de órganos administrativos. De igual forma, ha diseñado normas administrativas, tales como reglamentos, programas, lineamientos y otras disposiciones necesarias en materia de fiscalización, registro, liquidación y organización de actividades de partidos políticos.

En el ámbito académico, ha impartido la cátedra de derecho constitucional en la licenciatura en Derecho en el Colegio de Estudios Jurídicos de México, de derecho procesal en el Instituto Electoral del Estado de México. En la Escuela Bancaria y Comercial, con sede en Toluca, Estado de México ha sido profesor de Derecho Mercantil, Derecho Fiscal e Introducción al Derecho. En la maestría en derecho impartida por el Instituto antes referido, ha sido profesor de Derecho Político y fundador de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Simón Bolívar.

3. Álvaro Castro Estrada tiene 59 años, es Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios concluidos de Maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el grado de Doctor en Derecho por la misma institución, habiendo obtenido mención honorífica. Cuenta con actividad docente como catedrático de la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM en las asignaturas: Técnicas Jurisprudenciales e Investigación y Expresión Jurídica, es autor de los libros “El Sistema de la Responsabilidad Patrimonial del Estado” y “La Responsabilidad Patrimonial del Estado en México, Fundamento Constitucional y Legislativo”.

En el ámbito profesional, actualmente es Director General de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; anteriormente se desempeñó como Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de junio de 2012 a marzo de 2015; en la Secretaría de Gobernación ocupó los cargos de Coordinador de Asesores del Secretario del Ramo y Director General de Asociaciones Religiosas. Por otra parte, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se desempeñó como Coordinador de Asesores del Titular de dicha dependencia, Subsecretario del Trabajo y Director General de Asuntos Jurídicos. En la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal ocupó el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos y Coordinador de Asesores del Oficial Mayor de dicha dependencia.

4. José de Jesús González López tiene 57 años, es Licenciado en Derecho por la UNAM y obtuvo mención honorífica; cuenta con los Diplomados en Competencia Económica, Automatizado de Impuestos y Propiedad Intelectual por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Especialización en Justicia Administrativa por el Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa del TFJFA.

Posee amplia experiencia jurisdiccional en las materias fiscal y administrativa, se ha desempeñado por más de 9 años como Secretario de Acuerdos de la Sala Superior del TFJFA (2006 a la fecha), de 2003 a 2006 fungió como Secretario de Acuerdos de la Séptima Sala Regional Metropolitana de dicho órgano jurisdiccional. En la iniciativa privada, destaca su trabajo como Editor Divisional de la Empresa de TIME, Inc., en la que se encargó de la supervisión, análisis y autorización del contenido de las publicaciones en las materias fiscal, contable, administrativa, aduanera, empresarial y comercio exterior del Servicio de información Dinámica de Consulta (1995 a 2003).

5. Juan Marcos Gutiérrez González tiene 45 años, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, acredita diplomados en las materias de Juicio de Amparo y en Derecho Procesal Constitucional, cursó los Seminarios sobre Impuestos a la Propiedad y sobre Impuestos de Plusvalías en el Lincoln Institute, Cambridge, Massachusets, Estados Unidos de América (EEUU), y fue Becario en la Fundación Konrad Adenauer en el Seminario de Administración Municipal en Berlín, Alemania; cuenta con actividad académica como profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California.

En el ámbito profesional se ha desempeñado tanto en el sector público como en el sector privado. De diciembre de 2011 a la fecha, se desempeña como abogado postulante en el Despacho Gutiérrez, Bolinger y Asociados, A. C., proporcionando servicios jurídicos en materias constitucional, administrativa y fiscal. En el sector público ha ocupado los siguientes cargos: Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación de octubre de 2010 a noviembre de 2011; Cónsul General de México en Los Ángeles, California, EEUU, de febrero de 2008 a septiembre de 2010; Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control en la Secretaría de la Función Pública de diciembre de 2006 a enero de 2008; Cónsul General de México en Denver, Colorado, EEUU, de febrero de 2004 a noviembre de 2006; Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) de 2001 a 2003; Diputado Federal en la LVII Legislatura de 1997 a 2000; Secretario General de Gobierno del XV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y Director Jurídico del XIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California.

6. Tania María Herrera Ríos tiene 45 años, es Licenciada en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP-ACATLÁN), ha recibido diversos cursos en las materias fiscal y administrativa por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tales como: Recursos Administrativos, Valoración de Mercancías, Juicio de Amparo Administrativo, Legislación Aduanera y Marco Jurídico del Comercio Exterior. En el Instituto de la Judicatura Federal cuenta con acreditación del Curso de Preparación y Capacitación para Secretarios de Juzgados de Distrito y para Secretarios de Tribunales Unitarios y Colegiados, así como el Curso de Especialización Judicial, entre otros.

En relación al ámbito profesional, de 2008 a la fecha se desempeña como Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la SCJN; fue Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de 2001 a 2008; en el TFJFA se desempeñó como Secretaria de Acuerdos de Sala Regional de 1999 a 2001; en el SAT ocupó el cargo de Profesionista Dictaminador en Servicios Especializados de 1995 a 1999, y en la Administración Local Jurídica de Ingresos del SAT fue Abogada del Fisco de 1992 a 1995.

7. Martha Fabiola King Tamayo tiene 35 años, es Licenciada en Derecho egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, habiendo obtenido mención honorífica, cuenta con Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ha tomado, entre otros, los siguientes cursos: Diplomado Virtual en Juicio de Amparo, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Curso de Reformas Fiscales 2008 por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, Perfeccionamiento en la Argumentación de las Resoluciones en Materia electoral y Redacción Judicial por el ITAM, y cuenta con una participación como Capacitadora de las Salas Regionales del Noreste del TFJFA en el Juicio en Línea.

En el ámbito profesional, de 2013 a la fecha se desempeña como Secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en la misma institución fue nombrada Directora de Vinculación en la Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales, cargo que ocupó de enero de 2012 al mes de abril de 2013; antes de ejercer tal cargo se desempeñó como Secretaria Auxiliar de dicho Tribunal Electoral (2011-2012). Por otra parte, en el TFJFA ocupó, entre otros, el cargo de Secretaria de Acuerdos en la Primera Sala Regional del Noreste de 2005 a 2011; así como Abogada Practicante y Secretaria de la Ponencia en la Primera Sala Regional del Noreste del TFJFA (2002-2004).

8. Jorge Lerma Santillán tiene 47 años, es egresado de la Escuela Libre de Derecho, cursó el posgrado en Notario Público por la Universidad de Guanajuato y, entre otros estudios, cuenta con Diplomado en Comercio Exterior impartido por el SAT, Curso impartido en la Academia Mundial de la Propiedad Intelectual realizado en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO por sus siglas en inglés) en Los Ángeles, California, EEUU y Curso de Disciplinas Básicas en el Colegio de Notarios del Distrito Federal.

Cuenta con experiencia probada en las materias fiscal y administrativa, de abril de 2012 a la fecha se desempeña como Magistrado Supernumerario Titular de la Ponencia II de la Sala Regional Golfo Norte del TFJFA; en la Procuraduría General de la República se desempeñó como Director General Adjunto de Delitos Federales de 2007 a 2012; en el SAT ocupó ocupo diversas responsabilidades, entre las que destacan las siguientes: Encargado de la Administración Central de Fiscalización Aduanera de la Administración General de Aduanas de diciembre de 2006 a septiembre de 2007; Coordinador de Fiscalización Aduanera del Servicio de Administración Central de Fiscalización Aduanera de la Administración General de Aduanas de febrero a diciembre de 2006; Subadministrador de Operación Aduanera en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (2005), y en la Procuraduría Fiscal de la Federación se desempeñó como Director de Contrabando de 2001 a mayo de 2005.

9. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte tiene 46 años, es Licenciada en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, cuenta con mención honorífica, Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y Especialidad en Derecho Intelectual, Derechos de Autor y Propiedad Industrial por el Ilustre Nacional Colegio de Abogados A. C. Ha cursado diversos cursos en materia administrativa y fiscal, entre los que destacan: Diplomado Automatizado en Impuestos impartido por el ITAM; Aspectos Jurídicos del Comercio Exterior dado por el Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa; Implicaciones Fiscales del Comercio Electrónico por la International Fiscal Association, y Diplomado en Teoría Tributaria e Impuestos Directos por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal.

En el ámbito profesional, cuenta con una amplia experiencia en las funciones que realiza el TFJFA y en el cual se ha desempeñado como Secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior de dicho órgano jurisdiccional de 1998 a la fecha y Secretaria de Acuerdos de Sala Regional de 1995 a 1998; en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ocupó el cargo de Jefa de Departamento de Juicios Fiscales de 1994 a 1995, y en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal trabajó como Abogada Dictaminadora de 1993 a 1994.

10. María Dolores Omaña Ramírez tiene 56 años, es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, posee estudios de Especialización y de Maestría en Derecho Público por esa misma institución, cursó el Diplomado en Derecho Tributario impartido en el ITAM, así como un Curso de Postgrado en Derecho con Especialidad en Derecho Tributario en la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España. Ha participado en diversos foros como catedrática de los tópicos de Derecho Procesal Constitucional y Derecho Tributario, y ha sido ponente en las diversas “Jornadas de Actualización en Jurisprudencia y Criterios Emitidos por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Acredita una extensa experiencia jurisdiccional en las materias fiscal y administrativa, ocupó el cargo de Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la ponencia de la Segunda Sala de la SCJN de noviembre de 1999 a diciembre de 2007; posteriormente ingresó al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación donde desempeñó los cargos de Directora General Adjunta a la Presidencia, Secretaria General de la Presidencia y Secretaria Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia en la misma institución de 2007 al 15 enero de 2011; posteriormente, del 16 de enero de 2011 al 11 de abril de 2012 se integró como Secretaria de Estudio y Cuenta y Coordinadora de Ponencia en la Primera Sala de la SCJN adscrita a la Ponencia del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Del 12 de abril de 2012 a la fecha, se desempeña como Magistrada Supernumeraria de Sala Regional del TFJFA, adscrita a la tercera ponencia de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana.

11. Elizabeth Ortiz Guzmán tiene 41 años, es Licenciada en Derecho por la Universidad Latina, cuenta con Especialidad en Derecho Intelectual por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, A. C., Diplomado en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana y la Universidad Austral, Diplomado en Competencia Económica por el ITAM, Curso de Actualización en Materia de Amparo por el Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo, y Especialización en Materia Procesal Fiscal por el Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa.

En el ámbito profesional, cuenta con más de 15 años laborando en el TFJFA y en el cual se ha desempeñado, entre otros cargos como Analista Jurídica de la Sala Superior (primera y segunda sección) de septiembre de 2000 al 15 de enero de 2004; Ejecutiva de Revisión y Seguimiento de Tesis del Pleno de la Sala Superior del 16 de enero de 2004 al 30 de noviembre de 2005; Secretaria Auxiliar de Acuerdos de la Tercera Sala Regional Metropolitana de diciembre de 2005 a febrero de 2006; Secretaria de Acuerdos en la Séptima Sala Regional Metropolitana de marzo de 2006 a julio de 2008; posteriormente fue Secretaria de Acuerdos de la Sala Superior de agosto de 2008 al 12 de enero de 2014, y Secretaria Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración del TFJFA del 13 de enero de 2014 a la fecha.

12. José Raymundo Rentería Hernández tiene 62 años, es Licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con estudios de Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Marista y por el Instituto Interamericano para la Armonización Tributaria, Especialidad en Derecho Intelectual, Derechos de Autor y Propiedad Industrial por el Ilustre Nacional Colegio de Abogados A. C., cursó diversos diplomados en las materias administrativa y fiscal, entre las que destacan el de Alta Dirección de Entidades Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública, Automatizado en Impuestos por el ITAM y Juicio de Amparo por el Colegio de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación.

En el ámbito profesional, dentro del TFJFA fungió 4 años como Secretario de Acuerdos de Sala Regional de 2007 a 2011, posteriormente fue Secretario de Acuerdos de Sala Superior, cargo que desempeña desde marzo de 2011 a la fecha. Es importante mencionar que dicho servidor público fungió en su momento como Magistrado de Sala Regional del entonces Tribunal Fiscal de la Federación de 1991 a 1996, en dicha institución también se desempeñó como Secretario de Acuerdos de Sala Regional de mayo de 1982 al 15 de agosto de 1983 y como Secretario de Estudio y Cuenta de Sala Superior del 16 agosto de 1983 a diciembre de 1990.

13. Jorge Luis Revilla de la Torre tiene 41 años, es Licenciado en Derecho por el ITAM, cuenta con Maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación por la misma institución, en la que también cursó los Diplomados en Derecho Tributario, Juicio de Amparo, Automatizado en Impuestos e Impuestos Internacionales. Ha tomado diversos cursos y seminarios relacionados con la materias fiscal y administrativa, tales como el Curso de Secretarios de la SCJN, Curso para Actuarios del Poder Judicial de la Federación impartido por el Instituto de la Judicatura Federal y el Curso para Secretarios de Juzgado de Distrito y de Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito.

En el ámbito profesional cuenta con una trayectoria de 14 años en el Poder Judicial de la Federación, en el 2001 ingresó a dicha institución como Secretario Adjunto del entonces Ministro en funciones Mariano Azuela Güitrón, en donde también se ha desempeñado como Secretario de Estudio y Cuenta en las Ponencias del Ministro referido con antelación y del Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, así como del fallecido Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y actualmente labora con la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas. En la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue Director de Procedimientos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de 2000 a 2001 y Subdirector de Recursos y Cumplimiento de Ejecutorias de la misma unidad administrativa de 1999 a 2000.

14. Alejandro Sánchez Moctezuma tiene 36 años, es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con mención honorífica, acredita haber aprobado los exámenes para ocupar la categoría de Secretario de Tribunal de Circuito o Juzgado de Distrito en el Poder Judicial de la Federación y realizó el Curso Básico de Secretarios del Poder Judicial de la Federación ante el Instituto de la Judicatura Federal. Por otra parte, cuenta con un Diplomado en Derecho de la Energía por la Escuela Libre de Derecho, así como con los cursos de Evaluación de Proyectos de Inversión y de Finanzas para Abogados por el ITAM.

En el ámbito profesional, su experiencia combina el ejercicio en los sectores público y privado, de 2013 a la fecha se desempeña como Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Gas y Petroquímica Básica de Petróleos Mexicanos; por otra parte, se desempeñó como abogado postulante en las materias administrativa y fiscal de noviembre de 2010 a mayo de 2013; anteriormente ocupó el cargo de Secretario del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en materia Administrativa de marzo a noviembre de 2010; en la SCJN fue designado Abogado Profesional Operativo Rango A, adscrito a la ponencia del Ministro en retiro Sergio Salvador Aguirre Anguiano de febrero de 2009 al 18 de marzo de 2010, en donde informa que ha elaborado proyectos de resolución en materia administrativa, laboral y constitucional; se desempeñó como Oficial Administrativo en el Juzgado Sexto Federal Penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones de diciembre de 2008 a enero 2009; en el TFJFA fue nombrado Secretario de Acuerdos de la Tercera Sala Regional del Norte Centro II de marzo de 2006 a septiembre de 2008, y de junio de 2004 a marzo de 2006 se desempeñó como Abogado Litigante en el despacho Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía, S.C.

15. Amalia Tecona Silva tiene 38 años, es egresada de la UNAM con mención honorífica, cuenta con Especialidad en Derecho Constitucional por la misma institución, y es Especialista Universitaria en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ha concluido diversos estudios de actualización jurídica, tales como el Curso de Especialización Judicial, Curso de Preparación y Capacitación para Secretarios de la SCJN y el Diplomado en Derecho Concursal, todos ellos impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal.

En el ámbito profesional, acredita experiencia jurisdiccional en materia fiscal y administrativa, de enero de 2015 a la fecha se desempeña como Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la SCJN; de febrero de 2009 a diciembre de 2014 laboró como Secretaria de Estudio y Cuenta en las Ponencias de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y los Ministro en retiro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela Güitrón; refiere que ha sido proyectista de sentencias en dos periodos diversos en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa (de 2007 a enero de 2009 y de abril de 2001 a enero de 2005), en donde también se desempeñó como Actuaría Judicial de enero a marzo de 2001.

16. Manuel de Jesús Torres Valles tiene 36 años, es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con mención honorífica (Plantel Laguna), cuenta con Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo por la Universidad Autónoma de Coahuila, y actualmente se encuentra cursando la Maestría en Amparo en el Instituto de Posgrados en Humanidades. Acredita haber realizado el Curso de Especialización para Secretarios de Juzgado de Distrito y de Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial Federal en el Instituto de la Judicatura Federal.

En el ámbito profesional, desde 2011 a la fecha se desempeña como Encargado del Área Fiscal y Amparos de la División Norte, en la Comisión Federal de Electricidad; de 2008 a 2011 se desempeñó como Asesor Jurídico y Encargado de la Defensa Fiscal en el despacho Todd, de la Garza y Torres, S.C en la Ciudad de Torreón, Coahuila; anteriormente, de 2002 a 2008, se desempeñó como Abogado Dictaminador en la Subadministración de lo Contencioso en la Administración Local de Torreón del SAT, y como Encargado de la Cobranza Civil y Mercantil en el despacho Domene del año 2000 a 2002 en la ciudad referida.

17. Alfredo Ureña Heredia tiene 46 años, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y cuenta con Maestría en Impuestos por la División de Contaduría Pública del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas por esa misma Universidad, estudió la Especialización en materia Administrativa por el Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa del TFJFA, además cuenta con diversos estudios en materia administrativa y fiscal, entre los que destacan el Diplomado en Impuestos por el ITAM, Curso de Amparo Indirecto y Directo en materia Administrativa, Delitos Patrimoniales e Impuestos, entre otros.

En el ámbito profesional, cuenta con una amplia experiencia jurisdiccional en las materias fiscal y administrativa, ya que desde el 28 de octubre de 2008 fue nombrado Magistrado Supernumerario del TFJFA; previo a su designación como Magistrado se desempeñó como Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Regional de Occidente de dicho  tribunal de 1997 a octubre de 2008. En el SAT ejerció diversas funciones, entre otras, se desempeñó como Subadministrador de lo Contencioso, Subadministrador de Resoluciones en la Administración Local Jurídica de Ingresos de Guadalajara Sur, Abogado “A” y Abogado Dictaminador del Fisco de 1994 a 1996.

18. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde tiene 49 años, es Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con Maestría en Derecho Administrativo y Fiscal por  la Barra Nacional de Abogados, S.C., y con Especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, Especialización correspondiente a la Carrera Judicial Federal por el Instituto de Especialización de la SCJN, así como con Especialidad en Derecho Intelectual por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Actualmente se encuentra estudiando el Doctorado en Derecho por la Barra Nacional de Abogados, S.C.

La experiencia profesional observada en las materias fiscal y administrativa es amplia, se ha desempeñado como Secretario de Acuerdos de la Sala Superior del TFJFA de marzo de 2006 a la fecha. Anteriormente se desempeñó como Secretario de Acuerdos de Sala Regional del TFJFA de junio del 2001 a febrero de 2006, en el SAT ocupó los cargos de Subadministrador de lo Contencioso “2” de noviembre de 1996 a mayo de 2001 y Subadministrador de lo Contencioso “B” de mayo de 1994 a octubre de 1996. En el entonces Tribunal Fiscal de la Federación se desempeñó como Secretario de Acuerdos de la Sala Regional de febrero de 1991 al 30 de abril de 1994.

II. Propuestas de Nombramientos para Magistrados Supernumerarios de Sala Regional.

Como puede observar este órgano legislativo, en la fracción anterior, se propuso el nombramiento como Magistrados de Sala Regional a los CC. Jorge Lerma Santillán, María Dolores Omaña Ramírez y Alfredo Ureña Heredia, quienes actualmente se desempeñan como Magistrados Supernumerarios en el propio TFJFA.

En tal virtud, y en caso de que esa Cámara de Senadores apruebe dichas propuestas, se generarían tres vacantes de Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, por lo que se somete a la consideración de este H. Senado de la República, con el objeto de no retardar la impartición de justicia, el nombramiento de los siguientes ciudadanos para ocupar dichos cargos, los cuales se presentan en orden alfabético en razón de su primer apellido.

1. Oscar Estrada Nieto.

2. Luis Enrique Osuna Sánchez.

3. María Teresa del Socorro Sujo Nava.

1. Oscar Estrada Nieto tiene 37 años, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tomó el Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación en el Consejo de la Judicatura Federal, obtuvo el Diplomado en Materia Contenciosa Administrativa por la Universidad Virtual de Capacitación Fiscal del SAT, cuenta con diversos estudios en materia administrativa y fiscal, tales como el Análisis y Calculo de Impuestos por el Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo, Comercio Exterior, Actualización de Delitos Fiscales y Actualización de Devoluciones y Compensaciones Fiscales.

En el ámbito profesional, de noviembre de 2007 a la fecha, se desempeña como Secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Centro II del TFJFA, en el SAT ocupó los cargos de Jefe de Departamento de la Subadministración de lo Contencioso 2, Encargado de la Subadministración de lo Contencioso 2 y Abogado Dictaminador de la Subadministración de Resoluciones del 2 de abril de 2002 a octubre de 2007. De 1997 al 2001 se desempeñó como abogado postulante en diversos despachos jurídicos.

2. Luis Enrique Osuna Sánchez tiene 40 años, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, cuenta con Maestría en Derecho Fiscal y Financiero por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa con mención honorífica y de excelencia, realizó el Curso de Reformas Fiscales para Latinoamérica a la Luz de la Experiencia Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, España, recientemente concluyó sus estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad de Deakin, Australia.

En el ámbito profesional, de enero de 2014 a la fecha se ha desempeñado como Secretario de Acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración del TFJFA, como Secretario de Acuerdos Proyectista en la Sala Especializada en Juicios en Línea del TFJFA de 2012 a 2014, así como Secretario de Acuerdos de la Tercera Sala Regional Metropolitana del TFJFA de agosto de 2011 a enero de 2012. Durante el tiempo en el que realizó sus estudios de Doctorado, se desempeñó como Asistente Investigador en el Centro de Resolución de Conflictos en La Trobe, en Melbourne, Australia, de marzo de 2007 a julio de 2011, previamente ocupó el cargo de Secretario de Acuerdos en la Sala Regional del Noreste III del TFJFA, de abril de 2003 a enero de 2007. En el SAT desempeñó las funciones de Subadministrador Local Jurídico en Culiacán, Sinaloa, de agosto de 1999 a marzo de 2003 y fue abogado en la Administración Local de Hermosillo, Sonora y abogado Tributario en la misma institución referida.

3. María Teresa del Socorro Sujo Nava tiene 38 años, es Licenciada en Derecho con mención honorífica y es egresada de la Universidad Iberoamericana (Plantel Laguna), cuenta con Maestría en Derecho por la UNAM de igual manera con mención honorífica, cursó el Diplomado en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana y ha ampliado sus conocimientos en las materias fiscal y administrativa mediante la asistencia a diversos seminarios y cursos en el TFJFA, entre los que destacan el Seminario de Aspectos Prácticos de la Reforma Fiscal 2014, Medidas Cautelares y Suspensión del Acto en el Procedimiento Contencioso Administrativo y el Seminario de Teorías Jurídicas Contemporáneas y sus Implicaciones en el Marco del Control Difuso de la Constitucionalidad y Convencionalidad 2013.

En el ámbito profesional cuenta con una amplia experiencia en funciones jurisdiccionales en las materias fiscal y administrativa en el TFJFA, en donde se ha desempeñado como Secretaria de Acuerdos de las Salas Regionales Noroeste II en Ciudad Obregón, Sonora (2009 a la fecha); Norte Centro II en Torreón, Coahuila (2006 a 2009) y Norte Centro I en la Chihuahua, Chihuahua. En el SAT, de enero de 2000 a enero de 2002, ocupó los cargos de Subadministrador de lo Contencioso, Jefe de Departamento, Abogado Dictaminador y Auxiliar Administrativo en la Administración Local Jurídica de Ciudad Juárez, Chihuahua.

IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, DE LAS PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTOS.

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, numeral 3; 241; 242; 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, resultan competentes para dictaminar las propuestas de nombramientos descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas, realizaron un exhaustivo análisis del expediente de los ciudadanos referidos con antelación, del cual se desprendió que todos son mexicanos por nacimiento, y no haber adquirido otra nacionalidad; encontrarse con pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; ser mayores de treinta y cinco años de edad; contar con notoria buena conducta; ser Licenciado en Derecho con título registrado, expedido con diez años de anticipación a su nombramiento y contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa, por lo que reúnen con los requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desempeñar el cargo propuesto.

TERCERA. Tal y como se desprende de los citados expedientes, estas Comisiones Unidas refieren que los ciudadanos: María del Pilar Azuela Bohigas; Arturo Bolio Cerdán; Álvaro Castro Estrada; José de Jesús González López; Juan Marcos Gutiérrez González; Tania María Herrera Ríos; Martha Fabiola King Tamayo; Jorge Lerma Santillán; Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte; María Dolores Omaña Ramírez; Elizabeth Ortiz Guzmán; José Raymundo Rentería Hernández; Jorge Luis Revilla de la Torre; Alejandro Sánchez Moctezuma; Amalia Tecona Silva; Manuel de Jesús Torres Valles; Alfredo Ureña Heredia; Francisco Enrique Valdovinos Elizalde, Oscar Estrada Nieto; Luis Enrique Osuna Sánchez y María Teresa del Socorro Sujo Nava, cumplen con la experiencia y el perfil requeridos por Ley para desempeñar el cargo propuesto dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al poseer una amplia trayectoria profesional tanto en la materia fiscal como administrativa, conocimientos en la materia y experiencia laboral.

Así, se hace notar que los referidos ciudadanos, a lo largo de su actividad laboral han cumplido en diversos cursos de actualización en materia administrativa y de tributación. En ese tenor, estas Comisiones Unidas consideran que los ciudadanos aludidos, cuentan con la capacidad técnica y trayectoria profesional satisfactoria, en relación a los indicadores establecidos para ejercer los cargos de Magistrados de Sala Regional y de Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos propuestos por el Ejecutivo Federal.

CUARTA. Con el objeto de que las Comisiones Unidas realizaran un examen valorativo sobre su idoneidad para el cargo que fueron propuestos, lo cual incluye su conducta personal, su capacidad técnica, experiencia profesional, y desde luego, sus conocimiento en la materia, fueron citados a comparecer el día 22 de abril del presente año. Asimismo, los integrantes de las Comisiones Unidas reunidos en Pleno, deliberaron y resolvieron aprobar los nombramientos de los Ciudadanos: María del Pilar Azuela Bohigas; Arturo Bolio Cerdán; Álvaro Castro Estrada; José de Jesús González López; Juan Marcos Gutiérrez González; Tania María Herrera Ríos; Martha Fabiola King Tamayo; Jorge Lerma Santillán; Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte; María Dolores Omaña Ramírez; Elizabeth Ortiz Guzmán; José Raymundo Rentería Hernández; Jorge Luis Revilla de la Torre; Alejandro Sánchez Moctezuma; Amalia Tecona Silva; Manuel de Jesús Torres Valles; Alfredo Ureña Heredia; Francisco Enrique Valdovinos Elizalde, como Magistrados de Sala Regional, por un periodo de diez años y de Oscar Estrada Nieto; Luis Enrique Osuna Sánchez y María Teresa del Socorro Sujo Nava, como Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, por un periodo de diez años.

Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que los ciudadanos propuestos expusieran ante los integrantes de las Comisiones Unidas, aquellos elementos que considerara pertinentes, a fin de acreditar su aptitud para la responsabilidad jurisdiccional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas, que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana María del Pilar Azuela Bohigas, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

SEGUNDO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Arturo Bolio Cerdán, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

TERCERO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Álvaro Castro Estrada, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

CUARTO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano José de Jesús González López, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

QUINTO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Juan Marcos Gutiérrez González, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

SEXTO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana Tania María Herrera Ríos, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

SÉPTIMO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana Martha Fabiola King Tamayo, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

OCTAVO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Jorge Lerma Santillán, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

NOVENO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

DÉCIMO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana María Dolores Omaña Ramírez, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

DÉCIMO PRIMERO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana Elizabeth Ortiz Guzmán, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

DÉCIMO SEGUNDO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano José Raymundo Rentería Hernández, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

DÉCIMO TERCERO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Jorge Luis Revilla de la Torre, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

DÉCIMO CUARTO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Alejandro Sánchez Moctezuma, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

DÉCIMO QUINTO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana Amalia Tecona Silva, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

DÉCIMO SEXTO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Manuel de Jesús Torres Valles, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

DÉCIMO SÉPTIMO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Alfredo Ureña Heredia, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

DÉCIMO OCTAVO Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Francisco Enrique Valdovinos Elizalde, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

DÉCIMO NOVENO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Oscar Estrada Nieto, como Magistrado Supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

VIGÉSIMO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Luis Enrique Osuna Sánchez, como Magistrado Supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

VIGÉSIMO PRIMERO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana María Teresa del Socorro Sujo Nava, como Magistrada Supernumeraria de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley a los ciudadanos de los resolutivos anteriores, a efecto de que estén en aptitud de desempeñar el cargo conferido, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República a los veintidós días del mes de abril de dos mil quince.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMISIÓN DE JUSTICIA

Es todo, señor Presidente.


PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo.

En virtud de que no hay oradoras, ni oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento y ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del dictamen.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 67 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Secretaria Senadora.

En consecuencia, se aprueban los 18 nombramientos de Magistrados de Sala Regional y 3 nombramientos de Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Comuníquese.

La protesta de los magistrados se realizará en conjunto con los demás nombramientos que han sido aprobados en este Pleno.

Llevaremos a cabo la toma de protesta de los ciudadanos, cuyos nombramientos acaban de ser aprobados, y en el salón contiguo a este recinto se encuentran las ciudadanas y los ciudadanos: Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Ricardo Treviño Chapa, Javier Laynez Potisek, Max Alberto Diener Sala, Julián Alfonso Olivas Ugalde, María del Pilar Azuela Bohigas, Arturo Bolio Cerdán, Álvaro Castro Estrada, José de Jesús González López, Juan Marcos Gutiérrez González, Tania María Herrera Ríos, Martha Fabiola King Tamayo, Jorge Lerma Santillán, Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte, María Dolores Omaña Ramírez, Elizabeth Ortiz Guzmán, José Raymundo Rentería Hernández, Jorge Luis Revilla de la Torre, Alejandro Sánchez Moctezuma, Amalia Tecona Silva, Manuel de Jesús Torres Valles, Alfredo Ureña Heredia, Francisco Enríquez Valdovinos Elizalde, Oscar Estrada Nieto, Luis Enrique Osuna Sánchez y María Teresa del Socorro Sujo Nava.

Solicito a las Senadoras y Senadores: Manuel Cavazos Lerma; Dolores Padierna Luna; Gerardo Flores Ramírez; Teófilo Torres Corzo; José Yunes y Blanca Alcalá Ruiz, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su respectiva toma de protesta.

Nombré a muchos, porque son muchos las y los que van a tomar protesta.

Por favor, le pido a la comisión cumpla con su cometido.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Solicito a las señoras y señores Senadoras y Senadores sean tan amables de ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¡Bienvenidas y bienvenidos a este recinto del Senado de la República!

Empiezo por tomar la protesta a la ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, que le pido pase al frente.

Gracias, ciudadana Diana Rosalía Bernal.

Ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo periodo de cuatro años, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

La ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

Muchas felicidades.

Señor Ricardo Treviño Chapa, le pido pase al frente.

Ciudadano Ricardo Treviño Chapa: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

El ciudadano Ricardo Treviño Chapa: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

Muchas felicidades.

Le pido al señor Javier Laynez Potisek pase al frente.

Ciudadano Javier Laynez Potisek: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

El ciudadano Ricardo Treviño Chapa: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

Muchas felicidades.

Señor Max Alberto Diener, le pido pase al frente.

Ciudadano Max Alberto Diener Sala: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

El ciudadano Max Alberto Diener Sala: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

Muchas felicidades, señor Procurador.

Señor Julián Olivas Ugalde, le pido pase al frente.

Ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

Muchas felicidades.
Enseguida tomaremos la protesta a 21 Magistrados Numerarios y Supernumerarios de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Voy a mencionarlos y darán un paso al frente.

Ciudadanos María del Pilar Azuela Bohigas, Arturo Bolio Cerdán, Álvaro Castro Estrada, José de Jesús González López, Juan Marcos Gutiérrez González, Tania María Herrera Ríos, Martha Fabiola King Tamayo, Jorge Lerma Santillán, Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte, María Dolores Omaña Ramírez, Elizabeth Ortiz Guzmán, José Raymundo Rentería Hernández, Jorge Luis Revilla de la Torre, Alejandro Sánchez Moctezuma, Amalia Tecona Silva, Manuel de Jesús Torres Valles, Alfredo Ureña Heredia, Francisco Enríquez Valdovinos Elizalde, Oscar Estrada Nieto, Luis Enrique Osuna Sánchez y María Teresa del Socorro Sujo Nava: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los cargos que se les han conferido de Magistrados de Sala Regional y Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos María del Pilar Azuela Bohigas, Arturo Bolio Cerdán, Álvaro Castro Estrada, José de Jesús González López, Juan Marcos Gutiérrez González, Tania María Herrera Ríos, Martha Fabiola King Tamayo, Jorge Lerma Santillán, Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte, María Dolores Omaña Ramírez, Elizabeth Ortiz Guzmán, José Raymundo Rentería Hernández, Jorge Luis Revilla de la Torre, Alejandro Sánchez Moctezuma, Amalia Tecona Silva, Manuel de Jesús Torres Valles, Alfredo Ureña Heredia, Francisco Enríquez Valdovinos Elizalde, Oscar Estrada Nieto, Luis Enrique Osuna Sánchez y María Teresa del Socorro Sujo Nava: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

Muchas felicidades a todas y a todos.

A nombre del Senado de la República les deseo el mayor de los éxitos en el desempeño de sus respectivos cargos.

Solicito a la comisión designada acompañe a los funcionarios y magistrados cuando deseen retirarse del salón. Gracias.

Felicidades a todos y a todas. Es un honor que estén en este Pleno con nosotros.

A ver, vamos a contribuir todos a que esta sesión concluya, y concluya con todos los parámetros del trato legislativo y de poder agotar las cosas de manera correcta.

Estoy registrando el interés de la Senadora Blanca Alcalá de hacer uso de la palabra; también de la Senadora Diva Hadamira Gastélum.

Tengo la comunicación del Senador Gerardo Flores, del Partido Verde Ecologista; la insistencia del Senador Mayans de presentar dos dictámenes, que lo haría en una sola intervención y por tres minutos, por favor.

En ese orden vamos a desahogar los temas, para que vean que en la Mesa Directiva estamos en la lógica de poder agotar esto. ¿Les parece que así sea? Senadora Blanca Alcalá, Senadora Diva Hadamira Gastélum y Senador Gerardo Flores.






Tenemos la discusión de dos dictámenes, uno de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de vivienda para los trabajadores;

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 167 Y 179 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Dictamen de segunda lectura)








Y el otro dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sobre seguridad social a los cónyuges del mismo sexo.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que ambos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de los dictámenes. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, para presentar, por tres minutos, ambos dictámenes, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señor Presidente. Gracias, compañeras y compañeros Senadores:

Reconociendo el trabajo de todas mis compañeras y compañeros Senadores de la Comisión de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, por el apoyo que le han dado a estos dictámenes.

Y de acuerdo con cifras del ISSSTE, el FOVISSSTE ha otorgado históricamente alrededor de un millón 300 mil créditos a todo el país, y ha logrado consolidar su estructura financiera apuntalada en estos otros factores.

En virtud de lo anterior, resulta claro, gracias a las transformaciones que poco a poco ha tenido el FOVISSSTE, hoy día se encuentra en posibilidades operativas y financieras para otorgar un segundo crédito a los trabajadores que cumplan con el mismo requisito que establece la Ley del ISSSTE en vigor; es decir, contar con más de 18 meses de depósito constituido a su favor en la Subcuenta del Fondo de Vivienda, además, tal y como se propone en el proyecto de Decreto a consideración, deberá demostrar que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado.

No obstante, se ha estimado viable la reforma propuesta a los artículos 167 y 179 de la Ley del ISSSTE, estas comisiones dictaminadoras han considerado incluir una adición de un Artículo Segundo Transitorio del proyecto de Decreto, a fin de garantizar el ejercicio de este derecho bajo criterios de equidad y de la prelación por parte de los trabajadores que aún no lo ejerzan.

Entonces, les pido, ojalá y nos apoyen con su voto para este doble crédito, muy merecido para los trabajadores del ISSSTE.

Y el otro tema también va de acuerdo a las propuestas del IMSS y del ISSSTE.

En el caso del IMSS, se aseguran las prestaciones relativas a los seguros de riesgo de trabajo, de enfermedad y maternidad, de invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como las correspondientes asignaciones familiares y ayuda asistencial.

En el caso de la Ley del ISSSTE, las prestaciones del seguro de salud, como son la atención médica curativa, de maternidad, rehabilitación física y mental, así como el seguro de riesgo de trabajo para las parejas del mismo sexo, para los cónyuges.

Entonces, esto es un gran avance. En la realidad, ya se estaba logrando que atendieran, el IMSS y el ISSSTE, a los cónyuges, a las parejas del mismo sexo.

Sin embargo, con estas reformas, compañeros Senadores y Senadoras, que están a su consideración, se perfecciona la legislación secundaria, en materia de seguridad social.

En definitiva, estaremos dando un paso adelante en el reconocimiento de los derechos más elementales en un sentido amplio de protección.

En razón de que son trascendentes estas reformas legales en el perfeccionamiento y armonización del marco jurídico que se encuentra vigente para salvaguardar y proteger derechos fundamentales, y de que en esta ocasión el empeño y trabajo legislativo de este Senado de la República va dirigido en favor de la seguridad social, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Seguridad Social, pido su respaldo y voto favorable.

Por su atención, muchas gracias.

Tres minutos, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Fernando Enrique Mayans, por la comprensión. Algún día tenía que aprender el Senador Fernando Enrique Mayans.

Está a discusión en lo general. No habiendo interés en hacer uso de la palabra ni artículos reservados al respecto, ábrase el sistema electrónico de votación, por dos minutos, para recibir la votación, en primer lugar, del dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, en materia de vivienda para los trabajadores.

Ábrase el sistema electrónico y háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento.

VER VOTACIÓN

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Gamboa.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Le pediría que me dé el uso de la palabra dos minutos, termina un periodo importante, mientras termina el tiempo para votar, si lo autoriza.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Yo le pido que lo hagamos en el momento, porque el protocolo tiene que ver con los Reglamentos, usted lo sabe, son tiempos y movimientos.

Gracias, Senador Gamboa, le pido su comprensión.

(Continua la votación nominal)

La Secretaria Senadora Lilia Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 65 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Enseguida, ábrase el sistema electrónico de votación para recibir la votación relativa al dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sobre seguridad social a los cónyuges del mismo sexo.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por dos minutos, y háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 65 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a las Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sobre seguridad social a los cónyuges del mismo sexo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






COMUNICACIONES

Informo a la Asamblea que se recibió en la Mesa Directiva, una comunicación que suscriben las Senadoras y los Senadores integrantes de la Comisión Especial para la atención y seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S. A. de C. V.

Con dicha comunicación, remite el informe de actividades de la comisión creada por Acuerdo aprobado por el Pleno el 11 de marzo de 2014.

Adicionalmente, recibimos otra comunicación suscrita por los Senadores Dolores Padierna Luna, Angélica de la Peña Gómez y Mario Delgado Carrillo, que también forman parte de esa comisión especial, y que denominan “Informe respecto del desempeño de la Comisión Especial del caso de la empresa Oceanografía, y que discrepa del que presenta la comisión.
Son integrantes de la comisión, quienes envían este otro documento, pero discrepa.

Ambos documentos se tienen por recibidos y se publicarán en la Gaceta del Senado.








Sin presentación de orador y de ponente, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos Primero y Tercero Transitorios y se adicionan los artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la federación el 9 de enero de 2015.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y TERCERO TRANSITORIOS Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE ENERO DE 2015

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite su lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Está a discusión en lo general. No habiendo Senador o Senadora interesado en hacer uso de la palabra, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento y ábrase el sistema electrónico de votación, por dos minutos, para recibir la votación nominal.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 68 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos Primero y Tercero Transitorios y se adicionan los artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la federación el 9 de enero de 2015.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL 28 DE MAYO DE CADA AÑO, “DÍA NACIONAL POR LA SALUD DE LA MUJER”

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se declara el 28 de mayo como “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 05 de marzo de 2015, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Angélica Araujo Lara y María del Rocío Pineda Gochi, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se declara el 28 de mayo como “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en estudio tiene como objetivo, que se declare el 28 de mayo como “Día Nacional por la Salud de la Mujer” con la finalidad de continuar con las acciones que garantice, los derechos tutelados por la Constitución Mexicana y trabajar así para un mejor desarrollo integral de los servicios de salud para la mujer.


III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el enfoque de salud pública basado en el género, parte del reconocimiento de las diferencias entre el hombre y la mujer. Asimismo en la mayoría de las sociedades, a partir de su cultura, religión y creencias, las mujeres tienen un menor estatus social que el hombre, lo que representa oportunidades desiguales para uno y otro sexo.

De acuerdo con datos a nivel mundial, de la OMS, las mujeres viven de seis a ocho años más que los hombres, en 2007 la esperanza de vida aumentó para las mujeres en 35 países, elevándose a 85 años de vida, no obstante, en países del continente africano, esta esperanza de vida se reduce a tan solo 54 años de vida.

La igualdad de condiciones en materia de atención a la salud, se debe evaluar a partir del desarrollo de la vida de hombres y mujeres, esto a partir de que niñas y niños de 0 a 9 años de edad, comparten las mismas tasas de mortalidad, donde las principales causas pueden ser partos prematuros, asfixia neonatal, infecciones respiratorias, neumonía, diarrea y malnutrición.

En seguida, durante la adolescencia que va de los 10 a los 19 años, se abre la brecha de diferencias entre ambos géneros y es cuando el sector salud debe reforzar medidas para hombres y para mujeres de acuerdo a su sexo, por ejemplo, en hombres las principales causas de muerte tienen que ver con traumatismos involuntarios, suicidios y abuso de sustancias mientras que en mujeres cambia la perspectiva y se ven envueltas en complicaciones por embarazos a temprana edad, no deseados, abuso de sustancias, se ven vulnerables ante la violencia sexual y por ende, inmersas en enfermedades de transmisión sexual como Virus de Papiloma Humano, herpes, VIH/SIDA, hepatitis, entre otras.

Y a partir de la adolescencia y en adelante, las enfermedades entre géneros coinciden, como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, y enfermedades del hígado, pero tienen también diferencias, como por ejemplo en el caso de tumores malignos, como lo son en hombres: el cáncer de próstata y testículo y en mujeres el cáncer de mama y cervico-uterino.

B. En México, de acuerdo con un ensayo mayor del Instituto Nacional de Salud Pública, denominado Educación y Salud de la Mujer: Reflexiones desde una Perspectiva de Género, señala que las mujeres enferman y mueren de manera diferente a los hombres, como ya se ha comentado, así mismo que la situación social de la mujer ha tenido una progresiva evolución en nuestro país, logrando la consolidación de derechos laborales, acceso a seguridad social, entre otros aspectos que promueven poner en igualdad de circunstancias a las mujeres de nuestro país, frente a los hombres.

Actualmente existen una serie de programas y estrategias en nuestro país que promueven la salud de las mujeres, entre los que debemos destacar las acciones que se han instrumentado con la finalidad de reducir la mortalidad materna, fomentar la planificación familiar, reducir riesgos sanitarios, violencia y exceso de trabajo.

La finalidad de emprender acciones a favor de la salud del género femenino, debe entenderse no con el propósito de obtener más que los hombres, sino que a partir del rezago que la materia tiene por los años que no se estructuró un sistema con perspectiva de género, igualar las condiciones y oportunidades a que todas y todos los mexicanos tienen derecho.

C. Acciones como la que se impulsa para promover el 28 de mayo, Día Nacional por la Salud de la Mujer, generan:

- Mayor concientización entre los creadores de las políticas públicas y los programas para incluir cambios con perspectiva de género que beneficien la salud de las mexicanas;

- La medición y evaluación de políticas y reorientación y formulación de nuevas, con base en los resultados obtenidos;

- Promoción del respeto de los derechos de las mujeres;

Finalmente, sabemos que la salud no es sólo la ausencia de enfermedades, sino que es un estado pleno de bienestar físico, mental y social y que existen factores biológicos, políticos, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud. Es de tal manera que la importancia de eliminar la desigualdad entre los hombres y las mujeres en la diferenciación de las enfermedades por género, implica una mejor atención, diagnóstico oportuno y programación de recursos conforme a las afecciones propias de los grupos poblacionales de que se trate, logrando el más alto nivel de salud posible en nuestro país.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión, declara el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Está a discusión el dictamen.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

Mi voto es a favor, debido a la importancia que tiene exaltar la necesidad de mayores esfuerzos por promover y prevenir políticas de salud para las mujeres en México.

Debido a las diferencias biológicas y sociales, el hecho de pertenecer a uno u otro sexo tiene gran impacto en la salud. La salud de la mujer y la niña es especialmente preocupante porque en muchas sociedades se encuentran en una situación de desventaja por la discriminación condicionada por factores socioculturales.

Algunos de los factores socioculturales que impiden que las mujeres y niñas se beneficien de servicios de salud de calidad y alcancen el máximo nivel posible de salud son:

● Las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres;

● Las normas sociales que reducen las posibilidades de recibir educación y encontrar oportunidades de empleo;

● La atención exclusiva a las funciones reproductoras de la mujer, y

● El padecimiento potencial o real de violencia física, sexual y emocional.

● Temas de índole cultural, donde los temas de prevención de enfermedades no son prioritarios.

● Rezago económico y geográfico que impide tener acceso a centros de salud

Por lo anteriormente expuesto, reitero mi posicionamiento a favor de declarar el 28 de mayo de cada año, como el “Día Nacional por la Salud de la Mujer”

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Ábrase el sistema electrónico de votación, por dos minutos, para recoger la votación nominal sobre este dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 66 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Compañeras y compañeros Senadores: Informo que la Secretaría de la Mesa Directiva publicará el registro de los votos que se recibieron fuera del sistema electrónico en el reporte de la votación de este asunto.

Está aprobado el proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 28 de mayo de cada año “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






INTERVENCIONES

Tiene el uso de la palabra, desde su escaño, o si quiere tomar tribuna, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Desde mi escaño, señor Presidente, es correcto.

Como es de conocimiento suyo y de toda la Asamblea, desde el día de ayer estaba inscrito el desahogo de un dictamen que tenía como propósito dar solución al tema de los defraudados de Ficrea, y por supuesto, también de poder proponer las modificaciones al sector de ahorro y crédito popular.

Más allá de la decisión que se tome en relación con este dictamen, quiero dejar asentada la posición de mi grupo en relación con el tema. Como sabe, se constituyó un grupo plural, grupo que integró de manera bicamaral la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que a lo largo de estos meses realizamos un trabajo, porque así nos lo propusimos, que fuera responsable, que fuera viable, que fuera objetivo y que fuera oportuno.

En este sentido, se presentó la propuesta teniendo como Cámara de Origen la Cámara de Diputados, misma que fue desahogado en tiempo y forma; misma que tomó, incluso, las consideraciones que requerían hacer modificaciones sobre el caso.

Hoy, lamento que desafortunadamente no pueda resolverse lo que evidentemente era viable para alrededor del 80 por ciento de los ahorradores defraudados.

Se trataba de muy modestos ahorradores, se trataba de una propuesta que era viable, que de ninguna manera representaba un rescate con cargo al erario público, y sí, por el contrario, la posibilidad de que estas familias salgan adelante.

Del mismo modo, la ley que pusimos a consideración y las modificaciones a otras leyes tenían que ver con la viabilidad, con la naturaleza de las debilidades y de las oportunidades que mostraba el sector.

En ningún momento se estaba dañando a los Sofipos, tampoco se estaba dañando a las cooperativas, se buscaba, por el contrario, que se esté protegiendo a los ahorradores que de manera recurrente estaban siendo defraudados.

Lamento que en esta Asamblea, lo que ha prevalecido es la confrontación de las ideas, la pluralidad de las mismas, sabiendo que hay diferencias no nos atrevamos a debatirlas y, por el contrario, que podamos evadir el tema.

Creo que hoy no le estamos cumpliendo a la gente y poniendo en primer plano su propuesta, su agenda y privilegiando en cambio los otros temas de carácter político partidista.

Quiero dejar asentada la posición de mi grupo, el respaldo de la misma y, por supuesto, reiterar el agradecimiento que a lo largo de estos meses se hizo, inclusive con otros compañeros de otros partidos políticos, quienes suscribimos la propuesta, fue el caso del Partido de la Revolución Democrática, en el trabajo siempre responsable que reconozco de la Senadora Dolores Padierna, del propio Senador Javier Lozano, del Partido Acción Nacional; y, por supuesto, del Senador Gerardo Flores, del Partido Verde Ecologista.

De veras, señor Presidente, lamento que hoy no sea la confrontación de ideas que nos permita proponer la solución e inclusive las modificaciones, si todo fuera el caso, sobre las leyes y el dictamen en comento.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

En uso de la palabra, desde su escaño, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Agradeciéndole mucho esta posibilidad que nos da de poder poner en contexto un tema que es del dominio público, pero que esta Cámara de Senadores debe de pronunciarse al respecto.

Primero, el tema de la violencia es muy serio en el país, pero la violencia política en contra de las mujeres se ha exacerbado de manera muy importante.

Hace muy poco asesinaron a una precandidata de su partido, hace muy poco tuvimos aquí en la mesa dichos que ponen en relieve el desprecio que a veces se tiene por esa lucha, por la causa de las mujeres.

Sin embargo, en últimas fechas, y a propósito de la democracia paritaria, nosotros hemos visto como nuestras candidatas, y no hablo solamente de mi partido, hablo de todos los partidos, han sufrido una serie de calumnias, vejaciones, atropellos que no podemos tolerar justo cuando está a prueba esta legislación que aprobamos aquí como un principio constitucional y la ley secundaria.

Yo quiero llamar la atención de las últimas notas, sobre todo lo que ha pasado con la candidata por Sonora, Claudia Pavlovich, que es un problema muy serio en donde la ira, donde el desprecio ha estado a la orden del día.

Así como se ha puesto en la mesa la violencia que ha sufrido la ex esposa de un candidato del Partido Acción Nacional en Nuevo León. Yo le pido de favor, señor Presidente, como lo hicimos el día de hoy, que usted estuvo en una mesa plural, que llegáramos a un acuerdo político acerca de un tema tan delicado, no es un tema de mujeres, compañeras y compañeros, es un tema de la sociedad.

Indebidamente se ha sesgado creyendo que le corresponde solamente a las mujeres resolver este problema, este es un problema de la sociedad y como tal se tiene que resolver.

Creo que el acuerdo político que usted ha propuesto debe de suscribirse lo más pronto posible y que la autoridad electoral entre, en consecuencia, a actuar, porque el problema más serio es que teniendo un árbitro estemos padeciendo este problema, especialmente las mujeres.

Yo le agradezco esta posibilidad que me da de atender esta situación, pero más de poder, desde aquí, contribuir a parar una serie de violencia que han padecido las mujeres, sobre todo en la reposición de cargos en municipios que también ha sido un problema muy importante que hemos padecido.

Quiero también señalar que en esta Cámara nosotros fuimos quienes actuamos en consecuencia sobre el tema de violencia política, caminó aquí y no ha caminado en otro lugar. Lo que nosotros queremos es ponerle punto final a un problema tan serio en donde hemos sido vigilados.

Quiero corregir y decir que el tema de la violencia que el día de ayer la ex esposa del Bronco, un candidato independiente, dijo acerca de lo que ella ha padecido.

La violencia en contra de una mujer es una violencia en contra de la sociedad.

Muchas gracias, señor Presidente, por su sensibilidad, y sobre todo por el apoyo que seguramente dará a una situación que está en el momento muy fuerte en contra de las candidatas de muchos partidos políticos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Sonido en el escaño del Senador Juan Gerardo Flores.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo sólo quiero manifestar, de la misma forma que lo hizo mi compañera, la Senadora Blanca Alcalá, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, en mi caso a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, señalar con mucha precisión que el Partido Verde estaba listo para entrar a la discusión de la minuta relativa a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, una minuta que contenía dos planteamientos básicos.

Una era una corrección al marco legal, que para nosotros, a todas luces, era un marco legal deficiente que fue el que dio lugar a ese tan lamentable hecho fraudulento en el caso de los ahorradores de Ficrea.

El otro planteamiento contenido en la minuta, es un mecanismo que ayudaba, o que tiene previsto ayudar a los ahorradores defraudados de Ficrea, a recuperar parte de lo que habían perdido como consecuencia de este fraude.

Lamento mucho que diversos legisladores que sin conocer a detalle o sin haber leído siquiera el contenido de la minuta, la hayan descalificado tanto en comisiones como en redes sociales, me parece que el debate tendría que haber sido un debate más educado, un debate más sustentado en lo que verdaderamente contiene la minuta y no basarse en dichos o en rumores, que había quedado acreditado que no estaban en esa minuta.

Lamento mucho que le quedemos mal a la gente, que le quedemos mal a México, porque lo que busca esta minuta, como señalaba, es corregir el marco legal que tiene que ver con las sociedades financieras populares, con las cajas de ahorro, en ningún caso, por ejemplo, se preveía la desaparición de las cajas de ahorro como falsamente se ha afirmado.

Entonces, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, nada más concluyo lamentando que no podamos entrar a la discusión de esta minuta.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Gerardo Flores.

Sonido en el escaño del Senador Encinas.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Yo creo que el Senador Flores nos ha dado muy buenos argumentos respecto, efectivamente, al grave fraude de que han sido objeto quienes fueron ahorradores del Ficrea, y que por supuesto obedece no solamente a malos manejos de ese fondo, sino también a una ausencia y a una omisión clara de la actuación de la autoridad.

Y por supuesto que todos estamos convencidos de que debe resarcirse el daño a los pequeños ahorradores que fueron defraudados.

Pero también, muchos legisladores no conocen bien el conjunto de la reforma, que no se reduce solamente al tema de Ficrea, y es necesario hacer una discusión con mayor detenimiento, particularmente para resolver a fondo los problemas de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y todas aquellas asociaciones financieras en el sector rural, de modo tal de que debemos hacer un esfuerzo para que, a la brevedad posible, se resolviera el asunto de los defraudados de Ficrea, y en consulta con el sector cooperativo analizar la situación en particular para enfrentar las irregularidades que efectivamente existen, pero de la lógica de fortalecer al sector social de la economía que representan las cooperativas en el país.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadoras, Senadores.

No hay debate sobre estos asuntos. Queda registrado.

No es una discusión, Senadora Blanca Alcalá, no es un tema sujeto a discusión, le pido que nos ajustemos al Reglamento.

No hay para hechos, no estamos en una discusión de un asunto, Senadora Blanca Alcalá.

Puede hacer usted uso de la voz desde su escaño, con mucho gusto, pero no es una situación para hechos.

Para hechos, es una figura que se ajusta a un procedimiento en una discusión. Ahorita no estamos discutiendo ningún asunto, pero usted haga uso de la palabra, Senadora, con mucho gusto.

La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Señor Presidente, qué bueno que hasta este último momento de este periodo, la misma benevolencia que usted ha demostrado a otros compañeros de otros grupos parlamentarios, la difiera a su servidora.

Me parece que es muy arriesgado, y respeto enormemente al Senador Encinas, que se hagan declaraciones de que nosotros queríamos afectar a las cooperativas.

Les invito a que lo debatamos, vamos viendo análisis por análisis cada uno de los temas, pero lo que no puede quedar es que, definitivamente, simplemente se tome una verdad como absoluta, cuando al final del día creo que en el debate y en el diálogo y en el contraste de las propuestas y las ideas, podemos encontrar las soluciones.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Yo quiero decirles que las y los Senadores presentes contribuimos a que esta sesión continuara, y contribuimos a que se desahogaran los asuntos que estaban pendientes y que fueron atendidos.

Contribuimos todos los que estamos aquí presentes, de los grupos parlamentarios, que decidimos sostener el desarrollo de esta sesión.

Solamente quiero que se entienda lo que yo estoy dando a entender, y de verdad, comprendo las posiciones de quienes trabajaron en este asunto tan importante.

Cada quien podrá tener puntos de vista, solamente esa circunstancia, Senadora Blanca Alcalá, como para que quede perfectamente referenciado que estamos actuando con mucha responsabilidad para poder desahogar los asuntos en esta sesión, y lo hago con la misma comprensión que yo he recibido de usted y la misma comprensión que he querido dar a cada uno de los integrantes de este órgano del Estado, que se llama Senado de la República, de verdad que sí me dirijo con mucho respeto.

Yo traía un discurso para ustedes, en este momento, no lo necesito; no necesito un discurso para hablarles a mis amigas y a mis amigos, sólo quiero agradecerles la posibilidad de haber, en este momento, concluido el segundo periodo ordinario de sesiones de este tercer año de ejercicio legislativo.

Estamos concluyendo esta Legislatura LXII, y hemos hecho un trabajo de equipo, las y los Senadores que integramos este Senado de la República.

Agradezco la colaboración, para haber desempeñado estas tareas, de los integrantes de la Mesa Directiva.

A los Vicepresidentes: Arturo Zamora Jiménez, José Rosas Aispuro Torres y Luis Sánchez Jiménez.

A las Secretarias: María Elena Barrera Tapia, María Lucero Saldaña Pérez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Rosa Adriana Díaz Lizama y Martha Palafox Gutiérrez.

Mi reconocimiento, respeto, aprecio y cariño a los coordinadores de los grupos parlamentarios; del PRI, Emilio Gamboa Patrón; del PAN, Fernando Herrera Ávila; del Verde, Carlos Alberto Puente Salas; y del Partido del Trabajo, don Manuel Bartlett Díaz.

A todos ustedes les aprecio, les respeto y les agradezco.

Muchas gracias, de verdad, por este año de desempeño legislativo tan agradable y de tanta pasión, yo les agradezco a ustedes.

No necesito discurso, no necesito hablar leyendo.

Nos entrevistamos por la mañana con cada uno de los grupos parlamentarios, y fue muy emotiva la reunión que llevamos a cabo.






ACTA

El acta de la sesión se encuentra a su disposición para su consulta en su monitor.



Lista de asistencia de la sesión



Debido a que no se han recibidos observaciones sobre su contenido, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de esta última sesión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión de este día. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta del día de hoy, señor Presidente.






El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se les solicita ponerse de pie para la declaratoria que se hará de clausura de este periodo.

(Todos de pie)

CLAUSURA

Hoy 30 de abril del año 2015, la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, declara concluidos sus trabajos correspondientes al segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional.

Se instruye a la Secretaría participar por escrito de esta clausura al ciudadano Presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las legislaturas de los estados.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 19:57 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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