Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 25 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 4

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Mayo de 2015

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:12 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Señoras legisladoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia, de 30 ciudadanos legisladores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de mayo de 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
SEIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintitrés minutos del miércoles seis de mayo de dos mil quince, con una asistencia de treinta y tres legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión de Instalación celebrada el jueves treinta de abril de dos mil quince.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Anual 2014 de Petróleos Mexicanos.- Se remitió a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Anual 2014 de la Comisión Federal de Electricidad.- Se remitió a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el documento en el que se explica cómo se computan los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología respectiva, en la que se incluyen de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales, en cumplimiento al artículo 107 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Se recibió del Banco de México, copia del Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física, correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, el Primer Informe Trimestral 2015.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Se recibió del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Informe de Labores 2014. Se remitió copia a las Cámaras del Congreso de la Unión.

Se recibieron de la Cámara de Diputados, oficios por los que informa las modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano y ante la Unión Interparlamentaria Mundial.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Se recibió de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores, Acuerdo que en su resolutivo Tercero determina que corresponde a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona la presidencia de la Comisión.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Secretaría Administrativa y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Se recibió de la Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas.- Quedó de enterado. Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión Permanente.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

La Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, a nombre propio y de la Diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

La Diputada Lizbeth E. Rosas Montero, de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Publicidad y Comunicación Institucional, Reglamentaria de los artículos 6º y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

El Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 7o y se adiciona la fracción V y un último párrafo al artículo 47, ambos de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

La Diputada Lilia Aguilar Gil, a nombre propio y del  Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Minera.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Se recibieron veinticuatro oficios de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.- Se realizó el escrutinio correspondiente y el Presidente de la Mesa Directiva realizó la declaratoria de aprobación. Se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

La Presidencia dio cuenta con un pronunciamiento de la Mesa Directiva sobre los hechos delictivos suscitados el 1 de mayo de 2015 en el estado de Jalisco.- Intervinieron los legisladores: Senador Arturo Zamora Jiménez del PRI; Diputado Juan Pablo Adame Alemán del PAN, Diputada Amalia Dolores García Medina del PRD, Senador Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM, Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Diputado Danner González Rodríguez del MC, Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA y Diputado Alejandro Montano Guzmán del PRI. El pronunciamiento fue aprobado en votación económica.

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de las personas que fallecieron el 1 de mayo de 2015 en el estado de Jalisco.

(Proposiciones)

El Diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir una declaratoria de emergencia como consecuencia de los daños ocasionados por el fenómeno conocido como “mar de fondo”, en los estados de Guerrero, Oaxaca, Colima y Sinaloa.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga del PAN, Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero del PRD, Diputado Rubén Acosta Montoya del PVEM, Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Diputada María Sanjuana Cerda Franco del NA y Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI. Fue aprobado en votación económica.

El Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercitar acción penal en contra de los responsables del desvío de recursos públicos federales destinados a la educación y a la salud en el estado de Veracruz y sean sancionados con todo el rigor de la Ley.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Diputado José Alejandro Montano Guzmán del PRI, a favor; Senador Juan Carlos Romero Hicks, a favor; Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero del PRD, Diputado Danner González Rodríguez del MC, Diputada Lilia Aguilar Gil del PT y Senador David Penchyna Grub del PRI, a favor. Fue aprobado en votación económica.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, a nombre propio y de los Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a ordenar el retiro de la propaganda ilegal del PVEM.-Se turnó a la Primera Comisión.

La Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a atraer el proceso electoral 2014-2015 del estado de Sonora.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se integran las comisiones de trabajo.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la terna que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Fianzas, A.C., propone para la designación del Comisario de Petróleos Mexicanos, integrada por los ciudadanos:

● Jaime Enrique Espinosa de los Monteros Cadena.

● Arturo Ortiz Hidalgo. 

● Francisco Javier Soní Ocampo.

Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la terna que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Fianzas, A.C., propone para la designación del Comisario de la Comisión Federal de Electricidad, integrada por los ciudadanos:

● Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen. 

● Emilio Antonio Mendoza Saeb. 

● Ricardo Gutiérrez Muñoz. 

Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

De los Diputados Martha Loera Arámbula y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 25 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Del Diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 Bis 2, 17 Bis 1, 17 Bis 3, 17 Bis 4, 18 Bis 1 y 43 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y se adiciona un sexto párrafo al artículo 8º Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

Del Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a atraer las elecciones para gobernador en Sonora y así salvaguardar los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad de dichas elecciones en favor del sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en materia de seguridad ciudadana.- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita una nueva estrategia de contención del brote de chikungunya en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

De la Diputada Martha Villarreal Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, incremente el monto destinado a fin de lograr el correcto cumplimiento del programa nacional de becas o, en su defecto, mantenga el monto que fue presupuestado para el ejercicio fiscal de 2015.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional DIF a dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

De la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los órganos de control interno que vigilan la aplicación de los recursos públicos de las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal; de los poderes legislativo y judicial federal y local, así como de los organismos constitucionales autónomos y locales, a reforzar los mecanismos de supervisión del gasto público.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De los Diputados Jaime Chris López Alvarado y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a llevar a cabo programas de difusión dirigidos a los menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las diversas medidas de prevenirlo, así como del uso responsable de las redes sociales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

Del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las medidas y acciones conducentes para la ampliación y modernización del Puerto de Salina Cruz del estado de Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realice una reunión de trabajo al seno de la Comisión Permanente para que informe sobre el contenido, procedimientos y tiempos para llevar a cabo la revisión a fondo de los mecanismos de justicia laboral, particularmente de las juntas de conciliación y arbitraje, conforme a lo declarado por el titular del Ejecutivo Federal el 1º de mayo, en el marco de la celebración del “Día del Trabajo”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

De la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a atraer la investigación del homicidio de Ernesto Fidel López Nelio y dos personas más, acaecido el pasado 7 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Diputados Enrique Cárdenas del Avellano y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Agua a integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una asignación presupuestal anual como apoyo para garantizar el agua para riego a los productores agrícolas del Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan y el suministro de agua para la ciudad de Reynosa del estado de Tamaulipas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

Del Diputado Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral a investigar, informar y, en su caso, sancionar sobre el origen de los recursos económicos, presumiblemente derivado de las conversaciones entre los candidatos del Partido Acción Nacional en los estados de Querétaro y de Baja California Sur.- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Diputado Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero y se exhorta a las autoridades de aquella entidad a resolver con prontitud este ilícito, para así castigar a los responsables.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la intervención del Secretario de Finanzas del estado de Baja California Sur, así como del uso indebido de recursos públicos para el pago de encuestas a favor del candidato del PAN a la gubernatura del estado y, en su caso, se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario de la “Batalla de Puebla”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre los hechos que tuvieron lugar el 25 de abril del año en curso en la República Federal Democrática de Nepal.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la "situación política nacional".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitieron intervención para referirse a la escalada de violencia que se vive en varias entidades federativas del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con diecinueve minutos y citó para la siguiente sesión pública el día miércoles trece de mayo, a las once horas.

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo enero-marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el que se remite el “Informe de la Secretaría de Economía sobre las negociaciones comerciales en curso”.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un oficio suscrito por el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, por el que expresa su agradecimiento por el pronunciamiento emitido por la Comisión Permanente, en relación con los hechos ocurridos en el estado de Jalisco, donde perdieron la vida siete integrantes de esa dependencia.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Para acusar recibo de la comunicación del General Secretario de la Defensa Nacional, y toda vez que está publicado en la Gaceta Parlamentaria, el día de hoy, nos gustaría mucho, señor Presidente, si fuera tan amable, autorizara la lectura del documento, en donde le agradece a usted como Presidente y a todos los integrantes de esta Permanente, el resolutivo que se tomó la semana pasada, si es tan amable.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Como lo solicita y se tiene a disposición, léase el documento, antes de declarar lo que sigue.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy lectura:

México, D.F. a 7 de mayo de 2015.

Secretaría de la Defensa Nacional.

C. Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.

En nombre de quienes con orgullo vestimos el uniforme de la Patria, le expreso nuestro agradecimiento por el reciente pronunciamiento de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en relación con los reprobables hechos ocurridos en el estado de Jalisco, en donde lamentablemente perdieran la vida siete ciudadanos de bien, integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea.

Apreciamos y valoramos el reconocimiento que extienden a las mujeres y hombres de armas, que ofrendaron el máximo sacrificio en aras de la tranquilidad de todos los mexicanos; así como el gesto solidario hacia los familiares y compañeros de los que han caído en el cumplimiento de su deber.

La Nación vive momentos definitorios impulsados por el Presidente de la República y ese respetable órgano legislativo; por ello, las Fuerzas Armadas continuaremos sin descanso, sin reservas y sin titubeos, apoyando a los tres niveles de gobierno para generar las condiciones necesarias de seguridad que permitan el desarrollo de México.

Tenga la certeza, que este tipo de acciones nos impulsan a seguir cumpliendo con lealtad, honor y compromiso las imperativas tareas que tenemos encomendadas.

Mucho le agradeceré sea el amable conducto para extender nuestra gratitud a cada uno de los que conforman esa Comisión, que usted dignamente preside.

Le envío un cordial saludo.

El Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Secretaria.

Respecto a la comunicación del General Secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE SALUD

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un oficio de la Secretaría de Salud, con el que remite información relativa a las “Contrataciones por Honorarios” y “Reporte del Monto y Ejercicio de los Subsidios Otorgados”, correspondiente al periodo enero-marzo del ejercicio fiscal 2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase la documentación a las Comisiones de Salud; de Hacienda y Crédito Público; y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Educación Pública, con el que remite la información correspondiente al primer trimestre 2015 de los organismos descentralizados.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase esta documentación a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, y a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, su Informe de Resultados, correspondiente al periodo enero-marzo de 2015 y los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con sus respectivos anexos al primer trimestre de 2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase este informe a la Comisión Para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores, y a las Comisiones de Igualdad de Género; y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, su informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2014.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones de Gobernación; y de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el Informe semestral del estado que guarda la solventación de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, con corte al 31 de marzo de 2015, de la Auditoría Superior de la Federación.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase dicha información a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió una comunicación de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el informe de actividades durante la 132 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, celebrada del 27 de marzo al 1º de abril del año en curso, en Hanoi, Vietnam.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.







 

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Asimismo, se recibió la comunicación del Senador Arturo Zamora Jiménez, Presidente de la Primera, Segunda y Tercera Comisiones de trabajo de la Comisión Permanente del actual receso, por la que informa de la instalación de cada una de esas comisiones.







 

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Asimismo, se recibió la comunicación del Senador Armando Ríos Piter, Presidente de la Primera, Segunda y Tercera Comisiones de trabajo de la Comisión Permanente del actual receso, por la que informa de la instalación de cada una de esas comisiones.







 

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Asimismo, se recibió la comunicación del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Primera, Segunda y Tercera Comisiones de trabajo de la Comisión Permanente del actual receso, por la que informa de la instalación de cada una de esas comisiones.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Compañeros legisladores, a partir de la solicitud del Senador Manuel Bartlett Díaz, informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para modificar la integración de comisiones de esta Comisión Permanente.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANENTE

La Secretaria Senadora Pilar Ortega Martínez: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Está a discusión el Acuerdo. En virtud de no haber oradoras, oradores interesados en tomar tribuna, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobare el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.





 

Compañeros legisladores y legisladoras, a solicitud de los grupos parlamentarios y por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los mismos para referirse al Día del Maestro.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Daniel Amador Gaxiola, del grupo parlamentario del PRI.

INTERVENCIONES

El Senador Daniel Amador Gaxiola: Con su permiso, señor Presidente.

Sin duda, a 48 horas de tener el reconocimiento nacional a los maestros de México el próximo viernes 15 de mayo, para la bancada del Partido Revolucionario Institucional es altamente gratificante y nos llena de orgullo poder reconocer, desde esta tribuna, del Honorable Congreso de la Unión en su Comisión Permanente, la loable labor que día a día realizan los maestros de nuestro país por la niñez y la juventud de nuestra patria.

Reconocer la función docente, la entrega permanente de quienes con ahínco, con desvelo y con entrega profesional realizan permanentemente su labor, no importando el más intrincado rincón de la sierra de cualquier estado de nuestro país; no teniendo, en ninguna circunstancia, argumentos que impidan aún con las carencias, que en muchas ocasiones en nuestras escuelas públicas su infraestructura material no es la adecuada, los maestros hacen su tarea y su noble labor.

Para ellos, sin duda, el reconocimiento desde esta tribuna para que los padres de familia de México y los gobiernos, en sus tres órdenes, podamos reconocer y podamos enaltecer la figura del maestro mexicano.

Hay que precisarlo, son tiempos nuevos, es un siglo distinto donde hoy la tecnología y los medios masivos de comunicación juegan un papel importante.

Por eso, también se ha buscado impulsar una auténtica profesionalización docente para que la excelencia educativa y la calidad, que ésta se presenta en las escuelas públicas de este país, sean acordes a la realidad que viven nuestros niños y nuestros jóvenes mexicanos.

Se busca, sin duda, fortalecer la educación de México a través de las escuelas de tiempo completo; a través de la actualización, formación y capacitación de los docentes; a través del examen de oposición para adquirir una plaza docente; a través de los exámenes de oposición para las promociones o ascensos; y también poder fortalecer la capacidad de gestión a través de los comités de participación social de la educación integrados por padres de familia, autoridades y maestros.

Sin duda, el esfuerzo se está haciendo y los maestros son vanguardia en la tarea educativa de México.

Habrá que seguir reforzando compromisos presupuestales, sin duda, para seguir trabajando en la integración de más y mejores escuelas públicas, y tener la oportunidad de que nuestros compañeros maestros puedan también seguirse profesionalizando y adquiriendo, a través de becas que pueda otorgarle la autoridad educativa, una mayor capacitación.

Por esa razón, esta tribuna hoy inicia esta sesión permanente, señor Presidente, reconociendo la labor de los maestros de México, el Partido Revolucionario Institucional se complace en reconocer a los maestros mexicanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Amador Gaxiola.

En el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Estimados legisladores.

Domingo Sarmiento reflexionaba en la siguiente orientación: “los discípulos son la biografía del maestro”.

Desde 1918, el Presidente Carranza decretó la celebración del Día del Maestro. Nosotros quizás seremos recordados por unas cuantas personas el día que concluya nuestra existencia; el maestro, y en particular en México, siempre será recordado por miles de personas.

Todos recordamos a la persona que nos enseñó a leer, a escribir, la maravillosa geografía del territorio nacional, la gran historia de México y los valores del civismo.

Dentro de dos días, a lo largo y a lo ancho del país, en 2457 municipios reconoceremos al maestro mexicano, al que se levanta temprano, llega a tiempo a clase, cumple el programa educativo, construye la comunidad de aprendizaje y está en proceso de formación continua.

Nunca haremos el reconocimiento suficiente a esos maestros y maestras en México, y hay que reconocer que tenemos una deuda socialmente incumplida con ellos, pensemos solamente en la sierra, en la montaña, en el barrio, en la colonia, en la comunidad; lo que cada uno de ellos con polvo, sudor y lágrimas emprende todos los días.

Recientemente, hemos venido construyendo la parte preliminar de lo que algún día probablemente será una reforma educativa, y los dos grandes actores de la educación que son los padres de familia y los maestros, y el maestro en México necesita de un gran apoyo, requerimos una alianza.

Por eso, por ejemplo, en este mes, al finalizar el mes, en los transitorios de la reforma, pusimos como un requisito la revisión de la carrera magisterial, esperemos noticias de la Secretaría de Educación Pública.

Necesitamos también revisar el modelo educativo, la formación de la educación normal y el reconocimiento de estas maravillosas personas.

Por eso, desde esta tribuna, desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, les extendemos la mano, les abrimos el corazón y les damos nuestro gran reconocimiento.

Enhorabuena al maestro mexicano.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Romero Hicks.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del grupo parlamentario del PRD.

La Diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias. Buenos días a todas y a todos:

Nosotros no podíamos, como grupo parlamentario, dejar pasar un día tan importante, como es el Día del Maestro.

Sin embargo, esta tarea muchas veces se habla de enseñar, pero finalmente la tarea de un maestro, y de todos los que de alguna manera hemos defendido en las aulas el conocimiento, no es enseñar, sino más bien transmitir, todo el aprendizaje que requieren las y los estudiantes de todos los niveles.

Hay un documento en México, que es un informe del 2015 que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación entregó al Congreso de la Unión, donde confirma la importancia de este órgano autónomo como una de las instituciones creadas por la reforma al artículo 3o. constitucional y sus respectivas leyes reglamentarias.

Resalta la relevancia de contar con una evaluación objetiva y lo más cercano posible a la realidad de las condiciones del Magisterio Nacional, y permite, a partir de este diagnóstico, diseñar e implementar las políticas públicas necesarias para atender estas debilidades y necesidades.

Comentaré solamente algunos hallazgos de este segundo informe elaborado por el Instituto. El primero lo presentamos a principios de 2013, y particularmente haremos referencia a las precarias condiciones detectadas en las escuelas normales públicas del país, de sus estudiantes y las deficiencias de su planta docente y de sus egresados.

Sabemos bien que aquí hay una enorme deuda en todo lo que tiene que ver con el sistema educativo.

De acuerdo con este minucioso estudio, que tiene 204 páginas y es posible encontrarlo en el sitio del INEE, para quien desea ampliar la información: el 59 por ciento de quienes asisten a escuelas normales públicas, en su mayoría mujeres, provienen de familias pobres, cuyos ingresos se ubican por debajo de la línea de bienestar mínimo de la canasta alimentaria, situación que se agrava para quienes cursan una licenciatura en la educación primaria intercultural, es decir, para los futuros profesores indígenas.

El informe señala que esta condición socioeconómica desfavorable incide en los bajos resultados académicos alcanzados por los estudiantes normalistas, ya que la formación que imparten las escuelas normales deja mucho que desear, pues más de la mitad de sus estudiantes alcanzan resultados insuficientes en los exámenes que se aplican a la mitad y al término de la carrera.

En este sentido, plantea que es necesario transformar, a mediano plazo, las 484 normales del país, 279 públicas, para convertirlas en instituciones de educación superior, pero también revisar a fondo el currículum de la educación normal y de los formadores de docentes en la manera como se selecciona, que aunque ha habido algunas modificaciones en la reforma esto no entra a fondo en ese sentido, y contrata en las normales.

Para ello, propone que se deberá crear un esquema para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los formadores de docentes, y que las materias disciplinarias de la Carrera Magisterial las impartan las universidades, mientras las pedagógicas y didácticas estén a cargo de profesionales de la educación.

Otro aspecto que personalmente considero pertinente señalar, son los escasos recursos destinados a la formación continua de docentes de educación básica, puesto que sólo se canalizan 363 pesos con 91 centavos anuales por persona, lo cual es, considerado por el propio Instituto, mucho menor al que se considera necesario.

A manera de comparación, cabe decir que en la educación media superior los recursos destinados a cada profesor equivalen a 10 mil pesos.

Otro aspecto a resaltar es la desigualdad de los salarios de los maestros indígenas, que además, se enfrentan a condiciones desfavorables en las escuelas que prestan sus servicios.

Frente a este y otros hallazgos encontrados, el Instituto recomienda generar información más completa y precisa sobre los docentes, materia en la que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación promoverá la realización de estudios, la sistematización de la información y las evaluaciones que generen para conocer más y atender mejor a los docentes.

Así podría estar mencionando varios aspectos en donde tenemos en deuda todo lo que es el sistema educativo, pero sobre todo que este día 15, que celebraremos y que estamos mencionando en esta sesión, decirles que tenemos una deuda muy grande en el sistema educativo, y que muchos de los maestros, pero sobre todo los estudiantes, son los que reciben la información y estamos en deuda.

Estamos en deuda, Senadores, Diputados, y también mencionarles que los que venimos de estados, como es el estado de Quintana Roo, no hay una escuela pública, y es una petición de manera reiterada en este estado, por toda la comunidad, en donde, ¿qué hace falta para bajar una escuela y tenerla con las condiciones necesarias? Y hablo del sistema medio superior.

No tenemos una universidad pública, por lo tanto, nuestros jóvenes de la Península y nuestros jóvenes del estado de Quintana Roo, de donde provengo, tienen que emigrar a estados como es Yucatán, al Distrito Federal, para poder contar con una oportunidad y podérselas dar.

Así que, pido que en este momento podamos, más bien, canalizar todo este esfuerzo, energía, pero sobre todo, un recurso económico; porque necesitamos una escuela digna para un estado tan importante del sur, como es el estado de Quintana Roo. No dejemos de tener esta posibilidad de hacerlo en esta Comisión Permanente, ya que tenemos esta deuda y, sobre todo, que queremos a los jóvenes en las aulas y no incrementar este nivel de violencia tan grande, como ya lo tenemos en el país, y se siga replicando en los demás estados.

Muchas gracias señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Saldaña Fraire.

En uso de la palabra la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza.

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, señor Presidente.

Quiero iniciar mi participación con una cita.

“Por mucho tiempo, la noble profesión del magisterio ha sido de las más despreciadas, y esto solamente porque es de las peor pagadas. Nadie desconoce el mérito de esta profesión, nadie deja de designarle con honrosos epítetos; pero, al mismo tiempo, nadie respeta ni guarda atención a los pobres maestros que, por lo mezquino de sus sueldos, tienen que vivir en lamentables condiciones de inferioridad social”. Termina la cita.

Así rezaba parte del manifiesto del Partido Liberal Mexicano, signado el 1º de julio de 1906, reseñando un sensible aspecto de las condiciones sociales que embargaba a mexicanas y mexicanos de aquel entonces.

Sin duda, fueron motivos suficientes para que, desde el fuero de su saber, contribuyeran, en gran medida, a la conformación del México contemporáneo, emergido de la gesta revolucionaria de 1910.

Por ello, no es de extrañar que el 15 de mayo de 1918, se conmemore en nuestro país el Día del Maestro; celebración establecida a propuesta de dos insignes Diputados federales de la XXVII Legislatura: del Coronel Benito Ramírez García y del doctor Enrique Viesca Lobatón, quienes llamaron la atención sobre la injusticia prevaleciente con las y los profesores, así como de la importancia de honrar y dignificar su labor.

A casi cien años de esa primera celebración, siguen vigentes los propósitos que motivan el reconocimiento a los formadores de personas y ciudadanos mexicanos, su participación en el devenir histórico de México hace necesario el homenaje y la gratitud que se merecen.

Su labor ha sido señalada como un apostolado social por el grado de compromiso y determinación de parte de quienes ejercen esta noble profesión.

Ser maestro, maestra, no es un trabajo fácil, se necesita más allá del necesario esfuerzo; su dedicación, compromiso y responsabilidad para poder educar, formar y orientar a casi 32 millones de alumnos que asisten hoy a las aulas de las escuelas públicas.

El ejercicio de su profesión, además del apoyo de los padres o tutores, y la colaboración de los mismos estudiantes, es tan importante como el hecho de establecer y moldear las raíces de quienes son y serán tanto los futuros ciudadanos de este país como los oficiales, los técnicos, profesionistas y emprendedores que sigan impulsando la innovación, la ciencia y la técnica que contribuyan a nuestro desarrollo.

Como país, somos vanguardia al celebrar y reconocer ininterrumpidamente desde hace 95 años a quienes llevan a cabo y materializan los ideales educativos que están plasmados en nuestra Constitución; a quienes luchan contra la ignorancia y desde su espacio de trabajo, y no desde las calles, contribuyen a la disminución del rezago educativo de nuestro país.

La desarticulación y desajustes del tejido social que observamos cotidianamente, nos exige revitalizar la valoración que debe hacerse a las maestras y maestros de México como formadores de conciencias y actores que con su ejemplo invitan a la superación personal, a la solidaridad, al compromiso y a la edificación de una mejor sociedad.

Deseo, a nombre propio y de mi grupo parlamentario Nueva Alianza, felicitar y reconocer a las maestras y maestros de todo México, quienes a pesar de las circunstancias, muchas veces adversas, cumplen con su vocación de formar a nuestra niñez y juventud mexicana.

Estamos conscientes del reto que significa para las y los docentes de hoy adecuarse a los nuevos tiempos y asumir lo que les corresponde para dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales.

Hoy, desde los distintos sectores de la sociedad, algunos con intereses legítimos y otros con intenciones de denostar el desempeño docente, alzan las voces para exigir mejores maestros, más preparados, como única condición para elevar la calidad de la educación, dejando de lado las condiciones y los insumos con los que realizan su labor.

Pero como siempre lo han demostrado los maestros, han asumido con responsabilidad este compromiso con la nación y la sociedad mexicana, a pesar de la campaña mediática de algunos grupos de interés que buscan desprestigiarlos.

Nuestro reconocimiento y felicitación a todos y a todas las maestras de México, y nuestro respetuoso exhorto a todos y cada uno de ustedes.

Ojalá, en su recuerdo y en su memoria, prevalezca la imagen de aquellas maestras y de aquellos maestros que han contribuido a que hoy estemos en estas curules y en este espacio.

Felicidades a todas y todos los maestros de México.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Cerda Franco.

 





 

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Filiberto Guevara González, a nombre de los Diputados Raymundo King de la Rosa y Roberto Ruiz Moronatti, del grupo parlamentario del PRI, para presentar proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Diputado Filiberto Guevara González, a nombre propio y de los Diputados Raymundo King de la Rosa y Roberto Ruiz Moronatti, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Javier Filiberto Guevara González: Con su venia, señor Presidente.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 4o., párrafo IV, que: “toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de la salud”.

En la práctica médica actual, y debido a la falta de regulación específica en algunos aspectos relativos al derecho de la salud, se realizan acciones en perjuicio del bienestar de la población, una de estas cuestiones es la práctica indebida de negar a los pacientes o a sus familiares el acceso a sus expedientes clínicos o entregarlos en forma de resumen parcial, bajo el argumento de que el expediente clínico es propiedad de la institución o del prestador de servicio médico, y que sólo con una orden de la autoridad están obligados a entregarla, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que es un derecho humano que el interesado cuente con todas las facilidades para tener acceso a la información exacta sobre su estado de salud.

Esta práctica continúa realizándose y, en muchos casos, tiene como origen el ocultamiento de información para impedir que el paciente pueda evaluar libremente el actuar de los profesionales que lo están atendiendo.

Aún en la práctica anterior, hay un problema recurrente en la práctica médica, sobre todo en las instituciones hospitalarias privadas que aprovechándose de la situación de desconocimiento de urgencia de los pacientes o de sus familiares, suministran servicios, procedimientos y medicamentos innecesarios y los incluyen en los estados de cuenta en cantidades que no fueron proporcionadas, a precios notoriamente superiores a los que privan en el mercado; y bajo la misma premisa, algunos hospitales privados obligan a los pacientes a adquirir instrumentos, aparatos o medicamentos necesarios o innecesarios para su atención o, en su caso, obtenerlos de su cuenta a pagar al hospital una cuota exorbitante a cambio de ingresarlo en su inventario y aplicarlos a los pacientes.

Todos estas prácticas verdaderamente abusivas y que deben ser catalogadas como delictivas, impactan no sólo en la economía de los pacientes y de sus familiares, sino también en el derecho a la salud, pues no sólo pueden afectarlos directamente al prescribir tratamientos innecesarios, sino al mermar su capacidad de sufragar los gastos hospitalarios, puede poner a los afectados en la necesidad de abandonar el hospital antes de ser dados de alta por no contar con los recursos para continuar su tratamiento, poniendo en grave riesgo la recuperación de su salud.

Por lo anterior, la presente iniciativa considera necesario establecer normas que sancionen con mayor severidad estas prácticas perniciosas, así como las medidas necesarias para erradicarlas, efectivamente, en beneficio del derecho humano a la atención de la salud y de igual forma sancionar con el mayor rigor.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho fundamental a la salud impone deberes tanto a los poderes públicos como a los particulares que se dedican al ámbito de la salud, incluyendo, desde luego, a los médicos y a los hospitales.

La presente iniciativa propone modificar la fracción VII del artículo 77 Bis 37 de la Ley General de Salud, a efecto de que los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud no sólo cuenten con un expediente clínico, sino que tengan acceso pleno e irrestricto al mismo y que tengan derecho a solicitar copia completa y gratuita sin tener qué justificar su solicitud, la cual debe proporcionársele sin demora alguna.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Diputado Federal Raymundo King De la Rosa y Dip. Roberto Ruiz Moronatti, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración del Pleno iniciativa con proyecto de Decreto con arreglo a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Descripción de la problemática.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4°, párrafo cuarto, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Así mismo, en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se declara que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

En el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que México se adhirió el 23 de marzo de 1981, promulgándolo el 12 de mayo de ese mismo año, se estableció que los Estados Parte reconocían el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y que entre las medidas que deberían adoptar para asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán las necesarias para la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

En este contexto, el Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Federal, aprobó y expidió la Ley General de Salud en vigor desde el primero de julio de 1984, a fin de reglamentar el derecho a la protección de la salud, en términos del artículo 4° constitucional antes mencionado

La actual Legislatura ha sido particularmente atenta a la  problemática del sector salud y por ello ha aprobado 26 de las 91 reformas que ha tenido la Ley General de Salud, la mayoría de ellas orientadas a mejorar las condiciones en que se prestan los servicios públicos de salud y a eliminar las malas prácticas, particularmente por la denegación de los servicios, así como a potenciar la coordinación entre los niveles de gobierno y las instituciones públicas vinculadas con esta temática, con el fin de hacer realidad el derecho de todas las personas a la protección de  su salud.

Sin embargo, algunos aspectos aún no han sido aún abordados por el legislador y permiten que las malas prácticas se continúen realizando, en perjuicio del bienestar de quienes acuden a los servicios de salud.

Una de estas cuestiones es la práctica indebida de negar a los pacientes o a sus familiares el acceso a sus expedientes clínicos o entregarlos en forma de resumen parcial, bajo el argumento de que el expediente clínico es propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos y que sólo con una orden de autoridad están obligados a entregarla, basándose en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 que establece los criterios científicos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso y archivo del expediente clínico.

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que es un derecho humano que el interesado cuente con todas las facilidades para tener acceso a la información exacta sobre su estado de salud, esta práctica continúa realizándose y en no pocos casos tiene como origen el ocultamiento de información para impedir que el paciente pueda evaluar libremente el actuar de los profesionales que lo han atendido.

Otro de los temas recurrentes es la lamentable y condenable práctica que se presenta cotidianamente, sobre todo en las instituciones hospitalarias privadas, de aprovechar la situación de desconocimiento o de urgencia de los pacientes o de sus familiares para suministrar servicios, procedimientos y medicamentos innecesarios o incluir en los estados de cuenta servicios o medicamentos en cantidades que no fueron proporcionadas o a precios notoriamente superiores a los que privan en el mercado.

Así, cotidianamente se conocen a través de la prensa casos en que los hospitales cargan a las cuentas de los pacientes medicamentos muy por encima de su precio al público, como los casos de aspirinas que se venden hasta en cien pesos por una tableta o que se incluyen dosis que no pudieron haber sido suministradas durante la estancia del paciente o que se cargan en forma completa cuando sólo se suministraron parcialmente o que de plano nunca fueron prescritas por el médico tratante.

Otra situación reprochable es que en los hospitales privados se obligue a los pacientes a adquirir los instrumentos, aparatos o medicamentos necesarios para su atención o, en caso de obtenerlos por su cuenta, a pagar al hospital una cuota exorbitante a cambio de ingresarlo en su inventario y aplicarlo a los pacientes.

Todas estas prácticas, verdaderamente abusivas y que deben ser catalogadas como delictivas, impactan no sólo en la economía de los pacientes y de sus familiares, sino también en el derecho a la salud, pues no sólo pueden afectarlos directamente al prescribir tratamientos innecesarios sino que al mermar su capacidad de sufragar los gastos hospitalarios, pueden poner a los afectados en la necesidad de abandonar el nosocomio antes de ser dados de alta por no contar con recursos para continuar su tratamiento, poniendo en grave riesgo la recuperación de su salud.

Por lo anterior, el suscrito considera necesario establecer normas que sancionen con la mayor severidad estas prácticas perniciosas como las medidas necesarias para erradicarlas definitivamente, en beneficio del derecho humano a la atención de la salud.

2. Argumentos para la reforma que se propone

El ejercicio de la medicina y la prestación de los servicios asociados a su práctica deben realizarse conforme a los estándares éticos más elevados, pues se encuentra en juego uno de los valores más preciados para el ser humano que es su salud.

Por ello, la norma jurídica debe prohijar la protección más amplia a todo aquel que requiere de los servicios de salud y erradicar cualquier práctica que menoscabe, restrinja o ponga en riesgo este derecho humano.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho fundamental a la salud impone deberes tanto a los poderes públicos como a los particulares que se dedican al ámbito de la salud, incluyendo, desde luego a los médicos y a los hospitales, tal como lo sostuvo en el criterio que se presenta a continuación:

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano.

Amparo en revisión 117/2012. Agustín Pérez García y otros. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

En lo relativo al aspecto específico del acceso de los pacientes o de sus familiares a sus expedientes clínicos, se señalaba en el apartado anterior la práctica recurrente de negárselos o entregárselos en forma parcial mediante un resumen, basándose en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA-1998, situación que violenta su derecho humano a la salud, tal como se señala en la tesis que se presenta a continuación:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-168-SSA1-1998, DEL EXPEDIENTE CLÍNICO. NO OBSTANTE LO ESTABLECIDO EN SU PUNTO 5.5., BASTA LA SOLICITUD DEL PACIENTE PARA QUE LE SEAN EXPEDIDAS LAS CONSTANCIAS DE LOS ESTUDIOS CLÍNICOS Y PATOLÓGICOS QUE LE FUERON PRACTICADOS. Del punto 5.5. de la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 1999, se advierte la omisión en esa disposición de señalar los lineamientos respecto al préstamo del expediente clínico, pues sólo prevé que se otorgará un resumen al paciente, que deberá ser solicitado por escrito, especificándose con claridad el motivo del requerimiento, de lo cual se aprecia que no respeta el derecho humano a la salud, al no proporcionar los documentos gráficos e imagenológicos de cualquier índole en los que el personal médico registra sus intervenciones del estado psicosomático del gobernado y que contiene el citado expediente, lo que implica que no existe un juicio razonable ni un motivo lógico que impida al interesado allegarse de la información detallada atinente a su estado de salud. Además, la mencionada disposición tampoco es acorde con los lineamientos contenidos en los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al imponer como condición para la expedición del resumen clínico, que tenga que justificarse el motivo por el cual se solicita, la cual resulta innecesaria, al tratarse de un derecho elemental de acceso a la información exacta del estado de salud del interesado, en el que deben brindársele las facilidades necesarias para ello. Por tanto, basta la solicitud del paciente para que le sean expedidas las constancias de los estudios clínicos y patológicos que le fueron practicados, no obstante lo establecido en el punto 5.5. de la indicada norma.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL.

Amparo en revisión 86/2012. Dora Itzel Braulio Zermeño. 23 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Gaspar Paulín Carmona. Secretaria: Norma María González Valencia.

La negativa a proporcionar a los pacientes sus expedientes clínicos completos choca además con el derecho que los propios pacientes tienen a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz respecto de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, a decidir libremente sobre su atención, a otorgar su consentimiento válidamente informado, a rechazar tratamientos o procedimiento y a contar con facilidades para obtener una segunda opinión, a que se refieren las fracciones V, VIII, IX y XI del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud, en referencia a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.

Esto es así, porque resulta evidente que el ejercicio de los derechos a que se refieren las fracciones antes mencionadas descansa en la posibilidad real y efectiva de que el paciente o, en su defecto, las personas que puedan actuar en su representación, tengan acceso pleno, irrestricto e inmediato a toda la información que obre en su expediente clínico, pues de lo contrario, sus decisiones se basarían en la información parcial que les sea proporcionada por el personal médico u hospitalario.

No debe descartarse además, que el ocultar todo o parte del expediente clínico puede estar asociado a la intención de ocultar aspectos relevantes del tratamiento que eventualmente demuestren errores o negligencia en la atención del paciente y que, por tanto, son fundamentales para la protección de su salud y para la obtención de una reparación; motivo más que suficiente para que el beneficiario deba tener derecho pleno a su obtención, independientemente de los motivos que tenga y de si el caso es puesto o no en conocimiento de diversas autoridades.

Conforme a lo antes expuesto, en la presente iniciativa se propone modificar la fracción VII del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud, a efecto de que los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud no sólo cuenten con un expediente clínico, sino que tengan acceso pleno e irrestricto al mismo y que tengan derecho a solicitar copia completa y gratuita sin tener que justificar su solicitud, la cual debe proporcionársela sin demora alguna.

Por otra parte, los medios de comunicación han dado cuenta en diversas ocasiones de las malas prácticas que se realizan en instituciones hospitalarias, particularmente del ámbito privado. Estas prácticas consisten en incluir en las cuentas del hospital conceptos por procedimientos o medicamentos que no son necesarios para la atención de los pacientes o que de plano no fueron proporcionados o fueron suministrados en forma parcial o a precios que resultan muy superiores a los que privan en el mercado.

Estas conductas que son en sí mismas delictivas pues consiste en obtener un lucro a partir del desconocimiento o de la necesidad de quienes acuden a este tipo de servicios, implica un daño no sólo a la economía de los pacientes y de sus familias, sino que pone en riesgo la protección de su salud, porque practicar procedimientos o suministrar medicamentos que no son necesarios, algunos de ellos invasivos, con el único propósito de obtener el beneficio económico, expone a los pacientes a riesgos que en muchos casos resultan en graves daños para su salud.

De igual manera, inflar las cuentas hospitalarias con bienes o servicios que no fueron en realidad suministrados por la institución hospitalaria, además de causar un evidente daño patrimonial, también afectan el derecho a la salud de los pacientes, pues merma su capacidad económica para hacer frente a los gastos hospitalarios y en muchas ocasiones implica que tenga que abandonar el tratamiento por no contar con recursos para su continuación o porque se llegó al límite del seguro que hubieran contratado.

Otra vertiente, lo constituye la mala práctica de cobrar por los medicamentos y demás suministros para la atención de los pacientes a precios exorbitantes, muy por encima de los vigentes en el mercado, dándose el caso escandaloso de aspirinas que se cobran a cien pesos, cuando una caja con veinte pastillas no rebasa los diez pesos. Y estos ejemplos que parecieran insignificantes se multiplican con medicamentos muy costosos sobre los que el paciente no tiene ninguna posibilidad de decisión porque está obligado a pagarlo al precio que ponga unilateralmente la institución hospitalaria.

El caso extremo se presenta cuando el paciente es obligado a pagar por el ingreso de instrumentos o medicamentos necesarios para su atención, con el pretexto de que deben ser ingresados al inventario del hospital y resguardados hasta su utilización.

Todas estas conductas que se asimilan al tipo penal de fraude, requieren del establecimiento de un tipo penal especial que las inhiba, a partir de la idea de que revisten mayor gravedad, ya que no solamente atentan contra la economía de las víctimas, sino contra su derecho a la salud, amén de que normalmente se encuentran en un estado que disminuye sus posibilidades de defenderse de cualquier abuso, dado que se encuentran ante la disyuntiva de aceptar las condiciones unilateralmente impuestas por el hospital o poner en riesgo la atención de su salud.

En tales circunstancias, se propone adicionar un artículo en el capítulo de la Ley General de Salud que establezca el tipo penal denominado “administración hospitalaria fraudulenta” y sancione dichas conductas, a fin de inhibir su realización.

3. Texto normativo propuesto

Conforme a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud

ÚNICO.- Se reforma el artículo 77 bis 37, fracción VII, y se adiciona el artículo 469 Ter, ambos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 bis 37.- Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tendrán además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los siguientes:

I. a VI. …

VII. Contar con su expediente clínico y con acceso irrestricto y pleno al mismo, por lo que en todo momento podrán solicitar por sí o por conducto de la persona que autoricen y en caso de estar impedidos, por conducto de algún familiar o de la persona que aparezca como responsable de su cuidado, copia de su expediente, la cual deberá serles proporcionada sin necesidad de que justifiquen su petición, en forma gratuita, completa y sin demora;

VIII. a XVI. …

Artículo 469 Ter. Comete el delito de administración hospitalaria fraudulenta quien con motivo de la atención de un paciente en una institución hospitalaria y con el propósito de obtener para sí o para terceros un lucro indebido:

I. Ordene la realización de procedimientos o estudios o prescriba medicamentos innecesarios para el tratamiento del paciente.

II. Incluya en las cuentas del paciente cargos por servicios no solicitados, procedimientos no realizados o medicamentos no suministrados.

III. Cargue a las cuentas del paciente medicamentos o equipos a un precio superior a los del mercado.

IV. Condicione el ingreso de equipos o instrumentos para la atención del paciente al pago de comisiones u otros conceptos por recepción, inventario, resguardo u otros equivalentes.

El delito de administración hospitalaria fraudulenta se sancionará:

I.- Con prisión de 6 meses a 2 años de prisión y de 60 a 180 días multa, cuando el valor del lucro no exceda de diez veces el salario;

II.- Con prisión de 2 a 5 años de prisión y multa de 180 a 500 veces el salario, cuando el valor del lucro excediera de 10, pero no de 500 veces el salario;

III.- Con prisión de 5 a 15 años y multa hasta de dos mil veces el salario, si el valor del lucro fuere mayor de quinientas veces el salario.

Además, el responsable deberá ser condenado a restituir a la víctima la cantidad equivalente al lucro obtenido.

En los casos de las fracciones II y III, si el responsable es profesionista, se le sancionará además con suspensión de uno a dos años en el ejercicio de su profesión.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Dip. Raymundo King de la Rosa.- Dip. Roberto Ruiz Moronatti.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Guevara González. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar, a nombre propio y de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra la humanidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

Vengo a presentar a nombre de la Senadora Gabriela Cuevas Marrón y del mío propio, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra la humanidad.

El concepto reciente de crímenes de lesa humanidad podría remontarse a la declaración del 28 de mayo de 1915, dada por los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia, en la que se hizo alusión a las masacres de la población de Armenia, en Turquía.

Esta declaración, las atrocidades cometidas fueron descritas como crímenes contra la humanidad, por los cuales todos los miembros del gobierno turco se habían declarado responsables junto a sus agentes implicados en dichas masacres.

Sin embargo, a través de la historia esta excepción no había tenido una definición, un informe, hasta el concepto internacionalmente aceptado que recoge la Corte Penal Internacional que señala que los crímenes de lesa humanidad, y con este concepto recogido por la Comunidad Internacional, define a los mismos como conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Si bien el Estatuto de Roma no cuenta con ninguna disposición que obligue a los Estados Parte a tipificar en el ámbito interno los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional, sí existe una necesidad general de examinar el tema a propósito del principio de complementariedad.

De forma que con este principio, los Estados Parte deberán tener la primera oportunidad para investigar, procesar y, en su caso, sancionar a quienes se presuman hayan cometido crímenes de trascendencia para la comunidad internacional.

En consecuencia, si un Estado no ha incorporado plenamente en su legislación los tipos penales necesarios para llevar a cabo un proceso penal, se encontrará en el supuesto de incapacidad jurídica, que en efecto prevé el Estatuto de Roma, para la intervención de la Corte Penal Internacional.

Algunos expertos señalan que no es necesario tipificar los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional de forma exacta, sino que la materia de prohibición podría estar contenida en otros tipos penales.

Otros más juzgan como indispensable la posibilidad de evaluar la conveniencia de hacerlo a la luz de los derechos humanos, como criterio fundamental para estos efectos.

Países emblemáticamente lo han recogido, como Argentina, Uruguay, Sudáfrica, Australia, Kenia, han optado por relacionar estrechamente mediante el método de remisión los tipos criminales establecidos por el Estatuto de Roma en sus leyes nacionales contextualizándolos siempre en los supuestos de la comisión de conductas graves contra el derecho internacional humanitario.

En nuestro derecho mexicano no existe en ningún ordenamiento la regulación adecuada respecto a este tipo de crímenes, y es por ello que presentamos la presente iniciativa que tiene por objeto los siguientes puntos fundamentales:

Primero. La imprescriptibilidad de los delitos bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Segundo. La homologación del umbral de punibilidad para quienes perpetren cualquiera de los tres grupos de delitos bajo la jurisdicción de la Corte. Crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad en cualquiera de sus modalidades.

Tercero. La inclusión de las conductas tipificadas en el Estatuto de Roma al Código Penal Federal a fin de que, en el contexto de la comisión de crímenes contra la humanidad, se valoren sus elementos con sujeción a lo establecido en el Estatuto de Roma.

Cuarto. La incorporación de disposiciones relacionadas con la responsabilidad de jefes y subordinados en la comisión de crímenes contra la humanidad y sus posibles circunstancias eximentes.

Es importante añadir que toda vez que México no ratifica aún las Enmiendas de Kampala del Estatuto de Roma y que, si bien la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma (realizada precisamente en Kampala, Uganda, en junio de 2010) adoptó por consenso enmiendas al Estatuto de Roma que incluyen una definición para el crimen de agresión, las condiciones para su entrada en vigor establecieron la fecha del 1 de enero de 2017, esta iniciativa no formula aún propuesta alguna de incorporación de este tipo penal. Indudablemente, será parte relevante de un esfuerzo ulterior al que habrá que dar debido seguimiento y componente esencial de una nueva generación de normas de derecho internacional.

Señoras y señores legisladores, finalmente quisiera señalar que México tiene todavía tareas importantes en materia del cumplimiento y protección de los derechos humanos.

En la ruta hacia la consolidación de un estado democrático de derecho, tenemos que seguir trabajando por consolidar realmente un derecho, un respeto profundo a los derechos humanos de los mexicanos, y es por ello que a pesar de que en esta legislatura particularmente se ha avanzado mucho, igual que en la anterior, construyendo la reforma constitucional en materia de derechos humanos, me refiero a la legislatura anterior, y en estas reformas tan importantes, como acotar el fuero militar y recientemente regular la desaparición forzada, tortura y otras formas de privación ilegal de la libertad, hoy proponemos seguir avanzando a fin de fortalecer la protección y la defensa de los derechos humanos, y con ello también fortalecer nuestra democracia.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Las suscritas, Senadora Gabriela Cuevas Barron y María del Pilar Ortega Martínez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD, en virtud de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Si bien el Estatuto de Roma no cuenta con ninguna disposición que obligue a los Estados parte a tipificar en el ámbito interno los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), existe una necesidad general de examinar el tema a propósito del principio de complementariedad. De conformidad con este principio, los Estados parte debieran tener la primera oportunidad para investigar, procesar y, en su caso, sancionar a quienes se presuma hayan cometido crímenes de trascendencia para la comunidad internacional. En consecuencia, si un Estado no ha incorporado plenamente en su legislación los tipos penales necesarios para llevar a cabo un proceso penal, se encontrará en el supuesto de incapacidad jurídica que, en efecto, prevé el Estatuto de Roma para la intervención de la CPI.

Si bien para algunas opiniones expertas no es necesario tipificar los crímenes competencia de la CPI de forma exacta, sino que la materia de prohibición podría estar contenida en otros tipos penales, otros juzgan como indispensable la posibilidad de evaluar la conveniencia de hacerlo a la luz de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció como criterio fundamental para estos efectos. En la sentencia del caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, del 30 de mayo de 1999, la Corte determinó lo siguiente:

“En la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales”.

La vasta mayoría de países, emblemáticamente Argentina, Uruguay, Sudáfrica, Australia, Kenia y Suiza, han optado por relacionar estrechamente mediante el método de remisión los tipos criminales establecidos por el Estatuto de Roma en sus leyes nacionales contextualizándolos siempre en los supuestos de la comisión de conductas graves contra el derecho internacional humanitario. Sin embargo, en esta iniciativa se proponen modificaciones que permitirán armonizar y adaptar las disposiciones del Estatuto de Roma a las normas domésticas.

Esto no significa, sin embargo, que sea necesario hacer evaluación o valoración alguna del bien jurídico que debe tutelarse pues frente a la implementación de crímenes internacionales en el ámbito nacional esa valoración se hizo ya al momento de suscribir y ratificar el Tratado Internacional en cuestión. 

De esta manera, el esfuerzo implica, por un lado, determinar con claridad y bajo los criterios del caso Castillo Petruzzi lo relativo a conductas que aún no han sido debidamente tipificadas en el Código Penal y, por el otro, identificar las deficiencias, ambigüedades y limitaciones, en relación con el Estatuto de Roma, de los tipos penales que ya se han incorporado al sistema penal mexicano respondiendo precisamente a una necesidad de implementación de otros tratados internacionales.

En relación con lo segundo, destaca la tipificación en el Código Penal Federal de los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y genocidio así como en el Código Militar de los denominados delitos contra los deberes de humanidad, entre otros que pudieran constituir crímenes internacionales. En lo que hace a las conductas que aún no han sido debidamente tipificadas destacan distintos tipos penales de delitos nacionales que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad como los tipos penales de asesinato, exterminio, deportación o traslado forzoso, persecución o apartheid y distintos crímenes de lesa humanidad de naturaleza sexual cuya tipificación no existe en nuestro ordenamiento interno como por ejemplo el embarazo forzado.

Existen, desde luego, distintos antecedentes legislativos que se remontan a iniciativas presentadas desde marzo de 2004. Desde entonces, distintas propuestas se han presentado sobre el particular sin que haya motivado ninguna aún un dictamen favorable. Esta iniciativa, conviene señalarlo, busca efectuar aportaciones notables alrededor de los siguientes temas fundamentales: 1) la imprescriptibilidad de los delitos bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; 2) la homologación del umbral de punibilidad para quienes perpetren cualquiera de los tres grupos de delitos bajo la jurisdicción de la Corte (crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad en cualquiera de sus modalidades); 3) la inclusión de las conductas tipificadas en el Estatuto de Roma al Código Penal Federal a fin de que, en el contexto de la comisión de crímenes contra la humanidad, se valoren sus elementos con sujeción a lo establecido en el Estatuto; y 4) la incorporación de disposiciones relacionadas con la responsabilidad de jefes y subordinados en la comisión de crímenes contra la humanidad y sus posibles circunstancias eximentes.

En relación con el primer tema se propone ampliar la determinación de imprescriptibilidad de los delitos a todos los que recaigan bajo la jurisdicción de la Corte a fin de armonizar lo dispuesto en este sentido por el artículo 29 del Estatuto. En cuanto al segundo asunto, se propone homologar las penas para quienes perpetren cualquiera de los crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad, eliminando la posibilidad de establecer multas y evitando una difícil y controversial jerarquización de delitos que, en cierta medida, controvierten el supuesto de gravedad que les caracteriza a los cuatro. En este sentido, vale la pena señalar que la reformulación propuesta del artículo 149 Bis obedece a la necesidad de clarificar el carácter grave de cualquier modalidad de genocidio y por tanto homologar su punibilidad.

En relación con el tercer asunto conviene tener en cuenta lo siguiente. El Estatuto de Roma tipifica cuatro delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. El delito de genocidio se encuentra ya contemplado en el Código Penal Federal, concretamente en el artículo 149-Bis. Adicionalmente, la tortura, violación y desaparición forzada de personas, entre otros, si bien se encuentran tipificados en el Código Penal, encuentran una definición distinta en tanto “crímenes de lesa humanidad” en el Estatuto de Roma. Es por ello conveniente retomar su tipificación en el Código Penal bajo los términos establecidos en dicho Estatuto, lo que implica que no habrá una sola definición para dichos delitos en nuestro ordenamiento interno sino que, junto con la definición apropiada para tipificarlas como conductas penales no vinculadas a crímenes contra el derecho internacional humanitario, se añadirá la que las contextualiza, por su gravedad, número y vinculación con otras conductas, como crímenes de guerra o lesa humanidad.

En el derecho mexicano, por otra parte, no existe en ningún ordenamiento la regulación adecuada respecto de crímenes de guerra como tal, ni de delitos equiparables plenamente a lo que establece el derecho internacional humanitario no sólo a través del Estatuto de Roma sino también de sus antecedentes principales como los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. La regulación de crímenes de guerra en nuestro país prácticamente no existe y lo poco que hay se encuentra dentro de la competencia militar. Por lo tanto excluye la posibilidad de sancionar por éste tipo de crímenes a personas que no pertenezcan a las fuerzas armadas pero que también pueden incurrir en su comisión, como sería el caso de los grupos armados irregulares o de personal civil relacionado con la conducción de las hostilidades. A partir de ello, es de vital importancia incorporar los crímenes de guerra a la legislación mexicana fuera del ámbito de la justicia militar y hacerlo de manera tal que se tipifiquen como tales en la ocasión de un conflicto internacional pero también ante un eventual conflicto interno, un aspecto en el que la Corte ha insistido con especial denuedo.

Es importante añadir que toda vez que México no ratifica aún las Enmiendas de Kampala del Estatuto de Roma y que, si bien la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma (realizada precisamente en Kampala, Uganda, en junio de 2010) adoptó por consenso enmiendas al Estatuto de Roma que incluyen una definición para el crimen de agresión, las condiciones para su entrada en vigor establecieron la fecha del 1 de enero de 2017, esta Iniciativa no formula aún propuesta alguna de incorporación de este tipo penal. Indudablemente, será parte relevante de un esfuerzo ulterior al que habrá que dar debido seguimiento y componente esencial de una nueva generación de normas de derecho internacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES del CÓDIGO PENAL FEDERAL en materia DE DELITOS CONTRA la humanidad.

ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 104, un Capítulo III al Título Tercero y un artículo 149 ter, recorriéndose el actual 149 ter como 149 quáter; se modifica la denominación del Capítulo I del Título Tercero; y se reforman los artículos 149 y 149 Bis, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 104….

Los delitos contenidos en los capítulos I y II del Título Tercero del presente Código, no prescribirán.

Título Tercero Delitos contra la Humanidad

Capítulo I

Crímenes de guerra

Artículo 149. Comete crimen de guerra todo aquel que, en medio de un conflicto armado, ya sea de carácter internacional o interno, cometa alguna de las siguientes conductas cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes:

I. Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos:

a) El homicidio intencional;

b) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;

c) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud;

d) La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente;

e) El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga;

f) El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente;

g) La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal;

h) La toma de rehenes;

II. Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

a) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades;

b) Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares;

c) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;

d) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea;

e) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares;

f) Causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción;

g) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves a otra persona;

h) El traslado, directa o indirectamente, por la potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio;

i) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;

j) Someter a personas que estén en poder de una parte adversa a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;

k) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo;

l) Declarar que no se dará cuartel;

m) Destruir o apoderarse de bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;

n) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;

ñ) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado al servicio del beligerante antes del inicio de la guerra;

o) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto;

p) Emplear veneno o armas envenenadas;

q) Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogos;

r) Emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones;

s) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos dentro de los tratados internacionales;

t) Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

u) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra;

v) Utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares;

w) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;

x) Hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra;

y) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades;

III. En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:

a) Los atentatos contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;

b) Los ultrajes contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

c) La toma de rehenes; y

d) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables;

IV. Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

a) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;

b) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra el personal que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;

c) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;

d) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares;

e) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;

f) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave al derecho internacional;

g) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;

h) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;

i) Matar o herir a traición a un combatiente adversario;

j) Declarar que no se dará cuartel;

k) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;

l) Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo;

Este artículo no se aplicable a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio del Estado Mexicano cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos.

Nada de lo dispuesto en el presente arículo afectará a la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer el orden público en el Estado o de defender la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier medio legítimo.

Por la comisión de cualquier crímen de guerra se impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión salvo lo dispuesto en las leyes militares.

Artículo 149-Bis.- Comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio delitos contra la vida, la integridad física o mental, o la salud de los miembros de aquellos grupos; impusiese medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo o se trasladaren por la fuerza a niños y adolescentes del grupo a otro grupo; o someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

Por tal delito se impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión.

En caso de que los responsables de dichos delitos fueren gobernantes, funcionarios o empleados públicos y las cometieren en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones establecidas en este artículo se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 15 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación.

Capítulo III Delitos de lesa humanidad

Artículo 149 ter. Comete el delito de lesa humanidad cualquiera que, con conocimiento, perpetre como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, como parte de una política de Estado o una organización civil, la comisión de cualquiera de los actos siguientes:

a) Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población;

f) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

g) Tortura;

h) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

i) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con la comisión de cualquier crimen bajo la competencia de la Corte Penal Internacional;

j) Desaparición Forzada de Personas;

k) Apartheid;

Por tal delito se impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión.

El mando superior, o quien ejerza de hecho como tal, será penalmente responsable por la comisión de los delitos materia del Título Tercero de este código,  cometidos por fuerzas bajo su mando, autoridad o control efectivo excepto si las circunstancias son ajenas a su control.

Artículo 149 Ter.- Para los efectos e este capítulo se entenderá:

I. Por ataque contra una población civil, a una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el artículo anterior contra una población civil, de conformidad con una política de Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política;

II. El exterminio, comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;

III. Por esclavitud, se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;

IV. Por deportación o traslado forzoso de población, se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;

V. Por tortura, se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;

VI. Por embarazo forzado, se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;

VII. Por persecución, se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;

VIII. Por apartheid, se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el artículo anterior cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen; y

IX. Por desaparición forzada de personas, se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

Quien hubiere cometido cualquiera de los delitos contendios en el presente capítulo en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal salvo que se cumplan las circunstancias eximentes de ella establecidas en el derecho internacional y en este Código.

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Pilar Ortega. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.





 

Tiene el uso de la palabra la Diputada Gloria Bautista Cuevas, para presentar, a nombre propio y de la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del grupo parlamentario del PRD, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1o. constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Gloria Bautista Cuevas, a nombre propio y de la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, a través de la Diputada Yesenia Nolasco y la de la voz, consideramos que el tema de la discriminación sigue siendo una constante en diversos ámbitos de la vida nacional, al igual que las formas contemporáneas de esclavitud sancionadas desde diversos instrumentos de la ONU, y que en México no quieren reconocerse a pesar de las muestras tan lacerantes que estamos viviendo.

El hecho de que se utilicen condiciones sociales y económicas precarias para cometer actos discriminatorios y vejatorios, no son dignos de sociedades y Estados que se jactan de ser del siglo XXI.

Las carencias monetarias, la apariencia física, la edad y el sexo son las condiciones más propensas y señaladas por los distintos grupos encuestados mediante las cuales se ha percibido que sus derechos no han sido respetados por esas mismas causas.

La falta de reconocimiento a las garantías individuales no permite el reconocimiento de carácter multicultural que conforma la sociedad, propiciando los distintos actos que se definen como discriminatorios, y que enumera el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que podemos tomar como enunciativos, mas no limitativos.

Lo anterior nos deja en claro que la parte discursiva es cada vez más ajena a la realidad, por ello, y en congruencia con las necesidades actuales de una sociedad cada día más heterogénea, es que considero oportuno y necesario ir adecuando nuestro marco regulatorio a esa movilidad social.

Por eso esta iniciativa, para fortalecer los motivos, para evitar todo tipo de discriminación en el marco del respeto de los derechos humanos de cada persona, mediante la libertad de igualdad sin menoscabo de individuo alguno.

Nuestro partido fue el impulsor en 2001, en este Senado, para elevar a rango constitucional esta prohibición; ahora, acudimos una vez más para ampliarla e insistir de nueva cuenta en el reconocimiento constitucional de la prohibición de las formas contemporáneas de esclavitud, como es el servilismo, la explotación laboral, la explotación infantil, el matrimonio forzado, entre otros.

Necesitamos otorgar a los ciudadanos mecanismos jurídicos que les sirvan y que los protejan, este es uno de ellos.

Por lo tanto, la propuesta es que se reforme el artículo 1o., en su tercer párrafo del Capítulo I, De Las Garantías Individuales de la Constitución Política de los Estados Unidos, para que quede como sigue:

“Queda prohibida toda discriminación, distinción, exclusión o restricción motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias, preferencias sexuales, estado civil y toda aquella que atenten contra la dignidad humana y que tenga por efecto impedir, anular o menoscabar el reconocimiento y/o el ejercer los derechos de libertad e igualdad de oportunidades de las personas”.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La presente, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de Decreto al tenor de la siguiente

PROBLEMÁTICA

El proceso de establecimiento de libertad e igualdad entre los seres humanos ha sido motivo de una constante en la lucha social, la correcta y oportuna aplicación de leyes, reglamentos, tratados y organismos de derechos humanos actualmente reconocidos,  son pilar fundamental de la sociedad al procurar las condiciones  necesarias para fomentar  una correcta relación integrada entre  los grupos de personas que en conjunto forman una sociedad.

Desde el contrato colectivo, obra elite de Jean Jacques Rousseau, en la cual manifiesta que “Las injusticias sociales y la fractura de "clase" pueden mitigarse no sólo a través de la educación, sino transformando el orden social endógenamente, es decir: desde el interior de la sociedad misma, y sin violencia” 1 Texto: Elena Diez de la Cortina Montemayor.

Ideales que alimentaron en parte la revolución Francesa y que permitieron establecer los principios de derechos humanos para posteriormente ser retomados en el ámbito internacional, como aquel que dicta que toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica.

CONSIDERACIONES.

En el año de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamo la primer Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual se considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo  tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; haciendo énfasis principalmente en sus artículos siguientes que a la letra dictan:

Artículo 1

• Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 7

• Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Hoy en día la Constitución como carta magna de cada país establece dentro de sus garantías individuales,  para el caso de México, la prohibición de cualquier acto discriminatorio, incluso a través de leyes reglamentarias, fomentando el respeto por los derechos humanos de cada individuo mediante la libertad e igualdad sin menoscabó de persona alguna.

Más allá del discurso político en los hechos vemos una tendencia a la discriminación según lo demuestra la encuesta nacional sobre discriminación del 2010, en la cual  las personas homosexuales y las catalogadas como lesbianas son las más afectadas por estos actos, con un porcentaje 43 y 44 por ciento respectivamente, otro aspecto relevante en la encuesta es la discriminación a las personas con VIH Sida, las cuales sufren un constante abuso discriminatorio, pues el 36 por ciento de las personas dijeron que no permitirían la residencia de estas en el mismo hogar.

Las carencias monetarias, la apariencia física, la edad y el sexo, son las condiciones más propensas y señaladas por los distintos grupos encuestados mediante las cuales se ha percibido que sus derechos no han sido respetados por esas mismas causas.

Los resultados de la encuesta resaltan los hechos de que 2 de cada 10 personas con un nivel socioeconómico bajo han sido discriminados tan solo por el color de piel, contrasta con estos números el hecho de que solo 1 de cada 10 personas con un nivel socioeconómico alto han sufrido algún tipo de discriminación.

Lo anterior nos refleja una doble discriminación, la primera surgida por el color de piel y adherente a ella la segunda, el nivel económico.

El ámbito laboral es el lugar donde mayor discriminación se percibe en los distintos grupos de estudio, seguido por el círculo familiar.

Los abusos a las garantías de las mujeres es un problema latente y persistente, se han mantenido los prejuicios contra ellas, los abusos mediante violencia doméstica, persiste en algunas regiones la exclusión a la educación, la trata de personas con énfasis en explotación sexual, es un asunto que les afecta en gran medida a este sector tan vulnerable y la falta de oportunidades de empleo.

La falta de reconocimiento a las garantía individuales, no permite el reconocimiento de carácter multicultural que conforma la sociedad, propiciando los distintos  actos que se definen como discriminatorios, y que  enumera el artículo 9 de la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar La Discriminación, que podemos tomar como enunciativos más no limitativos.

Lo anterior nos deja en claro que la parte discursiva es cada vez más ajena a la realidad, por ello y en congruencia con las necesidades actuales de una sociedad cada día más heterogénea, es que considero oportuno y necesario ir adecuando nuestro marco regulatorio a esa movilidad social.

Fundamento Legal

La iniciativa en comento se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el Artículo 1º en su tercer párrafo del   Capítulo I de las Garantías Individuales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el Artículo 1º en su tercer párrafo del Capítulo I de las Garantías Individuales de la Constitución Política de los Estados Unidos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga…

Está prohibida la esclavitud…

Queda prohibida toda discriminación, distinción, exclusión o restricción  motivada por origen étnico o nacional,  género,  edad,  discapacidades,  condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua,  religión,  opiniones, preferencias,  preferencias sexuales, estado civil y toda aquella  que atenten contra la dignidad humana y  que tenga por efecto impedir, anular o menoscabar el reconocimiento y/o el ejercer los derechos de libertad e igualdad de oportunidades de las personas.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
de los Estados Unidos Mexicanos, el 13 de mayo de 2015.

Suscribe

Dip. Yesenia Nolasco Ramírez.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Gloria Bautista Cuevas. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.





 

Se concede la palabra al Diputado Tomás Torres Mercado, para presentar a nombre del Diputado Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil, en materia de aeronaves no tripuladas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, EN MATERIA DE AERONAVES NO TRIPULADAS

(Presentada por el Diputado Tomás Torres Mercado, a nombre propio y del Diputado Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del PVEM)

El Diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente Barbosa Huerta, y además lo saludo con aprecio y con respeto, con reconocimiento a su diligencia en la conducción de los trabajos de esta Comisión Permanente y otras tareas que ha venido desempeñando.

Efectivamente, señoras y señores legisladores, a nombre del Diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y por convencimiento propio, por supuesto, traigo a la consideración de esta Asamblea una iniciativa con el propósito de adicionar la Ley de Aviación Civil, en materia de aeronaves no tripuladas, sobre todo para los señores legisladores resulta obvio que las propuestas contenidas en las iniciativas de las leyes, debe necesariamente encontrar una fuente que le da origen, una fuente que nutre justamente a las propuestas, es decir, recoger la realidad para normar una realidad y darle sentido en un marco normativo.

Y es el caso en México y en el mundo, de que la tecnología nos está alcanzando, y ahora hemos visto no solamente esos que se conocen como drones, que vigilan la frontera de México con Estados Unidos, sino que también luego transportan cosas prohibidas por la ley o que surcando los cielos van y se depositan en algún lugar no deseado.

La propuesta, compañeras y compañeros, no es otra cosa que darle reglas a estos aparatos que funcionan sin tripulación, y es el caso, hago la observación, de la oportunidad del sentido de esta propuesta del Diputado Escobar y Vega, porque justamente la Dirección General de Aeronáutica Civil ha emitido, fíjense ustedes, dice, literalmente, una circular obligatoria, una circular tiene administrativamente efectos vinculantes para quienes van dirigidas, y en esos términos es obligatoria, es imperativo su cumplimiento, pero está contenido en una circular, virtud a que la ley, justamente la Ley de Aviación Civil no contempla, le llama técnicamente la Dirección General de Aeronáutica Civil, Sistema de Aeronaves Piloteadas a Distancia, es decir, no está en la ley.

La ausencia de la normativa en la ley se está salvando con una circular, repito, que es vinculante, pero que en el rango del sistema jurídico mexicano, sin duda, puede ser impugnada.

Esa es la propuesta, recoger algo que en la realidad está ocurriendo y llevarlo a la ley para darle vigencia y para ponerle reglas a estos, dice el área técnica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Sistema de Aeronave Piloteada a Distancia, nosotros le llamamos a esa materia aeronaves no tripuladas, la semántica de la expresión es irrelevante, es colocarnos en la propuesta para recoger esto que la realidad de la tecnología nos da.

Le ruego, señor Presidente, y para contribuir, además, a la dinámica de la interesante sesión del día de hoy, que incorpore al Diario de los Debates el texto de la iniciativa del Diputado Escobar y Vega.

Muchas gracias.

Iniciativa

Quien suscribe, ARTURO ESCOBAR Y VEGA, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVILEN MATERIA DE AERONAVES NO TRIPULADAS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Creados en un inicio para ayudar en el terreno de las operaciones militares y utilizados más recientemente en diversas industrias como la fotografía, la agricultura o la construcción, sólo por mencionar algunos rubros, los drones o UAV’s (como se les denomina por su siglas en inglés) tienen un futuro promisorio para el uso civil.

Gracias a los adelantos científicos y tecnológicos, la industria de las aeronaves no tripuladas está viviendo un proceso de auge a nivel mundial, por lo cual la variedad de productos que ofrecen se ha ampliado considerablemente.

Lo que se pretende con esta iniciativa, es incluir en la Ley de Aviación Civil vigente en el país a las aeronaves no tripuladas, en virtud del aumento que el uso de este tipo de aparatos está teniendo.

Los drones estuvieron durante muchos años inmersos en el vacío normativo, en gran parte salpicados por las acciones de sus pares militares en las guerras de Iraq y Afganistán.

Sin embargo, en 2011 la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), sentó un precedente en cuanto a la regulación de los vehículos aéreos no tripulados al equipararlos con las aeronaves tripuladas, poniéndolos bajo la legislación aeronáutica general.

Cabe señalar que la ausencia de legislación en este tema supone consecuencias indeseables, como lo es la falta de certeza jurídica. Lo anterior tiene muchas implicaciones, entre las que destaca el poco desarrollo que esta industria puede alcanzar. Por ejemplo, si un empresario considera entrar en un sector no regulado sabe que las reglas pueden cambiar de forma drástica en cualquier momento, lo cual limita la inversión y obstaculiza el aprovechamiento de oportunidades de negocio en un rubro que tiene una gran proyección de futuro. En este sentido, la Comisión Europea, entidad ejecutiva de la UE, prevé que la industria de los drones acapare el diez por ciento del mercado aeronáutico mundial en los próximos diez años.

Y es precisamente debido al incremento en su utilización, que estos sistemas han de ser calificados y certificados para que sobrevuelen nuestros cielos con seguridad y tengan la posibilidad de compartir el espacio aéreo no segregado, es decir, el que utiliza la aviación civil.

El hecho de que en otros países sí se permitan las operaciones civiles constituye una clara desventaja para nuestra industria, por lo tanto, cuanto más tiempo pase sin que nuestro país cuente con una legislación en la materia, nos mantendremos a la zaga del selecto club de naciones que ya cuentan con regulación para el uso civil de una nueva tecnología con el potencial de transformar la industria aeronáutica en los próximos años.

En nuestro caso, ante la ausencia de normatividad en la materia, hasta ahora se ha venido implementado la autorregulación, práctica que se vería rebasada ante la popularización de este tipo de aparatos, hecho que le daría acceso a éstos a personas sin la preparación y los conocimientos suficientes sobre las implicaciones de su uso estando latente el peligro de que sean utilizados de manera indebida e irresponsable.

El manejo de este tipo de aparatos implica importantes riesgos, ya que el uso de los vehículos aéreos no tripulados por personas sin capacitación puede ocasionar que el dispositivo caiga y lastime gravemente la integridad de personas, animales o bienes muebles e inmuebles. Es importante recalcar que estos aparatos no son juguetes y que se necesita de cursos y conocimientos sobre aviación para poder utilizarlos con responsabilidad y de manera correcta.

De acuerdo a algunas proyecciones, se tiene previsto que en algunos años por los cielos de todo el mundo volarán miles de aparatos transportando paquetería, mapeando terrenos o recabando datos; tan sólo en los Estados Unidos de América se tiene previsto que en 2018 volarán alrededor de ocho mil drones en su territorio y su uso profesional generará 82 mil millones de dólares y 100 mil empleos directos.

En el caso de Europa, desde 2012, se presenta una actividad intensa y se tienen registradas más de mil 500 compañías dedicadas al negocio de la operación de drones.

Lo anterior deja ver que hay una revolución en marcha y la interrogante no es ya si la aviación no tripulada sucederá a la aviación tripulada, sino saber cuándo ocurrirá ello, por lo cual se tiene que garantizar que no sean un peligro y que no invadan la privacidad de las personas.

En referencia a lo anterior, Estados Unidos ha comenzado a tomar cartas en el asunto pues la administración del presidente Barack Obama abrió recientemente los cielos a los vuelos generalizados de drones civiles en su territorio. La Administración Federal de Aviación de aquel país, publicó este mismo año una propuesta para permitir a las empresas emplear pequeños aviones no tripulados mientras estos sean operados a baja altura por personas mayores de 17 años que aprueben un examen de conocimientos y obtengan un certificado por parte de esta dependencia.

Otros casos paradigmáticos en este sentido son Francia, España, Argentina y el Reino Unido, países que ya cuentan con un marco regulatorio en la materia.

Atendiendo a la premisa de que derecho y sociedad se encuentran intrínsecamente relacionados, y que en virtud de ello los fenómenos sociales exigen que el derecho en tanto ordenador de la conducta humana esté permanentemente a la par con la realidad social, y además se convierta en instrumento para favorecer el progreso, proponemos la presente iniciativa, con la finalidad de levantar las restricciones legales para el uso comercial en nuestro país de las aeronaves no tripuladas en afán de incentivar el desarrollo de esta industria por un lado y de evitar la utilización inapropiada de estos aparatos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANY ADCIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL EN MATERIA DE AERONAVES NO TRIPULADAS

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 2 de la Ley de Aviación Civil, insertando una fracción II y recorriendo las demás en el mismo orden; además, se adiciona una Sección Sexta al Capítulo IV, denominada, “De las aeronaves no tripuladas” recorriendo los artículos subsecuentes en el mismo orden para quedar como a continuación se presenta:

LEY DE AVIACIÓN CIVIL

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. ….

II. Aeronave no tripulada: cualquier vehículo aéreo que vuela sin tripulación, que es reutilizable y con capacidad de mantener un nivel de vuelo controlado, sostenido y propulsado por un motor de explosión o de reacción.

Capítulo IV…

Sección Sexta

De las aeronaves no tripuladas

Artículo 32.- Para el caso de las aeronaves no tripuladas cuya masa máxima al despegue sea menor de 25 kilogramos, el operador sólo requerirá detallar las características de la aeronave, datos sobre la persona que la operará y el área donde será utilizada.

Articulo 33.- Las aeronaves no tripuladas cuya masa máxima al despegue exceda de 25 kilogramos, deben estar inscritas en el Registro Aeronáutico Mexicano y disponer de certificado de aeronavegabilidad, quedando exentas de tales requisitos las aeronaves no tripuladas con una masa máxima al despegue igual o inferior.

Además, todas las aeronaves no tripuladas deberán llevar fijada a su estructura una placa de identificación en la que deberá constar, de forma legible a simple vista e indeleble, la identificación de la aeronave, mediante la designación específica y, en su caso, número de serie, así como el nombre de la empresa operadora y los datos necesarios para ponerse en contacto con la misma.

Artículo 34.- Podrán realizarse actividades aéreas de trabajos técnicos o científicos por aeronaves no tripuladas, de día y en condiciones meteorológicas visuales con sujeción a los siguientes requisitos:

I. Las aeronaves no tripuladas cuya masa máxima al despegue sea inferior a 2 kilogramos, sólo podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado, más allá del alcance visual del piloto, dentro del alcance de la emisión por radio de la estación de control y a una altura máxima sobre el terreno no mayor de 120 metros, siempre que cuenten con medios para poder conocer la posición de la aeronave.

II. Las aeronaves no tripuladas cuya masa máxima al despegue no exceda de 25 kilogramos, sólo podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado, dentro del alcance visual del piloto, a una distancia de éste no mayor de 500 metros y a una altura sobre el terreno no mayor de 120 metros.

III. Las aeronaves no tripuladas cuya masa máxima al despegue exceda de 25 kilogramos y no sea superior a 150 kilogramos y aquéllas cuya masa máxima de despegue sea igual o superior a 150 kilogramos, destinadas a la realización de actividades de lucha contra incendios o búsqueda y salvamento, sólo podrán operar, con las condiciones y limitaciones establecidas en su certificado de aeronavegabilidad emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil, en espacio aéreo no controlado.

Artículo 35.- Asimismo, además de los requisitos descritos en el artículo anterior, el operador deberá:

I.Contar con la documentación relativa a las características de las aeronaves que vaya a utilizar, incluyendo la definición de su configuración, características y prestaciones.

II. Disponer de un manual de operaciones del operador que establezca los procedimientos de la operación.

III. Haber realizado, con resultado satisfactorio, los vuelos de prueba que resulten necesarios para demostrar que la operación pretendida puede realizarse con seguridad.

IV. Haber establecido un programa de mantenimiento de la aeronave, ajustado a las recomendaciones del fabricante.

V. Contar con una póliza de seguro o garantía financiera que cubra la responsabilidad civil frente a terceros por daños que puedan surgir durante y por causa de la ejecución del vuelo.

Artículo 36.- Los pilotos de las aeronaves no tripuladas deberán acreditar los siguientes requisitos:

I. Ser titulares de cualquier licencia de piloto emitida conforme a la normativa vigente, o haberlo sido en los últimos cinco años y no haber sido desposeídos de la misma en virtud de algún procedimiento administrativo.

II. Demostrar de forma fehaciente que disponen de los conocimientos teóricos necesarios para la obtención de cualquier licencia de piloto.

III. Para las aeronaves no tripuladas de masa máxima al despegue no superior a 25 kilogramos, disponer:

a) Para volar dentro del alcance visual del piloto, de un certificado básico para el pilotaje de aeronaves no tripuladas, emitido por una institución de formación aprobada.

b) Para volar más allá del alcance visual del piloto, de certificado avanzado para el pilotaje de aeronaves no tripuladas, emitido por una institución de formación aprobada.

IV. Además, en los supuestos previstos en las fracciones II y III, deberán acreditar:

a) Tener 18 años de edad cumplidos.

b) Los pilotos que operen aeronaves de hasta 25 kilogramos de masa máxima al despegue deberán ser titulares, como mínimo, de un certificado de aptitud física y psicológica.

Artículo37.- El propietario de una aeronave no tripulada responderá por daños en la superficie y en el suelo, de acuerdo al capítulo XII de la presente Ley.

Artículo 38.- Queda prohibido arrojar objeto alguno, sean éstos sólidos, líquidos o gaseosos, desde una aeronave no tripulada.

Articulo 39.- Queda prohibido utilizar aeronaves no tripuladas para llevar cargas pesadas.

Artículo 40.- Las aeronaves no tripuladas con videocámaras y sistemas de vigilancia solo podrán ser utilizadas para la captura de imágenes que colaboren con el trabajo sobre zonas en situación de emergencia real, producto de incidentes mayores que pongan en riesgo la integridad física de las personas y los bienes; y queda estrictamente prohibido que vuelen cerca de personas o propiedades.
Capítulo V…

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Suscribe

Dip. Arturo Escobar y Vega.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Torres Mercado. Como lo solicita, la Secretaría Parlamentaria ha tomado nota para que se incorpore, de manera textual, el contenido de la propuesta. Túrnese a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, para presentar, a nombre propio y de la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se reforma la Ley de Coordinación Fiscal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 73 BIS A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 26-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, a nombre propio y de la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza)

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, señor Presidente. Saludo a mis compañeras y compañeros legisladores, nuevamente.

El Sistema Educativo Nacional ha sufrido cambios importantes en materia normativa y funcional. A partir de 1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la educación pública se convirtió en una responsabilidad compartida entre los estados de la República y la Federación.

Esta transformación dio un giro importante en la administración de los servicios educativos y, desde luego, en su financiamiento y la forma en que se ejercen los recursos públicos en materia educativa.

Con la creación de los fondos de aportaciones federales en materia educativa, de salud y de infraestructura social a nivel municipal, se establecieron los mecanismos de coordinación entre la Federación y los estados, para mantener actualizada la información sobre las plantillas de personal, la relación de la infraestructura y los gastos de operación inherentes al sector.

Sin embargo, lo que quedó establecido en la norma fue correspondido en los hechos por la autoridad responsable de esta área.

En el caso de la educación, la omisión de la SEP, de cumplir con la ley, derivó en una serie de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

A partir de esas obligaciones, se incluyó la obligación de la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas de coordinarse y emitir, sobre la base de las auditorías practicadas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío o la incorrecta aplicación de los recursos del FAEB.

En consonancia con lo anterior, como resultado de la reciente reforma educativa, que significó la reconcentración de los recursos diseñados al FAEB en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el FONE, corresponde ahora a la Secretaría de Educación Pública la obligación de presentar, a través de Internet, la información relativa a la situación laboral de las plazas y horas que fueron anteriormente transferidas, así como del ejercicio del gasto operativo y de compensación que forman parte del FONE, tal como lo establece la fracción IX del artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

No obstante lo anterior, dicho precepto no encuentra sustento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por un lado, no se hace referencia explícita al FONE; y por otro, se omite la responsabilidad de la SEP en el cumplimiento de sus gastos, de sus responsabilidades con relación al ejercicio del gasto educativo.

Menciono y preciso esto para recordar que el anterior fondo de aportaciones estaba incluido en los supuestos normativos del artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, mismo que señalaba como obligación de las entidades federativas presentar la información relativa a dicho fondo.

Esta obligación, que debería de ser ahora respecto al FONE, no fue establecida en el nuevo texto de la ley publicado el 9 de diciembre de 2013, lo que consideramos una omisión legislativa, que si bien en los hechos ya fue atendida recientemente, es importante que quede explicitado en la norma con la finalidad de fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas.

A mayor abundamiento y precisión, la Ley de Coordinación Fiscal refiere que la Secretaría de Educación Pública tiene la obligación de presentar, a través de Internet, la información a que se refiere el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Pero no, al no mencionarse al FONE, la Secretaría no está obligada a cumplir con una serie de obligaciones, lo cual contribuye a la opacidad de la conducción y ejecución del presupuesto destinado a la nómina y gasto operativo. Es decir, lo que pedimos con esta modificación es armonizar una ley con otra, para darle claridad y sustento normativo a la aplicación de los recursos que establece el FONE.

Compañeras y compañeros, es imperativo legislar para que la ley sea clara y precisa a fin de garantizar su cabal cumplimiento y aplicación.

En mi grupo parlamentario de Nueva Alianza, reiteramos de esta manera nuestro compromiso para dar un mejor funcionamiento y transparencia al Sistema Educativo Nacional.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

Las suscritas, MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO y DORA MARÍA GUADALUPE TALAMANTE LEMAS, diputada de la LXII legislatura del honorable congreso de la unión e integrante del grupo parlamentario del partido nueva alianza, con fundamento en lo dispuesto en la  fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del artículo 55 del reglamento para el Gobierno Interior Del Congreso General De Los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 73 BIS A LA LEY GENERAL DE CONSTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Planteamiento del Problema.

Una de las acciones derivadas de la Reforma Educativa, fue la modificación en noviembre del año 2013 de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental que, con el aval de los Gobernadores de los Estados de la Federación incluyó, entre otros aspectos, la creación del Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que, sustituyó al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, con el objetivo de generar un adecuado control administrativo de la nómina de los maestros transferidos a los estados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992.

La creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), se sustentó en la importancia de establecer un modelo de financiamiento que definiera reglas claras de concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno; que contemplaran un aumento gradual y sostenido de las aportaciones de cada uno y; considerara variables que permitan una distribución de los recursos de acuerdo con los costos de proporcionar los servicios, atender la demanda, asegurar la permanencia y el logro educativo, la reducción de desigualdades entre las Entidades Federativas y del rezago educativo y el impulso a la calidad de la educación, al tiempo de garantizar el eficiente, pertinente y transparente ejercicio de los recursos públicos destinados al pago de los servicios personales y gasto de operación de los servicios de educación pública federalizados.

No obstante lo anterior, si bien la fracción IX del Artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente establece que “La Secretaría de Educación Pública presentará a través de Internet la información a que se refiere el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental..” respecto al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el Artículo 73 de la mencionada ley en materia de Contabilidad Gubernamental, ya no hace referencia al citado Fondo y peor aún, releva a la Secretaría de Educación Pública del cumplimiento de diversas responsabilidades que debe atender con relación al ejercicio del Gasto destinado para el mismo, cuestiones que sí se contemplaban en la Ley General de Contabilidad Gubernamental hasta antes de la reforma del mes de diciembre de 20013, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Ley General de Contabilidad Gubernamental
DOF: 12/11/2012

Ley General de Contabilidad Gubernamental
DOF 09-12-2013

[…]

[…]

Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, conforme a lo siguiente:

I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la siguiente información:

a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino;

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende;

c) La información señalada en la siguiente fracción, y

Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, conforme a lo siguiente:
Párrafo reformado DOF 09-12-2013

I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la siguiente información:

a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino;

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende;

c) La información señalada en la siguiente fracción, y

II. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá:

a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las entidades federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año;

b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de nivel básico, normal, de educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas que cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las que sólo lo tienen en las entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en ambas;

 

c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten;

II. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá:

a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las entidades federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año;

b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas que cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las que sólo lo tienen en las entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en ambas;

Inciso reformado DOF 09-12-2013

c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten;

d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de Internet la información que sea remitida por las entidades federativas en términos del inciso anterior, particularmente respecto a:

 

1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de horas de nivel básico, normal, de educación tecnológica y de adultos, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales;

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales;

4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva;

5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon;

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y

7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa;

a) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades federativas y les comunicará los casos en los que encuentre irregularidades, a efecto de corregir las mismas, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al término del trimestre respectivo;

b) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, durante el primer semestre del año, el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en municipios no colindantes, o temporalmente, cuando el trabajador ocupe una cantidad de plazas que supere el número de horas hábiles en un plantel; y reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas, y

c) Vigilar el monto de las remuneraciones con cargo al fondo respectivo, informando a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del tabulador salarial correspondiente a cada entidad.

 

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de Internet la información a que se refiere el inciso anterior, particularmente respecto a:

Párrafo reformado DOF 09-12-2013

1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de horas de educación tecnológica y de adultos, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales;
Numeral reformado DOF 09-12-2013

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales;

4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva;

5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon;

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y

7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa;

a) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades federativas y les comunicará los casos en los que encuentre irregularidades, a efecto de corregir las mismas, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al término del trimestre respectivo;

b) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, durante el primer semestre del año, el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en municipios no colindantes, y reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas, y
Inciso reformado DOF 09-12-2013

 

c) Vigilar el monto de las remuneraciones, informando a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del tabulador salarial correspondiente a cada entidad.
Inciso reformado DOF 09-12-2013

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Esta inconsistencia legislativa hace nugatoria la obligación que actualmente tiene la Secretaría de Educación Pública, al amparo de lo previsto en la fracción IX del artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, de transparentar información sensible del FONE, relacionada con el personal federalizado y su situación laboral.

Asimismo, la inconsistencia legislativa trasciende también a otra cuestión: el artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que la Federación apoyará a los Estados con los recursos necesarios para cubrir los servicios personales de quienes ocupen las plazas transferidas a los Estados que se encuentren registradas por la Secretaría de Educación Pública en el Sistema de Información y Gestión Educativa. Sin embargo, al haber eliminado al FONE del artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las entidades federativas ya no están obligadas a entregar a la Secretaría de Educación Pública la información relativa a dichas plazas y por ende el Sistema de Información y Gestión Educativa está incompleta. Motivo por el cual no es posible la plena aplicación del artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal, esto es, la transferencia de recursos necesarios para cubrir las plazas federalizadas se está viendo entorpecida por falta de información sobre las plazas en el Sistema respectivo, todo ello como consecuencia de una omisión en el texto normativo.

Argumentación

Hasta 1997, la transferencia de los recursos hacia las autoridades estatales y municipales se llevó a cabo, de manera general, mediante dos vertientes principales: la primera, como resultado de un acuerdo entre la Federación y las entidades federativas para la distribución de la recaudación de impuestos, cuyo marco normativo es la Ley de Coordinación Fiscal; la segunda, mediante el ejercicio descentralizado del gasto programable federal, realizado, generalmente al amparo de convenios de coordinación en los cuales quedan establecidos las responsabilidades y compromisos de los diferentes órdenes de gobierno.

Con la finalidad de avanzar en la precisión de las atribuciones y obligaciones que en materia de gasto tienen la Federación, los estados y el Distrito Federal, y frente a la necesidad inaplazable de incrementar la cobertura y elevar la calidad de los servicios, así como mejorar las condiciones materiales en que se desenvuelven comunidades en situaciones de marginación, en 1998 se abrió una tercera vertiente del Federalismo, institucionalizando una vía complementaria para el traslado del gasto federal a los gobiernos estatales y municipales mediante la figura de Aportaciones Federales a Entidades y Municipios.

Así, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 1998 incorporó el nuevo Ramo 33 Aportaciones Federales a Entidades y Municipios, por medio del cual, transfieren a los estados, municipios y al Distrito Federal los recursos para educación básica y normal, y los servicios de salud, así como los relacionados con el desarrollo de la infraestructura de los municipios, que hasta entonces se canalizaban por la vía de los ramos 25, 12 y del Fondo de Desarrollo Social Municipal del 26, respectivamente.

En consonancia, la adición a la Ley de Coordinación Fiscal planteó desde ese año la creación de tres fondos de aportaciones federales. El primero sería el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, FAEB; el segundo, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASSA; y el tercero se denominaría Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, FAISM.

Un aspecto primordial en la formulación del este esquema fue el mecanismo para determinar, para cada uno de los fondos, el monto de aportaciones y lo que le correspondería a cada entidad federativa. En particular, al inicio de la federalización de la educación y la descentralización de los servicios de salud, las partes acordaron las plantillas de personal, la relación de la infraestructura y los gastos de operación inherentes, todo lo cual quedó relacionado como anexos de los acuerdos correspondientes. Dicha información debía ser actualizada permanentemente por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, respectivamente.

Lamentablemente, la Secretaría de Educación Pública nunca cumplió cabalmente con esta disposición, por lo que atendiendo las reiteradas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de presuntas irregularidades encontradas en las auditorías practicadas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en las entidades federativas, en Artículo 9o., fracción IV, inciso d), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, se incluyó la obligación de la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas de coordinarse y emitir, sobre la base de las auditorías practicadas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

“Artículo 9. Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33…deberán:

[…]

IV. Transparentar los pagos que se realicen en materia de servicios personales en aquellos fondos que tienen ese destino, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se sujetará a lo siguiente:

a) La Secretaría de Educación Pública deberá:

I. Conciliar las cifras de matrícula escolar con las entidades federativas y enviar un reporte definitivo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados durante el primer semestre del año;

II. Conciliar el número y tipo de plazas de nivel básico y normal con las entidades federativas, determinando aquéllas que cuentan con registro en dicha Secretaría y las que sólo lo tienen en las entidades federativas;

III. Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes completo, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

En los casos en que por causa no imputable al personal no se realice el pago, a solicitud del interesado, entregando el alta en el Registro Federal de Contribuyentes, los pagos no realizados le deberán ser reintegrados en un plazo no mayor a 30 días;

IV. Enviar a la Cámara de Diputados durante el primer semestre del año el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible geográficamente y reportar sobre la corrección de las irregularidades detectadas durante el tercer trimestre del año, y

V. Vigilar el monto de los sueldos con cargo al fondo, informando a la Cámara de Diputados los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del tabulador salarial;

a) Las entidades federativas deberán:

I. Entregar a la Secretaría de Educación Pública toda la información prevista en el inciso a) de la presente fracción, y

II. Informar trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre el número total, nombres y funciones específicas del personal comisionado, así como el periodo de duración de lacomisión, y publicar las listas correspondientes en Internet;

[…]”

En cumplimiento al artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 (DPEF), la Secretaría de Educación publicó, el 26 de febrero de 2009 en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 482 por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Cabe señalar que en la fracción tercera, párrafo 4° de dicho Acuerdo, se establece que “La SEP publicará por entidad federativa las variables de cálculo, el procedimiento y la distribución del FAEB.”

Para efectos demostrativos es pertinente señalar que la fórmula incluye:

a) La matrícula pública de educación básica que determine la Secretaría de Educación Pública para el estado en el año anterior para el cual se efectúa el cálculo.

b) La matrícula pública nacional de educación básica que determine la Secretaría de Educación Pública en el año anterior para el cual se efectúa el cálculo.

c) El índice de calidad educativa que determine la Secretaría de Educación Pública para el estado correspondiente en el año anterior.

d) El gasto estatal en educación básica del estado correspondiente en el año anterior, que determine la Secretaría de Educación Pública.

Adicionalmente el Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal estableció en ese mismo año que: “Hasta en tanto la Secretaría de Educación Pública determine el índice de calidad educativa a que se refiere la variable ICi, t contenida en el artículo 27 de esta Ley, el porcentaje asignado a este coeficiente se adicionará al coeficiente de la matrícula”. Mandato que tampoco se cumplió y que permanece en el Acuerdo 482 aún vigente, a pesar de que el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) prescribió con la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Las disposiciones establecidas en el DPEF2009 con relación al ejercicio de los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) se hacen extensivos al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos en los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios 2011 y 2012, eliminándose a partir del DPEF2013, toda vez que ya estaban incorporadas a la Ley General de Coordinación Fiscal.

Sin embargo, las disposiciones que hacen referencia al FAEB (hoy FONE) en la Ley General de Coordinación Fiscal no pueden ser plenamente aplicables en tanto no se reforme la Ley General de Contabilidad Gubernamental para establecer la obligación de las Entidades Federativas de aportar a la SEP información relativa a dicho Fondo, en específico a la situación laboral de las plazas federalizadas destinadas a la Educación Básica y Normal en sus respectivas circunscripciones.

Finalmente, cabe mencionar que a partir del Ejercicio Fiscal 2015 entró en operación el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; y por cuestiones de transparencia y derecho de acceso a información pública y gubernamental, la Secretaría de Educación Pública, debe presentar a través de internet la información relativa a la situación laboral de las plazas y del FONE; así lo establece la fracción IX del artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal para el caso de Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, sin que exista razón alguna que justifique el que dicha obligación no aplique para el caso del FONE.

Por lo anterior, se propone la adición de un Artículo 73Bis a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la que se establezcan las obligaciones que debe atender la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas en torno a la información relativa al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Asimismo, se hace necesaria la reforma a la fracción IX del Artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, con la finalidad de establecer la correcta correlación con el Artículo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se crea.

Ley de Coordinación Fiscal
DOF: 09/12/2013

Ley de Coordinación Fiscal
Iniciativa de Reforma

[…]

[…]

Artículo 26-A.- El ejercicio de los recursos en materia de servicios personales a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a lo siguiente:

I. a VIII. …

IX.- La Secretaría de Educación Pública presentará a través de Internet la información a que se refiere el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al Fondo a que se refiere este artículo.

[…]

Artículo 26-A.- El ejercicio de los recursos en materia de servicios personales a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a lo siguiente:

I. a VIII. …

IX.- La Secretaría de Educación Pública presentará a través de Internet la información a que se refiere el artículo 73 y 73 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al Fondo a que se refiere este artículo.

[…]

Es interés del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, que con dichas modificaciones se cumpla con el objetivo de garantizar la concordancia entre las disposiciones establecidas entre la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se atiende al principio de garantizar el eficaz, eficiente y transparente ejercicio de los recursos públicos que se destinan a los servicios educativos a cargo de la Federación.

Fundamento legal

Por lo cual, con las consideraciones expuestas y fundadas, como integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 6 fracción I, artículo 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 73 BIS A LA LEY GENERAL DE CONSTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

Artículo Primero.-Se adiciona un Artículo 73 Bis a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

“Artículo 73Bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, la Secretaría de Educación Pública deberá presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, conforme a lo siguiente:

I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la terminación del trimestre correspondiente, la siguiente información, para ser integrada al módulo de Servicios Personales del Sistema de Información y Gestión Educativa:

a) El número total del personal con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino;

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende;

c) La conciliación de las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las entidades federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año;

d) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al Sistema de Administración de Nómina, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten;

e) La información señalada en la siguiente fracción, y

I. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá:

a) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de Internet la información a que se refiere el inciso anterior, particularmente respecto a:

1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de horas educación básica y normal, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales;

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;

3. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva;

4. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon;

5. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y

6. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa;

a) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda, durante el primer semestre del año:

1. El listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique el ingreso y promoción del personal docente, directivo y de supervisión en términos de lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente;

2. El desglose del ejercicio de los recursos asignados al Gasto Operativo, por escuela y entidad federativa, determinando aquéllas que haya destinado al pago de los conceptos relativos a servicios personales del personal a que se refiere el Artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal, y

3. El desglose, por entidad federativa, de las cantidades que por ley deban pagarse por concepto de impuestos y seguridad social, de conformidad con la normatividad aplicable.”

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción IX del Artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

“Artículo 26-A.-El ejercicio de los recursos en materia de servicios personales a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a lo siguiente:

I. a VIII. …

IX.- La Secretaría de Educación Pública presentará a través de Internet la información a que se refiere el artículo 73 y 73 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al Fondo a que se refiere este artículo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Con independencia de que las entidades federativas a que se refiere Transitorio Sexto del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, corresponde a la Secretaría de Educación Pública informar sobre la aplicación de los recursos que se ejerzan con cargo al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), para tal efecto, dicha Secretaría deberá establecer los mecanismos de coordinación con las entidades federativas para dar cumplimiento a las disposiciones en materia de información, transparencia y rendición de cuentas.

Dado en el Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Dip. María Sanjuana Cerda Franco.- Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada María Sanjuana Cerda Franco. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.





 

En el apartado de proposiciones, se concede la palabra al Senador Arturo Zamora Jiménez, para presentar, a nombre propio y de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a nombrar al titular de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente; y compañeros integrantes de la Mesa Directiva:

A nombre de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo y de un servidor, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con el fin de que la Procuraduría General de la República nombre al titular de la Subprocuraduría responsable de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

Como todos sabemos, el día 3 de marzo de 2015, el Senado de la República ratificó el nombramiento como Procuradora General de la República a la que hoy es titular, paso fundamental para garantizar los derechos humanos y el cumplimiento del estado de derecho.

La nueva Procuradora tomó protesta de ley a 3 subprocuradores, al Oficial Mayor y al Visitador General de esa dependencia federal, y ratificó en su cargo al responsable de la Agencia de Investigación Criminal, quedando pendiente nombrar al titular del área de derechos humanos.

Esta Subprocuraduría, sin duda, es de gran importancia para dar cauce y certidumbre a los temas que tienen que ver en el ámbito de la titula efectiva y de los derechos de todos los ciudadanos.

De aquí la importancia de esta propuesta que se hace, y sobre todo porque tiene bajo su responsabilidad temas inherentes a la prevención del delito y temas también relativos a la protección y tutela efectiva de los derechos de las víctimas, de los derechos de los familiares y, sobre todo, promover la cultura de la denuncia por parte de las personas que han sido víctimas de un delito.

Es evidente que con la renuncia que se hizo el 28 de mayo del año 2014, del entonces titular de esta Subprocuraduría, el señor licenciado y ex legislador Ricardo García Cervantes, desde el 28 del mes de mayo del año 2014 no hay titular en esta instancia; por lo tanto, estamos prácticamente cumpliendo un año sin que haya titular.

Por eso resulta importante y oportuno llevar a cabo un exhorto muy atento y muy respetuoso a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, nombren a la brevedad al titular de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

Señor Presidente, este punto de Acuerdo fue registrado como de urgente resolución, pero solicitamos muy atentamente sea tan amable de que se turne de manera directa a la Primera Comisión, para que no se considere como de urgente resolución.

Muchas gracias.

Propuesta

Los que suscriben, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Arturo Zamora Jiménez, Senadores de la República e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

Conforme a lo establecido en la fracción XIII, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 3 de marzo de 2015 en el Senado de la República, se ratificó el nombramiento como Procuradora General de la República, lo cual representa un paso fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos y el cumplimiento del Estado de Derecho.

La nueva Procuradora tomó protesta de ley a tres Subprocuradores, el Oficial Mayor y el visitador general de la dependencia federal y se ratificó en su cargo al Director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

Sobre la titularidad de esta última Subprocuraduría es de vital importancia su nombramiento, pues se requiere a una persona que se conduzca como titular de la misma para dar certidumbre a sus actos y decisiones, en virtud de que desempeña funciones cruciales para el Estado.

La importancia de los Derechos Humanos constituye una preocupación central para la comunidad internacional. En México, el artículo 1° la Constitución Federal establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley…..”

Lo dispuesto en este precepto jurídico, representa un cambio de paradigma en la protección de los Derechos Humanos en nuestro país, el cual es producto de la reforma constitucional de 2011. A partir de este precepto constitucional, se desarrolla todo el marco legal bajo el cual se deben conducir las acciones del Estado mexicano, teniendo como premisa fundamental el pleno respeto a los derechos humanos de las personas.

La protección de los derechos humanos durante el proceso penal es fundamental para garantizar el debido proceso y con ello, hacer asequible el acceso a la administración y procuración de justicia. Asimismo, su tutela se encuentra plasmada tanto en nuestra legislación nacional, así como diversos tratados suscritos por México.

Por otro lado, si bien es cierto que el endurecimiento de las penas y la estricta aplicación de éstas, contribuye a la reducción de la comisión de conductas antijurídicas, también lo es que dicha medida no es suficiente para garantizar que la población deje de delinquir. En este sentido, la prevención del delito tiene como objetivo reducir las amenazas o riesgos de que se actualicen los tipos penales, así como evitar que otras personas cometan delitos.

Entre otras cuestiones, al trabajar en la prevención del delito es posible determinar las causas, los elementos –endógenos y exógenos- que lo incentivan, y contribuir al fortalecimiento de la cultura de la denuncia, aspecto que forma parte de las principales preocupaciones del Estado mexicano.

Como vemos, la ausencia de titularidad en la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad no puede ser inadvertida por esta Soberanía Nacional, sobre todo cuando esta situación prevalece desde el pasado 28 de mayo del 2014 después de la renuncia de Ricardo García Cervantes.

En cuanto al sentido del presente exhorto, cabe mencionar que el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, señala que: “Los subprocuradores, Oficial Mayor y Visitador General serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador General de la República”.

Además de la disposición expresa en la que se establece que la titular de la Procuraduría General de la República debe hacer propuesta correspondiente, es importante precisar que conforme a lo establecido en el artículo 14, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece que las Subprocuradurías serán las encargadas de fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, atendiendo a las normas aplicables y políticas institucionales, conforme a los lineamientos que emita el Procurador.

En este sentido, resulta crucial que la Procuraduría General de la República se desempeñe con sus estructuras completas, en busca de dar los mejores resultados a la ciudadanía y de cumplir con lo establecido en su propia Ley Orgánica y las atribuciones que tiene como abogado de la Nación.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES NOMBRE A LA BREVEDAD AL TITULAR DE LA SUBPROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Atentamente  

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Arturo Zamora Jiménez.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Arturo Zamora. Como lo solicita, túrnese a la Primera Comisión de esta Comisión Permanente.





 

Tiene el uso de la palabra la Diputada Esther Quintana Salinas, para presentar a nombre del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta al director del Instituto Mexicano del Seguro Social a comparecer para que explique las causas de las muertes tras la aplicación de vacunas en el estado de Chiapas.

La Diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, señor Presidente.

En el artículo 4o. constitucional se establece: “Que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud”.

El Instituto Mexicano del Seguro Social es una de esas instituciones, cuya obligación es poner al alcance de sus derechohabientes los servicios de salud, de calidad y cantidad, idóneos para el ejercicio del derecho a la protección, precisamente de la salud.

Resulta, entonces, preocupante en el caso de 37 menores de edad que presentaron reacciones alérgicas derivadas de la aplicación de vacunas por parte del personal de salud de ese instituto, el pasado 8 de mayo del presente año.

Estos hechos ocurren en una de las regiones más marginadas de nuestro país: Simojovel, Chiapas.

Ya murieron dos menores de edad y otros 30 se encuentran bajo atención médica.

Ya quisiera yo que nos viéramos en los zapatos de los padres de familia que están pasando por semejante trance.

Las vacunas que recibieron los niños fueron contra la Tuberculosis, el Rotavirus y Hepatitis B.

Hasta este momento, José Antonio González Anaya, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, no ha sido lo suficientemente contundente en la explicación de esta tragedia.

Los padres de estos menores merecen una explicación por daños irreparables, pues se trata de la pérdida de dos vidas.

Los menores hospitalizados también tienen derecho a recuperar su salud, y en esto tiene un papel determinante este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, que establece la prevención y control de las enfermedades para la aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas y hemoglobinas en el humano para el manejo de estudios biológicos que deben cumplir, entre otras, se refieren las siguientes acciones:

Dice la norma, que se requiere vigilar el funcionamiento adecuado de la red o cadena de frío en todas sus unidades de salud y áreas administrativas o de distribución, disponiendo para ello de equipo y personal capacitado en los procedimientos de almacenamiento, conservación, distribución, control y transporte de biológicos.

Otra disposición, es que el transporte de los biológicos, se deberá realizar de nivel nacional a nivel estatal, regional y local, empleando medios refrigerantes que mantengan la temperatura entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados.

También dispone que la temperatura del almacenamiento de la cámara fría y de los refrigeradores debe registrarse gráficamente, por lo menos, cada ocho horas, y hay que estar vigilantes de la vida útil de ellos.

¿Qué de todo esto habrá fallado? No lo sabemos.

Derivado de esto, los legisladores de Acción Nacional consideramos que los servicios de salud deben constituirse en instrumentos protectores de la vida humana y no en un riesgo para ella; que la pérdida de la vida de un menor no admite excusa alguna.

Consideramos indispensable, entonces, que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social explique con claridad lo ocurrido; con base en ello, las autoridades competentes deberán tomar acciones para sancionar a aquellos funcionarios que hayan sido responsables de semejante y doloroso hecho.

Es por ello que estimamos urgente que el licenciado José Antonio González Anaya, comparezca ante la Primera Comisión de esta Comisión Permanente, a dar todo género de explicaciones que aclaren esta tragedia que está sucediendo, insisto, en una parte de nuestro país, donde la marginación y la pobreza realmente son estrujantes.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Propuesta



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Quintana Salinas.

¿Cuál es el trámite que solicita usted, le demos a este punto? ¿Qué se turne? Que se turne. Se turna a la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente.

 





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a valorar la cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

El presente punto de Acuerdo, como se ha señalado, tiene como objetivo pedir la cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México.

Desde el inicio del actual proceso electoral, hemos venido denunciando la estrategia de campaña anticipada del Partido Verde Ecologista. Valiéndose de una sofisticada logística publicitaria y de la utilización de cuantiosos recursos de procedencia indeterminada, e incluso de la donación prohibida y encubierta de tiempos de radiodifusión, para la contratación de diversos medios de propaganda, fundamentalmente en radio, televisión, salas de cine, vías públicas, con espectaculares, tarjetas y monederos electrónicos, parabuses y una larga lista de objetos utilitarios.

La estrategia ya ha sido sancionada, y esto es algo de que los medios han dado cuenta, por la autoridad electoral, y ha sido calificado como violaciones graves y sistemáticas a la legislación electoral, mediante el uso de recursos públicos y privados de origen ilegal, e incluso se han calificado ya violaciones que bien pueden constituir delitos.

Y esto es importante subrayarlo: Violaciones que bien pueden constituir delitos, como se hace evidente, en el caso de la desviación de recursos públicos desde este Senado de la República, como parte del financiamiento para la adquisición ilegal en Televisa y TV Azteca, de aproximadamente 300 mil spots, lo cual está prohibido por el modelo de comunicación política vigente en la legislación electoral y está penado por la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Esta estrategia, trazada con toda evidencia como una acción de Estado, con la complicidad manifiesta del Partido Revolucionario Institucional, y al parecer también del Tribunal Electoral, pues su dilación para resolver diversos asuntos relacionados deja ver la complacencia de dicha autoridad.

Compañeras y compañeros: Es evidente, especialmente en este tema de los delitos, que esta Comisión Permanente tiene que manifestarse para discutir, por lo pronto, un tema de especial interés para la vida de la República y para la vida de nuestra democracia.

El Partido Verde Ecologista ya se convirtió en un partido que, de manera reiterada, sistemática, está violentando la ley.

Y lo peor, es que está poniendo en evidencia que el Instituto Nacional Electoral se está viendo limitado en su capacidad de evitar; y la señal que se le está mandando a la ciudadanía, es una señal de plena impunidad.

Solamente por comentar algo. Hay 150 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas, que están pidiendo la cancelación del Partido Verde Ecologista.

Es algo que hoy se va a debatir en el Instituto Nacional Electoral, y por eso es importante, compañeros, compañeras, que en esta Comisión Permanente debatamos el tema.

Tuve la oportunidad de platicar con la Diputada Daniela Díaz, y solamente les pongo una muestra de lo que está haciendo el Partido Verde Ecologista y lo que hoy se va a discutir en el Instituto Nacional Electoral, y que le atañe al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, porque lo que están haciendo es sumando la dinámica del PRI con la del gobierno federal y las trapacerías que está haciendo el Partido Verde.

Les pongo un ejemplo, a lo que están haciendo en Ecatepec, solamente para que quede claro, esta tarjetita, que es la tarjeta que está entregando el Partido Verde y que ya se volvió famosa, porque ha sido el motivo de varias de las ya millonarias y cuantiosas sanciones, está llegando encartada, compañeros, está llegando encartada, con este documento. Este documento es el que hace constar la entrega de las televisiones digitales que está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Desarrollo Social.

¿Y cómo está funcionando? Por eso le atañe al PRI, por eso el PRI tiene que estar atento, y espero que este debate lo podemos dar, llega el documento oficial, se entrega la televisión y encartadita viene la tarjeta de su aliado, del Partido Verde Ecologista.

Entonces, compañeros, compañeras, sin duda alguna, pedir la cancelación del Partido Verde Ecologista es lo mínimo que podemos hacer, si no queremos ser parte de esta impunidad, que hoy es un reflejo de la enorme corrupción que se vive en nuestro sistema político electoral.

Han sido reiteradas las violaciones; está en riesgo la credibilidad del Instituto Nacional Electoral. El Partido Verde, desafortunadamente, ya se convirtió en un partido que sistemáticamente, y lo reitero, está burlando la ley.

Y me parece, compañeros y compañeras, que lo mínimo que estamos obligados a hacer en esta Comisión Permanente, yo espero que el Partido Acción Nacional nos acompañe, esto es, a dar el debate.

Sí, se está viviendo un proceso electoral, pero lo que está no solamente es el debate electoral, hoy está en riesgo la credibilidad del Instituto Nacional Electoral y de las instituciones que tanto trabajo y tanto tiempo nos ha costado construir.

Espero que el PRI tenga algo que decir, porque no solamente es un tema de su aliado del Partido Verde, sino que el gobierno federal también está involucrado.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

Las y los legisladores del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática e integrantes de la Comisión Permanente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se formula un exhorto al Instituto Nacional Electoral a efecto de que, con fundamento en los artículos 443, numeral 1, incisos c), f), h), k) y l) ; 456, numeral 1, inciso a) fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, valore la cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México por las graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del citado ordenamiento en materia electoral.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ríos Piter.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone de inmediato a discusión.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a la Primera Comisión.





 

Se concede la palabra al Diputado Tomás Torres Mercado, para presentar, a nombre del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, un punto de Acuerdo en torno a las instalaciones y servicios que presta el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Sonido en el escaño del Diputado Torres Mercado.

El Diputado Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solicitándole a usted turne a la comisión que corresponda el punto de Acuerdo, incorporando el texto propuesto al Diario de los Debates.

Por su atención, gracias.

Propuesta



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, se incorpora al Diario de los Debates el contenido del punto de Acuerdo que ha sido recibido por esta Mesa Directiva, como si se hubiera presentado por el proponente. Túrnese a la Primera Comisión.

Sí, Diputada Graciela Saldaña.

La Diputada Graciela Saldaña Fraire: (Desde su escaño) Sí, como lo comentó el Senador Ríos Piter, quisiera que esta Comisión Permanente tomara cartas en el asunto.

En el estado de Quintana Roo, tiene ya más de un año repartiéndose despensas por una cantidad de, voy a concluir, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Diputada, no puede usted plantear parte del asunto cuando no está a discusión, ya fue turnado a comisión.

Dígame si usted solicita un trámite, y yo le respondo, pero no es así como procede.

La Diputada Graciela Saldaña Fraire: (Desde su escaño) Permítame concluir, entiendo el procedimiento. Solamente quisiera que se fuera a fondo en este tema, puesto que tenemos denuncias en la PGR y en la FEPADE, y no han resuelto con respecto a este tema; tenemos más de un año denunciándolo, y son días y quincenas donde se entregan despensas enormes por parte de estas fundaciones del Verde Ecologista.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Graciela Saldaña.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente, quiero preguntar: ¿por qué no se han planteado los puntos de Acuerdo que hemos nosotros solicitado?

Uno es el asunto de los trabajadores de San Quintín y el otro es OHL. Los dos los presentamos, y no veo que se estén enlistando.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Bartlett Díaz, porque de acuerdo al Reglamento, en el Orden del Día respecto a puntos de Acuerdo, en el caso del grupo parlamentario del Partido del Trabajo es intercalada la incorporación de ellos de sesión en sesión; en la sesión pasada se presentó por el Partido del Trabajo un punto de Acuerdo, así es, Senador Manuel Bartlett, pero lo vamos a resolver de esta forma, si usted desea que se modifique el Orden del Día, dígamelo, si así lo solicita, y yo pongo a consideración de la Asamblea si se incorpora lo que no aparece en la misma.

Adelante, Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Mire usted, ese punto de Acuerdo nos tocaba a nosotros en estos acuerdos que son absolutamente absurdos.

Lo que hace aquí esta mayoría es evitar que se discutan las cosas, eso es lo que hacen. No quieren oír a la oposición; no quieren oír temas que les molestan. Y en este caso OHL es un punto de corrupción fundamental de Peña Nieto y compañía, incluso el gobernador de Puebla, no quieren que se trate un tema que es relevante a nivel nacional, a nivel mundial.

Y el otro asunto de los trabajadores éstos, esclavizados, que le corresponde al gobierno federal proteger, pues está protegiendo a los empresarios, un millón de esclavos aquí para que ganen dinero en Estados Unidos; no es válido, no es válido que el PRI elimine todos, y con estos acuerdos, espurios, porque son espurios, no quieren escuchar a la oposición, es inaceptable.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Si usted me solicita que se incorporen al Orden del Día, en este momento yo lo pongo a consideración de la Asamblea para que se dé el trámite correspondiente, ¿me autoriza usted para que lo haga yo?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Están en el Orden del Día, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No, no están. Están listados, pero el Orden del Día que se desahoga en la sesión, es el que se acuerda en la Mesa Directiva, que es en cumplimiento al Reglamento que se aprobó para el funcionamiento de esta Comisión Permanente.

Le reitero, Senador Manuel Bartlett, yo he sido siempre su aliado para que usted intervenga.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo lo sé, por eso estaba yo muy confiado en que lo iba a hacer ahorita para evitar que el PRI siga escamoteando los temas de corrupción.

Y los temas que les duelen, al servicio de los Estados Unidos para convertir en esclavos a un millón, eso es lo que quieren hacer, silenciar a la oposición, la corrupción es la que quieren tapar, y la connivencia con intereses extranjeros para sacrificar a un millón de trabajadores mexicanos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Le pido a los señores legisladores que conservemos el orden, y la mejor forma es que no utilicemos expresiones de agresión.

Dígame, Senador Manuel Bartlett.

(Dirigiéndose al Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Diputado, no está usted en la sesión, y por favor le pido al señor Diputado que guarde silencio, porque no forma parte de la Comisión Permanente. Usted puede hablar porque tiene voz, pero no puede hacer uso de la palabra aquí en la Comisión Permanente.)

Adelante, Senador Manuel Bartlett, por favor.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Pregunte usted al PRI si van a escamotear el tema de la corrupción.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Dígame usted si quiere que demos tramite a su solicitud, Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Pregúntele usted, que claramente escamotean temas fundamentales de justicia social de esclavitud.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se incorporan al Orden del Día para su desahogo en esta sesión los puntos de Acuerdo que propone el Senador Manuel Bartlett Díaz.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se incorporan los asuntos solicitados por el Senador Bartlett Díaz. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se autoriza, señor Presidente.

 

 





 

Y si no tiene inconveniente, yo creo que, una petición de una servidora sería que se turne a la comisión respectiva para su análisis y discusión.

Propuesta

La Diputada MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes.

CONSIDERACIONES

La Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) tiene por objeto gravar a las personas físicas y morales que realicen los actos o actividades a través de las cuales enajenen en territorio nacional o presten de los servicios señalados en la propia ley del IEPS.

Sin embargo, la característica esencial del IEPS responde a fines extrafiscales, pues no constituye un impuesto con fines estrictamente recaudatorios, sino que responde a la necesidad que tiene el Estado por desincentivar cierta actividad o la venta de  cierto producto, atendiendo a máximas de salud, medio ambiente, entre otros.

Durante la aprobación de la Reforma Hacendaria se propuso introducir un nuevo gravamen en la ley del IEPS, a efecto de desincentivar el alto consumo de bebidas saborizadas que tiene graves consecuencias en la salud de la población. Por ejemplo, México es el primer consumidor de refrescos a nivel mundial con 163 litros por persona por año, lo que es 40% mayor que el consumo de un estadounidense promedio (118 litros); consumo que está ligado al desarrollo de obesidad y sobrepeso.

Los estudios indican que con la aplicación del impuesto habría una reducción porcentual en consumo de entre el 20 y el 26% y una reducción en la prevalencia de sobrepeso y obesidad de al menos el 2%.

Dados los fines extrafiscales del impuesto Nueva Alianza apoyó en todo momento la medida. No obstante lo anterior, sería insuficiente si no se destinaba el presupuesto necesario para combatir las anomalías que derivan del alto consumo de bebidas saborizadas.

Bajo dicho contexto, Nueva Alianza propuso durante la discusión de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015, establecer a través de una disposición transitoria que se asegure que los recursos que deriven del impuesto a bebidas saborizadas, efectivamente se apliquen contra el combate a la obesidad y otros rubros relacionados.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza lo más importante es la educación de la niñez mexicana y su sano desarrollo, por tanto, no sólo propuso que los recursos se apliquen al combate a la obesidad sino que se destinen recursos para proveer de bebederos con suministro continuo de agua potable en inmuebles escolares públicos.

Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, a través de las consideraciones al Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015, se manifestó de la siguiente manera:

La que dictamina considera que por la magnitud y ritmo de crecimiento, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles y de manera particular la diabetes, representan ya un grave problema sanitario con los efectos negativos significativos sobre la salud de los mexicanos, y afectan de manera importante la productividad de las empresas, el desempeño escolar y el desarrollo económico como país en su conjunto.

Por tal razón, esta Comisión Dictaminadora estima de vital importancia que el Ejecutivo Federal mantenga las acciones necesarias para implementar el desarrollo en infraestructura para que las escuelas primarias y secundarias públicas del país puedan contar con agua potable disponible para los alumnos y se continúe con la promoción de estilos de vida saludables, se realicen acciones conducentes a la prevención del sobrepeso y la obesidad, por ello considera necesario incluir en la disposición Transitoria Sexta de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, dichas medidas.

Lo anterior, con el propósito de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 se prevea al menos una asignación equivalente a la recaudación estimada por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, en términos del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 que corresponda a la Federación, una vez descontadas las participaciones que correspondan a las entidades federativas, para destinarse a programas de combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas, así como para permitir acceso al agua potable en zonas rurales, y proveer bebederos en inmuebles escolares, de conformidad con el Índice de Carencias por Escuela y con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Por lo que el texto que se propone queda en los siguientes términos

Ley de Ingresos  de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015

TRANSITORIO

Sexto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 deberá prever una asignación equivalente a la recaudación estimada para la Federación por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, una vez descontadas las participaciones que correspondan a las entidades federativas, para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo de acuerdo con el Índice de Carencias por Escuela y, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

El mandato que se establece a través de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, es contundente y preciso. A pesar de no tener un fin recaudatorio, la estimación para 2015de la recaudación del impuesto a bebidas saborizadas se incrementa en 5 mil 816 millones de pesos, es decir 43 por ciento, respecto a lo estimado en 2014.

Concepto

 

Millones de Pesos

Diferencia

% Nominal

% Real

%PIB

 

 

LIF 2014

 

LIF 2015

 

IEPS   -Bebidas Saborizadas

12,455.00

18,271.10

5,816.10

46.70%

41.19%

0.1

 

 

 

Lo anterior se contrasta de una forma mucho más clara si se considera que en términos reales durante el ejercicio fiscal 2014 se  recaudó18 mil 255 millones de pesos por dicho impuesto, es decir 5 mil 800 millones de pesos más que lo que se había estimado recaudar el año pasado.

EN TAL SENTIDO, NUEVA ALIANZA HACE UN LLAMADO ATENTO A LAS SECRETARÍAS DE ESTADO INVOLUCRADASA COORDINARSE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, A EFECTO DE UTILIZAR LOS RECURSOS QUE DERIVEN POR CONCEPTO DEL IEPS A BEBIDAS SABORIZADAS EN EL FIN EXTRAFISCAL POR EL QUE SE CREÓ DICHO IMPUESTO. EN ESPECIAL, SI CONSIDERAMOS QUE DE ACUERDO CON DATOS DE LA PROPIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, TAN SÓLO EN EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SE HAN RECAUDADO 1,422.7 MILLONES DE PESOS, LO QUE HACE UN TOTAL DE 4,515.5 MILLONES DE PESOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, LO QUE EQUIVALE A UN CRECIMIENTO REAL DEL 88.6% RESPECTO DE 2014, TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN LA SIGUIENTE TABLA.

Ingresos Presupuestarios del Gobierno Federal Año actual vs año anterior, Enero-Marzo (2014-2015), Millones de pesos

 Concepto

 Marzo

 Enero-Marzo

 2014

 2015

 Crec. real %

 2014

 2015

 Crec. real %

Bebidas saborizadas

1,341.9

1,422.7

2.8

2,322.7

4,515.5

88.6

POR OTRO LADO, ES IMPORTANTE QUE SE TRANSPARENTE LA APLICACIÓN DE DICHO RECURSO DURANTE EL EJERCICIO 2014 Y LO QUE VA DEL AÑO EN CURSO, A EFECTO DE TENER UN VERDADERO SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente se somete a la consideración de este pleno el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

PRIMERO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL TITULAR DE LA  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD A COORDINARSE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 A EFECTO DE UTILIZAR LOS RECURSOS QUE DERIVEN POR CONCEPTO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS APLICABLE A LAS BEBIDAS SABORIZADAS, A PROGRAMAS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN, TRATAMIENTO, CONTROL Y COMBATE A LA DESNUTRICIÓN, SOBREPESO, OBESIDAD Y ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS RELATIVAS; ASÍ COMO APOYAR EL INCREMENTO EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES, Y PROVEER BEBEDEROS CON SUMINISTRO CONTINÚO DEL VITAL LÍQUIDO EN INMUEBLES ESCOLARES PÚBLICOS CON MAYOR REZAGO EDUCATIVO.

SEGUNDO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A EFECTO DE REMITIR UN INFORME AL CONGRESO DE LA UNIÓN RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS APLICABLES A LAS BEBIDAS SABORIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2015.

Honorable Cámara de Senadores- Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

Dip. María Sanjuana Cerda Franco.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Túrnese a la Tercera Comisión.





 

Informe la Secretaría a la Asamblea sobre las proposiciones que se turnarán directamente a comisiones.

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Doy cuenta con las proposiciones que se turnarán a comisiones.

Las suscritas por el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y el Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar el asesinato del periodista Armando Saldaña Morales, que se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Diputado MANUEL RAFAEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA, integrante de la Agrupación Parlamentaria Morena y Senador MANUEL BARTLETT DÍAZ,  de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea proposición con punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado cuatro de mayo del año en curso, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, confirmo el asesinato del periodista Armando Saldaña Morales, reportero de “La Ke Buena 100.9 F.M.” y del diario “Crónica de Tierra Blanca”, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de San José Cosolapa, Oaxaca, municipio limítrofe con Veracruz.

Los actos de violencia contra periodistas mexicanos, ratifican que en México esta profesión es de alto riesgo, como lo han juzgado organismos internacionales de derechos humanos y defensa de periodistas.  Es cuestionable la postura de la fiscalía de Veracruz, quien negó su competencia para contribuir  en la investigación del asesinato, a partir de que dado que el cuerpo del periodista apareció pasando los límites de Veracruz, pues dicen que no existe indicio alguno que active competencia veracruzana, posición que no se comparte dado que la labor periodística de Saldaña Morales incomodaba a autoridades municipales de la región y a bandas que se dedican al robo de combustible, situación que debería constituirse al menos como una de las líneas de investigación.

Es obligación del Estado prevenir cualquier acto que violente la libertad de expresión y atente contra la integridad de los periodistas. Se debe garantizar el ejercicio de una prensa libre e independiente, que cumpla con su función social en condiciones de seguridad. En el Estado de Veracruz más de una decena de periodistas han sido asesinados, sin que se determine la responsabilidad de los criminales como lo demuestra el caso emblemático de Regina Martínez, corresponsal de “Proceso”, cuya periodista cumplió tres años de fallecida, y cuyas investigaciones no han logrado la aplicación de la justicia a los verdaderos criminales que atentaron contra su vida.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, la investigación del reprobable crimen debe ser atraída por el Ministerio Público de la Federación, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo de Urgente y obvia resolución, en los términos siguientes:

PUNTO DE ACUERDO.

Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que atraiga la investigación del asesinato del Periodista Armando Saldaña Morales.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

Atentamente

Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.- Sen Manuel Bartlett Díaz.





 

Y otro, que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a investigar la operación de las concesiones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la empresa OHL México, que se turna a la Tercera Comisión.

Los que suscriben, MANUEL RAFAEL HUERTA LADRON DE GUEVARA, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y MANUEL BARTLETT DÍAZ, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a la información que se publica en la página electrónica http://www.ohlmexico.com.mx, en Internet, OHL México, SAB de CV inició su actividad en el país en el año 2002, consolidándose como una de  las principales operadoras de infraestructuras de transporte en el país, liderando su sector en el área metropolitana de la Ciudad de México, tanto por número de concesiones asignadas como por kilómetros de autopistas administradas. Las infraestructuras de carreteras se localizan en las zonas urbanas con mayor tráfico de vehículos en el Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de Puebla, los cuales reúnen el 27% de la población nacional, generaron conjuntamente en 2010 el 31.22% del PIB nacional y concentran el 25% del número total de vehículos en México, que asciende a 7.4 millones. En el sector aeroportuario participa en la gestión integral del segundo mayor aeropuerto que da servicio a la zona metropolitana de la capital mexicana. OHL México cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde noviembre de 2010.

Actualmente la compañía construye, administra, opera y mantiene 6 autopistas de peaje y 1 aeropuerto.

I.-Concesionaria Mexiquense, S.A de C.V.(Conmex) es la sociedad a cargo de la concesión para diseñar, financiar, construir y operar de febrero de 2003 a diciembre de 2051, el Circuito Exterior Mexiquense, con una partición del 100% de OHL México, por 24,921 millones de pesos, con longitud de 155 km, de los cuales actualmente se encuentran en operación 110 km.

II.- El Viaducto Bicentenario que va del ex-Toreo de Cuatro Caminos al kilómetro 44 de la autopista México - Querétaro. El período de concesión es de mayo de 2008 a mayo de 2038. El cliente es el Gobierno del Estado de México. Con una inversión total de 10,071 millones de pesos.  La participación de OHL México es del 100 %, con una longitud de 32 km, de los que actualmente están en operación 22 km.La sociedad concesionaria Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. está a cargo del diseño, construcción y explotación del viaducto elevado.

III.- Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V. es titular de la concesión por 30 años a partir de su entrada en operación, para diseñar, financiar, construir y operar un viaducto elevado de doble cuerpo con peaje completamente automatizado en la Ciudad de México, entre el ex-Toreo y el Distribuidor Vial San Antonio, con una longitud de 9.8 km. La construcción se inició en enero de 2011, a finales de ese mismo año entró en operación el primer tramo y a finales del 2012 se puso en operación toda la autopista. La mayor parte de sus 9 km son un viaducto elevado con tres carriles por sentido, creando además 1.5 km de túnel por debajo del cruce de Paseo de la Reforma y la Fuente de Petróleos con el fin garantizar la preservación ambiental de la zona del Bosque de Chapultepec. El período de concesión es de junio de 2010 a Junio de 2043 (30 años a partir del inicio de operaciones). El cliente es el Gobierno del Distrito Federal. Con una inversión Total de 9,522 millones de pesos, con participación del 100% de OHL México

IV.- Supervía Poetas es una vía rápida concesionada entre Av. Centenario en Santa Fe y Luis Cabrera en la Ciudad de México, cuya longitud es de 7 km, 3 de los cuales son túneles y viaductos, y 4 kilómetros un tramo elevado que se unirá con la Autopista Urbana Sur, con peaje 100% automatizado. La autopista conforma el eje poniente del proyecto de autopista urbana de peaje que integra las salidas a Querétaro, Toluca y Cuernavaca. En su desarrollo se han previsto múltiples acciones de protección ambiental, mejoramiento urbano e inclusión de una ruta express de transporte público.

Controladora Vía Rápida Poetas, S.A de C.V. es la sociedad adjudicataria de la concesión para el diseño, construcción y operación de este sistema vial de puentes, túneles y distribuidores al sur poniente de la Ciudad de México, que inició su construcción en agosto de 2010. El periodo de concesión es de Abril de 2010  a Abril de 2043 (30 años a partir del inicio de operaciones), el cliente el Gobierno del Distrito Federal, con una inversión total de 2,607 millones de pesos, en la que OHL México participa con el 50%.

V.- Para consolidar el corredor vial conocido como Corredor Carretero Altiplano, que conecta la región central de México con el puerto de Veracruz, se construyó la autopista de peaje Puebla - Perote en operación desde octubre de 2008. Grupo Autopistas Nacionales, S.A. (GANA), es la sociedad concesionaria que administra, opera y mantiene esta autopista que sirve como ruta más corta y segura entre la Ciudad de México y Veracruz. La concesión otorgada por 30 años incluye el diseño, construcción y operación de 104.9 km de autopista entre Amozoc, Puebla y Perote, Veracruz, así como la operación y mantenimiento de 17.6 km del Libramiento Perote. El cliente es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, con una inversión total de 3,059 millones de pesos, con la Participación del 69% de OHL México

VI.- El Gobierno del Estado de Puebla otorgó en 2008 el título de concesión a Autovías Concesionadas OHL, S.A. de C.V., para el diseño, financiamiento, construcción y explotación del Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla, en la carretera federal México - Veracruz a su paso por la Ciudad de Puebla.  El 9 de mayo de 2012 el gobierno del Estado de Puebla, publicó en su periódico oficial la decisión unilateral de rescatar la concesión otorgada a la filial de OHL México. Actualmente se mantiene un litigio derivado de esta decisión. El período de concesión es de marzo de 2008 a marzo de 2038. El Cliente el Gobierno del Estado de Puebla, con una inversión total de 710 millones de pesos, con la participación del 10% de OHL México.

VII.- El Aeropuerto Internacional de Toluca cuenta con un edificio terminal en forma de "L" con más de 28 mil metros cuadrados, ocupa un terreno de 663 hectáreas, cuenta con 26 puertas de abordaje, la pista de aterrizaje más larga del país, capacidad instalada actual para atender hasta 8 millones de pasajeros al año y en un futuro, podría llegar a atender hasta un máximo de 25 millones de pasajeros por año.

Su operación está a cargo de Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A. de C.V. (AMAIT), y es la sociedad titular de la concesión para la ampliación, mejora y desarrollo de un importante programa de explotación aeroportuaria que incluye la totalidad de la operación de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales del aeropuerto del que es concesionaria. En el accionariado de AMAIT participan el Gobierno del Estado de México con el 26%, ASA con el 25% y OHL México con el 49%. El período de concesión es de septiembre de 2005 a septiembre de 2055. El cliente es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal con una Inversión Total 3,079 millones de pesos.

Grabaciones de directivos de OHL México.

En medios de comunicación y en la red de Internet, se han dado a conocer el contenido de varias grabaciones de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México que presumen actos de corrupción protagonizado por la filial de la constructora española para inflar los precios de un tramo de una autopista local, el Viaducto Bicentenario. La concesión fue otorgada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Eldiario.es señala que en una de las grabaciones publicadas, se escucha cómo Pablo Wallentin, representante de OHL México, reconoce, supuestamente el pasado enero, que la constructora infló las previsiones de tráfico de la autopista “con todas las mañas del mundo” mientras Jesús Campos López, director técnico de la empresa, habla de “desmadre en la construcción” y de cómo la compañía “salió forrada” con una obra cuyo coste se triplicó con respecto a las previsiones iniciales.

En una segunda grabación, con fecha del mes de enero de 2015, se escucha la reacción del presidente del consejo de administración de la filial, José Andrés de Oteyza, cuando Wallentin le explica que se van a cobrar fases del proyecto que no se van a construir: “¡Esto es un fraude!”, dice Oteyza.

En otra de las grabaciones se escucha cómo Pablo Wallentin, representante de OHL México, acordó en diciembre pasado pagar una estancia las pasadas navidades en un hotel de lujo en la Riviera Maya, el Fairmont Mayakoba, al secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, y su familia (Mena es el Secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México con Eruviel Ávila). “Necesito una habitación porque vamos a estar muy apretados ahí”, le dice Mena a Wallentin en el audio. “El lunes tú tienes una suite con dos cuartos en donde puedan quedarse cinco personas”, le garantiza el directivo de OHL, que le promete alojarle en “el mejor” hotel de la zona: “Yo te lo reservo, yo te lo reservo”. Ambos hablan de “pagos y depósitos” cuyo fin no se especifica en las grabaciones.

El siete de enero de dos mil quince, las acciones de OHL México reanudaron su cotización en el mercado bursátil local, luego de que la emisora había iniciado la jornada con anuncio de suspensión temporal decretada por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Antes de la apertura del mercado, la empresa informó mediante un comunicado que la Bolsa había acordado suspender su cotización de manera temporal, cerca al cierre de ayer. Las acciones de la constructora cayeron más de 14 por ciento con respecto al cierre del día seis de enero. La suspensión temporal acordada ayer por la BMV se debió al impacto que sobre la cotización de las acciones ha tenido la publicación de informaciones relativas a supuestas malas prácticas en el desarrollo de sus contratos de OHL México.

OHL ha señalado que el desarrollo de sus negocios en México “se ajusta estrictamente a la legalidad, a los contratos que tiene suscritos, y a las mejores corporativos”, y ha negado “la existencia de cualquier tipo de actuación irregular en sus relaciones con el Estado de México”. También dice que “se ha iniciado la correspondiente investigación interna para esclarecer los hechos y adoptar las medidas que resulten oportunas”.

Del contenido de las grabaciones publicadas en You Tube, en las que se escucha una conversación entre Pablo Wallentin, representante de OHL México y Jesús Campos López, director técnico de la empresa en las que hablan de “mañas” y alteraciones en concesiones para México. Es pertinente solicitar la investigación de las concesiones otorgadas a empresas asociadas con HOL México.

Atendiendo a que la empresa OHL cerró con un desplome en sus acciones, del 9.1 por ciento en España, una vez que se divulgaron ampliamente las conversaciones, los medios de comunicación españoles señalan que la situación financiera de OHL “es complicada, el año pasado cerró con una caída de más de 90 por ciento del beneficio previsto, es decir, pensaba obtener 301 millones de euros, y sólo obtuvo 23 millones. Tiene una deuda de seis mil quinientos millones de euros, en tanto que la propia empresa vale apenas dos mil millones”.

Además de que OHL en el mes de marzo de 2015, presentó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España una propuesta en que la que planea facturar ocho mil millones de euros, en un plazo de aquí hasta 2020, es decir, en los próximos cinco años. Los directivos de OHL que intervienen en las grabaciones “lo describen como inflar los números, reconocen que esos números muy probablemente no se van a alcanzar en el plazo que ellos tienen contemplado el desarrollo gracias a esa concesión que tienen.  “Uno de los puntos que llaman más la atención es donde se habla de que la empresa estaría tratando de meter costos más arriba de lo que inicialmente se pautó, hablan de una cifra de cuatro mil millones de pesos que se está yendo hasta arriba de los 10 mil”.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo de Urgente y obvia resolución, en los términos siguientes:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de la Función Pública se investigue la operación de las concesiones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la empresa OHL México.

Segundo.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos del Estado de México y del Distrito Federal, para que investiguen la operación de las concesiones otorgadas a la empresa OHL México, por sus administraciones locales.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015

Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón De Guevara.- Sen Manuel Bartlett Díaz.

Es todo, señor Presidente.





 

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Compañeros legisladores, informo a ustedes que las demás iniciativas inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. La Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE VOTO PREFERENCIAL

(Presentada por el Diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentarios del PAN de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE VOTO PREFERENCIAL, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Introducción

Tradicionalmente en México, se ha discutido como elemento recurrente en las argumentaciones de cada Reforma Política por la que ha atravesado el país, la pertinencia de implementar como parte de los procesos electorales federales, una segunda vuelta electoral para la elección de Presidente de la República, sin que hasta la fecha se hayan logrado los acuerdos necesarios para aprobarla.

Esto puede deberse en parte, a los inconvenientes que pueden observarse con la puesta en marcha de una figura de esa naturaleza, aduciendo por un lado los altos costos que implicaría llevar a cabo un proceso electoral subsecuente y también refiriendo el tremendo desgaste que implicaría para el ejército de ciudadanos y de servidores públicos que participan en las elecciones, llevar a cabo casi de manera inmediata a la elección, un nuevo proceso electoral con todo lo que ello implica.

En este contexto es que se ha diseñado la presente propuesta, considerando que si bien es cierto las ventajas de una segunda vuelta electoral siguen versando indiscutiblemente hacia los efectos que para una democracia tienen un ambiente de amplia gobernabilidad, no será posible acceder a un sistema de estas características, sin antes presentar una posible respuesta que solucione las problemáticas planteadas.

Así pues, se pretende que con la puesta en marcha de la figura de voto preferencial en la elección de Presidente de la República, se puede lograr avanzar un eslabón más en el camino hacia una democracia de mayor calidad, que contemple las preferencias y opciones electorales de la mayor parte de la población.

II. Marco conceptual

Es con este propósito, que a continuación procuraremos analizar de manera general, algunos de los conceptos más relevantes que se manejarán en esta propuesta.

Así tenemos de primera mano lo que se conoce como segunda vuelta electoral y se refiere de manera directa a la elección que se desarrolla a dos vueltas, es decir a dos tiempos, o como se conocer en otros países como ballotaje o balotaje, en suma es una segunda ronda de votación en las elecciones para cargos de elección popular, que pueden referirse ya sea al poder ejecutivo o al legislativo.

Este singular procedimiento, generalmente se desarrolla cuando ninguna de las fórmulas participantes en algunos comicios determinados, no consigue la mayoría absoluta y los candidatos que cuentan con las votaciones más altas  -o los que superen un rango determinado de votación- se enfrentan en una nueva elección, definida para llevarse a cabo después de un tiempo previamente estipulado y pactada para que se retiren de la contienda aquellos candidatos situados en posiciones más bajas numéricamente hablando.

Por otro lado, sobresale que esta institución también es utilizada por algunas naciones cuando los candidatos no obtienen en una primera oportunidad un resultado mayor a un umbral específico, esto como consecuencia de que su Constitución o legislación les señala de manera expresa que se deberá desarrollar una nueva votación. Un ejemplo clásico y tradicional de esta figura la tenemos en el caso de Francia, que para efectos de contar con ganadores a la  denominada Asamblea Nacional, que tiene dentro de sus funciones votar las leyes, controlar la acción del gobierno y valorar las políticas públicas, el candidato en cuestión debe obtener el triunfo a través de una mayoría absoluta en la primera ronda y si nadie lo logra, deberán participar nuevamente los candidatos que obtuvieron un resultado mayor al 12 por ciento; declarándose triunfador el más votado, aunque para esto, solo cuente con mayoría relativa.

Aunado a estos antecedentes, vale la pena referir ahora, lo que algunos estudiosos de la teoría política han manifestado en sentido positivo hacia esta importante figura de la democracia en el mundo,  como lo es el Italiano Giovanni Sartori1, quien ha argumentado categóricamente en distintos foros y conferencias que es esencial contemplar la segunda vuelta electoral en caso de que un partido no obtenga mayoría, de otra forma los futuros mandatarios están destinados a gobernar sin gobernabilidad.

Con respecto a los antecedentes, existen referentes aislados en algunas partes del mundo, pero formalmente se considera que la segunda vuelta como elemento de los sistemas electorales, se originó en el siglo XIX, específicamente en el año de 1852, existiendo coincidencia en el sentido de que la cuna de esta figura que es Francia, a raíz y como consecuencia de la instauración del II imperio de Napoleón III.

Paralelamente, intentaremos ahora exponer lo que se entiende con respecto de la figura de Voto Preferencial. En este sentido acotaremos que se direcciona en una ruta muy similar a la segunda vuelta electoral, pero se presenta a través de una forma muy original y novedosa, toda vez que se presume que esta herramienta, cuenta con la ventaja de poder evitar las consecuencias indeseables de la segunda vuelta tradicional, al hacer coincidir la primera y la segunda rondas de manera instantánea, en un solo momento comicial.

Esto se traduce como un beneficio, si consideramos el hecho de que un candidato determinado puede lograr la mayoría absoluta de los votos en una primera eliminatoria o de primera preferencia, siendo declarado electo; pero sin embargo, si este supuesto no se logra en esa etapa del proceso electoral y si ningún candidato logra conseguir una mayoría absoluta, algunos de los candidatos que no hayan contado con las suficientes simpatías por parte del electorado para declararse vencedores, quedarán fuera de la contienda; dejando en la competencia a los primeros de la lista o primeras opciones de los electores, que podrán ser dos o tres, -según lo que acuerden los diseñadores de la legislación o de la política pública- dejando vigente únicamente los votos de segunda o tercera opción que hayan marcado los votantes, mismos que se trasladarán de manera simultánea a los dos primeros, según les correspondan, de acuerdo con el orden de preferencia que los sufragios hayan decidido.

Con este sistema, el que logre el mayor número de votos al final de este proceso es quien finalmente es declarado electo. Es decir, que  este sistema permite como ventaja indiscutible el lograr en una sola elección, lo que el sistema de doble vuelta o segunda ronda solo puede conseguir en dos o más oportunidades, pero con la salvedad de que esa condición se puede obtener con un presupuesto mucho más reducido y con una mejor oportunidad de presentar resultados inmediatos y definitivos.

III. Situación Nacional

De esta manera podemos apreciar, que el derecho comparado nos señala que México es uno de los pocos países de América Latina, que junto con Panamá, Paraguay, Venezuela y Honduras, aun considerando con el referente de que cuentan con un régimen presidencial, que podría considerarse como “puro”, no han logrado plasmar en su legislación un instrumento de esta naturaleza, a pesar de los diversos intentos de actores políticos de diferentes corrientes, que a través de la presentación de varias iniciativas de ley, han argumentado la conveniencia de allegarse de una institución esta naturaleza; aunque sin detallar de manera suficiente, las múltiples conveniencias de un sistema electoral, aun de mayor vanguardia que la segunda vuelta electoral, como lo es la del voto preferencial.

En este contexto, destaca la experiencia del Estado de San Luis Potosí, donde a nivel local se desarrollaron elecciones de segunda ronda por algún tiempo a finales de la década de los noventas, aunque desafortunadamente no se contó con el tiempo suficiente para poder medir con mayor amplitud las ventajas o deficiencias que se pudieron haber presentado durante este interesante ejercicio democrático a nivel local.

IV. Países en donde se utiliza

Para el caso de la segunda vuelta electoral, se tiene localizada su utilización en la región Latinoaméricana y el Caribe, entre otras regiones, se cuenta con instrumentos similares en países tales como Uruguay, Brasil, Chile, Guatemala, El Salvador, Bolivia Perú, República Dominicana, Argentina, Colombia, Costa Rica.

Para el caso de Europa, la segunda vuelta se utiliza tradicionalmente en Francia, Croacia, Austria, Finlandia, Alemania, Rumania, Portugal, Polonia y Bielorusia.

También ha tenido efectos en el continente Africano, en países tales como Egipto, Islas Mauricio, República Centroafricana, Togo, Gabón, Chad, el Congo han experimentado con instrumentos de estas características y que hasta la fecha la siguen utilizando.

Por otro lado, tenemos que la experiencia más exitosa y directa en la utilización del voto preferencial, se desarrolla actualmente en las elecciones dela Isla de Sri Lanka. Para el caso de este país, destaca que se les pide a los votantes que no sólo marquen su primera opción o preferencia en la papeleta, sino además, y si así lo desean, los electores pueden marcar sus segundas y terceras opciones, colocando los números 1,2 y 3 junto al nombre de los candidatos, según corresponda, haciendo referencia directa de cuáles son sus preferencias por las que están acudiendo libremente a manifestar su voluntad, con referencia a los personajes del ámbito político que debieran representarlos o administrar la demarcación en donde se encuentran.

V. Argumentos a favor del sistema de voto preferencial.

Así tenemos, que en los círculos académicos y de expertos en términos de la Ciencia Política, se mencionan los siguientes factores a favor de esta figura, a saber:

1. Se puede generar un efecto de segunda vuelta anticipada desde la primera oportunidad del sufragio.  Esto significa que los electores mejor informados, emiten su voto calculando los escenarios políticos factibles que se podrían generar, dependiendo de “quien quede como ganador señalado como primera opción”  y pueden de manera paralela, realizar estimaciones de quien podría resultar ganador como resultado de una segunda o inclusive de una tercera oportunidad; esto tiene que ver, conque de alguna manera se sienten motivados a interesarse aún más por los perfiles de los candidatos, sus propuestas, los resultados de las encuestas, etc. generándose por ende una mayor disposición a participaren los procesos comiciales.

2. La primera opción se puede volver en cierta forma, una alternativa similar a la de las elecciones primarias. Como consecuencia de que algunos candidatos no podrán pasar el filtro inicial del primer conteo electoral, quedarán automáticamente fuera de la competencia; esto se puede convertir en una selección natural de los participantes que cuentan con mayores posibilidades de ganar.

3. Un ganador con resultados mayoritarios de los sufragios considerados como válidos, cuenta con mayor legitimidad. Es indiscutible que los márgenes más amplios en los resultados finales, reflejan de manera más contundente, quien cuenta con mayores simpatías dentro del electorado. Esto contribuye a que una vez que el candidato se declara oficialmente triunfador, no se generan cuestionamientos sobre si llegó o no de manera legítima, lográndose de esta forma un mayor respaldo de la población y de las élites políticas, fortaleciendo con este hecho la gobernabilidad democrática de las instituciones.

4. Da la oportunidad al elector de considerar en su votación, la correlación de fuerzas para equilibrar los poderes públicos. Es importante reiterar, que los diferentes escenarios de alternancia política que se han visto por lo menos en las dos últimas décadas en México, dan cuenta del nivel de madurez del elector, que se vienen superando elección tras elección, haciendo los procesos comiciales cada vez más reñidos.

De esta manera, se pretende que con la puesta en marcha del voto preferencial, se podrían facilitar aún más las condiciones, para contemplar la posibilidad de que el electorado pueda dotar, por ejemplo, a un poder ejecutivo con un poder legislativo acorde con su propia agenda política, que le brinde las facilidades necesarias para que se generen los cambios o reformas que se requiere para llevar sus planes de gobierno a su máxima expresión, siendo estas compatibles con las necesidades de la mayor parte de la población que los llevó al poder.

5. Brinda mayor estabilidad política, al evitar o disminuir los conflictos postelectorales.

Esto tiene que ver, con el supuesto de que las fórmulas que se presumen ganadoras desde la primera votación no obtengan por sí mismas la mayoría absoluta. En este caso, se tendría que recurrir a un segundo cómputo, con el detalle de que entre la primera votación y la segunda no habría posibilidad de llevar a cabo campañas políticas, ni tampoco existiría la opción de llevar a cabo una estrategia que llevaría a un grupo determinado al poder.  Para este efecto, lo más probable es que desde el principio del proceso electoral, los contendientes procuren mantener una mayor cercanía con los posibles votantes de otros candidatos, con la esperanza de lograr ganar su confianza para que los sitúen en sus preferencias de segunda o tercera opción; esto de alguna manera permite que los conflictos después de la elección se disminuyan considerablemente, puesto que el puente de comunicación entre votantes y candidatos tiende a ser más estrecho.

6.  La figura tiende a motivar la formación de alianzas y acuerdos políticos. Esto depende de mayor o menor medida de las características más importantes de la legislación de que se trate, como pueden ser por ejemplo los umbrales de votación necesarios en las legislaciones de los países para poder participar en una posible segunda eliminatoria.  Esto es, que los actores políticos que intervendrán en la formación de alianzas para un posible segundo filtro, paralelamente tendrán que considerar cuáles serán los factores que intervendrán en el tablero político; visualizados como detonadores de relevancia la posición que cada uno ocupa, aunado a esto aspectos tales, como si al final de cuentas se ganará con una mayoría simple o relativa o si es necesario que el resultado refleje una mayoría absoluta, etc.

7. Disminuye la política ideológica y se incentiva la pragmática. Con este tipo de instrumentos, los ciudadanos tienden a dejar por un lado con mayor facilidad los fundamentos ideológicos del grupo político que los motivó de manera inicial para poder expresarse en las urnas, para dar paso a la matemática electoral, donde cada voto cuenta y cuenta mucho porque puede definir la elección.

8. Motiva a los electores a revisar con más detenimiento las propuestas y los perfiles de los candidatos. Esto es así, porque en el supuesto de que en la segunda eliminatoria, no esté participando ya el candidato que el elector tenía en mente como su primera opción, tendrá que calcular de entre los candidatos restantes, cuales cuentan con mayores posibilidades de ir quedando al final del proceso; esto guarda relación directa con el hecho de que de alguna manera cuidan la posibilidad de no perder su derecho de tener mayor influencia en más de una ocasión sobre el proceso electoral; esto tiene que ver con el elemento de que si ninguno lo convence, de todas formas no contará con mayores opciones de las que ya se encuentren detalladas en la boleta electoral; así es que tendrá necesariamente que expresarse por alguno de ellos, o sumarse al apoyo de los candidatos que sabe de antemano que pueden quedar hasta el final. O dicho de forma más sencilla, que esta situación incentiva al elector para conocer con más claridad, cuales son las principales propuestas y los perfiles que posee cada candidato.

Este supuesto queda resuelto, en el caso de la segunda o tercera opción, con el sistema de voto  preferencial, con relación al sistema de segunda vuelta, toda vez que para direccionar el surgimiento de un triunfador con mayoría de votos, sin necesidad de irse a una segunda vuelta se le consulta al electorado sobre sus preferencias alternativas subsecuentes de manera instantánea.

Es decir, en el contexto del voto preferencial para ver quien resulta triunfador se van descartando los candidatos con menor votación en cada uno de los niveles en órdenes subsecuentes de preferencia, hasta que uno de ellos obtiene la mayoría pactada. De esta forma los electores no tienen que ir dos veces a las urnas.

9. Se puede estar alerta para el caso del direccionamiento de las opiniones de los electores para que elijan una opción como segunda alternativa.  Esto tiene que ver, con la situación de que muchas veces, cuando se sabe que no resultará fácil lograr el triunfo, los candidatos que se saben descartados, probablemente intentarán recurrir a una mayor persuasión para exhortar a sus votantes a que se inclinen a su favor.

Así, se cuenta con la idea de la pertinencia de inducir a los electores para optar por un candidato que represente “un mal menor”, o en su defecto “a favor de un virtual ganador” según el ajedrez político en que se desenvuelvan los participantes en los comicios.

10. Los costos de la elección por segunda vuelta, sin voto preferencial son más altos. Existen opiniones que enfatizan la importancia de considerar de manera más importante y detallada los altos costos que representan para el país un segundo ejercicio electoral, aunado a esto el esfuerzo personal de los propios electores, de los funcionarios de casilla, de los organizadores de la elección. Etc.

Lo que se reitera en esta oportunidad, es que con el voto preferencial, todo podría más sencillo y más fácilmente aplicable.

VII. Antecedentes legislativos relevantes

La legislación actual refiere a que la elección del Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, se debe dar a través del principio de mayoría relativa, entendiendo ésta como que resulta ganador, aquel candidato que obtiene un mayor número de votos, sin que se tome en consideración el porcentaje de la votación que haya obtenido.

En esta tesitura se destacan los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que versan sobre este tópico, que son dos; el 81 y el 99, como a continuación se detalla:

Artículo 81.La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral.

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

I.

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III. a IX. …

Por otro lado, existe un importante antecedente en la materia, que podría considerarse como la oportunidad legislativa que más cerca estuvo de convertirse en ley -aunque por supuesto con característica de sistema puro de segunda vuelta- lo fue la Iniciativa presentada por el entonces Presidente de la República Lic. Felipe Calderón Hinojosa, quien propuso en su oportunidad, específicamente en su Iniciativa de Reforma Política presentada a finales del 2009, es decir a mediados de su sexenio, se discutió en el parlamento la necesidad de que la elección del Presidente de la República, se siguiera desarrollando a través del principio de mayoría relativa, pero con la posibilidad de poder recurrir a una segunda votación cuando ningún candidato obtuviera la mayoría necesaria para declararse electo en la primera votación.

Paralelamente se puntualizó en el Proyecto de referencia, que en aquella supuesta elección en donde existieran únicamente dos alternativas de las cuales el ciudadano pudiera escoger, resultaría muy eficiente el principio de mayoría absoluta, pues este tipo de resultados brindan la certeza de que el que resulte triunfador, de alguna manera estará respaldado por el mayor número de votantes, como consecuencia, cuando hubiera más de dos candidatos -como ha ocurrido por lo menos en las últimas cinco elecciones para Presidente de la República- se requeriría la definición de apoyos mayoritarios cada vez más fuertes.

Reiteraba el Ejecutivo en su argumentación, que el mecanismo de segunda vuelta electoral para presidente de la República, debiera ser implementado en aquellas contiendas en las cuales ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría absoluta del total de los votos en una primera fecha electoral.

La propuesta, en su tiempo, hizo hincapié en que la iniciativa tendría que pasar para estar en posibilidades de prosperar, por el consenso de diversos intereses así como por el acuerdo y las negociaciones de los principales partidos políticos representados en las Cámaras, tomando en cuenta que los actores políticos participantes que intervendrían en el proceso, tendrían como fin inmediato lograr el mejor marco jurídico ideal para poder obtener ellos mismos, o el candidato que postularan, el triunfo electoral.

De esta manera, uno de los factores más innovadores de esa propuesta, se circunscribieron a un interesante arreglo de los calendarios electorales, donde se propuso acomodar de distinta manera las elecciones como en el caso de la elección presidencial en primera vuelta, que se llevaría a efecto el mes de julio y por otro lado, para la elección de los legisladores federales se previó que se podrían llevar a cabo de manera concurrente con la segunda vuelta electoral, procurando brindar mayores incentivos al elector para poder emitir su voto realizando un análisis de mayor estrategia de división entre poderes.

Aportaciones de los legisladores

Por otro lado, los legisladores de la época realizaron un buen trabajo de revisión de la propuesta, aunque al final del día, este tema no fue incluido en la minuta de primera vuelta que remitió el Senado de la República como Cámara de origen a la H. Cámara de Diputados en su carácter de Cámara revisora, que tuvo verificativo el 27 de Abril del 2011, por lo que se considera que esa propuesta no logró superar los filtros necesarios para quedar integrada al marco jurídico mexicano

VIII. Objetivos de la propuesta:

1.- Introducir la figura del voto preferencial para la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.  Una de las principales deudas del entramado jurídico mexicano con la democracia, es la introducción de fórmulas y figuras novedosas que atiendan las nuevas realidades existentes en el país y brinden soluciones que puedan contribuir a mejorar los resultados en la actividad y equilibrio de poderes.

De esta forma tenemos, que se está proponiendo hacer más amplias las especificaciones del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el fin de detallar que la elección que nos ocupa, deberá desarrollarseporvoto directo de los mexicanos y además por mayoría absoluta, esto considerando que se obtenga en el primer cómputo realizado al lograr que uno de los candidatos concentre por sí mismo, la mitad más uno del total de los sufragios emitidos.

La propuesta también señala que en el caso de que ningún candidato obtenga más de la mitad de los votos en el primer cómputo, todos los candidatos, excepto los dos que hayan obtenido la votación más alta, serán eliminados de la contienda y los votos de segunda y de tercera opción integrados en las boletas donde fueron seleccionados por los electores los candidatos eliminados como primera opción, se trasladarán a los dos primeros en un segundo cómputo electoral de acuerdo con el orden de preferencia que los votantes hayan señalado en la respectiva boleta; de esta manera el que logre el mayor número de votos al final de este proceso, será declarado electo como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esto se pretende lograr que el candidato que acceda al cargo, cuente con la mayor cantidad de apoyo posible con la deseable consecuencia de que su mandato se vea respaldado con el apoyo de la sociedad en una mayor medida; considerando para esto que la mayor parte de mexicanos está interviniendo en los procesos electorales para que llegue al poder, por otro lado se pretende que se logren los consensos necesarios para que la colaboración entre poderes se desarrolle de manera más coordinada y efectiva.

2.- Especificar cuando seran válidos los votos bajo la modalidad de voto preferencial. En este contexto, se está presentando la modificación a varios de los artículos de la propia legislación electoral, pretendiendo actualizarla en el sentido de que en el caso de la elección presidencial, serán votos válidos, todos aquellos que el elector señale con las opciones 1, 2 y 3, junto al nombre del candidato por el cual desee votar, de acuerdo con el lugar que ocupe dentro de sus preferencias electorales.

Esta especificación resulta necesaria, puesto que al estar desarrollando una figura nueva dentro del contexto electoral, sería muy fácil que el elector se confundiera y lo ideal será que una vez que se logre la modificación al marco jurídico, paralelamente se pueda lograr una fuerte campaña donde la autoridad electoral de a conocer a la población, en que consisten esos nuevos cambios y de que manera pueden beneficiar al desarrollo de la selección del ciudadano que tendrá la responsabilidad de encabezar el Poder Ejecutivo Federal.

3.- Se actualiza la ley para especificar como se darán los resultados de la Elección Presidencial. De acuerdo con algunos especialistas en derecho electoral, existe una laguna en la legislación, al no detallar como se darán los resultados de la elección; en este sentido se está proponiendo conservar el diseño institucional actual, considerando que será el domingo siguiente al de la jornada electoral, cuando el Secretario Ejecutivo del Consejo General-con base en la copia certificada de las actas de cómputo distrital de la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos- informará al Consejo General, en sesión pública, la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas, por partido político, pero integrando a la vez la información detallada del número de votos emitidos para cada uno de los candidatos determinados en el primero y segundo cómputos; esto de acuerdo con lo determinado por los electores por cada una de sus opciones.

De manera paralela, se está sugiriendo que se introduzca a la propia legislación, el detalle de que posteriormente a ese informe y una vez transcurridos los términos señalados para revisar las impugnaciones en la materia, corresponderá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, realizar los cómputos finales de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dando a conocer en esta oportunidad los resultados de los distintos procesos desarrollados respecto de la tendencia del voto preferencial para cada uno de los contendientes y en el ámbito de sus atribuciones, procederá a formular en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente electo.

Consideramos que con la introducción de esta figura, quedará aún más claro cuáles serán las funciones de uno y otro organismo con respecto a dar a conocer al público en general, de manera oficial, cuales son los resultados de la elección.

En suma, la aprobación de la presente iniciativa, que permitirá en todo caso, integrar al marco jurídico nacional la figura del voto preferencial, significaría necesariamente anteponer el interés personal o de un determinado grupo político, al interés principal de la nación, promoviendo el avance democrático, como parte de una urgente política de rediseño prioritario que debiera responder a la inminente necesitad de contar con  instituciones innovadoras, de vanguardia y con amplias perspectivas que nos permitan transitar hacia niveles de una mayor y mejor organización política interna, que derive por supuesto, en un deseable y anhelado mayor desarrollo nacional.

Es por lo antes expuesto y motivado, que someto a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Artículo único: se reforman los artículos 12en su numeral número 1; 293 en el inciso a) del numeral 1; 326 en su primer párrafo y se adicionan los artículos 12 con un segundo y tercer párrafo; 279 en su primer párrafo, 288 en su primer párrafo, inciso b) numeral 3 con un segundo párrafo; 290 en su primer párrafo en el inciso e) numeral I; 291 en su segundo párrafo, inciso a) del numeral No. 1; 314 inciso f) del numeral 1, 326 con un segundo párrafo, todos de la Ley General e Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar redactados como sigue:

Artículo 12.

1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años porvoto directo de los mexicanos y mayoría absoluta, si ésta se obtiene en el primer cómputo con la mitad más uno del total de los sufragios emitidos.

En el caso de que ningún candidato obtenga más de la mitad de los votos en el primer cómputo, todos los candidatos, excepto los dos que hayan obtenido la votación más alta, serán eliminados de la contienda. Los votos de segunda y de tercera opción que consten en las boletas se trasladarán a los candidatos que los electores hubieren señalado. De esta manera el que logre el mayor número de votos al final de este proceso, será declarado electo como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Para estos efectos, los electores no tendrán la obligación de señalar su segunda y tercera preferencia.

2. El derecho de asociación de los partidos políticos en los procesos electorales a cargos de elección popular federal o local estará regulado por la Ley General de Partidos Políticos. Independientemente del tipo de elección, convenio de coalición y términos precisados en el mismo, cada uno de los partidos políticos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición en el primer y segundo cómputosy contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley. En ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición.

Artículo 279.

1. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su credencial para votar, el presidente de la mesa directiva de casilla le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto marque en la boleta únicamente el cuadro correspondiente al partido político o candidaturas independientes registradas por el que sufraga, o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto.En las elecciones presidenciales el elector tendrá que marcar las preferencias a que se refiere el artículo 88, numeral 1, inciso b) de esta ley.

2 al 5. …

Artículo 288.

1. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan:

a) El número de electores que votó en la casilla;

b) El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos, candidatos, y en el caso de la elección presidencial, las 3 opciones a las que cada elector tendrá derecho de acuerdo con sus preferencias.

c) El número de votos nulos, y

d) El número de boletas sobrantes de cada elección.

2. Son votos nulos:

a) Aquél expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de una candidatura independiente, y

b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados.

3. Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el candidato de la coalición y se registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla.

En el caso de la elección presidencial, el voto contará, siempre que el elector señale con las opciones 1, 2 y 3, junto al nombre del candidato por el cual desee votar, de acuerdo con el lugar que ocupe dentro de sus preferencias electorales.

4. Se entiende por boletas sobrantes aquéllas que habiendo sido entregadas a la mesa directiva de casilla no fueron utilizadas por los electores.

Artículo 290.

1. El escrutinio y cómputo de cada elección federal, y en caso de casilla única en cada elección federal y local, se realizará conforme a las reglas siguientes:

a) El secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará en el exterior del mismo el número de boletas que se contienen en él;

b) El primer escrutador contará en dos ocasiones, el número de ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal;

c) El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;

d) El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna;

e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del presidente, clasificarán las boletas para determinar:

I. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos, candidatos, y en caso de la elección presidencial el número de votos emitidos para cada uno de los candidatos en primera, segunda y tercera opción.

II. El número de votos que sean nulos, y

f) El secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que, una vez verificados por los demás integrantes de la mesa, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección.

2. Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente.

Artículo 291.

1. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes:

a) Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político, atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior;

En el caso de la elección presidencial, serán votos válidos, todos aquellos que el elector señale con las opciones 1, 2 y 3, junto al nombre del candidato por el cual desee votar, de acuerdo con el lugar que ocupe dentro de sus preferencias electorales.

b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada, y

c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado.

Artículo 293.

1. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, por lo menos:

a) El número de votos emitidos a favor de cada partido político, candidatos, y en caso de la elección presidencial el número de votos emitidos para cada uno de los candidatos en primera, segunda y tercera opción.

b) El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;

c) El número de votos nulos;

d) El número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin estar en el listado nominal de electores;

e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y

f) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes al término del escrutinio y cómputo.

2. En todo caso se asentarán los datos anteriores en las formas aprobadas por el Consejo General.

3. En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes que fueron inutilizadas.

4. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, con el auxilio de los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes, verificarán la exactitud de los datos que consignen en el acta de escrutinio y cómputo.

Artículo 314.

1. El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará al procedimiento siguiente:

a) Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al e) y h) del párrafo 1 del artículo 311 de esta Ley;

b) Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especiales relativos a la elección de presidente y se realizarán las operaciones referidas en el inciso anterior;

c) Se sumarán los resultados obtenidos según los dos incisos anteriores;

d) El cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, será el resultado de sumar a los resultados obtenidos según el inciso anterior, los consignados en el acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero, a que se refieren los artículos 351 y 352 de esta Ley. El resultado así obtenido se asentará en el acta correspondiente a esta elección;

e) Es aplicable al cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos lo establecido en los párrafos 2 al 9 del artículo 311 de esta Ley, y

f) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del primero, y segundo cómputo, así como de los incidentes que ocurrieren durante la misma.

Artículo 326.

1. El domingo siguiente al de la jornada electoral, el Secretario Ejecutivo del Consejo General, con base en la copia certificada de las actas de cómputo distrital de la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, informará al Consejo General, en sesión pública, la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas, por partido político, así como el número de votos emitidos para cada uno de los candidatos determinados en el primero y segundo cómputo, de  acuerdo con lo determinado por los electores en cada una de sus opciones.

2. Posteriormente, y una vez transcurridos los términos que señalados en esta Ley, para revisar las impugnaciones en la materia, corresponderá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, realizar los cómputos finales de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dando a conocer los resultados de los distintos procesos desarrollados respecto de la tendencia del voto preferencial por cada uno de los contendientes; y en el ámbito de sus atribuciones, procederá a formular en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente electo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Instituto Nacional Electoral, contará con 180 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto, para realizar las modificaciones a los reglamentos y normatividad aplicable.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, el 13 de mayo de 2015.

Dip. Carlos Fernando Angulo Parra.

1 El italiano Giovanni Sartori es un reconocido investigador en el campo de la Ciencia Política, especializado en su estudio comparativo. Es originario de Florencia Italia y en el 2005 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Los antecedentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se remontan al Programa Gota de Leche que en 1929 aglutinaba a un sector de mujeres mexicanas, quienes se encargaban de proporcionar este alimento a niñas y niños de la periferia de la Ciudad de México. Ello dio origen a la creación de la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, que reorganizó a la Lotería Nacional precisamente para apoyar a la Beneficencia Pública, encargada desde entonces de sustentar acciones de este tipo1.

Posteriormente a partir de 1943, al crearse la Secretaría de Salubridad y Asistencia, fusionando las actividades de la entonces Secretaría de Asistencia Pública con las del Departamento de Salubridad, se integró la Subsecretaría de Asistencia Pública, la que compartía con la de Salubridad, las funciones de atención a los grupos sociales más desprotegidos y vulnerables; es entonces cuando el concepto de la asistencia social toma relevancia.

El 31 de enero de 1961, tomando como fundamento los Desayunos Escolares, se crea por Decreto Presidencial, el organismo descentralizado Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), que generó una actitud social de gran simpatía y apoyo hacia la niñez.

Posteriormente, el 15 de julio de 1968 es creado también por decreto Presidencial, la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN) orientando a la atención de niñas y niños huérfanos abandonados, desvalidos, discapacitados o con ciertas enfermedades.

Más tarde en los años setentas se crea el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, por la afinidad de objetivos se fusiona con la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez.

Fue entonces que en 1977 se crea por decreto presidencial el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a partir de la fusión del Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, con la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, considerando que ambos tenían objetivos y programas comunes que debían cumplirse a través de un solo organismo, el cual coordinara los programas gubernamentales y en general las acciones a favor del bienestar de las familias mexicanas.

En el periodo del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado se expidió un decreto con fecha 20 de diciembre de 1982, donde se modificó la estructura orgánico-funcional del DIF incorporando los servicios de Asistencia Social y Rehabilitación.

Es hasta julio de 1998 que la Junta de Gobierno que autorizó el inicio de la Reestructuración Orgánica-Funcional del DIF Nacional. Asimismo, el 1° de junio de 1999, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Estatuto Orgánico del Sistema Nacional, mediante el cual y en concordancia con la reestructuración orgánica funcional aprobada, quedaron precisadas las atribuciones del Organismo y las facultades de cada uno de los integrantes de su estructura básica.

En enero de 2005 inicia una nueva reestructuración orgánico-funcional del DIF; por lo que el Organismo emprende una serie de cambios sustanciales en su conformación orgánica, lo que representa una mayor solidez en el desempeño de sus funciones propiciando el uso racional y el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta.

Como parte de ese proceso de modernización administrativa el DIF se ha consolidado como la institución nacional, responsable de la creación, el desarrollo y la puesta en marcha de acciones y programas para atender a la población vulnerable, en especial las niñas, niños y adolescentes a través de programas preventivos y de desarrollo, asimismo, ha sido la responsable de elaborar las políticas públicas en materia de asistencia social.

2. El Marco jurídico de la Niñez

En el ámbito internacional la Convención de los Derechos de la Niñez, es reconocida como la norma fundamental más importante desde la Organización de las Naciones Unidas. Este es el tratado de derechos humanos de la niñez que ha tenido el mayor consenso en el mundo. Sólo Estados Unidos y Somalia la han firmado pero no ratificado

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de la Niñez. A lo largo de sus 54 artículos, establece un marco jurídico inédito de protección integral a favor de las personas menores de 18 años de edad, que obliga a los Estados que la han ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años de edad, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar, entre otros.

Dicha Convención establece que en todas las medidas concernientes a la niñez que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior de la niñez.

La Convención de los Derechos de la Niñez sigue siendo el principal y más importante instrumento internacional sobre esta materia no sólo porque es un marco que orienta de manera diferente la legislación y las políticas públicas de los Estados firmantes de este acuerdo, sino porque además encierra una concepción holística sobre los derechos de la niñez; por ello se dice que la Convención sigue siendo el parteaguas histórico para ver, entender, tratar y relacionarse con la niñez.

Este tratado constituye un parteaguas en el mundo de la infancia entre otras razones fundamentales, porque cuestionó la concepción tradicional de las personas adultas y de muchas de las Instituciones del Estado, sobre niñas y niños  al no considerarlas sujetas de derechos; por el contrario; la analogía de la inercia legal llegó al extremo de equiparar “menores” con “incapaces”, conceptos por demás peyorativos y discriminatorios. Ello ha llevado a instalar en la sociedad la cultura de que las personas menores de edad son ineptos, inconfiables y poco inteligentes; y en el caso de las niñas y las adolescentes, por condición de su género, y especialmente a éstas últimas, se les denigra con conceptos despreciativos, discriminatorios y humillantes basados en una doble moral y un arcaísmo estereotipado y patriarcal que les ubica en la legislación como objetos y no como sujetas de derechos.

En México el proceso hacia la armonización de la Convención sobre los Derechos de la Niñez comienza a partir del 26 de Enero de 1990, en que el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, firmó ad referendum, este tratado y el Senado de la República, en función de sus atribuciones  aprobó la Convención el 19 de junio de 1990. Su entrada en vigor en el país se concretó el 21 de octubre de 1990.  La Convención fue inscrita en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.

Hoy en día, desde la ratificación de México a la Convención sobre los derechos dela Niñez, las leyes nacionales se han adecuado y surgido para cubrir su protección. Muestra de ello son las reformas a los artículo 4 y 73 constitucionales, las cuales obligan a que todas las políticas públicas, las reformas propuestas por el Poder Legislativo y las decisiones jurisdiccionales tomen en cuenta, siempre en primer término, el interés superior del niñez y se encarguen de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección más amplia que sea posible.

3. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El 12 de octubre de 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales en la materia, de los que México sea parte.

En ese sentido, el 4 de diciembre de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dicho ordenamiento significa un cambio de paradigma, ya que reconoce a niñas, niños y adolescentes como personas autónomas, titulares de derechos.

Dicha reforma establece los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos

Una de las instituciones que se fortalece es el DIF, reconociendo y destacando de manera particular que se trata de una de las instituciones del Estado mexicano encargada de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados, en ese sentido, corresponde a la federación por su conducto proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados.

Por tanto a partir de ahora, el DIF impulsara la cooperación y coordinación de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y promoverá la formación, capacitación y profesionalización del personal de instituciones vinculadas con la protección y restitución de tales los derechos.

Una de las innovaciones de esta Ley estableció que dentro de la estructura del Sistema DIF, deben contar con una Procuraduría de Protección con facultades explicitas y bien determinadas, a efecto de que se encuentre en condiciones de procurar la protección integral de  los derechos de la Niñez.

Se trata de una institución fundamental dado que será la encargada de brindar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, como representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes.

Las entidades federativas deberán contar también con Procuradurías de Protección, cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en términos de las disposiciones que para tal efecto emitan. En el ejercicio de sus funciones, las Procuradurías de Protección podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables.

Esta ley dispone que para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido la Ley General estableció en su artículo sexto transitorio que:

SEXTO. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá constituirse a partir del siguiente ejercicio presupuestal a la publicación del presente Decreto.

Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF deberá reformar su Estatuto Orgánico, a fin de que en un plazo no mayor a noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se formalice la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas.

Por tanto, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta Soberanía propone que tanto la Ley General de Salud como la Ley de Asistencia Social sean congruentes con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en ese sentido hacer operativo al Sistema Nacional DIF y establecer las bases generales que permitan operar a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

4. De las reformas a la Ley de Asistencia Social.

Uno de los problemas para la protección integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo es que no ha podido ser homogénea en todo el país, muestra de ello es que en algunas entidades persisten problemas estructurales que afectan, menoscaban o anulan tales derechos, por mencionar algunos podemos encontrar temas relativos a la filiación, adopción, patria potestad, guarda o custodia, matrimonio forzado, acceso a nombre o a un acta de nacimiento, situación de migración, convivencia con madres en reclusión, niñez como víctimas del delito o en conflicto con la ley penal, derecho a la salud, educación y a la asistencia social, son solo muestra de la gama de derechos y competencias muy disímbolas que coexisten entorno de los derechos de la niñez.

Por mencionar un caso, podemos señalar que al expedirse la anterior Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hubo una reproducción de leyes en las entidades federativas sobre un mismo derecho pero con los límites competenciales en cada una de ellas y sin una política coordinada en los tres órdenes de gobierno, lo que ha venido a subsanarse con la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No obstante aún existen en las treinta y dos entidades federativas y en buena parte de los municipios, procuradurías de la defensa del menor y la familia, dependiente de los DIF estatales, pero con una limitada o nula coordinación con el DIF nacional.

En ese sentido, proponemos reformas a la Ley de Asistencia Social, en la lógica de que actualmente en dicha disposición los derechos de niñas, niños y adolescentes son considerados “como servicios básicos de salud” y no propiamente como lo que son, derechos plenos, exigibles y realizables.

Por tanto proponemos un cambio en la denominación del Capítulo VI de la Ley de Asistencia Social denominado “Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia” para incorporar a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia e integrarla con la Junta de Gobierno y la Dirección General como uno de los órganos superiores del organismo.

Ello permitirá establecer las bases generales para que la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia pueda operar y se convierta en el organismo técnico, especializado y profesional en la defensa, tutela y protección de las personas menores de 18 años, por tanto, las actuaciones de las procuradurías de protección y de las instituciones obligadas en el procedimiento para la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, deberán ser realizadas por personal especializado y capacitado para la atención a niñas, niños y adolescentes, como fue la intención del legislador al expedir la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo proponemos fortalecer a organismo como organismo descentralizado, estableciendo expresamente que cuenta con autonomía técnica, funcional y de gestión, lo que sin duda viene fortalecer sus atribuciones y funciones de decisión, pero sobre todo su especialización.

En ese sentido se hacen los ajustes correspondientes para hacer operativo el DIF con las reformas emprendidas en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

De ahí que proponemos la incorporación de los Centros de Asistencia Social para que éstos puedan garantizar, proteger, promover el respeto de sus derechos, concibiendo a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.

Con esta nueva visión es que se incorporó en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se regula el ejercicio de estos Centros, en ella se dispone que los servicios sean de calidad y con gran vocación protectora de sus derechos.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción I del artículo 4; los incisos d) y e) de la fracción I y la fracción III del artículo 12; el artículo 13; la denominación del capítulo VI; los incisos c) y d) del artículo 28; los artículos 41, 42 y 43. Se adicionan un segundo párrafo al artículo 3; un inciso c) al artículo 31; los artículos 37 bis y 37 Ter de la Ley de Asistencia Social para quedar como sigue:

Artículo 3.- …

Los Centros de Asistencia Social, son los establecimientos, lugares o espacios de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones; de conformidad con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de derecho a la asistencia social, preferentemente:
I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a) a m) …

Para los efectos de esta Ley son niñas y niños las personas menores de 12 años de edad y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años incumplidos, tal como lo establece el Artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

II a XII …

Artículo 12.- Se entienden como derecho a la salud en materia de asistencia social los siguientes:

I. Los señalados en el Artículo 168 de la Ley General de Salud:

a) a c) …

d) El ejercicio de la tutela, representación y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

e) La prestación de servicios de asistencia jurídica, representación y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad sin recursos;

f) a i) …

II …

III. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la representación jurídica y la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social, en los términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

IV a XV …

Artículo 13.- Los derechos enumerados en el artículo anterior podrán ser prestados por cualquier institución pública o privada, las instituciones privadas no podrán participar en los servicios que por disposición legal correspondan de manera exclusiva a instituciones públicas federales, estatales o municipales.

Capítulo VI

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia

Artículo 27.- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es el Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, así como autonomía técnica, funcional y de gestión, a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General de Salud.

Para la representación, protección y restitución  integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el organismo contara con una Procuraduría de Protección en los términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 28.- El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones:

a)y b) …

c) Con fundamento en lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y atendiendo al interés superior de la infancia, El Organismo tendrá como responsabilidad coadyuvar en el cumplimiento de esa Ley;

d)Por conducto de la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, prestar servicios de representación y asistencia jurídica, de orientación social a niñas y niños y adolescentes en los términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como la protección de los derechos a personas adultas, mayores, personas con alguna discapacidad, indigentes, indígenas, migrantes, desplazados o se encuentren en situación de discriminación múltiple en los términos de las leyes respectivas;

e) a z) ...

Artículo 31.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el Organismo contará con los siguientes órganos superiores:

a) Junta de Gobierno,

b) Dirección General, y

c) Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

...

Artículo 33.-La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:

a) a c) …

d) Ratificar la designación y remoción del Procurador Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a propuesta del Director General del Organismo y a los servidores públicos de nivel inmediato inferior;

e) a k) …

Artículo 37 Bis. El Procurador Federal deberá cubrir los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Su nombramiento deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno del Sistema Nacional DIF, a propuesta de su Titular.

Artículo 37 Ter. El Procurador Federal tendrá las siguientes atribuciones:

I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes demás disposiciones aplicables.

II. Elaborar un Programa Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conforme a las disposiciones de la Ley de Planeación, los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, y demás instrumentos de planeación de la Administración Pública Federal y coordinar su efectiva aplicación;

III. Autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social destinados a brindar los servicios descritos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y elaborar el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social

IV. Brindar asesoría jurídica técnica y especializada de manera gratuita a niños, niñas, adolescentes y demás personas interesadas que lo soliciten;

V. Llevar a cabo la representación técnica y especializada, así como el patrocinio legal gratuito a niñas, niños, adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo, para la defensa de sus derechos, garantías e intereses individuales, colectivos o difusos, ante autoridades competentes;

VI. Solicitar ante las autoridades competentes la aplicación de las medidas especiales de protección que permitan salvaguardar el interés superior de la niñez;

VII. Promover acuerdos judiciales y extrajudiciales que redunden en beneficio e interés de niñas, niños y adolescentes;

VIII. Interponer juicios de amparo y recursos judiciales contra actos de efectos particulares en beneficio de niñas, niños y adolescentes;

IX. Gestionar ante las autoridades competentes su intervención para la protección de los derechos de niñas, niños o adolescentes y en su caso, la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar por la violación de tales derechos;

X. Supervisar e inspeccionar el respeto de los derechos humanos de las personas adolescentes privadas de su libertad, derivado de un procedimiento de Justicia para Adolescentes en conflicto con las leyes penales en todas sus etapas;

XI. Celebrar convenios y acuerdos con las entidades de la Administración Pública Federal, con los gobiernos de las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, con el objeto de cumplir con el interés superior de la niñez, de igual manera podrá celebrarlos con instituciones de asistencia privadas;

XII. Denunciar ante el Ministerio Publico competente, los hechos que puedan ser constitutivos de delitos, y ante las autoridades competentes los actos que constituyan violaciones administrativas o legales que afecten los derechos de niñas, niños o adolescentes;

XIII. Elaborar y actualizar el Directorio Nacional de las Instituciones Públicas y Privadas que proporcionen apoyo y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

XIV: Realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

XV. Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal encargado de la prestación de los servicios de la Procuraduría;

XVI. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la representación del Gobierno Federal para la ejecución y difusión de programas en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes ante organismos internacionales y multilaterales; y

XVII. Operar los Centros de Asistencia Social y aquellos establecimientos que brindan apoyo y protección en beneficio de niñas, niños y adolescentes en situación de discriminación múltiple y de atención a la primera infancia;

Artículo 37 Ter. Quienes integren los equipos de asesoría jurídica deberán contar para su nombramiento Licenciatura en Derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente; además de reunir los mismos requisitos que la persona titular de la Procuraduría.

Tendrán además las obligaciones siguientes:

I. Prestar personalmente el servicio de asesoría, representación y defensa especializada de niñas, niños y adolescentes;

II. Promover ante las autoridades competentes todo lo relativo a la defensa de los intereses de las personas menores de 18 años representadas, haciendo valer acciones, excepciones, incidentes, recursos o cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a derecho y que resulte necesario para una eficaz defensa;

III. Llevar un registro y expediente de control por cada caso que se le presente, desde su inicio, hasta la conclusión total del asunto;

IV. Preservar la identidad y ofrecer un ambiente de respeto y dignidad de las personas menores de 18 años;

V. Rendir informes bimestrales de cada caso que se le asigne a su superior jerárquico;

VI. Informar oportunamente a la persona menor de 18 años y a quién ejerza la guardia y custodia sobre la situación que guarda el expediente; y

VII. Las demás que resulten de la naturaleza de su función, de la disposición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes así como las que les encomendadas por la persona titular de la Procuraduría.

Artículo 39.- El Comisario tendrá las siguientes facultades:

a) Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del Organismo y de la Procuraduría Federal de Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia  se hagan de acuerdo con lo que dispongan esta Ley y los programas y presupuestos aprobados;

b) a e) …

Artículo 41.-La Secretaría de Salud y El Organismo, promoverán que las dependencias y entidades destinen los recursos necesarios a los programas de asistencia social y para la representación y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 42.- Las relaciones de trabajo entre El Organismo y la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia con  sus trabajadores se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 43.-Los trabajadores del Organismo y la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia estarán incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

TRANSITORIOS.

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá prever los recursos para la creación y funcionamiento de la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

TERCERO. La designación de la persona titular de la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes al inicio de vigencia de este Decreto.

CUARTO. La Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia deberá estar operando a más tardar dentro de los siguientes ciento veinte días al inicio de la vigencia del presente Decreto.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 Los antecedentes históricos aquí mencionados son tomados del Manual General de Organización del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI) del 6 de diciembre de 2005.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(Presentada por la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO TRANSITORIO DECIMOTERCERO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(Presentada por los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del grupo parlamentario del PAN)

Los que suscriben, Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, con el carácter de diputados federales de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo en los artículos 71, fracción II y  72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL TRANSITORIO DECIMOTERCERO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En días recientes, México dio un paso fundamental en lo que a transparencia gubernamental se refiere. Si bien el 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, hacía falta la legislación secundaria que pusiera en marcha tan importantes transformaciones. Así, el 18 de marzo de 2015, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Casi un mes después, el 16 de abril, la Cámara de Diputados, como cámara revisora, aprobó en sus términos el dictamen a la minuta enviada por el Senado. Finalmente, el día 4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

La ley en comento ha sido reconocida por académicos, miembros de la sociedad civil expertos en transparencia, así como por la gran mayoría de las fuerzas políticas, como un producto legislativo de avanzada. Se han destacado varias de sus aportaciones que, en última instancia, dan efectividad al derecho humano de acceso a la información. Es una ley que garantiza el principio de máxima publicidad de los datos en manos de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que compele a todos los sujetos obligados a documentar el ejercicio de sus atribuciones y que transparenta los montos y el ejercicio de recursos públicos. En fin, es una ley que constituye una pieza fundamental en el engranaje institucional de combate a la corrupción.

Uno de los puntos que ha recibido mayor atención es el que se refiere a la transparencia de los grupos parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. La relevancia que adquirió este aspecto, tanto durante la discusión de la Ley, como después de su aprobación, responde a dos situaciones:

En primer lugar, los grupos parlamentarios son destinatarios de grandes sumas de recursos públicos. No obstante, éstos no estaban obligados – antes de la expedición de esta ley general – a transparentar, en lo individual, su manejo y uso. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió la opacidad con la que se desempeñan y emitió dos informes, uno para cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión:

(1) La Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-01200-02-1422, por la que se fiscalizó  el presupuesto asignado a la Cámara de Senadores por concepto de Asignaciones a los Grupos Parlamentarios. En el informe, la ASF reporta que el presupuesto para dicho concepto, en 2013, fue de 1,089.57 millones de pesos. Éste tuvo ampliaciones netas por poco más de 120 millones de pesos, para alcanzar un total de 1,209.6 millones de pesos. Además, se encontró que los recursos ejercidos por los grupos parlamentarios se han incrementado anualmente, en promedio, un 27.7 por ciento. A pesar del creciente presupuesto en sus manos, los grupos parlamentarios no estaban obligados a transparentarlos. En ese sentido, la ASF, en su informe, acusó que la opacidad con la que se ejercieron dichos recursos no permite evaluar la razonabilidad del gasto ni comprobar si los recursos se utilizaron para, en efecto, llevar a cabo labores de carácter legislativo.

(2) Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-01100-02-0038, mediante la que se fiscalizó el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados. En 2013, a la Cámara de Diputados le fue asignado un presupuesto por 6,960.82 millones de pesos, de los cuales, 1,684.53 millones de pesos fueron destinados para los grupos parlamentarios. El presupuesto asignado a éstos, se incrementó un 35.4 por ciento a través de subvenciones especiales, por lo que, en total, el dinero gastado por los grupos ascendió a 1,992.66 millones de pesos. Como se aprecia, los recursos públicos en manos de estos órganos de la Cámara son considerables. No obstante, la ASF denunció lo mismo que en el caso del Senado: no existe información pública que sustente la aplicación de los recursos, por lo que no se puede comprobar la razonabilidad en su gasto, ni su buen uso.

“El escaso acceso a la información no ha permitido que los electores conozcan el trabajo que realizan los parlamentarios y menos aún que rindan cuentas de sus actos”.1Es por lo anterior que el Reporte Legislativo 2014, publicado por Integralia Consultores, recomienda que el Congreso de la Unión cree mecanismos que permitan una fiscalización más eficiente y un mejor control de los recursos económicos ejercidos.

Es decir, en una primera instancia, la necesidad de incorporar en la Ley la obligación de los grupos parlamentarios de transparentar, de oficio y a petición de parte, la información en su posesión se hizo evidente, precisamente, por la opacidad en la que se desempeñan en la actualidad. Esto, a pesar de ser receptores de cuantiosos recursos públicos.

En segundo lugar, la transparencia de los grupos parlamentarios durante la discusión de la LGTAIP fue fuente de polémica en virtud de que, a pesar del gran avance que significó que en esta recién expedida Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establecieran obligaciones de transparencia para los grupos parlamentarios, la LXII Legislatura fue eximida de tales responsabilidades.

Es decir, mientras que el artículo 72 obliga:

Artículo 72. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. a XI. (…)

XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;

XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;
XIV. y XV. (…)

El transitorio decimotercero exenta:

TRANSITORIOS

Decimotercero. Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere la presente Ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá, comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asigna a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa.

Lo anterior es contrario al objeto de la LGTAIP: garantizar el acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

Esto significa que la información en manos de la LXII Legislatura debe de ser tan pública como la de cualquiera de los sujetos mencionados en el artículo 1° de la Ley en comento. Someter al Congreso de la Unión, desde el primer momento, a lo dispuesto en los artículos 70 y 72 de la LGTAIP, es fundamental. Ello en función de la relevancia que tiene el parlamento en la vida democrática y por lo que simboliza: el espacio de representación de la ciudadanía, a la que el legislador se debe y a la que ha de rendirle cuentas, para lo que la transparencia en la información es piedra angular.

No cabe que los legisladores nos otorguemos plazos extraordinarios, distintos a los que aplican al resto de los sujetos obligados. No cabe que busquemos una aplicación de la Ley a conveniencia. No cabe que quitemos el carácter abstracto a la norma jurídica.

La presente iniciativa busca aterrizar la máxima del derecho “Ubieademest ratio, ibieademlegisdispositio” (donde hay la misma razón, debe ser la misma disposición legal). Es decir, si la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información pública y transparentar las decisiones, costos y recursos de todos los sujetos obligados a partir de su entrada en vigor, no tiene por qué ser diferente para el Poder Legislativo Federal.

Si el Congreso de la Unión pretende ser la materialización del principiodemocrático y – en palabras de Norberto Bobbio – la democracia consiste en hacer público lo público, hagamos público al Congreso para su democratización.

Es por lo anteriormente expuesto que se propone y somete a su consideración el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL DECIMOTERCERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo Único. Se deroga el artículo decimotercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TRANSITORIOS

Primero a decimosegundo. (…)

Decimotercero. (Derogado).

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Dip. Fed. Fernando Rodríguez Doval.- Dip Fed. Juan Pablo Adame Alemán.


1 Nava Gomar, S., Luna Pla, I., & Villanueva, E. (2006). Derecho de acceso a la información pública parlamentaria. México: Miguel Ángel Porrúa.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Felipe Arturo Camarena García, del grupo parlamentario del PVEM)

El que suscribe Felipe Arturo Camarena García, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUEREFORMA EL ARTÍCULO 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A EFECTO DE DARLE MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA A LAS TAREAS LEGISLATIVAS.

I .Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y

Las leyes no son simples actos de poder; son actos de inteligencia, de justicia y de razón.

El legislador no debe perder de vista que las leyes se hacen para los hombres y no los hombres para las leyes.

Discurso preliminar

Código Civil de Napoleón (1804).1

Es de resaltar que ésta iniciativa ya había sido presentada el año pasado con fecha 25 de marzo, suscrita en conjunto con el Diputado Arturo Escobar y Vega y quien nuevamente promueve la presente iniciativa, la cual se dejó precluir por no haber sido dictaminada en tiempo y forma, utilizando como argumento el artículo 89, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El artículo 66 de nuestra Carta Magna, establece que “Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior…”. Dicho artículo refiere que “En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.”2

Sin embargo, en la práctica no se estudian, discuten y votan en su totalidad las iniciativas de ley y demás asuntos que le competen, que son expuestos ante el Pleno…

Para resaltar algunas causas que propician dicha situación, son de distinguirse algunas estadísticas que señala la asociación civil Integralia (dedicada a promover la calidad de la democracia en México mediante la medición y evaluación del desempeño de instituciones políticas y de gobierno). Con base en su Reporte Legislativo Número cinco, el retraso promedio en el inicio de las sesiones, en la Cámara de Diputados, durante el Primer

Año de Ejercicio Legislativo fue de 10 minutos con 56 segundos, pero en el Segundo Año fue de 30 minutos con 13 segundos.3

Lo más preocupante, es el porcentaje promedio de asuntos atendidos por sesión en la Cámara de Diputados, el cual registra una tendencia negativa durante el transcurso de los dos periodos que preceden al actual… “De tal forma que de 82.9% que registraba en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio, disminuyó a 34.8% para el Segundo Periodo del Segundo Año de la legislatura”.4

Aunado a lo anterior, del total de asuntos programados en el Primer Año 5660, sólo fueron atendidos 3430 y para el Segundo Año, del total de 9316 proyectados, únicamente 3,495 fueron examinados.5

El tema de incrementar los periodos ordinarios de sesiones, representa a todas luces, un reto mayor de lo que a primera vista pudiera aparentar. La problemática real radica en que la suma de los dos periodos ordinarios de sesiones, no permite avanzar en el   trabajo legislativo que se ha venido acumulando de las legislaturas que nos       anteceden y la actual misma; por lo cual, resulta imprescindible la ampliación del  segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Argumentos que la sustentan.

Es una realidad que, el tiempo que transcurre desde la conclusión del segundo periodo y el inicio del primero (cuatro meses), es un espacio que no se destina ni para el trabajo al interior de las comisiones.

Coincidiendo ampliamente con el Estudio de Derecho Comparado y de las propuestas de reforma a los artículos 65 y 66 Constitucionales de las legislaturas LIX y LX, “Si bien hace apenas 2 años (02-08-04), se reformó la Constitución para agregar un mes al segundo periodo de sesiones del Congreso, se considera desde esa fecha hasta nuestros días, que esto ha ayudado a avanzar en el trabajo legislativo rezagado, aunque no es suficiente, por lo que se sigue teniendo la genuina inquietud de seguir aumentando los días que abarquen cualquiera de los dos periodos se (sic) sesiones.”6

En opinión del que suscribe, es limitado el número de días que en conjunto suman los dos periodos que se contemplan por disposición constitucional, más si hacemos un análisis comparativo con el número de meses que sesionan los parlamentos de otros países del mundo.

Al respecto, me permito citar de forma textual una parte de los cuadros comparativos, respecto de los periodos ordinarios de sesiones, del estudio realizado por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, que en opinión del que suscribe, son de tomarse en cuenta:7

 

PAÍSES CON SISTEMA PARLAMENTARIO

ITALIA

ESPAÑA

Trabaja la mayor parte del año, de 8 a 9 meses.

Dos periodos de sesiones anuales: de septiembre a diciembre y de febrero a junio.

• Sesiones extraordinarias a petición del gobierno, de la diputación permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de ellas.

• Sesiones plenarias, en las que se lleva a cabo la actividad semanal, normalmente dos días, martes por la tarde a jueves a mediodía.


 PAÍSES CON SISTEMA PRESIDENCIAL

ARGENTINA

PARAGUAY

VENEZUELA

Solo hay un periodo ordinario de sesiones al año para ambas cámaras.

• Inicia el 1º de marzo y concluye el último día de noviembre.

• Puede abrirse un periodo extraordinario convocado por el presidente de la nación.

Ambas Cámaras del congreso se reunirán anualmente en sesiones ordinarias:

• Desde el primero de julio de cada año hasta el 30 de junio siguiente.

• Con un período de receso desde el veinte y uno de diciembre al primero de marzo.

El primer período de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará, sin convocatoria previa:

• El cinco de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible y durará hasta el quince de agosto.

• El segundo período comenzará el quince de septiembre o el día posterior más inmediato posible y terminará el quince de diciembre.


 

PAÍSES CON SISTEMA PRESIDENCIAL

ECUADOR

URUGUAY

EL Congreso sesiona de forma ordinaria y permanente, con dos recesos al año de un mes cada uno.

La Asamblea empezará sus sesiones:

• El 1 de marzo al 15 de diciembre.

En este tenor, la Doctora Cecilia Mora-Donatto opina muy acertadamente que, “Recobrar la centralidad del Parlamento, la importancia de todas y cada una de sus funciones, especialmente de la legislativa en el Estado democrático es una tarea que apremia…”8

En virtud de lo anterior expuesto, propongo aumentar dos meses al segundo periodo ordinario de sesiones, a efecto de que inicie el primero de febrero y concluya hasta el 30 de junio; de esta manera, el Congreso de la Unión sesionará un total de 256 días.

III. Fundamento Legal.

Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta Soberanía la siguiente:

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. Ordenamientos a modificar.

VI. Texto normativo propuesto.

ÚNICO.- Se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse sino hasta el 30 de junio del mismo año.

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.

I. Artículos transitorios.

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

II. Lugar.

III. Fecha.

Dado en el Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

IV. Nombre y rúbrica del iniciador.

Dip. Felipe Arturo Camarena García.


1 Citado por Cecilia Mora-Donatto en Teoría de la Legislación en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3201/4.pdf

2 Artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Con base en su página web, “Reporte Legislativo fue publicado por primera vez el 30 de agosto de 2011 a través del esfuerzo de Integralia (organización dedicada al estudio y promoción de la transparencia y la rendición de cuentas) con el objetivo de aportar mayor información para el análisis del funcionamiento del Congreso mexicano y así fortalecer su actuación.”, p. 23, http://www.reportelegislativo.com.mx/acerca.html.

4 Ibidem, p. 25

5 Ibidem, p. 23. Cuadro 8. Indicadores de trabajo en el Pleno. Primer y Segundo Año de Ejercicio la LXII Legislatura (septiembre 2012-abril 2014).

6 Véase la investigación de ésta obra donde pueden apreciarse a través de diversos estudios, derecho comparado y opiniones, sobre la posibilidad de ampliar el tiempo en que el Congreso de la Unión, puede sesionar, PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Centro de Documentación, Información y Análisis, LX Legislatura, p. 4, http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-09%20-07.pdf

7 Ibidem, p. 22, 23, 24 y 25.

8 Mora-Donatto, Cecilia, Teoría de la Legislación, op. cit., p. 5.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE PLANEACIÓN, EN RELACIÓN AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ

(Presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia)

ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ANABEL ACOSTA ISLAS y MAYELA QUIROGA TAMEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Planeación en relación al principio del interés superior de la niñez, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- El principio del interés superior del niño, interés superior de la niñez (ISN) para el caso de México, es aquel que establece que en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, debe ser contemplado como eje rector, protegiendo el goce y ejercicio de sus derechos, sobre cualquier otro interés, tendientes a garantizarles  un desarrollo integral y una vida digna.

Miguel Cillero (1998) plantea que la noción de interés superior es una garantía de que "los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen". Así éste autor considera que esta noción supera dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro.

2.- En el plano internacional, el ISN tiene su aparición más relevante el 20 de noviembre de 1989 con la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento mediante el cual los Estados se comprometen a asegurar la aplicación de los derechos de cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición de la niñas, niño o adolescente, de sus padres o de sus representantes legales.

Este Principio rector de la Convención sobre los Derechos del Niño implica que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que antes de que se tome una medida respecto a ellos, se adopten aquellas que promuevan sus derechos y no que los quebranten, de tal manera que la doctrina señala que el concepto de “interés superior de la infancia o “interés superior de la niñez” abarca cuatro dimensiones:

• Las interpretaciones jurídicas deben reconocer el carácter integral de los derechos de las niñas y los niños.

• Las políticas públicas deben ir encaminadas a darle prioridad a los derechos de las niñas y los niños.

• Los derechos de los niños deben ir por encima de los intereses de los demás, sobre todo cuando haya conflicto entre ellos.

• El Estado y la sociedad deben procurar que el niño sea un individuo independiente y autónomo.

3.- En México, el interés superior del niño tuvo su aparición el año 2000 en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (abrogada el 4 de diciembre de 2014), dejando muy en claro tanto en el Apartado “A” del Artículo 3 como en el Artículo 4, que el principio protector del Estado por excelencia debe ser el “principio del interés superior de la infancia”, el cual la Ley entiende como aquel dirigido a procurarles primordialmente, los cuidados y asistencia necesaria que requiere la niñez para lograr un crecimiento y desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social que, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, podrá estar condicionado por los derechos de los adultos.

Por su parte, el 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4° y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta reforma, tuvo su fundamento en las particulares condiciones que enfrentan niñas, niños y adolescentes, al ser considerados grupos vulnerables por su particular condición que los coloca como sujetos de goce de derechos, pero necesitan de un intermediario –padres, tutor o Estado‑ para materializar su ejercicio.

Las aportaciones de esta reforma, radican en primer término, en establecer el “principio del interés superior de la niñez” en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4°, para plasmar expresamente en la Norma Fundamental que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, dejando claro que niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

En este sentido, el Decreto señala que el citado principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, teniendo los ascendientes, tutores y custodios la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Finalmente, aspecto de primordial para Legisladoras y Legisladores del Congreso de la Unión, es la facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte. Principio que fue retomado a cabalidad en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

3.- De acuerdo con la Ley de Planeación, se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

En ese sentido, se deberán fijar los objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, coordinando acciones y evaluando resultados.

De igual forma, la Ley establece que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) precisará los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. Por lo que contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines y determinará los instrumentos y responsables de su ejecución.

Además, el Plan establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional, teniendo que atender al conjunto de la actividad económica, social y cultural.

Asimismo, esta Ley contempla una serie de principios señalados en el artículo 2, a partir de los cuales se deberá realizar el PND, entre los que se encuentran:

I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural; 

II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo;

III. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres;

IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales;

V. El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre;

VI. El equilibrio de los factores de la producción;

VII. La perspectiva de género;

VIII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

4.- El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es un documento de trabajo que rige la programación y presupuesto de toda la Administración Pública Federal, a partir del cual todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que definen las acciones del gobierno, deberán elaborarse.

Entre las diversas acciones que contempla el PND para al actual sexenio, en favor de niñas, niños y adolescentes, destaca lo siguiente:

VI.2. México Incluyente

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.

Estrategia 2.1.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva.

Líneas de acción

• Propiciar que los niños, niñas y jóvenes de las familias con carencias tengan acceso a la educación básica y media superior de calidad, y no abandonen sus estudios por falta de recursos.

• Contribuir al mejor desempeño escolar a través de la nutrición y buen estado de salud de niños y jóvenes.

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Estrategia 2.2.2. Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.

Líneas de acción

• Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de salud, alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.

Sin embargo, como parte del Congreso de la Unión no podemos dejar de lado o a la buena voluntad de los gobiernos que el multicitado principio sea contemplado prioritariamente en la Planeación Nacional, y debemos garantizar su continuidad en el tiempo.

Lo anterior, en virtud de que dicha Planeación constituye la manera, perspectiva y enfoque que tendrá el país durante una administración, la cual siempre deberá velar, antes que cualquier otro, por el respeto irrestricto del principio del interés superior de la niñez.

5.- Es innegable que la responsabilidad primordial de todos los Estados es garantizar la aplicación del “principio del interés superior de la niñez”, más aún, para cualquier país que se precie de ser un Estado de Derecho.

Así, una de las tareas fundamentales del Estado Mexicano debe ser, más allá de la existencia de diversos tratados internacionales y cualquier otra normatividad que lo obligue, velar por el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de niñas, niños y adolescentes, toda vez que este grupo poblacional se constituye como el más vulnerable de cualquier sociedad.

Lo anterior, deja de manifiesto que realizar cualquier acción legislativa desde una visión de derechos de los adultos deja de lado aspectos primordiales que propicien el respeto íntegro de los derechos de la niñez.

Por ello, dejando claro que el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes es una prioridad, reiteramos nuestro compromiso de de seguir trabajando en la promoción y garantía del principio del interés superior de la niñez como eje rector del Estado Mexicano.

Asimismo, es importante señalar que el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en las observaciones realizadas al Estado Mexicano en base a la Convención sobre los Derechos del Niño (Documento CRC/C/MEX/CO/3 fechado el 8 de junio de 2006), expresó su preocupación de que en la legislación y las políticas nacionales no se preste la debida atención al principio del “interés superior del niño” y que la población tenga escasa conciencia de la importancia de tal principio. Textualmente señala:

“El interés superior del niño

25. Al Comité le preocupa que en la legislación y las políticas nacionales no se preste la debida atención al principio del interés superior del niño y que la población tenga escasa conciencia de la importancia de ese principio.

26. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas para sensibilizar a la población acerca del significado y la importancia de aplicar el principio del interés superior del niño y vele por que el artículo 3 de la Convención esté debidamente reflejado en sus medidas legislativas y administrativas, como las relacionadas con la asignación de los recursos públicos”.

Así, se asegura que a pesar de lo ya establecido en el derecho internacional y en las normas nacionales, cierto es que nuestro marco jurídico tiene aún pendientes diversas reformas para la protección integral de niñas y niños, así como el establecimiento de políticas públicas en la esfera administrativa que sean acordes con los derechos y principios que se han prometido a su favor.

Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE PLANEACIÓN.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción al artículo 2 de la Ley de Planeación para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

I a VI…

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo;

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales, y

IX.- El interés superior de la niñez.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 13 de mayo de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Mayela Quiroga Tamez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Alejandro Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del PAN)

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS a cargo del diputado federal FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El derecho constitucional a la vivienda, definido como el derecho de toda familia a disfrutar de vivienda digna y decorosa, en el artículo 4º párrafo séptimo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) ha permanecido vigente en sus términos por más de 32 años a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de febrero de 1983 y ha sido uno de los derechos menos estudiados por la teoría constitucional mexicana.

En 1983 cuando se adicionó un párrafo cuarto a la CPEUM se reconoció por vez primera el derecho a la vivienda como un derecho de familia y como un espacio digno y decoroso, en el marco de la seguridad social y de la asistencia pública pero no en el de los derechos fundamentales, de acuerdo con Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri en Derecho a la Vivienda Digna en http://biblio.juridicas.unam.mx  ya que para hablar de la existencia de un derecho fundamental es necesario que se encuentren claramente establecidos los elementos siguientes:

1. El titular del derecho

2. El obligado a satisfacerlo

3. El contenido del derecho; es decir, la prestación.

4. El mecanismo de defensa efectivo.

Asimismo, el derecho a la vivienda con sus características principales de concebirse como un espacio digno y decoroso no fue definido ni la primera ley reglamentaria de la materia en 1984, pese a destinar un capítulo específico destinado a las normas y a la tecnología para la vivienda. Por lo tanto, el investigador citado concluyó que este derecho fundamental es imposible de satisfacerlo cabalmente. Convirtiéndose desde esa fecha, en conceptos ampliamente debatidos pero no definidos con las precisiones que demanda su eficacia práctica.

De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria número 1961-IV, el 7 de marzo de 2006, en la Cámara de Diputados se presentó el dictamen a la Minuta de la Ley de Vivienda ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados en el que se confirma el interés de la comunidad nacional sobre la necesidad de revisar integralmente el marco jurídico en materia de vivienda, toda vez que, tal como lo reconoce la Minuta de Ley de Vivienda presentada por el Senado de la República, entre los pendientes históricos de nuestro país se encuentra el rezago en la cobertura de vivienda, por lo que dicho problema ha sido recurrente en la agenda social mexicana.

Se propuso la creación de un organismo público descentralizado no sectorizado, para integrar y consolidar, bajo un eje rector, las atribuciones y políticas del Gobierno Federal en materia de vivienda y suelo para la misma denominado Comisión Nacional de Vivienda. Con el objeto de unificar y fortalecer bajo un solo mando, las tareas relacionadas con la vivienda y el suelo, evitando el fraccionamiento, las duplicidades e inconsistencias en materias comunes. La creación de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda y, por lo tanto, la desconcentración de funciones en materia de vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social, ha significado la especialización de órganos de la administración que han demostrado efectividad para promover y desarrollar campos del quehacer público que antes mantenían graves rezagos. Pese a las bondades de la nueva ley, expertos en la materia afirman que la indefinición de la vivienda digna, persiste en la legislación vigente.

Por otro lado, el 10 de junio de 2011 se publicó en el DOF, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que introduce entre otros principios, el pro persona en elpárrafosegundo del Artículo 1º de la CPEUM, como un criterio fundamental para hacer efectiva la protección y la defensa de los derechos fundamentales reconocidos en la ley suprema y al decir de expertos como Ximena Medellín Urquiaga en Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, Principio Pro Persona, “la reforma constitucional sienta las bases para un verdadero replanteamiento de la forma de entender el sistema jurídico mexicano a partir de la reconcepción y reposicionamiento de los derechos humanos y en este sentido, el derecho a la vivienda no es la excepción. Asimismo, detalla la experta que: El eje central de esta reforma es el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), pues contiene una serie de mandatos específicos que, dirigidos a todas las autoridades, han de entenderse en vinculación con todas las normas nacionales e internacionales que constituyen nuestro ordenamiento jurídico.”

Por lo anterior, se considera indispensable replantear la definición del derecho a la vivienda, como uno de los principales pendientes del Estado mexicano, por lo que se propone reformar el artículo 4º párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes:

ARGUMENTOS

Para efectos de la presente expresión legislativa, se considera oportuno retomar parte del contenido del Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (HABITAT II) en Estambul del 3 a 14 de junio de 1996 dentro del quincuagésimo primer período de sesiones de la ONU, con la intención de replantear el concepto de vivienda diga y decorosa por el de vivienda adecuada en los términos siguientes:

Capítulo III

COMPROMISOS

A. Vivienda adecuada para todos

39. Reafirmamos nuestra determinación de garantizar progresivamente el ejercicio pleno del derecho a una vivienda adecuada, según lo previsto en los instrumentos internacionales. A ese respecto, reconocemos que los gobiernos tienen la obligación de lograr que la población pueda conseguir una vivienda y de proteger y mejorar las viviendas y los vecindarios. Nos comprometemos a alcanzar el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de forma equitativa y sostenible, de manera que todos tengan una vivienda adecuada que sea salubre, segura, accesible y asequible y que comprenda servicios, instalaciones y comodidades básicos, que nadie sea objeto de discriminación en materia de vivienda y seguridad jurídica de la tenencia. Cumpliremos y promoveremos ese objetivo de modo plenamente acorde con las normas de derechos humanos. (A/CONF.165/14, página 26)

B. Vivienda adecuada para todos

1. Introducción

60. Una vivienda adecuada significa algo más que tener un techo bajo el que guarecerse. Significa también disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, calefacción y ventilación suficientes, una infraestructura básica adecuada que incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y un emplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. La idoneidad de todos esos factores debe determinarse junto con las personas interesadas, teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo gradual. El criterio de idoneidad suele variar de un país a otro, pues depende de factores culturales, sociales, ambientales y económicos concretos. En ese contexto, deben considerarse los factores relacionados con el sexo y la edad, como el grado de exposición de los niños y las mujeres a las sustancias tóxicas. (A/CONF.165/14, página 38)

61. Desde que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el derecho a una vivienda adecuada se ha reconocido como uno de los componentes importantes del derecho a un nivel de vida adecuado. Todos los gobiernos sin excepción tienen algún tipo de responsabilidad en el sector de la vivienda, como demuestran la creación de ministerios de la vivienda u organismos estatales análogos, la asignación de fondos al sector de vivienda y las políticas, programas y proyectos de todos los países.

El suministro de vivienda adecuada a todas las personas no sólo exige medidas por parte de los gobiernos sino de todos los sectores de la sociedad, incluido el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades y las autoridades locales, así como las organizaciones y entidades asociadas de la comunidad internacional. En un contexto global de creación de condiciones propicias, los gobiernos deben adoptar medidas apropiadas a fin de promover, proteger y velar por el logro pleno y gradual del derecho a una vivienda adecuada. (A/CONF.165/14, página 38-39)

De igual forma, es indispensable no perder de vista que el reconocimiento del derecho a una vivienda digna en el ámbito internacional, encuentra su fundamento en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948 y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por el Senado de la República el 23 de marzo de 1981, que en su artículo 11 reconoce:

El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia.

Así como la obligación por parte del Estado mexicano para desarrollar políticas que garanticen este derecho, priorizando la atención a los grupos más vulnerables. Para hacerlo, el Comité del PIDESC de Naciones Unidas considera que, independientemente del contexto, hay algunos elementos que hay que tener para que la vivienda se pueda considerar adecuada:

a) seguridad jurídica de la tenencia;

b) disponibilidad de servicios materiales e infraestructura;

c) gastos soportables;

d) habitabilidad;

e) accesibilidad;

f) lugar y,

g) adecuación cultural.

De igual forma, resulta obligada la referencia del 23 de enero de 2014, cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, derivado de una resolución de un Tribunal Colegiado que consideró que el derecho a una vivienda digna y adecuada se refiere a las que son de interés social y se construyen a partir de políticas públicas, no a las que son producto de contratos entre particulares.

Que el derecho fundamental a la vivienda adecuada o digna y decorosa debe entenderse a partir de la interpretación que han hecho organismos internacionales, al dotar de contenido el derecho a una vivienda adecuada. Para comprender este concepto es necesario atribuirle el cumplimiento de un estándar mínimo, con requisitos elementales que permitan considerar adecuada una vivienda, lo cual debe garantizarse a todas las personas, establecieron los ministros.

En la resolución aprobada a propuesta del ministro Jorge Pardo Rebolledo se subraya que los Estados, al suscribir y ratificar tratados internacionales como el señalado, se comprometen a elaborar una estrategia nacional de vivienda y aplicarla en conjunto a los sectores social y privado.

Los promotores y desarrolladores inmobiliarios, así como todos aquellos particulares que asumen la obligación de desarrollar vivienda tienen la obligación de cumplir con las normas de derechos humanos, en particular con aquellas vinculadas con el derecho fundamental a la vivienda adecuada”

Por último, atendiendo a los principios de interpretación de los derechos humanos y de interpretación evolutiva de los tiempos y las condiciones de vida actual, considero indispensable y obligada, la reformulación del concepto de vivienda en México, como un derecho de toda familia para adquirir una vivienda digna y adecuada.

Convencido que las políticas y programas en materia de desarrollo urbano y de vivienda implementados en México, en el tercer lustro del siglo XXI, aún no logran resolver problemas añejos como la escasez de vivienda, el deterioro habitacional como resultado de la falta de calidad en los materiales de construcción y el hacinamiento de éstas, pongo a consideración de esta Soberanía la reforma al párrafo séptimo del artículo 4º de la CPEUM, con el objeto de reconocer que toda familia el derecho fundamental a adquirir una vivienda digna y adecuada. Así como la obligación del Estado de garantizar los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar tal objetivo.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ÚNICO.- Se reforma el párrafo séptimo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda familia tiene derecho a adquirir una vivienda digna y adecuada. El Estado garantizará el establecimiento de instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Dip. Fernando Alejandro Larrazabal Bretón.





 

(Presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

(Presentada por el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3o. Y 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 25, 53 Y 54 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por el Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del grupo parlamentario del PAN)

Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, diputado de la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 25, 53 y 54 de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Derivado de la necesidad de abrir espacios de participación juvenil, y de comunicación entre el sector joven y el poder legislativo, se convocó de manera nacional del 01 de Octubre de 2013 al 29 de Noviembre del mismo año, a jóvenes entre 18 y 29 años de edad a participar en Iniciativa Joven-Es por México, convocatoria realizada por la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Juventud y el Instituto Nacional Electoral, así como por diferentes instituciones públicas y académicas federales. En dicha convocatoria resultó como ganadora la joven Lidia Karen Díaz Cruz, en la categoría (B) en la temática Acceso y Permanencia en la Educación, en respuesta al compromiso y obligación que le fue otorgada a la Comisión de Juventud, y en mi calidad de integrante de dicha comisión, presentó dicha iniciativa.

El artículo3 Constitucional establece que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-,impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria”.

También establece como deber del Estado el garantizar la calidad en la educación obligatoria, lo que implica que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

Asimismo en la Ley General de Educación, se establece que el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior (Artículo 3º LGE).

Además, instituye que estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en esa Ley (Artículo 3º LGE).

Esta propuesta de modificación legislativa tiene como finalidad reformar diversas disposiciones legales en materia de financiamiento educativo, considerando una perspectiva de juventud y de género en la que el Estado fortalezca la rectoría del gasto público otorgando mayores recursos, para el acceso y permanencia de los jóvenes de (12 a 29 años de edad) en el sistema educativo nacional, en el nivel medio superior por las cinco razones que a continuación se enuncian:

“1) Por el reconocimiento de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (2010) de que la conclusión del nivel medio superior constituye el umbral necesario para no caer en la pobreza;

2) porque es el nivel al que se le destinan menores recursos públicos federales tanto en términos absolutos como relativos. Prueba de ello, es que la distribución del gasto público federal dentro del nivel básico actualmente es del 58%, el 20% para educación superior y el 10.6% para la educación media superior;

3) porque presenta el más bajo gasto público por alumno con $3,888 frente a los $8,579 y $25,055 que se perciben en educación básica y educación superior, respectivamente;

4) porque en los últimos años ha descendido notablemente el gasto público por alumno a nivel nacional el cual pasó de $4,288.33 en 2001 a $3,888.79 en 2010, además las entidades que presentaron las reducciones más drásticas fueron los estados de Colima (-45.5%), Jalisco (-41.5%), Puebla (-33.7), Nuevo León (-23,9%), Zacatecas (-20.4%), Yucatán (-17.8%) y Sinaloa (-16.2%), y finalmente;  5) porque la Educación Media Superior (EMS) presenta las tasas más altas de reprobación (33.8%) y deserción escolar (14.5%) de todo el sistema educativo nacional.”

Por las razones anteriormente expuestas, es que se justifica el porqué es fundamental realizar esta adicción, en la que se deberá establecer la premisa principal que se encuentra estipulada en el primer párrafo del artículo 25° constitucional, que a la letra dice:

“Corresponde al  Estado  la  rectoría  del  desarrollo  nacional  para  garantizar  que éste  sea integral y sostenible…”

Sin embargo, esta rectoría de desarrollo nacional no se ha cumplimentado en estos términos, no ha dado los resultados esperados debido a que en las últimas décadas el Estado disminuyo la rectoría del gasto público y por ende del gasto educativo, debido a que, como bien señalo Carlos Tello (2007) el gasto público dejó de mantener su estatus prioritario como lo fue en décadas previas, puesto que éste se vio afectado en su tamaño, producto del modelo económico implementado en la década de los ochentas que en ese entonces promovió que el sector privado tuviera la responsabilidad de impulsar el crecimiento económico.

El anterior argumento se comprueba en que el gasto programable con respecto al gasto público neto total pasó del 82.1% en 1980 al 63.74% en 2012; ello afectó considerablemente los recursos públicos canalizados al sector educativo como  porcentaje  del  gasto  programable así como del gasto social, principalmente en  el  periodo  2000-2012, la disminución de la rectoría por parte del Estado en lo que respecta al financiamiento educativo también se reflejó  en  que  el  gasto público en educación como porcentaje del gasto educativo total descendió notablemente al pasar del 93.2% en 1980 al 77.2% en 2012.

Por lo expuesto, y por la importancia de que se aproveche la ventana de oportunidad que representa el último segmento del bono demográfico en nuestro país, a razón de que la tercera parte de la población representa a la población juvenil, esto es más del 30%; por lo que es preciso adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 25° constitucional en el que se indique que al Estado le corresponde además de la “rectoría del desarrollo nacional”, la “rectoría del gasto público” que actúe como palanca para el desarrollo del país, con la finalidad de que los presupuestos públicos se incrementen y se construyan con una perspectiva generacional y de equidad de género en la que se reconozca a los jóvenes como actores primordiales que contribuyan con el desarrollo de la nación.

Una vez realizado este cambio para lograr articularlo con el artículo tercero constitucional en los términos establecidos previamente, de forma tal que el Estado recupere la rectoría del gasto educativo, por lo que se propone que de acuerdo a lo establecido en el numeral 2) se adicione un nuevo apartado e) al artículo 3° constitucional; en el que se establezca que al Estado le corresponde la rectoría educativa en materia de financiamiento para garantizar una educación de calidad en el que se tome en cuenta el carácter prioritario de la educación pública de acuerdo a lo establecido por el artículo 27 de la Ley General de Educación que a la letra dice:

“….el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional” y que además se rija por un principio de equidad tal como lo señalan el artículo 32 en su primer y segundo párrafo de esta misma ley.”

También, se propone añadir la fracción IX al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal en la que se creará el “Fondo de Aportaciones de Infraestructura, Salarios y de Apoyo a los Jóvenes-Estudiantes de la Educación Media Superior (FAISAEMS)”, con sus respectivos subfondos a través de la creación de los apartados; “a) Aportaciones para la Infraestructura, b) Aportaciones a los salarios y c) Aportaciones de Apoyo a los Jóvenes-Estudiantes de la Educación Media Superior.”

Asimismo, en este artículo también se propone establecer la premisa de que se destinarán recursos públicos crecientes en términos absolutos y relativos en cada uno de ellos, en los términos de la propuesta que se realizó previamente para adicionar un segundo párrafo al artículo 25° de la Carta Magna que al pie de la letra dice: “El Estado al corresponderle la rectoría del desarrollo nacional, también tiene la obligación de tener la rectoría del gasto público que privilegie con recursos públicos crecientes tanto en términos absolutos como en términos relativos los sectores estratégicos que contribuyan al desarrollo de los jóvenes, entre ellos al sector educativo”, así como por lo propuesto en el tercer párrafo de este mismo artículo: “El Estado es un actor relevante e insustituible que está obligado a construir presupuestos públicos con perspectiva generacional y de equidad de género en la que se reconozca a los jóvenes que se encuentren entre los 12 y 29 años de edad de acuerdo a lo establecido por el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, como actores primordiales que contribuyan al desarrollo nacional así como para dar cumplimiento con lo expuesto en el artículo 3 bis fracción IV de dicha ley”.

Por otra parte, se propone  adicionar los artículos 53 y 54 de la Ley de Coordinación Fiscal, con la finalidad de que se establezcan criterios, mecanismos y procedimientos de asignación que distribuya de manera diferenciada el gasto público federal destinado a la educación media superior para acortar las brechas de inequidad que actualmente existen entre los diferentes estados y municipios, en el que, además estos mecanismos así como procedimientos de distribución se apeguen a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley General de Educación.

La presente reforma al Capítulo V denominado “De los Fondos de Aportaciones Federales” de la Ley de Coordinación Fiscal con las adiciones arriba propuestas en materia de financiamiento educativo en la Educación Media Superior (EMS) se justifican porque actualmente, los recursos públicos federales que se destinan anualmente a la Educación Media Superior (EMS), mediante el ramo administrativo 11 denominado “Educación Pública” y ramo 33 Aportaciones Federales a través del Fondo de Aportaciones Múltiples y el fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, se distribuyen de manera inercial e inicua entre entidades debido a la ausencia de un fondo en la Ley de Coordinación Fiscal que establezca los criterios y mecanismos de distribución. Cabe agregar que no existe información de dominio público, sobre la asignación del gasto público federal a la Educación Media Superior desglosado por entidad federativa y la información que actualmente existe generalmente presenta cifras que no concuerdan entre diferentes dependencias gubernamentales.

Por otra parte, también se propone reformar el artículo segundo transitorio del artículo 3° Constitucional con el objetivo de cuadruplicar el gasto público por alumno con respecto al gasto actual en forma gradual hasta alcanzar la universalización de la cobertura en la Educación Media Superior (EMS) en el ciclo escolar 2021-2022, de tal manera que ésta vaya acompañada del mejoramiento de la calidad y equidad educativa.

Cabe resaltar que el incremento propuesto correspondería al gasto promedio por alumno en términos reales que ejercen los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y con ello, alcanzar en un futuro cercano los estándares promedio de calidad de este organismo internacional, puesto que los países que se encuentran dentro de éste han presentado resultados superiores a los de México en términos de aprovechamiento escolar, ya que al respecto los resultados de la prueba delPrograma para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA) grado 12 muestran que México se encuentra dentro de los últimos lugares en el desempeño de las diferentes áreas que evalúa esta prueba, por lo que es de vital importancia la obligatoriedad de la Educación Media Superior y que el Estado garantice la calidad educativa de esta conforme al señalamiento del tercer párrafo del artículo 3°Constitucional.

Asimismo, existe un preocupante descenso de los indicadores de gasto público en la Educación Media Superior como porcentaje del gasto programable, así como por el descenso del gasto por alumno en el mismo periodo de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaria de Educación Pública y del  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en el año 2001 el gasto publico era de 3% con un gasto público por alumno de la educación media superior de $4,288.33 y para el 2010 el gasto publico programable es de 2.22% con un gasto publico por alumno de la educación media superior es de $3,888.79. Actualmente, en promedio los países de la OCDE ejercen un gasto por alumno de 8,972 dólares y México apenas destina la cuarta parte, esto es, 2,133 dólares.

Un segundo supuesto es que la matrícula privada a partir del 2011 hasta el 2021 sea la misma que se reportó en 2010, es decir, se mantuvo constante. Esto con la finalidad de que la inversión pública al recuperar la rectoría del gasto público y por tanto del gasto educativo, privilegie la apertura de centros educativos en escuelas.

Un tercer supuesto es que la cobertura a partir de este ciclo hasta el 2021-2022 tendría que aumentar de manera constante en 5.19 puntos porcentuales anualmente para que se cubra con el 100% de cobertura en este último ciclo, estas estimaciones en materia de gasto público se realizaron al considerar el gasto público federal que reportó la Secretaria de Educación Pública.

En síntesis lo que se pretende con esta iniciativa es:

• Que el Estado aumente su rectoría en el gasto público y por ende del gasto educativo con recursos crecientes incluyendo una perspectiva juvenil y de equidad de género

• La creación del FAISAEMS (Fondo de Aportaciones de Infraestructura, Salarios y de Apoyo a los Jóvenes-Estudiantes de la Educación Media Superior), y de sus respectivos subfondos; aportaciones para la infraestructura, aportaciones a los salarios y aportaciones de Apoyo a los Jóvenes-Estudiantes de la Educación Media Superior.

• Que el gasto público por alumno sea creciente y gradual para que sea cuatro veces más de lo que se gasta actualmente en la Educación Media Superior;esto es que para el ciclo escolar 2021-2022 sea de $15,000 frente a los $3,888 que actualmente se ejerce.

Es entonces que de acuerdo a los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Información (INEGI) y la Secretaria de Educación Pública (SEP), para alcanzar una cobertura universal, en el año 2021 la matrícula de la Educación Media Superior constará de aproximadamente 8,729,575 jóvenes. Y si actualmente contamos con una matrícula de más de 4.5 millones de jóvenes en el año 2011, se tendrá que duplicar el número de lugares en la Educación Media Superior en ocho ciclos escolares. Esto implica que las tasas de crecimiento promedio de cobertura y matrícula en el periodo 2012-2021 sean superiores a las que se registraron en el periodo 2000-2011.

Con base en los motivos anteriormente expuestos, pongo a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto:

ARTÍCULO PRIMERO.-Se adiciona el apartado e) de la fracción II del artículo 3°; así como el segundo y tercer párrafo del artículo 25°, ambos pertenecientes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 3.

I.

II.

a)

b)

c)

d)

e) El Estado tendrá a cargo dentro del sistema educativo nacional el financiamiento educativo.

III.

IV.

V.

VI.

a)

b)

VII.

VIII.

IX.

a)

b)

c)

Artículo 25. …

Al Estado le corresponde la rectoría del gasto público en el sector educativo, que privilegie con recursos públicos crecientes los sectores estratégicos que contribuyan con el desarrollo de los jóvenes.

El Estado planeará presupuestos públicos con perspectiva generacional y de equidad de género para jóvenes que se encuentren entre los 12 y 29 años de edad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se crea la fracción IX del artículo 25 y los apartados a), b) y c), así mismo se crean los artículos 53 y 54, todos pertenecientes a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 25. …

I. a VIII.

IX. Fondo de Aportaciones de Infraestructura, Salarios y de Apoyo a los Jóvenes-Estudiantes de la Educación Media Superior. Este fondo se divide entres subfondos:

a) Aportaciones para la Infraestructura: Este fondo otorgara recursos a las entidades federativas para la mejora de su infraestructura en los planteles educativos; para la construcción, equipamiento y remodelación, debiendoprivilegiar el destino del gasto público federal a las localidades con un alto índice de marginación.

b) Aportaciones a los Salarios: Este fondo tendrá la facultad de de realizar el pago de la nómina de los profesores; así como sus promociones o ascensos y del resto de los funcionarios de los centros educativos del nivel medio superior.

c) Aportaciones de Apoyo a los Jóvenes-Estudiantes de la Educación Media Superior: Otorgará apoyos económicos mediante un sistema de becas y estímulos, principalmente en aquellos que se encuentren en el nivel de educación media superior.

El Fondo de Aportaciones de Infraestructura, Salarios y de Apoyo a los Jóvenes-Estudiantes de la Educación Media Superior será administrado al igual que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, la transferencia de los tres subfondos que integran el Fondo de Aportaciones de Infraestructura, Salarios y de Apoyo a los Jóvenes-Estudiantes de la Educación Media Superior se realizará en los términos previstos por el artículo 53 de la presente ley.

Asimismo, el Estado asegurará para el Fondo de Aportaciones de Infraestructura, Salarios y de Apoyo a los Jóvenes-Estudiantes de la Educación Media Superior, recursos crecientes en el ramo 11.

Artículo 53. Con cargo a las aportaciones a los tres subfondos que integran el Fondo de Aportaciones de Infraestructura, Salarios y de Apoyo a los Jóvenes-Estudiantes de la Educación Media Superior, la Federación aportará un monto mayor del que se destinana las entidades federativas.

Artículo 54. El monto del Fondo de Aportaciones de Infraestructura, Salarios y de Apoyo a los Jóvenes-Estudiantes de la Educación Media Superior se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, considerando los criterios, mecanismos y procedimientos para cada subfondo.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de hasta seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

Notas:
1. Anexo Estadístico. Sexto Informe de Gobierno. Felipe Calderón

2. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2010): El ramo 33 en el desarrollo social en México, Distrito Federal, CONEVAL

3. INEGI (2011): Censos de Población y Vivienda, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010.

4. Proyecto de decreto de la Ley de Coordinación Fiscal. Gaceta Parlamentaria. Cámara de Diputados. LXX Legislatura. Número 3895-XI. Publicado el día 29 de octubre de 2013

5. Programa de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (2008). Como hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos. Mckinsey& Company. Chile.

6. SEP (2011): “Monto del Gasto Público Federal asignado a cada una de las entidades federativas del país a la educación media superior del 2000 al 2010”. Solicitud de Información vía sistema INFOMEX del IFAI.

7. SEP (2012): Monto del Gasto Público Federal asignado a cada una de las entidades federativas del país a la educación media superior (bachillerato) del 2000 al 2012. Solicitud de Información vía sistema INFOMEX del IFAI.

8. SHCP (2011): “Monto del Gasto Público Federal asignado a cada una de las entidades federativas del país a la educación media superior”. Solicitud de Información vía sistema INFOMEX del IFAI.

9. Tello (2007): Estado y Desarrollo Económico, México, Facultad de Economía. 751-758

10. Datos que proporcionó la Secretaria de Educación Pública (SEP), a partir del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y de una solicitud de información que se realizó a esta dependencia por medio del sistema infomex del IFAI.

Dado en el Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Dip. Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Diputado MARIO MIGUEL CARRILLO HUERTA, integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y artículo 55 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los estados unidos mexicanos del congreso de la unión, somete a la consideración de esta Soberanía la presente propuesta al tenor de la siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desarrollo económico en México ha sido heterogéneo, a nivel regional literalmente desequilibrado, y al paso del tiempo, este proceso se ha convertido en un círculo vicioso, en el que las regiones han quedado atrapadas en el rezago; incapaces de desplegar sus potenciales de crecimiento que poseen, como son sus vocaciones productivas, su cultura, su organización social, entre otras.

Estas asimetrías regionales se manifiestan sin ambages en la pobreza y la marginación. Así el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para 2012, reporta que en México había 53.3 millones de personas en condición de pobreza (45.5 por ciento del total), de las cuales 41.8 millones vivían en pobreza moderada y 11.5 millones en pobreza extrema.

 Destacando, Chiapas, Guerrero y Puebla en la línea de pobreza con 74.7, 69.7 y 64.5 por ciento, respectivamente. También sus niveles de acceso a la seguridad social son más que alarmantes: 83.3, 78.5 y 77.1 por ciento, en ese orden

No es fortuito entonces que dichas entidades federativas registraron la mayor proporción de personas en pobreza extrema, a saber: 32.2, 31.7 y 23.3 por ciento respectivamente.

En materia educativa, éstos estados se ocupan los últimos peldaños de la lista nacional: 33.5, 26.8 y 27.7 por ciento, respectivamente.

Se suma a esta constelación funesta de indicadores, la carencia de calidad y espacios en la vivienda con 29.1, 33.4 y 24.6 por ciento, así como la escasez de acceso a los servicios básicos en la vivienda, mismos que superan holgadamente más de la mitad de su población, según las estadísticas oficiales con 56.8, 59.0 y 55.5 por ciento, en ese orden.

Los contrastes son apabullantes: mientras en Chiapas1, tres de cada cuatro habitantes son pobres y uno de cada tres es pobre extremo, en Nuevo León2, la proporción de pobres es menor de uno por cada cuatro, y de pobres extremos, dos por cada cien.

Esta disparidad bosquejada a través de los indicadores referenciados resume que Chiapas recoge los síntomas más lacerantes con 51.4 y 29.8 puntos porcentuales, de pobreza y pobreza extrema, respectivamente.

No obstante, esta cruda y escandalosa realidad de atraso vulnerabilidad, se ha prodigado profusamente entre las comunidades y regiones en todos los sentidos.

En el plano económico, se expresa por ejemplo en escasa infraestructura de caminos y carreteras, baja productividad, salarios precarios y sin seguridad social, entre otros; en plano socio-cultural, en los bajos niveles de escolarización, muy por debajo de la media nacional, incipiente institucionalización de sus órganos de gobierno, lo que abona a la inseguridad y a una endeble estabilidad social, entre otras.

Al final del día, queda al desnudo la acentuada marginación de las regiones, región Sur y Sureste, pues al carecer de los elementos mínimos para integrarse a la globalización, difumina sus ventajas absolutas y relativas, y en su lugar proyecta una espiral descendente y perniciosa de su desarrollo.

Por ello es necesario construir una política regional que en consolidación con nuevas estrategias de desarrollo nacional, así como de nuevas formas de gestión públicas acorde a los nuevos retos que enfrenta nuestro país.

El diagnóstico vertido, hace impostergable e imperativo, reformular la política regional, con nuevos objetivos, metas y derroteros.

En consecuencia, se considera pertinente que la política regional se centre en los ámbitos temáticos atendiendo a los ejes del desarrollo productivo el desarrollo social, sustentabilidad ambiental, desarrollo urbano, desarrollo rural e infraestructura, a fin de potenciar el binomio del desarrollo regional con el desarrollo sectorial.

El ingrediente primordial, deberá ser la planeación regional, como uno de sus ejes rectores que busque los mecanismos de consolidación de estrategias encaminadas hacia el crecimiento económico incluyente en estas regiones.

Y dado que hasta ahora este objetivo se ha malogrado, consideramos conveniente establecerlo a nivel Constitucional.

Por los argumentos expuestos, considero que necesario perfilar, una amplia gama de participación entre los actores gubernamentales no gubernamentales cuyas metas sean el impulso de una estrategia nacional que permita disminuir las asimetrías económicas entre las distintas regiones y permita elevar los potenciales económicos de las entidades federativas que conforman nuestro país, privilegiando el objetivo fomentar e impulsar el desarrollo económico, para mejorar el bienestar general de los habitantes de la Nación mexicana.

Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSITITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar como sigue:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

ARTICULO 26

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo sectorial y regional. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

B.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

Primero: El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación.

Sede de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015

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Dip. Mario Miguel Carrillo Huerta.


1 Es la entidad con mayor nivel de pobreza.

2 Es la entidad con menor pobreza.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del grupo parlamentario del PRD)

La presente, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía iniciativa con proyecto de Decreto al tenor de la siguiente.

PROBLEMÁTICA

El sistema Financiero es un mapa que expresa las posibilidades de crecimiento de un país mediante una tarea sumamente importante para la economía, captar recursos de los sectores con superávit y canalizarlos a sectores que requieren de apoyo monetario o financiamiento crediticio.

Los encargados de la administración de los recursos son instituciones públicas o privadas - las segundas con un mayor margen de participación en la actualidad y con un margen de ganancias creciente – la operación consistente en captar, dirigir y regular los recursos financieros obtenidos de los diversos agentes económicos que participan de la economía mexicana,  actividad armonizada por la legislación vigente de nuestro país.

La transacción tiene un costo para una parte que en este caso es el demandante de algún tipo de crédito y una ganancia para la contraparte que es el caso de los ofertantes de capitales, esta operación es muy recurrente dentro de los bancos, podría decirse que es el negocio principal como intermediarios financieros, el más redituable y el más lucrativo.

Como ya se dijo uno de los principales objetivos de la banca mexicana es la colocación de créditos, el conflicto en esto se sitúa en que nuestro sistema bancario es definido como un oligopolio, en el cual seis bancos, BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, HSBC y se distribuyen el mercado, es decir entre el 65%y el 75%

La utilidad del sector bancario se mantiene al alza, pues según BBVA Bancomer, a partir del año 2010 con la estabilización del mercado de Estados Unidos de Norteamérica, existió una expansión de los créditos a las familias en México, observándose un mayor crecimiento en lo denominado Otros Créditos al Consumo (OCC), que hace referencia a los créditos de nómina y personales y que se incrementaron de 26.8 % en 2010 a 47.5  % a finales de 2011.

Las tarjetas de crédito (TDC) a finales de 2011 se situaban en más de 24.7  millones de plásticos, de los cuales en 2011 tan solo en el último semestre se otorgaron 2.8 millones.

De esos 24 millones de TDC otorgadas, BBVA Bancomer origino 7, 798, 072 tarjetas, Banamex 5, 523, 004, Santander 3, 419, 350,  HSBC 1, 350, 992 y Bancoppel que resulta una de las más caras en costo de comisiones e interés otorgó 2, 174, 798 de tarjetas.

Un programa interesante de analizar fue el del “Buen Fin: el fin de semana más barato del año”, esta iniciativa impulsada por el ex representante del Ejecutivo Felipe Calderón Hinojosa,  motivó  un incremento del uso de Tarjetas de Crédito en un 20 %, lo que significó un incremento general para el mes de Noviembre de 2011 del 4.3 % en el uso de TDC, mayor incremento desde 2006 cuando el uso de TDC se situó en 4.8 %, estos resultados promovieron una segunda etapa de este programa en 2012.

Las variables económicas significaron números positivos y alentadores para la economía macro, pero el verdadero problema radica en lo que debe definirse como la  variable más importante y la que genera las mayores  utilidades del sistema bancario,  el costo por el  proceso de intermediación financiera, dicho en otras palabras, monto  que cobran los bancos por administrar los ahorros de sus depositantes,  esa diferencia que suele ser muy amplia entre la tasa de interés que otorga a sus ahorradores y la tasa de interés que cobra a los acreditados, también conocidas como tasa de interés pasiva y tasa de interés activa.

La utilidad que debe generar la banca por el proceso de administración del capital es un derecho que le corresponde, más sin embargo los márgenes de ganancia existentes entre una y otra hacen parecer este negocio un asunto de lucro capitalista inoperante para las familias mexicanas y peleado por los capitales extranjeros y nacionales con gran margen de participación dentro de la economía nacional.

CONSIDERACIONES.

Un estudio del Centro de Documentación Información y Análisis de la Cámara de Diputados del año 2009, dio a conocer que de 2006 a 2009 las utilidades de los bancos generadas por el cobro de las tasas de interés generó 28.5 % sólo en el rubro de tarjetas de crédito.

Define el mismo estudio que los bancos cobran 4.7 veces más que lo que pagan por la captación del ahorro y que el crédito otorgado a través de las tarjetas de crédito es 2.9 veces más caro que el hipotecario.

Las tarjetas de crédito manejan una serie de comisiones que les reditúan ganancias por el proceso administrativo de captar y colocar crédito, entre esas comisiones están aquellas cobradas por, comisión por apertura, comisión por anualidad, comisión por robo o extravío, comisión por aclaración improcedente, consulta de saldo, disposición en efectivo, sumado a la tasa de interés.

Es muy interesante describir y dejar presente que comisiones y tasa de interés parecieran llevar un mismo objetivo, pero el significado que le da el Banco de México al concepto de  cobros por el otorgamiento de un crédito deja claro que no es así: “Las comisiones son cobros distintos a las tasas de interés que carga el banco por el crédito que está otorgando las cuales tienen el propósito de cubrir los costos directos y los gastos administrativos relacionados con el crédito”.

Las tasas de interés según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa  de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF),  para Diciembre de 2012 y en lo referente a tarjetas de crédito clásicas, van desde el 22.8 % la más baja que cobra banco Inbursa, hasta el 65 % que cobra Bancoppel, un margen de más del 40 % entre una y otra.

Lo que en conjunto con el incremento en el otorgamiento de créditos  genera una inestabilidad en la economía familiar, esto lo podemos contextualizar en el reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que emitió  la CONDUSEF,   en el cual reporta un incremento del 54.6 % en el  Índice de Morosidad  (IMOR) en los créditos de nómina.
El Banco de México define el Índice de Morosidad (IMOR) como la cartera de crédito vencida como proporción de la cartera total. Es uno de los indicadores más utilizados como medida de riesgo de una cartera crediticia.

Así mismo el balance arrojo un incremento en el IMOR de créditos personales de 2011 a 2012 de  20.7%.

El IMOR tiene una tendencia alcista por la falta de un estudio en la capacidad de pago, debe tenerse claro que un usuario de TDC, debe  sumar las compras del periodo realizadas con la tarjeta más las  comisiones y los  intereses cargados durante el periodo, lo que realmente hace caro el crédito en nuestro país.

Ignacio Beteta analista de asuntos económicos y financieros en su momento declaró que:

• Bancomer contribuye con cerca de una tercera parte de las utilidades de BBVA.

• Banamex está calificado como un banco con menos riesgo que su matriz Citibank.

• Santander proporcionó importantes recursos a su grupo financiero global, al colocar alrededor de la cuarta parte de su capital social en México en la BMV.

Existen ya algunos antecedentes para frenar el incremento de las utilidades generadas por los intermediarios financieros, en su momento fueron presentadas por el ex senador Fernando Castro Trenti y otra por el ex senador y ahora diputado Arturo Escobar y Vega, dicta el estudio del Centro de Documentación Información y Análisis de la cámara de diputados que de haberse aprobado alguno de los dos proyectos de decreto los resultados estimados hubieran sido los siguientes:

• La utilidad generada para los bancos por su actuar de intermediación financiera en 2009 fue del orden de los 57 mil 362.20 mdp, con la contracción y tope de las tasas de interés al 10%, que proponía Castro Trenti, las utilidades hubieran cerrado en 17 mil 210.38 mdp.

• La propuesta del entonces senador Arturo Escobar, siendo un poco más flexible maneja un  margen de ganancia del  20 %, mediante el cual  los índices de utilidad pasarían de 57 mil 362.20  a  34 mil 420.76 mdp.

El último reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detalla que el saldo correspondiente a tarjetas de crédito en 2012 ascendía a 230, 566, 111, 360 pesos.

Del saldo anterior el banco de mayor participación es BBVA Bancomer con 90, 122, 271, 151 de pesos, le sigue Banamex con 50, 541, 738, 453 pesos y Santander con 34, 543, 984, 526 pesos.

El balance general de la CNBV sobre el informe de la cartera total de la banca indica que existe a Noviembre de 2012 un monto de 2, 708, 386 millones de pesos, de los cuales se dividen la participación de la siguiente manera, BBVA Bancomer 656, 648 mdp con un margen de participación de 24. 24 %, le sigue Banamex con 439, 920 mdp y un porcentaje de 16.24, Banorte 354, 802 mdp y 13.10 %, Santander con 346, 286 mdp y 12.79% y HSBC con 195, 774 mdp y 7.3%.

Sin duda alguna la maniobra para bajar la utilidad de los grandes mercados de intermediación financiera podría ser un paso sumamente importante para abaratar el crédito y lograr un mercado más ágil.

La teoría de la oferta y demanda nos deja ver que de lograrse maximizar el monto de las tasas de interés nos enfrentaríamos contra un grupo de intereses muy fuertes, la conformación del mercado está dada por compradores y vendedores, donde los vendedores son los encargados de la oferta de productos, bienes, en el caso de los intermediarios financieros, ofertar los créditos.

Estando en un mercado de competencia imperfecta por ser un oligopolio financiero, es necesario corregir este hecho, por lo cual la regulación es un acto impostergable.

Es decir se puede contraer la oferta, pero debe existir el punto más bajo en el orden decreciente que permita que el mercado establezca sus propias reglas y se genere ese equilibrio deseado.

FUNDAMENTO LEGAL.

La iniciativa en comento se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la presente Iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 26 párrafo segundo de la Ley del Banco de México y el Capitulo II artículo 4 párrafo segundo de la Ley Para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Primero. Se reforma, el artículo 26 párrafo segundo de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

Artículo 26.- Las características de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realicen las instituciones de crédito, así como las de crédito, préstamo o reporto que celebren los intermediarios bursátiles, se ajustarán a las disposiciones que expida el Banco Central.

El Banco de México regulará las comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, teniendo estas un margen no mayor del 15% entre una y otra,   así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes. Para el ejercicio de dichas atribuciones el Banco de México podrá solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o de la Comisión Federal de Competencia y observará para estos fines lo dispuesto en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Segundo. Se reforma el artículo 4 párrafo segundo de la Ley Para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Para los fines previstos en el artículo 1 de esta Ley, el Banco de México emitirá disposiciones de carácter general para regular las tasas de interés, activas y pasivas, Comisiones y pagos anticipados y adelantados de las operaciones que realicen con sus Clientes, las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, así como para regular Cuotas de Intercambio tratándose de Entidades.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere este artículo, el Banco de México regulará las Comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, teniendo estas un margen no mayor del 15% entre una y otra,  así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las Entidades Financieras con Clientes. Para el ejercicio de dichas atribuciones el Banco de México podrá solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o de la Comisión Federal de Competencia.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
de los Estados Unidos Mexicanos, el 13 de mayo de 2015.





 

Como lo permite el resolutivo décimo segundo del Acuerdo que aprobamos este día, las proposiciones se turnarán a las comisiones en los términos del resolutivo décimo tercero del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe pormenorizado de las acciones de mantenimiento que implementa en la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro y, con ello, prevenir casos como el acontecido el 4 de mayo de 2015 en la Línea 5, estación Oceanía. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El Sistema de Transporte Colectivo Metro es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal. Desde su inauguración en 1969, hasta la actualidad, ha sido uno de los principales medios de transporte público para millones de usuarios que diariamente lo utilizan en la Ciudad de México para llegar a sus destinos.

Sin embargo, en los últimos meses ha presentado una serie de deficiencias en sus instalaciones y operación. Diversos medios informativos han documentado en varios momentos la falta de mantenimiento que se traduce en constantes retrasos en los tiempos de traslado, múltiples problemas en sus instalaciones e incluso la inobservancia en el cumplimiento de los estándares de seguridad.

Estas deficiencias quedaron de manifiesto en el choque de dos unidades - El tren 0075 que alcanzó en la parte trasera a la unidad 0057- en la estación Oceanía con dirección a Politécnico de la línea 5, con un saldo de 12 personas lesionadas, de las cuales seis fueron hospitalizadas, entre ellos destaca una personas de 35 años que tuvo una fractura expuesta en tibia y peroné de la pierna derecha, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas y otro lesionado que fue rescatado después de quedar prensado entre el vagón 4 y 5.

Son varias las vías del Metro que presentan hundimiento, provocando vibraciones, colapsos de estructuras, fracturas, grietas, deformación del sistema de vías, así como desplazamientos horizontales o verticales del cajón y desgaste prematuro en vías y ruedas.

Desde el 2010, se había anunciado estos desperfectos en las líneas 4, 5, 9, A y B, en la cual diariamente se movilizan y trasladan más de dos millones de pasajeros. Desde esa fecha se informó que todo el tramo elevado de la línea B y 60% de la línea 9 presentan hundimientos, mientras que de 25 a 30% de las líneas 4 y 5 presentan afectaciones por esos asentamientos, que obligan a reducir la velocidad de operación del Metro.

Estos problemas generan diversas molestias, pérdidas económicas y de tiempo para los usuarios. Ante estos acontecimientos recurrentes, las autoridades responsables deben ser sancionadas conforme a derecho, ante su responsabilidad en estos actos u omisiones en uno de los proyectos más concurrentes de trasporte público de la capital del país.

Los sucesos referidos, contradicen lo declarado por su director, ya que se comprometió a que esta administración estaría dedicada a generar un servicio “seguro y cómodo”. En su momento, declaró que se trabajaría en el mejoramiento de la calidad del servicio de los trenes y se garantizaría su mantenimiento.

La problemática descrita se suma a las necesidades identificadas como el de luminarias, escaleras en funcionamiento, condiciones de higiene, recorridos frecuentes y un servicio seguro.

El aumento del precio del servicio no se ha reflejado en acciones para garantizar la seguridad, transparencia en el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia, eficacia y economía del servicio y las acciones hasta ahora instrumentadas no han arrogado los resultados esperados.

Por lo anteriormente descrito, es imprescindible conocer las acciones contempladas por las autoridades del Distrito Federal y del Sistema de Transporte Colectivo Metro para el mantenimiento de las estaciones, vías, rieles y vagones para prevenir contingencias como las acontecidas, en el que indudablemente se pone en peligro la vida de miles de usuarios.

Para el Grupo Parlamentario del PRI es fundamental apoyar este Punto de Acuerdo porque, ante todo, debemos garantizar la integridad física de los usuarios y esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE IMPLEMENTA EN LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, Y CON ELLO, PREVENIR CASOS COMO LOS ACONTECIDOS EL DÍA 4 DE MAYO DE 2015 EN LA LÍNEA 5, ESTACIÓN OCEANÍA, DIRECCIÓN POLITÉCNICO.

SEGUNDO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE ADICIONAL A LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO RELOCALIZADO POR EL COMITÉ PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, REALICE UN PERITAJE EXTERNO SOBRE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL CHOQUE EN LA LÍNEA 5 DEL METRO.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Atentamente.





 

De los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Iris Vianey Mendoza, Alejandra Barrales Magdaleno, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo y Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al inegi realizar un censo de productores y distribuidores de alimentos para establecer facilidades administrativas. Se turna a la Tercera Comisión.

Quienes suscriben, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, IRIS VIANEY MENDOZA, ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, ARMANDO RIOS PITER, MARIO DELGADO CARRILLO y LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, integrantes a la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL INEGI A REALIZAR UN CENSO DE PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOSPARA ESTABLECER FACILIDADES ADMINISTRATIVAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante los últimos 20 años, ha existido un problema entre los distribuidores y comercializadores de productos alimenticios para cumplir con sus obligaciones fiscales por el gran rezago que existe en el sector rural; a partir de la última reforma fiscal, se vuelve prioritario identificar a qué contribuyentes se deben otorgar facilidades administrativas por su función social.

El campo mexicano vive condiciones de desventaja respecto a las zonas urbanas del país y el rezago en las zonas rurales es notable; principalmente por la falta de tecnología, el bajo índice de escolaridad, el escaso acceso a servicios bancarios. De igual modo, los miembros del sector primario que venden sus productos a los comerciantes de los principales centros de abastos del país no son ajenos a las condiciones imperantes en sus comunidades.

Dada su complejidad, los sectores primario y de abasto en el país no cuentan un régimen tributario que atienda la problemática del entorno y las condiciones en que interactúan, para el fehaciente cumplimiento de sus obligaciones. Con la reforma fiscal, que inició el 1 de enero de 2014, se sustituyeron los Regímenes de Pequeños Contribuyentes e Intermedio , por el denominado Régimen de Incorporación Fiscal con el objeto de preparar a las personas físicas para ingresar al régimen general de ley. Este nuevo régimen es cedular y de aplicación temporal por un periodo de hasta 10 años durante el cual se irá incrementando el porcentaje de condonación del ISR a pagar, y sin posibilidad de volver a tributar en el mismo.

Los contribuyentes de este nuevo régimen enfrentan nuevas obligaciones, como:

● Llevar contabilidad a través de sistemas electrónicos.

● Emitir comprobantes fiscales digitales por internet.

● Obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por internet de sus proveedores.

● Usar los servicios de la banca.

Respecto a las nuevas obligaciones de los contribuyentes del sector primario y de abasto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), llevó a cabo una serie de acciones, entre las que destacan:

● 15 reuniones y mesas de trabajo con distintas autoridades fiscales, miembros del sector abasto y con funcionarios del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

● Una reunión con representantes de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto A.C. (CONACCA) y con autoridades fiscales federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

● Tres investigaciones de campo en los municipios de Álamo y Martínez de la Torre en el Estado de Veracruz, de Rosario en el Estado de Sinaloa y Huixcolotla en el Estado de Puebla, para conocer las condiciones en las que el sector primario lleva a cabo el proceso de comercializar sus productos, en la que constató que el alto índice de pobreza, el escaso nivel académico, el acceso limitado a los servicios financieros y tecnológicos, entre otros, son condiciones que complican su adhesión al sector formal de contribuyentes.

● El estudio técnico denominado “Problemática del sector abasto para la deducibilidad en sus gastos y adquisiciones”, que muestra la realidad operativa, social y económica del sector primario, que complica su adhesión al sector formal de contribuyentes. 

A partir de estas mesas de trabajo y dialogo, se emitió la Recomendación Sistémica 001/2014 de la PRODECON al SAT, relativa a la “Imposibilidad de los miembros del sector primario para dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones fiscales y su repercusión en los sujetos que comercializan sus productos , misma que fue notificada al Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) el día 9 de enero de 2014.
Las recomendaciones de la PRODECON al SAT consisten en:

PRIMERA. Dar continuidad y permanencia a la expedición de facilidades administrativas para el sector primario a través de las Resoluciones correspondientes, considerando: Nivel académico, social, económico y acceso a servicios; diferencias de operación entre los propios integrantes del sector primario; y diferencias relativas a zonas geográficas, tipo de productos y destino de los mismos.

SEGUNDA. Dar continuidad y permanencia a la expedición de oficios con base en lo dispuesto en el artículo 36 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) a los miembros de la CONACCA o a cualquier Asociación, Cámara o Confederación que lo solicite y que se vincule comercialmente con el sector primario.

TERCERA. Establecer mesas de trabajo intersecretariales en las que participen las diferentes autoridades que de forma directa o indirecta tengan injerencia en los temas o aspectos que puedan determinar un régimen proporcional y equitativo para el cumplimiento de las obligaciones fiscales del sector primario y de abasto.

CUARTA. Exhortar a las autoridades involucradas con los sectores primario y de abasto, así como en los temas de seguridad y soberanía alimentaria; a considerar la potencial problemática y en ese sentido, coordinarse a efecto de tomar medidas encaminadas a impulsar su desarrollo a través del otorgamiento de subsidios, asesoría y sobre todo, de disposiciones legales justas y accesibles que fomenten su desarrollo y consideren sus carencias y debilidades.

Al respecto, el jefe del SAT señaló que la Recomendación se encontraba atendida y que las recientes reformas fiscales resultan adecuadas a las circunstancias especiales de dichos contribuyentes, pese a las solicitudes presentadas de diversas agrupaciones de contribuyentes y a la opinión de la PRODECON.

Las desigualdades de los pequeños productores del sector primario, afectan directamente a los sujetos que participan en el proceso de comercialización, colocándolos en desventaja, ya que no pueden cumplir los requisitos de deducción señalados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como son: comprobantes fiscales por internet, pago con cheque, transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito y monederos electrónicos, lo que trae como consecuencia una mayor utilidad fiscal.

La Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, reconociendo las desventajas del sector distribución de los productos del campo, año con año, ha emitido para los agremiados de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C., (CONACCA) resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular con base a lo establecido en el Artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, en las que en el ejercicio 2008 les otorgaba:

● Facilidades para autofacturar el 70% de sus adquisiciones.

● Facilidades para quedar relevados de la obligación de pagar con cheque nominativo.

● Efectuar una deducción del 5% sobre el total de sus ingresos no sujeta a comprobación.

Sin embargo, en los ejercicios fiscales posteriores aun cuando subsiste las condiciones de comercialización, estas facilidades administrativas fueron acotadas, como la desaparición por ley de la figura de autofacturación, el acreditar los pagos que se realizan a proveedores cuyo domicilio se encuentre ubicado en poblaciones o zonas rurales sin acceso a servicios bancarios y el porcentaje de la deducción no sujeta a comprobación.

En este sentido, se han realizado diversas reuniones de trabajo entre los miembros de la CONACCA y funcionarios del SAT, con la presencia de legisladores de la Cámara Alta, entre las que destacan:

PRIMERA. El 7 de octubre de 2014 se planteó la problemática fiscal del sector y se solicitó el apoyo del SAT para la Resolución de Facilidades Administrativas correspondientes al ejercicio 2014; dando como resultado la emisión del oficio y se acordó una reunión posterior.

SEGUNDA. El 29 de octubre de 2014, los representantes de la CONACCA plantearon la problemática real del sector abasto, dando ejemplos cuantitativos y solicitando al SAT que considerara la recomendación emitida por PRODECON.

TERCERA. El 19 de enero de 2015 se refrendó el ofrecimiento del SAT para sostener mesas de trabajo para tratar temas relativos a la Solicitud de Facilidades Administrativas.

CUARTA. El 22 de enero de 2015 se acordó celebrar un Taller Nacional Informativo para tratar el tema de los RIF, la Contabilidad Electrónica y “Mis Cuentas”. Asimismo instalar módulos de información en las Centrales de Abasto.

QUINTO. El 29 de enero de 2015 se realizó  una Junta de Consejo Nacional, para que los integrantes de la Confederación manifestaran sus experiencias, problemática en el desarrollo de la actividad comercial y plantearan propuestas referentes al tema fiscal del sector.

Asimismo, se acordó que se haría un levantamiento de información con los puntos y problemáticas presentadas, y que la información recabada sería presentada en la próxima reunión de trabajo.

SEXTO. El 10 de febrero de 2015, con el objeto de recabar información sobre la problemática que tiene el sector distribución de alimentos; dada la solicitud del SAT referente a la necesidad de tener datos que permitan otorgar facilidades administrativas; la Confederación llegó al acuerdo de que recabar esta información no corresponde a un particular, sino a la autoridad misma y dado que la PRODECON ya había realizado ese estudio, el SAT debería reconocerlo.

Los acuerdos alcanzados en esta reunión para solicitar al SAT las facilidades administrativas particulares a la Confederación para el ejercicio 2015, fueron los siguientes:

● Exigir al SAT el reconocimiento del estudio realizado por PRODECON.

● Autofacturación con retención de 1.5%.

● Deducción de donativos únicamente con el recibo del banco de alimentos.

● Deducción ciega de gastos menores sin comprobación.

SÉPTIMA. El día 11 de febrero de 2015, en reunión con personal de la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT y la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, las autoridades solicitaron los datos de operaciones celebradas por segmento alegando que al desconocer las operaciones problemáticas, no se está en condiciones de emitir facilidades administrativas.

Considerando que, dentro de los propios sectores primario y de abasto existen grandes diferencias, pues las condiciones de operatividad de un pequeño parcelero no son comparables a las de un productor a gran escala o una sociedad cooperativa; coinciden en la necesidad de otorgar facilidades a algunos contribuyentes, requieren contar con la información estadística precisa que justifique y fundamente el otorgamiento de facilidades administrativas. Sin embargo, la autoridad fiscal requiere información por sector, producto, monto y número de operaciones, para otorgar facilidades administrativas.

Con estos antecedentes, consideramos necesario que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su carácter de organismo autónomo realice un censo de productores de alimentos que proveen a las centrales de abasto en el país, a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria pueda elaborar medidas de carácter fiscal acorde a la recomendación sistémica 001/2014 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice un Censo de productores de alimentos que proveen a las centrales de abasto en el país, distinguiendo entre sector, producto y número de operaciones; a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda fundamentar facilidades administrativas acorde a la recomendación sistémica 001/2014 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, relativa a la “Imposibilidad de los miembros del sector primario para dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones fiscales y su repercusión en los sujetos que comercializan sus productos”.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 13 de mayo de 2015.

Suscriben

Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Iris Vianey Mendoza.- Sen.Alejandra Barrales Magdaleno.- Sen. Armando Rios Piter.- Sen. Mario Delgado Carrillo.





 

Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de desastre natural en el estado de Guerrero por el fenómeno natural geológico de ola extrema o mar de fondo y se disponga de los recursos del FONDEN necesarios. Se turna a la Primera Comisión.







 

Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que exhorta al gobierno del Estado de Baja California a cesar los actos de represión en contra de los jornaleros del Valle de San Quintín. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, Manuel Bartlett Díaz, Senador de la República, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE HALLE Y SANCIONE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA SITUACIÓN DE SEMIESCLAVITUD EN LA QUE VIVEN LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS DEL PAÍS, CONCRETAMENTE LOS QUE LABORAN EL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO DE LAS ACCIONES DE REPRESIÓN REALIZADAS POR LA POLICÍA ESTATAL, EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y SUS FAMILIAS, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

La situación laboral y de explotación que viven los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, no es nueva. Data de muchos años y tiene, básicamente, tres componentes: uno, la necesidad de los campesinos, principalmente indígenas de vender su fuerza de trabajo en condiciones infrahumanas para subsistir; dos, la voracidad de empresarios agrícolas, nacionales o extranjeros por explotar los recursos naturales y humanos de México a toda costa para colocar sus productos en el mercado exterior, principalmente los Estados Unidos; y tres, la corrupta complicidad de las autoridades federales, estatales y municipales en el solapamiento de la explotación de los trabajadores.

A raíz de la apertura económica y la adhesión que se hizo de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ocurrieron, entre otros, dos fenómenos que actuaron en contra de la población y empresas más vulnerables y, por otra parte se apoyó con todos los medios a las grandes empresas vinculadas al sector exportador. Cuando se ha aseverado que ha sido un éxito el TLCAN, obviamente se hace referencia a un sector minoritario de empresas, y nada se dice de la desaparición de miles de pequeñas y medianas empresas, de sectores completos de actividades de la industria manufacturera, así como de las actividades agropecuarias en las cuales se desempeñaban amplios sectores de la población con su mano de obra. Igualmente, se abandonó sistemáticamente las actividades con menor productividad y a los grupos de población históricamente marginados como lo han sido los indígenas de todo el país, que son expulsados de sus comunidades por la miseria que les impide sobrevivir.

Mucho se ha escrito acerca de las condiciones ínfimas en las que sobreviven los jornaleros agrícolas y sus familias; pero como ya se dijo, este fenómeno no es nuevo. La explotación en el campo no es nueva ni reciente. Se remonta a la época de la conquista. En realidad, la explotación de los jornaleros es uno de los últimos vestigios del modelo económico basado en el abuso que nos dejaron los conquistadores españoles. La inconformidad que se manifiesta en el Valle de San Quintín es un recordatorio sobre las condiciones de semi-esclavitud que todavía prevalecen en amplias regiones de la República.

Esto ha dado como resultado la migración interna de campesinos que con su mano de obra agrícola van siguiendo los ciclos de cultivo por distintas regiones del país. Lo que conlleva el abandono de sus lugares de origen, inicialmente sólo los jefes de familia y posteriormente con su familia y sobreviviendo en condiciones de semiesclavitud, en la que se incorpora no sólo a los varones adultos, sino también a niños y mujeres, que viven hacinados en bodegas o casas que no reúnen condiciones mínimas de bienestar y salubridad.

Con el TLCAN, se ha institucionalizado la explotación de los recursos naturales del país a favor de intereses extranjeros, aliados muchas veces con empresarios mexicanos que lo único que les interesa es obtener altas ganancias, aún a costa de esquilmar los recursos naturales y la mano de obra de la población mexicana. Las actividades agrícolas destinadas principalmente al mercado externo se realiza en nuestro país por la sobreexplotación de los recursos naturales a través del uso de la tierra, del agua y la mano de obra de los jornaleros agrícolas que realizan el mismo trabajo que sus similares del otro lado de la frontera con una paga de la décima parte, sin las prestaciones laborales mínimas, sin atención médica y sin contar con la posibilidad de una vivienda digna y educación para los menores.

La competitividad de que presumen los exportadores de los productos del campo está basada en el uso intensivo de la tierra, pero sobretodo en la paga marginal que hacen del uso de la mano de obra campesina, además de que están sujetos a los caprichos y necesidades del mercado estadounidense, que se mueve de acuerdo a las condiciones de los productores de los mismos cultivos en el país del norte, es decir, de la oferta que pueden tener dependiendo del clima u otras condiciones naturales, pero sobre todo, porque allende la frontera la mano de obra es diez veces más alta que en nuestro país.

Hoy en día la explotación persiste como cultura de los agro-negocios. La política neoliberal derivada del llamado Consenso de Washington se proyecta en las zonas rurales de México bajo la premisa de orientar a la agricultura hacia la exportación descuidando las necesidades alimentarias del pueblo de México y buscando la capitalización de la agroindustria a costillas de los legítimos derechos de los trabajadores del campo. La lucha de los jornaleros de San Quintín busca mejorar las condiciones laborales y de vida para miles de familias principalmente de origen indígena. Quizás sin proponérselo, los jornaleros de Baja California están cuestionando con su movimiento la calidad de la democracia mexicana que ha de traducirse en mejores niveles de vida empezando por los elementos más débiles de la población.

En el año 2009 la Universidad Autónoma de Chapingo llevó a cabo una encuesta nacional que dio por resultado que en México había 2’040,000 jornaleros agrícolas. Casi medio millón, es decir, 434,000 son inmigrantes procedentes principalmente de los estados del sur como Guerrero, Oaxaca y Veracruz que se trasladan en busca de trabajo a los campos agrícolas del noroeste principalmente en Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. Destaca que 727,000 jornaleros son niños y adolescentes que trabajan por remuneraciones más bajas. Cuatro de cada diez jornaleros son indígenas. Posteriormente, en el 2014, se practicó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que arrojó una población de 6.8 millones de peones. Como se puede observar, el crecimiento acelerado de jornaleros se debe a la falta de oportunidades y apoyos en el campo lo que está produciendo mano de obra barata y vulnerable en el giro que se busca dar para extender los agro-negocios en el territorio nacional.

Mientras son reiterados los pronunciamientos de partidos y organizaciones políticas exigiendo el respeto a los derechos de los migrantes nacionales al otro lado de la frontera en el vecino país del norte, surge la paradoja de que los migrantes agrícolas que se desplazan al interior de la República sufren condiciones laborales peores. La mayoría de los jornaleros se trasladan desde su lugar de origen a los campos de trabajo llevando consigo a sus familias. Esta costumbre principalmente entre los pueblos indígenas es de lo que se aprovechan los empresarios y el espacio en el que las autoridades laborales deberían incidir. Es lo que hace vulnerables a los jornaleros pues les coloca en una posición sumamente desventajosa para negociar las condiciones de la prestación de sus servicios subordinados ya que los patrones se percatan de inmediato que ante la demanda de una contratación por familias los jornaleros están dispuestos a ceder en sueldos y prestaciones.

La imposición de condiciones laborales por abajo de lo que marca la ley por parte de los patrones se traduce en una situación precaria para los jornaleros y sus familias. Contrariando los postulados de la Ley Federal del Trabajo, en particular del artículo 283, el común denominador es que los jornaleros y sus familias carezcan de viviendas adecuadas e higiénicas. No cuentan ni siquiera con instalaciones sanitarias y mucho menos viviendas con piso firme. Las niñas, niños y adolescentes numerosos que se encuentran en los centros de trabajo carecen del servicio de educación que a pesar de ser público y obligatorio les es ajeno pues las escuelas se encuentran a kilómetros de distancia en los núcleos urbanos. La atención médica es raquítica debiendo por lo general cubrir sus costos los propios jornaleros que deben aportar los honorarios de los médicos y adquirir las medicinas correspondientes. Se registran también situaciones de préstamos que producen una situación muy parecida a la de los peones acasillados que fue el detonante de la Revolución Mexicana a principios del Siglo XX.

Si estas condiciones de sobreexplotación ya era conocida desde hace muchos años, no en balde la propia Secretaría de Desarrollo Social destina recursos para el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas en todo el país, resulta poco claro: ¿cómo es que hasta el 17 de marzo del año en curso las autoridades laborales descubrieron y rescataron a doscientos jornaleros de un finca de San Quintín, Baja California? ¿A caso las autoridades laborales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las autoridades estatales y municipales no se daban cuenta de esa situación?

¡Claro que sí lo sabían! Y aquí no queda otra respuesta más que la autoridad ha sido omisa, ha sido cómplice, porque no sería creíble que no pueden aducir ignorancia de los hechos.

El Valle de San Quintín, ubicado en el municipio de Ensenada, muestra la cruel realidad de la explotación brutal que trae consigo el capitalismo, las políticas de libre comercio y la globalización. Lugar de esclavitud en los albores del siglo XXI, donde la pobreza y marginación hace estragos en las personas –la gran mayoría indígenas prevenientes de Oaxaca que han emigrado por mejores condiciones de vida-, donde confluye el abuso y la discriminación, donde los derechos humanos se violan de forma sistémica, tal parece que no existen. Es ahí donde las personas, cansadas por tanto abuso han alzado la voz por un salario más justo, seguridad social, por mejores oportunidades para sus hijos (pues la gran mayoría de éstos siguen la suerte de sus padres abandonando la escuela e interviniendo en el sistema de explotación degradante e inhumana que resulta operar en San Quintín).

Es prudente analizar, ahora que sale a la luz semejante esclavitud, las relaciones que imperan en el campo mexicano, ya que son relaciones capitalistas de producción agropecuaria que se encuentran en decadencia, ya que impulsan el trabajo desreglamentado sometido a la libre explotación con la flexibilidad laboral, que individualiza contratos, horarios y salarios; hace de las personas cosas para la pizca en los huertos en condiciones infrahumanas; trae aparejado violación de derechos, pobreza y relaciones laborales –si así se le pueden llamar a este abuso- de gran explotación.

Este valle ha crecido en un mercado laboral ávido de fuerza de trabajo barata que no respeta legislación laboral alguna –con el debido contubernio de las autoridades locales-, ligado a políticas gubernamentales hacia el campo, que en los últimos años han favorecido claramente a la agricultura de exportación, con el beneficio hacia las compañías locales y internaciones (sobre todo de Estados Unidos) que han convertido a los campesinos de San Quintín en máquinas que garanticen un negocio por demás redituable de forma casi gratuita, pues mientras del lado de la frontera, en Estados Unidos, el salario mínimo es de 9 dólares la hora, algo así como 135 pesos, en San Quintín, la explotación hace de 8 horas un pago de 120 pesos totales, sin contar traslados desde las 3 de la madrugada, comidas y dado el caso, encargar a los hijos pequeños –los que todavía no pueden ser explotados- con vecinas. No obstante la incertidumbre y disputa por lograr un espacio en la contratación, y es precisamente en este momento cuando abusa el “mayordomo” o “capataz” y selecciona a los más aptos, discriminando a personas mayores, mujeres embarazadas o nuevas personas que por necesidad buscan un empleo sin imaginar la explotación a que serán sometidos.

Ahora, a partir del mandato de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, los gobernantes están llamados a asumir una actitud pro-activa. A través de políticas públicas, acciones, planes y programas los gobernantes deben crear las condiciones idóneas para que los derechos humanos en general y los derechos económicos, sociales y culturales en particular tengan una eficacia palpable día con día. Con el nuevo modelo constitucional, las autoridades además de respetar y proteger los derechos fundamentales deben promoverlos y garantizarlos. Bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad los servidores públicos deben enfocar por necesidad jurídica su atención en torno a los grupos vulnerables por un deber elemental de justicia y equidad. Tratándose del estado de Baja California destacan los cerca de 80.000 jornaleros que llevan una vida en el límite de la subsistencia en el valle de San Quintín, municipio de Ensenada a consecuencias de relaciones laborales de abuso.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos ha significado para México y sus habitantes en toda la República la ampliación de nuestra vida democrática. De ahí que en la tarea de gobernar ocupa un lugar destacado el respeto y promoción de las libertades civiles. Un gobernante que se precie de ser congruente con los derechos humanos debe respetar en particular la libertad de expresión, la libertad de asociación así como la libertad de manifestación de las ideas. Vivimos en un Estado democrático en donde se deben escuchar las voces, sobre todo de quienes exigen justicia o ven vulnerados sus derechos; la represión, por el contrario, es propia de dictaduras.

 Entre los últimos acontecimientos que detonaron el desalojo violento por parte de la policía estatal de Baja California, fue con la finalidad de poner fin al paro de labores convocado por los jornaleros hasta que se resolvieran sus peticiones, para lo cual, habían convocado al Subsecretario de Gobernación, Licenciado Luis Enrique Miranda Nava para que interviniera en las negociaciones.

Es claro que lo que piden es que se les pague un jornal diario de doscientos pesos, cumplimiento de la Ley del Trabajo entre lo que se incluye apoyo para vivienda digna, escuelas para los hijos de los jornaleros, atención a la salud y de seguridad social,

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Que el Pleno de esta Comisión Permanente exhorte al Gobierno del Estado de Baja California cese los actos de represión en contra de los Jornaleros del Valle de San Quintín.

Segundo.- Que el Pleno de esta Comisión Permanente exhorte al Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, y al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Licenciado Alfonso Navarrete Prida, su urgente intervención para resolver, a la brevedad, el pliego petitorio presentado por los trabajadores del campo, con la finalidad de poner fin a las condiciones infrahumanas en las que laboran los campesinos, en cumplimiento al respeto y protección de los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas.

Tercero.- Que el Pleno de esta Comisión Permanente, con el fin de resolver este problema, cite a comparecer a los siguientes funcionarios:

- Al Secretario de Gobernación, Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong;

- Al Gobernador del Estado de Baja California, Licenciado Francisco Vega de Lamadrid;

- Al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Licenciado Alfonso Navarrete Prida;

- Al Director del Instituto Mexicano de Seguro Social, Doctor José Antonio González Anaya;  así como

- Al Presidente Municipal de Ensenada B. C., Profesor Gilberto Hirata Chico

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 13 de mayo de 2015.

Sen. Manuel Bartlett Díaz.





 

De la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud Federal, a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Instituto Mexicano del Seguro Social a remitir la investigación que se realice sobre los hechos del 9 de mayo del año en curso en las comunidades de La Pimienta y San José, en el municipio de Simojovel, Chiapas, concernientes al fallecimiento de dos bebés y la afectación a la salud de 37 menores, como resultado del programa de vacunación respectivo. Se turna a la Segunda Comisión.

MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS, A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE REMITA LA INVESTIGACIÓN QUE SE REALICE CORRESPONDIENTE A LOS HECHOS SUCEDIDOS EL 9 DE MAYO, EN LAS COMUNIDADES DE LA PIMIENTA Y SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, CONCERNIENTES AL FALLECIMIENTO DE DOS BEBÉS, Y AFECTACIÓN A LA SALUD DE 37 MENORES,COMO RESULTADO DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN RESPECTIVO; Y QUE LA INVESTIGACIÓN ESPECIFIQUE, COMO MÍNIMO, LA DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE LOS MENORES AFECTADOS, LOS ESTUDIOS PERTINENTES PARA IDENTIFICAR LA CAUSA Y LOS FACTORES DE ORIGEN, LOS ESTUDIOS PERTINENTES PARA IDENTIFICAR LA CAUSA Y LOS FACTORES DE RIESGO Y VIABILIDAD DEL PROGRAMA, LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS DE LAS VACUNAS ADMINISTRADAS, LOS PERITAJES DEL MANEJO LAS UNIDADES DE SALUD, Y LA DETERMINACIÓN DE LOS RESPONSABLES, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El día 9 de mayo, en las comunidades de La Pimienta y San José, del municipio de Simojovel, Chiapas, se informó que al menos dos bebés fallecieron y más de una veintena se encontraban graves y bajo observación médica, luego de que un galeno de una clínica del IMSS vacunó a cerca de 40 menores.

Después de una campaña de vacunación para menores, que posteriormente especificó la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, era un esfuerzo que el gobierno del Estado a través de esa secretaría implementó, denominado como el Plan de Acción de Prevención y Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, en coordinación interinstitucional con el IMSS PROSPERA, trascendió, que en las primeras horas del sábado, atienden a 37 menores, luego de que presentaran reacciones alérgicas al parecer a la supuesta aplicación de vacuna por personal del salud del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“El IMSS informó anoche que, como parte de la pesquisa, se identificó que los 31 bebés afectados tienen en común, en cuanto a las vacunas que les fueron aplicadas, que todos recibieron la de hepatitis B. Por ello la suspensión temporal de la inmunización se limita a los lotes del producto que se están en el municipio de Simojovel, Chiapas, de donde son originarios los pacientes. Es decir, el resto de las vacunas que integran el programa universal se pueden aplicar de manera normal en todo el país. Con ello el instituto revirtió su decisión del pasado sábado de interrumpir a nivel nacional la vacunación de hepatitis, tuberculosis (BCG) y rotavirus.”

La investigación periodística dio información en el tenor del suceso, en donde señala a un doctor de nombre, Roberto Calvo, como el que vacunó a 25 niños recién nacidos alrededor de las 8 de la noche del 9 de mayo. Posteriormente, esa misma noche, murieron 2 bebés.

Al momento, la información que ha proporcionado el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha podido determinar el origen del problema que causó la muerte de dos pequeños, pues, comentan, se están realizando estudios de laboratorio que requieren un plazo de tiempo específico para arrojar resultados.

Existen hipótesis que insinúan que un factor que pudo provocar las reacciones en los niños es la contaminación de los frascos con alguna bacteria por mal manejo en la unidad de salud, lo que obliga, ipso facto, a la investigación exhaustiva del manejo de las unidades y la responsabilidad de sus encargados.

Inclusive, la Secretaría de Salud anticipó que por deficiencias en el almacenaje y manejo de las vacunas, éstas se pudieron haber contaminado con alguna bacteria; o bien, que el personal de salud incumplió con una buena práctica médica para asegurar la higiene en la aplicación de los biológicos, lo que implica, en cualquiera de los dos casos, la aplicación de sanciones ejemplares para los responsables.

Según los reportes, de los 29 niños que siguen hospitalizados, 23 se encuentran estables y seis graves. Todos están en el Centro Médico Chiapas nos Une Doctor Gilberto Gómez Maza, dependiente de la Secretaría de Salud.

La investigación, y la aplicación de las sanciones correspondientes, serán fundamentales para que se mantenga la credibilidad del programa de vacunación universal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la  siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de exhorto y pronunciamiento, en los términos del artículo 276 numeral 1, fracciones primera y segunda:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta  respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, a la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que remita la investigación que se realice correspondiente a los hechos sucedidos el 9 de Mayo, en las comunidades de La Pimienta y San José, en el Municipio de Simojovel, Chiapas, concernientes al fallecimiento de dos bebés, y los 37 menores que atiende el programa de vacunación respectivo.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a las dependencias mencionados en el resolutivo primero, para que la investigación especifique, como mínimo,  la detección, notificación, clasificación y seguimiento de los casos de los menores afectados, los estudios pertinentes para identificar la causa y los factores de origen, los estudios pertinentes para identificar la causa y los factores de riesgo y viabilidad del programa, la identificación de los datos de las vacunas administradas, los peritajes del manejo las unidades de salud, y la determinación de los responsables, así como la aplicación de las sanciones correspondientes.

Dado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 13 de mayo de 2015.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo.





 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Centro Nacional para la Prevención de Desastres la inclusión del fenómeno “mar de fondo” en el Atlas Nacional de Riesgos, con el objetivo de difundir medidas preventivas de los riesgos que constituye y los daños que puede ocasionar a las costas del pacífico mexicano año con año. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II y el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El mar de fondo también denominado mar de leva (Swell en inglés), es un evento anormal, causado por la fricción del viento proveniente de los frentes fríos del hemisferio norte que empujan las aguas oceánicas hacia la costa causando un fuerte oleaje debido al incremento en la altura de las olas, sus efectos se ven principalmente en las áreas de las costas debido al aumento de la ola por la variación en los niveles delinea de costa, estos efectos se ven en, daños a construcciones cercanas y en algunos otros casos generando algún tipo de erosión, todos estos efectos en la línea de costa1.

El mar de fondo es un oleaje muy largo y continuo, fácilmente identificable a grandes distancias, ya que trae longitudes de entre los 100 y 300 metros, es un fenómeno que afecta a diferentes países costeros, para el caso de México, se sabe que es generado por tormentas en el mar acompañadas de fuertes vientos, provocando el aumento del nivel del mar y la reducción de la playa.

Se propaga fuera de la zona donde se ha generado, pudiendo llegar a lugares muy alejados, en ocasiones, las tormentas marinas se originan en distancias superiores a los 10 mil kilómetros para llegar a las costas mexicanas.

Ello, porque en el mar no enfrentan barreras que los pudieran detener, sino hasta que llegan a la costa y allí concluyen su recorrido marino. “La Playa es una barrera natural para el fenómeno del Mar de Fondo”2.

Por lo que a pesar de que el ‘mar de fondo’ no representa un peligro como lo sería un tsunami al  tratarse de un oleaje largo y continuo este significa un riesgo para las playas y los negocios cercanos al mar, ya que entre los problemas que origina este fenómeno se encuentra el arrastre de arena, situación con la cual algunas playas ven disminuidas de manera temporal sus zonas arenosas.

Para México se ha identificado que la presencia de este fenómeno es entre los meses de mayo y noviembre.

La evaluación de riesgos brinda una mejor comprensión científica de los peligros y amenazas, así como de la vulnerabilidad de la población y los activos expuestos a esas eventualidades. El Sistema Nacional de Protección Civil  (SINAPROC) ha creado varias herramientas para reforzar el uso de políticas informadas de gestión de riesgos, al recopilar y analizar datos e información sobre amenazas, exposiciones y vulnerabilidades a nivel federal y, cada vez en mayor medida, en los ámbitos estatal y municipal.

Por lo que actualmente no existe una protección para este tipo de desastres naturales, a pesar de ello en junio de 2012, México publicó la Ley General de Protección Civil (LGPC), dentro de la LGPC, se considera El Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED) como la institución técnica-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil, misma en la que se enuncian como parte de sus atribuciones la creación, gestión y promoción de políticas públicas en materia de prevención de desastre y reducción de riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión.

Asimismo también establece que es el encargado de la integración del Atlas Nacional de Riesgos (ANR), el cual es una herramienta innovadora que integra información de los tres niveles de gobierno sobre peligros, exposición y vulnerabilidad. El ANR proporciona una visión nacional integral de todos los riesgos de desastre, naturales o provocados por el hombre, y su diseño como un Sistema de Información Geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) brinda una excelente visualización de la relación espacial entre los peligros y la población y activos en riesgo.

En este contexto el CENAPRED ha establecido vínculos sumamente valiosos con la comunidad científica, mismos que contribuyen aportando datos sólidos sobre peligros naturales al ANR, particularmente terremotos, inundaciones y tormentas tropicales; no obstante, es necesario hacer modificaciones para incorporar mejor los escenarios de tsunami y la inclusión de forma particular lo referente al “mar de fondo”.

Lo anterior debido a que el CENAPRED es quien proporciona las directrices y asistencia técnica a los estados y municipios de nuestro país para asegurar que sus atlas de riesgos sean más que sólo un inventario de peligros, esto es que se conviertan en una guía de ayuda en caso de ser necesario, por ello éstos deberán integrar el análisis de vulnerabilidad y cumplir con las normas de interoperabilidad de datos con el Atlas Nacional de Riesgos.

PROBLEMÁTICA ACTUAL

En las costas del pacífico mexicano desde hace algunos años se ha presentado constantemente el fenómeno de  “mar de fondo”, por ejemplo la costa oaxaqueña ha sufrido los embates de este en junio de 2006, el alto oleaje ocasionó cuantiosas pérdidas materiales a restauranteros y en mayo de 2010, el Mar de Fondo ocasionó olaje de hasta 9 metros de altura.

El alto oleaje ha dejado en Guerrero tres muertos, 701 viviendas y 459 enramadas,178 restaurantes, 106 locales comerciales, 6 hoteles, 3 condominios y 289 cooperativas; 165 personas permanecen en los tres albergues habilitados, informó este domingo el secretario de Protección Civil estatal, Raúl Miliani Sabido3.

En Colima, de acuerdo con el director el director de Protección Civil de Tecomán, Luis Salazar Saborío, hasta el momento se han registrado daños en alrededor de 80 enramadas, 49 pescadores y una persona muerta4.

En Oaxaca las autoridades de protección civil reportaron daños en 95 establecimientos de la playa Zicatela y la bahía principal de Puerto Escondido afectando a unos 553 empleados de dichos negocios5.

Finalmente en Sinaloa los reportes del fenómeno de “mar de fondo” revelan que este ha causado afectaciones en el mobiliario y algunos negocios tuvieron que cerrar, pues el agua llegó a adentrarse casi hasta la cocina, a pesar de contar con un creciente número de turistas y una ocupación hotelera por encima del 70 por ciento, fue imposible ofertar servicios como los kayaks, el parachute, y los recorridos por el faro y las tres islas en Mazatlán6, referente a las playas Las Glorias el reventadero de las olas prácticamente ha alcanzado hasta el bulevar Tiburón, por lo que se mantiene la alerta roja en el balneario.

Derivado de lo anterior es que el objetivo de la presente propuesta es la inclusión del fenómeno del “mar de fondo” dentro del Atlas Nacional de Riesgos, debido a que este representa un sistema integral de información, que permite establecer bases de datos y realizar el análisis del peligro, de la vulnerabilidad y del riesgo ante desastres a escala nacional, regional, estatal y municipal.

Con ello se podrán generar mapas y sistemas geográficos de información, simular escenarios de desastres, emitir recomendaciones para la oportuna toma de decisiones y establecer efectivas medidas de prevención y mitigación en los estados y municipios que se vean afectos por este fenómeno de “mar de fondo”.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto ante el Pleno de esta H. Comisión Permanente la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

ÚNICO.-Se solicita respetuosamente al Centro Nacional Para la Prevención de Desastres (CENAPRED), la inclusión del fenómeno “mar de fondo” en el  Atlas Nacional de Riesgos (ANR), con el objetivo de difundir medidas preventivas de los riesgos que constituye y los daños que puede ocasionar a las costas del pacífico mexicano año con año.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de mayo 2015.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.


1 Lizarazo Osorio JF y DC López Ortegón http://cienciagora.com.co/imgs2012/imagenes/Tesis_Diana_Juan_U_Piloto.pdf

2 Ahumada Sempoal, MA., 2015.  In press: http://pulsoslp.com.mx/2015/05/04/que-es-el-mar-de-fondo-y-cual-es-su-origen/

6 Protección Civil de Sinaloa.





 

De los Diputados José González Morfín y Marcelo Torres Cofiño, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación respecto a los presuntos vínculos del gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, con grupos de la delincuencia organizada. Se turna a la Primera Comisión.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE, EN APEGO A SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO A LOS PRESUNTOS VÍNCULOS DEL GOBERNADOR DE COLIMA, MARIO ANGUIANO MORENO, CON GRUPOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado lunes 4 de mayo del presente, se hizo del conocimiento de la opinión pública un video en el que se observa al gobernador del estado de Colima ser sometido de manera voluntaria a una prueba de polígrafo antes de rendir protesta al cargo que hasta ahora ostenta.

Lo relevante de dicha videograbación es que el ahora gobernador de Colima no pasó la prueba de detección de mentiras, particularmente cuando fue cuestionado sobre sus vínculos políticos y con grupos del narcotráfico.

Pero más allá de esta referencia documental que ya en sí denota una probable conducta que no es acorde a la ética en el desempeño de un cargo público, cabe decir que no es la primera ocasión en que el gobernador Anguiano se ve involucrado en cuestionamientos sobre posibles nexos con grupos delincuenciales en la entidad.

Una de las últimas acciones que han generado sospecha al respecto es el reciente nombramiento de Rafael Gutiérrez Villalobos al frente de la Secretaría de Gobierno de Colima. Gutiérrez Villalobos, quien se desempeñó desde la administración anterior, bajo la gubernatura de Silverio Cavazos como secretario de Fomento Económico ha sido señalado, sin ninguna prueba contundente, por tener nexos y lavar dinero para grupos delincuenciales. Asimismo, al ahora secretario de Gobierno fue gestor de recursos para la campaña de Cavazos como  candidato del PRI a gobernador. El 21 de noviembre de 2011, Cavazos Ceballos fue asesinado y Rafael Gutiérrez Villalobos se vio involucrado en la investigación del homicidio, ya que éste arribó al domicilio del exgobernador minutos antes del ataque y se encontraba hablando con Cavazos al momento de su artero asesinato, resultando Gutiérrez ileso.

Es importante destacar que en el estado de Colima se ha detectado que operan dos cárteles del narcotráfico que se disputan la plaza ya desde hace varios años: el cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyo líder del brazo armado es un personaje apodado como “El Mencho”, y Los Caballeros Templarios, liderados por el ahora preso “La Tuta”. En la lucha por el territorio colimense no se puede descartar, como se ha podido observar en otras entidades, que existan funcionarios públicos vinculados con estas organizaciones delincuenciales, o que las instituciones se encuentren infiltradas por estos grupos.

También es preciso mencionar que los hechos ocurridos el pasado 1 de mayo en Jalisco, en donde se recrudeció la violencia con los narco bloqueos en las carreteras, el incendio de gasolineras y de sucursales bancarias, adjudicados al grupo de Jalisco Nueva Generación, son una muestra de que la disputa por las plazas se mantiene vigente y con un alto poder de acción y de reacción.

Lo ocurrido en Jalisco es una muestra de que el problema de la delincuencia organizada en la región se mantiene latente y con esbozos de violencia extendida. Es por ello preciso que el gobierno mexicano, al haber conocido y reconocido esta situación, haga lo posible por evitar y combatir la violencia con que estos grupos están actuando. Para ello, como se ha hecho en otras entidades como Michoacán, es necesario que se ponga énfasis en la investigación de posibles vínculos de las autoridades locales con los grupos del crimen organizado, con el fin de extirpar de raíz esta problemática que se vive en el occidente del país.

Más allá de lanzar una acusación directa en contra del gobernador Anguiano, se solicita, ante la sospecha pública que recae sobre él, que sea sometido a una investigación por parte de la Procuraduría General de la República para deslindar sus posibles nexos con organizaciones de la delincuencia organizada, así como ayudar en la pacificación de la zona.

En el video al que se ha hecho referencia destaca que el gobernador de Colima no acreditó una prueba de confianza, misma confianza que hoy los propios ciudadanos de Colima no le otorgan en el desempeño de su cargo público. Si el gobernador Anguiano no tiene nada que esconder o de lo que arrepentirse, que se someta al escrutinio de las autoridades federales para acreditar que ha actuado de forma limpia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que, en apego a sus facultades y atribuciones, lleve a cabo una investigación respecto a los presuntos vínculos del gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, con grupos de la delincuencia organizada.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 13 de mayo de 2015.

Dip. José González Morfín.- Dip. Marcelo Torres Cofiño.





 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal informe sobre los motivos y acciones que tomará el Gobierno del Distrito Federal, respecto al posible cierre total y suspensión del servicio de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se turna a la Primera Comisión.







 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a girar instrucciones a las dependencias correspondientes para que se suspendan los permisos de funcionamiento que han contaminado la laguna Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván y las otras 18 cuencas del Estado de Veracruz, hasta en tanto se deslindan responsabilidades administrativas y/o penales. Se turna a la Tercera Comisión.

Danner González Rodríguez, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La mañana del domingo 10 de mayo del año en curso, en la laguna Cabana, ubicada en el municipio de Úrsulo Galván, Estado de Veracruz, aparecieron cientos de peces muertos

A decir de los pescadores que tienen su fuente de ingresos en la pesca y en la laguna referida, el ingenio El Modelo -ubicado en Cardel-es el responsable de esta contaminación, ya que cada 6 meses hace descargas directas al arroyo y los ácidos se mezclan con las aguas provenientes del Municipio de Cardel, así, al combinarse los ácidos se provoca la mortandad en la Laguna Cabana. Para hacer estas labores, en el ingenio El Modelo se esperan a que llegue el fin de semana porque es cuando no hay autoridades laborando.1

Los pescadores de la zona no saben a quién recurrir, pues a pesar de que esto es ampliamente conocido, al parecer no hay autoridad que pueda o quiera solucionar esta problemática, pese a que esto es así desde hace 50 años.

Lo que más llama poderosamente la atención es la negligencia de las autoridades tanto estatales como federales. Por ejemplo, el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, dijo que personal de la CONAPESCA se trasladó al lugar de los hechos para realizar la evaluación de daños, evaluación que sólo se limitó al conteo de fauna afectada, e indicó que “depende del tipo de lo que ocurra, si es contaminación no nos compete a nosotros y dejaremos que las autoridades competentes lo hagan, en estos casos sólo participamos brindando apoyo requerido”.2

Por su parte, el Procurador de Medio Ambiente del Estado de Veracruz dijo que “es competencia de la CONAGUA y de la PROFEPA atender este problema y aplicar las sanciones correspondientes en contra de la factoría que cada seis meses hace esta práctica y afecta a unas mil familias de pescadores de la barra”. En caso de que la dependencia estatal interpusiera las denuncias, ésta perdería los litigios porque es de competencia federal, por lo que remató diciendo que  “ellos tendrán que aplicar las sanciones correspondientes al responsable de esta mortandad de peces que hubo. Hay que dejar claro que una cosa es la aplicación de la ley ambiental y otra es la exigencia de los pescadores de un apoyo, ese no podemos, no somos gestores de recursos”.3

De conformidad con el artículo 28 Bis de la Ley Orgánica  del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaría de Medio Ambiente “es la dependencia responsable de coordinar las políticas de preservación y restauración del equilibrio ecológico, forestal, cambio climático y protección del medio ambiente en el Estado”. Y de acuerdo a la fracción III del artículo 28 ter de la normatividad referida, al Secretario de Medio Ambiente de la entidad le corresponde “atender los asuntos relativos a la preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico, forestal y protección al ambiente, así como aplicar los instrumentos de política ambiental de conformidad con las leyes, normas y demás disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia”.

En el ámbito federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) le corresponde “la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales”, así lo estipula la fracción I del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En tanto que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), como órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, y con autonomía técnica y operativa, debe lograr los más altos índices de cumplimiento de las leyes en materia ambiental y combatir los focos rojos que atentan contra las riquezas naturales de nuestro país como la depredación de la flora y fauna silvestres.

De igual modo, en el Código Penal Federal hay tipos que señalan penalidades para quien atente contra la biodiversidad por acción u omisión, pese a esto, parece que las autoridades no están actuando conforme a las exigencias del problema, en el mejor de los casos, y en peor brillan por su ausencia ya que están “durmiendo el sueño de los justos”.

No es un asunto menor este caso, presuntamente hay omisión y negligencia de las autoridades gubernamentales que ha aniquilado más de 6 toneladas de robalo, más de 6 mil 500 mojarras tilapias, además de acabar con tortugas, lagartos, camarón, jaiba, lebranchas, churros, sábalos y demás fauna de la cuenca. Es una especie de “ecocidio”.

Pero con esto no sólo se está afectando al medio ambiente, esto también tiene repercusiones en la zona económica de la regióny en la salud de los habitantes del municipio de Úrsulo Galván y de las comunidades y municipios cercanos como Salmoral, Cardel, Galván y Xalapa. Situación que se agrava aún más porque en las 18 cuencas del Estado donde hay ingenios se tiene información de que también se encuentran éstas contaminadas.4

No es suficiente con que se diga que están actuando o que impondrán como sanción multas pecuniarias que resultan en muchos casos risorios, en este asunto se tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias; deslindando responsabilidades de tipo penal y administrativo, hasta la cancelación de los permisos de funcionamiento de los ingenios responsables de contaminar a los veracruzanos.

Pero además, es necesario poner en marcha un programa de empleo temporal y de apoyos económicos para las familias que tenían su fuente de empleo e ingresos en la laguna Cabana, y que a raíz de la contaminación en ésta han caído en la zozobra. Aproximadamente son mil familias de Barra de Chachalacas, Playa de Chachalacas y Loma de San Rafael.5

En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta H. Asamblea el presente

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus atribuciones legales gire a las dependencias correspondientes a su cargo, la instrucción de suspender los permisos de funcionamiento a los ingenios que han contaminado la laguna Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván, y las otras 18 cuencas del Estado de Veracruz, hasta en tanto se deslindan responsabilidades administrativas y/o penales.

Segundo.- Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que ponga en marcha un programa de empleos temporales y de apoyos económicos dirigido a las familias que tenían su fuente de empleo e ingresos en la laguna Cabanay que derivado de la contaminación en ésta han resultado afectadas.

Tercero.- Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del Estado de Veracruz y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación Veracruz, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el ámbito de sus atribuciones legales protejan la biodiversidad dela laguna Cabana, ubicada en el Municipio de Úrsulo Galván, así como de las 18 cuencas del Estado de Veracruz, y a que tengan una mayor colaboración institucional para atender a la brevedad la problemática que ha generado la contaminación en estas zonas por parte de los ingenios.

Cuarto.-Se exhorta, respetuosamente, a la Procuradora General de la República, a que atraiga el caso de la contaminación de la laguna Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván y de las otras 18 cuencas de la Entidad, a fin de realizar las investigaciones pertinentes y deslindar las responsabilidades penales que correspondan.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de mayo de 2015.

Dip. Danner González Rodríguez.

1 “Aparecen cientos de peces muertos en la laguna de Úrsulo Galván, este domingo”, Alcalorpolítico, 10 de mayo de 2015. Disponible en: http://www.alcalorpolitico.com/informacion/aparecen-cientos-de-peces-muertos-en-laguna-de-ursulo-galvan-este-domingo-167789.html#.VVFisY5_Oko [Última consulta: 11 de mayo de 2015]

2 “CONAPESCA evaluará daños en la laguna Cabana de Úrsulo Galván”, alcalorpolitico, 11 de mayo de 2015. Disponible en: http://www.alcalorpolitico.com/informacion/conapesca-evaluara-danios-en-la-laguna-cabana-de-ursulo-galvan-167843.html#.VVGEA45_Okp[Última consulta: 11 de mayo de 2015]

3 “Mortandad de peces en Úrsulo Galván es por sosa cáustica liberada por ingenio El Modelo”, alcalorpolitico, 11 de mayo de 2015. Disponible en:  http://www.alcalorpolitico.com/informacion/mortandad-de-peces-en-ursulo-galvan-es-por-sosa-caustica-liberada-por-ingenio-el-modelo--167835.html#.VVFirY5_Oko [Última consulta: 11 de mayo de 2015]

4 “Contaminan ingenios a las 18 cuencas del estado: Lavida”, Formatosie7e, 11 de mayo de 2015. Disponible en:
http://formato7.com/2015/05/11/contaminan-ingenios-a-las-18-cuencas-del-estado-lavida/ [Última consulta: 11 de mayo de 2015]

5 “¡¡¡ECOCIDIO EN LAGUNA CABANA DE CHACHALACAS!!!”, El político de Xalapa, 12 de mayo de 2015.Disponible en:http://www.elpolitico.com.mx/regionales/item/43143-otra-vez-el-ingenio-el-modelo.html [Última consulta: 12 de mayo de 2015]





 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, diputada federal Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A QUE EMITA UNA RESOLUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POR LA PROBABLE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS DE JORNALEROS AGRÍCOLAS EN SAN QUINTÍN, bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

La problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos que agrupa a siete organizaciones civiles.

De acuerdo a la Red de Jornaleros Internos los estados donde existe explotación y abusos son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, en el país existen al menos 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas; 40 por ciento de ellos son indígenas. Junto con sus familias, representan una población total de 9 millones 206 mil 429 personas de los más de 2 millones, 762 mil 265 son jornaleros migrantes.

Más de la mitad de los jornaleros agrícolas proceden de los 10 estados más pobres del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, según datos de las organizaciones Enlace y Voces Mesoamericanas, que forman parte de la Red de Jornaleros Internos. Se trata de entidades con bajos niveles de escolaridad, alimentación y falta de infraestructura.

Además, señala la Red, el 81 por ciento no concluyó la educación secundaria, lo que los hace más vulnerables a la explotación laboral.

La edad promedio de los jornaleros, según la encuesta de 2009, era de 36 años, aunque el 43.6 por ciento se concentraba entre los 18 a 45 años.

Según esa misma encuesta, 90 por ciento de los jornaleros carece de un contrato formal; 48.3 por ciento tiene ingresos de tres salarios mínimos; 37 por ciento ganan dos salarios mínimos y 72.3 gana por jornal o día de trabajo, mientras que el 23.8 por ciento recibe su pago a destajo.

La Red, la mayoría de los jornaleros establece una relación laboral de forma verbal con los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos, 90 por ciento no tiene un contrato formal de trabajo. Aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece jornadas laborales de ocho horas, los jornaleros agrícolas trabajan hasta 15 horas al día.

Asimismo más del 80 por ciento no cuenta con prestaciones laborales y sociales, lo que significa que no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes y si dejan de trabajar eso se traduce en pérdidas de ingresos para ellos y sus familias. Todo ello a pesar de que los problemas de salud en los campos de cultivo son uno de los principales problemas que los jornaleros sufren, de acuerdo con la Red.

La vida en los campos de cultivo se da en condiciones precarias, pues en algunas zonas agrícolas viven hacinados en galerones, donde llegan a alojarse de 500 a 3 mil trabajadores; en otros casos, las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra o de plano en ruinas, en donde viven de 20 a 100 personas.

La organización Respuesta Alternativa ha registrado que más del 90 por ciento de los campos agrícolas no cuentan con viviendas habitables y la mitad carece de baños y regaderas.

Esta problemática  se ha presentado por la falta de supervisión por parte de las autoridades laborales, sanitarias, de asistencia social o migratorias.

La actividad en la zona se caracteriza por el movimiento de familias completas para realizar las labores agrícolas, conforme a las temporadas de recolección, los jornaleros provienen de comunidades rurales del centro y sur del país. Durante años se ha fomentado una cultura de violación a sus derechos humanos: carecen de servicios básicos, acceso a la salud, agua y educación.

Recientemente, alrededor de 50 mil jornaleros de San Vicente, Camalú, Colonet, Vicente Guerrero y San Quintín (Ensenada, Baja California) se fueron a huelga para obtener mejores salarios y condiciones laborales. El 17 de marzo, los trabajadores bloquearon la carretera transpeninsular y en respuesta la policía estatal, federal y miembros del ejército mexicano intervinieron para desalojarlos.

La protesta de un grupo de jornaleros en el valle de San Quintin, Baja California, del sábado 9 de mayo del año en curso, terminó en un enfrentamiento entre campesinos y policías locales.

Por lo que se reportó uso excesivo de la fuerza: disparos con balas de goma, gas lacrimógeno y malos tratos por elementos policiales. El saldo fue de 70 heridos, siete de ellos de gravedad, y cinco detenidos por diversos delitos.

Según el relato de la organización, los trabajadores de la comunidad triqui de Vicente Guerrero, en San Quintin, sostendrían este viernes una reunión con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, para exigir un aumento salarial, pero el funcionario federal canceló y reprogramó la cita para el próximo miércoles 13 de mayo, lo cual provocó molestia a los campesinos.

Algunos policías entraron directamente a las viviendas de los jornaleros con lujo de violencia y detuvieron a  jornaleros, incluidos menores de edad.

Esta es la segunda ocasión que las autoridades responden con balas de goma, granadas de gases lacrimógenos, toletazos y golpizas a  los jornaleros por querer un salario justo y la defensa de los derechos laborales.

No es posible que estando en su país, el Estado no garantice la efectiva aplicación de las leyes laborales, de seguridad social, de asistencia social y de educación que garanticen los derechos humanos de estas personas. Es doblemente grave que el gobierno haga uso de la fuerza para disuadirlos de ejercer su derecho a la asociación, libertad de expresión y negociación colectiva, para exigir el respeto a los derechos que durante décadas les han negado.

Por tanto, las autoridades deben abstenerse de vulnerar los derechos de los jornaleros agrícolas, intensificar el número de visitas de verificación en estos sectores de alta incidencia, así como fomentar mecanismos interinstitucionales para supervisar periódicamente los centros de trabajo, con la finalidad de evitar la explotación laboral y proteger los derechos humanos de los trabajadores.

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que emita una resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la Republica, para que investigue los acontecimientos violentos ocurridos el 9 de mayo de 2015, en San Quintín, Baja California.

Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Estado de Baja California investiguen y sancionen a quienes obtuvieron directa o indirectamente beneficio injustificable económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo de jornaleros agrícolas de San Quintín, sometidos a prácticas que atentan contra su dignidad.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 13 de mayo de 2015.

Dip. Lilia Aguilar Gil.





 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud a tomar las medidas necesarias para reforzar la estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, en especial atención al interés superior de la niñez. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, Diputada Federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la  fracción ii del artículo 71 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México según las estadísticas presentadas por el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), 400 mil niños menores de 15 años, sufren de diabetes “Tipo 1” o “Tipo 2”1, de las cuales, médicos y especialistas del Servicio de pediatría del Hospital General Regional Nº1 del IMSS, nos dicen que  la diabetes Tipo 1 no puede ser prevenida, pero sí la Tipo 2.

La diabetes Tipo 2 encuentra su origen en la obesidad, problema que se presenta en número alarmante de niños y niñas de entre 6 y 7 años de edad, encontrando como principal causa la obesidad originada por una inadecuada nutrición y falta de actividad física, resultando que alrededor de 4.5 millones de niños sufren de exceso de peso y obesidad2.

La diabetes, como enfermedad, se encuentra entre las primeras causas de muerte entre los mexicanos; Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí son los estados con las tasas más altas de esta enfermedad y al año representa un gasto de 3,430 millones de dólares para su atención y sus complicaciones3.

México ocupa actualmente el octavo lugar mundial en la prevalencia de diabetes. Las proyecciones de los especialistas internacionales refieren que para el año 2025, el país ocupará el sexto o séptimo lugar, con 11.9 millones de mexicanos con ese padecimiento4.

Para combatir este grave problema, en nuestro país se implementó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, el 31 de Octubre de 2013, con la finalidad de promover la prevención y control de la obesidad, potencial causa de la diabetes mellitus tipo 2.

La Estrategia fue impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y desarrollada por la Secretaría de Salud. Se integra por tres pilares: salud pública, incluyendo la promoción de la salud y estilos de vida saludables; atención médica y la regulación sanitaria; así como una política fiscal que tengan como fin revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles.

Sus principales ejes son:

Regulación en materia de publicidad de alimentos y bebidas,

Regulación en materia de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas,

Regulación en materia de distintivo nutrimental, y

Regulación para el expendio y distribución de alimentos en escuelas Medidas fiscales para bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad calórica

Desafortunadamente no se ha logrado tener un impacto general en los mecanismos de comercialización y publicidad de los alimentos y bebidas procesadas, que son los principales generadores de obesidad y sobrepeso en los niños.

A pesar de esa estrategia, aún no se asegura que los menores tengan una dieta balanceada y que se evite elevar la estadística de los adultos con sobrepeso y obesidad en el país.

Hace falta establecer criterios nutrimentales libres de conflicto de interés, que regulen las normas de la publicidad y todo tipo de mercadotecnia, no sólo en la televisión, sino también en otros medios de comunicación; además de prohibir el uso de herramientas de mercadotecnia dirigidas a los niños.

Como legisladores tenemos la obligación de regular los factores de riesgo para el sobrepeso, obesidad y diabetes en los niños, ejerciendo las acciones necesarias para proteger los derechos a la alimentación adecuada, a la salud y a la información de los alimentos que se le vende a la población.

De igual manera hace falta considerar el derecho a la alimentación suficiente y nutritiva así como la necesidad de generar políticas intersectoriales coherentes y articuladas entre ellas. En suma, requerimos urgentemente atender el tema de acceso a alimentos saludables en el país.

Por lo que a través de este punto de acuerdo pedimos reforzar la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del  Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes para que no tengamos más niños con sobrepeso y, por lo tanto, más muertes de adultos originadas por diabetes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único.-  Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud a tomar las medidas necesarias para reforzar la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, dando  especial atención al interés superior de la niñez.

Dado en el Senado de la República, el 13 de mayo del 2015.

Dip. María Sanjuana Cerda Franco.

1 REVISTA MÉDICA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  http://revistamedica.imss.gob.mx/files/flippingbooks/rm2014-suplemento1-flippingbook4.pdf

2 http://mexico.cnn.com/nacional/2011/02/02/el-sobrepeso-y-la-obesidad-acaparan-el-presupuesto-de-salud-en-mexico

3 FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES
http://www.fmdiabetes.org/fmd/pag/estadisticas-de-diabetes-mexico.php

4 ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA
http://alianzasalud.org.mx/wp-content/uploads/2014/04/DulceAgon%C3%ADaDatosDuros.pdf





 

Del Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de la Función Pública a investigar la posible existencia de delitos, omisiones o faltas administrativas en el caso de las propiedades y procedencia de los ingresos manifestados oficialmente por el candidato del pan a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado Federal por el Estado de Chiapas, en la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo urgente y obvia resolución, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

La información dada a conocer por el diario Milenio al inicio de esta semana, sobre distintas propiedades que poseen Javier Gándara Magaña y familiares directos en Estados Unidos, requiere de una investigación a fondo y sin mayor demora pues no es la primera vez que se exhibe públicamente una fortuna cuyo origen es inexplicable a partir de la propia información que ha proporcionado el candidato a su paso por cargos públicos.

En este caso se trata de, al menos, nueve inmuebles y un avión no declarados anteriormente por el candidato del PAN, no obstante estar a nombre de su esposa, hijos y yerno. Los inmuebles, que en conjunto suman un valor estimado en 117 millones de pesos, están ubicadas en zonas exclusivas como La Jolla, Fashion Hills y Chula Vista en los estados de California y Arizona.

Un elemento que llama la atención es que algunas de esos inmuebles figuran como propiedad de la empresa Mannon LTD, una firma británica que es la pantalla tras la cual buscan ocultarse personas que no desean que se hagan públicos sus nombres y que por cierto actualmente dicha empresa ha sido disuelta. Es el caso de una mansión en La Jolla Scenic Drive, una de las más exclusivas de San Diego, valuada en tres millones 600 mil dólares.

Sólo hay que seguir la enumeración puntual que hace Milenio:

“Javier Gándara y su esposa, Marcela Fernández de Gándara, poseen además dos condominios horizontales en el suburbio Bonita, también en San Diego, con un costo de 270 mil dólares cada uno”.

“En el Barrio Linda Vista, del fraccionamiento Fashion Hills, también en San Diego, Gándara tiene otra propiedad de 172 metros cuadrados, con precio de mercado de 372 mil dólares, y se encuentra a nombre de Ana Marcela Gándara Fernández, hija del candidato.

“Otra propiedad del matrimonio Gándara-Fernández en San Diego, valuada en un millón 200 mil dólares, está en la zona residencial University City.La quinta propiedad en esa ciudad californiana se encuentra en Chula Vista, con precio en el mercado de 320 mil dólares”.

En cuanto a la participación del yerno el diario refiere que en enero de 2015, Javier Gándara y su esposa otorgaron un poder legal para que Juan Carlos Tirado Woolfolk, esposo de su hija Alejandra, quedara como "responsable" de cuando menos una de estas casas en San Diego.

Se señalan también otras tres propiedades en Arizona que no fueron declaradas en su momento por Javier Gándara:

La primera, a nombre de Gerardo Gándara Fernández, hijo del ex alcalde de    Hermosillo, en el número 7751 de la East Via Casta, en Scottsdale, en el condado de Maricopa, en el McCormick Ranch Golf Club, adquirida en enero de 2007 por 537 mil dólares”.

La segunda en Phoenix, en el Club de Equitación Sandspur Ranch. Esta propiedad     ésta registrada a nombre del yerno Juan Carlos Tirado Woolfolk, quien la habría  adquirido en 2010, pero ese mismo año cedió los derechos a la esposa de Gándara Magaña.

La tercera en Tucson, en el número 6171 del residencial Placita Manantial La Paloma, cuyo costo es de 400 mil dólares y está a nombre de Adriana Gándara Fernández hija del candidato panista.

Es de notar que en el momento de la compra tanto Adriana como Gerardo Gándara eran codependientes de su padre, es decir sin ingresos propios para adquirir esas propiedades por sí mismos.

Ninguna de las propiedades descritas fue reportada por Gándara cuando fue     presidente municipal de Hermosillo. Tampoco reportó en sus declaraciones   patrimoniales un jet con matrícula XA-USS, a nombre de su esposa y con valor de dos millones de dólares, mismo que curiosamente presta servicios en una compañía de taxis aéreos, y es rentada por el gobernador Guillermo Padrés y por la propia campaña de Javier Gándara.

Adicionalmente, Gándara posee una empresa restaurantera en Maricopa, Arizona que, de acuerdo con registros públicos de la Arizona Comission Corporation, habría sido establecida un mes antes de terminar su gestión como alcalde de la capital sonorense y en la que incorporó a la totalidad de los integrantes de su familia en calidad de directivos, algo que tampoco consta en sus declaraciones patrimoniales.

¿Cómo es posible que el ex alcalde de Hermosillo y sus familiares directos, posean una fortuna de tal magnitud, cuando en sus declaraciones de Ley reconoce haber ganado 285 mil pesos mensuales en el periodo de tres años? Esto considerando sus ingresos como servidor público, sus actividades empresariales, arrendamientos e inversiones.

¿Cómo es posible que en tan poco tiempo se haya amasado una fortuna de tal magnitud con esos ingresos? 

Recordemos que no es la primera vez que se revelan situaciones que indican sospechas fundadas sobre el origen ilícito de la fortuna de Javier Gándara Magaña, que bien pudiera constituir la figura de enriquecimiento inexplicable. 

Hace algunas semanas el diario Reforma dio a conocer una investigación de parte del SAT según la cual entre marzo de 2009 y septiembre de 2014, el Gobierno de Sonora utilizó un esquema fiscal para condonar impuestos por casi 708 millones de pesos a 41 empresas cercanas a Guillermo Padrés, entre ellas del candidato del PAN, Javier Gándara, a quien se habrían perdonado indebidamente el pago de 14 millones de pesos.

Pero eso es sólo “la punta del iceberg” de un caso de corrupción y tráfico de influencias que podría tener mucha ramificaciones, además del “moche fiscal”, pues hay que recordar que el candidato panista enfrenta denuncias ante la PGR por desvío de recursos federales y peculado desde el año pasado, por la desaparición de 147 millones de pesos que hasta la fecha Gándara no ha explicado.

Existen acusaciones también de una licitación fraudulenta del rastro de Hermosillo y una irregular "regularización" de terrenos federales, en la que se registró inclusive un robo de identidad a un modesto cantinero de Navojoa, todo esto cuando fue alcalde, entre 2009 y 2012.

No basta con que el candidato niegue de palabra y con descalificaciones las denuncias que se han venido haciendo por distintos medios de información. Es hora que las autoridades investiguen y se deslinden responsabilidades ante el cúmulo de evidencias que apuntan claramente a un enriquecimiento ilícito de parte de Javier Gándara Magaña, que puede venir acompañado de daño patrimonial al erario público y de fraude o evasión al fisco.

Es por esas razones que presento ante este pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la titular de la Procuraduría General de la República, Doctora Arely Gómez González, para que se lleven a cabo las investigaciones conducentes para determinar la posible responsabilidad en el delito de enriquecimiento inexplicable del C. Javier Gándara Magaña, conforme a los bienes e ingresos reportados durante su gestión como funcionario público y los que se han dado a conocer a la opinión pública.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lleve a cabo las investigaciones conducentes para determinar la probable responsabilidad del delito de defraudación fiscal, en el caso del C. Javier Gándara Magaña, por la omisión del pago de 14 millones de impuestos en el periodo entre 2009 y 2014.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de la Función Pública, a Función Pública para que en el ámbito de su competencia determine la responsabilidad administrativa en que pudo haber incurrido el C. Javier Gándara Magaña por omisiones o falsedad en la presentación de sus declaraciones patrimoniales mientras fue servidor público.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

Atentamente

Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.





 

De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a valorar y deliberar sobre el posible retiro del registro del Partido Verde Ecologista de México por la violación sistemática a la legislación electoral vigente. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos diputados, Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Muy recientemente la prensa nacional ha dado  a conocer a la opinión pública nacional, a los ciudadanos electores de este país, que el Partido Verde Ecologista de México, una vez más,  sigue violando la ley y que por esa razón continúa acumulando multas millonarias.

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una multa por 329 millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México por recibir aportaciones ilegales de sus grupos parlamentarios de las cámaras de Diputados y Senadores para subcontratar un spot y transmitir sus informes legislativos de la campaña “El Verde sí cumple”.

Por tres votos a favor y uno en contra, la Comisión de Fiscalización del INE, aprobó la multa que representa el 300 por ciento del monto de los 109 millones 765 mil 199 pesos de los contratos de los grupos parlamentarios.

Esta multa impuesta por la Comisión de Fiscalización al Partido Verde será sometida también para su aprobación al Pleno del Consejo General del Instituto; una sanción que está cifrada en más de 329 millones de pesos, por haber obtenido financiamiento ilegal para la adquisición de spots en Televisa y Tv Azteca.

La Comisión de Fiscalización del INE ha acreditado que el verde recibió, vía aportaciones en especie de sus grupos parlamentarios representados en el Congreso y de sus legisladores un monto aproximado de más de 109 millones de pesos, cuando es claro que la ley establece que los partidos políticos tienen prohibido recibir donaciones de fuentes no autorizadas para tal efecto.

Sin duda, ésta es una de las multas más altas impuesta a un partido político durante el desarrollo del presente proceso electoral y también una de las más altas en toda la historia electoral de nuestro país.

Pero está sanción del INE al Partido Verde no es la primer acción legal en contra de este partido durante el proceso electoral de 2015.

El Verde recibió el 31 de diciembre de 2014 la orden del INE de retirar sus anuncios en cine y sus espectaculares. El 2 de enero, el Instituto Nacional Electoral ordenó la “suspensión inmediata” de los anuncios en cine y el retiro de propaganda fija sobre los informes de labores de los legisladores del Partido Verde, ante quejas de que estaban vulnerando el principio de equidad e imparcialidad.

El 6 de enero, desacatando la orden del INE, el Verde formalizó la difusión de los anuncios con un contrato retroactivo para justificarlos. El contrato lo hizo con la empresa Rabokse, cuyo dueño es Adrián Escobar, hermano de Arturo, el actual administrador del partido. Grupo Rabokse fue intermediario del Partido Verde Ecologista de México para la contratación de cineminutos, según el Instituto Nacional Electoral, pese a que dicho partido político afirmó que no hizo tratos con esa compañía. El organismo electoral llegó a esta conclusión debido a que en el expediente que dio origen a la multa por 67 millones de pesos hay un contrato signado entre Rabokse y Comercializadora Publicitaria TIK, que representa a Cinépolis, para transmitir cineminutos del PVEM. En ese contrato, Rabokse se obliga a pagar 35 millones 988 mil pesos a cambio de que Cinépolis exhiba los mensajes del PVEM durante 25 semanas, entre el 1 de diciembre de 2014 y el 28 de mayo de 2015, en las salas de 103 complejos ubicados en distintas entidades del País.

El 6 de marzo, por unanimidad, el Consejo General del INE aprobó una multa de 67 millones de pesos a ese partido por desacatar una orden de la Comisión de Quejas, que el 31 de diciembre le exigió suspender la difusión de los llamados cine minutos, bajar propaganda fija y no contratar promocionales similares. La publicidad en cines no sólo siguió proyectándose.

Lorenzo Córdova, presidente del INE, calificó el desacato como grave, pues es la primera vez que un partido hace caso omiso de la orden del organismo para detener la difusión ilegal de propaganda.

Estos entre otros muchos casos reiterados de violación a la ley por parte de este partido. La pregunta que es pertinente hacer es: ¿Hasta cuándo y hasta donde se debe tolerar que un partido político violente la legislación electoral y otros ordenamientos jurídicos en prejuicio de los ciudadanos en su calidad de electores y contribuyentes?

Hay que recordar, que de conformidad con la Constitución Mexicana, en su artículo 41, fracciones I y II dispone que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Así mismo, nuestra Carta Magna, establece que la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

Y que  la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma ley. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

Estos preceptos legales han sido violentados sistemáticamente por el Partido Verde Ecologista de México que es más bien dirigido como una gran franquicia, un negocio que representa enormes dividendos económicos y políticos para sus dirigentes que actúan como propietarios de dicho instituto político y menosprecian su carácter de ente público.

Acción Nacional quiere dejar testimonio del actuar ilegal del Partido Verde que  solamente erosiona la vida política del país, daña profundamente la democracia mexicana, y los sitúa en el lugar de violadores reincidentes del marco normativo electoral mexicano.

No les ha bastado con las otras multas impuestas por el INE, porque para ellos,  no es un problema el dinero. Que todo México conozca su falta de ética, que todo México conozca que al Partido Verde  no le interesa respetar a las instituciones ni respetar la legalidad, al Partido Verde no le importan los ciudadanos ni tampoco proteger al medio ambiente.

El Partido Verde se ufana de hacer legislación para evitar la tala de los bosques, pero no usan materiales reciclables o no contaminantes para el medio ambiente,  para su propaganda política y por ello también ya fueron multados,   lo que el Partido Verde se ha dedicado a hacer es talar la democracia, talar de raíz la legalidad.

Todo esto lo señalamos porque a pesar de los enormes esfuerzos de millones de mexicanos por democratizar el país, un número reducido de personas han sobrevivido arropados en la figura de un partido político, para delinquir, primero de manera soterrada, y ahora abiertamente, sin vergüenza alguna, de manera mafiosa, pendenciera y retadora. Esa es la actitud del Partido Verde..

Es necesario que la autoridad electoral actué de forma más enérgica y considere la viabilidad de cancelar el registro del Partido Verde que es un lastre para los ciudadanos y atenta contra nuestra democracia.

Por lo expuesto anteriormente, presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a que valore y delibere sobre el posible retiro del registro del Partido Verde Ecologista de México por la violación sistemática a la legislación electoral vigente.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

Dip. Juan Pablo Adame Alemán.- Dip. Fernando Rodríguez Doval.





 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Lourdes Amaya Reyes, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que cita a comparecer al Secretario de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos para explicar y analizar el estado que guarda dicha empresa productiva del Estado y el sector energético en su conjunto. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, diputado Miguel Alonso Raya, Coordinador del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Tercero del Acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN PARA CITAR A COMPARECER AL SECRETARIO DE ENERGÍA, LICENCIADO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, Y AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, MAESTRO EMILIO LOZOYA AUSTIN, PARA EXPLICAR Y ANALIZAR EL ESTADO QUE GUARDA DICHA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO Y EL SECTOR ENERGÉTICO EN SU CONJUNTO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 18 de marzo pasado, durante la conmemoración de la expropiación petrolera, el titular de la Secretaría de Energía (SENER), Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que la reforma energética impulsada por el gobierno federal, es la más trascendente e integral desde la Expropiación Petrolera, que sigue adelante y que fortalece a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y al Estado.

Durante la ceremonia, señaló que el nuevo marco jurídico e institucional permitirá al país captar tecnología de punta y nuevos capitales, “como pronto se verá cuando empiecen a producir los campos en proyecto y en licitación”.

Aseguró que la reforma energética permitirá que PEMEX, como empresa productiva del Estado, producirá 2.5 millones de barriles diarios de crudo durante poco más de 20 años, y de esa manera revertirá la marcada declinación en la producción registrada en la última década.

Reiteró que con las recientes licitaciones México se atraerán inversiones por 21 mil millones de dólares.

Ante estas declaraciones, vemos que las decisiones que ha tomado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y los resultados del Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondiente al primer trimestre de 2015, reflejan escenarios preocupantes, inconsistentes y no tan positivos para la industria petrolera, como se ha manejado en la narrativa oficial, ni mucho menos para el mercado interno, ni para la economía nacional.

Las decisiones y los datos son reveladores y preocupantes: el 30 de enero, ante la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, el titular de la SHCP, anuncia un primer recorte presupuestal para 2015, por 124,300 millones de pesos, argumentando que esta medida de ajuste es necesaria para alinear las metas de balance fiscal aprobadas para 2015.

Se olvida deliberadamente que hay que capitalizar a PEMEX y se recorta su presupuesto de inversión en 62 mil millones de pesos. La misma medida se aplica a la CFE, por 10 mil millones de pesos.

Poco después, el 31 de marzo, durante la presentación de los Pre-criterios de Política Económica, el secretario de hacienda, anuncia un segundo recorte presupuestal para 2016, por un monto de 135 mil millones de pesos, argumentando que es necesario “para mantener el compromiso con la trayectoria del déficit decreciente”. Con este anuncio, los recortes suman ya 259 mil millones de pesos.

La vía para compensar estos recortes, que ha instrumentado el gobierno federal, es generando incentivos crecientes a la inversión privada nacional y extranjera en el sector y flexibilizando el marco regulatorio.

Adicionalmente a estas decisiones, los resultados de la industria petrolera y su impacto en la economía nacional no son los mejores, veamos:

1) PEMEX alcanza el mayor endeudamiento de su historia, al cierre de 2014, se ubica en un billón 200 mil millones de pesos.

2) La plataforma de producción petrolera en el país continua cayendo,

3) La caída de la producción afecta la actividad productiva del país, la inversión y el crecimiento de la economía nacional,

4) La minería petrolera tuvo una caída de 6.3%

5) El precio del petróleo sigue a la baja,

6) Los ingresos petroleros cayeron, durante el primer trimestre 121 mil 554 millones de pesos, tanto por la caída en el precio, como por la reducción de la plataforma de producción,

7) Esto impacta significativamente, a las finanzas públicas del país,

8) La incertidumbre en los mercados financieros internacionales, incrementa la volatilidad cambiaria,

9) Los conflictos en medio oriente y en el norte de África, generan incertidumbre creciente en el mercado petrolero,

10) Estados unidos y varios países petroleros aumentan la oferta petrolera a nivel mundial

11) La débil demanda global, el crecimiento de la producción petrolera en Estados Unidos y sus altos inventarios, presionan hacia una sobreoferta en el mercado mundial.

Como se puede ver, tanto en el contexto de las declaraciones del secretario de energía, como las decisiones del secretario de hacienda y los resultados plasmados en el primer informe trimestral sobre la situación económica y las finanzas públicas de 2015, los resultados a la fecha no son los esperados, las cifras son preocupantes y las decisiones son inconsistentes e inclusive contradictorias, ya que algunas atentan contra el sector y las nuevas empresas productivas del estado: PEMEX y CFE.

PEMEX se encuentra endeudada, en crisis financiera, con recortes presupuestales y con un creciente pasivo laboral.

En este entorno, la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 (ENE), seguramente presentará problemas, ya que asume que “el sector energético debe desempeñar un importante papel para apoyar al crecimiento y al desarrollo económico y social del país”.

Los recortes presupuestales apuntan en la dirección contraria a esta estrategia. Como se puede ver, toda esta situación, generará mayor inestabilidad en las finanzas públicas y la trayectoria del crecimiento de la economía.

Los números son reveladores, la producción y los precios del petróleo siguen sin recuperarse, los ingresos tributarios no son suficientes para compensar la caída de los ingresos petroleros y la economía está inmersa en una creciente incertidumbre.

El país, necesita respuestas consistentes a estos importantes temas.

Por todo lo anterior y con el fin de evitar una crisis de mayores dimensiones en las finanzas públicas y la economía nacional, me permito poner a disposición del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al secretario de Energía, licenciado Pedro Joaquín Coldwell, y al director general de Petróleos Mexicanos, maestro Emilio Lozoya Austin, para explicar y analizar el estado que guarda dicha empresa productiva del estado y el sector energético en su conjunto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

Suscriben

Dip. Agustín Miguel Alonso Raya.- Dip. Amalia Dolores García Medina.- Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero.- Dip. María De Lourdes Amaya Reyes.





 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal informe sobre todos los reportes, informes, datos y documentos en los que se hayan reportado fallas y/o deficiencias de los trenes que operan en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y sus instalaciones, a partir del 1o. de mayo de 2014 hasta el 1o. de mayo de 2015; así como la atención y seguimiento en cada caso. Se turna a la Primera Comisión.







 

De los Diputados Juan Ignacio Samperio Montaño y Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de explicar los excesivos cobros de impuestos a Petróleos Mexicanos. Se turna a la Tercera Comisión.







 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Turismo a establecer las medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Magdalena Núñez Monreal, Diputada Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO, A ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROTEGER Y PRESERVAR LAS ZONAS Y MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS, CULTURALES E HISTÓRICOS ANTE LA EXPANSIÓN INMOBILIARIA TURÍSTICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La protección y preservación del patrimonio cultural mexicano enfrenta nuevos retos, que se concentran especialmente en zonas urbanas y en corredores turísticos en gran expansión. La oferta y demanda de bienes muebles e inmuebles no reconocen ningún componente cultural; esta constatación, que resulta de una gran obviedad, es sin embargo motivo de alta preocupación ya que si bien esta premisa básica gobierna el mercado inmobiliario, la expansión inmobiliaria y turística ha pretendido extenderse a zonas arqueológicas, poniendo en entredicho no solamente los entornos culturales, sino la misma protección y preservación de las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos.

Son muy diferentes las causas que explican este acoso; pero una de esas causas totalmente identificable radica en el hecho de que las leyes de desarrollo urbano y los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos se derivan, que son competencia legislativa de las entidades federativas y de los municipios, no han expresado en su normatividad lo que la propia Ley General de Asentamientos Humanos desde el inicio de su vigencia preceptuó: la protección y preservación del patrimonio cultural.

La Ley General de Asentamientos Humanos previene en varias de sus disposiciones la protección del patrimonio cultural; así en su artículo 2º la Ley ordena que por “Conservación”, debe entenderse la acción tendiente a mantener el equilibrio ecológico, preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo sus valores históricos y culturales.

El artículo 3º del ordenamiento legal invocado, resulta igualmente categórico al señalar que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población mediante, entre otros, la preservación del patrimonio cultural de los centros de población; e inclusive en su artículo 5º se considera de utilidad pública la protección del patrimonio cultural de los centros de población.

De fundamental importancia resulta entonces que las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, observen el artículo 8º de la Ley mencionada, al formular, aprobar y administrar el programa estatal de desarrollo urbano que debe reconocer las zonas y monumentos culturales sujetos a protección, y sus entornos culturales. De esta manera se daría cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley General de Asentamientos Humanos que dispone que, entre otras atribuciones le corresponde a las entidades federativas y al gobierno del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, la participación, conforme a la legislación federal y local, en la constitución y administración de reservas territoriales, en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como en la protección del patrimonio cultural y del equilibrio ecológico de los centros de población.

Más aún, los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, al formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, deben de la misma manera reconocer las zonas y monumentos culturales sujetos a protección, así como de sus entornos culturales.

Resulta pues imprescindible que la Secretaría de Turismo establezca las medidas necesarias para confirmar que las entidades federativas y los municipios al aprobar nuevos corredores turísticos observen la necesidad de cumplir con el mandato legal de preservar el patrimonio cultural de los centros de población y la protección del patrimonio cultural, ello en virtud de que a la Secretaría de Turismo, de conformidad a la fracción XIX del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal corresponde, cito: “proyectar,  promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y estimular la participación de los sectores social y privado”.

Por lo anteriormente expuesto, esta legisladora somete a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo:

Único.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a establecer las medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística.

Recinto de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

Dip. Fed. Magdalena Núñez Monreal.





 

De los Senadores María del Rocío Pineda Gochi, Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a llevar a cabo una investigación exhaustiva en relación a la utilización de recursos de probable procedencia ilícita en el financiamiento de la campaña de Silvano Aureoles Conejo al gobierno del estado de Michoacán durante el año 2011. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, MaRÍA DEL Rocío Pineda Gochi, Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero, Senadores de la República e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

En las democracias modernas, tanto los funcionarios públicos como los aspirantes a ocupar un puesto a través del sufragio universal, en todo momento deben conducirse con apego a la norma. En el caso de la materia electoral, a partir de la reforma política de 2014, se incorporó como uno de sus principales principios el de máxima publicidad.

En consecuencia, existe la obligación permanente de garantizar un esquema de rendición de cuentas, es decir, explicar y justificar a los ciudadanos cada uno de sus actos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, establece que los recursos públicos se administrarán con orden, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, debiéndose aplicar con imparcialidad, de tal forma que no influyan en la equidad de la competencia entre partidos.

La transparencia en el uso de los recursos públicos, es una condición, que abona al fortalecimiento de las instituciones públicas del país, pues permite un escrutinio de la sociedad sobre su correcto uso. Lo anterior, también se actualiza para el caso del financiamiento de las campañas electorales, de ahí la importancia de que se compruebe la licitud de todos los recursos destinados a la promoción de los diferentes proyectos de los contendientes.

En cuanto a las campañas para la gubernatura de Michoacán, destaca el caso del candidato del PRD, Silvano Aureoles Conejo, quien hasta el momento se ha distinguido por realizar gastos excesivos en sus actos de proselitismo, basta recordar que los Gobernadores de Guerrero y Morelos, así como dirigentes de su instituto político, arribaron en helicópteros a el lugar en donde inició su campaña.

Es importante precisar que con antelación, el candidato del PRD al Gobierno de Michoacán ya había sido cuestionado por asuntos de la misma naturaleza, los cuales han quedando impunes y sin consecuencias jurídicas efectivas.

Al efecto, cabe mencionar que uno de los principales cambios de la reforma político-electoral de 2014, es el concerniente a la fiscalización y rebase de topes de gastos de campañas.

La propia Constitución en su artículo 41, base II establece a la letra que: “La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.”

El propio precepto jurídico establece en su base VI, incisos a y c, que serán causales de nulidad relacionadas con los aspectos financieros de los procesos electorales las siguientes: el rebase del tope de gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, o el haber recibido o utilizado recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Además de su trascendencia intrínseca, estas consideraciones son relevantes en virtud de que hace unas semanas volvió a ser centro de atención la participación de Silvano Aureoles Conejo en la elección de Michoacán, por el gasto excesivo que actualmente está ejerciendo en su campaña.

Como candidato a gobernador del estado de Michoacán en el proceso electoral 2011, representando a los partidos PRD, PT y Convergencia (actualmente Movimiento Ciudadano), ejerció mayor financiamiento privado que público sin que a la fecha no se ha podido comprobar su origen, situación por la cual a su partido le fue impuesta una sanción de 8,076,886.74 pesos, información que obra en el expediente número IEM/CAPy F-PA01/2010 y su acumulado IEM/PAO-CAPyF-02/2011, cuya resolución está firme después de pasar por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En octubre de 2014, el Instituto Electoral del Estado de Michoacán conoció de la queja número IEM-PA-30/2014, a través de la cual el PRD solicitaba la pérdida del registro del PRI, pretensión que evidentemente fue declarada como improcedente. Sin embargo, es oportuno señalar que entre los documentos exhibidos, se encuentra un audio y su transcripción, del que destacan las siguientes cuestiones:

a) A foja 48, párrafo cuarto: “En el audio se identifica al narcotraficante Horacio Morales Baca, el perro –tercero en la estructura del cartel de la familia-, quien según Milenio, “se encargó de la operación para evitar la llegada de Los Caballeros Templarios, pues el grupo criminal que dirige Servando Martínez la Tuta, aportó dos millones de dólares a la campaña del candidato del PRD a Gobernador, Silvano Aureoles”, (sic).

b) A foja 49 párrafo segundo: “HBM: es nada más porque se le detectó al gobernador, al que está para candidato a Gobernador para el PRD, a Silvano, que lo detectó que lo anda apoyando a Los Caballeros Templarios, entonces llegó la orden para Tierra Caliente y Tuzantla, y para todo el Municipio de aquí, el que vote por el PRD se le va a matar a un familiar (inaudible) para Luviano y van a venir otros de plaza”. (sic).

Horacio Morales Baca.

“HBM: Ah, entonces yo no soy el de este movimiento, nada más que Silvano, el que va para… lo descubrieron que el Dulce, el patrón de Los Caballeros Templarios dio dos millones de dólares, antier, y lo está apoyando con muchas cosas, quiere… y van a meter a los caballeros aquí…”

En consecuencia, el Instituto Electoral de Michoacán inició el Procedimiento Administrativo Oficioso en contra del PRD, mismo que se registró con el número IEM/P.A.OyF-17/2013. Posteriormente, con fecha 31 de marzo de 2015, el propio organismo electoral dictó la resolución correspondiente, a través de la cual se determinó que no fue posible comprobar la procedencia de 20 millones 969 mil 489.94 pesos gastados por Silvano en su campaña de 2011.

Ante este panorama, es fundamental que los hechos sean esclarecidos para que en su caso quienes resulten responsables sean sujetos de las penas y medidas que conforme a derecho procedan. En el PRI, estamos convencidos de que esta es la manera más efectiva de cumplir con el principio de máxima publicidad que rige a los procesos electorales en nuestro país, garantizar la equidad en el actual proceso electoral y más importante aún salvaguardar la voluntad popular.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a fin de que lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la utilización de recursos de probable procedencia ilícita en el financiamiento de la campaña de Silvano Aureoles Conejo al Gobierno del estado de Michoacán durante el año 2011. 

Dado en el recinto del Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Atentamente

Sen. María del Rocio Pineda Gochi.- Sen. Agustín Trujillo Íñiguez.- Sen. Jesús Casillas Romero





 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, así como a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que realicen las investigaciones y averiguaciones correspondientes sobre cobros irregulares a comerciantes ambulantes del Estadio Azul y actos de corrupción cometidos por servidores públicos del gobierno capitalino. Se turna a la Primera Comisión.







 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a implementar los mecanismos necesarios de seguridad pública que garanticen a los habitantes de la entidad el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, así como la salvaguarda de sus propiedades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil de la entidad. Se turna a la Primera Comisión.

Danner González Rodríguez, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado miércoles 6 de mayo de 2015, en el Bulevar del Puerto de Veracruz fue privada de su libertad la joven de 16 años, Columba Campillo González, quien 2 días después fue encontrada muerta en el fraccionamiento residencial Los Delfines, de Boca del Río.

A decir de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la joven fue inyectada y asfixiada con una almohada por sus secuestradores (Tonatiuh García Alguarme y Rosa Ileana Mortera Trolle), quienes tomaron la decisión de privarla de la vida una vez que se le “cayó” la venda que cubría los ojos y los reconoció.1

El mismo día que fue encontrada Columba privada de la vida (8 de mayo), también se registró otro acto delictivo en la capital de la Entidad en contra de una joven de 16 años, estudiante del Conalep Xalapa, quien fue “levantada” por 5 desconocidos, quienes la violaron y después la abandonaron en la calle de Encanto, muy cerca del palacio legislativo y de la sede del Poder Judicial. La menor tuvo que ser trasladada con urgencia a un hospital de Xalapa mientras sus padres interpusieron la denuncia penal correspondiente con el folio: 698/2015, la cual quedó registrada en la Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y la Familia.2

Pese a que en el caso de la joven Columba Campillo ya dieron con los responsables, el caso de la estudiante del Conalep de Xalapa sigue sin resolverse y prevalece un clima de hermetismo por parte de las autoridades estatales.

Estos hechos enciende una vez más los focos rojos sobre la incapacidad del gobierno de Veracruz para garantizar la seguridad de sus habitantes, y la frivolidad con la que se conducen incluso antes de iniciar las investigaciones indigna aún más a la ciudadanía, que día a día ven cómo el hampa les roba la tranquilidad.

La ola de inseguridad y violencia que está inundando a los veracruzanos de miedo y zozobra es inadmisible, las autoridades estatales día a día están siendo rebasadas y son incapaces de cumplir con una obligación constitucional del artículo 21, como lo es la seguridad pública.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública son aleccionadores al respecto y ejemplifican cómo la inseguridad y violencia se han incrementado en Veracruz. De 2005 a 2010 se registraron 2 mil 778 homicidios dolosos y 53 secuestros, pero del 1º de enero de 2011 al 31 de marzo del año en curso, ya se registran 3 mil 316 homicidios dolosos y 426 secuestros.3

Por último, si bien la inseguridad es generalizada y cualquier ciudadano está a merced de ésta, hay que puntualizar que se está dando un fenómeno que resulta preocupante; se está haciendo un hecho cada vez más recurrente la violencia en contra de los jóvenes.

Hoy fueron estas jovencitas veracruzanas las víctimas, pero cómo olvidar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o cómo pasar por alto que especialistas han advertido que hasta el 24 de septiembre de 2014 (antes del caso de Ayotzinapa) el 85% de los desaparecidos del país eran jóvenes entre 29 y 44 años de edad. 

No es posible que el Estado mexicano esté dilapidando a su juventud negándoles no sólo las oportunidades de empleo, educación y desarrollo, sino que los condena a sufrir los estragos de la delincuencia. El porvenir de los jóvenes mexicanos hoy es un páramo desolado lleno de cruces, de pupitres vacíos.

En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta H. Asamblea el presente

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta al gobierno estatal de Veracruz para que implemente los mecanismos necesarios de seguridad pública que garanticen a los habitantes de la Entidad el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, así como la salvaguarda de sus propiedades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil de la entidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de mayo de 2015.

Dip. Danner González Rodríguez.


1 “Jovencita asesinada en Veracruz fue inyectada y asfixiada con una almohada, narra su secuestrador”, Café negro, 11 de mayo de 2015. Disponible en: http://cafenegroportal.com/?p=20781 [Última consulta: 11 de mayo de 2015]

2 “Localizan en Acapulco a jovencita desaparecida en Veracruz”, PROCESO, 9 de mayo de 2015 . Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=403728 [Última consulta: 11 de mayo de 2015]

3 “Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorción y robo de vehículos 1997-2015”, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, México, abril de 2015, p. 154-156. Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV.pdf [Última consulta: 11 de mayo de 2015]





 

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa y exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a deslindar responsabilidad e iniciar las indagatorias correspondientes. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA, Diputado Federal a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE CONDENA LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA Y EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A DESLINDAR RESPONSABILIDAD E INICIAR LAS INDAGATORIAS CORRESPONDIENTES, al tenor de la siguientes:

CONSIDERACIONES

La noche del miércoles 6 de mayo se registraron lamentables hechos de violencia en la Delegación Cuajimalpa, al sur del Distrito Federal,  en la colonia San Mateo Tlatenango.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un conflicto en el contexto de las campañas electorales y las actividades de brigadas de promoción del voto, entre candidatos y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional.

En el enfrentamiento resultaron seriamente heridos Paola Felix Díaz, candidata a diputada federal y Adrián Rubalcava, exjefe delegacional en Cuajimalpa y candidato a diputado local del Revolucionario Institucional.

De acuerdo con el Presidente del PRI en el Distrito Federal, Mauricio López, todo se originó cuando, aparentemente, personal vinculado con el PRD retiraba propaganda priista en las inmediaciones de la colonia donde se sucitaron los hechos.

Este tipo de provocaciones no son nuevas. López Velázquez había denunciado con aterioridad que personas asociadas o autoidentificadas con el PRD han retirado propaganda las delegaciones Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlahuac, Xochimilco y Coyoacán.

En algunos casos ya se habían verificado actos de violencia en Distrito Federal, como el que sufrió el candidato a diputado federal por el Distrito IX, Raúl Osorio Alonzo, por parte de simpatizantes del PRD en el mercado Moctezuma.

El retiro de propaganda electoral, legalmente colocada con los estándares aprobados por el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, constituye una violación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General en materia de delitos electorales, al tratarse de actos que obstaculizan el desarrollo normal y equitativo de la contienda, y por tratarse de actos que hacen presumir la coacción del voto o la solicitud de no votar por determinado candidato o partido.

En ese contexto, vemos que pudiera verificarse la comisión de diversos delitos, tanto de carácter electoral como del orden común, al haberse registrado actos de violencia y lesiones en contra de los candidatos del Revolucionario Institutional.

Desde luego, las autoridades locales, en particular el Instituto Electoral del Distrito Federal, en voz de su presidente Mario Velázquez han advertido que aplicarán las sanciones que establece la ley a los responsables de la agresión.

Del mismo modo, se manifestó el titular del Instituto Nacional Electroral (INE), Lorenzo Córdova, quien pidió que los responsables sean castigados. De acuerdo con Córdova Vianello, los procesos electorales no sólo dependen de la autoridad en cuanto a la organización y logística, sino de los propios actores y su desarrollo.

En otras palabras, parece advertir que su actuación no puede sancionar plenamente a los agresores, por lo que se hace necesaria la intervención de las autoridades ministeriales para perseguir los delitos y deslindar responsabilidades sobre los hechos ocurridos en Cuajimalpa.

Es necesario que las autoridades electorales tomen acciones correlativas y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para perseguir y sancionar a los responsables de las lesiones que sufrieron los candidatos a diputados del PRI en la delegación Cuajimalpa.

Debemos evitar una escalada en los niveles de violencia en la contienda. Ya se han registrado terribles acontecimientos como el reciente homicidio de Ulises Fabian Quiróz, candidato de la coalición PRI-PVEM a la Presidencia Municipal de Chilapa de Álvarez, Guerrero, por parte de un grupo armado. En ese tenor y con mayor razón, no deben ser los candidatos ni los Partidos ni los militantes y simpatizantes, promotores de actos de violencia. Por ello condenamos la violencia y solicitamos a las instancias correspondientes la pronta actuación para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables de las lesiones inflingidas a los candidatos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

 Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a deslindar responsabilidad e iniciar las indagatorias correspondientes relativos  a los hechos ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, el pasado 6 de mayo.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Distrito Federal a ejercer sus atribuciones con relación a la posible comisión de delitos electorales en el contexto de los hechos ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, el pasado 6 de mayo.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, el pasado 6 de mayo, e insta a las candidatas y candidatos a los cargos públicos, a los miembros de los partidos y a los simpatizantes a conducirse con civilidad y respeto mutuo para el normal el desarrollo del proceso electoral.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015

Dip. Fed. Abel Octavio Salgado Peña.





 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Maki Ortiz Domínguez, María del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Yunes Márquez y Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral al Sistema CompraNet, que permita verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad y confiabilidad que requiere. Se turna a la Tercera Comisión.

Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo, Celada, Maki Ortiz Domínguez, Ma. Del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández y Fernando Yunes Márquez, Martín Orozco Sandoval, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE EN PLENO USO DE SUS FACULTADES LEGALES REALICE UNA AUDITORÍA INTEGRAL AL SISTEMA COMPRANET, QUE PERMITA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD QUE REQUIERE, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La transparencia y la rendición de cuentas son herramientas que bien empleadas permiten elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en un gobierno. Además, de que el combate a la corrupción hoy en día es uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad básica para construir un gobierno eficaz.

A inicios de 1996, el sistema CompraNet contribuyó a mejorar la transparencia, disminuyendo los altos índices de corrupción en el apartado de compras gubernamentales al evitar el contacto entre los empresarios y los servidores públicos, es así que la finalidad desde sus inicios se centro en prevenir prácticas deshonestas.

Los primeros en utilizar este sistema fueron PEMEX Exploración y Producción, PEMEX Refinación, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro Social, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Secretaría de Contraloría, posteriormente se integraron los estados y municipios.

Para el año de 1999 CompraNet obtuvo el premio “Reto Global Bangemann” dicho reconocimiento es otorgado tomando en cuenta la creatividad, tecnología, impacto y beneficio del proyecto hacia la sociedad, CompraNet ganó entre 600 proyectos de todo el mundo dentro de la categoría de comercio electrónico en Estocolmo, Suecia.

En el año de 2012, la Organización de las Naciones Unidas otorgó el Premio del Servicio Público, en la categoría de “Prevención y Combate a la Corrupción en el Servicio Público” a México, por su sistema de compras Públicas CompraNet.

Se reconoció que no se trataba únicamente de un buen sistema de información, sino del sistema transaccional más completo del mundo.

A partir de su rediseño, la versión actual de CompraNet se convirtió rápidamente en un sólido sistema, capaz de procesar miles de procedimientos en una plataforma segura y confiable. Sólo en el año 2014, el sistema administró  141 mil procesos de compra, por 497 mil millones de pesos.

La plataforma electrónica está diseñada para crecer, para desarrollarse, para ampliar su cobertura al resto de las etapas del proceso de adquisiciones, para consolidar su seguridad y confiabilidad, y para afianzarse como la única plataforma a través de la cual se llevan los procesos de adquisiciones. Es decir, no es un sistema terminado, sino en evolución.

La ONU le otorgó a nuestro país el “premio del servicio público” en la categoría de “prevención y combate a la corrupción”, reconociendo con ello que el sistema tiene diversas ventajas sobre el sistema presencial de adquisiciones:

1. Reduce al mínimo la interacción entre los actores del proceso

2. Transparenta cada acto del proceso y hace muy sencilla su consulta

3. Genera evidencia de cada decisión y acto del proceso

4. Reduce al mínimo las oportunidades de negociación, colusión o simulación

5. Reduce las barreras de entrada para que haya más actores en el proceso, mayor competencia y menores oportunidades de monopolio

Ahora bien, como todo sistema digital que realiza procesos, y de ellos genera datos que almacena para su consulta, CompraNet requiere de constante supervisión, control, mantenimiento y actualización.

El Sistema sólo es confiable si refleja lo sucedido en la realidad, es decir, si proyecta en sus distintos módulos y pantallas información que sea fácilmente verificable y contrastable con los procesos de adquisiciones y de obra pública que efectivamente fueron ejecutados en las distintas dependencias y entidades del gobierno federal.

En los últimos meses, distintas organizaciones de la sociedad civil, que de manera permanente y sistemática utilizan el Sistema como fuente de información sobre compras gubernamentales, se han acercado al Senado de la República para expresar sus preocupaciones y el temor de que CompraNet ha dejado de ser confiable, al no encontrarse ahí lo que realmente sucedió en la realidad. 

Una de las preocupaciones más importantes que han sido  expresadas se refiere al altísimo número de procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres, que sólo en el año pasado involucraron más de 185 mil millones de pesos, los cuales carecen de transparencia y de datos concretos sobre la justificación de la excepción.

Pero aunado a lo anterior, preocupa que en los 30 mil procedimientos clasificados como “Licitación Pública”, el promedio de “Proposiciones Recibidas” es de 2. Esto los ha llevado a pensar que se trata de procesos en los que en realidad se simula una licitación, cuando en realidad se trata de procesos direccionados.

Enero-Diciembre 2014

Tipo de Procedimiento

Nº de Procedimientos

Monto de los Procedimientos

Nº de Licitantes (Promedio)

Nº de Proposiciones recibidas (Promedio)

Invitación a cuando menos tres

32,558

79,794,708,506

6

1

Adjudicación Directa

78,635

104,892,491,878

6

2

Licitación Pública

30,374

313,288,383,178

18

2

TOTAL

141,567

497,975,583,562

30

5

Fuente: www.compranet.gob.mx

Asimismo, quiero compartirles que algunas organizaciones de la sociedad civil, nos han expresado su preocupación por las modificaciones que se han hecho al módulo de Inteligencia de Mercado, el cual permitía acceder fácilmente a los datos ahí contenidos.

Por ejemplo, en la Sección “Proveedores y Contratistas”, cuando se intenta hacer una “Consulta Personalizada”, el sistema no despliega la posibilidad de consultar un periodo específico, y sólo dice “MAR 2015”. Con dicha información, resulta imposible saber si se trata de un acumulado a esa fecha o sólo se desplegarán datos de ese mes.

Esta Sección es una de las más importantes, ya que de aquí es posible extraer quién o quienes han sido los Proveedores y Contratistas más beneficiados por los procesos de adquisiciones y obra pública realizados, y en qué condiciones se han realizados esos procesos.

Asimismo, tanto algunas organizaciones de la sociedad civil, como proveedores y contratistas registrados en CompraNet, han expresado su preocupación por el largo periodo de “mantenimiento” o “ caída “ del Sistema, que se extendió por varios días en el mes de diciembre de 2014,situación que nunca se había dado y que dejo sin funcionamiento a este sistema.

Así por lo anteriormente fundado y bajo el contexto de falta de transparencia y corrupción que vive la actual administración, sometemos a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, para que sea considerado de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  respetuosamente exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que en pleno uso de sus facultades legales realice una auditoría integral al Sistema CompraNet, que permita verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad y confiabilidad que requiere.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  solicita a la Secretaría de la Función Pública que la auditoria que se inicie al sistema CompraNet, seleccione un número representativo de procesos de compra y obra pública mismos que deberán comprender los años de 2013 a 2015; asimismo se solicita verificar en cada una de las dependencias y entidades a fin de conocer si efectivamente el Sistema refleja la realidad de lo sucedido; por lo que en caso de encontrar discrepancias, se exhorta a investigar las causas, y establecer responsabilidades administrativas.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, igualmente solicita que al término de la auditoria remita a esta soberanía un informe detallado sobre los resultados de la misma; en caso de que los hallazgos sean importantes y sistemáticos, se deberá realizar por parte de la Secretaría de la Función Pública una profunda revisión, verificación y actualización del Sistema, además de establecer las responsabilidades administrativas o de otra índole, que se deriven.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela.- Sen Marcela Torres Peimbert.





 

De los Diputados José Antonio León Mendívil, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Aleida Alavez Ruíz, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que exhorta al ayuntamiento de Ensenada, al gobierno del estado de Baja California, al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar, atender y resolver los conflictos generados en la zona del Valle de San Quintín, Baja California, derivados de las condiciones en que viven los jornaleros agrícolas. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Diputadas y Diputados José Antonio León Mendívil, Amalia Dolores García Medina, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y Aleida Alavez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, PARA QUE INVESTIGUEN, ATIENDAN Y RESUELVAN MEDIANTE EL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN, LOS CONFLICTOS GENERADOS EN  LA ZONA DEL VALLE DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA.

CONSIDERACIONES:

Como es del conocimiento público, el sábado 09 de  mayo del año en curso, jornaleros agrícolas y sus familias  de la comunidad Triqui Nuevo San Juan Copala, en el Valle de San Quintín,  Baja California, fueron agredidos por fuerzas policiacas del Gobierno del Estado. Según los reportes de algunos medios de comunicación, la fuerza pública arremetió contra la comunidad Triqui en San Quintín, irrumpió en casas y detuvo a varios jornaleros, incluidos menores de edad, arrojando un saldo de 80 trabajadores lesionados, algunos de gravedad, y 11 detenidos.

Apenas tres días antes, los trabajadores habían sido objeto del  menosprecio  político por el Gobierno Federal, cuando  una reunión previamente pactada para la atención de sus demandas,  fue cancelada de último momento  con razones poco creíbles, por un funcionario de la Secretaría de Gobernación.

Todo ello sucede  en el marco de una atmósfera crispada por varios meses de   lucha y  movilizaciones, que incluyen bloqueos de carreteras, plantones y negociaciones  emprendidas por miles de jornaleros agrícolas que demandan mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, asi como  el respeto a sus derechos laborales y sociales, sin que a la fecha  hayan obtenido respuesta favorable a sus demandas.

Como se recordará, el origen de este movimiento se encuentra en la denuncia realizada en marzo pasado por las condiciones inhumanas en que laboraban unos 200 campesinos, entre hombres, mujeres y niños, la mayoría indígenas tarahumaras,  en los ranchos agrícolas “El cerezo” y “El Cerrito”, del Municipio de Comondú,  Baja California Sur. Desde entonces, autoridades y patrones solo  han dado largos al asunto, con el  inevitable sufrimiento, desesperación y enojo de los trabajadores y sus familias.

El cuadro de sometimiento y maltrato que presentan los jornaleros  del Valle de San Quintín, no es exclusivo de los trabajadores de esta región. Las actividades de la llamada agricultura moderna, cuyos propietarios son verdaderos encomenderos del siglo XXI, demandan grandes cantidades de mano de obra que se cubre básicamente con población rural procedente de regiones y sectores de los más pobres del país, entre los que se encuentran las comunidades indígenas, especialmente los trabajadores migrantes. Entre hombres, mujeres y niños, más de 3.5 millones de personas laboran en los campos agrícolas de Baja California, de Sonora  y Sinaloa; en las plantaciones de aguacate y limón de Michoacán; en las fincas cafetaleras de Chiapas y Veracruz; y en los campos cañeros de 15 entidades del país. En todos los casos casi podríamos hablar de campos de concentración donde los trabajadores y sus familias viven recluidos durante los períodos de cosecha, sin respeto a sus derechos y  condiciones mínimas de bienestar: sin contratos colectivos, sin prestaciones de ley, sin consideración al trabajo de las mujeres y con explotación de mano de obra infantil.

Bajo estas circunstancias, hay una percepción general de la nación en  el sentido de que es necesaria y urgente la intervención del Estado  a fin de hacer respetar las leyes del trabajo y modernizar las relaciones obrero-patronales en este sector de la agricultura nacional. Es por demás claro  que las demandas y reclamos del movimiento de los jornaleros agrícolas de San Quintín, son auténticas y legítimas, y es una irresponsabilidad que las autoridades federales no hayan encontrado todavía, después de más de dos meses de negociaciones, propuestas para resolver los reclamos por demás justos  de estos trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados abajo firmantes sometemos a la consideración de esta representación nacional el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

 Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de Ensenada, al Gobierno del Estado de Baja California, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que investiguen, atiendan y resuelvan mediante el diálogo y la concertación, los conflictos generados en la zona del Valle de San Quintín, Baja California, derivados de las condiciones en que viven los jornaleros agrícolas; asimismo, se investigue y se castigue a los responsables de la violación de derechos humanos en la agresión que sufrieron dichos trabajadores el sábado 09 de mayo del año en curso.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de Ensenada, al Gobierno del Estado de Baja California, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en el marco de su respectiva competencia,  atiendan y se busquen soluciones favorables a las demandas laborales y sociales que presentan los jornaleros agrícolas del Valle de  San Quintín y sus familias. Asimismo, se incrementen las medidas de  control y la supervisión de las condiciones laborales y de servicios bajo las cuales viven y son contratados los jornaleros agrícolas, asi como a poner en marcha de inmediato los programas sociales necesarios, a fin de garantizar condiciones dignas de trabajo, de salud, educación y vivienda estos trabajadores y sus familias, en el país y particularmente del Valle de San Quintín, Baja California.

Suscriben

Dip. José Antonio León Mendívil.- Dip. Amalia Dolores García Medina.- Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero.- Dip. Aleida Alavéz Ruiz.





 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que investigue la comisión de posibles delitos que pudieran haberse cometido con motivo del accidente ocurrido en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro. Se turna a la Primera Comisión.







 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a promover ente la población la importancia de restituir los bienes mostrencos, como un valor cívico ciudadano. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL, Diputada Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A PROMOVER ENTE LA POBLACIÓN LA IMPORTANCIA DE RESTITUIR LOS BIENES MOSTRENCOS, COMO UN VALOR CÍVICO CIUDADANO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 774 del Código Civil para el Distrito Federal define como bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore y el artículo 775 señala: “El que hallare una cosa perdida o abandonada, deberá entregarla dentro de tres días a la autoridad municipal del lugar o a la más cercana, si el hallazgo se verifica en despoblado”.

Ante los elevados índices de delincuencia que se viven en el país, podría parecer inútil mantener en el Código Civil referido la obligación que impone a todo gobernado el entregar un bien mueble que se encuentre en su poder, que no sea propio, en un plazo determinado a las autoridades correspondientes del gobierno del Distrito Federal, sin embargo reiterar a los habitantes de la capital del país la existencia del precepto y la importancia de cumplirlo, me parece de suma importancia para destacar los valores cívicos que deben prevalecer en la sociedad.

Responsabilidad del gobierno es promover la sana convivencia entre los mexicanos y de irreductible importancia es difundir por parte de sus gobernantes el contenido de las disposiciones que nos rigen.

Por ello considero que no resulta inútil, sino conveniente, el resaltar las bondades de la disposición referida, porque ella lleva implícita el combate a la delincuencia y el respeto a lo ajeno, contenido en la frase universal de Don Benito Juárez enunciada el 15 de julio de 1867 “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Ciertamente la época en que se publicó el vigente Código Civil para el Distrito Federal (26 de mayo de 1928), correspondía a un México distinto, pero lo que no ha cambiado, ni variará, es continuar inculcando entre nuestros hijos y los habitantes de la capital de la República, la importancia de no apropiarse de lo que no es de uno, aunque lo encontremos abandonado o perdido.

La disposición a la que me he referido, debe ser memorizada por los vecinos de todas las edades y en la medida en que el gobierno de la ciudad la enfatice habremos de obtener los resultados deseados para prevenir la comisión de delitos. En función de lo expuesto es que esta legisladora considera indispensable elevar a la consideración del Jefe de Gobierno del Distrito Federal el punto de acuerdo que se somete a consideración del Pleno en los siguientes términos:

Único.- la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a promover entre la población la importancia de restituir los bienes mostrencos como un valor cívico ciudadano.

Recinto de la Comisión Permanente, el 13mayo de 2015.

Dip.Fed. Magdalena Núñez Monreal.





 

De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud coordine la integración de un informe relativo a las acciones que se realizan para lograr la lactancia materna en los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Se turna a la Segunda Comisión.







 

De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a reconocer la magnitud de la problemática y actúe con responsabilidad en torno a la situación de violencia que acontece en dicha entidad federativa. Se turna a la Primera Comisión.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 1 de mayo del presente, el estado de Jalisco vivió una jornada intensa de violencia extrema, con un total de 39 bloqueos que, de acuerdo con Gonzalo Sánchez García vocero del gobierno estatal, han dejado al menos siete muertos, 15 heridos y diversos daños. Por otro lado, en diversas fuentes se afirma que los ataques se han producido como respuesta a la "Operación Interinstitucional Jalisco" para dar captura al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias "El Mencho".

Según la reconstrucción del operativo en cuestión, el fracaso se concretó una semana antes incluso, que iniciara, cuando se desplazó desde la ciudad de México el cuerpo de élite del Ejército junto con agentes de inteligencia de la Policía Federal. Se afirma que desde que llegó la unidad a Jalisco, el CJNG detectó movimientos atípicos y pidió a sus infiltrados que los frenara; de tal suerte que la presencia de los dispositivos federales, fue lo que detonó esta jornada de violencia que afectó de manera particular a Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, El Salto, Tlajomulco, Autlán, Tomatlán, Jalostotitlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación y Zapotlanejo.

Ante los incendios de unidades de transporte público y particular, los bloqueos anteriormente mencionados, el ataque a instalaciones comerciales y bancarias, así como estaciones de servicio de combustible, y el registro de enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes con un saldo de 19 detenidos, 7 occisos, 3 civiles heridos y 26 rutas transporte afectadas ya restablecidas, el gobierno del estado decidió activar el "Código Rojo" (alerta máxima), el cual implica que autoridades estatales y federales (Ejército, Marina, PGR y CISEN) inicien una reunión para atender la situación de violencia.

Resulta pertinente señalar que el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, aseguró en conferencia de prensa que los incidentes se "extendieron de manera aislada" en los estados colindantes a Jalisco. En Colima hubieron siete vehículos incendiados, mientras que en Guanajuato y Michoacán cuatro. El gobierno de Guanajuato informó de la detención de seis personas que presuntamente incendiaron cuatro vehículos en diferentes puntos de la ciudad, de acuerdo con un comunicado de prensa que cita Notimex. En Michoacán se suspendieron los traslados de autobuses hacia Guadalajara y Colima, a consecuencia de los hechos de violencia en territorio tapatío.

El pasado 1 de mayo alrededor de las 7 de la mañana, fuerzas federales que realizaban un reconocimiento aéreo a bordo de un helicóptero Cougarmatrícula 1009de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ubicaron un convoy de vehículos en el que presuntamente se trasladaban integrantes del CJNG. Al verse detectados por las fuerzas federales sobre la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación, aproximadamente a 240 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, los criminales abrieron fuego en contra de la aeronave en la que viajaban 18 elementos: 11 de ellos militares, dos policías federales y cinco miembros de la tripulación, impactando en el rotor de cola de la misma, situación que obligó a que el helicóptero iniciara un descenso de emergencia; lamentablemente, a consecuencia de este ataque, perdieron la vida 16 personas, entre ellos siete militares y una policía federal.

Tras este trágico acontecimiento, la SEDENA confirmó el aseguramiento de dos lanzacohetes RPG y diez cohetes útiles para ese tipo de armamento. No obstante, el gobernador del estado Aristóteles Sandoval, catalogó los hechos ocurridos como "actos vandálicos" cuando son una manifestación clara y evidente de la captura del estado por parte de grupos delincuenciales, cuya estructura y modus operandi, va más allá que acciones vandálicas de cualquier naturaleza.

El término narcoterrorismo, representa las acciones de los grupos delincuenciales por medio del terror, asesinato y destrucción a efecto de salvaguardar sus intereses a través de la captura misma del Estado, a diferencia de los actos vandálicos, que se traducen en las acciones perpetradas por una o varias personas y que consisten en destruir y devastar sin discriminación alguna locales comerciales, casas, edificios, escuelas, instituciones públicas, entre otras, rompiéndolas o atacándolas directamente con objetos contundentes que les producen severos daños. Sin embargo, en este caso particular, ante el arsenal confiscado, los daños perpetuados y el ataque al helicóptero previamente mencionado, se demuestra que el catalogar estos acontecimientos como simples "actos vandálicos" no atiende ni reconoce el problema de fondo, de igual manera, atender estos acontecimientos como hechos aislados, minimiza la existencia de la problemática de inseguridad y violencia en dicha entidad federativa.

Merece la pena señalar que el estado de Jalisco ha sido centro de disputa entre el CJNG y los grupos criminales del Cártel de Sinaloa y de Los Caballeros Templarios; por tanto, el no darle la atención adecuada a estos acontecimientos catalogándolos de esa manera, no hace otra cosa que ocultar la realidad lacerante en perjuicio de la paz y tranquilidad que merece la sociedad jalisciense, y toda la población mexicana.

Asimismo, el Departamento estadounidense del Tesoro anunció el mes pasado la adopción de sanciones contra Jalisco Nueva Generación al que le atribuyó "un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos"; posteriormente, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el pasado 05 de mayo una alerta para viajar al estado de Jalisco, situación que refuerza aún más el hecho de la presencia de actos narcoterroristas más allá de actos vandálicos.

Si bien es cierto que el término narcoterrorismo presenta dificultades al ajustarse a figuras jurídicas vigentes, no podemos negar que lo ocurrido en Jalisco se trata de un acto terrorista que tiene lugar dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, de tal suerte que el Código Penal Federal en el Capítulo VI , Artículo 139, referente al Terrorismo establece que: "Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación…".

Por tanto, se puede apreciar que la mención de un término como narcoterrorismo encaja en la descripción del marco penal y el no hacerlo, puede obstaculizar su debida atención, investigación, persecución y sanción. Por otro lado, México tiene una responsabilidad ante la Comunidad Internacional de prevenir y combatir a la delincuencia organizada transnacional al ser miembro desde el 2003 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (convención de Palermo); por tanto, resulta indispensable que las autoridades reconozcan y atiendan de manera seria, responsable y puntual aquellas amenazas que violentan el establecimiento y garantía de la paz y el bien común.

El escenario en cuestión, lejos de toda controversia política como lo manifestamos todos los grupos parlamentarios al realizar un pronunciamiento al respecto durante la primera sesión de la Comisión Permanente, se traduce en una manifestación clara y evidente de la ausencia de estrategias claras, efectivas y eficientes que aseguren el desarrollo del Estado de Derecho en la entidad, en donde resulta necesario que a la situación se le llame por su nombre, sin tratar de minimizar una problemática que mantiene en vilo al Estado mexicano, no solo a Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ésta soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a que reconozca la magnitud de la problemática y actúe con responsabilidad en torno a la situación de violencia que acontece en dicha entidad federativa.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco ya la Procuraduría General de la República, a que se establezca y defina una estrategia coordinada de seguridad para garantizar la estabilidad y la paz en dicha entidad federativa, que a su vez facilite la desarticulación de los grupos armados que operan en Jalisco.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 13 de mayo de 2015.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo para convocar al Secretario de Hacienda y Crédito Público a una reunión de trabajo de la Tercera Comisión, a efecto de analizar el comportamiento de los principales indicadores reportados en el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de 2015. Se turna a la Tercera Comisión.







 

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría General de la República a acelerar las investigaciones sobre el posible desvío de recursos públicos federales o locales, así como la probable responsabilidad de Javier Gándara Magaña en la comisión del delito de peculado. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA, Diputado Federal a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A ACELERAR LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL POSIBLE DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES O LOCALES, ASÍ COMO LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DE JAVIER GÁNDARA MAGAÑA EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE PECULADO, al tenor de la siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado lunes once de mayo, bajo el encabezado “Candidato del PAN en Sonora colecciona mansiones en EU”, Milenio dio a conocer una importante investigación periodística con relación al candidato, Javier Gándara Magaña, quien, de acuerdo con los registros de propiedad en poder del diario de circulación nacional, cuenta con al manos nueve casas en Estados Unidos y hasta un avión, que no reportó en sus declaraciones patrimoniales correspondientes al periodo 2009-2012, años en los que se desempeñó como presidente municipal de Hermosillo.

Algunas de las propiedades están a nombre de la empresa en liquidación Mannon LTD y, por supuesto, otras en copropiedad con su esposa y unas más a nombre de sus hijos Ana Marcela, Alejandra, Gerardo y Adreana.

En la citada investigación se advierte una impresionante relación de documentos públicos que acreditan la propiedad de la familia Gándara sobre los inmuebles siguientes:

1. Una mansión en “La Jolla Scenic Drive”, en San Diego, California, valuada en 3 millones 600 mil dólares.

2. Dos condominios horizontales en el suburbio “Bonita”, San Diego, con un costo total de 540 mil dólares.

3. Una propiedad en el Barrio Linda Vista del fraccionamiento Fashion Hills, San Diego, con un precio de mercado de 372 mil dólares.

4. Una propiedad en la zona residencial  University City, San Diego, con un valor de 1 millón 200 mil dólares.

5. Una propiedad en Chula Vista, San Diego, valuada en 320 mil dólares.

6. Una casa en Scottsdale, Maricopa, Arizona, adquirida en 2007 por 537 mil dólares.

7. Una casa en el Club de Equitación Sandspur Ranch, en Phoenix. Esta propiedad está a nombre de Juan Carlos Tirado Woolfolk, yerno de Javier Gándara y quien supuestamente en 2010 habría cedido los derechos a la esposa del candidato.

8. Una casa  en Tucson, Arizona con valor de 400 mil dólares.

El valor total aproximado de las 9 propiedades es de 117 millones de pesos.

Insistimos, muchos de estos inmuebles no están a nombre directo del candidato Gándara Magaña, pero lo cierto es que aparecen a nombre de sus hijos y esposa, a quienes en sus declaraciones patrimoniales anteriores ha listado como “dependientes económicos”. Por eso, llama poderosamente la atención que uno de sus descendientes hubiera podido adquirir una casa de estas proporciones, a la edad de 23 años, cuando se trata de un dependiente económico del entonces presidente municipal de Hermosillo.

Además de ese listado de bienes inmuebles, la investigación de Milenio da cuenta sobre la omisión de Javier Gándara de reportar en sus declaraciones patrimoniales la propiedad de un jet, con matriucla XA-USS, con valor de dos millones de dólares.

Es sumamente preocupante esta situación, dado que en las declaraciones que presentó entre 2009 y 2012, Javier Gándara Magaña reconocía ingresos mensuales de aproximadamente 285 mil pesos entre sueldo, actividades empresariales, arrendamientos e intereses sobre inversiones.

En el pasado reciente, Javier Gándara ya había recibido formales acusaciones ante la PGR por desvío de recursos federales y peculado, supuestos delitos relacionados con la desaparición de 147 millones de pesos sobre los que no se ha ofrecido explicación alguna.

Por todo lo anterior, esta Comisión Permanente no puede prejuzgar sobre la licitud o ilicitud en los actos del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Sonora; sin embargo, lo que sí debemos hacer, y que es nuestra responsabilidad como el órgano depositario de la representación popular en el Estado mexicano, es solicitar la actuación inmediata de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, para que la investigación correspondiente de posibles actos de corrupción, de desvío de recursos públicos o, incluso, de peculado, de concusión o de cohecho, sea resuelta con prontitud, celeridad, independencia e imparcialidad, pero sobre todo, garantizando por sobre todo, el interés y la hacienda pública, en particular de los habitantes del estado de Sonora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO


Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a acelerar las investigaciones sobre el posible desvío de recursos públicos federales o locales, así como la probable responsabilidad de Javier Gándara Magaña en la comisión del delito de peculado.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente,
El 13 de mayo de 2015.

Dip. Fed. Abel Octavio Salgado Peña.





 

De los Diputados Lizbeth Rosas Montero, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes y Antonio León Mendívil, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que exhorta al gobierno del Estado de México a investigar el conflicto de intereses en que incurrieron servidores públicos de su gobierno, así como por irregularidades en la construcción del Viaducto Bicentenario. Se turna a la Tercera Comisión.

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los que abajo suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presentamos ante esta soberanía esta proposición con punto de Acuerdo en materia de conflicto de interés de servidores públicos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es necesario que se inicie una verdadera investigación contra los funcionarios del Gobierno del Estado de México involucrados en las presuntas irregularidades cometidas por la empresa OHL dadas a conocer por diversos medios de comunicación que publicaron conversaciones difundidas en YouTube en las que se exhibe a Juan Osuna, vicepresidente del Consejo de Administración de OHL México, presionando al gobierno del Estado de México para aumentar el peaje del Viaducto Bicentenario, para recuperar lo invertido para la construcción de la fase 2. Sin embargo, dicha fase, que consiste en erigir un segundo cuerpo elevado de dos carriles y 22 kilómetros de Tepalcapa a Cuatro Caminos, iniciaría hasta 2023, o tal vez nunca, como se deja entrever en las grabaciones.

Esto es más preocupante, dado que el gobierno de Eruviel Ávila reservó la información sobre el título de concesión, junto con los de otras seis autopistas, desde septiembre pasado. Con esta decisión, no se pueden conocer por ejemplo  las bases sobre las cuales se registran los incrementos en el peaje de enero del presente año que pasó de 51.51 a 66.56 pesos para el tramo de Tepalcapa a Cuatro Caminos, o si esta empresa tiene permiso para implementar tarifas diferenciadas según la hora del día en que se circule, como se  hace actualmente y que han provocado la indignación en los usuarios.

Cabe recordar que en 2008 el Gobierno de Enrique Peña Nieto publicó el Dictamen Técnico de la Licitación Pública No. SCEM-CCA-01-07, a través de la cual se adjudicó la concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del viaducto elevado en los tramos: Periférico Manuel Ávila Camacho desde el Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan a Valle Dorado en Tlalnepantla y del kilómetro 23 al kilómetro 44 de la autopista México-Querétaro, en Tepotzotlán.

En abundancia de lo anterior, es necesario resaltar  que la concesión para la construcción y operación del Viaducto Bicentenario que fue otorgada a OHL en esa fecha, con una vigencia hasta el 2038, es una obra que tiene una extensión de 32.2 kilómetros y acumula una inversión de 11 mil 586 millones de pesos, o sea 4 veces más de lo originalmente presupuestado.

Las grabaciones difundidas en youtube involucran a Juan Andrés de Oyetza, presidente del Consejo de Administración de OHL México; Jesús Campos, director técnico; Pablo Wallentin, representante de OHL en el país, y a José Luis Muñoz, director de Planeación Financiera de la constructora; en cuyas presuntas conversaciones involucran al secretario de Comunicaciones y Transportes del estado de México, Apolinar Mena Vargas, a quien le habrían pagado vacaciones en la Riviera Maya.

En las grabaciones se escucha cómo Pablo Wallentin, representante de OHL México, reconoce, supuestamente el pasado enero, que la constructora infló las previsiones de tráfico de la autopista “con todas las mañas del mundo” mientras Jesús Campos López, director técnico de la empresa, habla  de las ganancias que obtuvo la compañía  con una obra cuyo costo se triplicó con respecto a las previsiones iniciales.

En otra grabación, también de enero, se escucha la reacción del presidente del Consejo de Administración de la filial, José Andrés de Oteyza, cuando Wallentin le explica que se van a cobrar fases del proyecto que no se van a construir: “¡Esto es un fraude!”, dice Oteyza.

En otra de las grabaciones se escucha cómo Pablo Wallentin, representante de OHL México, acordó en diciembre pasado pagar una estancia las pasadas navidades en un hotel de lujo en la Riviera Maya, el Fairmont Mayakoba, propiedad también de la empresa española OHL, al secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena Vargas.

Se escucha en la grabación entre ellos dos: “Necesito una habitación porque vamos a estar muy apretados ahí”, le dice Mena a Wallentin en el audio. “El lunes tú tienes una suite con dos cuartos en donde puedan quedarse cinco personas”, le garantiza el directivo de OHL, que le promete alojarle en “el mejor” hotel de la zona: “Yo te lo reservo, yo te lo reservo”, en la conversación se escucha que ambos hablan de “pagos y depósitos” cuyo fin no se especifica en las grabaciones, aunque se presume la intención de reembolsárselo.

Este es otro aspecto de este nuevo escándalo, que coloca al Secretario de Comunicaciones del estado de México Apolinar Mena Vargas, en un posible conflicto de interés, quién habría recibido, según las grabaciones, estas prebendas a cambio de revisar las condiciones de contratos de obras públicas, presumiblemente de las subsecuentes fases de construcción del Viaducto Bicentenario.

Cabe señalar que  OHL México es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde el año 2010 y forma parte del IPC Sustentable, lo que le impone estar sujeta a estrictos estándares y procesos de revisión, conducidos por organismos públicos y privados. La bolsa mexicana  decretó la suspensión temporal de la cotización de la filial de la empresa que preside y controla el exministro español  Juan Miguel Villar Mir, marqués de Villar Mir.

El escándalo de las grabaciones que exhiben la corrupción de la trasnacional de origen español Obrascón  Huarte Laín (OHL), se une al  prestigio de por sí  señalada en varios escándalos  en España y otros países por sus malos manejos y prácticas no éticas en distintos países.

La empresa española OHL, anunció ayer que para resolver la crisis había decidió abrir una investigación interna y contratar  a un despacho de auditoría de prestigio mundial con el fin de que realice un informe sobre la actuación de la empresa filial de México, en las negociaciones para la concesión del contrato del Viaducto Bicentenario.

El consorcio empresarial OHL  gestiona anualmente más de 60 mil millones de euros y tiene una plantilla de trabajadores de unos 25 mil, actualmente se recupera ligeramente en el mercado bursátil,  ya que subió su cotización 2.6 por ciento, sobre todo tras el jueves en que se dio a conocer públicamente esta información, llegando a perder hasta 9 por ciento.

Es de destacar que durante las gestiones del hoy presidente Enrique Peña Nieto, grandes contratos de obra pública han sido señalados por estar envueltos en  actos de corrupción, tanto en el presente como durante su mandato como gobernador mexiquense.

Para el grupo parlamentario del PRD es  urgente  la intervención del gobierno del estado y de su Contraloría  para esclarecer el grado de participación de los servidores públicos relacionados con la construcción de obras en las que participó está empresa trasnacional, en las que se presume el cálculo y el cobro de sobrecostos en la construcción  y  en las tarifas de peaje sobre la base de una serie de variables financieras deliberadamente manipuladas con la estimación de aforos vehiculares alterados del  segundo piso mexiquense.

Este tipo de vialidades sólo representan para la empresa OHL  un negocio de jugosas ganancias para capitalizar a su matriz en España, pagar sueldos estratosféricos a sus altos funcionarios tanto mexicanos como peninsulares,  y para el gobierno, representan  un ahorro en inversión de obra pública, pero que terminan pagando los miles de usuarios que transitan diariamente por esta importante vía de comunicación metropolitana. A todo esto nos preguntamos ¿Cuál es el beneficio real para los habitantes del Estado de México, mientras hay una ganancia ilícita para esta empresa trasnacional?

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México a que haga públicas las condiciones de operación de la Concesión del Viaducto Bicentenario, y que investigue al C. Secretario de Comunicaciones de esta entidad, Apolinar Mena Vargas,  por conflicto intereses relacionado con la empresa constructora OHL, así como las presuntas irregularidades en los costos de  la construcción del Viaducto Bicentenario y en los cálculos de operación y tarifas de uso.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

Suscriben

Dip. Lizbeth Rosas Montero.- Dip. Gloria Bautista Cuevas.- Dip. Fernando Belaunzarán Méndez.- Dip. Lourdes Amaya Reyes.- Dip. Amalia García Medina.- Dip. Antonio León Mendívil.





 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a instrumentar y ejecutar programas tendientes a fomentar la cultura en materia de protección civil entre la población que habita las regiones afectadas por fenómenos naturales perturbadores o desastres. Se turna a la Primera Comisión.







 

De las Diputadas Adriana González Carrillo y Aleída Alavez Ruiz y de los Senadores Fernando Yunes Márquez y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente cita a comparecer ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional al Secretario de Gobernación, al Director General del CISEN, al Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y al Comisionado Nacional de Seguridad para revisar los hechos ocurridos en Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Diputada Adriana González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Dip. Aleída Alavez Ruiz y el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN CITA A COMPARECER, ANTE LA COMISIÓN BICAMERAL DE SEGURIDAD NACIONAL, A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, DIRECTOR GENERAL DEL CISEN, SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL Y COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD.

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tiene interés en revisar con los citados funcionarios los hechos ocurridos el primero de mayo del presente año, que iniciaron en el Estado de Jalisco, pero continuaron en municipios colindantes de Guanajuato, Colima y Michoacán y se caracterizaron por 39 bloqueos perpetuados por el crimen organizado, la afectación de varias rutas de transporte, vehículos de particulares, bancos, gasolineras y comercios. Además del derribo de una aeronave del ejército.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. De urgente y obvia resolución por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer antela Comisión Bicameral de Seguridad Nacional al titular de la Secretaría de Gobernación, Director General del CISEN, Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y Comisionado Nacional de Seguridad, para revisar los hechos ocurridos en Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán el primero de mayo de 2015.

Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Dip. Adriana González Carrillo.- Sen. Alejandro De Jesús Encinas.- Dip. Aleída Alavez Ruiz Rodríguez





 

Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el asesinato del ciudadano Ricardo Cadena Becerra a manos de un policía del municipio de San Pedro Cholula y exhorta al gobierno del estado de Puebla a investigar el hecho y sancionar a quienes resulten responsables. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, JAVIER FILIBERTO GUEVARA GONZÁLEZ, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El pasado día 3 de mayo, tres jóvenes, entre ellos un menor de edad, salieron de un bar de San Pedro Cholula, Puebla, y cuando regresaban a su domicilio habrían comenzaron a hacer pintas en diversos muros, siendo detenidos por elementos de la policía municipal, quienes asesinaron a uno de ellos, Ricardo Cadena Becerra.

Posteriormente, el subdirector de la Policía Municipal, Jaid Mothe Hernández, se entregó a las autoridades ministeriales, ante quienes admitió su responsabilidad en la muerte de Cadena Becerra, quien perdió la vida de un balazo en la cabeza. Mothe Hernández adujo en su defensa que el deceso de Ricardo no fue intencional, pues su arma de cargo se disparó accidentalmente mientras corría para detener a los jóvenes.

A pesar de que el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, estuvo en el funeral de Cadena Becerra para hablar con los familiares, a quienes ofreció justicia, consideramos que esto es insuficiente, toda vez que en un caso de la gravedad como el que nos ocupa, lo que se impone la realización de una averiguación imparcial, justa y expedita que deslinde responsabilidades y genere sanciones ejemplares en contra de los autores de este asesinato.

Lamentablemente, este hecho no es un caso aislado, sino que es un reflejo de la escasa capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad del Estado de Puebla. Recordemos que apenas el 9 de julio perdió la vida un menor de 13 años que respondía al nombre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, esto durante un operativo realizado por la Policía Estatal en el que se habrían disparado balas de goma en contra de manifestantes del poblado de Chalchihuapan, quienes se manifestaban en contra de diversas irregularidades en la prestación de los servicios del Registro Civil de aquella entidad federativa.

La situación generada por la incompetencia de las fuerzas de seguridad debe traer aparejada la reparación del daño ocasionado a los familiares de la víctima, el establecimiento y puesta en marcha de manuales para el uso de la fuerza letal y la revisión de los procedimientos aplicables en la detención de presuntos infractores y delincuentes, pues no es posible que la probable comisión de una falta administrativa derive en la muerte de un joven inerme.

Es por esto que se propone a través del presente que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condene el asesinato del C. Ricardo Cadena Becerra, a manos de un policía del municipio de San Pedro Cholula y exhorte al Gobierno del Estado de Puebla a que investigue rigurosamente el hecho y procure una sanción ejemplar en contra de quienes resulten responsables.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el asesinato del C. Ricardo Cadena Becerra, a manos de un policía del municipio de San Pedro Cholula y exhorta al Gobierno del Estado de Puebla a que investigue el hecho y se sancione a quienes resulten responsables.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

Atentamente

Dip. Javier Filiberto Guevara González.





 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Lourdes Amaya Reyes, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de explicar los pre-criterios de política económica 2016 y su vinculación con el llamado presupuesto base cero. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, diputado Miguel Alonso Raya, Coordinador del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Tercero del Acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN PARA CITAR A COMPARECER AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DOCTOR LUIS VIDEGARAY CASO, A FIN DE EXPLICAR LOS PRE-CRITERIOS DE POLÍTICA ECONÓMICA 2016 Y SU VINCULACIÓN CON EL LLAMADO PRESUPUESTO BASE CERO, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES:

El jueves 15 de enero de 2015, durante la Reunión de trabajo de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, los subsecretarios de Egresos, de Hacienda y Crédito Público y de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informaron lo siguiente:

1. Que la reforma hacendaria, permite tener más espacios fiscales y que el choque derivado de menores precios y producción de petróleo puede absorberse con flexibilidad dentro de las finanzas públicas.

2. Que la reforma hacendaria posibilita un desempeño de los ingresos tributarios, mejor a lo previsto.

A pesar de esto, el 30 de enero el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció un primer recorte presupuestal para 2015, por 124,300 millones de pesos, argumentando que esta medida de ajuste es necesaria para alinear las metas de balance aprobadas para 2015.

Poco después, el 31 de marzo, durante la presentación de los Pre-criterios de Política Económica, el funcionario anunció un segundo recorte presupuestal para 2016, por un monto de 135 mil millones de pesos, argumentando que es necesario “para mantener el compromiso con la trayectoria del déficit decreciente”. Con este anuncio, los recortes suman ya 259 mil millones de pesos.

El 22 de abril, a pesar de los recortes y en un contexto de creciente incertidumbre y presiones cambiarias, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, informó que “México tiene las siguientes fortalezas: 1) tipo de cambio flexible, 2) bajo nivel de déficit de cuenta corriente, 3) suficiente liquidez para enfrentar situaciones de estrés, 4) política de deuda pública adecuada y 5) coberturas petroleras, implementadas desde 2003”.

El 30 de abril, dio a conocer el Informe de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Primer trimestre de 2015. En este informe se observa lo siguiente:

1. Seguimos en un contexto económico complejo y volátil, donde la economía mexicana muestra indicadores preocupantes: por la devaluación del peso, la deuda se revalúa y se ubica en 7.6 billones de pesos. Esto equivale a 43.9% del PIB, dos puntos arriba de lo que representaba en 2014.

2. Los ingresos tributarios crecen 33%, pero no son suficientes, ni compensan la creciente caída de los ingresos petroleros que ya llegan ya a 42.6%.

3. Sólo en el primer trimestre de 2015, Pemex registro pérdidas por 100 mil millones de pesos.

4. La economía de Estados Unidos, se desacelera rápidamente, durante el primer trimestre de 2015, y su ritmo de crecimiento se ubica muy por abajo de las expectativas y de las proyecciones de diferentes analistas internacionales.

5. La apreciación del dólar afecta el crecimiento de las exportaciones norteamericanas y con ello su ritmo de crecimiento.

6. La devaluación del peso, encarece las importaciones de México, e introduce presiones cambiarias e inflacionarias, incrementando la incertidumbre en el mercado interno y afectando la inversión y el crecimiento potencial de la economía mexicana.

Como se puede ver, toda esta relación de hechos y anuncios, es sumamente preocupante, ya que seguramente impactará la evolución del balance fiscal, la estabilidad de las finanzas públicas, acelerará la inestabilidad macroeconómica y la trayectoria del crecimiento de la economía.

El discurso oficial, en materia de finanzas públicas, durante el primer trimestre de 2015, nos parece triunfalista, se nos dice que tenemos “grandes fortalezas” (Videgaray), y que tenemos un “arsenal de recursos” (Carstens), para enfrentar situaciones adversas.

Pero lo que tenemos en realidad, es una creciente inestabilidad, presiones cambiarias, caída de ingresos petroleros, crecientes presiones al déficit y a las finanzas públicas, por la vía de un acelerado crecimiento de la deuda y de un creciente saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público.

Las expectativas de crecimiento de la economía siguen a la baja: la secretaria de hacienda lo ubica en un rango que va de (3.2 a 4.2% del PIB) y la encuesta de analistas elaborada por el Banco de México, lo ubica en 2.88%. Pero México requiere un crecimiento del PIB de al menos 5% anual. Hay que recordar que en 2014 sólo llegamos a un crecimiento de sólo 2% y venimos de un pobre crecimiento de 1.3%, 2013.

Preocupa de manera creciente, la trayectoria del déficit, la deuda del sector público federal y la deuda de los estados.

A pesar de los esfuerzos y logros en la instrumentación de la reforma fiscal, México sigue presentando grandes problemas, como son inestabilidad en la captación de ingresos y creciente vulnerabilidad en la estructura de las finanzas públicas.

Los números son reveladores, la producción y los precios del petróleo siguen sin recuperarse, los ingresos tributarios no son suficientes para compensar la caída de los ingresos petroleros. La economía está inmersa en una creciente incertidumbre.

Diversos actores, desde académicos y empresarios, hasta organismos internacionales, como el FMI, la OCDE, CEPAL, perciben hacia adelante importantes problemas.

El país, necesita certidumbre y respuestas consistentes a estos importantes temas. Preocupa, en especial, el débil impulso del crecimiento de la economía, a la inversión y el empleo.

Por todo lo expuesto y por las expectativas de mayores recortes derivados de la implementación de un presupuesto base cero en 2016, y con el fin de evitar una crisis de mayores dimensiones en las finanzas públicas y en la economía nacional, me permito poner a disposición del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de explicar los Pre-Criterios de Política Económica 2016 y su vinculación con el llamado Presupuesto Base Cero, la evolución de las finanzas públicas y su impacto en la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

Suscriben

Dip. Agustín Miguel Alonso Raya.- Dip. Amalia Dolores García Medina.- Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero.- Dip. María De Lourdes Amaya Reyes.





 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de La Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, resultado de la evaluación internacional del programa de vacunación universal de México. Se turna a la Segunda Comisión.

Las que suscriben, Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza,  Leticia Herrera Ale, Itzel Saraí Ríos De La Mora y María Elena Barrera Tapia, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LAS DEMÁS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD SE ADOPTEN LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD RESULTADO DE LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL DE MÉXICO de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la “Semana de Vacunación en las Américas”, celebrada entre el 25 de abril y el 2 de mayo, se dio el anuncio de que el continente americano se convirtió en la primera región del mundo en ser declarada libre de la transmisión endémica de rubeola. Carissa F. Etienne, Directora de la OPS/OMS señaló "La eliminación de la rubéola de las Américas es un logro histórico que refleja la voluntad colectiva de los países de nuestra región de trabajar juntos para lograr metas ambiciosas de salud pública. Estos logros prueban el valor de la vacunación y cuán importante es hacer que las vacunas estén disponibles aún en los rincones más remotos de nuestro continente".

En este mismo marco, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó la “Evaluación Internacional del Programa de Vacunación Universal de México” (PVU). En dicho informe, la OPS señala desafíos y recomienda acciones a seguir, entre las que destacan las siguientes:

- Realizar la instalación o reparar de las cámaras de frio pendientes así como garantizar la disponibilidad de recursos humanos específicos y calificados para la cadena de frio en todos los casos.

Recomendación: Garantizar que se cuente con los recursos económicos necesarios para realizar las acciones.

- Establecer una estrategia de información, comunicación y educación en los diferentes niveles de gestión para promover el uso de los servicios de vacunación.

Recomendación: Elaborar una estrategia interinstitucional e intersectorial de información, comunicación y educación para apoyar las actividades del programa permanente de vacunación.

- Contar con una Ley de Vacunación que permita asegurar la mantención de los logros y que garantice la liberación central del presupuesto en forma oportuna y sin interrupciones.

Recomendación: La Secretaría de Salud debe impulsar la aprobación de mecanismos legales para asegurar la mantención de logros y garantizar los insumos para vacunar  (Ley de vacunas- Reforma a la Ley General de Salud).

Nos es imposible dejar de señalar, con relación a este último desafío y recomendación, que actualmente en comisiones del Senado, se encuentra en estudio una iniciativa que reforma la Ley General de Salud en materia de vacunación universal, la cual, a través de la consolidación de la vacunación como un derecho, busca asegurar la mantención de los logros y además garantiza que, año con año, se cuente con los recursos etiquetados para la adquisición y aplicación de las vacunas incluidas en el Esquema de Vacunación, de manera progresiva e irreversible. Esta iniciativa facilitará la incorporación de dichas recomendaciones y hará más eficiente el gasto en salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud y las demás Instituciones del Sistema Nacional de Salud se adopten las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud resultado de la Evaluación Internacional del Programa de Vacunación Universal de México.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 13 de mayo de 2015.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que exhorta al gobernador del estado de Yucatán a realizar las acciones pertinentes en la investigación de diversos hechos delictivos en contra del periodista Hernán Javier Casares. Se turna a la Primera Comisión.

Rosa Adriana Díaz Lizama, Senadora de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN A QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES EN LA INVESTIGACIÓN DE DIVERSOS HECHOS DELICTIVOS EN CONTRA DEL PERIODISTA HERNÁN JAVIER CASARES. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el Senado de la República en general y particularmente el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nos hemos esforzado por realizar acciones a favor del Blindaje Electoral. Estamos comprometidos con la democracia y por la democracia. Desafortunadamente, los hechos parecen estar en contra de todos nuestros esfuerzos. Tenemos el compromiso de ofrecer "mejores cauces, más limpios, más anchos a la expresión de su voluntad; que iremos haciendo más ágil y más firme nuestro régimen electoral; que la consulta al pueblo sea cada vez más eficaz y más leal; que sus resultados serán escrupulosamente respetados, sus resultados objetivos".

El martes 5 de mayo, el Diario de Yucatán denunció con detalle un hecho que no puede ser pasado por alto, la agresión a Hernán Javier Casares por decenas de trabajadores en una bodega del sur de Mérida, ante policías, por tratar de constar un hecho que no ha podido ser evidenciado pero que es conocido en la región; intentó evidenciar la relación político electoral y documentar la relación de las actividades de un centro de "suministro electoral". Hechos, que son un atentado evidente a la libertad de expresión.

Debido a varias denuncias ciudadanas, el 2 de mayo de 2015, Hernán Javier Casares, reportero de Diario de Yucatán, decidió investigar una serie de actividades que aparentemente tenían un fin electoral. El reportero fue sorprendido por un grupo de personas que lo agredieron física y verbalmente. Una de las personas le quitó su celular y otra persona, las llaves de su coche.

Así lo narraron en un periódico local:

"Rodeado de los trabajadores de la bodega, el periodista se acercó al policía de la SSP José Pérez Che que observaba los hechos a 30 metros de distancia, junto a su patrulla placas YZG-58-89, para pedirle ayuda. El agente le respondió: "Es la política jefe, nada puedo hacer''1. Los policías no intervinieron ante la inminente comisión de delitos de oficio que se llevaban a cabo en su presencia.

Ante los hechos, el periodista se identificó como tal y presentó las credenciales que lo acreditaban, explico que sólo realizaba una labor periodística. "El jefe de la vigilancia del Periférico llegó poco después en una patrulla con dos agentes más. Interrogó a Casares Cámara y le pidió su identificación de Megamedia, datos que anotó en una libreta. Luego se retiró para hablar por teléfono. Regresó y le dijo a Hernán Casares: este señor (por el hombre de azul) le debe devolver sus pertenencias. El jefe de vigilancia envió entonces a uno de sus agentes a informarle de esta decisión al hombre de azul y a pedirle su identificación, pero no le hizo caso. Siguió hablando por teléfono, caminando de un lado a otro"2. Finalmente, sólo devolvieron al reportero las llaves de su auto y su celular con los archivos borrados.

En síntesis, en el desempeño de su trabajo, un periodista fue agredido ante la presencia de una unidad de policía perfectamente identificada; el mismo periodista además fue objeto de robo (dado que tampoco se le devolvió el total de sus pertenencias), para finalmente ser amenazado de ser denunciado por allanamiento cuando él se encontraba en un lugar público.

Las acciones que se han descrito no pueden ser toleradas por el Estado, éste no puede tener intereses o ser tolerante con ese tipo de acciones. Como bien indica el diario en mención "¿Cómo pueden explicar el actuar de sus policías? ¿A quién protegen? ¿Qué está sucediendo en esas bodegas? ¿Por qué se permite la circulación de vehículos sin registros legales? ¿Qué autoridad tienen los agentes sobre los jóvenes agresores? ¿Por qué actúan éstos con tanta seguridad?"

Al día siguiente, la versión oficiales de los policías no reporta ningún ataque3. Luis Felipe Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública, negó que agentes de esa corporación estuvieran custodiando una bodega y hasta la existencia de los mismos: "Nosotros no estábamos custodiando ni custodiamos ninguna bodega, "menos en ese lugar". Los medios de comunicación, al solicitar el posicionamiento del gobierno del Estado, obtuvo reiteradas negativas, para finalmente obtener como respuesta que "la versión oficial era la del comandante Saidén "y no más".

El actual Gobernador, Rolando Zapata Bello, ha ofrecido en reiteradas ocasiones su compromiso contra la corrupción y a favor del blindaje electoral.

1 de octubre de 2012

Protesta como gobernador: "Yo combatiré la corrupción ferozmente, de eso todos pueden estar seguros"

enero de 2013

100 días de gobierno: "Para mí lo más importante es que nuestra administración tenga tramos muy claros de transparencia, de orden y disciplina, que acoten cualquier posibilidad de actos de corrupción en las estructuras de gobierno".

15 de agosto de 2014

Convenio de colaboración con el TEPJF: "al transparentar los procesos electorales se brinda mayor certeza y confianza a la sociedad sobre la utilización de los fondos públicos".

"La falta de acción ha puesto en entredicho la honorabilidad y buenas intenciones de la multicitada lucha gubernamental contra la corrupción. Los compromisos de transparencia, en particular frente al proceso electoral, se balancean en la cuerda floja. Urgen explicaciones creíbles, no pretextos fuera de contexto"4. No es posible tolerar agresiones en contra de la libertad de expresión, menos aún si están vinculadas directamente con delitos electorales que además, atentan en contra de la democracia nacional.

Por lo anteriormente fundado, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Gobernador del estado de Yucatán a que realice las acciones pertinentes en la investigación de diversos hechos delictivos en contra del periodista Hernán Javier Casares; y que se investigue y se sancione a los policías que estuvieron presentes el día de los hechos.

Salón de sesiones de H. Cámara de Senadores, el 13 de mayo de 2015.

Atentamente

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.

1 "Agreden a un reportero", consultado en yucatan.com.mx, 11 de mayo de 2015.

2 Ibíd.

3 David domínguez, "SSP: "No custodiamos ninguna bodega", Diario de Yucatán, consultado en http://yucatan.com.mx/merida/policia/ssp-no-custodiamos-ninguna-bodega#sthash.28CJsMnv.dpuf, el 11 de mayo. de 2015.

4 Ibíd.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que cita a comparecer al Presidente del Consejo de Administración y al Director General de Petróleos Mexicanos, así como al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para explicar las razones de los accidentes que se han registrado recientemente en las instalaciones petroleras, los daños, las consecuencias, las reparaciones y las medidas preventivas que están tomando para que no se repitan tan lamentables acontecimientos. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, ASÍ COMO AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS, PARAEXPLICAR LAS RAZONES DE LOS ACCIDENTES QUE SE HAN REGISTRADO RECIENTEMENTE EN LAS INSTALACIONES PETROLERAS, LOS DAÑOS, LAS CONSECUENCIAS, LAS REPARACIONES Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE ESTÁN TOMANDO PARA QUE NO SE REPITAN TAN LAMENTABLES ACONTECIMIENTOS al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que han sido constantes y numerosas las explosiones y accidentes que se han registrado en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), que dejan en la población sentimientos de angustia, impotencia e indignación por el deplorable desempeño del Gobierno Federal como operador de la industria petrolera, pero sobre todo como autoridad obligada a proteger la vida de los ciudadanos y los bienes públicos, el patrimonio de la nación y el medio ambiente.

● Que el 5 de mayode este año, murieron 2 trabajadores al hundirse parcialmentela plataforma Troll Solution de la empresa Typhoon que presta servicios a Pemex. Fueron desalojados 101 trabajadores, 98 de la contratista y 3 de Pemex. 1

● Que el pasado 4 de mayo ocurrió una fuga de gas LPC en una planta de Pemex que provocó un incendio con llamas de 30 metros en el municipio de Nogales, Veracruz. 2

● Que el 14 abril se suscitó un incendio en una torre de enfriamiento en el Complejo Procesador de Gas de Ciudad Pemex, Tabasco, por lo que se tuvieron que desalojar a 200 trabajadores.3

● Que el 1 abril murieron 7 trabajadores y 16 resultaron lesionados debido a un incendio en la plataforma Abkatun Alfa Permanente, en la Sonda de Campeche. Los trabajadores fallecidos eran empleados de Pemex y de la empresa Cotemar. De los 16 lesionados, 4eran de Pemex y 12 del contratista. En total, fueron desalojados 302 trabajadores.La Procuraduría General de la Repúblicainició una investigación por los delitos de daños en propiedad ajena, homicidio y lesiones.4Se estima que las pérdidas por el accidente estarían en un rango de entre 670 y 780 millones de dólares5.Cabe advertir que no es el primer accidente grave de la empresa Cotemar, toda vez que el 12 de abril de 2011 se hundió su plataforma habitacional semi-sumergible Flotel Júpiter I también ubicada en la sonda de Campeche.6

2. Que en el año 2005 PEMEX instrumentó el Programa Emergente para el Fortalecimiento de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, con la intención de mejorar sus procesos operativos y disminuir la probabilidad de accidentes, destinando para ello recursos por la cantidad de 40 mil millones de pesos. 7

● Que diez años después la situación en vez de mejorar ha empeorado, tal como muestra la explosión en septiembre de 2010 en una refinería de Cadereyta, Nuevo León, que costó la vida a una persona y ocasiono 10 heridos8; la explosión en ese mismo año, de un ducto de petróleo en la localidad de San Martín Texmelucan, Puebla, en donde murieron 29 personas y hubo 53 heridos con multiplicidad de lesiones9; y la violenta explosión en 2012 en una planta en Reynosa Tamaulipas, que causó la muerte de 30 trabajadores.10 También se recuerda el incendió y posterior hundimiento de la plataforma Usumacinta (2007) que dejó un saldo de 22 trabajadores fallecidos11 y la explosión por acumulación de gas al inicio del sexenio en el edificio B2 del complejo de Pemex. 12

3. Que como es posible advertir, lejos de disminuir, los accidentes han aumentado con la creciente subcontratación de servicios por parte de Pemex, al punto de ser parte de lo cotidiano. Nada de eso debería ocurrir. Para aquellos que han sufrido los efectos devastadores de una explosión, de una fuga de gas o un derrame de hidrocarburos, la experiencia les ha causado lesiones, traumatismos y, en el peor de los casos, la perdida de la vida.

4. Que Pemex lleva a cabo los trabajos y actividades de exploración y extracción de hidrocarburos recurriendo excesivamente a contratistas, cuya lógica de trabajo no siempre es compatible con la protección de las personas, los activos y al medio ambiente. Los contratistas prometen hacerlo cuando concursan en las licitaciones pero ya que están operando algunos, por no decir la mayoría, son negligentes en el cumplimiento de la normatividad correspondiente.

5. Que la falta de mantenimiento y la falta de supervisión por parte de Pemex y autoridades en las instalaciones de los contratistas es una de las principales causas de los incumplimientos de las medidas de seguridad industrial y ambiental.

6. Que el artículo 13 fracción II de la Ley de Petróleos Mexicanos faculta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para “establecer las directrices, prioridades y políticas generales relativas a la, seguridad, salud y protección ambiental, que se relacionen con las actividades de Petróleos Mexicanos”.

7. Que el artículo 46 fracciones X y XI de la Ley de Petróleos Mexicanos señala que le corresponde al Director General:

● Instrumentar y administrar los mecanismos de seguridad, salud y seguridad industrial de Pemex, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, así como los mecanismos y procedimientos para controlar la calidad y continuidad de las operaciones industriales y comerciales.

● Dirigir el diseño y la implementación de los programas de prevención de derrames de hidrocarburos, contingencia ambiental, remediación de suelos y aguas y los demás que en materia de seguridad operativa, equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente sean aplicables.

8. Que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de la Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y el control integral de los residuos y emisiones contaminantes, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de dicho organismo.

9. Que es preocupante que, a partir de la reforma energética y ante la frágil situación de Pemex en el sector energético, no se adopten las medidas necesarias para combatir estos riesgos, así como la eventual incapacidad de atender los compromisos de trabajo que deriven de las asignaciones obtenidas en la Ronda Cero.

10. Que a partir de lo expuesto concluimos la necesidad de que el Poder Legislativo Federal llame a comparecer al Presidente del Consejo de Administración y al Director General de Pemex, así como al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con el fin de que expliquen a la sociedad, en el ámbito de sus atribuciones, las causas de los incidentes, los daños, las consecuencias, las reparaciones y las medidas preventivas que están tomando para que no se repitan tan lamentables acontecimientos.

11. Que por lo expuesto y fundado solicito a esta Asamblea se apruebe como de Urgente Resolución el presente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante el Pleno de esta Comisión Permanente al Presidente del Consejo de Administración de Pemex, Pedro Joaquín Coldwell, con el fin de explicar: i)qué ha hecho el Consejo de Administración de Pemex antes y después de los trágicos acontecimientos señalados, para cumplir con lo dispuesto en el  Artículo 13, fracción II de la Ley de Petróleos Mexicanos; ii) por qué razón las medidas preventivas que tomó el Consejo no lograron prevenir tan lamentables acontecimientos; qué medidas propondrá al Consejo para que cumpla eficazmente con su responsabilidad en la materia; iii) las acciones implementadas a efecto de reclamar la responsabilidad de las empresas subcontratadas por la empresa productiva del Estado por los daños y perjuicios provocados a la misma; y iv) los criterios que se propone adoptar para futuros accidentes que afecten el cumplimiento de los programas de trabajo que deriven de las asignaciones resultado de la Ronda Cero.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante el Pleno de esta Comisión Permanente al Director General de Pemex, Emilio José Lozoya Thalmann, con el fin de explicar: i) las acciones que ha emprendido para cumplir con el Artículo 46, fracciones X y XI de la Ley de Petróleos Mexicanos, antes y después de los acontecimientos señalados; ii) las causas y circunstancias de los incidentes; iii) los daños y perjuicios causados a las personas y a las comunidades, a Pemex y al Estado, al medio ambiente y a los ecosistemas; iv) la atención que ha dado a las víctimas y a sus familiares; las reparaciones realizadas; v) las medidas preventivas para que esos lamentables acontecimientos no se repitan; vi) las medidas que está tomado Pemex para que sus contratistas cumplan con las medidas de seguridad de acuerdo con las mejores prácticas de la industria y reparen el daño sufrido a la empresa.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante el Pleno de esta Comisión Permanente al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Carlos de Regules Ruiz-Funes, con el fin de explicar las acciones de la Agencia para cumplir con su mandato de ley antes y después de los trágicos eventos señalados, así como las regulaciones que ha emitido y los programas de supervisión que ha llevado a cabo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 CNN México, “Mueren dos trabajadores en una plataforma de servicio de Pemex” en CNN México, 5 de mayo de 2015, http://mexico.cnn.com/nacional/2015/05/05/pemex-plataforma-campeche-heridos-muertos-victimas, consultado el 8 de mayo de 2015

2 Salazar, Anabel F., “Incendia planta de Pemex en Nogales” en El Sol de Orizaba, 4 de mayo de 2015, http://www.oem.com.mx/elsoldeorizaba/notas/n3794349.htm, consultado el 8 de mayo de 2015

3 Xicoténcatl, Fabiola, “Se quema torre de Pemex en Tabasco “ en Excélsior, 15 de abril de 2015, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/15/1018691, consultado el 8 de mayo de 2015

4 Infante Pech, Carmen y Mendoza Gutiérrez, Valentín, “Todo sobre la explosión de plataforma Abkatún Alfa de Pemex” en Crónica de Campeche, 1 de abril de 2015, http://www.nnc.mx/nacional/1427948442.php, consultado el 8 de mayo de 2015

5 Tabasco Hoy, “Pérdidas por incencio en Abkatun-A ascenderían a 780 mdd” en Tabasco Hoy, 28 de abril de 2015, http://www.tabascohoy.com/2/notas/index.php?ID=246781, consultado el 8 de mayo de 2015

6 Santana, Rosa, “Admite Pemex hundimiento de la plataforma ‘Flotel Júpiter’” en Proceso, 12 de abril de 2011, http://www.proceso.com.mx/?p=267888, consultado el 8 de mayo de 2015

7 “Pemex Enfrenta el Reto de Revertir la tendencia de su deterioro financiero y rezago en varias áreas: Ramírez Corzo”, Nota 2529, Cámara de Diputados, http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_agencia_de_noticias/001_2005/09_septiembre/28_28/2529_pemex_enfrenta_el_reto_de_revertir_la_tendencia_de_su_deterioro_financiero_y_rezago_en_varias_areas_ramirez_corzo, consultado el 8 de mayo de 2015

8 El Universal, “Pemex corrige: muere 1 por explosión en Cadereyta” en El Universal, 7 de septiembre de 2010, http://www.eluniversal.com.mx/notas/707053.html, consultado el 8 de mayo de 2015

9 CNN México, “Los peores siniestros en instalaciones de Pemex” en CNN México, 31 de enero de 2013, http://mexico.cnn.com/nacional/2013/01/31/29-personas-mueren-por-explosion-en-ducto-en-puebla, consultado el 8 de mayo de 2015

10 LeDuc, Julia, Sánchez, Martín y Cardoso, Víctor, “Accidente en gasoducto de Pemex en Reynosa ocasiona 26 muertos” en La Jornada, 19 de septiembre de 2012, p. 31, http://www.jornada.unam.mx/2012/09/19/economia/031n1eco, consultado el 8 de mayo de 2015

11 Pérez, Ana Lilia, “La tragedia de la plataforma Usumacinta” en Contralínea.com.mx, 1 de noviembre de 2009, http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2009/11/01/la-tragedia-de-la-plataforma-usumacinta/, consultado el 8 de mayo de 2015

12 Aristegui Noticias, “Gas metano y un chispazo causaron explosión en sede de Pemex, concluye PGR” en Aristegui Noticias, 3 de agosto de 2013, http://aristeguinoticias.com/0308/mexico/gas-metano-y-un-chispazo-causaron-explosion-en-sede-de-pemex-concluye-pgr/, consultado el 8 de mayo de 2015





 

Del Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo para conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez. Se turna a la Primera Comisión.

Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, IV y VI y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una proposición con punto de Acuerdo relativa a la materia objeto del presente, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es necesario recordar a un gran hombre que ante todo fue un honroso mexicano y que además de desarrollar una inconmensurable labor política y periodística, fue un gran humanista con un alto grado de responsabilidad y sensibilidad.

Así, el nombre de Enrique Ramírez y Ramírez resuena como ejemplo histórico del mexicano incansable y trabajador, como brillante ideólogo y un destacado parlamentario que en su labor como Diputado trabajó con los elementos del pensamiento y la palabra, propugnando por una nación esencialmente fuerte, reconociendo que la compleja historia de México con la aportación y esfuerzo de todos los mexicanos puede construir un país con un brillante provenir; de esta forma él predicó siempre con el ejemplo.

Ramírez y Ramírez ha dejado huella en el corazón de México, y es nuestro deber honrar la memoria de este hombre, cuyo quehacer siempre buscó con convicción una sociedad basada en la justicia social a través de los elementos trazados por la Revolución Mexicana.

Su lucha se ha convertido en nuestra también, porque debemos construir los caminos que conviertan a esta nación en una más prospera, justa, equitativa, segura, libre y democrática.

Su actuar nos ha mostrado que en el devenir histórico, debemos preocuparnos haciendo notorio que la historia demanda nuestro actuar, y asumir nuestra responsabilidad en el presente de constantes cambios del que somos partes.

Enrique Ramírez y Ramírez enriqueció con su pensamiento las tribunas, la prensa y siempre mantuvo la idea avante de que la vida cultural de la nación, el crecimiento productivo y la mejora de las condiciones en toda la Republica debían estar integralmente basados en los ideales del Revolución, trayendo así un debate ideológico fortalecido, el cual debemos retomar en todo momento, y no debe ser conciliado con las ideas de los detractores de la democracia.

Es así que además de recordar al hombre, debemos también recordar los ideales que siempre trajera consigo, aquellos que nos hacían saber una y otra vez, por medio de sus acciones y sus palabras, que nuestro México se desarrolló debido a la obra consolidada en la Revolución.

Sus creencias, además de una invaluable presea para el pueblo mexicano, deben ser siempre un mapa de acción, porque él creía en un ciclo de reformas profundas que transformarán a nuestro país y lo acercarán a uno mucho más humano, en el que se extendiera la seguridad social, se aliviaran los problemas de empleo y vivienda, se persiguiera una reforma fiscal proporcional a la ganancia individual, una reforma educativa como elemento esencial de las pautas de cambio y mejoría, una reforma política para buscar los cimientos de una verdadera democracia, una reforma de Estado.

Es momento de recordar y hacer que las causas justas tomen su cauce; es momento de recordar lo que significa mencionar el nombre de Enrique Ramírez y Ramírez y mirar nuestro pasado para después construir un brillante porvenir.

De ahí la necesidad y la importancia de reflexionar nuestro actuar y el de nuestras instituciones, lo que se ha hecho para engrandecer a México, tal como lo fue el legado heredado a todos los mexicanos por Ramírez y Ramírez, quien en una trayectoria de medio siglo de intensa actividad política revolucionaria, desentrañó lo que verdaderamente significa coadyuvar en el desarrollo del pueblo mexicano y contribuyó a la formación de políticos verdaderamente comprometidos con nuestro país.

Nuestra nación ha vivido enormes cambios en la búsqueda de su prosperidad y en la construcción de una sociedad más justa y con mejores oportunidades para su gente, como ha sido su aspiración histórica, es así que, llamamos a recordar el centenario del natalicio de Enrique Ramírez y Ramírez como hombre de vanguardia, defensor incansable de la Revolución y hombre congruente con sus principios cuyo ejemplo debe ser tomado por todos nosotros para superar las dificultades del país y retomar con nuevos bríos la ruta del desarrollo.

Es así que con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, IV y VI y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo al tenor siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se acuerda conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez, como hombre de convicción nacionalista, pensador y dirigente social comprometido, defensor de los principios de la Revolución Mexicana, por su gran labor política, periodística y humanista.

ACUERDO RELATIVO A LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENERIO DE VIDA DE ENRIQUE RAMÍREZ Y RAMÍREZ.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández.





 

De la Diputada Claudia Rocío Villa Oñate, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar acciones de prevención y atención al suicidio como problema de salud pública. Se turna a la Segunda Comisión.

Los que suscriben Claudia Rocío Villa Oñate y Juan Pablo Adame Alemán, Diputados Federales de la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 constitucional y 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización Mundial de la Salud define al suicidio como “Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento  del verdadero móvil".

El comportamiento suicida ocurre en todos los grupos sociales, niveles económicos, niveles educativos, independientemente de creencias y valores filosóficos, políticos o religiosos.

Los datos que se tienen sobre el suicidio son alarmantes, según expertos del Instituto Hispanoamericano de Suicidiologia cada segundo, un ser humano trata de suicidarse en algún país del mundo. Y cada 40 segundos, un suicida cumple su propósito.

Casi un millón de personas se quitan la vida al año, ni la suma de homicidios y guerras superan las muertes anuales debido al suicidio.

Podemos afirmar que el suicidio constituye un problema de salud pública grave que provoca casi la mitad de todas las muertes violentas y se traduce en casi un millón de victimas al año provocando unos costos económicos cifrados en miles de millones de dólares.

No se dispone de datos sólidos, pero se calcula que por cada muerte atribuible a esa causa se producen entre 10 y 20 intentos fallidos de suicidio que se traducen en lesiones, hospitalizaciones y traumas emocionales.

En nuestro país, la situación es igualmente alarmante, el suicidio es la cuarta causa de muerte en adultos. La tasa anual de suicidios consumados es del 5.7 por ciento y de seguir la situación igual, sin tomarse medidas preventivas, las cifras aumentaran.

Pese a las diferencias y carencias de las diversas fuentes de información, se ha identificado al grupo poblacional de 15 a 24 años residentes de zonas urbanas como el de mayor riesgo suicida llegando a ser en este sector la segunda causa de muerte, superando a los homicidios. Algunos especialistas aseguran que esta tendencia es el resultado de las transiciones demográficas sociales y económicas, que ha vivido México en las últimas décadas, mismas que provocan que nuestro país llegue al tercer milenio con un incremento en los números absolutos de jóvenes, quienes tienen pocas oportunidades de educación y empleo.

Las cifras oficiales con las que contamos en México sobre intentos de suicidio y suicidios son generadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) cuyos datos se recogen de las 32 entidades federativas. Cabe destacar que fue hasta 1995 cuando el INEGI publicó el primer cuaderno temático con información estadística de intentos de suicidio y suicidio consumado, hasta antes de esta fecha solo existían datos aislados y poco regulares y faltos de consistencia. Esto implica que la información estadística no sea suficiente y sea difícil conocer con detalle el comportamiento de este fenómeno.

En el informe publicado del 2007, se registraron 394 intentos de suicidio ocurridos en México.

De acuerdo con la frecuencia mensual en que ocurrieron los intentos en 2007, el mes más sobresaliente fue Abril.

En promedio sucedieron 25 intentos por mes, casi un intento al día, sin embargo hay que tomar en cuenta que las cifras “negras” son mayores según calculan la mayoría de los autores e investigadores.

Respecto a las causas se identificaron: el disgusto familiar en primer lugar, le siguió en orden de importancia las causas amorosas y en el resto no fue posible conocer las causas; aquí empiezan a surgir más preguntas que respuestas.

Respecto a los lugares de ocurrencia, el INEGI informa, que el 88.8% sucedió en la casa habitación, le sigue la vía pública y la cárcel en tercer lugar.

Los medios para efectuar el acto tuvieron una variable por género; las mujeres lo intentaron con mayor frecuencia intoxicándose con medicamentos, veneno y otros medios, mientras los hombres con estrangulación, arma blanca y venenos.

En cuanto a los suicidios consumados se obtuvieron las siguientes cifras:

En el año 2007, se registraron 3494 suicidios en el país incrementándose el número en34 puntos porcentuales.

Los 10 estados con mayor índice de suicidios registrados:

1. Jalisco 9.0%

2. Veracruz (de Ignacio de la llave). 7.4%

3. Distrito Federal 6.9%

4. Guanajuato 5.9%

5. Chihuahua 5.7%

6. Tabasco 5.7%

7. Sonora 5.2%

8. Nuevo León 4.65%

9. Yucatán 4.25%

10. San Luis Potosí 3.75%

Los principales motivos para cometer el acto suicida son el disgusto familiar, las causas amorosas y en tercer lugar una enfermedad grave e incurable. Pero en 6 de cada 10 suicidios consumados no fue posible conocer la causa que lo origino.

Respecto a los meses de ocurrencia, marzo y mayo son los de mayor número de suicidios. El registro fue contrario a lo que popularmente se ha creído sobre que son los meses de diciembre y enero los da mayor ocurrencia por ser tiempos de festividades.

El medio empleado con mayor frecuencia fue la estrangulación, en segundo lugar el arma de fuego y el tercer método fue ingerir veneno y por último la intoxicación por medicamentos.

El lugar de mayor ocurrencia es la casa habitación, vía pública como segundo lugar, el campo en tercer sitio y en cuarto lugar la cárcel.

Algunos datos relevantes de la población que intentó suicidarse son:

El mayor índice de intentos fue el de la mujeres con un 59% y el de los hombres correspondió al 40.1%.

Cuatro de cada diez intentos fueron realizados por personas solteras. Los casados con uno u otro sexo representaron el 32% de la población que intento su autodestrucción y en menor proporción se identificó a quienes declararon vivir en unión libre.

Las mujeres solteras que no poseían hijos constituyeron el 33%.

En cuanto al nivel de escolaridad se publicó que el 49.1% tenía secundaria, con nivel primaria el 25.4% y con preparatoria el 16.4%

De la población masculina que cometió suicidio se conoce que el mayor número eran artesanos y obreros, seguido por campesinos y oficinistas en tercer lugar.

Con respecto a la población femenina el 44.4% de las profesiones fueron diversas, el 38.8% oficinistas y el 16.7% trabajadoras domésticas.

Respecto a la población que consumó el suicidio se cuenta con la siguiente información:

Hay 2615 casos de hombres registrados y 545 de mujeres. Incrementándose en la población masculina, por cada mujer suicida se identificó a cinco hombres.

La mayor incidencia se dio en personas solteras, seguidas de casadas y por último en unión libre.

En cuanto a la escolaridad, el mayor índice es personas con instrucción primaria seguidas de secundaria y por último preparatoria. En la profesión no hubo diferencias significativas respecto a las de los intentos.

Un dato que llama la atención fue que los suicidios consumados eran de personas económicamente activas, contrario a lo que pudiese pensarse que la falta de trabajo e ingresos fuese ser un factor precipitante.

En 19 entidades federativas predominó la proporción de los suicidas que tenían como residencia habitual un área urbana y en las 13 restantes un área rural.

Finalmente y lo más preocupante que arrojan las estadísticas son las edades donde en mayor frecuencia fluctúan los suicidios consumados, que son para los hombres delos 20 a 29 años y en mujeres de los 15 a 24 años.

Si bien las cifras y números pueden ser fríos, poco precisos y hasta lejanos de la realidad nos sirven de base para hacer conciencia, cuestionamientos, propuestas y sugerencias respecto a cuales deben ser las mediadas y cual la ruta que guíe el trabajo con las personas de riesgo de suicidio.

Los números nos indican que la población más vulnerable a este grave problema es la  joven, estudiantes de zonas urbanas.

Por ello la necesidad de realizar para este grupo específico de personas acciones de prevención, investigación y tratamiento a ellos y sus familiares.

En otro orden de ideas, es de llamar la atención que a pesar de que en los últimos ocho años se registran “oficialmente” 3019 casos de suicidio, éste no es considerado un problema de salud pública. Y que siendo la Depresión la patología más asociada al suicidio ésta no se encuentra en la lista de enfermedades de mortandad en nuestro país.

Tampoco hay campañas de prevención, y mucho menos programas a nivel nacional o estatal que atiendan este fenómeno, lo que es muy grave porque como ya se mencionó, es la segunda causa de muerte en adolescente y la cuarta en adultos, no esperemos a que lleguen éstas a un primer lugar para atender tan grave situación.

Si bien no se pueden prevenir todos los suicidios, los especialistas nos dicen que sí la mayoría de ellos. Tanto a nivel local como nacional, se pueden tomar medidas para reducir el riesgo.

La familia, los maestros y los profesionales de la salud no están preparados para evitar las conductas suicidas. Tiene que haber una educación para identificar los síntomas de una persona suicida. El suicidio es parte de un proceso que arroja ciertas señales. La mayoría de los suicidas dan avisos evidentes de sus intenciones. Por consiguiente, deben tomarse en serio todas las amenazas de autolesión.

Un estudio que se realizó en el estado de Jalisco arroja que alrededor de un 70 por ciento de las personas que se suicidaron, previamente habían pasado por manos de profesionales de la salud que no tuvieron la capacidad para detectarlas como suicidas, a pesar de que presentaban síntomas o señales de alarma. Los profesionales,  no las supieron motivar o canalizar a una institución para recibir atención.

Aunado a lo anterior hay que considerar que la problemática suicida en la población escolar tiende a subir, año con año, esto obliga a las autoridades escolares y de salud a buscar una atención apropiada para prevenirla y promover la salud mental de los estudiantes. Esto se vuelve de vital importancia si se considera que la escuela puede ser la principal aliada para referir a niños y adolescentes a los servicios de salud mental, además de ser el primer lugar en donde los padres de familia buscan ayuda.

Es necesario que las autoridades tomen medidas, la Organización Mundial de la Salud ha hecho recomendaciones muy específicas y claras que pueden guiar a los gobiernos en sus propuestas algunas de las sugerencias de la OMS son:

● Reducir el acceso a los medios para suicidarse (pesticidas, medicamentos, armas de fuego, etc.);

● Tratar a las personas con trastornos mentales, y en particular a quienes padecen depresión, alcoholismo o esquizofrenia;

● Seguimiento de los pacientes que han cometido intentos de suicidio;

● Fomentar un tratamiento responsable del tema en los medios de comunicación;

● Formar a los profesionales de la atención primaria de salud.

Algunas otras propuestas hechas por expertos del Instituto Hispanoamericano de Suicidiologia para prevenir el suicidio son:

● Atención del problema de intento de suicidio y el suicidio consumado en forma multi e interdisciplinariamente, integrada por psiquiatras, psicólogos, enfermeras, terapeutas familiares y tanatólogos.

● Creación de programas preventivos permanentes a nivel nacional  y estatal para la investigación, prevención y atención del suicidio y suicida.

● Capacitación al personal médico y paramédico sobre este fenómeno.

● Publicación de folletos, trípticos y manuales para saber qué hacer en un caso de urgencia por intento o de suicidio consumado.

● Hacer difusión a través de los medios de comunicación sobre el incremento de suicidios, sus causas y consecuencias cuanto se intenta o consuma el acto,  así como la intervención oportuna con un trato digno y de respeto a las personas que viven la frustración de su última decisión.

Aunado a las propuestas anteriormente mencionadas, que sin duda abonan en gran medida a la prevención y tratamiento del problema, se debe considerar la educación de los padres de familia,  ellos como principales responsables de los hijos menores de edad, tienen que tener las herramientas suficientes para proteger a sus hijos de estas conductas.

Es por esto que se propone que las autoridades escolares, a principio de cada ciclo escolar, impartan a padres de familia y maestros una capacitación obligatoria sobre detección de conductas suicidas y problemas emocionales en niños y adolescentes.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. -PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE SALUD,  INSTRUMENTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL SUICIDIO COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA; EN LAS QUE SE INCORPOREN ESTRATEGIAS PARA LA ORIENTACIÓN, CAPACITACIÓN E INCLUSIÓN DE LOS PADRES Y MAESTROS; COMO SUJETOS DE SOPORTE PARA LA REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN SUICIDA ENTRE LOS JÓVENES.

Dado en el Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Atentamente

Dip. Claudia Rocío Villa Oñate.- Dip. Juan Pablo Adame Alemán.





 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a cumplir sus responsabilidades constitucionales y legales y emita las resoluciones correspondientes sobre los asuntos turnados a su consideración, referentes a la campaña del Partido Verde Ecologista de México en el actual proceso electoral. Se turna a la Primera Comisión.

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los que abajo suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presentamos ante esta soberanía proposición con punto de Acuerdo en materia electoral  al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde el inicio del actual proceso electoral hemos venido denunciando la estrategia de campaña anticipada del Partido Verde Ecologista de México, valiéndose de una sofisticada logística publicitaria y de la utilización de cuantiosos recursos de procedencia indeterminada, para la contratación de diversos medios de propaganda fundamentalmente en radio, televisión, salas de cine, vías públicas con espectaculares, tarjetas y monederos electrónicos, parabuses y una larga lista de objetos utilitarios.

Como es del dominio público esta estrategia ya ha sido sancionada por la autoridad electoral por diversos motivos, y calificada por violaciones  graves y sistemáticas a la legislación electoral, cometiendo con ello evidente fraude a la ley con el uso de recursos públicos y privados de origen ilegal; la contratación y adquisición ilegal en Televisa y tv azteca de aproximadamente 300 mil spots, lo cual está prohibido por el modelo de comunicación política vigente en la legislación electoral; la contratación de espectaculares y propaganda fija de manera ilegal en un incontable número de espacios en la vía pública; compra de los llamados “cineminutos” a precios preferentes en las salas cinematográficas del país; contratación de inserciones en revistas del grupo Televisa; distribución de tarjetas de descuento; utilización de programas sociales del gobierno federal sobre vales de medicina; utilización de materiales no biodegradables en diversos objetos utilitarios y el uso ilegal de datos personales del padrón electoral, que son los principales conceptos de violación que ha cometido el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Derivado de estas reiteradas violaciones, incluyendo  desde las medidas cautelares y las resoluciones administrativas,  dictadas por la autoridad electoral del INE se  le ha impuesto a este partido una larga lista de multas, cuyo monto alcanzaba hasta la semana pasada casi los 200 millones de pesos, lo que representa casi el 50% de sus prerrogativas, cuyo monto para gasto de campaña asciende a 444,700,000 millones de pesos lo que por sí solo, marca ya un hecho inédito en la trasgresión del orden y reglas electorales en la   historia electoral de nuestro país.

Ahora resulta que en sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Instituto Nacional Electoral no está facultado para cobrar multas a los partidos políticos, mientras no haya de por medio una sentencia definitiva que así lo confirme por parte de esta instancia jurisdiccional.

A consecuencia de ello, el INE deberá liberar parte de los recursos retenidos a los partidos políticos por concepto de multas que no han sido confirmadas por el tribunal electoral, entre ellas las que se le han impuesto al PVEM. De ahí que quedan en suspenso las sanciones que se han aplicado a este partido político por todas las irregularidades antes señaladas, dejando en firme una reducida cantidad de multas, 13.4 millones, quedando en la incertidumbre la situación de 53.8 millones de pesos que el INE le retuvo entre abril y mayo.

 Todavía existen varias multas pendientes  por cobrar, que estarían  a la espera de las correspondientes resoluciones judiciales que las respaldaran, debido a que aún se encuentran diferidos para pasar a resolver, tanto en la Sala Regional Especializada como en la Sala Superior del propio Tribunal Electoral.

Ahora en días pasados la Comisión de Fiscalización del propio INE valoró el expediente del origen de los recursos que empleo el PVEM, en una supuesta campaña de información y rendición de cuentas de sus legisladores, financiado por el grupo parlamentario de ese partido en las cámaras del Congreso de la Unión, que ya ha sido señalado, en principio como ilegal, y que estaría a discutirse por el Consejo General de INE cuyo proyecto propone una sanción de  hasta 329 millones de pesos.

Sin embargo, frente a estos hechos, la actitud del PVEM,  es de franca rebeldía a los mandatos judiciales, pese al descrédito que le está acarreando frente a la opinión pública y a la solicitud de varios sectores de la sociedad que ya están solicitando la cancelación de su registro como partido político.

Es por ello, que nuestro grupo parlamentario expresa su preocupación sobre la influencia que esta situación sigue incidiendo de manera significativa en la equidad de la contienda electoral y por ello consideramos que el tribunal electoral debe actuar en consecuencia, como órgano garante de la constitucionalidad y legalidad de la contienda electoral.

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  para que cumpla sus responsabilidades constitucionales y legales y emita conforme a derecho, las resoluciones correspondientes, sobre los asuntos turnados a su consideración, referentes a  la campaña electoral del PVEM en el actual proceso electoral.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

Suscriben

Dip. Miguel Alonso Raya.- Dip. Amalia García Medina.- Dip. Fernando Belaunzarán Méndez.- Dip. Lizbeth Rosas Montero.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta al gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre el funcionamiento del tramo de la Línea 12 que va de Atlalilco a Mixcoac, a fin de salvaguardar la integridad de los usuarios. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El 30 de octubre de 2012 inició operaciones la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, un medio de transporte que permitiría atender las necesidades de movilidad de las delegaciones Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Sin embargo, desde su construcción la Línea 12 estuvo plagada de irregularidades, basta mencionar que en el proyecto original se tenía planeado la creación de 23 estaciones en las que no se contemplaban tramos elevados. Posteriormente, dicho proyecto se modificó y se planearon 21 estaciones de las cuales 12 serían subterráneas y 9 corresponderían a tramos elevados. Finalmente, la Línea Dorada quedó conformada por 20 estaciones, 9 son subterráneas, 9 elevadas y 2 en la superficie.

Estos cambios fueron el principio de una serie de irregularidades, no sólo se retrasó la entrega del proyecto sino que también aumentaron sus costos.

El 12 de marzo de 2014, se suspendió la operación de 11 estaciones, debido a que la línea presentaba fallas que ponían el riesgo la seguridad de los usuarios.

Con el cierre parcial de la Línea Dorada, se iniciaron múltiples investigaciones para determinar las causas de las fallas, así como para fincar responsabilidades a los funcionarios públicos que por acciones u omisiones pusieron en riesgo la vida de los usuarios de este medio de transporte.

Con el cierre parcial de la Línea 12, los usuarios de la zona sur – oriente de la Ciudad de México, principalmente de las delegaciones Tláhuac y Milpa Alta han visto afectada su calidad de vida, pues sus tiempos de traslados se incrementaron hasta dos horas.

En abril de 2015, la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentó un informe para explicar las razones que originaron la suspensión temporal en 11 estaciones de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro.

El informe hace énfasis en el uso de materiales no apropiados para bajar de forma injustificada los costos de la obra. Por otra parte, se evidencia que el diseño del sistema de vías no corresponde a los esfuerzos a los que iba a ser sometido, ni al tonelaje anual que circularía sobre los rieles. Se hace hincapié, en que durante la construcción de la Línea 12, se modificó la ingeniería básica, el proyecto constructivo y el trazo de ruta, situación que a la postre derivo en las fallas que llevaron a suspender del servicio en 11 estaciones.

Ha pasado más de un año desde que dejó de funcionar el tramo de la Línea 12 que va de Tláhuac a Atlalilco y lejos de resolverse la situación, ahora salen a la luz pública nuevos problemas que podrían llevar al cierre total de la llamada Línea Dorada.

Al respecto, en días recientes diversos medios de comunicación, documentaron distintas fallas en las estaciones de la Línea 12 que actualmente se encuentra en funcionamiento y que comprende las estaciones que van de Atlalilco a Mixcoac. El hundimiento de las vías del tren y las filtraciones de agua en los túneles representan un riesgo para los usuarios. Ante estos hechos, resulta impostergable tener la certeza de que la seguridad de los usuarios está garantizada.

Para los legisladores del PRI, resulta preocupante que las fallas en la Línea 12, no sólo no se hayan resuelto, sino por el contrario, que ahora se presenten nuevas problemáticas que evidencian una vez más las numerosas irregularidades de este proyecto.

Los legisladores del PRI, consideramos que es apremiante que se lleven a cabo las acciones necesarias para fincar las sanciones correspondientes a los responsables de estás fallas en la Línea 12 del metro, que no sólo afectan los recursos públicos sino que también ponen en riesgo la integridad de los usuarios de este servicio, tal como sucedió en días recientes, con el choque de dos trenes, en la estación Oceanía perteneciente a la línea 5.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, presenten ante esta soberanía nacional un informe detallado sobre el funcionamiento del tramo de la Línea 12 que va de Atlalilco a Mixcoac, a fin de salvaguardar la integridad de los usuarios.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Atentamente.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política nacional en la gestión integral de los desechos electrónicos, mediante un programa general e influyente para la captación, manejo, tratamiento y destino final. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276del Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A FORTALECERLA POLÍTICA NACIONAL EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS, MEDIANTE UN PROGRAMA GENERAL E INFLUYENTE PARA LA CAPTACIÓN, MANEJO, TRATAMIENTO Y DESTINO FINAL, al tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

En el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información realizada en Ginebra 2003 y Túnez 2005, los participantes definieron estrategias y medidas para promover el desarrollo internacional mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

De los compromisos acordados en esta cumbre, la UNESCO se dio a la tarea de fortalecer la creación de sociedades médiate el conocimiento apoyándose en  cuatro ejes:

a) El acceso libre a la información y al conocimiento.

b) La libertad de expresión.

c) El respeto de la diversidad cultural y lingüística, y

d) La educación de calidad para todos.

Por tal motivo, la UNESCO apoya a los países en la región América Latina y el Caribe  para reducir la brecha digital. Sin embargo, la reducción de la brecha digital, a través de la promoción del uso de las TIC como herramientas del desarrollo, implica un crecimiento de residuos electrónicos al final de la vida útil de los equipos, cuyas implicaciones para el medio ambiente se deben tomar en cuenta.

Las cantidades de equipos electrónicos, incluyendo computadoras, monitores, impresoras y celulares, están creciendo de manera exponencial desde las dos últimas décadas. Desde el lanzamiento de la primera computadora personal en 1981 hasta el año 2008 se han producido un billón de computadoras. Notablemente, es de suponer que este número se duplique para el 2013. A pesar de los beneficios innegables de las TIC, no se debe olvidar la contaminación medioambiental que puede causar. Si no se dispone de una estrategia de gestión sustentable de residuos electrónicos, el aumento de producción de tecnologías implica consecuencias graves para el medio ambiente.

Al final del ciclo de vida útil de aparatos electrónicos muchos terminan en la basura común, dañando los terrenos alrededor de los basureros o vertederos donde son depositados.

Sustancias químicas y metales pesados como berilio, cromo, cadmio, arsénico, selenio, antimonio, mercurio y plomo contenidos en aparatos eléctricos y/o electrónicos son altamente peligrosos y necesitan un depósito especial para no contaminar e intoxicar el medio ambiente. Por consiguiente, la recolección y el tratamiento sustentable de los equipamientos electrónicos en desuso es indispensable.

Por otra parte, los equipos electrónicos contienen hasta 17 metales preciosos incluyendo oro, plata y cobre, los cuales siguen teniendo un valor económico significativo cuando los aparatos caen en desuso. Si bien el reciclaje de los residuos electrónicos es considerado como un ámbito de negocio lucrativo, en muchos países faltan tanto reglamentaciones específicas como iniciativas empresariales. El reacondicionamento y el reciclaje de residuos electrónicos son dejados al sector informal, lo que expone a miles de recicladores a graves riesgos de salud por falta de conocimiento de los peligros causados por la incineración abierta de desechos, entre otros tratamientos.

Un estudio publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (Recycling – fromEwaste to Resources) señala el valor monetario que se pierde por falta de un reciclaje efectivo de residuos electrónicos.

Según el informe de PNUMA, 15% de la producción mundial de cobalto, 13% de la producción de paladio así como 3% de la extracción de oro y plata son procesados cada año en computadoras y celulares.

En el año 2008 los componentes de oro, plata, cobre, paladio y cobalto procesados en las computadoras vendidas tenían un valor de 3,7 billones de dólares. Bajo estas consideraciones, PNUMA define como objetivos principales del reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), de lograr este objetivo se tienen beneficios como:

1. Tratar las fracciones peligrosas de manera ambientalmente segura

2. Maximizar la recuperación del material valioso

3. Crear modelos de negocio ecoeficientes y sostenibles

En nuestro país, de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) elaboró un análisis relativo al tamaño del inventario de generación de desechos electrónicos que aborda lo relacionado con los aspectos sociales y económicos implicados en el manejo de esta clase de desechos. Primeramente, fue necesario establecer un marco del balance general de los productos electrónicos en nuestro país. Esto constituye una producción nacional del 45% de los productos que se utilizan y comercializan en nuestro país, el 55% son importados, los datos presentados en las secciones de producción, uso, importación (legal e ilegal) y exportación de aparatos electrónicos.

Es importante mencionar que ante la falta de datos sobre reciclado y reuso brindarse una atención prioritaria. De los productos desechados se encuentran televisores, computadoras (escritorio y portátiles), aparatos grabadores/reproductores de sonido, teléfonos fijos y teléfonos celulares. El crecimiento continuo y de la misma manera debe establecerse mecanismos para dirigirse la cultura del reusando y reciclando, aun cuando esto suceda de manera no formal ni sistemática.

Aunado a lo anterior, resulta de vital importancia mencionar que de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, le corresponde a la SEMARNAT, le corresponde formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos así como elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con las entidades federativas y municipios, en el marco del Sistema Nacional de Planeación. Sabemos de la importancia que conlleva atender este tema importante para la ciudadanía, en el sentido de garantizar un medio ambiente sano, por ello es que el 23 de abril de 2013 aprobamos la minuta que consagra y fortalece las acciones para que el Ejecutivo Federal, los Gobiernos de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y de los municipios atiendan mediante planes de manejo el reciclaje, tratamiento, aprovechamiento, co-procesamiento, incineración y disposición final de los residuos electrónicos, deberá llevarse a cabo en las instalaciones autorizadas por las entidades federativas, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.

Mientras que las colegisladora apruebe la minuta que se les reenvió, es importante que la SEMARNAT inicie con los preparativos ante tal encomienda.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de sus facultades y atribuciones, se fortalezca la política nacional en la gestión integral de los desechos electrónicos, mediante un programa general e influyente para la captación, manejo, tratamiento y destino final.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

Del Diputado Roberto Ruiz Moronatti, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al Instituto Electoral del Distrito Federal a investigar y sancionar a los responsables de los hechos ocurridos los días 6 y de 7 de mayo pasado en la Delegación Cuajimalpa. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Roberto Ruiz Moronatti, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes.

CONSIDERACIONES

En época de elecciones, es indispensable se protejan los  principios electorales de libertad, justicia y competitividad, asegurando la equidad del proceso, la igualdad de oportunidades y responsabilidad de todos los participantes.

Lo anterior no se ha llevado a cabalidad en lo referente a la contienda del próximo 7 de junio para Jefe Delegacional de Cuajimalpa, a consecuencia de que la pasada noche del 6 y parte de la madrugada del 7 del presente mes, los candidatos de la coalición PRI – PVEM, Paola Félix Díaz, Adrián Rubalcava Suárez y Miguel Ángel Salazar, así como personal que los acompañaba, fueron brutalmente agredidos por seguidores del Partido de la Revolución Democrática, que apoyan al candidato Luis Espinosa Cházaro.

Esta situación se originó a raíz de que los candidatos de la coalición PRI – PVEM, fueron informados de que militantes del PRD quitaban la propaganda –mantas y pendones-  concernientes a su campaña para colocar la de Espinoza Cházaro, por lo cual tomaron la decisión de dirigirse a la zona para dialogar con la gente que estaba llevando a cabo estos actos, y así  impedir quitaran la propaganda.

Sin embargo, al llegar a las calles de San Mateo Tlaltenango, los candidatos priistas fueron recibidos con agresiones tanto físicas como verbales por personas relacionadas con el candidato del PRD a la jefatura delegacional, el diputado Luis Espinosa Cházaro.

El resultado de esto fue que la candidata a diputada federal Paola Félix fuera agredida con un palo, siendo lastimada en su pierna, mientras que el candidato a Diputado Local Adrián Ruvalcaba tuvo que ser trasladado a un hospital por una herida en la cabeza que le llevó 17 puntadas, así como el tener que estar bajo observación en terapia intermedia a consecuencia de un posible coágulo de sangre. Igualmente, se presentaron agresiones en contra del candidato a la Jefatura Delegacional Miguel Ángel Salazar y por lo menos 10 personas que los acompañaban tuvieron que ser atendidas médicamente a causa de las lesiones generadas en dicho ataque.

No podemos permitir que este tipo de eventos continúen presentándose, por lo que manifestamos nuestro total repudio y rechazo a los ataques formulados en contra de nuestros compañeros, así como en contra de cualquier acción que atente contra la Ley.
Es por esto que proponeos que exhorte al Gobierno del Distrito Federal para que en a través de las instancias correspondientes lleve a cabo las investigaciones correspondientes, a fin de que se finquen las responsabilidades que correspondan a los autores intelectuales y materiales de este hecho lamentable.

Es preciso que quienes cometieron este acto cobarde de notoria ilegalidad sean castigados conforme a derecho, aplicándoles todo el rigor legal que corresponda, por lo cual deben ser puestos de inmediato a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales competentes, pues en su conducta son evidentes acciones que la ley califica como delitos.

No debemos permitir que este tipo de actos se presenten en procesos electorales como los que están a unas cuantas semanas de ocurrir. La sociedad requiere de la unidad de todas y todos los mexicanos, para avanzar hacia la consolidación de la democracia, por lo que acciones de esta naturaleza no hacen sino atentar contra los derechos y las instituciones que nos hemos dado.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al Instituto Electoral del Distrito Federal, a efecto de que investiguen y sancionen a los responsables de los hechos ocurridos durante los días 6 y de 7 de mayo pasado en la delegación Cuajimalpa.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

Atentamente

Dip. Roberto Ruiz Moronatti.





 

De la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que exhorta al titular de Ejecutivo Federal a sustituir el término de "Derechos Sexuales y Reproductivos" al de "Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva" en los instrumentos denominados "Estrategia Nacional de prevención del Embarazo en Adolescentes", "Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018". Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 78 Constitucional, así como 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.-Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4°:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Del precepto antes transcrito deriva que el derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios. Es decir el Estado tiene la obligación de instrumentar las medidas necesarias y suficientes a fin de proteger la salud de la población, hipótesis que en la especie no se está actualizando.

Asimismo, el precepto jurídico en comento dispone el deber que tiene el Estado de implementar las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos los niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, rigiéndose siempre por el principio del interés superior de la niñez; disponiendo que serán los ascendiente Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

En ese tenor, seguida que fue en su trámite de discusión y aprobación en ambas cámaras de este H. Honorable Congreso de la Unión, así como promulgación por el Ejecutivo Federal, el pasado 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

SEGUNDA.-En ese orden de ideas, es menester precisar lo siguiente:

El Ejecutivo Federal presentó el pasado 1 de septiembre de 2014, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; ante el Senado de la República.

El pasado 30 de septiembre del 2014, la Cámara de Senadores  aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en comento. Aprobaron en lo general dicha iniciativa con 100 votos a favor y cero abstenciones, en tanto que en lo particular se aprobó por 80 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones.

De este modo, se aprobaron modificaciones a 104 de los 140 artículos que contiene la referida ley, además de que se agregaron 15 artículos, lo cual representó que dicha iniciativa fuera enriquecida y modificada en el 90 por ciento de su contenido; remitiéndola a la Cámara de Diputados para continuar el trámite de discusión y aprobación en este órgano legislativo; es de precisar que la minuta remitida por la Colegisladora mal implementaba el término de “Derechos Sexuales y Reproductivos”, en vez de “Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva”.

En ese tenor, el 23 de octubre de 2014, esta Cámara de Diputados  aprobó con modificaciones, en lo general y en lo particular, el dictamen de la minuta del Senado, regresándolo a la cámara alta para su análisis y ratificación.

Al final de la discusión en lo particular,  el Pleno de la Cámara de Diputados decidió realizar dos votaciones, una para avalar las modificaciones a los artículos 26, 50, 57, 58 y 83 propuestos por el Partido Acción Nacional  y el Partido Revolucionario Institucional y la segunda para mantener en sus términos los artículos reservados no aceptados.

Al respecto es de señalar, que las reservas aprobadas fueron presentadas por diputada Carmen Lucía Pérez Camarena del Partido de Acción Nacional, mismas que fueron aceptadas en votación económica por el Pleno e incorporadas al dictamen, tras un debate en el que el PRD manifestó su total rechazo; dichas reservas versaban sobre lo siguiente:

La reserva a la fracción V del artículo 26 dice que las niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial, sean colocados en acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social el menor tiempo posible, eliminando que ésta sea en casos “excepcionales”, como señalaba el proyecto.

La modificación a la fracción XI artículo 50 señala que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinarán para proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva en lugar de proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos.

La reserva al artículo 57 incorpora el derecho de los tutores o quienes ejerzan la patria potestad de intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes.

La fracción VIII del artículo 58 también fue modificada para precisar que la educación de los menores tendrá también como fin el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes, que les permita ejercer de manera informada y responsable sus derechos; la redacción original destacaba que la educación debía promover la educación sexual integral, que contribuya al desarrollo de competencias que les permitan a los menores ejercer de manera informada y responsable sus derechos sexuales y reproductivos.

La reserva al artículo 83 resalta que las autoridades deben destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se llevan a cabo procedimientos en que deban intervenir.

En noviembre del año pasado, dichas modificaciones fueron avaladas por el Senado de la República, remitiendo la iniciativa al Ejecutivo Federal para su promulgación; es decir, tanto en Cámara de Senadores, como en este órgano legislativo existió consenso en eliminar el término  “Derechos Sexuales y Reproductivos”, tal y como se explica en la consideración inmediata siguiente.

TERCERA.- Tal y como puede advertirse en la consideración inmediata anterior, la principal modificación realizada a la iniciativa en comento en esta H. Cámara, verso sobre la mala implementación del término “Derechos Sexuales y Reproductivos”, en lugar de “Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva”.

Lo anterior es así ya que el principal problema con el concepto de derechos sexuales es que no existen, no se encuentran definidos ni el Derecho Internacional, ni el derecho nacional, por lo que no existe un instrumento normativo que disponga sus alcances y/o implicaciones.

La promoción de la inclusión de los mal llamados derechos sexuales y reproductivos, pretende separarlos de la salud sexual y de la salud reproductiva, que a su vez se encuentran contempladas dentro del derecho a la Salud.

Es de precisar que la principal diferencia entre salud sexual y salud reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos, es que los primeros se encuentran consensuados y los segundos no.

Generalmente, la salud sexual se entiende como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; y la salud reproductiva es la que abarca los procesos, funciones y sistema reproductivo en todas las etapas de la vida.

Por otra parte, se reitera que los derechos sexuales y reproductivos, no se encuentran definidos en ningún tratado internacional vinculante de derechos humanos, suscrito por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado por la República.

Cabe precisar que en 1994, durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo, de Naciones Unidas, se explicaron los derechos reproductivos (no así de derechos sexuales y reproductivos) de la siguiente manera:

“Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso, Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas la parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el esparcimiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.”

En suma, los derechos sexuales y reproductivos, no se encuentran definidos y se prestan a la ambigüedad, por lo que NO debe implementarse el término en la normatividad sin antes delimitar sus alcances e implicaciones.

CUARTA.-Para atender los retos y desafíos que se enfrentan en el campo de la salud sexual y reproductiva para adolescentes, el Ejecutivo Federal elaboró el Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018, en cual señala  que se reconoce los avances alcanzados hasta la fecha, plantea lograr hacia el término de la administración objetivos específicos para atender los principales rezagos en este campo de la salud pública, entre los que destacan favorecer el acceso universal a información, educación y orientación en salud sexual y reproductiva para adolescente, así como reducir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual (ITS) en adolescente, mediante el acceso efectivo a servicios de calidad específicos para esta población.

Asimismo, el pasado  23 de enero, el Titular del Ejecutivo Federal presentó la “Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes”, definiéndola como un trabajo interdisciplinario en el que participaron académicos, especialistas, autoridades y representantes de la sociedad civil, y que incorpora experiencias internacionales y las mejores prácticas que se han implementado en nuestro país; asimismo señaló que uno de los objetivos de la Estrategia es “reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años, para el año 2030”. Añadió que alcanzar esta meta “significará un esfuerzo redoblado para asegurar que en 2030, no tan lejano, realmente podamos reducir al 50 por ciento esta tasa de fecundidad en mujeres adolescentes entre 15 y 19 años, y que no haya embarazos en niñas de 14 años o menos”.

En ella se contemplan objetivos específicos que se plantean, entre otras cosas: promover el desarrollo humano y las oportunidades de las y los adolescentes; crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad; incrementar la oferta y la calidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, así como una educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos, de gestión pública o privada. Un componente de primera importancia para el éxito de la Estrategia es focalizar acciones intensivas en los municipios que presentan las mayores tasas de embarazo adolescente.

QUINTA.- De lo antes expuesto, se advierte la loable intención del Ejecutivo Federal para la instrumentación de políticas públicas  en materia de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes.

No obstante, resulta sumamente preocupante, que en el cuerpo de los dos documentos en comento, se implemente de manera errónea el término “DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS” en lugar de “DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA”; pues de la simple lectura de ambos instrumentos se advierte que al referirse a “derechos sexuales y reproductivos” se hace alusión al derecho a la salud sexual y reproductiva; asimismo es de destacar al definir lo que deberá entenderse por éstos, los documentos señalan lo siguiente:

Estrategia Nacional de prevención del Embarazo en Adolescentes.

3.3 Derecho a la salud sexual y reproductiva de adolescentes

Los derechos reproductivos están reconocidos en el artículo 4 de la Constitución, el cual establece que “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.” Estos derechos han sido definidos como “aquellos derechos que se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos,el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.”

Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018

Glosario

Derechos sexuales. Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto a las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento recíproco y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual.

De la transcripción anterior, claramente se advierte la falta de congruencia y unificación al definir a lo que se pretende referir con el término “Derechos sexuales y reproductivos”. Pues en la Estrategia Nacional en comento se alude totalmente al “Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva” que consagra nuestra Carta Magna;  mientras que en el Programa de Acción de mérito, se intenta innovar incluyendo otros elementos, sin delimitar alcances ni implicaciones, prestándose a la grave problemática de ambigüedad que referí en el consideración tercera del presente documento.

Es por ello, y tomando en consideración el antecedente señalado en la consideración SEGUNDA del presente ocurso, relativo a la discusión y aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; que estimo imperante y procedente exhortar al Titular del Ejecutivo Federal a fin de que reemplace el término de “Derechos Sexuales y Reproductivos” por el de “Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva” en los instrumentos denominados  “Estrategia Nacional de prevención del Embarazo en Adolescentes” , “Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018”, así como en cualquier otro instrumento jurídico emanado de la Administración Pública Federal; a fin de armonizarlos con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por las consideraciones antes expuestas, me permito someter a esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de Ejecutivo Federal, a fin de que sustituya el término de “Derechos Sexuales y Reproductivos” al de “Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva” en los instrumentos denominados  “Estrategia Nacional de prevención del Embarazo en Adolescentes” , “Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018”, así como en cualquier otro instrumento jurídico emanado de la Administración Pública Federal; a fin de armonizarlos con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dip. Raquel Jiménez Cerrillo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.





 

De las Diputadas Gloria Bautista Cuevas y Aleida Alavez Ruíz, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que solicita la comparecencia de las y los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, de Trabajo y Previsión Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informen sobre los avances y cumplimiento de los Objetivos del Milenio. Se turna a la Tercera Comisión.

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presentamos ante esta soberanía proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que en septiembre del año 2000 se celebró la Cumbre del Milenio en el seno de la Organización de las Naciones Unidas mediante la cual se emitió una declaratoria aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado y de gobierno comúnmente conocida como Declaración del Milenio que plantea una serie de objetivos alcanzables hacia el año 2015 basadas en actividades y metas precisas a las cuales se comprometieron cumplir los gobiernos de los Estados firmantes.

SEGUNDO. Que dichos objetivos, con respecto al desarrollo, consolidan muchos compromisos asumidos por separado en las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en la década de los 90; reconocen explícitamente la dependencia recíproca entre el crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible; consideran que el desarrollo se sustenta en la gobernabilidad democrática, el estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad; están basados en metas cuantificables con plazos y con indicadores para supervisar los progresos obtenidos; y combinan las responsabilidades de los países en desarrollo con las de los países desarrollados.

TERCERO. Que la declaratoria se compone de ocho objetivos y 21 metas cuantificables que se supervisan mediante 60 indicadores en el siguiente sentido:

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

CUARTO. Que de manera concreta las metas suponen los siguientes cumplimientos por parte de los gobiernos:

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta 1A: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar

• 1.1 Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día

• 1.2 Coeficiente de la brecha de la pobreza a 1 dólar por día

• 1.3 Proporción del ingreso o consumo que corresponde a la quinta parte más pobre de la población

Meta 1B: Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes

• 1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada

• 1.5 Relación empleo-población

• 1.6 Porcentaje de la población empleada cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por día (valores de PPA)

• 1.7 Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y aportadores en el empleo total

Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre

• 1.8 Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal

• 1.9 Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria (subnutrición)

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

Meta 2A: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria

• 2.1 Tasa neta de matrícula en la escuela primaria

• 2.2 Porcentaje de los estudiantes que comienzan el primer grado y llegan al último grado de la escuela primaria

• 2.3 Tasa de alfabetización de mujeres y hombres de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer

Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015

• 3.1 Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior

• 3.2 Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola

• 3.3 Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional

Objetivo 4: Reducir la mortalidad

Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años

• 4.1 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años

• 4.2 Tasa de mortalidad infantil

• 4.3 Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes

• 5.1 Tasa de mortalidad materna

• 5.2 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado

Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva

• 5.3    Tasa de uso de anticonceptivos

• 5.4    Tasa de natalidad entre las adolescentes

• 5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una visita y al menos cuatro visitas)

• 5.6    Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA

• 6.1 Prevalencia del SIDA entre la población 15 a 24 años

• 6.2 Uso del preservativo en prácticas sexuales de alto riesgo

• 6.3 Porcentaje de población de entre 15 y 24 años con un conocimiento adecuado e integral del VIH/SIDA

• 6.4 Relación entre la matrícula de niños huérfanos y la matrícula de niños no huérfanos de 10 a 14 años

Meta 6B: Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento de la infección por VIH a quienes lo necesiten

• 6.5 Porcentaje de personas con infección avanzada por VIH con acceso a los medicamentos antirretrovirales

Meta 6C: Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves

• 6.6 Tasas de mortalidad e incidencia asociadas al paludismo

• 6.7 Porcentaje de niños menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida

• 6.8 Porcentaje de niños menores de 5 años con fiebre que son tratados con medicamentos antipaldicos adecuados

• 6.9 Tasa de prevalencia y mortalidad de la tuberculosis

• 6.10 Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el tratamiento breve bajo observación directa

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente

• 7.1 Proporción de la superficie de las tierras cubiertas por bosques

• 7.2 Emisiones de dióxido de carbono totales, per cápita y por 1 dólar PIB (PPA)

• 7.3    Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono

• 7.4    Proporción de poblaciones de peces dentro de límites biológicos seguros

Meta 7B: Reducir la pérdida de diversidad biológica logrando, para 2010, una reducción significativa en la tasa de pérdida

• 7.5 Proporción de recursos hídricos totales usados

• 7.6 Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas

• 7.7 Proporción de especies amenazadas de extinción

Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable

• 7.8 Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas

• 7.9 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados

• Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios

• 7.10 Proporción de población urbana que vive en barrios de tugurios [La proporción real de personas que viven en barrios de tugurios se mide mediante una variable sustitutiva representada por la población urbana que vive en hogares con al menos una de las cuatro características siguientes: a) falta de acceso a un mejor abastecimiento de agua; b) falta de acceso a un mejor saneamiento; c) hacinamiento (3 ó más personas por habitación); y d) viviendas construidas con material de corta duración. ]

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio Se incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional.

Meta 8B: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados Se incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las exportaciones de los países menos adelantados; el programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial, y la concesión de una asistencia para el desarrollo más generosa a los países que hayan expresado su determinación de reducir la pobreza.

Meta 8C: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General)

Meta 8D: Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo.

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD)

• 8.1 La AOD neta como porcentaje del producto nacional bruto (INB) de los países donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE

• 8.2 Proporción de la AOD destinada a los servicios sociales básicos (educación básica, atención primaria de la salud, nutrición, abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento)

• 8.3 Proporción de la AOD que no está condicionada

• 8.4 La AOD recibida en los países sin litoral como una proporción de su producto nacional bruto

• 8.5 La AOD recibida en los pequeños Estados insulares en desarrollo como una proporción de su producto nacional bruto

Acceso a los mercados

• 8.6 Proporción de las exportaciones (por su valor y sin incluir las armas) admitidas libre de derechos y cupos

• 8.7 Aranceles y cupos medios aplicados a los productos agrícolas y textiles y el vestido

• 8.8 Subsidios a la exportación y la producción de productos agrícolas en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)

• 8.9 Proporción de la AOD ofrecida para ayudar a crear la capacidad comercial

• Sostenibilidad de la deuda

• 8.10 Número de países que alcanzan los puntos de decisión y de culminación en la iniciativa para la reducción de la deuda de los países muy endeudados

• 8.11 Alivio de la deuda bajo: la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Mulilateral

• 8.12 Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios

Meta 8E: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo

• 8.13 Proporción de la población con acceso estable a medicamentos esenciales a precios razonables

Meta 8F: En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

• 8.14 Líneas de teléfono por cada 100 habitantes

• 8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes

QUINTO. Que el gobierno federal tiene compromisos internacionales de informar sobre el cumplimiento a nivel nacional de estos objetivos hacia el último semestre de 2015 ante las agencias correspondientes de la ONU.

SEXTO. Que el Poder Legislativo es la instancia más idónea para conocer los avances que el gobierno federal ha llevado a cabo para el cumplimiento de estos objetivos toda vez que es donde las y los ciudadanos depositan su voluntad popular para ser representados y por tanto conocer de primera mano el ejercicio del poder público.

SÉPTIMO. Que las y los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo y Previsión Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales tienen injerencia directa en la elaboración de los informes sobre el cumplimiento de estos Objetivos del Milenio, por lo que resulta impostergable su comparecencia ante el pleno de la Comisión Permanente para que reporten la manera en que México ha cumplido en los términos de la Declaratoria.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia en su pleno a las y los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo y Previsión Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del gobierno federal,  para que informen sobre los avances y cumplimiento de los Objetivos del Milenio definidos por la Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio del año 2000 y sus documentos posteriores.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

Suscriben

Dip. Gloria Bautista Cuevas.- Dip. Aleida Alaves Ruiz.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal a llevar a cabo una minuciosa inspección de la propaganda electoral colocada en las 16 delegaciones de la entidad y, en su caso, ordene el retiro de aquélla que no cumpla con los requisitos contenidos en la ley sustantiva en la materia. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:


 
El próximo 7 de junio de 2015, se celebrará la jornada electoral a través de la cual se renovará a los titulares de las dieciséis Delegacionales en que se encuentra divido el Distrito Federal: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, así como los integrantes de la Asamblea Legislativa.

Cabe mencionar que este es el primer proceso electoral que se desarrolla bajo el nuevo esquema político electoral emanado de la última reforma constitucional en la materia, de ahí la importancia de cumplir puntualmente con todos sus lineamientos y de esta forma garantizar la libre participación de las Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos, para que éstos puedan emitir su voto de manera libre y secreta.  

Una de las modificaciones más importantes al marco normativo en materia político-electoral es la relativa a las campañas electorales y la propaganda electoral impresa, la cual en términos del numeral 2, del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.

Al respecto, de acuerdo con medios de comunicación y testimonio de ciudadanos afectados, desde el 20 de abril, fecha en que inició el periodo de campañas, y en consecuencia, por norma, la utilización de propaganda electoral en el Distrito Federal, la población capitalina permanentemente ha padecido de la contaminación visual generada por la excesiva cantidad de anuncios colocados en las principales calles y avenidas de la Ciudad de México.

En la fracción I, del artículo 318 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, se establece que la propaganda electoral podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano siempre que no se dañe, se impida la visibilidad de conductores de vehículos, se impida la circulación de peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las personas, supuesto jurídico que claramente ha sido transgredido por la mayoría de los partidos políticos que contienden en la elección para renovar la Asamblea Legislativa y las 16 jefaturas delegacionales.

Conforme a la fracción XIII del artículo 222 del propio Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, es responsabilidad de los partidos políticos el observar las normas y disposiciones que en materia de propaganda electoral establezca dicha ley, así como las disposiciones administrativas y de protección al medio ambiente, para la elaboración, colocación y retiro de propaganda electoral durante el transcurso y conclusión de los procesos de selección interna de candidatos y campañas electorales.

Bajo este contexto, cabe mencionar que ante el incumplimiento de la norma las autoridades electorales son las responsables de conocer de las quejas o denuncias sobre violación a disposiciones en materia electoral.

En el caso concreto, el Instituto Electoral del Distrito Federal es el responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales para ello se entre su estructura cuenta con un Consejo General -órgano superior de dirección del instituto-, que entre sus atribuciones tiene la de: “Vigilar el cumplimiento de las reglas sobre el uso, características y colocación de propaganda electoral, así como su oportuno retiro.”

Para los legisladores del PRI, es crucial que las y los mexicanos ejerzan sus derechos políticos de manera libre e informada. Para lo anterior, es fundamental que se garanticen los principios de: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y Objetividad.

En atención a la proximidad del día de la jornada electoral y la importancia inherente a los comicios (que la voluntad sea ejercida a través del sufragio efectivo), es fundamental que las autoridades correspondientes conozcan del asunto y en su caso, se tomen las medidas que conforme a derecho procedan, a fin de que la ciudadanía emita su voto sin ningún tipo de coacción externa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo una minuciosa inspección de la propaganda electoral colocada en las dieciséis delegaciones del Distrito Federal, y en su caso ordene el retiro de aquella que no cumpla con los requisitos contenidos en la ley sustantiva en la materia.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Atentamente.





 

De la Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente se haga un extrañamiento al Diputado Federal Francisco Arroyo Vieyra por emitir expresiones misóginas que minimizan, ofenden y vulneran la dignidad de las mujeres. Se turna a la Primera Comisión.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 así como en las demás disposiciones aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

El pasado 9 de mayo, de cara al proceso electoral en Guanajuato, el  Diputado Federal por el Partido Revolucionario Institucional, Francisco Arroyo Vieyra, emitió contra la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Guanajuato, Ruth Lugo Barriga, expresiones lacerantes y misóginas, al referirse a ella como “Señora Weiler”.

En el Grupo Parlamentario del PAN condenamos este tipo de denostaciones que no solamente atentan contra la democracia y ensucian el presente proceso electoral, sino también atenta contra la dignidad de las personas, si reconocemos la historia de desigualdad y de violencia que han vivido las mujeres.

Cuando estas expresiones se hacen contra una mujer y lastiman su vocación política, reflejan también un daño al trabajo realizado por una gran cantidad de legisladoras de las diversas fracciones parlamentarias por transformar el mundo de oportunidades y lograr una mayor equidad.

Reflejan, sin duda, incongruencia por parte del Diputado Francisco Arroyo, quien presidió la mesa directiva al comienzo de la LXII Legislatura, siendo testigo del trabajo realizado en esta Honorable Cámara de Diputados para hacer valer el respeto y la igualdad de género.

En nuestro Grupo Parlamentario opinamos que siempre debe respetarse la dignidad de las personas. Humillarnos entre quienes pertenecemos a diferentes fuerzas políticas, no fortalece la democracia en México, mucho menos, durante un proceso electoral.

Las expresiones del diputado Arroyo Vieyra no solamente se suman a las viejas prácticas antidemocráticas del Partido Revolucionario Institucional, ahora con su coalición PRI-Verde-Panal, sino también a una serie de faltas hacia la libertad política de las mujeres.

En nuestro país, como en varias partes del mundo, por desgracia, cargamos una historia llena de desigualdades y ofensas naturalizadas contra las mujeres. Una historia que, ya desde hace más de una década, muchas mujeres y hombres hemos luchado por erradicar. Por ello, Acción Nacional no puede dejar de pronunciarse en casos como el que nos ocupa, pues sería validar un acto de violencia contra las mujeres, que sin duda, está muy naturalizada en la persona que la emitió.

Creemos que el caso que nos ocupa es grave. Y lo es, porque quien se permite expresarse de manera pública e irrespetuosa contra una mujer, siendo un representante de las y los ciudadanos, confirma las faltas de respeto contra ellas en todos los ámbitos de la vida humana. Y esto, de ninguna manera podemos permitírnoslo, y menos si queremos construir una verdadera democracia y procesos electorales más limpios.

Nosotros, como representantes ciudadanos, debemos ser los primeros en cuidar y poner el ejemplo al expresarnos sobre las opiniones divergentes que los demás puedan tener respecto de las nuestras. Pero más aún, debemos referirnos respetuosamente al otro, cuidando en no lacerar la dignidad humana que todos tenemos.

De este modo, no se justifica de ninguna manera el que una persona pública, como lo es el diputado Arroyo Vieyra, quien ha sido elegido por numerosas ocasiones como legislador, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, se exprese de la manera en que lo hizo para referirse a una mujer candidata.

Él como mucho otros legisladores con más de dos décadas en el ejercicio legislativo, conocen y son testigos de la participación política y legislativa de muchas mujeres.

Ante ello, no obviamos decir, que en Acción Nacional consideramos que no pronunciarnos contra este tipo de actitudes, es sin duda la antesala para aceptar y validar una expresión de violencia política contra las mujeres. Y en Acción Nacional reconocemos que quien violenta a una mujer, violenta a todas, y que por ello, no nos permitiremos que estas actitudes pasen de largo sin ninguna consecuencia para quien es capaz de pronunciarse de tan condenable manera.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del PAN, a través del presente punto de acuerdo, solicita a la mesa directiva de la comisión permanente se haga un extrañamiento al diputado Francisco Arroyo Vieyra por emitir expresiones atentatorias contra la dignidad de la candidata a la presidencia Municipal de Guanajuato Ruth Lugo Barriga.

Porque en Acción Nacional nos pronunciamos en contra de expresiones misóginas que minimicen, ofendan y vulneren a las mujeres en su dignidad y en su libertad política. Creemos que todas y todos, como sociedad, debemos cuidar el lenguaje para que no sea ni ofensivo ni atentatorio contra la dignidad de nadie.

Reconozcamos que un lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante también es una forma de violencia que habitualmente se ejerce contra las mujeres. Y que tenemos la obligación de pararlo, no aceptarlo, e incluso, de censurarlo y condenarlo.

En Acción Nacional estamos por el respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y por su salvaguarda, pero más aún, estamos por el respeto a su dignidad como personas. Por ello de ninguna manera consentimos que quien sea, llámese, grupos, autoridades, empresarios, diputados, ex diputados, actúen sin prudencia, respeto y consciencia con actos violentos hacia las mujeres.

Es por ello y por lo aquí expuesto que presentamos la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se solicita respetuosamente a la mesa directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se haga un extrañamiento al Diputado Federal Francisco Arroyo Vieyra por emitir expresiones misóginas que minimizan, ofenden y vulneran la dignidad de las mujeres.

Atentamente

Dip. Esther Quintana Salinas.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que cita a una reunión de trabajo al Director General de PEMEX, a efecto de analizar el informe anual 2014 de la empresa y el reporte de resultados del primer trimestre de 2015. Se turna a la Tercera Comisión.







 

Del Diputado Roberto Ruiz Moronatti, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional Electoral a investigar la presunta comisión de delitos y faltas graves en materia electoral, por el candidato del pan a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito ROBERTO RUIZ MORONATTI, diputado federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguientes:

CONSIDERACIONES

El día 4 de mayo del año en curso un reconocido medio impreso nacional y diversos portales electrónicos, dieron cuenta de una conversación de la que se desprenden de manera pública y notoria hechos sumamente delicados que involucran al Candidato del PAN al Gobierno de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y frente a los cuales esta Soberanía no puede ser ajena, omisa o permanecer indiferente.

El audio en cuestión exhibe un caso nítido de ilegal financiamiento a la campaña política del Candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a Gobernador del Estado de Querétaro, que transgrede flagrantemente la regulación electoral y constituye delitos y faltas graves en la materia. Ya que del mismo se desprende la recepción, por parte del citado candidato, de la cantidad de 6 millones de pesos mensuales por cinco meses, que pudieran alcanzar la cifra de 30 millones, de manos de un particular, en franca violación de la legislación aplicable.

La equidad en la contienda electoral es un elemento fundamental de la democracia, por lo que las autoridades competentes no pueden permanecer indiferentes cuando aparecen evidencias en medios de comunicación de financiamiento ilegal y, quizá, proveniente del crimen organizado a una campaña política.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente hace un respetuoso exhorto a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) y al INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), para que por conducto de la FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES (FEPADE)y de la UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DE SU COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, respectivamente, lleven a cabo en el ámbito de su competencia una IMPARCIAL INVESTIGACIÓN que permita dilucidar y, en su caso, deslindar y determinar las responsabilidades que resulten de los presuntos hechos delictivos y faltas electorales derivadas del ilegal financiamiento a la campaña del Candidato del PAN al Gobierno de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de mayo de 2015.

Suscribe

Dip. Roberto Ruiz Moronatti.





 

De los Senadores María del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo relativo a las agresiones a la periodista Verónica Espinosa. Se turna a la Primera Comisión.







 

De los Diputados Amalia García Medina, Miguel Alonso Raya, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y Lourdes Amaya Reyes, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Gobernación informar sobre el fenómeno de desplazamiento interno en nuestro país. Se turna a la Primera Comisión.

Las y los suscritos legisladoras y legisladores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno  Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

La problemática del desplazamiento forzado interno es un fenómeno que cada día se profundiza en muchos países del mundo.

La Organización de las Naciones Unidas en el párrafo 2 de los Principios Rectores del Representante del Secretario General de la ONU para Desplazados Internos, de 11 de febrero de 1998, establece que por desplazados internos debe entenderse “…personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

Son pues personas cuya situación, a diferencia del caso de las personas refugiadas, si bien igual se han visto forzadas a abandonar sus hogares, no han cruzado una frontera internacional, por lo que el gobierno tiene la responsabilidad de satisfacer sus necesidades de protección y asistencia, al menos en los términos que se señalan en los Principios, que establecen normas aplicables que van desde acciones preventivas para evitar el desplazamiento, la situación del desplazamiento cuando ya ha ocurrido y normas para su regreso y reintegración a su lugar de origen.

Hay que destacar que estos Principios, que provienen del ámbito del derecho internacional humanitario, son declaraciones moralmente vinculantes que representan el mínimo de normas aplicables como estándares reconocidos que los gobiernos deben reconocer para la armonización de las legislaciones nacionales, y se relacionan con instrumentos internacionales como los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Facultativos de 1977; la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, de 1984; la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, de 1994, entre otros, y consecuentemente son norma constitucional en los términos del Artículo primero de nuestra Carta Magna.

Ante la magnitud del problema que este fenómeno ya significaba para México a principios de siglo, por invitación del Gobierno mexicano el Representante Especial para los Desplazados Internos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU realizó una visita al país del 18 al 28 de agosto de 2002.

En el informe final de su visita, el Representante señala que observó como causas del desplazamiento forzoso el conflicto de Chiapas, disputas por tierras, el tráfico de drogas, intolerancia religiosa, proyectos de desarrollo y diversos desastres naturales; hizo hincapié en que no existían estadísticas oficiales sobre su número ni datos sobre su ubicación, necesidades y, consecuentemente, ni posibles respuestas institucionales, indicando que “…es urgente que estas autoridades aceleren el enunciado, la adopción y la aplicación de políticas sobre los desplazados internos… vinculadas a otros planes, políticas y programas de derechos humanos… (para procurar) cubrir… necesidades de protección y ayuda y plantearse las posibilidades de un retorno voluntario, el reasentamiento o la integración local de los desplazados de un modo seguro y digno”, destacando también la falta de coordinación entre autoridades para abordar el problema y la necesidad de ampliar la coordinación de éstas con organizaciones civiles.

Desde entonces el problema no sólo no se ha atendido, sino que se ha agudizado por los problemas de seguridad y violencia generalizada en vastas regiones del país desde el inicio del anterior sexenio y hasta ahora, con graves consecuencias para cientos de miles de familias, a quienes se les violentan no solo sus derechos humanos fundamentales, sino también sus derechos económicos, sociales y culturales. Diversos organismos internacionales, organizaciones civiles e instituciones académicas, han llegado a considerarlo como auténticas crisis humanitarias en las regiones donde ocurre en los diferentes estados de la República, que de ninguna manera son pocas.

A pesar de lo anterior y de lo que se dispone en el Artículo Primero de nuestra Constitución a partir de la Reforma de 2011, no contamos con una legislación que reconozca a estas familias su condición de desplazados, y en consecuencia no se tienen políticas para atenderles y responder a sus necesidades de asistencia, protección, reasentamiento o reintegración, resarcimiento y restitución de sus derechos como personas que han sido forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia, para evitar los efectos de las situaciones de violencia generalizada, violaciones de sus derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.

El problema se ha agudizado por la aparición de nuevas causas de desplazamiento, relacionadas sobre todo con la violencia y el surgimiento de nuevas formas de crimen organizado, que han impactado en las familias, sobre todo, a los jóvenes, que carecen de oportunidades laborales y educativas.

Al respecto, el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos, con sede en Ginebra, desde hace años ha venido haciendo estudios y emitiendo alertas sobre el alarmante incremento del desplazamiento en nuestro país, y de las cada vez más graves consecuencias que le acompañan. El último de ellos, de 2014, hecho público la semana pasada y destacado en las primeras planas de algunos periódicos nacionales, señala que “… En México existen un total de 281 mil 400 desplazados internos, debido a la violencia ligada al tráfico de droga; sin embargo, el gobierno ‘no reconoce oficialmente el desplazamiento interno’… La mayor causa… en México y el triángulo norteño centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras) es la violencia criminal vinculada al tráfico de droga y a las actividades de pandillas urbanas (maras)… y (junto con Colombia) tienen 19 de las 50 ciudades con el mayor índice de criminalidad del mundo" En México, prosigue, “…la violencia criminal ha causado el desplazamiento de al menos 9 mil personas en 2014, en 10 estados del país… Los traficantes de drogas y otros grupos criminales en México son responsables de miles de muertes y secuestros de civiles, aterrorizando a las poblaciones locales… (a pesar de lo cual México) no reconoce oficialmente el desplazamiento interno, y las respuestas dadas son fragmentarias e insuficientes…”

Continúa el informe señalando que "Se trata de las peores cifras de desplazamientos forzados en una generación, lo que pone de manifiesto nuestro fracaso absoluto para proteger a civiles inocentes… A fines de 2014, había al menos 7 millones de desplazados internos en todas las Américas, en alza de 12% respecto a 2013.

Colombia tiene el récord de desplazados internos, con 6,04 millones de personas a fin de 2014, cerca del 12% de su población total.”

Y aunque que no es una cuestión de números, sino de verdaderas tragedias humanitarias, es necesario señalar que México, a diferencia de otros países --destacadamente Colombia que recientemente ha dado una contundente respuesta legislativa a este fenómeno emitiendo una Ley en la materia que incluye el resarcimiento a los desplazados que reconoce como víctimas de la violencia y actuado en consecuencia a favor de cientos de miles de familias afectadas—en México seguimos siendo omisos ya no digamos en atender, sino en voltear a ver el fenómeno: no tenemos un marco jurídico en la materia, no contamos, al menos públicamente, con cifras confiables ni datos de ubicación ni necesidades, y consecuentemente, con políticas adecuadas.

Para el Grupo Parlamentario del PRD el desplazamiento forzado y el narcotráfico se generan en la medida en que el Estado falla, en su responsabilidad de garantizar a los ciudadanos seguridad y protección los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la población.

Es urgente dar los pasos necesarios garantizar seguridad y un conjunto mínimo de derechos a las personas que han sido desplazadas, es decir, forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada o violaciones de sus derechos humanos, o por catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, así como la restitución de derechos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los abajo firmantes, legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ponemos a consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se solicita a la Secretaría de Gobernación, de cuenta a esta Soberanía de toda la información disponible acerca del fenómeno del desplazamiento interno en nuestro país, incluyendo:

• Número de familias y personas afectadas

• Razones de los desplazamientos

• Consecuencias y condiciones resultantes del desplazamiento en cada caso

• Ubicación de los núcleos de personas desplazadas, incluyendo sus lugares de origen

• Información acerca de las necesidades de atención y asistencia de estos núcleos de población desplazados, y necesidades para su reasentamiento en nuevos lugares o reintegración a sus lugares de origen

• Políticas públicas generales y específicas que ha tomado el Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales, para dar atención a estas personas.

SEGUNDO. Se exhorta al Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales, a que diseñen y aplique políticas públicas y medidas acordes a los términos de los instrumentos internacionales de derecho humanitario, para la debida atención de estos sectores de la población.

TERCERO. Se exhorta al Congreso de la Unión para que, en el marco de las obligaciones internacionales contraídas y los términos del Artículo Primero Constitucional, emita a la brevedad posible el marco jurídico necesario para reconocer y atender a esta población, en los términos de los estándares internacionales reconocidos por nuestro país en la materia.

Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 13 de mayo de 2015.

Dip. Agustín Miguel Alonso Raya.- Dip. Amalia Dolores García Medina.- Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero.- Dip. María de Lourdes Amaya Reyes.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al Instituto Electoral del Distrito Federal a realizar una investigación pronta, objetiva y transparente por los actos de violencia ocurridos el pasado 6 de mayo en la Delegación Cuajimalpa y se sancione conforme a derecho a los responsables. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

En los últimos años el sistema político mexicano se ha consolidado, hemos aprobado cambios sustantivos a las reglas electorales y fortalecido a nuestro órgano electoral.
 
La reforma política publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero de 2014, tiene como propósito homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales y así, garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral. Se fortalecen las condiciones de equidad durante las elecciones, al mejorar la impartición de justicia electoral y hacer más eficiente la imposición de sanciones.

Para tal efecto, el Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del Presidente de la República, Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y el Distrito Federal.

En el caso de la Capital de nuestro país, el Instituto Electoral del Distrito Federal, es la instancia que regula las elecciones a nivel local.

Bajo estos argumentos, es importante que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal garanticen la seguridad a todas las etapas del proceso electoral.

Lo anterior porque el pasado 6 de Mayo del año en curso, al salir de un evento en la comunidad de San Mateo Tlaltengo, en la Delegación Cuajimalpa, los Candidatos a Diputada Federal y Jefe Delegacional, Paola Félix Díaz y Miguel Ángel Salazar respectivamente, así como también el Jefe Delegacional con Licencia Adrián Rubalcava, candidato a diputado local por el Distrito XX, fueron agredidos física y verbalmente por un grupo de brigadistas del Partido de la Revolución Democrática.

De acuerdo a las investigaciones, los brigadistas estaban quitando pendones y pancartas de los candidatos priistas colocando los de su candidato, acto que evidentemente violenta la ley electoral.

Ante estos hechos de violencia, el Ministerio Público adscrito a la Coordinación Territorial Cuajimalpa 1, inició una averiguación previa con número FCUJ/CUJ-1/0356/15-05, en la cual se integró la declaración de los candidatos priistas así como la declaración de los brigadistas perredistas afectados.

Derivado de lo anterior, el Instituto Electoral del Distrito Federal convocó a  los partidos PRI y PRD para que firmaran un “Pacto de Civilidad” el pasado 8 de Mayo, este pacto tiene como principal objetivo, garantizar la seguridad de los candidatos de ambos partidos, y así poder garantizar el normal desarrollo del proceso electoral en las próximas elecciones.

Este tipo de actos son reprobables, no sólo se pone en riesgo la integridad física de las personas sino atenta contra la democracia. Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, exhortamos a las autoridades competentes a que realicen una investigación objetiva y transparente para castigar a los responsables.

Exhortamos a las autoridades del Distrito Federal y al Instituto Electoral a que esclarezcan y sancionen de manera pronta y eficaz, conforme lo establecido en la ley a las personas responsables de este acto violento.

Po lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la presente Asamblea, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA (PGJ) Y AL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (IEDF) PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN UNA INVESTIGACIÓN PRONTA, OBJETIVA Y TRANSPARENTE POR LOS ACTOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EL PASADO SEIS DE MAYO EN LA DELEGACION CUAJIMALPA, Y SE SANCIONE CONFORME A DERECHO A LOS RESPONSABLES.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

Atentamente





 

De legisladores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que exhorta al gobernador del estado de Yucatán a abstenerse de intervenir en el proceso electoral que se está desarrollando en la entidad. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a través de su artículo 134, párrafo séptimo, que los servidores públicos de la Federación, los Estados, los municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Así mismo, el primer párrafo del citado artículo de la Constitución, establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados y los municipios, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer únicamente los objetivos a los que estén destinados.

Ante la larga tradición que lamentablemente existe es nuestro país, de hacer uso de los recursos públicos para influir en las contiendas electorales, el principio de imparcialidad que debe regir el servicio público fue incorporado a nuestro sistema electoral vigente con el objeto de impedir el uso del poder público:

I. A favor o en contra de cualquier partido político o candidato a un cargo de elección popular.

II. Para la promoción personalizada de servidores públicos con fines electorales.
Ante ello, se han incorporado a nuestra legislación disposiciones expresas para evitar que se lucre electoralmente con recursos que son públicos.

El artículo 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo de la Constitución, establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios y cualquier otro ente público, ello con la finalidad de que los actos de gobierno no influyan en el voto de los ciudadanos.

En ese mismo sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece como infracciones en el artículo 449, párrafo 1, incisos b), c) y e) que las autoridades y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; de los órganos de gobierno municipales incurran en:

III. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;

IV. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, cuando la conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales y;

V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal y municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

Para cumplir estas disposiciones, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el pasado 25 de febrero del año en curso, en su sesión ordinaria, dos acuerdos para garantizar elecciones legales, equitativas y transparentes, así como evitar un uso político-electoral de los programas sociales y recursos gubernamentales:

• Acuerdo del Consejo General del INE por el que se emiten normas reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se refiere el artículo 449, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1

• Acuerdo del Consejo General del INE por el que se solicitan el apoyo y la colaboración de quienes fungen como titulares del Ejecutivo federal, los Ejecutivos locales, presidentes municipales y jefes delegacionales para garantizar que la ejecución de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales se ajuste a su objeto y reglas de operación, evitando en todo momento su uso con fines electorales en el marco del proceso electoral federal y los procesos electorales locales 2014-2015. 2

Sin embargo, al día de hoy lo contenido en nuestra Constitución, en nuestras leyes electorales y en los acuerdos de gobierno, no existe para nuestros Gobernadores que impunemente utilizan toda la fuerza y recursos del estado para operar políticamente en favor de sus candidatos.

Particularmente, en el estado de Yucatán, el Gobernador Rolando Zapata Bello y sus funcionarios, valiéndose de programas sociales y haciendo omisión de los lineamientos y exhortos de autoridades electorales locales e incluso federales, reparten de forma electorera tinacos, pinturas, despensas, material de construcción e incluso apoyos económicos en beneficio de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Estas situaciones fueron documentadas por medios de comunicación, la sociedad civil y la oposición, y presentadas ante instancias tales como Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (IEPC) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e incluso en la contraloría del Estado, pero sin respuesta efectiva.

Por si fuera poco, en un hecho inédito e inaudito en los procesos electorales en Yucatán, los tres magistrados del Tribunal Electoral del estado ordenaron al Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad que revoquen el punto de acuerdo por el que solicitaron a las autoridades suspender la entrega de apoyos durante la campaña electoral, a fin de que los funcionarios de todos los niveles puedan continuar la distribución de todo tipo de materiales, como despensas, pintura, tinacos, etcétera, y la aplicación de los programas de gobierno.

La decisión del Tribunal Electoral de estado de revocar un exhorto para que el gobierno federal, estatal y autoridades municipales se abstengan durante campaña y durante los 3 días previos a la jornada electoral a la entrega de apoyos, obras y beneficios, representa un retroceso para las libertades ciudadanas y los principios democráticos del proceso electoral que se lleva a cabo en esta entidad, además de que es contraria a los acuerdos emitidos por el Consejo General del INE y deja sin efectos los esfuerzos de las últimas reformas en materia político electoral que precisamente buscaban inhibir estas conductas.

Se ha documentado, por ejemplo, el desvío de recursos federales correspondientes al ramo 20 de Desarrollo Social por un monto de 65 millones de pesos, mismos que el gobierno del estado de Yucatán a través de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal y el Instituto de Vivienda Estatal utilizaron valiéndose de programas de atención a zonas prioritarias (ZAP) para repartir tinacos en Mérida, aunque ese no es un objetivo que persiga el programa. Pero, además, el ejercicio de estos recursos no se refleja en el Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL ya que desde Enero de 2013 reporta que no existen beneficiarios del programa en el municipio de Mérida.

Por otra parte, el hecho de los programas fueran entregados meses atrás por el actual candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Mérida Nerio Torres cuando se desempañaba como secretario de desarrollo social del estado de Yucatán, pone en evidencia el engaño.

A cuatro semanas de la jornada electoral, en Yucatán la sociedad no puede ejercer su derecho a participar en el proceso electoral en libertad.

Lo más grave es la intromisión del aparato gubernamental, particularmente de la policía estatal de la entidad, en favor del gobernador y el PRI. Las fuerza policiales, en un acto de impunidad y total desacato a le ley, detienen ilegalmente vehículos y se llevan candidatos o miembros de la oposición política, particularmente del Partido Acción Nacional (PAN), sin ninguna explicación.

Se he documentado que en municipios de la entidad como Izamal, Halachó y otros, la policía estatal no reacciona a la petición de ayuda de los ciudadanos ante actos ilegales como el reparto de despensas.  En otros casos más extremos, como en los municipios de  Tinum y Tadzhiú, es la misma policía estatal la que realiza el levantamiento de personas y la detención y robo de vehículos de candidatos del PAN.

La directiva del Partido Acción Nacional en la entidad, ha señalado que son varios los municipios, entre ellos Yaxcabá, que denunciaron la llegada de camiones que transportan despensas y que son descargadas en domicilios de gente relacionada con los candidatos del PRI. En el intento de obtener más información, un panista de este municipio resultó gravemente herido y tuvo que viajar de urgencia para recibir atención hospitalaria.

Tal es el descaro de las autoridades, que en muchos casos candidatos del PAN son trasladados por policías estatales hasta las comandancias locales privándolos ilegalmente de su libertad

Sin embargo, el gobernador permite e incentiva que estos actos sigan dañando un proceso libre y democrático, vulnerando los derechos políticos y la integridad de los ciudadanos yucatecos.

Es doloroso e inaudito cómo los programas sociales que deberían estar destinados a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos más desfavorecidos terminan siendo utilizados con fines político-electorales, pero más grave aún es que las propias fuerzas policiacas actúen y utilicen la fuerza pública para intimidar y agredir a la oposición política.

Advertimos que la contienda electoral de Yucatán puede verse comprometida ante la actuación del Gobernador de la entidad y sus funcionarios de gobierno, particularmente ante la actuación de las corporaciones policiacas.

Si no se instauran medios para evitar que se lucre electoralmente con los programas sociales y para que el gobierno estatal se retire de la contienda electoral, no hay garantía de elecciones libres, auténticas, equitativas ni transparentes.

En Yucatán, como en todo el país, es  fundamental que impere un ambiente de libertades, de legalidad y de competencia política equitativa y limpia donde se respete la voluntad de los ciudadanos.

Por ello, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Yucatán a mantenerse al margen del proceso electoral en curso en la entidad, en los términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes electorales vigentes y de los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Segundo.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Yucatán a desistir inmediatamente del uso la fuerza pública de la entidad para intimidar, agredir y detener a ciudadanos de la oposición política en el marco del proceso electoral en el estado.

Tercero.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Yucatán a que no haga uso de los programas sociales con un fin electoral, así como a manejar los recursos públicos que ejerce con imparcialidad, en el marco del proceso electoral de la entidad y de conformidad con los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Cuarto.- Se exhorta a las instancias de procuración de justicia del Estado de Yucatán y  a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a investigar la actuación de la policía estatal de la entidad, ante los abusos cometidos en contra de ciudadanos de la oposición política que han sido agredidos y detenidos en el marco del proceso electoral en Yucatán, y en su caso, aplicar las sanciones o medidas correspondientes.

Atentamente.





 

Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena la represión realizada por la administración del gobernador Federico Vega de Lamadrid en agravio de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín y exige que se agoten las vías de negociación para superar el conflicto que viene afectando a esa región. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Javier Filiberto Guevara González, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El pasado día 9 de mayo un grupo de jornaleros agrícolas del valle de San Quintín fueron reprimidos por la policía estatal de Baja California.

De acuerdo con fuentes del gobierno de esa entidad federativa, el operativo habría tenido lugar luego que se recibió un reporte que indicaba que en la calle Lomas de San Ramón, en la colonia Nueva San Juan Copala, se encontraban varias personas que intentaban ingresar a la fuerza a un rancho ubicado en la zona triqui, con la intención de incendiar el lugar.

De acuerdo con la versión oficial, los agentes policiacos llegaron al lugar, donde constataron que varias personas cometían disturbios al incendiar parcelas, por lo cual procedieron a intervenir para evitar cualquier tipo de riesgo.

En un boletín oficial se asentó que fueron capturadas algunas personas, acción que detonó agresiones contra los oficiales, así como daños contra las patrullas de la corporación, las cuales fueron incendiadas con gasolina, además de que tres elementos estatales resultaron con heridas menores a causa de piedras y palos.

Eso es lo que dice el Gobierno del Estado. Veamos ahora lo que no dice.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el saldo del operativo policiaco habría sido de setenta heridos, siete de ellos de gravedad y cinco detenidos por diversos delitos.

Los policías habrían usado de manera injustificada balas de goma para detener originalmente a una persona, lo que habría generado una trifulca entre los jornaleros y las fuerzas del orden.

Según algunas versiones periodísticas, los agentes dispararon contra la gente, detuvieron a personas que nada tenían que ver con los hechos y despojaron de sus celulares a quienes grabaron la agresión. No conformes con esto, los policías también habrían proferido amenazas de muerte en contra de varios miembros de la comunidad.

Por si no fuera suficiente lo anterior, la fuerza pública habría allanado domicilios particulares y detenido a diecisiete personas, entre ellas varios menores de edad, la mayoría lesionadas por la fuerza pública, para posteriormente trasladarlos a las instalaciones del Ministerio Público.

Promover el orden público es una cosa, pero reprimir de manera injustificada a un movimiento social es otra. Con lo primero podemos coincidir, con lo segundo jamás.

Los hechos a que hemos hecho referencia tuvieron lugar en medio de un paro que los jornaleros agrícolas mantienen en el valle de San Quintín para exigir de sus patrones mejoras laborales. Se tiene noticia de que las negociaciones han sido tensas y que no ha sido fácil procurar que las partes en conflicto alcancen acuerdos que permitan superar el conflicto. Es por ello que recurrir a la fuerza en vez de privilegiar el diálogo nos parece una irresponsabilidad inexcusable que refleja la vena autoritaria de un gobierno estatal que ha optado por delegar la solución de esta problemática a la federación, en vez de asumir su responsabilidad y procurar la resolución de la problemática laboral que ha afectado las actividades productivas de una de las regiones más dinámicas de aquel estado.

Lo que se requiere en San Quintín es que se agoten los recursos que nos ofrece la política, en vez de recurrir como primera instancia al uso de la fuerza pública, solución ésta última que no es tal, pues su aplicación indiscriminada enciende los ánimos de las partes, en vez de serenarlos. Condenamos la represión pues ella genera más agravios y pospone la solución real del problema, la cual pasa, necesariamente, por la mejora de las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena la represión realizada por la administración del gobernador de Baja California, Federico Vega de Lamadrid en agravio de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de Baja California para que se sancione a los responsables de los actos represivos efectuados el 9 de mayo en agravio de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín y a que agote las vías de negociación para superar el conflicto que viene afectando a esa región.

Atentamente,

Dip. Javier Filiberto Guevara González.





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar un peritaje integral que permita determinar las causas que provocaron el choque de trenes ocurrido en la línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL SE REALICE UN PERITAJE INTEGRAL QUE PERMITA DETERMINAR LAS CAUSAS QUE PROVOCARON EL CHOQUE DE TRENES OCURRIDO EN LA LÍNEA 5 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El pasado 4 de mayo, ocurrió un choque de trenes en la Línea 5 del Metro, en la estación “Oceanía”, en donde producto del percance resultaron lesionadas 12 personas, producto del impacto de la unidad marcada con el número 0075 en la parte trasera del tren número 0507.

Aunado a lo anterior, el Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en conferencia de prensa señaló que un trabajador de nombre Salvador Sánchez, había perdido la vida al caer y golpearse la cabeza, cuando participaba en las obras para retirar los trenes.

2. Producto, del choque de los trenes el Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, informó que presentaría una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del distrito Federal.

3. De acuerdo con versiones publicadas en diversos medios de comunicación el tren que chocó en Oceanía tuvo al menos 22 fallas en sólo 2 días antes del accidente. Dado que el 6 de febrero de 2014, autoridades de la Ciudad de México lo habrían presentado como recuperado, después de haber pasado tres años sin dar servicio por presentar fallas en las tarjetas PCST de los equipos AGATE, que controla la tracción y frenado de los trenes. A decir de los diarios informativos, durante el tiempo en el que estaba fuera de circulación se le sustraían piezas para ocuparlas en la reparación de otros trenes y a pesar que se le habían instalado ruedas de seguridad nuevas en 2 de los 6 carros, fue puesto en marcha, teniendo que regresar al taller 4 horas después de iniciar la jornada en la línea 7, por lo que fue enviado a la línea 5 debido a que tiene una menor afluencia.

Aunado a lo anterior, es de observar que según la declaración de uno de los operadores de nombre Fernando Israel Rosales Martínez, rendida ante autoridades judiciales el choque se debió a una falla en el sistema de frenado de urgencia, así mismo, señaló que “(El tren) se comienza a patinar y al salir del tramo techado sigo sin visibilidad, por la intensa lluvia, intento detenerlo con frenado de urgencia nuevamente el cual no se logra, al encontrarme con la señal de entrada al alto espaciamiento, intento detener el tren mediante el movimiento de la llave Conmutador C de pilotaje Automático a Conducción Manual, para lograr una vez más el bloqueo y evitar el franqueamiento, asimismo, solicito el corte de corriente por medio de radio teléfono al regulador del Puesto Central de Control”1.

“Al percatarme que el tren 04 no había abandonado en su totalidad la estación Oceanía por segunda, tercera y cuarta ocasión solicito el corte de corriente, no obteniendo respuesta, y a su vez, continúo moviendo el Conmutador C, para insistir en detener el tren, el cual no se logra, y al encontrarme a una distancia cerca de impactarme decido aventarme al andén para salvaguardar mi vida“

4.- Es de observar que el Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes del Metro, es el encargado de determinar las acusas que ocasionaron el incidente. Dicho Comité, está integrado por 16 directivos del Sistema de Transporte Colectivo, lo que deja en duda que el reporte que emita se trate de una determinación fidedigna. Al dejar la discrecionalidad establecida en el punto 8.5 del Manual de Integración y funcionamiento del Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes, en donde se señala que los dictámenes quedarán sujetos a lo que determine el Comité, pudiendo tomar en cuenta o no el informe que rindan peritos y expertos en la materia que le den certeza.

En tal sentido y derivado que la determinación del multicitado Comité es crucial toda vez que sus conclusiones servirán para la integración de la carpeta de investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia del DF, por lo que la investigación deberá de sustentar sus investigaciones en las determinaciones que emitan peritos y expertos en el tema.

CONSIDERACIONES

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, es deber de los Senadores presentar proposiciones y denuncias, así como, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, realice un peritaje integral que permita determinar las causas que provocaron el choque de trenes ocurrido en la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través del sistema de Transporte Colectivo Metro, se trasparente la información derivada del incremento de la tarifa del METRO, el monto total recaudado y el destino de dichos recursos.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal a fin de que garantice el derecho del acceso a la información de los ciudadanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 13 de mayo de 2015.

Sen.Mariana Gómez Del Campo Gurza.


1 http://www.animalpolitico.com/2015/05/fallo-el-frenado-de-urgencia-declara-el-chofer-del-tren-que-choco-en-el-metro/




 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a buscar la solución inmediata de la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Primera Comisión.

Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el  artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta H. Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días pasados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), preocupada por la situación que enfrentan las y los jóvenes que se encuentran en internamiento en los centros para menores de 18 años que infringen la ley penal, presentó el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, y que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana.

En su planteamiento original, las medidas de tratamiento en internamiento impuestas por la autoridad judicial a los adolescentes que han cometido un hecho tipificado como delito, tienen como finalidad procurar la reinserción social y familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. Para ello, es importante aprovechar el tiempo de su permanencia para generar la conciencia de vivir conforme a la ley, fomentando en ellos el respeto de sí mismos y por los demás, así como el sentido de responsabilidad y sana convivencia social.

Sin embargo, lo detectado a través de visitas de supervisión a 56 centros para adolescentes, conocidos también como centros de tratamiento interno, que existen en los 31 Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal, realizado por la CNDH, da como resultado la detección de una serie de carencias, deficientes condiciones materiales, falta recurrente de equipamiento apropiado de los centros, así como una serie de anomalías que evitan y obstaculizan la garantía y el respeto de los derechos humanos de las y los adolescentes que se encuentran al interior de estos centros.

Cabe señalar que cuando se habla de estos centros de tratamiento interno, se hace referencia a los siguientes datos: son 56 los centros que se encuentran en funcionamiento, organizados en 15 varoniles, 37 alojan a hombres y mujeres, y únicamente 4 son exclusivos para mujeres.

En conjunto, la capacidad instalada es de 8,728 espacios, mientras que el número de personas internas asciende a 4,734, entre los cuales se encuentran 4,448 hombres y 286 mujeres. De este universo, 1,841 se encuentran sujetos a procedimiento y 2,893 están cumpliendo una medida de tratamiento; asimismo, 4,438 de ellos están internados por delitos del fuero común y 296 por delitos del fuero federal.1

En el documento en cuestión, expresa que: durante las visitas a dichos centros, se advirtió la existencia de hechos que contravienen diversas normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, en agravio de los adolescentes que infringen las leyes penales y que están relacionados con factores de riesgo en materia de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; inadecuadas condiciones de las instalaciones e insalubridad; falta de áreas para el acceso a servicios y actividades; condiciones de desigualdad de las áreas y personal especializado, así como deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, inapropiada separación y clasificación, etc.2

Estos son tan sólo algunos aspectos que por su gravedad e impacto deben ser atendidos a la brevedad, ya que su existencia y arraigo en los centros de tratamiento interno pueden generar mayores perjuicios para la población que de origen se pretende atender “adecuadamente”.

Entre los puntos que generan mayor inquietud destacan los siguientes:

a) La existencia de quienes refirieron hechos relacionados con maltrato físico y psicológico de parte de servidores públicos adscritos a esos establecimientos, tales como: golpes, insultos, amenazas, permanencia en posturas forzadas y uso de esposas por lapsos prolongados; utilización de gas pimienta, vendas en los ojos, condiciones de encierro sin ropa, en celdas insalubres, sin servicios sanitarios ni ventilación, así como privación de agua y alimentos.

b) Instalaciones que no reúnen las condiciones para garantizar una estancia digna, con alguna o varias deficiencias relacionadas con la carencia o insuficiencia de camas, colchones, inodoros, lavabos y/o regaderas; sillas y mesas en áreas de visita familiar; falta de vidrios en ventanas, y de puertas en los servicios sanitarios, lo que provoca falta de privacidad.

c) Los espacios destinados a mujeres carecen de instalaciones adecuadas, restringiéndoseles el acceso a las actividades o servicios que en ellas se brindan o bien, tienen que compartirse con los varones, como son las de locutorios, visita familiar, comedores, talleres, aulas, biblioteca, patios, áreas deportivas y médicas entre otras. Asimismo, no existe personal técnico específico para la atención de las menores de 18 años internas, por lo que se comparten los servicios del personal que atiende a los varones.

d) La existencia de mala calidad e insuficiente cantidad de los alimentos que se proporcionan a las y los adolescentes, así como falta de higiene durante la elaboración de los mismos.

e) Además, en 5 centros se observaron condiciones de hacinamiento debido a una mala distribución de la población, lo cual provoca que varios adolescentes compartan cama o duerman en el piso.  

f) No existe una estricta separación entre quienes están sujetos a procedimiento y las y los que cumplen una medida de tratamiento, por lo que no se realiza una apta clasificación de estas personas ya que las autoridades no establecen criterios para ubicarlos o las instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para tal efecto.

g) Una situación con mayores limitaciones y carencias es la que enfrentan las y los adolescentes que presentan alguna discapacidad o quienes son indígenas.

h) Por otra parte, en 30 centros de tratamiento interno, el personal directivo y/o de seguridad y custodia entrevistados refirieron no haber recibido capacitación alguna en materia de derechos humanos y/o prevención de la tortura.

Lo anteriormente señalado es, son tan solo algunas de las múltiples insuficiencias y anomalías que enfrentan las y los jóvenes adolescentes que se encuentran en dichos centros.

Es cierto que dentro de las atribuciones que deben asumir las autoridades responsables de los centros de tratamiento interno están la de garantizar condiciones de estancia digna y segura, así como mantener el orden y la disciplina. Pero todo lo anterior sin el menoscabo del respeto y garantía de los derechos humanos de esta población.

Como se sabe, nuestro país es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. En sus 54 artículos establece los derechos económicos, sociales y culturales que claramente exigen hacer valer principios como el del interés superior del niño; así como, el derecho a ser reconocidos como sujetos plenos de derechos; el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y a participar activamente en los procesos que pueden afectarlos.

Por ello, en su artículo 3 párrafo 1, establece que: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

El interés superior de la niña y del niño implica que el bienestar del infante cuyo principio obliga al Estado a intervenir, subraya un interés legítimo de las instituciones públicas, para que en todas sus políticas y acciones se apliquen medidas que favorezcan a las niñas, niños y adolescentes.

Así entonces, es requerimiento fundamental que en cualquier aplicación de medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes, las instituciones públicas o privadas que brinden servicios de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, órganos legislativos de los distintos órdenes y niveles de gobierno, deberán tener presente que su prioridad será el "interés superior de la niña, niño y adolescente".

Por lo anterior, debe considerarse puntualmente que el principio de interés superior de la niñez se refiere al conjunto de acciones y procesos que tienden a garantizar un desarrollo integral y vida digna, plasmadas en condiciones materiales y efectivas que permitan a las niñas, niños y adolescentes vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible.

Así también debe de reconocerse que, cuando el Estado priva a una persona de la libertad, está obligado a ofrecer condiciones de internamiento apropiadas y a tratarla con absoluto respeto a su dignidad, especialmente cuando pertenece a un grupo considerado vulnerable como es el de las y los adolescentes. Asimismo, garantizar a quienes se encuentran bajo su resguardo, un nivel mínimo de condiciones materiales, como: habitabilidad, equipamiento, servicios, higiene, alimentación y espacio suficiente en los centros en los que se encuentran integrados.

Ya que de no ser así, como al parecer sucede, se generaría otra forma más de violencia contra las y los adolescentes que vulnera su dignidad y por ende sus derechos humanos, y de ello se desprende la urgencia de adoptar una política de Estado y de los tres ámbitos de gobierno que trascienda los gobiernos de turno y a las necesidades de corto plazo, implementando un nuevo y efectivo sistema de incorporación social de estos jóvenes.

Para dar cumplimiento a lo anterior, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece en el artículo 4o. el fundamento legal que debe regir para la protección de niñas, niños y adolescentes, que a la letra dice:

“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.